AGLI Recortes de Prensa   Domingo 22  Octubre 2017

Un 155 meramente instrumental
EDITORIAL Libertad Digital 22 Octubre 2017

El presidente del Gobierno ha decidido poner en marcha los mecanismos constitucionales para devolver la legalidad a Cataluña y poner fin al proceso de sedición. Así pues, este sábado comenzó la compleja tramitación del procedimiento que abre el artículo 155 de nuestra constitución, que tendrá en el Senado el principal escenario para que las medidas acordadas por el Consejo de Ministros vayan adquiriendo carta de naturaleza.

Se trata de una decisión largamente esperada por más de la mitad de los catalanes y la inmensa mayoría del resto de los españoles, después de semanas de rebeldía institucional y vulneración flagrante de las leyes por parte de las autoridades de la Generalidad. La devastación de la economía, el descrédito internacional y la profunda división de la sociedad catalana son solo algunas consecuencias de las decisiones de Puigdemont y sus socios, que han puesto a Cataluña fuera de la democracia y del Estado de Derecho en pos de su delirio independentista.

La situación en Cataluña, qué duda cabe, exige acabar con el imperio de los separatistas y retomar el control de sus instituciones, entregadas en su totalidad a un proyecto independentista a costa incluso de la destrucción de una de las regiones más prósperas de Europa. Sin embargo, para ello hay que ir mucho más allá de lo que sugirió Rajoy en su comparecencia para explicar la manera en que el Gobierno piensa actuar.

De las palabras del presidente se desprende que solo hay un objetivo: convocar nuevas elecciones autonómicas a la mayor brevedad. Hasta que eso suceda, el Gobierno catalán quedará destituido y sus instituciones, junto con el parlamento, controladas por el Ejecutivo central. Pero la situación en Cataluña es tan grave tras casi 40 años de nacionalismo hegemónico, que se impone una larga suspensión de la autonomía para permitir una verdadera regeneración en profundidad.

La aplicación del artículo 155, tal y como la ha planteado Rajoy, se quedará muy lejos de ese objetivo de devolver la democracia plena y el imperio de la ley a las instituciones catalanas con plenas garantías de continuidad. Al contrario, todo parece indicar que se trata de una decisión instrumental para permitir tan solo una convocatoria rápida de elecciones, en la confianza de que el Gobierno que surja de ellas actuará con lealtad.

Una vez más, el Gobierno actúa poniendo sus cálculos políticos por delante de los intereses generales de la nación, que en el actual estado de cosas exige una actuación mucho más enérgica de lo que parece estar dispuesto a conceder Mariano Rajoy. Esta falta de decisión y la utilización de un mecanismo excepcional de la Constitución con carácter meramente utilitario, puede llevar a que el independentismo recupere la iniciativa en las semanas que, sin lugar a dudas, se va a dilatar su tramitación.

Qué va a hacer Rajoy
Pío Moa gaceta.es 22 Octubre 2017

Hoy, sábado, a las 9,30 de la noche, trataremos en “Una hora con la historia” (Radio Inter, OM 918) las relaciones entre el felipismo y la ETA, la salida negociada, el GAL, etc.

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En los últimos tiempos han coincidido tres hechos importantes: el discurso del rey, una amplia e inesperada movilización patriótica popular, y el empeño de la Generalidad en seguir el camino de la ruptura. Estos tres hechos han obligado al gobierno, muy contra su voluntad, a aplicar la Constitución, o algo de ella, cosa inédita hasta ahora. Hasta el último momento Rajoy ha presionado a Puigdemont para continuar con sus diálogos al margen de la ley, diálogos por eso puramente mafiosos, insinuando reformas constitucionales al gusto de los separatistas y nuevas remesas de financiación (“la economía lo es todo”), que han permitido a los separatistas financiarse con dinero de todos los españoles, mantener la inmersión lingüística y utilizar la enseñanza para sembrar el odio a España, perseguir el español común, y una interminable sarta de ilegalidades. El PP en el poder no ha cumplido ni hecho cumplir la ley en ningún momento, y no por cobardía o flojera, sino porque esa es su concepción de la política: no los acuerdos dentro de la ley sino los “diálogos” fuera de ella. Tanto los separatistas como el gobierno son en ese sentido delincuentes, unos contra España y la Constitución, el otro indiferente a ambas.

Hasta tal punto está el gobierno embebido en esa concepción mafiosa de la política que Rajoy declaró que “nadie podía imaginar” el panorama actual. Después de esa demostración de suprema necedad, si el sujeto tuviera un mínimo de decoro y sentido de la responsabilidad debería haberse exiliado al Gobi por lo menos.

Una de las acusaciones más injustas al gobierno es la de “no haber hecho nada” frente al auge secesionista. Nada más lejos de la realidad: financiarlo, facilitarle los medios de masas, bloquear la reacción contraria, ningunear a los disidentes, no defender jamás la idea de España, aplicar medidas semejantes a las separatistas en las autonomías donde gobierna el PP… eso es hacer mucho, es casi una actividad frenética.

El análisis debe tener en cuenta estos precedentes, que los ilusos, incluida una multitud de “expertos” y “analistas”, olvidan a las primeras de cambio. Lo que busca el gobierno es frenar momentáneamente a los separatistas suscitar ilusiones en los ingenuos, recuperar votos, para volver cuanto antes a los chanchullos mafiosos. Porque esa es su naturaleza, como la del escorpión del cuento. Ya en sus primeros dos años de oposición, hacia 2006 señalé que Rajoy no iba a oponerse a los acuerdos delictivos de Zapatero con la ETA. Provoqué entonces la indignación de muchos de esos analistas. Pero es que no se ha opuesto, sino que ha cumplido con fervor, todas las leyes antijurídicas y totalitarias del PSOE, imitando también su corrupción. Ahora esos entendidos de los medios de desinformación volverán a su labor de hacer el caldo gordo al gobierno y los partidos antiespañoles. Porque su entendimiento de la democracia, su capacidad para distinguir lo que es negociable de lo que es esencial e intocable , no existe.

Y ahora iremos viendo si surge realmente alguna alternativa o continúa la putrefacción de la democracia y de paso de España. Seguiré tratando el programa de VOX, por lo que pudiera ayudar.

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Sobre novela, poesía y demás: http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2017-10-21/involucion-permanente-rajoy-quiere-seguir-pisoteando-la-ley-118531.html …

‘CUMPLEN SU FUNCIÓN’
El PP rechaza recuperar las competencias educativas en Cataluña
La Gaceta 20 Octubre 2017

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que “no es una buena idea” que el Ejecutivo recupere las competencias educativas que desde hace años tienen las comunidades autónomas y que, en su opinión, “cumplen su función”.

Méndez de Vigo se ha pronunciado de esta forma al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre si compartía la idea del que fuera también portavoz del Gobierno de su partido Josep Piqué, que considera que en un momento como éste lo ideal sería que el Estado recuperase la competencia en Educación.

“Esos argumentos que se escuchan muchas veces al fragor de algo que no gusta… Lo que hay que tener es la cabeza fría y en este momento tenemos un instrumento muy adecuado para trabajar con ello, que es la Comisión del Congreso para el pacto educativo, a la que -ha anunciado- acudirá la semana que viene”.

A su juicio, lo que tenemos que ver es cómo colaborar para que (las comunidades) cumplan mejor. Creo que el sistema educativo en España es un buen sistema. Cuando algunos lo denigran y dicen que quieren cambiarlo, digo que las reformas siempre son necesarias, pero sin denigrar lo que hay”, ha comentado el ministro.

Además, ha insistido en que “no hay que lanzar una mancha de sospecha sobre los profesores en España”, porque la inmensa mayoría “hace bien su función y saca a unos ciudadanos libres y críticos”.

El titular de Educación ha abogado por reforzar la Alta Inspección, que actúa cuando suceden hechos concretos, no genéricos, para investigarlos.
No actúan frente al adoctrinamiento

Este lunes quedó claro en el Congreso que el Partido Popular no pretende luchar contra el adoctrinamiento en las aulas catalanas. En la votación de la moción presentada por Ciudadanos para atajar este problema con medidas efectivas, la formación naranja sólo recibió el apoyo de UPN. El resto de partidos votó en contra mientras que el PP se abstuvo.

La formación popular esgrimió que Ciudadanos estaba exagerando el problema y rechazó que se pusiera en duda la profesionalidad de los docentes. Este es el vídeo que desmonta las mentiras del partido de Rajoy:

Ocaso islámico en Alemania
Guy Milliere lagaceta.eu  22 Octubre 2017

Las elecciones federales en Alemania, en teoría, iban a conducir al triunfo de Angela Merkel. Sus resultados fueron bastante distintos de lo que se esperaba. La "victoria" de Merkel parece un desastre: la Alianza Demócrata Cristiana (CDU-CSU) logró el 33% de los votos, un 9% menos que hace cuatro años, su peor resultado desde 1949. El Partido Socialdemócrata (SPD), que gobernó el país con Merkel durante los últimos cuatro años, perdió más de un 5%, cayendo del 25,7 al 20% de los votos, el peor resultado de su historia. Alternativa para Alemania (AfD), partido conservador nacionalista nacido en 2013, logró el 12,6%, y entrará en el Bundestag por primera vez. Die Linke, la izquierda marxista, obtuvo un 9%. Puesto que ni el SPD ni Die Linke van a formar parte del próximo gobierno, y que AfD se opone radicalmente a las políticas de Angela Merkel, ésta tiene solo dos posibles socios: el Partido Libre Demócrata, libertarios, y Los Verdes cuyas posturas sobre la mayoría de los asuntos parecen incompatibles.

Angela Merkel seguirá siendo canciller, pero por defecto, y sobre todo porque no había otra opción real: hace seis meses, dos tercios de la población alemana quería sustituirla. Sólo el 8% quería que siguiese en el cargo. Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, y candidato del SPD, no ofreció nada distinto y encabezó una campaña mediocre.

Si Merkel consigue formar una coalición, será un conjunto precario e inestable que mantendrá a Alemania al borde de la parálisis y convertirá al país en el hombre enfermo de la Europa del siglo XXI.

Alemania ya es un país enfermo, y Angela Merkel es parte de la enfermedad.
En 1945, Alemania estaba en ruinas. Se reconstruyó, y poco a poco se convirtió en la principal potencia económica de Europa. Aunque fue recuperando las fuerzas, no se reafirmó políticamente y mantuvo una actitud discreta, humilde, arrepentida, tácitamente avergonzada. A causa de su papel en la guerra, tuvo reparos a volver a crear un ejército cuando las potencias de la OTAN le pidieron que volviera a construir uno. En su lugar, adoptó una postura general de apaciguamiento que condujo a la Ostpolitik, una política de reacercamiento al Este comunista y la Unión Soviética.

Como el nacionalismo había dado lugar al nacionalsocialismo, Alemania rechazó cualquier forma de nacionalismo. Como Alemania había perpetrado un genocidio, estaba impregnada de odio hacia sí misma y de rechazo a su propia identidad.

Alemania se volcó en la construcción europea y trató de definirse a sí misma como europea para no llamarse alemana.

Este proceso duró hasta la caída del Muro de Berlín y la reunificación del país. La reunificación se consideró generalmente en Alemania como el fruto de la humildad y la discreción.

Angela Merkel, que parecía encarnar una Alemania reunificada con éxito, heredó este proceso cuando se convirtió en canciller en 2005.

Los fallos de funcionamiento ya habían empezado a salir a la superficie. La economía alemana seguía siendo próspera, pero la pobreza iba en aumento (en 2005, el 17% de los alemanes eran oficialmente pobres y ganaban la mitad del sueldo medio nacional) y el número de trabajadores pobres crecía.

La tasa de nacimientos era sumamente baja. Comenzó a decaer en 1967, y cayó rápidamente hasta una media de 1,5 hijos por mujer. La población, en general, estaba envejeciendo.

Alemania empezó a traer migrantes turcos para compensar la falta de mano de obra. En 2000, el número de migrantes había llegado a los 3,5 millones.

La importación de migrantes musulmanes también trajo una lenta islamización del país. Se construyeron mezquitas en las grandes ciudades. Se abrieron escuelas del Corán. El islam se integró en el currículum de las escuelas públicas.

Merkel buscó constantemente el consenso y cooperó con los socialdemócratas durante ocho de los doce años que fue la jefa del Gobierno.

Alemania parecía haber aceptado este arreglo, hasta que Merkel decidió abrir las fronteras de Alemania a una inmensa ola de refugiados y migrantes de Oriente Medio en agosto de 2015. Más de un millón y medio de personas entraron sin restricciones al país; la mayoría eran hombres jóvenes con derecho a la reunificación familiar.

Las afirmaciones de que los refugiados se asimilarían sin grandes problemas empezaron a chocar contra la realidad. Las violaciones se multiplicaron. La violencia fue a más.

En 2016, casi la mitad de los delitos en Berlín fueron cometidos por migrantes que hacía poco tiempo que habían llegado al país. Las redes yihadistas tomaron forma. Empezaron a producirse ataques terroristas. El antisemitismo musulmán provocó ataques contra sinagogas. El coste de las ayudas sociales se encareció enormemente.

Merkel no expresó ningún arrepentimiento. Ni siquiera lo reconsideró tras las elecciones: dijoque si tuviese que volver a abrir las puertas del país otra vez, lo haría. Intentó imponer sus decisiones sobre la inmigración a los países europeos reacios, Hungría, la República Checa y Polonia. Sigue intentándolo.
La vergüenza sigue presente en la mente de millones de alemanes, pero se está desvaneciendo. Hace unos pocos años, una encuesta mostraba que casi el 70% de los alemanes seguían indignados por que se les siguiera considerando hoy responsables de los crímenes contra los judíos. Aproximadamente el 25% de los encuestados respondió afirmativamente a esta sentencia: "Muchos judíos intentaron usar el pasado de Alemania en el Tercer Reich para su provecho". Encuestas recientes muestran que entre un tercio y la mitad de los alemanes consideran a Israel el equivalente político de la Alemania nazi. El Gobierno alemán, hoy, pretende con frecuencia dar lecciones sobre moral a Israel, pero nunca critica a los líderes terroristas como Mahmud Abás.

Alemania sigue manteniendo una postura de apaciguamiento, de asegurar y fortalecer los lazos económicos con regímenes canallas como Irán. El ejército alemán está tan deficitariamente equipado que durante los ejercicios, en vez de armas, utilizan palos de escoba. Las encuestas demuestran que la población alemana piensa ahora que el principal peligro para la paz mundial no proviene de Irán o de Corea del Norte, sino de Estados Unidos. Alemania es hoy el país más antiamericano del mundo occidental. Stern, la revista semanal más popular de Alemania, publicó hace poco en su portada una imagen de Donald Trump haciendo el saludo nazi envuelto en la bandera de Estados Unidos.

La eficiencia económica es baja. La economía alemana es esencialmente de tipo industrial, y no está adaptada a la era digital. La inversión en el PIB se ha reducido; la actividad innovadora es débil; la productividad se estanca. Desde 2008, el crecimiento anual de la productividad ha sido sólo del 0,5%. El cierre previsto de las centrales nucleares alemanas para "proteger el clima" eleva los precios de la electricidad al por mayor, mientras que los hogares y las empresas alemanas soportan la carga financiera de pagar unos costes de electricidad que están entre los más altos del mundo desarrollado. Los inmigrantes no cualificados del mundo musulmán no pueden sustituir a los alemanes cualificados que se jubilan o fallecen. El número de personas pobres sigue aumentando. La capacidad de recibir inmigrantes ha llegado a sus límites; las condiciones de vida en muchos centros de acogida se han vuelto deficientes; los suelos no se friegan a menudo y durante días permanecen sucios de sangre, orina y heces, y las invasiones de cucarachas son habituales. El comisario alemán para la Inmigración dijo hace poco que sólo entre un cuarto y un tercio de los refugiados asentados en Alemania podrían ingresar en el mercado laboral. Los otros tendrán que depender de las prestaciones del Gobierno para el resto de sus vidas.

Enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas, como la tuberculosis, han reaparecido. No había vacunas, ya que los europeos habían dejado de fabricarlas.

La edad media en Alemania es hoy 46,8 años. Se está produciendo una sustitución gradual de la población no musulmana por una población musulmana. El 40% de los niños menores de cinco años nacidos en Alemania tienen raíces extranjeras. Desde 2005, la población de los recién llegados ha ascendido hasta el 24,5%, mientras que la población nativa ha disminuido un 5%.

Los demógrafos dicen que, si las tendencias actuales no se revierten, los alemanes se convertirán en una minoría en su propio país, posiblemente en un plazo de quince o veinte años.

Nada indica por ahora que las tendencias vayan a revertirse.

La mayor parte de la prensa alemana está impregnada de corrección política. Los periódicos y revistas defienden el multiculturalismo, y no hablan de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta el país: un crecimiento económico anémico, el envejecimiento de la población y la islamización. Muchos periodistas, profesores y escritores dicen que la cultura alemana no existe. Cuando los libros que critican al islam llegan a convertirse en un éxito de ventas, sus autores son inmediatamente

demonizados. Deutschland schafft sich ab (Alemania se abole a sí misma)fue un enorme éxito en 2010, pero su autor, Thilo Sarazin, fue inmediatamente tachado de "racista" y marginado en todos los debates políticos. Rolf Peter Sieferle, exconsejero de Angela Merkel, escribió varios artículos donde describía la autodestrucción de Alemania. "Una sociedad que ya no puede distinguir entre ella misma y las fuerzas que la disuelven vive moralmente por encima de sus posibilidades", dijo en 2015. Insultado y rechazado por los que habían trabajado con él, se suicidó en septiembre de 2016. Se publicó una recopilación de sus notas tras su muerte, Finis Germaniae (El fin de Alemania).

