AGLI Recortes de Prensa   Martes 14  Noviembre 2017

EMPLEO DE POLÍTICOS NO ELEGIDOS
Rozando el medio millón de colocados. Radiografía política de España en 2017
Juan E. Pflüger gaceta.es 14 Noviembre 2017

Uno de los datos más difíciles de contestar para el caso español es ¿cuántos políticos viven de la cosa pública en nuestro país? Y ciertamente, la estructura de las administraciones públicas hace muy difícil contestar a esa pregunta

Si nos ceñimos exclusivamente a los cargos electos, el número es ya de por sí muy significativo. Entre el Congreso y el Senado, los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los consejos insulares y el Consejo del Valle de Arán, un total de 77.007 políticos son elegidos para representarnos dentro de nuestras fronteras. A ellos habría que sumar los 54 eurodiputados que nos corresponden en las elecciones que se celebran cada cinco años.

Un número que se asemeja al caso alemán, italiano o francés. Con la salvedad de que estos países tienen una población muy superior a la española. El dato nos sitúa como el país de Europa con más políticos electos por habitantes. Pero el drama de España es mucho mayor, si tenemos en cuenta que la cifra crece eSponencialmente al añadir el aparato de libre designación de personas que eleva el número hasta los 445.568 cargos políticos en España.

Vamos por partes. A los más de 77 mil anteriormente mencionados debemos sumar los políticos contratados como cargos de confianza en las diferentes administraciones públicas, que actualmente ascienden a 40.970. Este dato, más que llamativo, se ve superado por el número de cargos de designación política que se encuentran en cargos de responsabilidad de empresas públicas con participación estatal: 131,250.

Las mancomunidades de municipios, esas administraciones a caballo entre las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, también sirven para colocar a políticos. En ellas se emplean 2.812 políticos que, previamente, pasaron casi siempre por la gestión municipal. Además, España envía en labores auxiliares a 1.100 políticos a la Unión Europea. Trabajan para los miembros electos, pero nadie les votó para ello.

El desarrollo de las representaciones diplomáticas autonómicas en otros países también es una salida laboral para los políticos que no son elegidos en las listas de sus partidos, son 941 los agraciados con estos puestos. Además, hay 60 políticos en el Consejo de Estado, casi 1.600 en el Tribunal de Cuentas y casi 5.000 repartidos entre los diferentes consejos económicos asesores.

Las diferentes oficinas de “defensores” -Defensor del Pueblo, del Menor, de la Mujer, del Estudiantes,…– coloca a otros 900 políticos; y cerca de 2.600 son empleados en los diversos Observatorios creados en España (violencia de género, LGTB,…).

Las fundaciones públicas colocan a 1.600 políticos, las cámaras de comercio a 6.000, el Instituto Cervantes a 80 y las embajadas de España a otros 240. Mientras tanto, en la Tesorería General de la Seguridad Social hay 800 políticos designados y en el INEM, otros 2.400. En las entidades educativas nacionales y autonómicas se ocupan en labores de decisión casi 2.000 cargos de designación política.

La cooperación internacional al desarrollo emplea a 230 y los medios de comunicación públicos a 630. Y como si ésto fuera poco, se han multiplicado organismos que no parecen tener otra función que la de colocar a cargos designados politicamente: las entidades de gestión de fondos de formacion, 140; las de desarrollo rural, 900; los consejos reguladores, 500; los diferentes consorcios, 870; y las comisiones nacionales (Valores, Telecomunicaciones,…) emplean a 500 políticos más.

También encontramos a 987 políticos trabajando en gestoras de fondos públicos y 132 en la Casa Real. Las entidades financieras de capital público dan empleo a 466 cargos designados y existen puestos de designación política en la gestión de clases pasivas, gestores de vivienda pública, entidades de publicaciones públicas y difusión cultural al exterior. Entre todas ellas suman algo más de 2.500 puestos de designación política.

Las agencias públicas de regulación reciben 910 designados políticos y otros 630 son enviados a los organismos de mediación. Casi 900 están en los organismos encargados de la conservación del patrimonio y unos 200 en centros de investigación. Los organismos estatales relacionados con el tabaco y los juegos de azar reciben 400 cargos designados.

Para gestionar el patrimonio del Estado y de las comunidades autónomas se designan a 1.200 responsables políticos. Otros 1.360 pasan por las entidades de mutualidades públicas.

El sistema sanitario y el educativo son otros lugares en los que los cargos de designación política tienen una amplia presencia: 9.000 en cada uno de ellos. En los organismos de control interno de las administraciones se sitúan 4.270 cargos designados, en la gestión catastral otros 2.500 y en las direcciones generales de Policía Nacional y Guardia Civil, 130. A ellos hay que sumar los 61 de instituciones penitenciarias y los 700 que colocan en los diferentes cuerpos de Protección Civil.

Pero también se colocan cargos de designación política para realizar seguimiento de medios de comunicación, 7.200; otros 750 en los padrones municipales de las principales ciudades. En las entidades de transporte público estatales, autonómicos y municipales hay casi 8.000 puestos destinados a cargos de designación política.

En conservación de infraestructuras hay 1.360 puestos designados por políticos y otros 900 en correos y telégrafos. En entidades deportivas y culturales, 4.000 más.

La lista, ya de por sí amplia, se completa con entidades de reindustrialización, de gestión de la energía, de desarrollo de medios rurales, en cuencas hidrográficas, en medioambiente y agencias meteorológicas, en la Agencia de Cambio Climático y en centros de estudios históricos y sociológicos. Todos ellos tienen una amplia presencia de personal de designación política. Entre todos estos destinos suman más de 10.000 puestos.

Los organismos públicos de igualdad y prevención de violencia doméstica no podrían funcionar sin los 2.330 cargos designados por la clase política. En los encargados de trasplantes y donaciones trabajan, a día de hoy, 86 cargos políticos, otros 36 en el Plan Nacional sobre Drogas y 34 más en entidades astrofísicas y de astronomía.

Completamos el repaso con los 2.450 designados por políticos para las entidades de promoción del comercio exterior, los 280 de las entidades de investigación pesquera y oceanográfica y los 370 largos de los parques tecnológicos y empresariales.

Si a estos cargos enumerados sumamos los 1.600 políticos retirados que cobran pensiones derivadas de su actividad política, los 65.130 liberados sindicales de las administraciones públicas y los 31.210 representantes de las patronales en los organismos públicos, nos hacemos una idea del coste de nuestra mastodóntica administración. Pero aquí no termina la cosa, España designa a 160 representantes políticos ante organismos internacionales como la ONU o la OCDE.

Y, a la vista de esta enumeración, ¿quién paga el coste de esta administración paralela a la de los más de tres millones de funcionarios que hay en España?

Cataluña: de oasis a páramo
José María Rotellar okdiario 14 Noviembre 2017

El golpe de Estado que trataron de perpetrar los independentistas ha causado un grave problema a Cataluña, en particular, dentro del problema general que ha originado en el conjunto de España. A la fractura social abierta por dicho golpe, hay que añadirle la económica, que constituye un torpedo en la línea de flotación de la reactivación económica regional catalana y que puede lastrar a la economía española. De momento, parece que a la economía nacional le impactará poco, apenas medio punto de PIB sobre la base de un crecimiento en niveles del 3%, pero podría llegar a restar más de un punto si persisten la inseguridad e incertidumbre. Ahora bien, en Cataluña esto ya se está notando, como hemos visto con los movimientos acontecidos en las distintas empresas: la inmensa mayoría de las principales del IBEX con sede social allí, la han cambiado. Dichas empresas, concentran el 30% del empleo que se genera en Cataluña, con lo que el riesgo de empobrecimiento de la región no es menor.

Ahora bien, poniendo los números negro sobre blanco, podemos observar que la tragedia comienza a tomar forma. Así, al analizar los datos de Sociedades Mercantiles que publica el Instituto Nacional de Estadística, podemos ver el frenazo que ha supuesto el intento de Golpe de Estado para la generación de actividad y prosperidad en Cataluña. De esta manera, si analizamos el acumulado del año, Cataluña concentraba el 20,2% de todas las sociedades que se creaban en España, con el 17,9% del capital. Pues bien, sólo en septiembre, tras la inseguridad jurídica generada con las leyes de desconexión y la convocatoria del “referéndum” del 1 de octubre, esos porcentajes han pasado al 16,5% en número y al 4,9% en capital, de manera que ha supuesto un parón terrible en la creación de empresas en Cataluña. Cuando se publiquen los datos de octubre, puede ser todavía más demoledor, amén de los movimientos de empresas ya señalados anteriormente.

Los políticos catalanes siempre han afirmado, presumiendo, que Cataluña era un oasis dentro de España, tanto político, donde imperaba la sensatez, repetían, como económico y empresarial, donde la región catalana era la más avanzada de España y la que más riqueza y prosperidad generaba. Luego hemos comprobado que en la parte política no existía dicha sensatez, pero en la parte económica y empresarial, aunque no de la manera tan exagerada como ellos afirmaban, sí que Cataluña constituía un motor económico esencial de España en gran parte gracias a las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos del siglo XX y de lo que llevamos de XXI, que han beneficiado enormemente a Cataluña.

Sin embargo, si ese oasis existió, ha desaparecido por completo. Políticamente, porque han convertido Cataluña en un lugar en el que sus dirigentes no han respetado la ley y, económicamente, porque con ello han destruido todos los cimientos sobre los que se sustentaba su progreso, riqueza y prosperidad. La deriva independentista ha comenzado a arruinar la economía catalana, donde ya no se constituyen tantas empresas como antes, donde las que estaban, muchas y muy fuertes, han tenido que salir huyendo de la inseguridad jurídica en la que los golpistas los metían, y en la que el empleo, desgraciadamente, puede resentirse. Han convertido el tan promocionado oasis en un auténtico páramo. Qué tristeza.

El difícil retorno a la legalidad (18)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 14 Noviembre 2017

CARLES PUIGDEMONT: OTRA ALTERNATIVA A LA INDEPENDENCIA ES POSIBLE. RAJOY RECONOCE QUE NO HAY PLAN “B”. ADA COLAU DICE QUE NO ES INDENPENDENTISTA, PERO ACTÚA COMO TAL.

Ahora resulta que el inquebrantable líder del golpismo, el héroe de la resistencia pacífica, el prófugo de la Justicia, exiliado voluntario en Bruselas, ha visto la luz y reconoce que puede haber otra salida diferente a la de la independencia. ¿Es eso ya la primera muestra del arrepentimiento que tanto le suplicaba Mariano Rajoy para acogerle cual hijo pródigo y asegurarle la impunidad que le exigía antes de hacer la DUI de mentirijillas? ¿Está preparando Puigdemont su regreso a Cataluña tras un breve paso por la Sala del Tribunal Supremo del juez Pablo Llarena que va a pedir de forma inmediata hacerse cargo de la investigación? Todo parce indicar que, como siempre, se están produciendo reuniones discretas con el fin de acabar con el circo de los fugados en Bélgica, y el que sea el Tribunal Supremo el que asuma las causas, da una total garantía de que la campaña electoral se realizará con la presencia de todos los candidatos, previa excarcelación con anterioridad al inicio de esta, y muy posiblemente antes del final de este mes.

El caso es que este discurso coincide totalmente con el que expresa el PSC por medio de su líder el bailongo fan del karaoke, Miquel Iceta, que ha publicado un libro – entrevista donde deja sus perlas sobre la situación actual de Cataluña. La solución del problema la resume en tres reivindicaciones: “si el objetivo político es encontrar un buen acuerdo que dé más autogobierno, mejor financiación y que permita que los catalanes voten ese nuevo pacto, para eso sí; para otra cosa, no”. Es decir, el PSC, exigiría al PSOE volver a reeditar el Estatuto que se aprobó bajo el Tripartito presidido por Pascual Maragall y el Gobierno de España de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero esta vez, con un “referéndum pactado” vinculante que, como hacía aquél proclame que Cataluña es una nación y se recoja la existencia de las estructuras de Estado de una plena autonomía. Una relación como la que ya disfrutan El País Vasco y Navarra bendecida por la Constitución de 1978 en la que la igualdad de derechos de todos los españoles quedaba violada por este trato preferencial dado a esas comunidades autónomas bajo la excusa de considerarlas “históricas”, como si el resto no formásemos parte de esa Historia común secular.

