AGLI Recortes de Prensa   Martes 7  Noviembre 2017

El difícil retorno a la legalidad (10)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 6 Noviembre 2017

LA JUSTICIA ACTÚA: UN GOLPE DE ESTADO NO ES UN PROBLEMA POLÍTICO. EL TRIBUNAL SUPREMO ASUME TODAS LAS CAUSAS DEL GOLPE DE ESTADO. LOS GOLPISTAS HUIDOS EN LIBERTAD CON CARGOS A LA ESPERA DE LA DECISION DE UN TRIBUNAL BELGA.

Ayer compareció Pedro Sánchez en un mitin en Zaragoza para decir que “la única vía para solucionar el desgarro social es la vía de la política, no la penal” y añadir que “en un Estado de Derecho la justicia actúa, pero no hay soluciones penales para problemas políticos”. Y este es el Pedro Sánchez del “No, es No”, el de la intransigencia sectaria, el que buscaba la confluencia con el apátrida Pablo Iglesias y el que enarbola la bandera de la plurinacionalidad de España, que ahora viene con ese talante de estadista componedor, abierto al diálogo e “influencer” con recetas indefinidas y etéreas que muestra el plato montado sin explicar ni los ingredientes ni el proceso culinario para conseguir ese espectacular resultado. Y es que la demagogia es lo que tiene, se puede opinar de todo y dar la impresión de tener solución para todo, pero sin llegar a concretar nada.

Porque el desgarro social viene, casi siempre, por las políticas practicadas por los políticos y no nace de forma espontánea por un debate entre los ciudadanos, que bastante tienen con sobrevivir a esas políticas y mantener a esos parásitos de los políticos. Porque son los políticos los que tienen el poder, los que dominan y controlan a los medios de comunicación para formar opinión, y los que dirigen el rumbo de las sociedades. Y son precisamente los políticos los que se cuidan muy mucho de protegerse de la Justicia eliminando la separación de poderes del Estado y procurándose un estatus de privilegio mediante los aforamientos y solo poder ser juzgados por Tribunales cuyos jueces han sido previamente elegidos por ellos.

Es evidente que en Cataluña existe un desgarro social, gracias a la labor de los políticos, tanto de los partidos que han ejercido el Gobierno de España desde la transición, PSOE y PP, como por la de los partidos nacionalistas, anti sistema y de corte revolucionario como CiU (ahora PDeCAT), ERC y la CUP. Es verdad que el problema social tiene un origen político donde se ha exacerbado el sentimiento anti español mientras se alimentaba el sentimiento ultra nacionalista. Y es verdad que a un problema político la solución necesariamente debe ser política, pero de políticas de reconstrucción de lo destruido. Pero ello no es incompatible con evitar que se repitan esas políticas disgregadoras y hacer prevalecer el Estado de Derecho impidiendo la impunidad. Y para eso existen las vías penales, la Justicia, como garantía del cumplimiento de las reglas de convivencia consensuadas entre todos. Las soluciones desde luego que deberán ser con políticas adecuadas, pero las penales son solo la consecuencia de haber realizado de forma consciente malas políticas. Ambas son necesarias para mantener el equilibrio social y reafirmar el Estado de Derecho y no la política de conveniencia y de apaño entre políticos.

Y esto de las soluciones políticas me lleva a mencionar otro editorial de El País digital de hoy titulado “Modernizar España”, dentro de la campaña pro reforma de la Constitución que parece haber emprendido siguiendo la consigna marcada por Pedro Sánchez en su urgencia de crear la Comisión del Congreso, antes de las elecciones autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre. Y es que abrir este melón cuando precisamente ahora España se enfrenta al mayor desafío secesionista de su historia, simplemente es un error garrafal, sobre todo si no se tiene claro a dónde se quiere ir, o como en el caso del PSOE de Pedro Sánchez (PSPS) hacia un Estado plurinacional incompatible con esa modernización y encaje en el mundo global que el editorial recoge. Basta con resaltar algunas de las perlas como “no entramos en un proceso constituyente, sino reformador o reconstituyente”; “No es aceptable que uno de los principales países de la Unión Europea siga siendo farolillo rojo en muchos aspectos esenciales de la vida pública: la calidad educativa, la capacitación profesional, la innovación, la eficacia institucional, la igualdad de oportunidades”. Un brindis al sol bajo este deseo “La cuestión territorial, que ahora registra una fase agitada, de desconcierto y tribulaciones, es parte cabal de la necesidad de reforma y uno de sus principales acicates. Pero no el único. Las aspiraciones de muchos a un mayor y mejor autogobierno también hallarán vehículo eficaz en la medida en que el gobierno de todos sea mejor y funcione la coordinación de las distintas administraciones”.

Increíble que ahora reconozca el principal problema de España que es precisamente la existencia de las 17 taifas territoriales: “Lo que resulta ineludible es que toda nueva competencia o modificación de la existente sirva para aumentar la eficiencia del sistema y la satisfacción de los ciudadanos, no al contrario”. Y también la falta de solidaridad y entusiasmo en el proyecto común de España : “hoy existen fuertes diferencias sobre la orientación de la reforma. Un punto de partida debiera ser la constatación de que el nivel de descentralización alcanzado es alto; pero el grado de corresponsabilización, desigual; y el de su financiación, deficiente”. Para finalmente culpar a las Instituciones de no trabajar para el proyecto común: “que los mecanismos de fragua de la lealtad federal, en todas las direcciones (Senado, conferencias sectoriales...), son débiles o más aparentes que reales”.

Y es con estos mimbres con los que se quiere lanzar ya la Comisión de reforma de la Constitución sin tener ni medio claro cuál será el resultado de unas elecciones autonómicas en Cataluña, tras el desgarro social provocado por un golpe de Estado fracasado, en primera instancia, pero que puede resurgir con fuerza si los golpistas revalidan sus escaños en el Parlamento de Cataluña.

Esta semana el Tribunal Supremo de España va a centralizar todas las causas abiertas sobre todo lo relacionado con el golpe de Estado. De ese modo, se erige como instructor único en una especie de macrojuicio en un totum revolutum que desgraciadamente me recuerda a lo vivido con el juicio tras los atentados del 11 de marzo del 2004. Esperemos que esta vez sí se haga Justicia y los golpistas sean declarados culpables y cumplan su condena íntegra, al igual que pasó con el golpista Coronel Tejero.

Ayer También fue noticia el que la Justicia belga, como era de esperar, va por libre y se convierte en Tribunal especial para dilucidar si la Justicia de otro Estado miembro de la UE, actúa de forma apropiada y respeta todos los derechos de los delincuentes. ¿Es esta la Europa sin fronteras que nos ofrecen, donde hay países que ponen en cuestión a otros y se erigen en jueces inquisidores? ¿Para qué sirve la Europol, si se permiten refugios para delincuentes y terroristas? Lo de Bélgica es simplemente inaceptable. Una Euroorden debe cumplirse sin cuestionar nada y cumplir con la petición de un juez de la UE de un país democrático poniendo a los fugados a su disposición y dando por descontado que se respetarán todos los derechos de los entregados. Cuestionarlo es dudar de la propia pertenencia a ese espacio de libertad y democracia que es la UE.

¡Que pasen un buen día!

El circo y la política
Pablo Sebastián  republica 6 Noviembre 2017

Puigdemont va a trasladar a los cómicos del circo secesionista catalán a Bruselas para mantener vivo el espectáculo, mientras sigue pendiente el debate de las alianzas electorales al que se resiste ERC para no cargar con PDeCAT, no tener que repartir con ellos escaños al 50% y no entregar la cabecera de lista al prófugo Puigdemont sino al preso Junqueras que pide, como si la cárcel fuera un hotel, que le dejen salir (sic) para participar en la campaña electoral.

Una campaña donde los secesionistas no quieren por nada del mundo que se hable de la realidad política catalana sino de sus presos y sus prófugos como víctimas del Estado español al que presentan como una dictadura de la peor calaña.

Pero cabe imaginar que muchos catalanes nacionalistas y secesionistas están preocupados por el presente y futuro del país y por todo aquello que en la actual y convulsa situación política catalana afecta a su familia, a su negocio o trabajo e incluso a sus bienes.

Porque si continúa el deterioro económico y social catalán, la fuga de las empresas, la caída del turismo y del consumo y la pérdida de clientes e inversiones en los próximos meses los catalanes comprenderán (todavía algunos no lo entienden) lo que significa arruinar un país en tan solo dos meses como acaba de ocurrir en Cataluña.

Y es, a partir de ese momento, cuando la leyenda del bonito secesionismo se hundirá por mucho tiempo. Porque no habrá ningún dirigente político que se atreva a decir que la independencia de Cataluña es posible en España, que la UE la acepta y que es económicamente viable. No en vano probado está que todo eso es imposible e inviable.

Más aún, muchas de las personas decepcionadas con el famoso ‘proceso’ han llegado a esa decepción al comprobar que Puigdemont y Junqueras no tenían nada preparado para la puesta en marcha de la república que acaban de declarar y que sólo duró unas horas.

Lo único que habían previsto fue la fuga de unos ex consejeros a Bruselas con Puigdemont para hacer una cacerolada internacional y la permanencia de otros ex consejeros con Junqueras en Barcelona, convencidos que nadie, ni siquiera los jueces, se atrevería a meterlos en prisión y eso que ya tenían el precedente de los ‘Jordis’.

Por todo ello cabe esperar que en la campaña electoral se les plantee a los secesionistas si, visto lo ocurrido, creen que la independencia es viable y qué piensan que ocurrirá con la economía catalana si estos consiguen una mayoría parlamentaria para gobernar.

Pero mucho tememos que en esta campaña electoral no haya debates y que se instale un lenguaje de mutua descalificación. Sobre todo por parte de los secesionistas a los que no les interesa que se hable con datos y cifras de la realidad.

Y esa será la labor de los demócratas: la de llevar al conjunto de la sociedad catalana el inventario de la realidad actual y el riesgo que existe para todos si los independentistas vuelven a ganar el 21-D y logran que una mayoría de catalanes apueste por un suicidio colectivo del país, en pos de una profunda crisis institucional, económica y social.

El federalismo del PSOE y Ciudadanos
Ricardo Chamorro gaceta.es  7 Noviembre 2017

La gran solución para los problemas territoriales de España que plantean el PSOE y Ciudadanos es el modelo federal. En el PSOE hablaron de federalismo asimétrico. En Ciudadanos plantean de momento un modelo federal a secas.

El debate sobre el modelo federal y la reforma constitucional será clave en los próximos meses.

El Estado español es un Estado unitario por definición, lo que no quiere decir centralista, nunca compuesto o federal.

Este carácter unitario ya se determino en las Cortes Generales y Extraordinarias de 1812 que ejercieron el poder constituyente originario del pueblo español, las cuales rechazaron frontalmente cualquier asomo de extravagante y extranjerizante federalismo.

Con respecto al Senado no cabe distinguir estamentos o territorios entre el conjunto de los ciudadanos libres iguales de la nación española lo que deja al Senado como una institución inservible a eliminar.

El Estado se descentraliza administrativamente a través de entidades autónomas que son las administraciones locales, Diputaciones o Comunidades Autónomas, estas entidades administrativas sirven al Estado para garantizar derechos a los ciudadanos en igualdad. El desarrollo autonómico en clave antinacional ha sido la clave del fracaso del propio modelo, unido a un descontrol por parte del Estado que en vez de velar por los derechos de los españoles en igualdad ha interpretado la descentralización como un dogma sin pararse a analizar los pros y contras en relación a la cohesión nacional.

¿Federalismo para España?
Un federalismo donde la igualdad no está garantizada, en caso del federalismo asimétrico, y donde se entremezclan justificaciones sentimentales, territoriales o románticas que no tienen nada que ver con la realidad histórica de España, es absurdo.

