AGLI Recortes de Prensa   Viernes 10  Noviembre 2017

La irrelevancia política de la prisión
Emilio Campmany Libertad Digital 10 Noviembre 2017

El Gobierno parece estar muy interesado en que los líderes secesionistas que intentaron quebrar la unidad de España no estén en prisión preventiva mientras se desarrolla la campaña electoral. Sin embargo, el encarcelamiento de los secesionistas no parece lo esencial de esta historia. Llevamos lustros bajo la amenaza de la independencia, intentando con cesiones y tolerancia que los nacionalistas no se incomoden. Y lo único que se ha conseguido es envalentonarlos. Porque no sólo se les han permitido su tono faltón y chulesco, así como su pretensión de hablar en nombre de toda Cataluña. Se les ha llegado a consentir que desobedezcan sentencias firmes, especialmente en relación a la enseñanza en español, sin que haya pasado nada. Que ahora, tras haber conculcado todas las leyes, empezando por su Estatuto, estén o no en prisión por una valoración más o menos rigurosa del juez de turno es irrelevante.

Y no deja de ser curioso que, a pesar de querer tanto a su Cataluña, de desear con ansiedad su independencia de España y rasgarse las vestiduras y arrancarse los cabellos por lo insoportable que les resulta ser españoles, tras perjudicar a todos los catalanes con sus delirios, ni siquiera tienen el valor de arrostrar con dignidad las consecuencias de sus actos. Cuixart dice que lo que hizo lo hicieron otros muchos, viniendo a alegar eso de que lo que abunda no daña. Junqueras aduce que estando en prisión no puede participar en la campaña electoral, un argumento digno del mejor Ruiz-Mateos. Forcadell se pone a llorar y acata el 155, dice desvincularse del proceso separatista y añade que lo de la declaración de independencia era una cosa simbólica, algo así como una broma. Y Puigdemont, el más valiente de todos, huye al extranjero y deja que aquí se pudran los que no puedan hacer lo que él. ¿Qué más da que estén en prisión preventiva o no, si ya no es que no valgan para dar a Cataluña su independencia, sino que ni siquiera sirven para representar a sus correligionarios con un mínimo de decoro?

La importante es que los nacionalistas catalanes llevan casi cuarenta años destruyendo su supuesta nación y cada vez tienen más votos. La última noticia nos cuenta que finalmente la Agencia Europea del Medicamento no irá a Barcelona. No es más que una de las múltiples funestas consecuencias que tiene que los nacionalistas ostenten el poder en Cataluña, que sigue poco a poco empobreciéndose en términos relativos y a este paso llegará a hacerlo en términos absolutos. Y, no obstante, les siguen votando. ¿Por qué? Quizá los sentimientos puedan más que la razón. O a lo mejor todo es fruto de la excesiva exposición del electorado catalán a la propaganda. O puede que muchos de los que les votan no sean independentistas, sino que tan sólo esperen beneficiarse del chantaje confiando en que la sangre no llegará al río. En cualquier caso, esta disfunción es el asunto de gravedad que debiera preocupar al Gobierno, no que unos delincuentes estén en prisión preventiva o en libertad bajo fianza.

El difícil retorno a la legalidad (14)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Noviembre 2017

FORCADELL Y EL RESTO DE LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA PASAN DE ATACAR A ACATAR LA LEGALIDAD PARA ELUDIR LA PRISIÓN INCONDICIONAL. MARIANO RAJOY CREE EN EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD TRAS EL 21D.

Ayer en Madrid, a pesar de ser festivo por celebrarse la Virgen de la Almudena, en una demostración palpable de que “la Justicia no descansa”, se produjo la comparecencia de los miembros (“miembras” como diría alguna lumbrera del PSOE) encausados de la Mesa del Parlamento de Cataluña, incluida su Presidenta Carme Forcadell. Y ha sido precisamente esta última la que inició el turno de declaraciones que, sin ninguna duda, estuvieron coordinadas en la estrategia común de defensa para eludir la petición de prisión de la Fiscalía, y eso que ya se sabía que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tiene tendencia a mostrarse más proclive a no aplicar medidas cautelares severas. Ha bastado ver el Auto para comprobar que en ningún momento ha entrado en el fondo del asunto alegando falta de conocimiento de los hechos.

Un auto que comienza con sus Antecedentes asumiendo esta causa y todas las relacionadas, si el juez Instructor así lo decide “Declarar la competencia de esta Sala para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento por los delitos de rebelión, sedición y malversación……….. hacer extensiva esa competencia, para el caso en que el Magistrado instructor así lo considere oportuno, respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados”. Quedando como Instructor Pablo Llarena Conde. Y Tras ello se apresura a establecer que se está “en los albores de la investigación” diciendo que “Es evidente la imposibilidad de realizar un juicio cerrado de calificación jurídica de los hechos, cuando la investigación arranca”. Y lo justifica afirmando que “Corroborar de una manera consistente que se han producido las acciones u omisiones que se entienden típicas, aclarando las circunstancias que las han rodeado, desvelando el comportamiento concreto de los investigados, y los muy diferentes matices que pueden influir en el proceso de subsunción de los hechos en los diferentes preceptos penales, no puede alcanzarse sino después de practicadas las diligencias de investigación que le son conducentes (art. 299 LECRIM)”.

Sin embargo, a continuación comienza a desgranar los hechos en un relato muy similar al que realizó la jueza Carmen Lamela en su Auto para decretar la prisión incondicional de los seis Consejeros del Gobierno de la Generalidad, sin fianza excepto para Vila que la eludió tras depositarla. En el relato hace unas consideraciones sobre el delito de rebelión en lo que concierne a su premisa de lo que se considera “alzamiento violento y público”. Tras decir que se requiere que sea un levantamiento público, siempre que sea colectivo y violento, lo matiza diciendo que “se manifiesta también el alzamiento violento cuando integra la ostentación de una fuerza y se muestra la disposición a usarla”. No sé si esta aclaración sería aplicable también a los “escraches” que igualmente coartan la libertad personal, porque siempre que hay una manifestación colectiva, o como sucede con los famosos “piquetes de información” en las huelgas salvajes, se producen coacciones a las libertades, como hemos sido testigos al ver que solo unas pocas personas cortaban la autopista A-27 y otras vías de transporte durante horas sin que la Policía actuase para restablecer la normalidad de miles de conductores y usuarios atrapados en contra de su voluntad.

Seguidamente, analiza la posible comisión del delito de sedición y por último el de malversación de fondos públicos dejándolos pendientes de las investigaciones. Vuelve al tema de las medidas cautelares de prisión provisional solicitada por la Fiscalía y razonada en la gravedad de los delitos imputados, en el riesgo de fuga y la reiteración delictiva. En primer lugar, indica que debe de hacer una particularización entre los denunciados ya que les aplica de manera muy diferente. Destaca como principal actora a Carme Forcadell haciendo alusión a su participación desde su época en la ANC. Sin embargo, minimaliza el riesgo de fuga al no haberse sustraído a cuantas comparecencias le han sido solicitadas. En cuanto a la reiteración delictiva es cuando suelta la bomba informativa de las declaraciones de los encausados diciendo que “ todos los querellados, no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la CE, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”. Admite que esas declaraciones “pueden ser mendaces”, pero que se podría “modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga”.

Es decir, Carme Forcadell y todos los componentes de la Mesa o bien se retiran de la política activa, o bien renuncian a actuar de forma anticonstitucional y eso va más allá de haber aceptado formalmente la aplicación del 155, cosa que, por otra parte, no tenían otra opción si no querían ser cesados y que sus cargos los ocuparan otros elegidos de entre los de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña. Finalmente el Auto de Pablo Llarena termina por imponer prisión eludible con fianza de 150.000 euros a Carme Forcadell y la obligación de presentarse cada semana ante el juzgado o Tribunal de su conveniencia, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España y estar a disposición del TS siempre que sea llamada. Para el resto de encausados se les deja en libertad con fianza de 25.000 euros y la misma imposición de acudir cada semana a los Tribunales. En el caso de Joan Nuet, lo deja en libertad provisional sin fianza.

Lo que parece bastante claro es que el juez da por buenas las declaraciones de “buena voluntad” en este giro copernicano increíble de pasar de una posición de fanatismo radical de ataque a la legalidad, a repentinamente “ver la luz” y acatarla sin reservas renunciando a todo, algunos incluso a seguir en la vida política. Sería una bomba haber dispuesto de una grabación de esas declaraciones de “renuncia”, que ni siquiera el juez Llarena termina de creerse.

Y es que tanto en esta Justicia del Tribunal Supremo, como en el Gobierno de España, parece haber entrado ya el espíritu de la Navidad. Abundan los deseos de paz y de harmonía y, por qué no, de felicidad, como tras la lluvia de premios millonarios de la Lotería tradicional de esas fechas tan entrañables y familiares. Unos deseos que Mariano Rajoy expresa diciendo que tras las elecciones del 21D espera que “entremos en etapa de tranquilidad, de normalidad, que se recupere convivencia y la economía siga con el ritmo de los últimos tiempos”. Algo difícil si los independentistas vuelven a hacerse con la mayoría parlamentaria y muestran su victoria como un refrendo del pueblo de Cataluña en todos los foros internacionales, dejando sin argumentos al Gobierno de España y en un callejón sin salida al que nos han llevado por la precipitación y presiones de quienes solo buscan su rédito personal y partidista, incluidos los de CIUDADANOS que han subestimado sus posibilidades reales de alzarse con la victoria y dar un vuelco electoral.

No hay plan B salvo volver a aplicar el 155 si los golpistas reinciden en sus pretensiones. Lo malo es que esta vez, la estrategia puede perfectamente ir por el lado de la desestabilización y del bloqueo institucional, provocando el descontento social por la degradación de la prestación de los servicios públicos esenciales culpando al Gobierno de España de haber tomado represalias asfixiando a la autonomía y coartando su desarrollo financiero. Una actitud que obligaría a realizar una intervención de facto como la preliminar de Hacienda antes de la aprobación del 155. Los deseos que expresa Mariano Rajoy no dejan de ser una falacia, una mendacidad consciente y una excusa de mal perdedor que se ha demostrado incapaz de tomar las riendas de la situación hasta garantizar la neutralización completa de los golpistas.

¡Que pasen un buen día!

Política e ideología en la escuela
Antonio Robles Libertad Digital 10 Noviembre 2017

"Hay que sacar la política de las aulas", oímos decir insistentemente estos últimos días. Puedo comprenderlo, la declaración de independencia de Cataluña ha dejado al descubierto el adoctrinamiento escolar llevado a cabo, de forma enmascarada, desde que Pujol llegó a la presidencia de la Generalidad, en 1980. Aunque casi nadie ha querido ver ni escuchar, y menos evitar. De hecho, ya hay denuncias del abuso, y los jueces han admitido a trámite la primera causa contra ocho profesores de un colegio de Seo de Urgel. Bienvenido sea, el final de la impunidad. Pero no es el adoctrinamiento sino el atolondramiento conceptual ante el problema lo que quiero remarcar hoy.

No es cuestión de sacar la política de las escuelas, sino la ideología partidista. De hecho, si los adolescentes y la sociedad en general tuvieran claros los conceptos básicos de lo que es un Estado democrático de Derecho, jamás tendrían la menor oportunidad farsantes como Puigdemont, que han vendido, en nombre de la democracia, lo que es un asalto al Estado de Derecho. Se aprovechan de la ignorancia inducida y del abuso doctrinal, que un ejército de maestros gestionan en recintos escolares convertidos en madrazas del catalanismo.

Si realmente se impartiesen los conceptos básicos de la política y se defendiesen los fundamentos democráticos de los Estados de Derecho, nadie soportaría la farsa antidemocrática de estos pederastas ideológicos. Son tan ridículos… ¿Cómo se puede decir sin morirse de vergüenza que el mandato popular no tiene límites? Puigdemont, ayer en Bruselas: "La democracia consiste en aceptar la voluntad de la mayoría… ¿si o no? Eso no puede tener límites". Y el tarugo se queda tan ancho.

Debería saber este engolado Rey Sol que los Estados de Derecho fueron la respuesta de la civilización al absolutismo real en el Antiguo Régimen, para evitar que el rey pudiera hacer lo que quisiera, es decir, para evitar el abuso. De ahí salieron los Estados de Derecho, de la necesidad de poner límites legales al poder. Nadie en un Estado democrático de Derecho puede hacer lo que quiera, y mucho menos cargarse los pilares constitucionales sobre los que se sostiene aquél. Como hicieron el 6 y el 7 de septiembre él y la banda de golpistas de su exgobierno aprobando leyes que sobrepasaban los límites de las competencias cedidas por el Estado a la Generalidad de Cataluña, y legitimadas por la Constitución. ¿No es ridículo tener que explicar semejante obviedad? Carlos Alsina, en Onda Cero, lo convierte hoy en pedagógico.

La precipitación nos hace confundir la política con la ideología. Por ejemplo, ayer, en medio del fracaso de la huelga general en Cataluña, el portavoz del sindicato independentista de enseñanza, Rafael Font, declaró ante miles de profesores: "No renunciaremos a hablar de política en las aulas porque es nuestra función, es nuestro trabajo, debemos enseñar cuáles son nuestros derechos y defenderlos".

Es evidente que este activista del independentismo confunde la política con su ideología. Un error de libro. Se le entiende todo cuando añade: "No haremos clases en castellano, no nos podrán obligar". Él no hace política, la viola; él no enseña, adoctrina.

¿Quién es un sindicalista para secuestrar el conocimiento y, de paso, la libertad de pensamiento de nuestros hijos? ¿Quién es él paraimpedir el derecho a estudiar en la lengua de más de la mitad de la población de Cataluña?

El retorno de la Filosofía y de la Educación para la Ciudadanía se ha vuelto imprescindible para devolver a nuestros alumnos la posibilidad de pensar por sí mismos. Y para defenderse de personajes como Carmen Forcadell, que ha declarado ante el Supremo: "La declaración de independencia solo fue simbólica". Pues hala, ahora vas y se lo cascas a los adolescentes que habéis emponzoñado el alma de odio a España y enamorado con la República catalana.

PS. El problema no está en la política, sino en quien la ejerce para pervertirla. Hoy, en Cataluña, los maestros son un ejército de almas. He ahí el problema, el peor problema.

El formulario de SCC lanzado para denunciar los casos de adoctrinamiento está siendo boicoteado. Y en el Congreso el PSC/PSOE y el resto de la izquierda apoyan la inmersión. Primos hermanos.