Lo que intenta el PSC con la ayuda de su socio federal, es simplemente obtener esas prebendas que supondrían de facto una situación de privilegio que haría innecesaria la independencia, ya que se contaría con todas las ventajas de seguir perteneciendo a la UE y gozar de todos los beneficios de esas relaciones. Y en esta nueva estrategia parece que el PP está dispuesto a transigir y está dispuesto a debatir sobre la mejora de la financiación autonómica, o lo que es lo mismo, la cesión de mayores competencias fiscales a las diferentes autonomías que cubra de forma suficiente las competencias delegadas y haga prácticamente innecesario recurrir al Famoso FLA (fondo de liquidez autonómico) y solo deba concretarse el balance para sufragar los “gastos generales” del Estado. O sea, una universalización del famoso Cupo Vasco y de los Fueros de Navarra. O lo que es lo mismo, crear un Estado florero con escasas competencias centralizadas, aquellas imprescindibles como la defensa, y la representación diplomática e Institucional.

Lo verdaderamente lamentable es que sea el mismo Presidente del Gobierno de España el que reconozca que tras las elecciones autonómicas en Cataluña del 21D, no existe un plan “B”. Supongo que se refiere a la posibilidad real de que las fuerzas golpistas vuelvan a obtener una mayoría parlamentaria, aunque sea con cambio de protagonistas y pase ERC a ser actor principal. Lo que está claro es que, de modo inmediato, el PSOE si se reedita el tripartito con el PSC, presentará una moción de censura en el Congreso de los Diputados contando con el apoyo de esas fuerzas que renuncian temporalmente a la independencia para ganar autogobierno, financiación y un referéndum pactado vinculante, y el resto de fuerzas nacionalistas como el PNV y resto de fuerzas del cambio con PODEMOS incluido. Mariano Rajoy se verá forzado a abandonar y será el momento de recordarle aquella frase del padre Echevarría en su libro de “Los paseos de Granada”: “llora como mujer, lo que no supiste defender como hombre”.

Dice Miquel Iceta que nunca han estado a favor de aplicar el artículo 155 de la Constitución y en eso coincide con Pedro Sánchez, e incluso con Albert Rivera antes de ver que podía sacar un rédito político con las elecciones autonómicas. Pero lo que no podía imaginarse es que tampoco Mariano Rajoy estaba por la labor de aplicarlo, precisamente por el miedo al qué dirán y por la nula confianza al alcance y eficacia de las medidas. De hecho, esas medidas han sido tan mínimas que se han limitado a ser las precisas para procurar convocar las elecciones autonómicas en el plazo más inmediato posible que dejaba la legislación. Poco más de mes y medio tras la disolución del Parlamento autonómico y el cese del Gobierno de la Generalidad y asunción por el Gobierno de España de sus funciones. Y sí que existe un plan, el de Pedro Sánchez y el de la famosa reunión nocturna en casa del empresario Roures entre Iglesias y Junqueras, un pacto de izquierdas a futuro tras el fiasco de la DUI.

Lo que causa vergüenza y bochorno ajeno es sin duda la actitud de la sonriente y cantarina defensora de los okupas, líder de los “comunes” y actual alcaldesa de Barcelona, la inefable Ada Colau. Alguien que no deja de decir que no es independentista, pero que todo lo que hace y dice lo contradice. Basta recordar sus admoniciones al Ejército de España de que no debían estar en el pabellón de la Feria de enseñanza, o sobre las FFyCCSE acusándolas de haber cometido el día 1 de octubre agresiones sexuales. O cuando vetó la asistencia tanto de las FFAA como de las FFyCCSE en el Salón de la Infancia. Una mujer que aprovecha su cargo de alcaldesa para hacer política sectaria a favor del comercio ilegal de los llamados “manteros”, y de los diferentes movimientos “okupas”. Que ha paralizado la actividad económica de la ciudad en lo que es una de sus principales fuentes de ingreso y de imagen, el turismo. Alguien que para no ser independentista ha dado toda clase de facilidades para que se realice el referéndum ilegal, y que llegó a participar y votar sí a la independencia. En conclusión, alguien que ya no engaña a nadie, salvo a los que quieran dejarse engañar. La del run run, se ha convertido en una ruina para los catalanes y una amenaza para las libertades.

Y ahora, Ada Colau aspira a ser la pieza clave y sr la Presidenta del próximo Gobierno de la Generalidad. Una pesadilla que deberían evitar los catalanes y devolver a esta individua a las calles con sus pancartas anti desahucios.

¡Que pasen un buen día!

El guiño de Puigdemont a Rajoy
Guillermo Dupuy Libertad Digital 14 Noviembre 2017

Resulta lamentable que, en nuestro país, se pueda privar de libertad a una persona por un delito por el que todavía no ha sido condenada, como es el caso de la prisión preventiva, y, sin embargo, no haya una medida cautelar en principio mucho menos lesiva para el acusado como sería la privación preventiva de su derecho al sufragio pasivo. Nada sería, sin embargo, más necesario en estos momentos, dada la irresponsable decisión del Gobierno de Rajoy de no esperar siquiera al juicio de los golpistas catalanes para convocar nuevas elecciones autonómicas; decisión que nos aboca no sólo a que los cabecillas del golpe puedan presentarse –incluso ganar– las elecciones del próximo 21 de diciembre, sino al riesgo de que reincidan en el delito una vez llegados a la poltrona.

Y esto es así porque, en el caso que nos ocupa, el riesgo de reincidencia en el delito, que se debe valorar a la hora de adoptar las medidas cautelares, no lo procura tanto la puesta en libertad bajo fianza de los acusados como su vuelta a los cargos públicos, único lugar desde donde podrían volver a las andadas, a la espera de juicio por los que ya están acusados. En este sentido, considero mucho más plausible la puesta en libertad bajo fianza de Carmen Forcadell, ordenada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera, que la puesta en libertad del mayor Trapero, ordenada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando el Gobierno aún no había cesado a sus superiores jerárquicos y cabecillas del golpe en aplicación del 155.

En cualquier caso, creo que el mayor riesgo que nos acecha no es que los cabecillas del golpe vuelvan a las andadas por una vía abiertamente insurreccional hacia la independencia, sino que se avengan a las nauseabundas ofertas de mejora de financiación y reforma constitucional que les ha brindado el Gobierno de la nación sin la menor critica de los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos.

A ello apuntan no sólo las declaraciones del portavoz de ERC, que ha admitido que el Gobierno autonómico "no estaba preparado para la independencia", sino las de Puigdemont, que ha descartado la secesión afirmando que "otra relación con España es posible".

Para quienes ni siquiera nos parece admisible la cuasi independencia de facto que ha gozado la Cataluña nacionalista durante tantos años, esta aproximación de los golpistas a las ofertas que les brinda nuestra infausta clase política constitucionalista nos debería preocupar mucho más que los autos judiciales, que lo único que han tomado en consideración hasta la fecha –y creo que con cierto– es la adopción de medidas cautelares a la espera de juicio.

Frente a ese riesgo, lo único exigible es la celebración de un juicio cuanto antes y el rechazo a toda reforma constitucional que no tenga por objetivo la retirada de las, más que estériles, contraproducentes concesiones que se hicieron en el 78 a los nacionalistas. Sin olvidar –eso sí– que esa vuelta a la normalidad, por la que tantos abogan, ha tenido como gran rasgo distintivo la impunidad de los nacionalistas, impunidad que ha sido vista con tanta normalidad como su erradicación del español en la enseñanza o su adoctrinamiento en las escuelas y medios de comunicación públicos.

Preguntar no es ofender
Amando de Miguel Libertad Digital 14 Noviembre 2017

No suele ser una buena técnica de redacción periodística el uso de continuas frases interrogativas. Pero hay veces en que no queda más remedio que colgarse de ese signo que significa perplejidad. Vamos a cuentas. ¿En España los jueces son realmente independientes del Gobierno? Es más, ¿el Gobierno de España realmente vela siempre por el interés general? Vamos a suponer que, ante esos dos graves interrogantes, las respuestas son afirmativas. Así nos quedamos tranquilos. Pero entonces, ¿por qué en Cataluña se registra una extraña constancia desde hace más de una generación? Me refiero a que los hogares con hijos pequeños cuya lengua propia es el español no logran encontrar centros educativos próximos que enseñen en el idioma oficial de España. El florido portavoz del Gobierno de España ha asegurado hace poco que se trata de "un hecho puntual"; quiere decir "raro o excepcional". De esa forma el Gobierno se quita la responsabilidad de poner orden al caos. Pero se trata de un crimen continuado que afecta a cerca de la mitad de la población de Cataluña y debería preocupar a toda ella. ¿Alguien ha sido procesado judicialmente (ahora dicen "investigado") por mantener una situación tan extravagante y oprobiosa? No, que yo sepa. En cuyo caso, es claro que los jueces no son muy independientes del Gobierno y que el Gobierno no se preocupa siempre por el interés general de los contribuyentes (ahora dicen "ciudadanos"). Retiro la sospecha si se me demuestra que estoy equivocado, que exagero por mi condición de profesor.

Me temo que sobre este particular España sigue siendo muy diferente de nuestros vecinos europeos. ¿Se imagina alguien que en Bretaña o en Alsacia las familias francesas no pudieran matricular a sus hijos pequeños en francés? Más extraño todavía. ¿Se podría suponer que en Irlanda los centros educativos renunciaran a impartir las clases en inglés?

La organización de la enseñanza pública catalana tiene lugar dentro de la vigencia de la Constitución de 1978. ¿Alguien puede sospechar la situación educativa que provocaría la hipotética República de Cataluña? No se me diga que se trataría de una república de Cataluña independiente y soberana. También lo es México y no creo que en las escuelas del país hermano se pudiera prohibir la enseñanza en español. Y así es en 20 países más.

Algunos cuitados, mayormente profesores, que residíamos en Cataluña en los albores del régimen democrático nos manifestamos públicamente por el peligro que suponía la malhadada inmersión lingüística. Quería decir la progresiva eliminación del castellano en el sistema educativo y por extensión en la vida pública catalana. Fuimos vilipendiados, amenazados y forzados a abandonar nuestros destinos en Cataluña. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón. La mayor miseria es que Cataluña ha dejado de ser un gran centro de cultura, por no hablar de su latente decadencia económica. Las grandes empresas catalanas que se han ido a otra parte, como las golondrinas de Bécquer, "esas no volverán". Puede, incluso, que regresen algunas, pero lo que se ha detenido abruptamente es la corriente de inversión económica extranjera.

Señalo todo esto porque lo que se llama ahora "problema catalán" no suele descender al detalle de la lengua en que se imparte la enseñanza obligatoria. Pero es algo fundamental. Precisamente las cohortes de adultos que fueron sometidos en Cataluña a la inmersión lingüística son ahora los que plantean la secesión de España. Ya se sabe que "la lengua fue siempre compañera del imperio", y no solo el latín.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Ni un minuto más de impunidad
OKDIARIO 14 Noviembre 2017

Podemos frente a los focos es sinónimo de mentira y fatuidad. Por eso tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria tienen que poner negro sobre blanco la realidad de su financiación de una vez por todas. Desposeerlos de su dialéctica de trileros populistas a base de investigaciones que desemboquen en una verdad contable y documental. Este partido que ha bebido con abundancia de los grifos monetarios de dos dictaduras como Venezuela e Irán —ahí están las pruebas aportadas por OKDIARIO y el testimonio de Enrique Riobóo, propietario de la televisión local donde se emitía La Tuerka— no puede seguir bajo el amparo de una inmunidad que se antoja inexplicable, al menos por los conductos de la congruencia. No puede ser tampoco que un sinvergüenza fiscal como Juan Carlos Monedero comparezca ante la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos para reconocer con desfachatez que trabajó “poco” para recibir 425.000 euros de la Venezuela chavista. Es una auténtica tomadura de pelo.

Tanto como que asegure desconocer a Rafael Isea, ex ministro de Venezuela que confirmó ante la Policía española que Chávez ordenó pagar 6,7 millones de dólares a la fundación podemita CEPS para extender el populismo bolivariano en España. Especialmente cuando todo el mundo sabe que tenía despacho y escritorio en la parte más influyente del Palacio de Miraflores, la residencia habitual de Nicolás Maduro. El dinero que recibió el ideólogo podemita está manchado por la sangre de los cientos de venezolanos que han perdido su libertad —o en el peor de los casos la vida— por defender los principios democráticos en aquel país. Una nación que, a pesar de los intentos blanqueadores de algunos periodistas, no es más que una satrapía donde su moneda interna es papel mojado que no vale de nada para sus ciudadanos y sobre la que Podemos no quiere que se informe. De ahí que políticos black como Ramón Espinar, o el propio Monedero, ataquen a los periodistas que se atreven a denunciar su connivencia con los jerarcas del régimen venezolano.

