AGLI Recortes de Prensa   Sábado 4  Noviembre 2017

El difícil retorno a la legalidad (8)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 4 Noviembre 2017

EL MIEDO AL “QUÉ DIRÁN” SE TRANSFORMA EN PÁNICO AL “¿QUÉ PASARÁ?”: LA RULETA ELECTORAL YA GIRA. LA JUEZA LAMELA Y SU EQUIPO EJEMPLO DE RESPONSABILIDAD Y EFECTIVIDAD.

Hay un dicho popular, ya saben que soy de normal muy dado a acudir al refranero nacional, que dice aquello del “vísteme despacio que tengo prisa”. O lo que es lo mismo, la precipitación nos puede llevar a cometer errores. Creo que lo que más sorprendió a propios y extraños en aquella rueda de prensa del pasado sábado 28 de octubre posterior al Consejo de Ministro extraordinario, tras la tensa jornada del viernes con declaración de independencia incluida por parte del Parlamento de Cataluña, fue sin duda el anuncio de Mariano Rajoy del cese del Parlamento autonómico de Cataluña y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Una fecha que se justificaba en la voluntad de minimizar al máximo la transición de la vuelta a la legalidad y, por consiguiente, la del periodo de vigencia de la intervención de la autonomía a causa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Una decisión que lo que escondía era la cesión a las presiones de unos socios nada confiables y compañeros de conveniencia en el camino, así como a las presiones de la UE que exigía proporcionalidad y diálogo.

Es decir, al PP y a este Gobierno de Mariano Rajoy, le volvió a superar el miedo escénico del “¡qué dirán!", coincidente con el miedo a la aplicación de un artículo insuficientemente desarrollado y con grandes incógnitas de su efectividad. Ambos temores creo que han sido los responsables de esta precipitación a la hora de priorizar el minimizar los efectos, sobre la sensatez de consolidar una intervención durante el tiempo que fuera preciso para asegurar el control y establecer las bases para una vuelta real a la legalidad. Y con ello quiero decir que haber cedido a las presiones sectarias y oportunistas del PSPS (Partido Socialista de Pedro Sánchez) y de CIUDADANOS obsesionado con las elecciones autonómicas, era ya de por sí no solo un signo de extrema debilidad, sino también de falta de valentía a la hora de actuar con la rotundidad, celeridad y planificación que exigía un asunto de extrema gravedad como fue la declaración unilateral de independencia.

La auto limitación de la duración de las medidas, constreñidas a un máximo de seis meses como límite para la realización de elecciones autonómicas, se ha demostrado ineficaz de modo conceptual, ante la respuesta coordinada de los golpistas tras la imprudencia, no exenta de prepotencia, por parte del Fiscal General del Estado con el anuncio de las querellas que iba a presentar ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno de la Generalidad y de la Mesa del Parlamento autonómico implicados en la secesión. Una respuesta inesperada para casi todos, incluso aparentemente para los socios del Gobierno de la Generalidad, con la huida del ya cesado Presidente Carles Puigdemont y cinco de sus Consejeros a Bruselas. Una fuga en plan victimista, como siempre, con la única intención de internacionalizar el conflicto acusando a España de represión y nulo diálogo ante un acto democrático del pueblo de Cataluña expresado en las urnas.

Pero la mayor torpeza ha sido auto limitarse hasta el extremo de ahorcarse tensando la cuerda hasta dejar el plazo constreñido a unos escasos dos meses para la realización de las elecciones autonómicas, con la rigidez y cercanía de las fechas impuestas por la legislación electoral para la formalización de candidaturas. Y es que no es aconsejable llevar al enemigo, y el independentismo lo es, contra las cuerdas acorralándolo, porque con ello estamos forzando una reacción desesperada de lucha por la supervivencia. Con este adelanto, se ha conseguido el efecto indeseable de provocar una unidad de acción entre los golpistas. No se puede descartar la formación de un frente común, donde además de los socios actuales PDeCAT, ERC y CUP, se unan los de PODEMOS. Aunque lo más probable es que ERC decida finalmente no acudir en solitario y formar un frente popular de izquierdas y dejar a su devaluado socio PDeCAT que se hunda definitivamente en las urnas.

Una falta de previsión y de planificación que llega al esperpento de tener a los golpistas como cabezas de lista en las elecciones, ya que en este corto espacio de tiempo es imposible conseguir una sentencia condenatoria de prisión e inhabilitación para los encausados, ya estén huidos o como presos preventivos . Una realidad que ha tenido que reconocer el mismo Gobierno de España en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros de ayer, cuando su portavoz, Méndez de Vigo, afirmó que “mientras no tengan una condena firme de inhabilitación, todos mantienen intactos sus derechos constitucionales y por tanto pueden, si así lo desean, presentarse como candidatos en listas electorales”. De hecho, el mismo Gobierno hace justo una semana tras el cese de los golpistas, dijo que “vería con agrado” que Carles Puigdemont se presentase como candidato a las elecciones autonómicas. Así que ahora van a ver cómo se forman unas listas con todos los que ahora están presos de forma preventiva o huidos como el mismo Puigdemont.

Y es que el próximo 8 de noviembre es el plazo límite para definir las agrupaciones y coaliciones electorales. Quedan tan solo tres días hábiles para cumplimentarlo. Y no me extraña que el Gobierno de Mariano Rajoy entre en pánico sobre un futuro incierto en el que bien puede aplicarse aquello de “para este viaje, no hacían falta alforjas”. Finalmente va a tener razón Santiago Abascal, líder de VOX, que ha anunciado su no participación en unas elecciones que considera como “plebiscitarias” de modo encubierto. Yo diría que bastante obvio, al menos por parte del independentismo y sus palmeros los de PODEMOS, aunque no exista ni tenga visos de crearse una alternativa no independentista. Y es que plantear esta dualidad es un craso error que solo contribuye a la radicalización de los posicionamientos y a la incertidumbre del resultado. Y la verdad es que era iluso pensar que la situación podría dar un vuelco milagroso en este cortísimo espacio de tiempo, donde los sentimientos siguen exacerbados a flor de piel.

Lo único que sigue con paso firme y seguro es la acción de la Justicia, que una vez puesta en marcha es imparable. Es de destacar la actuación y dedicación profesional de la jueza Carmen Lamela, cuyas diligencias en la realización de Autos es encomiable, tanto por la celeridad como por la solidez de los mismos. Una labor nada fácil si tenemos en consideración el entorno de presiones a las que se ve sometida, que me recuerda a la otra “jueza coraje” Mercedes Alaya en el macro caso de los falsos ERE’s y cursos de formación en Andalucía. Y no faltan las voces que, como con aquella, intentan apartarla de la causa al considerar que no existe el delito de rebelión ni el de sedición, únicos argumentos para que la Audiencia Nacional sea competente según considera la Fiscalía. Una estrategia que ha sido refutada en el magnífico auto donde se estableció un relato a base de pruebas del plan perfectamente ideado de secesión con la inducción a acciones tumultuarias de carácter violento contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones y que se encuadran en un delito de rebelión.

No parece que el Gobierno de España se sienta cómodo con la encarcelación de los golpistas, ya que desde el principio ha defendido mantener una actitud de perdón y olvidar los delitos, una especie de amnistía de compromiso, si los golpistas se avenían a volver al redil constitucional participando en unas elecciones autonómicas. Una actitud vergonzante y mezquina que se ve complementada por la concesión a la oposición que dice defender la Constitución, de todas sus objeciones y limitaciones en cuanto a la aplicación de la ley. Se junta el hambre con las ganas de comer. El hambre de poder de un ambicioso Pedro Sánchez, y las ganas de seguir comiendo prolongando la legislatura de Mariano Rajoy. Y en medio, la voluntad inquebrantable de los independentistas de conseguir por las buenas o por las malas la independencia de Cataluña de España.

Ya veremos en qué acaba todo esto, pero lo veo bastante negro.

¡Que pasen un buen día!

El golpe independentista pasa factura económica
EDITORIAL El Mundo 4 Noviembre 2017

El fallido golpe a la democracia del independentismo va a pasar una cuantiosa factura que, por desgracia, pagarán todos los españoles y en especial, los catalanes. Sabemos por el testimonio de comerciantes y empresarios que la crisis institucional está teniendo una repercusión directa en el crecimiento catalán. Cuantificar el impacto en su conjunto llevará tiempo. Pero ya hay datos que confirman los devastadores efectos que la inseguridad jurídica está teniendo en la economía.

Coincidiendo con el fin de la temporada turística, el paro subió en octubre en todo el país. Sin embargo, Cataluña fue en términos absolutos la región en la que más se incrementó con 14.698 desempleados más. Si se compara el dato con lo ocurrido en 2016 en ese mismo territorio se observa un enfriamiento de la actividad laboral. Un síntoma que también se aprecia en la afiliación. Según el Ministerio de Empleo, en Cataluña creció menos que hace un año, cuando en el resto de España las cifras interanuales son parejas.

El escenario no debe sorprendernos. La frustrada independencia ha dañado el turismo, ha paralizado inversiones y ha provocado la estampida de 2.000 empresas que representan más del 30% del empleo catalán. Además, los datos concuerdan con las alertas lanzadas en los últimos días por Airef o el Banco de España sobre el impacto económico del desafío. La autoridad fiscal estimó ayer que el PIB catalán sufrirá una caída de entre el 0,7 y 2,7% en 2018, lo que repercutirá en un menor crecimiento en el resto de España. El delirio de Puigdemont lo vamos a pagar muy caro.

El día negro de Cataluña
Se engendró en el momento en el que un puñado de iluminados decidió desafiar las leyes
Carlos Herrera ABC 4 Noviembre 2017

Puede que no sea una buena noticia para la política, pero encarcelar colectivamente a los miembros del Gobierno catalán protagonista del reciente golpe contra el Estado es una muestra de la independencia de la Justicia. Durante un buen tiempo han desobedecido las indicaciones del Tribunal Constitucional, han violado todas la normativas estatutarias y, por demás, han incurrido en delitos claramente tipificados en los diferentes códigos que regulan el desarrollo de la vida administrativa española. La juez Lamela no debe entender de otra cosa que no sea la legalidad, y en función de eso mismo no ha considerado si es procedente la decisión de encarcelar preventivamente a los miembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluña.