¿Ni un paso atrás?
Carlos Herrera ABC 10 Noviembre 2017

«A ver, señor juez, no se vaya usted a tomar al pie de la letra las cosas. Quiero ver si me comprende: cuando yo decía que ni un paso atrás, me refería a que no se puede perder el equilibrio cuando se baila, cuando se anda, cuando se corre. Yo jamás he dicho nada de la independencia en el sentido pleno de las cosas. ¿Que se ha hablado de ser independientes y eso?: sí, vale, algo se dijo, pero no se va usted a tomar en serio una charleta en broma de esas que tanto nos entretienen a los catalanes. ¡Si es que al final no se va a poder hablar de nada! Dice una cualquier cosa acerca de una república y enseguida van y la quieren detener. Créame, mi número favorito es el 155 y siempre me he esforzado en pedir esa terminación en el sorteo de Navidad. A mí me dicen algo que acabe en 155 y me vuelvo loca. De hecho, cuando ví que el Gobierno de España aplicaba el artículo 155 de la Constitución me entró una cosa por el cuerpo que hacía años que no sentía. Ha sido una casualidad que la Fiscalía supedite la petición de entrada en prisión con la renuencia o no de mi declaración de esta tarde. Créame, señoría, yo nunca me tomé en serio la coña esta de la independencia, pero a ver cómo se lo explicaba yo a los pelmas de Mas, de Junqueras, de Puigdemont, que estaban todo el día con Maricarmen arriba, Maricarmen abajo y tal y tal…».

Y el juez mirando al fiscal y el fiscal al juez. Todo imputado tiene derecho a mentir y a esta mujer se le ha descompuesto el cuerpo pensando que puede ir para dentro, pero a diferencia del resto de su cuadrilla en la Audiencia, ha decidido responder a la Fiscalía y ser encantadora con los interrogadores. Si ahora la enchironamos, los independentistas basarán su estrategia en señalar la diferencia de trato con los encarcelados por la Audiencia, pero habría que incidir en que la diferencia está en la estrategia de la defensa, no en la de la acusación. Es decir, ha sido más inteligente el defensor de Forcadell que el de Junqueras. El único problema es que es el mismo abogado. Vaya por Dios. ¿Qué estará pensando el ex vicepresidente preso en la cárcel desde hace una semana? Pues seguramente que por qué no respondió él de la misma manera para poder estar hoy en casa urdiendo la campaña que desemboca en las elecciones a las que va a ir en solitario sin el peso muerto del belga de Puigdemont, que tanto ha enredado las cosas.

El desmerengamiento de la república de mentirijillas, infantil e ilusoria como tantas otras cosas, alcanza cotas casi cómicas. ¡Qué estarán pensando los que aún cuentan las horas entre rejas! La primera parte del desgraciado desbarajuste que ha llevado a Cataluña al paroxismo es responsabilidad de quien ha permitido y alentado la confección legal del entramado delictivo del la transitoriedad y el referéndum. Sin ese colchón no se hubiese dado el resto de actos desafiantes de la ley que han llevado a la cárcel a medio gobierno de la Generalidad.

Un par de días después del agotamiento de ciudadanos catalanes peleando por llegar a su trabajo o a su casa, contrasta el esfuerzo de unos cuantos por hacer rehenes y delimitar la libertad de movimientos de catalanes de uno y otro signo y la renuncia de los inductores del levantamiento a asumir la responsabilidad del mismo. La misma presidenta del Parlamento que dijo hace unos pocos días que no darían «ni un paso atrás», se desentendía de todo delante de un fiscal. Sólo por eso merece dormir a la sombra.

En torno al mal menor
Eduardo Arroyo gaceta.es 10 Noviembre 2017

Los tiempos que vivimos son proclives al denominado “mal menor”. Por mal menor se entiende aquello que privándonos de un bien , en un determinado caso concreto se considera algo estimable porque impide males mayores. Dentro de la tradición católica, tan importante en nuestro país, Pablo VI habló contra el “mal menor” en su encíclica “Humane vitae” y otros muchos autores han destacado la existencia de males intrínsecos que no dejan de serlo bajo ninguna circunstancia. Lógicamente, estos autores hablaban principalmente del mal moral, no del mal físico, en el cual puede elegirse razonablemente un mal menor frente a uno mayor. La cuestión polémica se suscita cuando existe una relación entre lo físico y lo moral o, cuando de lo físico se derivan consecuencias morales. Este es el caso de la política, cuando el ordenamiento del Estado y de la sociedad, en uno u otro sentido, pueden acarrear consecuencias morales para la citada sociedad e incluso para las sucesivas generaciones.

Pero, ¿es necesario apelar al mal moral para invalidar el argumento del mal menor cuando se dirimen asuntos, en principio, puramente materiales? En nuestra opinión, no necesariamente. Aquí defendemos que el mal menor es siempre una estrategia fallida cuando se pretende la irrupción de opciones nuevas que cuentan con la enemistad de todos. Puede apelarse al mal menor cuando en una circunstancia concreta o extraordinaria, se plantea una retirada oportuna en aras de un ofensiva futura. El problema es que esa estrategia de mal menor corre el peligro de generalizarse a todas las situaciones que comporten un riesgo, hasta el punto de volver inoperante, por ejemplo, a una opción política. Si en el choque entre dos grandes opciones políticas se opta siempre por el “mal menor”, necesariamente se impedirá la irrupción de otras opciones, dado que cualquier alternativa afrontará, sobre todo al principio, una situación adversa en la que las fuerzas foráneas deberán enfrentar a unos y otros. Dicho de otro modo, las opciones políticas novedosas están obligadas a rechazar en sus inicios la estrategia del “mal menor”.

Esto que aquí decimos, claro está, no justifica aceptar ciegamente opciones carentes de una estrategia válida y cuyo único valor sea quizás oponerse a una politica de “mal menor”, mientras se avalan estrategias fracasadas. En política, rechazar el mal menor no implica discutir temas sobre los que nadie discute, librar combates en terrenos en que nadie combate o empeñarse en sostener estrategias que fracasan una vez tras otra.

Por el contrario, si bien el “mal menor” puede ser considerado siempre como estrategia, no existe sobre el mundo una idea novedosa que haya irrumpido en escena sin riesgo y sin inteligencia práctica. Esta es la esencia de la política y por ese motivo, el histórico dirigente comunista, José Díaz, en su célebre discurso del 2 de enero de 1935, citaba a Lenin para explicar que “la revolución no se hace, se organiza”. Y se organiza sin duda con inteligencia, buscando la eficacia y siempre, absolutamente siempre, con audacia. Por eso los que quieren hacer política sin producir resultados prácticos -esto es, sin conquistas aunque sean incipientes del poder- que avalen su estrategia estarán haciendo otra cosa, pero no política, aunque ello se justifique con el mal menor o incluso apelando a elevados ideales morales.

Federalismo catalanista bajo el franquismo
IVÁN VÉLEZ El Mundo 10 Noviembre 2017

En las últimas fechas, muchos son los que han señalado, como si del descubrimiento del Mediterráneo se tratara, la trascendental importancia que ha tenido el factor educativo en la configuración de una masa catalanista suficiente como para plantear la secesión de la región catalana. Como es sabido, generaciones de catalanes han sido sometidos a una inmersión que va mucho más allá del plano lingüístico. Nos referimos, en este último caso, a la maniquea manipulación de la Historia según la cual, el franquismo, tan de actualidad en este otoño de 2017, habría aniquilado todo aquello que tuviera que ver con las eternas y telúricas señas de identidad de una Cataluña que habría constituido uno de los bandos de la Guerra Civil frente a la siempre fanática y autoritaria España. Tal tesis, tan maniquea como falsaria, encaja mal, sin embargo, con multitud de datos.

En relación a la lengua catalana, una simple consulta al registro ISBN debiera servir para cotejar hasta qué punto la edición en catalán gozó de buena salud en aquellos días pese a su casi nula presencia educativa. Paralelamente a la cuestión lingüística, lo que nos proponemos exponer morosamente en este escrito son unas acciones que, articuladas en la necesaria discreción del momento, mostraron sus resultados tras la muerte de Franco, cristalizando en la Constitución de 1978, aquella que distingue, de modo calculadamente impreciso, entre nacionalidades y regiones. Veamos.

Las peculiaridades de la España de principios de los 50, una nación no democrática pero furibundamente anticomunista, determinaron que EEUU, tras su coyuntural convergencia bélica con la URSS, propiciaran la incorporación de España a la esfera internacional capitalista. El objetivo último era la configuración de unos Estados Unidos de Europa constituidos por una serie de naciones que supondrían un dique frente al enemigo que acechaba tras los Urales. La estrategia continental, tan política como económica y cultural, permitió que un conjunto de prohombres de las letras españolas, bajo el común denominador del anticomunismo, fuera captado por el Congreso por la Libertad de la Cultura. El Comité español de tal organización, cuya figura políticamente más destacada era Dionisio Ridruejo, se estructuró alrededor de dos bloques: los castellanos y los catalanes. Políticamente se buscaba una España federal, es decir, la lectura en clave interna del diseño europeo norteamericano. Operativo durante dos décadas, hasta su eclipse con la llegada de la Constitución, el Comité organizó, entre otras muchas actividades, un encuentro en el que se analizaron los aspectos culturales de un catalanismo que operaba ya en diversos frentes. Si en la España autonómica Iglesias se reúne con el izquierdista católico republicano Junqueras en casa del magnate mediático, y ex trotskista, Roures, en diciembre de 1964, la hospitalidad corrió a cargo del fundador de Benéfica Minerva y de Banca Catalana, Félix Millet Maristany. En su mansión de La Ametlla del Vallés, comparecieron los castellanos: Ridruejo, Aranguren, Caro Baroja, Maravall y Pablo Martí Zaro; mientras que por los catalanes lo hacían: Badia Margarit, Josep Benet, Castellet, Marià Manent y Joan Raventós, fundador del PSC, entre otros.

Durante dos días, ideas tan de actualidad como las de "Estado plurinacional", "secesión" o "modelo federal", todas con un trasfondo europeísta, atravesaron las intervenciones del colectivo. En relación al catalanismo de sesgo cultural y lingüístico, destacó la intervención del filólogo Badia, quien expresó su mayor anhelo: "Que los catalanes se expresen según lengua y espíritu catalán", al tiempo que deslizaba argumentos xenófobos hacia lo que llamó "inmigración". Para Badia, la ingente mano de obra que descapitalizó otras regiones y aportó fuerza de trabajo a la industrializada Barcelona en la que el régimen implantó la Seat, constituía, como si de extranjeros se tratara, un flujo de inmigrantes que se asentó en su cinturón industrial de casas baratas y descampados. Un capital electoral en el que el catalanismo se infiltró ulteriormente de forma sutil mientras recibía la acusación de favorecer la aculturación de los naturales, argumento que, asentido por Castellet, fue empleado por diversos prebostes del catalanismo. Perdido para la causa, el colectivo propicio para los fines previstos, como reconoció Pujol, se desplazó a las nuevas y escolarizadas generaciones, es decir, los hijos y nietos de tales "emigrantes".

La reunión, que concitó a los que pueden llamarse, frente al clásico nacionalcatolicismo con el que se define al franquismo, federalcatólicos, se celebraba bajo el telón de fondo de la encíclica de Juan XXIII, Pacem in terris. Una encíclica, contextualizada dentro del diálogo cristiano-marxista, en la que se exhortaba a "que los gobernantes se consagren a promover con eficacia los valores humanos de dichas minorías, especialmente en lo tocante a su lengua, cultura, tradiciones, recursos e iniciativas económicas", mandato que los catalanistas católicos, hoy de nuevo tan presentes en el proceso secesionista catalán, supieron instrumentalizar. Uno de los efectos más evidentes del texto fue el reconocimiento, por parte de la Conferencia Episcopal, de cuatro culturas y otras tantas lenguas en España: castellano, catalán, gallego y vascuence. El efecto litúrgico en Cataluña no se hizo esperar. El catalán comenzó a usarse de manera creciente, y así, desde las parroquias rurales, que aún conservaban aromas carlistas, la sustitución del español llegó finalmente a las iglesias urbanas posconciliares.

Pero volvamos a la masía de Millet, en la que también resonó la voz de Julio Caro Baroja, que abogaba por un iberismo de tintes depredadores, al ver en el depauperado Portugal un territorio propicio para "los países más ricos de la península". Dentro de la ortodoxia catalanista, el orador más radicalizado, el mismo que en 1977 fue el senador más votado de toda España, fue el jesuítico Josep Benet. Antiguo presidente de los Jóvenes Cristianos de Cataluña, se anticipó en décadas a la CUP al hablar de una Cataluña ocupada que sólo encontraría acomodo en un Estado plurinacional, antesala de la independencia.

Junto a las de Benet, las palabras de Ridruejo parecen también actuales. El antiguo letrista del Cara al Sol no sólo señaló a la Universidad de Barcelona como un lugar en el que existía un "complejo de colonización" causado por la presencia de profesores de habla no catalana, sino que, precediendo a Sánchez e Iglesias, insistió en uno de los habituales mantras del izquierdismo patrio: la pluralidad nacional del Estado español, es decir, la estructura plurinacional de España, fórmula nunca definida en su realización en la que los políticos mentados cifran la solución, al parecer taumatúrgica, a los males de España. Las propuestas apuntadas por el viejo falangista para desbloquear aquella España que algunos creen persistente, también estaban en sintonía con la actual efebocracia socialdemócrata, pues Ridruejo afirmó la necesidad de una "negociación política" para la cual los intelectuales eran imprescindibles en su labor de preparación del terreno ideológico propicio.

Paralelamente a estas tenidas culturales, la partitocracia catalanista también encontró acomodo en la masía de Millet. En enero de 1966, las principales familias políticas y económicas de la región, con la única exclusión de PSUC y MSC, estuvieron representadas por gentes como Pujol, Benet o Carulla, dando continuidad a otras citas en las que participaron Castellet, Bohigas o Jordi Carbonell. Más de medio siglo después de las jornadas vallesanas, muchos de los invitados de Millet forman parte del panteón de hombres ilustres del catalanismo por sus contribuciones, aureoladas por el Mito de la Cultura, a tan hispanófoba causa. Los efectos disolventes de sus políticas, para desengaño de ingenuos y fundamentalistas democráticos, muestran hoy su verdadero rostro.