Un país donde la gran parte de los ciudadanos carece, si quiera, de cualquier opción que no sea malvivir. Amén de los 400 presos políticos que habitan en sus presidios subyugados por condiciones que vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tanto por la procedencia como por la cuantía, alguien dentro de las instituciones competentes del Estado tiene que dirimir qué pasó para que la Fundación de Podemos sólo declarara a Hacienda 3,7 de los más de 7 millones que les regaló Hugo Chávez. Está en juego la credibilidad de nuestro sistema, ya que cualquier ciudadano español que incurriera en semejante laxitud fiscal tendría graves problemas. Por eso, en el caso de un partido político se espera la misma rigidez o incluso más. Sobre todo cuando además la mayor parte de su doping financiero procede de dos de los regímenes más abyectos que existen ahora mismo en el mundo: el de los ayatolás iraníes —asesinos de homosexuales y adúlteras— que ingresó 9,3 millones al canal de Pablo Iglesias y que incluso pagaban su móvil personal, y el de esos militares caribeños metidos a políticos que en nombre de Simón Bolívar hacen de la miseria la única certeza del día a día, pero que al mismo tiempo buscan caminos offshore para depositar 272.325 dólares a nombre de Pablo Manuel Iglesias Turrión en agradecimiento a los servicios prestados.

La inútil yenka podemita
Alfonso Merlos okdiario 14 Noviembre 2017

No siempre en política es posible nadar y guardar la ropa. Al contrario. Con frecuencia cuando se deja entrever ante propios y ajenos una posición timorata, dubitativa, farisea o ambivalente que disfraza bastardos intereses y que adolece de falta de valentía el electorado huye despavorido. Y con razón. Especialmente ante cuestiones cruciales. Y desde luego la crisis de Cataluña, que arrastra un debate profundísimo sobre la unidad de España y nuestro modelo de Estado, es más que crucial.

Así se entiende, a través de esta dinámica, el hundimiento de Podemos en los sondeos y el baile de la yenka que no ha dejado de marcarse la singular Colau desde que las CUP —llevándose por los pelos a Puigdemont— se embarcaran en su golpista proceso. “Izquierda-derecha-adelante-atrás” cuando se trata de defender la ley, de que rija el Estado de Derecho, de que se observe la Constitución y de que quienes promueven la convivencia se impongan a los difusores de veneno y los destiladores de odio. Y pasa lo que pasa. Fiasco total, ruina demoscópica. ¿Tanto le cuesta entenderlo a Iglesias y sus —denominadas en modo cursi— confluencias?

Desde luego que lo han comprendido. Ya lo avizoró la defenestrada Bescansa cuando aseguró que sus correligionarios se pasaban demasiado tiempo mirando a los secesionistas catalanes, y que no era el mejor camino para progresar y crecer. Pero el problema no es ése. La cuestión medular no es tanto que los de las camisetas moradas tengan más o menos apego a la idea de una Cataluña independiente. ¡Qué más les da! Lo grave es que por sistema apoyan o toleran o, en todo caso, no combaten ninguna iniciativa que pretenda socavar la idea de España como gran nación, histórica, fuerte: porque no creen en ella, porque su sectarismo les frena cuando se les exige que saquen a relucir un mínimo común de patriotismo que no conocen ni conocerán. ¡Eso! ¡Eso es lo que les impide apoyar el restablecimiento del orden democrático a través del 155! ¡Eso es lo que les lleva a cortar relaciones con el PSC de Iceta! ¡Eso es lo que ante el infame 1-O motivó que la alcaldesa de Barcelona dijese que sí, que no, y que ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario! Es el marxismo del gran Groucho: hablemos de principios, pero veamos si los que muestro me sirven porque puedo esconderlos para sacar al instante los opuestos. ¡Qué pena!

Pero es lo que hay. Si precisamente ante el 21D Ciudadanos comparece en una posición de ventaja y de previsible auge es por su nitidez en las ideas, por su firmeza moral, por su seguridad en un momento tremebundo de incertidumbre. Y lo contrario sucede con las menguantes tropas de Pablo, general de división en horas bajas. Su indefinición, su cobardía, su cacofonía, la ausencia de un discurso propio, el ruido de sus palabras y al mismo tiempo su vaciedad le ha conducido al naufragio. ¡Qué razón tenía Tarradellas! En política lo único que no se puede hacer es el ridículo. Ahí estamos.

La normalización lingüística, una anormalidad democrática
El autor analiza, basándose en la situación de Galicia, como la imposición artificiosa de las lenguas cooficiales margina a todos los ciudadanos españoles y supone un atropello a la Constitución.
Pedro Insua elespanol 14 Noviembre 2017

Este es el título del libro que, en 1993, publicara (editorial Siglo XXI) el tristemente fallecido Manuel Jardón, y en el que se ponía de manifiesto con meridiana claridad el carácter “opresivo”, así lo dice Jardón, de la “transición lingüística” operada a raíz de la constitución autonómica de Galicia. La filtración en las leyes estatutarias y autonómicas de la ideología nacionalista dominante -dominante en el ámbito administrativo e intelectual, incluyendo el educativo, aunque ya no tanto socialmente- fue llevada a cabo además, en el caso gallego, por un partido, el hegemónico en Galicia durante todo este período -la AP de Fraga convertido en el PP actual-, que, en principio, no se caracterizaba por ser depositario de dicha ideología nacionalista fragmentaria. Más bien al contrario, y así lo siguen creyendo muchos, se caracterizaba -y sigue haciéndolo- por una ideología, digamos, “unionista”, por lo menos así figura en su programa, contraria a la fragmentación de España.

Sin embargo, y esto es quizás lo más llamativo de ese caso gallego, no hizo falta un PNV o una CiU a la gallega para que se colase la ideología nacional-fragmentaria en el ordenamiento jurídico autonómico gallego. En efecto, para que ello ocurriera fue suficiente con Manuel Fraga y su partido, a pesar de ese unionismo programático. Y es que es desde esta ambigüedad –quizás esquizofrenia-, desde la que ha actuado el PP de Galicia como principal artífice responsable del ordenamiento jurídico autonómico gallego, y lo ha hecho llegando, incluso, a asumir –y sigue en ello- como válida la tesis (nacionalista) del carácter nacional de Galicia (de hecho se legisla como si así fuera). Y todo ello, insistimos, a pesar de que en el terreno programático, de la propaganda y de las manifestaciones públicas, los representantes y dirigentes del PP no pongan en cuestión la unidad de España como nación, o, incluso, defiendan dicha unidad frente a la amenaza separatista.

Para muestra, sin ir más lejos, el botón de la pasada celebración, este verano, del 25 de julio, día de Santiago Apóstol, que se asume, por parte de las autoridades -con Feijóo a la cabeza-, como día nacional de Galicia -una idea promovida desde 1919 por las nacionalistas Irmandades da Fala de Vilar Ponte-, soslayando el hecho, prácticamente descartándolo, de que haya sido tradicionalmente un santo vinculado a España, desde época medieval, en tanto que patrón suyo (Santiago Matamoros, precisamente, representa la pugna contra el Islam en la que se forjó España, siendo Santiago Apóstol, en palabras de Américo Castro, el “anti-Mahoma”). En definitiva, una festividad común, nacional española, como es la de Santiago Apóstol -festivo en muchos pueblos de España-, se convierte, a través de esta asunción y complicidad institucional con el nacionalismo, impulsada por el PP gallego, en una festividad propia de Galicia.

La situación se agrava cuando esta restricción de la propiedad, que tiene que ver con la apropiación fragmentaria de una parte del territorio nacional español por parte de estos grupúsculos nacionalistas, se extiende también a la lengua y se convierte al idioma gallego, de nuevo, en lengua nacional de Galicia en tanto que lengua propia (excluyendo, claro, al español). Y es que, en efecto, uno de los tópicos más repetidos en relación a las lenguas vernáculas regionales existentes en España, y otra vez por infiltración de la ideología nacional-fragmentaria, es el que se ocupa de considerarlas como lenguas propias de la comunidad autónoma correspondiente.

En el Estatuto de Galicia, por ejemplo, art. 5, se dice, sin más, “la lengua propia de Galicia es el gallego”. Queda excluido por tanto el español, parece deducirse, como lengua propia de la región, viéndose así este desplazado a la condición de lengua adventicia, impropia, postiza, extraña en fin. Cuando además, desde instancias oficiales –sin ir más lejos, desde la web de la Xunta de Galicia-, se habla de la “imposición” del español durante siglos en dicha región y de la “normalización”, necesaria, como compensación de tal imposición, para restaurar la “lengua propia”, entonces es imposible, desde tales premisas, evitar la obstaculización, cuando no directamente el impedimento o negación del uso y aprendizaje de la lengua española en dichas regiones al verla, ya no solo como extraña, sino también como invasora.

En respuesta a esta idea conspira-compensatoria de las relaciones entre gallego y castellano, característica del galleguismo, Manuel Jardón, en unas breves líneas, fija muy bien las cosas sobre sus quicios históricos -reales-, frente a estas ficciones y veleidades desquiciadas del nacionalismo:

“¿Por qué el gallego, a pesar de su esplendor lírico, no llegó a ser lengua oficial del Estado? Porque cuando de forma esporádica y embrionaria existió el Estado gallego, el idioma oficial fue el latín, no el romance; y cuando las lenguas romances sustituyeron al latín como lengua del Estado, no existió en absoluto una Galicia independiente, con Estado propio, sino que fue solamente una parte más de la Corona de Castilla [...]. ¿Cuál fue la causa de la profunda decadencia del gallego escrito durante la Edad Moderna, la voluntad hostil del Gobierno central, castellano, o la marcha de la Historia que era desfavorable al gallego? La respuesta es clara: no hubo ninguna inquina centralista contra el gallego; lo que marginó al gallego no fue la voluntad de Castilla, sino la vitalidad del castellano, ligada a la vitalidad de Castilla”.

Una vitalidad castellana, por cierto, de la que participaba Galicia con los mismos plenos derechos -hablar de “siglos oscuros” en referencia a este período es pura retórica galleguista falsaria-, no habiendo “opresión” de ningún tipo hacia los gallegos y hacia Galicia como tal. En definitiva, es por esta realidad histórica señalada por Jardón, por la que el castellano terminará dominando, y no porque hubiera, en fin, ninguna conspiración política contra el gallego, o contra el resto de lenguas peninsulares regionales, según quiere el victimismo nacionalista.

Pero además tampoco hubo nunca oficialidad en el gallego, como pretende de nuevo falsariamente el galleguismo, de tal manera que, en rigor, nunca se le puede devolver a esta lengua una dignidad oficial que nunca tuvo. Es más la realidad es que el gallego real -el de los gallegohablantes-, para bien o para mal muy dialectizado y ruralizado con el paso de los siglos, queda completamente pervertido y desvirtuado al encerrarlo en el lecho de Procusto de su normalización oficial autonómica actual.

Ahora bien, siendo negativo esta perversión de la lengua gallega por su uso oficial, lo peor de este proceso de normalización es el carácter opresivo, en términos de Jardón, que para la población gallega representa esa oficialidad, que ahora obliga al uso exclusivo del gallego en la comunicación con la Administración cuando existe una lengua común, la española, igualmente oficial y que, sin embargo, se va marginando, incluso eliminando, de los ámbitos oficiales e institucionales. Privar de esta manera del uso del español, lengua internacional, a generaciones de conciudadanos españoles -gallegos, pero también vascos, navarros, baleares, catalanes, valencianos- para confinarlos en un uso, por lo demás artificioso, de una lengua regional es algo efectivamente anormal desde un punto de vista democrático (la Constitución democrática solo habla –art. 3- del deber de conocerla en referencia al castellano, precisamente por ser la única que es común en España), pero también desde un punto de vista intelectual, al obstaculizar, e incluso impedir, el uso de una lengua internacional que hablan 500 millones de personas (con todo lo que ello implica).

Es decir, ya no solo se trata de que los ciudadanos españoles tengan derecho a que las instituciones -sean de ámbito nacional, autonómico o municipal- se dirijan a ellos -cualquiera sea el lugar en el que habitan de la geografía española- en la lengua común, derecho que se está sistemáticamente violando en las comunidades con otras lenguas cooficiales, sino también se trata de que los habitantes de dichas comunidades están siendo marginados al ofrecerles una formación muy precaria del español -y en español- cuando, igualmente, tienen el deber -constitucional- de conocerlo y el derecho -igualmente constitucional- de usarlo. Es así pues, y en resolución, que las leyes estatutarias y autonómicas, para quien quiera enterarse, están consagrando, ahora sí, estas anormalidades anticonstitucionales y antidemocráticas.

