AGLI Recortes de Prensa   Viernes 20  Octubre 2017

Qué nos ha traído hasta aquí
Emilio Campmany Libertad Digital 20 Octubre 2017

España es un régimen clientelar. El poder político domina los medios de comunicación a cambio de subvenciones directas o bajo la forma de publicidad institucional. El profesorado accede con frecuencia a sus puestos gracias a su proximidad a un sindicato. Cuanto más grande es una empresa, más dependen sus cuentas de resultados de decisiones arbitrarias del poder político. Se reparten subvenciones, ayudas, prestaciones y demás bicocas entre las más variopintas asociaciones sin el más mínimo control. Esto no sólo lo hace el Gobierno central, sino que especialmente lo hacen los Gobiernos de las comunidades autónomas. Así, los grandes partidos se aseguran una clientela que, por mala que sea su gestión, garantiza que los resultados electorales nunca supongan el batacazo que merecerían.

Los resortes legales que en casi todas partes han sido utilizados para implantar este régimen, en Cataluña han sido puestos al servicio del separatismo. El Gobierno de la Generalidad ha podido montar su inmenso aparato de propaganda sin violar una sola ley. Los medios de comunicación separatistas han recibido cuantiosas subvenciones y los que no lo eran también, a cambio de reconvertirse en tales. Lo han hecho arropados por las mismas leyes que permiten a los Gobiernos de otras regiones financiar medios afines o al Gobierno de España subvencionar el sándwich de Mauricio Casals. Las asociaciones independentistas, como cualquier otra próxima al poder político en el resto de España, han sido generosamente regadas con dinero público. Los Jordis están en la cárcel por sedición y sin embargo nada puede hacerse hoy para impedir que sus asociaciones separatistas continúen recibiendo dinero de todos los españoles porque se amparan en las mismas leyes que permiten financiar a las afines al PP y al PSOE. El Gobierno de Cataluña ha podido contratar a profesores independentistas con el encargo de adoctrinar al alumnado porque las leyes españolas consienten que primen los criterios arbitrarios sobre los objetivos. Las empresas catalanas han estado calladas acerca de los evidentes perjuicios de la deriva independentista porque las leyes hacen que sus beneficios dependan en gran medida de las decisiones caprichosas del Gobierno catalán, como en otras comunidades dependen de las de los respectivos Gobiernos regionales.

Aplicar el artículo 155 en Cataluña no tiene sentido si no es para erradicar el entramado independentista que controla los resortes del poder en Cataluña. Pero, para hacerlo, hay que igualmente reformar o derogar las leyes que ampararon su creación. Y sin desmantelar el aparato de propaganda, nada podrá hacerse en Cataluña a largo plazo. Pero el Gobierno no quiere hacerlo porque tendría también que acabar con el edificio legal que sostiene el régimen clientelar en el resto de España. Así que cuando Rajoy y Sánchez vacilan en aplicar el 155 no es sólo por cobardía. También es porque se juegan el régimen que les garantiza el poder y, sobre todo, la forma arbitraria con la que lo ejercen.

El hundimiento de España (19)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 20 Octubre 2017

LOS GOLPISTAS PROCLAMARÁN LA INDEPENDENCIA ANTES DE QUE EL GOBIERNO HAGA EFECTIVAS LAS MEDIDAS SELECTIVAS DEL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN.

Ayer eché en cara que Mariano Rajoy no modificase su agenda de trabajo y se fuera a la cumbre de Jefes de Estado en Bruselas, para obtener la foto del apoyo de la UE a su plan de actuación con el manido 155. Una crítica que también hice extensiva al Jefe del Estado, el Rey D. Felipe, por ocupar de nuevo su agenda con actos variopintos donde destaca la cena gala de esta noche de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor en Oviedo. Un acto en el que su presencia no era del todo imprescindible, ya que la reina Dª Letizia bien podía haber desempeñado su representación en nombre de la Princesa de Asturias, la Infanta Leonor. Solo recordar que precisamente hoy se cumplen 36 años (1981) de la primera presidencia y discurso del actual Rey en esos premios con tan solo 13 años. La princesa Leonor está a días de cumplir los 12 años. Lo destacado políticamente del acto de hoy radica en el premio a la concordia concedido a la UE por los responsables del certamen, y que va a contar con la presencia de las máximas autoridades de la UE con el Presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker y el Presidente del Consejo Europeo, Donal Tusk, actuando de anfitrión el Presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy. Y todo eso, bajo la amenaza real de una próxima declaración de independencia, que puede ocurrir en cualquier momento tras el Consejo de Ministros retrasado a mañana sábado 21 de octubre.

Porque lo que es del todo incuestionable es la gran limitación, no solo psicológica, sino real que tiene el Gobierno de España para actuar con otras medidas mucho más ágiles y rotundas que la descafeinada y tremendamente limitada del artículo 155 de la Constitución. Y mucha culpa de ello la tienen los partidos que se dicen constitucionalistas, y principalmente un PSOE irreconocible que se ve obligado a dar un apoyo para algo en lo que no cree. Un PSOE al que yo defino como PSPS (Partido Socialista de Pedro Sánchez) donde se ha renegado del actual sistema constitucional y se ha aprobado en su Congreso en Granada reconocer la existencia de unos pueblos diferenciados y con derechos a decidir su futuro, definidos como naciones y sujetos de derecho y decididos a modificar la Constitución para que se reconozca esta nueva concepción de España como nación de naciones. Así que de un plumazo se pretende acabar con la definición de España recogida en la Constitución de 1978: constituida como “Estado social y democrático de Derecho”, con la Soberanía Nacional “La soberanía nacional reside en el pueblo español” repartiéndola en una tarta incomestible y en cambiar el sistema político de “Monarquía parlamentaria” a “República plurinacional, en forma de República Federal de las naciones españolas, una RFNE, o unos Estados Unidos de Iberia, EUI, si a este proyecto se une Portugal, o las siglas que se les ocurran.

Es decir, el PSPS está dispuesto a ahondar en lo que nos divide y no enmendar el gran error de partida de haber reconocido de facto al menos a dos comunidades autónomas, las llamadas “históricas”,-como si el resto no compartiesen la misma Historia e incluso la superasen en muchos aspectos, como los reinos de Castilla y León que, con su integración, dieron lugar a la nación moderna más antigua de Europa. Y es por eso que este PSPS no es un socio de fiar, ni su apoyo va más allá de cubrir las apariencias y esperar que las aguas vuelvan a su cauce para retomar su objetivo principal de asaltar el poder, aunque sea apoyado por las fuerzas anti españolas, en las que incluyo expresamente a los de PODEMOS y sus marcas regionales. Sus excesivas y graves limitaciones al alcance y duración de las medidas propuestas por el Ejecutivo, son conscientemente restrictivas como para llegar a hacerlas ineficaces y fuente de mayores conflictos que no se van a solucionar con unas elecciones autonómicas. Lo malo es que tampoco el Gobierno de España presidido por un timorato Mariano Rajoy, se atreve a dar en solitario los pasos necesarios para asegurar la neutralización de los golpistas y el control de la autonomía para implantar las bases de una regeneración, que será costosa y larga, de una situación gravemente enquistada tras décadas de inacción de los Gobiernos de España de PSOE y PP .

Los golpistas saben que el Estado es muy poderoso, pero es de movimientos lentos y torpes. Una ventaja que no están dispuestos a despreciar. De ahí que su amenaza de declarar la independencia en cuanto se conozcan las medidas que el Gobierno de España piensa plantear al Senado respecto al artículo 155, es su forma de culminar un proceso y presentarse al mundo como la nueva República de Cataluña, para inmediatamente pedir la mediación de la mismísima ONU tras el más que probable reconocimiento del nuevo Estado por países tan “democráticos” como Venezuela, Colombia, Cuba, Letonia, Rusia y otros de similar pelaje. El escenario político ya sería muy diferente y ya no se trataría de una intervención a una autonomía basada en una Constitución que ha sido anulada por la Ley de Transitoriedad Jurídica del nuevo Estado, sino de un choque de legalidades, la del Parlamento de Cataluña o la del Gobierno de la Generalidad si es él que finalmente hace la declaración formal, y la del Parlamento de España en el Senado. Se estaría en una situación de conflicto entre dos Estados y no entre un Estado y una de sus autonomías.

Y ante esta realidad, el Gobierno de España ha estado manteniendo y aún mantiene una actitud de esperanza suicida en que los golpistas desistan de su objetivo y renuncien a todo lo realizado para volver humilde y mansamente al redil de la Constitución. La misma que no se han cansado de violar y desobedecer. Una estrategia gravemente errónea por la autolimitación en las respuestas al desafío secesionista y la subordinación a las exigencias de los partidos que, como el PSPS solo buscan su propio rédito en unas futuras elecciones generales o en una moción de censura con alianzas bastardas e interesadas para destruir el actual sistema autonómico y transformar España en un puzle de naciones insolidarias, cuyo final es su disgregación. Una balcanización al estilo de la extinta Yugoslavia o la de la también extinta URSS.

Y es esa esperanza en la vuelta a casa del hijo pródigo y la torpeza e ineficacia en la respuesta por su lentitud en su aplicación y lo limitado de su alcance, lo que será causa del fracaso del Estado de Derecho y la culpable de la irrecuperable vuelta a la legalidad y el triunfo de los golpistas. Haber demorado la toma de decisiones y no haber optado por gobernar, con todo el sentido que contiene esta palabra, yendo a remolque del paso marcado por los golpistas, demuestra hasta qué punto este Gobierno de Mariano Rajoy no ha estado a la altura de lo que la sociedad española demanda y que ha reclamado en las calles hace bien pocas jornadas ante la actitud remisa y acobardada de sus dirigentes. Como siempre, un pueblo, el español, que está muy por encima de sus gobernantes, a pesar del empeño de estos en intentar propugnar y acrecentar aquello que nos separa, en vez de fomentar y alentar aquello que nos une desde hace más de 500 años. Y es que la casta política y los partidos se han convertido en el problema y no pueden ser parte de la solución.

Este Gobierno no puede seguir al mando de este barco que ya no está a la deriva, sino que tiene abierta una vía de agua gigantesca que le afecta al 20% del casco y que ya ha comenzado su hundimiento. Se puede ser torpe y excesivamente crédulo y bien intencionado, pero no se puede ser cobarde.

¡Que pasen un buen día!

Nos están "toreando" o algo mucho peor
Antonio García Fuentes Periodista Digital 20 Octubre 2017

Estoy oyendo al ministro encargado de su lectura, de la carta que ha escrito el presidente catalán al gobierno de España (adrede todo con minúsculas y sin indicar nombres que ni merecen) y las “medidas” que este ministro dice tomará el gobierno para arreglar de una puñetera vez la rebelión que en realidad ha habido en Cataluña y que sigue latente y además muertos de risa los rebeldes, que por lo visto lo que quieren es “tres meses” de vacaciones en Hawái con todos los gastos pagados, incluidos condones y toallitas desinfectantes; y a la vuelta seguir carteándose con los inútiles del gobierno, para seguir esperando prórrogas y nuevas vacaciones de descanso en cualquier otro paraíso terrenal a cargo de los españoles que seguimos pagando impuestos y cada vez más arruinados por unos gobiernos, que solo se preocupan de eso; de recaudar impuestos y tras arruinarnos, arruinar a la nación, mediante monstruosas deudas públicas, que tienen en quiebra a la mayor parte de la economía oficial, incluidos ayuntamientos, entre los que destaca, el mío, o mejor dicho el que nos explota a los habitantes del municipio de Jaén; y caso de no pagar en tiempo y forma, te embargan “hasta el apellido y a reclamar al Sursun Korda, o sea indefensión total a las leyes draconianas que han impuesto sin remordimiento alguno, puesto que los que gobiernan tienen que cobrar a lo grande cada mes, más lo que caiga y vengan días y vengan ollas”.

En la misma emisora donde oigo cuanto arriba digo (ESRADIO), oigo igualmente como actuó la segunda república en la rebelión catalana de 1934, donde mediante llamada telefónica de Madrid, el militar con mando en Barcelona, dijo que no se preocuparan que al amanecer tendría controlados a los rebeldes; y así fue, movilizó a “un ejército de solo doscientos soldados de reemplazo” y sus jefes reglamentarios, dos piezas de artillería y algunas ametralladoras; las plantó ante las puertas de la generalidad catalana, con varios disparos de cañón y algunas ráfagas de las otras armas, al amanecer se había acabado todo, sin ningún muerto ni herido, pero con siete mil de los rebeldes (con uniforme o sin él) debidamente encarcelados y la ley que hubiera en aquella época restablecida, desde el río Ebro al Valle de Arán “y no pasó nada”… “Y no intervino ninguna dictadura ni caudillo alguno, simplemente el peso de la ley y hombres con decisión, para hacer frente a la situación que fuere, pues para eso les pagaba la patria”.

Y para qué decir nada más, salvo lo de siempre, que España sigue siendo diferente, pero los políticos que la conquistan cada vez son peores, por su extrema inutilidad y sobra de palabras absurdas, inútiles o incluso despreciables.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más)

El 155.555.555,555~
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 20 Octubre 2017

Mañana por la mañana, más bien temprano, probablemente a primera hora del día, con luz natural, si el tiempo no lo impide y con permiso de la autoridad competente (judicial, por supuesto), salvo que sucediera algo que llevare a considerar lo contrario o se produjeran circunstancias imprevistas que hicieran aconsejable su suspensión parcial o total, dentro de los cauces habituales previstos por la legislación que emana del Parlamento y del Senado, que constituyen las Cortes Españolas, previo dictamen requerido al Consejo de Estado y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas, así como las normativas en vigor dentro del ámbito municipal, comarcal y provincial, referidas todas a la legalidad constitucional como normativa superior vigente, así como al ordenamiento jurídico de la Unión Europea en el que se inserta plenamente el español, tanto en su ámbito jurídico como judicial, amén de los tratados que España tiene suscritos en el marco de la ONU, la UNESCO y demás organismos internacionales y extra-europeos, entendiendo que la salvaguarda del bien común es aquel objeto que merece mayor respeto y protección por parte de todos los poderes del Estado y órganos de la Administración, estatal, autonómica y municipal, cuya legitimidad emana inequívocamente de la soberanía nacional, sita en el pueblo español como único e indivisible sujeto constituyente del Reino de España como Estado Social y Democrático de Derecho y en orden a asegurar sus valores basales, el Gobierno de España comenzará a dar los primeros pasos para la puesta en marcha de la necesaria toma de contacto con vistas a la intervención de aquellas áreas que se consideren más adecuadas para la salvaguarda efectiva de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, que constituyen el horizonte de toda acción política sujeta a los principios de legitimidad, legalidad y búsqueda de la plena seguridad jurídica de los ciudadanos españoles, de los países de la Unión Europea y de los extranjeros que viven y desarrollan su actividad laboral en nuestro país, así como de sus bienes y propiedades, activará los trámites previstos por la Constitución en el artículo 155.555.555,555~.

Vamos, que lo de Cataluña va para largo.

