AGLI Recortes de Prensa   Jueves 2 Noviembre 2017

21-D: la temible y probable vuelta a la 'normalidad' en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital  2 Noviembre 2017

Ni las emocionantes y multitudinarias manifestaciones de los catalanes en defensa de España, ni la lógica satisfacción por la encomiable querella presentada por el fiscal Maza contra los cabecillas del golpe de Estado ni el no menos comprensible regocijo general que causa el ridículo espectáculo que los sediciosos están brindando en su afán de eludir la Justicia e "internacionalizar el conflicto" debe hacer olvidar la grave irresponsabilidad del Gobierno de Rajoy al hacer suya la propuesta de Ciudadanos de recurrir al artículo 155 exclusivamente para convocar enseguida elecciones autonómicas en Cataluña.

Hay que ser conscientes de que, en algunos y decisivos aspectos, Cataluña quedó al margen de la legalidad antes, incluso, de que Artur Mas pusiera en marcha en 2012 un proceso de secesión que aseguró no pararían "ni tribunales ni Constituciones". Hay que ser conscientes de que muchas de las cosas que durante años han ocurrido en Cataluña no suceden en un país normal: medios de comunicación públicos que cuestionan el ordenamiento jurídico, escuelas en las que se instila el desprecio o el odio a España y de las que se ha erradicado el derecho a la enseñanza en español son realidades que una funesta clase política ha visto como normales y acordes a la legalidad constitucional. De hecho, los nacionalistas no se habrían lanzado a fundar un Estado si no hubieran gozado durante tanto tiempo de una independencia de facto que se ha venido considerando igualmente como normal y legal.

Ciertamente, para reinstaurar el orden constitucional en Cataluña se puede confiar mucho más en una Inés Arrimadas presidenta de la Generalidad que en un Mariano Rajoy presidente del Gobierno. Y eso aun cuando la suspensión de la autonomía catalana hubiera durado tantos años como duraron algunas de las que el Gobierno británico aplicó, sin el menor complejo, en Irlanda del Norte. Sin embargo, a día de hoy nada garantiza –todo lo contrario– que las formaciones constitucionalistas salgan victoriosas en las elecciones del próximo 21 de diciembre. De hecho, las encuestas publicadas últimamente descartan la posibilidad de que Ciudadanos, PSC y PP puedan formar Gobierno. La alianza de los separatistas de ERC con los soberanistas de Podemos y el PSC aparece como la única alternativa a una nueva mayoría parlamentaria netamente secesionista.

Ojalá esas encuestas se equivoquen. Téngase presente que el desarrollo del artículo 155 llevado a cabo por el Gobierno ni siquiera contiene cláusula alguna de continuidad –como exigir el cumplimiento de un pliego de condiciones en defensa del orden constitucional–, por lo que la vuelta a la normalidad de dentro de dos meses bien podría ser la vuelta a un deplorable pero consentido estado de cosas en el que se han visto como normales y legales hechos aún más graves que el que un presidente regional como Puigdemont se negara en su investidura a prometer o jurar la Constitución, que Artur Mas alterara en 2012 el juramento con una "plena fidelidad al pueblo de Cataluña" o que el PSC exigiera en 2010 como condición para abstenerse en la primera investidura de Mas el compromiso de hacer caso omiso a la ya entonces enésima sentencia del Supremo contra la inmersión lingüística.

Finalmente, y habida cuenta de que la clase política ha considerado legal y normal que el Gobierno de Rajoy ofreciera públicamente mejor financiación y una reforma constitucional a los separatistas tras perpetrar estos la rebelión –o, cuanto menos, sedición– que ya constituía la consulta secesionista del 1-O, no sería extraño que esa repugnante oferta se retomara tras el 21-D si los separatistas ganasen y aparcaran durante un tiempo su aspiración a convertirse en un Estado soberano. Como para no temblar ante la posibilidad de volver a lo que durante tantos tiempo ha sido normal y legal en Cataluña.

El PP o por qué ganarán otra vez los nacionalistas
Jorge Vilches vozpopuli.es  2 Noviembre 2017

El rechazo popular a un golpe de Estado lo recoge quien muestra una combinación justa de entusiasmo y firmeza. La gente común no percibe los aspectos jurídicos de un golpe, sino los sociales o emocionales. Por eso las personas no se manifestaron contra el golpe catalanista con el Código Penal en la mano, ni sacaron a sus balcones el FLA, ni recitaron a coro el articulado de la LOREG, sino que inundaron las calles con banderas españolas, y cantaron el “lo-lo-lo-lo” o una cover de Manolo Escobar.

Un golpe es emocional, y no entenderlo es desconocer el funcionamiento de un régimen de opinión pública donde el discurso y la imagen son el 95% de la política. ¿Quién gana un contragolpe? No me refiero al pulso, sino al poder con mayúsculas, al que tras la victoria marca el sentido de la política y, en este caso, de la formulación de las bases de convivencia. Lo hace quien sabe encauzar ese sentimentalismo legalista , constitucional, de orden, ese que intuye que es el momento de encarnar el Estado.

El contragolpe ha tenido éxito, pero el PP ha perdido. Ortega escribía a Marañón en febrero de 1935 que el problema del orden público en España era que en lugar de solucionar las insuficiencias del Estado nos contentábamos con penas capitales . Eso es lo que ha pasado. El PP, en vez de erigirse en la mano implacable de la fuerza, el poder y la autoridad estatal, que podía y debía hacerlo para representar y encauzar la respuesta popular, ha preferido los tribunales y contemporizar . Lo hizo Martínez de la Rosa en 1834 con los revolucionarios, y acabó con el mote de “Rosita, la pastelera”.

Hubiera sido muy fácil la elaboración de una estrategia para canalizar la previsible reacción popular contra el golpe de los supremacistas en Cataluña mediante la puesta en marcha de un retórica constitucionalista y contundente, generando la imagen de inflexibilidad ante los violadores de la ley. Sobre todo, cuando las intenciones de los independentistas se venían anunciando desde 2014 y su parodia del 9-N. Han perdido tres años.

No bastaba con diseñar un campo de minas judicial para los separatistas. Eso lo hace cualquier equipo jurídico bisoño. Era preciso, por responsabilidad, sentido de Estado e incluso inteligencia electoral, tener hambre política, ganas de convertir a un grupo de gestores tecnócratas y economicistas en una alternativa liberal-conservadora fuerte.

“Gobernar es resistir”, decía el Donoso Cortés que veía en el liberalismo el origen del desorden social y político. Parece que el Gobierno ha hecho suya esa frase. Cuando tenía la oportunidad de congraciarse con sus votantes, esos que huyeron por el incumplimiento del programa electoral de 2011 a cambio de más socialdemocracia, o espantados por la carcoma de la corrupción, el PP ha preferido quedarse en la sombra y resistir. Menos mal que salió Felipe VI a dar dignidad a la resistencia , a poner voz a los silenciados, a canalizar el hartazgo y la defensa del orden constitucional. Era eso: una retórica y una imagen.

Quizá no se hayan dado cuenta todavía de que todo partido político tiende a conseguir el poder con vocación de no abandonarlo jamás. Para eso, como vieron desde Ostrogorski a Duverger y Panebianco, crean una estrategia de comunicación, una red de alianzas y clientelar, pergeñan leyes y normas no escritas, reclutan y forman cuadros dirigentes, buscan una élite cultural que los apoye ante la opinión pública, y, sobre todo, se construyen una identidad que genere empatía. Sin ella, lo demás no sirve.

Sin embargo, el PP de los últimos años se empeña en que sean otros –léase, Ciudadanos e incluso a ratos el PSOE de Sánchez-, quienes generen ese mecanismo empático. La debilidad parlamentaria en las Cortes no parece hecha para ellos, y pactan haciendo pensar a la gente que ceden, que resquebrajan su resistencia solo un poco para hacerse perdonar el ser gobierno.

Por esto los nacionalistas volverán a ganar las elecciones, porque todas las organizaciones golpistas, incluida TV3 , han quedado a salvo para unos comicios precoces, casi plebiscitarios, hechos en caliente, pedidos por el PSOE, Ciudadanos y los nacionalistas. Nadie se siente desautorizado, sino incluso reforzado. Ya han colocado a Santi Vila como el nuevo Pujol, ese clásico dirigente nacionalista que permite aprobar presupuestos mientras construye su comunidad homogénea. ERC recuperará el leitmotiv que le imprimió Macià, el ser un movimiento nacional, mientras los podemitas y los socialistas de Iceta, que sostienen que la democracia es dialogar, serán los determinantes.

Nada se habrá hecho para erradicar el supremacismo de la administración, de la educación o de los medios de comunicación, o arreglar las deficiencias del Estado, como decía Ortega, sino ganar tiempo, resistir, sobrevivir hasta la próxima nómina. Tampoco recogerá el PP la reacción popular, masiva, contra el golpismo y en defensa de las libertades, ni siquiera para reconstruir la identidad política perdida.

Lo dicen las encuestas, pero lo aventurábamos porque el gobierno ha evitado a toda costa mostrar entusiasmo y firmeza en el desempeño de su obligación. Ha preferido dar la imagen de desagrado en el cumplimiento de la ley, de pasteleo hasta el último segundo (o más allá), y de debilidad, y eso se salda en las urnas.

La lección de Paco Frutos

Javier Orrico Periodista Digital  2 Noviembre 2017

Nadie en la izquierda española debería olvidar el discurso de Paco Frutos, ex-secretario general del PCE, el pasado domingo en la manifestación contra el independentismo catalán. Claro que, para eso, haría falta que existiera. Y la autodenominada izquierda española hoy no es más que una impostura, un absurdo fantasmal, una contradicción insuperable, ni izquierda ni española. Y esa ausencia es, sin duda, la gran tara de nuestra democracia: la inexistencia de una fuerza política nacional, que no nacionalista, que luchara por lo que en las democracias modernas constituye el gran objetivo de progreso: la igualdad ante la ley. La garantía efectiva de los derechos individuales. Y de los deberes, por cierto.

En una democracia liberal, en plenitud de libertades, con las necesidades básicas cubiertas, la única nación que hay que reivindicar y por la que hay que luchar es por la nación de los ciudadanos libres e iguales. Es decir, por el fin de cualquier privilegio de cuna, sea la raza, el sexo, el lugar de nacimiento, la lengua materna, la religión o la historia supuesta. Las naciones modernas se construyeron para superar eso. Para que ninguna mujer tenga que ir cubierta por un saco negro para salir a la calle. Para luchar contra las imaginarias identidades colectivas como lo que son: el origen y la razón de ser de los totalitarismos que arrasaron el siglo XX y de los que están asesinando sin parar en el XXI.

Un verdadero partido de izquierdas, en la España de hoy, tendría que perseguir que la sanidad y la educación volvieran a ser nacionales, por ejemplo, para que a ningún español se le negara asistencia sanitaria o educación en español en cualquier región, sin menoscabo de las lenguas vernáculas, pero jamás bajo las actuales tiranías monolingües. O para que un vasco y un navarro no dispusieran de una financiación por habitante que casi duplica la un murciano. Esos deberían ser objetivos irrenunciables de un partido de izquierdas.

Y lo que aquí nos encontramos es unas criaturas deformes, inconcebibles en cualquier otro lugar del mundo, que, diciéndose de izquierdas, acompañan y defienden a toda la carcundia nacionalista, reaccionaria, carlista y neonazi, que sólo reclama el mantenimiento de sus privilegios, y el establecimiento de nuevas fronteras que garanticen el predominio de grupos de poder étnicos o lingüísticos. En suma, el racismo identitario que Paco Frutos denunció el domingo para sorpresa del facherío izquierdoso-nazionalista y contento de demócratas.

Por eso, un secretario general de un partido socialista, como Pedro Sánchez, no puede sostener, más que con ridículo absoluto, que aquí hay “al menos cuatro naciones”, sin que eso suponga que, en efecto, está defendiendo la existencia de naciones étnico-lingüísticas y, por tanto, legitimando el racismo contra quienes no pertenezcan a esa etnia. Para un partido de izquierdas y para cualquier demócrata no puede haber más nación que la Ley.

Y un partido de izquierdas serio, que no es el caso de la patulea frívola y señorita de Podemos, no puede estar nutrido por un grupo de niñatos en chándal que ven naciones por todas partes, y que me recuerdan mis veinte años, cuando los estudiantes antifranquistas nos dimos cita en 1976 en el Primer Festival de los Pueblos Ibéricos, en el campus de la Autónoma de Madrid, rodeados de policía a caballo, de la de verdad, a reivindicar “la fraternal hermandad de las naciones ibéricas”, que parecía aquello la ONU. Y a ver si se ligaba algo, que eran tiempos duros.

La izquierda española murió, y no lo sabe, cuando dejó de dirigirla la generación de Gerardo Iglesias, Anguita y Frutos. Cuando se volvió contra la que había sido su principal aportación a la democracia: la Transición y el régimen del 78, la asunción de la bandera de España como una bandera de unidad y concordia, y de la Constitución como el marco legal que el antifranquismo, el PCE, tanto había querido. Durante la Semana Santa de 1977 las “procesiones” de los comunistas españoles (en realidad, en aquel PCE y compañeros de viaje había de todo) para celebrar su legalización se hicieron con banderas españolas, no republicanas. Estaba claro que un país que hacía de la reconciliación y la democracia sus objetivos, no podía construirse alrededor de dos banderas.

Luego llegó el desvarío, la caída del muro, la exacerbación de aquel principio de autodeterminación de los pueblos que la URSS había usado para todo lo contrario, para hacerse un enorme imperio, y la izquierda fue cayendo en la melancolía de su inutilidad, hasta ponerse en manos del nefando zapaterismo y de los nacionalistas periféricos: las veleidades con la ETA, la complicidad y la formación de gobiernos con miserables como Carod Rovira, y el apoyo al golpe de Estado de los separatistas en Cataluña. Acabo de oír que Garzón, Echenique y Dante Fachín han acompañado a los ex-consejeros de la Generalidad ante los tribunales. Y que van a pedir la amnistía para los golpistas.

Anclada entre el siglo XIX y la lucha antitaurina, no es ésta la izquierda que la España de hoy requiere. Ni en Cataluña pasa por Iceta, que volverá a hacerlo. Ya lo ha anunciado. Necesitamos una izquierda que quiera reformar la Constitución, sí, pero para todo lo contrario de lo que anuncian: para que por fin seamos iguales ante la Ley y el Estado sea la garantía de esa igualdad, y el no el valedor de los privilegios. A ver si se atreven a preguntárnoslo a todos.

La lucha contra el yihadismo, la prioridad real
EDITORIAL El Mundo 2 Noviembre 2017

El zarpazo yihadista en Nueva York nos vuelve a recordar con brutalidad que ningún desafío es tan grave ahora mismo en Occidente como el del terrorismo islamista. En los últimos años, la actualidad se ve golpeada de un modo espasmódico por atentados como éste. Y, recurrentemente, reabren debates sobre cuestiones como la inmigración, como ha hecho Trump con menos serenidad de la que su responsabilidad exige. La realidad es que el fenómeno yihadista es demasiado complejo y su lucha nos obliga antes que nada, por desgracia, a asumir que la seguridad absoluta es imposible y que en Occidente vamos a tener que convivir mucho tiempo con esta amenaza.

El modus operandi del terrorista que ha segado la vida de ocho personas en Manhattan sigue el patrón de la mayoría de los atentados perpetrados por el IS en Europa desde la masacre de Niza en julio de 2016. En total, son ya nueve atropellos masivos con coches o camiones en áreas peatonales. Es un método profundamente desestabilizador porque resulta imposible acotar con bolardos y otros obstáculos todas las vías de tránsito de las ciudades, si bien es necesario incrementar su instalación en puntos especialmente estratégicos, como recomiendan los cuerpos policiales. Las escenas de Nueva York se asemejan demasiado a lo ocurrido en Barcelona en agosto, cuando el yihadismo perpetró el peor ataque en España desde el 11-M. Aunque las investigaciones preliminares apuntan a que lo ocurrido en Manhattan ha sido obra de un lobo solitario, mientras que en la Ciudad Condal sufrimos el mazazo de una célula muy numerosa y bien articulada, que llevaba meses planificando ataques a distintos lugares turísticos.

No por repetidos dejan de ser ciertos argumentos como la necesidad de reforzar la colaboración internacional tanto policial como de Inteligencia. Y conviene poner en valor que los avances en éste y otros campos -como el de la lucha cibernética- dan importantes frutos, por difícil que resulte celebrarlo cuando los terroristas siembran la muerte. Así, en nuestro país, desde que se elevó a 4 el nivel de alerta antiterrorista, en junio de 2015, los Cuerpos de Seguridad han detenido a 206 presuntos yihadistas. Esta misma semana, fue apresado en Madrid un marroquí muy radicalizado que se encontraba, según los responsables de la operación, "en situación límite", lo que suponía un riesgo de actuación inmediato.

Quienes han declarado esta guerra a Occidente repudian nuestros valores y modo de vida, lo que somos en definitiva. Ganarles exigirá mucho esfuerzo, pero también coraje cívico ante tanto sufrimiento.