A buen seguro el Gobierno de España hubiese preferido otra decisión. Medidas cautelares parecidas a las que se aplicaron al jefe de los Mozos, Trapero, permitirían cierto ambiente balsámico cara a las elecciones que esperan a la vuelta de menos de cincuenta días, pero la ley está escrita y su aplicación corresponde a los jueces que de manera independiente la interpretan. La huida de Puigdemont no ha beneficiado precisamente a sus compañeros de gabinete. De hecho, no ha beneficiado a Cataluña en ninguno de sus extremos.

Ignoro si la decisión de encarcelar a todo el Gobierno catalán a mano va a alterar la vida cotidiana en la sociedad catalana. Después de la aplicación del 155 se ha producido una cierta sensación de alivio en el día a día de la comunidad. Como si de repente se hubiese apaciguado el polvorín permanente sobre el que vivía la realidad informativa del territorio. Evidentemente esa paz de estos tres o cuatro días puede verse alterada por el envío a prisión de los protagonistas de las acciones inconstitucionales de los recientes eventos levantiscos. Pero la sagrada independencia judicial, con todas las críticas que merezca la toma de decisiones, es una garantía de la separación de poderes y una forma de medir la calidad de la democracia media de un Estado. El auto de la juez Lamela puede no ser conveniente para el día a día de la política, pero evidencia que los encarcelados formaban parte de un grupo organizado de individuos que alentaron la insurrección pública y la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y la resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado. Todo ello, por cierto, financiado con fondos públicos. Resulta evidente que la prisión de tipos que hasta ayer mismo paseaban por la política con el desenfado de los violadores impunes de la ley no va a resultar indiferente para aquellos que han hecho de la movilización ciudadana una suerte de legitimidad incuestionable. Las calles volverán a ser pequeños polvorines de corto recorrido y las instituciones asistirán al vocerío de no pocos portavoces de revoluciones pacatas, pero, con todo, convendría que los protagonistas de tanta erisipela social se lean con paciencia y decencia el auto de la juez. En ningún país de nuestro entorno se hubiera dado un desenlace distinto al ocurrido en España. Si un gobierno local desafiare cualquier legalidad europea de la forma que lo ha hecho el Gobierno de la Generalidad, el ordenamiento legal de cualquier Estado no se hubiera andado con contemplaciones.

Puigdemont, en su huida estrambótica, finalmente no ha hecho ningún favor a sus compañeros de taller. A estas horas los encarcelados deben estar maldiciendo su nombre. El día negro para Cataluña no se ciñe al de la detención de algunos de sus dirigentes. El día negro se engendró en el mismo momento en el que un puñado de iluminados decidió desafiar las leyes y protagonizar delitos de rebelión, sedición y malversación, razones por las que una juez que no elige el Gobierno de España ha decidido ingresarles preventivamente en prisión.

INTRANSIGENCIA CONSIGO MISMOS
El cuento separatista, la pesadilla del terror y la ruina
Manuel Tortajada gaceta.es 4 Noviembre 2017

Ocupémonos de encajar a los oprimidos, son los débiles en este cuento, y pongamos a los separatistas donde se merecen.

Cataluña, líder en paro en octubre. Puigdemont, huído, en busca y captura. Para la gente medianamente inteligente ya estaría todo dicho: un inepto que, en pocos meses, ha llevado a su gente a la puñetera calle, mientras él se ha largado ha seguir viviendo del cuento. Sí, del cuento. Del cuento separatista.

Ese cuento que ofrece un país feliz, en el que a nadie le falta de nada, son más ricos que nadie y la alegría brota por las esquinas. Ese cuento de libertad y superioridad en el que los separatistas vivirán por siempre y para siempre, sin preocupaciones, agitando su bandera estelada mientras el resto del mundo les envidia por su valentía y superación.

Ese cuento en el que no se cuenta la opresión a la que han sometido a más de la mitad de catalanes que viven en silencio por temor a los separatistas. Tan pacíficos ellos que rompen la Constitución, la legalidad que emana del Estatut de Cataluña y las letyes de su propio parlamento. Ese cuento que no cuenta que someten a los niños que no hablan en catalán, que señalan a quienes no llevan su misma bandera, que amenazan a quienes osan enfrentarse a ellos. Ese cuento que no cuenta que son los verdugos de quienes hasta hace algunos años eran sus hermanos, padres, sobrinos, tios o amigos.

Ese cuento que no cuenta que más que un cuento es una pesadilla. La pesadilla del terror, del paro, de la supremacía, del totalitarismo, de la ruina, de la depravación, del odio. La pesadilla más horrible de quienes son los héroes de esta historia: el resto de catalanes que no piensan como ellos. Y que cada día tratan de sacar adelante a sus familias, a sus hijos, con trabajo y con esfuerzo, al margen de cuentos.

No en vano, un separatista es alguien que separa, que desune, que rompe. Primero con el resto, en este caso, los españoles, y después con los suyos. Proceso en el que ya están instalados desde hace años. Por eso han separado a sus vecinos, amigos y familiares entre separatistas y oprimidos. Y una vez lograran su República Catalana soñada se separarían entre ellos mismos. Porque su intransigencia es consigo mismos, su deslealtad, su inconsistencia, su amargura, su odio, es, querido amigos, consigo mismos.

Mi admiración y respeto por la mitad, y más, de catalanes que llevan años soportando la opresión de los verdugos separatistas. Mi admiración y respeto por todos los que, a pesar del terror instaurado por los separatistas, respetan la ley en Cataluña, respetan a sus vecinos, a sus padres, hijos, hermanos, abuelos… Los verdugos son ellos. Los delincuentes son ellos. Y no hay problema político.

A todos los que hablan de problema político y de su encaje en España les diría: ocupémonos de encajar a los oprimidos, son los débiles en este cuento, y pongamos a los separatistas donde se merecen. Ellos son los verdugos y los delincuentes. Al resto, mi cariño y todo mi apoyo.

Más firmes que nunca ante el golpe
EDITORIAL ABC 4 Noviembre 2017

La Justicia, el Gobierno, las instituciones del Estado y los partidos políticos que apoyan la reinstauración del orden constitucional en Cataluña tienen que aguantar el tirón de la polémica que el encarcelamiento provisional de los consejeros cesados –y de los «Jordis», confirmados en su situación procesal por la Audiencia Nacional ayer mismo– está causando en la sociedad catalana. La aplicación de la ley no siempre es un plato de gusto y en ocasiones exige pasar por trances difíciles, pero incuestionables desde la perspectiva del Estado de Derecho. La sumisión de todos a la ley no es un eslogan. Es una regla esencial de la convivencia democrática. Y la referencia a la ley incluye el Código Penal. Muchos insisten en que la decisión de la juez Carmen Lamela –y, en general, las querellas del Ministerio Fiscal– supone judicializar la política. Tal afirmación es antidemocrática, porque deja fuera del mandato legal a la clase política. Suprema contradicción la de quienes, como Podemos, dicen querer acabar con la casta y ahora reclaman para ella la impunidad. Otros afirman que el Derecho Penal no está previsto para estos conflictos, lo cual es falso, porque el bien jurídico supremo de una sociedad es la convivencia pacífica construida sobre el respeto a la Constitución y a la Ley. Quebrar el orden constitucional es un delito extremadamente grave, en España y en cualquier Estado que se precie de ser democrático y de Derecho. Toca al Gobierno y a los partidos que han apoyado la aplicación del artículo 155 apretar los dientes ante la embestida victimista del separatismo, porque ya lo han hecho antes y seguirán haciéndolo en el futuro.

También debería asumir, de una vez por todas, que el conflicto desatado por el soberanismo catalán no es sólo de raíz nacionalista. Hay una confluencia, cada día que pasa más clara, entre el separatismo y la extrema izquierda para liquidar el pacto constituyente de 1978. La emergencia de Ada Colau como líder de esa coalición nefasta es demostrativa de la ausencia de cualquier escrúpulo democrático en la izquierda anticonstitucional. Colau es un «caballo de Troya» del separatismo en las filas de la izquierda y el PSOE sigue sin querer aceptarlo. Unos y otros, separatistas y populistas, se reconocen en su voluntad destructiva contra la Constitución de 1978. La ultra izquierda siempre verá como una derrota propia que el Estado funcione, que la ley se haga cumplir, que la Justicia actúe con independencia y que los separatistas sean derrotados legal y políticamente. Además de una confrontación jurídica, está planteada una batalla ideológica que no se libra en los boletines oficiales ni en las resoluciones judiciales, sino allí donde personajes sin ética pública como Ada Colau promueven la discordia civil y la liquidación política de España. No hay que llegar tarde a dar esta batalla por la idea de una España democrática, unidad y constitucional.

Oh, victimismo
Nada más viejo que culpar al enemigo exterior
Luis Ventoso ABC 4 Noviembre 2017

En esos libritos de autoayuda que venden en los quioscos de los aeropuertos los llaman «personas tóxicas». Un neologismo para catalogar al agonías de siempre, el clásico insoportable que culpa de todos sus problemas a los demás, a alambicadas conjuras contra él. Una víctima vocacional niega toda responsabilidad personal. Si un día pisa una bosta en un prado culpará a la vaca por no avisarle.

A veces algunos gobiernos y países incurren también en la mentalidad de víctima. La desastrosa dictadura cubana, arsénico para la economía, se ha agarrado toda su vida a la excusa del embargo para no asumir que una satrapía comunista es una máquina de pobreza. Franco esgrimía la luciferina conjura judeo-masónica. Hitler culpaba de todo a las potencias que había ganado la Primera Guerra Mundial y a los judíos. Los sultanatos árabes recurren a Israel como cortina de humo para justificar el desdoro de que a pesar del petróleo han sido incapaces de crear unas economías mínimamente integradoras y creativas. Daesh perpetra salvajadas dantescas, pero la culpa es del «Gran Satán», América.

Victimismo a saco y por doquier. Los futbolistas maluchos alegan que «la hierba tenía mucho césped». Los ciclistas dopados pretextan que una mano negra les echó EPO en el Nesquik, o que alguien trucó un chuletón. Si entrena Mourinho, ejemplo de libro de personalidad tóxica, la culpa será siempre de sus jugadores.