La reforma constitucional es la penúltima trampa
Antonio Robles Libertad Digital 20 Octubre 2017

Si se llegase a un acuerdo dialogado de no agresión para desactivar, pero no enmendar, los pasos dados por el nacionalismo hacia el independentismo, si la aplicación del 155 solo sirviese para convocar nuevas elecciones, pero no para erradicar el veneno inoculado en el corazón y en la mente de los catalanes, entonces no habríamos avanzado ni un milímetro hacia la lealtad constitucional, sino hacia un escenario irreversible de comportamientos mafiosos y ruptura con España. El mal no está solo en la insolencia demostrada estos últimos días con la voladura del Estado de Derecho en Cataluña, sino en la mentalidad supremacista y sectaria de dos generaciones deformadas por el adoctrinamiento escolar, la propaganda étnica de TV3 y la ayuda fraudulenta al rencor de los presupuestos de la Generalidad.

Si el Gobierno y la oposición se empeñan en buscar una salida digna a los golpistas para no verse obligados a reprimir sus previsibles algaradas callejeras, den por seguro la insurrección sistemática contra todo cuanto llegue del Estado. Roto el tabú democrático de respeto a la Constitución, nadie tendría autoridad para imponer respeto a quienes han perdido todo respeto por un Estado que ha sido incapaz de hacerse valer. Ninguna institución en Cataluña volvería a sentir pudor democrático ni miedo penal a las leyes españolas y sus tribunales. Esa falsa salida dialogada se quedaría en pan para hoy y hambre para mañana. La supuesta prudencia hubiera dejado intacto el aparato de ingeniería social que nos ha traído hasta aquí. Sin cirugía contra esa ingeniería social, el abuso al disidente, primero, y la ruptura, después, serían cuestión de tiempo. Aún peor, si se cediese una reforma constitucional se estaría pagando a plazos lo que ahora no estamos dispuestos a pagarles al contado. Aznar ya los ha sufrido y se cura en salud.

Todo ha cambiado desde la cacicada del 1 de octubre. Lo que en el pasado se llevaba a cabo de forma simulada, ahora ha explosionado en exaltación épica. Ya no guardan las formas, mejor dicho, el acto de no guardarlas es el motor del odio que quieren instalar entre catalanes y españoles. Si antes era el mantra de la integración y la cohesión social la coartada para coaccionar conciencias, ahora es la apología de bandos lo que les cohesiona y libera de la mala conciencia, de la vergüenza ética del abuso, del desprecio a la ley, de la exclusión y el insulto, de la obscenidad por convertir en opresor al Estado y en enemigo al disidente. Todo lo tapa su falsa democracia, su insoportable victimismo, al amparo siempre de la inmunidad que proporciona el anonimato de la colectividad. ¡Ay el calor de la manada!

Han de entender los responsables políticos e intelectuales de este país que el mal del nacionalismo no está ya, o solo, en sus dirigentes, sino en las conciencias colonizadas por sus métodos supremacistas. Si no se corta el suministro de falsedades al relato construido durante estas cuatro décadas, si no se desenmascaran las emociones épicas inyectadas a ese relato, la prudencia sólo servirá de máscara para que siga desarrollándose y se convertirá en cómplice de sus crímenes.

Nuestros responsables políticos han de saber que en Cataluña los independentistas no son la mayoría social, pero sí tienen la capacidad de parecerlo. No son dos millones de militantes de la causa dispuestos a seguir al abismo a los dueños del relato, pero sí 300.000. Número tan contundente puede generar en cualquier sociedad la sensación mediática de ser la totalidad de tal sociedad. Si nuestros gobernantes se dejan impresionar por esa ficción y consienten sin antes restaurar la igualdad de oportunidades y la pluralidad mediática en Cataluña, verán cómo su cobardía alimentará aún más la exclusión interior y el odio a España. Y serán los responsables de la violencia futura entre catalanes. ¡A ver si al final la pachorra de Rajoy no era el resultado de su estrategia, sino la evidencia de su felonía!

PS: El supremacismo catalanista es como esas velas de cumpleaños que cuando parece que las has apagado vuelven a encenderse. No cometamos el error de creer que con un simple soplo los comportamientos mafiosos desaparecen.

El milagro del 155
María Jamardo okdiario 20 Octubre 2017

Siempre he sostenido, y lo sigo haciendo, que los independentistas quieren la independencia. Negar a estas alturas semejante obviedad —después de leer sendas cartas de contestación de Puigdemont al requerimiento del Gobierno— es querer instalarse en la comodidad del autoengaño propio, del infantilismo político y social. Especialmente porque en el sinsentido separatista, que trasciende la mera ideología para alcanzar casi la categoría de religión, todo, absolutamente todo, queda supeditado a la consumación de la independencia sin importar el cómo, el cuándo ni siquiera el porqué. Si hay algo que el desafío separatista catalán ha dejado cristalino es precisamente esto. Incluso si el precio a pagar es que quienes están en la primera línea de fuego se sacrifiquen personalmente por la causa.

Puigdemont cree firmemente que es el elegido —no electo, por cierto— para llevar a término la declaración de independencia de la República de Cataluña pase lo que pase. El martirio, al fin y al cabo, es la distinción máxima para quien padece en carne propia las penalidades de defender sus creencias hasta las últimas consecuencias. No desistirá. No esperen que modifique su postura un milímetro, por esquizofrénica que parezca. No apelen, por tanto, a su capacidad de raciocinio, ni a la amenaza de las consecuencias, porque su motivación trasciende la ley, la institución a la que representa y hasta a sí mismo.

Nos guste o no, es obligatorio recordar que su designación trataba de sortear imprevistos en la hoja de ruta separatista pero sin olvidar que el verdadero potencial secesionista se concentra en los diputados independentistas que controlan el Parlamento catalán. O para ser más rigurosos, en los partidos que controlan la lealtad acérrima de esos diputados y el sentido de su voto. Siendo exquisitos, hoy por hoy, ese parlamento autonómico cuenta con una mayoría de adeptos, empeñados en la ruptura con España y la desconexión de Cataluña. Incluyendo a los que aun no siendo formaciones estrictamente independentistas, apelan al inexistente derecho a decidir para defender un referéndum pactado. No hay más alternativa, pues, que la aplicación de la ley para restablecer el orden constitucional malherido.

Está claro que para muchos la esperanza se deposita en el 155 de la Constitución como si de agua bendita se tratase para un exorcismo. No puede fiarse tal milagro al 155. El mecanismo es lo que es, una medida extraordinaria —para corregir una circunstancia de desobediencia institucional y desacato al Estado de derecho— de doble sentido. Por una parte, y fundamentalmente, protección frente a las comunidades autónomas que aspiran a usurpar funciones propias de la soberanía del conjunto. Por otra, limitación al alcance intervencionista de un Gobierno central que, para defenderse de una amenaza golpista, anula temporalmente competencias autonómicas. No estresemos al Ejecutivo hasta el punto hacerle creer que tiene superpoderes con cargo al uno-cinco-cinco. Tampoco al hecho de que su aplicación garantice una solución definitiva a la aspiración independentista del separatismo catalán, por muchas elecciones que convoque. No olvidemos que, salvo reforma constitucional previa, o candidatura de coalición constitucionalista —improbable—, el escenario va a repetirse con otros protagonistas salvados de la quema pero los mismos actores. Y que el problema, simplemente, se aplace.

Mayor Oreja: «El golpe de Estado va a continuar en Cataluña»
El exministro asegura que el independentismo ha avanzado porque «hemos dejado de creer en cosas»
ALEXIS ROMERO ABC 20 Octubre 2017

El crecimiento de la tensión del desafío soberanista exige una respuesta, no solo del Gobierno, sino también de la sociedad civil. Así lo cree, entre otros, el exministro y actual presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, que aboga por el «coraje y la determinación» como la única manera de afrontar esta crisis.

Las fundaciones «Valores y Sociedad» y «Villacisneros» han celebrado este jueves un foro para tratar de articular una respuesta a la crisis territorial que se vive en Cataluña. El foro «Qué hacer ante el desafío nacionalista» se enmarca dentro del ciclo que arrancó en enero bajo el nombre de «El necesario fortalecimiento de España», cuyo fin es «contribuir a la toma de conciencia de la gravedad del reto al que se enfrenta la sociedad en el ámbito de la Nación para preservar su valor como bien moral, estructura jurídica y realidad política».

En esta ocasión han participado en el acto, además de Mayor Oreja, el director del periódico ABC, Bieito Rubido, y el del diario El Mundo, Francisco Rosell, el ex vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras, y la vicepresidenta de Villacisneros, María San Gil, que moderó un debate que destacó por el análisis y las propuestas en torno a este problema.

«La crisis de la nación es una de las más graves que hemos sufrido», ha arrancado San Gil, que ha destacado la necesidad de «mover conciencias» para acompañar a los «catalanes que se sienten solos y abandonados, que sienten que el Estado de Derecho no está todo lo que debería estar».

Rosell ha realizado un análisis del origen del nacionalismo catalán y de por qué ha desembocado en la situación actual. «En este país hay un desconocimiento grave de la historia española y europea y es no conocer la verdadera raíz del nacionalismo. Europa se construyó en las bases de la cenizas que dejó el nacionalismo. Lo que recogemos es lo que estaba preparado», ha explicado el director de El Mundo.

Un diagnóstico que ha compartido Rubido, que ha querido «desmontar los falsos paradigmas de la sociedad española». En este sentido, ha recordado que «el nacionalismo no es progresista. Es algo retrógrado, que va contra la libertad que va contra la libertad y contra el progreso. El progreso es todo aquello que nos hace mejores, y por eso, a pesar de que la izquierda ha intenatado monopolizar la idea de progreso, yo soy progresista».

Sobre la respuesta al desafío secesionista, el director del ABC ha defendido que «hay que hacer todo lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido ceder y ceder. Hay que reforzar la idea de España en los mejores aspectos en los que se puede reforzar».

Mayor Oreja, que ha cerrado la sesión, ha insistido en que lo primero que hay que hacer es «comprender, entender y profundizar en el proyecto de rutura que tenemos ante nosotros». El exministro ha explicado que «no nos enfrentamos a un sentimiento, sino al resentimiento» y, por ello, «el golpe de Estado va a continuar. No por Puigdemont, sino por la propia inercia del movimiento nacionalista, la inercia del resentimiento». «Las medidas solo las puede adoptar el Gobierno. Para nosotros es el momento de plantear criterios que sirvan para quienes nis quieran escuchar», ha zanjado.

El miedo a la libertad
Alicia Delibes Libertad Digital 20 Octubre 2017

Siempre fue reducido el número de los auténticos amantes de la libertad. Por eso, para triunfar, frecuentemente hubieron de aliarse con gentes que perseguían objetivos bien distintos de los que ellos propugnaban. Tales asociaciones, siempre peligrosas, a veces han resultado fatales para la causa de la libertad, pues brindaron a sus enemigos argumentos abrumadores.

Con esta cita de Lord Acton (1834-1902) abría Friedrich von Hayek el epílogo de su libro Los fundamentos de la libertad (1960), al que puso como título "Por qué no soy conservador". Antes de cerrar su tratado sobre la libertad, el economista austriaco quiso dejar claras las diferencias que para él existen entre liberales y conservadores, y por qué él seguía definiendo su filosofía como liberal cuando ya hasta los socialistas americanos se habían atribuido el apelativo de liberales. "Yo continúo calificando de liberal mi postura, que estimo difiere tanto del conservadurismo como del socialismo". El liberalismo que Hayek quería reivindicar para sí era aquel que en el siglo XIX profesaron pensadores como el inglés Lord Acton o el francés Alexis de Tocqueville, a los que el austriaco consideraba "auténticamente liberales".

Para Hayek, la diferencia fundamental entre conservadores y liberales era su actitud hacia el progreso, el conocimiento y la innovación. Mientras lo típico del conservador, decía Hayek, es "el temor a la mutación, el miedo a lo nuevo simplemente por ser nuevo", el "auténticamente liberal" gusta de buscar soluciones nuevas a problemas enquistados y nunca se opondría a la evolución y al progreso.

El conservador desprecia las teorías abstractas, lo que le deja indefenso ante las confrontaciones ideológicas. "Teme el conservador las nuevas ideas", escribe Hayek, "precisamente porque sabe que carece de pensamiento propio que oponerles. Su repugnancia a la teoría abstracta, y la escasez de su imaginación para representarse cuanto en la práctica no ha sido ya experimentado, le dejan por completo inerme en la dura batalla de las ideas. A diferencia del liberal, convencido siempre del poder y la fuerza que, a la larga, tienen las ideas, el conservador se encuentra maniatado por los idearios heredados".

Podría argumentarse que el miedo al cambio conduce al gobernante conservador a ser prudente en sus decisiones, y que la prudencia en política siempre es buena consejera, pero para el economista austriaco "los conservadores, cuando gobiernan, tienden a paralizar la evolución o, en todo caso, a limitarla a aquello que hasta el más tímido aprobaría". Y es que su terror a lo desconocido es tal que van siempre a remolque de los acontecimientos y nunca ofrecen una alternativa novedosa. Lo que hace que, en situaciones en las que sólo se pueda mejorar una situación o resolver un problema con un cambio radical de dirección, el gobernante conservador resulte "totalmente inútil".

El deseo que anima al liberal a introducir drásticas y revolucionarias innovaciones cuando el desarrollo y el progreso se hallan paralizados por el intervencionismo no debe confundirse con imprudencia temeraria, pues, según Hayek, el liberal no trata de alcanzar inmediatamente su objetivo, sino estar seguro de que camina "en la buena dirección".

El miedo al cambio y las nuevas ideas pueden llevar al conservador a acomodarse al pensamiento dominante. Como a lo largo del siglo XX, escribía Hayek, este pensamiento dominante ha sido fundamentalmente socialista, los conservadores no solo no han supuesto obstáculo alguno al avance del colectivismo, sino que, en algunas circunstancias, han llegado a compartir, aunque siempre de forma moderada, todos los prejuicios y errores de su época.

Desde que Hayek escribió sus Fundamentos sobre la libertad ha transcurrido más de medio siglo. Si en 1960 el economista austríaco consideraba que el pensamiento dominante del siglo XX había sido fundamentalmente socialista, hoy podemos decir que esa tendencia, salvo en un breve periodo de euforia liberal tras la caída del Muro, no solo se ha mantenido, sino que, en algunos campos, como por ejemplo el de la educación, ha terminado por ser el pensamiento único.

Hoy se habla de la "era Thatcher" o de la "era Reagan" o, en España, de la "era Aznar", como paradigmas de un neoliberalismo al que se achacan todos los males de nuestra época, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la actual crisis económica. Da la impresión de que, en vez de reclamar una mayor libertad para que cada cual pueda organizar su propia vida, lo que hoy la calle exige es mayor protección estatal. No parece importar que el Estado invada el terreno de lo personal, mientras asuma más responsabilidades y nos exima de afrontar las nuestras.