El partido político Alternativa para Alemania (AfD) promete "sacudir el Bundestag". El 12,6% de los votos que obtuvo sin duda tendrá ahora voz. Sus líderes son tratados por los medios y otros partidos políticos como la encarnación del diablo. El ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, advirtió contra la entrada de los "verdaderos nazis" en el Parlamento. Un líder del partido de extrema izquierda Die Linke preguntó: "¿No hemos aprendido las lecciones de la guerra?" Los líderes judíos están asustados. Josef Schuster, presidente del Consejo Central Judío en Alemania, dijo que AfD emplea estrategias generalmente utilizadas por los que aspiran a las "dictaduras fascistas".

Pero AfD no es un partido nazi. Lo que ocurre es que sus miembros temen que Alemania y los alemanes desaparezcan bajo el peso del islam. Los nazis eran antisemitas, militaristas, socialistas y con deseos de conquista. AfD no es antisemita, no es militarista, no es socialista y no quiere conquistar otros países. Los líderes judíos de Alemania están asustados porque creen que si AfD es hostil hacia una minoría —los musulmanes— podría volverse hostil hacia otras minorías también. Probablemente se equivoquen. No hay comparación posible entre los musulmanes y los judíos. AfD ha defendido con firmeza el derecho de Israel a existir y el derecho de Israel a combatir la amenaza islámica contra él.

Algunos miembros de AfD han hecho declaraciones polémicas sobre los soldados alemanes, y sobre el Memorial del Holocausto en Berlín.

Al mismo tiempo, AfD es actualmente el partido más proisraelí de Alemania. También es el único partido que ve con claridad el verdadero riesgo de que Alemania se deslice hacia un ocaso islamista.

¿Es posible que Alemania se recupere? Veremos. Lo que está en juego aquí, sin embargo, es mucho más que Alemania.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El Estado fracasó el 1-O
Un ‘155 duro’, ¿suficiente para hacerse con el control de la situación?
Rafael Núñez Huesca gaceta.es 22 Octubre 2017

Después de cinco años de desafío, el Estado ha reaccionado. Se cesará a Puigdemont y a todo su gobierno, las consejerías serán dirigidas por Madrid y en un plazo máximo de seis meses se convocarán unas nuevas elecciones autonómicas. Es la teoría. Pero la teoría no se cumplió el 1 de octubre.

Y llegó el día. El Gobierno de España, en comunión con el PSOE y C’s, restaurará el orden constitucional en Cataluña. Tras una escalada de tensión que ha durado cinco años, y sólo cuando la Generalitat de Cataluña empujaba definitivamente a la nación hacia el abismo, el Estado ha reaccionado.

En una comparecencia de prensa con varios centenares de periodistas acreditados, un importantísimo número de ellos extranjeros, Mariano Rajoy Brey ha invocado el ya por todos conocidos Artículo 155. Lo ha hecho apelando a los dos supuestos que prevé el texto: como respuesta a la “desobediencia rebelde, sistemática y consciente” de la Generalitat y como freno a las actuaciones que “atentan gravemente” al interés general de España.

Un Consejo de ministros extraordinario se reunía a las diez de la mañana en el Palacio de La Moncloa. Pasaban las horas y la sala de prensa se iba quedando pequeña. Los periodistas veteranos advertían de lo excepcional de la situación. Se escuchaban conversaciones en inglés, francés, alemán, catalán.

Dos caras muy conocidas de la profesión leen un teletipo en el teléfono móvil e intercambian impresiones:
-Proponen que Puigdemont traslade el Govern a Perpiñán.
-Definitivamente esto se ha convertido en una locura todo.
-Una ya no sabe si son noticias o ‘fake news’…

Pasadas las trece horas empiezan a desfilar ministros con semblante grave. Toman asiento en las primeras filas. Llega luego Jorge Moragas, director del Gabinete de Mariano Rajoy. Y por fin el presidente del Gobierno de España. Cámaras fotográficas disparando compulsivamente anuncian su llegada.

Rajoy anuncia un 155 ‘duro’
Rajoy aparenta tranquilo. Apenas lee. Ofrece un discurso perfectamente compartimentado. La primera parte insiste en el relato del Gobierno. En el cómo se ha llegado hasta aquí. Enumera las manos tendidas al diálogo, los incumplimientos de la Generalitat, el cierre del Parlament, el ninguneo a la oposición, el rechazo de Puigdemont de acudir al Congreso… Sabe que todas las cancillerías de Europa le observan. Busca fijar una narrativa oficial y hacerla hegemónica. Para eso estuvo en Bruselas hace 48 horas y para eso viajó también Pedro Sánchez. Ya nadie ignora que el conflicto se ha internacionalizado.

Por fin anuncia las medidas que propondrá al Senado para, vía 155, restaurar el orden constitucional en Cataluña. Su enumeración es breve, pero su calado es enorme. Se cesará a Puigdemont y a todo su gobierno, las consejerías serán dirigidas por el Estado y en un plazo máximo de seis meses se convocarán unas nuevas elecciones autonómicas. Lo que viene a significar que el Gobierno de España se hace con el control total de la Generalitat. No es, pues, un 155 ‘light’ ni limitado, como venía anunciándose.
Soraya hace pedagogía ante la prensa

El presidente del Gobierno, y luego la vicepresidenta en una reunión con los periodistas, insisten en que no hay suspensión de la autonomía sino sustitución de los líderes al frente del gobierno regional. Y en todo caso será “temporal”. ?Soraya Sáenz de Santamaría, número dos del Gobierno pero sobre todo, al menos en esta ocasión, abogada del Estado, hace pedagogía de la propuesta que habrá de aprobar el Senado. Explica a la prensa que nuestro 155 no es en absoluto inédito en el contexto europeo y que naciones como Alemania, Italia o Portugal cuentas en sus textos constitucionales con normas muy parecidas. Incluso “más rigurosas”, caso del Ulster; “allí sí se suspendió la autonomía”.

Insiste también la vicepresidenta en que el objetivo último es volver “a la Constitución y el Estatuto de Autonomía”. Una operación que debería tener éxito “en tiempo muy acotado”, si bien no confirma que las elecciones que habrán de llevar a Cataluña a una nueva etapa vayan a celebrarse en el mes de enero, tal y como se viene especulando.

¿De nuevo un diagnóstico equivocado?
Explica que Puigdemont, Junqueras y los consejeros del Govern conservarán sus escaños una vez depuestos de sus cargos. Y que el Parlament, mientras dure la situación, será operativo sólo parcialmente. Podrá aprobar leyes siempre que no entren en conflicto con el lo establecido por el Estado. Los diferentes ministerios asumirán las consejerías y podrán incluso designar dirigentes ad hoc y sustituir a los que así considere. Confía la presidenta en que los funcionarios autonómicos “serán profesionales” ante el nuevo estatus quo.

Soraya se muestra locuaz y hasta dicharachera. Habla del cese del Govern al completo como lo haría de la variación de la prima de riesgo. No hay solemnidad. Pareciera que ella y Mariano Rajoy, dos técnicos del Estado, duchos en leyes, creyeran que la invocación del Artículo 155 y su posterior puesta en práctica se producirá sin solución de continuidad. Sencillamente porque así lo reflejan las normas jurídicas. Parecen de nuevo ignorar que sus homólogos no operan en las mismas coordenadas. Parecen de nuevo ignorar que se enfrentan a una excitada revolución nacionalista que, tal y como se demostró con la actuación de los Mossos d’Esquadra el primero de octubre, ya no reconoce “la legalidad española”. Aquél día el Estado no logró restablecer el orden legal. Y en esta ocasión el desafío es inmensamente mayor.

155: Aplicación del Estado de derecho
Editorial larazon  22 Octubre 2017

El Consejo de Ministros ha dado ayer curso a las previsiones del artículo 155 de la Constitución. Se trata de un hecho excepcional, apenas esbozado en 1989 por Felipe González, tras el desencuentro fiscal con Canarias, cuya trascendencia para la democracia española no conviene minusvalorar. Pero, como bien saben todos los ciudadanos, se trata de una medida absolutamente necesaria para garantizar esa misma democracia, que el Gobierno rebelde de la Generalitat de Cataluña ha pretendido destruir. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha tratado por todos los medios de hacer entrar en razón a Carles Puigdemont, aún a costa de la crítica de muchos sectores sociales que creían ver debilidad donde sólo había prudencia y sentido, y eso es algo que también saben todos los españoles. Porque, no nos engañemos, la aplicación del artículo 155 en Cataluña supone la asunción de una grave responsabilidad política por parte del Gobierno de la Nación, por tratarse, como señaló el Tribunal Constitucional, de una medida «de último recurso». Sin embargo, llegados a este punto, no le ha temblado el ánimo a Mariano Rajoy, dispuesto a cumplir con los deberes de su cargo, sean cuales sean las circunstancias.

El momento para España es grave, pero los ciudadanos deben tener la seguridad de que desde el Gobierno, y desde los propios partidos de la oposición que le respaldan, se ha actuado conforme a las leyes de nuestro Estado de Derecho para restaurar la legalidad en Cataluña y defender las libertades y intereses superiores de todos los españoles, fundamentalmente de los catalanes, gravemente amenazados por la actitud incalificable del Gobierno de Puigdemont y de sus cómplices. Ellos, y sus oportunistas aliados de Podemos, podrán extender la cantinela del supuesto golpe a los derechos de Cataluña y mantener la miserable mentira, –una más de las que han cimentado el proceso secesionista–, de una España filofranquista que retrocede en el tiempo. Pero no es cierto. Los únicos responsables de lo ocurrido son aquellos que, parapetados detrás de un muro de falsedades, se han saltado la Constitución, el Estatuto de Autonomía y sus propios deberes para con la Nación española y la sociedad a la que representan. Gente desleal que no ha tenido el menor empacho en pasar por encima de la Ley y en utilizar los instrumentos políticos, institucionales y administrativos que el Estado había puesto en sus manos para atacar la esencia misma de España y hacer capirotes de la soberanía de los españoles.

Era, pues, irrenunciable para el Gobierno recurrir a esa última ratio del artículo 155 para devolver el imperio de la Ley a Cataluña, recuperar la normal convivencia de sus ciudadanos y, como señaló el presidente del Gobierno, volver a la senda del crecimiento económico, puesto en gravísimo riesgo por las acciones de los separatistas, con la consecuencia del empobrecimiento de la población, sobre todo de la parte más expuesta a los rigores de un descalabro del mercado de trabajo. Por supuesto, no pretendemos edulcorar en modo alguno el alcance de las medidas de intervención solicitadas al Senado por el Consejo de Ministros ya que tienen el suficiente alcance para hablar por sí solas. Pero, al mismo tiempo, sí debemos resaltar que se ha tratado de reducir al máximo la actuación sobre los órganos administrativos de la Generalitat, que seguirán funcionando como hasta ahora, siempre que se ajusten a los mandatos constitucionales, al respeto a la legalidad y al principio de lealtad para con el conjunto de la nación. Es cierto que el control de las consejerías de la Generalitat por parte de los correspondientes ministerios del Gobierno supone la intervención, entre otros, de la Policía Autonómica y de los medios de comunicación públicos, pero a todos los efectos, sólo cambia en el sentido del recto cumplimiento de sus obligaciones. Dicho más claramente, la televisión y la radio pública tendrán que adecuarse a las exigencias de objetividad, pluralidad, verdad y neutralidad política que recogen sus estatutos y ya no podrán actuar como punta de lanza y máquina propagandística del separatismo. Lo mismo reza para los Mossos, cuya pasividad en el cumplimiento de los requerimiento judiciales el pasado 1 de octubre raya en la sedición.

Las medidas solicitadas al Senado, como no podía ser de otra forma, también afectan al Parlamento autonómico, que ha sido utilizado sin pudor por los independentistas para dar cobertura legal al golpe de Estado contra la democracia española y cuyos máximos responsables, empezando por la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, no han tenido la menor prevención a la hora de pulverizar las propias normas reglamentarias y violentar los derechos políticos de los grupos parlamentarios de la oposición. Por último, y no menos importante, la aplicación del 155 se impone un límite temporal de seis meses, plazo en el que el Gobierno y los partidos que le respaldan, PSOE y Ciudadanos, consideran que se habrá normalizado la situación en Cataluña y podrán celebrarse unas elecciones auténticamente libres y democráticas, en las que recuperen la voz la mayoría de los ciudadanos silenciados y despreciados por los responsables del proceso secesionista. Es de esperar que, enfrentados al inevitable y mil veces advertido fracaso de su intentona golpista, los actuales dirigentes de la Generalitat y de los partidos que la apoyan se avengan a la razón y, al menos, contribuyan desde la mínima prudencia a no complicar más la ya de por sí difícil situación. Los ciudadanos necesitan salir cuanto antes de esta agonía, que no beneficia absolutamente a nadie.

Carles XIV y la defensa de la democracia
Roberto L. Blanco Valdés La voz 22 Octubre 2017

Del mismo modo que las personas tenemos derecho a reaccionar frente a cualquier agresión injustificada e ilegal, las democracias no solo pueden sino que deben defenderse, defendiéndonos a todos de aquellos ataques con los que la calle, las instituciones o ambas a la vez intentan destruir la paz social, la soberanía nacional o la integridad territorial. Es lo que se llama derecho de excepción: aquel que, con todas las garantías democráticas, ponen en marcha los Estados de derecho cuando ya no queda otro remedio.

A partir de lo previsto en el artículo hoy más conocido de la Constitución, el Consejo de Ministros propuso ayer al Senado las medidas destinadas a asegurar que en Cataluña se cumplan las leyes y se protejan los intereses generales: en esencia, destituir al Gobierno de la Generalitat y suspender parcialmente las facultades que el Parlamento catalán podría utilizar para evitar que se restaure la legalidad. El Gobierno aplica escrupulosamente la Constitución y cuando el viernes próximo se apruebe en el Senado la intervención provisional de los poderes y competencias de la Generalitat se hará con el control político de la Cámara Alta de nuestro parlamento, respetando allí los derechos de las minorías y por una mayoría parlamentaria y social abrumadora.

Frente a esa actuación, democráticamente impecable, la formidable chapuza de la Generalitat -origen de una auténtica catástrofe económica, una inseguridad jurídica brutal y una trágica ruptura de la convivencia ciudadana-, ha violado flagrantemente la Constitución y las sentencias de quien debe interpretarla (el TCE), pateado los derechos de las minorías, impulsado la independencia con una mayoría mucho menor de la exigida para reformar el Estatuto, clausurado el Parlamento y convertido, de facto, a Puigdemont en el nuevo Luis XIV del independentismo: «L’Estat sóc jo».

Se produce así una doble paradoja, que es indispensable subrayar para hacer frente a los demagogos que desde ya airearán su ignorancia sin el más mínimo pudor. Primera: que la intervención de la autonomía por el Estado es el único medio que queda ya para restaurar, antes o después, el sistema autonómico catalán que han derogado Junts pel Sí y ERC desde que viven con la soga de la CUP atada al cuello. Segunda: que, frente a un independentismo al que se le llena la boca con la palabra democracia, solo quienes aplican el derecho de excepción están actuando ahora con el más escrupuloso respeto no sólo a la Constitución y a la ley, sino también a los principios democráticos, que exigen asegurar siempre los derechos de las minorías y mantener activado el control parlamentario.

Por tanto, no se dejen engañar: la intervención de la Generalitat es hoy la única forma que queda ya para proteger en Cataluña la democracia, la autonomía y la concordia con las que ha pretendido terminar Carles XIV.

Las dificultades del 155.
Mario Conde gaceta.es  22 Octubre 2017

El artículo 155 de la Constitución Española es un precepto inédito en su aplicación. Por ello mismo es necesario ser prudente en su interpretación. Comencemos por lo que los juristas llaman la interpretación sistemática, es decir, las conclusiones que pueden obtenerse inicialmente del encuadre sistemático de la norma dentro del texto legal que la cobija. ¿Dónde está nuestro querido artículo panacea de todos los males? Pues en el cacareado Titulo VIII de la Constitución que se refiere a la “Organización territorial del Estado”, que se define en el art. 137 como “organizada territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas”, a quienes se atribuye “autonomía para la gestión de sus intereses”. Pues bien ese Titulo VIII se distribuye en capítulos dedicados a la Administración Local y a las Comunidades autónomas (Capitulo III) . Si uno analiza despacio el capítulo de dichas Comunidades Autónomas verá que el fondo del asunto es precisamente la regulación de las competencias exclusivas de dichas entidades, las del Estado, los mecanismos de delegación, en definitiva, para ser breve, a la temática juridico-constitucional de competencias de uno y otras y a las relaciones entre el Estado y las citadas Comunidades.

Pues bien, teniendo en cuenta que nos movemos en el territorio de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, y de las relaciones entre sí pensemos que una Comunidad Autónoma es un Ente Publico que actúa hacia el exterior, y ese actuar se traduce en disposiciones normativas -leyes y reglamentos- y actos administrativos no normativos. Es obvio que tanto las primeras como los segundos tienen que ajustarse a la Ley. ¿A qué Ley? Pues a la Constitución, a las leyes del Estado y a las propias de la Comunidad autónoma que se trate. Bien, pero ¿quién decide el ajuste o desajuste a Ley genéricamente entendida? Pues es asunto resuelto por la propia Constitución en el artículo 153, situado casi inmediatamente que nuestro 155.