A veces naciones y regiones también van de víctimas. Escocia las pasaría canutas sin el tirón de la locomotora inglesa, pero el nacionalismo escocés culpa de todo a los ingleses, que precisamente han posibilitado que vivan lo bien que viven. A su vez los ingleses descargan en el presunto ogro bruselense sus morriñas imperiales, su incapacidad para asumir que hoy solo son un (buen) país más. Entre los victimismos más tenaces y flipados figura el del separatismo catalán, que jamás ha aclarado este singular misterio: si Cataluña está perpetuamente triturada por España, ¿cómo es que se ha convertido en su región más próspera? Y hay más: ¿Cómo es que en el XIX a la gran víctima se le concedió un arancel del textil que asombró a Stendhal cuando visitó España por el tremendo agravio que suponía para las otras regiones? ¿Por qué millones de pobres del resto de España tuvieron que emigrar a una Cataluña teóricamente agraviadísima para encontrar allí una oportunidad? ¿Cómo es que esa región reprimida, cuyos exgobernantes separatistas van llorando por las redacciones anglosajonas, dispone de más autogobierno de facto que Gales, Escocia y los länder alemanes? Si España les sentaba tal mal, ¿por qué todas sus grandes empresas se han largado en cuanto le dieron la espalda y han preferido instalarse precisamente en el maléfico opresor?

Pero da igual. No se puede razonar con un arrebato sentimental. Aunque luminarias como Sánchez e Iceta no lo captan, es imposible dialogar con un adoquín. Solo cabe hacer valer la ley y proteger a la mayoría de la enajenación identitaria de una minoría, que si lo analizamos en serio no pasa del 30% de los 7,5 millones de catalanes.

Los políticos presos y un relato fraudulento
La agotada narrativa independentista ha pasado ahora a la amnistía para los políticos presos provocando una feroz polarización
José Antonio Zarzalejos elconfidencial 4 Noviembre 2017

Lo que ha ocurrido en Cataluña estos últimos años lo define perfectamente Lauren Habid en 'La comunicación transformativa': “Una única vía pareció imponerse a los comunicantes: hablar más rápido y más fuerte sin escatimar nunca en materia de emociones, a riesgo de coquetear con la mentira”. El gran éxito del independentismo pareció siempre su especial capacidad para hilar un relato épico, ético y estético. Y, desde luego, para jugar con la astucia, con el regateo al Estado, con las leyes y con su propia impotencia. El viaje a Ítaca ha sido una suerte de 'storytelling' tal y como desgranó en el libro del mismo nombre Christian Salmon que subtituló su obra así: “La máquina de fabricar historias y formatear las mentes”. Para el autor, el relato se comporta en la sociedad como un “instrumento de control”, en un “arma de distracción masiva”. Va más allá de la posverdad y compone una suma de manipulación y mentira. Y ha creado un “marco de referencia” –en palabras de George Lakoff– que determina “nuestro modo de razonar y lo que se entiende por sentido común”.

He querido aportar las referencias académicas anteriores para tratar de demostrar que el gran hallazgo de la narrativa secesionista no es otra cosa que la aplicación práctica de técnicas muy conocidas. El grave problema de estos procedimientos narrativos que buscan la persuasión, el convencimiento y la creación de percepciones se produce cuando se divorcian de la realidad y el relato se hace autónomo de los hechos y vaga por el vacío de las palabras, las consignas y las ensoñaciones. Sin un fuerte anclaje de la narración en la realidad, se crea una virtualidad por completo fraudulenta. Y eso es, exactamente, lo que ha ocurrido en Cataluña. Y quienes han sido sumergidos en esa irrealidad descubren ahora que la ensoñación resultó una estafa.

La narrativa catalana reivindicativa tenía –y seguirá teniendo– una base de realidad que, aunque discutible, puede argumentarse sin necesidad de introducir variables de marketing. Pero cuando esa fundamentación fáctica se convierte en hiperbólica y se presenta como legitimadora de soluciones radicales y rupturistas, que serían, además, las únicas posibles, se consuma el fraude y, como ahora ocurre, deviene la frustración colectiva. Tratar de prolongar este relato –como ha ocurrido esta semana con la infausta rueda de prensa de Carles Puigdemont en Bruselas y ahora con las prisiones provisionales decretadas el jueves– introduciendo quiebros y requiebros conduce al descrédito total. Los medios internacionales que acudieron a la cita belga del expresidente de la Generalitat no ahorraron metáforas hirientes a su comparecencia, porque cuando la deriva de la narrativa se introduce en la excentricidad provoca el efecto contrario al pretendido: falta de credibilidad y, a la postre, desprecio. No hace falta, por eso, que Artur Mas, Mas Colell, Marta Pascal, Santi Vila o Benet Salellas reconozcan ahora que la independencia nunca fue posible. Ya lo sabíamos.

La jueza envía a prisión a Junqueras y a otros siete 'exconsellers' de la Generalitat.
El encarcelamiento del exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exconsejeros reanuda el relato, pero lo hace ya cuando todo está perdido y la argamasa unitaria ahora ha pasado de ser la propuesta independentista a otra de amnistía. Es posible que estos presos y “los Jordis” sean piezas de convicción para plantear el 21-D de un modo ferozmente polarizado y plebiscitario, pero la oferta independentista como tal se ha agotado y su narrativa no da más de sí. Acaso solo para seguir adjetivando negativamente al Estado que tanto subestimaron los independentistas. Podría darse el caso de que ni siquiera la solidaridad que provocan habitualmente los compañeros de fatigas en la cárcel sea suficiente para que un fragmentado secesionismo se una en lista única en las elecciones de diciembre. Puigdemont desde Bruselas –o desde donde realmente esté– es un misil que impacta en la coherencia del relato tan compacto en otro tiempo.

Aquí no hay culpables únicos o exclusivos. Pero los unos lo son más que los otros y, en particular, los que han infringido la ley y han tenido posteriormente una reacción adolescente e irresponsable: les sorprende que tras intentar tumbar al Estado en Cataluña su comportamiento no resulte impune como si la política fuese una jungla sin normas ni compromisos. Cataluña ha estado sometida a una autocracia (la ha dirigido mucho más el sanedrín de Mas y Puigdemont que las instituciones) y a un limbo jurídico que ha provocado la repugnancia intelectual de propios y extraños, pero no de los impecables demócratas que en los medios y en la política –algunos desde las bambalinas– han estafado a un pueblo dejándolo como un erial político, cívico y económico. Además ha concurrido un rasgo destructivo: la soberbia, la creencia estúpida de la superioridad y la subestimación despectiva del adversario. Esto no es nuevo en la historia de Cataluña.


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Las cuatro mentiras
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli 4 Noviembre 2017

En Cataluña, sin necesidad de PER ni nada parecido, habían levantado un régimen de intereses y obediencias ciegas al que, además, le habían insuflado un objetivo común: la independencia.

El independentismo catalán, noqueado tras la aplicación del 155 y la asunción por parte del Gobierno de la administración de la Generalidad, se ha reconstituido a una velocidad pasmosa. Al menos esa parte del iceberg que rebasa el nivel de las aguas. La otra es un misterio. Si es cierto que en Cataluña hay dos millones de independentistas dispuestos a todo con tal de alcanzar su soñada república tarde o temprano terminarán dejándose ver.

Tendrá que ser más temprano que tarde porque hay elecciones dentro de 47 días. Todo lo que tengan que decir han de hacerlo ahora, en estas seis semanas y sin la siempre socorrida ayuda del presupuesto. Porque si algo ha perdido la causa independentista de un mes a esta parte es la próvida teta de la administración que les chorrea encima desde hace años con largueza infinita.

Habrá que ver ahora cuántos están dispuestos a movilizarse sin cobrar a fin de mes. Algunos medios como La Vanguardia o El Periódico nos dan la pista. Tan pronto como los generosos subsidios de la Generalidad han cambiado de amo el mensaje ha sido reformulado en su integridad. La portada de El Periódico de este martes era demoledora: "President, déjelo ya". Estos son los mismos que hace no tanto celebraban las Diadas con esteladas y fotos aéreas de la manifestación a todo color en la portada.

Al final todo se resume en sobrevivir. El 'procés' permitía hacerlo de muy buen grado. Lo poco que sabemos hasta ahora es escalofriante. Decenas de miles de personas enchufadas con nóminas abracadabrantes y muy por encima del salario medio. Así cualquiera es independentista y lo que tengan a bien ponerle a uno delante para firmar.

Durante años creíamos que sólo en Andalucía se había forjado un régimen clientelar con todas sus características genuinas. Pero no, en Sevilla son unos aficionados, unos simples aprendices. En Cataluña, sin necesidad de PER ni nada parecido, habían levantado un régimen de intereses y obediencias ciegas al que, además, le habían insuflado un objetivo común: la independencia. Había un puerto de llegada que, una vez alcanzado, otorgaría a sus beneficiarios el perdón de todos los pecados y el disfrute sin tasa del botín.

Pero no hablaban de una independencia al uso, con sus sacrificios y costes pagaderos en efectivo y al momento, sino la del país de nunca jamás en la que todo lo bueno permanecía y se eliminaba lo malo. llegaron incluso a ponerlo por escrito en la famosa ley de transitoriedad, el mayor monumento jurídico al querer creer que jamás se haya levantado. Convencer a tantos de una idea tan estúpida implicaba emplear la mentira en grandes dosis.

Mintieron cuando aseguraron que media Europa iba a reconocer su república tan pronto como se proclamase y la otra media una semana después. El fracaso de Romeva es tan gigantesco que ni alguien con la cara de cemento armado como él mismo se ha atrevido a buscar chivos expiatorios.

Pero no debería de sorprendernos, algo de eso ya nos maliciábamos los que leemos con atención los periódicos. La última de las "embajadas" de la Generalidad se abrió en Copenhague hace poco más de dos meses, tan sólo una semana después del atentado en Las Ramblas. Puigdemont en persona se desplazó hasta Dinamarca para la inauguración. Nadie del Gobierno danés se presentó en el evento, celebrado al aire libre con una carpa, butifarra, fuet y música folclórica. Tampoco aparecieron por ahí ni autoridades locales ni el cuerpo diplomático, que por lo general se aburre y está a este tipo de verbenas. A la desesperada Romeva buscó una reunión con el titular de Exteriores, el liberal Anders Samuelsen, pero éste se negó a recibir a Puigdemont. Nada tenía que ganar con esa foto y mucho, en cambio, que perder.