En España esto es así, en gran parte, porque el discurso demagógico y populista de la izquierda ha ocupado el espacio del debate ideológico. La preocupación por la crisis económica y la insistencia del Gobierno por alejarse de cuestiones que "no importan al ciudadano" han dejado al Partido Popular sin argumentos frente a una nueva izquierda que cada día se siente más fuerte y que cada vez es más arrogante y más radical.

Hayek explicó con claridad por qué la única filosofía que se opone realmente al socialismo y a cualquier totalitarismo es la filosofía liberal. Es lógico, pues, que la izquierda esté siempre vigilante ante cualquier indicio de repunte de un pensamiento que sitúa la defensa de la libertad individual, de la ley y de la propiedad por encima de utopías igualitarias y colectivistas, ya sean nacionalistas, socialistas o nacional-socialistas. Como también es lógico que todos los partidos que se consideran de izquierdas ataquen a cualquier político que pretenda interpretar la realidad bajo la luz de ese liberalismo que Hayek reivindicaba.

Lo que ya no es tan lógico es que el único partido liberal-conservador que existe en España se deje arrastrar por ese antiliberalismo ambiental, exhiba tanto temor a ser tachado de "neoliberal" y trate de callar a quienes desde dentro quieren definir como liberal su política. No se da cuenta el PP de que, de esa forma, podría quedarse sin argumentos frente a la nueva izquierda que surgió en las elecciones europeas, que ya gobierna las dos grandes capitales españolas y que amenaza con convertirse en la primera fuerza política de izquierdas en España.

No basta con llamarles populistas. Es necesario explicar a los ciudadanos por qué creemos que ese populismo es un peligro para la democracia, por qué pensamos que es un intento totalitario de tomar el poder y por qué vemos que lo que está en peligro no es ya la presencia en el Gobierno del principal partido de la derecha española, sino el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos a pensar libremente, a decir lo que piensan y a organizar su vida en libertad.

Suele calificarse de apocalípticos a quienes hoy muestran gran preocupación por lo que pueda suceder en España. La mayoría prefiere ser optimista y esgrime argumentos tranquilizadores como el de que es imposible que España se rompa, que es imposible que un partido bolivariano gobierne en España, que Grecia es ya una vacuna o que la sensatez de los españoles prevalecerá en el último momento. Dios les oiga, pero, si no es así, todos nos llevaremos las manos a la cabeza diciendo: ¿cómo ha podido ocurrir?

Solo se valora la libertad cuando se la pierde, de ahí que no existan mayores y más claros defensores de la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión y de acción que quienes han sufrido los regímenes totalitarios del siglo XX. Desdichadamente, existen demasiados ejemplos en la historia reciente para saber que lo que parece imposible a veces llega a suceder.

Para Hayek y otros pensadores liberales contemporáneos, la forma de prevenir tragedias como las europeas del siglo pasado, la forma de defender una sociedad abierta, es evitar que el Estado se exceda en su cometido y planifique, manipule y dirija todos, absolutamente todos, los asuntos de los ciudadanos. Hoy el problema no es que sea reducido el número de los amantes de la libertad, lo cual, como dijo Lord Acton, siempre ha ocurrido. El gran problema de hoy es que quienes piensan que la salida de la crisis pasa por restringir la intervención del Estado, quienes creen que el Estado no debe asumir responsabilidades que corresponden a los ciudadanos, no tienen dónde hacerse oír.

La versión original de este artículo se publicó en el blog de la autora en septiembre de 2015.

La revolución bolchevique: un siglo de fracasos
Carlos Alberto Montaner Libertad Digital 20 Octubre 2017

Hace 100 años triunfó la revolución bolchevique en Rusia. Quien quiera entender qué sucedió y cómo, todo lo que debe hacer es leer Lenin y el totalitarismo (Debate, 2017), un breve ensayo histórico, lleno de información y juicio crítico lúcido, publicado por el profesor chileno Mauricio Rojas, exmilitante marxista, quien descubriera en Suecia el error intelectual en el que había incurrido.

La revolución rusa fue uno de los momentos estelares del siglo XX. Muchos intelectuales y grandes masas de trabajadores se llenaron de ilusiones. Se hizo invocando las ideas de Karl Marx, en lo que parecía ser la primera vez en la historia que la racionalidad y la ciencia orientarían las labores del gobierno.

Supuestamente, el pensador alemán había descubierto las leyes que explican el curso de la sociedad por medio del materialismo dialéctico e histórico. Se había percatado de la funesta división en clases que se adversaban para hacer avanzar la Historia por medio de encontronazos. Denunció, indignado, la forma de explotación empleada por los dueños de los medios de producción a los proletarios, a quienes extraían cruelmente la plusvalía. Al mismo tiempo, señaló la inevitabilidad del triunfo de los trabajadores en lo que sería el final de una etapa histórica nefasta y el comienzo de la era gloriosa del socialismo en el trayecto hacia el comunismo definitivo.

Era la época de las certezas científicas. Darwin había explicado el origen evolutivo de las especies. Mucho antes, Isaac Newton había contado cómo se movían los planetas y formulado la Ley de Gravitación Universal. Dios había dejado de ser necesario para entender la existencia de la vida. Todavía no habían comparecido la física cuántica ni el Principio de Indeterminación de Werner Heisenberg. Cada hecho tenía su causa y su antecedente. Marx, simplemente, había extendido esa atmósfera al campo de las ciencias sociales.

Con el objeto de consumar el grandioso proyecto de transformar la realidad, Lenin asumió con dureza la necesidad de establecer una dictadura para el proletariado, dirigida por la cúpula del partido comunista, como fase inicial del camino hacia una sociedad sin clases, feliz y solidaria, como prometía Marx al final del proceso revolucionario. Una sociedad en la que no serían necesarios ni los jueces ni las leyes, porque las conductas delictivas eran producto del sistema de las relaciones de propiedad capitalista de la malvada era prerrevolucionaria.

Sin embago, el experimento comunista se saldó con millones de muertos, prisioneros, torturados y exiliados, en medio de un indiscutible atraso material relativo evidenciado en casos como los de las dos Alemanias y las dos Coreas. Sencillamente, los sueños se frustraron en un sinfín de fracasos y violencias, mientras las ilusiones se transformaron en un cinismo petrificado por el doble lenguaje, que obligaba a esconder todos los horrores y errores en nombre de la sacrosanta revolución.

La planificación centralizada por el Estado resultó ser infinitamente menos productiva que el crecimiento espontáneo generado por el mercado y los precios libres, como había advertido que ocurriría Ludwig von Mises en sus ensayos publicados, precisamente, en los primeros años de la revolución bolchevique, acaso con el objetivo de señalar a Lenin cuál sería el obstáculo insalvable de su vistosa (y sangrienta) revolución.

Finalmente, a principios de los años noventa del siglo XX, el experimento comunista implosionó, se deshizo la Unión Soviética, los satélites europeos rectificaron el rumbo, retomaron el curso democrático, privatizaron las empresas del Estado, optaron por el mercado y se encaminaron, cada uno a su ritmo, por la senda trazada por la Unión Europea.

En todos los casos la puerta electoral quedó abierta para el regreso de los comunistas al poder por la vía democrática, pero, hasta ahora, ningún país ha incurrido en ese loco retroceso, aunque hay en ellos un pequeño porcentaje de comunistas irredentos, casi todos ancianos, que sienten cierta nostalgia por un pasado en el que ellos fueron relevantes a costa de los sufrimientos indecibles de la mayoría.

¿Por qué todo salió tan mal? Seguramente, porque el punto de partida era erróneo: los seres humanos estaban dotados de una cierta naturaleza que no encajaba con el pobre esquema marxista. Eso explica que las revoluciones comunistas hayan fracasado en todas las latitudes (Norte, Sur, Trópico), en todas las culturas (germánicas, latinas, asiáticas) y bajo todo tipo de líderes (Lenin, Mao, Castro). Es una regla que no admite excepciones. Siempre sale mal. Hace 100 años comenzó esa tragedia.

Autorización de la Mesa del Congreso
“Hablamos español” iniciará próximamente la recogida de firmas para lograr la libertad de elección de lengua en España
www.latribunadelpaisvasco.com 20 Octubre 2017

La Mesa del Congreso de los Diputados ha notificado a la Asociación “Hablamos Español” el acuerdo por el cual se admite su Proposición de ley de Libertad de Elección Lingüística, que será tramitada como Iniciativa Legislativa Popular.

Ahora que la Iniciativa Legislativa Popular de “Hablamos Español” se ha publicado en el Boletín, conforme a la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, que regula la Iniciativa Legislativa Popular, la comisión promotora está editando los pliegos para la recogida de firmas bajo la supervisión de la Junta Electoral Central, que también tendrá que dar su visto bueno al espacio que se habilitará para la recogida con firma electrónica.

De este modo, próximamente se anunciará el comienzo de la recogida de las 500.000 firmas necesarias para que la ley sea debatida y, en su caso, aprobada en el Congreso. La asociación “Hablamos Español” dispone para ello de un plazo de nueve meses.

Esta será la primera vez que se plantea en España la aprobación de una ley que aborda los derechos lingüísticos de forma homologable a los de las legislaciones de los países con varias lenguas oficiales. Los promotores de la ILP esperan lograr la aprobación de esta ley; en este momento existe una especial sensibilización hacia el problema de la imposición de lengua y el adoctrinamiento en la enseñanza, después de que la sociedad española haya podido comprobar a dónde conducen las políticas de entrega de la educación a los nacionalistas.

De aprobarse esta ley, tb, si así lo desean, y los hispanohablantes de todas las comunidades autónomas de España tendrán los mismos derechos lingüísticos. Se garantizará así que ningún hispanohablante vea restringida la libre circulación por el territorio de su país por razón de lengua, porque podrá escolarizar a sus hijos en español y no tendrá limitado su acceso a un puesto de trabajo, ni tendrá que soportar ninguna otra traba lingüística de las que afectan a los hispanohablantes en la actualidad en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales.

La letra pequeña y la derogación de todas las leyes de lenguas regionales
Nota del Editor 20 Octubre 2017

Claro como el agua clara que la única manera de que en España no haya líos de lenguas, es mediante la derogación de todas las leyes de lenguas regionales.

En España no hacen falta mas leyes, hay demasiadas, y su cumplimiento en absolutamente arbitrario a favor de los malos. Hecha cualquier ley, ya se encargarán los malos de siempre en hacer el reglamento que se la pase por el arco. Y si algún valiente denuncia el reglamento, ya saltará el tribunal anti constitucional con alguna otra barbaridad, como ya nos tiene sometidos y acostumbrados.

Siempre que haya un niño que esté obligado a estudiar cualquier lengua regional, siempre que haya cualquier función administrativa pública que pueda ser ejecutada en cualquier lengua regional, siempre que para cualquier función pública sea requisito indispensable o discriminante el conocimiento de cualquier lengua regional, siempre que en cualquier acto público haya que soltar el discurso en cualquier lengua regional, siempre que cualquier administración imponga los topónimos en cualquier lengua regional, y no sigo más, estaremos fundamentando el seguir con la conculcación de los derechos humanos y constitucionales de los español hablantes.

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El recochineo del secesionismo

José Luis González Quirós vozpopuli.es 20 Octubre 2017

Es seguro que cuando Unamuno dijo aquello de “que inventen ellos” no se refería a las formas políticas, porque a la vista de lo que está pasando ahora mismo, con la deriva secesionista del supremacismo catalán, no hay duda alguna de que nuestra capacidad inventiva para encontrar fórmulas no tiene parangón en parte alguna, eso sí, al precio de que tales invenciones no tengan el menor efecto positivo sobre la vida y fortuna de los ciudadanos a los que solo nos cabe soportar un interminable e incivil chaparrón de despropósitos.

Esta indigestión política que padecemos con el jeribeque de la independencia y el sainete de las preguntitas leguleyas del gobierno puede acabar muy mal, es casi imposible que conduzca a nada bueno, pero los responsables directos del disparate tratarán de que no les pille ningún toro, de cerrar el festejo en tablas, y el que venga detrás, que arree. Esta estrategia de fondo es comprensible en los secesionistas, que se sitúan en un proceso histórico que consideran milenario, pero es miserablemente balbuciente y cobarde por parte de quienes han jurado defender la Constitución y la libertad de todos.

La elusividad rajoyana y su leyenda
Es obvio que Rajoy padece una enfermedad de la voluntad que le lleva a posponer las decisiones, y que sufre también de una alteración mental que le hace confundir ciertos espejismos con la dura realidad, de modo que acaba suponiendo que la dilación sistemática siempre se salda a su favor, una dolencia que, de manera harto incomprensible, constituye el objeto predilecto en las muchas alabanzas que le dedican los más fieles de sus leales. Con esa actitud como guía, el presidente parece convencido de que toda prolongación de la crisis catalana se convertirá en un fracaso para sus promotores y en un nuevo éxito de su política, así que se dedica a posponer, que es la especialidad del artista.

Con todo, hay un algo inusual en su respuesta del jueves a la misiva de Puigdemont, puesto que el MH daba a entender que la independencia no había sido todavía proclamada, lo que, en buena lógica rajoyana, debiera haber dado un poco más de cuerda al asunto, pero la carta de la Moncloa indica una aparente y suave puesta en marcha de mecanismos supuestamente salvadores. ¿A qué se debe ese leve giro en el mensaje? No hay más que dos interpretaciones, que no me parece que se deban considerar incompatibles: o bien que las presiones sobre Moncloa han empezado a ser poco soportables, o bien que están en marcha, por lo bajini, que es como mejor se hacen estas cosas, preparativos suficientemente sólidos de apaño, y esta parte contratante necesita dar la sensación de que su presión ha sido la causante del éxito, como, sin duda alguna, hará la otra.

Desde el punto de vista de los intereses españoles, que debieran ser los de la libertad, la democracia y el estado de derecho, esta estrategia es desastrosamente inconveniente, porque consiste en atacar un gravísimo mal de fondo como si pudiera resolverse con media docena de renglones en cualquier papel timbrado.

El mito del 155
Cuando sea el momento oportuno para pedir cuentas a este gobierno, y al partido que lo soporta, en cualquiera de los sentidos del término, habrá que recordar cómo nos ha engañado durante meses diciendo que no habría referéndum, insistiendo en que no lo había habido cuando solo pudo suspender la votación en unas docenas de mesas de las miles que existieron, poniendo en situaciones intolerables a las fuerzas de seguridad y, asegurando tenerlo todo previsto, cuando se ha podido comprobar que los acontecimientos les han superado minuto a minuto, en cada uno de los escenarios en que se ha desarrollado el desafío a la libertad de los catalanes, a la de todos los españoles, al imperio de la ley, y la Constitución, y, muy especialmente, al bienestar y porvenir de la Nación española.

Luego han conseguido convertir al 155, que no es ninguna panacea, en un auténtico espantajo, y han jugado persistentemente a posponer cualquier solución, primero por no ser el momento, luego por no tener los apoyos suficientes, más tarde aludiendo a que fuese posible una vuelta a la normalidad mediante una más que improbable retractación, y dando por hecho que la acción de los poderes públicos debiera subordinarse a una especie de arrepentimiento de los rebeldes sediciosos. Ahora asistiremos a una morosa puesta en marcha de una maquinaria legal desconocida, todo a la espera de que don Mariano no tenga que mancharse las manos haciendo por fin lo que debiera haber hecho, al menos, desde el 6 de septiembre, y no le han faltado medios para hacerlo. Lo que nunca ha tenido es determinación ni proyecto alguno, salvo el de permanecer a cobijo, y es extremadamente improbable que esta gravísima irresponsabilidad no nos cueste un serio disgusto, y un largo calvario.