Iván Vélez es autor, entre otros, de Sobre la Leyenda Negra (Encuentro, 2014) y El mito de Cortés (Encuentro, 2016).


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Prisión preventiva y un 155 que no prevé nada
EDITORIAL Libertad Digital 10 Noviembre 2017

La clase política parece más interesada en un 'proceso de paz' con los golpistas que en verlos en prisión cumpliendo condena por sus delitos.

Si la insensata renuencia de la clase política a suspender la autonomía catalana hizo posible que los golpistas llegaran a perpetrar los gravísimos delitos que con tanta antelación y descaro anunciaron mucho antes del 1 de octubre y mucho antes del 9 de noviembre de 2014, la no menos timorata e irresponsable aplicación del artículo 155 de la Constitución llevada a cabo por el Gobierno ya una vez perpetrados los delitos, y destinada únicamente a celebrar enseguida unos nuevos comicios autonómicos, puede abocar no sólo a una victoria electoral de los separatistas sin que el ordenamiento constitucional haya sido restablecido en Cataluña, también a entorpecer sobremanera el enjuiciamiento de los acusados desde un punto de vista estrictamente procesal. Eso, por no hablar del espectáculo de ver a los golpistas encausados presentarse a las elecciones.

Si el cese de cargo y aforamiento en aplicación del 155 hubiera alcanzado a todos los encausados; y si Rajoy –con el apoyo de Sánchez y Rivera– no se hubiera empeñado en que las elecciones y el restablecimiento de la autonomía se produjeran antes del juicio por el golpe liderado por Puigdemont, se habría podido concentrar la causa en la Audiencia Nacional y se habría evitado el espectáculo de ver a los acusados concurrir a las elecciones, cosa que –en principio– podrán hacer tanto si continúan el 21-D en prisión preventiva como si para entonces ya se ha levantado esa excepcional medida cautelar.

El hecho es que sólo Puigdemont y los miembros de su Gobierno han perdido su condición de aforados –no así Forcadell y el resto de los acusados, que siguen gozando de esa condición en tanto que miembros de la Comisión Permanente del Parlamento regional–, por lo que una misma causa se mantendrá, aunque sólo por un tiempo, dispersa en distintos tribunales: Audiencia Nacional, TSJC y Tribunal Supremo.

Es cierto que la Fiscalía ha pedido prisión incondicional para Forcadell y el resto de encausados en el Supremo, a pesar de que la otrora desafiante presidenta golpista del Parlamento catalán haya abjurado públicamente del procés con unas declaraciones que han debido de llenar de vergüenza a sus correligionarios pero que le han permitido acceder a la prisión eludible bajo fianza.

Es cierto que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado el ingreso en prisión de Junqueras y de los restantes miembros del Gobierno golpista. Con todo, y aun cuando esa prisión preventiva se mantuviera indefinidamente, sería necesario una medida cautelar muy especial como la de inhabilitar preventivamente a los acusados para evitar que estos pudieran concurrir y ser elegidos el 21-D, hecho este último que les devolvería, además, su condición de aforados y que haría inevitable que el TS se hiciera por entero cargo de la causa.

Ya es bochornoso que el riesgo de reincidencia en el delito de los acusados –circunstancia clave a la hora de valorar su prisión preventiva– casi sólo exista por el empecinamiento de celebrar elecciones tan prematuras como las que podrían llevar a los golpistas nuevamente a la poltrona. Que hasta partidos como el PP y Ciudadanos no vean con malos ojos que Junqueras salga de prisión y pueda hacer campaña sólo es una bajeza añadida a las ya cometidas por una clase política que parece mucho más interesada en un proceso de paz con los golpistas que en verlos en prisión cumpliendo condena por sus delitos.

En cualquier caso, ha de exigirse que no se demore el juicio y que haya una sentencia justa que, a diferencia de la dictada con ocasión del 9-N, castigue los aún más graves delitos que desde entonces han perpetrado los separatistas.

Y al fracaso se sumó el deshonor
EDITORIAL El Mundo 10 Noviembre 2017

Incluso el cinismo de los peores demagogos debería tener un límite. Debería limitar al menos con la fe de sus seguidores más fanatizados, aquellos que creyeron a pies juntillas en la posibilidad real de la secesión y en su promesa de prosperidad. Pero en la estofa política de Carme Forcadell no se atisba ese límite. Su hipocresía es tan ancha que en ella cabe la arenga callejera contra las instituciones democráticas y el susurro exculpatorio ante el juez del Supremo. «La declaración de independencia fue un acto simbólico», trató de justificarse la misma que instó a Mas a poner las urnas de un referéndum ilegal; la misma que convirtió la Diada en la coreografía de una exclusión en marcha; la misma que alentó siempre el odio a una España que desconoce. Lo cierto es que ayer se apresuró, tan pronto como escuchó la petición fiscal de prisión, a plegarse a la ley, a acatar la aplicación del artículo 155 y a abandonar la política o renunciar «a cualquier actuación fuera del marco constitucional». Así lo hizo la líder del movimiento insurreccional, la misma que prometió que nunca daría «ni un paso atrás». No cabe mayor demostración de indignidad: cae el telón de una gran mentira.

Y mientras ella, aconsejada por sus abogados, cantaba la palinodia en el banquillo para evitar pisar la cárcel donde hace días duermen los consejeros que no quisieron declarar, en Bruselas el iluminado jefe de un ejecutivo imaginario se empeña en presentarse como cabeza de una Generalitat en el exilio cuya interlocución nadie acepta en Europa.

Ni el cinismo ni la cobardía ni la pérdida del sentido de la realidad constituyen atenuantes en el caso que se juzga. No ha pasado ni pasará el tiempo suficiente para que este país olvide que ni la quiebra constitucional, ni la fractura social, ni el éxodo empresarial, ni la persecución política, ni el matonismo sindical revisten carácter simbólico. No: han sucedido de verdad. Siguen ocurriendo. Y tienen responsables. El auto del juez Pablo Llarena marca el camino que deberá seguir Oriol Junqueras: el del sometimiento a la Constitución. Cuando lo haga, habrá que preguntarse qué explicación dará a sus electores y cuál será su próximo e imposible programa para el 21-D. La resolución judicial es asimismo una pésima noticia para el Govern en prisión porque respalda la posición de la Fiscalía de acusarlo del gravísimo delito de rebelión. La ley prevalecerá.

Aquí no se dirimen hechos simbólicos, expresiones sentimentales ni debates ideológicos. Aquí se dirime la responsabilidad penal y el riesgo de reiteración delictiva de unos políticos que se sirvieron de su posición de fuerza para pisotear la ley y a aquellos a quienes la ley protege, y que ni siquiera han sabido sostener su insensata posición con un mínimo de coraje. Al fracaso acaban de añadir el deshonor.

Cataluña y los catalanes
La conciencia clara de que ni Cataluña ni los catalanes son ningún problema, y que el pactismo con los traidores a la patria común no puede durar ni un minuto más, se ha despertado bruscamente para no volver a dormitar jamás.
José Luis González Quirós vozpopuli.es 10 Noviembre 2017

Uno de los éxitos de los supremacistas catalanes ha consistido en que la mayoría de la opinión del resto de España haya tomado la parte, los soberanistas, por el todo, por Cataluña misma. No debiéramos consentirlo, y eso nos obligará, seguramente, a un esfuerzo suplementario de atención cuando nos refiramos al problema que la parte (los del procés) le ha planteado al todo, al conjunto de los ciudadanos catalanes, en realidad a toda España. Se tratará de un esfuerzo no pequeño y, sobre todo, muy constante, porque hace meses que apenas hacemos otra cosa que hablar de esta cuestión.

Este no es el único tema al que hemos de estar atentos, porque la decisión de convocar las elecciones autonómicas de manera tan inmediata acarrea otros posibles equívocos contra los que no habrá otro remedio que prevenirse. En particular, ha sido muy frecuente preguntarse qué pasaría si volviese a existir una mayoría soberanista, de escaños o, incluso, de votantes. La respuesta debiera ser tan obvia, que el hecho de que la pregunta se pueda hacer muestra hasta qué punto hemos estado secuestrados por el planteamiento de los secesionistas.

Unas elecciones autonómicas, y no otra cosa
Las elecciones del 21 de diciembre serán elecciones para elegir un parlamento cuya misión más urgente será nombrar un presidente de la Generalidad que forme un gobierno capaz de ocuparse de los innumerables asuntos a los que ha de atender la autonomía de Cataluña. Es bastante razonable esperar que el resultado de las urnas arroje un espectro parlamentario más cercano a la realidad de la sociedad catalana que a la quimera independentista, pero, como suele decir Guillermo Gortazar, la política consiste en no saber lo que puede pasar mañana, en especial cuando se ignora tozudamente lo que ha pasado ayer. No obstante, si hubiese mayoría parlamentaria de soberanistas, cosa que, desgraciadamente y por indeseable que resulte, no puede descartarse por completo, sería posible que el nuevo gobierno se sienta capaz de reiniciar un proceso más o menos similar al ahora fracasado. Debiera estar muy claro que, si hiciese tal cosa, no habría otro remedio que volver a aplicar las leyes constitucionales con especial rapidez y eficacia, y desde el primer minuto.

Puede que los soberanistas catalanes sean los únicos seres sobre la tierra incapaces de aprender una lección tan clara como la que han recibido, pero, siendo levemente optimistas, cabe abrigar alguna duda sobre su nivel de empecinamiento.

El procés como delirio
Es probable que la única disculpa que pueda existir para la penosa estrategia que Rajoy ha mantenido frente a la amenaza de los soberanistas es que el presidente, hombre que presume de buen sentido, nunca haya llegado a creer que fuese posible un disparate de tal envergadura como el que hemos vivido. Se trata de una imprevisión, sin duda, de forma que cuando Rajoy vuelve a afirmar, la última vez esta mañana, que todo está previsto, me crujen las cuadernas. Pese a tamaño descuido, el procés ha naufragado de manera inequívoca, y es casi imposible que sus mentores y protagonistas no hayan tomado buena nota de lo duro y doloroso que resulta chocar con un muro de hormigón, y del ridículo que resulta todo intento de presentar el disparatado episodio como la lucha de un pueblo oprimido contra las falanges franquistas.

Conseguir que las empresas de mayor importancia abandonen el campo, y que ni una sola de las instituciones políticas internacionales te tome en serio, constituye, en efecto, un récord tan difícil de superar que ni siquiera cabe pensar en que de ser el propio Puigdemont reelegido, eventualidad que parece tan inverosímil como que se nombre a Albert Boadella presidente de la no nata República catalana, estuviera en condiciones de reanudar el malhadado procés. Si volviesen a triunfar en las autonómicas, se les ocurrirá algo, y también si no lo consiguen, pero por molesto y peligroso que resultare el nuevo plan, es seguro que sus posibilidades de éxito, a cualquier plazo, serán todavía menores que las de la invención procesual del astuto Mas.

Un ejército de alquiler
Iremos conociendo detalles del proceso, a cuál más sabroso, a medida que se vayan liberando los candados con los que los “procesistas” habían protegido de las miradas impías sus proyectos más surrealistas. Ayer se produjo una de esas filtraciones que indican el nivel de delirio con el que han tejido sus estrategias de constitución de la nueva República: al parecer pretendían que, durante una década, algún ejército de alguna nación europea se ocupase de la defensa de Cataluña. La idea es tan disparatada como la pretensión de aquel estratega beodo que propugnaba ceder el puerto de Barcelona a los submarinos atómicos de China para que el coloso amarillo asegurase, posiblemente con el apoyo de los Mossos, la expansión de su imperio por el occidente.

Cuando la idea que alguien se hace de la propia identidad se desliza hacia lo completamente inverosímil el ridículo universal es la única alternativa. Cuesta trabajo creer que una porción muy significativa de la sociedad catalana que había puesto parte de sus esperanzas en el éxito del paraíso prometido no vaya a separarse, de manera paulatina pero radical, de un proyecto tan quimérico y tan chapucera y cobardemente puesto en práctica. Quedarán en píe, por supuesto, tal y como vimos en la fracasada huelga del miércoles, unas docenas de parroquias radicales dispuestas a imponerse por las bravas, pero incluso a estos comités les va a llegar la rebaja, en especial cuando la carne de cañón que manejan, como muchos estudiantes y otros desocupados, comprendan que la misión que se les encomienda es literalmente absurda.

El aliado invisible
Al parecer ha sido Carmen Forcadell quien formuló la idea de que no había que tener miedo a los errores del procés, porque si se llegaran a equivocarse en cualquier cosa, pronto acudiría el Gobierno nacional en su auxilio, cometiendo una pifia de mayor rango que les permitiría recuperar el resuello. Una idea parecida tienen algunos de los españoles cuando suponen que, frente al plan maquiavélicamente perfecto de los secesionistas, el futuro de una España libre y unida carece de relato, como gustan de repetir los más cursis: ni tanta sabiduría estratégica en un lado, ni tan poca sustancia en la otra orilla. Pese a ello, no es baladí recordar que si hay algo que no tiene el menor sentido es volver a preocuparse del supuesto memorial de agravios supremacista, ni del mítico problema del encaje de sujetos tan veleidosos. Esas ideas se apoyan en un supuesto completamente erróneo, el de que puedan existir soluciones perfectas a cualquier clase de demandas, especialmente de las más quiméricas. Frente a ese error, es y será la hora de la política, y no puede ser ajena a esa tarea el rotundo despertar de la conciencia ciudadana de tantos españoles hartos de verse menospreciados, y no solo por los enemigos declarados.

No se puede desdeñar el riesgo de que los supremacistas vuelvan a contar con un aliado invisible en la política española, que los dirigentes del PP (o de otros partidos, que tanto da) piensen que se podrá apaciguar el patriotismo crítico de los que han sacado las banderas del baúl de los chinos para decir que ya está bien de tomadura de pelo. No es difícil tener ese temor cuando se escucha a algunos de los expertos en adormecer que han hecho fortuna en las covachuelas políticas. Ellos verán lo que hacen, pero la conciencia clara de que ni Cataluña ni los catalanes son ningún problema, y que el pactismo con los traidores a la patria común no puede durar ni un minuto más, se ha despertado bruscamente para no volver a dormitar jamás.

