AGLI Recortes de Prensa   Lunes 23  Octubre 2017

El pulso de la historia y la responsabilidad social
Vicente Baquero  gaceta.es 23 Octubre 2017

Creo que es conveniente en ocasiones extraordinarias elevarse por encima de la realidad inmediata, sobre todo cuando esta es tan confusa y desconcertante que somos incapaces de obtener una conclusión útil en el corto plazo.

No es posible precisar cuál va a ser exactamente la sucesión de acontecimientos, y mucho menos su marco temporal, que van a precipitar los cambios que necesariamente se van a derivar de los hechos que se han producido, tolerado o ignorado a lo largo de tantos años, pero que indefectiblemente, desde la perspectiva que nos proporciona la historia, la experiencia pasada y las características de la especie humana, acabarán por materializarse, aunque ahora parezcan impensables dentro de esta burbuja que nos hemos creado a lo largo de los dogmas ideológicos consagrados a lo largo de este período de “optimismo antropológico” que algunos incluso se han atrevido a definir como “El fin de la historia”.

De lo único de lo que podemos estar completamente seguros es que, desde la esfera de la física más elemental hasta la parcela humana más singular o perfeccionada, es de la realidad del “cambio”, la mutación permanente, como han visto con una clarividencia pensadores y científicos desde Heráclito hasta David Bohm.

La política, o dicho de otro modo: la formas particulares en que una sociedad se estructura en un determinado momento en función de las circunstancias específicas, es igualmente mutable y puede transformarse en función de las necesidades e ideologías predominantes. No existe la verdad absoluta e inmutable en esta materia, no hay dogmas incontestables: las formas políticas han evolucionado, a veces violentamente, mediante revoluciones, otras pacíficamente, pero a la larga siempre, con una mayor o menor resistencia por parte de las personas que en cada momento forman parte de una sociedad.

De ahí que debamos por elevación sobre los “árboles” políticos que nos ocultan “el bosque” en estos momentos, preguntarnos: ¿Cuánto tiempo puede resistir, sin revolverse, una sociedad, el conjunto ciudadano de una población de un país, nación, estado, reino, imperio, o como quiera denominarse esa realidad colectiva, contra una forma de gobierno que ha acabado por convertir en prioritaria la supervivencia de su propio sistema político, sobre los intereses generales, mientras para sobrevivir está fagocitando a la propia gente que dice gobernar? ¿Mientras quede suficiente dinero para generosamente aceitar la masa electoral? Puede, pero eso no puede ser eterno…

La actual clase política española, casi toda ella desgraciadamente, vive sumergida en su mundo, de mayorías y minorías, partidos y facciones, consensos y cesiones, ambiciones y decepciones, olvidándose de que por encima de su sistema, de esa ensoñación tan reciente, elevada a los altares por decreto, con sus matices arcanos, comprensibles únicamente para una serie de iniciados, que a la mayoría pensante fuera de su círculo, le son indiferentes tanto sus arreglos, diálogos, o sus aparentes éxitos particulares en la carrera por ocupar y retener el poder. Por encima de todo debiera estar el interés general, la supervivencia de esa misma realidad sobre la que se proyecta precisamente su actuación política, en este caso la nación.

España está en peligro de disolverse, en peligro real y verdadero, tras Cataluña, vendría el País Vasco y tras ellos Baleares ¿Valencia y Galicia? Y quien sabe si detrás el propio concepto de la Unión Europea. Nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, se lo están jugando en nuestro nombre, sacrificando lo que sea con tal de conservar ese “sistema” nefasto de las autonomías…

Una nación, tiene sus preferencias, sus razones, sus sentimientos, sus temores sus inseguridades, tiene la necesidad de verse representada con dignidad para reafirmar su propio valor, tanto individual como colectivamente, las personas, mayorías o minorías, no son simples números en un computo electoral, hay que escuchar a ese colectivo cuando habla, y si demanda una actuación, es responsabilidad de los líderes el satisfacer esa necesidad, no simplemente templar gaitas con legalismos, que a la mayoría nada le tranquiliza, se requiere una acción decidida que les de seguridad. No debiera sorprenderles esa quiebra de confianza, hasta ahora callada, de la que es muestra esa huida de sociedades y capitales de una zona de España, escapando de la indecisión y la inseguridad que reflejan las instituciones… No es aceptable que los dirigentes se refugien tras los parapetos legales o de conveniencias electorales, se requiere acción y determinación. Eso es lo que se ve en las últimas manifestaciones ¡conecten con la gente! No se puede estar en torres de marfil para evitar ejercer la fuerza, no es esta postura la que va a salvar la situación,

Si lo que se hace es insignificante de modo que nada vaya a cambiar, como esas personas y compañías que han abandonado Cataluña, también los ciudadanos acabarán por abandonar a sus gobernantes, quedando el país al pairo y sin timón en manos de una estructura sin rumbo, plagado de un variopinto plantel de partidos ocupados por profesionales de la política: un país ingobernable.

No se ha debido, por muchas razones que se aleguen, abandonar desde hace mucho tiempo a aquellos ciudadanos y compañías que hoy están dejando Cataluña. La obligación de todo gobierno debiera estar por encima de cualquier otra consideración política, se tendría que haberles asegurado su estabilidad y seguridad, no importa que ahora se acabe por llegar a una pasteleada situación de compromiso, el mal está hecho y las consecuencias las veremos, y no creo que les vayan a gustar a las actuales estructuras. La falta de capacidad resolutoria, por no violentar a algunos acabará por perjudicar a todos. No está de más recordar a Winston Churchill tras la reunión de Munich: “….habéis preferido la deshonra a la guerra…tendréis las dos, la deshonra y la guerra…” La negligencia de una persona particular es censurable, pero aquella que se produce entre una clase dirigente, que voluntariamente se ha puesto al frente de la nación, es mucho más grave y culposa

¿Cuánto tiempo va a aguantar España esta ordalía que está horadando su prestigio y acabará por perjudicar su propio bienestar económico? La paciencia de los ciudadanos es grande pero creo que está llegando al límite, el sentido de dignidad personal está bajo mínimos, cada nuevo aplazamiento de medidas resolutivas o la tibieza de las mismas para acabar con una rebelión en toda regla, ahonda más y más en una sensación colectiva de vergüenza ajena. Es ingenuo pensar que con solo medidas legales se puede doblegar la voluntad de alguien que no respeta ese mismo ordenamiento jurídico, cuando precisamente lo que pretende es subvertirlo.

La perspectiva no es desde luego halagüeña, no tanto por el desafío separatista como por la pasividad de los gobiernos y las disputas entre y dentro de los partidos políticos, tarde o temprano se va a notar económica y socialmente, en unas zonas más que otras, en Cataluña será dramático, hasta el punto que no sería imprevisible un mosaico de partidos y una ingobernabilidad fomentada por la izquierda para hacer caer al propio sistema, y que ello nos lleve a un replanteamiento de reorganizar sobre otras bases las reglas de convivencia nacional. Que nadie se sorprenda, ningún sistema político es ni permanente ni perfecto, al final es la necesidad la que acabará imponiendo sus reglas…No deja de ser una pena ver cómo se pueden ir por la borda tantos años de convivencia próspera y saludable, y todo, no por causas externas, sino por la propia estulticia, ambición y sentimientos autodestructivos de los pueblos que habitan esta península… El doctor Negrín, buen médico y nefasto político, para que no digan que no citamos a las izquierdas, decía aquello de: “No pasa nada y si pasa da igual…” frase que refleja bien el sentimiento fatalista de este pueblo.

También podría ser: ¡el “Milagro” con mayúsculas! que se toman las medidas necesarias, contundentes y resolutivas, sin miedo, y se invierte la deriva desintegradora nacionalista, mientras en el exterior, ya que nadie se ocupa de los problemas de sus vecinos, (Nosotros ignoramos igualmente las suyas que a lo mejor son más graves que las nuestras…) pase desapercibida esta crisis interna y nos incorporemos al conjunto una vez más con la célebre frase de fray Luis de León: “Como decíamos ayer…”

¿Estará a la altura el PSOE?

EDITORIAL Libertad Digital 23 Octubre 2017

La gravedad de los delitos cometidos por los golpistas que detentan el poder en las instituciones regionales catalanas ha obligado al Gobierno, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, a poner en marcha los mecanismos constitucionales previstos para restaurar el orden constitucional en el Principado.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución requiere una tramitación compleja a través, fundamentalmente, del Senado, la cámara de representación territorial. Por tanto, las decisiones adoptadas por el Gobierno, como la destitución del Ejecutivo sedicioso de Puigdemont y la limitación de la potestad legislativa del Parlamento regional (clausurado voluntariamente por los golpistas desde principios de septiembre), van a tardar días en adquirir su plena vigencia. Así mismo, y dada la infame agitación callejera que andan perpetrando las fuerzas golpistas, la recuperación de la Generalidad para la legalidad democrática aboca a momentos de fuertes tensiones que las fuerzas políticas constitucionalistas tendrán que afrontar con gran determinación y firmeza.

Así las cosas, ¿qué se puede esperar del PSOE? La pregunta es pertinente porque el partido socialista ha sido en demasiadas ocasiones una formidable fuente de inestabilidad política, incluso o sobre todo en momentos especialmente críticos para la Nación. Su desnortamiento general y el abominable oportunismo de algunas de sus figuras más destacadas no son precisamente las mejores garantías que puede presentar en esta hora decisiva.

Junto al PSOE que se pone del lado del Gobierno en la perentoria restauración del Estado de Derecho en Cataluña hay un PSC carcomido por el nacionalismo que sigue albergando en su seno auténticos caballos de Troya del separatismo. En cuanto a Pedro Sánchez, lo mismo proclama su compromiso con la Constitución que se declara más que dispuesto a gobernar España con los que se han juramentado a dinamitarla, y permite que los ayuntamientos de las cruciales Madrid y Barcelona sigan en las peores manos posibles y padezcan unas alcaldesas que hacen el caldo gordo a los golpistas.

"Nadie ha hecho tanto contra el autogobierno de Cataluña como el secesionismo", dice Pedro Sánchez. Dice bien. Las instituciones regionales catalanes han sido muy gravemente dañadas por los secesionistas. Por eso hay que desalojarlos de ellas. El PSOE debe tenerlo completamente claro y actuar en consecuencia. Por su bien, por el de Cataluña y por el del resto de España.

Secta destructiva catalana
Manuel Molares do Val Periodista Digital 23 Octubre 2017

El sectarismo es la intolerancia, discriminación u odio que surgen de dar importancia a las diferencias percibidas entre diferentes grupos sociales, políticos o religiosos.

El sectarismo del separatismo catalán, tras haberle lavado el cerebro a sus creyentes convenciendolos de ser una cultura o una etnia superiores, rechaza como odiosos herejes a los catalanes que se sienten españoles y a los demás españoles.

Bondadosos, sus creyentes se sacrifican y hacen penitencia por la conversión de esos pecadores ofreciéndose abnegadamente como mártires de una yihad en la que la muerte como sociedad democrática rica y plena supone el Paraíso de la decadencia económica y la pobreza.

Autistas ante el resto del mundo se dicen herederos de una sociedad perfecta e idílica previa a 1714 y desprecian todo lo que no emane de ellos mismos y de sus ideas, algo que adoptan también la mayoría de los curas y obispos de su tierra, conversos y predicadores de la secta.

El endiosamiento independentista no cede ni ante las verdades más duras: la independencia iba a traerles manantiales de oro y la UE y que el resto del mundo saldrían a recibirlos como los ángeles a Mahoma, pero les llega la ruina y se les cierran las puertas más accesibles de la política internacional.

No obstante, insisten en que están enriqueciéndose y que el mundo es suyo tras ponerse a su servicio.

Una secta destructiva es un grupo bajo un líder o una idea superior todopoderosa con gran poder misionero y de convicción hipnótica que hace creer a sus seguidores que son seres privilegiados.

El independentismo catalán es una secta destructiva cuyos fieles sufren tal ceguera que cada día serán más pobres pero creerán estar llegando a Eldorado.