La supuesta habilidad de los golpistas
En paralelo a la desidia imperdonable del gobierno, que priva al Estado de los medios necesarios para proteger eficazmente a la Nación y a los ciudadanos, tenemos que padecer una avalancha de intérpretes que se empeñan en ensalzar las virtudes de las estrategias y los métodos de los golpistas. Hacen un vídeo copiando miserablemente a los ucranianos y coros de entusiastas se dedican a loar las virtudes comunicativas del procés. Consiguen una foto en cualquier medio foráneo, una declaración de algunos de los numerosos tontos de la escena internacional, y nuestros comunicólogos se corren de gusto admirando la eficacia de los de la estelada, su estética, su habilidad para vender relato, una expresión que no se le cae de la boca a ningún erudito a la violeta. Menos mal que son tan buenos en esto porque si llegan a ser torpes no sé qué habría pasado. Si de las soflamas pasamos a los hechos, y de escuchar a cantamañanas nos fijamos un poco en lo que realmente se piensa de la intentona catalana, nos iría un poco mejor el ánimo, claro que eso no evitaría reconocer, que por sentimental y babosa que sea la imagen que proyectan los secesionistas, es mejor que la inexistente del Gobierno.

Menos mal que, por detrás de la timorata y desconcertante estrategia del Ejecutivo hay dos cosas que fundan cierta esperanza: primero, que todavía quedan jueces en España, y, desde luego, que muchísimos ciudadanos han tomado buena nota de lo que pasa. Hay WhatsApps de españoles perfectamente anónimos que están haciendo más por nuestra libertad y dignidad que todas las secretarias de Estado y todas las televisiones y radios públicas que debieran tener un papel definido en estos asuntos, y que se dedican a gastar nuestros millones a la espera de consignas que no llegan, sencillamente porque, tropezando con las farolas a cada paso, en Moncloa siguen sin saber qué hacer.

Lo que no puede ser y además es imposible
Los golpistas catalanes no pueden triunfar, sencillamente, porque proponen un imposible, algo que desmoronaría en pocos meses el edificio que Europa lleva tratando de construir los últimos sesenta años. La amenaza real que ahora nos afecta es que la debilidad del gobierno le lleve a proseguir una estrategia paralela a la de los sediciosos, a aplazar cualquier solución de fondo, y que esa deriva, insensata y traicionera, le lleve a hacer concesiones que agravarían el asunto a cambio de menos que nada.

Lo veremos en breve, pero hay que confiar en que, llegado el momento, se le reclamen todas las responsabilidades del caso a quien juega a demorar y a no hacer nada, a ver si hay suerte y escampa, suponiendo que los pacientes españoles puedan soportar indefinidamente tanto y tan indigno recochineo.

Con los judíos hacían lo mismo
OKDIARIO 20 Octubre 2017

Cuando la violencia se apropia de la sociedad, la democracia queda aniquilada. Es justamente lo que pretenden los independentistas con su golpe de Estado: imponer la ilegalidad a base de terror y caos en las calles. Subvertir la legalidad vigente y tratar de romper el Estado de Derecho que nos cobija. El último ejemplo es el ataque que ha sufrido el líder del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol. Los Mossos han tenido que escoltarlo a la salida de la sede de su partido para evitar que se lanzaran sobre él los acémilas que le gritaban “¡Fascista!”, “¡Cabrón!”, “¡Hijo de puta!” y “¡Terrorista!”. Debe ser esa la idea de “libertad” y “tolerancia” que tanto cacarea Carles Puigdemont. El tipo de “concentraciones pacíficas” que defienden en Podemos.

Lo que ha sucedido este jueves en Sant Cugat recuerda a algunas de las páginas más aciagas de la historia. Hace 80 años, matones con insignias nazis hacían lo mismo en las tiendas de los judíos. Perseguían por toda Europa a todo aquel que pensaba diferente, que se atrevía a disentir o, simplemente, que no participaba de la represión y la barbarie o pertenecía a otro grupo social. Entonces, en nombre de la sinrazón y el delirio político se cometieron las mayores aberraciones imaginables y el inicio fue muy parecido a este tipo de intimidación exacerbada que han tenido que padecer Albiol y sus compañeros del PP. Da miedo pensar qué hubiera pasado si los agentes policiales no hubieran estado allí.

Desgraciadamente, este acoso no es nuevo. Bajo la pátina de victimismo con la que los secesionistas tratan de excusar sus acciones, subyace una realidad violenta sustentada por esa kale borroka de nuevo cuño que, heredera de los años más grises del País Vasco e inspirada en el “compañero” Otegi, tratan de imponer los cachorros radicales de la CUP y Arran. Ya vimos cómo los radicales rodearon la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre espoleados por Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, cabecillas de Òmnium Cultural y la ANC. Anticipo de lo que vendría después durante el 1 de octubre y de lo que hemos vivido este jueves: violencia extrema para tratar de imponer una ilegalidad. Cataluña cada día se parece más a un Estado totalitario. Esperemos que el Gobierno ponga freno a este dislate.

Con Rajoy, 155 = 0
EDITORIAL Libertad Digital 20 Octubre 2017

Si no es para erradicar todas las ilegalidades que se han consentido en los últimos años, ningún sentido tiene aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Resulta muy difícil que la Cataluña nacionalista vuelva a la tranquila, silenciada y ominosa independencia de facto que ha venido disfrutando en los últimos años mientras un presidente de la Generalidad como Carles Puigdemont siga empecinado en que el Reino de España y la comunidad internacional reconozcan una independencia de iure que se traduzca en la creación de un nuevo Estado soberano en forma de república.

Este delirante empecinamiento de los golpistas, que a día de hoy siguen detentando el poder regional en el Principado, también hace muy difícil el sostenimiento de la impunidad que siguen disfrutando, a pesar de la cantidad y la gravedad de los delitos que han perpetrado desde la convocatoria de la consulta secesionista del 1-O hasta la proclamación de independencia del pasado día 10; una declaración que el cabecilla del golpe ha tenido a bien dejar en suspenso con el delirante propósito de que la respalde el presidente del Gobierno de la Nación.

A día de hoy, la Fiscalía General del Estado, ni motu proprio ni a requerimiento del Gobierno –tal y como señala el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal– se atreve a presentar querella alguna contra los cabecillas del golpe, más allá de la que presentó el 8 de septiembre, con ocasión de la convocatoria del referéndum del 1-O; una querella en la que el único delito penado con cárcel del que se acusaba a los mandatarios regionales de Cataluña era el de malversación; una querella en la que no se pidió como medida cautelar la prisión preventiva para ninguno de ellos y que Dios, Rajoy y el ministro de Justicia saben cuándo será dirimida en los tribunales. La impunidad respecto de un persistente delito de sedición es tanto o más bochornosa aun cuando no la disfruten meros subordinados de los cabecillas como el major y la intendente de los Mossos d'Esquadra o los presidentes de las plataformas separatistas ANC y Òmnium Cultural, estos últimos en prisión preventiva.

Teniendo presente esta persistente impunidad de facto, cabe hacerse una idea de lo poco que se puede esperar de una medida estrictamente política como la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte de un presidente como Rajoy: no contento con ofrecer a los golpistas la vuelta a una "legalidad" que conlleva impunidad y una tolerada independencia de facto, el presindente del Gobierno les ha brindado a través de sus ministros todavía "más dinero y autonomía financiera", y hasta una reforma constitucional que, como bien ha denunciado José María Aznar, bien pudiera ser un "pago a plazo de lo que no estamos dispuestos a pagar al contado".

Ningún sentido tiene la aplicación del artículo 155 si no es para erradicar todo aquello que su bochornosa no aplicación en el pasado permitió que se instaurara en Cataluña contraviniendo clamorosamente nuestro ordenamiento constitucional. Sin una intervención total de la Administración autonómica en rebeldía y de sus órganos de gobierno por el tiempo que sea necesario para desarticular y clausurar las ilegales estructuras de Estado y las redes clientelares del secesionismo, así como para regenerar el sistema regional de enseñanza, la aplicación del artículo 155 no tendrá otro efecto que el de alimentar, todo lo injustificadamente que se quiera, el victimismo de los golpistas.

No faltará quien alegue que habrá que esperar al Consejo de Ministros extraordinario del sábado para conocer y valorar las medidas que el Gobierno baraje tomar. Pero esta objeción, siendo una obviedad, no deja de resultar escandalosa: hace tiempo que todos los españoles –empezando por los golpistas– tienen derecho a saber qué cabe esperar si el presidente se dispone, por fin, a aplicar el 155. Aunque sólo fuera por generar efectos disuasorios entre los secesionistas, ya se debería saber qué tienen en mente Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para restablecer en Cataluña un ordenamiento constitucional ante cuya quiebra han mantenido tantos años una clamorosa pasividad rayana en la complicidad.

¿Están dispuestos Rajoy y Sánchez a cerrar la radiotelevisión pública catalana, principal propagandista de la causa separatista? ¿Están dispuestos a clausurar unas embajadas catalanas dedicadas a agitar por la independencia y cuyas nóminas ha seguido pagando Montoro tras la esperpéntica intervención de las cuentas bancarias de la Generalidad? ¿Van a acabar con el adoctrinamiento antiespañol en las escuelas, después de haber saboteado los esfuerzos parlamentarios de Ciudadanos en tal sentido? ¿Van a tomar el control de los Mossos d'Esquadra, o, cuando menos, a expulsar de su seno a todos los traperos que los deshonran?

¿De verdad hay que esperar al sábado para hacerse una idea de lo poco que cabe esperar de la aplicación del 155 por parte de un presidente del Gobierno que, por confesión propia, todavía el propio sábado y cualquier otro día venidero estaría dispuesto a no aplicarlo si el golpista Puigdemont consintiera celebrar nuevas elecciones autonómicas? Claro que no. Basta ya de sucumbir a perniciosos autoengaños.

El 155 para salvar a los catalanes de Puigdemont
EDITORIAL El Mundo 20 Octubre 2017

Decía Benavente que en las obras de teatro se deben repetir tres veces las cosas: una porque hay que decirlas, otra para que el público se entere y una tercera para los críticos. A Puigdemont también le gustaría prolongar indefinidamente su mascarada y que el Gobierno le preguntara una tercera, una cuarta y hasta mil veces si ha declarado o no la independencia, y que corriera el tiempo como si nada. Pero la paciencia y los tiempos políticos también tienen un límite, máxime cuando se resienten la convivencia y la economía.

El irresponsable president ha sido incapaz de aprovechar la última oportunidad que el Estado de derecho le ofrecía. Y la respuesta de trilero recalcitrante con la que volvió a contestar ayer al requerimiento de Moncloa no deja otra salida que la activación de la cuenta atrás para que, en el plazo de dos semanas, se pueda aplicar el artículo 155 de la Constitución. El Consejo de Ministros aprobará mañana las medidas concretas que remitirá al Senado para devolver la normalidad democrática a las instituciones catalanas. Se pretende que sea una operación de mínimos, tal como han pactado el Gobierno y el PSOE, que con su respaldo ha estado a la altura de las circunstancias. Pero lo importante es que sea eficaz.

La unidad del constitucionalismo es esencial porque el desarrollo del 155 estará plagado de dificultades que exigirán el máximo apoyo político y social. Con Podemos ya se sabe que no se puede contar, sino todo lo contrario. Ahora bien, al secretario general de los socialistas, José Luis Ábalos, que ayer reclamó que la aplicación sea "muy, muy limitada", cabe recordarle que los límites los marca el orden constitucional, hoy desfigurado en Cataluña. Han de darse todos los pasos para que el Estado recupere el control en materia de orden público y gasto, entre otras competencias esenciales, hasta unas próximas elecciones. Porque el 155 no es un sortilegio que produzca efectos taumatúrgicos con solo mencionarlo, sino que exige voluntad política -y un esfuerzo didáctico mucho mayor del realizado hasta ahora por los portavoces constitucionalistas- para aplicar medidas de calado concretas que pongan fin al golpe.

El comportamiento tramposo de Puigdemont, su perpetuo chantaje al Estado y su nulo respeto por la democracia representativa exigen de Rajoy que deponga de una vez la inacción que él reviste de prudencia. La prudencia es virtud clásica del gobernante hasta que degenera en abulia contraproducente. No caben paños calientes ya. Lo que reclama el conjunto de los españoles, incluida una mayoría de catalanes, es que el Ejecutivo aborde esta gravísima situación con liderazgo y resolución. El silencio y el titubeo tienen que dar paso a una ofensiva política novedosa, valiente, mediante la cual el Estado articule y defienda sin complejos un relato que contrarreste la propaganda independentista. El propio Rey abrió esa senda, y es hora de que alguien le siga. Al contrario de lo que repiten los sediciosos, el 155 no acaba con el autogobierno sino justo lo contrario: lo restablece sustrayéndolo al arbitrio de la legalidad paralela diseñada por Puigdemont, Junqueras y la CUP.

El Govern amenaza con que el Parlament declarará la independencia unilateral si se activa el 155. Un órdago sin efectos jurídicos, se dirá; pero su política de hechos consumados ahonda el daño y cronifica el desgarro separatista.

España cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la UE, tal como reflejaron ayer sus líderes en un mensaje de apoyo a la unidad nacional y a la Constitución durante el Consejo Europeo. A los Veintiocho les preocupan los efectos económicos que ya está causando la intentona sediciosa, con una caída del comercio en Cataluña del 20%, la huida de casi 100 empresas al día y el crecimiento del PIB español en peligro. Las democracias pueden suicidarse; lo triste es que mueran con los brazos cruzados.

Se acabó la farsa y toca aplicar la ley
Gonzalo Bareño La Voz 20 Octubre 2017

Creíamos que Carles Puigdemont había agotado su arsenal de cinismo y falsedades con la carta que remitió al Gobierno el pasado lunes, pero ayer, con una nueva misiva en la que fuerza conscientemente la aplicación del artículo 155, demostró que aún le quedaban mentiras y desvergüenza política en el zurrón. Resulta imposible acumular más embustes y más trampas en un texto de solo 22 líneas en el que cada párrafo es un atropello a la verdad. Y todo, para al final no dar la cara ante nadie. Ni ante el Gobierno admitiendo que no ha declarado la independencia, ni ante el secesionismo radical presumiendo de haber proclamado la república catalana. Pretender llegar a la independencia por la vía de hacer juegos malabares con las palabras y retorcer el lenguaje para que un mismo texto signifique una cosa en Madrid y otra en Barcelona es una estrategia tan pueril como inútil.