El separatismo hunde en el caos a Cataluña
Roberto L. Blanco Valdés La voz 10 Noviembre 2017

¿Puede una huelga general fracasar y poner patas arriba a un territorio? La prueba de que sí, es lo sucedido anteayer en Cataluña: la huelga convocada por los independentistas para exigir la libertad de los que solo ellos consideran presos políticos (contra el criterio incluso de Amnistía Internacional, que acaba de negarles tal carácter) y para protestar contra la aplicación del artículo 155 (es decir, contra la restauración de la legalidad en Cataluña, esa que tampoco han apoyado En Marea y el BNG en el Parlamento de Galicia y que ayer acató muerta de miedo la presidenta Forcadell), resultó un fiasco formidable, tanto que el consumo eléctrico respecto al del día anterior aumentó un 5 % y un 3 % respecto de la media.

Tal descalabro demuestra que ya se ha producido en Cataluña lo que tenía que llegar: su hartazgo con quienes la han conducido a un pozo negro. Hace unos días ofrecía La Voz datos escalofriantes: más de 2.000 empresas han abandonado el territorio de la Comunidad; en el mejor octubre para el empleo en los 12 últimos años el aumento de los afiliados a la Seguridad Social ha sido allí imperceptible (el 0,05% frente al 1,3% de Madrid y al 2,1 % de Valencia) y el incremento de paro la sitúa a la cabeza del país; la ocupación hotelera ha caído entre un 30 y 35 % y el tránsito aéreo un 22 %; el encargo de vehículos ha menguado un 30 % y las matriculaciones han subido un 4, 6 % frente al 11% de la media nacional; la actividad bancaria está paralizada y los expertos sitúan la caída del PIB entre un mínimo del 0,7 % y un posible ¡2,7 %! si la situación no se normaliza de inmediato.

Todo ello le importa un pito, claro, al activismo secesionista que en apoyo desesperado de su frustrada rebelión contrarrestó el fracaso de la huelga recurriendo al sabotaje: cortó varias de las principales carreteras catalanas, lo que produjo colas kilométricas, y paralizó gran parte del tráfico ferroviario, al bloquear las vías en algunas de las principales estaciones, entre ellas la de Sants en Barcelona.

Todo, por supuesto, sin que los Mossos movieran un dedo para evitar que un puñado de chavales le amargaran la jornada a los cientos de miles de personas que no podían circular por tren o carretera.

Y es que, ya se sabe, los Mossos están para otra cosa: para apoyar insurrecciones y no para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales de la comunidad.

El espectáculo, como era seguro, se ha convertido en pavoroso: animados por unos poderes públicos que, en lugar de garantes de la legalidad, se convirtieron en sus principales infractores, una minoría activa formada sobre todo por jóvenes que aun no trabajan lleva varios meses jugando a hacer la revolución.

Y, mientras ellos se divierten, la sociedad catalana se instala en un caos aterrador, pagando el precio previsible por haberse puesto en manos de unos facinerosos.

El 21 de diciembre tiene la ocasión de corregir tan grave error: esperemos que lo haga.

La huelga del 0,155
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 10 Noviembre 2017

Lo que España gana en la calle con manifestaciones gigantescas como las de Barcelona -atención a la de mañana en Valencia- y por la responsabilidad cívica de unos jueces y fiscales que ni están ni deberían estar nunca para valorar encuestas electorales sino para aplicar la ley, lo pierde en las televisiones golpistas -todas son TV3-24H- y en la aplicación del 0,155, que en eso ha quedado el 155 de la Constitución, pensado para restaurar la ley en una comunidad autónoma, no para convocar elecciones de penalti. Como en el fútbol, por el Villarato y la Panda de la Camicheca, lo que ganamos en el campo, lo perdemos en los despachos.

La cobardía de este 0,155 de Gobierno, arrugado y agusanado en Cataluña, sólo está siendo superada por su prevaricación continuada al no aplicar la Ley como corresponde a todo poder ejecutivo. En su desvergüenza, llegó ayer a presumir de su dejación en asegurar el orden público para no perjudicar "desproporcionadamente" no se sabe bien qué, aunque entendemos que son sus expectativas en las urnas, esas que Arriola cobra y falla, elección tras elección, en todas las encuestas desde 1993.

La huelga general política convocada por el asesino de Bultó -al que llama "independentista gran reserva" esa TV3 que amparan el Molt Covard i Equidistant y la Molt Honorable i Covarda Presidenta de l'Ou com balla- fue secundada por las Forças del Desordre, alias Mozos de Escuadra, que, a las órdenes de Zoido, convirtieron una algarada de cuatro gatos en cepo monstruoso para cientos de miles de ciudadanos. Como dice Rodríguez Herrera, esos sí que eran presos políticos, porque políticos fueron el atasco y la inacción de los policías cuyo sueldo pagan. Allí vimos niños, casi bebés, sentados en la autopista como escudos humanos; niñatos, fanatizados por la telebarbarie y el profesoraje, impidiendo la libertad de los ciudadanos para ir a trabajar; y un Gobierno también en huelga: el de la Generalidad, que, por el 0,155, es el de España. A Papá Noël Zoido le faltó llevarles porros a los piquetes y chuches a los niños. Hay que evitar imágenes que hieran la sensibilidad de los Dutroux belgas.

Y el colmo: Dastis dice en la BBC, no en las Cortes, que (ellos) van a cambiar nuestra Constitución para acomodar a algunos catalanes. Va siendo hora de acomodarlos a ellos en la cárcel.

UE: nacionalismo es veneno
RAÚL DEL POZO El Mundo 10 Noviembre 2017

"Los nacionalismos son veneno". Se ha pronunciado Juncker, presidente de la Comisión Europea, contra el egoísmo carnívoro y genocida. Ha apoyado la postura del Gobierno, ha mostrado el respeto a la Constitución y al Poder Judicial. Desde Salamanca, la Roma chica, la de Fray Luis, les ha enviado un clarísimo mensaje a los nacionalistas mientras se masca un cambio entre vistillas y puñetas. En el Tribunal Supremo, en un acto que recuerda a los que abjuraban ante el Santo Oficio, Carme Forcadell ha acatado la doctrina del 155. Están cambiando, súbitamente, la épica por la prudencia. A pesar del nuevo estilo, el fiscal del Tribunal Supremo ha pedido prisión incondicional para Forcadell -"ideóloga de la secesión"- y tres miembros de la Mesa, por delito de rebelión. En las últimas horas miembros del Gobierno han sufrido un ataque de nervios por la inesperada postura de la Fiscalía. Estaban en contra del entrullamiento. A ver si es verdad lo de la separación de poderes, porque la jueza Lamela se niega a que salgan del banasto los del Govern.

También hay cambios en la estrategia de los secesionistas. Fuentes cercanas a ellos me informan: "El Govern quiere forzar una negociación. Nadie desea una respuesta dura de Madrid. Puigdemont actúa con un ojo mirando al bloque soberanista y otro a Bruselas. No se quiere hacer nada para provocar al Estado". Cuando se extrema la tendencia a la autodestrucción en Cataluña, al Gobierno se le ablanda la mano. Quiere que la policía actúe como Cruz Roja y la Judicatura con menos rigor. El ministro del Interior ha hablado desde el amilanamiento: "Lo primero es la ley, pero hay que tener en cuenta el contexto". Sobre la huelga salvaje dice: "No era el día para caer en provocaciones". Fue el día de la bestia, pararon el AVE mostrando niños-escudo. Ciudadanos ya ha anunciado que exigirá al ministro una explicación sobre su tolerancia ante el caos. El Gobierno prefiere que en las elecciones no haya un candidato en la cárcel. Gente del PP comenta: "El Gobierno pide tranquilidad, cuando los españoles lo que exigen es firmeza. Todo lo que sea ceder es un error". Pero Rajoy no quiere ni porras ni barrotes.

Los de Podemos ven tres mayorías el 2-D: independentista, constitucionalista, transversal-popular. Cuando les digo que ellos esperan la tercera para gobernar, contestan irónicamente: "¿Y por qué no la segunda?". "Porque -les digo- para vosotros es el bloque monárquico". "En Cataluña -contraatacan- somos un partido del Estado. Ya sabemos que Albert Rivera es el sucesor que prefiere Aznar, y que es un Gallardón 2.0". Lo dicen para vacilar mientras esperan un tripartito con los del PSC y Esquerra.

Cataluña: ¿Cómo hemos llegado a esto?
Juan Francisco Martín Seco republica 09 10 Noviembre 2017

El juicio sobre las redes sociales está por hacer. Es un fenómeno demasiado nuevo para poder establecer definitivamente sus pros y sus contras. Entre los contras, sin embargo, pocas dudas hay de que habrá que situar el ascenso de lo que podríamos denominar el “pensamiento plebeyo”, la sustitución de los argumentos y el raciocinio, por el eslogan, cuando no por el exabrupto. Frente a esto, en el grupo de los pros, quizás pueda situarse la apertura de nuevos caminos para el chiste y la chirigota en cuyo uso el pueblo español ha dado siempre tanta muestra de ingenio y que a menudo sustituyen de forma muy certera todo un discurso político.

Recibí el otro día por medio de WhatsApp una ilustración firmada por Miky Duarte que en cuatro viñetas resumía de forma extraordinaria la evolución sufrida por el nacionalismo catalán. En la primera de ellas se visualiza a Felipe González alimentando a un dragón pequeñito con estelada incluida. En la segunda, Aznar repite la misma faena, solo que el dragón ha aumentado considerablemente de tamaño. La envergadura del monstruo adquiere dimensiones mucho más elevadas en la tercera viñeta hasta el punto de sobrepasar en gran medida la altura de Zapatero que, sin embargo, continúa empeñado en alimentarle. En la cuarta y última, el dragón ha crecido tanto que se sale de la viñeta y a su lado Rajoy se muestra diminuto e insignificante. A diferencia de sus antecesores no le da ya de comer, sino que vestido de paladín, mantiene en su brazo una lanza con la que parece enfrentarse a él, pero la desventaja para el presidente del Gobierno resulta más que evidente, y por eso los gritos de “venga, dale” que aparecen en la viñeta tienen algo de ternura y de ironía. Difícil explicar mejor y de forma más sintética lo que ha ocurrido con el nacionalismo.

Al Gobierno de Rajoy se le puede culpabilizar de muchas cosas, pero no de ser el causante del avance y crecimiento del independentismo catalán. Más bien ha heredado el monstruo que, como hemos visto, se ha ido conformando a lo largo de estos cuarenta años hasta llegar a adquirir tal magnitud que está resultando problemático y enormemente difícil de controlar en estos momentos, incluso para el propio Estado aun con todos los medios que cuenta, al tiempo que causa graves daños a la sociedad y a las economías catalana y española.

El origen de este despropósito se encuentra en gran parte, tal como expresa magníficamente la viñeta descrita, en las concesiones realizadas por los respectivos gobiernos españoles a las formaciones nacionalistas, en contrapartida a los apoyos que estas les han venido prestando en el Parlamento español, especialmente en aquellas ocasiones en las que no contaban con mayoría absoluta. El monstruo ha ido engordando poco a poco hasta adquirir dimensiones gigantescas. Se afirma de acuerdo con las encuestas, que el número de independentistas se ha incrementado sustancialmente en estos últimos años. Sin embargo, el voto nacionalista curiosamente ha permanecido constante en las distintas elecciones. ¿Cómo explicar esto? La razón es relativamente sencilla. Las formaciones nacionalistas se han encontrado con más medios y poder y se han lanzado a la ofensiva final del secesionismo. Han pasado de ser catalanistas a independentistas. Como es lógico, sus votantes también.

La existencia de partidos nacionalistas en las Cortes españolas genera injustas discriminaciones territoriales. Se supone que todo diputado, al margen de la provincia por la que haya sido elegido, debe defender los intereses generales de todos los españoles, lo que no ocurre con las formaciones nacionalistas que anteponen ante todo las conveniencias de una determinada región. De igual modo que se ha estipulado que para que un partido pueda acceder al Congreso debe obtener un porcentaje mínimo de votos a nivel nacional, habría que preguntarse si no habría que exigir también representación en un número mínimo de las Comunidades Autónomas; y garantizar así que las motivaciones de todos los diputados se adecúan a los planteamientos generales.

No obstante, la culpa del enorme monstruo creado no cabe imputarla en su totalidad a los gobiernos españoles. Han existido otros muchos elementos y actores que han intervenido en este proceso y a los que no se puede eximir de responsabilidad. Habrá que citar en primer lugar a los empresarios y al mundo económico. La estampida de empresas acaecida en Cataluña en el último periodo suscita dos cuestiones. La primera es que difícilmente podría pensarse que en un mundo globalizado las secuelas económicas pudieran ser otras, fuese cual fuese la ideología de los actores. Los que hemos considerado la creación de la Unión Monetaria como una grave equivocación y con efectos nefastos sobre la realidad social y económica para bastantes países, también hemos señalado las enormes dificultades y problemas a los que se vería sometido un país que quisiera abandonarla en solitario. Una cosa es entrar y otra salir cuando se está dentro. ¿Qué decir entonces de la viabilidad de que una región rompa política y económicamente con el Estado al que pertenece y en consecuencia con la Unión Europea y con la Moneda Única?

La segunda cuestión se centra en la pregunta que José Borrell se planteaba de manera retórica en la manifestación del 10 de octubre. ¿Acaso las empresas no podían haber avisado antes? Me atrevo a contestar que, sin duda, podían; pero no querían y no por esa pantomima de que ellos son empresarios y no entran en política. Bien que entran cuando les interesa. Y precisamente buena prueba de ello radica en la actitud cómplice que muchas de ellas han mantenido con el independentismo. No querían, en unos casos porque las buenas relaciones con las instituciones de la Generalitat les proporcionaban pingües beneficios. En otros, o en los mismos, han jugado motivos quizás más bastardos. Pensaban que el órdago de los independentistas beneficiaba sus intereses. Confiaban en que no se iba a llegar a una situación extrema, pero el conflicto conseguiría para Cataluña nuevas prebendas y ventajas frente a otras Comunidades, prebendas y ventajas que también redundarían indirectamente en su provecho y en el de sus empresas. Podría traerse aquí a colación aquella frase atribuida a Arzallus acerca de ETA: “Ellos mueven el árbol y nosotros recogemos las nueces”. Sería interesante conocer las cantidades aportadas por las fundaciones de las grandes compañías a la Asamblea Nacional Catalana, a Ómnium Cultural y a otras asociaciones del frente soberanista.