¿ES ESTE EL OBJETIVO?
La teoría de la ‘ventana Overton’ y la reforma constitucional como fin último
Pepe Gª Saavedra gaceta.es 2 Noviembre 2017

La trama separatista catalana ha dado un giro de 180 grados en los últimos días: los indepes reconocen que no es viable la ‘república’, la dirección del PDeCAT apostando por la moderación y el regreso a la legalidad, la aplicación del 155 con el apoyo sin fisuras del PSOE… Y en el horizonte, una reforma constitucional.

Hace unos meses La Gaceta publicaba un artículo en el que desgranaba la técnica de la ‘ventana Overton’. Consiste, a grandes rasgos, en un proceso que consta de cinco fases por el que un aspecto social que en un principio se presenta como imposible acaba siendo aceptado.

Esta técnica podría aplicarse al desafío catalán siendo el objetivo a conseguir la reforma constitucional. No son pocos quienes afirman que todo el conflicto terminará con una nueva Carta Magna en la que se reconozca una supuesta plurinacionalidad de España creando regiones de primera y de segunda.

La primera etapa: el radicalismo
Para conseguir normalizar una transformación social que en principio se estima tabú hay que crear un grupo de radicales que lo defienda. Así comienza el proceso de la ‘ventana Overton’. Este colectivo, en el caso que nos ocupa, estaría integrado por los independentistas -desde los tradicionales como la CUP o ERC hasta los conversos como el PDeCAT-.

Sus posturas se tienen en principio como algo imposible: una declaración unilateral de independencia, desafíos continuos al orden constitucional, el rechazo unánime de la sociedad y las entidades nacionales y supranacionales… Todo esto lo ha protagonizado el separatismo en España, el grupo radical planteado por Overton. ¿Recuerdan cuando Rajoy afirmó hace escasos meses que nadie se podía imaginar que los nacionalistas catalanes llegarían a tales extremos? Aquí se cumple el primer punto pero, recuerden, en el horizonte no está la independencia, sino la reforma constitucional.

La segunda etapa: Lo aceptable
Una vez superada la fase del radicalismo aparecen grupos que comienzan a aceptar unas posturas más moderadas, desde colectivos sociales hasta la comunidad científica. Se condenan las posiciones extremistas y se intenta buscar el equilibrio: Podemos pide un referéndum pactado, se apela a los precedentes de Escocia y Quebec y aparecen actores internacionales que respaldan parte de las reivindicaciones del colectivo.

Además, también es necesario crear un eufemismo para el propio fenómeno para disociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado. Así, el referéndum pasa a denominarse ‘derecho a decidir’.

Aquí concluyen las fases primarias y las que suelen tener un tiempo más amplio de duración. A continuación se activa la ingeniería social y lo que se presentaba como inaceptable ahora empieza a ser sensato.

La tercera etapa: La sensatez
¿Cómo se va a declarar la DUI? ¿Qué Estado va a reconocer la ‘república catalana’? Les emplazo a enumerar un solo medio de tirada nacional y serio que haya apoyado la ruptura decretada por el Parlament. Ahora piensen en otro medio, a excepción de La Gaceta, que en el último año haya rechazado frontalmente una hipotética reforma constitucional. El País ha pedido ponerse ‘manos a la obra’ mientras que El Mundo y la Razón piden que se haga con cabeza. El único verso semisuelto es ABC, que en su editorial del 14 de octubre la rechazaba evitando señalar directamente al Gobierno. Dénle un tiempo hasta que Rajoy afine su plan.

Una vez abandonado lo inaceptable le llega el turno a lo sensato. No se puede romper España de manera unilateral, con una votación fraudulenta, con un quórum inferior al necesario para reformar el Estatut y es un auténtico disparate que los golpistas se salgan con la suya.

Es en esta fase donde entra de lleno la reforma constitucional como algo razonable para solucionar la cuestión. Y quien se oponga será tildado de radical, dándole la vuelta a las tornas.

La cuarta etapa: De lo sensato a lo popular
Los medios de comunicación, con la ayuda de personas conocidas y políticos, ya hablan abiertamente de la reforma constitucional. En esta etapa comienza a funcionar también la técnica que supone la promoción de las referencias a tiempos pasados en los que este cambio trajo beneficios y se alaba su función, invitando al pueblo a intentar reeditar algo que supuso un triunfo histórico.

La quinta etapa: De lo popular a lo político
imagen de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera | LA GACETAEsta categoría supone ya empezar a preparar la normativa para legalizar el fenómeno. Los grupos de presión se consolidan en el poder y se publican encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios de la este cambio que se pretende implantar.

Esta es una técnica típica del liberalismo que funciona debido a la tolerancia como pretexto para la proscripción de los tabúes. Durante la última etapa del ‘movimiento de las ventanas’ de Overton de lo popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura. Esta es la fase en la que nos encontramos actualmente.

Las dos grandes formaciones políticas del momento, PP y PSOE, ya apuestan abiertamente por negociar una reforma constitucional. Acomodar a Cataluña es el objetivo y dotar a la región de más autogobierno. Aparecerán posturas en ambos extremos (por ejemplo quienes apuestan por la plurinacionalidad y quienes buscan una reforma laxa) y finalmente se apostará por algo intermedio.

Este mismo martes se conocía que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha decidido no dar más plazo a los grupos para que comuniquen los integrantes de la comisión sobre el modelo territorial, de modo que convocará próximamente la sesión constitutiva, de la que podrían quedar fuera Unidos Podemos, PDeCAT, ERC y el PNV.

Entre los temas de debate propuestos se encuentra el de hacer un balance del modelo autonómico y la ordenación de sus competencias, la nomenclatura de las comunidades autónomas, un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, la financiación autonómica y la autonomía local.

La reforma constitucional está en el horizonte. Aunque esta comisión está fijada para un periodo de seis meses, su fin último no tiene porqué materializarse hasta dentro de unos años si se cumple lo estipulado por la técnica de la ‘ventana de Overton’. Ahora solo falta que la cuarta etapa se desarrolle con tranquilidad y sea efectiva, algo que a priori no parece razonable. ¿Satisfará a independentistas y quienes apuestan por un modelo territorial homogéneo dicho cambio de la Carta Magna? Parece complicado.

Los milagros que no puede obrar el 155
Cristina Losada Libertad Digital 2 Noviembre 2017

Se ha dicho, y muchos lo dijeron mientras el Senado debatía la aplicación del artículo 155 en Cataluña, que el recurso a la intervención de la autonomía representaba un gran fracaso. Un fracaso de todos, sin excepción, igual de unos que de otros. En consecuencia, teníamos que asistir al trance con el ánimo triste y doliente con el que se acude a un funeral. Bueno, yo no. Yo no me tuve que enjugar ninguna lágrima de cocodrilo. Al contrario. La aplicación del 155 era una ocasión para estar satisfechos.

Al fin, se iba a actuar contra los cabecillas de un golpe de Estado. Al fin, se iba a desmantelar un poder paralelo e insurrecto que llevaba instalado en esa condición de facto nada menos que siete semanas: claramente fuera de la ley desde las sesiones del 6 y 7 de septiembre del Parlamento catalán. Y todo ello se iba a hacer a través de un instrumento legal y constitucional que contaba con el respaldo del partido del Gobierno, el primer partido de la oposición y el cuarto partido del Parlamento.

La nación y la democracia españolas se defendían de un golpe artero y peligroso de un modo impecablemente democrático, y de manera ampliamente consensuada. Si estas no eran suficientes razones para la satisfacción, ya me dirán. Pero era necesariamente una satisfacción templada por la conciencia de los límites. El 155 servía para parar el golpe, cierto, pero no servía para enderezar el fuste torcido. No puede obrar milagros.

La aplicación del 155 no sirve para enderezar aquello que se ha ido torciendo durante décadas. No puede hacer lo que no han hecho en todo ese tiempo los Gobiernos centrales y los grandes partidos. No puede deshacer todo lo que han hecho mal en relación a Cataluña y al nacionalismo. Eso es imposible que lo logre la aplicación del 155. Ni en 55 días ni en 365. Ni en más. Así que ahora la gran cuestión es esta: ¿cambiarán los grandes partidos sus respectivas políticas hacia Cataluña y el nacionalismo catalán o seguirán haciendo exactamente lo mismo que en el pasado?

En varios discursos de estas semanas, también en el que hizo en la sesión del Senado, Rajoy manifestó su deseo de que volviera el "catalanismo pactista", pragmático y sensato con el que se habían construido tantas cosas estupendas desde la Transición hasta… bueno, hasta que desapareció engullido por el separatismo. Puede que sólo fuera retórica para las circunstancias, pero me temo que no. Es de temer que Rajoy y su partido prefieran seguir en la ilusión del espejismo. Es probable que continúen creyendo que aquel catalanismo y este separatismo son dos criaturas diferentes y opuestas. Y es lamentable que no quieran o no puedan ver que ese catalanismo por el que sienten nostalgia fue pactista y sensato mientras esa actitud le permitió conseguir el poder suficiente como para hacer precisamente lo que ha hecho.

El otro gran partido, el Socialista, no sólo cree en el espejismo: forma parte de él. Su antigua apuesta por el nuevo estatuto fue uno de los elementos germinales del proceso que ha culminado en el golpe. Su actual apuesta por la plurinacionalidad no desanda aquel camino, sino que lo continúa. Para más, no hay indicios de que vaya a desprenderse de la infección identitaria. De modo que sí, de acuerdo, hablemos de fracaso. Pero hablemos del fracaso de una política que dejó al nacionalismo catalán el campo expedito para la hegemonía. Peor aún: que aún se lo puede continuar dejando. Porque el 155 permite descabezar y frenar el golpe separatista, pero no puede desarmar las ideas que lo sustentaron. Tal cosa sólo podrá hacerse con una política diametralmente distinta a la que han hecho estas décadas los grandes partidos. Desde Madrid y desde Barcelona.

Ya no cobra el paro: el sueldazo de Sánchez al descubierto, un 28% más que Rajoy
ESdiario 2 Noviembre 2017

Con el nuevo PSOE han llegado las nuevas nóminas. El secretario general, sin cargo público, percibe un salario que supera los 5 ceros. Otros 4 miembros de la Ejecutiva cobran del partido.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cobra del partido un sueldo de 4.134,23 euros netos al mes. Con 14 pagas, su salario bruto anual asciende a 102.273,22 euros, lo que supone un 28 por ciento más de lo que gana Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Si se descuenta el importe que Sánchez paga al partido cada año en concepto de donación, su salario bruto anual se queda en 94.923,22 euros. El líder aporta asimismo una cuota de afiliado de 84 euros al año, según la información facilitada por el partido y consultada por Europa Press.

A diferencia del PP, que no detalla cuánto paga a sus miembros de dirección en concepto de "gastos de representación", el PSOE sí publica las remuneraciones de sus dirigentes, ya sea porque cobren del partido, tengan un sueldo público o reciban otras remuneraciones profesionales, en aras de su compromiso con la transparencia.

Con 14 pagas, su salario bruto es de 102.273,22 euros, un 28% más que Rajoy como presidente del Gobierno

De los 49 miembros que componen la dirección del partido -la catalana Núria Parlón dimitió tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña- sólo cinco, incluido Sánchez, cobran una nómina del partido al no percibir otra remuneración o haber renunciado a su empleo anterior precisamente para dedicarse al PSOE, como es el caso de la presidenta de la formación, Cristina Narbona.

La exministra de Medio Ambiente del Gobierno de Zapatero renunció a su puesto de consejera en el Consejo de Seguridad Nuclear para aceptar la oferta de Sánchez de presidir el PSOE. Como miembro de la Ejecutiva cobra un sueldo cercano al del líder, 4.115,23 euros netos al mes en 14 pagas, si bien aporta al partido 7.350 euros al año en concepto de donación, más una cuota de 60 euros como afiliada.

También cobra del partido el secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que cesó a petición propia como director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para centrarse en su labor al frente de la formación.

Gómez de Celis recibe un sueldo de 3.923,41 euros netos al mes, prácticamente el mismo que percibe el navarro Santos Cerdán, secretario de Coordinación Territorial, y que se sitúa en los 3.904 euros netos al mes, también divididos en 14 pagas. Tanto uno como otro pagan al partido una donación anual de 5.880 euros.

El quinto miembro de la Ejecutiva que cobra una nómina del partido es Francisco Polo, secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación. Polo es el fundador de la plataforma de peticiones Actuable, que posteriormente se fusionó con Change.org, dirigida hasta abril de 2017, poco antes de ser fichado por el PSOE, formación con la que ya había colaborado en el pasado.

Polo percibe 3.265,99 euros netos al mes en 14 pagas, una cantidad próxima a la que cobra un diputado en el Congreso de los Diputados. La mayoría del resto de los miembros de la Ejecutiva tiene un sueldo público, ya que muchos de ellos son parlamentarios, concejales o alcaldes, o funcionarios, por lo que no reciben remuneración del partido.

Financiación del partido
Los recursos económicos de los que dispone el partido proceden, según recogen los Estatutos de la formación, de las subvenciones públicas que fija la ley; aportaciones de los grupos parlamentarios en las Cortes, Cámaras autonómicas y ayuntamientos; cuotas y aportaciones de los afiliado; actividades propias; gestión del patrimonio, donaciones, herencias y legados, y fondos procedentes de préstamos o créditos.

En 2016, el partido percibió unos ingresos de 63 millones de euros, de los que el 70 por ciento procedía de fondos públicos (subvenciones, aportaciones de grupos institucionales...). Las cuotas de afiliados -el PSOE tiene algo más de 187.000 militantes- apenas representan el 14 por ciento de los ingresos totales.

Los gastos de personal suponen el 36 por ciento de los pagos que ha de afrontar el partido, mientras que en operaciones de actividad electoral la formación invirtió en ese ejercicio más de 28 millones de euros.

Hacer un Puigdemont
Pablo Planas Libertad Digital 2 Noviembre 2017

Francesco Schettino es el capitán que embarrancó el Costa Concordia y fue el primero en abandonar el barco, un hotel flotante de 114.500 toneladas. En aquel naufragio (13 de enero de 2012) frente a la isla toscana de Giglio perecieron 32 personas. Schettino quería mostrar sus habilidades al timón ante una bella señorita con la que acababa de cenar. A la que el impresionante crucero empezó a hacer aguas, Schettino se dio el dos a tierra firme en franca rebeldía contra la leyes del mar que rigen hasta para los piratas somalíes, todo eso de las mujeres y los niños primero y que el capitán es el último en abandonar el barco.

El pasado mayo fue condenado a 16 años de cárcel. Sin embargo, permanece en libertad mientras recurre la sentencia porque según los jueces italianos no hay riesgo de fuga. Cada país es cada país y si los magistrados de la república de la Bota consideran que haberse largado del barco no es un indicio más que suficiente de que se pueda fugar, ellos sabrán. Además, Schettino nunca se ha saltado una orden judicial y ha comparecido ante Sus Señorías todas y cada una de las veces que ha sido requerido. Simpático irresponsable que ha pasado a la historia de la infamia como el capitán cretino.

Carles Puigdemont protagoniza estos días un conjunto de episodios que sobrepasan incluso la peripecia del excapitán italiano, de modo que a lo de ser el primero en evaporarse en una situación comprometida se le llama hacer un Puigdemont. Ridículo colosal. A pesar de ello, cientos de miles de personas en Cataluña le consideran su presidente y esperan que lo que es una fuga no sea sino otra genial maniobra de despiste, una operación de alto calado en Bruselas para sacar de su error a las autoridades europeas, puro y duro activismo.

Va a ser que no, aunque está dispuesto a poner a prueba las reglas de la Unión y causar un estrago cósmico a mayor gloria de Putin y Osetia del Sur. Quiere una fotografía esposado o refugiado en una embajada, como Assange, el agitador de la revuelta separatista en las redes sociales. Pasa que Puigdemont es un personaje tóxico, un fake andante, una estafa, el Schettino catalán.

Buena parte de la prensa extranjera ha pasado de contar los heridos del 1-O a denunciar la farsa de los heridos. En esos mismos medios se llama ahora a los nacionalistas "gilipollas", "egoístas", "cobardes" y "payasos". El viceprimer ministro belga Kris Peeters dio en la diana al afirmar: "Cuando llamas a la independencia y la declaras, lo mejor es permanecer junto a tu pueblo". También Politico al titular "Puigdemont's Catalan circus comes to Brussels" una pieza de color sobre las andanzas del exiliado en lo que antes se llamaba "la capital comunitaria".

El Banco de España calcula que la factura de la crisis catalana llegará a los 27.000 millones
El regulador indica que la tensión e incertidumbre derivadas del proceso independentista recortarán entre tres décimas y 2,5 puntos las previsiones del PIB
Cristina Farrés cronicaglobal 2 Noviembre 2017

El Banco de España calcula que la crisis política tendrá un impacto en el PIB que oscilará entre tres décimas y 2,5 puntos entre el último trimestre de 2017 y 2019. Es decir, podría llegar a reducir en un 60% el crecimiento económico del país previsto para los próximos dos años o, lo que es lo mismo, dejar una factura de hasta 27.000 millones de euros.

Así lo indica en el informe semestral sobre estabilidad financiera publicado este jueves, 2 de noviembre, por el organismo que dirige Luis María Linde.
Dos escenarios

Contempla dos posibles escenarios que dependen de cuánto se prolongan la tensión e incertidumbre derivadas del proceso independentista catalán. Si es “acotado”, la pérdida sería de unas tres décimas hasta finales de 2019 por un menor crecimiento en lo que queda del ejercicio y el inicio de próximo.