La farsa del independentismo de salón no da ya para más y llega el momento de la verdad, aunque Mariano Rajoy está estirando el tiempo como si fuera chicle y dando a Puigdemont una bola extra tras otra para cargarse de razones antes de consumar lo que es inevitable: suspender de competencias a un Gobierno de Cataluña que no reconoce la Constitución, convocar unas elecciones y reinstaurar así la democracia y el debate en un Parlamento catalán que lleva meses secuestrado. A Puigdemont le quedan ya muy pocos días para evitarlo. Y, en contra de lo que afirman muchos, incluso desde las filas constitucionalistas, el tiempo no juega necesariamente a su favor.

Cada día que pasa se hacen más evidentes las mentiras con las que se ha construido un relato victimista que nada tiene que ver con la realidad de Cataluña. El apoyo de la Unión Europea al Estado español es cada vez más firme. Medios internacionales y hasta gobiernos extranjeros que compraron la mercancía falsa colocada por el independentismo en las redes sociales empiezan a entonar el mea culpa y a caerse del guindo por haberse enredado en las trampas del secesionismo trilero. Sandeces como la de equiparar la situación de Cataluña con la de Eslovenia bajo la Yugoslavia comunista o manipulaciones burdas como editar un vídeo lacrimógeno en el que se presenta a España como una dictadura y a Cataluña como un pueblo oprimido por la bota militar solo han provocado la burla generalizada en una Europa que puede ser cándida, pero no es estúpida.

El tiempo ha servido, además, para poner a cada fuerza política en su sitio, devolver al PSOE a su lugar natural de partido de Estado y demostrar que el problema que afronta España no es solo el del independentismo catalán, sino el hecho de que en el Congreso hay 95 diputados de hasta ocho partidos (Podemos, En Comú Podem, Compromís, En Marea, ERC, PDECat, PNV y Bildu) que están en contra de la soberanía nacional. El PSOE y el Gobierno deberían tomar nota para no caer en la trampa de abordar una incierta reforma de la Constitución que solo serviría para premiar a quienes pretenden acabar con ella.

El Estado, ante su prueba final en Cataluña
La duda persiste: ¿sigue existiendo el Estado en Cataluña? Eso es lo que vamos a comprobar en los próximos días
Ignacio Varela elconfidencial 20 Octubre 2017

Desde las 10 de la mañana de este jueves, el poder del Estado está puesto a prueba.

El 1 de octubre, el crédito de Mariano Rajoy como gobernante sufrió un golpe durísimo. Tras asegurar durante meses que todo estaba preparado para impedir el referéndum y garantizar que ese día no habría votación ni apariencia de ella, se demostró que todo era, como en el tango de Cadícamo, pompas de jabón.

Tres cosas llenaron de humillación y de alarma a quienes creyeron al presidente: primero, la burla de miles de urnas llegando a sus destinos, transportadas por particulares, sin que los múltiples servicios de información del Estado olieran la movida. Segundo, la candorosa creencia de que los Mossos se encargarían de impedir la votación. Y tercero, la atolondrada estupidez de lanzar a un puñado de policías y guardias civiles a la misión imposible de cerrar por la fuerza 6.000 locales llenos de gente y ocupados por piquetes, lo que proporcionó al independentismo su mayor baza propagandística desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.

Aquel día se inoculó en la opinión pública la terrible sospecha de que quizás el Estado español haya perdido ya la capacidad de hacer cumplir la ley en esa parte del territorio nacional. Es cierto que desde la aparición del Rey muchas tornas han cambiado: se ha tomado la iniciativa, la unidad política está ahora en el lado constitucional y la división en el separatista, los 'otros catalanes' recuperaron la voz y la calle, las empresas despertaron de su cómplice siesta contemplativa, los cabecillas de la agitación están en Soto del Real y Trapero, en capilla. Pero la duda persiste: ¿sigue existiendo el Estado en Cataluña? Eso es lo que vamos a comprobar en los próximos días.

Previsiblemente, mañana el Consejo de Ministros decidirá activar el artículo 155; pero eso no significa que el 155 se empiece a aplicar mañana, aunque sí que dejará de ser una cifra cabalística para convertirse en un catálogo de medidas concretas y, al fin, conocidas.

Ello abrirá un primer momento de máximo peligro. Durante el tiempo que dure el trámite en el Senado —al menos, una semana—, las medidas del 155 estarán anunciadas, pero aún no podrán aplicarse. Y durante ese tiempo, la Generalitat insurrecta conservará intacto todo su poder para blindarse, preparar el contraataque y sembrar de minas el campo institucional, además de incendiar impunemente la calle como mensaje disuasorio.

Un ejemplo hipotético. Puede que ante el anuncio del Consejo de Ministros y sin esperar al Senado, Puigdemont se suba o lo suban al balcón de la plaza de San Jaime para consumar la proclamación de la república catalana independiente. Y puede que mientras los señores senadores debaten en Madrid, el nuevo 'Estat catalá' comience a actuar como tal. Por ejemplo, tomando físicamente el control de instalaciones e infraestructuras básicas: puertos y aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros de comunicación, etc. Quizá parezca alarmista o fantasioso, pero los planes operativos para ejecutar esa operación en 24 horas están diseñados desde hace tiempo, esperando que alguien dé la orden.

El caso es que cuando el Senado autorice la aplicación del 155, las previsiones de este pueden haberse quedado cortas antes de nacer.

Pero entonces llegará un momento aún más incierto, porque será la hora de llevar el 155 de las páginas del BOE a la realidad, de hacerlo efectivo y operativo sobre el terreno. Espero que a estas alturas nadie siga creyendo que eso pueda suceder por el mero peso moral de la ley. La insumisión institucional está garantizada. Guste o no, restablecer materialmente el imperio de la ley en Cataluña nos remite sin remedio al uso de la capacidad coactiva del Estado. Y cada día que pasa se hace más difícil.

Siguiendo con ejemplos hipotéticos, supongamos que se decide privar de ciertas competencias al Govern rebelde y sustituir a sus actuales responsables. ¿Alguien cree que abandonarán sumisamente el poder, o más bien que desafiarán la orden y se atrincherarán en sus despachos? Habrá que sacarlos físicamente de ahí, empezar a dar órdenes y asegurarse de que se cumplen. Lo que no es fácil con una maquinaria administrativa sometida durante años a una sistemática limpieza ideológica, adiestrada para obedecer únicamente a sus jefes políticos.

De momento, Puigdemont y Junqueras han quintuplicado sus escoltas y se han rodeado de GEI de los Mossos, de toda confianza de Trapero. Adivinen de quién esperan defenderse.

Cuando llegue la hora de la verdad —ha llegado ya—, el Estado no puede permitirse enfrentarse a un Gobierno en rebeldía que dispone de un cuerpo armado de 17.000 individuos desplegados en todo el territorio catalán y dirigidos por quien, formando parte del estado mayor de la sublevación, ha demostrado sobradamente que su lealtad no está con la ley.

Observen esta contradicción: hay disturbios por la prisión preventiva de Cuixart y Sànchez. Pues bien, el máximo responsable de hacer frente a esos disturbios está imputado en esa misma causa; y, por tanto, objetivamente interesado en que la presión callejera funcione. Y así con todo.

Tomar cuanto antes el control operativo de los Mossos viene siendo una exigencia perentoria desde el 6 de septiembre, que es cuando realmente se declaró la independencia y cuando se debió recurrir al 155. Pero ahora es imprescindible para evitar males mayores. La alternativa sería ir a un choque entre policías, lo que podría resultar trágico, o asumir la impotencia del Estado, lo que sería el principio del fin. Ese es precisamente el escenario con el que sueña el comando secesionista.

Si se quiere imponer la legalidad preservando la paz, cualquier funcionario con uniforme en Cataluña (incluyo a las policías locales) tendrá que ponerse a las órdenes del poder constitucional. Permitir lo contrario es renunciar a una de las dos cosas, la legalidad o la paz. O, probablemente, a las dos.

Es lícito preguntarse si el Estado constitucional debe o no reaccionar ante una declaración unilateral de independencia. La respuesta no es tan obvia: Pablo Iglesias, por ejemplo, cree que no. Pero quien responda afirmativamente debe disponerse a asumir que esa reacción tiene que hacerse efectiva con todos los instrumentos que ofrece la ley. De lo contrario, habrá sido peor el remedio que la enfermedad.

El mayor riesgo de recurrir al artículo 155 es que su aplicación se convierta en una segunda edición del 1 de octubre. Si vamos a eso, francamente, mejor no hacer nada que hacer el ridículo por segunda y definitiva vez.

SOS Cataluña: “Nos estamos ahogando y no vemos ni un barco en el horizonte”
Agustín Valladolid. vozpopuli 20 Octubre 2017

Más allá de derrotar al secesionismo excluyente, el Estado está obligado a implementar con urgencia un proyecto inteligente de reconstrucción de la convivencia en Cataluña, empezando por el rescate de los no independentistas.

Hay algunos días, demasiados, en los que, al poco de despertar, a muchos catalanes que se sienten también españoles les invade una irrefrenable sensación de impotencia, cuando no de derrota. Uno de esos días fue el pasado miércoles 18 de octubre, el siguiente a que una juez de la Audiencia Nacional ordenara el ingreso en prisión de “los Jordis”, Sánchez y Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Tras la estampida empresarial y los sucesivos reveses en el ámbito internacional, el oxígeno del independentismo estaba en la reserva, y la decisión de la jueza Carmen Lamela le abrió un nuevo conducto de aire por el que respirar.

O al menos esa fue la sensación de mucha gente en Cataluña. Un buen amigo barcelonés, extraordinario conocedor de la realidad catalana, y muy crítico con la aventura secesionista, me enviaba hacia las 8 de la mañana de ese miércoles un wasap que, preservando por razones que no hace falta explicar la identidad del autor, he decidido compartir con los lectores de Vozpópuli. Y lo hago esencialmente por dos razones: es un mensaje que todos debiéramos atender, un desahogo que tiene mucho de desgarro, de SOS, de necesidad de expresar sentimientos no siempre comprendidos fuera de Cataluña; y, en segundo lugar, para poner en evidencia los matices, la necesidad de no combatir el pensamiento único con otro igualmente monocorde. Y porque no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, es necesario discriminar. El catalán no independentista nada tiene que ver ni con Puigdemont ni con Junqueras ni con el gran empresario que nada ha hecho hasta ahora por frenar esta locura. El catalán que se siente también español merece no ya nuestro respeto, sino mucho más, nuestro aliento diario, nuestra admiración por seguir resistiendo.

Este es el mensaje: “Querido Agustín. Escuchando esta mañana las emisoras en Catalunya y en catalán constato que ya estamos en caída libre. La presión preventiva de los sediciosos era innecesaria por inútil para la instrucción de la causa y ha sido la gasolina que le comenzaba a faltar al Procés. ¿Y ahora, ante tanto despropósito y estupidez, ¿qué será de nosotros? Asusta mucho, pero muy especialmente desmoraliza hasta extremos insospechados. Ni imaginas la tristeza. El procés se percibe por todas partes y es extraordinariamente cercano y activo y le da fuerza y ánimo a todos los que se sienten independentistas. Ellos no están desmoralizados y desde la prisión de ‘los Jordis’ viven de nuevo con esperanza e ilusión y sin miedo. No piensan en nada más. En cambio, en los demás catalanes que no somos indepes el sentimiento de soledad, aislamiento y lejanía de lo español -en el mejor sentido de la expresión- es cada vez mayor. Muy solos, y todo lo que nos daría fuerza está muy lejos, muy lejos. Se está destruyendo todo lo que queremos a velocidad supersónica y, en breve, los que puedan comenzarán a irse. Pero esos serán pocos pues la mayoría tenemos todo aquí. No creas que pierdo de vista quiénes son los verdaderos culpables de este desastre. Son los fanáticos nacionalistas arcaicos. Pero tampoco pierdo de vista la miopía y falta de la inteligencia de los que, avisados desde hace años, se han dejado llevar por el egoísmo y por ese anti catalanismo de fondo, tan característico de muchos españoles. En fin querido Agustín, necesitaba decir que nos estamos ahogando y que no vemos ni un barco en el horizonte. Disculpa el rollo y un gran abrazo”.

Inicialmente le contesté dándole ánimos, y le dije que tenía mucha razón, pero no toda. Más tarde le escribí de nuevo pidiéndole que leyera mi artículo del viernes. Este. Necesitaba tiempo para pensar cómo responder a algo así, a algo tan brutal y honrado; tan profundo y tan triste; un espejo dolorosamente límpido en el que todos estamos obligados a mirarnos. Ya tengo la respuesta lista, querido amigo. Aunque, después de tus palabras, mis argumentos no pueden sino quedar en un segundo plano. Te diré no obstante que, en esta ocasión, en mi opinión te equivocas cuando hablas de “estupidez”. El tiempo de la finnezza pasó. Sí, la prisión de “los Jordis” ha sido una magnífica noticia para el independentismo. Y resulta además paradójico que si los Mossos hubieran hecho bien su trabajo, impidiendo la revuelta contra la comisión judicial que registró la Consejería de Economía, quizá Sánchez y Cuixart hoy no estarían en la cárcel. Pero a lo que íbamos: el Gobierno de Rajoy nada tiene que ver con la decisión de la juez. Más bien al contrario: de haber podido, quizá habría sugerido una medida menos rentable para el secesionismo, aun a costa de cabrear a su flanco más derechista.

De haber habido espacio para hacer todavía política, eso que se denomina “Política con mayúsculas”, puede que aún estuviéramos en condiciones de reconducir la situación. Pero, en su estrategia, el independentismo ha estrechado los márgenes de la política hasta hacerlos intransitables. Y lo sabes. El “referéndum o referéndum” de Puigdemont no parecía precisamente una invitación al diálogo. La aprobación de las leyes de transitoriedad y del referéndum constituyó una provocación inasumible. Si de algo ha pecado Rajoy en estos meses es de ingenuidad. Y de pasividad. Pero pasar de ahí al lado opuesto habría sido aún peor. Porque lo que realmente hubiera supuesto una rendición en toda regla es haber interferido en el trabajo de la juez Lamela para que esta no actuara según su criterio técnico, sino en función de la conveniencia política del momento.

Comparto contigo, y por lo que he leído con varios juristas de prestigio, las dudas sobre la consistencia jurídica del auto de prisión dictado contra Sánchez y Cuixart. Pero ha sido una juez con fama de progresista, desde su libérrima convicción, la que ha decidido tal medida. Y si no defendiéramos que la juez Lamela tiene derecho a equivocarse sin que medie otro control que el de los órganos judiciales superiores, a los que pueden recurrir los acusados, estaríamos haciéndole el juego al independentismo. El problema, dicen algunos, es que todo lo que se debe hacer para atajar la crisis de legalidad multiplica la crisis de convivencia. Puede, pero creo que, cuando todavía vienen peor dadas, deberíamos tener claro que todo lo que ahora no se haga conforme a la legalidad puede terminar convirtiéndose en un problema de legitimidad.