Pocas semanas antes del uno de octubre, cuando ya se veía que el conflicto iba a estallar, comenzaron a manifestarse la casi totalidad de las asociaciones empresariales en el sentido de oponerse a la independencia y a la ruptura de la Constitución. Les faltó tiempo, sin embargo, en la mayoría de los casos para proponer una “solución política” que se orientaba siempre hacia el mismo sitio, hacia las ventajas económicas. El 28 de septiembre pasado en este diario citaba yo dos ejemplos, de los muchos que se podían haber ofrecido, el de Joaquim Gay de Montellá, presidente de Fomento del Trabajo, que abogaba por celebrar en 2019 un referéndum legal para aprobar un nuevo estatuto que debería recoger el reconocimiento de la identidad nacional, más inversiones del Estado, el pacto fiscal y la representación de Cataluña en organismos internacionales y competiciones deportivas. A su vez, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, apostaba por una reforma de la financiación autonómica que acabase con las “transferencias indefinidas y sin condiciones” entre Comunidades.

No cabe duda de que en esta dinámica empresarial ocupan un papel relevante los medios de comunicación catalanes; por supuesto los públicos, pero también los privados, la mayoría de los cuales dependen de las ayudas de la Administración de la Generalitat y de instituciones y empresas próximas al soberanismo.

En el fortalecimiento del independentismo catalán tiene también mucho que ver lo que a veces he venido denominando como “el pecado original de la izquierda española”: su desconfianza hacia el Estado y, por lo tanto, su pretensión de debilitarlo por todos los medios posibles, entre otros, troceándolo y limitando sus competencias. El sistema político instaurado por la Restauración, marginaba totalmente a las clases populares y las expulsaba del juego político. Eso explica el auge que tuvo en nuestro país y especialmente en Cataluña el movimiento anarquista, y la consolidación de tendencias federalistas e incluso cantonalistas. Más tarde, tras el breve periodo de la Segunda República, el Estado se identificó con el franquismo, un régimen que se proclamaba adalid de la unidad de España. Es hasta cierto punto lógico que la izquierda, al combatir todo lo que se identificara con la dictadura, terminase asumiendo o al menos sintiendo simpatía por el nacionalismo.

En este contexto hay que integrar el sesgo nacionalista que en muchas ocasiones han presentado tanto Iniciativa per Cataluña, heredera del PSUC, como el PSC, que aglutinó los diferentes grupúsculos socialistas catalanes incluyendo la propia agrupación regional del PSOE. En ambos casos, su tendencia independentista aparece ya en la misma relación con su referente nacional, definiéndose como organizaciones independientes. Han venido repitiendo la problemática y el conflicto que se daba entre Cataluña y España. Ambas formaciones se han mostrado todos estos años muy celosas de su independencia y de su autonomía, no permitiendo que las direcciones centrales intervengan en sus organizaciones, aunque ellos sí se consideraban con derecho a interferir en la dirección estatal, eligiendo a sus órganos y conformando sus decisiones.

El papel de estas formaciones políticas ha sido fundamental en la configuración social y política de Cataluña y también del nacionalismo. Sirvieron para canalizar y aglutinar a las clases populares, obreras y en una buena proporción de emigrantes, que poco tenían que ver con el catalanismo. Sin embargo, sus direcciones, con arraigo en gran medida en la burguesía catalana, presentaban una tendencia clara hacia el catalanismo cuando no al nacionalismo o al independentismo. De esta manera, en Cataluña se obstaculizaba e impedía la existencia de una izquierda jacobina con vocación internacional, como existe en todas las otras Comunidades. Tanto IC como el PSC han mostrado a lo largo de todos estos años un comportamiento confuso y oscilante, sin saber muy bien dónde ubicarse, pero con un coqueteo constante, cuando no entrega, al nacionalismo.

Con esta situación ambas formaciones han venido creando en mayor o menor medida conflictos y dificultades a IU y al PSOE, al tiempo que han condicionado sus planteamientos ante el problema catalán. Especial relevancia ha tenido y tiene la influencia del PSC sobre el partido socialista, dado el protagonismo que esta formación política tiene en la política global española y en la respuesta que hay que dar a los partidos secesionistas.

Desde hace algunos años ha surgido un hecho nuevo que ha dado aire y fuerza al independentismo (ver mi artículo de 14 de septiembre en este mismo diario). La crisis que se inició con el euro en 2008 y las políticas mal llamadas de austeridad originaron con toda razón fuertes movimientos sociales de contestación, también en Cataluña, contra las múltiples medidas que se consideraban injustas y frente a las situaciones de pobreza y de desigualdad difíciles de aceptar. Se hacía de ello responsable a los partidos mayoritarios, y lo que eran al principio movimientos de protesta se convirtieron en formaciones políticas ansiosas de reclamar su cuota de poder a lo que consideraban vieja política.

Surgió así una nueva izquierda sin contornos muy definidos, y quizás distintos en cada una de las Comunidades Autónomas. En Cataluña, desde luego, muy próxima por no decir identificada con el nacionalismo. Lo que en sus inicios constituyó una protesta social y económica se ha transformado en una reyerta territorial. Ese fue el ardid de Artur Mas, trasladar de sitio la diana y conseguir que los ataques que se dirigían contra el Gobierno de la Generalitat se orientasen hacia Madrid y que lo que era una contienda de clases y de grupos sociales se transformase en una lucha entre territorios. Y aquí tenemos esa nueva izquierda situada en el mismo bando que aquellos que provienen del partido más reaccionario y corrupto de España, CiU, y defendiendo los intereses de una de las regiones más ricas y prósperas de la península frente a las más pobres y subdesarrolladas.

Esta mutación tan descorazonadora no ha quedado confinada en el ámbito de Cataluña, sino que se ha instalado en toda España. Esa nueva izquierda, que se ha comido casi en su totalidad a Izquierda Unida y que ha robado muchos votos al PSOE, ha sido incapaz de transformar el descontento y la indignación en un discurso coherente de izquierdas. La levedad del pensamiento de sus líderes ha reducido todo a una lucha maniquea y también nominalista frente a la derecha y al PP, pasando por completo de contenidos. En esa dinámica, ha abrazado contra toda lógica el discurso del soberanismo catalán. Afirman que no son independentistas, pero la aceptación del derecho a decidir (derecho de autodeterminación) de una parte de España es reconocer ya que la soberanía no está en el conjunto de la sociedad española, sino tan solo en una región, provincia o cantón, sea el que sea. Bien es verdad que siempre son las regiones ricas las que quieren la independencia.

Hoy, la vacuidad de contenidos ha conducido a los líderes de Podemos y sus adláteres a un discurso bronco, nihilista, anárquico, a veces hecho de exabruptos y bastante mentiroso, similar al que emplean los golpistas en contra del Estado, en el que todo es nefasto y debe destruirse. Han desaparecido las manifestaciones por las pensiones, por la reforma laboral, por los salarios, por la sanidad, por la educación y se han sustituido por las reivindicaciones de los independentistas, que si ya resultan contradictorias en un partido de izquierdas catalán, qué decir cuando se hacen desde Andalucía, Extremadura, Galicia o Castilla.

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Forcadell se retracta
Cristina Losada Libertad Digital 10 Noviembre 2017

A la hora en que escribo estas líneas, Carme Forcadell y otros dos miembros de la Mesa del Parlamento catalán han dicho en el Tribunal Supremo que acatan la aplicación del artículo 155 y que la declaración de independencia a la que dieron vía libre para que se votara y aprobara, pese a las advertencias, no era más que "simbólica" y "declarativa". La declaración declarativa es una nueva aportación a la neolengua orwelliana del procés, aunque no brilla tanto como la declaración de suspendencia que nos brindaron antes los mismos actores. Pero que era "simbólica" va de soi. Simbolizaba la república catalana que proclamaron. Simbolizaba la voluntad de establecerla. Simbolizaba la disposición de hacer cuanto fuera preciso para instaurarla. Como así dijeron urbi et orbi. Como así prometieron a los creyentes.

Lástima que ese acatamiento del 155 y esa transmutación de la declaración de independencia en papel mojado no los hayan hecho delante de las cámaras de TV3, en vez de en una sala del Supremo. Yo les sugiero que llamen a la Empar Moliner, experta de esa tele en quemar símbolos como el texto de la Constitución, para que ahora haga algo de su estilo con la declaración declarativa: ponerla a remojo en un orinal. Pero lo que hay que deplorar, ante todo, es que esta confesión de que el ilegal referéndum y la ilegal declaración eran brindis al sol de otoño no la hubieran hecho mientras hacían el ilegal referéndum y la declaración ilegal. Porque lo que dijeron es que iba en serio y de verdad, que esta era la buena, que ya era hora, y que no darían ni un paso atrás.

Gracias a una escenificación tan buena que parecía todo como de verdad, gracias a sus llamamientos a la celebración y luego a la protesta contra cualquier intento de cortarles el rollo, gracias a los miles de figurantes que salieron a las calles haciendo como que creían que era de verdad lo que decían Forcadell, Puigdemont y Junqueras, gracias a todo eso, en fin, pasaron cosas muy graves. Son conocidas. Clima de enfrentamiento social. Fuga de empresas y otros daños económicos. Huelgas impuestas y sabotaje de infraestructuras de transporte. Lesionados y heridos, que fueron muchísimos según el recuento de los promotores de esta representación. Numerosos miembros de la Policía y la Guardia Civil acosados, así como sus familias. Inquietud y angustia de muchos ciudadanos de Cataluña, al punto de que no pocos pensaron en marcharse de su tierra, y de muchos otros ciudadanos españoles.

Para ser de mentira, los efectos de la declaración simbólica y de todo lo que la precedió y sucedió fueron de verdad. No son efectos que vayan a deshacerse como el papel en el agua. Fueron, para más, efectos buscados por los que dirigían este intento insurreccional. Lo tenían por escrito, aunque igual era sólo en plan declarativo. Y ahora que están en los tribunales y delante de unas penas nada desdeñables, resulta que esos dirigentes dicen que todo lo que han hecho era una farsa. Sí, la farsa son ellos. Son unos auténticos farsantes. Pero, desde ese punto de vista, que es el que acaban de adoptar los cabecillas procesados en el Supremo, lo que hicieron aún es de una vileza mayor.

La retractación de Forcadell, que ha sido figura clave en el atropello a la legalidad democrática, pone de manifiesto, por otro lado, lo errados que están los que dudan. Los que dudan del efecto disuasorio del Código Penal. Y los que dudan de la conveniencia política de la prisión provisional dictada para la otra tanda de dirigentes de la farsa. Porque poca duda cabe de que aquella medida cautelar ha tenido que convencer a Forcadell y al resto de miembros de la Mesa de que era mucho mejor dar un paso atrás que empecinarse. Los llaman, por eso, cobardes y traidores. Yo no los llamaría así por retractarse, sino por lo que hicieron antes. Pero es lo de menos. Hay que tener en cuenta que su retractación es, de nuevo, farsa para salir mejor parados. Ahora bien, políticamente deja al descubierto que la característica más notable de todo el procés es el engaño. El engaño en todos los aspectos, sí. El engaño a los ciudadanos que embarcaron. Porque a quien primero engañaron fue a su gente.

El Supremo se mete en política
OKDIARIO 10 Noviembre 2017

Meterse a golpista nunca había salido tan barato. Carme Forcadell, una de las representantes más radicales del independentismo catalán, —fue presidenta de la ANC desde 2012 a 2015— podrá eludir la cárcel si paga una fianza de 150.000 euros, que para la ex presidenta del Parlament es lo mismo que quedar en libertad directamente, pero algo más gravoso. La resolución del Tribunal Supremo sólo se puede entender desde la vertiente política, aún reconociendo la habilidad del magistrado Pablo Llanera para propiciar una confesión verbal de Forcadell. Una manera de que el Gobierno y los independentistas acerquen posturas. Antes de traicionar al resto de golpistas al acatar el artículo 155 de la Constitución ante el Alto Tribunal, Forcadell había desafiado en numerosas ocasiones la legalidad vigente y, con el resto de líderes independentistas, había sido un rostro visible del golpe contra España. Además, los letrados de la Cámara autonómica le habían advertido hasta el cansancio sobre la ilegalidad de sus actos. “No daremos ni un paso atrás”, dijo, no obstante, el pasado 21 de octubre después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara que iba a aplicar el 155. La condena de este jueves, por tanto, aunque pudiera resultar conveniente a la larga para solucionar esta grave crisis, no es recomendable.

Cualquier país avanzado que se precie debe fundamentar su Estado de Derecho en una incuestionable separación de poderes que actúe como un paradigma igualitario entre todos los ciudadanos. Bien es cierto que este fallo del Supremo desactiva el sempiterno victimismo secesionista y refuerza la voluntad del Gobierno de acabar cuanto antes con esta crisis de la manera más conciliadora y menos punitiva posible. Sin embargo, y como sucediera el pasado miércoles durante la huelga de Cataluña con la actuación laxa de los Mossos, puede transmitirse la sensación de poca contundencia y sentar peligrosos precedentes con unos líderes independentistas que, como han demostrado en reiteradas ocasiones, sólo están conformes y contentos con la ruptura de España. Esta resolución choca, además, con la petición de la Fiscalía, que había solicitado prisión incondicional tanto para Forcadell como para otros tres miembros de la Mesa: Lluís Corominas, Lluís Guino y Anna Simó. Al final, estos últimos quedarán en liberad con una fianza de 25.000 euros.

Resulta por tanto un rebaja excesiva ante las pretensiones del Ministerio Público y también en comparación con el trabajo realizado por la Audiencia Nacional. Allí, la juez Carmen Lamela ha demostrado lo que dijo: “No estoy subordinada a ningún poder político, haré lo que tenga que hacer en Derecho”. La magistrada ha confirmardo la prisión para Oriol Junqueras y los otros siete exconsejeros catalanes. Ahora el Tribunal Supremo ha cambiado el paso y ha confeccionado un auto político. Una maniobra que deja sin excusas a aquéllos que hacen un uso torticero e interesado de la palabra “represión”, pero que, al mismo tiempo, deja la sensación de que ir en contra de la Constitución y de España es algo que, en general, acaba siendo mucho menos grave de lo que parece. Y eso, a la larga, también puede convertirse en un gran problema por el efecto contagio que puede tener en otras regiones y, sobre todo, porque puede fomentar el escepticismo entre los ciudadanos que cumplen de manera escrupulosa con la ley.