Pero si es “más severa y prolongada”, el frenazo en la actividad llegaría a este 2,5% en el conjunto del país y a la entrada en una recesión de la economía catalana. "Ello, durante buena parte del horizonte analizado como reflejo de que la perturbación de incertidumbre considerada en los ejercicios anteriores afectaría de manera más intensa a esta comunidad autónoma", indica el Banco de España en su informe.

En cifras absolutas, en el escenario más optimista, se perderían algo más de 3.300 millones y, en el más pesimista, hasta estos 27.000 millones.
Volatilidad de los mercados e impacto laboral

El regulador detalla que los efectos han sido visibles especialmente en el ámbito de los mercados financieros. Hace referencia al “cierto aumento de la volatilidad en los mercados bursátiles” que va unido a la agenda política catalana.

Afirma que la prolongación de este escenario "podría deteriorar la confianza de los agentes económicos" y condicionar las "decisiones de gasto e inversión con el consiguiente impacto negativo sobre la actividad económica y el empleo". Detalla, asimismo, que otra de las consecuencias sería el "endurecimiento de las condiciones de financiación para el conjunto de sectores residentes".

Incluso tendría un reflejo en las economías familiares, según la previsión del regulador. La mayor precaución en la gestión de las entradas de capitales por la incertidumbre política llevaría a que se destinara un "mayor porcentaje de su renta al ahorro", con el consiguiente impacto en el consumo, una de las principales palancas de la recuperación.
Factores de riesgo

La "tensión política en Cataluña y sus eventuales repercusiones sobre las condiciones de financiación en los mercados de capitales y sobre el conjunto de la economía española" son los principales factores de riesgo para el conjunto de la economía del país.

Los otros dos son el entorno de tipos bajos y las "condiciones de los mercados financieros internacionales por acontecimientos de naturaleza geopolítica" internacionales.

Wellcome Refugees: La emoción como política de estado
Yolanda Couceiro Morín  latribunadelpaisvasco.com 2 Noviembre 2017

En Europa vivimos en el tiempo de la emoción, del lamento y el lloriqueo. El buenismo de nuestro mundo exige en contrapartida obligada a su reblandecimiento, su falta de energía, su incapacidad para la acción, y su aptitud para la empatía para con todo el planeta antes que su interés por el bienestar general de nuestras sociedades.

Ante la avalancha continua de "refugiados" que llegan en oleadas cada día a nuestras costas o nuestros aeropuertos, los gobernantes europeos toman decisiones basadas en las emociones y no en la más cruda realidad: nuestros países no pueden acoger a todos estos supuestos refugiados. Y por lo demás, tampoco deben hacerlo por simple seguridad nacional. Nuestras sociedades se ven fragilizadas, amenazadas y violentadas por esta invasión organizada, y son expuestas a peligros de todo tipo con la llegada masiva de millones de personas de otras culturas y hábitos, que no tienen, la mayoría de ellas ninguna intención de respetar a los países de acogida ni hacer el menor intento de integrarse en ellos.

En Europa rige actualmente el imperio de la emoción, debidamente fomentado por los grandes medios. A falta de políticas de Estado coherentes y benéficas para los pueblos, los gobiernos de muchos países europeos ceden a la presión de una avalancha migratoria sin precedentes. Y la única explicación que le dan a sus ciudadanos para llevar acabo tales despropósitos es el recurso ininterrumpido a la emoción. Como apelar a la razón sería totalmente ineficaz, vista la magnitud y gravedad de la rueda de molino con la que se quiere hacer comulgar a los pueblos europeos, se recurre al sentimentalismo, a la sensiblería. Lo que no entre por la cabeza que entre por el corazón. La emoción antes que la razón, el sentir antes que el pensar. Ese parece ser el método de las élites europeas para imponer y hacer aceptable a los europeos su invasión por una marea incontrolable de seres que les están desplazando a marchas forzadas de sus tierras ancestrales.

La foto de Aylan, el niño sirio ahogado en la playa turca de Bodrum, fue uno de los detonantes de lo que se ha dado en llamar la "dictadura de la emoción", que intenta forzar mediante lágrimas e indignación las últimas resistencias basadas en la razón ante esta invasión que se está llevando por delante miles de años de civilización europea.

El precio, mejor dicho la recompensa a esa foto, fue la apertura de las fronteras de Europa a cerca de 1.500.000 de "refugiados" sirios, muchos de los cuales eran en realidad, afganos, somalíes, sudaneses, pakistaníes, etc... Desde entonces la llegada de esos candidatos al "paraíso europeo" no se ha detenido, a pesar de las trabas que han empezado a erigirse en varios países del centro de Europa. Hasta los propios alemanes se han dado cuenta que la gravedad de lo que han propiciado e intentan ahora frenar en lo posible esa migración masiva y descontrolada. Pero nada indica que no vayamos a asistir en cualquier momento a otro capítulo de esta programada invasión. En cuanto "los que mandan de verdad" les dén las órdenes pertinentes a sus subalternos, estos ejecutarán sin rechistar esas directrices.

La idea del reparto de cientos de miles de estos llamados refugiados entre los países de la Unión Europea está estancado, de momento. Cuatro países de Europa Central, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia se oponen a este reparto obligatorio. Muchos otros, no dicen nada, pero se alegran del fracaso de las negociaciones. Otros se resignan a asumir la cuota decidida desde Bruselas, Berlín y París. La tendencia general, sin embargo, es a la prudencia en estos momentos, por no decir al rechazo de nuevos contingentes de "refugiados". Las victorias, hace pocas fechas en Austria y República Checa, de los partidos antiinmigración (xenófobos en la jerga oficial de la prensa y la política bienpensante) nos da el tono general de una Europa que empieza a preocuparse en serio por esta invasión sin precedentes de poblaciones extrañas a su cultura.

España, para ser diferente, no sólo no se opone sino que reclama a voz en grito "refugiados". Lo hemos visto no hace mucho en Barcelona y en otras ciudades de este "país de países", como algunos definen ahora a España. Pero si España parece haber cambiado de nombre, sigue al parecer con su vocación de ser "diferente". O sea a contracorriente de la tendencia general a su alrededor.

España no tiene ni para pagar las pensiones, la crisis catalana puede pasar una factura que haga entrar a esa región en recesión y que afecte al conjunto de España, y el gobierno se permite el lujo de recibir hace apenas una semana (26/10/2017) a 194 nuevos "refugiados", cuando lo que deberían hacer estos es volver a sus casas, puesto que sólo queda en manos de los fanáticos del Estado Islámico el 10% del territorio sirio.

Y todo el arco político español llorando por la "vergüenza" de incumplir con su cupo de colonizadores mahometanos, exigiendo acoger más y más "refugiados", para que vengan a sembrar el desorden, la ruina y el conflicto. Eso es lo único en que parecen estar de acuerdo todos: aquí no hay disensión ni disparidad de criterios.

Estos mal llamados refugiados vienen a vivir a costa del arruinado contribuyente español. Desde septiembre de 2015, España ha recibido, por el capricho del gobierno y la imposición de Bruselas, 2.190 "refugiados" musulmanes, a gastos pagados. ¿Qué gana España y los españoles con eso? Es un misterio envuelto en un enigma. O no.

Pero para la mayoría de la gente, lo que dicen los grandes medios (extrañamente de acuerdo en este punto) es la Biblia en arameo. La necesidad de sentirse buenos, generosos y solidarios (con los ajenos antes que con los propios, por cierto) prima sobre el simple sentido común. Una vez que la propaganda ha calado en las personas, la ideología sustituye a la realidad. Es una especie de droga: enajena y se vuelve adictiva. Saturados de esa Verdad, que le sirven en dosis diarias los medios, los afectados ya no distinguen la noche del día y toda acción o palabra encaminada a sacarlos de esa distorsión de la realidad es sentida como una blasfemia, como una herejía, como una locura, como un crimen.

Miles de personas se hacinan en las fronteras internas de Europa. Otros sueñan desde sus campamentos del Líbano, Turquía, Jordania o Libia con llegar también a Europa. Las imágenes, convenientemente aderezadas con todos los condimentos del drama y la sensiblería, por los medios de comunicación del Sistema, de niños, ancianos, mujeres y hombres desesperados, bañados en polvo, barro y lágrimas, van a seguir alimentando la emoción de muchos europeos.

Que unos ciudadanos se conmuevan y saquen de sus armarios las camisas y pantalones que ya no les sirven, para ofrecérselos a gente supuestamente necesitada es algo que podemos comprender, pero que los gobiernos caigan en el mismo reflejo parece algo más que ingenuo. Europa no puede dar refugio a los millones de personas que se agolpan ante sus puertas. A los políticos no se les puede pedir la resolución automática de todos los problemas. Pero, al menos, se les debe exigir que sus decisiones no supongan la creación de más problemas para sus pueblos. De momento es lo que hacen: crear problemas donde antes no los había.

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La costosa factura del 'procés', un lastre para la economía nacional
EDITORIAL El Mundo 2 Noviembre 2017

La huida hacia adelante del independentismo, con el estrambote del esperpéntico sainete de Puigdemont en Bruselas, no va a salir gratis. La incertidumbre generada por el procés y la inquietud por la erosión de la seguridad jurídica causarán un oneroso impacto económico. Según la Autoridad Fiscal (AIReF), el crecimiento de la economía española se verá frenado en 2018 a raíz de la crisis en Cataluña. El PIB nacional se resentirá en alrededor de 14.000 millones de euros y se perderán cientos de miles de puestos de trabajo, lo que se suma al destrozo en Cataluña, que verá mermada la riqueza de su economía en 11.540 millones después de que las 62 principales compañías hayan trasladado su sede fuera de esta comunidad.

La salida de empresas, como indica Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, ha sido «un enorme baño de realismo». Los ciudadanos deben saber que, de porfiar en el disparate secesionista tras las elecciones del 21-D, España se verá abocada a un deterioro económico con graves consecuencias. Los causantes de este desastre son los líderes independentistas, pero la factura ya la están pagando empresas y trabajadores.

No son soberanistas sino montaraces
Cristina Seguí okdiario 2 Noviembre 2017

No me preocupan Puigdemont y el resto de los fugados del Parlament. Con toda seguridad acabarán siendo víctimas de su propio suicidio colectivo y la brillantez de la Fiscalía. Perseguían la República catalana y han logrado el objetivo perseguido por cualquier mente preclara del patriotismo constitucionalista español. Destapar el primer gran fracaso de la postverdad del nacionalismo, la izquierda parida por el zapaterismo y el imperio mediático de Roures. O sea, que se han cargado la gran trola engordada durante los últimos treinta años. La afirmación de que España no existe ni ha existido nunca.

Y fíjense si existe. España estaba opulenta en la recepción del martes por la noche a Quim Forn en El Prat, quien volvía de Bélgica tras acreditar la violencia del Estado español al nuevo abogado del Govern en el exilio e histórico picapleitos de etarras, Paul Bekaert, que habrá tomado nota de cómo un grupo de españoles convirtieron al pobre Manolo Escobar en una especie de Damien Karras. ¿Qué era el Viva España en aquella terminal sino una modalidad de exorcismo represor español viendo la congoja y las órbitas fuera de las cuencas de Forn?

Me preocupan los partidos constitucionalistas, las grandes organizaciones que durante el pasado mes han logrado movilizaciones sociales masivas, y gran parte del poder mediático que han asimilado y tratado de que normalizáramos las desviaciones enfermas del nacionalismo catalán con tal de que éste no arrasara absolutamente con todo. Muchos han deslizado la idea de que la reinstauración de la legalidad era más nociva que el hecho de almidonar un cúmulo de actos delictivos:

“Hace falta una gran dosis de generosidad por las dos partes”, repetían los matinales en una curiosa analogía del delito de sedición con el perdón de una entregadísima esposa superando unos cuernos del marido.

“Todo se puede hablar tras la vuelta a la legalidad”, espetaban el PSOE, el PP y Ciudadanos como si hubiera algún ignoto espacio intermedio entre estar en ella y abandonarla. Pidiendo a la mafia que tuviera a bien aplicar la extorsión de una forma mucho más errática.

¿Acaso los que siguen empeñados en transformar a facciosos y supremacistas en “adversarios políticos” y a la violencia institucional amable y protocolizada en “ideas tolerables en democracia” tratarían de convencer a un violador de mujeres de que el sexo con amor es mucho más placentero o exigirían su inmediato y justo ingreso en la cárcel?

“¡Y si ilegalizas los partidos políticos secesionistas qué haces con esos 2 millones de personas ilusionados sin opción política?” ha sido la frase más repetida en las mesas políticas durante el último mes. Como si todas los sueños, veleidades o necesidades libidinosas tuvieran que ser convertidas en derechos garantizados. ¿De contar con los apoyos suficientes pagarían a un grupo que proclamara la supremacía aria con dinero público? Si no es así, ¿por qué el separatismo y la división de la raza en Cataluña entra bajo el paraguas del consenso político?

La matización del delito por su sofisticación y en base al porcentaje de apoyo recibido vista durante estos días es un engaño disfrazado de falsa cortesía, y ésta se ha paseado durante estos días en las pancartas y entre las banderas de España. Los que llaman rival político a los enemigos de España y de la igualdad de derechos de los españoles aceptando la aplicación del derecho de forma alternativa a los culpables de la más ofensiva contra las libertades más grave de los últimos 40 años son un peligro. Los analistas y diputados conocedores de que no hay más soberanía que la perteneciente a todo el pueblo español llamando soberanistas a los montaraces son un peligro muy real por más que éste tenga cara de político melifluo

«El chantaje del totalitarismo no lo podemos consentir»
Con el órdago secesionista sofocado gracias al artículo 155, cuatro alcaldes agraviados por las mentiras de la propaganda independentista responden a Puigdemont
Enrique Delgado Sanz ABC 2 Noviembre 2017

Hay vida más allá de Barcelona. Y de Madrid. Y del Congreso de los Diputados, Moncloa, el Parlament, el Senado e incluso de la habitación de Carles Puigdemont en un hotel de Bélgica. El «procés», o al menos el último de sus órdagos para conseguir la secesión catañana, tocará a su fin si la normalidad regresa a Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre. Sin embargo, y después del mes de octubre más largo y complicado de los últimos años, hay localidades -más allá de los límites catalanes, donde el «procés» ha dejado huella. Se trata de León, Cárcheles (Jaén), Villanueva de Sijena (Huesca) o Cáceres. Allí, los alcaldes también tienen algo que decir sobre el culebrón independentista, en el que se han visto agraviados, bien por alusiones o bien por culpa de los tópicos y mentiras de la propaganda catalanista.

Uno de los más agraviados también es uno de los políticos que más claro ha hablado del tema. Se trata de Antonio Silván, alcalde de León, una capital a la que Puigdemont quiso quitarle ante el distinguido auditorio de la Universidad de Harvard, uno de los títulos honoríficos que más enorgullecen a sus habitantes. «Sentó mal, muy mal», confirma Silván, quien acto seguido recuerda a ABC el conflicto que tuvo con Puigdemont hace unos meses: «Se arrogó que Cataluña fue la cuna del parlamentarismo y le trasladé por carta que la realidad histórica, por mucho que algunos quieran cambiarla, es la que es».

Pero no sólo lo dice Silván, sino que la UNESCO ratificó el relato histórico «mediante argumentos científicos», como resalta el político, en el año 2013. De esta forma, este organismo dependiente de la ONU validó entonces que, allá por 1188, el Rey Alfonso IX convocó en el claustro de la basílica de San Isidoro el que ha pasado a la posteridad como el primer parlamento de la historia. «El origen está aquí y los leoneses y los españoles nos sentimos muy orgullosos de ello», asegura un alcalde que, tras escribir a Puigdemont para invitarle a León con el objetivo de que conociera de primera mano los orígenes del parlamentarismo, se llevó una sorpresa: «No tuve respuesta».

Igual de orgullosos de su patrimonio, pero más acostumbrados a tratar -vía tribunales- con la Generalitat, están en un pequeño pueblo oscense, donde desde hace años mantienen su particular batalla legal contra la Generalitat.

«Yo igual no soy muy imparcial», avisa Ildefonso Salillas, primer edil de Villanueva de Sijena (Huesca), una localidad que nada tenía que ver con la cuestión secesionista hasta que el conflicto estalló. Resulta que el museo de Lérida tiene 44 piezas artísticas del monasterio de Sijena que el pueblo reclama como suyas. La batalla con Cataluña viene desde muy atrás -«llevo desde el año 2012 en los tribunales cuando ya había denunciado todo esto desde 1996», rememora el regidor-, pero ahora, como él mismo explica, ha ganado vigencia gracias a que la maquinaria propagandista catalana se fijó en ellos para encontrar un punto de ruptura con España. Al menos, así lo cree Salillas. «Desde Cataluña se ha tratado lo nuestro como un tema más de Cataluña contra España y no es así», denuncia el regidor.