En todo caso, querido amigo, de tu lado está la razón fundamental: la que debiera convocarnos a todos los españoles en la exigencia de un proyecto inteligente de rescate y reconstrucción de la convivencia en Cataluña. Un proyecto que va más allá de derrotar al nacionalismo excluyente con las armas del Estado de Derecho, y cuyo primer e inexcusable paso debiera ser arropar a esos catalanes y españoles que, a pesar de ser millones, siguen en muchos casos sintiéndose alarmantemente solos.

La alianza nacional-populista
DANIEL GASCÓN El Mundo 20 Octubre 2017

Lo que estamos viviendo en Cataluña es algo muy moderno: el asalto al Estado de derecho por medio de un procedimiento que no es abiertamente violento, transmitido y transformado en la cacofonía de las redes sociales. Se ha servido de técnicas contemporáneas y viejos trampantojos, de una sensibilidad antiestablishment y del cambio en la economía de la comunicación: las persecuciones a los críticos en Twitter, la sustitución de la argumentación por el sarcasmo, la proliferación de noticias e imágenes falsas.

Entre los logros del independentismo está hacer pensar que se trataba de adquirir un derecho -el derecho a decidir, un eufemismo afortunado de la autodeterminación-, cuando en realidad se intentaba quitar un derecho a los demás. Para lograr el objetivo de la independencia, se pretendía sustituir la democracia liberal pluralista por una concepción plebiscitaria que permitiría la imposición de la voluntad de una minoría de catalanes. Una sociedad diversa se reducía a una cuestión binaria: el deseo de un pueblo y los que querían coartar su libertad.

Los dirigentes y los comentaristas que defendían la secesión han mentido sobre el pasado, el presente y el futuro: en el terreno económico, por ejemplo, se falsearon las cifras de la contribución de Cataluña al resto del Estado, se inventaron balanzas fiscales en otros países y se dijo que la salida de Cataluña de España no tendría efectos económicos negativos.

Hay también una especie de vaciado de las palabras. Se habla de más democracia, pero no se sabe exactamente qué significa eso. La declaración de independencia, que recordó aquella frase de Maimónides -"el Mesías vendrá, pero podría retrasarse"- dejó a todos indecisos: ¿era un ejemplo de astucia o una muestra de incompetencia? El lenguaje es incendiario o conciliador, pero a la vez no quiere decir exactamente lo que dice. Los conceptos se han convertido en metáforas, que pueden designar lo que a uno le parezca mejor. El clamor de la calle es más importante que las instituciones, la representación y la mediación. Es una estrategia de movilización populista.

Lo que estamos viendo en Cataluña es algo muy antiguo: la activación de las ideas de la tribu y de la exclusión, la imposición de la visión del campo sobre la visión de la ciudad, la idea de la importancia del origen por encima de la ciudadanía, la creencia en que quienes han nacido en un lugar son mejores que los que han nacido en otro sitio, el énfasis en un elemento distintivo -en este caso la lengua-, un agravio histórico -una derrota honrosa a la cual siguió un periodo oscuro de supresión de libertades: 1714, 1939, la sentencia del Estatut- que en el fondo nos ha hecho más fuertes porque nos brinda la oportunidad de corregirlo en el futuro, el uso de los medios de comunicación en un proyecto de construcción nacional. Se propone crear una nueva frontera y en algunas versiones tiene tentaciones expansionistas. Es el contenido del nacionalismo.

El populismo contemporáneo es un estilo político, una ideología delgada que suele combinarse con otras ideologías. José Luis Villacañas lo ha definido como "Carl Schmitt atravesado por los estudios culturales". El secesionismo catalán, como ha explicado Aurora Nacarino-Brabo, ha unido nacionalismo y populismo. Esto ha permitido que el nacionalismo amplíe su base tradicional: la ideología rural y burguesa sumaba a jóvenes urbanos, en un momento en el que también estallaba el sistema de partidos español y en el que el proyecto estatal parecía agotado en términos representativos y asfixiado por la crisis económica. Cada uno podía imaginar en la independencia su utopía particular, la solución a su descontento favorito. Es un proyecto contra las élites, pero también es un proyecto de las élites, donde reivindicaciones tradicionales, como un acuerdo fiscal más ventajoso, perdían protagonismo ante una idea de radicalidad democrática.

La asociación entre nacionalismo y populismo ha sido históricamente frecuente. En El asedio a la modernidad, Juan José Sebreli señala a Rousseau y sobre todo a Herder como inspiradores del populismo. El filósofo alemán, a quien se atribuye el concepto del Volkgeist o espíritu del pueblo, también sería una de las fuentes del nacionalismo. Gramsci lamentaba que, a diferencia de lo que ocurría con el alemán y el ruso (Volk, narod), la palabra que servía para designar al pueblo y la nación en italiano no fuera la misma, y empleaba el sintagma "lo-nacional-y-lo-popular", aunque alertó de que "la aproximación al pueblo significaría, por consiguiente, una continuación del pensamiento burgués que no quiere perder su hegemonía sobre las clases populares". Sebreli explica que los posmarxistas de la segunda mitad del siglo XX transformaron el concepto "concreto, económico y social" de clase marxista en el concepto "vago, metafísico de pueblo". Pero antes otra idea del pueblo estuvo presente en algunos de los regímenes más siniestros del siglo XX: "Puesto que el sistema totalitario se consideraba la expresión misma del pueblo, la manifestación de su ser ontológico, todo lo opuesto, toda crítica, no podía ser sino un error o una perversión. Así pues, el disidente había de ser un extranjero o un miembro de una minoría étnica y constituía para el pueblo un enemigo y un traidor". Sebreli señala una contradicción de esta idea totalitaria de pueblo: se proclama una unidad indisoluble y compacta del pueblo, pero solo se puede afirmar en una sociedad totalmente dividida. Esa concepción está muy lejos de una idea democrática, que no postula la unidad sino la pluralidad, que valora el conflicto, los distintos intereses y el acuerdo.

El término nacional-populismo se utilizó para designar a algunas dictaduras latinoamericanas de mediados de siglo: Gino Germani lo aplicaba al peronismo. Más tarde lo ha usado Pierre-André Taguieff, que lo empleaba en 1984 para describir al Frente Nacional. En Le nouveau national-populisme (2012), Taguieff enumeraba algunas características comunes a los nacional-populismos contemporáneos, entre los que citaba a Oscar Freysinger (Suiza), la Lega Nord (Italia), Ataka (Bulgaria), Jobbik (Hungría) o Los verdaderos finlandeses: "1) el llamamiento perpetuo al pueblo lanzado por el líder; 2) el llamamiento al pueblo en su conjunto contra las élites ilegítimas; 3) el llamamiento directo al pueblo auténtico, que es sano, sencillo y él mismo; 4) el llamamiento al cambio, que implica una ruptura con el presente (el sistema, supuestamente corrupto), inseparable de una protesta antifiscal (en ocasiones ligada a la exigencia de referéndums de iniciativa popular); 5) el llamamiento a limpiar el país de elementos supuestamente inasimilables (nacionalismo excluyente, contrario a la inmigración)".

Ha habido intentos de combinar el populismo con una idea nacional desde la izquierda: "Si la nación es una construcción artificial, ¿por qué no puede la izquierda construirse una a su medida?", decía Ernesto Laclau. Un ejemplo reciente es el de Íñigo Errejón en Podemos. Su derrota dificulta saber si las connotaciones derechistas de los símbolos nacionales debilitaban su eficacia para movilizar al electorado de izquierda.

Conocemos algunas de las consecuencias del populismo: el desgaste de las instituciones, la polarización que convierte al adversario en enemigo, la fractura social, la perpetuación de los problemas (porque son precisamente lo que lo alimenta), la degradación de la conversación pública. También conocemos las consecuencias del nacionalismo: entre ellas está una peligrosa reacción especular. Hay muchas variedades: algunos reivindican un nacionalismo cívico, que suele ser el propio; otros defienden su eficacia como elemento de cohesión social y estímulo para la solidaridad; también se ha señalado que obedece a razones biológicas. Existen versiones domesticadas y diluidas. Pero, como hemos visto una y otra vez, es una forma de ver el mundo que fácilmente se vuelve tóxica.

Daniel Gascón es escritor y editor de Letras Libres.

Mariano Rajoy ante la Historia

Roberto L. Blanco Valdés La Voz 20 Octubre 2017

Si no imposible, es muy difícil encontrar un caso en el que, como en el de la rebelión secesionista catalana, haya tenido un Gobierno más razones y de más peso para adoptar las medidas excepcionales que le confiere la Constitución con la finalidad de defender la democracia y los intereses generales.

En Cataluña se han aplicado normas inconstitucionales, suspendidas por el TCE unánimemente, al suponer la derogación de la Constitución y el Estatuto; se ha celebrado un referendo ilegal; se ha proclamado, en un acto de rebelión, una república independiente; se han cometido presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y sedición; se ha ordenado a la policía autonómica violar la ley e impedido a la Guardia Civil y la Policía Nacional cumplir sentencias judiciales; se ha creado una situación de inseguridad jurídica tan bárbara como para forzar la salida en siete días de más de mil impresas; y, redondeando el desatino, se han producido daños a nuestra economía que, según la Autoridad Fiscal Independiente, podrían alcanzar los 12.000 millones de euros si la crisis secesionista continúa.

Y todo ello en medio de una orgía de embustes que superan la más grotesca desvergüenza: como ese de que dos encarcelados por sedición, que cometieron su delito ante miles de personas, son presos políticos, trapacería que defienden, para más inri, acérrimos partidarios de la dictadura venezolana: o ese otro del gran sostén internacional a la secesión de Cataluña, que cuenta, es verdad, con el apoyo de lo más granado de la extrema derecha y la bellaquería planetaria: Assange, Le Pen, Maduro, Nigel Farage, Putin, Geert Wilders y, por supuesto, el inefable Pérez Esquivel, que se apunta a un bombardeo.

Lo inexplicable no es que tal insensatez haya llegado a producirse, pues basta conocer la historia para saber que el fanatismo nacionalista está detrás de gran parte de las catástrofes mundiales de los dos últimos siglos. No, lo inexplicable es que el Gobierno de España no solo no haya parado a tiempo el despropósito de los independentistas sino ?lo que, si cabe, es aun más grave? parezca seguir empeñado en poner la otra mejilla cada vez que Puigdemont le arrea un bofetón, sin importarle al parecer que el presidente rebelde de la Generalitat siga castigando, con sus chulescos desplantes y amenazas, al país entero y sobre todo a los millones de catalanes no nacionalistas hoy abandonados a su suerte en manos de un aprendiz de dictador.

O el Gobierno reacciona y adopta sin más demora las medidas para la restauración de la legalidad que exige imperiosamente la gravísima crisis que hoy atravesamos, o los secesionistas lograrán sus fines, que no son otros que hacer cisco la imagen internacional de nuestro país e imponer en toda España el caos que ya domina Cataluña.

Ese es sin duda su objetivo y, si el Gobierno no asume su responsabilidad, podrían alcanzarlo

CÓMO COMBATIR EL SEPARATISMO
‘No se puede negociar con los nacionalistas. No hemos aprendido la lección’
La Gaceta  20 Octubre 2017

Mesa redonda convocada por la Fundación Villacisneros y la Fundación Sociedad y Valores. La situación en Cataluña lo requería por lo que María San Gil, Alejo Vidal-Quadras y Jaime Mayor Oreja no han dudado en mostrar sus planteamientos para poner fin a la deriva separatista.

“No podemos quedarnos callados, quietos ni pasivos ante todo lo que está ocurriendo. Tenemos que defender la unidad de España porque es algo que nos compete a todos nosotros”. Así ha comenzado la mesa redonda entre la Fundación Villacisneros y de la Fundación Valores y Sociedad María San Gil, la expresidenta del Partido Popular en el País Vasco, quien ha querido echar la vista atrás para demostrar que una negociación del Gobierno con los separatistas es inviable. “Es imposible negociar con los nacionalistas de tú a tú y en igualdad de condiciones porque siempre lo harán desde una posición de ‘ganadores’ y buscando más privilegios y más capacidad económica”, ha asegurado.

Consciente de que tuvo que abandonar la política por su capacidad para “decir verdades” ha recordado su paso por el Parlamento vasco frente a los nacionalistas para insistir en que este tipo de formaciones jamás reculan ni desisten de ninguna de sus aspiraciones en aras de favorecer la convivencia.

“Después de tanto tiempo pensaba que lo habíamos aprendido de una forma meridiana. Yo lo hice y pensé que otros políticos también lo habían hecho”, ha recordado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad y menos en el día en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidido, tras cumplirse el Segundo plazo para responder al requerimiento del Gobierno, volver a retar al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Aún así, San Gil ha querido lanzar un mensaje de esperanza a todos los asistentes que se han congregado en el Auditorio de la Mutua Madrileña en Madrid: “La sociedad civil va a estar a la altura de las circunstancias y me gustaría decir que también lo estará la clase política”.

‘El que flaquee o busque negociar, perderá’
Por su parte, Alejo Vidal-Quadras ha querido responder a todas aquellas cuestiones que todo español se ha planteado en el último mes. Es más, incluso ha señalado que enviaría sus conclusiones a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para “ayudarla” y para así permitir que Mariano Rajoy “mantenga su paz espiritual”. Tras hacer un balance de la situación actual en Cataluña, el expresidente del Parlamento Europeo ha apelado a las técnicas que pueden encontrarse en los manuales de lucha anti-subversiva con las que se impiden abortar un golpe de carácter revolucionario contra un Gobierno legítimo.

“Tenemos que proteger los medios y recursos propios del Estado y de los centros neurálgicos en Cataluña, privar a los golpistas de los instrumentos que les faciliten la realización del golpe. Y que la Fiscalía presente acusación por los delitos de desobediencia, rebelión, sedición, malversación y prevaricación, contra los cabecillas del golpe”, ha explicado Vidal-Quadras insistiendo en los intentos de los partidos separatistas por sumir a Cataluña en el caos para “amedrentar al Gobierno, atemorizar a los catalanes y provocar la intervención de instancias internacionales”.

“Gana el que pone más fuerza, determinación, resistencia y coraje en el empeño, en otras palabras, el que recurre a mayor capacidad disuasoria y demuestra mayor voluntad de victoria. El que flaquee, busque negociar, se acompleje o se deje poseer por el miedo, perderá”, ha asegurado recogiendo el aplauso de todo el auditorio.

Sin embargo, no ha sido el único momento en el que ha recibido el apoyo del público. También cuando ha denunciado las prácticas de los partidos tradicionales. “El hecho paradójico de que las cúpulas de los dos grandes partidos nacionales hayan dedicado hasta hoy más esfuerzos a liquidar políticamente a aquellos que en su seno denunciábamos los abusos de los nacionalistas y clamábamos por una estrategia distinta que los contuviera y debilitara, que a frenarlos y sujetarlos a la ley. Esto explica perfectamente por qué estamos aquí”, ha concluido.
‘Enaltecemos el consenso como si fuera la panacea para la solución’

Turno entonces para el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quien ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía comprenda todas las aristas del nacionalismo y del “proyecto de ruptura” que se está viviendo en este momento en Cataluña.