¿Y qué dice el artículo 153? Pues que el control de la legalidad de la “conducta” de las Comunidades Autónomas lo ejerce el Tribunal Constitucional si se trata de leyes -disposiciones con fuerza de Ley- por el Gobierno si se trata de competencias que el Gobierno haya delegado en esa comunidad, por los Tribunales Contencioso administrativos si se trata de actos administrativos o de normas reglamentarias dictados por o elaboradas por la Comunidad. Está claro que los desajustes normativos tienen su canal de control.

Entonces vamos ahora al artículo 155. Contempla dos supuestos genéricos: “si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones impuestas por la Constitución u otras leyes” (caso uno) o “actúa de forma que atente gravemente al interés general de España” (caso dos). La cuestión es: ¿qué aporta el art. 155 respecto del artículo 153? Me explico: acabo de decir que si una Comunidad incumple la Ley sea con leyes, reglamentos o actos ya tenemos el canal de control establecido, sea el Tribunal Constitucional o los contenciosos administrativos. Entonces, ¿a qué incumplimientos legales se refiere?

Pensemos que una Comunidad aprueba una ley que viola las competencias exclusivas del Estado o afecta a la Constitución. ¿Qué hace el Gobierno? Pues lo hemos visto muchas veces en el caso catalán: impugna la ley ante el Tribunal Constitucional con el añadido que se produce lo que se llama una suspensión automática de la ley aprobada hasta que el Constitucional se pronuncie si es constitucional o no. Antes de ayer la prensa da la noticia de que ese Tribunal ha declarado inconstitucional la Ley catalana del Referéndum. ¿Y qué actos de una comunidad pueden afectar al interés general de España sin que eso suponga necesariamente la violación sea de la Constitución, sea de cualquier otra Ley? Evidente ninguno puesto que siempre será un acto contra legem. ¿Entonces a qué supuestos concretos se refiere el artículo 155 que no encajen en el artículo 153?

Este es el tema capital

Uno podría responder a vuela pluma: pues a los que no sean recurribles. Pero es que esa categoría no existe. Siempre tiene que existir una suerte de acceso al control jurisdiccional. ¿Entonces?
Veamos: el artículo 153 consagra un acceso al control jurisdiccional, pero el artículo 155 al atribuir al Gobierno la potestad de adoptar medidas necesarias -enseguida comento esas medidas- parece convertirle en juez y parte sin necesidad de acudir a la protección de los Tribunales. Esto suena muy, pero que muy fuerte en pleno siglo XXI. No, no puede ser. Quiero decir: es evidente que el Gobierno puede entender que los actos de la Comunidad violan la Constitución o cualquier otra ley o que atentan al interés general, y la Comunidad puede no estar de acuerdo. Entonces ese artículo 155 otorga al Gobierno un poder -digámoslo así- de tomar la justicia por su mano de modo primario. Es como una especie de interdicto de recuperar la legalidad. Pero obviamente tanto la adopción de esas medidas del Gobierno como los actos del Gobierno dictados en su ejecución serán siempre recurribles ante el Tribunal Constitucional y posteriormente ante las instancias europeas. Si tenemos esto claro ya podemos empezar a pensar que el gobierno al decidirse por el artículo 155 y adoptar una medida más que dudosa legalmente hablando, me da la sensación de que se ha metido en un lío jurídico de primera división que acabará en la Corte Europea con resultados ignotos en este momento.
Por ello entiendo que el interdicto, —por así decir— solo funciona cuando existe una violación flagrante, grosera, obvia de toda obviedad que reclama una actuación urgente del gobierno para evitar males mayores. Claro que, como digo, es el gobierno el que decide la obviedad, lo grosero., lo flagrante, al menos en primera instancia. Ya sólo queda saber qué tipo de violaciones serían las encajables en esa caracterización. Pues si acudimos al derecho comparado penetraremos en lo que se ha llamado “deslealtad federal”.

Aquí no tenemos un Estado Federal -al menos de momento- pero casi es lo mismo. Se trata de una ruptura grosera de la Lealtad Federal. Por ejemplo, un acuerdo de la Autonomía que diga que no reconoce al Estado ninguna autoridad sobre ninguna materia que afecte a la autonomía en cuestión. O un acto por el que se diga que la autonomía no reconoce al jefe del Estado monárquico y que, en consecuencia, sigue fiel a España si se declara República. En fin, cuestiones de este tipo cuya propia grosería reclaman una actuación directa del Estado y ya debatiremos en los Tribunales después. Evidentemente una declaración de independencia unilateral encaja en el tipo señalado. pero, ¿se ha producido?

En el segundo “comunicado” de Puigdemont a Rajoy dice que dicha declaración no ha sido votada por el Parlamento. ¿Entonces? Eso quiere decir que no se ha producido. Y si el artículo 155 se aplica por dicha declaración, ¿acaso se puede intervenir la comunidad por algo que no se ha jurídicamente producido? Motivos hay, claro, pero el Gobierno acudió al artículo 153. Ahora al 155. De acuerdo, pero ¿en base a qué medidas concretas? No basta con apelar a conceptos jurídicos indeterminados. Cuidado con el asunto porque hay que delimitar esas “medidas necesarias”. Lo primero en señalar consiste en que ese artículo 155 tiene un genética sancionadora y todos los juristas saben que las normas sancionadoras tienen una interpretación restrictiva. Segundo, que no es dable interpretar las dos palabras -medidas necesarias- como una suerte de cheque en blanco gracias al cual el Gobierno puede hacer lo que le de la gana. Eso no es posible en el constitucionalista moderno puesto que equivaldría a una Constitución que se niega a sí misma mediante la creación de un agujero negro del Ordenamiento Jurídico.

¿Cabría suspender la autonomía o sustituir a sus órganos de gobierno? Creo que no. ¿Por qué? Primero porque sería una interpretación extensiva inadmisible conforme a lo dicho. Segundo porque cuando en Derecho Comparado se ha querido constitucionalizar esa posibilidad se ha dicho expresamente. En la redacción del articulo 155 esa posibilidad se tuvo in mente, pero no se constitucionalizó a sabiendas. Tercero porque se trata de que sea la Comunidad la que cumpla regresando a la Ley o dejando de hacer lo que atenta al interés general, y si se suspende o se sustituye no es la Comunidad Autónoma quien actúa sino el Gobierno. Cuarto porque el párrafo segundo es muy claro: “para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas”. Esto es: se deroga el postulado de que el Gobierno no puede dar órdenes sin más a las Comunidades, puesto que lo contrario sería negar el autogobierno establecido en el art. 137. En esos casos tan graves puede dar instrucciones y se deben cumplir. ¿Por quién? Por las autoridades de la Comunidad. Pero si las ha sustituido, ¿cómo van a cumplir esas autoridades las órdenes del Gobierno? Si la ha disuelto, ¿cómo se va a ejercer el control de los actos del gobierno ante el Tribunal Constitucional o ante las instancias europeas? Es en realidad una suerte de interdicto de recuperar la legalidad que debe ser proporcional y en cualquier caso mantener a la Comunidad Autónoma porque ésta es el sujeto obligado a cumplir las instrucciones del gobierno.

Vamos a un detalle más. ¿Puede el Gobierno sustraer del President de la Generalitat la competencia de disolver el Parlament y convocar elecciones? Creo que rotundamente no. Puede “dar instrucciones” de que convoque. Pero no arrebatar la competencia. ¿Cómo encaja convocar elecciones con restablecer la legalidad? No lo veo ¿Y con restaurar el interés general? Tampoco porque habría que decir, entonces, que las anteriores elecciones fueron las causantes de afectar negativamente al interés general. Es absurdo.

Bien, ahora se dice que el acuerdo del Senado no es recurrible. Es que no es acuerdo del Senado sino del Gobierno. El Senado “aprueba” el acuerdo del Gobierno. Dicho más claro: se trata de una suerte de condición suspensiva de la eficacia del acuerdo del Gobierno. Así que no tengo duda de que este acuerdo en si mismo es recurriere ante el Constitucional. Esto sí: servirá más bien para poco, supongo, pero en todo caso es una puerta de acceso a la Corte europea

El acuerdo del Gobierno es una intervención en toda regla del régimen de autogobierno. Se utiliza una terminología de cobertura, pero atendiendo al fondo eso es lo que es. ¿Ese acuerdo supera los límites constitucionales? Creo que como mínimo es muy dudoso. La actuación de las autoridades catalanas ha superado sin duda la Constitución Española. Veremos qué decide en su día la Corte europea de la actuación de las autoridades españolas. Un lío de dimensiones incalculables.

¿Puede mañana el president de la Generalitat convocar elecciones? Teóricamente no porque el punto final del acuerdo del gobierno dice que estas medidas entran en vigor en el momento de publicación del acuerdo en el BOE. ¿Antes de la “aprobación del Senado? Eso dice el acuerdo. Es decir, atribuye a esa aprobación eficacia retroactiva. ¿Y eso es legal? Pues de nuevo la nebulosa. Pero si mañana por la mañana Puigdemont convoca elecciones, convocadas quedan y si luego el Gobierno coloca otras, pues convocadas quedan. ¿Entonces? Pues eso digo yo…

¿Y si los independentistas piden a los catalanes que no vayan a votar y no se presentan a las elecciones convocadas por el Gobierno? Pues… ¿Eso sería restaurar la legalidad? ¿Qué ocurre si obedecen los catalanes y no vota el 70 por 100 de los electores posibles? ¿Sería eso una suerte de referéndum de independencia? Pues se parecía de hecho. ¿Podría decirse que un parlamento en el que solo están presentes PP y Ciudadanos es un “Parlamento” del autogobierno de Cataluña? Pues… En fin, que la cena está servida. Lo que está claro es que tras este acuerdo del Gobierno el maremágnum jurídico resulta obvio. Esperemos que no se traduzca en altercados sociales de envergadura. Esperemos…

¿Suspensión de la autonomía? No
Las medidas acordadas suponen una «intervención» para recuperar el marco de la legalidad constitucional que la Generalitat ha ido minando y destruyendo a lo largo de los años
Teresa Freixes. larazon 22 Octubre 2017

El Acuerdo del Consejo de Ministros, tomado en el marco de la activación del art. 155 CE, propone al Senado, en resumen y simplificando, el cese del Presidente de la Generalitat y de todo su Gobierno, la designación de responsables que les sustituyan a los efectos de que el poder ejecutivo pueda desempeñar sus funciones en el marco de la legalidad constitucional, la delimitación de las competencias del Parlament de Cataluña para que cese su actividad en favor del secesionismo y, todo ello, con la finalidad de, una vez restablecido el orden constitucional y recuperada la normalidad institucional, convocar elecciones autonómicas que den paso a la formación de un nuevo .

¿Se trata de una «suspensión» de la autonomía? El art. 155 CE no está concebido como un artículo que suspende la autonomía, puesto que no ordena detener o paralizar la actividad de los órganos autonómicos sino su intervención funcional, sin prohibir que, en determinados casos, se pueda sustituir a quienes detentan la condición de autoridades autonómicas por otras personas que garanticen que las instituciones de la Comunidad Autónoma recuperen las funciones constitucionales obstruídas por la actividad del secesionismo.

No se trata, pues, de una «suspensión» de la autonomía, sino de una «intervención» dirigida a recuperarla en el marco de las coordenadas constitucionales, vulneradas previamente por los responsables de los órganos intervenidos. En otros países democráticos existen instrumentos jurídicos similares; en Estados Unidos, Alemania, Austria, Italia, Reino Unido, entre otros, su sistema constitucional incorpora instrumentos denominados de coerción federal similares, que están también previstos para garantizar el restablecimiento del orden constitucional cuando éste ha sido violado en forma grave y reiterada por órganos de los territorios descentralizados. En el Reino Unido, la Asamblea local de Stormont quedó en suspenso y la Secretaría de Estado para Irlanda del Norte asumió la administración directa («Direct rule») del territorio varias veces; incluso en estos días se está debatiendo si se va a tener que aplicar otra vez este mecanismo en el marco del «Brexit».

Cierto es que el art. 155 CE es tan abierto como el 37 de la Constitución de Alemania en cuanto a las medidas que se puedan tomar, que cabe preguntarse hasta dónde podría llegar la intervención en la Comunidad Autónoma. Teniendo en cuenta los precedentes existentes en otros países, cabe deducir que la intervención acordada no es tan intensa como la que se realizó en Irlanda del Norte y no tenemos precedentes en los otros Estados miembros de la UE (en Italia, aunque no ha sido aplicado, se permite cesar al Gobierno y la disolución directa de la Cámara regional). Sí en Estados Unidos donde la Guardia Nacional, militarizada y a las órdenes directas del Presidente, obligó compulsivamente a las autoridades de Arkansas a hacer efectiva una sentencia del Tribunal Supremo contra la segregación racial en la universidad.

El acuerdo del Consejo de Ministros, con relación al poder ejecutivo, lo que propone al Senado es el cese del Presidente y los Consejeros de la Comunidad Autónoma, que son los únicos que, en principio, y como consecuencia de sus actos de oposición pertinaz al orden constitucional, dejarían con inmediatez el cargo y serían sustituidos, dentro de su ámbito funcional, por las personas que a tal efecto fueran designadas por el Gobierno español. Los cargos de la Administración autonómica podrían continuar en sus funciones, aunque podrían ser removidos por quienes hubieran sido designados como autoridad por el Gobierno de España si se diera el caso de resistencia a acatar la nueva situación, dirigida exclusivamente, a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. No queda en suspenso la actividad o actuación del gobierno autonómico: se garantiza que, con la sustitución de autoridades, sus actos se realicen conforme a la Constitución y la Ley. Ello tiene especial significación sobre la policía de la Generalitat, la gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria, el área de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales, pero sin que se excluya ninguno de los demás ámbitos administrativos de competencias de la Generalitat, acción exterior, enseñanza o prisiones por ejemplo.

El Parlamento no se disuelve ni se suspende, como sí se realizó en el caso de la Asamblea de Irlanda del Norte, sino que mantiene su actividad representativa y tiene que ejercer el resto de funciones en el marco de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Para garantizarlo la Presidenta (otra vez como consecuencia de sus actos concretos de oposición pertinaz al orden constitucional) no puede realizar ningún acto que derive en la investidura de un nuevo Presidente de la Generalitat, con lo que una hipotética disolución de la cámara ordenada con inmediatez por el actual Presidente no podría surtir efectos. El resto de funciones parlamentarias se tendrán que realizar en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y lo que se derive del Acuerdo del Consejo de Ministros, por ejemplo, teniendo en cuenta que la actividad parlamentaria de control del Gobierno se realizará por el órgano que a tales efectos designe el Senado. Todo ello reforzado por la posibilidad de veto por parte del Gobierno español.

En cuanto a la celebración de las elecciones autonómicas, una vez cesado el Presidente de la Generalitat, órgano competente para convocarlas según el Estatuto de Autonomía, se propone al Senado que esta facultad sea ejercida por el Presidente del Gobierno de España quien, restablecido el orden constitucional y recuperada la normalidad institucional, disolverá la cámara y convocará elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses desde que el Senado apruebe las medidas de aplicación de este art. 155 CE.

Aplicadas con «finura de cirujano», la Constitución y la ley cuentan con previsiones adecuadas para garantizar la democracia. No se suspende con ello la autonomía, precisamente se comienza a recuperar, en Cataluña, aquella autonomía que la mayoría parlamentaria, que no tiene la mayoría social y el Gobierno que no representa a toda la ciudadanía sino sólo a los secesionistas, han ido minando y destruyendo a lo largo de los años.

Devolver la legalidad para garantizar el autogobierno
EDITORIAL El Mundo 22 Octubre 2017

Ayer comenzó el esperado y necesario retorno de Cataluña a la legalidad y a la normalidad política. Tras años de delirio ideológico, los dirigentes desleales con la Constitución y el Estatut serán relevados.

De esta manera, el Gobierno quiere garantizar el autogobierno de Cataluña en los términos que fija la Carta Magna, de donde nunca debió salir. Con la determinante actuación del Gobierno, iniciando los trámites para la aplicación del artículo 155 que previeron para casos de extrema gravedad los constituyentes, el Estado de derecho ha demostrado disponer de armas suficientes para hacer frente al agresivo y pertinaz envite de los independentistas. Dejando claro que el Ejecutivo no suspende la autonomía ni el autogobierno, Rajoy anunció de manera contundente que propondrá al Senado la destitución del Govern al completo, para que sus funciones pasen a ser ejercidas por el Gobierno de la Nación, de forma provisional y por un plazo máximo de seis meses. Una medida imprescindible e inevitable ya que cuenta con el apoyo responsable y sincero tanto de PSOE como de Ciudadanos.

Al final de ese periodo, incluso antes, el propio Rajoy disolverá el Parlament y convocará elecciones autonómicas para que, una vez restablecida la legalidad, sean los catalanes quienes elijan en las urnas a sus representantes. Pero ese es el último de los propósitos. Los principales, en la línea de lo que la opinión pública viene exigiendo al Gobierno desde hace meses, pasan por hacer que las instituciones vuelvan a someterse al imperio de la ley, por devolver la normalidad social y la convivencia pacífica a la sociedad catalana, ahora mismo fracturada, y por evitar los riesgos de recesión provocando un irreversible deterioro del bienestar social y económico de los ciudadanos.