El independentismo ha sembrado la semilla del rencor y del odio
EDITORIAL El Mundo 23 Octubre 2017

Cuando un proyecto totalitario trata de imponerse contra la voluntad de la mayoría de la población, los primeros perjudicados son aquellos ciudadanos que no quieren dejarse someter. Y eso es lo que está ocurriendo en Cataluña desde hace años. A un acoso más o menos disimulado pero constante, le ha sucedido, desde el 1 de octubre, otro que no elude mostrar su cara más agresiva. Así al menos lo constata la información que publicamos hoy sobre el preocupante aumento de las denuncias por delitos de odio, que especialmente afectan a miembros de la Policía y la Guardia Civil destinados en Cataluña.

Los escraches que sufrieron los miembros de los cuerpos de seguridad en algunas localidades, donde incluso fueron expulsados de sus hoteles, son los efectos provocados por las políticas del odio impulsadas desde las instituciones públicas y propagadas por los medios de comunicación afines al independentismo.Pero no las únicas. La Fiscalía investiga ya al menos 150 denuncias por amenazas y comportamientos hostiles, entre cuyas víctimas hay también funcionarios y particulares. Y esta herencia de rencor y odio es también responsabilidad del secesionismo.

Ana Moreno, Premio a la Tolerancia 2017
Madre perseguida por reclamar en Cataluña clases en español para sus hijos
www.latribunadelpaisvasco.com

El próximo viernes 27 de octubre, a las 19,30 horas, la Asociación por la Tolerancia de Barcelona procederá a la entrega del XXIII Premio a la Tolerancia, que en esta ocasión ha correspondido a Ana Moreno, la madre de Balaguer que sufrió una grave persecución por reclamar su derecho a un magro 25% de clases en español.

En el acto organizado por la Asociación por la Tolerancia estarán presentes asociaciones y familias que se han distinguido en esta lucha.

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Las lenguas cooficiales, un blindaje para acceder a una plaza pública
PABLO OJER/ R. LIZCANO/ ADRIÁN MATEOS/ ANNA CABEZA/ J.M. AGUILÓ/ JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ABC  23 Octubre 2017

PAMPLONA/ SANTIAGO DE COMPOSTELA/ BILBAO/ BARCELONA/ / PALMA DE MALLORCA/ ALICANTE

Dominar el catalán, el valenciano o el euskera puede puntuar más que varias carreras, décadas de experiencia o el conocimiento de un idioma casi universal como es el inglés si se quiere acceder a un empleo público en alguna de las comunidades con lenguas cooficiales.

El requisito lingüístico se ha convertido en una traba para buenos profesionales que quieren optar a una plaza pública, especialmente en el sector educativo y en la sanidad. Esto es lo que denuncian a ABC profesores, médicos y otros profesionales.

El «problema» ya no se reduce al País Vasco y Cataluña. La apuesta por la inmersión lingüística en Navarra, la Comunidad Valenciana y Baleares está repitiendo el problema en estas comunidades donde algunos profesionales se deben «exiliar» para trabajar.

Índice
1. El euskera se valora más que 15 años de experiencia en el área
2. El gallego «como mérito y no como requisito eliminatorio»
3. «O das las clases en catalán o hay represalias»
4. Desplazarse a 170 kilómetros de casa para ejercer
5. Baleares, una década de controversias lingüísticas

1. El euskera se valora más que 15 años de experiencia en el área
La «euskaldunización» constituye una de las materias fundamentales del programa del Gobierno vasco para la presente legislatura. Un debate que afecta a todos los estamentos de la sociedad y que, dada la heterogeneidad del País Vasco, no está exento de polémica. Ni siquiera los servicios sanitarios han esquivado el influjo de la lengua autonómica, que, si bien no es un requisito indispensable para superar las pruebas de entrada a la plantilla, en algunos casos fue motivo de exclusión de los aspirantes: «Es una clara discriminación contra quienes no dominamos el euskera», asegura A.D.D, a quien no le sirvió de nada aprobar la Oferta Pública de Empleo (OPE) del pasado curso por no tener acreditado el «Perfil lingüístico 2».

Tal es el malestar que existe una parte de los sanitarios vascos que en 2016 se inició una recogida de firmas con el objetivo de preservar los derechos laborales de aquellos que, a pesar de haber aprobado los exámenes, fueron rechazados por no saber euskera: «Por el contrario se está contratando a personas que no han superado la OPE o que ni siquiera se han presentado a la misma en la ciudad de Vitoria, ya que existe una realidad sociolingüística diferenciada respecto a otras zonas del territorio», denunció una compañera del servicio. En la actualidad, solo un tercio de la plantilla posee un perfil correspondiente a su puesto de trabajo, según un estudio de la investigadora Bidane Petralanda.

En Vizcaya, el portavoz del PP en las Juntas Generales, Javier Ruiz, denuncia que la Diputación ha exigido este año el certificado C1 para siete de cada diez de los empleos públicos que oferta y el PL2 para el otro 30%: «Los requisitos son desproporcionados», lamenta el mandatario popular, que recuerda que se trata de niveles «muy avanzados» que, en algunos casos, son equivalentes «a una licenciatura de Filología vasca», lo cual supone un «abuso». De hecho, el año pasado solo el 25% de los 12.000 aspirantes que se presentaron al C1 lograron aprobar.

En la televisión vasca y la Ertzaintza también se ha llevado a cabo una «discriminación positiva» en favor de los que se manejan con la lengua autonómica. De la mano del ahora presidente del PNV, Andoni Ortuzar, la EiTB fue objeto de un lento proceso de adaptación del ente público que alcanzó su punto álgido en 2015, cuando empezó a exigir a sus trabajadores altos conocimientos del euskera.

La carencia de conocimientos de la lengua en la Ertzaintza fue también objeto de polémica en la Cámara vasca, donde este verano EH Bildu llegó a reclamar que los agentes presentaran su acreditación del L2 –en la actualidad se pide el L1– antes de optar al puesto.

2. El gallego «como mérito y no como requisito eliminatorio»
«Hace un montón de años que aquí no hay conflicto por este tema, entre otras cosas porque a la administración autonómica gallega viene muy poquita gente de fuera. Nuestros flujos de circulación son inversos: nuestros profesionales se marchan porque aquí no salen plazas, y lo que tenemos son muchos funcionarios gallegos pendientes de poder volver, y es así en todos los sectores, me da igual hablar de agencia tributaria, que de sanidad, que de enseñanza… », resume José Francisco Méndez, presidente de CSI-F Galicia.

La Ley de Empleo Público de Galicia regula las competencias lingüísticas exigidas a los opositores con el fin de garantizar el conocimiento de las dos lenguas oficiales que operan en el territorio autonómico. Si bien son las bases de cada convocatoria las encargadas de fijar el carácter y valoración de la prueba de gallego, como norma general, la acreditación de conocimiento de la lengua autonómica (vía examen o convalidación correspondiente) es requisito obligatorio en cada uno de los procesos dependientes de la Dirección Xeral de Función Pública.

Con algunas salvedades funcionan las convocatorias de enseñanza y sanidad: en el caso del Servizo Galego de Saúde, el gallego es obligatorio, pero no eliminatorio. En la práctica, apunta el presidente de CSI-F Galicia, «no es un requisito, sino un mérito, y un mérito con un impacto pequeño: seis puntos sobre 48, frente a los 18 que pueden llegar a aportar la experiencia profesional o la formación adicional». «Aquí no se puede aplicar eso de «se valora más el idioma que ser un buen cirujano». Aquí pesa más ser un buen cirujano». Cuestión distinta es la educación: la obligación de garantizar competencias equivalentes en ambos idiomas convierte el gallego en un requisito indispensable en las oposiciones del cuerpo docente, capacitado para impartir materias en cualquiera de las dos lenguas vehiculares .

El grado de conocimiento exigido depende del puesto concreto al que se opte. Aunque plazas especiales, como traductores o docentes especialistas, pueden exigir pruebas especiales, el nivel de competencia requerido en el grueso de los procesos se corresponde con la certificación reconocida a los escolarizados en Galicia por el hecho de cursado Bachillerato o FP superior en la Comunidad. «Las personas que han estado escolarizadas aquí ya cuentan con la acreditación lingüística, y para las que vienen de fuera están los exámenes específicos o los cursos para la obtención del Celga de la Secretaría Xeral de Política Lingüística», indica el presidente de CSI-F en la Comunidad. «Las personas que vienen de otras comunidades ya preparan el gallego además del temario específico. No recibimos quejas, lo más que tenemos es alguna llamada interesándose por cuándo se organizan los cursos para el Celga», apunta.

3. «O das las clases en catalán o hay represalias»
«No les gustaba que diera las clases en castellano». Francisco Oya recuerda como la dirección de un colegio público de Navarcles (Barcelona) le estuvo perjudicando hace unos diez años por no impartir las asignaturas de Historia en catalán. Durante todo el año, ejerció allí como profesor en prácticas de 2º de ESO y 1º de Bachillerato y no tuvo problemas ni con alumnos ni con padres. «Empecé a notar cosas raras por parte de algunos compañeros y tras todo el año allí me suspendieron las prácticas», relata. «Fueron muy hipócritas porque no me dijeron nada, ni podían reprocharme el rendimiento, y al final intentaron ir contra mi por el idioma», sentencia. Como se lo intuía, Francisco se estuvo asesorando y acudió a una comisión evaluadora, que analizó su caso y le acabó dando la razón con un merecido aprobado.

Fernando conoce otros casos de docentes que han sufrido presiones, amenazas y cuadros depresivos por ejercer en castellano, pero los ve puntuales. «El conflicto es escaso porque los profesores han asimilado que tienen que dar las clases en catalán, les guste o no. Si no, saben que pueden haber represalias», denuncia.

4. Desplazarse a 170 kilómetros de casa para ejercer
Con más de diez años de experiencia como guía turístico oficial en la Comunidad Valenciana, a José -guarda el anonimato por miedo a represalias- le toca desplazarse semanalmente a 170 kilómetros de su casa, en Alicante, hasta Albacete para poder ejercer como profesor del Ciclo Formativo (antigua FP) de esta especialidad, «al límite» de esta autonomía, donde no le exigen el título de valenciano.

«En realidad no tienen guías y mucha gente como yo queremos trabajar dando clases a las nuevas generaciones, tenemos condiciones para formarlos -yo tengo dos carreras, dos máster- y algunos dejan de matricularse en estos cursos por no tener el valenciano, cuando además las clases son en castellano, es simplemente por cumplir con el requisito lingüístico», relata.

Tiene ofertas como profesor en centros de Alcoy y San Vicente del Raspeig, pero no le pueden contratar, pese a sus títulos de francés, inglés, italiano y portugués, por faltarle el de la lengua autóctona. «Estoy deseando aprobar el examen, es la segunda vez que lo he intentado, se me ha complicado.., el caso es que a mí me gusta», añade.

Sus alumnos, al atender luego en su vida laboral como guías sobre todo a turistas extranjeros o de otras regiones españolas, utilizan el castellano o el idioma del país de origen del grupo, raramente el valenciano.

«Europa ya advirtió a España»
Para María de las Nieves, profesora de Lenguas Clásicas con 39 años de edad, el requisito lingüístico ha supuesto quedar «congelada» en la bolsa de trabajo mientras «otros jóvenes con mucha menos experiencia pasan delante solo porque han nacido en zonas valencianohablantes y se han sacado el título».

A su alrededor conoce muchos casos de interinos «muy mayores, de hasta 60 años, que se han quedado en la cuneta, con 30 años de servicio y se ven en la calle y no se pueden jubilar». En total, un millar tenían la opción de aprobar un examen de repesca de esta lengua el pasado sábado 9 de septiembre en Valencia, tras una moratoria que arrancó hace cuatro años para aprenderla. «Es falso, porque hacen falta el equivalente a cinco años de escuela de idiomas más el curso de capacitación, y ahora en verano era intentarlo a la desesperada, además, al ser a las nueve de la mañana el examen, desde Alicante eso te obliga a irte el día antes, pagarte el hotel, el tren...», critica esta docente.