El cuento belga de los "presos políticos"
Manuel Llamas Libertad Digital 10 Noviembre 2017

El independentismo ha puesto el grito en el cielo desde que la Audiencia Nacional decretó prisión provisional para el expresidente de la Generalidad Oriol Junqueras y siete exconsejeros, acusados de un presunto delito de rebelión, sedición y malversación de dinero público, con penas máximas de hasta 25 años de cárcel. Este hecho, sumado al encarcelamiento de los Jordis, líderes de las organizaciones ANC y Ómnium, acusados también de sedición, ha servido de excusa al movimiento separatista para alimentar su tradicional discurso victimista y, de este modo, denunciar la existencia de "presos políticos" en España.

El argumento de los independentistas, encabezados por Carles Puigdemont desde Bruselas, es muy simple: han sido encarcelados por sus ideas –no por incumplir la ley–; la independencia judicial no existe y, por tanto, se trata de una decisión política; y acusarles de rebelión constituye una aberración jurídica, puesto que la proclamación de independencia de Cataluña se ha llevado a cabo sin violencia en las calles. Todo ello demostraría el alto grado de represión que ejerce el Gobierno, a imagen y semejanza de la época franquista. En resumen, España vendría a ser una especie de dictadura que viola derechos y libertades fundamentales y carece de las garantías jurídicas básicas, según los separatistas.

¿En serio? Veamos qué dicen los principales organismos y expertos en la materia a nivel mundial. España tiene, sin duda, muchos problemas estructurales que urge corregir, pero si se amplía un poco la perspectiva y se abandona por un momento la ácida y constante autocrítica que tanto nos caracteriza como sociedad, el único dato objetivo es que es una de las pocas democracias plenas que existe a nivel global, con todo lo que ello implica -elecciones libres, estado de derecho, igualdad ante la ley, respecto de derechos fundamentales...-.

En concreto, España ocupa el puesto 17º en el Índice de Democracia que elabora anualmente el prestigioso The Economist Intelligence Unit, de un total de 167 países analizados, encuadrándose así en el privilegiado grupo que forman las 19 democracias plenas vigentes en la actualidad. Con una puntuación total de 8,30 puntos, tras el análisis de 60 indicadores, la democracia española se sitúa por delante de Japón, Estados Unidos, Italia, Francia e incluso la tan admirada Bélgica (puesto 35), calificada por Puigdemont y los suyos como el gran referente europeo de garantías y derechos.

Y uno de los frutos de esa democracia tan consolidada es que los derechos y libertades fundamentales gozan de una elevada protección. ¿Quién lo dice? En primer lugar, la ONU, que ha ratificado por activa y por pasiva el compromiso y cumplimiento de España con los diferentes tratados internacionales de derechos humanos. En segundo término, Amnistía Internacional, que no considera a los Jordis ni a los exconsejeros "presos de conciencia", ya que "están acusados de actuaciones que pueden constituir delito" y, por tanto, no pueden entrar dentro de la categoría de presos políticos.

Y, por último, el Índice de Libertad que elabora anualmente Freedom House, una entidad sin ánimo de lucro de origen estadounidense que se dedica a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo desde 1941, reconocida a nivel internacional como fuente de autoridad en esta materia. Su ranking mide el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la mayoría de países.

El siguiente mapa refleja la pertenencia de España al mundo libre, con una puntuación total de94 sobre un máximo de 100, por encima de Francia o Italia, por ejemplo, y a la altura de la tan dichosa Bélgica (95). En materia de derechos políticos, la nota es de 38 sobre un máximo de 40, y de 56 sobre 60 en cuanto a libertades civiles. El respeto a la libertad de expresión es casi plena (15 sobre 16) y lo mismo sucede con la libertad de asociación o los derechos individuales, entre otros aspectos.

En cuanto al Estado de Derecho, entre cuyos principios esenciales destaca la independencia judicial, España también saca una nota de 15 sobre 16, según Freedom House. Sin embargo, la Comisión Europea estudia en detalle el sistema judicial de los estados miembros y, a diferencia de la mala percepción general que tienen los españoles, el análisis estructural arroja una sólida independencia por parte de los jueces.

El siguiente gráfico refleja los órganos y autoridades que proponen el nombramiento inicial de los jueces de primera instancia y las autoridades que los confirman en sus cargos. Asimismo, muestra si la contratación de jueces se realiza a través de un examen o concurso al efecto o bien mediante una convocatoria de vacante sin un examen específico. Curiosamente, España (ES) y Bélgica (BE) presentan similares garantías para evitar la injerencia política sobre los jueces.

Y éste otro muestra que el poder político en España carece de discreción alguna a la hora de elegir, cesar o trasladar jueces -cosa distinta es la cúpula del poder judicial, una reforma que todavía esta pendiente-, a diferencia de lo que sucede en otros países –aunque en estos no se incluyen las salvaguardas pertinentes para evitar injerencias–.

Sobre la pertinencia o no de acusar de rebelión a la cúpula independentista, la decisión final corresponderá a las autoridades judiciales, pero es evidente que no es necesario levantarse en armas para llevar a cabo un golpe de estado, puesto que también existe la figura del autogolpe, muy prolija a lo largo de la historia, que es donde se encuadraría más bien el procés.

Así pues, por mucho que les pese a los separatistas y a la extrema izquierda, España goza de una democracia avanzada y un sistema judicial independiente donde el respeto a los derechos y libertades básicos de los individuos está garantizado. Puigdemont, por el contrario, se parapeta en Bélgica bajo el apoyo del partido nacionalista flamenco N-VA, cuyos antecesores, como la Liga Nacional Flamenca, colaboraron estrechamente con los nazis en la ocupación de Bélgica durante la II Guerra Mundial. Curioso.

No, en España no hay presos políticos, sino políticos presos que están imputados por graves delitos y que, además, presentan un alto riesgo de fuga, tal y como evidencia la huida de Puigdemont y sus cuatro exconsejeros a tierras belgas.

Los costes asimétricos de romper un mercado integrado
Manuel Alejandro Hidalgo vozpopuli.es 10 Noviembre 2017

Cuando acontece una desintegración de mercados o cuando menos su anuncio o amenaza, como por ejemplo son los recientes casos del Brexit o de Cataluña, es de extremo interés predecir sus costes económicos. Este interés es compartido por agentes económicos y políticos dada la necesidad de ajustar estrategias óptimas en entornos tan cambiantes como son estos casos. Dada esta necesidad, no son pocos los que han aceptado el reto de estimar dichos costes. Muchos han tratado de dar una respuesta en forma de cifra o dato con el que poder despejar incógnitas. Sin embargo, hasta ahora la respuesta es diversa e imprecisa. Por ejemplo, para el caso más cercano a nosotros, el Banco de España ha estimado que la crisis institucional catalana (no se incluye secesión) tendrá un impacto en el PIB español, en términos de menor crecimiento, de entre 3 mil y 27 mil millones de euros en los próximos dos años. Para Gran Bretaña el intervalo de posibles resultados no es mucho más estrecho.

Tales imprecisiones responden a dos principales razones. La primera de ellas, derivada de la dificultad de prever todos los canales de diseminación de los efectos. En algunos casos esta omisión puede llegar a ser muy relevante llegándose a reportar diferentes cifras dependiendo de qué variables o relaciones se incluyen en el análisis. En segundo lugar, todas las estimaciones se realizan bajo una importante incertidumbre, no pudiéndose descartar en el momento de la realización del trabajo diversos escenarios, lo que a su vez amplía las posibles estimaciones ya de por sí imprecisas.

Esta imprecisión y sus posibles razones es lo que en parte analiza el reciente trabajo del economista Thomas Sampson, donde entre otras muchas cuestiones no sólo trata de valorar los costes del Bréxit, sino además revisar someramente los resultados obtenidos por diferentes trabajos para dibujar la lógica de sus diferencias. Para Sampson, el principal hándicap en la realización de un análisis cuantitativo sobre rupturas de mercados integrados es que no tenemos evidencia histórica que nos permita construir los cimientos sólidos para una correcta comparación. Hasta ahora todos los análisis al respecto se habían centrado en análisis costes-beneficio de los procesos de integración económica, pero nunca de desintegración. Ante esta falta de evidencia, es realmente difícil poder valorar las consecuencias económicas del Brexit o del Procés catalán.

Como argumenta Sampson los escasos ejemplos existentes de desintegración económica no son relevantes para realizar ejercicios comparativos. Por ejemplo, Sampson menciona el caso de Argelia que con su independencia en el año 1962 técnicamente abandonó el entonces mercado único europeo. También menciona el caso de Groenlandia que abandonó la CE en 1985 al poco de adquirir su autonomía respecto a Dinamarca en 1979. También podemos analizar los casos de la independencia de las repúblicas ex yugoeslavas, pero no cabe duda de que todos estos ejemplos están lejos de ser usados como adecuadas referencias. Con estos mimbres es realmente difícil evaluar los posibles costes de la ruptura en casos como los que nos atañe.

A pesar de todo ello, los intentos no han dejado de realizarse. Entre estos, las estrategias a seguir han sido diversas. Por ejemplo, una primera estrategia trata de evaluar los efectos positivos de la unión, en vez de los de una secesión, para asumir que los beneficios generados por una integración se convertirían en costes llegado el caso de una separación. Sin embargo, esta estrategia nos lleva a una disyuntiva: ¿podemos y debemos asumir la existencia de una simetría en los efectos? La respuesta es que probablemente no. Los beneficios de la unión de varios mercados no tienen por qué corresponderse simétricamente a los costes que supone romperlos. Las razones son varias, pero por ejemplo podríamos destacar los diferentes periodos temporales en los que ocurren ambos hechos, los costes de romper un entramado comercial, legal y regulatorio, frente al beneficio que supone su construcción, la ruptura de las fuertes interrelaciones económicas-comerciales que afectan a otras variables como la productividad, la innovación, etc. Otra estrategia de estimación de costes camina sobre el uso de simulaciones. Por último, una tercera estrategia busca valorar los costes mediante la realización de estimaciones de los efectos en las relaciones comerciales incorporando además efectos sobre otras variables, como el cambio tecnológico y las externalidades del conocimiento.

Uno de los trabajos citados por Sampson, el de Dhingra et al. (2017), se basa precisamente en esta última estrategia. Según este estudio, y en el caso del Brexit, el coste sobre la economía británica sería relativamente elevado, de entre un 6,3 y un 9,4 % del PIB per cápita, cifras que son mayores que las obtenidas por ejercicios basados en las estrategias previas.

Lo que Sampson nos explica son las razones por las que las estimaciones obtenidas por esta última estrategia son superiores a las del resto de estrategias. La razón es que romper un mercado integrado no solo tiene implicaciones negativas en el comercio bilateral entre las previamente integradas economías sino además en el bienestar de los ciudadanos a través de otros canales, como es por ejemplo la caída de la eficiencia de la economía. Por ejemplo, el efecto en la productividad de las empresas, en las externalidades provocadas por la desaparición de sectores productivos competitivos, la pérdida de spillovers (derrame) del conocimiento, etc. A estos importantes costes hay que sumar el efecto de la reducción de la inversión directa extranjera tanto en Gran Bretaña como en el caso de Cataluña. Todos estos efectos tendrán consecuencias a medio y largo plazo en aquella economía que abandona el mercado.

Las consecuencias en las economías que permanecen dentro del mercado integrado no serían tan elevadas aunque tampoco despreciables. Pero hay que recordar que la economía que abandona el mercado, frente a la que no lo hace, lo hace poniendo en peligro una parte considerable de sus flujos comerciales, algo que no ocurre para aquellas que permanecen. Por ejemplo, si mientras para Gran Bretaña el 44% de sus exportaciones tienen como destino economías de la UE (el 12% de su PIB), para la UE, sus exportaciones a Gran Bretaña representan solo el 3,1 % de su PIB. Al coste británico habría que sumar los provocados por la desviación de comercio que, por el contrario, en la UE compensaría una parte de los suyos. Pienso por ejemplo en los beneficios que reportaría a Irlanda la localización de actividades e inversiones en un escenario de una Gran Bretaña fuera de la UE.

En el caso de Cataluña sucede algo similar. La región exporta al resto de España unos 39 mil millones de euros en bienes y casi el doble si añadimos los servicios (datos de 2016) frente a unas importaciones del resto de España de 21,3 mil millones. Las exportaciones solo de bienes al resto de España representaban en dicho año el 18,5% del PIB catalán, mientras que las importaciones (exportaciones desde el resto de España) el 10,0%, tan solo el 2,5% del PIB español. Si bien es cierto que estas cifras no representan directamente los costes a asumir por ambas economías, sí ofrece una clara evidencia de la asimetría.

En consecuencia, los costes de anuncios de rupturas económicas, o si esta acaeciese finalmente, serían muy posiblemente asimétricos. Es muy complejo valorar a día de hoy a cuánto ascenderían. Muy posiblemente nunca lo sabremos. Pero podemos intuir que muy probablemente será la economía más pequeña, aquella que abandona el mercado, la que absorbería la mayor parte de estos. A los costes derivados de la propia ruptura del comercio, habría que sumar el más que probable efecto de la desviación de comercio, el menor crecimiento de la eficiencia y la menor inversión extranjera. Esto debe llevar a reflexionar a los defensores de la estrategia de desgaste o choque de trenes en el caso del Catalexit. No se trata de una estrategia de colisión de dos trenes. Ni siquiera de un tren y un coche. Es la colisión de un tren con una gallina.

Cerámica

Instinto de supervivencia. Forcadell finge su retractación, su fe de erratas, y el juez finge creérsela a medias
Ignacio Camacho ABC 10 Noviembre 2017

A Carme Forcadell, de profesión catedrática de enseñanza secundaria, no parece gustarle mucho la cerámica. Al menos la que se imparte en los talleres de las prisiones femeninas en España. La perspectiva de dedicar sus horas libres, que en presidio son casi todas, a una tarea tan poco grata ha modificado de golpe su criterio sobre la declaración de independencia cuya votación impulsó y dirigió con mano tan firme como arbitraria. Era simbólica, dijo ante el Tribunal Supremo, una cosa sin valor jurídico, pura retórica, una insignificancia. Todo de mentirijillas, señorías; la secesión era una performance, una nimiedad, quincalla parlamentaria. Igual que eso de las llamadas a la resistencia contra el Estado y tal; palabrería política, cháchara para la clientela, logomaquia. En realidad, esto del procés no va en serio, somos gente de confianza. Y de paso acató también la intervención, artículo 155 mediante, de la autonomía catalana. Imponen mucho esos ropones, las señorías togadas con poder de enviar a cualquiera a la cárcel enarcando las cejas desde ese estrado de sillas altas. Pena que tan farisaica retractación, tan humillante fe de erratas, no le haya servido del todo: le toca alguna clase de cerámica.