«La gente está harta»
Este conflicto también ha hecho mella en el pueblo donde, como remarca Salillas, la gente «está ya harta del tema, como en todos los sitios». Más si cabe cuando, como lamenta, «ha dado lugar a enfrentamientos entre familias». También de su familia se acuerda al hablar del problema catalán Elena Nevado, cuyos abuelos emigraron a Cataluña en busca de una vida mejor. «Me acuerdo especialmente que mi abuela hablaba con orgullo de Barcelona. Para ella no había una ciudad mejor en el mundo y nos enseñó a amar y a respetar a Cataluña», rememora Nevado, que hoy es la alcaldesa de Cáceres.

Precisamente Extremadura es una de las regiones españolas en las que más centrados están los tópicos de la propaganda independentista que, como pudo comprobar este diario, calan en una parte de la población. De hecho hay ciudadanos, como José Marín que, desde la calle Balmes, en el corazón de la Ciudad Condal, no dudaron en afirmar, días antes del referéndum ilegal que se celebró el 1 de octubre, que quería la independencia «y la lleva esperando desde que era adolescente -ahora luce canas-, porque Extremadura y Andalucía salen muy caras a Cataluña».

«Estamos bastante cansados del tema del famoso PER (subsidio a la agricultura). Parece que el andaluz es un vago que no trabaja y aquí madrugamos igual o más que en otros sitios», se defiende Enrique Puñal, regidor de uno de esos pequeños pueblos del sur de España donde la agricultura es un pilar fundamental tanto para la economía como para la cohesión social. Se trata de Cárcheles, en Jaén, donde, como indica, manda «el monocultivo del olivo».

Sin rencor
«Es una insignificancia lo que le cuesta el PER al Gobierno en comparación con otras subvenciones que dan para fomentar la industria», compara Puñal, quien todavía recuerda cómo el despegar económico de Cataluña llevó allí a muchos de sus paisanos, justamente al abrigo de una tejido empresarial floreciente. «Algunos amigos que viven en Cataluña me dicen que quieren volver al pueblo porque la situación allí es muy inestable», revela el alcalde, quien refrenda la voluntad de sus poco más de 1.500 convecinos por que Cataluña siga siendo España: «Estamos enfadados y hartos de oír siempre el mismo tema, pero por supuesto que queremos que sigan con nosotros».

«Nadie está robando a nadie», sostiene igualmente la alcaldesa de Cáceres, quien califica como «doblemente doloroso que una parte de los ciudadanos catalanes quiera independizarse tras ayudarles a construir Cataluña». Y es que como sus abuelos ha habido muchos extremeños que en el pasado emigraron a esas tierras. «El 80% de mi familia está en Cataluña y nunca he hablado con ellos del “procés”», reconoce Salillas desde Villanueva de Sijena, donde también insiste en que se han dado «enfrentamientos entre familias» a consecuencia del proceso independentista.

«No podemos consentir el chantaje y la tensión a la que el totalitarismo y el populismo nos han sometido», zanja el primer edil de León, donde sus ciudadanos, según advierte, tampoco se muestran ajenos -pese a la distancia- al problema secesionista, sino más bien todo lo contrario: «Antes me paraban por la calle para preguntarme por la luz o por las baldosas rotas, pero ahora lo hacen por Cataluña», ahonda Silván, quien elogia que sus convecinos saben «distinguir lo prioritario de lo importante».

De un sitio u otro, con un agravio u otro, todos estos alcaldes coinciden al señalar que en sus localidades tienen ganas de que se solucione el conflicto catalán definitivamente. La alcaldesa de Cáceres, por ejemplo, no quiere tener que pasar una frontera para visitar la tumba de su abuela «en Mataró»; el alcalde de Villanueva de Sijena desea que la Generalitat les devuelva las piezas del monasterio que un día salieron de su pueblo; en Cárcheles, el mito de que no se trabaja les tiene hartos, especialmente a los que madrugan para varear olivos; y en León, por su parte, el alcalde ya echa de menos que sus vecinos le indiquen lo que hay que mejorar debajo de casa en vez de preguntarle los avances en la situación en Cataluña.

El difícil retorno a la legalidad (6)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 2 Noviembre 2017

PUIGDEMONT Y TRES CONSEJEROS SE PONEN FLAMENCOS Y NO ACUDIRÁN A LA CITACIÓN JUDICIAL. RAJOY INTENTA QUE LOS GOLPISTAS NO ENTREN EN LA CARCEL ANTES DEL 21D.

Es evidente que Mariano Rajoy nunca ha querido aplicar la Ley en Cataluña, De hecho, su pasividad cuando el primer referéndum ilegal en el 2014 lo demuestra. Su estrategia pasaba y pasa por dejar que el tiempo actúe y pudra los problemas. Pero lo que no contaba era con el fanatismo de un activista como Carles Puigdemont capaz de llevar el desafío independentista hasta el final. Y hay que reconocer que Mariano Rajoy tuvo más de una oportunidad para haber parado esto y no lo hizo. Hasta la fecha siempre se ha escondido bajo las togas de los Tribunales o de otras formaciones que le han ido haciendo, quizás sin pretenderlo, el trabajo sucio a un Gobierno encastillado en sus remilgos, en su cobardía por aquello del “qué dirán” y no dar alas al independentismo facilitándoles aún más el victimismo que tan bien saben usar desde que se instauró la democracia. Así, el Gobierno pretendía dar la imagen de estar siempre abierto al diálogo y a perdonar al hijo pródigo si volvía arrepentido y sumiso a la casa paterna.

El Gobierno tiene pavor, un terror escénico a que su actuación sea interpretada como dice la podemita catalana Ada Colau, como venganza y no como Justicia. Porque la Fiscalía General del Estado actúa por mandato del Gobierno de España y su independencia teórica queda cuestionada porque finalmente termina imponiéndose el criterio político que sale de Moncloa, es decir de los renacidos augures como Arriola. Puro tacticismo partidista con el único objetivo de permanecer en el poder dando a los socios críticos e imprescindibles como el PNV satisfacción en las formas y en los medios usados para acometer el golpe de Estado. Se trata simplemente de convencer al PNV de la buena voluntad y magnanimidad para que los Presupuestos Generales del Estado sean aprobados y así presentárselos a la UE, en vez de hacer una prórroga de los actuales. De esa forma, Mariano Rajoy y el PP se asegurarán seguir hasta el final de la legislatura y estirarla hasta la convocatoria de elecciones generales.

Solo por eso, van a dilatar en lo posible la entrada de los golpistas en la cárcel en contra de la opinión personalísima y fundada del Fiscal General Maza, que deberá acatar la sugerencia de no insistir en la privación de libertad para no provocar excusas para el victimismo de los “huidos” Carles Puigdemont, el D'Artagnan Forn y los tres mosqueteros Consejeros en el exilio voluntario. Porque, en contra de lo que dijo Carles Puigdemont en su discurso, de haber ido no a Bélgica, sino a Bruselas como capital de la UE, la realidad es que haber elegido Bélgica y contratado a uno de los mejores abogados expertos en defender a etarras de las peticiones de extradición, un tal Bakaert,ha sido de manera consciente y premeditada a fin de eludir lo máximo posible a la Justicia de España. Y es que fanáticos sí, pero gilipollas no.

Bélgica es un país especialmente garantista con los derechos de aquellos que le piden asilo político. Y aunque en este caso, el Primer Ministro Charles Michel ha sido rotundo en su respuesta desaprobando lo dicho por un diputado flamenco para negar la oferta de asilo a Carles Puigdemont y su Gobierno en estancia turística, que no en el exilio, no cabe duda de que el abogado Bakaert hará todo lo posible por dilatar la extradición que se exigirá por la jueza Lamela en cuanto verifique la no comparecencia de los fugados y pida una orden internacional de búsqueda y detención para su extradición. Pero es proceso es largo durando al menos unos cuantos meses y siempre expuesto a que la Justicia belga solo considere el menor de los delitos, el de malversación de fondos públicos, el único que admite su legislación, e imponga esa condición para acceder a la extradición. Eso aseguraría a los fugados una drástica reducción de las posibles condenas pudiendo quedar en una simple inhabilitación y multa administrativa. No sería el primer caso, basta recordar los de Artur Más y Francesc Homs para ver cómo la Fiscalía cambia el criterio para minimizar las consecuencias penales y evitar el encarcelamiento de los acusados. Y todo bajo el mando y supervisión de este Gobierno de España de Mariano Rajoy.

Pero aún queda una esperanza y es que la jueza Lamela no se avenga a este infecto trapicheo y entienda que los delitos planteados son de la gravedad suficiente para decretar prisión preventiva. Y más al verificar de forma evidente la fuga de parte de los investigados y su desacato al no acudir a la citación judicial. Y aquí no hay nada que pueda hacer este impresentable Gobierno de España que antepone sus intereses partidistas sobre los intereses generales de España y de los españoles. En eso no existe ninguna diferencia con los argumentos que da Carles Puigdemont y los golpistas o los que les apoyan como Ada Colau, Pablo Iglesias e incluso el melifluo PSC de Miquel Iceta. Es una confluencia de intereses, la de la lucha por una cuota de poder en busca de su beneficio partidista y personal. No existe el político altruista y mucho menos existen políticos mártires que se inmolen por la causa suprema de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Son una casta de desaprensivos en mayor o menor grado que se creen con derechos y prebendas superiores al resto por dedicar su vida a la política y a la cosa de la gestión pública.

El Gobierno de España podría hacer, pero no lo hará, uso de su posición en la UE para presionar al Gobierno de Bélgica en su deber de no entorpecer la labor de la Justicia de España ante una petición de detención y extradición que no admiten dilaciones ni injerencias políticas de una Justicia belga cuya permisividad ha llevado a la UE a sufrir el terrorismo por un país como Bélgica que hace de santuario de terroristas como los de la ETA o los yihadistas islámicos. Algo que en algún momento también sucedió con Francia respecto a la ETA y su refugio consentido en toda la zona sur lindante con España, hasta que fueron conscientes de que la creación de Euskal Herría les afectaba de forma directa. La respuesta debe ser una extradición exprés, ya que además ya gozan de escolta facilitada por el Gobierno belga y está perfectamente localizables. ¡Ya basta de hipocresías! La UE no se puede construir si un Estado cuestiona a otro en su democracia y en la aplicación justa de las leyes, incluidos el respeto por los derechos humanos. En España no se tortura y ponerlo en duda es inadmisible. Es intolerable igualmente poner en duda la propia esencia de la democracia y poner barreras judiciales cuando ya no existen barreras territoriales para la libre circulación de ciudadanos de la UE, las fronteras, al menos dentro del espacio Schengen y Bélgica está en ese espacio de libertad.

Si la jueza Lamela emite la orden de búsqueda, detención y puesta a disposición de la Justicia en España, eso es lo que debe hacer el Gobierno belga de forma inmediata y desestimar por improcedente el intento de dilación de los fugados. Porque Bélgica ha sido escogida por ellos como ese santuario donde poder refugiarse y eludir la acción judicial de España. Bélgica no puede constituirse como si fuera un paraíso judicial para terroristas, defraudadores y delincuentes como lo son los golpistas. Pero a la vez, tampoco puede el Gobierno de España actuar de forma mezquina por razones de pura táctica y estrategia partidista, dejando que el tiempo actúe a su favor y culminar unas elecciones autonómicas que pondrían fin a la intervención por aplicación del artículo 155. Una supuesta y falaz vuelta a la normalidad, que tampoco asegura la vuelta a la legalidad si ganan los independentistas.

Por ello no dejaré de exigir ¡GOBIERNO DIMISIÓN! ¡ELECCIONES GENERALES, YA!

¡Que pasen un buen día de fieles difuntos! Y es que creo que no solo Puigdemont es un difunto político, también Mariano Rajoy y su Gobierno huelen a cadaverina.

Lo que oculta el “procés”: la fragilidad financiera patria
La situación actual de España es de enorme fragilidad financiera. El momento presente se parece muchísimo al de los años previos al colapso de la burbuja inmobiliaria.
Juan Laborda vozpopuli.es 2 Noviembre 2017

El soufflé del “procés” se desinfla, al menos momentáneamente, ¡uf, qué alivio!, y entra en una fase cómica, desternillante. Hemos pasado de un relato digno de la Tragedia Griega, el pretendido por los independentistas; a otro característico de la Novela Picaresca. ¡Hilarante la huida emprendida por Puigdemont y sus muchachos! ¡Qué tropa patriótica! Son imitadores chusqueros de nuestros Rinconetes y Cortadillos, esos personajes patrios tan entrañables. Al menos los pícaros cervantinos tenían un código de honor y unas leyes propias que, en plena decadencia y descomposición patria, cumplían.

¿Y si todo fuera una coartada, una mera cortina de humo diseñada desde las élites patrias, centrales y periféricas, que todo lo controlan? Reconózcanme ustedes que bien le ha venido al Totalitarismo Invertido hispano toda esta deriva catalana. Pan y circo. Pura distracción. Produce desazón ver como los patriotas de hojalata, de aquí y allá, se envuelven en las banderas que enarbolan los ciudadanos de bien para tapar sus miserias y desviar así la atención de la descomposición real que sufre de nuestra querida España, y Cataluña como una parte de la misma. Atentos. De toda esta tropa pueden esperar cualquier cosa. Avisados están.
Cuentas financieras de la economía española

Pero volvamos a la realidad. Banco de España actualizó a mediados de mes, en pleno vorágine catalana, las cuentas financieras del segundo trimestre de 2017 . ¿Y qué dicen los datos? Confirman lo que venimos avisando, la situación actual de España es de enorme fragilidad financiera. El momento presente se parece muchísimo al de los años previos al colapso de la burbuja inmobiliaria. Nuestra economía presenta dos problemas de fondo, aparentemente intangibles, apenas comentados y analizados en y por los voceros mediáticos patrios. En primer lugar, como ya saben ustedes, una gran parte de nuestro volumen de deuda pública está siendo refinanciado en los últimos años mediante el programa de compra de activos del Banco Central Europeo, mejor dicho por Banco de España. El segundo problema, la banca española. Una vez que se protegió insolidariamente a los acreedores foráneos en el saneamiento de nuestro sistema bancario, éstos lo aprovecharon para reducir su financiación a la banca patria. Desde ese momento es Target 2, es decir, el resto de Bancos Centrales, quienes financian las necesidades de nuestro sistema bancario, frágil e inestable. El Popular, como botón de muestra. Bajo estos mimbres, las probabilidades de un cisne negro España, sin soberanía monetaria, son mayores de lo que prevé el consenso y de aquello que se puede leer en los “mass media”. Y debemos tenerlo en cuenta.

En los cuadros 1-3 presentamos los datos actualizados de la deuda de España correspondientes al segundo trimestre de 2017, elaborados a partir de los datos publicados por Banco de España hace dos semanas.

En el cuadro 1 se recoge la evolución Deuda de España por sectores en millones de euros. Se observa como desde 2008 la deuda privada se ha reducido en casi 784.000 millones de euros, normal en un proceso de desapalancamiento de familias, empresas y entidades financieras. Por el contrario, se ha producido un fuerte incremento de la deuda pública, en casi 1 billón de euros. Ello se debe básicamente a dos razones. Por un lado, la intensa recesión de balances acelerada por las políticas económicas implementadas desde mayo de 2010, y que activaron los estabilizadores automáticos. Por otro, a un incremento del stock de deuda pública correspondiente a fondos que se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros (rescate bancario).

Este proceso de endeudamiento de nuestra economía, por lo tanto, es alrededor de un colateral no tan nítido, claro y palpable como en su momento fue el precio de la vivienda. Nos referimos a la deuda soberana. Un aumento de la aversión al riesgo, es decir, un incremento de los tipos de interés -y no tiene que ser muy elevado- generaría una crisis de incalculables consecuencias. Si caen los precios de los bonos soberanos, en un entorno de aumento de los tipos de interés e incremento de las primas de riesgo, la economía española recaerá. Al perder la soberanía monetaria, dentro del Euro, las probabilidades de este cisne negro no son nada despreciables, especialmente si llegado el momento no estuviera Mario Draghi y sí un alemán.

En los cuadros 2 y 3 se estudian dos fotos fijas, cierre de 2008 y el último dato disponible, segundo trimestre de 2017, para ver cómo ha evolucionado lo que debemos al resto del mundo, nuestra deuda externa, su cuantía y qué sectores patrios son quienes tienen esas deudas con el exterior.

La deuda externa supera los 1,17 billones de euros, cifra que representa el 103% del PIB español. Esta cantidad significa el 29% de la deuda en su conjunto de la economía española. El resto es deuda entre sectores residentes. La cifra es muy parecida a 2008, un poco más alta, pero la composición ha variado drásticamente. El 48% de la deuda externa corresponde ahora al sector público, frente al 20% de 2008. Por el contrario, las deudas que nuestras entidades financieras deben al exterior representan “solamente” el 26% del total de nuestra deuda externa, frente al 54% en 2008. Mientras, la deuda externa de las sociedades no financieras representa el 26% del total de la deuda patria con el exterior, cifra casi idéntica a 2008.