“Federar”, según el diccionario de la Real Academia, es “unir por alianza, liga, unión o pacto entre varios” pero España está unida desde hace siglos, para federarla primero habría que disolverla para luego unirla.

¿Esta es la solución del PSOE y Ciudadanos? Hablar de federalismo es darle carácter de Estado a Comunidades Autónomas, lo cual es un error en un momento donde el secesionismo está en auge, aparte de ser falso pues ninguna comunidad autónoma constituyo Estado alguno en la historia. Además, los nacionalistas nunca han pretendido integrarse en nada, por lo cual el único sentido del federalismo sería darles tregua para esconder su desastrosa gestión que ha arruinado sus regiones y cambiado su panorama sociológico por un provincianismo soporífero.

Un artículo de Jesús Lainz, llamado “Hartazgo” y publicado en el Diario Montañés en 2012, hablaba irónicamente de este absurdo auge de federalismo remontándose a los tiempos de la I República, donde demuestra la ignorancia de todos aquellos que hablan de federalismo como el mantra que solucionara todos nuestros problemas:

“¡Estoy hasta los cojones de todos nosotros!”. Con estas palabras zanjó el barcelonés Estanislao Figueras, fugaz primer presidente de la Primera República Española, uno de los últimos consejos de ministros que presidió antes de escabullirse al tren del que no sacaría la nariz hasta llegar a París.

Porque en aquel 1873, recién abdicado Amadeo de Saboya, al pueblo español le entró una calentura política desconocida hasta entonces: el federalismo. Inspirándose en suizos y norteamericanos (estos últimos, por cierto, acababan de ganar la guerra que, en nombre de la federación, desataron contra los estados partidarios de la secesión), los españoles descubrieron de repente su entusiasmo por una forma política que instauraría la virtud y la felicidad terrenales. La gente se saludaba por las calles al grito de “¡Salud y República Federal!”. Negarle a uno el título de federal se consideraba la peor de las injurias. Y, sin embargo, nadie, ni en la calle ni en el parlamento, conseguía ponerse de acuerdo en qué consistiese eso del federalismo.

Unos hablaban de descentralización administrativa; otros, de anulación de toda autoridad, de soberanía de las comunas, de supresión del ejército y la policía, etc. Los municipios comenzaron a proclamar su independencia, se destruyeron telégrafos, se levantaron raíles, se desataron huelgas generales, se asesinaron agentes del orden, se lincharon alcaldes, la nación de Jumilla amenazó con la guerra a la vecina nación murciana, el cantón de Cartagena se apoderó de varios buques con los que bombardeó “potencias extranjeras” como Almería y Alicante…

Casi siglo y medio después, para contentar a quienes han dejado claro que sólo les interesa la secesión, los socialistas, dedicando compasivas miradas a los infelices que no alcanzan su altura moral e intelectual, promueven una segunda edición que comienza del mismo modo que entonces: no sabiendo ni lo que quieren decir con la palabra “federal”.

Hagan la prueba. Pregúntenselo.

Roures, el enemigo de España
OKDIARIO  7 Noviembre 2017

Toda famiglia tiene un padrino que vela, protege e impulsa los intereses comunes de sus miembros. Aunque a Pablo Iglesias, Oriol Junqueras y Xavier Domènech no les une consanguinidad alguna, sí les emparenta un objetivo común: acabar con la unidad de España y destrozar el régimen de paz y prosperidad que, basado en la monarquía parlamentaria, se inició en 1978. Todos ellos están respaldados por un hombre que se ha hecho rico gracias a nuestro país y que, sin embargo, se comporta como su gran enemigo: Jaume Roures. El millonario trotskista de férreas convicciones independentistas difunde y amplifica con su poder económico e influencia mediática las veleidades de unos políticos obsesionados por horadar nuestro Estado de Derecho hasta el punto de quebrarlo. El dinero de Roures sirve para sostener medios y campañas que van contra los intereses y la imagen de la España constitucional. Una prueba de ello es el diario Público, un medio que figura en la misma trama societaria de las mordidas que cobraba la FIFA.

La España empresarial y mediática no puede seguir alimentando a un hombre obsesionado con alentar un frente popular que elimine los avances que hemos conseguido entre todos a lo largo de los últimos 40 años. Por eso deberían cerrarle el grifo tanto a él como a sus medios. La Liga de Fútbol Profesional (LFP), por ejemplo, debe acabar con el monopolio del fútbol en poder de Roures. Mediapro, la joya de su imperio, ha ganado todas las adquisiciones de derechos con suma facilidad. Además de ser nocivo para la libre competencia, la LFP debe poner coto al poder omnímodo de este hombre porque preside las cenas donde populistas e independentistas pactan su plan de futuro para España: subyugar Cataluña con una agrupación de siglas secesionistas, disociarla de nuestro país y después, ya en el Congreso de los Diputados, derribar lo que los podemitas denominan de un modo peyorativo como el “régimen del 78”.

Un régimen al que los sediciosos ya han tratado de darle un golpe de gracia con la celebración del referéndum ilegal, después con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y ahora con la intención de “hundir la economía española”, como dice el propio Lluís Llach, para tratar de conseguir su objetivo a base de chantajear a Europa. Todo esto bajo la supervisión constante de Jaume Roures, que ya auspició un encuentro el pasado verano donde acudieron Pablo Iglesias y Oriol Junqueras con el propósito de planear una moción de censura contra Mariano Rajoy. Tanto el Gobierno como los empresarios tienen que actuar en consecuencia y olvidarse de un hombre con semejante perfil. De lo contrario, España estará a merced de los radicales que protege Don Roures.

Mao y las cien flores de Cataluña
Fernando Paz gaceta.es  7 Noviembre 2017

En 1956, siete años después del triunfo comunista en China, Mao Tse-Tung tuvo una genial idea para acabar con aquello murmuradores que emponzoñaban el ambiente sin atreverse a salir a la luz: convocar a los chinos a exponer con toda libertad las quejas, reclamaciones y puntos de vista que considerasen oportunos.

“Permitir que cien flores florezcan y que cien escuelas de pensamiento compitan, es la política de promover el progreso de las artes y de las ciencias y de una próspera cultura socialista en nuestra tierra”.

Quienes fueron lo suficientemente ingenuos como para hacer caso de la imagen vegetal sugerida por el Gran Timonel, asomaron sus flores en forma de opiniones disidentes. Ni que decir tiene que, una vez identificados los brotes, fueron cortados de raíz.

Sesenta años más tarde, tras décadas de severo silencio, cientos de miles de catalanes han salido a las calles con banderas desplegadas, mostrándose a cuerpo limpio, en la creencia de que ha llegado el momento de sacudirse los piojos.

En Cataluña ha estallado la libertad. Y con ella, el conflicto derivado de la rebelión contra la hegemonía de la media Cataluña que ha estado silenciando a la otra media; un conflicto hasta ahora negado por los canallas de todos los partidos, incluyendo ministros portavoces del PP. Seamos claros: tres décadas y media de complicidad con el separatismo muestran hasta qué punto la casta ha estado dispuesta a asegurar la estabilidad del régimen a costa de la negación de la libertad para media Cataluña.

Muchos cientos de miles de catalanes han exhibido sus rostros públicamente en las calles, han abucheando a los políticos traidores, han denunciando los abusos del sectarismo secesionista en la educación o han compareciendo en los medios de comunicación. O han protestado en sus centros de trabajo, como los médicos barceloneses frente al independentismo oficial de su colegio profesional, o como los policías autónomos que han tomado parte en la defensa de España, en la de la Constitución o que, simplemente, se han mostrado dispuestos a obedecer las órdenes legítimas.

En la Cataluña rota por el independentismo todo el mundo sabe quiénes son. Los vecinos, los porteros, los compañeros de trabajo y la GPU de Trapero y Puigdemont.

Todos estos compatriotas serán abandonados porque Rajoy se niega a cegar las fuentes del poder social secesionista, se niega a reformar la ley electoral, a acallar esa fábrica de odio llamada TV3, a tomarse en serio la gravísima situación en la educación; porque, en su lugar, Rajoy ha decidido que va a convocar unas elecciones, cuando lo último que necesita Cataluña, lo último que necesita España, son unas elecciones celebradas en las actuales condiciones, y con esa mitad de Cataluña – la que monopoliza el poder social- movilizada al extremo.
Pero a Rajoy le tiene sin cuidado lo que Cataluña o España necesiten. Lo único que le importa es conseguir otro Pujol con el que mantener el tinglado otros treinta años de ignominia.
Entre tanto en Cataluña brotarán cien flores -esas que nadie sabe por qué mágico sortilegio han crecido abundantes durante estas décadas de hostilidad y odio en la clandestinidad – sólo para ser arrancadas, ante la indiferencia de un Estado que ha renunciado a defender a la nación para mantener el sistema.

Crisis de régimen y alternativas posibles
Pío Moa gaceta.es  7 Noviembre 2017

Blog II: a) El cuerpo y el alma. b) La espiritualidad de la materia: www.piomoa.es
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La crisis actual va mucho más allá del problema del separatismo catalán. Este solo expone de forma extrema la crisis del régimen formado en la transición. Pese a la enorme propaganda orquestada por el mismo régimen, sus resultados, aunque no del todo negativos, han sido muy precarios, y quedaron liquidados por Zapatero con cuatro grandes operaciones: rescate y recompensa a la ETA por sus crímenes; nuevo impulso a los separatismos hasta dejar en residual la presencia del estado en varias regiones; ley totalitaria de la cheka y la falsificación histórica; leyes antijurídicas de género. Estas operaciones han hundido el estado de derecho, es decir, lo que tenía de democrático aquel régimen, que con ZP se ha transformado en otra cosa sin que casi ningún analista se haya percatado. Con Rajoy, nada se ha corregido, sino que todo ha ido a peor, y ha ido demasiado lejos para pensar en correcciones parciales: los cuatro partidos actuales, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos recogen la herencia de Zapatero, es decir, traicionan a la democracia y a su fundamento, la nación española. En el fondo son un partido único, con variantes de matiz, y en esto, precisamente, consiste la crisis.

Claro que el mal venía de atrás, recuérdese la exigencia popular de “regeneración democrática” con la que el PP de Aznar llegó al poder… sin luego regenerar nada. Con todo, hasta entonces era posible, o al menos imaginable, la corrección de las graves distorsiones políticas comenzadas con Suárez. Hoy ya no podemos pensar en algo parecido. La alternativa ha de ser radical, aprovechando en lo posible los restos de democracia existentes, limitados prácticamente a cierta libertad de expresión, aun si marginada.

Esa alternativa debe afectar,
a) A la política exterior, cada vez más influyente en la interior y que en el actual régimen convierte a España en un país lacayo, gibraltarizado, sin soberanía real y con su cultura e idioma progresivamente colonizados.

b) A los separatismos y terrorismo, tan complementarios, volviendo a ilegalizar a las terminales de la ETA, centralizando las competencias esenciales de enseñanza, sanidad y otras, y empleando los medios de masas públicos de todo el país en dirección opuesta a la que han seguido, es decir, con información contraria a los mitos separatistas. Debe contemplarse también la ilegalización de los partidos regionalistas que no cumplan esas normas.

c) A las leyes llamadas de género, proabortistas y anti familia, mediante campañas explicativas que vayan disolviendo las ideas impuestas al respecto en los últimos decenios.
d) A las políticas inmigratorias, sin supeditarlas a la islamofilia de los países dominantes en la UE.

e) Al propio funcionamiento democrático, básicamente asegurando una justicia independiente y una nueva ley electoral sobre la base de “un hombre, un voto”: actualmente los votos a PP, PSOE y separatistas, que por algo han formado una especie de bloque de poder, valen más que a otros partidos.