El tiempo dirá si las resoluciones aprobadas ayer llegan o no demasiado tarde, pero de lo que no cabe duda es de que el Gobierno ha puesto en marcha una batería de medidas legales para establecer un control absoluto de todos los resortes políticos, económicos y sociales en Cataluña. Y hay que felicitarse por ello, porque lo contrario habría podido dar lugar a una intervención fallida. En este momento, cuando los independentistas han dado sobradas muestras de su negativa a rectificar y de su empecinamiento en el desafío, es imprescindible actuar con toda la potencia que la Constitución otorga al Estado para garantizar la soberanía nacional del pueblo español, la unidad territorial y defender los intereses generales de España en el exterior. Así, además de desplazar de sus puestos a los políticos desleales e irresponsables, el Gobierno tendrá derecho de veto sobre las decisiones del Parlament, que seguirá ejerciendo sus funciones como cámara legislativa con la salvedad de que no podrá proponer candidato a la presidencia ni celebrar debates de investidura antes de la celebración de las elecciones. De esta manera se evitarán situaciones de abuso por parte de la mayoría independentista sobre la oposición, como ocurrió los días 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron las dos leyes de desconexión declaradas ilegales por el TC. No se trata, por tanto, de un "golpe autoritario", como afirmó en tono amenazador la presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, sino de la aplicación de un mandato constitucional.

Además, el Gobierno tendrá autoridad sobre la policía autonómica, pudiendo sustituir a sus efectivos en caso de desobediencia por miembros de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado; tendrá el control absoluto de los recursos financieros y los ingresos fiscales; garantizará que los medios de comunicación públicos, en clara referencia al sectarismo de la televisión autonómica, trasmitan una "información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo"; finalmente, se reserva la potestad de sancionar disciplinaria, patrimonial y penalmente a los funcionarios que desobedezcan los mandatos o incumplan la ley.

Por su parte, Puigdemont, en su respuesta retransmitida por televisión, volvió a recurrir a la mentira y la falsedad histórica para seguir aferrado a su posición inflexible. Como Forcadell, hizo un llamamiento temerario a los ciudadanos para frenar lo que definió como «el mayor ataque» a las instituciones catalanas desde "el golpe de Francisco Franco". Es probable que en la sesión del Parlament que convocará en breve intente declarar la independencia. Pero sabe que su insólita y delictiva aventura está llegando a su final.

Matar recibiendo
ARCADI ESPADA El Mundo 22 Octubre 2017

Mi liberada:
Esta carta que te escribo entiende como un mandato lo que escribía hace unos días Ferran Toutain en El País. Voy a traducir el párrafo, porque solo lo irrelevante queda en vernáculo: "Lo que tenemos ante nosotros no es una simple colección de mentiras, sino una institucionalización de la mentira, de la mentira que, en el instante de ser emitida, se blinda contra toda falsabilidad y se convierte en una estructura de Estado". Mi aportación al desmantelamiento de esta factoría de mentiras será ahora la de demostrar que en octubre de 2017 fue declarada la independencia de una región de un Estado democrático europeo. Para que así conste en la historia de la democracia española, y en su vergüenza, y para responsabilidad de los que la declararon y de los que permitieron declararla. Dado que el texto, escrito y dicho, es consustancial a cualquier declaración, las pruebas de que existió se obtendrán in texto y prescindiendo de su carácter legal o de la implausibilidad de su aplicación. Como desgraciadamente sabe el único herido grave de los incidentes del uno de octubre, las ficciones son capaces de provocar hechos muy desagradables.

El punto 4 del artículo 4 de la ley del referéndum de autodeterminación del 6 de setiembre dice: "Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más afirmativos que negativos el resultado implica la independencia de Cataluña. A este efecto, el Parlamento de Cataluña (...) celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente". El párrafo dice que un resultado afirmativo lleva consigo la independencia. Y que para declararla, concretar sus efectos e iniciar el periodo constituyente se celebrará una sesión ordinaria del parlamento catalán.

El 10 de octubre Puigdemont comparecía ante el pleno del parlamento. Después de aludir a los protocolos establecidos por la ley del referéndum dijo: "Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalidad, asumo al presentarles los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos el mandato de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy toca hacer. Por responsabilidad y por respeto". El párrafo dice que el presidente de la Generalidad toma para sí el mandato de que Cataluña se convierta en una república. Y continúa: "Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de la independencia". La secuencia, que reproducía al pie de la letra las instrucciones del artículo 4, era esta: el pueblo puso un huevito, el presidente lo declaró y concretó luego el primero de sus efectos (textualmente lo que la ley disponía): la suspensión de la declaración, que paralizaba también el proceso constituyente. El párrafo incluía el texto concreto y completo de la declaración: "Llegados a ... en forma de república" y además lo señalaba: "Suspenda los efectos de la declaración de independencia". Es decir: identificaba inequívocamente como declaración de independencia el párrafo anterior, exhibiendo la certeza lógica de que solo lo previamente declarado puede suspenderse. La mala gramática de Puigdemont, forjada en diarios agrícolas, traía una llamativa novedad. Al proponer al parlamento que suspendiera la declaración, al inducirle a adoptarla y dejar por tanto la concreción de esa suspensión al imperio de un acto formal posterior que no se realizaría en esa sesión, lo que quedaba -y queda- pendiente era la suspensión de la declaración y no la declaración misma ni sus efectos. El género de la ficción no exime de la coherencia y el que en la página 8 mide 1,90 no puede medir 1,70 dos páginas después.

El Gobierno sospechó con fundamento que Puigdemont había declarado la independencia. Pero quiso asegurarse aprovechando las cláusulas del artículo 155. Así le requirió: "El presidente de la Generalidad confirme si alguna autoridad de la Generalidad de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si en [sic] su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlamento implica la Declaración de Independencia al margen de que ésta se encuentre o no en vigor". Y añadía: "En el caso que la respuesta sea afirmativa y a estos efectos la ausencia de contestación y/o cualquier contestación distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa se considerará confirmación, se le requiere (...) revoque u ordene la revocación de dicha declaración de independencia".

Puigdemont contestó distinto a una simple respuesta afirmativa o negativa, el 16 de octubre. Es decir, confirmando que había declarado la independencia. El mismo día, minutos después, Rajoy le respondió: "Le recuerdo, una vez más, que aún tiene margen para contestar de forma clara y sencilla al requerimiento que le remití el pasado miércoles". No, no tenía ese margen. Puigdemont solo podía revocar u ordenar revocar la declaración de la independencia. Entre suspender y revocar hay una diferencia que aquí procede. Puigdemont solo difirió los efectos de lo que permanecía intocado. Mientras que el requerimiento gubernamental pretendía anular permanentemente los efectos de lo que había sido declarado. Pero el trago era igualmente duro para Rajoy: suspender o revocar comparten la necesidad de que exista un indiscutible acto previo.

Los dos últimos eran puro trámite. La respuesta de Puigdemont recordaba en la primera línea la clave de bóveda de su ficción: "El pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum". En las últimas, a las que llegaba como el que ha caminado por una ciénaga, amenazaba con que acabara bruscamente el período de suspensión de los efectos mediante una votación parlamentaria. El Gobierno le respondía con un comunicado, el mismo 19 de octubre: "El Gobierno de España ha constatado a las 10 horas de esta mañana (...) la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña [el Gobierno cree menos prestigiosa la Generalitat que Catalunya: hace bien] a atender al requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre".

Ayer el consejo de ministros aprobó remitir al Senado la entrada en vigor del artículo 155. Llega tarde y con la marea ya muy alta. Tardó Rajoy. Como han tardado casi todos en la España incrédula y confiada. La razón del 155, que intentarán velar y por la que esta carta te ha sido escrita, fue que el Gobierno de España decidió que Puigdemont había declarado la independencia de Cataluña. Esta es una interesante variación de un requisito del discurso performativo, que es el de la autoridad del que lo pronuncia, caso típico del "Yo te absuelvo". La autoridad clave no ha sido aquí la del Puigdemont que declara sino la del Rajoy que atiende. Una autoridad durísimamente cuestionada por la causa del obligatorio acto que ejecuta.

Y sigue ciega tu camino. A.

Murió la República Catalana: está por ver si el entierro es pacífico
Jesús Cacho. vozpopuli  22 Octubre 2017

La de cal. Mucha cal. El Gobierno se dignó por fin comunicar oficialmente ayer la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y lo hizo con un parlamento más que aseado de Mariano Rajoy, un discurso con afán didáctico y trasfondo apaciguador, como revela esa apelación al cese de la fuga de empresas. Intervención quirúrgica casi sin anestesia. Medidas duras, a tono con la gravedad de lo que está ocurriendo en Cataluña. Destitución de los miembros del Govern, empezando por su presidente, y toma de control del Parlamento de la Generalidad. Que el Gobierno ha acertado lo demuestra la reacción de los propios golpistas y de sus compañeros de viaje, desde el inevitablemente plasta PNV hasta Podemos y sus Mareas. Aquí había mucha gente convencida de que el guateque extractivo con cargo a los Presupuestos que se inició hace casi 40 años iba a durar eternamente. Muchos, empezando por esos señoritos de la burguesía catalana que han enloquecido en su viaje a Ítaca, pensaron que nunca les iba a pasar nada, que iban a poder seguir delinquiendo tan ricamente. El despertar va a ser duro. No cabe imaginar otra respuesta del Estado de Derecho.

La Sexta como espejo: “no creo que lo de Cataluña sea un golpe de Estado y no creo que debamos hablar en esos términos”, pontificaba Enric Juliana al filo de la una de la tarde de ayer, ante la atenta mirada del camarada Farreras; antes había depuesto Jorge Verstrynge,e inmediatamente después salió a escena el profesor Pérez Royo, lo mejor de cada casa, todos buenos amigos de España y de lo que conviene a España. Angélica Rubio, musa de Rodríguez Zapatero en su día, pone la rúbrica echando las culpas del diluvio universal a Mariano. Tras la conexión con Moncloa, Farreras pide valoración urgente, y ahí vuelve a aparecer un Juliana descompuesto: “Esto es la suspensión de la Autonomía. Estamos ante un volantazo histórico decidido por el PP, al que se ha adherido el PSOE”. Les ahorro la opinión de ese tipo inclasificable que es Pablo Echenique, mandamás de Podemos, para quien Rajoy liquidó ayer la democracia en España, o la del diputado de la misma cuerda Xavier Domènech, indignado con el presidente por no haber dado una oportunidad al dialogo, como si el Estado tuviera algo que negociar con un Gobierno regional que se ha situado fuera de la ley.

El pleno del Senado que debe validar la medida no se reunirá hasta el viernes 27, de modo que los plazos para hacer efectivo el 155 se siguen alargando, para desconcierto de quienes entienden mal semejante pachorra legalista. Ese nuevo aplazamiento propone un escenario preocupante en tanto en cuanto ofrece al golpista la posibilidad de convocar elecciones autonómicas esta semana, antes del pleno del Senado. Cualquier persona juiciosa apostaría por una salida semejante, capaz de poner en solfa la aplicación del 155, por mucho que ello implicara para JxSí romper de forma abrupta con la CUP. Vuelve a escena, francamente excitado, el señor Juliana en La Sexta: “La responsabilidad de Puigdmeont es inmensa: en sus manos está salvar a la Generalitat de Cataluña”. ¿Por qué esa alarma? Por una razón fundamental: los herederos de Jordi Pujol no pueden exponerse, en mi opinión, a que el Gobierno entre a saco en la Generalidad dispuesto a levantar las alfombras y sacar a relucir los trapos sucios de un sistema clientelar que durante décadas ha vivido del robo sistemático de recursos públicos. Esa es precisamente la gran baza de una utilización inteligente del 155: desenmascarar un sistema corrupto de la cruz a la raya del que viven no menos de 100.000 personas.

El misterio de la familia Pujol
Este alargamiento de plazos tendría que ver con la existencia de “contactos” secretos entre el Gobierno y Convergencia (ahora PDeCAT), uno rumor recurrente estos días en el foro madrileño. Tras las bambalinas de esos requiebros bajo la mesa palpita el misterio de la familia Pujol y la situación particular del patriarca del clan, el gran culpable de lo que está ocurriendo (hay varios culpables y muchos responsables, en una cadena que va de Felipe González y su laissez faire en el caso Banca Catalana, sigue con Aznar y su entreguista “pacto del Majestic”, prosigue con Zapatero y el Estatut que nadie le había pedido, y termina en este Rajoy alucinado por lo ocurrido, ello por no hablar de los redactores de la Carta Magna o del papel del Emérito), el hombre que tras haberse librado de la cárcel por la quiebra de Catalana, se encargó de sembrar la semilla de odio que ahora, muchos años después, ha fructificado en la cosecha de este golpe contra la Constitución y que, no obstante lo cual, sigue tan campante en la calle, como la mayor parte de su numerosa progenie.

Ayer murió la República Catalana. Está por ver si su entierro se realiza de forma pacífica o va a requerir el uso de la fuerza"
No parece que las aguas de los amotinados vayan a discurrir por las riberas de la moderación. La manifestación de ayer tarde en apoyo de los Jordis –si lo de Cataluña no fuera trágico, podría ser un buen argumento para un sketch de Gila- fue un fiasco manifiesto, por mucho que la Guardia Urbana se empeñe en hinchar las cifras. Imposible imaginar más de 200.000 personas, tirando por lo alto. Es todo lo que tienen ahora mismo. No hay más gente dispuesta a salir a la calle. La aparición posterior de Puigdemont en televisión solo sirvió para calentar las orejas al personal con el sobado y arrogante relato victimista del nacionalismo identitario. El president ha terminado por convertirse en un personaje patético, que anoche no podía ocultar su miedo. Pánico en los calzones. Al plantarse, Mariano ha descubierto su juego: Puchi apenas llevaba una pareja de doses. Difícil saber si la convocatoria de esa sesión plenaria del Parlament que anoche anunció va a servir para proclamar la famosa DUI o para empezar la marcha atrás. Ayer murió la República Catalana. Está por ver si su entierro se realiza de forma pacífica o va a requerir el uso de la fuerza.

Conviene ponerse en lo peor. Hay mucho cabestro intoxicado por la droga nacionalista dispuesto a ir a la guerra, de modo que habrá que atarse los machos. Llega la hora de la verdad, la hora de demostrar que el Estado tiene capacidad efectiva real para revertir la situación que se vive en Cataluña y restaurar el orden constitucional. Es verdad que hay cosas que han mejorado mucho, la más importante de las cuales a mi entender, por encima del empeño del Rey y de la huida precipitada de empresas, es la movilización de millones de españoles hartos de las constantes provocaciones de ese nacionalismo reaccionario y supremacista, pero lo cierto y verdad es que el presidente de Cataluña sigue siendo un tal Puigdemont, un tipo que continúa tomando diariamente decisiones en contra de los intereses de la mayoría de los catalanes, y que al frente de los Mossos sigue estando un tal Trapero, con causa abierta en los tribunales de Justicia por posible delito de sedición, no obstante lo cual sigue mandando sobre una fuerza armada de 17.000 hombres, buena parte de los cuales andan por el mundo abducidos por el discurso independentista.

Será necesario sacar a Puchi de la cueva
La pura verdad es que el Gobierno de la nación no manda en Cataluña, porque hace mucho tiempo que el Estado no existe en Cataluña. De eso se trata precisamente, de revertir esa situación, una exigencia que pone de relieve la magnitud del envite que nos aguarda. En la hoja de ruta del golpismo nacionalista están escritos los pasos a dar en caso de intervención de la Generalidad, con medidas tales como la toma de puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros de comunicaciones, etc. Es evidente que será necesario sacar a Puchi y al resto de su Govern de la cueva, para lo cual habrá que neutralizar previamente a los Mossos, lo cual equivale a decir que el Gobierno tendrá que utilizar los instrumentos de coerción que el Estado pone a su disposición para restablecer la Ley, paso previo a la celebración de esas elecciones autonómicas que nunca deberían celebrarse antes de que la normalidad constitucional haya sido restablecida en Cataluña, porque lo contrario sería sencillamente un suicidio.

Él ejerce de ancla dispuesta a retener la unidad de España y faro capaz de iluminar los corazones acongojados de nuestros Marianos"
Que nadie se engañe: restablece la legalidad en esa parte de España no será fácil. El Estado va a ser sometido a prueba de resistencia como nunca antes lo había estado desde el 23-F. La Segunda República, al mando entonces de Alejandro Lerroux, y el general Batet, catalán para más señas, resolvieron esta ecuación en octubre de 1934 con un par de cañonazos. Ahora las cosas no son así, y no deben ser así bajo ninguna circunstancia, por mucho que la locura se haya apoderado de estos iluminados echados al monte. Es el momento de apoyar sin fisuras la iniciativa del Gobierno, con el respaldo de PSOE y Ciudadanos, para recuperar la legalidad en Cataluña. El Rey, con un nuevo gran discurso en Oviedo la noche del viernes, marca el camino. Por fin parece que hemos dado con un Borbón honesto y dispuesto a cumplir con su deber, dispuesto a rescatar a la dinastía del fango. Casi un milagro. Curioso el momento que vivimos: una clase política paupérrima y un gran Jefe del Estado. Suerte histórica cuando era y es más necesaria. Él ejerce de ancla dispuesta a retener la unidad de España y faro capaz de iluminar los corazones acongojados de nuestros Marianos. Él cumple a la perfección con la anécdota que cuentan de Indalecio Prieto cuando, en el exilio en México, acudió un día a ver torear a Manolete: “Es el único español que no ha hecho el ridículo por aquí”.

La Ley se pone de pie
JAVIER REDONDO El Mundo 22 Octubre 2017

Resulta tentador recurrir a la expresión "fin de régimen constitucional del 78" para resumir lo que implica aplicar por vez primera un artículo al que Gobierno y Senado -cámara de representación territorial- dotan de contenido. Ciertamente, la democracia pisa terreno inexplorado e inicia una nueva fase de evolución en lo que a la relación entre el poder central y las autonomías respecta.

Sin embargo, el 155 no constituye el fin del sistema, ni mucho menos; en todo caso finiquita un modelo, una dinámica y una actitud que debilitaban la democracia, erosionaban continuadamente el principio de igualdad y viciaban la organización territorial, basada en la solidaridad y lealtad entre niveles de Gobierno: el permanente chantaje del establishment catalán a cada Ejecutivo central con el recurso de la lágrima fácil, la engolada diferencia y el victimismo simulado.