Balance de Banco de España y Target 2
Estas cifras las completamos con otras dos, claves para entender la fragilidad financiera patria. Si nos adentramos en el balance del Banco de España (ir al epígrafe 8 Magnitudes Financieras, punto 8.1.- Balance Euro-sistema y del Banco de España) en el lado del activo nos encontramos con una partida bajo la rúbrica Programa de Compra de Activos, es decir, la expansión cuantitativa del BCE, y que ha supuesto que en dicho balance el importe de la cartera de deuda, la inmensa mayoría soberana, alcance a cierre de agosto la friolera de 282.665 millones de euros. Ahí tienen al principal acreedor de nuestro Tesoro, Banco de España. Han entendido muy bien la Teoría Monetaria Moderna pero para lo que les interesa. La segunda cifra hace referencia a Target 2. Si vamos al BCE podemos descifrar las necesidades de financiación de la banca patria vía Bancos Centrales, es decir, Target 2, que en agosto alcanzó récord histórico, casi 385.000 millones de euros. Ahí es nada.

El coctel simplemente es explosivo. La inestabilidad y fragilidad financiera de nuestra querida España sigue subiendo. Solo falta ver cuál será la mecha que prenderá esta bomba de relojería. Pero, tranquilos, sigamos distrayéndonos con el “procés”.

Cataluña como tribulación
Amando de Miguel Libertad Digital 2 Noviembre 2017

Tiene mucha razón un político tan sensato y experimentado como Jaime Mayor Oreja. Su tesis es que no se entiende bien cada nacionalismopor separado, fundamentalmente el vasco y el catalán. El fantasma que inquieta a España no es la acción de los distintos nacionalismos, cada uno con su caprichosa plástica. Tal es la fuerza de esa conjunción que, como me señala un corresponsal, Antonio del Solar, el PSOE plantea una reforma de la Constitución obsesionado por contentar a las fuerzas nacionalistas. Algo así sucedió ya en 1978 con el orto del vigente texto constitucional. La explicación de tal irracionalidad está en que el socialismo en España no ha logrado formar un verdadero partido nacional. En su lugar se alza una especie de federación de partidos socialistas encabezados por los barones regionales, cada uno con su musiquilla. De ahí la extraña querencia de los socialistas españoles por un Estado federal, es decir, más o menos lo que tenemos, pero todavía más confuso. También cuenta el hecho histórico de que el socialismo español en su origen se organizó como la federación española del socialismo internacional. De ahí viene la E del PSOE. Que conste que el PP o Ciudadanos tampoco son partidos verdaderamente nacionales.

Todavía es más curiosa la posición de Podemos, cuyo objetivo es directamente la desmembración de España en aras de no sé qué utópico reinado de la igualdad revolucionaria. Su propósito es el de congraciarse con los independentismos. Es así como, en conjunto, los nacionalismos, antaño tan burgueses, se han hecho aliados de las izquierdas.

Hay algún dato para verificar la hipótesis de la confluencia de los nacionalismos en España, o en lo queda de ella. Por ejemplo, la bandera. En contra de la creencia generalizada de que los fascistas tienden a ensalzar la bandera nacional, la Historia nos dice que han intentado suplantarla por la enseña del partido. Es el caso eminente de la Alemania nazi, donde los símbolos del partido se impusieron como los de la nación. Algo así hizo el Partido Nacionalista Vasco con la bandera del partido que diseñara su fundador Sabino Arana, y que ahora es la legal del País Vasco. De nuevo se repite la escena con la querencia de los independentistas catalanes por convertir la estelada en la bandera de Cataluña.

En los nacionalismos todos hay una hipertrofia de los símbolos por una razón: son movimientos basados en el sentimiento y el resentimiento. Lo malo de una disposición así es que necesita un enemigo para desahogarse. A lo cual se añade el contraste utópico de un Estado independiente.

A ver si no es un ejemplo de la fuerza de los símbolos la última estampa del Gobierno catalán, reunido en una sala donde llena toda la pared un ininteligible mural de Tàpies. Suscribo la hipótesis de Albert Boadella: la enfermiza irracionalidad de los independentistas catalanes se deriva de las muchas horas que han pasado reunidos bajo la presencia del fresco de Tàpies. Espero que alguna vez se supere tan aciago influjo con otra plástica menos inquietante y acorde con el famoso seny de los catalanes. Las clases dirigentes (es un decir) de Cataluña durante los últimos decenios han sido las más contrarias al sentido común, la sensatez o mesura, que uno pueda imaginar.

Alguna vez entenderán los republicanos catalanes que la actual decadencia de Cataluña en muchos terrenos es algo que preocupa a media España. Al final salimos perdiendo todos.

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El 155 ha de ser un punto de inflexión
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es 2 Noviembre 2017

A su manifiesta irresponsabilidad y a su irracional fanatismo, el ínclito ex-presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha añadido el baldón de su cobardía. Su huida a Bruselas, si bien menos pestilente que la de los golpistas de Octubre de 1934, le ha incorporado para siempre a la galería universal de la infamia.

En la patética rueda de prensa del pasado martes intentó ocultar su miedo bajo la absurda pretensión de que en España no tendría un juicio justo. Semejante duda sobre un Estado de Derecho miembro de la Unión Europea únicamente demuestra la impúdica mendacidad de un personaje cuyo descrédito va paralelo a su dominio de la lengua francesa. Su invocación a los principios fundacionales del proyecto de integración europeo, cuando el nacionalismo étnico-lingüístico que practica está en sus antípodas, demuestra una desfachatez rayana en el delirio.

Una vez dominada in extremis la rebelión y convocadas elecciones autonómicas para el 21 de Diciembre, hay que mirar hacia adelante y procurar que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sea un verdadero punto de inflexión y no un mero parche. Si hay algo que no hay que hacer bajo ningún concepto es modificar la Ley Fundamental para dar aún más privilegios, más reconocimiento simbólico y más autogobierno a los golpistas.

Por el contrario, es imprescindible reformar nuestro ordenamiento básico para fortalecer el Estado, cohesionar a los españoles en torno a un ambicioso proyecto compartido y dotar de eficiencia y racionalidad a nuestro entramado administrativo. Como muestra, dos botones: la planificación general de la educación, su programación y el correspondiente cuerpo de funcionarios han de volver a la titularidad estatal, así como los medios materiales y humanos de la Justicia. Y ni que decir tiene que una nueva ley de partidos ha de excluir a los que no se comprometan explícitamente a respetar la Constitución

Los años que vienen han de ser empleados por el Gobierno de la Nación, por los partidos que defienden la unidad nacional y la legalidad y por la sociedad civil española, con particular énfasis la catalana, en desmontar el tinglado de falsificaciones históricas, agravios imaginarios y obsesiones étnico-lingüísticas construido por los separatistas.

Las mismas herramientas que ha utilizado el nacionalismo separatista con tanto impudor como eficacia para crear un clima de odio contra España y para la elevación de la identidad a valor supremo por encima de la libertad y la igualdad, que han sido las escuelas, los medios de comunicación públicos y las subvenciones masivas a las entidades afines, han de servir a partir de ahora para fines opuestos y benéficos, a saber, la promoción de un sano patriotismo basado en los principios de la sociedad abierta que hermane a los españoles bajo la primacía del interés general.

espacio políticamente plural. Tratarlos como tales no les calma, sino que da alas a sus tropelías. Son una amenaza, una patología, un veneno, y aceptar sus tesis para configurar el Estado procurando apaciguar sus demandas mediante concesiones ha sido un error ético, político y estratégico de enormes dimensiones. No todas las ideas son admisibles en democracia, muy particularmente las moralmente aberrantes. Los nacionalistas de raíz identitaria no son integrables, como la historia ha demostrado trágica y reiteradamente, y deben ser combatidos sin tregua con las armas de la democracia, de la racionalidad, del Estado de Derecho, de la educación y de la comunicación, hasta su definitiva derrota en el campo intelectual y en las urnas.

El hecho paradójico de que las cúpulas del PP y del PSOE hayan dedicado hasta hoy más esfuerzos a liquidar políticamente a aquellos que en su seno denunciábamos los abusos de los nacionalistas y clamábamos por una estrategia distinta que los contuviera y debilitara, que a frenarlos y sujetarlos a la ley, explica perfectamente el bochorno que hemos vivido en Cataluña.

Ahora bien, lejos de refugiarnos en el fatalismo o el hastío acumulado por tanto esfuerzo incomprendido, es el momento de sumarnos al amplísimo y espontáneo movimiento del buen pueblo español que, como sucedió en 1808, y con la diferencia de que ahora el Rey está a la cabeza de la Nación para insuflarle ánimo frente al enemigo, ha sacudido su letargo y se moviliza dispuesto a preservar la unidad nacional, la democracia y la libertad. Fundámonos pues con la corriente vigorosa de millones de nuestros compatriotas que han salido de sus hogares para henchir calles y plazas de banderas y de compromiso cívico. Esa es nuestra esperanza y nuestra obligación ineludible.

Catalanes de Erasmus en Eslovenia
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 2 Noviembre 2017

Los nacionalistas vascos y catalanes han recorrido durante años el mundo, con dinero pagado por todos los españoles, buscando modelos para sus planes separatistas: Puerto Rico, Baviera, las islas Aland, Eslovaquia, Groenlandia, Escocia, Kurdistán, Quebec, Letonia, Croacia…

En esta carrera llegan a copiar descaradamente actos como la cadena humana que se realizó en agosto de 1989 en Lituania, Letonia y Estonia, países invadidos y sometidos a la URSS por un pacto entre Hitler y Stalin. En 2013, los catalanistas realizaron otra cadena humana, como si su país imaginario hubiera sido invadido por el Ejército Rojo.

Ahora el modelo que destaca es la vía eslovena. En el verano de 1991, mientras el mundo prestaba atención al despliegue militar de las Naciones Unidas contra Irak y al derrumbe de la URSS, Eslovenia y Croacia se separaban Yugoslavia.

Una paciente preparación
Los eslovenos empezaron a preparar su independencia en 1988. En ese año se celebraron elecciones pluripartidistas al Parlamento local. En 1989, el Parlamento esloveno enmendó su Constitución. Entre las novedades, la prohibición de que participasen en las elecciones locales partidos federales, la derogación de la preeminencia del ordenamiento jurídico yugoslavo y el rechazo a aportar fondos a la federación. A continuación, el Parlamento empezó a elaborar leyes de desconexión.

Además, las autoridades eslovenas se hicieron con la Defensa Territorial, instaurada por el dictador comunista Tito para combatir una invasión del Pacto de Varsovia, para formar su propio Ejército, que a finales de 1990 ascendió a 21.000 hombres armados y entrenados.

El 23 de diciembre de 1990, se celebró un referéndum. En la campaña, donde no existió la propaganda a favor del no, las consignas del Gobierno esloveno consistieron en prometer una vida mejor a los ciudadanos con el dinero que Yugoslavia les robaba y en descalificar al Gobierno federal socialista como incompetente y corrupto. Hasta la izquierda eslovena pidió el sí. Votó el 94%; y de éste, el 88% respaldó la independencia. A diferencia de Bosnia y Croacia, la población de otras nacionalidades era baja: un 10%.

El 25 de junio de 1991, los Parlamentos esloveno y croata proclamaron la independencia de sus repúblicas.

Mientras los corresponsales extranjeros que llegaban a Eslovenia recibían toda clase de atenciones, el Ejército Popular y el Gobierno yugoslavos se negaban a tratar con ellos. Seguramente, porque no sabían hacerlo. El último embajador de EEUU en Belgrado calificó la operación mediática como "el más brillante golpe de relaciones públicas en la historia de Yugoslavia".

La propaganda elaborada por las agencias de comunicación para el Gobierno de Liubliana presentaba a los eslovenos como un pequeño pueblo pacífico y democrático amenazado por unos déspotas comunistas que enviaban a sus uniformados a reprimirlos. Una idea difundida de manera machacona era la de que se trataba de un enfrentamiento entre un pueblo europeo que quería escapar de una cárcel balcánica, es decir, inculta y salvaje.

Un 'relato' para televisiones y ONG
En estos años, los nacionalistas catalanes han realizado viajes de estudio a Eslovenia. Ahí han aprendido la importancia de disponer de un relato que se coloca a los corresponsales de prensa, los diplomáticos y los empleados de ONG: buenos y malos, demócratas contra comunistas o fachas, civiles contra militares. En cualquier foro donde los separatistas discuten, se encuentran los mismos argumentos. Sólo cambian los términos aplicados a los españoles: en vez de comunista y balcánico, franquista y africano.

Como la Constitución española, a diferencia de la de Yugoslavia, no reconoce el derecho de autodeterminación, los catalanistas elaboraron el derecho a decidir. Pese a que no existe en ningún texto jurídico estatal o internacional, la izquierda española, desde el PSOE a Podemos, lo ha aceptado.

El 1 de octubre se escenificó un espectáculo para las cadenas de televisión. Desde la Administración autonómica, los separatistas incitaron a miles de fanáticos a ocupar colegios electorales y desobedecer a la policía. Inmediatamente, una catarata de fotografías y vídeos falsos y manipulados inundó de fake news los medios occidentales.

El Gobierno español, como el yugoslavo, no ha dado ninguna importancia a las relaciones públicas. La Generalitat presidida por Artur Mas puso en marcha poco después de la Diada de 2012 (la que decantó a CiU por la independencia) Diplocat y el Programa Eugeni Xammar para obtener apoyos internacionales y seducir a editores y periodistas. Su creación, así como su personal y sus presupuestos, son públicos. Pero los abogados del Estado de Moncloa no deben de leer el Diario Oficial de la Generalitat…

Siguiendo con el ejemplo esloveno, la Generalitat ha contratado a varias agencias y consultoras tanto de comunicación como de lobby, en España, en Europa y en Estados Unidos.

Que la UE obligue a Madrid a rendirse
La finalidad de la campaña de comunicación y de los combates era provocar una intervención extranjera que impusiera una negociación entre Liubliana y Belgrado, cosa que los eslovenos consiguieron. El Acuerdo de Brioni, firmado el 7 de julio de 1991 entre los representantes de Eslovenia, Croacia y Yugoslavia bajo impulso de la Comunidad Europea, detenía los hostilidades bélicas y los efectos de las declaraciones de independencia de las dos repúblicas secesionistas durante tres meses para que se negociase un nuevo reparto del poder en la federación.

Sin embargo, ninguna de las partes quería ceder. La guerra, que cesó en Eslovenia, estalló en Croacia. En diciembre Alemania reconoció la independencia de las dos repúblicas y forzó al resto de los miembros de la CE a hacerlo, amenazando con reducir su aportación a los fondos comunes (ver La fábrica de las fronteras, de Francisco Veiga).

La mediación internacional era la esperanza de la Generalitat en los días posteriores al 1 de octubre, pero ésta no se produjo, seguramente más por la reacción del pueblo español, el discurso del rey Felipe VI el 4 de octubre y los propios intereses de los países europeos (que no querrán animar a sus separatistas) que por la indolencia del Gobierno del PP que se limitó a negar la existencia de lo que habíamos visto.

Sin embargo, la Generalitat sigue sin desechar la intervención internacional. La reanudación de las protestas callejeras, la resistencia de la Administración y hasta la ocupación por los más extremistas de instalaciones y edificios públicos son los elementos en los que confíen los sediciosos para lograrla en las próximas semanas… o meses. Ese es el plazo temporal marcado por un eurodiputado del partido de los Pujol, recordando, de nuevo, a Eslovenia.

Toda decisión gubernamental que no incluya la derogación completa de la legalidad sediciosa construida por los separatistas dejará bombas de relojería activadas.

Los 'daños colaterales' de la independencia
Los caudillos del procés no cuentan a sus seguidores que la vía eslovena no se saldó con 62 muertos en la Guerra de los Diez Días (de 27 de junio a 6 de julio). Dado que la población catalana es de 7,5 millones, casi el cuádruple de los dos millones de eslovenos, una guerrita semejante en Cataluña supondría la muerte de 230 personas. ¿Quiénes de los columnistas de La Vanguardia, los empleados de TV3 y los comisionistas del 3% están dispuestos a dar su vida o la de sus hijos por su república?

Y entre los daños colaterales hay que mencionar la quiebra del Banco de Liubliana, de propiedad pública. El Gobierno de la naciente república fundó uno nuevo, el Nuevo Banco de Liubliana, al que transfirió los activos del anterior, pero no sus deudas. Muchos de los titulares de depósitos (130.000 en Croacia y 165.000 en Bosnia, aparte de los eslovenos) no los recuperaron.

Eslovenia tiene un único aeropuerto internacional y la población de su capital asciende a 280.000 habitantes. En un lugar tan pequeño, la presencia de unos técnicos catalanes que se reúnen al margen de la embajada con personalidades políticas no pasaría desapercibida. ¿Se enteró de estos viajes el embajador e informó al Ministerio?, ¿hubo algún aviso del CNI?... ¿Ha hecho algo Madrid?

Y ahora, ¡a por Bélgica!
Ramón De España cronicaglobal 2 Noviembre 2017

La capacidad destructiva de Carles Puigdemont empieza a parecer infinita. Otro se habría conformado con lo que él ya ha logrado, que es dejar Cataluña hecha unos zorros y haber crispado a media España con sus chorradas independentistas, pero a Puchi no le bastan esos logros y aspira a mayores hazañas. Lo de cargarse Cataluña y desestabilizar España, además, ya lo habían intentado, con cierto éxito, sus antecesores Jordi Pujol y Artur Mas, así que la participación de Puchi en la barrabasada nunca ha dejado de ser una más de un largo proceso en el que muchos han puesto todo lo que han podido de su parte para envenenar el ambiente y extender el mal rollo.