*** Pedro Insua es profesor de Filosofía y autor de los libros 'Hermes Católico' y 'Guerra y Paz en el Quijote'.

Los pelotas de Maduro
EDITORIAL Libertad Digital 14 Noviembre 2017

La complacencia de la izquierda con los tiranos de su cuerda es una lacra bien antigua y sin solución aparente a corto plazo.

La complacencia de la izquierda con los tiranos de su cuerda es una lacra bien antigua y sin solución aparente a corto plazo. Buena prueba de ello es la manera en que los medios de comunicación de ideología izquierdista tratan a los dictadores marxistas, tanto en el terreno personal como a la hora de enjuiciar las consecuencias de su tiranía sobre las sociedades que han de padecerlos.

Este domingo tuvimos nuevamente un ejemplo perverso de ese trato complaciente de una parte de la prensa hacia los líderes comunistas con la entrevista que Jordi Évole practicó a Nicolás Maduro, el dictador que ha terminado de hundir a Venezuela en la miseria, la corrupción, el crimen y el descrédito internacional.

Évole, en consonancia con la línea editorial de su cadena, propiedad del comunista millonario Jaume Roures, se comportó en todo momento como si en lugar de un tirano responsable de haber llevado a la ruina a los venezolanos e implantado un reinado de terror en el país caribeño estuviera tratando con cualquier gobernante democrático sencillas cuestiones de matiz.

Es más, en el colmo de la indecencia profesional y deontológica, el periodista de La Sexta estuvo comentando su bochornosa entrevista en las redes sociales comparando los crímenes de Maduro contra su pueblo con las consecuencias penales que han recaído sobre los dirigentes separatistas catalanes acusados de rebelión y sedición.

Para esta izquierda impresentable, los pobres que sufren la tiranía de sus ídolos no merecen tener un futuro próspero ni gozar de libertad. Los izquierdistas europeos que actúan con esta vergonzosa sumisión hacia los peores asesinos lo hacen porque necesitan mantener la ficción de que el socialismo que defienden es una ideología de raigambre social y no una pavorosa maquinaria de devastación.

El defensor del pueblo y otros muchos “chiringuitos inútiles”
Antonio García Fuentes Periodista Digital 14 Noviembre 2017

El sistema de gobierno que no es una democracia, y que nos explota de forma ya inaguantable, por la cantidad de obligaciones que nos carga; y que nos sitúa en un estado más se siervos o súbditos, que de ciudadanos administrados con la justica que deben serlo los sistemas verdaderamente libres y en igualdad de obligaciones (noten que antepongo la obligación al derecho) y derechos, que obligan desde “el primero al último”, sin concesiones y privilegios para ninguno de los habitantes de un Estado, verdaderamente democrático y libre. Aquí no existe.

Nos han engañado (¿estafado?) ya tanto que detallar todo ello es imposible y aun siéndolo, serían necesarios “una enciclopedia de libros sobre el mismo tema”, cosa dificilísima de hacer, realizar y lograr fuera leída por el súbdito; el que en general pasa de esos problemas y prefiere dedicarse (por ejemplo) “a saber lo que come y caga su ídolo de ese engendro mundial que hoy dicen es el deporte que padecemos”.

El primero de ellos fue “la estafa del defensor del pueblo”; del que se nombró uno de ámbito nacional y luego terminaron por crearlos por las autonomías o “mejor dicho las autonosuyas” y parece ser que en otros ámbitos menores; resultado de todo ello, que alguien me diga si no ha sido una inutilidad real, tras unos papeleos absurdos e ineficaces, puesto que cada vez hemos ido a peor en lo social y económico, mientras con leyes draconianas nos han empobrecido de tal manera, que cada vez hay más indigencia en los habitantes de España, donde los ricos han crecido una enormidad al propio tiempo que la pobreza ha ido creciendo en proporciones horribles y ello tiene esa valoración que se puede concretar con este dicho… “el defensor del pueblo no sirve para nada y su organización que es inútil nos cuesta lo que ni sabemos por lo grande que debe ser el presupuesto total”.

Pues bien, este fue un solo asunto; después han ido creciendo desde los departamentos ministeriales, regionales, provinciales e incluso municipales o de los cabildos insulares, que son ya tan numerosos, como “las gotas de agua o arenas de los mares”; lógico la ruina actual, donde ya ni saben cómo aguantar las deudas públicas que amontonan como montañas inalcanzables. Y es que como los enchufados a la política ya son nubes inabarcables, hay que “enchufar” a esos ejércitos al dinero público y luego como los han ido manteniendo, ya son una plaga; como la que ahora obstaculiza a Cataluña, puesto que todos los actores de los incidentes que allí se producen, estoy seguro, que en inmensa mayoría, son perceptores de dinero público y temiendo que lo pierden o ya lo han perdido, son capaces de “hacer lo que hacen, puesto que antes muertos que perder la vida”; la política y estoy harto de decirlo, es solo panza y bolsillo y el que no lo vea así, es que “de caletre está peor que mal”.

Así es que si de verdad el que gobierne (no el que gobierna o ha gobernado que a la vista está) quiere que en España (o cualquier otro país) progrese de verdad el que piensa y trabaja produciendo lo que sea en beneficio de la sociedad, progrese como le corresponde, tiene que ser librado del peso enorme de unos impuestos y obligaciones que lo esclavizan o ahogan y por tanto desaparece y no salen nuevos.

Ya en 1983 y viendo la deriva que tomaba la nueva política y los enchufados que iban colocando en el dinero público; me vino la idea y escribí un relato titulado “LOS CANARIOS DEL EMPERADOR” y que fue incluido en mi libro “España aquí y ahora”, editado en una primera edición en 1984 y en una segunda en 1985; hoy agotado, pero hay ejemplares “en restos a la venta o libros de viejo”, que buscándolos se encuentran en Internet.

El contenido es el siguiente; de un país rico (como era España) se pasa a un país en la ruina, y debido simplemente a la monstruosa burocracia que en él se crea, donde se termina por nombrar “ministerios” para “los canarios del emperador”; para el agua de los canarios del emperador, para los recipientes del agua de los canarios del emperador, para el alpiste y así hasta lo inimaginable. Y como el ministro debe tener su enorme caterva de subalternos y departamentos, pues imaginen, lo que termina por ser aquella nación que se la comieron simplemente los empleados del Estado.

En realidad nada nuevo bajo el sol, puesto que fue el emperador Caracalla, el que públicamente dijo en situación similar… “Ya somos más los contribuidos que los contribuyentes”. Por lo tanto no fueron los bárbaros los que se cargaron al imperio romano, fueron, “los bárbaros y destructivos empleados del imperio los que se lo merendaron como parásitos que fueron”.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

Cataluña: ¿Rusia es culpable?
José Javier Esparza gaceta.es 14 Noviembre 2017

La “pista rusa” se ha convertido en algo así como la versión progre y mundialista del “contubernio judeomasónico”.

Sorprendente coincidencia: el Gobierno de España y el Grupo Prisa (casi está uno tentado de escribir “valga la redundancia”) han descubierto que detrás del tomate catalán está Rusia. ¡Ah, el malvado Putin! Pero, ¿es verosímil? Veamos:

Quienes han entregado la hegemonía política al nacionalismo en Cataluña desde hace 40 años han sido el PSOE, primero, y el PP después. El PSOE, sometiendo el socialismo “charnego” al PSC. El PP, sacrificando la cabeza de sus líderes españolistas en la mesa de Pujol. Pero ahora resulta que la culpa es de Rusia.

Quienes han entregado la educación al separatismo en Cataluña, desde hace 40 años, han sido el PSOE, primero, y el PP después. Muy señaladamente, unos y otros, haciendo inútil la inspección del Ministerio de Educación y tragándose la Ley de Inmersión Lingüística de 1983 y la Ley de Educación de Cataluña de 2009. Pero ahora resulta que la culpa es de Rusia.

Quienes han entregado la comunicación social al separatismo en Cataluña, desde hace 40 años, han sido el PSOE, primero, y el PP después, tolerando ambos un endeudamiento exponencial del aparato informativo catalanista, haciendo la vista gorda ante el evidente sectarismo de los medios públicos catalanes, permitiendo continuas infracciones de códigos éticos (y legales) en la manipulación de la infancia o en el insulto a las instituciones del Estado, renunciando expresamente a usar en sentido inverso los medios públicos del Estado en Cataluña… Pero ahora resulta que la culpa es de Rusia.

Quienes han subvencionado sin tregua a las fábricas del sentimiento separatista en Cataluña han sido el PSOE, primero, y el PP después, aportando directamente fondos a Omnium Cultural (por ejemplo), permitiendo que el gobierno autonómico catalán sufragara sin descanso a los predicadores del odio y, muy importante, vetando abiertamente cualquier iniciativa que estimulara la identidad nacional española. Pero ahora resulta que la culpa es de Rusia.

Quien ha frustrado cualquier opción de poder para los partidos españoles en Cataluña y el País Vasco ha sido, de forma muy significada, la opinión “progre”, empezando por El País, pero ahora resulta que la culpa es de Rusia. Quienes han permitido que se pisoteen los derechos de los catalanes que quieren educar o rotular en español han sido, sucesivamente, el PSOE y el PP, tolerando repetidamente que se vulnerara la ley, pero ahora resulta que la culpa es de Rusia. Quien ha reído las gracietas separatistas de la oligarquía económica catalana ha sido la oligarquía económica española, y quien ha transigido durante cuatro decenios con la “excepción catalana” ha sido el Estado en su conjunto (del Rey abajo), y quien abrió la lata de la reforma estatutaria fue Zapatero, y quien cerró los ojos ante el expolio masivo de los Pujol fue la Hacienda española, y quien rehusó aplicar la ley en un primer referéndum ilegal fue Rajoy, y quien… ¿hace falta seguir? No, porque ahora resulta que la culpa es de Rusia.

Y bien: ¿Rusia es culpable? Rusia, naturalmente, juega sus cartas en este como en otros asuntos: nada extraño en un país que nos ve como enemigos por la muy explicable razón de que hay carros de combate españoles en sus fronteras. Pero no, ya no nos van a engañar: no es Rusia la que ha montado el tomate catalán. Eso sí, la “pista rusa” les ha venido muy bien a los traidores de todos los colores para no tener que dar explicaciones ahora por sus innumerables errores, por su falta de patriotismo, por su gigantesca irresponsabilidad.

¿Ha escuchado alguien a los gabilondos, los sorayos o cualesquiera otras tribus del poder, pedir perdón por habernos metido en este lío? No, no: le echan la culpa a Rusia como antes se la echaban al franquismo. Es interesante: los que denuncian la “pista rusa” son los mismos que tratan de neutralizar la reacción patriótica española reduciéndola a esporádica emanación de la “ultraderecha”. La “pista rusa” es algo así como la versión progre y mundialista del viejo contubernio judeomasónico: sirve para todo. Un hilarante ejemplo de “causalidad diabólica”, que diría Poliakov. Pero llega un poco tarde: ya todos sabemos que el diablo, nuestros diablos, hablan español y llevan cuarenta años gobernándonos. No estaría mal desterrarlos a Rusia.

“Rusia tiene la culpa del separatismo catalán”
Pío Moa gaceta.es 14 Noviembre 2017

Una hora con la Historia: https://www.youtube.com/watch?v=WAjgRoukok8&t=2s

Los medios de intoxicación de masas de la OTAN y la UE, con el apoyo servil de unos medios españoles cada vez más abyectos y manipuladores, están lanzando campañas contra Rusia, acusándola, nada menos que del golpe separatista catalán. Estas campañas vienen muy bien para encubrir las causas reales del separatismo, que no son otras que las políticas de los gobiernos PP y PSOE de alimentar y financiar a los separatistas, vulnerando la Constitución y las leyes y haciendo trizas el estado de derecho. ¡Y ahora la culpa de todo la tienen los rusos! Vivimos en el esperpento permanente de una democracia fallida. Mientras los actuales (des)gobernantes, que han creado los enormes problemas que sufre el país, por si no les bastara se dedican a hostigar y provocar a Rusia desplegando tanques y aviones en el Báltico por cuenta de los intereses, en definitiva, de Gibraltar. Hay ya una larga experiencia de estas campañas de intoxicación orquestadas por unos medios de masas teóricamente libres, pero que en la práctica lo son cada vez menos, y su campaña de intoxicación sobre Rusia y Cataluña lo exponen a las claras. O recuérdese su actitud unánime contra Trump en las últimas elecciones useñas y se entenderá el peligro totalitario que sufren los países occidentales.