La democracia española emprende una etapa -concretamente la cuarta- que la robustece: tras la de puesta en funcionamiento -fundacional-, la modernizadora de las estructuras del Estado y la de consolidación -que incluye la normalización de la alternancia- penetra en la de crisis funcional. Se enfrenta a obstáculos imprevistos o sobrevenidos -Ortega los llamó "estímulos funcionales"- que alteran el organismo y ponen a prueba su capacidad para crear anticuerpos y regenerarse.

España presentaba severos síntomas de flojera democrática. Hasta que el nacional-populismo removió sus cimientos. Primero se levantó el Estado -discurso del Rey-; luego despertó la sociedad civil, la mayoría silenciada -manifestación del 8-O-; por fin, la Ley se ha puesto de pie. La Ley combate la "falsa filantropía". Lo dijo un pensador puede que menor, pero audaz y concluyente. Frédéric Bastiat se anticipó a lo que traía el marxismo en sus arrobas. En 1850, dos años después de que Marx publicara el Manifiesto comunista, el de Bayona escribió La Ley, un opúsculo con nervio en defensa de la propiedad privada y la libertad individual.

Para Bastiat la Ley es la "organización colectiva del derecho individual de legítima defensa". Es el principal mecanismo de protección de los ciudadanos, sobre todo de los débiles. La Ley es la "justicia organizada", un acuerdo común contra la intención de despojo. La Ley dota de fuerza y resguarda a los individuos del Estado de naturaleza. La minoría nacional-populista suspendió la Ley y el parlamentarismo en Cataluña el 6 de septiembre. La arbitrariedad se ceba siempre con los frágiles. Por eso era perentorio restablecer la Ley en Cataluña, para frenar la injusticia y recuperar la libertad.

El supremacismo ganaba la partida porque la Ley sólo se respeta si es respetable. El nacional-populismo brega sin descanso por desprestigiarla, supeditándola a esa "falsa filantropía" y construyendo su fábula de agravios. Desacreditándola y ultrajándola, pretendían alejarla de la moral. De tal modo que Ley y moral parecieran contradictorias. Era urgente reivindicar que no lo son. "Cuando la ley y la fuerza mantienen a un hombre dentro de la justicia (...) sólo le obligan a que se abstenga de causar daño".

El Gobierno quita a la Generalitat el control de TV3 para gestionarla con “neutralidad” y sin derroche
Carlos Cuesta okdiario 22 Octubre 2017

Las exhibiciones de TV3 y de la Radio Pública catalana han ido demasiado lejos. Su permanente defensa de los golpistas ha hecho que el plan de actuación del 155 haya reservado un hueco para la vuelta a la “neutralidad” de los medios públicos de comunicación en manos de la Generalitat.

Las funciones de gestión de estos medios dejan de ser de la Presidencia depuesta -la de Carles Puigdemont- y pasan a manos del Consejo de Ministros. Es decir, que el Gobierno acaba de arrebatar el control de TV3 y de la radio pública catalana a la Generalitat.

No se darán muchos detalles de esta intervención puesto que se trata de una materia sensible. Los separatistas no van a dudar en usar este asunto como arma arrojadiza incluso en Europa. Por ello, el plan de actuación se llevará a cabo con sigilo y precaución. Pero no sin ser conscientes de que la maquinaria agitadora del golpe ha contado con el presupuesto público de estos medios para lanzar sus mensajes.

La primera vía que se ha puesto encima de la mesa para cortar este adoctrinamiento pasa por la aplicación rigurosa de los mecanismos establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, donde el Gobierno tiene la potestad de identificar y rechazar los gastos presupuestarios supérfluos. Y, evidentemente, una maquinaria regional que gasta más que cualquier televisión privada nacional, ha entrado en gasto supérfluo. Esa potestad aparece reflejada en el plan de gasto que debe aprobar el Gobierno en todas las comunidades inmersas en el sistema de rescate del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). A partir de ahí, el Gobierno puede determinar la restricción presupuestaria y el margen de gasto del que dispone la televisión y radio públicas catalanas. Una restricción que sería, visto lo visto, directamente proporcional al recorte de la movilización a través de las ondas que efectúan estos medios en favor del golpe de estado.

Los datos económicos de este conglomerado de medios al servicio de la Generalitat y la causa separatista son evidentes. La televisión autonómica de Cataluña es la cadena regional que más dinero gasta en personal. Su dimensión sobrepasa, de hecho, a los grandes grupos privados. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), matriz de TV3, ha disparado, además, un 33% desde 2012 el gasto destinado a la plantilla hasta sumar 159,6 millones de euros en 2015. Todo ello lo ha hecho en plena etapa de rescate nacional de la economía catalana.

La CCMA tan sólo es superada en gasto de personal por Radio y Televisión Española (RTVE) con 388,08 millones de euros. Por si fuera poco, esa escalada de gastos de personal de TV3 choca frontalmente con su evolución en audiencia: desde 2012 hasta el cierre de 2016 registró una caída del 20,28 por ciento de su público.

La Corporación catalana cuenta con 2.312 empleados y un gasto en personal, por lo tanto, netamente superior a los 83,4 millones de euros de Mediaset en 2015 o los 44,97 millones de Atresmedia en ese mismo año 2015. Todo ello, pese a que entre los dos grupos cuentan con 6.623 empleados.

El laberinto catalán revienta con el 155

xavier salvador cronicaglobal 22 Octubre 2017

La crisis política amamantada por el soberanismo en los últimos años y el in crescendo que procuraron en los últimos años, en especial en los últimos meses, hacía difícil una solución política diferente a la que ayer el Consejo de Ministros decidió aplicar. El uso del artículo 155 de la Constitución de 1978 era la única formula posible para relevar a unos políticos en posición de rebelión y que habían hecho saltar por los aires el edificio de orden jurídico colectivo sin usar la vía democrática, sino que se saltaban todas las normas comunes mientras cantaban libertad, un ejercicio de cinismo que quizá hoy no se vislumbre con claridad, pero que seguro que la historia será capaz de analizar con mayor distancia y menor sentimentalismo del que ha invadido a una buen parte de los historiadores catalanes.

Poner en marcha el 155 era una necesidad para la mitad de Cataluña. Defender esas posiciones democráticas se realiza en silencio. Es un hemorroide político, lo llevamos como un padecimiento interior, pero un sufrimiento al fin y al cabo. El Estado no podía permitir una afrenta más de un Gobierno temerario que había reventado el Parlamento regional saltándose no ya la Constitución española sino el propio Estatuto de Cataluña votado por los ciudadanos del país.

El desafío al Estado había llegado demasiado lejos --con independencia de errores políticos como las imágenes de la policía el 1-O-- y todo el discurso favorable al voto, a ese nuevo y sagrado derecho a decidir, manipulaban una opinión pública que se ha creído el discurso, el relato nacionalista, con el apoyo de una izquierda podemita a los que une un mismo objetivo: cargarse a Mariano Rajoy.

Lograr que el presidente del Gobierno español abandone la Moncloa es legítimo, pero no cualquier método vale para llevarlo a cabo. Si tanta libertad se reclama, si tantos valores de democracia se dicen defender, la forma más natural es ganarle en las urnas. El problema, al final, es muy sencillo: la parte independentista de Cataluña no ha tenido paciencia y se ha lanzado al monte sin contar con la otra parte de la región que no está por esa emancipación de España. Y a quienes no somos independentistas, habida cuenta del ultraje permanente a nuestros derechos, se da la circunstancia de que Rajoy nos defiende, con independencia de que le hayamos votado o no lo hayamos apoyado en la vida.

El bloqueo político alcanzado, la imposibilidad de diálogo (porque, reitero, no es sólo Barcelona-Madrid, sino entre catalanes), la estrategia frontista de Junts pel Sí y la CUP en las calles, la mínima voluntad de votar, pero de verdad, en unas nuevas elecciones autonómicas que desempaten de una vez el bloqueo efectivo también del Parlament, habían convertido la política catalana en un laberinto del que parecía imposible salir.

El artículo 155 de la Constitución, con todas sus imperfecciones, incógnitas y defectos, permitirá darle un giro a los acontecimientos. Veremos cómo se aplica, qué quiere decir eso de que los ministerios gobiernen a distancia las cosas catalanas; si José Luis Trapero sigue al frente de los Mossos; si TV3 deja de ser un canal televisivo de agitación y propaganda; si las instituciones dejan de emplear el dinero público para enfrentar a unos catalanes con otros en la calle; si las presiones sobre las entidades civiles continúan; en fin, cómo serán esos seis meses que se han puesto como límite para convocar elecciones. Porque eso sí que será la prueba del nueve: ¿no queremos todos votar, no es lo que más nos conviene y en eso estamos de acuerdo?, pues vayamos a las urnas y contémonos una vez que todos hemos hablado a fondo y conocido muchas mentiras vertidas y consecuencias claras en nuestra economía y en una sociedad fracturada y dividida (vean el interior del PSC o los que están a su izquierda). Es la mejor salida. Reventemos el laberinto en el que nos hemos perdido y dejémonos de palabrería hueca e infructuosa, la pronuncie un dirigente del PP, Pep Guardiola o los que piden trasladar el Govern a Perpiñán, tanto da.

Pobre España, pobre Cataluña
En los últimos diez años hemos encadenado una crisis económica destructiva; una crisis política con el funesto séquito de dos años de bloqueo; y ahora, esto
Ignacio Varela elconfidencial 22 Octubre 2017

Empecemos este primer día de la semana más peligrosa para la democracia española constatando de nuevo la inmensa culpa histórica de los dirigentes del nacionalismo catalán. Muy especialmente la del infausto Artur Mas, que fue quien prendió esta hoguera. Se han cargado el autogobierno de Cataluña; han fracturado dramáticamente a su país en un cisma social que se prolongará durante generaciones; han descapitalizado a una de las regiones más prósperas de Europa poniéndola al borde de la recesión y jugueteando alocadamente con el corralito. Y en su desesperada galopada hacia el abismo parecen dispuestos a inmolarse, no sin antes prender fuego a Cataluña. La historia no les perdonará.

Son Puigdemont y sus aliados los que han provocado esta reacción traumática del Estado. Se empeñaron en conseguir el 155, y ya lo tienen. Rajoy se ha resistido a ello hasta el último día, porque es consciente de los enormes problemas que tendrá para llevarlo a la práctica. Y no digamos los socialistas, que en mes y medio han tenido que transitar del noesnoísmo, la plurinacionalidad y la alianza con Podemos al casamiento forzoso con la derecha para sostener al Estado. Me temo que difícilmente resistirán el tirón hasta el final (ayer ya comenzaron a romperse por el eslabón más sensible, el PSC).

Todo lo que se dijo que nunca ocurriría está ocurriendo, y ahora entramos en los días más peligrosos. Durante una semana, el Gobierno de Puigdemont mantendrá intacto su poder. Ya sabe lo que lo que le espera, y es capaz de cualquier cosa. Nos hemos cansado de confiar en que en algún momento tendrían un rapto de sensatez y darían un paso atrás, y ellos siempre han optado por la fuga hacia delante. ¿Por qué habrían de actuar de otra forma ahora, que ya tienen el precipicio a la vista?

Es seguro que cuando el próximo viernes el Senado apruebe la propuesta del Gobierno todo estará peor que hoy. En estos días asistiremos a una rebelión preventiva, que probablemente incluirá la formalización de la DUI en el Parlament, el blindaje de los mecanismos de control político de los Mossos d’Esquadra (sin descartar enfrentamientos entre cuerpos policiales), acciones de autosabotaje institucional en los organismos que el Estado se propone poner bajo su control y disturbios callejeros cada vez más próximos a la violencia.

Pasado ese momento, habrá llegado el de hacer operativas las exigentes medidas acordadas. La flecha está lanzada pero hacerla llegar a su destino será un infierno, ya lo verán. Primero, porque los cesados no abandonarán voluntariamente los cargos ni los despachos, habrá que sacarlos de ellos por las malas. Segundo, porque eso de gestionar Cataluña desde los ministerios es mucho más difícil hacerlo que decirlo: se trata de reorientar y hacer funcionar una maquinaria administrativa hostil, plagada de comisarios políticos, contaminada por un largo proceso de selección y depuración ideológica y adiestrada en el arte de desobedecer y burlar todo lo que proceda de Madrid.

¿Qué está dispuesto el Gobierno a hacer para conseguir que el 155 se aplique y no resulte en un nuevo fiasco como el del 1 de octubre? ¿Hasta dónde está preparado para llegar, y hasta cuándo seguirá contando con el apoyo de sus circunstanciales aliados políticos y con la cobertura de la justicia? El fracaso es un riesgo real, pero ya no puede ser una opción aceptable. No sin pagar el precio del descrédito definitivo del Estado de derecho y, probablemente, de caer en una nueva recesión económica, tan cruel como la anterior.

Luego está el asunto de las elecciones. Estoy deseando equivocarme pero pienso que responder a la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) con una CUE (Convocatoria Unilateral de Elecciones) es una pésima idea. Confiar en que de ahí nacerá la solución es una variante del pensamiento mágico , o si lo prefieren, la versión bondadosa de la posverdad.

El boicot a esas elecciones está asegurado. Los soberanistas, Colau incluida, jamás aceptarán como legítima una convocatoria realizada por “las fuerzas de ocupación” al amparo de una legislación de excepción que no admiten ni reconocen. Pueden ignorarla, lo que llevaría a una competición fantasmagórica entre Ciudadanos, el PSC y el PP, con una participación escuálida y un resultado inútil. O pueden contraatacar con su propia convocatoria electoral, contraponiendo las elecciones del 155 con las constituyentes de la República catalana. Así llegaríamos al absurdo perfecto: dos órdenes legales, dos elecciones paralelas, dos parlamentos y dos gobiernos. Eso no lo supera ni Maduro.

Cualquiera que conozca este tipo de conflictos sabe que las elecciones suceden después del acuerdo de paz, no en medio de la batalla; y que para servir de algo tiene que ser aceptadas por todas las partes. Si no es así, se convierten en un arma más de combate, gasolina para el incendio. Por no hablar del riesgo cierto de que, en el caso de participar, los independentistas las ganen y salgan fortalecidos.

Hará bien el presidente del Gobierno en resistirse cuanto pueda a la presión de sus socios para acelerar ese paso. Como mínimo, antes habrá que asegurarse de que la primera fase (control de la administración catalana, normalización institucional y restablecimiento de la legalidad) está completada, y analizar sus efectos.

En fin, más vale que nos vayamos acostumbrando a convivir con algunas ideas difíciles:
Que afrontamos un conflicto largo y tortuoso (no hablo de meses, sino de años), que probablemente incluirá brotes violentos.

Que ciertamente la prioridad es sofocar la rebelión y restablecer la autoridad del Estado democrático y el imperio de la ley, y eso hará inevitable el uso eficiente de la fuerza.

Que en su momento (nunca antes de haberse completado lo anterior) habrá que entrar en una negociación política que será larga y dura, uno de cuyos resultados deseables debería ser la convocatoria de unas elecciones aceptadas por todos.

Que no es razonable hacer recaer todo esto en un gobierno ultraminoritario, abrumado por su propia debilidad, con un PSOE que vive el apoyo como una condena de la que suspira por liberarse cuanto antes.

Pobre España. En los últimos diez años hemos encadenado una crisis económica destructiva, que ha arruinado la vida a una generación y empobrecido a todas; una crisis política con el funesto séquito de dos años de bloqueo; y ahora, esto: una crisis de convivencia en la que, como dice El Roto, lo único garantizado es el suministro de odio para una larga temporada.

Adolfo Suárez dijo al dimitir: “No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”. Hoy, algunos empezamos a albergar el temor de que las tres décadas prodigiosas vividas entre 1977 y 2007 resulten ser un paréntesis en la triste historia de España. Hay muchos empeñados en conseguirlo.

El 155 ahondará la fractura
José Antonio Sorolla cronicaglobal 22 Octubre 2017

Después de jugar a las cartas durante una semana, Mariano Rajoy destapó la jugada con la que llevaba días amenazando a Carles Puigdemont: la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las cartas de Puigdemont estaban marcadas por las falsedades que contenían --que si el pueblo catalán votó independencia más que el británico Brexit, por ejemplo-- y por los juegos de palabras mentirosos --ahora asumo, pero no voto; después valoro, pero no declaro--, por lo que la última misiva no fue tenida en cuenta dado que no expresaba la voluntad de restaurar la legalidad y el orden constitucional en Cataluña y el Gobierno prosiguió las trámites para poner en marcha el artículo 155.

No es en absoluto un 155 blando o suave, de minimos, como se había pronosticado, sino un 155 duro, y aun así es muy dudoso que sus previsiones sean fáciles de cumplir. El Gobierno y después el pleno del Senado destituirán a Puigdemont y a todo su Gobierno, recortarán importantes atribuciones del Parlament --proponer un president y votar la investidura, entre ellas-- y Rajoy convocará elecciones autonómicas en el plazo de seis meses.

Rajoy insistió en que no se suspende la autonomía ni el autogobierno, sino que se cesa a los gobernantes que los han puesto en peligro, pero la diferencia es tan sutil que será muy complicado explicarla en los medios internacionales, que inmediatamente han titulado con la suspensión de la autonomía. La razón para sostener que no se suspende la autonomía es que no se retiran las competencias ni vuelven al Estado, como ocurrió en el Ulster, donde, después de los acuerdos de Viernes Santo de 1998, Londres recuperó competencias hasta en cuatro ocasiones, la última durante cuatro años, entre 2002 y 2006.