El vacío internacional no es posterior como quieren hacer ver ahora, fruto de las presiones de Moncloa, es anterior al referéndum. Pues bien, sobre esa mentira del apoyo exterior persuadieron a muchos para que se apuntasen a la aventura. A otros como Yoko Ono, Julian Assange o cierta prensa tuvieron que comprarlos con generosas dádivas que bien podrían ser consideradas malversación de fondos públicos. Porque, a fin de cuentas, no pagamos impuestos para que un tipo encerrado en una embajada desde hace años tuitee barbaridades desinformadas.

Otra gran mentira fue la económica. Aseguraban que la independencia traería prosperidad sin límite. El Estado se retiraría sin oponer resistencia y los negocios se adaptarían a la nueva situación e, incluso, la saludarían con optimismo. Como nada cambiaría todas las empresas se quedarían y vendrían algunas más atraídas por la nueva fiscalidad catalana, presumiblemente más suave que la española.

En su momento se advirtió que creer eso era vivir en Babia. Que el Estado no se iría por las buenas y que la nueva Cataluña independiente estaría gobernada por iluminados apoyados desde fuera por un grupo de bolivarianos confesos. El dinero es miedoso, tanto como quienes lo tienen. Tan pronto como se vio que la cosa iba en serio las empresas empezaron a irse. Hoy son ya casi dos mil, incluidas todas la cotizadas con excepción de Grifols, que a efectos prácticos tiene su sede en Dublín.

El destrozo económico ha sido inmenso. En otras partes de España se ha desatado un boicot contra los productos catalanes que, aunque absurdo y contraproducente, ha sido ampliamente seguido. La incertidumbre se ha apoderado de todo el tejido empresarial catalán por lo que toda inversión ha quedado paralizada en espera de que escampe.

Pero la peor mentira de todas es que esto no tendría consecuencias penales para nadie. Que habría absoluta impunidad hiciesen lo que hiciesen. Lo mismo se podía brincar encima de un coche de la Guardia Civil que pisotear el reglamento de la cámara autonómica o desafiar al Tribunal Constitucional. Como era un asunto político todo estaba permitido y nadie se atrevería a encausarles. Creyeron, en definitiva, que España era la Cataluña procesista, en la que todo desafuero tenía cabida siempre y cuando se hiciese en nombre de la sagrada patria.

La sociedad catalana ha terminado por interiorizarlo. Veían a su élite gobernante pasando por encima de la ley desde hace muchos años. En su oasis Madrid no husmeaba porque les tenían miedo, no querían provocarles y eso les abría todas las puertas y no les cerraba ninguna, al contrario, eran los políticos de Madrid los que venían a buscarles para cuadrar sus mayorías en las Cortes.

Todos sabemos para lo que ha servido el apaciguamiento sistemático. Han seguido estirando la cuerda hasta que la han roto. Porque esta última apuesta era ya tan arriesgada que ponía al Estado ante la disyuntiva de actuar o disolverse. No había otra. ¿Qué impediría sino a cualquier otro Gobierno autonómico seguir los pasos de Puigdemont y declararse en rebeldía?

Todas las mentiras se han venido abajo estos días, incluyendo la que con más mimo cuidaban, la de transmitir que toda Cataluña era independentista o, en el peor de los casos, indiferente. Esta se derrumbó con estrépito el mes pasado con dos manifestaciones históricas. Nadie recordaba algo así. Pero lo más desconcertante de todo, al menos para ellos, no es ver la proliferación de banderas españolas por los balcones, sino la falta de respuesta popular ante su desgracia.

Ni la encarcelación de los Jordis, ni la aplicación del 155 consiguieron incendiar la calle más de lo que ya lo estaba en el momento álgido del procés. Algo similar ha sucedido con el ingreso en prisión de esa parte del "Govern" que no se ha dado a la fuga. Los millones de antaño, el pueblo victorioso y consciente de su papel en la historia, se les ha quedado en casa.

No se puede mentir tanto durante tanto tiempo y a tanta gente porque al final es inevitable que te cacen. Puedes, a lo sumo, elevar la puja tratando de intoxicar en el extranjero. Esto es lo que ha ensayado Puigdemont sin demasiado éxito en Bruselas buscando dar pena a los medios internacionales que, con razones más que fundadas, desconfían de todo este circo.

Toda la colosal mentira que ha cimentado el 'procés' desde su momento fundacional impactará contra las urnas del 21-D. La verdad está a la vista de todos por primera vez en muchos años, pero no nos hagamos demasiadas ilusiones, muchos prefieren una mentira complaciente antes que una verdad incómoda. Ese es el riesgo, pero no quedaba otro modo de salir de esta. Todo a una carta, sólo nos queda esperar que los catalanes sepan escoger la adecuada.

El procés que sólo generó pobreza
Editorial larazon 4 Noviembre 2017

El paro registrado en el mes de octubre, el primer dato estadístico, junto con la fuga de empresas, generado en medio de las turbulencias del golpe separatista de la Generalitat catalana, confirma los peores pronósticos sobre la afección de la crisis en el crecimiento económico del Principado y, por ende, en el conjunto de España.

Se trata, hay que recalcarlo, de la primera constatación oficial y verificable del grave daño causado por el proceso independentista a la propia Cataluña, lo que advierte de la imperiosa necesidad de volver a la estabilidad y a la normalidad institucional lo antes posible, algo que no parecen comprender los partidos y movimientos separatistas que amenazan con mantener la estrategia de la tensión en la calle con convocatorias de huelgas políticas e interrupciones del normal desenvolvimiento del transporte por carretera y ferrocarril.

Sin embargo, los datos hechos públicos ayer por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social dejan poco margen a las interpretaciones y sólo pueden contentar a quienes, desde el extremismo político, consideran que cuanto peor vaya la situación en Cataluña, mejor para sus intereses. Así, si en el conjunto español el paro registrado en octubre subió en 56.844 personas, el número de nuevos desempleados en la comunidad autónoma catalana fue de 14.698, lo que la convierte en la región con la mayor tasa en el mes de octubre.

Como muestra de comparación, en el mismo período del año anterior, en Cataluña perdieron su empleo 7.325 personas, prácticamente la mitad que este octubre. Lo mismo reza para las afiliaciones a la Seguridad Social: si en el conjunto de España han aumentado en 94.368 personas –el segundo mayor incremento interanual de la serie histórica– , en Cataluña apenas se han creado 1.700 nuevos puestos de trabajo, lo que contrasta, por ejemplo, con los 39.000 nuevos empleos de la Comunidad de Madrid o a los 38.000 de la Comunidad Valenciana. Además, otras cifras económicas confluyen para reforzar el diagnóstico: Cataluña ha sido la región con más concursos de acreedores de toda España y en la que más ha caído la creación de empresas: 16.175, la más baja desde 2012, cuando atravesábamos los peores momentos de la crisis.

Por supuesto, desde los mismos sectores que negaron cínicamente que el proceso separatista iba a perjudicar principalmente la economía catalana, se insiste en minusvalorar unos datos que, como ya hemos señalado, deberían llevar a la reflexión y a la rectificación de conductas de los principales causantes de la actual situación. También ayer, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, revelaba que el impacto en el turismo de Barcelona, una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad, de las algaradas del «procés» estaba siendo mayor que el del terrible atentado islamista de agosto, cometido en plenas Ramblas. Según los datos facilitados por Millo, recogidos entre los representantes de la industria hotelera, el 56,9 por ciento de los hoteles afirman que se ven afectados por la crisis separatista, frente al 48 por ciento que manifestó lo mismo en la semana posterior a los atentados del 17 de agosto. Inevitablemente, todos estos datos tienen su correspondiente proyección en las previsiones de crecimiento.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que Cataluña perderá 2,7 puntos de PIB si se mantiene la crisis, dado que aumentará la pérdida de confianza en la economía catalana. El daño, no por avisado, ya está hecho y sólo queda apelar a la sensatez del conjunto de los ciudadanos de Cataluña para que se impongan a los alborotadores del separatismo, empeñados en destruir el futuro de todos.

Las Tres Gracias de la Republiqueta
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 4 Noviembre 2017

Tras declarar esa Republiqueta de risa, al ex presidente de Cataluña apenas le queda el ex. La fregona Puigdemont se ha ganado a pulso la preposición. Como hablamos de República, recordemos la décima de un marqués ido que dio pábulo a la sedición contra Alfonso XIII: “Si pública es la mujer, que por puta es conocida, república viene a ser, la mujer más prostituida… Y siguiendo el parecer, de esta máxima absoluta, todo aquel que se reputa, de República ser hijo, debe ser, a punto fijo, un hijo de la gran puta”. Apliquen el sentido figurado de tan ingeniosos octosílabos, a las Tres Gracias de la Republiqueta catalana.

De haber nacido Rubens en el s. XXI, habría retratado al infame trío de la fregona, la Colau y la Forcadell, con PhotoShop. Pues sin retoques, tales bellezas resultarían intelectual, moral y políticamente, impresentables. La base de su discurso se sostiene en un referéndum ilegal, siendo tan común como comunes son ellos. Si alguien tuviera el arresto de ilegalizar a estos independentistas, igual que, en su día, se hizo con los asesinos de Herri Batasuna, la Colau dejaría de soñar con ser la presidencia de la Generalitat. Pero tan fina dama no parará de agilizar intrigas y promover disgustos hasta verse coronada como la reina catalana del fuet.

La Colau y la Forcadell, su agente doble en el Parlament, imitan a unos correligionarios de pacotilla, a esos gerundenses que cambian la verbena por crespones negros. La cosa es confundir, que es otra manera de embaucar. Ambas esgrimen falsos estandartes en defensa de los presos políticos de Cataluña, cuando la realidad es que se trata de políticos presos, de rufianes que escupen sobre la Constitución española. ¡Cómo lo tergiversan todo y cómo mienten las arpías! No estaría de más que les encasquetaran un pijama de rayas cortado por Custo Dalmau, para que todo quede en su tierra natal, antes de que las expulsen de la circulación.

Hoy, más que nunca, recuerdo a ese genio de Luis García Berlanga. Me encantaría que regresara para darle mi mejor abrazo y suplicarle que rodara la segunda parte de ‘Todos a la cárcel’. Quien lea lo escrito, sabrá que el casting ya está cerrado.