A raíz de dichas elecciones escribí en el blog este artículo, que sigue plenamente actual:
Para entender a Putin conviene entender antes a la Clinton. Esta señora representa la política abortista (hasta los nueve meses), radicalmente anticristiana, homosexista, LGTBI, imperialista so pretexto de extender la democracia, y extremadamente belicista. La política que ha convertido a Afganistán, Irak, Libia o Siria en auténticos caos de brutales guerras civiles, auge de regímenes de pesadilla como el estado islámico o golpe militar in extremis en Egipto. Y representa la política de cerco y acoso a Rusia. Todos estos “valores” los comparte con los demás dirigentes de la OTAN y la UE. La Clinton está convencida, ella misma lo ha explicado, de que Usa debe marcar la línea al resto del mundo en el siglo XXI, tal como lo ha hecho desde la segunda mitad del XX (durante 45 años en rivalidad con la URSS).

La cosa puede quedar más clara en relación con el caso sirio. Usa y la UE han apoyado y fomentado la desestabilización del régimen de Asad, como hicieron con otros regímenes, so pretexto de que era “un dictador”, como si no hubiera otros y mucho más dañinos (este al menos mantenía a Siria en orden y en paz, con prosperidad creciente). Y como si no fuera cada vez más antidemocrática la tendencia de la UE y la OTAN. Estas intervinieron de manera pirata, injiriéndose en los asuntos internos de Siria, país reconocido en la ONU, para imponer a unos supuestos demócratas degolladores. Con la ilusión, además, de hacer caer así a Irán, un régimen fundamentalista que, no se olvide, debe su fundación en gran medida a Usa y países de la UE. Por el contrario, Rusia actúa en Siria de manera perfectamente legal, a petición del gobierno legal y reconocido en la ONU. ¿Se ve la diferencia?

Putin ha hecho bastantes declaraciones acertadas: “No perseguimos a los homosexuales, pero a los niños hay que dejarlos en paz”, se opone a la abyecta política homosexista, cada vez más totalitaria, al abortismo, defiende el cristianismo, no admite un multiculturalismo destructor de la cultura europea, etc. En otras palabras, representa justamente lo contrario de la Clinton y de los actuales capitostes occidentales .

Es bastante lógico que algunos países del entorno ruso, como Finlandia, países Bálticos, Polonia, etc. sientan una desconfianza ancestral ante el imperialismo ruso y soviético, del que han sido víctimas tantas veces. Sin embargo el imperialismo ruso tiene hoy poca fuerza. Rusia es un país envejecido, que pierde habitantes, su población es menos de la mitad que la de Usa, y un tercio de la de la UE. Sus presupuestos militares son solo una décima parte de los de la OTAN. Con Putin la economía rusa ha superado el marasmo de la época de Yeltsin, inducido casualmente por el Banco Mundial y el FMI, pero sigue siendo una economía débil y vulnerable. Las posibles apetencias imperiales rusas resultan, una vez examinadas las relaciones de fuerza reales, muy poco amenazantes, al menos por un tiempo considerable.

Sin embargo, desde el derrumbe de la URSS, la OTAN ha acosado a Rusia y la ha cercado de bases militares. La OTAN engañó a Gorbachof dándole a entender que no se extendería a los países ex satélites de la Unión Soviética, pero ha hecho exactamente lo contrario. La culminación de esa estrategia consistió en derribar al gobierno proruso de Ucrania mediante la táctica de las “primaveras árabes”, como primer paso para extender allí la OTAN. En este punto, Rusia reaccionó recuperando Crimea y señalando: “Queremos que la OTAN venga de visita a Sebastopol, no que nosotros tengamos que ir a visitar a la OTAN en Sebastopol”. Los sucesos de Ucrania colmaron el vaso. En este país existe una masa de población prorrusa y otra muy antirrusa, en la que se apoyarían la tendencias expansionistas de la UE y la OTAN, y el derrocamiento del régimen prorruso ha generado una guerra civil localizada, en la que Moscú ha apoyado – lógicamente– a los suyos. Sin la “primavera ucraniana”, promovida, al igual que la “primavera siria” y otras, por Usa y la UE, no habrían surgido los conflictos actuales. Y la Clinton y sus seguidores de la UE, son de lo más “primaverales”.

Para crear ambiente y opinión internacional contra Rusia, la propaganda de la OTAN y la UE insiste en que Putin es un “autócrata”, un “nuevo zar”, en que no es un demócrata, etc. La realidad es que, si lo medimos por su popularidad, Putin es más demócrata, es decir, tiene más apoyo popular, que los gobernantes occidentales, y que por ello no necesita falsificar las elecciones. Una popularidad basada en algo sólido: el orden y prosperidad logrados desde el período de Yeltsin, y su defensa de los intereses nacionales rusos. También ha señalado Putin, en referencia a la política de UE y OTAN: “No queremos una democracia como la que han llevado a Irak”. Desde luego, no es un gobernante blando ni un demócrata modélico, y se le han achacado medidas ilegales contra sus contrincantes, dominio de los medios de masas, favoritismos, quizá el asesinato de alguna persona molesta, etc. Pero habría que ver si sus acusadores son inocentes de cosas parecidas o peores. Empezando, por lo que nos concierne, por la democracia fallida y destructiva de España. En una conferencia con los líderes de la UE, Putin les dijo: “Ustedes son muy aficionados a darnos lecciones de democracia que ustedes mismos no siguen”. Cito de memoria pero vino a ser algo así.

Lógicamente, debemos preguntarnos a qué responde la agresiva política de la OTAN hacia Rusia. Creo que puede responder a dos concepciones estratégicas. La primera es que Rusia es una potencia débil (aunque tiene un arsenal nuclear muy a tener en cuenta) y hay que aprovechar la situación. Y en segundo lugar a un designio, también denunciado por Putin, de trocear a Rusia, en particular a Siberia, para adueñarse de sus enormes reservas de materias primas. Un plan en el que podría llegar a interesarse también China, otro punto débil de Rusia. Desde la caída de la URSS, los gobiernos useños y a sus órdenes los de la UE, se han aficionado a intervenir en los asuntos internos de otros países, a vulnerar la legalidad internacional, a promover guerras civiles… Los resultados (costosísimas derrotas en Afganistán, Irán, Libia, feroz guerra civil en Siria, auge del islamismo radical, masiva llegada de supuestos refugiados a la UE, golpe militar en Egipto, tensiones crecientes en Europa, etc.) debieran advertir a los Clinton y similares de los peligros de tales políticas. Hoy por hoy, es Putin quien tiene razón.

************
Prácticamente todo lo que cuentan los antifranquistas sobre el franquismo es falso. Y lo que cuentan los franquistas, muy insuficiente y simple:pic.twitter.com/rUPtw9Fdlf

Los separatistas llaman a llenar de pruebas falsas el informe de Sociedad Civil Catalana sobre el adoctrinamiento escolar en Cataluña
Carlos Cuesta okdiario 14 Noviembre 2017

Los separatistas siguen controlando las campañas de acoso pese a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sociedad Civil Catalana se ha vuelto a encontrar con su ataque y, además, en un punto especialmente delicado. La asociación constitucionalista está elaborando ya un informe para presentar al Ministerio de Educación donde se van a presentar oficialmente infinidad de denuncias y casos particulares de acoso escolar y adoctrinamiento de los alumnos que deciden intentar estudiar en castellano. Los separatistas, orquestados y organizados, están realizando un llamamiento para llenar ese informe de denuncias falsas y desvirtuar la validez del estudio.

Sociedad Civil Catalana ha decidido tomar el liderazgo en está función y ha recopilado miles de denuncias y casos concretos hasta el momento. Ha abierto una campaña de captación de información, datos y denuncias para lograr un mapa lo más exacto posible del continuo abuso en las escuelas catalanas. Y lo está haciendo con una intención sistemática y dirigida a poder presentar el resultado de su recopilación de abusos escolares ante el Ministerio de Educación.

La idea es demostrar que no se trata de casos aislados de adoctrinamiento y politización en las aulas, sino de un esquema perfectamente coordinado de órdenes jerárquicas desde los partidos separatistas que se repiten en los distintos colegios siguiendo un programa de ingeniería social trazado ya en la época de Pujol -lo que se denominó el “Programa 2000”-.

La idea ha generado la alerta en los grupos separatistas que saben perfectamente que si se elimina el miedo a la denuncias, la información que puede aparecer acabará provocando una respuesta social que puede exigir el fin de su gran fábrica de independentistas: las escuelas.

Por ello, las asociaciones separatistas han emprendido una campaña de acoso contra Sociedad Civil Catalana. Insultos, ataques a la web, presiones a sus miembros y, dos nuevas medidas: la primera, el intento de llenar de información falsa el estudio remitiendo datos que no concuerden para confundir el estudio y desautorizarlo. La segunda, movilizando a sus alumnos para que exijan en los rectorados que Sociedad Civil Catalana sea rechazada y, por lo tanto, les resulte mucho más difícil acceder a estos datos, al menos, en el entorno universitario.

El esquema de actuación de los radicales es, de nuevo, el mismo que ya se trazó en aquel famoso Programa 2000 de Jordi Pujol padre. En aquel documento se recogían puntos como los siguientes:

“Impulsar el sentimiento nacional catala´n de los profesores, padres y estudiantes”. O como la “elaboracio´n de un plan de formacio´n permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales. Incentivacio´n positiva de los cursos de reciclaje”.

También se hablaba de “editar y emplear libros de texto sobre la historia, geografi´a, arte, literatura, economi´a, etce´tera, de Cataluña y de los Països Catalans. Establecer acuerdos con editoriales para su elaboracio´n y difusio´n, con subvenciones si es necesario”. Se reclamaba la “catalanizacio´n de los programas de ensen~anza”, “reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanizacio´n de la ensen~anza.

Vigilar de cerca la eleccio´n de este personal”, “incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas”, o el “refuerzo del papel de los cuadros directivos de los centros” y “velar por la composicio´n de los tribunales de oposicio´n”.

Todo ello con el fin de expulsar, como ahora hacen, a aquellos que defiendan una educación libre.

Tolerancia suicida: la enfermedad de la estupidez
YOLANDA MORÍN lagaceta.eu 14 Noviembre 2017

Cada día escuchamos o leemos noticias que, por una razón u otra, nos resultan (incluso a estas alturas) chocantes por ser contrarias al sentido común, a la lógica, a la ciencia, o incluso al buen gusto y la educación. Muchos coincidimos en la sorpresa ("¡Parece mentira!", la indignación (¡"Es increíble que nadie haga nada!") o en la incredulidad ("¡No me lo puedo creer!"). Y lo dejamos ahí, con nuestra confusión, con nuestra sorpresa, incluso con nuestro desconcierto de que las cosas estén mal, de que vayan a peor, y que la reacción de los españoles, de los europeos, sea la que es.

Estamos viendo cada día las aportaciones de la multicultura a nuestras sociedades. Barrios enteros donde las mujeres europeas no pueden entrar sin llevar velo para evitar sufrir el acoso de los foráneos. Zonas "no go" (donde imperan bandas islámicas y rige la sharia) en las principales ciudades europeas en las que ni la policía se atreve a entrar. Hasta tal punto es un problema, que han surgido numerosas app para advertir al incauto viajero que no debe adentrarse en ellas. Atentados día sí y casi día también en cualquier ciudad europea de cualquier modo: cuchillos, camiones, furgonetas, bombonas de gas, cubos de explosivos, siempre en nombre de una "religión de paz" que día a día crece en nuestro territorio y que juega al juego de pedir tolerancia para imponer su intolerancia. El islam organizado se libra de toda responsabilidad diciendo que "son unos pocos que han entendido mal sus escrituras", pero jamás manifiestan diciendo "No a la islamofobia" en lugar de "No a los atentados en nombre del islam".

Sin embargo, los pueblos europeos reaccionan de una manera cuanto menos sorprendente: sale a la calle a gritar "Welcome refugees" y "Queremos acoger", mostrando una suicida benevolencia con los que precisamente causan estos problemas. No es que no haya realmente refugiados que necesiten ser acogidos. Pero ni mucho menos los miles que vienen a Europa buscando en realidad que les den un piso gratis, una paga, y una vida cómoda y fácil. "Refugiados" que nada más ser rescatados preguntan dónde hay wifi, o exigen comida adecuada a sus gustos y tiran la que se les ha dado, o queman sus propios centros de acogida para protestar por la mala calidad de los colchones o la inadecuada temperatura del agua del grifo... La mayoría, por descontado, no son mujeres con niños pequeños o ancianos, sino hombres jóvenes, que no son originarios de Siria y que en realidad no vienen huyendo por motivos políticos, sino de culturas donde el conflicto es algo innato y endémico.