Pero la autonomía quedará en meramente administrativa, ya que las competencias políticas serán ejercidas desde los ministerios de Madrid o mediante las personas designadas por los ministros. Esta situación afectará a organismos tan sensibles como los Mossos d’Esquadra o los medios públicos de comunicación (TV3 y Catalunya Ràdio).

Tiene razón Rajoy cuando dice que ha sido "muy prudente" antes de tomar una decisión que no deseaba, pero la tiene menos cuando desplaza toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido a las autoridades catalanas. Estas tienen mucha responsabilidad sobre todo en los últimos días, pero Rajoy la tiene también en los últimos años, cuando no se quiso afrontar el problema desde la política, además de desde la ley. Josep Piqué, exministro de José María Aznar y expresidente del PP catalán, acaba de admitir que los gobiernos españoles hace muchos años que no han hecho política para Cataluña.

Sea como sea, casi nadie se explica cómo hemos llegado hasta aquí. Rajoy ha reconocido indirectamente que no esperaba que los dirigentes independentistas fueran tan lejos, pero los bochornosos plenos del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre y la consideración como válido de un referéndum ilegal y fraudulento anticipaban ya que no habría límites. Por cierto, que los que se escandalizaban cuando lo ocurrido esos días en el Parlament era calificado por algunos como "golpe de Estado", han acudido raudos a utilizar ese mismo calificativo para las medidas del artículo 155.

Y así, golpe a golpe, vamos a llegar al enfrentamiento total, si, en un acto de lucidez in extremis, Puigdemont no lo evita convocando unas elecciones con las atribuciones de que goza al menos hasta el viernes de esta semana. Probablemente no lo hará --anoche solo anunció una sesión del Parlament-- porque en esta carrera de despropósitos cuenta más no pasar por traidor que hacerlo por sensato. El president y quienes le rodean siguen instalados en el discurso falaz de que tienen el mandato del pueblo, de que la presunta mayoría en el referéndum del 1-O les autoriza para declarar la independencia y de que el Estado solo sabe ejercer la "represión contra Cataluña". Una represión a la que se aplica un doble rasero porque los detenidos por bloquear el Parlament en el 2011, para quienes la Generalitat pidió penas de prisión, no eran "presos políticos", como ahora Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El entonces president Artur Mas llegó a justificar “el uso de la fuerza” de la democracia contra los revoltosos.

Otra de las razones que los independentistas aducen para que Puigdemont no ceda es que sería humillarse y aceptar la rendición que exige el Gobierno de Rajoy. No se dan cuenta de que solo puede hablar de evitar la humillación y la rendición alguien que ya se siente interiormente derrotado.

Las duras medidas del 155, que algunos constitucionalistas cuestionan si están ajustadas a la Carta Magna, aunque ese artículo es un territorio ignoto, pueden provocar la derrota del soberanismo a corto plazo, pese a la enorme dificultad que se encontrará Rajoy para aplicarlas y a las reacciones que se pueden producir en las calles y en una parte de la sociedad catalana. Es harto dudoso que unas elecciones en seis meses y en unas condiciones de rebeldía del electorado secesionista puedan servir para normalizar la situación, como pretende Rajoy. La realidad es que entramos en una dimensión desconocida, en la que los acontecimientos son imprevisibles y en la que solo puede ahondarse aún más la fractura entre una parte de Cataluña y el resto de España.

Golpe por correspondencia
Alejo Vidal-Quadras vozpopuli.es 22 Octubre 2017

Jamás en la historia de los golpes de Estado se ha visto uno realizado con mayor lentitud que el que los separatistas catalanes pusieron en marcha hace más de un año. En justa correspondencia, el Gobierno legítimo del Estado contra el que se perpetra la rebelión ha actuado y actúa para sofocarlo con la velocidad de una tortuga aquejada de reumatismo. La explicación de tanta parsimonia radica en que ni el alzado contra la legalidad, el ínclito Puigdemont, quiere en realidad declarar la independencia de Cataluña, ni al encargado de evitarla, el impávido Rajoy, le apetece demasiado cumplir con su deber de preservar la legalidad. El último episodio de este paso a dos interminable es un cruce de cartas en el que ambos practican un porfiado diálogo entre sordos.

Sin embargo, el cuadro tiene un dibujo claro. Un gobierno de una Comunidad Autónoma y una estrecha mayoría de su parlamento se han declarado en desobediencia al Estado y han proclamado la independencia del territorio sobre el que tienen competencias mediante la aprobación de una serie de leyes inconstitucionales, debidamente anuladas por el Supremo Intérprete de nuestra Ley de leyes. Este ataque a la autoridad legítima del Estado y a la existencia misma de la Nación está siendo acompañado de la movilización violenta de centenares de miles de personas encuadradas en partidos y asociaciones separatistas que impiden con su presencia masiva y levantisca en la calle el cumplimiento de las sentencias judiciales y coaccionan, insultan y amenazan a las fuerzas de seguridad nacionales que cumplen con su deber. Resumiendo, nos encontramos ante un golpe de Estado que pretende por la fuerza y en contra del ordenamiento legal vigente liquidar el marco democrático de derechos y libertades de todos los españoles y de los residentes en Cataluña en particular para reemplazarlo por un régimen supremacista, colectivista y totalitario.

A partir de aquí, se trata en el muy corto plazo de una cuestión básicamente técnica que se encuentra desarrollada en los manuales de lucha anti-subversiva que analizan cómo abortar un golpe de carácter revolucionario contra un Gobierno legítimo. Por si al equipo que en La Moncloa maneja este asunto le pudiese resultar de alguna utilidad, es procedente enunciar algunas obviedades que sorprendentemente nuestro poder ejecutivo parece desconocer.

Lo primero es proteger los medios y recursos propios del Estado y los centros neurálgicos en Cataluña. Las FCSE han de desplegarse blindando aeropuertos, estaciones ferroviarias, puertos, puestos fronterizos, centrales de generación de energía, sedes judiciales, oficinas de la Seguridad Social, dependencias de la Agenda Tributaria, Delegación y Subdelegaciones del Gobierno, para impedir que sean ocupadas por los separatistas, Desalojarlos una vez se hayan apoderado físicamente de estas instalaciones vitales es muy difícil, tal como quedó demostrado el 1 de octubre, por lo que la anticipación es clave.

Lo segundo, y en paralelo con lo anterior, es privar a los golpistas de los instrumentos que les faciliten la realización del golpe. Esta operación requiere la toma de control por parte del Estado de los órganos de gobierno y administración de la Generalitat y de los medios de comunicación de los que es titular en aplicación de la correspondiente previsión constitucional. Como el procedimiento a seguir puede durar días y dado que al enfrentarse a un golpe la velocidad es esencial y el dominio del territorio indispensable, es aconsejable activar sin demora por decreto la Ley de Seguridad Nacional y poner al frente de los 17.000 Mossos d´Esquadra a un alto cargo del Ministerio del Interior, especialmente si se tiene en cuenta que su mando de mayor rango está procesado y sujeto a medidas cautelares por la Audiencia Nacional.

Lo tercero, y simultáneo a las dos líneas de actuación anteriores, es que la Fiscalía presente acusación ante la jurisdicción correspondiente por los delitos de desobediencia, rebelión, sedición, malversación y prevaricación, contra los cabecillas del golpe, desde el Presidente de la Generalitat a la Presidenta del parlamento autonómico, pasando por el vicepresidente del Gobierno catalán y el consejero de Interior, tal como se ha llevado ya a cabo con los sediciosos presidentes del Omnium Cultural y de la Asamblea Nacional de Cataluña. Obviamente, en el transcurso de la comparecencia de los golpistas ante el juez, la Fiscalía ha de pedir las medidas cautelares más severas previstas para los delitos que se hayan cometido en cada caso, sin excluir por supuesto la prisión preventiva.

Como es lógico en un golpe de carácter revolucionario impulsado por movimientos extremistas, todas las acciones de las autoridades legítimas del Estado para restablecer la legalidad tendrán como respuesta la algarada callejera"

Como es lógico y habitual en un golpe de carácter revolucionario impulsado por movimientos extremistas, todas las acciones de las autoridades legítimas del Estado para restablecer la legalidad conculcada tendrán como respuesta la algarada callejera -els carrers són nostres, es uno de los lemas de la CUP- y el enfrentamiento con las fuerzas del orden con un nivel de agresividad que puede ir desde la mera resistencia pasiva con bloqueo de vías de comunicación al lanzamiento de objetos contundentes, apaleamiento de policías y guardias civiles, destrucción de mobiliario urbano y de vehículos y recurso a los cócteles molotov. Si los muchos miles de catalanes que desean seguir siendo españoles se manifiestan a su vez en oposición a los golpistas no hay que descartar choques entre grupos de ciudadanos con contusionados o heridos de diversa gravedad, pudiendo producirse incluso víctimas mortales. El propósito de sumir a Cataluña en el caos es amedrentar al Gobierno, atemorizar a los catalanes defensores de la legalidad y provocar la intervención de instancias internacionales que medien entre dos partes, consagradas así como iguales.

En esta fase de la lucha contra el golpe, la ecuación es simple. Gana el que pone más fuerza, determinación, resistencia y coraje en el empeño, en otras palabras, el que recurre a mayor capacidad disuasoria y demuestra mayor voluntad de victoria. El que flaquee, busque negociar, se acompleje o se deje poseer por el miedo, perderá.

El tiempo juega a favor del Gobierno si sabe mantener la serenidad y la firmeza. La sociedad catalana disfruta de una elevada renta per cápita y, excepción hecha de cortos períodos de exaltación, no se distingue por su belicosidad. Tras unos días de fervor desatado, los niños han de ir al colegio, hay que levantar la persiana de la tienda, hay que atender a los clientes de la empresa, hay que acudir al trabajo para cobrar el sueldo y hay que garantizar la propiedad. Por consiguiente, si las autoridades legítimas del Estado aguantan el tirón, en una o dos semanas a lo sumo la tormenta amainará y volverá la calma. El punto álgido de la enfermedad habrá pasado y empezará la recuperación.

Como parece que la fase de intercambio epistolar ya está agotada y se va a iniciar la de la aplicación del artículo 155 con igual celeridad que la aplicada a todo lo que se ha hecho hasta hoy, las recomendaciones anteriores ayudarían, en el improbable caso de que fueran seguidas, a despejar de una vez el horizonte y proporcionar tranquilidad y certidumbre a los muchos miles de catalanes que viven angustiados ante un futuro que ni desean ni alcanzan a adivinar.

En la frontera misma de lo irreversible
FRANCISCO ROSELL El Mundo 22 Octubre 2017

En alguna ocasión, Tony Blair, forzado a suspender la autonomía de Irlanda del Norte cuatro años, ha referido que, como primer ministro, aprendió que lo laborioso no era tomar una decisión, sino acertar con el momento. No parece ésa la circunstancia de Rajoy. Pese a que su carácter le lleva a dejar que el tiempo haga el trabajo que le corresponde a él, al aguardo de que sus rivales cometan un error, el golpe de Estado a cámara lenta del independentismo catalán amenazaba con arrollarlo y llevárselo por delante junto a la nación entera. Ante la ofensa constante al Estado, Rajoy se encontraba en posición desairada de ser, a ojos vista, un presidente dimitido de sus deberes.


No era para menos observando cómo el Estado era maniatado de pies y manos, impotente cual Gulliver con los enanos, por un independentismo que aprovechaba su irresolución para dominar la partida. Así, después de semanas de dudas y más dudas desde que apuntó la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno, con la inestimable asistencia de PSOE y Ciudadanos, no ha parido un ratón con el que entretener a los españoles, mientras los cabecillas de la asonada, el dúo Puigdemont-Junqueras, aplazaban sus ambiciones quiméricas de proclamar ya la secesión por otra a plazos y con los intereses de demora a cargo del erario.

De haber puesto en marcha un inane artículo 155 de mínimos y ejecutado de manera apocada, ese Estado menguante hasta la conmiseración evocaría a aquel ratón que se asustó tanto que se fue en busca del gato. Mendigando su amor, hizo dichoso a un risueño felino que se dio un placentero festín a su costa. Era de maliciar después de los mil y un plazos dados por Rajoy, atento a cualquier excusa para no activar un instrumento que, copiado de la Constitución alemana, garantiza el cumplimiento de la Carta Magna. No se conocía un ultimátum más demorado.

Al modo de las tiendas de ultramarinos de la España de la postguerra, en las que el papel estraza servía para envolver comestibles y anotar deudas, en las que figuraba un cartel espanta morosos con el Hoy no se fía, mañana sí, Rajoy aparentaba haber hecho divisa de ello. Pero, con ser desesperante, lo era más que implorase a los sediciosos que no le apuraran a emplear la Constitución y que se autoindultaran convocando unos comicios que les absolvieran de sus pecados. Aunque fuera con la intención de cargarse de razón, resultaba patética su mendicante postura ante quienes habían rebasado la raya de la deserción a un punto casi irreversible. Como advierte Gracián en El arte de la prudencia, "menos daña la mala ejecución que la falta de decisión".

Es difícil no ver reflejada esa indefensión en el "terror y humillación" que sintió la secretaria judicial que escapó por la azotea tras permanecer todo un día cercada en la Consejería de Economía de la Generalitat a donde había acudido para un registro del Juzgado. Un secuestro al Estado, teniendo como rehén a esta secretaria judicial, y a una autonomía que han usado para construir una estructura precisamente de Estado y adoctrinar a sus ciudadanos en el odio a esa España que sufraga a quienes cavan su sepultura. No cabe mayor iniquidad que ceder a ese chantaje por medio de un golpe de Estado de larga preparación sin que los encargados de preservar el orden constitucional y la unidad de España dieran muestras de atender a sus altas responsabilidades.

A ello ha coadyuvado esa izquierda reaccionaria que, de la mano de un sobrevenido antifranquismo, abona una nueva leyenda negra sobre España. Ello dibuja una realidad sobrecogedora que nada tiene que ver con los hechos. Prefigura lo que sería este país en sus manos. A diferencia de esos estafados empresarios capaces de sentar en el banquillo y lograr condenar a los desaprensivos que urdieron intoxicaciones para tener vacaciones «gratis total» en España, el Gobierno ha tolerado hasta el delirio que prosperen operaciones de manipulación de la opinión pública mundial. Menos mal que han salido al rescate los jefes de Estado de las grandes potencias y las autoridades europeas de la manera tan valiosa que lo hizo el tridente Tajani, Juncker y Tusk en la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Todos ellos parecen partícipes de aquella oración laica que John Donne escribió en 1624 y que Hemingway adoptó para su novela sobre la Guerra Civil española: "Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti". ¿A quién escapa que el suicidio de Cataluña sería el de España y, por ende, el de Europa?

Con la connivencia estúpida, ora el Tribunal Constitucional, ora los distintos inquilinos del Palacio de la Moncloa, empeñados en no ver cosas que ocurrían literalmente delante de sus narices y que hipotecaban el futuro de España, el nacionalismo ha gozado de indulgencia plena. Ello sin que haya experimentado la sensación del gato que, como apreció Mark Twain, se sentó una vez en una estufa caliente. Desde ese momento, no sólo no volvió a hacerlo, sino que también evitó las frías.

Exentos de cumplir norma alguna, han prodigado esa deslealtad institucional consustancial al nacionalismo. Su preocupación por "la gobernabilidad del Estado" fue un subterfugio para quebrar España. Ese aparente interés general, que tan buenos titulares de prensa le cosechó, fue siempre a costa de onerosos reembolsos del Estado. Ello no fue óbice para lanzar el nauseabundo España nos roba. Asimismo, el mercadeo de transferencias sirvió para la expulsión práctica del Estado y para valerse de esas competencias delegadas, como educación, orden público y medios de comunicación, para sembrar el odio y desgarrar la convivencia.

A ese catalán que definía Pla como "un ser que se ha pasado la vida siendo español y al que le dicen que tiene que ser otra cosa", se le ha obligado a elegir una parte de sí. Ello ha desembocado en un proyecto totalitario que arranca casi desde la cuna en colegios y asociaciones. España no se entiende sin Cataluña, ni viceversa, por mucha interpretación falsaria de la historia que se pretenda. No por casualidad el patronímico español, de origen lemosín, denominaba en el sur de Francia a los cristianos que, aquende los Pirineos, habitaban la Marca Hispánica Carolingia que abarca territorialmente a la actual Cataluña.

Frente a quienes dicen que hay que hacer decidir al pueblo, pero que lo que aspiran es a condicionar a ese pueblo para ser ellos quienes decidan, es largo y trabajoso hacerse razonar y convencer, como decía Ramón y Cajal, por cuanto sugestionar es justo lo contrario: rápido y barato. Pero es verdad que el Gobierno no ha dado la batalla. Es más. Después de que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría emulara a Cicerón en su ácida diatriba contra Catilina: «Quousque tándem, Puigdemont, abutere patientia nostra?» («¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia Puigdemont?»), lanzada para debelar la conspiración de quien quiso elevarse al rango de príncipe senatorial, la percepción era que Catilina Puigdemont, no sólo consumaba su asalto contra el Estado, sino que encima le pedía explicaciones. Es lo que ocurre cuando, como Cicerón subraya en otra catilinaria, hay «quienes no ven los peligros inminentes, o viéndolos, hacen como si no los viesen».

Si Lincoln supo afrontar la posible secesión del sur, esclavista, sobre la idea de que «una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse», porque un Gobierno no puede perdurar, permanentemente, mitad esclavo, mitad libre, nadie debiera olvidar -del Rey abajo todos- que, como lloró Lincoln en su Discurso de Gettysburg, cementerio de muchos caídos de su guerra civil: "Resolvamos aquí, firmemente, que estos muertos no habrán dado su vida en vano. Que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad. Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra". Un humillado Gulliver parece haberse percatado de ello en la frontera misma de lo irreversible.