Con la declaración de independencia, nuestro glorioso cesante dio un paso de gigante hacia el ansiado desastre, pues la cosa ya era, directamente, un suicidio colectivo. Mientras otras sectas destructivas se limitan al suicidio de sus miembros, sin invitar al mismo a los vecinos del pueblo más cercano, el nacionalismo ha pretendido llevársenos por delante a todos, tanto si éramos de la secta como si no. Y ante el desastre subsiguiente, el jefe de la secta se ha dado a la fuga con la excusa de que no se siente seguro en un país dictatorial como España, que, como todo el mundo sabe, es una mezcla de la Turquía de Erdogan y la Corea del Norte de Kim Jong Un.

Contribuir a la desaparición de Bélgica sería para Cocomocho un logro que pasmaría a Pujol y a Mas y lo situaría en la historia como Cizañero Máximo Europeo

Entre todas las memeces que ha soltado Cocomocho en Bruselas, flotan dos evidencias innegables:
1. No quiere acabar en el trullo de ninguna de las maneras. Por eso ha contratado a un abogado célebre por haber conseguido retrasar varios años, en su momento, la extradición a España de una etarra infecta.

2. Tras liarla parda en Cataluña y España, este hombre --empeñado en demostrar que no es un merluzo de Girona puesto a dedo por el Astut, sino un visionario con ideas propias-- se ha propuesto socializar el sufrimiento, como los antiguos clientes de su abogado, y exportar su capacidad cizañera allende nuestras fronteras. Para ello ha optado por el país más frágil de la Unión Europea, un país que se aguanta con pinzas y que apenas es un país, pues las dos comunidades que lo componen no es que se ignoren, sino que se odian. Enviando al rey al exilio y repartiendo la población entre Francia y Holanda, Bélgica podría dejar de existir en cualquier momento. Y contribuir a su desaparición sería para Cocomocho un logro que pasmaría a Pujol y a Mas y lo situaría en la historia como Cizañero Máximo Europeo. Tampoco le haría ascos a la división de Bélgica en dos países, pues segregar y empequeñecer son cosas que le dan mucho gustirrinín.

Como era de prever, el primer ministro belga, que ya tiene que aguantar a sus propios fachas nacionalistas, no agradece lo más mínimo la presencia en su país de nuestro cesante favorito. Es de suponer, pues, que cuando llegue la euro orden de detención y extradición del interfecto la acoja con un júbilo similar al del preso de Soto del Real que se ha librado de Jordi Sánchez.

El tercio de los Papagayos
Si San Pedro negó tres veces a Jesús, veremos como muchos reniegan de haber votado el primero de octubre, sólo por la vergüenza que sentirán.
Enrique Navarro Libertad Digital 2 Noviembre 2017

En 1587 el tercio de Queralt formado por catalanes se unió a los tercios de Flandes para la invasión de Inglaterra, de aquella Armada Invencible que sucumbió ante las tormentas del Canal de la mancha. Aquellos catalanes, como estos nuevos recién llegados, se aposentaron en Bruselas y recibieron el nombre del tercio del papagayo, ya que sus miembros procuraban hablar en castellano para gran sorna de sus paisanos españoles que les tildaron de papagayos por su dificultad en expresarse en la lengua de todos.

Unos 530 años después, otros catalanes, también familiarizados con el tercio, o más bien con el tres por ciento, realizaron el denominado Camino Español que comunicaba la península itálica con los Países Bajos. Los pobres belgas atemorizados ante la llegada de los nuevos tercios catalanes y ante la probable designación del Duque de Alba como embajador de España en Bruselas por Mariano Rajoy, decidieron cerrar todas las puertas y rogar al saqueador Puigdemont que abandonara el país lo antes posible. ¿No es hora de decirle a estos belgas que o se comportan como socios de verdad, o les sacamos las instituciones europeas? Porque entre el terrorismo y estos desvaríos deberían ser puestos bajo sospecha.

Si no fuera porque conocemos bien a los servicios de inteligencia pareciera que Puigdemont es un agente doble, puesto que nadie ha hecho nunca un mejor papel en desarmar el separatismo catalán. Es más, estoy convencido que algún agente del CNi le aconsejó toda esta fuga con el fin de ridiculizar al separatismo, quizás haya sido hasta el propio Paesa o Roldán el asesor o inspirador.

De lo que no tengo duda es de que los libros de historia del nacionalismo contarán de forma épica el viaje de Puigdemont y sus argonautas desde Barcelona, huyendo por la noche y despistando a la Guardia Civil para llegar a Marsella y de ahí en avión a Bruselas:

"En una astuta iniciativa, propia solo de catalanes, Puigdemont llegó a Bruselas donde fue recibido en olor de multitud, dispuesto a continuar con su labor desde el exilio. De hecho, Bélgica consideró su anexión a Cataluña una vez recibidos los análisis de genética de sus ilustres visitantes.

Sin embargo, el valiente Puigdemont regresó a España para afrontar la tortura y la condena del invasor españolista. El héroe paso veinte años en una celda junto a dos andaluces en una clara demonstración de que la tortura existe en España, y que se empeñaban en hostigarle con violenta música, particularmente sevillanas y fandangos, para mermar la moral de victoria del amado líder. Incluso compartió celda con un dominicano que le cantaba reggaeton, una tortura que ni siquiera las SS practicaron.

Veinte años después regresó, también en olor de multitudes, a la nación catalana y declaró la independencia de Cataluña, y la próxima convocatoria de un referéndum, falleciendo a los noventa y seis años de un infarto debido a la fuerte presión que soportó en vida, luchando por las libertades del pueblo catalán. Hoy en día Cataluña sigue siendo España sólo y exclusivamente por la amenaza y la extorsión españolista, pero en el corazón de los catalanes la independencia sigue suspendida, aunque algún día llegará.

Puigdemont hoy es venerado tanto en Bruselas como en Bucarest donde acabó formando el partido rumano catalán en la zona de la Transilvania. Hoy todo catalán que se precie viaja a este bello y en otro tiempo lugar tenebroso lugar, para velar los restos del gran y amado líder. Ningún espartano superó en bravura al líder, ni ningún ateniense en inteligencia. Nadie se expresó con tanta claridad en tantos idiomas. Dios guarde a nuestro amado Puigdemont".

La realidad es muy diferente, como ocurre habitualmente con la bibliografía nacionalista. Es cierto que estos movimientos generan un gran entusiasmo cuando nacen, pero nadie en la historia reciente de España, seguramente desde Fernando VII, había generado tanta frustración como el emigrante Puigdemont.

El separatismo dijo a los catalanes que habría referéndum y que sería vinculante; y a falta de uno hizo dos, y res de res.

El separatismo dijo a los catalanes que no sólo serían independientes, sino que gracias al espíritu empresarial catalán serían más ricos, y las grandes empresas se fueron.

El separatismo dijo que España les robaba y resulta que pagamos las facturas de sus desvaríos, sin contar que los que les han venido robando son los nacionalistas para pagar la minuta del abogado de los etarras.

El separatismo dijo que España les bombardearía y enviaría los carros de combate y apenas unos pocos Guardias Civiles y Policías han servido para detener el golpe de estado.

Dijeron que sus instituciones no se podrían del lado de la ley; y tardaron menos de un suspiro en acatar las normas, aliviados al creer que serían los funcionarios los que pagarían el pato que Puigdemont trata de evitar.

Dijeron que las calles se llenarían de gente para mantener la llama viva del independentismo, y desde el día uno de octubre, nunca en la historia de Cataluña se habían visto tantas banderas españolas.

Se dijo que asumirían sus condenas si era necesario para la libertad del pueblo oprimido y estuvieron a punto de renunciar a todo el proceso para salvar el culo de ir a la cárcel.

Dijeron que nunca obedecerían al gobierno en caso de aplicar el 155; y sin embargo lo asumen de facto acudiendo a las urnas para obtener las subvenciones. El Parlamento nacido del 155 no es para legitimar el proceso es para enterrarlo, sea cual sea el resultado.

Dijeron que era imposible que Cataluña saliera de la Unión Europa y del Euro y casi les ponen controles aduaneros y tienen que pagar con los billetes del monopoly para hacer la compra.

Hasta tal punto ha llegado el delirio, que creyeron que Cataluña era el pueblo elegido, y que realmente Moisés tardó cuarenta años en llegar a Judea porque antes pasó por Barcelona. No olviden la leyenda de que el Monte Carmelo es en realidad el Tibidabo. Por mucho que se puedan considerar pueblo elegido, son los mismos a los que Escipión llamó hispanos cuando puso el pie en Gerona hace dos mil años, del mismo modo que llamó extremeños, gallegos, castellanos y sevillanos a otros habitantes de la península.

Tanta frustración ha generado entre el separatismo, gran parte del cual es absolutamente contrario a esta patochada, que va a pasar como en Alemania en 1946, que no encontraban a nadie que hubiera estado en las manifestaciones nazis. Si San Pedro negó tres veces a Jesús, veremos a muchos renegar de haber votado el primero de octubre. Y lo harán sólo por la vergüenza que sentirán.

Pero lo más absurdo y delirante de todo esto, es la gran mentira de pensar que Cataluña es una nación, sujeto pleno de soberanía. Si los del Tercio del Papagayo se empeñaban en hablar castellano y servían a la corona de España, ¿Quién va a venir a decirnos ahora que es que Cataluña ha sido oprimida durante siglos? La verdadera historia es que las dos veces que Cataluña se independizó de España fue aprovechando el tumulto de la guerra, poniendo por unos cuantos ducados a Cataluña al servicio de la corona de Francia y de Inglaterra.

No puede alegar ser sujeto de soberanía quién nunca la tuvo; no puede alegar ser una nación un territorio que ha convivido con las instituciones españolas durante tantos siglos como la propia existencia de España, nacida de la fusión de los reinos de Aragón y Castilla. Y no olvidemos que, durante las guerras civiles del siglo XV en Cataluña, la Generalidad pretendió poner en manos de los reyes de Castilla a los territorios catalanes en oposición a la corona de Aragón. Ésta es la verdadera historia por mucho que la tergiversen. Los catalanes no pueden seguir siendo un pueblo que tropieza dos veces con la misma piedra que ellos mismos se ponen en el camino.

El ridículo y la patochada independentista es de tal magnitud que España no dejará nunca de decir a Puigdemont y a sus acólitos: gracias, nadie hizo en la historia más por la unidad de España que vosotros.

El pacto PuigRajoy
Javier Barraycoa gaceta.es 2 Noviembre 2017

En la praxis política controlar los tiempos es fundamental y es indicativo de las intencionalidades de las decisiones políticas.

Durante estos días hemos visto como en pocas horas se tomaban disposiciones y las contrarias sin ningún rubor por parte de Puigdemont. De hecho, los interminables cambios de hoja de ruta del secesionismo, han sido siempre fruto de “tempus interruptus” y la necesidad de rehacer estrategias.

A nadie se le escapa que las líneas de negociación entre el gobierno central y el autonómico estuvieron abiertas hasta el último momento, antes de la proclamación de la inexistente República Catalana. Había que ultimar un pacto para evitar la catástrofe y que las partes en conflicto no salieran no heridas de muerte. No hay que ser Junqueras o Montoro para saber que si la situación presente continuaba mucho más, la debacle económica en Cataluña sería inevitable y arrastraría toda la economía española. Si todos pierden, mejor que al menos se quede en tablas.

Y este nos parece que ha sido el “Pacto PuigRajoy”. El gobierno central estaba obligado, para salvaguardar su legitimidad, aplicar el artículo 155; y Puigdemont a proclamar la independencia. Y los dos han conseguido la cuadratura del círculo: unos piensan que la autonomía está intervenida y otros que ya vivimos en una República independiente con un gobierno legítimo en la semiclandestinidad. Es una locura, sí, pero una locura con sentido. Sun Tzu, en El arte de la guerra escribía que “cuando provoques desorden que sea fruto del orden”. Con otras palabras, debe existir una estrategia última que corresponda a situaciones aparentemente irracionales.

Veamos los síntomas de un teórico surrealismo que sólo puede ser explicado si hay un pacto bajo mano entre el gobierno central y los secesionistas. El 27 de octubre, por la mañana, Puigdemont va anunciar elecciones para dentro de dos meses. Al cabo de poco en su comparecencia comunica que estas no se celebrarán y en cambio, por la tarde, el Parlamento autonómico votará la resolución de proclamación de independencia. El hijo del pastelero de Amer elude así la responsabilidad de sedición y la traspasa a unos diputados autonómicos que votarán anónimamente para no poder ser tampoco encausados. Puigdemont, ya muy tarde, acude al Palau de la Generalitat donde sus adeptos esperan que el President salga al emblemático balcón donde Macià y Companys respectivamente lanzaron sus proclamas, y declare la independencia.

Pero nada, se mantuvo mutis por el foro. Nada de balconada, nada de proclamación. A la mañana siguiente se le descubría comiendo públicamente en un restaurante de Gerona, al mismo tiempo que la no-intervenida televisión del Régimen emitía un discurso ¿institucional? del no-President. Sus palabras, muy medidas, le salvaguardaban de futuras acusaciones de sedición y la ambigüedad le permitía dar la imagen de un President vigente. Mientras tanto, la bandera española sigue ondeando en el Palau de la Generalitat ¿Cómo es posible explicar tanta acumulación de surrealismo político, si no es por un pacto? El domingo siguiente, el 29 de octubre, en una gran manifestación contra la independencia en Barcelona, sus organizadores sorprendían con expresiones como que ya se había acabado el “procés” o que todo volvía por fin a la normalidad. ¿Ceguera o consigna? Todo olía ya a campaña electoral.

Nuestro análisis es relativamente sencillo. Hay pacto y se está jugando con la ilusión de muchos catalanes. Las elecciones que no convocó Puigdemont, son las mismas en tiempo e intención que las designadas por Rajoy el 21 de diciembre. Esta inmediatez permitirá recobrar la “normalidad” sin que el gobierno tenga que aplicar de facto el 155. ¿Cómo en 50 días se puede intervenir una autonomía y “desfacer” los abusos y excesos cometidos durante 30 años? ¿Cómo no se interviene la poderosísima TV3? Y qué decir de la educación, ¿en 50 días va a desaparecer el “recién descubierto adoctrinamiento” de niños? No nos podemos dejar engañar, no hay 155, todo ha sido una mascarada para convocar unas elecciones y evitar al gobierno meterse en el avispero de una compleja estructura autonómica.

Misteriosamente se han desconvocado huelgas salvajes convocadas para esta semana y la CUP ha dado órdenes de que las calles permanezcan tranquilas. El partido en el Gobierno central sabe por los sondeos que no sacará rédito en las autonómicas de su intervención y más si esta implicara desgaste político. Ciudadanos será el partido que se aprovechará del voto reactivo, pero ERC arremolinará el voto secesionista. Y el PDeCAT se salvará del hundimiento total, por una estratégica retirada a tiempo de Santi Vila que le permitirá liderar una versión moderada de su partido. La CUP, por su parte tendrá que volver a pasar por una traumática asamblea para decidir se presentan o no a unas elecciones “impuestas por un Estado opresor”.

¿El escenario tras las elecciones? El secesionismo perderá diputados pero no su hegemonía cultural ni política. Ya se entrevé un tripartito entre ERC, los Comunes de Ada Colau y … ¿PSC o CUP? De la decisión que tome Junqueras dependerán que manden unos tiempos u otros. En tres meses Cataluña volverá a estar como estaba. El pacto consiste en que el Estado ni la fiscalía harán demasiada sangre con la casta política secesionista y que Junqueras formará un tripartito con la promesa de no dirigir la barca hacia Ítaca, al menos a velocidad de crucero. Por eso, hace tres días Junqueras sorprendía con una frase: “Habremos de tomar decisiones que casi nadie entenderá”. La República puede esperar, primero hay que reformar la Constitución, y ese será el “tempus” político de ERC.

El tiempo del PP es hipercortoplacista y de cara a su electorado; el del secesionismo se puede adaptar y esperar 10 años más, o treinta. Ya lo han demostrado. El proceso continúa, simplemente se ha detenido a tomar aire. El Estado ha perdido pues no tiene estrategia. En definitiva todo se reduce a que si la proclamación de la República catalana haría caer la monarquía (vía rápida); o bien si la caída de la monarquía propiciará la república catalana (vía lenta). Y esta segunda vía es la que espera emprender el secesionismo. Lo dicho, en político todo se resume a controlar los “tempus”.

Nacionalismo no independentista
Enrique Arias Vega  latribunadelpaisvasco.com 2 Noviembre 2017

La ideología independentista ha conducido a la otrora madura y desarrollada sociedad catalana a un cruce de desencuentros, de ignorancia dogmática y de retroceso en la convivencia.

Pase lo que pase y acabe esto como acabe, se trata de un auténtico desastre. Y la eventualidad de que puedan repetirse los mismos resultados electorales en una nueva consulta popular, como predicen las encuestas, propicia que esto podría convertirse en el famoso día de la marmota, es decir, un movimiento circular, sin retorno a la normalidad.