Las elecciones y la economía (¡imbécil!)
Pablo Sebastián republica 4 Noviembre 2017

La situación económica de Cataluña debe ser la cuestión principal a debatir en la campaña electoral de los comicios del 21 de diciembre. Sobre todo porque Cataluña se juega la quiebra y el hundimiento de su estabilidad si los independentistas ganaran las elecciones y estuvieran en condiciones de formar gobierno, aunque siempre bajo la vigilancia del artículo 155.

El dilema que se plantea a los catalanes es el del regreso a la normalidad, la legalidad, la vida democrática y la recuperación económica o el caos y la autodestrucción de la convivencia llevándose por delante la economía, el empleo, la fuga de empresas (ya son más de 2.000) y el fin de inversiones nacionales y extranjeras en territorio catalán.

Y esto que decimos no es para meter miedo o pedir el voto para los partidos españolistas como parecería lógico. Todo esto es sencillamente un simple recordatorio y recapitulación de lo que está ocurriendo y de lo que puede pasar. La alternativa es muy sencilla: o democracia o quiebra.

No hay más que ver que los secesionistas ya no hablan de independencia (saben que es imposible, inviable y delictiva) sino de sus ‘presos políticos’ que en realidad son unos políticos golpistas y delincuentes y por eso están en prisión.

Pero antes de llegar a los debates electorales en el lado secesionista ya ha comenzado el baile de las alianzas donde la ERC del preso Junqueras está intentando ir solos y por su cuenta porque están hartos de Puigdemont y del PDeCAT, que para ellos ya no son de fiar como se demostró el jueves de marras cuando Puigdemont estuvo a punto de convocar elecciones y desde ERC le llamaron Judas y traidor.

Además en ERC saben que pueden ganar estas elecciones y no quieren compartir el triunfo. Mientras que Artur Más y Puigdemont ahora imploran la formación de una lista única a sabiendas que su partido el PDeCAT será la cuarta fuerza política detrás de ERC, C’s y PSC.

Pero ERC se sacude las presiones de Mas y Puigdemont diciendo que en ese presunto frente secesionista o de lista única deberían estar todos: ERC, PDeCAT, CUP, Podemos, En Comú, la ANC y Omnium.

Es decir el aquelarre al completo, con todos los implicados en el golpe de Estado más Iglesias y Colau. Lo que de producirse ya veríamos qué efectos tiene en Cataluña y también en toda España porque ese entusiasmo de Iglesias por Junqueras y Puigdemont está hundiendo a Podemos en todas las encuestas electorales del conjunto de España, donde los seguidores de Iglesias figuran en cuarto lugar por detrás de Ciudadanos.

De manera que ya veremos qué hacen PDeCAT -que lo tiene muy mal y con el zascandil de Puigdemont, de prófugo por Bélgica- y sus presuntos socios de ERC que además saben que muchos votantes del nacionalismo liberal y conservador ya no seguirán los pasos erráticos y demenciales de Artur Más.

Y que no se equivoquen los analistas acomplejados porque el hecho de que estén en la cárcel Junqueras y otros siete consejeros, más los ‘Jordis’, nada le va a afectar al voto españolista. Al contrario, mas grave hubiera sido que los golpistas hubieran salido en libertad de la Audiencia Nacional y con aires de ganadores de su pulso al Estado.

O sea, regresemos a la realidad y recuperemos el lema que dominaba el cuartel electoral de Bill Clinton durante su primera campaña presidencial: ‘¡La economía, imbécil!’ Pues eso es, hay que hablar sobre todo de la economía y del bienestar social. La independencia ya fracasó y dejó al descubierto sus ruinosas mentiras. Y la economía, la calidad de la vida y el dinero son cuestiones fundamentales para la mayoría del pueblo catalán.

En la espiral del vértigo (de la bancarrota de Puigdemont al pelotazo de Colau)
Aparentemente, la alcaldesa lo tiene todo a favor: el movimiento soberanista, embravecido, sus posibles competidores, ejerciendo de mártires; un puesto institucional y un presupuesto en sus manos
Ignacio Varela elconfidencial 4 Noviembre 2017

Caben muchas opiniones, y yo tengo la mía, sobre el auto de la jueza Lamela que ha enviado a prisión a ocho dirigentes independentistas. Pero solo nos faltaba caer en el despropósito de sugerir que la magistrada es culpable de lo que pasa en Cataluña, o de lo que va a pasar. Ella se vio ante unos hechos claramente delictivos; le presentaron a los presuntos delincuentes, que ni siquiera niegan los hechos sino que alardean de ellos; y le mostraron la evidencia de un riesgo de fuga. A partir de ahí pudo hacer varias cosas, pero no se puede discutir que lo que hizo tiene fundamento jurídico (como lo tiene lo que hizo el Supremo, que a mi juicio ya está tardando en agrupar toda la causa).

Si en adelante el desastre se agudiza, los culpables no serán los jueces –actores inevitables cuando se pisotea la ley–, sino los políticos insensatos que han producido esta situación de locos. El primero de ellos, el fugitivo Puigdemont.

Si el jueves 26 hubiera cumplido su palabra y llamado a elecciones, hoy habría unos comicios convocados y organizados por la Generalitat, como manda el Estatuto. El Govern estaría gobernando. No se habría producido la proclamación de la república y, por tanto, no estaría sobre la mesa el delito de rebelión, que lo ha agravado todo. No se habría aplicado el 155 y la Generalitat no estaría intervenida. Él no estaría fugado en Bruselas ni sus 'consellers' en la cárcel, sino en Barcelona ejerciendo sus funciones.

No culpen a Lamela, y mucho menos a Rajoy. Quien los ha llevado a prisión se llama Puigdemont. Él es el traidor, él ha sido su peor fiscal. Primero, saboteando su propio acuerdo y conduciéndolos a cometer delitos flagrantes contra la convivencia y el orden democrático; después, poniéndolos a los pies de los caballos con su grotesca fuga. Viendo a la nave capotar, el piloto Puigdemont agarró el único paracaídas a bordo y se tiró. Es lo que pasa cuando pones a un pelele: se le puede manipular, pero en el momento de la verdad se quiebra como lo que es.

En dos meses, Cataluña ha padecido una sucesión de 'electroshocks' incompatibles con la salud. La derogación salvaje de la Constitución y el Estatuto. Un referéndum ilegal, con un gobierno y su policía queriendo imponerlo por la fuerza y otro gobierno y su policía tratando de impedirlo por la fuerza. Un estallido revolucionario en la calle. El abandono masivo de las empresas. La declaración de independencia. La Generalitat intervenida por el Gobierno central. La convocatoria anómala de unas elecciones desde Madrid. Y el encarcelamiento de la cúpula política del independentismo.

El Parlamento catalán aprueba la resolución para declarar la independencia.
Cada uno de esos hechos, por sí solo, supondría una crisis constitucional grave. Todos juntos y seguidos nos colocan ante el abismo de un descoyuntamiento institucional insoluble a corto plazo, de un cisma político y social quizá irreversible y de una probable recesión económica en Cataluña que afectaría a toda España. Estamos en plena espiral del vértigo.

Tan imperativo es afirmar la autonomía de los jueces como reconocer los efectos políticos de sus decisiones. El hecho objetivo es que tras esta orden de prisión el marco político del 21 de diciembre ha cambiado por completo. Ahora todo se ha puesto aún más difícil de lo que ya era.

Creo que es la primera vez que un Estado de la Unión Europea lleva a prisión, en vísperas de unas elecciones, a líderes políticos en activo por delitos no relacionados con la corrupción, sino con una insurrección institucional. El hecho de que la medida esté justificada por el principio de legalidad democrática no le priva de impacto traumático.

Vayan juntos o separados, los secesionistas pondrán a los encarcelados a encabezar las listas
Es inevitable admitir que las elecciones –ya extrañas por la forma de su convocatoria– quedan contaminadas por este hecho. Vayan juntos o separados, los secesionistas pondrán a los encarcelados a encabezar las listas, y asistiremos al espectáculo de una campaña con los principales candidatos de una de las opciones en la cárcel. ¿Se puede explicar? Sí. ¿Es difícil? Sí. Europa no está acostumbrada a digerir este tipo de situaciones.

Se altera por completo el eje discursivo y emocional de la campaña electoral, como Pablo Pombo explicó ayer aquí. Y cambian también las estrategias, empezando por el juego de los liderazgos y las alianzas.

El independentismo queda descabezado. El PDeCAT se afana en la tarea de cavar su fosa, con Puigdemont haciendo el payaso por Europa, Mas inhabilitado y Santi Vila repudiado como traidor. ERC pierde a su caudillo político y a sus líderes sociales, todos ellos en prisión (a la espera de lo que suceda con Forcadell). Y la CUP es víctima de unos extraños estatutos que impiden repetir candidatura a sus principales dirigentes (la versión locoide de la limitación de mandatos).

Se abre, pues, un vacío; y es sabido que en la política los vacíos duran muy poco, siempre aparece alguien dispuesto a llenarlos. Es la hora de los pillos y los especuladores. Y en ese terreno, nadie tan aventajado como Ada Colau. Se ve de lejos su propósito de aprovechar la orfandad dirigente del soberanismo para hacerse con el chiringuito y que, además, se lo agradezcan. Lleva años invirtiendo en ello y poniendo fichas en todas las mesas de la ruleta, y esta es la ocasión de hacer caja. Puede que junto a la bancarrota de Puigdemont –o precisamente gracias a ella– se produzca el pelotazo de Colau.

Aparentemente, lo tiene todo a favor: el movimiento soberanista, embravecido y reagrupado en torno a la consigna populista “libertad para los presos políticos”; sus posibles competidores, ejerciendo de mártires pero a buen recaudo durante una temporada; un puesto institucional y un presupuesto en sus manos; y su alianza con un partido de ámbito nacional con 72 diputados en el Congreso. Tendrá un papel estelar en las movilizaciones de este fin de semana; y muy mal tendría que hacerlo para no entronizarse como la interlocutora imprescindible por parte del soberanismo para la solución del conflicto. No necesita ganar, le basta con tomar la posición y obtener un resultado que le dé la llave del futuro gobierno.

Todos saludamos la iniciativa de Rajoy convocando el 21-D como acertada, pero extremadamente arriesgada. Lo primero se confirmó pronto; lo segundo aparece ahora. Para poder seguir adelante, es crucial vencer el vértigo y asegurar la celebración de estas elecciones en condiciones de normalidad. No será fácil.