Con referencias constantes al nacionalismo vasco, el presidente de la Fundación Ideas y Valores ha querido esclarecer como ‘el procés’ sólo pertenece a un plan de ruptura de España que ya se inició con ETA y con el plan Ibarretxe. “El testigo comenzó en manos de ETA, lo continuó el plan Ibarretxe y ha continuado con lo que hoy conocemos como ‘el procés’.

Por ello, Mayor Oreja ha abogado por darle un mayor valor a la nación, sobre todo ante la “dificultad” del momento en el que vivimos. “El movimiento nacionalista no se ha fracturado ni dividido. Enaltecemos el consenso como si fuera la panacea de la solución”, ha insistido que fue él quien ya pidió la aplicación del artículo 155 el 30 de julio en 2003 y “no porque fuera inteligente sino porque sabía lo que iba a suponer el Plan Ibarretxe”.

“No se si tienen que suspender o no la autonomía, lo que sí se tiene que hacer es arrebatar el poder a aquellos que han hecho un uso ilegítimo de él buscando una rebelión que hasta hoy no se había producido en el movimiento separatista”, ha asegurado para después advertir: “El 1 de octubre perdimos una gran batalla”.

El exministro del Interior ha ahondado en la idea de que el consenso en este caso ya “no sirve, es inútil y contraproducente” y que es el momento de hacer frente a un movimiento nacionalista al que nunca se le ha puesto freno”. “No podemos decepcionar a la sociedad civil. Es mucho más importante el consenso con ellos que el consenso de ‘lo políticamente correcto’ en la España de hoy”, ha insistido.

El problema, ha subrayado, es que los separatistas siempre han visto al conjunto de los españoles con un complejo de inferioridad contra el que hay que combatir. “No hay que hacer mucho ruido sino ser perseverantes. Tenemos que participar más, movilizarnos más y hacer frente al desafío nacionalista”, ha concluido.

¿Un 155 educativo?: Recuperar el castellano y revisar los libros de texto
Una hipotética aplicación del artículo implicaría cumplir las sentencias que obligan a que el 25% de las clases se imparta en la lengua vehicular para los alumnos que lo soliciten y eliminar de los manuales las falsedades históricas.
Rocío Ruiz. larazon 20 Octubre 2017

Moncloa ha pedido durante los últimos días informes a todos los ministerios ante la previsión de que se aplique el artículo 155. Según apuntaron ayer fuentes del Ministerio de Educación, está «todo listo».

Restaurar el orden constitucional en un ámbito especialmente complejo como el de la educación implicaría el cumplimiento de las leyes y la cascada de sentencias dictadas por los distintos tribunales que obligan a que el 25%€de las clases se impartan en castellano para garantizar que sea lengua vehicular para aquellos alumnos que lo solicitan en Cataluña, un mandato que se ha incumplido de manera reiterada. También implicaría una revisión de los libros de texto para corregir las falsedades históricas que recogen algunos manuales, tal y como han denunciado algunos informes.

Ahora bien, ambas medidas serían difíciles de aplicar a corto plazo de manera eficaz y sin evitar una posible rebelión en las aulas, según consideran los expertos, quienes abogan por recuperar competencias. De ahí que figure entre los planes de Educación dar respuesta a estos dos escollos, aunque no sea de forma inmediata.

«No podemos resolver en un cuarto de hora un problema que viene de años. Debemos entonar el mea culpa porque en todos estos años el nacionalismo ha avanzado en la escuela paso a paso, pero muy fuerte, con una estrategia astuta y eficaz para imponer sus ideas mientras que la del Estado no ha sido capaz de afrontar la situación que se estaba produciendo», explica Eugenio Nasarre, ex secretario general de Educación con el PP. «El proceso de adoctrinamiento viene de lejos, pero hay un momento en el que se establece un marco muy favorable para promover el nacionalismo: la aprobación de la LOGSE en 1990 con el PSOE. Hasta entonces todos los alumnos españoles tenían los mismos planes de estudios y ordenación académica, pero esta ley fue la que estableció que una parte de las enseñanzas las regularía el Estado (el 55%) y otra las comunidades autónomas (45%). Fue entonces cuando la Generalitat estableció sus propios contenidos con deslealtad al Estado».

Nasarre recuerda que, siendo secretario general de Educación cuando a su vez Jordi Pujol era presidente de la Generalitat, el consejero catalán acudió a una reunión a Madrid para advertir: «Impediré la entrada de la Alta Inspección a no ser que se me obligue con una orden judicial».

Este servicio, que no dispone de un cuerpo específico como tal, cuenta con escaso personal y el apoyo puntual de profesores en las comunidades autónomas, fue creado en 1985 coincidiendo con la descentralización del Estado y su función es vigilar el correcto cumplimiento de las leyes estatales en las autonomías, pero «ha sido infrautilizado por una actitud de inercia, por prudencia y acomodo a las situaciones para llevarse bien con las comunidades autónomas», dice Nasarre. Pero, «ahora vemos las consecuencias... Es cierto que en la época que estuve en Educación se hizo un borrador de proyecto de ley para crear un cuerpo específico con autoridad e independencia pero, al final, como otras tantas cosas, quedó en un cajón».

Nasarre cree que restaurar el orden constitucional en Cataluña «va a requerir una estrategia a largo plazo para resolver el problema jurídico y político de la quiebra del orden constitucional. Los partidos políticos tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo para salvaguardar la unidad del sistema educativo y se necesitaría la colaboración del profesorado para ir abriéndose paso. No tiene una solución milagro porque abordarlo de manera inmediata puede provocar problemas en los centros educativos, hay que mantener la normalidad frente a una posible rebelión en centros que son un nido de independentistas».

De una opinión similar es Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, quien considera que, en caso de que se aplicara el artículo 155 que prevé la Carta Magna, «debería servir para que se cumplieran las leyes y las sentencias que obligan a la escolarización en castellano como lengua vehicular», aunque la medida «llevaría su tiempo», mientras que la aplicación de este artículo de la Constitución sería temporal.

Nicolás Fernández, presidente del sindicato de profesores ANPE, cree que una hipotética aplicación de este artículo «no causaría una alteración del normal funcionamiento de las clases y de la legalidad vigente en materia educativa, no supondría un cambio drástico para alumnos y profesores porque los problemas en la educación no se solucionan de la noche a la mañana. La inmersión lingüística se mantendría». En opinión del representante de los profesores, «ha habido una dejación de funciones por parte del Estado. La anterior ley de educación (LOE) eliminó la supervisión previa de los libros de texto, así que las comunidades autónomas han alterado contenidos de decretos básicos y ahora no hay manera de arreglarlo. La situación que tenemos no se corrige de la noche a la mañana. No se trata de hacer ahora cambios de manera automática, se tendrán que dar pasos, pero con mucha prudencia porque en Cataluña se ha incumplido la legislación y la lengua nunca debe utilizarse como elemento de confrontación. El Ministerio de Educación ha hecho dejación de funciones al no controlar todo lo que estaba ocurriendo en Cataluña y ahora embridar esto es complicado».

Lo cierto es que si se aplicase el artículo 155 en el ámbito educativo podría quedar de alguna manera sujeto a la interpretación. «El artículo 155 no ha sido objeto ni de desarrollo legislativo ni de aplicación hasta la fecha. En su elaboración constitucional, se redactó siguiendo el modelo federal alemán –lo que explica la entrada del Senado como cámara de representación territorial–. Su previsión mira con vaguedad y amplitud a circunstancias graves y extraordinarias y no cierra el alcance de las medidas», explica Asunción De la Iglesia, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra. «No permite adoptar todo tipo de medidas sino las estrictamente necesarias para resolver la situación». La legitimidad de la intervención dependerá de la proporcionalidad de la misma, con el filtro constitucionalmente legítimo, necesidad e idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Entiendo también que deben tener un carácter limitado en el tiempo y han de estar orientadas a reconducir la plenitud de la autonomía política en el marco de la Constitución y el Estatuto una vez superada la situación extraordinaria a la que ha de hacerse frente por esta vía excepcional».

"El adoctrinamiento en la escuela en Cataluña es tan eficaz como la propaganda nazi"
El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, cree que la "farsa secesionista da sus últimas bocanadas" y este sábado se restaurará legalidad.
E.E.elespanol 20 Octubre 2017

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Gustavo Alcalde, ha considerado este viernes que la "farsa secesionista está dando sus últimas bocanadas", dado que el Consejo de Ministros aprobará este sábado las medidas "oportunas" para proteger el interés general de todos los españoles y restaurar el orden constitucional en Cataluña".

Ha sostenido que el nacionalismo catalán se ha convertido "en el paradigma de la intolerancia", para advertir de que "el tránsito de la intolerancia al totalitarismo era solo una cuestión de tiempo". Se empieza "adoctrinando en la escuela" para después "inculcar el odio y el fanatismo hacia todo lo español y sacando a los niños en manifestación, en horario lectivo". A pesar de que "todo es muy primario, desgraciadamente es eficaz, como la propaganda nazi", ha dicho tajante.

"El Estado de Derecho no va a permitir la ruptura de España", ha aseverado Alcalde, al indicar que de esta situación "compleja", a pesar de la "zozobra" que produce, "saldremos fortalecidos colectivamente porque España es mucha España" y el país, incluyendo a Cataluña, "es una gran nación".

Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno durante su discurso con motivo del acto de celebración del 'Día del patrón de la Policía', que se ha desarrollado en la plaza del Pilar de Zaragoza, con la asistencia del jefe superior de Policía de Aragón, José Ángel González, y las principales autoridades, mandos policiales y representantes institucionales de la ciudad. En este acto se han entregado también condecoraciones a efectivos policiales y personal civil.

Gustavo Alcalde ha expresado su orgullo por la labor de los policías nacionales y guardias civiles que están "defendiendo la democracia, la libertad y el Estado de Derecho en Cataluña", estimando que con su trabajo se han ganado, "más si cabe", el respeto y la admiración de la mayoría de los españoles y han logrado "llenar las calles de gente" y despertar a España, porque "si os insultan, nos insultan a todos y si os ultrajan, nos ultrajan a todos".

En este punto, ha alertado de que en Cataluña "corren peligro" la democracia, la libertad y la ley" y ha incidido en que los separatistas desprecian "incluso sus leyes", dedicándose a "hacer listas de buenos y malos, de afectos y desafectos", una actitud que entronca "con ideologías supremacistas, racistas y xenófobas. Eso se llama fascismo, fascismo puro y duro", pero el Estado de Derecho "ya ha buscado alojamiento" a quienes lo promueven, los dirigentes de Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, "en la prisión de Soto del Real".

Golpe de Estado
Tras repasar los acontecimientos ocurridos desde los días 6 y 7 de septiembre, con la aprobación en el Parlament de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad, ha observado que el desafío y el golpe de Estado "ha sido total", indicando que "las mentiras son el hilo conductor de este proceso". Entre esas mentiras, ha mencionado el "supuesto derecho de autodeterminación", que la ONU solo contempla para situaciones coloniales; que la mayoría de los ciudadanos desee la independencia; que el 1 de octubre hablara Cataluña o que desde España se imponga la represión.

También es "falso" que los separatistas deseen dialogar, dado que "ellos no quieren dialogar, quieren imponer sus tesis, su referéndum, su separación"; "no son pacíficos" porque "acosan al que piensa distinto" y mienten al decir que la secesión convertirá a Cataluña en una comunidad más próspera y feliz, ya que "la están llevando a la ruina, a la fractura ciudadana, al caos a corto plazo".

"No son mejores, ni distintos"
Alcalde ha continuado apuntando que la separación que pretenden "es imposible" y ha llamado a decir "alto y claro a estos supremacistas de pacotilla que no son mejores ni distintos, ni de mejor condición genética".

Ha añadido que Cataluña tiene sus cuentas intervenidas, las entidades financieras más representativas han salido de la Comunidad y más de 900 grandes y pequeñas empresas "han dicho basta y han anunciado su cambio de sede". Además, la "mayoría silenciosa también ha dicho basta" y ha decidido salir a la calle para expresar que "con España no se juega", así como la Unión Europea ha avanzado que no mediará en el conflicto y que Europa "se construye sumando, no dividiendo".

Por todo ello, ha estimado que "al final se les ha atragantado el golpe" y la "farsa secesionista está dando sus últimas bocanadas", si bien mientras tanto "se está llevando a Cataluña a una situación de quiebra social y económica que tardará años en recuperarse".

Por último, Alcalde ha felicitado a la Policía Nacional por su actuación durante las Fiestas del Pilar, junto a la Policía Local, dado que han demostrado que "zaragozanos y visitantes están más que seguros en vuestras manos".

"Estoy orgulloso de ser vuestro jefe", ha asegurado, para concluir recordando a los policías que han dado su vida por España y a los dos pilotos de F-18 fallecidos estos últimos días, el capitán del Ejército del Aire, Borja Aybar, y el teniente Fernando Pérez Serrano. "Su recuerdo y ejemplo permanecerá siempre en nuestros corazones", ha manifestado.

Profesionalidad y entereza
Por su parte, el jefe superior de Policía de Aragón, José Ángel González, ha tenido "un cariñoso recuerdo a todos aquellos policías y guardias civiles que se encuentran en Cataluña, quienes trabajando en situaciones muy difíciles y adversas están demostrando una gran profesionalidad y entereza".

Entre aplausos del público, González ha continuado expresando "para todos ellos nuestro apoyo y consideración, la ciudadanía aragonesa está con vosotros y sabéis que no estáis solos".

Ha felicitado a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a los funcionarios de los cuerpos generales y personal laboral que "con vuestro trabajo, esfuerzo y dedicación hacéis una sociedad mejor" y ha dado la enhorabuena a las personas que este viernes han sido reconocidas con su ingreso en la Orden al Mérito Policial y a los 59 "compañeros" de la Policía que han sido distinguidos con este mismo reconocimiento.

Ha destacado también la distinción al comisario Guillermo García Cedrón, presidente de la Asociación de Jubilados de la Policía; felicitando a Santos Ruiz Soria, "por su desinteresada y leal colaboración con la Policía Nacional" y al comisario Antonio Rua Carballo a quien se le ha entregado "la medalla que acredita su ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo, una de las más altas distinciones del cuerpo".

A los efectivos policiales de Aragón les ha dicho que su obligación con la sociedad la han cumplido "con dignidad y profesionalidad, manteniendo a Aragón con una tasa de criminalidad muy por debajo de la media nacional", algo que "no hemos conseguido solos, sino con trabajo y esfuerzo solidario con los jueces, fiscales y con nuestros compañeros de viaje que son la Policía Local y la Guardia Civil".

Ha emplazado a seguir trabajando "en equipo, sin personalismos, con honradez, humildad y honestidad, teniendo como bandera el amor al servicio a los demás" y ha resaltado de nuevo el "esfuerzo y sacrificio" de los policías aragoneses, para concluir con un "recuerdo emocionado a los compañeros fallecidos, a los policías nacionales que dieron su vida por España, defendiendo los derechos de los ciudadanos".