Independencia de Cataluña
TV3: “¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever?”
Rubén Arranz. vozpopuli 22 Octubre 2017

Los funcionarios del ministerio que asuman la tutela de TV3 se enfrentarán a una redacción que durante tres décadas ha estado gobernada por ERC. El riesgo de que se produzca una movilización como la que tuvo lugar en la televisión pública griega es alto.

“¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever?”. La frase la pronunció José María Aznar el día que se imprimió el último ejemplar del diario Egin, órgano de expresión y plataforma de propaganda para la izquierda abertzale, cómplice en aquellos años finales del siglo XX del terrorismo de ETA. Aznar hizo gala de la fanfarronería típica de los mandatarios que necesitan exhibir músculo para amedrentar a sus enemigos o para espantar a sus fantasmas. Una actitud diametralmente contraria a la que ha adoptado este sábado Mariano Rajoy cuando, con tono comedido -y con la boca pequeña-, ha sugerido que el Gobierno tomará próximamente el control de TV3.

Desde luego, nunca es una buena noticia que una Administración se adentre en terrenos que no le corresponden dentro un medio de comunicación, pues ese tipo de decisiones suelen producirse en donde la democracia ha enfermado o ha sufrido un duro ataque. Así ha ocurrido en Cataluña, donde sus dirigentes se mueven desde hace varias semanas al margen de la ley y han convertido a la radio-televisión pública en el principal órgano de difusión del insidioso catecismo independentista.

No es España, precisamente, un país que pueda presumir de disponer de unos medios públicos plurales e imparciales. Todo lo contrario. La televisión estatal y las autonómicas han sido históricamente un ministerio más. Siempre del lado de quien paga, siempre en contra de la oposición. Sus dirigentes -elegidos a dedo- han prevaricado con total impunidad y han derrochado cientos de millones de euros en informativos sesgados y prescindibles. Pero TV3 ha ido varios pasos más allá. Este canal hace tiempo que rompió la baraja y se convirtió en el ariete utilizado por los independentistas para resquebrajar el Estado.

Periodistas como Mónica Terribas -antes en TV3, ahora en Catalunya Ràdio- se han entregado de forma obscena a la causa secesionista. El pasado 22 de septiembre, la presentadora de El Matí hizo un llamamiento a sus oyentes para que ayudaran a localizar a los policías que formaban parte del dispositivo desplegado para impedir la celebración del referéndum del 1-O. Cada día, desde el inicio del procés, sus micrófonos han estado a la entera disposición de esa cohorte de políticos y opinadores que han llenado sus bolsillos con un discurso fundamentado en el odio a lo español. Argumentos destructivos y una Generalitat extremadamente generosa con los hispanófobos.
Artículo 155: una tarea compleja en TV3

La tarea que asumirá el Gobierno una vez reciba el plácet del Senado para aplicar el artículo 155 será ardua, puesto que las medidas coercitivas chocarán con una parte de la sociedad que se encuentra muy movilizada. Dentro y fuera de la Administración. Los funcionarios del ministerio que asuman la tutela de TV3 se enfrentarán a una redacción que durante tres décadas ha estado gobernada por ERC. Fuentes de este medio de comunicación alertaban este sábado, tras la intervención de Rajoy, de la posibilidad de que se produzcan boicots y huelgas 'a la griega' que podrían conllevar que esta televisión “se vaya a negro”.

Conviene tener presente que en este medio de comunicación se consideran lícitas actuaciones que han tenido el mismo efecto sobre la convivencia que una bomba de racimo. Tertulianos que insultan a los votantes del PP y de Ciudadanos, una escritora que prende fuego a un ejemplar de la Constitución, un corresponsal que, en una conexión, aparece dando botes sobre un vehículo de la Guardia Civil; o unos periodistas que elaboran un informativo para niños en el que definen como héroes a quienes organizaron el referéndum ilegal y como villanos a quienes trabajaron para impedir su celebración.

Corea del Norte. A un lado, los líderes. Al otro, los 'yanquis'. Los malos. Maniqueísmo atroz que durante los últimos años ha formado parte del menú diario que se servía en los hogares catalanes.

La aplicación del artículo 155 sobre la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) probablemente implique el cese -o la dimisión- de los dirigentes de TV3, con Vicente Sanchís a la cabeza. El biógrafo de Lluis Prenafeta, mano derecha de Jordi Pujol.

Ya lo contaba este periódico en un artículo anterior. Desde que el Parlament aprobó la declaración de desconexión en noviembre de 2015, los noticiarios de TV3 han dedicado más del doble de tiempo a hablar de la aventura soberanista que a informar de todos los casos de corrupción que han estado de actualidad. Síntoma inequívoco de la enfermedad contagiosa que surgió en el Palacio de Sant Jaume y que ha sido contraída por una parte de la sociedad catalana. La enfermedad del nacionalismo más delirante.

La cabra tira al monte
Alfonso Rojo: "Por dura y delicada que sea la tarea, hay que ir a la raíz en Cataluña y controlar Educación"
ALFONSO ROJO Periodista Digital 22 Octubre 2017

Suena frívolo, porque vivimos tiempos turbulentos, pero la jornada de ayer resultó muy divertida.

El clímax llegó con la aparición de Mariano Rajoy, justo tras el Consejo de Ministros, para anunciar que no se suspende la autonomía de Cataluña, pero serán cesados Puigdemont, Junqueras y todos los consejeros.

También que se limitan competencias al Parlamento catalán, el Ministerio del Interior asumirá el control de los Mossos, se meterá en vereda a TV3 y convocarán elecciones autonómicas en seis meses.

Sonó el teléfono y era Rubén Múgica, desde Bilbao, para decirme emocionado que vivíamos un día histórico, un golpe a esa ideología venenosa que es el nacionalismo identitario y el fin de la estafa del mal llamado ‘derecho a decidir'.

Rubén, al que me une una profunda amistad desde que los terroristas etarras asesinaron a su padre, vaticinó que la semana que viene veremos como desfilan por el banquillo los que prevaricaron desviando dinero público al ‘procés', los que perpetraron delitos de odio acosando a niños por hablar español y ser hijos de guardia civil, los que desobedecieron a los jueces, los que se pasaron por la entrepierna la Constitución española...

A esas alturas, ya me había pegado una panzada de reír, leyendo un tuit de una diputada de la CUP proponiendo que el Govern pase a Perpignan y organice desde allí la ‘resistencia'.

Como no hay fiesta sin música, no tardaron en aparecen los mariachis de Podemos confesando sentirse en shock, acompañados por un cariacontecido Gabriel Rufián, quien soltó que esta generación ya tiene su 23F.

No existe democracia sin ley y la inmensa mayoría de los españoles, incluyendo por lo menos a la mitad de los catalanes, llevábamos mes y medio clamando por algo como lo que este 21 de octubre de 2017 escenificó Rajoy.

Hizo bien el presidente en enfatizar que el 155 ni era el deseo ni la intención del Gobierno, pero se han acabado las pamplinas.

Por dura y delicada que sea la tarea, por muchas reticencias que ponga ese PSOE que hoy apoya sin fisuras pero anteayer consideraba anatema aplicar la Constitución, por muchas pavadas que digan los corresponsales extranjeros y la ‘quinta columna' mediática nacional, esto no se puede zanjar con la jubilación política de Puigdemont y su cuadrilla, acompañada de unos retoques cosméticos en los Mossos y TV3. La cabra tira al monte y volveríamos pronto a las andadas.

Hay que ir a la raíz y eso exige cambios profundos, especialmente en Educación. Será sencillo si ganan las próximas elecciones autonómicas los no nacionalistas, pero incluso si no es así, el Gobierno de España tiene la obligación moral de lograrlo.

Miedo nos da. ¿Un Art.º 155 descafeinado?
¿Se pretende restaurar la legalidad en Cataluña o salir del paso con el menor coste político?
Miguel Massanet diariosigloxxi 22 Octubre 2017

Cuando un gobierno empieza a dar muestras de debilidad, prolonga innecesariamente una situación de extrema gravedad y empieza a ir a remolque de acuerdos, convenios u otra clase de componendas, en un intento baldío de desviar una situación embarazosa a la que, al parecer, es incapaz de ponerle remedio; es cuando, señores, los ciudadanos empezamos a temblar, a preocuparnos seriamente y lo que, posiblemente, todavía es peor, a recordar.

A recordar situaciones de nuestra niñez que, en aquellos momentos, no supimos valorar en toda su extensión pero que, durante los siguientes años después de la finalización de la Guerra Civil española, en plena crisis de la postguerra con todas sus consecuencias de escasez de alimentos, de falta de combustibles y de pobreza, fuimos capaces de ir entendiendo hasta que llegamos a la conclusión de que la paz no tiene precio y que los enfrentamientos entre miembros de una misma nación pueden ser lo peor que le puede suceder a una nación civilizada, porque sus consecuencias, a diferencia de lo que suele ocurrir en los enfrentamientos bélicos con otros países, no se extinguen con la finalización de la contiendo sino que perduran, enquistados, como grabados a fuego, en los corazones de aquellos que, de una forma u otra, han salido perjudicados por haber sido los perdedores o han sido víctimas de la crueldad que siempre suele existir en cualquier enfrentamiento entre personas de la misma sangre y parecidas costumbres.

Ha sido evidente que, en este enfrentamiento de años que viene existiendo entre Cataluña y quienes sostienen que ha sido perjudicada en sus relaciones con el resto de España y el mismo Estado español, partidarios de la independencia de esta autonomía del levante de España y, el Gobierno y el resto de ciudadanos que, tanto en el resto de comunidades españolas como en la misma Cataluña, siguen pensando que, sin renunciar a sus orígenes, se consideran españoles y miembros solidarios con el resto de ciudadanos del resto de la patria común, España; se han cometido muchos errores, se han barajado medidas que han carecido de efectividad y ha existido una evidente falta de comunicación entre nacionalistas catalanes y nacionalistas españoles, así como una evidente negligencia, por parte del gobierno Central, en cuanto a tener debidamente informados, adecuadamente aleccionados y convenientemente enterados de aquellas materias que les han afectado y que han sido utilizadas, tanto por las izquierdas extremistas como por los mismo dirigente nacionalistas y separatistas, especialmente en el caso catalán, para lanzar una propaganda cargada de inexactitudes, de engaños y malévolas acusaciones contra el Gobierno que, incomprensiblemente, se ha mantenido distante, inoperante y, evidentemente, mal informado y asesorado, al permitir que, durante años, esta propaganda espuria se fuera convirtiendo en la única fuente de información de la que han dispuesto todos aquellos que han acabado por aceptarla como verdadera.

Ahora todo esto es mera historia y, la realidad del momento actual es la que es y ya no valen componendas, miradas hacia otro lado o inhibiciones que es evidente que ya no conducen a ningún sitio cuando las espadas están en alto y el prestigio de cada una de las partes, Estado y separatistas catalanes, está en juego de tal modo que, el primero que flaquee, será el que tenga la batalla perdida. Habiendo vencido, en la ofensiva propagandística y en la captación de nuevos miembros adeptos a la independencia de Cataluña, los partidos separatistas que, en una coalición que podríamos calificar de contra natura, por la amalgama de ideas de derechas, izquierdas, separatistas y comunistas extremas, que se han confabulado para intentar la ruptura con España al Gobierno, que siempre ha ido a remolque de los desafíos catalanistas, ya no le queda otra opción que utilizar los triunfos que le quedan y, aun así, se ve constreñido por su debilidad ( gobierna en minoría) a aceptar las condiciones que le imponen los partidos de la oposición, en especial los socialistas del señor P.Sánchez y los Ciudadanos del A.Rivera que, aunque aparentemente se han constituido en aliados en defensa de la Constitución y partidarios ( unos más y otros menos) de la aplicación del Art.º 155 de la Constitución española en el caso de la sublevación catalana, no hay duda de que en cuanto a la forma y las consecuencias de su utilización existen distintas sensibilidades según los intereses personales y partidistas de los señores Sánchez y Rivera; una circunstancia que conociendo el “galleguismo” del señor Rajoy, puede acabar con que toda la pólvora que se vaya a emplear para solucionar el conflicto catalán acabe estando mojada.

¿Cómo se entiende que, a estas alturas, el Gobierno haya dado una serie de plazos absurdos para que el señor Puigdemont y sus adláteres rectifiquen su seudo declaración de independencia?, prolongando la puesta en marcha de una acción interventora que ya hace más de un mes, cuando la declaración del Parlament catalá promulgó las leyes del referéndum catalán y la de interinidad, debería de haberse puesto en marcha. ¿A qué se ha debido que, la convocatoria del Consejo de Ministros sea para el sábado próximo, si ya debieran de haberlo convocado para el mismo jueves fecha en la que finalizaba el plazo para que Puigdemont contestara al requerimiento que se le hizo desde el Ejecutivo? El peligro de que se pudiera dar alguna contingencia que favoreciera a alguna de las partes, durante estos retrasos, sin duda alguna, se inclinaría a favor del separatismo ya que, Europa, ha sido contundente en su apoyo a la Constitución española. Cuanto más se retrase más favorece a aquellos que confían que la izquierda europea consiga introducir algún elemento discordante que pudiera favorecer los intereses de los secesionistas españoles o, mejor dicho, catalanes.

La ñoñería de siempre, la falta de seguridad, la pretensión de no correr ningún riesgo y la evidente intención de aplicar una mera apariencia, apenas un atisbo de las posibilidades que ofrece la Constitución española con su artículo 155, parece que se ha apoderado de nuestro Gobierno, que en estas últimas horas, desde la aparición del señor Rajoy para dar una nueva rueda de prensa de la que nadie ha quedado satisfecho debido a que se esperaban detalles más concretos de las medidas que se iban a implantar algo que, evidentemente, no ha tenido lugar.

No ha bastado la magna manifestación de ciudadanos catalanes que fueron capaces de vencer su temor ante las izquierdas, para salir en multitud a hondear banderas españolas y a gritar que no tenían miedo a quienes intentaban constituirse en representantes de todos los catalanes cuando, en realidad, más de la mitad de ellos siguen siendo españoles y catalanes y, de ninguna manera, están dispuestos a que Cataluña se declare independiente. No ha bastado tener a los jueces, los fiscales, las fuerzas del orden (Guardia Civil y Policía Nacional), la mayoría de los ciudadanos españoles y la Constitución de su parte para que el timorato de Rajoy, haya dado una demostración de la fuerza del Estado empezando por cerrar medios de comunicación que por su forma de actuar se han convertido en verdaderos impulsores de las acciones organizadas de las manifestaciones, obstrucciones al desempeño de las órdenes judiciales etc. La asunción, por parte de los mandos designados por el Estado del mando de los mossos de escuadra; y el arresto domiciliario de todos aquellos cabecillas fichados, conocidos como promotores de alteraciones de orden público o algaradas callejeras, hasta que la situación en toda Cataluña se hubiera normalizado.

Mucho nos tememos que, cuando se ha producido una circunstancia complicada, peligrosa pero propicia para dejar desactivado por muchos años el activismo separatista en Cataluña, por la falta de energía, este miedo del que tantas veces ha dado muestras, durante la pasada legislatura, el gobierno del señor Rajoy; una vez más se opte por dejar pasar la ocasión y todo se limite a una representación cara a la galería que, en definitiva,`` deje las cosas tal y como están aunque, en apariencia, se pudiera llegar a un determinado acuerdo que, por supuesto, no consiste en esta solución milagrosa que parece contentar a todos, limitada a la convocatoria de unas nuevas elecciones en Cataluña ( quizá para el mes de enero o junio del año próximo); algo que, evidentemente, pudiera conducir a situaciones muy embarazosas, cuando es evidente que, estos separatistas, con dos millones de imaginarios votos a su favor, en una chapuza de referendo, caracterizado por su falta de control, sus votaciones ilegales y carentes de garantías y las múltiples anomalías que las cámaras televisivas nos dieron a conocer, han tenido la cara dura de atribuirse una victoria del “sí”, olvidándose de que todo el proceso había sido declarado ilegal por el TC.

Imaginemos que unas elecciones catalanas, llevadas a efecto con todos los requisitos de la Ley y con la bendición de todos los partidos políticos, pudieran dar unos resultados ajustados entre nacionalistas y no nacionalistas o una cierta ventaja para el nacionalismo ¿A dónde nos iba a conducir? Se ha de dar un plazo para que el pueblo catalán pueda entender lo que se está jugando y, el Gobierno, pudiera aprovechar este tiempo para explicar,11 con todo detalle y con un lujo de información, las nefastas consecuencias que, para los catalanes y Cataluña, comportaría su separación de España. Consideramos que la precipitación en convocar unos nuevos comicios podría volver a crear momentos de tensión como los actuales sólo que, en el supuesto de unas elecciones convocadas legalmente, sería más difícil explicar al resto de naciones una negativa a considerar el problema catalán.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos acongojados como una oportunidad de oro de poner freno al nacionalismo catalán puede irse al garete.

INCREMENTO DE CASOS EN BALEARES
25 denuncias de adoctrinamiento en Cataluña que desmienten al PP
Rosalina Moreno gaceta.es 22 Octubre 2017

La Gaceta conversa con el responsable de estudios Convivencia Cívica Catalana sobre esta lacra que el PP no ve y dice que son sólo ‘casos aislados’.