Y entonces nos preguntamos: ¿Qué ha pasado con los pueblos europeos, otrora inteligentes y capaces, para llegar a esa degeneración absoluta de su capacidad de pensar? ¿Cómo se ha estupidizado a los europeos de esta manera? ¿Cómo se puede forzar a unos pueblos a que escojan su propio genocidio y marchen felices a su exterminio o su sumisión gritando "¡Queremos acoger!"?

En realidad, el universalismo y el relativismo cultural procedentes de la Ilustración, sumados al buenismo cristiano procedente de un mal entendimiento de los Evangelios, todo ello aderezado con el marxismo cultural, ha producido un pueblo decadente, estúpido, ignorante e incapaz de hacer nada por sí mismo, y que pide en cambio que le lleven al matadero. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Así, tenemos un pueblo que cree que "todas las culturas enriquecen" (aunque a título personal, no me gustaría que me enriqueciera una cultura caníbal, la verdad….). Un pueblo que cree que "Todos somos iguales", como si el ser humano pudiera quitarse de un entorno y trasplantarse a otro sin mayores consecuencias. La propia naturaleza nos enseña que cuando llevas animales o plantas foráneas a un hábitat ya formado, tiende a destruir a los animales o plantas nativos e imponerse. Igualmente, las personas no pueden concebirse fuera de una conformación genética, cultural y social que determina su modo de vida, sus costumbres, su modo de pensar y actuar. Un pueblo borracho de solidaridad enfermiza, de tolerancia suicida, de estupidez autodestructiva. Un pueblo relativista para el que todo vale. Un pueblo estúpido que no ve que su decadencia, su soberbia, su estupidez, simplemente sirven para que los que quieren imponerse tengan el camino casi hecho.

Quizás los más necios, o los más soberbios, piensan que al contacto con nuestra superior cultura cambiarán, se integrarán, y acabarán siendo como nosotros, pero de otro color de piel. La esquizofrenia de ese planteamiento es tan evidente que no me molesto en desarrollar más el tema. Así, una Europa en la que habíamos avanzado algo en el tema del maltrato animal, vuelve a la época pre-medieval permitiendo el cruento sacrificio halal por cuestiones "religiosas". Una Europa en la que habíamos avanzado en el tema de la mujer se encuentra con que la ablación está tan extendida que empieza a ser un problema serio, se encuentra que las violaciones a mujeres que no llevan velo están a nivel de países como Somalia o Nigeria, se encuentra que los abusos y acosos sexuales por parte de "refugiados" están tomando proporciones dantescas. Una Europa que dio filósofos, músicos, arte, literatura, está involucionando hacia el pasado más oscuro y sombrío en favor de una religión que niega la filosofía, la música, el arte, la literatura. Y hemos renunciado a nuestra cultura para aceptar esto, para acoger esto, para pedir esto. Hemos renunciado a grandes logros para conseguir inseguridad, miseria, pérdida de derechos personales y sociales, delincuencia, retroceso en costumbres y... y a todo eso lo llamamos "enriquecimiento multicultural". No hay más explicación que la enfermedad de la estupidez.

La situación, a estas alturas, ya no puede considerarse ni siquiera crítica. Es mucho peor. El europeo, consumido en su endofobia, en su soberbia, en su ignorancia y en su estupidez, se machaca en la esquizofrenia del odio a lo propio y del amor por lo extraño y a la vez, de considerar que lo propio es tan bueno que todos lo quieren para sí y por eso hay que compartirlo. Siempre hay quienes justifican y defienden lo extraño, porque odian lo propio, pero también hay quienes son tan estúpidos que exigen tolerancia con los intolerantes, respeto a las culturas que no nos respetan, flexibilidad con quienes no nos permiten seguir nuestras costumbres, comprensión con quienes nos imponen su cultura en el sagrado nombre del respeto y nos piden cambiar la nuestra y renunciar a ella en caso de ser incompatibles. ¿En cuántos colegios se ha exigido prohibir el cerdo en nombre de la tolerancia, por poner un ejemplo sencillo? Y ¿qué tolerancia practican los que lo exigen? En eso radica la imbecilidad de la propuesta: ser tolerante con los intolerantes es un sofisma que no lleva a ninguna parte, como no lleva a ninguna parte gritar "No tengo miedo", con las nalgas apretadas por si acaso, o "No nos quitarán la libertad", cuando sabemos pertinentemente que vamos de cabeza a la tiranía.

Decía Schiller que "contra la estupidez hasta los dioses luchan en vano". Y si los dioses luchan en vano, más en vano luchamos nosotros, pobres mortales, que vemos la estupidez de nuestros compatriotas sin poder hacer nada para evitarla.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
El adoctrinamiento y la mímica del Gobierno

EDITORIAL El Mundo 14 Noviembre 2017

Inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad hasta el punto de tutelar un férreo control en casi todos sus ámbitos ha sido una de las fijaciones del separatismo desde los años 80. El pujolismo diseñó una arquitectura jurídica con una doble orientación: imponer el catalán en la Educación a través de la inmersión lingüística y extender este modelo fuera de Cataluña. El adoctrinamiento en las escuelas de Baleares y la Comunidad Valenciana es, precisamente, consecuencia directa de la política pancatalanista desplegada por la Generalitat.

En ambas comunidades, la connivencia entre el PSOE y los nacionalistas está amparando un sistema similar al que se aplica en Cataluña, con los resultados conocidos. El calado social que supone el desafío independentista sería impensable si no fuera por el arraigo en edad escolar de una ideología del odio sustentada en el desprecio a España y a su historia. De ahí que resulte temerario calcar los mismos errores en regiones que el nacionalismo catalán siempre ha integrado en la entelequia de los Països Catalans. Tapar los oídos a los alumnos, que los padres hablen por señas e imponer el catalán en las conversaciones entre profesores reflejan el adoctrinamiento en escuelas de Baleares y de la Comunidad Valenciana, después de que los dos gobiernos autonómicos hayan adoptado un modelo orientado a discriminar a los alumnos que se expresan en castellano.

La vulneración del derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en español es tan grave en Baleares que, tal como publicamos hoy, ha forzado a familias enteras a exiliarse a otras comunidades. Lo hacen hartas de la discriminación que sufren sus hijos, del uso político torticero que hace el nacionalismo de la escuela y del fanatismo catalanista que relega el castellano "a la hora del bocata". Según denuncian asociaciones como el Círculo Balear o la Plataforma Valencianista, se producen escenas surrealistas como ver a un inmigrante haciendo mímica para tratar de comunicarse con el docente, ante el empeño de prohibir hablar en castellano delante de los alumnos.

Lo preocupante, en todo caso, es la mímica del Gobierno. El atropello al que la lengua española está siendo sometida en varias CCAA -no sólo en Cataluña- exige que el Ministerio de Educación abandone su silencio y active medidas coercitivas que vayan más allá de las promesas de refuerzo de las inspecciones. No sólo está en juego la homogeneización del sistema educativo, ya muy dañado por el disparate de disgregar una competencia medular en 17 taifas. Está en juego la cohesión nacional.

Votad, votad, malditos

Javier Benegas vozpopuli.es 14 Noviembre 2017

Pierdan toda esperanza en los partidos y su capacidad para abordar el problema del nacionalismo: todos son parte del problema, aunque se presenten a sí mismos como solución definitiva. Recuerden las últimas elecciones generales, donde Mariano Rajoy no se cansó de repetir que lo que necesitábamos para volver a atar los perros con longanizas era un gobierno estable; es decir, un gobierno del PP o, dicho más claramente, otros cuatro años de rajoyismo. Al final se llevó el gato al agua y, aun en minoría, pudo formar un gobierno cuyo único gran logro ha sido aprobar los presupuestos.

Con el problema del nacionalismo catalán sucederá tres cuartos de lo mismo. El bálsamo de Fierabrás es una cita electoral, donde los partidos intentarán hacerse con un buen trozo de la tarta. Después, sea cual sea el resultado, seguiremos poco más o menos donde solíamos. Porque, aunque esté prohibido decirlo, en democracia no todo e resuelve votando. De hecho, en algunos casos, votar sólo sirve para agravar los problemas o, a lo sumo, para dispersar momentáneamente y de manera engañosa la energía del hartazgo.

El problema de Cataluña, como otros problemas graves, tiene más que ver con la madurez de la sociedad y el respeto a las leyes que con la conformación de mapas políticos. Cuando las reglas no se respetan, y quienes deben aplicarlas no lo hacen, votar se convierte en un subterfugio: es pasar de puntillas por encima del problema, generando una imagen falsa de normalidad democrática. Después de todo, ¿qué sentido tiene volver a lanzar los dados si nadie está dispuesto a afrontar el problema con todas sus consecuencias? ¿De qué servirá, en el mejor de los casos, arañar unos cuantos votos al nacionalismo si el horizonte sigue siendo el apaño?

El precedente de lo que puede suceder después del 21 de diciembre es muy reciente. La aplicación del artículo 155 apenas ha golpeado la superestructura nacionalista. En realidad, han sido los tribunales los que algo han hecho a este respecto. Pero pronto también caerán en su propia parálisis, la de una justicia secularmente lenta cuyas sentencias se eternizan. ¿Quién se acordará de Puigdemont dentro de diez años?

Entretanto, en TV3 sigue el agitprop y, durante la pasada huelga general en Cataluña ­—sabotaje general, mejor dicho—, un puñado de radicales colapsaron carreteras y vías férreas de manera impune. La orden dada, ya no desde la Generalitat sino desde el mismísimo Ministerio de Interior, fue tajante: evitar cualquier acción comprometida por parte de las fuerzas de seguridad. Resultado: decenas de miles de ciudadanos pagando de su bolsillo, con tiempo, dinero y paciencia, la dejación de funciones de un Estado que, aun con el 155 mediante, sigue sin cumplir sus obligaciones. ¿Para qué pagan impuestos entonces?

La montaña de la indignación que ha generado el órdago secesionista logró que PP, PSOE y Ciudadanos parieran mediante cesárea el ratón del 21-D desde el vientre estéril del 155. Una solución a la que se han sumado con entusiasmo el resto de partidos, incluidos secesionistas, antisistema y oportunistas. En realidad, las elecciones son un alivio momentáneo, una válvula de emergencia con la que rebajar la presión en el corto plazo… para que a medio plazo poco o nada cambie o, peor, la situación continúe degradándose tal y como ha venido sucediendo desde hace demasiado.

Con todo, lo peor es que los llamados constitucionalistas parecen dar por bueno que el secesionismo se combata por la vía de la política, dejando la legalidad, el Estado de derecho y sus salvaguardias en un segundo plano, como le gusta a la joven, y no tan joven, progresía posmoderna. Lamentablemente, las leyes no están para resolver conflictos sino para poner orden. Y el orden resulta antipático y, además, exacerba el desafecto. El infantilismo tiene estas puñetas.

Así pues, la anomalía de un Estado de derecho inoperante quedará silenciada por el ruido electoral del 21 de diciembre. Pronto, muchos creerán que el caos no se conjura aplicando las leyes sino votando alegremente. Que las elecciones sirven tanto para un roto como para un golpe de Estado. Frente a esta solución indolora, advertir que sin leyes la democracia no funciona resulta de los más inoportuno. Los partidos no quieren aguafiestas, tampoco verdades incómodas, sólo repartirse la tarta.

Retrato económico del independentismo
Carlos Jiménez Villarejo cronicaglobal 14 Noviembre 2017

Desde la constitución del Govern bajo la presidencia de Puigdemont, se puso en marcha activamente el llamado procés hacia la independencia de Cataluña, que, entre otras iniciativas, representó la creación y puesta en marcha de un conjunto de organismos públicos con aquel objetivo. Todo este proceso, con el apoyo de los lobbies de la ANC y Òmnium Cultural, ha representado en estos dos últimos años una dedicación intensiva de fondos públicos a dicho objetivo en claro perjuicio de los ciudadanos y, especialmente, de los más necesitados. Un despilfarro que está en la raíz de las acusaciones que ahora se formulan contra los máximos dirigentes de malversar fondos públicos.

Máxime, cuando los datos estadísticos oficiales de la Generalitat expresaban una patente desigualdad económica y social a la que los actuales gobernantes no prestaban la atención a la que estaban obligados. Durante 2016, con salarios mínimos de 707 euros, la tasa de riesgo de pobreza afectaba al 22,5% de la población, la renta media anual por persona era de 12.660 euros y, entre otros datos, las familias con dificultad para llegar a final de mes era eran el 32,3% de la población.