Por eso, dentro y fuera de las filas soberanistas surgen voces de un nacionalismo no independentista, cuyo último exponente público fue el ya amortizado político democristiano Duran i Lleida. En el fondo, se trataría de volver a aquellos postulados del ministro alfonsino Francesc Cambó, hace casi un siglo, con su tesis de “catalanizar España”.

Hay gente en esa línea, por supuesto. El primero, el ex conseller de Puigdemont, Santi Vila, dispuesto a encabezar una corriente de ese tipo dentro o fuera del PDdCat. Otros que compartirían esas o parecidas tesis serían el último secretario general de UDC, Ramón Espalader, o el nuevo partido creado, entre otros, por el errático maratoniano de la política Toni Fernández Teixidó (ex trotskista, ex de Adolfo Suárez y ex convergente) y por el marido de Inés Arrimadas, el también ex CiU Xavier Cima.

No sé si éstos serán suficientes mimbres para rehacer el cesto del nacionalismo democrático que algunos catalanes quieren recuperar. En cualquier caso, se trataría de desbloquear la situación política actual, la polarización de posturas y la imposible convivencia de una sociedad tendente al radicalismo. El papel, modesto, de las nuevas formaciones, sería servir de amortiguador de pasiones, de exigencias y de maximalismos de unos y otros.

Por eso, por mínima que fuese su representación electoral, servirían para deslizar la situación política hacia una zona de normalidad, de diálogo dentro de la legalidad estatutaria, que es de lo que se trata.

El artículo 155 y las elecciones anticipadas
Juan Francisco Martín Seco republica 2 Noviembre 2017

Una semana más, y van ya muchas, dedico este artículo al tema de Cataluña. Es posible que los lectores estén un poco hartos; también los articulistas, y no es que no haya otros temas que tratar: informe del FMI sobre las pensiones, reforma laboral en Francia, política monetaria europea, condiciones laborales y fiscales de los autónomos, el Brexit y muchos más. Pero la insurrección en Cataluña es un problema de tal calibre y con tales repercusiones en toda la sociedad española que obliga a posponer cualquier otro asunto. Eso es lo malo del nacionalismo, que termina contaminando todo en términos de enfrentamientos territoriales, olvidando o tapando las auténticas cuestiones, las que realmente importan, que surgen de la desigualdad y de las distintas posiciones sociales.

Pocos artículos de la Constitución se habrán hecho tan populares como el 155. Desde hace algún tiempo se encuentra continuamente presente en los medios de comunicación y sobre él han vertido opiniones todos los comentaristas, tertulianos y políticos, ofreciendo las versiones más dispares. En un principio, se le atribuyó un carácter dramático, maximalista y extraordinario, identificándolo con la suspensión de la autonomía. Poco a poco se fue desechando esta perspectiva para considerar que se trataba de un artículo abierto, entre otras razones por su condición de inexplorado; y ello ha conducido a que durante las semanas previas a su aprobación se suscitase la discusión de si se iba a utilizar un artículo 155 blando o duro.

Es verdad que el artículo 155 está sin estrenar y que además no ha tenido desarrollo en una ley orgánica. En este sentido se trata de un artículo abierto y así figura en la literalidad del texto al indicar: “… el Gobierno… podrá adoptar las medidas necesarias…”, pero no existe un artículo 155 benigno y otro riguroso. La severidad o lenidad no se encuentra en el artículo en sí mismo, sino en los incumplimientos de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico por parte de la respectiva Comunidad Autónoma, que debe tener su correlato en el rigor de las “medidas necesarias” que puede adoptar el Gobierno de España.

Resulta evidente que los incumplimientos o atentados al interés general previstos en el artículo 155 pueden abarcar un amplio espectro, por lo que, en conformidad con ello, las medidas a tomar, también. Desde luego, estas no pueden ser del mismo orden cuando se trata, como en Canarias en 1989, de solucionar un problema de aranceles que cuando el objetivo, como en estos momentos, es corregir el golpe de Estado ejecutado por el Gobierno y el Parlamento catalán. Quizás el error cometido por el Estado español consista en que, desde la aprobación de la Constitución, este artículo no se haya aplicado hasta ahora; en que no se haya activado en otras ocasiones en las que las Comunidades Autónomas (no solo la catalana) han incumplido la legalidad de forma contumaz y en que se haya esperado a que la violación de la ley adquiriera unas dimensiones gigantescas, difícilmente imaginables incluso por aquellos que redactaron la propia Constitución.

Es la pasividad del Estado, frente a los quebrantamientos legales y constitucionales de las Comunidades Autónomas durante estos cuarenta años, la que nos lleva a calificar de traumática la utilización del artículo 155. En esta ocasión, la posible amplitud y dureza en la forma de aplicarlo tienen una clara justificación: la gravedad de la insurrección que se ha planteado en Cataluña, y a las que las “medidas necesarias” tienen que acomodarse.

A pesar de la trascendencia del tema, las alegaciones que la Generalitat presentó no dejan de ser cómicas, porque el cinismo llevado al límite termina pareciendo ridículo. ¿Cómo se puede afirmar que el artículo 155 permite que el Gobierno español dé instrucciones al Consejo de Gobierno de la Generalitat, pero no permite cesarlo? ¿Qué le dé instrucciones?, ¿para qué se ría de él y le tome el pelo? Durante tres años llevan haciendo caso omiso de toda clase de prohibiciones e instrucciones del Tribunal Constitucional y del resto de tribunales. El mismo artículo 155 estipula que, antes de su activación, tanto el Gobierno español como el mismo Senado requieran al presidente de la Comunidad. Sería absurdo pensar que toda la eficacia de ese artículo queda reducida a volver a requerir (dar instrucciones) a los que han despreciado cualquier requerimiento.

Los límites del artículo 155 los marca la expresión las medidas necesarias. Es posible que para eliminar un arancel en 1998 en Canarias no fuese necesario cesar al presidente de la Comunidad, pero para lograr que Cataluña retorne a la normalidad constitucional resulta totalmente imprescindible que los actuales miembros del govern no permanezcan en sus cargos. El punto número dos del artículo 155, “Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”, no es una limitación del punto uno, sino todo lo contrario, trata de dejar claro que en esa tarea de aplicar las medidas necesarias puede contar con toda la administración autonómica, y cesar lógicamente a los que se opongan a ellas.

La pregunta de que cómo se puede obligar a alguien a hacer algo, si se le cesa, tiene muy poco recorrido porque el artículo habla de obligar a la Comunidad Autónoma, no a tal o cual cargo. Además, se postula “el cumplimiento forzoso”. Se entiende que el empleo mínimo de fuerza lo constituye la destitución del cargo.

Sin embargo, la sola invocación del artículo 155 genera una especie de alergia y no tanto por la dificultad de aplicarlo, sino porque muchos consideran una herejía el hecho de que el Gobierno central intervenga en una Comunidad Autónoma (a ese punto hemos llegado). No solo entre los nacionalistas, sino entre otros que no se tienen por tales, como los miembros de Podemos o como una parte del PSC. Lo que subyace tras esa postura es la negativa a considerar al Gobierno de España como un gobierno propio (autogobierno). Ello es tan absurdo como si los habitantes de Barcelona creyesen que su gobierno radica exclusivamente en la corporación municipal y que las instituciones de la Generalitat son extrañas por el solo hecho de que no son exclusivas de Barcelona.

El lenguaje no es inocente. El nombre de “autónomo” añadido a los gobiernos regionales induce a la confusión. Primero, el de creer que siempre lo son cuando, como he repetido en algún que otro artículo, un poder es autónomo (como contraposición a heterónomo) cuando es democrático, y es evidente que el gobierno de una Comunidad también puede ejercerse de forma despótica y al margen de la voluntad de los ciudadanos. Segundo, porque por la misma razón la autonomía no es condición exclusiva ni mucho menos de los gobiernos regionales. Por mucho que se quiera, no resulta fácil justificar la actitud de Montilla porque si bien fue presidente de la Generalitat, también fue ministro del Gobierno de España.

Dado el grado de anarquía, desgobierno y transgresión de la legalidad que se había producido en Cataluña, la aplicación del artículo 155 debería verse tan solo como una defensa de la propia autonomía y de las instituciones democráticas. No obstante, el nivel de autarquía y enrocamiento que rige en el pensamiento de algunos les hace ver como un pecado, un escándalo y una invasión, la aplicación más que justificada de un artículo constitucional. Ello explica las reticencias y reservas que han presidido la postura del PSC (no así de Borrell) en toda esta materia, y que esta sea también la razón, al menos en buena medida, de que el 155 no se haya utilizado antes, dando lugar a que se celebrase el referéndum del 1 de octubre y que en estos momentos se aplique con tantos recelos y limitaciones.

Quizás haya que buscar en estos escrúpulos del PSC y en el oportunismo de Ciudadanos -formación que cree tener buenas expectativas electorales- la urgencia en convocar desde el primer momento elecciones autonómicas. Convocatoria a todas luces precipitada y a ciegas porque se desconoce la situación en la que la sociedad catalana puede encontrarse dentro de 54 días. Se supone que el objetivo del artículo 155 no es la convocatoria, de cualquier modo, de elecciones, sino el regreso a la legalidad. La convocatoria de elecciones es tan solo el final lógico de esa normalidad conseguida, pero no puede precederla.

De ahí el planteamiento radicalmente equivocado mantenido por el PSOE (con Margarita Robles a la cabeza, y con las presiones tal vez de Iceta entre bambalinas) de mantener en suspenso la aplicación del 155 si Puigdemont convocaba elecciones. Planteamiento que hacía felices a muchos, inconscientes tal vez de que de esta forma, tras todo lo sucedido, únicamente se retrasaba el problema. Alfonso Guerra estaba en lo cierto al afirmar que una cosa no tenía nada que ver con la otra.

La convocatoria de elecciones para una fecha tan próxima, el 21 de diciembre, plantea muchos interrogantes. Tras lo que ha costado llegar hasta aquí, no parece razonable quedarse a mitad del camino y encontrarnos con que a los tres meses estamos de nuevo en el inicio del problema. A estas alturas no se conoce el grado de dificultad que va a tener la aplicación del 155 y es muy dudoso que en tan poco tiempo la sociedad catalana haya vuelto a ese mínimo de neutralidad necesaria para celebrar unas elecciones con ciertas garantías. Son muchos años de errores, de cesiones y de inhibiciones del Gobierno español y de sectarismo de las instituciones catalanas. Sin duda, no es fácil invertir todo esto y menos a corto plazo, pero por eso mismo no se ve la necesidad de fijar desde el primer momento la fecha de las elecciones. Existe, desde luego, el peligro de que se quieran convertir estas elecciones de autonómicas en plebiscitarias, y si los resultados son los mismos retornemos al principio.

www.martinseco.es

Junqueras burla el 155 y maniobra para seguir cobrando sueldos millonarios
ESdiario 2 Noviembre 2017

Segundos antes de la aplicación del artículo que intervenía la autonomía de Cataluña y que cesaba a los altos cargos, el vicepresidente hizo una jugada maestra para no perder miles de euros.

Lo cuenta Inés Calderón en Sueldos Públicos, el ya exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha destituido a tres de los directores generales de su consejería, la de Economía, sólo unas horas antes de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución supusiera su cese en el cargo. En concreto, el Boletín oficial de la Generalitat de Cataluña publicó el pasado viernes el cese de Jordi Boixareu, Marcel Mauri y Lluís Juncà, apenas unas horas antes de que el Gobierno de España aprobase los decretos de aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Boixareu era, hasta el viernes, el director del Programa para la organización y modernización del sistema tributario de la Generalitat y uno de sus ‘cienmileuristas’ ya que su salario ascendía a 106.090 euros brutos al año. Unos días antes, fue designado director general de Promoción Económica, Competencia y Regulación del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, tal y como recoge la citada información que recogemos en ESdiario.

Junqueras repitió la jugada con otro de sus colaboradores más cercanos: Lluís Juncà cesó como jefe de la Oficina del vicepresidente del Gobierno con un sueldo de 82.209 euros brutos al año, según el Portal de Transparencia autonómico. Su nuevo puesto es el de secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, explican en Sueldos Públicos.

El viernes, Junqueras también destituyó a Marcel Mauri, que era asesor especial del vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda con un sueldo de 55.657 euros brutos al año. En su caso, de momento, no tiene nuevo destino, aunque estaba haciéndose cargo de la portavocía de Òmnium Cultural después de que Jordi Cuixart ingresara en la prisión de Soto del Real por orden de la Audiencia Nacional.

Tal y como explica la información, no se conocen los motivos por los que los que Junqueras ha cambiado de destino a sus colaboradores más cercanos, aunque podría ser para evitar su cese por el Gobierno tras la aplicación del artículo 155. Los nuevos puestos tienen un carácter menos político y más técnico, lo que podría poner a salvo su sueldo.

El propio Junqueras es uno de los miembros de la Generalitat que se queda sin sueldo, ya que la disolución del Parlament para convocar elecciones el 21 de diciembre pierde tanto su puesto de conseller como su acta de diputado.

Resistencia antiindependentista en la Universidad Autónoma de Barcelona
Estudiantes del centro se asocian para luchar «contra las imposiciones del procés en los campus»
Esther Armora ABC 2 Noviembre 2017

Pocos universitarios se han atrevido hasta ahora a verbalizar su rechazo a «las imposiciones» de los defensores de la independencia. El silencio ha reinado en los campus, plagados de «esteladas» y pancartas a favor del «procés». Después de vivir «en modo off» dos tensas huelgas y varias jornadas de movilizaciones, algunos estudiantes se atreven ahora a dar un paso al frente y a organizarse para, según explican en declaraciones a ABC, «que no vuelvan a pisotear nuestros derechos». Entre ellos, recuerdan, «el de no secundar una huelga» de la que no comparten los motivos.

Andrea Haro, estudiante de cuarto curso de Ciencias Políticas y Derecho, que durante años había compartido las tesis del movimiento independentista, encabeza esta «resistencia visible» en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), una de las que ha vivido «más intensamente» los paros de estos días y en la que más violentas han sido las acciones de los piquetes. La nueva asociación estudiantil para la que todavía no hay nombre -se baraja el de «Unión de Estudiantes»-, agrupa, por el momento a una veintena de alumnos, y «espera incorporar también a varios profesores que ven con buenos ojos la iniciativa», según avanza Haro.

El objetivo de esta organización, la primera de estudiantes destinada a reivindicar los derechos de «todos los estudiantes sin excepción», es «que no haya una sola voz en la UAB monopolizada por los estudiantes independentistas de izquierda», según precisan sus organizadores.
«Debemos ser valientes»

Andrea Haro, portavoz de la asociación naciente, sabe que vendrán tiempos difíciles. Por este motivo, según afirma, «debemos ser valientes y luchar para que en las universidades se fomente el debate y la pluralidad y no se impongan los derechos de unos por encima de los de otros». Sabe de lo que habla, porque ha sufrido en primera persona los ataques de los piquetes que han actuado en su universidad durante las huelgas que precedieron y sucedieron al referéndum ilegal del 1-O.

«No hay derecho a que intentes hacer clase, porque quieres, porque no compartes los motivos de la huelga y, además porque tu profesor también lo quiere, y te veas increpada por unos radicales que, simplemente, no comparten tu opinión», denuncia la estudiante. Recuerda, en declaraciones a este medio, cómo el 28 de septiembre tuvo que salir del aula porque un grupo de alumnos irrumpieron repentinamente en la clase haciendo ruido y tildando a los alumnos de «reacccionarios» y «totalitarios». La estudiante denuncia también la falta de contundencia de la Universidad ante estas situaciones.

Más allá de cuestiones académicas, en la lucha de Andrea hay un componente ideológico y personal. Esta universitaria catalana, como otros muchos jóvenes que han permanecido silentes en estos días tan convulsos, reivindica su «sentimiento de identidad» a su tierra. Por ese motivo, según afirma, no está dispuesta a que la califiquen de «catalana de segunda», «solo por no avalar las tesis de los independentistas». «Mi compromiso con la causa catalanista sigue siendo importante, aunque los últimos acontecimientos políticos sucedidos en Cataluña me han abierto los ojos».

Su desafección al «procés» se remonta, según precisa, a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre del 2015. «Me desengañé al ver el uso político que determinadas formaciones políticas hicieron de los resultados», admite. Por encima de cualquier planetamiento ideológico, Andrea defiende «los derechos individuales» y la «libertad de expresión», algo que, según afirma, «la izquierda radical no parece estar dispuesta a respetar a tenor de lo que he visto estos días en este campus».

También, jóvenes de Sociedad Civil Catalana (SCC), entidad que ha visto coartada su libertad de expresión en este campus, han decidido alzar la voz y reivindicar los derechos de todos los universitarios que durante años han resistido en silencio. Hoy, esta entidad, algunos de cuyos miembros también forman parte de la nueva asociación, ha convocado una protesta a las 19.00 horas en la plaza cívica del campus bajo el lema «Universidad de todos». «Queremos reivindicar una universidad sin piquetes violentos, sin agresiones, en la que haya pluralidad», indican a este diario poravoces de SCC.

Pasividad en la Universidad
Desde el profesorado, también se han alzado voces críticas contra la «inacción» de la UAB ante la «imposición de las huelgas». En el paro del pasado día 3 de octubre, la profesora titular de Medios de Comunicación y Cultura de la UAB, Isabel Fernández Alonso, envió a la rectora, Margarida Arboix, una carta en la que le recordaba que una universidad debe ser neutral y fomentar el debate político desde la serenidad en lugar de azuzar a los alumnos.