El separatismo lleva 35 años utilizando las aulas para adoctrinar en el odio a España, y su resultado lo hemos visto en las semanas previas al referéndum ilegal del 1-0 y con motivo del encarcelamiento de ‘los Jordis’. Sin embargo, para el PP se trata de “casos aislados” y los inspectores de Educación de Barcelona han salido esta semana negando categóricamente que en las escuelas catalanas “se adoctrine” a los alumnos. 36 de los 37 que hay desmienten que esto ocurra.

Que son casos aislados lo ha dicho la diputada popular Elena Bastidas, que ha saltado a la plana nacional este pasado martes al erigirse como la portavoz del partido en el debate sobre el adoctrinamiento que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados.

Pero si los libros de texto dan a entender que Cataluña es otro país de la UE, sostienen que el Estatut está por encima de todas las leyes y hablan de una inexistente ‘Corona catalanoaragonesa’. Además, las fachadas de algunos colegios lucen con orgullo la estelada y en los patios se ha dado la orden de “aquí juguem en català”. Aquí tiene un informe de Societat Civil Catalana de este pasado mayo, titulado Déficits de calidad democrática en Cataluña, con numerosas muestras de adoctrinamiento.

“El aleccionamiento nacionalista se realiza en tres direcciones: una dirigida al objeto de estudio en sí; otra dirigida al entorno escolar que afecta a los símbolos, carteles, mensajes que el niño ve y que, por el hecho de presidir ese medio, reconoce como propios, verdaderos y habituales; y, por último, la injerencia dirigida a protagonizar actividades académicas, culturales y lúdicas”, destaca esta plataforma.

“En absoluto se trata de casos aislados, sino de una estrategia perfectamente diseñada por el nacionalismo catalán desde hace 40 años, desde los tiempos de Jordi Pujol”, ha manifestado a La Gaceta Jesús Sanz, responsable de estudios de Convivencia Cívica Catalana, una plataforma que desde su constitución en febrero de 1998 ha desarrollado una intensa labor ante los Tribunales para defender la libertad lingüística, “vulnerada por los sucesivos gobiernos autonómicos, impugnando todos y cada uno de los reglamentos de desarrollo de la Ley de Política Lingüística”.

“Digámoslo claramente: en muchas de las escuelas catalanas no se enseña a pensar, sino que se enseña a qué pensar. Es decir, no se trata de formar individuos libres que formen sus propias opiniones, sino de individuos que sigan unas determinadas consignas ideológicas”, subraya este portavoz de Convivencia Cívica, y destaca que “el adoctrinamiento en las escuelas catalanas no es un asunto que pueda menospreciarse o relativizarse, sino que debe ser abordado como un tema fundamental en la lucha contra el separatismo catalán”.
25 denuncias de adoctrinamiento político escolar

El sindicato de profesores AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria) ha lanzado este jueves un dossier con 25 denuncias de adoctrinamiento político escolar recogidos por los medios de comunicación.

Esta es la recopilación de AMES, ordenado por orden cronológicos:
25.- Concentración en el patio del Instituto el 17 de octubre de 2017 a las 12h en protesta por la detención de ‘los Jordis’, sin tener en cuenta las opiniones de los alumnos y / o de sus padres y presionando al profesorado que podría pasar a una lista negra. El escrito enviado a muchos institutos. El cartel.

24.- “Soy inspector de Barcelona y sí, se adoctrina en los colegios”. El Mundo 16/10/2017.
23.- Álbum fotográfico ‘adoctrinamiento en escuelas’, 1300 imágenes relacionadas con propaganda secesionista o antisistema en centros escolares en Cataluña. elcatalan.es 15/10/2017.

22.- Los niños del castellano catean el doble que los catalanoparlantes. El Mundo 14/10/2017.
21.- Toni Cantó. Interpelación sobre adoctrinamiento ideológico en centros educativos (Vídeo 12 minutos). Congreso Diputados 11/10/2017 (Acceso al vídeo).

20.- “Niños, hoy no damos Matemáticas, daremos ‘Infocat'”. El Mundo 11/10/2017.
19.- Ciudadanos defenderá en el Congreso que la Fiscalía y la Alta Inspección puedan combatir el adoctrinamiento del “odio nacionalista” en las aulas. Acceso.

18.- Tres estudiantes universitarios de la UAB nos cuentan cómo es estudiar en Cataluña y denuncian la elaboración de listas de alumnos que no son independentistas. Acceso al vídeo.
17.- Los ‘niños del castellano’ catean el doble que los catalanoparlantes. El Mundo 14/10/2017.

16.- El acoso en los colegios catalanes llega al límite: “Vete a tu tierra”. Los alumnos de los colegios públicos y concertados de Cataluña viven con miedo. No son sólo los hijos de guardias civiles y policías los que sufren insultos. A los menores que siguen optando por el castellano les hacen la vida imposible. La Razón 13/10/2017.

15.- “Se mata al Rey y a los policías malos”. Artículo donde se citan casos de muchos centros diferentes. El Mundo 12/10/2017.

14.- Carta de un padre denunciando la decisión de la directora del Instituto donde estudia su hija, de hacer una parada de páis el martes 3 de octubre, sin respetar la pluralidad de opiniones de todos los padres, profesores y alumnos. Acceso a la carta.

13.- El canal infantil de TV3 explica a los niños el 1-O criticando a la ‘policía española’ e idolatrando a los Mossos El Mundo 04/10/2017 (El vídeo de TV3 ha sido retirado).

12.- Méndez de Vigo anuncia en el Congreso que han enviado dos requerimientos formales con fecha de 27 de septiembre y 6 de octubre. El Gobierno inicia el proceso de sanción contra la Generalitat por el «adoctrinamiento ideológico» ABC 11/10/2017.

11.- Una estudiante en Cataluña: “La profesora nos hizo votar en clase si estábamos a favor o no de la huelga” ABC 29/09/2017.
10.- Estudiante de Bachillerato en Cataluña denuncia adoctrinamiento en su clase. Europapress 29/09/2017.

9.- El acoso a una madre que pidió más clases en español para sus hijos: “Que pasen vergüenza”. El Mundo 27/09/2017.

8.- Nuevos ejemplos de adoctrinamiento político partidista en centros educativos. La editorial “Ahora Libros” está regalando ejemplares del atlas “El camino hacia la independencia” en las escuelas y ya se han colgado carteles a favor de votar “Si” en un Instituto. Acceso a la noticia (05/08/2017).

7.- Historiadores catalanes contra el adoctrinamiento en los libros de texto. La asociación de Historiadores de Cataluña “Antony Capmany” estudia la manipulación de los libros de texto. Cronicaglobal 08/06/217.

6.- Petición al Ministro Íñigo Méndez Vigo. ¡Parar el adoctrinamiento partidista de niños en las escuelas catalanas! Change.org mayo 2017.

5.- Adoctrinamiento político partidista en los libros de texto de “Conocimiento del medio” en Cataluña. Se han revisado 19 libros de “Conocimiento del medio” de 5º y 6º de Primaria y en muchos de ellos se han detectado planteamientos ideológicos, que sólo son defendidos por determinados partidos políticos. Acceso al document en PDF.

4.- Historiadores de gran prestigio lamentan el adoctrinamiento ideológico partidista denunciado por AMES. Opiniones de Carmen Iglesias, Fernando García de Cortázar, Manuel Luzana y Ricardo García Cárcel. ABC 17/05/2017.

3.- “La Tarima Borrar “de Javier Orrico, profesor de instituto. Un nuevo libro sobre la situación de la enseñanza en nuestro país. Su principal tesis es que a causa de un sistema educativo que ha abandonado, de manera consciente y voluntaria, la transmisión cultural, han ido cayendo los responsables de su transmisión, los profesores, asfixiados por la burocracia pedagógica y expulsados ??de una enseñanza que ya no está destinada a enseñar, sino a adoctrinar. Se presentó en Barcelona el 06/04 / 2017 Libertad digital. 03/02/2017.

2.- Seis ejemplos de adoctrinamiento político partidista en las escuelas catalanas. Acceso a diferentes ejemplos. Vídeos (06/12/2016).

1.- Denuncia de adoctrinamiento político partidista en algunas escuelas catalanas. Se critica la cooperación de algunas AMPAs y de determinadas entidades. “Algunas Asociaciones de padres y madres de alumnos catalanas. Cómplices”. Acceso al artículo 22/11/2016.

Este sindicato advierte de que la mayoría de los profesores y de los padres que les comunican nuevos casos están atemorizados por posibles represalias. “No quieren dar sus datos personales y se niegan a ser entrevistados en radio o en televisión, por miedo a la reacción contra ellos, en el caso de los profesores, o contra sus hijos, en el caso de los padres”, explica.

AMES sugiere que si algún ciudadano tiene conocimiento de casos de adoctrinamiento partidista en las escuelas puede denunciarlo en el correo electrónico ames@ames-fps.com o directamente poniéndolo en conocimiento de la Alta Inspección del Ministerio de Educación en Cataluña (consultas.barcelona@correo.gob.es).
El Congreso rechaza luchar contra el adoctrinamiento

Ciudadanos ha llevado esta semana al Congreso una iniciativa para impulsar el desarrollo de las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado, pero ha sido tumbada. El Congreso ha rechazado luchar contra el adoctrinamiento denunciado por C’s tanto en colegios catalanes, como en aulas de la Comunidad Valenciana y Baleares donde “se están produciendo también actos de adoctrinamiento a los menores, en parte gracias al apoyo financiero de la Generalitat de Cataluña”.

Ciudadanos quería exigir “responsabilidades disciplinarias” a los directores y profesores “por la realización de actuaciones de adoctrinamiento del odio nacionalista”. Solicitaba, además, que los denunciantes del adoctrinamiento del odio nacionalista “disfruten de la protección adecuada, incluido el anonimato”, y disfruten de plena garantía de la indemnidad frente a cualquier comportamiento dirigido a perjudicarles, en particular, a los menores de los centros educativos.

A excepción de UPN, único partido que ha apoyado la moción, el resto ha votado en contra, y el PP se ha abstenido porque, en palabras de Elena Bastidas, su partido “confía en los docentes de este país y en la Alta Inspeccion”, y ha apelado al pacto de Estado para introducir los cambios y las mejoras necesarias.

Las iniciativas de C’s y el PP
Tras el rechazo del Congreso, Ciudadanos ha propuesto la creación de la Agencia Independiente de la Alta Inspección Educativa, que asumiría las funciones de la actual Alta Inspección Educativa, figura recogida en los distintos estatutos de autonomía.

Por su parte, el PP ha anunciado que presentará una propuesta para erradicar el adoctrinamiento en las aulas y “derrotar” a quienes pretendan “colonizar las mentes de los escolares” movidos por “el fanatismo y sectarismo”. Este pasado miércoles la diputada ‘popular’ Elena Bastidas ha anunciado la presentación de esta proposición no de ley en el Congreso y en Las Cortes Valencianas para que impulsen las medidas necesarias en este sentido “desde el rigor, la serenidad y sin sobreactuaciones y ataques de súbita bravura”.

Esta diputada asegura que el Gobierno de España lleva mucho tiempo trabajando “de forma decidida” ante “los gravísimos casos de adoctrinamiento en las aulas”, y que el PP “lleva años defendiendo los derechos y libertades de todos los españoles”.

Recientemente, el Ministerio de Educación se ha dirigido en dos ocasiones (27 de septiembre y 5 de octubre) a la Generalidad de Cataluña para investigar una serie de actuaciones acaecidas en centros educativos contra menores. Por ejemplo, en un colegio de los jesuitas del Clot (Barcelona), donde se escenificó un cuento para niños de 7 años donde se presenta un “final feliz” consistentes en que “se mata el rey y a los policías malos”. También recoge que en el colegio Albert Vives, en La Seu d’Urgell (Lérida), una madre ha denunciado que la profesora de su hijo de segundo de Primaria les dijo que “los guardias civiles y los policías son malos”, que los “únicos buenos son los mossos”.

“Los sucesivos gobiernos han mirado hacia otro lado”
Convivencia Cívica Catalana considera que “los sucesivos gobiernos centrales no han adoptado una posición suficientemente clara respecto al adoctrinamiento en Cataluña”. “Muchas veces han pesado más sus intereses políticos en Madrid y el apoyo de los votos nacionalistas en Madrid que atajar el problema del adoctrinamiento nacionalista en Cataluña”, critica Jesús Sanz, responsable de Estudios de esta plataforma. Hace hincapié en que es “necesario que la educación deje de estar en manos del nacionalismo catalán”, y destaca que “el Gobierno central debería aprovechar la aplicación del artículo 155 a tal efecto”.

Pero el PP rechaza recuperar las competencias educativas en Cataluña. El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este viernes que “no es una buena idea” y que, en su opinión, “cumplen su función”.

Preguntado al respecto, CCC considera que “la Educación debe estar al servicio de la formación de individuos libres y no al servicio de determinadas consignas, como está ocurriendo en algunas comunidades, como Cataluña, Baleares o el País Vasco”. Asimismo, sugiere que “el Gobierno debería plantear en el marco de la aplicación del 155 el respeto a la legalidad en lo que hace referencia a la enseñanza en una proporción razonable en Cataluña, sistemáticamente vulnerada por los sucesivos gobiernos nacionalistas de Cataluña, como las numerosas sentencias que dan la razón a padres en esta comunidad y que no se están cumplimiento”.

Por último, reconoce que los casos que más le están tocando la fibra son “aquellos que hacen referencia a hijos de guardias civiles o policías que están siendo señalados en algunas escuelas catalanas por motivos ideológicos”, y expresa todo el apoyo de CCC a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en Cataluña y también a sus familiares”.

“La manipulación de los libros de texto denunciada por editores y sindicatos de profesores, o la exclusión del castellano en las aulas han sido posibles debido a que los sucesivos gobiernos de la Nación han mirado hacia otro lado”, denuncia también en este diario el eurodiputado Enrique Calvet, que hace hincapié en que la culpa de todo esto no es de la “oligarquía separatista que ha logrado lavarle el cerebro, e intoxicar y/o amedrentar a una parte de la sociedad”, sino de los “gobiernos de los últimos lustros, afanados en banalizar esta realidad”. Calvet también apunta a ciertos medios de comunicación, “por su complicidad”. Critica que “se haya invertido dinero y tiempo por parte de los políticos nacionales en disimular esto, en vez de impedirlo”.

En su cruzada contra el separatismo llevó al Parlamento Europeo en marzo de 2016 los espeluznantes testimonios de tres familias, de Mataró, Balaguer y Hospitalet, víctimas del adoctrinamiento y la persecución al disidente por reivindicar la educación en castellano, para que Europa conociera que “en Cataluña se pisotean los derechos civiles básicos con las peores prácticas intimidatorias, y se destroza la niñez y el futuro incumpliendo la ley”.

Actos de apoyo al ‘procés’ en centros de Baleares
La Fundación Círculo Balear, que preside Jorge Campos, ha informado que desde hace unas semanas “se están incrementando los actos organizados por docentes pancatalanistas en los centros educativos públicos de Baleares en favor de la independencia de Cataluña y de los llamados ‘países catalanes’“. Desde colgar esteladas en las escuelas a organizar actos en horario lectivo u obligar a los alumnos a apoyar el referéndum ilegal catalán.

Denuncia que el gobierno balear no responde y que la Consejería de Educación permite, por ejemplo, que la asociación radical docente Assemblea de docents organice junto al sindicato de estudiantes ultra SEPC actos bajo el lema ‘Hacemos historia. Somos Països Catalans’, en el IES Sineu, el IES Josep Maria Llompart de Palma, el Son Pacs y el de Santa Maria, entre otros. Explica que todos ellos se sumaron a las críticas contra la “represión del Estado español”, y la “violación flagrante de lo Derechos Humanos”.

Cuenta que el último caso se ha producido en el IES Pau Casesnoves de Inca, denunciado hasta en 10 ocasiones en los últimos 7 años por adoctrinamiento político, en el que la dirección del centro ha obligado a los alumnos a hacer sentadas y pronunciarse a favor del independentismo y en contra de la Policía y Guardia Civil. “También prohíbe a los alumnos llevar banderas de España mientras se autorizan banderas separatistas”, añade.

Dice que las familias que denuncian estos hechos están “desesperadas” porque no reciben respuesta alguna ni de la Consejería de Educación, que apoya estos actos ilegales, ni por parte del Ministerio de Educación, que da la callada por respuesta”.

El presidente del Círculo subraya que los partidos políticos PP y Ciudadanos deberían utilizar los instrumentos legales que tienen a su alcance para “denunciar estos actos ilegales en sede administrativa y judicial y no quedarse, como siempre, en las palabras”.

“Que pasen de las declaraciones a los hechos e inicien procedimientos judiciales contra esta locura antidemocrática propia de países totalitarios. Ya está bien que tengamos que ser los particulares o entidades privadas los únicos que interpongamos reclamaciones y demanda”, denuncia Campos, que lamenta que “el ciudadano no nacionalista en Baleares esté abandonado por las instituciones públicas”.

‘Alineamiento del Gobierno de Armengol con el golpismo’
La Fundación Círculo Balear denuncia también que el gobierno de la presidenta balear, la socialista Francina Armengol, se ha alineado con el gobierno separatista de Carles Puigdemont criticando la actuación del gobierno central en Cataluña y de la Guardia Civil.

“Una vez más, el PSOE en Baleares demuestra su pancatalanismo separatista defendiendo a quienes vulneran la legalidad constitucional, se burlan de la justicia y pretenden quebrar la convivencia democrática”, ha censurado Jorge Campos, y ha apuntado que no es casual que “este posicionamiento del gobierno balear coincida con la apuesta del partido catalanista MES, socio de gobierno, de convocar un referéndum de autodeterminación para Baleares en el marco de los inexistentes “países catalanes”, en 2030?.


 


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