Lleva desde 2005 encadenando sustituciones y ante esta situación «absurda» que ha causado, a su juicio, «un perjuicio muy grande», ha oído que muchos han puesto denuncias y se quiere recurrir en Europa, que ya «tiró de las orejas» a España con una directiva por tratar de forma diferente a interinos y a fijos, ya que estos últimos no están obligados a contar con ese requisito. «Además, esa capacitación lingüística es un negocio, hay gente que se ha ido a universidades privadas y cuesta entre 900 y 1.000 euros; yo me lo estoy estudiando por mi cuenta, porque estoy en el paro y no puedo pagarlo», se lamenta.

«Han creado una crispación, unos odios que se ven en las redes sociales, de gente que como sí tiene el título hace comentarios en plan que los demás se fastidien», asegura esta profesora que está mirando oposiciones en Castilla-León, por si encuentra plaza en Ávila, cerca de Madrid: «Es una gloria, aunque te pidan el inglés».

Sobre pleitear por despido improcedente, como han hecho otros colegas suyos, casi lo descarta porque si gana, la readmiten en las mismas condiciones, pero si pierde, se queda fuera de la bolsa de trabajo.

«En Sanidad puntúa igual que una tesis doctoral»
«No nos lo exigen, de momento, aunque nos da los mismos puntos que tener una tesis y por el inglés no te dan nada», comenta Laura, dermatóloga que conoce la realidad en Elda, donde la población habla por abrumadora mayoría en castellano.

Por eso, no es de extrañar que nadie haya hecho mucho caso a «una circular que nos enviaron desde la Consejería diciendo que el lenguaje administrativo es el valenciano y que nos comunicáramos entre nosotros en esa lengua», recuerda Laura.

«Tengo una compañera sevillana que está estudiándolo porque se quiere quedar, yo empecé con ocho años, unas pocas horas, y no me resulta difícil porque lo había oído, pero me parece absurdo que nos cerremos en nuestra Comunidad», opina, al tiempo que subraya que, en su profesión, «el inglés sí hace falta».

Hasta ahora, en Elda estaban exentos al igual que otras zonas castellanohablantes del sur de la provincia de Alicante, pero con el cambio de signo político en el gobierno de la Generalitat Valenciana, «las técnicas son asustar a la gente y la ciudad de Alicante, por ejemplo, figura como valencianohablante cuando no es cierto y no es la misma realidad que en pueblos del interior donde sí se habla».

5. Baleares, una década de controversias lingüísticas
En Baleares, las controversias de carácter lingüístico existen desde hace ya varios años, si bien ha habido cambios importantes entre la pasada legislatura y la actual. En el mandato 2011-2015, el presidente José Ramón Bauzá (PP) aprobó el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), un decreto polémico que preveía la implantación progresiva de un sistema de enseñanza trilingüe en los colegios. Enla práctica, El TIL iba a suponer el fin de la inmersión lingüística en catalán. Bauzá modificó la Ley de la Función Pública, para que el catalán pasase a ser considerado un mérito y no un requisito para ser empleado de la Administración, con la excepción del personal docente.

Ambas medidas fueron derogadas por la nueva presidenta, la socialista Francina Armengol y el catalán ha vuelto a ser de nuevo un requisito para los empleados públicos que deseen trabajar en Baleares, tal como establecía ya la originaria Ley de la Función Pública.

En la actualidad, la exigencia del catalán está despertando reticencias. El personal sanitario es muy beligerante contra el Govern, al entender que para ejercer en Baleares no se puede fijar como requisito el conocimiento de la lengua catalana. Algunos sindicatos creen que se dificulta que se puedan cubrir plazas vacantes o que se pueda dar una atención adecuada a los pacientes. Tras varias semanas de negociaciones entre el PSOE y los econacionalistas de MES, el Servicio de Salud acaba de presentar el borrador de un nuevo decreto, que será aprobado en unos meses. Establece que el catalán sea un requisito para todo el personal del Servicio de Salud, incluyendo a auxiliares, enfermeros y médicos.

¿Un “155 duro”?
Ricardo Ruiz de la Serna gaceta.es 23 Octubre 2017

El Gobierno ha propuesto 16 medidas para el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña, proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos, asegurar el crecimiento económico y garantizar la neutralidad de la Administración. Esto último es crucial en ámbitos como la seguridad ciudadana, los medios de comunicación públicos y el uso de los fondos públicos, tres ámbitos de la actuación administrativa a los que los nacionalistas catalanes han dado un uso partidista.

No han tardado en elevarse voces que protestaban por una pretendida usurpación de la autonomía catalana y por la asunción de plenos poderes por parte del presidente del Gobierno.

Sin embargo, nada de eso ha sucedido.

El autogobierno de Cataluña -al igual que el de todas las demás Comunidades Autónomas- sólo se ejerce legítimamente dentro del marco constitucional. Como ha señalado con acierto Benito Arruñada, se trata de restablecer el autogobierno, no de suspenderlo. Quienes acabaron con él fueron los nacionalistas, que emprendieron un camino fuera del Derecho que ahora debe ser enderezado. Han sido ellos quienes han torpedeado las instituciones para las que ahora piden respeto: el Parlament de Cataluña, la Generalitat, las agencias y organismos… Todo el aparato de la Administración Autonómica, en fin, ha estado a su servicio durante décadas. De aquellos polvos vinieron estos lodos.

Las medidas para la aplicación del art. 155 no inciden, por ejemplo, en el sistema educativo ni en los asuntos sociales con su generosísima política de apoyo a las organizaciones nacionalistas y preterición habitual de las demás. La administración ordinaria de los asuntos se mantiene intacta. Solo la voluntad política de sus máximos responsables se ve alterada: dejarán de conspirar contra el orden constitucional y tendrá que comenzar a acatarlo o serán suspendidos, cesados o apartados.

En el caso del Gobierno, deberíamos recordar que la Administración debe funcionar con sujeción al principio de legalidad con independencia de quien gobierne. En eso consiste su estabilidad por encima de las veleidades de la política. Así, quien esté esperando la resolución de una beca o la concesión de una ayuda, puede confiar en que sus asuntos se seguirán tramitando. Lejos de ser una purga, la aplicación de estas medidas servirá para evitar las depuraciones que los nacionalistas han venido realizando de forma activa -apartando a quienes se les oponían- o pasiva mediante la promoción exclusiva de sus afines.

Por otro lado, los actos de la Administración -esté quien esté al frente- siguen sometidos al control jurisdiccional y, en su caso, también al interno de la Administración. Por fortuna, sigue habiendo jueces en Cataluña. Ahora se ve la trascendencia que tenía el proyecto de crear un poder judicial propio que se incluyó en el Estatuto de Autonomía de 2006 y el Tribunal Constitucional impidió en 2010.

Es cierto que se limitan los poderes de la presidencia del Parlament, pero solo en las funciones de control de los órganos y autoridades que sustituyan al Govern, en la tramitación de iniciativas contrarias a las medidas adoptadas y en los aspectos formales de la propuesta de candidato a Presidente y el debate de investidura. Parece mucho, pero solo se circunscribe a evitar que se intente emplear el Parlamento de Cataluña, como se ha venido haciendo, al servicio de los nacionalistas; pensemos, por ejemplo, en la comisión para investigar a los jueces. En efecto, a nadie se le ocurriría pensar que, una vez realizadas las elecciones en condiciones de normalidad, no vaya a haber tal propuesta de candidato ni debate de investidura. El Gobierno sigue sometido al control del Congreso de los Diputados y del Senado por no citar, insisto, el control jurisdiccional de sus actos. Se trata, más bien, de impedir el filibusterismo que vimos con la proclamación de la independencia y su pretendida sumisión posterior a lo que decidiese la cámara para terminar en una nueva declaración firmada en documento con membrete oficial pero en un acto privado; en fin, un disparate. Eso se trata de evitar ahora manteniendo, al mismo tiempo, el funcionamiento de un Parlamento cuyo buen orden solo han alterado los atropellos que ha sufrido la oposición y que han socavado la legitimidad de ejercicio de su presidenta. El propio Tribunal Constitucional ha recordado esta semana que los vicios de procedimiento y la falta de garantías para la oposición viciaron radicalmente la llamada “ley del referéndum de autodeterminación”. Lo mismo podría decirse de los demás actos derivados de ella.

Los nacionalistas han llevado a Cataluña al caos y la fractura. La aplicación del 155 es insuficiente para restablecer la convivencia, pero puede bastar para impedir que se siga deteriorando. Algunos creen que el Gobierno ha optado por el “155 duro”, pero no es cierto. Seguiremos escuchando el victimismo de los que se quejan siempre pero no aceptan sus responsabilidades nunca. Frente a esto, debemos mantener la claridad moral y recordar quién emprendió el camino de la división, la ilegalidad y el atropello. Ahora se trata de reconducirlo al Derecho, la convivencia y el orden. Ojala la aplicación del 155 sea el primer paso en la dirección correcta y no un rodeo para volver al lugar del que partimos.

Del 'procés' al pánico
RAÚL DEL POZO El Mundo 23 Octubre 2017

Algunos burgueses temen a la CUP, un partido antipartido, que ha manifestado su intención de cortar la cabeza al Rey. Esa fuerza asamblearia organiza vermut de campaña y con sus 100 concejales es la vanguardia y la guía del procés. «Son unos fanáticos. Esto termina en violencia y en estado de excepción», me cuenta un catalán que tienen casa en el Penedés. Esa comarca de viñas y carlistas teme los escraches que se han extendido por las calles en los días de rosas y canciones. «¿Què volen aquesta gent?», se preguntó María del Mar Bonet en la manifestación del sábado, ante el deletreo de los labios de Puigdemont y los sollozos melancólicos de individuos con lazos amarillos. La gran artista repetía esa canción mítica antifranquista escrita para denunciar la muerte de Rafael Guijarro del que se sospechaba que la policía había arrojado por la ventana. María del Mar Bonet y otros dirigentes del independentismo decían que seguimos en el franquismo Definían la restauración de la Constitución como un golpe de Estado. Estaban mintiendo.

Lo que ha ocurrido es que los nacionalistas habían convertido la Generalitat en una cueva de ladrones y habían organizado un happening de banderas, un nacionalpopulismo de barretina. «Que volen aquesta gent / que truquen de matinada», decía María del Mar en vez de preguntar a dónde iban. Ahora ya sabemos que se dirigían a la ruina. Pero no todo son señales de terror: en la protesta del sábado, que se temía como la más grande que vieron los siglos, los millones de otras veces se redujeron a la mitad; irán siendo menos cuando caigan en la cuenta de que los profetas en coche oficial los están llevando a la quiebra.

La mayoría de españoles apoya la aplicación del artículo 155 de la Constitución que intenta desmontar el «optimismo barato», el «empozoñamiento», «la mentira con alas» (Stefan Zweig), la absurda collonada de un grupo de visionarios que estaban convirtiendo a los catalanes en la secta del sol. Aun siendo menos los que se manifiestan en las calles, aún son muchos en la performance. La batalla sigue siendo incierta, porque aunque el Gobierno de España defienda la democracia, -como dijo Camus, refiriéndose a España-, se puede tener la razón y ser derrotado. Las masas agitadas han visto como se escapaban los bancos y cómo Europa y América, no se oponían a la puesta en marcha del artículo 155. Los independentistas se han burlado de las leyes, y como dice el proverbio: si el perro ladra demasiado, acaba de ser mordido por el perrazo.