Cataluña ya planeaba hace 27 años controlar a los inspectores educativos
La cifra de interinos en este cuerpo (8 de cada 10) demuestra que ha cumplido su objetivo
ESTHER ARMORA ABC 20 Octubre 2017

Garantizar la «catalanización» de la enseñanza teniendo el control de los inspectores educativos es algo que la Generalitat ya planeó hace casi tres décadas. Las altas esferas del Ejecutivo de Jordi Pujol redactaron en el año 1990 un documento interno en el que -según trascendió en los medios- reconocían abiertamente su intención de crear un cuerpo propio de inspectores para poder garantizar así la «catalanización» de la enseñanza.

En el punto 6 de esta hoja de ruta del nacionalismo, sus autores marcan como objetivo «reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza». Añaden, como última consigna, «vigilar de cerca la elección de este personal».

«El alto índice de interinos que hay actualmente en este cuerpo profesional (ocho de cada diez) es una muestra clara de que ese objetivo que se plantearon los nacionalistas en 1990 ya se ha cumplido», indicaron a este diario fuentes del sector de la inspección que prefieren preservar el anonimato. En estos últimos años, el nivel de precariedad laboral de los inspectores ha aumentado en Cataluña y en la actualidad ocho de cada diez son interinos renovados anualmente por la Administración, lo que, según denuncian los sindicatos, «limita su autonomía, independencia y capacidad de actuación».

«Nadie se atreve a denunciar según que cosas porque sabes que eso puede condicionar que en la próxima convocatoria, cuando te evalúen, no pases la entrevista», señalan las citadas fuentes.
Libros de texto

Otro de los objetivos que ya marcó el nacionalismo a comienzos de los 90 fue conseguir el uso exclusivo del catalán en el mundo educativo. Así se expone en el citado documento interno de la era Pujol, en el que la educación aparece como punto estratégico. Dentro de este ámbito, una de las prioridades señaladas era «impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes» y «potenciar el uso de la lengua catalana» entre la comunidad educativa.

Otra meta destacada por los nacionalistas era «editar y emplear libros de texto sobre la historia, geografía, arte, literatura, economía, etcétera, de Cataluña y de los Países Catalanes y establecer acuerdos con editoriales para su elaboración y difusión, con subvenciones si es necesario».

En resumen, los puntos estratégicos para recatalanizar la enseñanza eran blindar la lengua catalana y garantizar que el currículo que llegaba a las aulas fomentaba el sentimiento identitario.

De Cáceres a Mallorca: el boicot a productos catalanes preocupa ya en toda España
A la preocupación por el deterioro económico de Cataluña provocado por la crisis política se une el efecto desestabilizador del boicot. Muchos empresarios lo viven con angustia
David Brunat. Ángel Villarino elconfidencial 20 Octubre 2017

El boicot a los productos catalanes se ha intensificado en las últimas semanas y ya no solo angustia en Cataluña. La preocupación se extiende entre las asociaciones empresariales de media España, donde muchas compañías tienen socios y clientes catalanes. Gente con la que han fraguado una relación profesional de décadas y de quienes, a la postre, dependen también sus propias cuentas de resultados.

El secretario general de la Confederación Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, asegura que últimamente se pasan el día hablando de lo mismo “Nosotros entendemos la indignación y la rabia de la gente, pero desde un punto de vista empresarial, esto del boicot no es bueno para nadie. Los más perjudicados serán los catalanes, pero afectará a mucha más gente”, dice. Al comprar una pizza de una marca catalana, explica, el tomate y las aceitunas pueden venir de Extremadura, el atún de Galicia... “Al final, acabas perjudicando al transportista, al distribuidor, a todo el mundo. La economía está ya muy globalizada y es muy difícil disociar”.

El boicot suele constituir un tabú, un silencio que empieza a deshacerse a causa del agravamiento de la crisis política. "Sé que al sector no le gusta hablar de estas cosas, pero está pasando y no creo que sea bueno ocultarlo”, se lanza Bartomeu Servera, presidente de la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza de Baleares (ADED). “Se ha disparado el rechazo a los productos catalanes y hay cada vez más restaurantes y supermercados que están cambiando las marcas que ofertan. Se nota especialmente en el sector bebidas, pero afecta a todos los productos que se identifican con Cataluña. Ocurre en Baleares y me consta que está pasando en toda España”. Por ahora, nadie se atreve a valorar hasta cuándo durará ni cuánto daño puede generar a la economía catalana.

“El rechazo no es empresarial sino de los consumidores”, puntualiza Servera. “Lo que pasa es que si un restaurante empieza a ver que los clientes no quieren esta agua con gas o este vino o este cava, pues no le queda otra que llamar a su distribuidor y pedirle que cambie esas marcas por otras. Siempre ha existido ese cliente puntual que no quiere productos catalanes, pero ese porcentaje se está agrandando mucho y es preocupante. Lo que hace unos años era anecdótico, hoy ya no lo es”, prosigue. El presidente de ADED prefiere no citar marcas —“para no perjudicar a nadie”—, pero el ejercicio de deducción es sencillo: agua de manantial embotellada o cerveza, vinos y cavas de tal origen. Sin olvidar fabricantes de embutidos o pizzas “y todo producto que cualquier persona identifica con Cataluña”.

Jorge Gruart, empresario extremeño de orígenes andaluces y propietario de Ibelcap, es uno de los pocos que han dado un paso al frente para explicar que el boicot tendrá consecuencias inesperadas. “Es un tema desgraciadamente preocupante porque, por ejemplo, hay muchas empresas catalanas que utilizan servicios o materia prima de otras partes de España. Un ejemplo es el sector del corcho, en el que yo me muevo, aunque nos hemos especializado en las cápsulas termorretráctiles, que son lo primero que quitas cuando abres una botella de vino”, dice. Otro ejemplo es el de Conesa, empresa extremeña líder en transformación del tomate que tiene entre sus clientes a Casa Tarradellas y Nestlè, entre otros.

José Manuel Fernández es director general de la Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración (Fedishoreca) y también de la asociación territorial de Cataluña (Adiscat). Asegura que “todavía no hay datos para confirmar que se esté produciendo un boicot”, pero no oculta su “preocupación” por las consecuencias de la crisis política. “El cambio de sede de los grandes productores es indicativo. Significa que ya están notando una bajada de ventas o prevén que lo van a notar e intentan amortiguar el impacto”, apunta Fernández. Y adelanta: “Todavía no tenemos los datos de octubre, pero se va a notar un retraimiento del consumo [en Cataluña]. La incertidumbre produce un menor gasto y a eso se añade la caída del turismo, que para todas las empresas proveedoras de hostelería es muy importante”.

“Hay mucha preocupación entre los productores catalanes. Este asunto no beneficia a nadie”, coincide Bernardo Pérez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Distribución a Hoteles, Restaurantes y Cafeterías de la Comunidad Valenciana (Adislev). “Además, se están produciendo cosas muy injustificadas, se crean corrientes de opinión en redes sociales y en WhatsApp en contra de ciertos productos muy dañinas. De repente se quiere boicotear a Danone, que no es catalana, y así con otras marcas. La competencia también aprovecha para meter su cuñita y se generan dinámicas muy peligrosas para las empresas”.

Javier Peinado descarta por ahora que se produzca un boicot a los productos extremeños en Cataluña, aunque muchas empresas catalanas, como los supermercados del grupo Bonpreu, llevan años haciendo del catalanismo bandera y ofreciendo a sus clientes marcas de los “Países Catalanes” y “productos de la tierra”. “El pueblo catalán en su mayoría no está en esa línea, pero si entramos en esa guerra que no queremos entrar, las empresas catalanas serían las que más perderían por una cuestión de números. Perderían mucho más ellas. Pero el discurso no debería ser ese, el discurso es que tenemos que obrar de buena fe y no caer en una guerra que es absurda”.

Peinado reconoce que muchas de las empresas catalanas con las que trabaja están ya pensando en marcharse de Cataluña. “Es un proceso lógico. Las empresas se mueven hasta China cuando creen que les va a ir mejor, así que no van a tener ningún problema en trasladarse por ejemplo a Extremadura, donde tenemos suelo, espacios, desempleados con formación. Pero esperemos que la situación no llegue a este extremo”.

Jesús Jiménez, presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería de Murcia (Hostemur), insiste en denunciar estas campañas y advierte: “Me llegan mensajes de boicot a las cervezas Damm, pero la gente olvida que Damm es propietaria de Estrella Levante, que es muy importante en Murcia y tiene aquí una fábrica. De momento no está yendo más allá de estos mensajes, pero si la situación no se resuelve pronto, sí creo que puede haber un escenario de boicot”.

Servera, presidente de la patronal balear, admite que sus distribuidores ya le están pidiendo “alternativas”. Y eso implica dejar de trabajar con proveedores catalanes “de toda la vida, que nunca nos han fallado”. “Y eso es muy peligroso, porque cuando una empresa entra en relación con un nuevo proveedor, aunque sea forzada por las circunstancias, y esa relación funciona perfectamente, cuesta mucho desandar lo andado. Es una cuestión de lealtad entre proveedor y cliente. Si se produce una ruptura con proveedores catalanes, difícilmente se recuperará cuando las cosas vuelvan a su cauce. La industria catalana es potentísima y ha funcionado muy bien siempre. Esto es un auténtico drama para esas personas que, sin comerlo ni beberlo, ven peligrar su negocio. ‘Esto me lo han montado, yo no tengo la culpa’, te dicen. Es muy triste, todos hemos visto a gente llorar”.

El plan de contingencia en Baleares alcanza incluso la logística. “Estamos hablando con las navieras para desviar los cargamentos del puerto de Barcelona al de Valencia si se producen huelgas repentinas o problemas más serios. Debemos estar preparados. En principio, encarecerá los productos que vengan de Europa, ya que entre Barcelona y Valencia hay 300 kilómetros extra para los camiones, pero no tendría que afectar a los productos que vienen de España”. Actualmente, el 80% de las mercancías que llegan a Baleares sale del puerto de Barcelona. Servera también indica que el rechazo a los productos catalanes se siente en los lineales de los supermercados, “aunque ahí es menos evidente, porque el consumidor solamente coge una marca en lugar de otra sin decir nada”. La patronal de los supermercados españoles y grandes productores como Casa Tarradellas declinan opinar acerca de esta dinámica. Tampoco quienes podrían verse beneficiados por ello, como es Palacios Alimentación, en el caso de los embutidos y precocinados.

LAS VÍCTIMAS PIDEN JUSTICIA
Seis años del cese de ETA: ‘Su disolución está en manos del Gobierno’
Sandra Toro gaceta.es 20 Octubre 2017

El 20 de octubre de 2011 ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista. Seis años después, las víctimas siguen “esperando que el Estado disuelva a la banda”.

Este viernes se cumplen seis años del día en el que ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista. Lo hizo tras 43 años de masacres y tras haber asesinado a 829 inocentes.

Seis años. 2.190 días. En todo este tiempo, las víctimas han sufrido infinidad de humillaciones y han asistido atónitas a la farsa del “desarme” de la banda terrorista de ultraizquierda -entregó sólo 120 armas-, que fue escenificado el pasado 8 de abril en Bayona (Francia).

Seis años. 2.190 días. ETA no ha dado un paso al frente. No ha colaborado con la Justicia para que se esclarezcan los más de 300 asesinatos sin resolver. No ha pedido perdón a todas las víctimas.

Seis años. 2.190 días. Aún está pendiente su disolución.
‘Deberían escribir su último comunicado desde la cárcel’

“Seguimos esperando que el Estado disuelva a ETA”, afirma el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) en declaraciones a La Gaceta. La asociación presidida por Consuelo Ordóñez denuncia que “el Gobierno insiste en pedir a la banda que se disuelva, pero obvia que a los terroristas no hay que pedirles nada, sólo hay que aplicar la ley y el Estado de Derecho”.

“Si ETA está tan debilitada como nos cuentan, no tiene sentido seguir manteniéndola con vida”, aseguran desde Covite, a la vez que lanzan un mensaje claro: “Los etarras deberían escribir su último comunicado desde la cárcel”.

Para las víctimas, este es “un momento clave para asentar las bases de la memoria y el relato que quedará fijado para las nuevas generaciones”. Ese relato, añaden, “pasa necesariamente por la deslegitimación del terrorismo, la exigencia a la izquierda abertzale de que lo condene y la aplicación de políticas de prevención de la radicalización, que hoy no se están aplicando ni en el País Vasco ni en Navarra”.

Cabe recordar que ambas regiones son escenario de multitud de actos públicos de culto al etarra. El Observatorio de Radicalización, puesto en marcha por el colectivo, documenta cada uno de ellos -ha registrado más de 50 en los últimos tres meses– con el objetivo de “alertar del peligro que supone para las nuevas generaciones que se eleve a terroristas a la categoría de héroes y denunciar que una sociedad digna no puede construirse sobre semejantes actos de indignidad”.

¿Qué echan en falta las víctimas?
Los terroristas infligieron mucho dolor y sufrimiento a la sociedad española. ¿Qué echan en falta las víctimas? “Justicia”, responden desde Covite con contundencia. “Hay más de 300 asesinatos sin resolver y no vemos que el poder judicial tenga interés por lograr que esas más de 300 familias tengan acceso a la justicia”, dice el colectivo, que advierte que “sin justicia no podremos construir una sociedad digna”.

Otra cuestión pendiente para aquellos a los que un día el terror de ETA les truncó la vida es “la implicación de las instituciones para poner freno a los homenajes a terroristas orgullosos de su pasado, que no sólo supone un delito de enaltecimiento del terrorismo, sino también de humillación a las víctimas”.

“¿Qué pasa por la cabeza de un huérfano o una viuda cuando ven al asesino de su familiar vitoreado como a un héroe?”, se preguntan, a la vez que se muestran convencidos de que “cualquier país digno lo impediría”.
Las víctimas no se sienten respaldadas por los dirigentes políticos, porque -aseguran- “no basta que el respaldo institucional se limite a palabras, sino que tiene que traducirse en hechos”.

‘La disolución de ETA está en manos del Gobierno’
Y es que, tal y como relata Covite, “hay alcaldes que están cediendo espacio público en las calles de su localidad para homenajear a terroristas e incluso gobiernos que permiten que actos para pedir la excarcelación de presos se celebren en patios de colegio”. “Hay cargos públicos que -como ha ocurrido recientemente con el homenaje al ertzaina Txema Agirre, que evitó una masacre en el Museo Guggenheim- optan por no acudir al acto mientras hacen oídos sordos a los aquelarres a etarras”, denuncian.

También hay, lamentan, ayuntamientos “como el de Pamplona, que se niega a poner placas con los nombres de las víctimas del terrorismo”. Y, por muy difícil de creer que parezca, “hay personas, como Arnaldo Otegi, que después de haber estado en prisión por secuestrar a un empresario, se atreve a decir que está ofendido porque los empresarios vascos no lo han invitado a un homenaje a los compañeros que fueron víctimas de ETA”.

“En definitiva, queda mucho por hacer. La corrupción moral es una asignatura pendiente”, advierten las víctimas, que recuerdan que “la disolución de ETA está en manos del Gobierno: es el Ejecutivo quien tiene que dar la estocada final”.


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