A partir de estos datos, parciales pero muy indicativos, lo que se expone a continuación constituye un insulto a las personas y familias más necesitadas de Cataluña en cuanto representan un factor de incremento de la desigualdad económica. Pero, a los dirigentes independentistas siempre les ha resultado indiferente.

El procés ha generado una dedicación intensiva de fondos públicos al objetivo de la independencia en claro perjuicio de los ciudadanos y, especialmente, de los más necesitados

Desde principios de 2016 se crean los siguientes organismos: el Instituto de Estudios de Autogobierno, al que luego le dedicaremos especial atención; la Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno, presidida por Josep Maria Reniu, con un sueldo de 84.919 euros; la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno, presidida por Víctor Cullell, con igual sueldo que el anterior; y la Comisión Interdepartamental para el Desarrollo del Autogobierno, presidida por Oriol Junqueras. Además del gasto derivado del funcionamiento de dichas instituciones, que, afortunadamente, han sido disueltas en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Pero hay otros gastos directamente relacionados con dicho proceso. Entre ellos, el derivado de la retribución de los altos cargos de la Generalitat a 1 de octubre de este año, que suponemos se puso en marcha a principios de 2016. Constan en el Portal de Transparencia de la Generalitat. Está constituido por los 310 cargos públicos de la administración catalana que representaban un coste aproximado al erario público de 23 millones de euros al año. De todos ellos, 158 eran “altos cargos", y los demás -152- eran "eventuales". Debe suponerse que estos eran personas designadas por su confianza política sin que el motivo de sus nombramientos fuesen sus méritos o capacidad, además de no exigirse una especial y reglada cualificación para el desempeño del cargo.

Puede suponerse que la totalidad de estos cargos están constituidos por los consejeros del Govern y los responsables de los diversos servicios de cada una de las consejerías. Con una excepción: el titular del citado Instituto de Estudios de Autogobierno, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer, con idéntico sueldo que los consejeros, 110.000 euros. Siempre se ha sabido que fue el ideólogo del procés. De ahí, el privilegiado trato institucional y económico recibido.

Carles Viver i Pi-Sunyer, como titular del Instituto de Estudios de Autogobierno, cobraba 110.000 euros. Siempre se ha sabido que fue el ideólogo del procés. De ahí, el privilegiado trato institucional y económico recibido

Todos los consejeros percibían aquel sueldo, obviamente anual, mientras que el de los altos cargos oscilaban entre los 40.000 y 85.000 euros. El president disponía de una amplísima infraestructura constituida por 59 altos cargos y eventuales. Entre ellos, estaba Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid (¿?), con un sueldo de 85.000 euros. La vicepresidencia de Oriol Junqueras disponía de 21 altos cargos, todos ellos retribuidos con 82.000 euros.

En cuanto a los "eventuales", la consejería de Raül Romeva contaba con 14 de ellos retribuidos entre los 44.000 y 75.000 euros. Pero no faltaban eventuales con una altísima retribución, como el "responsable de la oficina del president", que percibía 99.000 euros. De todos estos cargos, solo uno percibía un ingreso algo inferior a los 30.000 euros.

Pero el gasto generado ilegalmente por el proceso independentista es mucho más amplio, como el derivado de las partidas presupuestarias previstas en la Ley 4/2017 para la financiación del pseudoreferéndum. Gasto expresamente citado por el auto del Tribunal Supremo de 9/11/2017, acordando las medidas cautelares contra los exmiembros de la Mesa del Parlament, como uno de los fundamentos para imputar a los investigados el delito de malversación? de caudales públicos.

El despilfarro descrito, además de ser ilegal, ha contribuido a mantener en Cataluña un nivel inaceptable de desigualdad. Es consecuente con un planteamiento como el de las leyes aprobadas por el Parlament, en las que no hay ningún precepto equivalente a nuestro artículo 10 de la Constitución, que sitúa la "dignidad de la persona" y sus "derechos inviolables" como fundamento del "orden político y la paz social".

Pinocho Puchimón
Pablo Planas Libertad Digital 14 Noviembre 2017

Pinocho Puchimón dice ahora que la independencia no es la única solución. Y les volverán a votar. Al presidente fregona será por primera vez.

La confusión es absoluta en Cataluña. Los abogados de los golpistas tratan de demostrar que jamás se proclamó república de ningún tipo, mientras el diputado y portavoz de ERC Sergi Sabrià sostiene todo lo contrario, esto es, que la promesa del partido de Junqueras y Forcadell para ganar las elecciones es "la independencia y dar forma a la república ya proclamada". Según Sabrià, lo que ha ocurrido hasta ahora es que "ni el país ni el Govern estaban preparados para dar forma sólida a la independencia", y a eso le añade que el Ejecutivo catalán no ha querido poner a la población en peligro ante la "violencia sin límites del Estado totalitario".

Así es que los diputados separatistas votaron en el Parlament por la república, Lluís Llach se paseó con una bandera de la ONU por la Cámara, Puigdemont proclamó la independencia en las escaleras, se montó una multitudinaria verbena republicana delante del edificio de la Generalidad y ahora resulta que en sede judicial todo eso no pasó. Pero ante la opinión pública ahí está la republiqueta, en stand by, fruto del "mandato democrático" del 1-O y del sacrificio de los votantes del referéndum, que con desprecio absoluto por sus vidas protegieron las urnas y los colegios ante hordas desatadas de guardias civiles y policías nacionales. Lo sustenta Sabrià i Benito, Sergi, jefe de ERC en Palafrugell, gran promesa del independentismo, quinta del 75, cosecha con carnet de 2007, exdirector del Instituto Catalán del Corcho y nunca hubo tapones mejor representados.

Sostuvo el aparato administrativo separatista que ese día votaron más de 2,3 millones de personas, el 99% a favor de la república catalana, y que miles de ellas fueron salvajemente aporreadas por los esbirros del Estado, que se registraron más de ochocientos heridos, que incluso hubo agresiones sexuales. Qué barbaridad. Pobre gente. Tantas y tantas víctimas traicionadas por la Generalidad, que les mandó a una votación infernal sin tener prevista una reacción a la altura de la república propagada, el mejor Estado del mundo. Tras el verbo inflamado de los Junqueras y Puigdemontes resulta que no había nada.

Traición y más traición. La misma Generalidad republicana que estuvo al mando de Cataluña entre el 1 y el 29 de octubre no mostró ni ha guardado las actas de las votaciones en los colegios, los documentos de presidentes y vocales de mesa en los que habían de constar los resultados. Han eliminado, si alguna vez lo hubo, cualquier rastro del mandato.

Pura ignominia. Ni siquiera han documentado los testimonios de las víctimas. El Ayuntamiento de Barcelona asegura que casi trescientas personas se personaron en los servicios sociales para contar su caso, pero se abstiene de dar publicidad a las desgarradoras experiencias de los afectados. Ni siquiera se plantea indemnizarlos. Han dejado tiradas a todas las víctimas, las que vieron y ven las cargas por TV3, las sexuales e incluso al concreto y real ciudadano que perdió un ojo por el impacto de una pelota.

Todo era mentira. Las empresas se van de Cataluña, ningún Estado, ni paria, ni el islámico, reconoce la república, que ya no es ni un espejismo. Amnistía Internacional niega la condición de presos políticos a los Jordis y los exconsejeros. El mundo mira les mira con recelo. Los medios extranjeros les tachan de gilipollas, egoístas, bobos y estúpidos sin remedio. Pinocho Puchimón dice ahora que la independencia no es la única solución. Y les volverán a votar. Al presidente fregona será por primera vez

Los Mossos siguen campando a sus anchas
OKDIARIO 14 Noviembre 2017

Los Mossos ya no dependen del sedicioso Josep Lluís Trapero y, sin embargo, siguen campando a sus anchas. A pesar de que el Gobierno ha aplicado el artículo 155 de la Constitución y de que la autoridad ahora recae sobre el Ministerio del Interior, algunos agentes autonómicos recaudan dinero para los golpistas entre los compañeros partidarios de una Cataluña independiente. Si Interior, y por lo tanto el titular de esa cartera, Juan Ignacio Zoido, no actúa con mayor determinación difícilmente podrá restituirse el orden constitucional, ya que, como les ofrece en exclusiva OKDIARIO, algunos miembros del cuerpo regional siguen trabajando a favor de los que han quebrantado las leyes hasta el punto de provocar la peor crisis política en España desde el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La Policía Nacional no puede consentir que sus compañeros estén recaudando fondos para esos políticos presos que han incumplido las leyes y a los que llaman de manera falaz “presos políticos”. Si no, ¿para qué sirve la aplicación del 155? Resulta pertinente que el Ejecutivo no quiera alimentar el victimismo separatista con acciones radicales. No obstante, una cosa es la proporcionalidad y otra muy distinta hacer de la laxitud el modo de gestionar a los Mossos de Escuadra en esta nueva etapa en la que la responsabilidad ya no se le puede achacar a Trapero. Permitir ese tipo de comportamientos sería igual que mantener vivo el golpe de Estado independentista. Un desafío que puede poner en jaque la economía española hasta el punto de frenar en seco su recuperación.

El Ministerio del Interior ya ha dado algún signo de preocupante indulgencia con los Mossos en esta nueva etapa. Sólo hay que recordar la huelga que tuvo lugar en Cataluña la semana pasada. A pesar de que sólo una minoría la secundó, fue suficiente para que cortaran autopistas —con niños incluidos— e impidieran el correcto funcionamiento de las redes ferroviarias. Situaciones perjudiciales y que generan un insoportable hastío entre los catalanes, hartos del ambiente que se vive en la comunidad autónoma. Hartos de las veleidades golpistas, hartos de no poder desarrollar sus vidas con normalidad y un tanto escépticos cuando comprueban que, como en este caso, la supervisión del Gobierno no sirve de nada a la hora de conseguir el correcto comportamiento de los Mossos. Por todo ello, Zoido debe tomar cartas en el asunto y erradicar gestos y acciones como las del mosso que aplaudía el asedio a la sede del PP mientas la custodiaba y hacía también el saludo independentista. De obviarlo, la actitud sería irresponsable.

GRUPO GODÓ, EL MÁS BENEFICIADO
Un repaso a la lluvia de dinero público para los medios catalanes
La Gaceta  14 Noviembre 2017

Con la finalidad, en teoría, de fomentar el uso de la lengua catalana, Carles Puigdemont ha regado este 2017 con 7,4 millones a medios de comunicación privados. La pregunta es… ¿seguirá en la Cataluña del 155?

Los secesionistas han hecho de los medios de comunicación, que reciben cuantiosas subvenciones por parte de la Generalitat, su principal medio de propaganda.

Las concesiones se vienen repitiendo año tras año, manteniéndose unos importes similares a pesar de los duros recortes llevados a cabo en los últimos años en Sanidad o Educación. Los más beneficiados son el Grupo Godó, el Grupo Zeta y El Punt Avui.

Sólo en el segundo semestre de 2016 La Vanguardia –el diario de cabecera del Grupo Godó- ha recibido 761.733 euros; El Periódico de Catalunya 519.061 euros; El Punt Avui 525.326 euros y Ara cerca de 500.000.

Con la finalidad, en teoría, de fomentar el uso de la lengua catalana, Carles Puigdemont ha regado este 2017 con 7,4 millones medios de comunicación privados: 6,1 de ellos van a parar a publicaciones en papel y digitales, y 1,3 a radios y televisiones. El diario ‘Ara’ fue beneficiado con 519.938 euros y 687.771 euros fueron a parar a publicaciones vinculadas a ‘El Punt Avui’.

‘Naciodigital.cat’ recibió 224.281 euros; ‘vilaweb.cat’, 135.181 euros; ‘elmon.cat’, 52.923; ‘directe.cat’, 38.483 euros; ‘recocatala.cat’, 30.183 euros, y ‘elnacional.cat’, 16.985.

Según ha publicado El Confidencial, Puigdemont ha concedido bajo su Govern ayudas públicas por un importe total de 18,5 millones para la promoción de la causa separatista y la cultura catalana en medios de comunicación, asociaciones y universidades para trasladar a la sociedad su proceso de desconexión con España.

Además, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), entidad que comprende la televisión y radio pública y que depende del departamento de Presidencia, se lleva 236 millones de euros del pastel presupuestario.

A esto se suma también el dinero que ha gastado la Generalitat en publicidad institucional. En 2015 Cataluña destinó más de 29 millones a promocionarse en prensa y medios audiovisuales, y más de un millón a creatividad y producción de la misma.
Mas… las cosas atadas antes de irse

El expresident Artur Mas también dejó bien regadas a sus terminales mediáticas antes de irse. A escasos días del 27-S, el secretario general del Govern, Jordi Vilajoana, firmó tres resoluciones, en las que repartió 5,98 millones de euros entre medios afines al independentismo.