En una entrevista concedida a ABC, Fernández denunció la «pasividad» de la universidad» ante «las acciones violentas de algunos estudiantes que agreden a otros solo por pensar de manera distinta». No fue la única que los denunció: otros profesores de la UAB como Rafael Arenas, de la Faculad de Derecho y ex presidente de SCC; o el profeor de Ciencias Políticas Gabriel Colomé, entre otros, firmaron en marzo un manifiesto contra la violencia radical en el campus.

La Universidad niega no haber actuado ante estos hechos. La vicerrectora de Comunicación de la UAB, Virginia Luzón, precisa a ABC que «la rectora y su equipo de gobierno, han mostrado siempre su rechazo radical a cualquier tipo de violencia y a favor de la libre expresión de ideas». Recuerdaque «este rechazo a la violencia se ha concretado en diversos comunicados contra todo tipo de violencia, desde los atentados de Niza y Barcelona o la violencia en las huelgas estudiantiles».

Secuestrada por los radicales
Desde hace años, pero de manera más acusada desde enero de 2016, un grupo de estudiantes radicales que se autodenominan «antifascistas», aunque incurren en las mismas prácticas violentas y totalitarias, tiene secuestrada la libertad de expresión en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). No superan el centenar. Algunos parten del movimiento independentista estudiantil (los mismos que han abanderado las protestas de estos días a favor del«procés»); otros, se reconocen como anarquistas. Su denominador común es que sus protestas trascienden lo académico y tienen a menudo un carácter violento. En mayo de 2015, estos radicales colocaron en su diana a Societat Civil Catalana (SCC), entidad a la que en reiteradas ocasiones –media docena desde abril de 2016– han agredido y coartado su libertad de expresión. LA UAB niega haber sido una estatua de sal en el conflicto.

PIDEN UN NUEVO MODELO
Los inspectores alertan: El adoctrinamiento se extiende a Valencia y Baleares
La Gaceta  2 Noviembre 2017

Tras las denuncias de casos de adoctrinamiento en las aulas catalanas el Ministerio de Educación ha señalado que hay que reforzar la Alta Inspección educativa, pero los inspectores piden “ir más allá” y replantear el modelo actual, “bastante limitado y obsoleto”.

Lo ha dicho en una entrevista con Efe Jesús Marrodán, el presidente de la Unión Sindical de Inspectores Educativos (USIE), sindicato que ha celebrado recientemente el XVIII Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, en Alcalá de Henares (Madrid).

“Necesitamos que la Alta Inspección esté dotada de inspectores, un personal cualificado que haya tenido que aprobar unas oposiciones y no dependa del Gobierno de turno“; “de este modo conseguiríamos cierta independencia profesional”, destaca.
En opinión de Marrodán, es necesario “modificar totalmente la Alta Inspección” porque “no tiene sentido una Alta Inspección en la que no hay inspectores y que solo cuenta con una plantilla ridícula en cada comunidad autónoma”.

El presidente de USIE, que aboga por una Inspección que trabajara de forma más coordinada, reconoce tener constancia de compañeros que en Cataluña “están viviendo una situación estresante” para ellos, pues “existe una fractura social que también está llegando a los inspectores“.

“Hemos visto los vídeos, hemos leído las quejas de algunas madres. No sabemos el grado de relevancia con que están ocurriendo, si son muchas o son pocas, no sabemos cuántas, pero hay cosas que ocurren”, explica Marrodán.

Precisamente USIE ha denunciado el pasado lunes que se haya abierto un expediente disciplinario al inspector de educación que denunció en la prensa “el adoctrinamiento al que es sometido el alumnado en determinados centros educativos catalanes”.

La apertura de este expediente disciplinario supone un “ataque frontal y totalitario del Govern de la Generalitat a la libertad de expresión y a la independencia y autonomía de la inspección de educación en Cataluña”, según USIE, que exige el sobreseimiento inmediato del citado expediente.

Marrodán afirma tener conocimiento también de presiones en otras regiones como Baleares o la Comunidad Valenciana, en las que se han remitido “escritos al Defensor del Pueblo que se han tramitado y se ha pedido informes a la Inspección”.

En relación a un posible acuerdo por un pacto por la educación, confía que de su negociación “salga algo, o bien un acuerdo de mínimos o bien una futura ley, pero algo que permita estabilizar el sistema educativo español”.

“Después de siete leyes orgánicas, necesitamos un marco legal más estable, de consenso y que permita avanzar hacia el futuro”, manifiesta Marrodán, que no cree que un pacto sea de por sí “ni muy bueno ni muy malo”.

El presidente de USIE espera también de un posible pacto educativo el “replanteamiento de la Inspección” que le confiriera más autonomía, más estabilidad en las plantillas y una mejor coordinación territorial.

Cree que los inspectores necesitan más formación y más cualificada, una convocatoria de oposiciones de una forma más o menos periódica y un real decreto de Inspección en el que se trabajen todos estos temas, que sirva como documento marco en las diferentes regiones, añade.

Asimismo, opina que el consenso puede ser “un instrumento” que permita “mejorar los puntos negros del sistema educativo español”.

Entre otros aspectos a abordar, además de la reforma de la Alta Inspección, menciona la mejora de la FP, el impulso a la formación permanente en adultos o a la Educación Infantil de primer ciclo.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional
Estos son los miembros del extinto Govern independentista que duermen esta noche en la cárcel
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn entran en la cárcel acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación
Periodista Digital 2 Noviembre 2017

El ex consejero Santi Vila deberá pagar una fianza de 50.000 euros si quiere eludir la prisión

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado este 2 de noviembre de 2017, tal y como le había solicitado la Fiscalía, el ingreso en prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete consejeros cesados que han acudido junto a él a la Audiencia Nacional.

El único que podrá eludir esta medida cautelar será el exresponsable de Empresa de la Generalitat y posible candidato de PedCAT en las elecciones del 21 de diciembre, Santi Vila, para quien se ha fijado una fianza de 50.000 euros, han señalado fuentes jurídicas. De momento, entra en prisión.

El Ministerio Público reclamó esta medida, y así lo ha acordado la titular del Juzgado Central de Intrución número 3, an a la gravedad de los delitos que se le imputan a los exmiembros del Govern por participar en el denominado 'procés' y en la declaración unilateral de independencia aprobada el pasado viernes en el Parlament de Cataluña.

De los catorce citados por la juez del caso, Carmen Lamela, nueve han sido los que se han trasladado a la Audiencia Nacional y otros cinco -entre ellos el presidente cesado Carles Puigdemont-- se han quedado en Bélgica, a donde viajaron el pasado fin de semana. Se les investiga por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Oriol Junqueras (ERC)
El hasta ahora vicepresidente del Govern y conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, es el líder de ERC y uno de los principales impulsores del proceso independentista catalán, primero desde la oposición en la legislatura precedente, y después como 'número dos' en el Ejecutivo de Carles Puigdemont.

Oriol Junqueras i Vies, nacido un 11 abril de 1969 en el barrio de Sant Andreu del Palomar de Barcelona, inició su carrera política como concejal y más tarde como alcalde de Sant Vicençs dels Horts (Barcelona), municipio al que se trasladó con su familia con tan sólo dos años de edad.

Este profesor de historia en la UAB fue también eurodiputado de ERC en 2009 y en 2011 se hizo con las riendas del partido y logró cohesionarlo, tras las fracturas internas y el descalabro electoral sufrido al finalizar el segundo gobierno tripartito de la Generalitat.

Raül Romeva (ERC)
Por su parte, el exconseller Raül Romeva, que hasta ahora era el titular de Asuntos Exteriores y Transparencia, forjó su vida política como eurodiputado de ICV y, tras finalizar su último mandato, aprovechó el debate sobre el derecho a decidir para darse de baja en la formación ecosocialista, donde estaba integrado en el sector independentista.

Poco después fue propuesto por ERC para encabezar la lista unitaria de Junts pel Sí (JxSí) en las elecciones catalanas del 27S, y ha sido el primer conseller de Exteriores del gobierno de la Generalitat, una cartera controvertida, con el objetivo de internacionalizar el proceso soberanista.

Aunque Romeva nació en Madrid en 1971, ha residido en Cataluña durante casi toda su vida y, cuando la CUP vetó al anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, como candidato a presidir de nuevo el Ejecutivo catalán, su nombre fue valorado como posible presidente, pero finalmente fue Carles Puigdemont el designado.

Carles Mundó (ERC)
Carles Mundó, el hasta ahora conseller de Justicia, es un abogado propuesto por ERC para acceder al gobierno catalán y su mandato se ha visto marcado por las tensas relaciones entre el Govern y los jueces, primero por el juicio del 9N, y después con los siguientes procedimientos abiertos contra líderes independentistas.

Mundó fue concejal republicano durante 16 años en el ayuntamiento de Gurb, el municipio de la comarca barcelonesa de Osona en el que reside, pero su experiencia institucional no se limitaba al ámbito municipal porque también había sido jefe de gabinete del Departamento de Educación cuando lo dirigía Marta Cid, y posteriormente, fue secretario de Medios de Comunicación de la Generalitat.

Dolors Bassa (ERC)
Dolors Bassa, la hasta ahora consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, fue secretaria general de UGT de Girona desde 2008 hasta el momento de integrarse en la lista de JxSí, y tuvo como principal reto frenar el aumento de las desigualdades así como aprobar la "renta mínima garantizada".

Nacida en Torroella de Montgrí (Girona) en 1959, Bassa es maestra y psicopedagoga y desde hace años está vinculada como activista sindical a movimientos progresistas.

Jordi Turull (PDeCAT)
De carácter tranquilo y verbo ágil, bregado en mil batallas parlamentarias, Jordi Turull (Parets, Barcelona, 1966) ha sido la voz de la Generalitat en los últimos meses, como portavoz del Govern y conseller de Presidencia, cuando relevó en julio a Neus Munté para ocupar una cartera de la máxima confianza de Puigdemont y situarse en el cuadro de mandos de la organización del referéndum del 1-O.

Aterrizó en el Govern como premio a su veteranía y compromiso con el proceso independentista, después de haber sido uno de los máximos defensores de la coalición Junts pel Sí y presidente de dicho grupo parlamentario formado por PDeCAT, ERC e independientes, desde donde pilotó la elaboración de las "leyes de desconexión".

Turull es, al igual que Puigdemont, un independentista convencido desde mucho antes del giro dado por CDC del nacionalismo al independentismo: Con 17 años ya militaba en la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), desde donde hizo el salto a CDC, partido por el que fue elegido diputado en el Parlament en 2006.

Aunque su carrera en la formación pareció quedar tocada hace tres años, cuando fracasó en su intento de liderar el PDeCAT durante el proceso de refundación de CDC, se revalorizó al ser elegido conseller en el momento de mayor aceleración del 'Procés'.

Seguidor acérrimo del RCDE Espanyol, abogado licenciado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y curtido en la gestión municipal, fue además uno de los hombres de confianza de Artur Mas como líder de la oposición, que le encumbró primero como portavoz parlamentario de CiU en 2010 y después presidente del grupo en 2013.

Josep Rull (PDeCAT)
También desde las juventudes de CDC destacó Josep Rull (Terrassa, Barcelona, 1968), quien durante su trayectoria pasó de liderar las juventudes del partido a capitanear la dirección más soberanista de CDC, hasta ser ahora el único exconseller que desatendió la orden de cese del Gobierno y se presentó el pasado lunes a trabajar a su despacho en la sede de la Consellería de Territorio.

Siempre apareciendo como uno de los nombres clave en la línea sucesoria de Mas y con un discurso marcadamente independentista, Rull se afilió en 1986 a la JNC, rama juvenil de CDC de la que fue secretario general entre 1994 y 1998; desde 2012 fue secretario de Organización de CDC y en 2014 se erigió como coordinador general del partido -relevando a Oriol Pujol- en su giro al independentismo.

Buen orador y de tono afable pero contundente, aficionado a los cómics de Tintín, Rull ha sido conseller de Territorio y Sostenibilidad durante la etapa de Puigdemont, y el lunes pasado desafió al Gobierno al acudir a su despacho a "hacer la tarea encomendada por el pueblo de Cataluña", dijo, pese a estar cesado.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y fue cabeza de lista de CiU en el Ayuntamiento de Terrassa entre 2003 y 2012, así como diputado del Parlament desde 1997.

Meritxell Borràs
La tercera exconsellera del PDeCAT enviada a prisión es Meritxell Borràs, quien desde junio de 2015 ocupó la Consellería de Gobernación y Relaciones Instituciones tras la ruptura de CiU y la dimisión de su predecesora, la democristiana Joana Ortega.

Licenciada en Farmacia por la UB y máster en gestión empresarial, Borràs trabajó en laboratorios farmacéuticos antes de iniciar su carrera política, que ya inició en 1982 en la JNC, pero que le acompañaba desde la cuna, pues es hija del fallecido fundador y expresidente de CDC Jacint Borràs.

Exconcejala de L'Hospitalet, Meritxell Borràs ganó peso en la dirección de CDC en 2015 de la mano de Rull, al tiempo que, como diputada en el Parlament desde 1995 en diferentes etapas, fue teniendo un ascenso meteórico hasta ganar protagonismo como portavoz de CiU en la polémica comisión Pujol en la anterior legislatura.

Borràs ya arrastraba una querella por el concurso de compra de urnas para el 1-O que quedó desierto y, pese a aparecer este martes junto a Puigdemont en su comparecencia en Bruselas, hoy ha acudido a Madrid para declarar ante la jueza de la Audiencia Nacional.

Joaquim Forn (PDeCAT)
Joaquim Forn ingresará hoy en prisión por orden de la Audiencia Nacional tras un fugaz paso por Interior, cartera que asumió a dos meses del 1-O guiado por su compromiso inquebrantable con el independentismo con el objetivo de garantizar que los Mossos d'Esquadra dejasen votar "con libertad y seguridad".

Forn, que fue uno de los exconsellers que se desplazó a Bruselas junto al destituido presidente Carles Puigdemont, ha regresado a tiempo para declarar hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha acordado su ingreso en prisión preventiva en la causa abierta por rebelión o sedición y malversación.

Tras labrarse durante años su carrera política en el Ayuntamiento de Barcelona, donde sonaba con fuerza como futuro aspirante del PDeCAT para batirse con Ada Colau, Forn renunció a sus planes en la capital catalana y atendió la petición del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para asumir a dos meses del 1-O la cartera de Interior, clave para la celebración del referéndum ilegal.

Independentista convencido, Forn relevó en Interior a Jordi Jané, un conseller moderado que siempre había defendido que, en el proceso soberanista abierto en Cataluña, los Mossos d'Esquadra tenían la obligación de cumplir y hacer cumplir las ley.

Con su llegada a Interior, Forn dio un giro copernicano a las directrices de Jané y, nada más aterrizar en la consellería, el 14 de julio pasado, ya dejó claro que los Mossos facilitarían que la votación del 1-O se desarrollase "con normalidad", como hacen todas las policías del mundo en una jornada electoral.

Junto a Forn también llegó a la consellería otro independentista sin tapujos, Pere Soler, que asumió el cargo de director de los Mossos d'Esquadra que había dejado vacante Albert Batlle, un exconcejal socialista en Barcelona que fue alto cargo del gobierno catalán durante el tripartito de PSC, ERC e ICV y que, como Jané, también defendía que los Mossos se tenían que ceñir a cumplir y hacer cumplir la ley.

Soler, que hoy ha acompañado a Forn a Madrid, fue el primer alto cargo del gobierno catalán que acató su destitución después de que el Gobierno cesara el pasado viernes al presidente catalán, a todos sus consellers y a altos cargos clave de la administración catalana en aplicación del artículo 155 de la constitución.

Tras su paso por Interior, Forn ha dejado a los Mossos d'Esquadra bajo el control del ministerio de Interior, en aplicación del artículo 155, mientras que el hasta ahora mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha sido cesado por el Gobierno -y sustituido por el comisario Ferran López-, al tiempo que permanece imputado por sedición por la juez Lamela, que le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España.

Al frente de la consellería, Forn mantuvo hasta el final su mensaje sobre el papel de los Mossos, hasta el punto de que llegó a asegurar que permitirían que se votara con "libertad y seguridad" en el referéndum.

Los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado 17 de agosto abrieron otro frente de disputa de Forn con el Gobierno, en el que el conseller cerró filas con Trapero para reivindicar la labor de la policía catalana frente a quienes la cuestionaron.

A tres días del 1 de octubre, y con las órdenes sobre la mesa de Fiscalía y de la justicia para que los Mossos d'Esquadra impidieran la votación, Forn pidió que no se pusiera "contra las cuerdas" a la policía catalana y aseguró que los agentes "adecuarían" el cumplimiento de las directrices judiciales para priorizar el mantenimiento de la "convivencia".

Finalmente, los Mossos decomisaron más de 400 urnas e impidieron la votación en un total de 446 colegios electorales, de los 2.294 previstos para el referéndum del 1-O, lo que ha comportado la apertura de varias investigaciones judiciales sobre la supuesta pasividad de la policía catalana.
 


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