Estas políticas se oponen directamente a todas las derivas que ha venido sufriendo el país, y necesitan un partido que les dé forma y las impulse. ¿Existe hoy por hoy ese partido?

Algunos piensan en “Ciudadanos”, debido a que se opone a los separatismos con más decisión que los otros tres. Sin embargo no deja de ser un partido típico del régimen, que acepta y sigue todas las iniciativas de Zapatero; y, más aún que el PP, aspira a “combatir” los separatismos disolviendo a España en la UE, política y culturalmente.

Lo más parecido a una alternativa es actualmente VOX, pero es evidente que le falta mucha clarificación y capacidad política para aprovechar unas circunstancias históricas que le son favorables. Es cierto que sufre una marginación por los medios de masas, cada vez más manipuladores y antidemocráticos, pero esos medios también sufren crisis y pérdida de influencia.

En la izquierda, lo más parecido a una alternativa podría ser UPyD. Pero, como en el caso anterior, se encuentra en la misma posición marginal, y en gran medida por las mismas razones.

Superar su manipulación y silenciamiento es una tarea en la que se demostrará o no la valía de un partido. Pero lo primero es clarificar las posturas.

Porque la putrefacción del régimen desde Zapatero no puede continuar indefinidamente sin abocar a salidas probablemente traumáticas.

Escuela y nacionalismo
José Antonio Marina elconfidencial  7 Noviembre 2017

Thomas Jefferson, principal autor de la Declaración de Independencia de EEUU (1776), pensaba que una constitución no debía durar más de 19 años, para evitar así que “los muertos gobernaran a los vivos”. Madison, uno de los autores de 'El federalista', le rebatió advirtiendo del peligro que entraña consultar frecuentemente a la sociedad sobre cuestiones constitucionales, “porque se movilizan demasiado las pasiones políticas”, y es previsible que ellas sean más poderosas que la racionalidad. En la situación española, conviene recordar este sabio consejo.

El secesionismo catalán ha vuelto a llamar la atención sobre la instrumentalización nacionalista de la escuela. Como ha señalado Fernández Enguita, se ha hecho por varios caminos: utilización vehicular preferente del catalán, sesgos en la programación al tratar temas históricos, actuación pronacionalista de una parte del profesorado, y la presión de las familias a través de instituciones como Fapac (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña).

Ante esta situación, muchas voces reclaman la recentralización de las competencias educativas, y es de suponer que en una posible reforma constitucional se plantearía el tema. Se han cometido, sin duda, excesos. Leo en 'Vida Nueva', revista católica, que el Ministerio de Educación ha pedido responsabilidades por casos como el de una monitora de un colegio de jesuitas que, el día después del referéndum del día 1, terminaba así un cuento dirigido a niños de siete años: ”Se mata al rey y a los policías malos”. Sin duda, la pasión nacionalista enturbia el juicio, pero creo que esta actitud no se puede generalizar.

"Entidades históricas"
Conviene recordar que el artículo 27 de la Constitución, que trata de la educación, fue uno de los escollos más difíciles de resolver. El Partido Socialista llegó a marcharse de la comisión que lo estudiaba, y al final se llegó a una solución de compromiso —a una tregua, dice alguno de sus comentadores— que ha dado lugar al baile legislativo que hemos sufrido en este asunto. Desde finales del siglo XIX, la educación española está ideologizada, como estudié en 'Papeles para un pacto educativo'.

La situación ha cambiado, porque desde 1978 se han transferido las competencias y se han elaborado los estatutos de Autonomía, que son legislaciones 'cuasi constitucionales'. Muñoz Machado, en su interesante libro 'Vieja y nueva Constitución', habla de una “constitución evolutiva”, que permite una mayor flexibilidad para resolver los problemas, sin caer en el inmovilismo anacrónico ni en la ebriedad del cambio por el cambio. En los últimos decenios, también se ha despertado en España una concupiscencia identitaria.

Todas las comunidades autónomas han necesitado reforzar sus señas de identidad. Como ha señalado Santos Juliá, la segunda oleada de estatutos de Autonomía se han empeñado en convertir sus comunidades en “entidades históricas”. Hay una razón de peso. Desde el comienzo del orden político, el poder fáctico ha necesitado legitimarse, para lo que ha apelado a todo tipo de legitimaciones, desde la religión hasta la voluntad del pueblo. Los derechos históricos forman parte de esas legitimaciones, por lo que quienes quieren el poder autonómico apelan a ellos. El estudio de la historia deja de ser un intento de conocer el pasado para convertirse en un apoyo del poder.

Estado vs. familia
Los sistemas públicos de educación tienen como finalidad hacer posible el ejercicio del 'derecho a la educación'. En España se enfrentan dos posturas: unos dicen que el derecho lo tiene el Estado, y otros que lo tienen las familias. Pero ninguna de esas instituciones son titulares de tal derecho. El titular del derecho a la educación es el niño o el adolescente, que merece ser educado de la mejor manera posible. Los padres son sus representantes, pero eso no les da un salvoconducto para hacer lo que quieran. El superior interés del menor —ser bien educado— está por encima de sus preferencias. ¿Se defiende el derecho a la educación adoctrinando al niño en modelos nacionalistas o religiosos? Creo que no, aunque tradicionalmente es lo que la escuela ha hecho.

No olvidemos que la escuela pública nació para fomentar la identidad nacional o religiosa. Con ese fin, Lutero escribió su carta a los príncipes alemanes sobre la necesidad de fundar escuelas cristianas. "Prusia creó el primer sistema escolar de Europa para no volver a ser invadida por Napoleón —escribe Fernández Enguita—, y Francia creó su 'école unique' tras serlo por las tropas de Bismarck. Estados Unidos creó la Common School para asimilar las oleadas inmigrantes. Por doquier el magisterio patriótico, las escuelas normales, las cruzadas de alfabetización, etc. han servido a la construcción nacional”.

En principio, la descentralizacio´n educativa no es mala. En el Reino Unido no hubo currículo nacional hasta 1998, y con una fuerte oposición. En España siempre nos gustó un sistema centralizado, que es más fácilmente manejable. La transferencia a las autonomías ha recentralizado la educación a otro nivel, el autonómico. Aunque se habla mucho de autonomía de los centros, se fomenta la uniformidad. Hay que insistir de nuevo en que la escuela no tiene como misión formar catalanes, franceses, castellanos, católicos, protestantes, musulmanes, sino personas con la suficiente información y el suficiente criterio para tomar buenas decisiones cuando llegue el momento.

En pleno movimiento revolucionario, del que acabó siendo víctima, Condorcet escribió que en la escuela pública solo se debería enseñar lo universal, es decir, la ciencia y la ética. Todo aquello que sesgara la información o limitara la libertad, debería estar prohibido. A pesar de los hechos que comento, los excesos doctrinarios que pueden producirse en la escuela pueden atajarse con la legislación vigente.

Competencias estatales
La Constitución española y diversas sentencias del Tribunal Constitucional precisan las competencias educativas que son exclusivas del Estado: ordenacio´n general del sistema educativo, fijacio´n de las enseñanzas mínimas, regulación de las titulaciones académicas y profesionales, el establecimiento de las normas ba´sicas para desarrollar el arti´culo 27 de la Constitucio´n, la Alta Inspeccio´n educativa. También la formación del profesorado es competencia estatal. Además, el Consejo Escolar del Estado o las conferencias sectoriales de Educación pueden influir en una política educativa cohesionada. Pero estos recursos no se han aprovechado, porque nunca ha habido una buena gestión educativa desde el Ministerio de Educación. Todos los ministros han pensado que con cambiar la ley se cambiaba la escuela, lo que es una ingenuidad culpable por su falta de realismo.

¿Quién debería vigilar para que el derecho a una buena educación se cumpliera? Como en todos los temas controvertidos, que despiertan con facilidad pasiones y, por lo tanto, arbitrariedades y falsas evidencias emocionales, debe ser la interacción continua de todos los agentes sociales: padres, Estado, ciudadanos, expertos, etc. Sin embargo, como docente, creo que nosotros deberíamos tener un papel relevante, asumir la responsabilidad de ser la conciencia educativa de la sociedad, ganarnos la confianza de toda la comunidad. Deberíamos centrarnos en proteger a nuestros alumnos de todo intento de adoctrinamiento, y en despertar en ellos el pensamiento crítico, que es condición indispensable de la libertad.

Empeñados en destruir Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 6 Noviembre 2017

El separatismo está llevando la ruina a una de las regiones más prósperas de España y del sur de Europa, de la que en un solo mes han huido más de 2.000 empresas. El separatismo ha tensionado al máximo la sociedad catalana y liderado una rebelión liberticida y antidemocrática que ha tenido por consecuencia la destitución del Gobierno golpista del tan cobarde como traidor Carles Puigdemont, que en un despliegue de indignidad ha dejado a sus más destacados cómplices completamente tirados mientras él se pasea por Bruselas del brazo de lo más nauseabundo de la política belga.

El descrédito exterior de Cataluña es brutal, su imagen ha quedado severamente dañada y tardará mucho en recuperarse. Las consecuencias para la economía y la imagen institucional de España tampoco son tampoco, como ya están empezando a poner de manifiesto las prospecciones de los principales indicadores económicos.

Pero, habida cuenta de las maniobras que están pergeñando, toda calamidad es poca para la canalla separatista. Los antisistema ERC y PDCat han decidido poner a sus cabecillas perseguidos por la Justicia presos al frente de sus listas para las elecciones regionales del próximo 21 de diciembre. Su intención es seguir envenenando la convivencia y convertir esos comicios en una nueva consulta pretendidamente plebiscitaria para seguir adelante con su golpe contra el Estado de Derecho y las instituciones catalanas.

Los separatistas están dispuestos a seguir adelante hasta convertir Cataluña en un erial. A los partidos españoles defensores de la legalidad democrática les toca estar a la altura de las circunstancias y hacer todo lo posible para impedir que los peores enemigos del Principado vuelvan a tener las Generalidad en sus golpistas manos. En cuanto al Gobierno, debe dejar meridianamente claro que no hay nada que negociar con los golpistas, a quienes la Justicia debe hacer pagar el tremendo daño que están causando.

Minuta para una campaña electoral
Amando de Miguel Libertad Digital 6 Noviembre 2017

Me refiero a las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Los resultados los conoceremos como un preámbulo de la lotería nacional del día siguiente. Lo chocante es que se trata de algo más que unos comicios regionales (que dicen "autonómicos"). La prueba es que prácticamente se plantean como la dicotomía que ha dado al traste con la Constitución de 1978 y va a ser el nudo de la Constitución de 2018. En este caso no es tanto el contraste entre la izquierda y la derecha como el enfrentamiento de los nacionalistas o secesionistas frente a los constitucionalistas o españolistas. Todos quieren chupar cámara, al igual que los futbolistas. Después de todo, las elecciones funcionan realmente como las competiciones deportivas. Son inventos para producir artificialmente acontecimientos noticiosos. El mejor método es forzar a que haya siempre un ganador y un perdedor. Es un juego que produce una suerte de placer.

Sería razonable que, ante estas trascendentales elecciones del 21-D (lo siento, pero así se llamarán) se ilegitimaran dos tipos de partidos extremosos. A saber, los independentistas (secesionistas, soberanistas, separatistas) y los antidemocráticos (antisistema, anticapitalistas). Mas no se hará tal cosa en aras de la "normalidad", por lo que seguiremos instalados en la confusión. Resulta absurdo que los mismos partidos ahora procesados por el golpe que supuso proclamar la República Catalana sean también los que se presenten a las nuevas elecciones. Su objetivo (ahora se dice "relato") serán más o menos el mismo. Tropezaremos otra vez en la misma piedra. Claro que el suicidio político se ha considerado muchas veces como una de las bellas artes. Hay precedentes. En las elecciones nacionales de 1936 de los dos frentes (nomenclatura bélica) cada uno de ellos consideró al otro como ilegítimo. Ya sabemos cómo acabó la cosa.

Igualmente parece lógico que en esta definitiva campaña electoral catalana se agrupen los partidos contendientes en dos coaliciones: los catalanistas y los españolistas o como quieran llamarse. Cada uno de ellos buscaría la ventaja que proporciona la ley electoral a los partidos que se coaligan. Sin embargo, nada de esto sucederá. Será una demostración de que lo fundamental para sus gerifaltes es tocar poder, disfrutar de sus amenidades (ahora dicen "asumir responsabilidades").

Aunque los afines no lleguen a coaligarse, al menos tendrán que posicionarse respecto a un par de asuntos capitales: la lengua de la enseñanza pública y la orientación ideológica de la radio y la tele públicas. En ambos casos los catalanistas (o como quieran llamarse) favorecerán la continuidad. Es decir, la tendencia hacia el monolingüismo catalán y el adoctrinamiento nacionalista. Los españolistas (o como se deseen etiquetar) abogarán por los planteamientos opuestos. Pues bien, aunque pueda parecer mentira, ninguna de esas dos posiciones antagónicas va a quedar clara. Otra vez el desbarajuste.

Se me dirá que todo lo anterior representa una exageración propia de quien vive de escribir, que consiste muy a menudo en magnificar las cosas. Podría ser. Pero la polarización que digo se revela bonitamente en el pronóstico que acaba de hacer un desventurado dirigente de uno de los partidos en liza. Su visión es que estas elecciones van a significar el triunfo del bien sobre el mal. Tal apocalíptico vaticinio es el propio de una mentalidad clerical secularizada. Después de todo, el nacionalismo es eso mismo.

Total, que las elecciones del 21-D no son lo que parecen, ni se presentan como deberían ser.
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José Luis Bonet: "El daño está hecho, la gente lo va a pasar mal"
El presidente de Freixenet advierte de que si el bloque separatista vuelve a ganar, su compañía volverá a plantearse salir de Cataluña.
esRadio Libertad Digital  7 Noviembre 2017

Famoso por no tener pelos en la lengua, José Luis Bonet, presidente de Freixenet, ha hablado claro este lunes en Es la Mañana de Federico, en esRadio.

Bonet no se ha ido por las ramas y ha descrito la situación que vive Cataluña y el resto de España con toda su crudeza. "El daño ya está aquí", señalaba Bonet, "esto va a ser muy negativo. Y no es una palabra abstracta, esto lo que significa es que la gente lo va a pasar muy mal, van a perder su trabajo y van a pasarlo mal".

Pese a que la aplicación del 155 "ha frenado de alguna manera el golpe separatista y ha puesto el orden constitucional y estatutario" permitiendo la reinstauración del "orden democrático", el problema es que el golpe ha dañado la economía y eso, como decía Bonet "se va a notar" sin remedio.

En cambio, se ha reservado algo de optimismo y cree que las elecciones del próximo 21 de diciembre, aunque considera que se han convocado con muy poco tiempo, demasiado pronto, "creo que esto va a cambiar, porque el daño que ha producido el proceso a la economía, y en definitivamente a la gente, ya se nota, y la gente va a reflexionar y va a darle la vuelta a esto", decía Bonet.

Otros empresarios
También se ha referido el presidente del gigante del cava a algunos compañeros empresarios. "Respeto a las personas que no quieren hablar públicamente", decía antes de matizar que "lo que me parece que no está bien es que los empresarios, que son líderes de sus empresas y de ellos dependen los trabajadores y accionistas, pues que tienen explicarle, al menos a sus trabajadores y accionistas, hacia dónde creen que van las cosas. Y esto creo que no se ha hecho lo suficiente".

El desengaño
Según Bonet la mayoría que vota va a ver lo que está pasando a su alrededor y los efectos negativos de un proceso como este y "la gente piensa y actúa".

Para Bonet esto significa que "cuando hay un proceso de engaño" luego tiene que haber otro proceso que es el de "desengaño". Recordaba Bonet que gente muy importante, catedráticos y analistas han estado diciendo que no iban a ocurrir todos los efectos nefastos que el desafío separatista ya está produciendo, por lo que "ahora hay mucha gente que se va a desengañar". La única duda que le queda al empresario es si "dará tiempo antes de las elecciones para que se produzca el desengaño, aunque yo creo que sí porque estoy va muy deprisa" y "los efectos negativos sobre la hostelería y el turismo ya se notan mucho". Tanto, dice Bonet que "en el extranjero se nos ve con preocupación y desconfianza".

Se volverá a plantear marcharse de Cataluña
Ha aprovechado la ocasión José Luis Bonet para aclarar que decidieron quedarse en Cataulña porque "el 155 empezó a poner las bases de la normalización de la situación y entonces cambié de idea y el consejo conmigo (la de marcharse de Cataluña)". No obstante, advertía de que "si el 21 de diciembre se repite la situación actual, volveremos a hacer otro consejo" para decidir si se van o se quedan.

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La trampa de las elecciones del 21-D o cómo salvar el viejo consenso
Javier Benegas vozpopuli.es  7 Noviembre 2017

Cuando todos los partidos políticos, incluidos los nacionalistas, parecían respirar aliviados ante la “jugada maestra” de vincular el artículo 155 a la convocatoria de elecciones en Cataluña, la decisión de la jueza Carmen Lamela de decretar prisión preventiva y sin fianza para Oriol Junqueras y otros seis exconsejeros de la Generalitat, estalló como una bomba de vacío, cuya potente onda expansiva alcanzó hasta el último rincón de la España política.

Inmediatamente después, con una rapidez de reflejos admirable, aparecían publicados los primeros artículos donde se argüían razones jurídicas contrarias a la decisión de la juez. Y se concluía que la prisión preventiva era una medida desproporcionada. En todos los casos se miraba con lupa la letra de la ley, tratando de demostrar que Lamela distaba mucho de cumplirla a raja tabla y que su decisión era más una interpretación basada en los prejuicios que en la literalidad de los preceptos legales.

Alarma social
Incluso en la ley menos ambigua caben diferentes interpretaciones. Su aplicación, en un sentido u otro, suele depender de distintos factores, como es el caso de la prisión preventiva, donde el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos que se imputan, la posibilidad de reincidencia, etc., se combinan. Valorar objetivamente la incidencia de estos factores y su peso relativo no es tarea fácil, por eso, para interpretar y aplicar la ley existe la figura del juez, de lo contrario bastaría con un aplicado funcionario que la supiera al dedillo y dictara sentencia sin posibilidad de apelación. Afortunadamente, mal que les pese a algunos, la Justicia no se imparte de esta manera.

Sin embargo, uno de los factores que todos parecen ignorar deliberadamente es la alarma social que el desafío secesionista ha provocado, no sólo en España sino más allá de nuestras fronteras. Cierto es que decretar prisión preventiva en base sólo a este argumento podría recurrirse con muchas probabilidades de éxito. Sin embargo, sumado a todo lo demás, sea cual sea la medida en que queramos apreciarlo, debería bastar para no retorcer el espíritu de la ley, que es lo que han hecho quienes acusan a Lamela de excederse.

Una piedad bastante sospechosa
La pregunta es ¿por qué este empeño en ser extremadamente garantistas y magnánimos con quienes, a la vista de todos, retransmitido en vivo y en directo, han cometido delitos gravísimos, de manera recalcitrante y chulesca? Si el estricto respeto a la justicia y el interés general primaran, la decisión de Lamela habría sido recibida, no ya con júbilo, sino al menos con alivio.

Enviar a prisión a un ser humano marcado por la fatalidad puede no ser motivo de celebración sino de aflicción, por cuanto podemos ver en la sentencia la culminación de una desgracia. Pero en el caso que nos ocupa, la piedad no tiene sitio. Los presuntos delincuentes no son personas desdichadas, sin formar, sumidas en la confusión o faltos de entendimiento y recursos. Son ni más ni menos que gobernantes perfectamente conscientes de sus actos, a los que, además, se les ha apercibido una y mil veces. Cargos electos cuyo poder y legitimidad de origen hacen que sus fechorías acarreen costes incalculables fuera del alcance de los delincuentes comunes.

Si unos simples butroneros pueden ser enviados a la cárcel de manera preventiva dada la gravedad de su delito y la alarma generada en el barrio de una ciudad cualquiera, ¿se debe dejar en libertad provisional a gobernantes acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos, cuando, en el colmo de la alarma, su jefe se fuga a Bélgica? ¿De verdad pretenden que los españoles comulguen con esta rueda de molino?

Lo sucedido en Cataluña, no ya estos últimos meses sino durante años, no es fruto de un simple malentendido o de una ingenuidad romántica; ha sido el producto de una maquinación perversa y mantenida en el tiempo, una trama urdida y llevada a la práctica por personajes sin escrúpulos, con poder y recursos suficientes como para sumir a toda una región, primero, en el delirio; y después, en un odio que ha arruinado la convivencia. Por si esto no fuera bastante, no han dudado en pasarse por el arco del triunfo leyes fundamentales que, nos gusten o no, estaban para que los caprichos de unos no condicionaran la libertad de todos, al menos no completamente.

Cálculo político
Nadie con dos dedos de frente, sea presidente o panadero, puede ya negar que el nacionalismo es un peligro ante el que no cabe mostrar debilidad alguna. No coexisten dos nacionalismos, uno moderado y otro radical, como se ha pretendido hacer creer durante demasiado tiempo: existe uno sólo. Un nacionalismo inasequible a la razón que tiene como meta la constitución de una nación inventada a costa de la real. Que ve en el apaciguamiento un signo de debilidad, y en la negociación y el diálogo, paradas técnicas para la consecución de sus fines.

Pese a todo, los partidos han reaccionado ante la prisión preventiva dictada por la juez Lamela como si se tratara de un sabotaje a las elecciones del 21 de diciembre. Sin embargo, detrás de sus elaborados argumentos jurídicos contra Lamela hay un doble cálculo político. Por un lado, estarían las ganancias particulares que esperan obtener en las elecciones catalanas, aunque éstas no afecten a la correlación de fuerzas entre constitucionalistas y secesionistas. Y, por otro, el intento de reestablecer el viejo consenso entre las familias políticas, nacionalistas y no nacionalistas, y evitar así la quiebra del régimen del 78 y la llegada de un tiempo nuevo, donde el Estado de partidos y su corralito autonómico podrían dejar de ser la piedra angular del sistema. Un cambio que, hasta ayer, la coartada de Podemos había conjurado, pero que, de confirmarse el descalabro de Pablo Iglesias, podría resurgir libre de ataduras.

De hecho, una de las claves más inquietantes de esta crisis es la aparición por primera vez de dos fuerzas contrapuestas a los secesionistas: el Estado y la Nación. El Estado, encarnado en unos partidos que, renunciando como es costumbre a la ética de la responsabilidad, buscan un apaño para mantener el viejo statu quo. Y La Nación, representada por una sociedad que por fin ha dicho basta.

Con todo, lo peor no es la dinámica del corto plazo en la que viven instalados nuestros políticos, y que amenaza con echar a perder una oportunidad única para rebajar el venenoso suflé nacionalista. Lo peor es que logren recomponer el consenso que nos ha llevado hasta el borde del precipicio. Reducir el 155 a un ínterin electoral—artículo que, todo sea dicho, no supone la suspensión del autogobierno—, aunque pueda parecer muy democrático no lo es tanto, ni mucho menos. No existe nada más populista que anteponer el voto a la aplicación de las leyes. De hecho, se puede votar una y mil veces sobre todo lo humano y lo divino y seguir insatisfechos, pero de lo que no hay duda es que, cuando en una democracia la ley deja de aplicarse, la libertad desaparece. Como dijo Cicerón, "La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma, como a todas las virtudes."

En definitiva, el invento del 21-D es Mary Poppins saltando de una azotea con un paraguas. Y uno tiene la sensación de que la sociedad española ya no traga con cualquier cosa.

Final del «procés»: Fracaso del nacionalismo

José María Marco. larazon  7 Noviembre 2017

Un amigo me cuenta que un sobrino suyo, un niño de ocho años que vive con su familia en una ciudad pequeña de Tarragona, volvió a su casa una tarde, hace muy poco tiempo, diciendo que quería ser español. Si no le dejaban serlo, se iría a vivir con su tío a Madrid. La anécdota es digna de una fábula clásica. La naturaleza vuelve por sus fueros y deshace de pronto todo el artificio que se había querido montar sobre ella.

Las cosas, claro está, no son tan sencillas, aunque en estos días, desde que en el Parlamento de Cataluña se aprobaron sin debate la convocatoria del referéndum y la mini Constitución de la República catalana, hemos asistido a la realización de un experimento extraordinario en nacionalismo y construcción de la nación. Y el resultado ha sido inequívoco.

El nacionalismo no es una forma de patriotismo exaltado. El nacionalismo es una ideología que persigue y promete la construcción de la nación, y no una nación cualquiera, sino la nación redentora y final. Es la senda que el nacionalismo catalán emprendió hace más de cien años, en un momento de crisis general de los sistemas liberales. El intento requería un temple extraordinario: paciencia, visión estratégica, tenacidad... En 1934, sumergido en una República que era de por sí un proyecto revolucionario, el nacionalismo catalán creyó que había llegado el momento de afirmar la existencia de esa Nación. El intento, prematuro y atropellado, le costó al nacionalismo décadas de silencio.

Algo parecido decidieron los nacionalistas en el año 2012, en plena crisis económica, cuando el Estado español parecía a punto de quebrar y la demanda de un trato fiscal especial, a lo vasco navarro, fue acogida por el Gobierno central con una apelación al realismo. Lo ocurrido desde primeros de septiembre es la culminación del «procés» puesto en marcha entonces y los hechos acaecidos desde el 1 de octubre, con la absurda parodia de referéndum, su quiebra definitiva.

Lo que se ha demostrado es que el nacionalismo catalán no ha logrado construir la nación catalana con la que soñaba. Ni el referéndum fundó esa entidad mítica pero básica que es el pueblo, el pueblo catalán, ni la proclamación de la república catalana, que es el gesto por el cual la nación se encuentra a sí misma gracias a la creación de un Estado soberano, tuvo efecto apreciable. Los movimientos de protesta han sido escasos, lejos del levantamiento popular, más o menos espontáneo, que tantos habían previsto con temor o con esperanza.

Habrá un nacionalismo irredento que rescate la vigencia del proyecto y afirme que el fracaso del ensayo es tan sólo un nuevo aplazamiento. El nacionalismo volverá a arrancar después de esta derrota y contará ahora con todo el trabajo ya realizado, el que ha llevado al auge del independentismo en la opinión pública catalana. Ahora bien, incluso ese sector reconocerá que lo que se demostrado es la incapacidad del nacionalismo actual para construir la nación.

Hemos podido comprobar, por tanto, que no basta un relato para construir una nación. Las naciones no consisten en relatos. Ni basta el enorme aparato de propaganda de un casi-Estado, como es la administración y el gobierno de la Comunidad de Cataluña, para que ese relato prenda en la realidad. Las naciones no se crean por capricho ni por decisión política. Requieren, para serlo de verdad, otro grado de profundidad y densidad histórica, cultural y política.

Otro tanto ha demostrado, desde la perspectiva opuesta, la resurrección de la nacionalidad española. Habrá quien hable de la reaparición de otro nacionalismo, en este caso del nacionalismo español. Se equivoca. Lo que ha aparecido en estos días, lo que se apuntó en la manifestación del 8 de octubre y en la afirmación española y constitucional ocurrida en todo el país es otra cosa. No aspira a construir la nación española, que es una realidad, y no formula promesas redentoras ni salvará a nadie ni necesita por tanto excluir y discriminar. Es una manifestación integradora y abierta. Requería el acuerdo explícito de fuerzas políticas que hasta ahora no lograban llegar a un acuerdo sobre este punto. Ocurrido este pacto, que el discurso del Rey permitió visualizar, todo lo demás viene de forma natural. Así como no basta un relato para construir una nación, la nación española ha demostrado su vigencia más allá de la cuestión de la «narrativa». La demostración es irrebatible e instaura una situación nueva, que los partidos políticos nacionales o constitucionales habrán de tener en cuenta a partir de aquí. Difícilmente se les perdonará el perpetuo flirteo con los nacionalistas que ha llevado a estos a creerse tan poderosos como para fundar una nueva nación... y arruinar de paso la existente, algo que forma parte siempre de cualquier nacionalismo.

Aquí interviene el Estado, Estado de Derecho como es de rigor. Los primeros nacionalistas catalanes tenían un profundo respeto por el Estado, que consideraban el primer obstáculo en la creación de su nación. Sólo el poder del que han gozado los nacionalistas en democracia ha llevado a estos a creer que podían dar el obstáculo por superado, hasta el punto de apropiarse de sus instituciones e incumplir la ley. Pues bien, se ha comprobado que la afirmación de la nación (la nación española, se entiende) ha ido en paralelo a la reafirmación del Estado en todas sus competencias: en lo judicial, en lo ejecutivo y, en las próximas elecciones del 21 de diciembre, en lo legislativo.

Tampoco en esto España era un relato mal hilvanado, ni la democracia liberal es más débil y vulnerable que el voluntarismo emocional del nacionalismo. Pase lo que pase el 26 de diciembre, se ha acabado una era en la historia de España y no será posible volver a lo que ahora empezará a parecer un gigantesco artificio en el que el nacionalismo parecía triunfar siempre sobre la nación. La naturaleza, efectivamente, se ha impuesto. Y los relatos y las narrativas han saltado por los aires.

Puigdemont: GAME OVER
Alfonso Merlos okdiario   7 Noviembre 2017

Lo que comenzó en un golpe a cámara lenta está terminando en un suicidio a cámara lenta. Puigdemont es lo que parece: un dirigente sin sustancia, un insensato que aún cree que en algún momento estuvo al mando de la nave, un cadáver que en su delirio aún piensa que políticamente respira, un pelele de las desaparecidas en combate CUP que aún sueña con un futuro de héroe que jamás ostentará. Porque ha decidido acabar arrojado en el vertedero de la Historia, entre la chatarra oxidada y abandonada en ese solar inmundo que conforman esos pseudolíderes de todo a euro que, pretendiendo ejercer de redentores de un presunto pueblo oprimido, lo destruyen en su dignidad, su reputación y su imagen. En efecto, nadie en el periplo del Estado de las autonomías ha hecho tanto daño a una región como el desmelenado, el derrocado, el imputado cabeza de una valleinclanesca sublevación de la que ya nadie se acuerda porque, de plano, ha fracasado.

La saga-fuga protagonizada por este irresponsable, escoltado por un pequeño grupo de paquetes que un día fueron consejeros, trasciende lo que puede ser una mera aventura rocambolesca y peliculera. Estos personajes grotescos y —lejos de las apariencias y la propaganda— timoratos, siguen sin percatarse de que donde pretendían encontrar un salvoconducto se han topado con un muro rocoso e infranqueable: el que conforma una Unión Europea escarmentada de charlatanes abogados de etarras, y que ha cazado desde el minuto cero a quienes han maquinado una jugada de oportunidad torpe, confiada al impulso y el aliento de los xenófobos nacionalistas belgas. Todo se ha ido al garete. ¡Felizmente!

Es verdad que estos inconsistentes estrambotes van a producir una dilación en el proceso que se sigue contra ellos por haber dado la espalda a la política y haber abrazado el delito. También lo es que estos impresentables, de forma nauseabunda y vergonzosa, se han encomendado a las maniobras arteras y las tácticas barriobajeras empleadas groseramente por quienes sembraron España de cadáveres con el pretexto inventado de que el País Vasco era una tierra oprimida por la bota de Madrid. Pero, seamos serios, descontando a cuatro descerebrados, nadie con un mínimo de integridad y ética, de principios y valores rectos, les comprará en Bruselas o Estrasburgo la idea de que al sur de los Pirineos hay un Estado que agrede los más básicos derechos ciudadanos. En otras palabras, Puigdemont y su cuadrilla han ido a por lana y, poco antes o poco después de Navidad, saldrán trasquilados.

Es de vital importancia que la tormenta no nos impida ver el horizonte. El punto en el que ha entrado el derrotadísimo procés tiene dos pistas. Una menor que sigue siendo puramente circense, y exhibe desnuda la formidable empanada ideológica de quienes fueron usados como un kleenex para promoverlo hasta abrirse el cráneo. Una mayor, de luces largas, que alumbran un camino que desemboca, al fondo, entre un descampado, mostrando altas torres, anchos muros… y kilómetros de alambre de espino. Llegaremos. Paciencia.

Guerra civil, frente Europa
Pablo Planas Libertad Digital 6 Noviembre 2017

La peripecia de Puigdemont en Bélgica no sólo es la última destilación de la desquiciada fábrica de mentiras separatista, sino que refleja la debilidad de un Estado desaparecido en Cataluña hace demasiados años. Que el expresidente regional, representante ordinario del Estado en el Principado, deambule por Bruselas mientras la mayor parte de su Govern reside en Estremera habla de manera elocuente de su cobardía, pero también de la impotencia de un Gobierno de España preso de los interesados apriorismos catalanistas, fatalmente influido por quienes difunden la vomitiva teoría del suflé, engañado por una tropilla de listillos bien comidos y mejor bebidos que hibernan en la Cerdaña, veranean en el Ampurdán y matan el rato en la parte alta de la Diagonal.

A la república catalana la defienden los infaustos comités de defensa, lo peor y más subsidiado de cada barrio, la pregona la aristocracia mediática catalana y la ha sufragado el pueblo entero y muchas de las marcas que se han ido pitando. Cuenta además con simpatías brexitaristas, bolivarianas, flamencas y putinianas, lo que es una filfa en comparación con los perros atados con longanizas que prometía el minister Romeva en cada vuelo en primera a la nada diplomática, pero un problema de cierta envergadura en la proyección internacional de España con el que los amigos de la leyenda negra se frotan las manos, prestos a versionar El crimen de Cuenca con el arranque del traslado a Estremera de Junqueras y los consellers.

Lo tienen claro en Bélgica. Puigdemont es la pura cizaña, un agente provocador por antonomasia, el detonante accidental de la desgracia. Al inestable Gobierno de los belgas sólo le faltaba que el gafe de Gerona aceptara la invitación de sus colegas flamencos para azuzar el fantasma de la pura extinción del reino de los mejillones con patatas por culpa de los vagos valones, francófonos para más señas. Efecto dominó, pim, pom. El ingrediente de la prensa del Brexit otorga al vodevil el componente folclórico de una guerra civil en la España eterna de los sanfermines de Hemingway. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero que surgió para evitar que el nacionalismo provocara más guerras mundiales está en agudo entredicho, de lo que se deduce que al Gobierno se le ha ido de las manos el problema catalán, si es que alguna vez lo tuvo entre manos.

En la acción del Gobierno de España respecto a Cataluña ha primado una claudicación integral ante el catalanismo cuya expresión más denigrante es la regla no escrita que aconseja que el delegado del Gobierno sea catalán y no un señor de Murcia, que los aspirantes a diputado se manejen en el patatero catalán normativo de los comisarios lingüísticos de la Cheneralitá, que los interventores del 155 se manejen con escrupuloso respeto y comedimiento ante las aberrantes prácticas de la Administración separatista y que no se apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional. A simple vista, que Puigdemont se esconda en Bruselas da alpiste a quienes sostienen que el partido está ganado. Una mirada menos evidente evidencia que el inconsistente Puigdemont y su inconsistente república son una pulga que ha saltado de la axila de España al ombligo de Europa gracias a la criminal indolencia de llamar suflé a lo que es una fístula.

El crack catalán ya está aquí
OKDIARIO  7 Noviembre 2017

El golpe de Estado independentista ha dejado Cataluña a las puertas del crack económico. De persistir esta situación, la región sufrirá graves consecuencias y, por extensión, toda España. Las inmobiliarias catalanas, un sector clave para la región, alertan de que la situación es insostenible: “La gente tiene miedo y no quiere comprar casas aquí”. Los inversores internacionales han detenido sus operaciones debido a la inestabilidad política así como por la inseguridad jurídica que Carles Puigdemont y sus acólitos han propiciado. A pesar de que el Gobierno ha actuado con celeridad a la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución, y de la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre, todo está detenido debido al contexto. Comprensible si tenemos en cuenta el espectáculo que los secesionistas huidos están dando en Bélgica así como las intenciones más que notorias de partidos populistas e independentistas. Preparan ya una alianza para concurrir juntos a los comicios y tratar de obtener una victoria que acabe de arrojar a los catalanes por el precipicio social, económico y político.

Lo peor es que lejos de cualquier tipo de reflexión sobre el gravísimo contexto al que nos enfrentamos, los independentistas más radicales apuestan por hundir la economía con premeditación y alevosía para así chantajear a Europa. Una prueba más de que cualquier medio está justificado cuando se trata de conseguir el fin de partir España en dos, por mucho que eso suponga una auténtica tragedia para los ciudadanos que, en su día a día, sólo quieren vivir de manera honrada, alejados de las veleidades de unos pirómanos de la política que con tal de seguir viviendo del cuento independentista están dispuestos a sumir toda la región en la más absoluta ruina. Hasta el momento, esta locura ha ocasionado que un total de 2.066 empresas trasladen su sude social desde Cataluña a otras regiones. Bien es cierto que tras la aplicación del artículo 155 la salida de compañías se ha ralentizado.

No obstante, no es menos cierto que diversos organismos de primer nivel alertan de las graves consecuencias que esta deriva tendrá en el crecimiento del Producto Interior Bruto español. Hasta hace poco, líder de las economías europeas y ahora en tela de juicio debido a la irresponsabilidad suicida de unos políticos que deben pagar ante la ley por las graves consecuencias de sus actos. El Banco de España ya ha advertido de que el impacto negativo puede ser de hasta 2,5 puntos. Tampoco es optimista el BBVA, que cree que Cataluña lastrará el crecimiento económico en España al 3,1% en el presente curso y al 2,5% en 2018. Una realidad a la que tampoco ayudan otros factores propiciados por los mismos radicales. La turismofobia de la kale borroka de Arran y las políticas de Ada Colau afectan al sector hostelero catalán, clave para su economía. Así las cosas, los ciudadanos aún tienen una oportunidad de enmendar esto el próximo 21 de diciembre. Deben votar de un modo masivo a las fuerzas constitucionales para que el orden vuelva a ser el plato principal en el menú político y social del día a día en Cataluña.

Un bon negoci
Santiago González El Mundo 6 Noviembre 2017

Ya estamos en campaña para las elecciones catalanas. Todos, constitucionalistas y golpistas, están en ello y todos muestran grandes esperanzas de ganarlas, aunque el PdeCat quiere listas encabezadas (es un decir) por Puigdemont. ERC prefiere a Junqueras, que arrasa a su ex presidente en las encuestas (42-17). La bella Inés, candidata mejor situada, aspira a ser apoyada por PSC y PP, aunque estos no se han manifestado al respecto.

No sé si el ansia viva de Ciudadanos se corresponde con los hechos, aunque a uno le parecería una buena noticia que ganara el día 21 y que Iceta y Albiol favorecieran su investidura si dan los números. Esto no está nada claro que vaya a suceder. No me atreví a calificar de error unas elecciones tan cercanas, eso se verá en el recuento, pero ha sido una convocatoria muy arriesgada.

La independencia no es la meta, sino el camino; no es un objetivo, es un negocio. No son separatistas por la cicatería del Estado, sino por lo contrario, por su munificiencia. En las autonomías gobernadas por nacionalismos se reparten discrecionalmente subvenciones y prebendas y militar en el independentismo se ha convertido en un dulce vivir al servicio de la patria y el patrimonio, un fantástico negocio.

Permítanme que les cuente un precedente: el 13 de mayo de 2001 se celebraron en Euskadi unas elecciones decisivas. Mayor Oreja y Nicolás Redondo aspiraban a echar a Ibarretxe de Ajuria Enea. Contra todo pronóstico, Juan Josué Ibarretxe se alzó con una victoria espectacular a la cabeza de una lista del PNV en coalición con EA: 33 escaños y 604.222 votos. En las elecciones de 1998, ambos partidos habían alcanzado seis escaños y 105.000 votos menos. ¿Obtuvieron malos resultados los partidos constitucionalistas? En absoluto, pero no lo suficientemente buenos: 32 escaños y 580.000 sufragios.

Lo que había pasado es algo que puede pasar dentro de mes y medio en Cataluña. En la comunidad nacionalista había cundido el miedo y al grito de "que viene Mayor Oreja" muchos abertzales ejemplares apoyaron a Ibarretxe como un solo hombre. De esto se tiene que acordar Otegi. Euskal Herritarrok que él encabezada, había obtenido 14 escaños en 1998, que se quedaron en siete en 2001. Batasunos curtidos votaron en masa al PNV ante la posibilidad de que sus euskaltegis y demás negocios subvencionados sufrieran por el cambio de régimen que se anunciaba.

¿Y ahora qué va a pasar? Los encarcelados no están inhabilitados y podrán concurrir; recuerden al terrorista Yoldi, candidato a lehendakari en 1987. También podría pasar que el voto constitucionalista se exprese masivamente, como los manifestantes en Barcelona el pasado mes de octubre. Pero las elecciones no traerán la amnistía ni la paralización de los procesos penales, ni podrán insistir en sus delitos, por mucha ilusión que les haga y a pesar del error de Pedro Sánchez al descartar soluciones penales para problemas políticos. No hay tal. El golpismo es ante todo un comportamiento delictivo y como tal está siendo y deberá ser tratado.

Arcadi y el “inacabable” 155
Guillermo Dupuy Libertad Digital 6 Noviembre 2017

Recordaba oportunamente este domingo Federico Jiménez Losantos la dimisión de Rajoy que la Plataforma Libres e Iguales reclamó tras perpetrar los golpistas catalanes su primera y no menos ilegal consulta secesionista del 9-N. Yo también recuerdo cómo nuestro calamitoso presidente del Gobierno despachó aquella consulta y cómo silenció a quienes criticaban su inmovilismo "sin haberse atrevido a decir qué querían que hiciera".

La verdad, tal y como señalé por aquel entonces, es que no le faltaba razón al presidente del Gobierno en el reproche a algunos de sus súbitos e inesperados críticos. Tal fue el caso, por ejemplo, de Albert Rivera, quien, por no tener que atreverse a mentar el Código Penal o el artículo 155 de la Constitución, optó por convencerse y tratar de convencernos de que aquel referéndum ilegal no tendría lugar en base a un pacto entre Rajoy y Artur Mas, un pacto tan fantasmagórico –dicho sea de paso– como ese de Rajoy y Puigdemont con el que ahora algunos quiere borrar la corresponsabilidad del líder de Cs en una aplicación, tan vergonzosamente tardía, del 155, que, para colmo, se destina únicamente a convocar nuevas elecciones autonómicas.

Lo mismo podíamos decir, lamentablemente, de Rosa Díez, a pesar de que la entonces líder de UPyD ya había tenido el acierto de reclamar a Rajoy una reforma del Código Penal similar a la que Aznar había aprobado y Zapatero derogado, destinada a castigar más severa y específicamente la convocatoria ilegal de referéndums. A pesar de la negativa de Rajoy, lo cierto es que doña Rosa terminó por quedarse "muy tranquila" tras la entrevista que mantuvo con Rajoy a escasos dos meses de la consulta secesionista, y en la que el presidente le desveló su estrategia para impedir el 9-N, estrategia de la que la entonces líder de UPyD no tuvo la gentileza de informar.

Teniendo presente que, por aquellas fechas, Rajoy ya llevaba cerca de dos años sin atreverse siquiera a disuadir a los promotores del 9-N ni con el Código Penal ni con el 155, ni siquiera con la supeditación de la ayuda extraordinaria del FLA a que los gobernantes de la Administración regional en rebeldía renunciaran públicamente al ilegal procés secesionista inaugurado en 2012, también podemos recordar, no menos lamentablemente, cómo hasta Arcadi Espada no mentía al reconocer, quince días antes de que los separatistas consumaran aquella ilegal consulta, cómo no le había parecido mal hasta entonces "la conducta del presidente del Gobierno", que consistía, según él lo entendía, en "responder con el silencio a las arrogantes declaraciones del Gobierno de la Generalidad. Un modo de limitar el ruido. Y hasta una sutil forma de desprecio". A poco más de dos semanas del 9-N, cuando el Gobierno ya no estaba en condiciones de impedirlo, fue cuando Espada, por fin, se atrevió a decir que el Gobierno "no está en condiciones de permitirlo". Naturalmente, sin decir cómo.

Eso, por no recordar lo que se atrevía a celebrar la prensa de Madrid menos de un mes antes del 9-N con titulares de portada tales como "Mas renuncia a la consulta y ERC exige la independencia" (El Mundo), "La Ley doblega a Artur Mas" (ABC) y "Mas se rinde; no habrá 9-N" (La Razón).

Lo peor es que esa indolencia y ese autoengaño por parte de la clase política y periodística española se mantiene ahora en no poca medida. Si el larguísimo y gravísimo historial delictivo que muy acertadamente describe la querella del fiscal Maza contra el Gobierno de Puigdemont deja en evidencia la tardanza del Ministerio Público a la hora de actuar en el ámbito penal, no mejor parada sale una clase política incapaz de atreverse, en el ámbito político, a suspender la Administración autonómica en rebeldía ni siquiera cuando los golpistas nos anunciaron su intención de celebrar una segunda consulta secesionista. Que Rajoy, Sánchez y Rivera hayan esperado a aplicar el 155 a que los golpistas hubieran consumado tal cantidad de delitos –entre ellos, esta segunda y no menos grave consulta secesionista– es algo que debería descalificar a los tres como futuros presidentes del Gobierno.

Si, al menos, esta tardanza en la aplicación del 155 hubiera sido compensada con una duradera y ambiciosa suspensión de la Administración en rebeldía, que no sólo espantara la quimera del Estado soberano en forma de república sino que erradicara la muy real y tolerada independencia de facto que la Cataluña nacionalista ha gozado durante tantos años, pues al menos podríamos consolarnos con un "no hay mal que por bien no venga". Pero ni eso.

Por lo visto, era demasiado pedir al 155 un curso escolar –aunque sólo hubiera sido uno– sin el adoctrinamiento nacionalista que destilan muchos de los libros que, a día de hoy, siguen inoculando el desprecio y el odio a España a los niños en las escuelas catalanas. Por lo visto, era demasiado pedir al 155 que los medios públicos catalanes cesasen –aunque fuese durante un año– su ahora todavía más desatada propaganda contra nuestra nación y nuestro Estado de Derecho. Por lo visto, también era demasiado pedir que, al menos durante la aplicación del 155, se permitiera estudiar en español en esa parte de España donde parece que cualquier ilegalidad se puede permitir mientras sus gobernantes renuncien formalmente a un Estado soberano en forma de república.

Los ridículos seis meses de suspensión que, como máximo, contemplaba el acuerdo aprobado por el Senado en aplicación del 155, reducidos luego a 55 días, pretenden hacernos creer que la "legalidad será restaurada con la constitución del nuevo parlamento" surgido del 21-D. Eso, al menos, afirma Arcadi Espada, aun cuando ese nuevo Parlamento vuelva a tener una mayoría independentista o soberanista, tal y como pronostican las encuestas que tantos se resisten a ver y a que se vean.

Es verdad que la tardía observancia del Código Penal por parte de fiscales y jueces, más que la tardía y bochornosamente breve aplicación del 155, hará que los nacionalistas se lo piensen dos veces antes de volver a desafiar al Estado de Derecho con lo que Espada llama la "vía insurreccional hacia la independencia". Pero si dejamos al margen los referéndums ilegales o las declaraciones unilaterales de independencia, lo cierto es que la independencia de facto de la Cataluña nacionalista seguirá intacta el próximo 21-D aun cuando esta ridícula aplicación del 155 nos conceda el milagro –ese, sí Cristina– de ver a los constitucionalistas ganar las elecciones.

Cuanto peor, mejor
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 6 Noviembre 2017

Tenía en cartera escribir el segundo acto que da continuidad al artículo anterior, pero voy a hacer un inciso esta semana con una valoración de un aspecto nada irrelevante del auto judicial que abre el procesamiento del gobierno sedicioso catalán suspendido en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

El aspecto concreto que voy a comentar, de dicho auto, tiene una trascendencia y significación tan fundamental que a mi juicio contextualiza y explica todas las imputaciones que subsiguen a lo largo del auto. Es fundamental tener como contexto del auto esas líneas redactadas por la juez, pues son de tal relieve y gravedad que no pueden escapar a los ojos de ningún observador imparcial propio del ámbito jurídico o externo, tanto por su claridad expositiva como por su valor incriminatorio. No me he resistido a la tentación de redactar esta interpretación que a continuación expongo.

La Juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha imputado y privado provisionalmente de libertad a los miembros del Gobierno secesionista, a la espera de la extradición del presidente y los consejeros presuntamente huidos. Este hecho ha provocado la falaz acusación al Estado de un encausamiento político contra los sediciosos. Como no podía ser de otra manera la alcaldesa de Barcelona no pierde ocasión para poner en solfa las resoluciones judiciales. Hay que preguntarse en qué manos se encuentra una ciudad tan importante como Barcelona cuando se permiten expresiones de su más alta mandataria que sojuzgan las actuaciones derivadas del Estado de Derecho. Yo si fuera contribuyente de la ciudad condal pondría en cuestión las decisiones de la edil que lejos de gobernar bien los intereses de los barceloneses se mete en camisa de once varas que son ajenas al mandato consistorial, incitando a la contestación a las instituciones del Estado.

El fragmento que corto y pego del auto deja al descubierto de forma fehaciente, sobre la base de documentación incautada por orden judicial, lo que todos nos temíamos: que había una conspiración para poner a la sociedad catalana en píe de guerra creando un contexto prerrevolucionario, provocando efectos convulsivos tanto en el orden social como en el económico y llevando al estado de cosas de “cuanto peor mejor” que creara el clima adecuado para hacer más admisible la aceptación del proceso de independencia diseñado por el entramado político-social secesionista, con claros actos de rebelión inducida. Hay analistas que dicen que no ha habido rebelión por parte de los imputados, pero sin embargo sí parece que hubo inducción a la misma a tenor de las palabras escritas por la juez en su auto. Evidentemente estamos en la fase de la instrucción y nada se puede afirmar con carácter concluyente, mientras no haya sentencia, pero los indicios son inapelables.

Dice la juez en su auto que… “("Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica") que establecía una hoja de ruta para alcanzar la independencia de Cataluña, y en él se recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan. Este documento, en la práctica, se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante los más de dos años transcurridos, incluida la declaración unilateral de independencia (DUI). Además, con los actos ejecutados en desarrollo práctico de esta hoja de ruta, se han venido desobedeciendo sucesiva, sistemática y frontalmente todas y cada una de las decisiones del Tribunal Constitucional".

"En ese documento se diseñó un plan estratégico cuyo principal objetivo era crear un Estado propio incluso contemplando la posibilidad de recurrir a una eventual desconexión con el Estado Español derivando, si fuese necesario y como último recurso, un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la negociación de la separación o en su defecto un referéndum forzado que igualmente les permitiera declarar la independencia. En definitiva, el documento contemplaba sin solución de continuidad una única y exclusiva alternativa para Cataluña: su independencia y la configuración como Estado propio separado de España, siendo un elemento necesario para su consecución la celebración de un referéndum, al margen de la validez del mismo.
De esta forma, los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias Y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaría a la celebración del Referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado día 27 de octubre.”

“Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, la actuación a través de los movimientos populares, auspiciada por los anteriores, iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para permitir, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines independentistas.”

“En ejecución de lo resuelto, para la consecución del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados, éstos se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso.”

“Igualmente se llevaron a cabo distintas concentraciones y manifestaciones promovidas por las asociaciones ANC y Ómnium. Las citadas asociaciones actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre.”

Aunque solamente sea por el contenido de estos párrafos es vergonzoso e indignante que todavía tengan la desfachatez de decir que este es un proceso político y que los miembros del ejecutivo rebelde procesados son presos políticos, cuando han ejecutado acciones constatadas en la documentación incautada cuyo contenido corresponde de forma matemática con el desarrollo de los hechos, dando justificación sobrada de la intencionalidad de los sediciosos. Se entiende con una claridad difícilmente superable.

Este tipo de estrategias son muy características de los gobiernos totalitarios que no atienden a criterios de bien común o de interés general sino a intereses de parte o de casta. Los que hemos vivido el proceso vasco, aún vigente, sabemos aquellas dinámicas de “cuanto peor mejor” de la antigua Herri Batasuna y de sus marcas blancas que pretendían crear una situación de caos, de penuria económica, de paro, de consternación general que llevara indefectiblemente a la aceptación irremediable de una independencia y una revolución socialista. Vivimos aquel periodo de la “socialización del sufrimiento” de la ponencia Oldartzen, establecida por el conglomerado batasuno, que buscaba la resolución del llamado “conflicto” provocando una conturbación de tal envergadura que llevara a la población a someterse al dictado del nacionalismo, provocando así un proceso revolucionario para la independencia con un nuevo Estado socialista euskaldun. La CUP sabe de esto mucho, pues está copiando miméticamente este mecanismo ya inventado, al que, inexplicablemente se han sumado Puigdemont y sus muchachos, incluido ERC y demás ralea.

En el “Libro negro del comunismo” redactado por varios autores rusos, queda sobradamente descrita esta filosofía bolchevique de llevar a la población a situaciones límite que obliguen a pasar por el aro totalitario a las gentes. Cuentan que en una ocasión Stalin reunió a su Polit Buró y desplumó en vivo una gallina. La pobre, con la piel sanguinolienta corría despavorida. Stalin cogió un puñado de trigo y se lo dio. La gallina lo comió con avidez. Cuando acabó de comer, Stalin cogió otro nuevo puñado de grano. La gallina le seguía a todas partes. Y dijo Stalin a sus subordinados: - Mirad lo que tenéis que hacer para que os obedezca el pueblo…

Son palabras que se atribuyen a Stalin en dicho libro las siguientes. Se refería a los campesinos, a los que se expropiaba toda la producción agrícola para alimentar a los obreros de la industria, diezmando por hambre a la población campesina: “[…]Con tanta gente hambrienta que se alimenta de carne humana, con los caminos congestionados de centenares y de millares de cadáveres, ahora y solamente ahora podemos (y en consecuencia debemos) confiscar los bienes de la Iglesia con una energía feroz y despiadada. Precisamente ahora y solamente ahora la inmensa mayoría de las masas campesinas puede apoyarnos, o más exactamente, puede no estar en condiciones de apoyar a ese puñado de clericales y de pequeño-burgueses reaccionarios… Podemos así proporcionarnos un tesoro de varios centenares de millones de rublos-oro (¿soñad en las riquezas de ciertos monasterios!). […] Debemos, cueste lo que cueste, apropiarnos de ese tesoro de varios centenares de millones de rublos. Todo esto no puede realizarse con éxito más que ahora. Todo indica que no alcanzaremos nuestro objetivo en otro momento, porque solamente la desesperación generada por el hambre puede acarrear una actitud benévola, o al menos neutra, de las masas en relación con nosotros…[…]”

En la Guerra Civil española, Stalin no pretendía ganar la guerra a Franco, sino provocar una guerra en el interior de la guerra, es decir la toma del poder para su misión de lograr la república socialista soviética en el país de los íberos.

¿Cualquier persona decente con un poco de inteligencia puede permitir lo que pretendía esta banda de facinerosos en Cataluña?

Lecciones de Bélgica
Cristina Losada Libertad Digital 6 Noviembre 2017

El separatismo catalán ha trasladado parte de sus operaciones a Bélgica, y esto ha tenido dos consecuencias. La primera es que la Justicia belga debe ocuparse de los cesados y procesados Puigdemont y acompañantes, que huyeron de la Justicia española. La segunda es que han entrado en la materia, con poco tino o mucho desatino, políticos belgas de distintos partidos, incluidos miembros del Gobierno. Este segundo efecto, más político y mediático, es el que parece preocupar en España, pues no se duda aquí de que la Justicia belga actúe como corresponde a la Justicia de un Estado democrático integrado en la Unión Europea. Nosotros damos por supuesto en Bélgica aquello que esos políticos belgas no dan por supuesto en España.

Nada tiene de sorprendente que los nacionalistas de la Nueva Alianza Flamenca defiendan a los secesionistas catalanes. Si no son uña y carne, como si lo fueran. Tampoco se distinguen en su grado de exaltación. La diferencia, tal vez, es que el nacionalismo catalán ha venido gozando, en ciertos medios europeos, de una presunción de respetabilidad democrática superior a la del nacionalismo flamenco. Pocos dejan de ver los rasgos xenófobos de estos últimos, mientras que el separatismo catalán ha tenido más éxito en su encubrimiento. La seguridad de contar con el respaldo de un partido nacionalista que forma parte de la coalición de gobierno habrá sido un buen motivo para que los cabecillas del golpe decidieran plantarse en Bélgica y, no, por ejemplo, en Francia.

Los nacionalistas de Jan Jambon, vicepresidente y ministro del Interior, no son los únicos políticos belgas que han sembrado sospechas sobre la actuación española. Lo han hecho el socialdemócrata y ex primer ministro Elio Di Rupo, el exministro de Exteriores y liberal Karel De Gucht y hasta el liberal Guy Verhofstadt, que está fuera de la política belga pero dentro de la europea: preside el grupo ALDE (Alianza de Liberales y Demócratas por Europa) de la Eurocámara, grupo del que forma parte el partido antes conocido como Convergencia Democrática, y en el que están también los eurodiputados de Ciudadanos y UPyD.

Más allá de que alguno haya recurrido al tópico "autoritarismo franquista", todos han cuestionado la procedencia o la oportunidad de que la juez Lamela dictara prisión provisional para los ex del Govern que se quedaron en España. No lo discuten desde el punto de vista procesal, sino desde el punto de vista político. Están en la letanía, que también se oye aquí, de que no hay "soluciones penales" para un "problema político". Como si lo penal fuera una solución y no una consecuencia: la consecuencia de infringir la ley, de infringirla nada menos que para romper un país y su orden constitucional, y de dar, por tanto, un golpe. No sé, puede que ignoren la auténtica dimensión de lo que han hecho esos políticos procesados para los que piden una inusual clemencia. Seguro que la labor comunicadora del Gobierno español no ha contribuido a que tengan mejor conocimiento.

Hay una ignorancia, sin embargo, de la que no se puede responsabilizar a la deficiente capacidad del Gobierno Rajoy para explicar la enormidad de los actos cometidos por el cesado y medio prófugo Gobierno catalán. Es la ignorancia sobre el nacionalismo. Esa es la ignorancia principal, y más inquietante, que se plasma en la actitud de los políticos que acabo de citar, y algunos otros. Es inquietante porque unos políticos europeos, de partidos europeístas, tienen que preocuparse grandemente ante cualquier brote del nacionalismo en cualquier lugar de Europa. Porque unos políticos que defienden la nación de ciudadanos, y no la nación identitaria, han de alzar la voz para condenar cualquier intento de acabar con la primera e imponer la segunda. Y porque unos políticos que creen en la democracia deben ser conscientes de la amenaza que supone el nacionalismo para los valores democráticos.

Estos años posteriores a la crisis, con el surgimiento de nacionalismos populistas o populismos nacionalistas en Europa, no han bastado, por lo visto, para abrir los ojos. Para comprender que el avance de esos movimientos pone en peligro el tejido democrático no sólo de cada uno de los Estados afectados, sino de toda la Unión. Esa toma de conciencia está por hacer. Y España tiene que ayudar a que se haga. El traslado a Bruselas de parte de las operaciones del separatismo catalán, en lugar de preocuparnos por el qué dirán, deberíamos tomarlo como una oportunidad.

El ex ministro de Exteriores belga, el liberal Karel De Gucht, dijo que el problema del separatismo catalán es "demasiado simple decir que se trata de un asunto interno" de España, y exigió un pronunciamiento de la UE. Lo dijo para criticar que se encarcelara a los golpistas, pero, sí, tiene razón: no es un asunto interno de España. Es un asunto interno de la Unión. Es hora de que la Unión recuerde que el proyecto europeo se ha construido contra los nacionalismos. Es hora de que se dé cuenta de que los nacionalismos son los que pueden destruirlo. Es hora, en fin, de que deje la tibieza y respalde la actuación de España contra el golpe a la legalidad democrática de uno de los nacionalismos más virulentos de Europa.

A ver
Juan Carlos Girauta elespanol  7 Noviembre 2017

Que en España no hay presos políticos ni delitos de opinión, y que gozamos de uno de los sistemas penales más garantistas del mundo. Que un juez de la Audiencia Nacional es independiente: in, inde, independiente, atributo inimaginable para el nacionalismo catalán, una de cuyas leyes golpistas de septiembre preveía el estricto control de una judicatura-guiñol, partisana y servil.

Cuéntaselo a los de la trama civil del golpe, a los voceros del magnate de las subvenciones y las suscripciones y la caprichosa publicidad institucional, que en el régimen catalán siempre toca a los mismos. Es una coincidencia del carajo, una sincronicidad jungiana digna de estudio: si eres de su palo, te toca el gordo siempre. Cuéntaselo a ese de allí, que pilló el año pasado dieciséis millones de euros de Generalidad y Ayuntamiento de Barcelona. ¡Qué chollo tan grande tienes, abuelita! ¡Es para cubrirte mejor los desmanes! Otro día hablamos del Lobo.

Cuéntales que los golpistas cabalgan sobre la corrupción. Diríase que se proponen experimentar con todos los delitos del Código Penal. Cuéntales que el partido del fugado Puigdemont es básicamente una ristra de chorizos larga larga. Desde la Banca Catalana, un reguero de mierda apesta el mundo de los negocios en Cataluña, donde nada ni nadie se ha movido sin que el Gran Arquitecto, el programador de Matrix, asintiera desde sus bajuras de megalómano ridículo. Eso sí: fue lo bastante convincente para arramblar con todo y poner en circulación esa espectacular bandada de opinadores unánimes que pía —¡más alpiste!— desde estudios y platós: “Lo negro es blanco y la basura de mis señoritos huele a rosas”. Y luego: “Franco, Falange, palco del Bernabéu”. (Nota heráldica: chorizo sobre fondo marrón con comodín de Franco, madre superiora y tertulianos gallináceos a los lados).

Cuéntales que el golpe de Estado lo dan por purita codicia. Porque la crisis redujo sus ingresos y así no hay quien alimente a semejante zoo. También contribuyó su proverbial incompetencia gestora (ahí está Mas, que ha hundido cuanto ha tocado), y que su deuda no colara. Cuéntales que pusieron el farol del procés en manos del estadista y bachiller Puigdemont, un muñeco andante de cuerda que solo puede avanzar.

Pregúntales por el famoso choque de trenes. ¿Dónde ha sido? Recuérdales las veces que les avisamos: ¡Que no hay dos trenes, que hay un tren y un carrito del helao! Pues ya os ha pillao. A ver. Coméntales también que Bélgica no existe más que en Simenon y Hergé.

Quebec, Navarra y Euskadi: a Urkullu le sale el viaje por la culata
El Confidente elconfidencial  7 Noviembre 2017

El día que el 'expresident' Carles Puigdemont emigraba a Bruselas para escaparse de España, del peso de la Justicia española, el lendakari, Iñigo Urkullu, cruzaba el charco de viaje oficial para ‘anexionarse’ a Quebec, el referente para el PNV en sus pretensiones de huir de España a nivel administrativo. Y a poco de pisar suelo canadiense, el presidente vasco ya conocía su primera victoria territorial: el primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, anexionaba Navarra al País Vasco.

Couillard celebró la firma de un acuerdo con Urkullu para intensificar la colaboración entre ambas regiones con un mensaje en Twitter acompañado de una imagen que incluía al País Vasco y Navarra dentro de la misma región con la ikurriña como símbolo. Lo hizo para mayor gloria de Urkullu, que no tardó en retuitear la lectura anexionadora del primer ministro. Con ello, el lendakari no dudó en distorsionar la realidad institucional del País Vasco y Navarra al avalar que ambos territorios conforman un ente conjunto con la ikurriña como bandera ‘unificadora’. La “nueva cooperación” con el País Vasco que proclamaba Couillard en Twitter trascendía las fronteras reales. Y claro, ahora Quebec es más referente si cabe para los hombres de Urkullu y Ortuzar.

El viaje de Urkullu a Quebec había despertado ciertos recelos políticos por el momento. Sobre el papel, era un viaje oficial para estrechar lazos económicos, culturales y sociales con esta región, pero en la práctica se escondían pretensiones de corte soberanista, como posteriormente han evidenciado los hechos. El PP vasco ya había puesto el grito en el cielo con esta salida oficial que, según denunciaba, era un pretexto para avanzar en las aspiraciones soberanistas del Gobierno vasco con el Estado en plena crisis catalana.

Con el aval a las ensoñaciones dibujadas por Couillard tras el retuiteo del tuit del primer ministro de Quebec, a Urkullu le ha salido el tiro por la culata. De momento, le va a valer un tirón de orejas de la aludida Navarra. Y no precisamente por cabreo expreso de su homóloga nacionalista, Uxue Barkos. La presidenta de la Comunidad Foral va a tener que firmar de su puño y letra una queja formal por esta actitud al ser forzada a ello en el Parlamento de Navarra… gracias al voto de uno de sus socios de gobierno, Izquierda-Ezkerra, que se ha sumado a la oposición para sacar adelante una iniciativa “en defensa de la realidad institucional de Navarra”.

La existencia de un Gobierno foral integrado por cuatro fuerzas ideológicas tan dispares (Geroa Bai, la marca del PNV en Navarra, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) lleva en ocasiones a que Barkos tenga que actuar a nivel institucional en contra de sus aspiraciones nacionalistas. La responsable de la Comunidad Foral deberá presentar ahora una protesta oficial ante Urkullu para que “rectifique y ponga las medidas oportunas en su Gobierno para que no vuelvan a ocurrir hechos como el sucedido” durante su viaje a Quebec, según establece la declaración institucional aprobada este lunes en la Junta de Portavoces. Estará bien conocer los términos de la queja.

Puigdemont regó con diez millones a diarios en catalán que venden 48.000 copias
Las ediciones impresas de 'El Punt', 'ARA', 'La Vanguardia' y 'El Periódico' se llevaron en 2016 dos millones de euros en subvenciones y ocho millones por publicidad institucional.
Fernando Cano elespanol  7 Noviembre 2017

Los diarios en papel editados en catalán no son inmunes a la dura crisis que afecta a la prensa. Las cifras de la OJD del mes de septiembre publicadas por EL ESPAÑOL reflejan un crecimiento de las cabeceras ‘indepes’ al calor del desafío soberanista, pero no logran ocultar una crisis en la que los cuatro grandes diarios impresos se mantienen a duras penas en un mercado que cada vez tiene menos lectores.

Los datos certificados por la OJD a las que ha tenido acceso este periódico indican que entre los meses de julio de 2016 y junio de 2017 las ediciones en catalán en papel de Ara, El Periódico, El Punt y La Vanguardia lograron una difusión de 111.277 ejemplares. Un dato que representa una caída del 9,4% respecto de igual periodo del año pasado y del 4,5% en relación a todo 2016.

Si utilizamos estas mismas fechas para medir las ventas, la situación es más preocupante: 44.887 ejemplares que representan una caída del 13,2% respecto de igual periodo del año anterior y del 6,7% frente al dato de 2016. Unas cifras que mantienen a estas ediciones en lengua catalana en un ámbito totalmente residual.

Ocho millones en publicidad
Pese a ello, el Govern de la Generalitat liderado por Carles Puigdemont mantuvo en 2016 un elevado nivel de ayudas para estas cabeceras, que proporcionalmente siguen siendo los medios que más dinero reciben a pesar de sus bajas audiencias.

Según los últimos datos oficiales de la Generalitat, estas cuatro cabeceras impresas recibieron 10 millones de euros, ocho millones en publicidad institucional y otros dos millones en subvenciones. Ello, a pesar de que ese mismo año, entre los cuatro diarios registraron unas ventas de apenas 48.131 ejemplares -en sus cuatro ediciones en catalán- y registraron una difusión de 116.866 ejemplares de media diaria.

La Memoria de Publicidad Institucional de la Generalitat de Catalunya correspondiente al año 2016 indica que las ediciones impresas de estos diarios se llevaron 8,07 millones, de los cuales 3,2 millones fueron a parar a El Periódico, 1,9 millones a El Punt, 1,8 millones a La Vanguardia y 1,05 millones a Ara.

Dos millones de euros en subvenciones
La publicidad institucional es una herramienta de los gobiernos para hacer llegar sus mensajes a la población, por lo que no parece muy rentable invertir en cabeceras que tienen unas ventas de 48.131 ejemplares (87.000 si sumamos las ediciones impresas en castellano de El Periódico y La Vanguardia) y que tienen una difusión de 126.000 ejemplares (228.000 si se suman las ediciones en castellano).

En el caso de las subvenciones, el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya confirmó que durante el segundo semestre de 2016 (en el primer semestre no se repartieron subvenciones a los medios) el Departamento de Presidencia destinó 1,9 millones entre estas cuatro cabeceras impresas, las principales de Cataluña. En este caso, las subvenciones van directamente ligadas a la edición catalana de los diarios, por lo que el dinero recibido solo se justifica con unas ventas de 48.000 ejemplares y 126.000 copias de difusión media.

Solo en sus ediciones impresas -por sus ediciones digitales se llevan otra partida tanto en publicidad institucional como en subvenciones- La Vanguardia se llevó 761.000 euros con unas ventas medias de 15.200 ejemplares; El Periódico se quedó con 452.000 euros para sus 16.100 ejemplares; El Punt se embolsó 445.000 euros para 7.700 copias y Ara se llevó 309.000 euros para sus 8.200 ejemplares.
 


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