En esto ha quedado el 27 de septiembre cuando están delante los magistrados. A esto se reduce la retadora arrogancia de aquel texto tan solemne que proclamaba la República en Cataluña y daba por iniciada la construcción de un nuevo Estado soberano. Todo era metafórico, intrascendente, imaginario; jugaban a la emancipación de la señorita Pepis sin intención de hacer nada malo. Y ella, Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento, la que se negó a escuchar las advertencias de sus letrados y a admitir las protestas de ilegalidad de la oposición, era una mandada que se limitaba a tramitar las mociones sin potestad alguna para reconducir las demandas de los diputados. La revolución independentista no era más que un pasatiempo, un devaneo sin consecuencias para mantener la cohesión de los partidarios.

Claro que se trataba de una estrategia, o más bien una táctica, de defensa. Ni Forcadell ni sus colegas reconocen otra justicia que no sea la que quieren crear para sí mismos con su dichosa independencia. Han fingido su acatamiento de la ley a la espera de que el juez fingiese creérselo siquiera a medias; mero instinto de supervivencia. Pero lo dicho ante el secretario judicial, dicho está, y lo allí escrito, escrito queda. A ver si los suyos, los jubilosos prosélitos que agitaban esteladas en la calle, aceptan que a la hora de la verdad a los héroes de la revolución les tiemblen las piernas y apostaten de su designio o se fuguen a Bruselas. Al menos a Junqueras, que ahora pasa los lentos días iguales entre la gimnasia y la celda, nadie le podrá reprochar que no arrostrase su iluminada aventura con todas las consecuencias.

El principio de realidad
RAFA LATORRE El Mundo 10 Noviembre 2017

En las calles de Cataluña, unos cuantos críos enteramente regidos por el principio de placer han vivido su primavera revolucionaria mediante el secuestro de decenas de miles de trabajadores. Lo llamó huelga, esta juventud sarcástica. En cuanto los Mossos hicieron saber que el 155 era tan simbólico como la república que venía a abolir, Cataluña se convirtió en una paidocracia, una pesadilla que parece salida de la mente de Chicho Ibáñez Serrador y que permite aplazar durante un tiempo la inevitable irrupción del principio de realidad. Esta era una consecuencia previsible de la decisión del presidente Rajoy de convocar las elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. El proceso, que ya no el procés, se instalaba desde entonces en la más pura lógica política, la que invita a supeditar los principios a la estrategia. El primero, el principio de realidad.

Las pasadas 48 horas demuestran que en España sólo uno de los poderes del Estado está determinado -es mejor pensar que es el único determinado a pensar que es el único capacitado- a que se produzca un despertar de las conciencias. El principio de realidad se hizo bellamente presente en la sala donde el juez del Supremo Pablo Llarena tomó declaración a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de la cámara autonómica. El apocalipsis era esto, la rendición innoble de quien en su día prometió no dar "un paso atrás" y que ahora promete no dar ni un paso adelante. La capitulación de Forcadell debería romper el hechizo que ha embaucado al independentismo pero también al Gobierno. Todo fue, ni más ni menos, que un desafío y el desafío era a la vez el medio y el fin.

Por eso ahora produce sonrojo recordar aquellos esfuerzos tan tiernos que hacíamos por autoconvencernos de que el Estado ya no podía hacerse presente allá donde llevaba tantos años ausente. La declaración de independencia fue la destrucción nada simbólica del procés, el final festivo -fugazmente festivo- de una ilusión colectiva que ha provocado el empobrecimiento moral y material de una comunidad próspera. Veinticuatro horas antes de que Carme Forcadell ingresara en el principio de realidad, los cachorros de la sedición imponían en las calles su principio de placer. Ese es el verdadero problema político de Cataluña y la mejor justificación para que, al fin, los ciudadanos catalanes puedan hablar con todo rigor y de una forma nada metafórica de su incomodidad.

Forcadell, el Supremo ‘sí’ paga a traidores
Pablo Sebastián republica 10 Noviembre 2017

A pesar de la petición de cárcel que la Fiscalía del Tribunal Supremo el juez instructor Llanera no ha enviado a prisión a Forcadell y sus compañeros de la Mesa del Parlament con una decisión que daña el prestigio de la Justicia y deja en desairada posición a la jueza Lamela de la Audiencia Nacional dado que los delitos que se imputan a Forcadell son iguales y aumentados por la desobediencia al Tribunal Constitucional.

Y ¿acaso ese ataque de Forcadell, los Jordis y los ex consejeros del govern de Puigdemont no son más graves e importantes que otros delitos como la corrupción? Pues sí lo son, de ahí que la débil decisión del Tribunal Supremo, por mucha prevención y la ridícula fianza de 150.000 euros que le imponen a Forcadell y sus compinches, huele a maniobra política y daña la credibilidad de la Justicia.

Y todo ello por más que Carme Forcadell, agresiva e insultadora habitual de España y de los demócratas, haya aceptado a declarar (¡faltaría más tras la semana de prórroga que recibió!) y haya acatado como una sumisa corderita la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Reconociendo la autoridad del Estado y las leyes que ella ha violado y desobedecido desde la presidencia del Parlament donde se declaró el pasado 27 la independencia de Cataluña, como pregonó Puigdemont en Bruselas y Junqueras en el NYT.

Pues bien, muerta de miedo y solícita con el juez y el fiscal, Forcadell afirmó ante el Supremo que la ‘declaración de independencia sólo fue simbólica’. Así ella renegó de su proceso independentista, después de haber pasado días llorando por Barcelona por miedo de acabar en prisión como sin duda lo merece, como colaboradora e instigadora en el delito de sedición y como agitadora de tumultos públicos en mítines recientes.

La cobardía manifiesta de los golpistas catalanes es asombrosa. Unos han salido corriendo a refugiarse en Bélgica, otros han callado en la Audiencia Nacional y el resto se está tragando sin rechistar el artículo 155. Y así ni uno solo de los golpistas, ni Puigdemont, ni Junqueras, ni Forcadell, ni los Jordis se han atrevido a decir ante un juez: sí, yo conspiré y actué para proclamar la independencia de Cataluña y romper con el Estado español.

¡Ni uno de los jefes de la rebelión! da la cara y asume la responsabilidad que le corresponde ante la opinión pública y la Justicia como lo hicieron Maciá y Companys. Y es que estos independentistas no tienen altura ni valía política y personal, son unos golpistas aficionados y ahora asustados. Y mentirosos compulsivos que llevaron Cataluña a la ruptura social, el desastre político y la ruina económica.

Pero ¿no prometieron que Cataluña sería república independiente? Pues ¿dónde está? ¿No dijeron que sería reconocida por la UE y la comunidad internacional de naciones? Pues resultó que nadie los reconoció. Y ¿acaso no anunciaron que la nueva República sería próspera y económicamente viable y que ningún banco o empresa se marcharía de Cataluña? Pues ya se han marchado todos los bancos y 2.300 empresas, ha subido el paro, se van las inversiones, cayó el turismo y el comercio. Y si en los comicios del 21-D los secesionistas ganan las elecciones Cataluña irá a la quiebra.

Y ¿qué dicen ahora de todo esto Puigdemont, Junqueras, Forcadell y los Jordis? Pues nada porque sólo hablan para hacerse las víctimas y porque no se atreven a reconocer su responsabilidad en el golpe de Estado catalán. Y después de esta intentona que tanto daño ha hecho y hace a Cataluña y a España llega el Tribunal Supremo y se pone de perfil -como antes se puso el TC- y finalmente deja en libertad a Forcadell porque por lo que se ha visto el Supremo ‘sí’ paga a traidores como la presidenta del Parlament que acató el 155 renegando de los suyos y pronto veremos el porqué.

El nuevo 'país': Cataluña
Manuel Trallero cronicaglobal 10 Noviembre 2017

Esto del país se ha puesto ahora de moda como los productos ecológicos y de proximidad o el turismo rural. Es decir, que han proclamado (o no-proclamado) una república catalana para denominarla país. Antes del país era solo el llamado jamón del país que tenía un aspecto mortecino, un gusto intrínsecamente salífero y una textura de suela de zapato. Frente al país se erguía como alternativa el jamón de Salamanca, que era como más de lo mismo pero en caro. Aún faltaba tiempo para que el comunista Manolo Vázquez Montalbán descubriera que España era una unidad de destino en el jamón de jabugo. Tras el hallazgo, descanso.

Ahora los indepes han inventado el país --¡con lo fácil que es llamar a Cataluña, Cataluña!--, que viene a ser como la quintaesencia; la Cataluña vacía, aquella en donde se obtiene un diputado en el Parlamento catalán con un tercio de los votos que cuesta en la provincia de Barcelona, la Cataluña catalana; la que empieza allá donde acaba el excinturón rojo de Barcelona, la carlista y clerical, frente a la Sodoma y Gomorra de la Ciudad Condal, esa Babel en donde incluso se habla en español.

Esa es la Cataluña del paro de país, una huelga general política, convocada por unos sindicatos que los conocen en su casa y entre cuyos dirigentes figura un patriota catalán cuyo principal mérito fue asesinar al industrial Bultó allá por la Transición. El objetivo fue separar ese país imaginario de la Cataluña real, procediendo al corte de carreteras, autopistas y vías de ferrocarril con la inestimable pasividad de los Mossos d'Esquadra. Eso, por lo visto, no es violencia sino hacer punto de cruz, macramé o yoga. Fotografiando para mayor gloria a niños de corta edad sentados en plena autopista. No contentos con ello, henchidos de espíritu europeísta, lograron cortar el acceso a Andorra. Una forma, como otra cualquiera de practicar la geografía recreativa mientras que el consumo eléctrico indicador efectivo de la actividad resultó ser superior al de un día laborable.

Todo sea en favor de los supuestos "presos políticos" y del "Gobierno en el exilio", a cuyo presidente fugado el gran periodista Rafael Jorba dedicó un tuit aleccionador: "Dejen de banalizar el exilio. Es un insulto a la memoria de centenares de miles de exiliados de la posguerra. No iban en avión. Cruzaban la frontera a pie y no dormían en un hotel en Bruselas sino en un campo de concentración en Argelès". Ello(s) a los suyo(s). Andan los indepes deshojando la margarita de si hacen o no hacen una lista de país para los próximos comicios del 21 de diciembre. No parecen dispuestos a ser unos sin techo durmiendo en los cajeros automáticos. Fuera del Parlamento hace frío, mucho frío, las cuentas corrientes quedan ateridas. ¿Qué vamos a hacer con Lluís Llach o Germà Bel que no tienen ni oficio ni beneficio?

En mi juventud esto del país estaba mal visto. Todos creíamos a pies juntillas los versos de Salvador Espriu: "¡Oh, qué cansado estoy de mi cobarde, vieja y tan agreste tierra, y cómo me gustaría alejarme hacia el norte!". Fieles al mandato del poeta nacional, tratábamos desesperadamente de ligar con aquellas míticas amazonas rubias y nórdicas que lucían bikini en la playa pero, con suerte, acabamos, en el sumun de la nortedad, en brazos de una joven de la Seu d'Urgell, hija de un militar. Ya lo decía Forges a modo de maldición: "¡...país!". Pero, claro, se refería a España.

Universidad de Salamanca
Juncker alerta en Salamanca contra los "venenos nacionalistas"
El presidente de la Comisión Europea ha sido investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca
efe / salamanca Laopinioncoruna 10 Noviembre 2017

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha alertado este jueves de los "venenos nacionalistas" que impiden trabajar en la Europa conjunta y ha sido tajante ante lo que representan: "Le digo no a cualquier forma de separatismo que fragiliza Europa y añade fractura y división".

En su discurso tras ser investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca (USAL), un acto en el que ha estado presente el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, Juncker ha reiterado la defensa de la legalidad en España tal y como ha venido haciendo en apoyo del Ejecutivo ante la situación en Cataluña.

El presidente de la Comisión Europea ha recalcado que la UE se basa en las reglas de Derecho y ha advertido de que el día que no se respete las normas libremente aceptadas por todos Europa habrá perdido sus oportunidades.

"No podemos jugar con sus derechos, ha subrayado, antes de alertar de la "amenaza que planea sobre la Unión" por parte los nacionalismos.

A su juicio, son "un veneno que impide que Europa trabaje de manera conjunta para influir en la esfera mundial".

Y ha sentenciado: "No tenemos el derecho a deshacer a nivel nacional y regional un modelo de coexistencia que hemos de construir para el conjunto de Europa. Si lo hacemos entraremos en deriva".

"Sí a la Europa de las naciones, sí a la Europa de las regiones, pero digo no a la división de las categorías nacionales y regionales que hemos sobrepasado ya desde la Segunda Guerra Mundial".

Asimismo, se ha referido a los esfuerzos realizados por los pueblos del sur, entre ellos, España con la que ha dicho que le unen lazos de amistad y respeto.

Sobre Europa ha insistido en que es la capacidad de vivir y "acercar nuestros puntos de vista" y en este sentido se ha referido al programa Erasmus, momento en el que ha tenido un recuerdo para el excomisario de Asuntos Sociales, Educación y Cultura Manuel Marín, a quien le ha atribuido el éxito de esa iniciativa.

Marín también ha sido investido este jueves doctor 'honoris causa', pero por razones personales no ha podido asistir a la ceremonia y lo han hecho en su nombre dos de sus hijas.

Juncker abogado por una Europa más solidaria y unida, y por aprovechar el viento que tiene a favor para dar vigor a "este crecimiento aún mediocre".

"Mejorar la situación de los jóvenes"
Por su parte, Rajoy ha garantizado el respeto a todas las decisiones judiciales aunque le "gusten más o menos" y, por ello, ha evitado pronunciarse sobre lo que puede decidir el Tribunal Supremo tras la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament.

Rajoy ha expresado ese respeto en declaraciones a los periodistas antes de asistir a la ceremonia de investidura de Juncker como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca.

Preguntado por la decisión que puede adoptarse en el Tribunal Supremo con la declaración de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y del resto de miembros de la Mesa de esta cámara, así como por el cambio de estrategia en esas declaraciones, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a ser respetuoso con todo lo que acontezca en los tribunales.

Para él, como presidente del Gobierno, la mejor aportación que puede hacer es respetar todas las decisiones del poder judicial.