Que rompan sus pasaportes
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 4 Noviembre 2017

Es obligación perentoria de los diputados del Parlamento catalán que votaron el mamarracho de independencia, así como de todos los miembros del Gobierno fallido de Cataluña y los alcaldes y dirigentes de movimientos sociales comparsas de la chirigota, que rompan ya mismo, a la vista de todo el mundo, sus pasaportes y documentos de identidad españoles, como han hecho algunos de sus descerebrados seguidores.

El ejemplo más obsceno
Montaron una exhibición de desafío a la patria común donde nacieron, se educaron, ejercieron sus actividades profesionales o empresarias y desarrollaron en un clima de inigualable libertad sus carreras políticas, que a menudo estaban al margen de la ley. Pues bien, ahora deberían acompañar su bravuconada con un esfuerzo para desprenderse de todos los privilegios que conlleva, en Europa y el resto del mundo civilizado, el hecho de ser españoles. Un caso irritante es el de las sanguijuelas del tenebroso Diplocat, que se movilizaban con pasaporte español y con fondos succionados del patrimonio de todos los españoles para difamar a España. Pero el ejemplo más obsceno de todos es el del payaso mayor del Circo Republicano Catalán y su troupe, que se fugaron a Bruselas para trapichear con la ultraderecha flamenca utilizando ese pasaporte que, a juzgar por sus pantomimas, ya no era el suyo.

Nada de doble nacionalidad para estos renegados. Si conservaran, cosa que dudamos muchos, un mínimo de decencia, ellos, que levantan fronteras espurias para separar parientes, amigos, clientes y socios, no deberían seguir usufructuando los papeles que obtuvieron gracias a su acta de nacimiento para desplazarse por el Espacio Schengen. Cuando lleguen al mostrador de migraciones de otro país, que hagan la prueba de endilgarle al funcionario uno de sus rancios discursos sobre la nación milenaria y la sagrada identidad. Su interlocutor les dirá dónde pueden meterse cualquier credencial apócrifa que muestren en lugar del pasaporte español.

Lo imperdonable es que estos sinvergüenzas hayan intentado colocar a todos los ciudadanos de Cataluña, sin aviso previo, en esta situación de desamparo y orfandad. Arrastraron a cientos de miles de crédulos a manifestaciones y protestas callejeras que los colocaban al margen de las instituciones y los tratados que garantizan su libertad de movimiento y todas las otras libertades propias del Estado de Derecho, sin ofrecerles nada a cambio excepto espejismos inverosímiles.

Descorrer el velo
Ha llegado la hora de la verdad. Los medios de comunicación públicos y los subvencionados de Cataluña, que se guiaban por las instrucciones de los manuales de propaganda de Josef Goebbels, deberán abrirse, antes de cualquier proceso electoral, a un debate plural, en el que se pongan al alcance de los ciudadanos informaciones veraces y datos concretos, en lugar de las mitologías sectarias que poblaban los programas de TV3 y Catalunya Ràdio. Habrá que someterlos ya mismo –queda demasiado poco tiempo– a un riguroso control de equidad, aunque chille el PSOE. Sería ilustrativo asistir a un debate sobre el adoctrinamiento antiespañol en las escuelas entre la ya ex (gracias al artículo 155) consejera de Educación, que apenas atina a balbucear en castellano, y Antonio Robles o Marita Rodríguez.

Es imperioso que ya mismo se descorra el velo que ocultaba alevosamente a los ciudadanos de Cataluña el hecho de que una pandilla de crápulas estaba a punto de reducirlos a la condición de náufragos indocumentados sumergidos en la indigencia. Delito que cometían premeditadamente contra los conciudadanos que confiaban en ellos. Recordemos una vez más que Enric Juliana, veterano conocedor de lo que se trama en las entrañas de la bestia, escribió ("Atrapados en el estadio", LV, 15/10):

En privado, la plana mayor soberanista está horrorizada. No se esperaban la salida masiva de empresas. En privado disimulan, para no desmovilizar el estadio.

Colmo de iniquidades
La indiscreción de Juliana palidece al lado de lo que nos cuenta nada menos que el director del mismo diario, Màrius Carol, tardío descubridor del valor de las revelaciones contrarias al poder ("Una tremenda irresponsabilidad", LV, 29/10):

En una de las declaraciones intervenidas [en el sumario del 20-S] a Josep Lluís Salvadó en Sant Vicenç dels Horts, el número dos de Oriol Junqueras declara a Raúl Murcia, asesor de la Generalitat: "En el mes de octubre no hay capacidad para nada. Ni tenemos el control de aduanas, ni un banco. La cosa no pinta bien, está muy verde: eso, cualquiera que tenga dos dedos de frente lo sabe. Ahora bien, a mí me dan pánico las cosas como son en realidad (…) y que estos no lo acaben utilizando para decir que Junqueras no ha preparado el país para que el 2 de octubre declaremos la independencia".

Carol arremete contra este colmo de iniquidades como si su cargo no lo hubiera obligado a investigarlas y denunciarlas hace mucho tiempo, cuando belicosos colaboradores de su diario utilizaban –y siguen utilizando– sus páginas para propagar el odio cainita con argumentos irracionales teñidos de racismo. Ahora reniega de aquellas complicidades evidentes y lanza verdades como puños:

Dicho de otra manera, han llevado el país al límite, han declarado la secesión sin tener mandato de nadie (el referéndum del 1-O no fue homologado por los observadores escogidos por la Generalitat) y no disponían ni siquiera de las herramientas para llevarla a cabo. Y no se les cae la cara de vergüenza. Ni piden perdón por el mal que han causado a una sociedad más dividida que nunca, y con menos poder económico que hace un mes.

Esta arenga implacable demuestra, por venir de donde viene, que los golpistas son un árbol caído del que empiezan a hacer leña quienes lucraron a su sombra. A medida que se aproxime el 21 de diciembre se verán pintorescos cambios de chaqueta. Y hasta es posible que si alguno de los payasos que monopolizaron la escena durante estos años rompió realmente sus documentos españoles, pague a hurtadillas los once y los veinte euros que cuesta renovarlos para así poder seguir embaucando a la buena gente con sus charlotadas. Habrá que estar atentos para que no vuelvan a encubrir el "Hoy paciencia, mañana independencia" con el cuento pujolista del pescado en el cesto.

PS: El perfil psicológico de Carles Puigdemont me recuerda cada día más el del abogado francés Orélie Antoine de Tounens, que en 1860 se proclamó rey de la Araucanía y la Patagonia, reclamando una franja de territorio chileno y toda la Patagonia argentina, entre el Pacífico y el Atlántico, habitadas entonces por indios mapuches y tehuelches. Adoptó las costumbres y la indumentaria de los aborígenes, proclamó una Constitución y fingió gobernar con el apoyo de algunos caciques. El ejército chileno lo capturó en 1862 y fue sometido a juicio y recluido en un manicomio.

Sobran megalómanos en todas las épocas y lugares. Uno se cree monarca de un reino imaginario, otro se proclama presidente de una república nonata.

¿Ha estallado el régimen de 1978?
José Carlos Rodríguez vozpopuli.es 4 Noviembre 2017

Marta Rovira no puede contener las lágrimas tras la decisión de la juez de decretar prisión para Oriol Junqueras y siete ex consejeros de la Generalitat de Cataluña. Llora porque no puede creer lo que está ocurriendo. Y no está sola en esa sensación. Hay millones de españoles, especialmente algunos que lo son a su pesar, que no habían contado con que, al igual que el sol sale por el este y se pone por el oeste, los dirigentes nacionalistas que han subvertido el orden constitucional podrían acabar en la trena. Y sin embargo, de todo lo que pudiéramos imaginar que ocurriese, era con diferencia lo más probable. Es más, cualquier otro resultado entra dentro de lo impensable. ¿Una justicia tomando la decisión de no actuar? ¿Una secesión de Cataluña que expulsase esa parte de España del ordenamiento jurídico? En serio, ¿qué han pensado que podría ocurrir que no fuera lo que estamos viendo?

Y, sin embargo, no sólo quienes se inoculan TV3 sino incluso los mismos protagonistas del secuestro de nuestras instituciones y del intento de rebelión, tenían razones para pensar que les iba a salir gratis. Las instituciones llevan décadas siendo rehenes del proyecto nacionalista. La educación es su principal víctima, pero realmente han ocupado todo el espacio público. Se han saltado las leyes, pero la única respuesta que han recibido son unas cuantas sentencias melancólicas.

El modelo de Jordi Pujol de construcción nacional, que consiste en robar sin mesura y autolegitimarse por medio del nacionalismo, se ha contemplado con impasibilidad desde Madrit. Es más, desde la villa y corte se ha tapado la boca de la justicia para que no pronunciara términos como apropiación indebida, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y casi todo delito económico recogido en el código penal, en una atención a todas luces excesiva con su familia, con sus amigos, y con él mismo.

Los nacionalistas han ido ampliando su poder, entendiendo que el poder siempre va a ser suyo, y con él han ampliado los medios para su chantaje y la base social que les ampara. Era una maquinaria con una eficacia invencible. Todo estaba a la vista y todo se ha permitido. Hasta ahora.

Hemos llamado tabúes de la democracia a un conjunto de sobreentendidos, a unos pactos vergonzantes. No se firman ante una cámara, no se visten con grandes discursos, no son carne de titulares, sino que se musitan en la complicidad de un despacho. Esos sobreentendidos han mojado la pólvora del Estado, han frenado sus automatismos, han creado cercos de impunidad. Y si las palabras atrapan son incapaces de controlar todos sus posibles significados, los silencios cómplices son un feraz terreno para los malentendidos. Y los nacionalistas han creído que nunca se encontrarían una oposición eficaz, que podrían seguir adelante, hasta dar el último y definitivo paso hacia el poder y la corrupción totales. Pero había otro sobreentendido, el de que todo lo que se les ha permitido hasta el momento había que pagarlo con lealtad; una lealtad a la que, en última instancia, han faltado.

Mariano Rajoy, que lleva décadas en la política española al más alto nivel, es el oso en la oscura cueva de los sobreentendidos. Él no ha logrado entender el último embate nacionalista, porque iba a hacer saltar por los aires el statu quo. Y entendía que la vieja política, la de los acuerdos vergonzantes, podría triunfar una vez más. Él, lo ha dicho con claridad, no quería aplicar el artículo 155 de la Constitución, porque ha hecho saltar por los aires esos pactos sin caballeros.