Los separatistas aún pueden ganar
José García Domínguez Libertad Digital 23 Octubre 2017

El periódico propiedad del mismo Grande de España en cuya emisora radiofónica se ha informado esta semana pasada a la audiencia de que "diez mil ratas" procedentes de las bodegas del crucero Piolín están recluidas en el puerto de Barcelona, por más señas la antigua Vanguardia Española, publicó el domingo último un editorial con el nada equívoco título de "Saque las urnas, president". Un título que, acaso por esa costumbre local de cometer editoriales conjuntos, vino a coincidir con el de la pieza que el director de El Periódico de Catalunya, el otro vocero canónico de las fuerzas vivas del país petit, envió a la imprenta el mismo día. Y es que si Napoleón era un loco que se creía Napoleón, ese pobre diablo que ahora mora recluido en la Plaza de San Jaime, Puigdemont, no es más que un simple que se ha llegado a creer que la inmensa red clientelar sobre la que se asienta la ubicua escenografía callejera del golpe es algo que se podría mantener sin el mágico lubricante del dinero público. El problema de nuestro iluminado de comarcas es que ha terminado comprando su propia propaganda. Pero resulta que únicamente él la ha comprado. Él y solo él.

Porque ni el Grande, ni el hijo bienamando del Grande, ni los Carulla, ni los Rodés, ni los Lara ni ninguna de las grandes fortunas locales que llevan décadas jugando a la puta y a la Ramoneta, facilitando la agitación separatista en Barcelona y al mismo tiempo pasando en cazo en Madrid, se creen ese pueril cuento de hadas. Decía un cromañón de la ETA, uno cuyo alias no recuerdo ahora, que aquello, el País Vasco, volvería a ser España en un par de semanas si sus pistolas no siguieran segando vidas. Y aquí, en Cataluña, ocurre algo similar: sin la máquina de lavar cerebros de las madrasas de la Generalitat, sin los medios de comunicación del Movimiento funcionando a toda máquina durante las veinticuatro horas del día, y sin los centenares de chiringuitos insurreccionales financiados con cargo al Erario, esto volvería a parecer un sitio normal de la Europa civilizada en cuestión de meses. Por eso los que dentro de la sala de máquinas de la asonada todavía conservan la cabeza encima de los hombros, el cínico Mas por ejemplo, son tan sabedores de que perder ahora el control de la Generalitat significaría perder la partida.

Y tratar de evitarlo es algo que todavía estará a su alcance, al menos, durante la próxima semana. Así, postrera burla al Estado ingeniada por Mas y su entorno, la idea que ahora mismo estarían tratando –con prisas y a la desesperada– de injertar en la cabeza de chorlito de Puigdemont pasaría por otra ininteligible proclamación cantinflesca de la independencia catalana. Un trabalenguas marca de la casa que diese paso de inmediato al anuncio formal y solemne de unas elecciones "constituyentes" de la República. En la práctica, unos comicios autonómicos vulgares y corrientes que les sirvieran para eludir el 155 en el último segundo, pero rodeados del boato escénico y la charlatanería apocalíptica e iconoclasta necesarios para seguir manteniendo hiperventilada a su base electoral. Si consiguen persuadir finalmente al chalado, lo que van a intentar es eso. Pero si el Estado, después de todo lo ocurrido, les consintiera ese final corte de mangas, entonces sí que podría dar por perdida Cataluña. El efecto de una claudicación semejante resultaría tan demoledor para los cientos de miles de catalanes leales a España, resultaría tan desmovilizador para ellos, que la derrota del constitucionalismo estaría garantizada, ahora sí, desde mucho antes de abrir las urnas. Como diría Talleyrand, sería mucho peor que un crimen: sería un imperdonable error. Veremos.

El hundimiento de España (22)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 23 Octubre 2017

EL PORTAVOZ DEL GOVERN TURULL SE ATURULLA Y DICE QUE CONVOCAR ELECCIONES NO ESTÁ SOBRE LA MESA. LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA SE REUNE PARA FIJAR EL PLENO PEDIDO POR PUIGDEMONT.

Entramos en otra de las semanas (y van…) decisivas de este largo, cansino y pelma proceso de sedición, en un año que ha copado la actividad política de España y ha sometido a los ciudadanos a un inmerecido y cruel bombardeo informativo machacón. Una verdadera tortura de bota malaya, o de la gota china. Y es que, la verdad, es como para estar ya más que harto de este culebrón interminable en el que los protagonistas nunca llegan a enfrentarse ni a dar la batalla final a ver quién resulta ganador y pone el cartel del fin a la historia. El caso es que ahora tras meses de desacatos, desobediencias, aprobación de leyes y su posterior suspensión y anulación, hemos pasado a la última fase en que una parte no se atreve a dar el último paso, el de proclamar la república independiente por temor al fracaso y nulo reconocimiento internacional, salvo por los frikis de siempre, ni tampoco a ceder ante sus huestes convocando unas elecciones que llamaría plebiscitarias. Y la otra parte, la que se postula como ganadora del enfrentamiento, ofrece precisamente esa salida de convocar elecciones y perdonar esos “pecadillos”, bajo la amenaza de entrar a saco en las instituciones para forzar esas elecciones.

O sea, que al final de todo este serial, todo se resume en que se celebren unas elecciones autonómicas y ver por donde se decantan los sufridos ciudadanos de Cataluña. ¿Y es esa la única solución a todos los graves problemas que nos han mantenido en vilo y zozobra todo este tiempo? Pues sinceramente creo que no. Y la razón es muy simple: unas nuevas elecciones no van a dar un vuelco sustancial a la situación actual. Lo que dicen todas las encuestas es que lo que habrá es un cambio de cromos, es decir de escaños. La primera fuerza sería ERC, la segunda CIUDADANOS y la tercera la CUP, con un desplome de CiU (ahora PDeCat sin Unió ya desaparecida), seguidos por el PSC, los Comunes de Ada Colau y demás patulea podemita, y por el PPC en el furgón de cola. Es decir, que seguiría habiendo una mayoría parlamentaria independentista, en la que los podemitas serían aliados y donde Oriol Junqueras, si no ha sido suspendido, imputado y enjuiciado por sedición, sería investido como Presidente del Gobierno de la Generalidad y estaríamos otra vez al principio de la enésima temporada del culebrón y habríamos hecho un pan como unas tortas.

Elecciones sí, pero a su tiempo y en condiciones que aseguren la lealtad institucional de aquellos que tomarán el relevo de poder que ahora el Estado va a asumir. Hay mucho que hacer y las prisas no son aconsejables para solucionar un problema que lleva enquistado decenas de años, precisamente por la dejadez y despreocupación de los diferentes Gobiernos de España de PSOE y PP, que ahora se ven obligados a actuar para evitar el hundimiento de España. Es algo así como querer acabar de un plumazo y por decreto con décadas de adoctrinamiento político e inculcación del sentimiento independentista, sin hacer pedagogía y anular a los responsables. Porque en un país democrático es inconcebible que se permita, como en España, la presencia de partidos que pretenden nada menos que la destrucción de la nación, algunos de ellos incluso mediante el uso de la violencia. Y no solo es inconcebible sino además suicida. Es por ello que nunca se debería haber facilitado la legalización de esos partidos y mucho menos consentir que con dinero de los impuestos de todos los españoles se financiasen para conseguir sus objetivos.

Intervenir sin suspender, es lo que dice Mariano Rajoy que va a hacer cuando el Senado le apruebe las medidas que ha previsto amparadas por el artículo 155 de la Constitución. Una misión cuyo resultado es imprevisible si solo va encaminada a convocar unas elecciones autonómicas en los próximos seis meses. Es evidente que la sociedad en Cataluña está fuertemente dividida y en ese tiempo el enconamiento de las posiciones puede hacerse mucho más radical. Al menos así lo han anunciado los golpistas que avisan que “no le va a ser fácil al Gobierno de España”. Se ha llamado a tomar las calles y a entorpecer, como ya se hizo el 1 de octubre, la aplicación de las medidas anunciadas. Se ha hecho un llamamiento para defender las Instituciones de Cataluña y acusado al Gobierno de España de dar un golpe de Estado y despreciar la voluntad del pueblo catalán una vez más. Y esto no se resuelve solo con la designación de tecnócratas y la destitución de cargos que no lo van a poner fácil para dejar sus poltronas y despachos. Se juegan demasiado en lo personal y en lo económico para ponérselo fácil al Gobierno.

Y es que si en lo nimio, como es la simple suspensión del Presidente de la Federación española de fútbol, Miguel Ángel Villar, ni el Ministro de Cultura, ni el Consejo de Deporte son incapaces de hacer efectivas las sentencias y se sigue permitiendo que el suspendido se pasee por la Federación como “Pedro por su casa” y se siente en su despacho sin que nadie le impida la entrada y haya cerrado esa dependencia, tengo dudas de que en esta aventura de la intervención la cosa vaya mejor y no se encuentre con la insumisión total y deba tomar medidas mucho más drásticas para cumplir con la misión. Podemos estar ante escenas indeseables como las de esa “represión” policial inevitable ante la actitud hostil de una muchedumbre fanatizada y dispuesta a entorpecer lo máximo y evitar el cumplimiento de la ley.

Hoy se reúne la Junta de portavoces del Parlamento de Cataluña con el único punto del día de fijar la fecha del pleno que el Presidente del Gobierno de la Generalidad pidió en su comparecencia del pasado sábado, como respuesta al anuncio por Mariano Rajoy de los acuerdos del Consejo de Ministros extraordinario de ese día, en cuanto a las medidas concretas que se presentan al Senado para aplicar el artículo155 de la Constitución. Es inútil hacer previsiones de cuál será la fecha elegida. Algunos hablan de hacer coincidir el pleno con el decisorio del Senado, previsto para el próximo viernes 27 de octubre, en un intento de escenificar un choque institucional entre dos parlamentos, el de España y el de Cataluña, si finalmente optan ese día por aprobar y proclamar la independencia de forma solemne. El mismo fin de semana del cambio de hora de verano a invierno. Y es que en realidad puede que entremos en un frío invierno de oscuridad y transitemos por un terreno desconocido que no sabemos a dónde nos conduce, ni a lo que tendremos que enfrentarnos.

Estamos sí, en otra de las semanas decisivas, pero esta vez parece que lo será realmente y dé lugar al comienzo de una nueva serie cuyo guion se irá improvisando y escribiendo cada minuto, cada hora, cada día, en donde solo conocemos a los personajes protagonistas, pero no cuál será el papel que desempeñarán en la trama y si aparecerán nuevos personajes que tomarán el relevo y el protagonismo. Aunque vistos los antecedentes del culebrón, nos podemos imaginar lo peor.

¡Que pasen un buen día!

La máquina de propaganda de la Generalitat: más de 300 millones anuales al servicio del independentismo
Embajadas, subvenciones a medios de comunicación, TV3, publicidad oficial y miles de asalariados para la causa
Roberto PérezRoberto Pérez ABC 23 Octubre 2017

La Generalitat encierra una compleja maquinaria de propaganda tejida por el nacionalismo durante décadas, alimentada y moldeada con especial ahínco en los últimos años, y desde hace tiempo puesta abiertamente al servicio de la causa independentista. Una maquinaria cuyo coste supera ya los 300 millones de euros anuales y que, entre otras cosas, sostiene entes y servicios oficiales de lo más diverso en los que tienen cabida miles de empleados públicos.

Desde subvenciones directas a empresas privadas de comunicación a la publicidad oficial, pasando por el gigantesco -y ruinoso- 'hólding' mediático propiedad de la Generalitat, las embajadas, las políticas identitarias tejidas a partir de la lengua catalana o la «administración paralela» para dar lustre a nivel internacional a la pretendida «nación catalana». La lista es larga. A continuación se detallan algunos de sus pilares más generosamente nutridos con dinero público por parte de un Ejecutivo regional sostenido, desde hace años, a costa de los fondos que le viene inyectando el Estado.

Radiotelevisión autonómica: 237 millones
El 'hólding' mediático de la Generalitat lo encabeza la radiotelevisión autonómica, con la TV3 como buque insignia de una larga lista de canales televisivos públicos controlados por el «Govern». La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) es la sociedad mercantil de la Generalitat con la que dirige su radiotelevisión. Le inyecta anualmente una media de 237 millones de euros: en el último quinquenio ha fulminado más de 1.000 millones de euros. Aún así, acumula más de 800 millones de euros de pérdidas.

La radiotelevisión de la Generalitat cuenta con una plantilla de 2.234 trabajadores. Para pagar sus sueldos cuenta con un presupuesto de 265 millones de euros al año. A esa cifra hay que añadir los servicios externos y el personal ligado a ellos.

Secretaría de Comunicación del «Govern»
La coordinación informativa y publicitaria de la Generalitat recae en el Departamento de Presidencia. Considerada un área estratégica en los objetivos propagandísticos y de imagen, el «Govern» cuenta con su propia Secretaría de Comunicación y Medios de Comunicación. Su presupuesto ronda los 250 millones de euros anuales. De ese fondo parten los más de 230 millones que se transfieren a la radiotelevisión y a la Agencia Catalana de Noticias. El resto -unos 15 millones de euros- acaban tanto en manos públicas como privadas. Así, 5,36 millones nutren al Consejo Audiovisual de Cataluña, otro de los entes de la Generalitat. Y más de nueve millones de euros se dedican a subvencionar a medios de comunicación privados, fundaciones y otras instituciones externas a la Generalitat y a las que ésta arropa económicamente dentro de su particular estrategia informativa.

Además de la Secretaría de Comunicación, la Generalitat cuenta también con una Secretaría de Difusión. Depende igualmente del Departamento de Presidencia y cuenta con un presupuesto anual de 4,6 millones de euros.

Agencia Catalana de Noticias: 60 empleados
A finales de los años 90 nació la Agencia Catalana de Noticias (ACN), empresa pública de la Generalitat y, por tanto, controlada directamente por el «Govern». Jordi Pujol mandó crear esta agencia de noticias y el encargó lo ejecutó Carles Puigdemont, quien estuvo al frente de ella durante años, antes de saltar a la política profesional. La ACN le cuesta anualmente a la Generalitat más de tres millones de euros, entre subvenciones directas y pagos por servicios prestados. Pese a las continuas inyecciones de fondos de la Generalitat, la ACN está instalada en los números rojos. Sus pérdidas acumuladas rondan los 8 millones de euros. Cuenta con una plantilla de 60 trabajadores.

El multimillonario gasto en publicidad
Los contratos de publicidad institucional constituyen otro de los mecanismos de control e influencia mediática de la Generalitat al servicio de sus objetivos políticos. El gasto dedicado a tal fin es generoso y ha ido a más en plena escalada secesionista. En menos de nueve meses, desde el 1 de enero a primeros del pasado septiembre, el Ejecutivo de Puigdemont adjudicó más de 40 contratos de difusión publicitaria -varios de ellos grandes adjudicaciones multimediáticas-, con un gasto global de 28,4 millones de euros. Ese gasto ha sido un 76,7% más del importe al que ascendió la publicidad oficial contratada por la Generalitat en el mismo período de 2016. Durante todo 2016, el gasto en propaganda rozó los 20 millones.

Amplio gabinete de prensa
A toda esa estructura se le añade el nutrido cuerpo de periodistas, estrategas informativos y directivos que conforman el gabinete de prensa de la Generalitat. Al servicio del «Govern» hay una treintena, contratados en calidad de asesores (personal eventual) o altos cargos. Pero eso es solo el equipo integrado en la estructura política del Ejecutivo catalán. A eso hay que sumar los servicios oficiales de prensa con que cuentan empresas públicas, fundaciones, consorcios y entes diversos de la abultada «administración paralela» de la Generalitat.

La «política exterior»: 35 millones al año
La persistente vocación del nacionalismo catalán por construir estructuras de Estado y su afán por la propaganda internacional están detrás de la costosa «política exterior» de la Generalitat. Viene de lejos, pero se ha disparado en los últimos años, a la par que ha ido acelerándose la deriva secesionista.

La clave de bóveda de esa «política exterior» de la Generalitat descansa en la Secretaría de Asuntos Exteriores y Unión Europea, integrada en la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. La citada Secretaría maneja este año 35,6 millones de euros.

Esos fondos dan de sí para desplegar toda la política de propaganda exterior, respaldada por su red de «embajadas» en el extranjero y articulada también a través de un variado número de entes públicos controlados desde esa Consejería: el «servicio diplomático» del Diplocat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo -que se incardina y relaciona con las políticas de imagen exterior de la Generalitat-, el Instituto Catalán Internacional por la Paz, el Memorial Democrático o el Consorcio del Museo Memorial del Exilio.

Cooperación al desarrollo, nutrida en sueldos
De todos esos entes que conforman el engranaje de la «política exterior» de la Generalitat, el que tiene más presupuesto es la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo: 17,4 millones de euros este año. Eso sí, el 14% de esos fondos se quedan en casa en forma de sueldos de plantilla, casi dos millones y medio de euros se van en gastos de personal de este organismo oficial de la Generalitat.

Agencia diplomática: 2,3 millones
El segundo ente con más presupuesto dentro de la Consejería de Asuntos Exteriores de la Generalitat es «Diplocat», el «Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña». Este año se le han asignado 2,32 millones de euros, y más de la tercera parte se le van en sueldos.

Por su parte, el Instituto Catalán Internacional por la Paz cuenta con un presupuesto anual de 1,14 millones de euros (más de medio millón en sueldos), el Memorial Democrático maneja 1,86 millones (895.000 euros en sueldos), y el «Memorial del Exilio» dispone de un presupuesto de 442.000 euros, la mitad de ellos para gastos de personal.

La lengua, multimillonaria bandera nacionalista
La política lingüística es otro de los frentes especialmente cultivados por los nacionalistas dentro de su estrategia identitaria. Da de sí para múltiples acciones presupuestarias, incluida la subvención a entidades y medios de comunicación con el argumento de la promoción de la «lengua nacional».

La Generalitat dedica este año 26,8 millones de euros a su programa presupuestario titulado «Promoción de la Lengua Catalana»: hasta el 31 de agosto ya llevaba gastados 17 millones, un 12,2% más que en el mismo período del año pasado.

Rajoy, Sánchez, Rivera y el Error Puigdemont
Pedro de Tena Libertad Digital 23 Octubre 2017

Vayamos por partes. ¿Por qué ha cometido un error el señor Puigdemont? Hay quien cree que su principal desatino consiste en haber precipitado la declaración de independencia de Cataluña cuando no se daban las condiciones aconsejadas por los estrategas separatistas. Se trataba de esperar una o dos generaciones cobijados por una democracia española comprensiva y traicionable que les permitía manejar el dinero, la educación, la Administración regional y los Mossos para consumar su atentado contra la democracia por ir contra la mayoría de catalanes que se siente y quiere ser española. Una vez divididos desde dentro, vigilados, acojonados y amenazados durante más de 30 años (dos generaciones de Ortega), estos catalanes y españoles no serían obstáculo suficiente y la vía libre hacia la dictadura separatista estaba expedita.

Se cree, pues, que el despropósito de Puigdemont y quienes le susurran al oído es la urgencia, la prisa, la impaciencia. Pero creo que no es así. El error de Puigdemont y sus minorías adyacentes es haber infravalorado la realidad histórica de España que constituye a la propia Cataluña, y ese es el mismo error que cometieron sus antecesores que fracasaron en el golpismo separatista. En la I República, la independencia catalanista federada a España duró dos días. El 14 de abril de 1931 Maciá volvió a declarar la república catalana federada, una república que terminó en un estatuto de autonomía que hoy consideraríamos de segunda o tercera clase. En octubre de 1934 la declaró Companys, otra vez vinculada a España, y llegó el general Batet. Y luego estalló 1936, que acabó con el independentismo antes de Franco.

La manía, cada vez más impune, de distorsionar la Historia conduce a cometer errores. La realidad de España en Cataluña, poblacional, económica, social, institucional, comunicacional y cultural es, a pesar de todo, sólida como es propio de la gran nación europea que es. Pero esta es la primera vez que los separatistas catalanes quieren, no ser una república federada a España, sino una nación dotada con Estado, al margen de España y, probablemente, mecida por los poderes fácticos de la historia presente, contra España.

El error de Puigdemont y su minoría ataviada con una sensación de superioridad de origen y de cultura, una especie de racismo, fraguados al amparo de un dominio de las circunstancias políticas que protegían su economía, ha sido no comprender eso (su sorpresa por la fuga de centenares de empresas lo revela) y estar en manos de una minoría comunista-populista que está usando el sentimiento catalanista para el fin de la ruptura, disgregación y finalmente ocupación de España y Cataluña.

El daño causado a España, Cataluña inclusa, por una ingenua permisividad constitucional ya no puede curarse, mejor malcurarse, más que con poder, tiempo y estrategia. Rajoy, Sánchez y Rivera pueden aprovechar el Error Puigdemont para salud de España y de la mayoría de los catalanes o pueden convertirlo en su acierto decisivo consintiendo pusilánimemente la angustia de una tercera generación dominada por la minoría secesionista hasta otra futura declaración de independencia, tal vez la última.

El gas del globo
La máquina de propaganda del Govern era crucial para el invento
Luis Ventoso ABC 23 Octubre 2017

Muy a mi pesar, en estos momentos no me encuentro practicando el olímpico deporte de levantar potes y pinchos por alguna calle de los vinos del País Vasco. Si estuviese allí, digamos que en la bilbaína Pozas –y que mi mujer donostiarra me perdone el ejemplo–, podría llevar a cabo un pequeño experimento sociológico. Consistiría en acercarme a varios veinteañeros que estuviesen dándole al morapio para hacerles la siguiente pregunta: ¿De qué época datan el término Euskadi y la bandera ikurriña? Tengan seguro que la mayoría me responderían que desde siempre, desde la noche de los tiempos. Lo cierto es que son dos inventos de Sabino Arana de finales del XIX. La propia denominación de País Vasco es muy tardía, también de hace dos siglos. En su «Historia mínima del País Vasco», el sabio Jon Juaristi, que cada domingo deleita desde estas páginas, lo explica perfectamente. En nuestro Siglo de Oro aquellas hermosas tierras eran conocidas como Vizcaya y en el XVIII empieza a hablarse de las Provincias Vascongadas. De Euskadi –término del que jamás se apeará un buen progresista madrileño, tipo Sánchez o Iglesias– nada se supo jamás, hasta que dos hermanos nacionalistas, antes fervorosos carlistas, se lo sacaron del magín anteayer.

El nacionalismo crea sus mitos, está archidemostrado. En Galicia hubo un Gobierno de coalición de socialistas y nacionalistas, de mal recuerdo. Solo duraron cuatro años, pero ya se habían inventado su Papá Noel gallego, O Apalpador, por supuesto ancestral. Si hubiesen logrado continuar un par de mandatos, esta Navidad la mitad de los niños gallegos pedirían sus regalos al Papá Noel autóctono. Perdieron el poder, cesó la propaganda nacionalista, y de la inmemorial tradición nunca más se supo.

En Cataluña se ha llevado a cabo en los últimos veinte años una operación de ingeniería social de pocos precedentes en un Estado democrático. Han utilizado los resortes del poder para fomentar el odio a España y vender una historia mítica de su región, que la haría acreedora de ser independiente, instante en que los catalanes arribarían a la tierra prometida. Las armas del «proceso» han sido la escuela y la propaganda, ejercida con descaro absoluto. A golpe de subvenciones se compró para la causa a los medios locales, alguno con vitola de grandeza de España. La televisión autonómica fue convertida en una fábrica de independentistas (que pagamos todos los españoles, pues la Generalitat ha sido rescatada debido a la mala cabeza contable de sus gobernantes). Una tupida malla de asociaciones separatistas fue inflada a subvenciones. Se inoculó el nacionalismo en todos los ámbitos, del fútbol a las fiestas patronales. Tejieron una red de embajadas para el apostolado planetario y hasta pagaron a lobistas en Washington. El 155 tendrá un insólito efecto: de repente toda esa impresionante máquina de lavar cerebros se parará, porque cesará de manar el dineral público que la sostiene. Un cambio radical. Ya no habrá un altavoz tronante del independentismo pagado por el poder. Algún medio de fidelidades pecuniarias no tardará en virar. El globo perderá gas, porque la propaganda era la falange más importante de la sedición.