"Lo que hagan hoy los miembros de la Mesa del Parlament lo respeto y respeto también las actuaciones de la Fiscalía y de los jueces y, por supuesto, sus decisiones", se ha limitado a señalar.

Sólo ha insistido en que a él le corresponde tomar las decisiones que son propias del Ejecutivo, mientras que el Parlamento tiene su cometido y los jueces tienen la función que marca la Constitución. "Yo la respeto sea cual sea su decisión, me gusten más o menos", ha reiterado.

El sindicato independentista de profesores: “No daremos clases en castellano, no nos someterán”
M.A. Ruiz Coll okdiario 10 Noviembre 2017

El portavoz del sindicato mayoritario de profesores en Cataluña, Ramón Font, ha advertido que los maestros catalanes se van a negar a impartir clases de castellano y van a seguir dando charlas de adoctrinamiento político a sus alumnos, porque no aceptan la autoridad del Gobierno español.

Como representante del sindicato de profesores USTEC-Stes, Ramón Font lanzó este mensaje durante el acto celebrado el miércoles en la Plaça de la Catedral de Barcelona, con motivo de la huelga general convocada por los independentistas para apoyar a los golpistas que se encuentran en prisión.

Font anunció que los profesores se negarán a acatar instrucciones del Ministerio de Educación, pues sólo reconocen la autoridad de la consellera Clara Ponsetí, que se encuentra en Bruselas huida de la Justicia española. “No reconoceremos ninguna autoridad impuesta antidemocráticamente”, añadió en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mediante el cual las competencias de la Generalitat han sido asumidas por el Gobierno español hasta que se celebren las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

“No daremos clases en castellano, no nos podrán obligar, no nos someterán”, proclamó desafiante durante el acto, “si quieren someter al profesorado catalán van a tener mucho trabajo”.

“¡Esto con Franco sí pasaba!”
Lo cierto es que la Generalitat ha venido incumpliendo desde 2010 las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que reconocían a los padres el derecho a escolarizar a sus hijos utilizando el castellano como lengua vehicular. Más recientemente, en enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estableció que el castellano debe representar al menos el 25% de las clases que reciben los alumnos.

El portavoz del sindicato independentista USTEC-Stes, mayoritario entre los profesores catalanes, también anunció en su discurso que los docentes van a seguir inculcando mensajes políticos a los alumnos menores de edad. “Se nos acusa de adoctrinar“, señaló, “dicen que estamos engañando y manipulando a las criaturas. Y nos lo dicen los herederos del Espíritu Nacional franquista”.

Y acto seguido anunció: “No renunciaremos a hablar de política en los centros educativos, porque es nuestra función, es nuestro trabajo”. Una parte del público asistente respondió a las palabras de ramón Font coreando: “¡Esto con Franco sí pasaba!”

Y SU ‘SILENCIO CÓMPLICE’ CON ETA
Las víctimas rechazan la ‘pantomima’ del Día de la Memoria en el País Vasco
La Gaceta  10 Noviembre 2017

Las víctimas de ETA critican que los partidos hayan cedido para organizar un acto “a medida de los justificadores de la banda terrorista” y tachan de “cínico” que quienes aún se niegan a condenar el terrorismo recuerden a las víctimas.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha alertado de que el Día de la Memoria que celebra este viernes el Parlamento vasco “estará presidido por el silencio cómplice con ETA”.

La organización liderada por Consuelo Ordóñez ha asegurado que la naturaleza y el objetivo del acto, que debería ser recordar a las víctimas del terrorismo, “se ha pervertido para convertirlo en una pantomima a medida de los intereses de quienes justifican el terrorismo”.

COVITE ha criticado que en la convocatoria del Día de la Memoria se hable de “todas las víctimas”, sin especificar a las que han padecido el terrorismo. A ojos del colectivo, esto supone “un intento más de construir un totum revolutum con todas las víctimas de la violencia obviando el significado político de las de ETA”.

Además, ha añadido, la falta de un discurso institucional implicará que el silencio será el que presida el acto. “Es exactamente lo que buscan quienes no han condenado a ETA: un manto de silencio que diluya sus responsabilidades, que no les inste a condenar el terrorismo ni a asumir los errores de su pasado”.

Por ello, las víctimas consideran que el formato del acto es “una cesión de los partidos políticos, que vuelven a dejar la construcción de la memoria pública en manos de los herederos políticos de los terroristas”.

“Es un retroceso en la batalla de un relato honesto y digno para las víctimas”, ha apuntado COVITE. Por último ha cargado contra el “alarde de cinismo de EH Bildu, que acudirá al acto que en teoría debe recordar a las víctimas a pesar de que sigue justificando su asesinato”.

miembros de Sociedad civil catalana
Estudiantes contra la independencia: "Se pasan el día llamándonos fascistas"
Ángel Villarino. Barcelona elconfidencial 10 Noviembre 2017

Pintadas en los muros, carteles con sus fotos, pitidos, abucheos, gritos... Pasamos un día con los estudiantes del bando "constitucionalista", una minoría en el campus de la UAB
Es media mañana de un día lectivo en la Plaza Cívica del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y un grupo de chavales se congrega junto a la puerta de la cafetería para hacer un grafiti. Estudiantes y profesores entran y salen sin darle ninguna importancia. La pintada, que va tomando forma, es una más de tantas. Por todo el campus hay murales pidiendo la independencia, esteladas, una bandera de la Unión Soviética y frases revolucionarias. Esta última dice: “Totes som antifeixistes” (Todos somos antifascistas)”. Firmado: “Plataforma Antifeixista”. A la una de la tarde, los artistas se dan prisa para rematar los últimos detalles del mural porque está a punto de comenzar la proyección de un documental en la sala de cine del campus. ¿El título de la película? “12 de Octubre: Cultura del Odio y Legítima Autodefensa”.

A la proyección acuden varias decenas de estudiantes que asienten en sus butacas mientras se relaciona sin circunloquios el fascismo, el racismo y el odio con el estado español y su historia desde 1492. Por la pantalla aparecen políticos del PP y de Ciudadanos, Cristóbal Colón y banderas de Falange, Donald Trump y los judíos expulsados por los Reyes Católicos. Dos miembros de la “Plataforma Antifeixista” introducen el documental subrayando que su lucha es cada vez más necesaria. Ahí están para recordárnoslo, remarcan, las juventudes de Sociedad Civil Catalana (SCC): el fascismo encarnado dentro del propio campus.

En una mesa de la Plaza Cívica nos reunimos con los peligrosos fascistas a los que hacen referencia. Son chavales que simpatizan o militan en partidos como el PSC o Ciudadanos y que hablan de política sin deslizar ni una sola frase que recuerde a la ultraderecha. Lleva la voz cantante Josep Lago, coordinador de la agrupación de Jóvenes de SCC y estudiante de ADE y Derecho. Nos cuenta que llegó a estudiar a la UAB procedente de Mallorca y se quedó impactado por el ambiente. “Vi que no se podía hablar en público en contra de la independencia. Me di cuenta de que había gente que pensaba diferente pero se callaba por la presión. Por eso a principios de 2016 nos juntamos unos cuantos para expresar nuestro punto de vista”.

Una de las primeras personas en las que encontró apoyo fue María Domingo, estudiante de Ciencias Políticas. “Empezamos siendo dos y enseguida éramos cerca de 30, un número que no es para tanto porque el campus es muy grande. Además muchos se bajaron enseguida por la presión y los insultos. Ahora quedamos unos 10, aunque hay otros que nos apoyan desde fuera. Para seguir haciendo esto hay que tenerlo muy claro porque te sientes rechazado, por ejemplo a la hora de hacer trabajos en grupo. Yo muchos días me siento apartada”.

Han recogido firmas para que nos expulsen y han pegado carteles con fotos nuestras
Josep asiente. Dice que es muy incómodo estudiar así. "La gente ya nos conoce, saben que somos los de Sociedad Civil. Hay algunos compañeros que nos da la razón en privado, otros que se comportan normal y luego están los que nos lanzan miradas de odio y nos insultan al pasar. Ahora mismo yo no estoy concentrado del todo cuando hablo contigo porque estoy pendiente de la gente que pasa a nuestro lado, por si viene algún radical a decirnos algo. Piensa que han llegado a recoger firmas para que nos expulsen de la Universidad y han pegado carteles con fotos nuestras, con los ojos tapados”.

Aunque no ha habido agresiones físicas, los estudiantes de SCC han vivido momentos muy tensos que nos van enseñando en las pantallas de sus teléfonos móviles. Los lios más gordos se producen cuando organizan actos políticos o son interrogados por las cámaras de televisión en pleno campus. “Tenemos el mismo derecho que ellos a hacer actos y difundir nuestras ideas. Pero mira lo que pasa cada vez que montamos algo". Lo que pasa en el vídeo es una trifulca con estudiantes que rodean su carpa y en la que tienen que intervenir los Mossos para protegerlos.

"Han llegado a quemar una bandera, a vaciar un extintor… y ya hemos puesto tres demandas”. En virtud a una de las denuncias, la Fiscalía de delitos de odio de Barcelona pide tres años de cárcel contra tres alumnos por los acontecimientos del 19 de abril de 2016 en la propia Plaza Cívica del campus. Según el auto, unos 20 jóvenes del Sindicat d’Estudiants dels PaÏsos Catalans (SEPC) los increparon con amenazas y gritos, les arrebataron una bandera y la la rajaron.

Son un grupo relativamente pequeño y han acabado haciendo piña. Pasan muchas horas juntos, hablando compulsivamente de política, de las asambleas de los sindicatos de estudiantes en las que se sienten excluidos, tuiteando e intercambiándose mensajes, fotos y vídeos con el móvil. “Es la única manera de no tirar la toalla porque estamos en un ambiente hostil y muy duro. Lo que nos parece más grave es que la universidad no nos está apoyando en absoluto, que permiten que los radicales pinten la facultad con consignas contra nosotros, que hagan barricadas y piquetes cuando hay huelgas. El otro día, por ejemplo, un profesor pidió votar a mano alzada sobre si teníamos que ir a la huelga. Y si dices que no ya estás marcado”, comenta Gorka Samaniego, alumno de Políticas y Derecho.

El Confidencial intentó obtener la versión de la UAB sin éxito. Su departamento de prensa se limitó a transmitir que los estudiantes de SCC son una minoría y apenas tienen representación. En una reciente entrevista con Espejo Público, la rectora Margarita Arboix le quitaba importancia a la situación asegurando que su universidad “siempre ha sido muy revolucionaria” y que ella defiende cada vez que tiene ocasión la “pluralidad y el diálogo”, tratando por igual a todos los grupos. “Somos una de las mejores universidades de España y no es verdad que haya un ambiente irrespirable”.

Un profesor que prefiere no ser nombrado recuerda que la UAB es famosa por su politización desde que se fundó a finales de los 60. “Lo digo en el sentido positivo porque es una seña de identidad de esta universidad y siempre ha habido mucho debate y activismo. Aquí el nivel crítico y la actividad de los alumnos es alucinante. Pero siempre entre diferentes corrientes del catalanismo. Que ahora haya chavales defendiendo a mano alzada y con carpas lo que dice SCC se puede entender como una provocación y más en el momento que vivimos. Da igual que los partidos que defienden tengan muchos votantes porque en la UAB son tendencias que prácticamente no existen. Para el rectorado esto tiene que ser muy dificil de manejar”.

Laura Casado, estudiante de Lengua y Literatura Española, insiste en que es muy difícil opinar sobre cosas como el 1-O sin llevarse un abucheo. “Si te limitas a ir a clase y callarte no tienes problemas, pero si hablas acabas siendo franquista y fascista, cuando en realidad la mayoría nos consideramos de izquierdas”. Jordi Salvadó, estudiante de Derecho, subraya otro matiz: “Hay muchos compañeros que son independentistas y respetan nuestras ideas. Yo creo que incluso son una mayoría. Pero los radicales marcan mucho, hacen mucho ruido y generan ese clima de intimidación”.

Desde finales de septiembre, la tensión se ha multiplicado a causa de las constantes huelgas de protesta por la situación política. El miércoles, el campus de Bellaterra quedó desierto por los piquetes instalados en trenes y carreteras. Decenas de estudiantes pasaron la noche en la Facultad de Letras y se levantaron de madrugada para cortar los accesos por carretera. “Al final cerraron los ferrocarriles, la AP-7 y la C-58", dice Josep Lago. "Yo llegué por carreteras secundarias y no habían podido llegar ni los profesores. Utilizaron sillas y mesas de la universidad para hacer barricadas, como hacen siempre sin que el rectorado condene nunca estas acciones”.

Escándalo en un colegio catalán: así se humilla a Rajoy, Sánchez y Rivera
ESdiario 10 Noviembre 2017

Mucho se ha hablado del papel de TV3 y de los Mossos en el "procés" pero ya comienzan a salir a la luz las pruebas del adoctrinamiento independentista en las escuelas.

Un Mariano Rajoy y un Pedro Sánchez subidos a un tanque intentando derribar una "Escola catalana" con una gran bola de demolición que lleva la etiqueta de 155. Y un Albert Rivera convertido -amarrado al blindado con una cuerda al cuello- en un títere de ambos. De esta forma tan gráfica se habla a los escolares catalanes de la respuesta del Estado de Derecho al golpe de estado independentista.

Una nueva muestra de adoctrinamiento en la educación en Cataluña que sale a la luz una vez que los catalanes constitucionalistas han decidido romper su silencio en respuesta a la declaración unilateral de independencia de Puigdemont, Junqueras y Forcadell.

Una denuncia que se suma a otra realizada este jueves por el diario La Razón. El uso de bebes y niños -fuera de guarderías y colegios- para sumarlos a la fallida huelga general de este pasado miércoles. La fotografía no puede ser más explícita.

Precisamente por estos hechos, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha explicado que denunciará ante la Fiscalía de Menores a los padres y educadores que "usaron a hijos y niños como escudos humanos" durante las protestas de la huelga del miércoles.

En rueda de prensa este jueves en la sede del partido tras una reunión del Comité Ejecutivo, ha dicho que llevará a la Fiscalía varias imágenes en las que pueden verse a "padres y educadores fanatizados hasta el nivel de usar a niños e incluso bebés como escudos humanos para cortar carreteras e ir a manifestaciones".

Considera que la Fiscalía debe actuar ante estos hechos y pide que a los adultos que los protagonizaron "les caiga la sanción más severa y más dura y se les escarmiente" porque bloquearon las comunicaciones y afectaron la cotidianidad de millones de catalanes.


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