Esto es lo que hay de cierto en las palabras de Pablo Iglesias de que ha estallado el régimen del 78. Y estamos ante una buena noticia.

Desde Bélgica con rencor
Borja Gutiérrez gaceta.es 4 Noviembre 2017

En 1963 el director de cine Terence Young enviaba al agente Bond 007 hasta Rusia para tratar de localizar un dispositivo capaz de descifrar complicadas comunicaciones y que, tras haber sido robado, estaba poniendo en peligro importantes investigaciones sobre el gobierno ruso. Una película en la que se mezclaba intriga, tensión y la consabida dosis de surrealismo tan característica de la saga protagonizada por el súper agente James Bond. Héroes y villanos, “Desde Rusia con amor”. Hoy, casi 25 años después del estreno de aquella famosa cinta cinematográfica, otra historia cargada de intriga y surrealismo, está copando el panorama político español. En esta ocasión, el protagonista, un villano que decidió cambiar su destino de Rusia a Bélgica… “Desde Bélgica con rencor”.

Y allí, desde la capital belga, el villano Puigdemont, que ha abandonado a los suyos, sigue irradiando todo su rencor hacia España, mediante mensajes y vídeos, como la intervención grabada para TV3 en la que expresa su reacción en contra del auto de la juez Lamela por el que ordena prisión provisional para Oriol Junqueras y ocho consejeros del Gobierno de la Generalitat, destituidos por rebelión contra el Estado, y ante el riesgo de fuga nada desdeñable, en vista de la llevada a cabo por el prófugo belga. Por cierto, no quisiera pasar por alto, el hecho de que una televisión pública, siga dando difusión a un cesado y ya perseguido por la Justicia, que se permitió la licencia de exigir la libertad para los encarcelados, considerándose aún como presidente legítimo, y haciendo un llamamiento a la ciudadanía para combatir contra la represión del Estado español.

Con los golpistas Junqueras y sus consejeros ya en la cárcel, queda arrestar a Carles Puidgemont, quien oficialmente está considerado como fugado de la acción de la Justicia y sobre quien planea una orden internacional de busca y captura.

La Justicia ha actuado con diligencia, era cuestión de tiempo. No cabe ningún reproche, más bien al contrario, todo el apoyo a una decisión justa y proporcionada. Y es que todos los españoles hemos sido testigos directos de los pasos cometidos por los sediciosos, sobre los que han ido fraguando su golpe de estado, retransmitiendo en directo sus continuas advertencias, sus alardes y jactándose de la osadía de su ataque a nuestro Estado de Derecho.

Allá, en Bruselas, donde el fugado Puigdemont esperaba encontrar refugio y protección, no ceja en su empeño. Cual iluminado defensor de su particular idea del paraíso Catalán, dibujado fuera de España, no se molesta en negar sus delitos, ya que la distorsión que padece en su singular concepción de la realidad, le lleva a alcanzar rasgos comparables con el fundamentalismo, tratando de arrastrar masas de ciudadanos con mentiras absurdas y engañifas, y prometiendo un ficticio paraíso catalán, cual imán islamista que ofrece un paraíso a sus fieles.

Olvidándonos de supuestos paraísos y descendiendo a las arenas de la realidad política y social de nuestra patria, debemos ser conscientes de la grave situación que estamos viviendo pero, a su vez, reconocer y aplaudir la actuación de la Justicia que está poniendo de manifiesto que el engranaje de la maquinaria democrática, en nuestro país funciona. Y es que cuando la fuerza trata de imponerse al diálogo, jamás se puede llegar a una situación de equilibrio entre las partes, y solo queda la derrota de una y, por tanto, la victoria de la otra.

Lo que resulta obvio es que si unos golpistas abandonan el país, es que han perdido. Y han perdido porque a lo largo de esta agonía del procès, los españoles han reaccionado apoyando la unidad nacional con múltiples manifestaciones, principalmente durante las dos multitudinarias convocadas en la ciudad de Barcelona. Y han perdido porque un sinfín de empresas ha huido de Cataluña fijando sus sedes en otros lugares de la geografía española porque no estaban dispuestas a sumarse a la locura del gobierno catalán. Y han perdido, porque su líder, les ha abandonado a su suerte, tratando de poner su palmito a salvo en tierras belgas.

Los consejeros sediciosos ya están en prisión. Y cuando Carles Puigdemont vuelva a pisar España, lo hará en calidad de detenido para ingresar en prisión. Su aventura fugitiva en Bélgica habrá finalizado, lo que no me acabo de creer es que finalice su rencor.

Los aristopresos y el 155
Javier Somalo Libertad Digital 4 Noviembre 2017

Suenan las cacerolas. Antiadherentes, de acero inoxidable y asas bañadas en oro. Es la música de la revolución de cinco estrellas, la asonada de mármoles y parquets flotantes, de esteladas que tapizan balaustradas nobles y áticos de a millón. A la cárcel sólo van los pobres, y los ricos si son del PP. Lo demás es represión franquista. Y tras las cacerolas nos hacen los pucheros para la tele y quiebran la voz para la radio: "Lucharemos hasta el final", sollozó Marta Rovira sin despeinarse bajo la ¿atenta? mirada de Rufián, que en ese preciso minuto sí defendía al Judas de Gerona y al resto del gobierno revolucionario en la sombra.

Pero resulta que los aristócratas golpistas merecen la cárcel porque han violado la ley aun habiendo disfrutado del privilegio de la negociación ad nauseam, del beneficio de la eterna duda monclovita y de los trapicheos de Santamaría. Merecen la cárcel porque anunciaron que desobedecerían y lo hicieron, porque tenían un plan detallado para ello. Merecen la cárcel por delito con las agravantes de premeditación y alevosía.

Y la merecen además en grado preventivo, porque su presidente, Carles el Belga, ha dejado claro que el riesgo de fuga es de libro. Puigdemont lloró la injusticia leyendo desde la recepción de un motel un mensaje para la Al Jazeera pirenaica, salvada del 155 en pro de unas elecciones com Déu mana.

Merecen la cárcel preventiva en la que están y, sin tardar mucho, la que les condene. Y la merecían mucho antes y muchos más. Por marcar, perseguir y castigar a empresarios que rotulaban sus negocios y productos en castellano. Por adoctrinar desde los colegios durante décadas en el odio a España y en la supremacía del catalán puro frente al invasor. Por amedrentar a periodistas e impedir la libertad de expresión vetando la existencia de medios de comunicación críticos. Por robar dinero público a manos llenas. Por presumir de incumplir la ley. Por su xenofobia, por su corrupción. El delito no se cometió la semana pasada.

Hasta aquí la vergüenza ajena por las lágrimas de cava y el irrefrenable regocijo por el hecho de que unos delincuentes pasen noche en el talego y que esa sea su condena después del juicio.

Pero diciembre será otra cosa y por eso sigo criticando que el artículo 155 se aplique para convocar unas elecciones tan cercanas que no casan con la vocación de reinstaurar el orden constitucional. Si fuera que hoy estamos en la división de Poderes, el Judicial está haciendo su trabajo independientemente de que perjudique o beneficie a esa particular aplicación del artículo 155. Son el Gobierno y sus socios coyunturales los que han facilitado una relación de causa y efecto al poner las miras a sólo 50 días de distancia.

Haya o no una candidatura común separatista, el frente antiespañol querrá hacerse notar y contar. Podemos, que está en pérdida crítica de apoyo popular, ya tiene "presos políticos" para reconducir su fracasado mensaje. Le negaron tal condición a Leopoldo López porque tramar contra el régimen de Maduro era propio, según ellos, de delincuentes pero eso, ya se sabe, no es obstáculo para su razonamiento. Ahora los pijos de extrema izquierda por fin pueden converger con la causa separatista sin entrar siquiera en el separatismo. Volverán las tiendas de campaña, las asambleas de iPhone X y la veneración a filósofos de la talla del Follonero, antaño discutible payaso profesional hasta que halló el camino de la seria incompetencia intelectual, mucho más rentable. Si TV3 falla por luto, el adoctrinamiento adolescente se subcontrata con Motos. El corto plazo, y más si es electoral, lo manejan a las mil maravillas. Y, desde luego, si el escenario final puede perjudicar de alguna manera a Mariano Rajoy, el PSOE se habrá apuntado a la fiesta antes de que en La Moncloa lo consideren una posibilidad.

El Gobierno ha querido pues, enfrentarse al inevitable debate sobre los posibles efectos adversos entre el 155 y unas elecciones cuando lo importante era que la Constitución contempla la asunción de competencias de forma exclusiva por el Estado hasta que se restaure el orden legal en la comunidad autónoma que ha incurrido en violación. Sin ese orden y con el control de los aparatos separatistas intacto –recuerden TV3– hay muchas posibilidades de fracasar.

"No sé yo si alguien con tantos amigos en la cárcel es muy de fiar", le dijo Iglesias a Rajoy en el reciente debate de moción de censura. Se refería, claro, a los presos del PP, que son los únicos que, según él, merecen patio vallado. Hoy esa frase cobra un nuevo significado

En plena anemia institucional
La respuesta al proceso soberanista se ha visto afectada por la debilidad de instituciones que no han sido respetadas ni cuidadas durante muchos años
Fernando Garea elconfidencial 4 Noviembre 2017

La crisis de Cataluña nos ha pillado en mal momento, justo cuando las instituciones están más desgastadas y deslegitimadas. O igual, precisamente, por eso ha estallado la crisis con esta virulencia y ese resultado incierto.

Nos ha cogido con anemia institucional, con las defensas bajas como para reaccionar a una infección localizada en una zona concreta y, por eso, la crisis se ha extendido por todo el organismo y no ha quedado casi ninguna institución a salvo. Hay que aplicarse a hacer frente a los síntomas, pero también volcarse en estabilizar al débil enfermo y su estado general.

Nos ha cogido con un Gobierno en minoría y desgastado. Con casi todos sus miembros procedentes de un momento en el que su partido tenía mayoría absoluta para tomar decisiones sin contar con nadie, sin perder el tiempo en diálogo alguno. Cuando ha habido que dialogar para buscar una solución no había costumbre, no estaban entrenados para ello.

Llegamos aquí con cuatro ministros reprobados por la mayoría del Congreso de los Diputados.

Con un presidente del Gobierno que acaba de declarar, aunque sea como testigo, en un juicio por corrupción y no vio nada malo en animar a quien tiene una cuenta opaca en Suiza. Y está pendiente de que le citen en otro porque su nombre aparece como receptor de sobresueldos ilegales en un listado que la Justicia da por bueno.

Ese Ejecutivo encabeza, como es su obligación, la reacción al independentismo, en unas circunstancias que hacen difícil asumir y diferenciar el apoyo al Estado y el respaldo a ese Gobierno. Por todo eso, resulta incómodo ese respaldo, aunque sea obligado.

A ese desafío independentista responde también un fiscal general del Estado que fue reprobado por la gran mayoría del Congreso. Por esa reprobación no pierde la razón si la tuviera, pero sí debilita su autoridad, carga de argumentos a los críticos y hace incómodo el apoyo a sus tesis.

Su apariencia de imparcialidad, tan importante en la Justicia como la propia imparcialidad, se vio quebrada por una serie de nombramientos que le mostraban como próximo al Gobierno. Algunas grabaciones que escuchó toda España con conversaciones entre imputados le señalaban como parte de la estrategia y la política del Gobierno.

Su antecesora en el cargo se fue porque no quería hacer esos nombramientos que el Gobierno sí deseaba.

Y el documento que anuncia su querella lleva el título de “Más dura será la caída”. Un detalle que daña también esa apariencia.

Nos coge también con un Parlamento improductivo, que es incapaz de aprobar leyes. En la cuenta de resultados del Parlamento no hay casi trazas de la llegada de nuevos partidos.

Estamos con un Senado que toma una de las decisiones más trascendentes de la democracia, después de languidecer durante años, porque nadie ha querido modificar su funcionamiento y porque nadie ha querido usarlo con eficacia. Por ejemplo, su reglamento prevé un debate anual sobre el Estado autonómico y hace casi diez años que no se celebra ninguno.

En su sede se reunió una Conferencia de Presidentes que acordó hace meses aprobar con urgencia un nuevo modelo de financiación del que nunca más se supo.

Como sustancia aceleradora del incendio institucional se une también que la Constitución, 39 años después, solo ha sido modificada mínimamente en dos ocasiones y siempre de forma rápida e impuesta desde Europa. Vamos camino de cumplir la tradición que dice que en España no se reforman las constituciones, sino que solo se derogan.

Nos coge con un Tribunal Constitucional y un Poder Judicial que los principales partidos no han dudado en repartirse sin disimulo durante lustros. No disimularon cuando desde la Moncloa se daban los nombres de los presidentes que sus miembros debían elegir luego autónomamente. O cuando se conocían algunos manejos para situar o apartar a determinados jueces. O cuando no se trató desde el poder político a la Justicia como un servicio público, al igual que la Educación o la Sanidad, sino como un arma de poder. De nuevo la apariencia de imparcialidad que hace que, finalmente, se escruten en la opinión pública de diferente forma y distinta severidad el encarcelamiento por orden judicial de un expresidente de la Comunidad de Madrid que el de un expresidente de la Generalitat.

Se escrutan en la opinión pública de diferente forma el encarcelamiento de un expresidente de la Comunidad de Madrid que el de la Generalitat
El incendio debería apagarse con unas Fuerzas de Seguridad en cuyo seno un Gobierno creó la llamada “policía patriótica” que, desde el despacho de un ministro del Interior buscaba cómo construir acusaciones contra adversarios políticos, según certificó el Congreso hace bien poco en las conclusiones de una comisión parlamentaria de investigación, por cierto, obstaculizada en su funcionamiento. O que ha acogido a un poderoso policía, ahora detenido, sin control alguno y especializado en cañerías y cloacas, so pretexto de la razón de Estado.

Hasta el Tribunal de Cuentas, que ha intervenido para intentar apagar el fuego, está tocado de reparto partidario y de miopía crónica ante casos de corrupción.

La monarquía también se ha incorporado al auxilio del sistema inmunológico, hasta dejar en evidencia sus disfunciones y quedar afectada por el desgaste de materiales, que se produce cuando “piezas son sometidas a elevados esfuerzos, los cuales provocan la aparición y propagación de grietas bajo la acción repetitiva de estos”. Sin contar con que tiene en su entorno su propio caso de corrupción, pendiente aún de sentencia firme, demasiados años después de arrancar ante la Justicia.

De la debilidad no se escapan los medios de comunicación.

Todo esto parece inocuo cuando se produce, pero a la larga tiene efectos devastadores. Maltratar las instituciones y utilizarlas trae consecuencias que se pagan cuando se necesitan.

Y eso que al otro lado, en el de los causantes de la infección, también hay mucha corrupción y muchas vulneraciones de la ley que los antibióticos de la Justicia deben curar en las citadas condiciones.

“Con estos bueyes hay que arar”, dijo Aitor Esteban (PNV) en julio de 2016.

PROPUESTA DE EH BILDU
Navarra declarará oficial una lengua que sólo habla el 6,2% de la población
Fátima Gª Manzano gaceta.es 4 Noviembre 2017

El Parlamento foral de Navarra creará una comisión encargada de elaborar una nueva ley del Euskera. El objetivo de la presidenta, Uxue Barcos, no es otro que el de implantar el vasco como lengua oficial de la región y para ello cuenta con el apoyo de los socios en el cuatripartito que lidera: Geroa Bai, Podemos e Izquierda Unida.

Así quedó evidenciado en el último pleno celebrado tras el debate de estado de la Comunidad en el que Uxue Barkos retó al resto de los partidos a comprometerse con el autogobierno pleno para “defender la identidad de Navarra”.

Sin embargo, las redes sociales no han acogido con tanto entusiasmo la iniciativa de imponer el euskera como lengua oficial en la Comunidad Foral y han denunciado la “injusticia nacionalista”. “El euskera en Navarra es la lengua del 6,2%. La imponen y la harán oficial de norte a sur”, señalan mostrando la encuesta Sociolingüística del 2016 en la que se ratificaba que el 90,8% de los navarros utilizaba el castellano como su primera lengua.

Esta realidad en Navarra no es nueva. Ya en febrero los padres tenían que concentrarse en varias escuelas de Pamplona para protestar por la imposición del euskera en las escuelas infantiles.

Rajoy hubiera dejado a Forcadell sin 3.117 € de pensión vitalicia de haber aplicado el 155 un día antes
Luz Sela okdiario 4 Noviembre 2017

Un solo día permitirá a Carme Forcadell, presidenta destituida del Parlamento catalán, disfrutar de la asignación que la ley establece para los expresidentes de la cámara autonómica.

El citado reglamento, de 1988, solo les pone una limitación para acceder a una retribución después de dejar el cargo y una pensión de por vida: que su mandato sea igual o superior a un periodo de dos años.

Forcadell pasa este trámite in extremis. La que en su día fue líder de la ANC fue elegida presidenta de la cámara catalana el 26 de octubre de 2015 (77 diputados a favor, 57 en blanco y uno nulo) y su nombramiento se hizo efectivo al día siguiente, con la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña.

El pasado 27 de octubre, el presidente del Gobierno anunció la disolución del Parlamento catalán -y en consecuencia, el fin del mandato de Forcadell- junto a la convocatoria de las elecciones autonómicas del 21-D. La decisión, aprobada en Consejo de Ministros extraordinario, se oficializó con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el día después. Dos años y un día separan, exactamente, ambas fechas.

La condena no evita privilegios
¿Puede Forcadell recibir esa cuantía aunque resulte condenada? La citada Ley no dicta nada sobre esa hipótesis, al contrario de la Ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat, de 2003 y que con ese objetivo, y en pleno escándalo Pujol, fue modificada en julio de 2015.

En esa modificación se añadió la posibilidad de revocar los derechos y prerrogativas de los expresidentes “por acuerdo del Pleno del Parlamento” y “si considera que ya no concurren las condiciones de honorabilidad necesarias en la persona de un ex presidente o ex presidenta de la Generalidad, o en caso de condena penal firme contra la persona de un expresidente o expresidenta de la Generalidad”.

Es decir, la condena, por sí misma, no implica que un expresident sea despojado de sus privilegios, sino que tiene que activarse todo un procedimiento parlamentario, y por cierto bastante complejo. Para empezar, la iniciativa del procedimiento de revocación debe partir de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los miembros del Parlament, con exposición de motivos que la justifican.

“El debate y votación de una solicitud de revocación deben sustanciarse en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud” o, en el caso de condena penal firme, “incluirse automáticamente en el orden del día de la primera sesión que se convoque tras la publicación de la sentencia”. La revocación tiene que ser aprobada por mayoría de dos terceras partes de sus miembros (es decir, mayor de la que los independentistas establecieron para aprobar la independencia).

Nada de eso sucede en el caso de los expresidentes de la Cámara autonómica, cuyas asignaciones siguen rigiéndose por por la Ley 2/1988 que establece, ya en su artículo 1, que “las personas que desde el año 1980, hayan ostentado el cargo de Presidente del Parlamento tendrán derecho a percibir, durante el mismo tiempo que hubieran permanecido en su cargo y como máximo durante veinticuatro mensualidades, una asignación mensual equivalente al 80 por 100 de la retribución mensual correspondiente al ejercicio del cargo de Presidente del Parlamento”.

Además de esa retribución una vez cesado, los presidentes del Parlamento tienen derecho a una pensión vitalicia al llegar a los sesenta y cinco años, cuyo importe será el 40 por ciento de la retribución mensual durante su cargo.

El sueldo de Forcadell ascendía a 7.794,77 euros brutos al mes (en catorce pagas), más 1.565,19 euros por gastos de representación (9.359 euros al mes), de forma que la expresidenta destituida recibirá, por lo pronto, 6.235,86 euros mensuales durante un periodo de dos años, los mismos que estuvo en el cargo. Un total de 174.602,84 euros brutos. Al cumplir los 65, accederá a una pensión vitalicia de 3.117,9 euros mensuales.

Por su parte, Carles Puigdemont tendría derecho, de entrada, a una asignación del 80 por ciento del sueldo que recibía hasta ahora, y que asciende a 139.585,67 euros brutos anuales, además de un despacho con tres personas a su disposición, coche oficial, chófer y seguridad, según recoge el citado Estatuto de expresidentes. Solo el acuerdo de 90 diputados podría impedir esos privilegios, algo difícil a la vista de los sondeos de intención de voto para el 21D.

 


 


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