Ruleta rusa
Luis Herrero Libertad Digital 23 Octubre 2017

Lo que se dice en los oteros independentistas es que Puigdemont someterá a votación en el Parlament la dichosa DUI el próximo viernes, mientras se esté respaldando en el Senado la aplicación del 155 solicitada por el Gobierno. Cuestión de escenografía: a la vez que el Estado entra a machete en la sala de máquinas de la autonomía catalana para abortar el procés, los héroes de la resistencia proclaman la República. Si han de venir las fuerzas represoras -quieren poder decir los arquitectos de la independencia-, que no sea solo para llevarse por delante un proyecto inconcluso. Que todo el mundo sepa que han dinamitado algo que ya estaba en pie, bendecido por las leyes propias, el refrendo popular y la solemne ratificación parlamentaria. Y me temo que nadie podrá arrebatarles nunca ese discurso, por falaz que sea.

No importa que las leyes propias solo sean papel mojado y que estén suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional. Su verdad será siempre que las tramitaron, las aprobaron y las aplicaron. No importa que el referéndum se celebrara sin garantías, despreciando los mínimos criterios democráticos exigibles para su homologación. Su verdad será siempre que hubo urnas, colegios, censo y papeletas a pesar de la oposición ejercida por la musculatura del Estado. No importa que la ratificación parlamentaria se haya producido tras atropellar los reglamentos y dejando al margen a los representantes de la mayoría social de Cataluña. Su verdad será siempre que la República se proclamó solemnemente en una Asamblea democrática que aún conservaba en plenitud sus competencias constitucionales.

Cuando haya pasado el tiempo y podamos mirar atrás con cierto sosiego deberemos preguntarnos si el Gobierno actuó en el momento adecuado. Sabíamos el día y la hora en que los independentistas iban a poner el cimiento legal de su edificio sedicioso. Si Rajoy hubiera tomado la decisión de aplicar el 155 antes del 6 de septiembre, Puigdemont y los suyos nunca hubieran podido decir que sus propias leyes les obligaban a seguir adelante. Esas leyes nunca hubieran existido. Y si lo hubiera aplicado antes del 1 de octubre, en lugar de presumir de un poder intimidatorio que acabó convirtiéndose en una bravata de barra de bar, el simulacro de referéndum no habría provocado largas colas ante las urnas de todo a cien ni habría ilustrado las portadas de los diarios europeos al día siguiente.

Si de lo que se trataba era de desbaratarles el relato, el acuerdo alcanzado por PP, PSOE y Ciudadanos llega muy tarde. Todo lo que conseguirá a partir del viernes la aplicación pactada del 155 se hubiera conseguido de igual modo a principios de septiembre, cuando los independentistas ya habían dejado inequívocamente claro que no estaban jugando de farol. Se podrá decir, y es verdad, que en aquellas fechas el PSOE no estaba por la labor de subirse al carro y que Rajoy sólo habría contado con el apoyo de Ciudadanos. También se podrá decir, y es verdad, que casi nadie pensaba que las cosas fueran a llegar tan lejos y que el Gobierno habría tenido que soportar la crítica feroz de haber provocado un incendio pavoroso echando gasolina a una simple hoguera. Pero lo primero solo demuestra que el PSOE es tan cómplice por omisión como el Gobierno de lo que pueda pasar a partir de ahora y lo segundo solo demuestra que los incrédulos vivían en Babia. La obligación de Rajoy era no estarlo.

Antes del 6 de septiembre la batalla se hubiera librado lejos de las murallas de la fortaleza y las consecuencias del combate, incluso para los independentistas que ya están o pronto estarán en la cárcel, hubieran sido de menor cuantía. Ahora, en cambio, el lío que se avecina es monumental. En las hojas volanderas que imparten las consignas independentistas que se difundieron ayer por las web, se dice textualmente:

"El viernes por la noche, la República Catalana y la vieja España sin autonomías se enfrentarán en todos los terrenos y en cada decisión. Quien demuestre el sábado, y el domingo, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes que es el Gobierno efectivo y real del Principado, ganará. Si los Mossos obedecen a la Generalitat, ganaremos. Si los bancos actúan respetando la legalidad, ganaremos. Si los ayuntamientos ignoran las órdenes de los ministros españoles, ganaremos. Si las escuelas mantienen su modelo, ganaremos. Si los diputados pueden sentarse en sus escaños, ganaremos. Si impedimos que la policía española pueda entrar en el Palau para detener a Puigdemont, ganaremos (…) Preparémonos. El próximo fin de semana será, políticamente hablando, el más importante de nuestras vidas".

Esta anunciada escalada de la tensión plantea -además de un evidente riesgo de violencia física- un panorama político envenenado. Es muy probable que Puigdemont, después de votada la declaración de independencia -y tal vez sin invocar ninguna de las leyes de desconexión suspendidas por el TC para que no fuera fácil pararle los pies-, haga coincidir con la votación del Senado la convocatoria de elecciones inmediatas. Él las llamaría constituyentes. Pero eso es lo de menos. Aunque las llamara lagarteranas, lo sustancial es que las estaría convocando de acuerdo a una prerrogativa estatutaria que, al no haberle sido arrebatada todavía, les conferiría presunción de legalidad. ¿Se avendrían en tal caso PP y PSOE a suspender in extremis la entrada en vigor del 155? Ese sería el peor error político que podrían añadir a la larga lista de los ya cometidos. Y, sin embargo, me temo que lo están considerando.

Sus demóscopos de cabecera les susurran al oído que después de haber provocado la estampida de millares de empresas y de haber desperezado a base de sustos a la mayoría silenciosa que se opone a sus deseos, los independentistas están condenados a sufrir en las urnas un escarmiento ejemplar. Adiós a la mayoría absoluta y a la imposición unilateral de la República Catalana. Fin de la pesadilla. No me detendré a considerar la indignidad que supondría para el Estado el hecho infame de darle carta de naturaleza al primer acto jurídico suscrito por un President de la Generalitat que acaba de proclamar la independencia. Allá cada cual con su sentido del decoro.

¿Pero qué pasa si se equivocan? ¿Alguien se ha parado a pensarlo? Ojo a la encuesta que ha publicado hoy El Periódico de Cataluña. Si la embriaguez de las multitudes traslada al nuevo Parlament un reparto de fuerzas parecido al que nos ha traído hasta aquí, los sediciosos no sólo habrán cumplido su objetivo, sino que además lo habrán hecho con la complicidad legitimadora de los partidos que defienden la idea de España. Que no olviden Sánchez y Rajoy que el riesgo de jugar a la ruleta rusa es que a veces una bala te trepana los sesos.

Fin a la máquina secesionista
Editorial ABC 23 Octubre 2017

Una de las múltiples e importantes tareas que deberá desempeñar el Gobierno cuando, finalmente, entren en vigor las medidas derivadas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución será desmantelar la amplia y engrasada «administración paralela» que han creado los nacionalistas catalanes con el único fin de alimentar el independentismo. La Generalitat ha mantenido y desarrollado durante años un complejo entramado de departamentos, organizaciones, fundaciones y entes dedicados en exclusiva a difundir, promover y fomentar el movimiento secesionista en Cataluña, cuya financiación dependía del erario público.

Esta maquinaria independentista, ideada para desafiar al Estado de Derecho y avanzar en la culminación de su particular y disparatada utopía, trabajaba por y para el nacionalismo, persiguiendo con ello una concreta finalidad partidista, marginando así a la mayoría de la población e ignorando por completo el interés general de los catalanes, que es el principio básico que debería guiar la actuación de los responsables políticos. Y todo ello haciendo un uso arbitrario e interesado del dinero de los contribuyentes, además de generar una nutrida red de clientelismo político de la que se beneficiaban personalmente los propios independentistas.

Sin embargo, el Gobierno dispone ahora de la oportunidad y las herramientas legales necesarias para desmontar este aparato de propaganda y adoctrinamiento político, ya que podrá destituir a sus dirigentes e incluso aprobar la extinción de dichas entidades y organismos públicos, una vez que el Senado otorgue luz verde al 155. La función del Ejecutivo no solo ha de limitarse a restablecer la legalidad y garantizar el marco constitucional en Cataluña tras el golpe independentista, sino que también debe eliminar la estructura que ha posibilitado su desarrollo.

Abandonad toda esperanza, golpistas
Isabel San Sebastián ABC 23 Octubre 2017

Al fin van a perder el poder en Cataluña quienes llevan años utilizándolo para atentar contra el Estado democrático de Derecho. Al fin se anuncia la activación del artículo 155 de nuestra Constitución, previsto precisamente para salvaguardar sus garantías. ¡Ya era hora! El Gobierno ha tardado mucho más de lo necesario en tomar esta decisión inevitable, pero, una vez tomada, parece determinado a ponerla en práctica sin concesiones, con todo lo que significa. ¡A ver si es verdad!

Cuando la gran mayoría de los españoles celebra el anuncio de una serie de medidas destinadas a restablecer el orden constitucional y preservar, por tanto, la inquebrantable unidad de la nación española, es de justicia destacar el papel crucial desempeñado por el Rey en esta gravísima crisis. El enorme servicio que ha prestado a España. El pasado 3 de octubre, tras la celebración de ese referéndum ilegal que, a tenor de lo prometido desde La Moncloa, no iba a tener lugar, el marcador era favorable a los golpistas. La Policía y la Guardia Civil habían sido arrastradas a una trampa mortal por la traición de los Mozos de Escuadra y la información deficiente (o desoída) de los servicios de inteligencia. Los sediciosos se habían apuntado un tanto victimista muy valioso ante la prensa internacional, ganada de antemano para su causa gracias a una tenaz labor de propaganda nunca compensada por los llamados a difundir la voz de la legalidad. Las empresas estaban a la expectativa, pensando qué bando escoger ante la imposibilidad de saber cuál saldría victorioso. Y el PSOE anunciaba la reprobación de Soraya Sáenz de Santamaría por su responsabilidad en la presunta "brutalidad policial" denunciada desde la Generalitat en base a datos falsarios; o sea, estaba a un paso de alinearse con Podemos, PNV y Bildu junto a los rebeldes. Todo parecía favorecer a Puigdemont, mientras un Mariano Rajoy acorralado, indeciso y temeroso dudaba si cumplir o no con su penoso deber sin más apoyo que el de Albert Rivera. Entonces Felipe VI se asomó a nuestros hogares con un discurso inequívoco en defensa de la libertad, unidad y soberanía de los españoles. Seis minutos de firmeza y valentía que cambiaron el curso de la historia.

La intervención providencial del Rey inclinó la balanza socialista del lado de la Carta Magna y precipitó la fuga del dinero, decisiva para el fracaso de la asonada. Las palabras de Don Felipe fueron escuchadas también allende nuestras fronteras, donde algunos barajaban ya la idea de satisfacer los delirios de Romeva y reconocer la nueva república. Pero sobre todo esos seis minutos sin desperdicio animaron a la ciudadanía a defender abiertamente a su patria de quienes ansían romperla, olvidando viejos complejos. Hoy la partida está ganada y los golpistas saben que han de abandonar toda esperanza, por mucho que se lamenten o traten de tomar la calle. Han perdido.

Queda mucho por hacer, desde luego. Los tribunales deben actuar con rigor contra los autores materiales del golpe, sea por rebelión, sedición, malversación, prevaricación, o la suma de esos delitos. Es preciso asimismo desarticular minuciosamente la trama civil que lleva décadas alentando a la secesión a través de la televisión y radio públicas autonómicas, la Consejería de Educación y ciertas "asociaciones culturales" dedicadas al adoctrinamiento y la agitación. Hay que aprovechar esta ocasión para limpiar a fondo las estructuras levantadas por los separatistas en apoyo de su causa, y después ganarles en las urnas. Pero al menos ahora están desenmascarados. Todo el mundo sabe lo que son y cómo actúan.

Una Constitución de muertos
Francisco Mercado estrelladigital 23 Octubre 2017

Manuel Monereo, insigne diputado de Podemos, dice que un "una Constitución debería durar lo que dura una generación, los muertos no pueden estar dirigiendo eternamente a los vivos". La brillante portavoz parlamentaria magenta, Irene Montero, lo tuitea. Está de acuerdo. Y Pablo Iglesias lo considera una lección magistral del Demóstenes de Jaén. Una de sus mayores obras intelectuales, según el PSOE, es la pinza de IU y PP contra el gobierno de Felipe González. Nada más revolucionario que aliarse con Aznar.

Esta soflama la pronuncia un político que tiene edad para saber que nuestra Constitución se firmó para que no hubiera muertos otra vez. Por tanto, sí: la nuestra es una Constitución de muertos, de nuestros muertos de la guerra civil. Porque nuestros muertos de la guerra civil pelearon por una Constitución así.

No vivieron para verla. Nosotros sí. Estamos vivos y no nos matamos porque se firmó esta Constitución que deseaban los muertos. Todas las constituciones descansan en muertos. Todas nacieron de la lucha sangrienta por dotarse de libertades. Los franceses deberían reprobar su legislación: nació de los muertos de la revolución, la norteamericana de la lucha contra los ingleses, la alemana de las cenizas del holocausto nazi, la inglesa de decenas de revueltas para arrinconar el poder de la monarquía.

Sólo nuestros muertos por las libertades están caducos y apestan para los dirigentes de Podemos. Y si ha durado varios generaciones de españoles esta Constitución es que ha salvado varias generaciones de guerras civiles. Por eso es la mejor Constitución española. Hubo otras más excelsas pero su texto acabó siempre arrumbado por falta de concordia o exceso de botas militares. Pero esta Constitución tiene un grave defecto: hay que ganar en las urnas su reforma o pactarla. No admite madurazos.

Una izquierda radical hace avanzar la sociedad, una izquierda demagógica sólo fabrica memes y memos. Pero si es tan indecente la Constitución, que no usen las prerrogativas que brinda la ley para protegerse de las detenciones, que no usen abogados, que no planteen recursos, que no usen la libertad de expresión para promover videos sobre las cloacas de Interior mientras llevan a los tribunales a los periodistas que dan noticia de sus presuntas corruptelas, que no acudan al Parlamento ni cobren. Están cobrando de los muertos. Qué dicha vivir de la Constitución para dinamitarla.

Choca que esta Constitución asfixie a Monereo. Su extinta fundación CEPS cobró más de 4,2 millones de euros por asesorar al Gobierno venezolano. ¿La Constitución venezolana no precisaba reformas para imposibilitar que se detengan rivales políticos? ¿O Venezuela era una paraíso que no merecía ampliar libertades? ¿Y si no debía ser reformada la Constitución venezolana para qué cobraban? ¿Para enseñar a Chávez y Maduro cómo combatir la oposición? ¿Desarrollar el discurso pseudorevolucionario para un país pobre cuesta 4,2 millones de euros? ¿Cobró Che Guevara por impulsar la guerrilla en Bolivia? ¿Cobró Lenin por guiar la revolución?

Sorprende que un diputado por Córdoba se sienta atenazado por esta Constitución cuando en su provincia se siguen buscando cadáveres de fusilados por el franquismo por luchar por una Constitución que defendía las mismas libertades que esta caduca Constitución.

Nuestra Constitución es tan grande que permite que un jubilado congele su pensión y cobre como diputado para reformar la Constitución mientras alterna colaboraciones con medios de comunicación, conferencias y coloquios. Es tan grande que no se inquieta cuando un diputado tiene tres bienes inmobiliarios, dos hipotecas que suman 80.000 euros de las que debe aún la mitad y sólo tiene un saldo en cuenta de 400 euros. Y explica en tres minutos que Venezuela no es una dictadura. Haciendo posible lo imposible, es el lema de Monereo.

P.D. Forcadell, no vives un golpe de estado, si no estarías presa en el Nou Camp con todos los sediciosos. Estás libre, tienes libertad de expresión y periodistas suficientes para invertir la realidad. ¿Qué es golpe de estado?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Y tú me lo preguntas? Golpe de estado... eres tú.

La Constitución vencerá tras esta difícil semana
EDITORIAL EL MUNDO 23 Octubre 2017

España afronta una semana clave para poner fin a la crisis institucional más grave de la democracia. El próximo viernes el Pleno del Senado votará la activación del artículo 155 y con la publicación en el BOE de las medidas adoptadas, el Gobierno de Mariano Rajoy tomará el control de la Generalitat el sábado. Hasta entonces, el Govern seguirá en manos de quienes han demostrado tener pocos reparos en desafiar al Estado de derecho, lo que nos obliga a contemplar y prepararnos para los peores escenarios posibles.

La airada reacción de Carles Puigdemont y Carme Forcadell a las medidas anunciadas este sábado por el presidente del Gobierno reflejan la agonía de su lucha y la debilidad de una causa que no ha conseguido encontrar ningún apoyo internacional pese a la fuerza de su aparato propagandístico. Por el bien de la sociedad catalana, sería deseable que el Govern y el Parlament aceptaran de una vez que en un Estado de derecho nadie se puede saltar la ley. Sin embargo, el Pleno del Parlament anunciado por Puigdemont nos hace temer el peor de los escenarios. Una parte importante de los separatistas considera que esa sesión es la última oportunidad para consumar su felonía con la declaración unilateral de independencia. Sería una irresponsabilidad tremenda, pero el Govern secuestrado por los antisistema de la CUP no se caracteriza precisamente por su responsabilidad.

En todo caso, no es momento de entrar en terreno especulativo. Si Puigdemont opta por convertirse en un estrambótico mártir y proclamar la independencia, la Justicia actuará y será el código penal el que ponga fin a su aventura sediciosa penada con cárcel.

Lo que sí podemos denunciar es la instrumentalización del Parlament por parte del separatismo aprovechando su mayoría de escaños. Desde que se aprobaron las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica anuladas por el TC, la Cámara catalana ha reducido al máximo su actividad para tratar de silenciar a la oposición que cuenta con la mayoría de votos. Ahora que les conviene hacer el mayor ruido posible, Forcadell convoca un pleno para tratar de ganar tiempo en la búsqueda de una salida que les permita seguir con su huida hacia adelante. Esa estrategia también pasa por movilizar la calle para escudarse en las mareas que portan esteladas, un ejemplo más de la falta de sensatez de esta clase política.

Los próximos cinco días van a ser difíciles. Pero debemos afrontarlos con tranquilidad. La Constitución tiene herramientas para garantizar la unidad de España y todo el poder del Estado está decidido a aniquilar el golpe totalitario del independentismo.

No les importa el empobrecimiento de Cataluña
Francesc Moreno cronicaglobal 23 Octubre 2017

La reacción de los líderes independentistas ante la marcha de empresas ha sido la de menospreciar su importancia. Junqueras lo ha atribuido a los "porrazos de la policía". Partal se ha alegrado y lo ha calificado de "gran noticia". Òmnium ha solicitado la retirada de fondos de La Caixa y otras entidades ante la sorpresa de los directivos de aquella, que se quejaban de que les boicoteara una entidad a la que habían apoyado y financiado profusamente.

La marcha de empresas ha tenido un gran impacto por un doble motivo. En primer lugar por su repercusión económica, pequeña a corto plazo aunque de consecuencias incalculables a medio y largo plazo. Pero tan trascendente como el impacto económico ha sido el emocional y el político. La marcha de empresas y sus causas, básicamente el miedo a quedar fuera de la UE, han desmantelado el discurso de la independencia sin coste. Ha puesto al descubierto las mentiras de los lideres secesionistas que siempre habían negado esta posibilidad. Ha destruido la imagen largamente publicitada de que una Cataluña independiente sería un país de abundancia, el paraíso terrenal. En definitiva, ha cuestionado buena parte del discurso secesionista y ha socavado la credibilidad de sus líderes. Ha permitido que lo que no se había hecho, explicar las consecuencias negativas de la independencia, se haya visualizado con gran fuerza. Junto con la manifestación constitucionalista del día 8, ha modificado la correlación de fuerzas. El constitucionalismo ya no es ni una mera apelación a la legalidad, ni un porcentaje de votantes silente. Cataluña​ está profundamente dividida y la independencia nos haría más pobres. Dos evidencias que ya nadie puede ocultar.

Todo ello explica la reacción negacionista. Un discurso no dirigido a ampliar la base social independentista sino a tratar de mantener la moral de los más radicalizados, de los más fieles.

Pero hay una razón más para entender lo que esta pasando. Al núcleo duro del independentismo, formado por militantes, activistas y cargos públicos, por entidades subvencionadas y por empresas que han crecido al calor del dinero público, no le preocupa en demasía el empobrecimiento del país. Un Estado, por empobrecida que esté la población, siempre sirve para dar de comer a quienes lo sustentan. Aspiran a construir una Cataluña de pensamiento único. El empobrecimiento ayuda a purgar a los disidentes por la vía del sometimiento o de la emigración como formas de sobrevivir. Dinamarca o Suiza ya no son los referentes. Ahora el secesionismo aspira a ser el Kosovo del sur. El núcleo duro piensa que para el mantenimiento de su posición dominante les es más que suficiente. Y al resto de catalanes que les zurzan. Patriotas de boquilla.

El control de TV3 o el fregado de Stalingrado
Pablo Planas cronicaglobal 23 Octubre 2017

La vicepresidenta del Gobierno y artífice de la frustrada operación diálogo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que con la aplicación del artículo 155 se espera que TV3 y Catalunya Ràdio ofrezcan algo así como una información "veraz", "objetiva" y "equilibrada" o "ponderada", "verosímil" y "transversal". También podría haber dicho "neutral", "plural" y "consensuada". Del texto del Consejo de Ministros sobre el espeluznante 155 se infiere que será la secretaría de Estado de Comunicación, con Carmen Martínez de Castro al frente, la que llevará a cabo, o no, la ambiciosa operación de transformar TV3 en lo que no es TVE, plan que puede salir por la culata o muy mal.

Las inercias de un medio de comunicación de tamaño regular no dependen tanto del humor de los directivos, sean públicos o privados, como del estado de ánimo del comité de empresa, los jefes de sección y los diosecillos menores que merodean por las zonas nobles del viejo negocio de los romances de ciego a la espera de cazar una palmadita en la espalda o las sobras de un opíparo almuerzo.

Si ya es homérico alterar el rumbo editorial de un medio privado, el mismo empeño en un medio público está abocado al fracaso, a una melancolía profunda y relativa a la terquedad de quienes tras largos años de dedicación han logrado adaptar la silla a sus posaderas y no sus posaderas a la silla. Como para que venga ahora un pavo encomendado de Madrid a cambiar los hábitos circadianos de las acomodadas plantillas.

Es raro, porque Sáenz de Santamaría ya lleva años en política, que el Gobierno deslice la impresión de que el control de la Generalitat va a ser un paseo militar. Eso mismo pensaba Napoleón cuando se adentró en Rusia y le atrapó el invierno, que en el caso catalán sería la capacidad de los bien pertrechados y remunerados altos cargos para dar largas, paralizar las órdenes, desviar recursos y tejer una indestructible malla de malas miradas y poco amistosos silencios. Todo ello, eso sí, con un aire de lanar colaboracionismo, como cuando Junqueras mostraba su lado amoroso con la vice.

TV3 y Catalunya Ràdio son lo que son porque nacieron para dar gusto y salida audiovisual al complejo mundo interior de Jordi Pujol y Marta Ferrusola. No cambiarán nunca y en todo caso agudizarán el sesgo combativo si sus prebostes notan el aliento de un censor de cuentas sobre las partidas de colaboraciones, dietas o producciones externas.

Contrasta el lirio en la mano de Sáenz de Santamaría con el cuchillo en la boca de Vicent Sanchis, el tenor funcionarial de Madrid del 155 con el carácter agreste de los soldados de la Generalitat reclutados por Mas, Junqueras y Puigdemont para reforzar las estructuras de agitación y propaganda. Cuidado con los medios, vicepresidenta, si no quiere verse metida en un fregado como la batalla de Stalingrado.

El postureo de la casta política y de SCC
Manuel I. Cabezas González.  latribunadelpaisvasco.com 23 Octubre 2017

Profesor titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona.

· A principios de septiembre, me preguntaba: ¿Para qué les pagamos el sueldo a los políticos en España? Para intentar contestar a esta pregunta, hacía dos constataciones. Por un lado, el Gobierno de Rajoy en el poder y los demás Gobiernos pretéritos de España han hecho dejación sistemática de sus funciones y no sólo no han cumplido las leyes sino que no las han hecho cumplir. En efecto, para satisfacer sus apetitos desenfrenados de poder (su plato de lentejas), no han dudado en entregar a ciertas CC. AA. chantajistas lo que éstas les han exigido. Y, por otro lado, para más inri, cuando los extorsionistas amenazaron con la independencia unilateral de Cataluña, Rajoy incitó, en agosto de 2017, a la sociedad civil a salir a la calle para defender el estado de derecho, puesto en peligro por los insaciables “catilinas secesionistas catalanes”, y así sacarle las castañas del fuego.

· Respondiendo a esta incitación de Rajoy, el sábado 7 de octubre, miles y miles de ciudadanos se manifestaron ante los ayuntamientos de toda España, para exigir “diálogo” entre el ineficaz vigía de la legalidad vigente, el Gobierno de Rajoy, y la cabra catalana independentista, que se había tirado al monte. Además, el domingo 8 de octubre, se manifestaron también cientos de miles de ciudadanos (algunos hablan de más de un millón), convocados por Sociedad Civil Catalana (SCC), para defender el estado de derecho en Cataluña. Finalmente, el 12 de octubre, SCC organizó también otra manifestación masiva (unos 65.000 ciudadanos, según la guardia urbana), con el mismo objetivo.

· Son muy loables y meritorias estas dos convocatorias de SCC que, como su nombre indica, debería ser una asociación civil, transversal y no partidista. Ahora bien, no es oro todo lo que reluce, ni tampoco todo el monte es orégano. Por eso, quiero hacer una serie de puntualizaciones sobre la organización y el desarrollo de estas manifestaciones de la mayoría silenciosa y silenciada de Cataluña.

· En estas concentraciones-manifestaciones masivas, SCC se comportó como el alter ego o la franquicia o el lacayo o la correa de transmisión del PP y de C’s. Siempre llevó la batuta y la voz cantante. Para ello, marginó, ninguneó, eclipsó y obligó a llevar el burka, para hacerlas invisibles, a más de una veintena de asociaciones: Movimiento Cívico de España y Catalanes, Convivencia Cívica Catalana, Somatemps, Profesores por el Bilingüismo, etc., por citar sólo algunas. Todas estas asociaciones, sin ningún apoyo del Estado, se han fajado, desde hace muchos años, en defensa de la unidad de España, de la soberanía nacional y de los derechos de los ciudadanos de Cataluña. Pero, en aras de la unidad y de los objetivos perseguidos, tuvieron que hacer de tripas corazón y se plegaron, una vez más, ante la prepotencia, la soberbia y el poderío económico de SCC. Y aplicaron ese refrán que reza así: a mal tiempo, buena cara.

· Esta subordinación de SCC a los intereses del PP y de C’s es manifiesta, si observamos las cabeceras de las marchas del 8 y del 12 de octubre (cf. foto ut supra). Los protagonistas o actores principales no fueron las decenas de miles o el millón de ciudadanos, llegados de toda Cataluña y de otras regiones de España. A la cabecera de las manifestaciones y tras la pancarta principal, acudieron, como al panel de rica miel de la fábula de Samaniego, las moscas carroñeras de la casta política: Albert Rivera, Xavier García Albiol y otros miembros y “miembras” de las cúpulas de sus respectivos partidos (C’s y PP), desplazando a los auténticos protagonistas: los anónimos ciudadanos, durante tanto tiempo silenciados y, por lo tanto, silenciosos.

· En los últimos años, estos descarados oportunistas de la casta política (PP y C’s) nunca participaron en las manifestaciones del 12 de octubre (día de la Hispanidad) ni del 6 de diciembre (día de la Constitución); ni tampoco invitaron a sus militantes, simpatizantes o votantes a hacerlo. Este año, sin embargo, ante la perspectiva coyuntural de inminentes elecciones y la posibilidad de llegar a acariciar el poder, bien valía, como es habitual en ellos, el postureo de asistir a las manifestaciones del 8 y del 12 de octubre, para codearse con Mario Vargas Llosa y Josep Borrell, para quedar retratados, para gozar de unos minutos de gloria en televisiones y otros medios y así obtener réditos electorales. ¿Acaso no buscaron esto las silentes, mudas e impostadas figuras de Rivera y Albiol (charlatanes de mercadillo), escoltando —en la cabecera de la manifestación y en los parlamentos finales— a Vargas Llosa (príncipe de las letras) y a Borrell (pico de oro), que tomaron la palabra al final de la manifestación del 8 de octubre? Por cierto, el PSC ni estuvo ni se le esperaba.

· La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero y, en la lucha en defensa del orden constitucional vigente, no se deben hacer distingos entre aquellos que lo violan impunemente, por acción o por omisión, desde hace años. Todos deben ser denunciados para que apechuguen con sus responsabilidades. Con las manifestaciones de los pasados 7 y 8, los ciudadanos han protestado sólo contra las pretensiones ilegales y testiculares de los independentistas catalanes. Sin embargo, se han olvidado de los otros responsables (los sucesivos Gobiernos de España, presididos por González, Aznar, ZP y Rajoy), cuya gestión partidista e interesada de la “res publica” nos ha conducido a la situación crítica que estamos viviendo.

· Por eso, ante los actos o, más bien, la ausencia de actos de Rajoy, los ciudadanos deberíamos dirigir también nuestras críticas, nuestros dardos o nuestras armas verbales no sólo contra los “catilinas secesionistas catalanes” sino también contra el Gobierno de Rajoy. Hoy, él es el responsable de la situación crítica actual, que se ha ido gestando a lo largo de 40 años, que se ha agudizado en los dos últimos meses y que nos ha conducido al borde del precipicio; y de él depende que se ponga fin, para siempre, a la deslealtad y a la desobediencia de los poderes autonómicos actuales y futuros de Cataluña y de otras CC. AA. periféricas. Ahora bien, para esto, Rajoy debería tener redaños para abandonar la hamaca y el dolce far niente del que hace gala.

· Para alejarnos definitivamente del abismo, la casta política no puede volver al tradicional “pasteleo”; ni tampoco son de recibo los paños calientes o las medidas circunstanciales para salir del paso. Plagiando a Antonio Machado, podemos afirmar que los independentistas nos han dado jaque mate y todos sabemos cómo ha sido. Por eso, se deberían atacar las causas prístinas y fundamentales de los desafueros de los independentistas, privándoles de los instrumentos que les han permitido desestabilizar a la sociedad catalana: la educación, los medios de comunicación públicos, la seguridad,… y todas aquellas competencias transferidas, que les han permitido fabricar talibanes independentistas.

· Según la cultura japonesa, si se quiere conseguir una mejora en cualquier actividad, basta con hacer algunos retoques (es el “efecto Kaizen”: si quiero que un tren vaya 20 Km./h. más rápido, es suficiente con añadir algunos caballos de más al motor). Ahora bien, si se trata de hacer una auténtica transformación, hay que cambiarlo todo (es el “efecto Shinkansen”: si quiero que el tren pase de 150 a 300 Km./h., hay que pensar de una forma totalmente diferente). Por eso, ante el desafío independentista, la ciudadanía debería exigir a toda la casta política el abandono de las rutinas del postureo político y la implementación de medidas radicales para provocar un real “Renacimiento” político (“efecto Shinkansen”), fruto de una auténtica y drástica regeneración democrática, de la que fue un adalid, en su tiempo, Joaquín Costa, el León de Graus.

www.honrad.blogspot.com

Más de 150 denuncias por delitos de odio en Cataluña desde el 1-O
Libertad Digital 23 Octubre 2017

Desde el 1-O, ya son más de 150 los casos de delitos de odio judicializados en Cataluña, según cuenta Fernando Lázaro en El Mundo este lunes. Poco a poco, a las instancias judiciales van llegando todas las denuncias por injurias, acoso, amenazas, agresiones y daños provocados por separatistas.

Las víctimas son policías, guardias civiles, funcionarios y particulares, amén de militares y dirigentes de partidos políticos; los lugares, desde cuarteles a sedes de partidos, pasando por la calle misma como escenario para acosar al que piensa diferente.

Los llamados "escraches" que han sufrido las Fuerzas de Seguridad en localidades como Pineda de Mar y Calella son los que priman en este listado de diligencias instruidas, pero cuando se desglosan las denuncias existen más imágenes que apenas han tenido relevancia pública. Lázaro se refiere, por ejemplo, a que la Brigada Provincial de Información de la Policía en Barcelona ha remitido a la Fiscalía una denuncia por unos hechos perpetrados el pasado 3 de octubre. Un vehículo de los Mossos persiguió a un coche camuflado de la Policía Nacional, lo paró y los agentes fueron identificados en "clara actitud hostil". Así quedó reflejado en el oficio y así lo está tratando la Fiscalía.

Ese mismo día, un conductor de la línea 88 de autobuses de Barcelona se negó a que accediera al vehículo un agente del Cuerpo Nacional de Policía. De estos hechos fue notificada también la Fiscalía de delitos de odio. Además, son numerosos los archivos de WhatsApp con datos y fotos de agentes de la seguridad del Estado que se difundían con amenazas e insultos.

Obscena campaña propagandística
El Ayuntamiento de San Sebastián (PNV-PSOE) manipula a los niños en el deporte escolar para que éstos promuevan la utilización del euskera
www.latribunadelpaisvasco.com 23 Octubre 2017

A pesar de que desde el año 1989 las instituciones han dilapidado algo más de 16.000 millones de euros en tratar de imponer socialmente el uso del euskera, los últimos datos sobre el empleo de este idioma en las calles del País Vasco resultan demoledores: apenas el 12% de los ciudadanos tiene en cuenta el vascuence en su vida diaria, a pesar de que su uso es obligatorio y prácticamente exclusivo en los centros de enseñanza públicos y también exigible a los más de 100.000 funcionarios que hay en Euskadi.

Con estos datos en la mano, el Ayuntamiento de San Sebastián, en manos de una coalición formada por el PNV y el PSE-PSOE, no ha dudado en tomar medidas drásticas para tratar de potenciar artificiosamente en los hogares de la capital guipuzcoana el uso de un idioma que menos de un 10% de los vecinos mantiene como su lengua materna. Para ello, la corporación donostiarra ha lanzado una campaña propagandística, que puede verse en polideportivos, campos de fútbol y zonas de entrenamiento infantil de toda la ciudad, en la que unos grandes carteles, que simulan ser firmados por los niños de la ciudad, recomiendan a los padres cómo deben comportarse en estas zonas de práctica de deporte colectivo.

De este modo, y bajo el llamativo título de “Ama, aita, eskerrik asko!” (“¡Mamá, papá, gracias!), el consistorio donostiarra hace un repaso políticamente correcto de los comportamientos que han de tener los progenitores mientras contemplan la práctica deportiva de sus hijos. Entre los consejos que supuestamente dan los niños donostiarras, según el Ayuntamiento de la ciudad, uno que resulta clara y obscenamente manipulador: “Gracias por animarme a hablar en euskera con mis amigos/as del equipo”. En el resto de las citas de la campaña, en las que solamente se emplean nombres infantiles en euskera (Ander, Uxue, Maider…) o de origen árabe (Fátima), el Ayuntamiento también utiliza a los más jóvenes para apelar a los padres a “aplaudir también al otro equipo”, a “respetar las decisiones del árbitro” y a “comportarse bien en las gradas”
 


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