La excusa para concederlas fue el uso del catalán y del aranés, que se habla en el Valle de Arán, en Lérida. La prensa recibió cuatro millones, los digitales 1,38 millones y las cadenas de televisión 548.768 euros. El medio que más trincó fue ‘La Vanguardia’, que acaparó 810.719 euros. Después, el grupo Ara, que amasó 625.913 euros.

¿Seguirá la lluvia de millones a los medios en la Cataluña del 155? Desde la Delegación del Gobierno en Cataluña señalan a La Gaceta que durante los dos meses que va a estar en vigor el artículo 155 “no va a haber ninguna aportación a los medios”

Indica que son ejercicios anuales o bianuales que la Generalitat reparte durante ejercicios naturales de cada año y que ya están cerrados.
“No hay ningún control sobre TV3 y Catalunya Radio”

Javier Barraycoa, promotor de Somatemps, denuncia en La Gaceta que “no hay ningún control sobre TV3 y Catalunya Radio” y que “están transmitiendo constantemente propaganda de agitación”.

Precisamente, un periodista que ha pasado una semana viendo sólo TV3, la cadena en la que Carles Puigdemont ha dilapidado 225 millones, denuncia que en la cadena autonómica “España no existe ni en el mapa del tiempo, donde Cataluña aparece con Comunidad Valenciana, Baleares y el sur de Francia”.

Íñigo Domínguez, de El País, informa también de que los informativos son sesgados por cómo lo cuentan y por lo que callan. Por ejemplo, que se silencia el rechazo europeo al procés y la fuga de empresas, y que entre el bloque catalán y el de información internacional apenas meten una noticia sobre actualidad española, y durante esa semana casi todos los días ha sido sobre el mismo tema: Gürtel.

También cuenta que hacen ver que todos los catalanes son separatistas y que la retractación de Carme Forcadell en el Supremo se quedó en los rótulos de portada en “un cambio de estrategia”, pero porque decidió responder a los fiscales, no porque asumiera la legalidad y renegara de la DUI, cosa que dos informativos de TV3 solo dijeron en la locución de pasada”.

Además, explica que en las caricaturas sobre los independentistas en los programas de humor éstos quedan reflejados de forma amable, como simpáticos granujillas, pero en cambio, en el Gobierno español, de Rajoy para abajo son todos tontos, ridículos, rancios e ignorantes. Y malvados: odian a Cataluña.

Desde la Delegación del Gobierno en Cataluña expresan a este diario que “se está controlando todo lo que está haciendo TV3 y Catalunya Radio para que sea la propia Junta Electoral Central la que controle todas las infracciones que cometan”.

Cabe recordar que el PP aceptó no intervenir TV3 ni otros medios públicos catalanes como reclamaba el PSOE en una enmienda al 155 para condicionar su apoyo al Gobierno con esta medida. Este martes, Rajoy ha sido preguntado de por qué no se intervinieron los medios de comunicación públicos en Cataluña. Esto ha dicho desde los micrófonos de COPE: “Hemos entrado en aquellas competencias que son de Estado. No hemos querido entrar en todo lo demás porque no tiene sentido para solo tres meses, y porque consideramos que los otros temas son más importantes”.

“La fábrica de separatas es TV3”
“¿Alguien se pregunta todavía de dónde ha salido el separatismo?”, expresan al respecto desde el diario digital Dolca Catalunya y apuntan que parece que “el resto de España se empieza a dar cuenta de que la fábrica de separatas es TV3”. “Rajoy, ¿hacemos algo o 155 es sólo 31 x 5?”, lanza al Gobierno este prestigioso digital catalán.

Por su parte, las plataformas Somatemps, Catalanes por la Ley y el Seny, D’Espanya y Catalans y la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, y el partido Unidos Sí, que llevaban meses exigiendo a Mariano Rajoy la aplicación del artículo 155, advierten ahora de que “éste sólo sería efectivo con un estado de excepción que permitiera la intervención total de la autonomía”. Cada miércoles se movilizan frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña para exigirla.
Muestras del servilismo de TV3

TV3 ha evidenciado su servilismo, por ejemplo, al no cesar a la periodista Empar Moliner tras quemar un ejemplar de la Constitución en su sección en ‘Els matins’ de la cadena pública o censurar en sus informativos sobre la agresión sufrida por dos jóvenes en la carpa informativa del colectivo “Barcelona con la selección” por parte de cinco violentos separatistas.

Asimismo, sirve como altavoz para insultar a España. Quim Masferrer, del programa ‘El Forastero’, se refirió a los españoles como “una panda de mangantes sarnosos y cabro*** de mierda”, y el actor y colaborador en varios programas en TV3, Toni Alba, señaló que “España ha causado más muertes en su historia que todo el terrorismo”.

Precisamente, para defender la convivencia entre los catalanes y el resto de españoles y promover un periodismo plural, en enero de 2016 se gestó el grupo de periodistas Pi i Margall, que ha celebrado mesas redondas para denunciar cómo “los medios de comunicación públicos en Cataluña están mediatizados por el poder político y, al servicio del independentismo” y que “en vez de ser medios de servicio público son medios de propaganda del Govern”, que reflejan una Cataluña en la que parece que todos son independentistas. y “son medios de propaganda del Govern, que reflejan una Cataluña en la que parece que todos son independentistas.

En una de las mesas redondas que ha organizado se ha alertado de que “TV3 siembra el odio en Cataluña”. El acto, titulado ‘3+1, más de 4 contra 1’, se realizó para denunciar que en las tertulias políticas suele haber tres tertulianos separatistas y sólo uno constitucionalista, un desequilibrio evidente, al que se suma, generalmente, el presentador o moderador.

Cataluña financia el separatismo
Cristina Seguí: ‘La ANC valenciana recibe 16 millones de dinero catalán’
Rafael Núñez Huesca gaceta.es 14 Noviembre 2017

La activista Cristina Seguí no está dispuesta a que el dinero del separatismo catalán desestabilice la Comunidad Valenciana. Ha reunido todas las subvenciones que la asociación ACPV recibe de Cataluña y ha puesto una demanda por, entre otras cosas, administración desleal o apropiación indebida.

Cristina Seguí se ha erigido en la voz del valencianismo constitucionalista en la Comunidad Valenciana. La colaboradora de Intereconomía ha sido una de las organizadoras de la masiva manifestación que el sábado pasado recorrió las calles de Valencia contra el “colonialismo catalanista” y los llamados “països catalans”.

La marcha, que sacó a la calle a más de cien mil valencianos, ha supuesto, según Cristina Seguí, la reactivación del valencianismo político, “de vocación española y contrario al pancatalanismo de Compromís y el PSPV”.

La cruzada de Segú se centra ahora en la asociación independentista “Acció Cultural del País Valencià” (ACPV), la asociación equivalente a Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la Comunidad Valenciana. ACPV se presenta, desde su fundación en 1978, como una entidad “cultural” y de promoción de la lengua valenciana. La realidad, según Seguí, es muy otra: “su labor es básicamente proselitismo del pancatalanismo, ingeniería social pura y dura”. Y con un objetivo político último perfectamente definido: “la consecución de una confederación junto a Cataluña y las Islas Baleares”. En definitiva, “importar a la Comunidad Valenciana el enfrentamiento político y social con el Estado”.

Las tesis de ACPV están, aún, menos asentadas en Valencia de lo que están en Cataluña, es por eso que la entidad mantiene “un perfil más bajo, una presencia pública más discreta”. Celebran, unto con “Correllengua”, una jornada anual de concienciación lingüística orientada a los niños y que busca “imponer el catalán en la Comunidad Valenciana”. Y dedican la jornada del “9 d’Octubre”, Día de la Comunidad Valenciana, a “politizar la jornada y hacer de ella una especia de ‘Diada Nacional del País Valencià’”. Son, en fin, los patrocinadores del separatismo en la Comunidad Valenciana y reciben “abundante financiación por parte de las administraciones públicas, tanto valencianas como catalanas”.
16 millones en subvenciones públicas

Después de una ardua tarea de investigación, Seguí ha obtenido un listado completo del dinero -16 millones de euros- que la Generalitat de Catalunya ha inyectado en la ACPV desde 1999. Se trata de subvenciones millonarias que van desde el patrocinio de revistas, suplementos y coleccionables en catalán a la financiación de “actividades culturales, profesionales y científicas” a conciertos y campañas de “música popular valenciana”, subvenciones sin objetivo concreto o incluso el pago de la lujosa sede que la asociación tiene en la capital del Turia.

Cristina Seguí ha reunido todas las subvenciones que desde Cataluña ha recibido ACPV y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía. Una denuncia que incluye la presunta comisión de delitos de administración desleal, de apropiación indebida, de corrupción en los negocios, de blanqueo de capitales o delitos contra la hacienda pública”.

“Me niego a ver como normal que una comunidad autónoma invierta dinero en otra para financiar la propagación de las tesis separatistas”, concluye Cristina Seguí.

Covite envía una carta a Juncker para desmontar las mentiras de los proetarras sobre Alsasua
OKDIARIO 14 Noviembre 2017

El colectivo de víctimas Covite ha enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en la que “desmonta” la “campaña de la izquierda abertzale” sobre la agresión contra guardias civiles en Alsaua y pide que el mandatario europeo trasmita “cercanía y apoyo” a los agentes atacados.

Covite señala en una carta dirigida a Junker que, “además de las secuelas”, las víctimas de los ataques “siguen padeciendo señalamiento y acoso” y “continúan desatendidas por autoridades e instituciones nacionalistas, volcadas en dar voz a los agresores y a su entorno”.

En la misiva, de la que Covite ha dado cuenta hoy en un comunicado, el colectivo de víctimas del terrorismo “desmonta una a una todas las falsedades” que a su juicio la izquierda abertzale ha vertido desde que “radicales pertenecientes a la organización Ospa Mugimendua agredieran” el 15 de octubre de 2016 a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua.

Firmada por la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, la iniciativa está motivada por un escrito del vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, en respuesta a eurodiputados del PNV, EH Bildu, IU y Podemos, en el que aseguraba que la Comisión Europea seguía el caso “con interés” y que actuaría como “guardiana de los tratados”.

Para “frenar la manipulación de la izquierda abertzale”
Covite, que interpuso ante la Audiencia Nacional la denuncia por delitos de terrorismo y de odio contra los agresores de Alsasua, pretende que la versión de las víctimas “llegue a las más altas instancias de la UE” con el objeto de “frenar la manipulación que la izquierda abertzale, amparada en otras fuerzas políticas, están haciendo del caso”.

Recuerda que la organización Ospa Mugimedua “fue creada al amparo de la campaña de ETA Alde Hemendik! (Fuera de aquí), que persigue la expulsión de las Fuerzas de Seguridad de Navarra y el País Vasco”.

En este sentido, detalla las “estrategias de hostigamiento y presión” que padecen, como “atentados contra sus hogares” y su “caracterización como agentes torturadores”.

Sobre las acusaciones que ha hecho la izquierda abertzale de que el caso ha sido un “montaje policial-judicial” asegura que la propia Ospa afirmó en un comunicado que los guardias civiles fueron “increpados” y alude a las manifestaciones convocadas en apoyo a los agresores.

Recoge también los insultos que recibieron cuatro miembros de Covite que acudieron a Alsasua con pancartas pidiendo que se desterrara el odio del pueblo a quienes espetaron gritos como “¡Fascistas!”, “¡Aquí no pintáis nada!”, “¡Asquerosos!”, “¡Fuera de aquí!”.

En ese contexto, menciona las “campañas de odio” contra las Fuerzas de Seguridad, el señalamiento de los lugares donde se practican controles de tráfico, la “difusión de mensajes incitando al odio” y la “utilización de niños en la celebración del Ospa Eguna” en Alasua.

Perros con tricornio
La carta adjunta imágenes de atracciones donde cuelgan carteles de perros ataviados con un tricornio de la Guardia Civil así como las declaraciones de los padres de una de las chicas agredidas que asegura que “los problemas empezaron” cuando su hija empezó a relacionarse con un guardia civil y reconocían que “temían por su integridad física”.

Respecto a las acusaciones de “desproporcionalidad” en la petición fiscal, que solicita cincuenta años de prisión para siete de los ocho arrestados al considerar la agresión como un delito de terrorismo, Covite afirma que el Código Penal español es “uno de los más benignos y garantistas de Europa”.

Considera que, incluso en el caso de que los agresores no fueran acusados de terrorismo, sino de delitos de odio, atentado contra la autoridad, lesiones y amenazas, la petición de penas “sería similar”.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial