AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 15  Noviembre 2017

Por un nuevo encaje de Cataluña
Pablo Molina Libertad Digital 15 Noviembre 2017

La catarata de traiciones de los dirigentes independentistas a los necios que les creyeron ha convertido el proceso de secesión de Cataluña en una ópera bufa que aún asombra al mundo por la ausencia de sentido del ridículo de sus protagonistas. Faltaba la bajada de pantalones de su principal impulsor, Puigdemont, pero tras la reciente entrevista con un diario belga en la que éste renunciaba a la independencia y abría la puerta a una nueva relación de Cataluña con (el resto de) España puede afirmarse con rotundidad que la secesión se ha ido al guano, mientras sus líderes enfilan el camino hacia las cárceles de Soto del Real y Estremera. Como debe ser.

Ahora bien, los separatistas catalanes no renuncian a cambiar el marco jurídico de sus relaciones con el Gobierno de España y ahora lo plantean como una concesión del "pueblo catalán" para solucionar la crisis. Desde luego, el resto de España no tiene por qué aceptar un nuevo agravio de los separatistas, y menos como un gesto magnánimo de los que han vulnerado todas las leyes, destruido la economía y hecho añicos la convivencia. España puede seguir otros tres siglos bregando con el problema catalán con total tranquilidad, sobre todo porque después del fracaso estruendoso de la intentona golpista y de la manera en que ha quedado retratado el nacionalismo catalán ante el mundo. A partir de ahora las amenazas del separatismo solo pueden ser tomadas a guasa.

Sin embargo, es cierto que hay que buscar un nuevo encaje de la Generalidad en el armazón institucional español. Obviamente, en sentido diametralmente opuesto al que exigen los separatas. Así pues, esta intentona golpista debería servir para que al Gobierno regional catalán no se le permitan excesos como crear embajadas, entregar dinero público a los majaderos que promueven el racismo o seguir haciendo de la educación pública una maquinaria de odio antiespañol. El nuevo encaje de Cataluña ha de basarse en la solidaridad con el resto de las comunidades y la lealtad a las instituciones españolas.

No puede ser que la rebelión independentista sirva para aumentar las ventajas de una clase política corrupta y desleal a costa del resto de España. De ser así, el sufrimiento de los catalanes ajenos a la locura separatista y el daño provocado a nuestra economía y a la imagen de España habrían sido en vano.

A los golpistas no solo hay que pararlos; también hay que hacerles ver que nunca conseguirán sus objetivos, aunque con ello nos toque aguantar otro siglo el llamado "problema catalán".

¡A juicio!
Emilio Campmany Libertad Digital 15 Noviembre 2017

El Supremo parece decidido a acumular todas las causas pendientes contra los responsables de la intentona golpista en Cataluña. Esto puede generar cierto escándalo si el magistrado instructor, Pablo Llarena, decide poner en libertad con fianza a los que ahora mismo se encuentran en prisión preventiva. Podría dar lugar a pensar que el Gobierno ha influido con el fin de que los candidatos que están en la cárcel salgan de ella y participen en la campaña electoral. Ésta no es la cuestión. Para empezar, Junqueras y sus compinches tendrían que renegar del mismo vergonzoso modo en que lo hizo Forcadell. Pero, sobre todo, la acumulación de la causa es necesaria, al menos para los que formaron parte del Gobierno de Cataluña, porque los hechos a juzgar son esencialmente los mismos. Que deba también hacerse con respecto a los Jordis y a Trapero es más discutible porque el modo en que éstos cometieron el delito de sedición es algo diferente al del resto de acusados. Pero, en caso de duda, es preferible acumular con el fin de evitar sentencias contradictorias para hechos muy similares.

Sin embargo, hay otra razón para acumular. Normalmente, en el proceso penal la instrucción tiene por objeto probar los hechos de los que se acusa a los investigados. Esta labor suele ser bastante penosa porque, para empezar, los acusados los niegan. Además, suelen ser actos que no están documentados, que hace falta probar a veces por medio exclusivamente de testigos, no siempre fiables, o evidencias que fácilmente pueden ser meramente circunstanciales. Sin embargo, en este caso los hechos y las responsabilidades de los acusados son notorios porque los vieron todos los españoles por la televisión, además de estar, al menos en lo que se refiere a los actos ilegales que se cometieron en el Parlamento de Cataluña, perfectamente documentados. Por lo tanto, no hay razón para dilatar la instrucción y ésta podría terminar en unos pocos meses, por lo que lo mejor es acumular los procesos y terminar tan pronto como se pueda la instrucción para todos los investigados a la vez.

Es verdad que todo podría retrasarse un poco con respecto a Trapero si la acumulación finalmente también le afecta. Las pruebas que lo hacen reo de sedición se encuentran en las órdenes dadas a sus subalternos, y no siempre serán fáciles de demostrar. Respecto de los miembros del Gobierno y de la Mesa del Parlamento catalanes, los hechos están más que probados y ni ellos mismos los niegan. Tan sólo puede haber cierta dilación a la hora de fijar con exactitud la suma de dinero público malversada. Pero que hubo malversación y sedición o rebelión no es una cuestión de prueba, sino tan sólo de calificación jurídica de unos hechos cuya realidad y responsabilidad no está en discusión. Esta labor corresponde en última instancia al juzgador, no al instructor. De modo que esperemos que la acumulación que se anuncia sirva para que los responsables de este inmenso daño que se ha hecho a España en general y a Cataluña en particular vayan pronto a juicio. Así se podrá resolver definitivamente, con todas las garantías y sin necesidad de recurrir a la denostada prisión preventiva, acerca de las penas que estos delincuentes merecen.

Fiat iniustitia et praevaleat iniquitas
Juan Carlos Bermejo vozpopuli.es 15 Noviembre 2017

Cuenta la historia que Fernando I, nieto de los Reyes Católicos, hermano de Carlos I y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tomó como lema de gobierno la frase “Fiat Iustitia et Pereat Mundus” (hágase justicia aunque perezca la prepotencia) pronunciada por el Papa Adriano VI (preceptor de Fernando el Católico y Regente de Castilla) cuando éste se negó a suspender un juicio contra una persona de alta posición social que había cometido un asesinato.

La frase, que puede llevar a error en su traducción literal, se refiere al hecho de que debe hacerse justicia aunque perezca la ostentación mundana, es decir, aquello que impidiera que prevaleciese lo que en buen derecho procede.

Fernando I, nacido en Alcalá de Henares y educado por su abuelo Fernando el Católico, fue uno de los más grandes gobernantes europeos de todos los tiempos (aunque su fama fuera eclipsada por la grandeza de su hermano mayor Carlos) y otorgó amplias concesiones a los distintos territorios bajo su gobierno, pero creando al mismo tiempo una autoridad central que asegurara la consistencia interna de los mismos, propiciando una de las etapas de mayor estabilidad de la Historia en un territorio compuesto por múltiples regiones, gentes y culturas, como era el Sacro Imperio.

Estos antepasados españoles, comprobarían hoy con estupor que el lema que realmente caracteriza a nuestra Justicia, politizada y controlada por la oligarquía de partidos encabezada por PP y PSOE, es justo el contrario: “Fiat Iniustitia et Praevaleat Iniquitas” (hágase injusticia y que prevalezca la iniquidad).

La asombrosa, aunque no por ello menos esperada, decisión del juez Llanera de conceder libertad bajo fianza a unos perpetradores de delito público flagrante, que han violado la legalidad en forma continuada, promovido tumultos, secuestrado los derechos constitucionales, acosado y violado sin rubor los derechos humanos de los catalanes no separatistas, es la última prueba de indignidad de este infame régimen del 78 que se desmorona, y así lo reflejan las encuestas de opinión de los ciudadanos valorando a aquellos que ponemos por delante la defensa de los derechos y la unidad de España contra los que quieren destruir la convivencia y los que con su cobardía patológica anteponen sus intereses partidistas al interés general.

Esta decisión contrasta con la existencia de jueces libres no politizados, como la juez Lamela, que hizo honor al lema de Fernando I. Sin embargo, ya se encargó más tarde el ministro Zoido (por cierto, juez metido a política) de recordar a todos los españoles que la independencia de la justicia es una utopía en España, ya que horas antes de que el juez Llanera dictara su auto de libertad realizó unas declaraciones advirtiendo al juez que “lo primero que debía tener en cuenta es la ley y posteriormente el contexto y los hechos que influyen en el entorno".

El resultado: la excarcelación de los delincuentes con fondos provenientes de las organizaciones golpistas y la más que probable inmediata acumulación en el Tribunal Supremo de la causa contra ex miembros del Gobierno de Cataluña y los responsables de ANC y Omnium Cultural, que hoy maneja la Audiencia Nacional, para así acaparar todo el proceso separatista.

El daño que PP, PSOE y los magistrados nombrados por ellos han provocado a la credibilidad del sistema judicial español es gravísimo y será duradero. Todos ellos han demostrado al mundo que España no es un Estado de derecho y que la política está por encima de la Ley.

A la locura de Rajoy de convocar unas elecciones se suman las palabras de Sáenz de Santamaría afirmando que “si hay capacidad de cooperación, habrá nuevo sistema de financiación”

Ahora bien, esta clase política que hoy nos desgobierna, la más “revanchista, ignorante, e incompetente de Europa” en palabras del semanario alemán Der Spiegel, ¿qué es lo que persigue con esta actitud? Según ellos, crear un clima de “tranquilidad institucional” que permita un óptimo proceso electoral (incluyendo los golpistas en las listas electorales) que desemboque en un pronunciamiento democrático popular de los catalanes en las urnas el 21-D.

A la locura de Rajoy de convocar unas elecciones, cuyo resultado será la continuidad de los separatistas en el poder, ya sea en mayoría o con el apoyo de la oportunista Colau, se suman las palabras de Sáenz de Santamaría afirmando que “si hay capacidad de cooperación, habrá nuevo sistema de financiación” lo que esclarece la traición que siguen pensando perpetrar para otorgar a Cataluña unos privilegios que no necesitan sus ciudadanos y que provocarán graves desequilibrios económicos en el resto de regiones españolas.

La calificación de esta indigna clase política resulta imposible. Si acaso, podrían tener un símil con las escombreras, salvando las distancias con éstas últimas. Pero sí resulta, no solo posible sino obligado, mencionar los principios que sustentaban los grandes imperios en la época de los hermanos Fernando y Carlos, para comprobar la ignominia y la traición con la que PP, PSOE, Podemos y los separatistas consideran que la Ley debe estar condicionada por la política, y por los deseos cambiantes del pueblo, es decir, por lo que a ellos les convenga en cada momento.

El pasado lunes, en el Círculo de Legisladores de Buenos Aires, el escritor e historiador español Cesar Vidal realizó una ponencia sobre la situación política y jurídica en Cataluña, ante altos cargos del gobierno argentino, ministros, una ex primera dama, políticos, legisladores actuales o del pasado y abogados. En el coloquio posterior a la conferencia, las preguntas más repetidas por los políticos y legisladores asistentes fueron las siguientes:

- ¿Cómo es posible que el gobierno de un Estado de Derecho ha permitido durante años el incumplimiento sistemático de la Constitución y la Ley, el adoctrinamiento masivo en el odio a España y la persecución y el acoso de los catalanes no separatistas sin mover un solo dedo?

- ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo se someta a presiones del poder ejecutivo y sitúe la política por encima de la Ley, liberando a unos cabecillas golpistas culpables de los delitos más graves en una democracia, algo absolutamente inconcebible en un Estado de Derecho?

¿Cómo es posible que el pueblo catalán no sea consciente de una situación que lleva su región a la ruina económica y al enfrentamiento social durante generaciones y no reaccionen en consecuencia?

¿Qué es lo que está salvando a España? Lo decía el pasado lunes el diario The Wall Street Journal: “Uno de los errores más graves de los independentistas catalanes ha sido infravalorar los sentimientos que su intento de independencia iba a provocar en los catalanes no independentistas y en el resto de los españoles”. Su corresponsal, Simon Nixon, señalaba que “una de las primeras cosas que sorprende a un visitante en Madrid son las miles de banderas españolas colocadas en los balcones y calles, algo que también es un hecho en el resto de las ciudades españolas”, lo que constituye un ejemplo claro del rechazo frontal que el referéndum ilegal y la cobardía del gobierno al afrontar la crisis catalana han tenido en el conjunto de la sociedad española, y que se ha traducido en una espectacular subida en la intención de voto de mi partido.

Haciendo homenaje al que fuera vicepresidente del gobierno, Fernando Abril Martorell, quién afirmaba que “en política hay que ser claro y reiterativo para que el mensaje cale”, repito de nuevo: Los españoles están dando a Ciudadanos el mandato de conseguir la necesaria regeneración democrática que necesita España. El ascenso de nuestro partido en la intención de voto es directamente proporcional al deseo de los ciudadanos de revertir esta situación tan lamentable. Este hecho no debe pasar desapercibido por nuestra parte y los errores pasados no deben volver a cometerse.

PD: Hoy les dedico un tema que antaño, cuando era escuchado por los nacionalistas catalanes, les producía el mismo efecto que el agua bendita a la niña de El Exorcista. Es la “Marcha de Cádiz” de los maestros Federico Chueca y Joaquín Valverde https://youtu.be/nY8tQRB-jkE

Ciudadanos, no gracias. Vox, si, por favor
Nota del Editor 15 Noviembre 2017

Ya lo he escrito en numerosas ocasiones, antes de que los hechos lo confirmaran: Ciudadanos es también parte del problema y en caso alguno parte de la solución. Han tenido innumerables ocasiones de defender el español en Cataluña y en el resto de las regiones donde el español es lengua impropia y han mirado a otro lado. La hemeroteca está llena de sus disparates, sus alianzas miserables.

Bélgica, la hispanofobia y el genocidio del Congo
Javier Orrico Periodista Digital 15 Noviembre 2017

En algunos países de la Europa del norte están siempre esperándonos. En Inglaterra, por supuesto. Pero, sobre todo, en Holanda y en Flandes, la Bélgica de lengua holandesa. Los que conocemos como flamencos, a los que otro belga, Jacques Brel, valón, de lengua francesa, dedicó una de sus canciones más conocidas:

“Les flamandes dansent sans rien dire (…)/
Les flamandes dansent sans sourire…”
(Los flamencos bailan sin decir nada, los flamencos bailan sin sonreír…).

La hispanofobia, la maldita leyenda negra que buena parte de la izquierda española asume en su ignorancia, que reaparece cada vez que pueden volver a pintarnos como el demonio católico, ha sido el fermento sobre el que se construyeron algunas de las naciones protestantes, como Holanda, y también, aunque indirectamente, esa Bélgica cuya única argamasa fue la religión, y hoy es la nada.

Valones y flamencos se detestan fraternalmente, sobre todo por el insoportable racismo que los nacionalistas de Flandes dispensan a sus supuestos compatriotas. Una vez más, como en Italia con la Liga Norte, o como en Cataluña y el País Vasco, o en las propias tensiones pasadas –esperemos- en la Unión Europea, el Norte rico desea separarse del Sur pobre, al que acusa de vivir a su costa. Lo que en Flandes se añade a una conciencia de raza distinta: los flamencos son germanos, como sus hermanos de lengua, los holandeses, y como alemanes, escandinavos e ingleses; en cambio, los valones constituyen una etnia romanizada y, por tanto, degradada, mezclada.

Como añadido, la xenofobia y el odio a España han convertido en compañeros del alma a nacionalistas de extrema derecha flamencos, y nacionalistas de derechas y de extrema izquierda vascos y catalanes. Y una misma conciencia de superioridad, que es lo que se llama supremacismo, y que esconde una íntima convicción de pertenecer a una raza superior que hoy está mal visto exhibir, pero que siempre se esconde ahí. Memorables las palabras de Junqueras sobre la diferente adscripción étnica de catalanes y resto de españoles. El desprecio, en fin, a quienes consideran inferiores, pero que históricamente les han dominado (lo cual les irrita aún más), según la interpretación de la Historia que conviene a sus miserables intenciones. A los flamencos les han caído del cielo, literalmente, los desertores catalanes. Lo veis, lo veis, la malvada España siempre resurge, la Inquisición, Felipe II, los Tercios (la Guardia Civil), Franco… No tienen solución, nunca serán demócratas, hay que echarlos de Europa.

Del apestoso racismo filonazi que suponen estas afirmaciones contra una España a la que siempre consideraron impura por haberse mezclado con moros y judíos, lo que más duele es comprobar cómo, una vez más, semejante ristra de infamias y embustes es aceptada por una parte de los propios españoles. El desconocimiento de nuestra historia, de lo que fue el Imperio y la aventura americana y universal de España (busquen las maravillosas ciudades, catedrales, hospitales, universidades, carreteras y palacios civiles que dejó España allí) es una de las mayores tragedias de una vieja nación que vive acomplejada frente a sí misma y que hace suya la propaganda de sus enemigos.

Eso, tan nefasta tradición, la incapacidad para defendernos, para exponer nuestras razones y nuestra verdad histórica, lo estamos viendo durante estos años de nacionalismo exacerbado, cada día más extendido por más regiones, que ha ido construyendo una nueva leyenda negra, esta vez contra la democracia española, sin que hayamos sido capaces de oponer argumentos que habrían demostrado fácilmente las falacias de la carcoma nacionalista. El 155 ni se está aplicando ni se está explicando, al menos por el Gobierno.

Ni siquiera hemos sido capaces de recordarles a nuestros compatriotas belgas (compatriotas europeos) su pasado infinitamente más turbio y criminal que cualquiera de las peores acciones que se hayan inventado sobre España: el genocidio en el Congo, llevado a cabo para su colonización y la explotación del caucho a finales del siglo XIX y principios del XX, bajo el reinado de Leopoldo II de Bélgica. Propiedad privada del rey, los historiadores calculan entre 8 y 10 millones de personas las que fueron exterminadas y mutiladas para imponer un ritmo atroz a los trabajos de extracción de la que se había convertido en una de las materias primas más valiosas del mundo. Y todavía queda una estatua ecuestre en Bruselas de aquel gran criminal. Ni Hitler mató tanto.

ANDALUCÍA
El secreto mejor guardado de la Junta de Andalucía: los 23.899 empleados de su administración paralela
Un epígrafe del Presupuesto revela que crece el número de trabajadores de estos entes a pesar del pacto con Ciudadanos
S. BENOT. SEVILLA. ABC 15 Noviembre 2017

La administración paralela de la Junta de Andalucía cuenta con una plantilla de 23.899 trabajadores en 2017. Un epígrafe del informe de impacto de género del Presupuesto de 2018 ha sido la indiscreta fuente que ha revelado lo que hasta ahora se trataba de información reservada, datos imposibles de recopilar que se ocultaban a los sindicatos (que llevan años pidiéndolos), a la opinión pública e, incluso, a los socios del PSOE, Ciudadanos, que hicieron presidenta a Susana Díaz con el compromiso de que se adelgazaría sustancialmente este capítulo durante la Legislatura.

Hasta ahora, sólo los informes periódicos de la Cámara de Cuentas se habían acercado al número de personal contratado en la administración paralela de la Junta y habían constatado que habían ido aumentando poco a poco. Pero el Presupuesto de 2018 recoge por primera vez el dato exacto del personal al servicio de estas agencias públicas y además del número concreto de ellas; unas cifras que ponen de manifiesto que el personal a su servicio ha ido creciendo a pesar de los recortes que han sufrido los servicios públicos, los funcionarios de todas las administraciones, y también el acuerdo político expreso firmado con Ciudadanos en el que el partido naranja y el PSOE se comprometían a reducir el número de directivos de estos entes instrumentales y a hacer públicas sus retribuciones.

Según reconoce la propia Junta, para la administración paralela trabajan 23.899 personas, lo que supone 207 contratados más que los que certificaba la Cámara de Cuentas en su informe del año 2014. Pero hay otro dato revelador que pone de manifiesto la manera de actuar de estos entes instrumentales. Según los datos de la propia Cámara de Cuentas, en 2014 los contratados en estos entes instrumentales de la Junta crecieron en 247 respecto a 2012. Eso hace una media de unos cien contratos nuevos al año.

El personal al servicio de las agencias públicas ha ido creciendo a pesar de los recortes que han sufrido los servicios públicos

Y hay que tener en cuenta que se trata de los años de la crisis, en los que se recortó la paga extra de Navidad a los funcionarios de todas las administraciones y en los que se congeló la sustitución de los funcionarios que se jubilaban o dejaban sus puestos de trabajo por diferentes motivos. Eso, al margen del fin de los contratos de los laborales y del recorte de horas de trabajo para los interinos.

Sin embargo, el personal de la administración paralela ha ido creciendo —si los datos que la administración les ha facilitado a la Cámara de Cuentas eran exactos— progresivamente al margen de la política de recortes que se imponía en el resto de las administraciones públicas.

Un entramado de 60 sociedades
El Presupuesto de 2018 también desvela el número de entidades que se consideran instrumentales siguiendo la definición de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Así, hay en total 60 entidades repartidas de la siguiente manera: 18 agencias públicas empresariales, diez consorcios, 15 fundaciones y 17 sociedades mercantiles.

En el informe de impacto de género del Presupuesto de 2018 se detalla el personal que trabaja en todas las consejerías, así como sus categorías profesionales, si son funcionarios del grupo 1 o del grupo 2, además de la titulación académica que poseen. Unos datos que aparecen consignados con todo detalle.

Un ejemplo es el personal al servicio de la red de bibliotecas públicas de Andalucía. En el documento referido incluido en la Ley de Presupuesto que se aprobará definitivamente a finales de este mes, se detalla que hay 257 mujeres bibliotecarias profesionales por 123 varones en esta categoría; hay 700 mujeres auxiliares de biblioteca por 266 hombres; así como 75 mujeres en la categoría de personal especializado y 42 varones.

El Presupuesto de 2018 también desvela el número de entidades instrumentales, según la Ley 9/2007, de 22 de octubre: 60 casos

Se detallan incluso los becarios (40 mujeres y 20 hombres) así como los voluntarios (39 féminas y 25 hombres). Pero este detalle desaparece completamente en el capítulo dedicado a la administración paralela. Se desconocen las categorías profesionales, cuántos de ellos son directivos, y el sueldo que perciben por el trabajo que realizan. Ciudadanos también ha pedido estos listados y tampoco se los ha entregado el Gobierno andaluz a pesar del pacto de investidura.

La situación de la administración paralela es siempre un debate incómodo para el Gobierno andaluz que lo evita todo lo posible, si bien mantiene estas estructuras que conviven, en muchos casos, en los mismos edificios de las consejerías, para malestar de los funcionarios. La versión oficial de la existencia de estos entes es la eficacia que estas estructuras generan en la gestión. Sin embargo, los funcionarios no la comparten sino todo lo contrario. Entienden que hacen un trabajo que les corresponde a ellos y para el que no tienen, además, las necesarias potestades administrativas que les otorga la ley.

El nacionalismo contagioso: la cooficialidad del bable
El Club de los Viernes Libertad Digital 15 Noviembre 2017

La imposición legal del uso del bable además de liberticida esconde el interés económico de quienes quieren explotar el lucrativo negocio lingüístico.

Asistimos estos días en Asturias a un peligrosísimo intento de imposición ideológico-económica basado en los dos pilares fundamentales que, descartada la violencia física explícita en nuestra sociedad occidental, se utilizan en la actualidad para llevar a cabo los modernos ejercicios de ingeniería social: una reiterada mentira con trasfondo ideológico y una indisimulada presión de grupos organizados con intereses económicos. Y este ejercicio de imposición, no es otro que el intento de imponer el uso del bable como lengua cooficial en el Principado de Asturias.

La reiterada mentira no es otra que la existencia de una lengua autóctona utilizada por cientos de miles de hablantes (con cifras que según los defensores de la cooficialidad del bable, oscilarían entre los 250.000 y los 700.000) que ven sistemáticamente vulnerados sus "derechos lingüísticos" mediante políticas de represión sociocultural.

Tener que desmontar esta absurda mentira produce vergüenza ajena. Primero, porque cualquiera que se precie de conocer mínimamente la realidad social asturiana es consciente de que el uso del bable en Asturias es prácticamente inexistente. Son muchos los asturianos que incorporan en su habla habitual, y de forma totalmente natural, expresiones, giros, y palabras derivadas del bable. Pero de ahí a plantear que entre un cuarto y tres cuartos de la población asturiana es "bableparlante"... eso solo está a la altura de la más alta demagogia. Segundo, porque decir que actualmente el bable es objeto en Asturias de algún tipo de represión lingüística es de una desfachatez inconmensurable, ya que cuenta con una "ley de uso" que garantiza el derecho de todos los niños que así lo deseen a estudiarlo de forma voluntaria en todos los niveles de educación no universitaria, que garantiza su uso frente a la administración y que riega con innumerables subvenciones su difusión en el ámbito público o privado.

La indisimulada presión de grupos organizados con intereses económicos es evidente en estos días para cualquiera que viva o visite el Principado de Asturias. Los diversos grupos organizados en torno al bable, básicamente constituidos por personas que pretenden vivir de todas las partidas presupuestarias que conllevaría la implantación de la cooficialidad (filólogos bablistas, profesores de bable, traductores, colectivos "culturales", académicos de la "llingua" etc…), ya han marcado la agenda y establecido los plazos. "Proyecto 2018" lo llaman. Y como por desgracia es habitual en España son diversos los grupos políticos que, viendo que las pretensiones económicas de dichos grupos coinciden con sus pretensiones ideológicas, se han apuntado al carro. El PSOE asturiano ya ha aprobado en su último congreso asumir en las próximas elecciones autonómicas la defensa de la oficialidad del bable. Por supuesto, IU y Podemos que también secundan sin fisuras el objetivo de la cooficialidad. Hasta Foro Asturias, partido fundado por Alvarez-Cascos y que se presentó en coalición con el PP en las últimas elecciones nacionales, secunda dicho objetivo. Solo el PP y Ciudadanos parece que se resisten a secundar el disparate liberticida... por ahora.

La historia nos ha enseñado que cuando un grupo con intereses económicos recibe el apoyo de uno o varios partidos políticos con representación parlamentaria se produce un coctel económico-ideológico que inexorablemente se acaba traduciendo en imposición, impuestos y coacción a los ciudadanos. Es el modus operandi clásico para en nombre de la libertad, acabar con ella.

Porque en nombre de la libertad lingüística, el bable pasaría de ser voluntario a obligatorio en la enseñanza y la administración. En nombre de la libertad lingüística, los ciudadanos serían sometidos a una mayor presión fiscal, derivada del aumento del gasto público. En nombre de la libertad lingüística, un grupo de personas pasarían a vivir cómodamente, a costa de los demás, del erario público. En nombre de la libertad lingüística todos los niños residentes en Asturias serían obligados, con independencia de su voluntad y la de sus padres, a destinar una parte importante de su tiempo y esfuerzo al aprendizaje de una lengua dialectal de uso marginal en la sociedad. En nombre de la libertad lingüística, se establecerían cortapisas, barreras de acceso, segregación, y división social.

Y todo ello, todo lo anterior, en nombre de una supuesta libertad lingüística de la que ya disfrutamos de forma natural todos los asturianos. Y es que, como exclamó Madame Roland ante la estatua de la Libertad situada en la plaza donde iban a guillotinarla: ¡Oh, Libertad!, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!

Bauzá afirma que en Baleares hay padres "absolutamente desesperados con la inmersión lingüística"
En Es la tarde de Dieter el expresidente de Baleares ha afirmado que "existe una coacción hacia los padres" en esta comunidad.
P. Cuevas Libertad Digital 15 Noviembre 2017

El senador del PP por la Islas Baleares y expresidente del Gobierno Balear ha relatado en en Es la tarde de Dieter la situación que vive la educación en su comunidad. En este sentido, José Ramón Bauzá ha desvelado que hace varios días mantuvo una reunión con algunos padres en Mallorca. En ese encuentro, ha asegurado el expresidente balear, estospadres le transmitieron que están "absolutamentedesesperados con la inmersión lingüística y el adoctrinamiento" en esta comunidad. Bauzá ha asegurado que "existe una coacción hacía los padres" .

El senador popular ha puesto como ejemplo lo que le ocurrió en la anterior legislatura que él presidió. Ha explicado que en ese momento, en la primera etapa educativa, a los padres se les permitía elegir entre el castellano o el catalán a la hora de matricular a sus hijos. Bauzá ha relatado que padres "llorando" le han contado cómo "les cogía el director del centro o la persona que se encargaba en ese momento dentro del centro educativo de hacer la matriculación y se lo llevaba a un despacho y les decía que era mejor que sus hijos estuvieran matriculados en catalán porque si no los niños estarían en un gueto y estarían reunidos con otras personas y no tendrían las mismas condiciones".

Además, el senador del PP ha lamentado que "en las últimas fechas hemos visto en las Islas Baleares cómo aquellos que hacen llamamientos a los referéndum ilegales, aquellos que están haciendo llamamientos a la liberación de los Jordis son los que ocupan puestos de responsabilidad en algunas asociaciones y sindicatos mayoritarios"

Sobre las competencias en educación, Bauzá ha sido tajante y ha afirmado que "no es solo una cuestión de competencias sino que, quien las tenga, las ejerza con responsabilidad".

El 'chiringuito catalán' incluye más de 1.300 entes públicos
La Administración Pública catalana destina grandes sumas de dinero a sus 339 Sociedades Mercantiles, 289 Consorcios, 161 Fundaciones...
Libre Mercado Libertad Digital 15 Noviembre 2017

La intervención de las cuentas de la Generalidad por parte del Ministerio de Hacienda ha dejado al descubierto el gran despilfarro de dinero público que existe en esta autonomía -al igual que en otras-. En concreto, tras el primer mes de supervisión de gastos, el Gobierno central ha detectado que tan sólo necesita 940 millones de euros para financiar los servicios públicos que considera esenciales, sobre un total de 1.400 millones transferidos cada mes.

Así pues, los 460 millones restantes -más del 30% del total- serían, por tanto, prescindibles o, al menos, susceptibles de ser recortados o eliminados en gran medida. Además, si a ello se suman los ingresos procedentes de los impuestos autonómicos, por valor de otros 200 millones al mes, el desfase entre partidas calificadas como esenciales y el grueso de recursos públicos alcanzaría los 660 millones de euros al mes -casi el 47% del total-, tal y como avanzó Libre Mercado.

Buena parte de ese dinero va destinado a financiar la amplia y compleja estructura paralela que posee la administración pública catalana. Pero, ¿qué entes y organismos componen ese ámbito? El siguiente listado, elaborado por @Absolutexe en base a datos oficiales, resume el organigrama que presenta el particular chiringuito catalán.

Para empezar, cabe recordar que en Cataluña existe una administración autonómica (la Generalidad), cuatro diputaciones y un total de 946 Ayuntamientos. Y estos tres sectores han creado a su vez 339 Sociedades Mercantiles, 289 Consorcios, 161 Fundaciones, 146 Organismos Autónomos administrativos, 82 Mancomunidades ,75 Organismos Autónomos, 65 Entidades Menores al municipio, 51 Entes Públicos, 42 Comarcas, 31 Entidades Públicas Empresariales y 14 instituciones sin ánimo lucro. A ello cabe sumar, además, 7 Universidades Públicas, 4 Organismos Autónomos Comerciales, 2 Agrupaciones de Municipios y 1 Área Metropolitana

En total, 1.309 Entes Públicos.

Algunas de las 339 sociedades mercantiles:
Activos de Montaña
Actividades Lúdicas Pirenaicas
Circuitos de Cataluña
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales
Parque Atracciones Tibidabo
Parque Audiovisual de Cataluña...

Entre los 289 Consorcios:
Hay muchos Consorcios para el "Desarrollo" del Bajo Ebro, de las "Tierras Turísticas del Ebro" de la Garrotxa, del Ripollès, del Sector Residencial Can Filua, Nou Eixample i Turuguet, Eixample Nord, etc.
Bienestar Social Gironès-Salt
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
Centro de Documentación y Museo Textil
Centro de Estudios Demográficos
Centro de Estudios Porcinos
Consorcio del Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña
Centro de Trabajos del Mar
Consorcios para la Gestión de TV Digitales locales
Vivienda de Barcelona
Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro
Mercado de las Flores
Centro de las Artes de Movimiento
Normalización Lingüística
Observatorio del Paisaje ...

De las 161 Fundaciones:
Centro de Información y Documentación Internacionales de Barcelona
Casa América Cataluña
Centro de Seguridad de la Información de Cataluña
Factor Humano
Instituto Confucio de Barcelona
Observatorio del Ebro
Parque Tecnológico del Vino...

De los 221 Organismos Autónomos (administrativos inclusive):
Agencia de Promoción de Ciudad "Reus Promoción"
Instituto del Teatro
Instituto Metropolitano del Taxi
Instituto Medios de Comunicación Pública
Instituto Municipal de Paisaje Urbano y Calidad de Vida
Instituto Municipal Progreso y Cultura
Agencia Catalana del Consumo
Autoridad Catalana de la Competencia
Consejo Económico y Social
Consejo Catalán del Deporte
Institución de las Letras Catalanas
Instituto Catalán de la Viña y el Vino
Instituto Catalán de las Mujeres
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
Instituto Desarrollo y Promoción Alto Pirineo y Arán
Instituto de Estadística de Cataluña
Instituto Municipal Radiodifusión...

Entre los 51 entes públicos:
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
Agencia Catalana de la Juventud
Agencia de Migraciones de Cataluña
Agencia para la Competitividad de la Empresa
Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica
Consejo catalán de la Producción Integrada
Consejo Audiovisual de Cataluña
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña
Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes
Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña
Instituto Catalán de Finanzas
Instituto Catalán de las Empresas Culturales
Instituto Catalán de Energía
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El gran álbum fotográfico que demuestra el adoctrinamiento ideológico persistente que tiene lugar en las escuelas catalanas
www.latribunadelpaisvasco.com 15 Noviembre 2017

Este es el gran álbum fotográfico que demuestra el adoctrinamiento independentista y de extrema izquierda que de una forma constante e intensiva se produce en Cataluña desde hace varias décadas. El autor del mismo, Eduardo González Palomar, ha logrado reunir en la red Flickr un total de 1.442 imágenes que demuestran las aberraciones que han de sufrir diariamente decenas de miles de alumnos, y sus padres, en los centros educativos de esta región.
https://www.flickr.com/photos/100929805@N07/sets/72157663257244562

¿Y si probamos a aplicar la ley en Cataluña?
Cristian Campos elespanol 15 Noviembre 2017

Tiene Arcadi Espada una frase gloriosa que me jode que no sea mía: “Entre la vida y la muerte, los equidistantes escogen la enfermedad”. A mí lo más ingenioso que se me ocurre llamarles es cobardes, que es la exacta posición moral de quien frente a un conflicto binario se sube a tus hombros, se calza en todo lo alto el manto de armiño de la santa ecuanimidad y pontifica, virtuoso él, Salomón entre los Salomones, que a ver si vamos poniéndonos un poquito de acuerdo señores por favor. Y eso mientras te pellizca los mofletes y te amonesta con un irritante “no me seas facha y dialoga, niño, dialoga”.

El equidistante, eso sí, deja los términos exactos del acuerdo entre el represor y el reprimido, es decir entre el independentista y la ley, al albur de los que entienden de esto. Que siempre son los suyos. O sea los nacionalistas. Porque otra cosa no, pero la vocación de súbdito la lleva el equidistante incrustada de serie en el alma.

De su escaqueo, en cualquier caso, se deduce que el equidistante no tiene ni idea de lo que habla. A pesar de ello su cerebro ha logrado destilar, después de poner todas sus neuronas en quinta, que existe un conflicto y que la justa y necesaria solución a ese conflicto está en un hipotético punto medio que tenga en cuenta todas las sensibilidades. Algún curilla hay en Cataluña, por supuesto a sueldo de La Vanguardia, que lleva toda la vida viviendo de tan fabulosa construcción intelectual.

Huelga decir que no se puede estar sólo un poco muerto de la misma manera que no se puede romper sólo un poco la soberanía nacional. Que una taza puede estar intacta encima de la mesa o rota en el suelo pero no flotando agrietada a medio camino. Y que la política no es ajena a las leyes de la entropía por más que algunos iluminados crean que es un tablero de juego mágico en el que todos los conflictos tienen solución porque todos los deseos son legítimos.

Y miren: no. Todas las componendas imaginables (el famoso término medio) para el conflicto catalán que alberguen comprensión para los deseos de los nacionalistas comportarán a largo plazo un daño mayor de igual manera que refrigerar una habitación calentará el exterior de esa habitación por la energía desprendida durante el proceso de forma que la temperatura media entre exterior e interior será, al final, mayor que la inicial. Que se lo pregunten a los vascos no nacionalistas obligados a vivir ahora en ayuntamientos gobernados por simpatizantes de ETA. Si hay que escoger entre paz y justicia un demócrata debería tenerlo claro: justicia. Porque la alternativa a la justicia, y esa es la trampa, no suele ser la paz sino el conflicto y también la injusticia.

En realidad, el equidistante no suele tener nada de equidistante y su postura política asoma a poco que se le aprieten un poco las tuercas. En Cataluña, los equidistantes hozan de la mano de un independentismo que no habría superado su techo natural de un 20-25% de no ser por la impagable ayuda en forma de legitimación moral otorgada por los Colau, Évole, Iglesias, Montilla, Roures e Iceta a la ultraderecha nacionalista de ERC, CUP y PDeCAT. Son ellos y no los independentistas, a fin de cuentas cuatro docenas de rústicos con tractor y un par de volquetes de pijos con angustias existenciales fibromiálgicas y sentimentalidad desatada, los que han quebrado Cataluña.

Es la equidistancia, en definitiva, la que ha permitido que un cadáver del siglo XIX en pleno siglo XXI, el último nacionalismo abiertamente insolidario de Europa (los escoceses son más pobres que los ingleses), lleve gobernando Cataluña cuarenta años. Ni cuando ganaron las elecciones se atrevieron a decepcionar a los amos del chiringuito y mostrarle a los catalanes el camino de la transición a la democracia que el resto de España había recorrido ya en 1978. Y ahí anda hoy el nacionalismo: luchando contra el ectoplasma de Franco mientras el resto del mundo tiene que buscar la palabra Cataluña en la Wikipedia para saber quién es esta gente que en pleno 2017 sigue considerándose más alta, más guapa y más lista que sus vecinos.

Visto el estrepitoso fracaso de cuarenta años de equidistancia en Cataluña, ¿qué tal si probamos una táctica diferente? Digamos la ley.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Inmersión lingüística: tenemos un problema... no sólo en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 15 Noviembre 2017

La llegada al poder de los socialistas de la mano de los nacionalistas ha hecho que se disparen tanto el adoctrinamiento como la inmersión lingüística.

Nada más equivocado que pensar que la liberticida inmersión lingüística y el infame adoctrinamiento nacionalista en las escuelas son problemas que afectan exclusivamente a los ciudadanos de Cataluña y el País Vasco. En otras regiones, como la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, se está siguiendo esa misma senda de manipulación de la Historia y de vulneración del derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos. Sirvan como ejemplos el amplio reportaje que el diario El Mundo dedicaba a esta cuestión hace unos días y las denuncias que este mismo martes hacían ante los micrófonos de esRadio tanto la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, como el senador popular y expresidente balear José Ramón Bauzá.

Aunque hay que advertir que la obligatoriedad de estudiar valenciano y de estudiar en esta lengua otras asignaturas se remonta a los tiempos en los que el PP gozaba de una amplísima mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana, la llegada al Gobierno regional de los socialistas y de los nacionalistas ha hecho que se dispare tanto el adoctrinamiento al servicio del pancatalanismo como la inmersión lingüística en un valenciano, además, completamente indiferenciado del catalán. Piénsese en el denominado Decreto Marzà –en referencia al consejero de Educación de Compromís, Vicent Marzà–, que establece la obligatoriedad de estudiar más asignaturas en valenciano si el alumno quiere más enseñanza en inglés. Ante este estado de cosas, en la Comunidad Valenciana se están celebrando manifestaciones multitudinarias contra la inmersión y el asfixiante pancatalanismo.

Otro tanto se podría decir de Baleares, donde las reformas aprobadas en tiempos de Bauzá, destinadas a que el catalán dejase de ser un requisito para acceder a la función pública y a que los padres tuvieran libertad de elección de lengua, han sido completamente erradicadas por el Gobierno de socialistas y nacionalistas.

Ahora, en el Principado de Asturias el PSOE, IU-Podemos y hasta el partido fundado por Francisco Álvarez Cascos, Foro Asturias, aspiran a la oficialidad del bable, lo que haría que éste, absolutamente minoritario, pasarse de ser voluntario a obligatorio tanto en la enseñanza como en la Administración.

Sirvan estos ejemplos como prueba de que el nacionalismo es una lacra que hay que combatir en todos los ámbitos. La lengua en manos de los nacionalistas, lejos de ser un vehículo de comunicación, se convierte en un coactivo molde identitario que conculca las libertades individuales tanto como separa a unos españoles de otros.

Por ello, en vez de seguir en la contraproducente senda de intentar contentar a los nacionalistas, tal y como apuntan las ofertas de reforma constitucional y de mayor financiación a las Administraciones autonómicas, resulta imperativo desandar parte del camino y fortalecer aquello que une a todos los españoles.

El difícil retorno a la legalidad (19)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 15 Noviembre 2017

EL SANEDRIN DE LA COMISIÓN DEL CONGRESO DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN INICIA SU ANDADURA. PABLO IGLESIAS SE VA DE GIRA POR ESPAÑA PARA CONECTARLA.

Al parecer y según relata el editorial de hoy del periódico digital de El País,titulado “Una reforma necesaria”, arranca la Comisión del Congreso encargada de la reforma de la Constitución. Una comisión que se llama “Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico”. Su composición viene determinada de modo proporcional al número de escaños de los diferentes grupos parlamentarios, correspondiendo 14 al PP, 9 al PSOE, 7 a Unidos PODEMOS, 3 a CIUDADANOS, 1 al PNV, 1 a ERC y 2 al Grupo Mixto. Por propia decisión de las formaciones, no cuenta con representantes de los partidos de ultra izquierda como la coalición Unidos PODEMOS y los partidos nacionalistas ERC, PDeCAT y PNV. Es decir, no van a participar precisamente aquellos partidos que o bien abogan como Unidos PODEMOS (también el PSOE) por un Estado plurinacional y el reconocimiento de pueblos diferenciados con derecho a decidir si quieren o no seguir integrados en España, o bien los partidos históricamente nacionalistas que aspiran a la independencia de España y no siempre por la vía constitucional.

Resulta paradójico que esa Comisión, presidida por el socialista José Enrique Serrano, comience ya coja su andadura, precisamente por la ausencia de aquellos representantes de las comunidades autónomas que plantean problemas de “encaje” y aspiran a la autonomía plena, que es una forma metafórica de ocultar su objetivo de independencia plena como Estados soberanos. Su negativa para participar se excusa por la aplicación de determinadas medidas de intervención basadas en el artículo 155 de la Constitución, que fueron aprobadas en el Senado como respuesta al golpe de Estado provocado por el Gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña haciendo una declaración unilateral de independencia. Se supone que lo deseable es que exista el mayor consenso posible, tanto en la valoración de la situación como en la propuesta definitiva de soluciones para esa “modernización” que se pretende.

EL editorial de El País afirma que “el modelo autonómico ha sido un éxito, pero requiere modernizarse”. Una aseveración que es muy discutible porque en mi opinión, - y pienso que en la de otros muchos analistas-, precisamente creo que ha sido un rotundo fracaso en lo social y en lo económico. Un sistema que ha fomentado la insolidaridad entre regiones y sociedades y que ya partía de defectos congénitos al distinguir dos excepcionalidades inasumibles en una Nación cuya Constitución se basaba en la indisoluble unidad y en la igualdad de derechos de todos los españoles con independencia de su lugar de nacimiento o residencia. Reconocer los Fueros de Navarra y el Concierto Vasco, llamándolas “comunidades históricas” fue una concesión inaceptable hoy en día y que solo pasó el filtro del referéndum al ir como un todo heterogéneo plagado de cláusulas transitorias y notas, en un “trágala” que no admitía enmiendas salvo a la totalidad. Un chantaje a una sociedad que deseaba salir de la dictadura y que aceptó a ciegas aquello que se le ofrecía como paso a la democracia.

Pero hoy estamos en otra situación, que sinceramente creo que es peor para alcanzar consensos. Por un lado, la realidad social tras décadas de autonomía ha cambiado para mal. Las autonomías se han convertido en verdaderos reinos de taifas donde los partidos políticos de todo signo han medrado y gobernado a su conveniencia, creando las bases de un clientelismo fidelizado mediante subvenciones públicas y de una dependencia económica origen de miles de casos de corrupción. Un poder que se usó, no para acercar la Administración a los ciudadanos, sino para el enriquecimiento personal y financiación ilegal de los partidos gobernantes, asociaciones afines y sindicatos. Unas administraciones que han sido y siguen siendo refugio de parásitos en una multiplicación y duplicidad de funciones con cientos de miles de intrusos que viven del erario en forma de asesores o empleados de empresas públicas ruinosas e innecesarias, en lo que se llama “administración paralela”. Una ruina inasumible e inaceptable para un Estado moderno de la UE.

Por otro lado, la sociedad en esas autonomías ha sido educada en resaltar la singularidad y adoctrinar un sentimiento nacionalista anteriormente inexistente o residual. Una realidad que se evidencia en el auge de los partidos nacionalistas en donde la lengua se usa como arma fundamental para la diferenciación y la discriminación de derechos fundamentales. Una característica cultural al servicio de la política disgregadora de esos partidos. Una actitud que en el caso de El País Vasco tuvo consecuencias dramáticas para esa sociedad dividida y para el resto de España con el terrorismo de ETA y la aparición de partidos “abertzales” de ultra izquierda. Un movimiento revolucionario que nació contra la dictadura de Franco y que se recrudeció una vez instalada la democracia en atentados tan criminales como el de Hipercor en Barcelona o los atentados contar representantes políticos del PP y del PSOE.

Un fracaso de sistema socialmente nefasto y desastroso en lo económico, donde la norma es el no acatamiento de las órdenes del Gobierno de España en cuanto a control del gasto y la existencia de graves diferencias en la dotación de las administraciones, la remuneración de los empleados públicos, donde un Presidente de Autonomía dobla el salario del Presidente del Gobierno de España, o donde el número de diputados autonómicos es proporcionalmente excesivo. Y aquí no habría que excluir a la otra parte de la descentralización, la de los municipios, aquejados de los mismos males endémicos de descontrol del gasto y retribuciones de escándalo, sobre todo en los grandes municipios como las capitales de provincia o de autonomía. No se trata solo de analizar el encaje de algunas autonomías, sino de la reforma en profundidad de todo el sistema que se ha demostrado ineficaz y ruinoso.

Parce que Pablo Iglesias va a iniciar una gira bajo el lema “Conecta España” en su afán de convencer a los españoles de las comunidades autónomas sin aspiraciones secesionistas, de la conveniencia de reconocer que España es un Estado plurinacional y que las diferencias culturales son realmente las pruebas de la existencia de pueblos diferenciados que tienen derechos a ser reconocidos como tales y a decidir su futuro, incluido el de seguir perteneciendo a España. Así que más que conectar, lo que pretende este miserable sujeto es desconectar a los españoles de España. No es de extrañar que no quiera participar en una comisión que lo que pretende es modernizar y optimizar lo que es actualmente una situación insostenible generadora de problemas que ha provocado la desconexión de algunas comunidades y de sus sociedades del proyecto común de España. Solo espero que su gira propagandística coseche un fracaso rotundo y que sirva para que los ciudadanos le echen a patadas de la política española ala que tanto daño está haciendo.

Le deseo a la Comisión del Congreso para la evaluación y modernización del Estado autonómico toda la serenidad, sensatez y rigurosidad que merece algo tan esencial para el futuro de España y que no vuelva a ser una fuente de conflictos como lo que nos impusieron los padres de la Constitución para salir del paso. Un objetivo difícil como este del retorno a la legalidad tras el golpe de Estado en Cataluña que se ha terminado por responder de forma tan melindrosa y azorada, precisamente por la falta real de consenso.

¡Que pasen un buen día!

155: tomadura de pelo
Javier Barraycoa gaceta.es 15 Noviembre 2017

Cómo aplicar el 155 en 55 días. Este también podría ser el título del artículo pero nos decantamos por el que encabeza esta columna por su claridad evidente. Los oprimidos tienen una extraña propensión al optimismo, especialmente al menor atisbo de posibilidad de cambio de su triste condición. Deben ser los restos de mesianismo cultural que aún quedan a modo de poso de nuestra alma colectiva. Cuando el Gobierno español decidió aplicar artículo 155 de la Constitución, no faltaron entusiastas que creyeron ver la tierra prometida y soñar con la llegada a un nuevo país donde manaría leche y miel. Igualmente no le faltó claca al presidente de Gobierno ni medios de derechas que le hicieran la ola, a la par que el fariseísmo nacionalista se rasgaba las vestiduras. Pero pocos se acordaron que a Moisés no le estuvo permitido, tras atravesar el desierto, entrar en el reino prometido.

A moisés no se le concedió tiempo vital para tal gracia, al igual que el Gobierno ha robado la esperanza de muchos catalanes de ver resuelto el drama que vivimos desde hace décadas. Rajoy no sólo ha aplicado el 155, sino que le ha dado la marcha atrás a un cronometro electoral que acabará su recorrido el 21 de diciembre. Los aduladores con Tribuna en los grandes periódicos alabaron esta decisión como una genialidad estratégica digna de Rommel o Patton e hicieron de voceros de la inminente salvación definitiva de Cataluña. A otros, simplemente se nos quedó cara de tontos al contemplar la incapacidad de la ciudadanía de enjuiciar lo que es una de las mayores tomaduras de pelo, y un nuevo agravio, que debemos sufrir los catalanes. Los pocos días desde la aplicación del 155 han dado para mucho y para poco.

Para mucho, lo ha sido en el sentido que el gobierno ha podido adoptar estrategias para evitar el colapso institucional de los efectos de la DUI. Recordemos que el 17 de octubre, la jueza Lamela decidía encarcelar a los “jordis” y el 21 de octubre se aprobaba la aplicación del 155. Los inocentes aplausos en un sector de la población oprimida por el nacionalismo se trocaron en terror en los despachos de la Moncloa, especialmente cuando el 2 de noviembre la jueza Lamena también dictaba prisión incondicional como medida cautelar contra medio gobierno autonómico catalán que aún permanecía en suelo patrio.

No haya nada que produzca más espanto a los políticos que dicen defender la independencia judicial, que encontrarse con un juez que ejerza el principio de la separación de poderes. La prisión de Junqueras, y adláteres, desmontaba la estrategia de Rajoy: aparecer ante la opinión pública conservadora como el salvador de España y convocar unas elecciones apresuradas elecciones para aprovechar el bajón psicológico de las huestes nacionalistas. Era una estrategia que le permitiría salirse del avispero catalán proclamando el 155 sin haberlo aplicado. Un logro más para la fama de los gallegos. Pero un escenario con potenciales candidatos en la cárcel lo cambia todo. Los sondeos no favorecen al PP; como por arte de birlibirloque el PSC resucita de la nada incorporando de la chistera a los camisas viejas de Unió Democrática y en el PP aún no se explica porque los democristianos no han llamado a su puerta; la audiencia de TV3, que estaba en estado de shock, empieza a remontar de forma galopante; la CUP decide presentarse, contra todo pronóstico para unos antisistema, a unas elecciones del sistema y Puigdemont sigue vivito y coleando comiendo mejillones en Bruselas y acaparando portadas. La única gran ocurrencia del Gobierno ante tal desborde de malas noticias ha sido arrebatar el caso a la jueza Lamela y desde ahí intentar controlar la situación; léase, conseguir que los Junqueras, y demás, hagan una campaña desde la calle, que eso da menos votos que desde el presidio. Ya se sabe que los catalanes somos muy melancólicos y ver llorar a la Forcadell o a Junqueras desde la cárcel puede llenar urnas, y esta vez de verdad.

Y, como decíamos, el 155 ha dado también para poco, para muy poco. Más bien ha dado para casi nada. El potencial electorado catalán que por cuestión de principios y coherencia moral, no puede participar de los postulados electorales de los partidos llamados constitucionalistas (cuestiones de aborto, anti-bioética e ideología de género están impresos en fuego en sus programas), se encuentra huérfanos de candidatura. No ha habido tiempo de articular otra vía electoral frente al separatismo que recoja el entusiasmo de muchísimos catalanes que han salido a la calle y no gracias precisamente a los partidos constitucionalistas. Los plazos impuestos por el gobierno lo han imposibilitado y nuevamente estamos ante un escenario cercado por la partitocracia. Ello posiciona a muchos votantes en el grave dilema de votar contra su conciencia

moral o dejar que el nacionalismo siga avanzando. La partitocracia se muestra especialmente descarnada cuando obliga a elegir entre un mal o un mal. La aplicación real del 155 hubiera exigido generosidad en algunos partidos y firmeza en el gobierno. Entre otras cosas se debía haber constituido un gobierno de concentración, la intervención real en materias transferidas –como la educación- con políticas a fondo y a largo plazo, apoyadas por reformas legales; limitar el gigantesco poder de adoctrinamiento de los medios públicos catalanes; corregir unas políticas de subvenciones dignas de un estado soviético y, por fin, retrasar el calendario electoral varios años. Es necesario normalizar ayuntamientos, Diputaciones, policía autonómica y delirantes políticas económicas que ha llevado a Cataluña a una quiebra técnica. Pero de todo esto, nada de nada. Ha sido aplicar el 155 y empezar la carrera electoral.

Mientras tanto, aún late una Cataluña que ahora ilusionada acabará abandonada a escasos meses de la celebración de las elecciones. Es una Cataluña viva pero que los partidos políticos ya están carburando cómo devolverla a sus cómodos sillones de casa. La política es para lo profesionales. A modo de ejemplo, de forma popular este fin de semana ha sido espectacular para el movimiento cívico hispánico-catalán: viernes 10 de noviembre, apoteósica concentración ante el Ayuntamiento de Sabadell para reclamar la reposición de la bandera española; sábado 11: marcha sobre el barrio de Vilaroja en Gerona para apoyar al vecindario más español de toda Cataluña y por la tarde concentración en Reus; domingo 12: manifestaciones patrióticas en Manresa y Lérida. Y la cosa continúa, este viernes hay convocatoria en Igualada, ante el Ayuntamiento, para pedir que también se reponga la bandera española y se anuncian más movilizaciones. Todo este más que meritorio esfuerzo ciudadano o bien ya ha sido manipulado como campaña preelectoral. Por ejemplo en la concentración de Sabadell, aparecieron a última hora lacayos de los partidos constitucionalistas para atribuirse la convocatoria de la concentración. De ello se hicieron eco todos los medios. Pero cuando los partidos no han podido controlar estas concentraciones, los actos han sido ignorados o maltratados por los medios “conservadores”.

En conclusión, no hay dos Cataluñas, hay tres: la nacionalista, la dominada por la partitocracia constitucionalista, y la que siendo catalana y no queriendo renegar de su españolidad pero tampoco de principios fundamentales, quiere encontrar su espacio. El 155 ha sido una medida ajustada e ideal para las dos primeras. Por el contrario, para la tercera, ha sido desengaño y tomadura de pelo.

Maniobras en el Tribunal Supremo
Pablo Sebastián republica 15 Noviembre 2017

Vayan por delante dos comentarios: no llueve en España y la sequía se está convirtiendo en un serio problema nacional sobre el que el Gobierno no dice ni hace nada extraordinario; resultan alarmantes las noticias sobre inmersión lingüística en Baleares y Valencia (así empezó el problema catalán) sin que la Fiscalía del Estado y el Ministerio de Educación tomen cartas en el asunto tal y como debieran y con la mayor urgencia.

Y dicho esto regresamos al mono tema de actualidad española que es la crisis de Cataluña porque el magistrado Llarena e instructor del proceso que el Tribunal Supremo abrió sobre los aforados en el golpe de Estado catalán ha pedido un informe a la Audiencia Nacional sobre los procesos que allí se siguen contra dirigentes sociales y ex miembros del Govern de Puigdemont, por los presuntos delitos de rebelión y sedición (entre otros) con la intención de unir en el Supremo todos estos casos y los que sobre los mismos delitos discurren en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Unir los casos bajo el mando del instructor Llarena, quien parece tener la intención (y puede que las pertinentes instrucciones) de sacar a todos los procesados de la cárcel a donde los envío la juez Lamela a petición de la Fiscalía y tras negarse todos ellos a declarar.

Una puesta en libertad de Junqueras y sus amigos presos a ser posible días antes de que se inicie la campaña electoral catalana del 21-D. Que es lo que parece que pretende, el Gobierno de Mariano Rajoy (con acuerdo de Pedro Sánchez), para bajar tensiones en Cataluña y desmovilizar así al electorado secesionista. O sea que la Justicia se quite la venda de los ojos y observe el panorama político nacional.

Estamos pues ante la operación ‘suelta de presos’, naturalmente dentro de la legalidad cómo muy bien lo argumentará Llarena en sus ‘autos’, siempre y cuando Junqueras, sus siete ex consejeros y los ‘Jordis’ se allanen como Forcadell y sus colegas de Mesa y acaten el artículo 155 y la Constitución. Y siempre que en este caso -y no como hicieron ante la juez Lamela todos los imputados respondan a las preguntas del juez instructor y del fiscal.

Puede incluso que las exigencias a estos presos no sean tan altas como las que se le impusieron a Forcadell, porque la presidenta del Parlament nada más sentarse en el Supremo se desmoronó y casi acaba cantando el ‘Que viva España’ de Manolo Escobar. Y es que estos golpistas chapuceros son unos cobardes redomados y carecen de pundonor.

Pero dicho esto tenemos que subrayar -para entender lo que está pasando- la sospecha de ciertas ‘maniobras orquestales en la oscuridad’ del Gobierno de Rajoy, la Fiscalía General del Estado y la Sala Segunda del T. Supremo que preside el magistrado Marchena, un buen amigo del ministro Catalá y la persona que recomendó a Maza como Fiscal General.

O sea que si de lo que se trata es de que los diez presos en cuestión salgan pronto de la cárcel, parece claro que la hoja de ruta del plan está diseñada, el magistrado Llarena decidido a unir los procedimientos bajo su mando y a abrir la puerta de la prisión si los acusados se allanan ante el y, a partir de ese momento y pagadas unas fianzas, todos a casa y a participar como héroes en la campaña electoral.

Y ¿qué pasará con Puigdemont y los otros cuatro prófugos que siguen en Bruselas si la justicia belga los manda hacia España, o si ellos decidieran regresar? Pues ese sería otro problema añadido para Rajoy y su ministro Catalá, el Presidente de la Sala Marchena y el instructor Llarena, aunque probada parece la habilidad de todos ellos para ‘maniobrar’.

Y no sólo para acabar con la prisión preventiva -que se aplica con decisión en los casos de corrupción- ni más ni menos que en un golpe de Estado, sino que da la impresión que otras de las misiones de Llarena podría ser la de quitar de las imputaciones a los golpistas de los delitos de Rebelión (de 15 a 30 años de prisión) y Sedición (de 10 a 15 años de prisión) para dejar la acusación fiscal en una simple ‘conspiración para la rebelión’. Lo que podría dejar en el juicio las penas en 3 años y ocho meses de cárcel, que al final quedaría en un año o unos meses, con lo que el golpe de Estado catalán les saldría a los golpistas casi ‘gratis total’.
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Por respeto y mucho más
Hay que imponer el retorno a los medios de la toponimia española en toda España
Hermann Tertsch ABC 15 Noviembre 2017

Castellanoparlantes o hispanohablantes somos todos los españoles. Cierto que por culpa de los nacionalismos en ciertas regiones y por la paupérrima educación se habla cada vez peor y cada vez con menos vocabulario. Pero todos lo hablan y todos lo entienden. Aunque algunos se esfuercen por hablarlo mal o se nieguen a hacerlo por esa hispanofobia que los nacionalismos y cierta izquierda han cultivado desde hace décadas. Resulta tan triste como inaudito que en algunas regiones se haya generado tan violento rechazo a esta lengua universal que abre mil puertas al mundo. Porque el español es el mayor tesoro que enaltece a España, junto a su historia. Imaginen lo que harían los alemanes o los franceses con una lengua que hablan 500 millones de habitantes en permanente y vigorosa expansión. Nosotros nos ensañamos con ella y la humillamos con espectáculos dantescos como los traductores en el Senado. O la impune persecución de los rótulos en Cataluña. Ese odio a España cultivado desde poderes institucionales y políticos españoles es un fenómeno único en el mundo, abominable, la peor y más trágica cosecha de nuestros errores de la transición.

Las ansiedades de la joven democracia por compensar injusticias reales o supuestas de la dictadura llevaron a políticas con prioridades que hoy sabemos erróneas y profundamente dañinas. Se han hecho bien muchas cosas en España estos pasados cuarenta años. Pero nos hemos equivocado mucho en otras. Los errores se han hecho fuertes y son tremendas las resistencias al cambio por las inercias y el discurso asumido. Tanto que ante el desafío del separatismo se propone proseguir con el vaciado del Estado, causa del crimen político hoy en marcha. Pocos proponen la lógica enmienda de probar lo contrario a lo fracasado. Muchos años hemos tolerado lo intolerable en las relaciones humanas, políticas y culturales. Hemos permitido que la lógica antiespañola se convirtiera en la lógica del Estado en una España siempre bajo sospecha. Y hemos aceptado una falta de respeto a la Nación que se convirtió en hábito. Cuando España es la única garantía de nuestras libertades y derechos. Y de la paz. Porque una España rota nos arrebataría libertades y derechos pero además nos garantiza la guerra.

Hubo mucha buena fe en la transición. De los que llegaban y de los que desmontaban el régimen que se autodisolvió. Pero la buena fe juega malas pasadas. Sucedió con la distribución territorial. Ya en la propia formación de las autonomías se mutiló y dividió arbitrariamente Castilla e inventó cuerpos uniprovinciales como La Rioja o Cantabria. Para trocear España como una pieza de ganado. Después vinieron décadas de irresponsable vaciado de competencias al Estado central para armar a unas autonomías convertidas en desleales émulos y rivales, cuando no ya enemigos, y poderes feudales tramposos, corruptos y despilfarradores. Los resultados están aquí. La catástrofe catalana continuará y llevará al definitivo empobrecimiento de la región. Hasta que España derrote y deslegitime a los nacionalismos o estos destruyan a la nación española y la península se hunda en el caos. Para intentar que España venza a sus enemigos hay que dar la batalla por la enmienda ya. En contra de la suicida perseverancia en el error que sería una reforma constitucional con más concesiones. Empecemos ya por algo simbólico, que no anecdótico, para devolver el honor a la lengua perseguida. Es momento de una campaña masiva para que las televisiones con programación en español ofrezcan la toponimia de la geografía española en español. Y que lo hagan en toda España. Si London es Londres, más razón para que Girona sea Gerona, Lleida sea Lérida, Hondarribia sea Fuenterrabía y Leioa sea Lejona. Por respeto.

El 155 también era mentira
Arturo García gaceta.es 15 Noviembre 2017

Los Mossos continúan del lado nacionalista y TV3 adoctrina a los más pequeños en el odio a España. ¿Qué ha cambiado tras el 155?

Mariano Rajoy dribló hasta que se hizo inevitable la activación del artículo 155 de la Constitución. El presidente del Gobierno trató de pactar con los nacionalistas, incluso ofreció la amnistía política a Puigdemont y sus secuaces, pero finalmente se vio obligado a cumplir la ley. Se anunció un 155 blando, gracias a la hábil mediación en clave electoral de Miquel Iceta, y órganos clave como TV3 quedaron en manos de los separatistas.

Quince días después, ¿ha cambiado algo en la región? Pepe García-Saavedra realiza un preciso análisis de la situación en Cataluña: la intervención de las cuentas públicas fue anterior a la aplicación del 155, el control de los Mossos está en manos de Ferran López, número dos de Trapero, y TV3 continúa bajo el control de los nacionalistas.

La inacción de los Mossos es total. Las imágenes de la huelga general de la pasada semana no dejan lugar a las dudas. La pasividad del Cuerpo autonómico ante los piquetes fue aplaudida por el Ejecutivo. Al día siguiente de los hechos, el ministro del Interior calificó la labor policial como una actuación “proporcional”, sin caer en provocaciones “de los radicales”.

Las cosas en TV3 están exactamente igual que antes de la aplicación del artículo 155: adoctrinamiento infantil, promoción del odio a España y difusión en exclusiva del relato separatista. Sólo hay una salvedad, que ya no rotulan a Puigdemont como presidente, sino por su nombre.

‘Yo estoy fuerte’
Rajoy no es un hombre de grandes titulares, pero el gallego -fiel a su origen- sabe despachar las preguntas más perniciosas con cierta soltura. Al ser interpelado sobre la posibilidad de presentarse a la reelección, el presidente del Gobierno se limitó a responder con una media sonrisa: “Yo estoy fuerte”.

El círculo cercano al popular salió a celebrar la noticia y Martínez-Maíllo publicó en redes sociales los “logros” del actual presidente. Sin embargo, otros no parecían tan felices con la noticia. José María Aznar aseguraba que no reconocía a su formación y pedía a Rajoy que no cumpliera con un tercer mandato.

“El PP se refunda en el año 90, y ahora tengo que hacer esfuerzos para reconocerlo“, sentenció.

Merkel y la población de sustitución
¿Recuerdan cuando Viktor Orbán advertía sobre las intenciones de parte de las élites mundiales con respecto a los denominados refugiados? El primer ministro húngaro pidió auxilio para los verdaderos exiliados por la guerra y denunció que la mayor parte de los recién llegados a Europa no huían de ningún conflicto. La opinión pública y los principales líderes europeos pusieron el grito en el cielo y denunciaron la “xenofobia” de los países de Visegrado.

Dos años y medio después la realidad es bien diferente. Europa sigue el sendero marcado en la agenda política internacional que da validez al concepto de población de sustitución. Angela Merkel está dispuesta a activar la reunificación de refugiados en el país. El derecho de asilo ampara esta posibilidad, pero actualmente se encuentra suspendida hasta marzo de 2018, pues más de un millón de refugiados han ingresado al país y esta cifra irá en aumento.

Conviene diferenciar entre refugiados de guerra y migrantes económicos. Los grandes empresarios aprovecharon la crisis migratoria y la situación en Oriente Medio para auspiciar la llegada de estos últimos con el foco puesto en una bajada salarial gracias a la entrada en las principales potencias europeas de mano de obra más económica que la local.

Las autoridades alemanas han admitido que no se han producido los controles necesarios en los recién llegados, pero Merkel está dispuesta a dar luz verde a la reunificación de miles de personas que han entrado en la Unión Europea sin los controles pertinentes y sin comprobar si procedían de zonas en conflicto. ¿Hasta cuándo, Europa?

¿Y quién pagará los estragos del «procés»?
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 15 Noviembre 2017

El llamado procés, neutro apelativo con el que el independentismo intentó disfrazar el más grave atentado sufrido desde 1978 en España por las instituciones y las libertades democráticas, se ha hundido en un charco de cobardía, payasadas y traiciones, prueba irrefutable del irresponsable aventurerismo de quienes, dentro o fuera de Cataluña, han impulsado, apoyado o justificado la sedición.

El procés es sin duda la página más vergonzosa de la reciente historia catalana, tanto que los historiadores (¡es un decir!) dedicados a manipularla preparan ya la versión patriótica de ese naufragio pavoroso. Estén seguros: el procés no tardará en sonrojar incluso a quienes siguen alzando su voz defendiendo el esperpento que, para hartazgo general, ha tenido durante muchos meses a nuestro país paralizado.

Sin embargo, ningún independentista pedirá disculpas a los cientos de miles de catalanes cuya convivencia con familiares, amigos y compañeros de trabajo ha sido destrozada por la locura del procés. Ninguno reconocerá el daño inmenso que el disparate de la rebelión ha causado a la imagen de Cataluña y a la de España en su conjunto. Ningún rebelde admitirá que la pretensión de hacer de Cataluña una república independiente suponía, desde el principio, un auténtico delirio. Ninguno de los nacionalistas que, fuera de Cataluña, han apoyado ese monumental desaguisado reconocerá el gravísimo error en que han incurrido al confiar en unos facinerosos, que, eran, además, unos cantamañanas formidables. Ni, en fin, ninguno de los nacionalistas ni de los podemitas que propalan la mentira de que en España hay presos políticos se atreverá a reconocer lo que en su fuero interno saben ya la mayoría: que de no haber venido el Estado, 155 en mano, a resolver el gravísimo problema provocado por la rebelión nacionalista, Cataluña sería hoy un territorio a la deriva y España habría perdido todo el prestigio trabajosamente ganado durante las cuatro últimas décadas.

Y es que aquí, al parecer, no ha pasado absolutamente nada. Tanto que -no les quepa duda- ninguno de los dirigentes de partido que han metido a Cataluña y al resto del país en su mayor crisis constitucional desde 1978 dejara la política tras el inmenso fiasco del procés.

Los separatistas ya han perdido
José García Domínguez Libertad Digital 15 Noviembre 2017

El 22 de diciembre no habrá en el Parlament una mayoría suficiente para dar apoyo a la eventual constitución de un Gobierno independentista.

Da igual lo que ocurra en las urnas el 21 de diciembre. Ocurra lo que ocurra, ellos ya han perdido. Y ellos son los separatistas. Para un barcelonés perplejo como yo, siempre habrá dos misterios incomprensibles en ese tedioso asunto, el del micronacionalismo local. El primero es el de cómo entender que los catalanistas hayan logrado persuadir a tantos y tantos españoles de que ellos representan el supremo exponente de la modernidad, del cosmopolitismo europeo e ilustrado dentro de la Península Ibérica. Para mí, que arrostro la penitencia de convivir con ellos desde hace 56 años y algún mes, eso siempre constituirá un arcano absoluto. El segundo enigma tiene que ver con otro encantamiento colectivo que sufren mis compatriotas en su percepción de esa gente. Me refiero a la tan generalizada presunción de que los distintos líderes del separatismo catalán siempre han sido personas muy inteligentes.

La suprema inteligencia presunta de Jordi Pujol, ese viejo ladrón que está acabando sus días como un paria, un apestado incluso entre los suyos, reconozco que no soy capaz de verla por ninguna parte. Y la de Artur, el Astut, aquel altivo y engallado milhombres que ahora anda rogando limosna por las esquinas para no ser desahuciado por el Tribunal de Cuentas, tampoco se me antoja la propia de un superdotado. En cuanto a las de Junqueras, Puigdemont, los Jorges y el resto de la colla, por piedad cristiana más vale no decir nada. Por lo demás, podría pensarse que, tras la que han liado, ya habría elementos suficientes para hacerse una idea precisa de hasta qué altura se eleva el encefalograma de esa tropa. Bien, pues no contentos aún con su cuadro clínico, lo acaban de empeorar en las ultimísimas horas. Tan propagandísticamente eficaz pero tan políticamente insensata, la decisión adoptada por Esquerra y el PDeCAT de presentar a los supremos responsables del fiasco insurgente, tanto los encarcelados como los expatriados, como candidatos principales en sus listas los aboca a otro callejón sin salida. El enésimo, por lo demás.

Porque, tal como acaban de jugar sus cartas, lo único seguro es que el día 22 de diciembre no habrá en el Parlament una mayoría suficiente para dar apoyo a la eventual constitución de un Gobierno independentista. Y no la podrá haber por la muy sencilla razón de que más de una docena de sus diputados electos seguirán en situación de prisión preventiva a lo largo de, como mínimo, los dos primeros años de la legislatura, el tiempo que es razonable suponer que tardará en iniciarse el juicio en el Tribunal Supremo por el golpe de Estado del 27 de octubre. Conjetura que avala la vigente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, quien ya en su día denegó la participación en las sesiones del Parlamento vasco a otro recluso preventivo que había obtenido acta de diputado, Josu Ternera por más señas. Al respecto, el reglamento del Parlament es taxativo e inequívoco: salvo en casos de enfermedad debidamente acreditados, no se puede delegar el voto ni tampoco ejercerlo a distancia. En desoladora consecuencia para ellos, Junqueras y Puigdemont se acaban de constituir en la suprema garantía de que los separatistas no podrán seguir mandando en Cataluña, y ello con independencia de lo que voten los electores en las urnas.

Son muy listos, sí, listísimos. Cráneos privilegiados.

La independencia era una broma ejecutada por un circo de payasos
Jesús Cacho vozpopuli.es 15 Noviembre 2017

La señora Rovira voló ayer a Bruselas para parlamentar con el prófugo Puigdemont y el resto de consejeros huidos. Poco se sabe de este viaje, presumiblemente orientado a seguir manteniendo la ficción del “President Puigdemont” de cara a esas bases indepes desconcertadas

Así contestaba el 18 de diciembre de 2012 Marta Rovira a una periodista de France24 que le preguntó, rueda de prensa mediante, "cómo piensan financiar la separación con España". Y aquí la experta, tras un acollonado "pues, buena pregunta" que suena a no tengo idea, a me has pillado en bragas, empieza a balbucir tras el atril, "umm, la verdad es que, ummm, tendremos muchas posibilidades de hacerlo porque, ummm, estamos estudiando una nueva vía de ingresos ennnn, ummmm, los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, contaremos también con, ummm, una, una Agencia Tributaria propia, aaaa, ummmm, y por lo tanto empezaremos a hacer la liquidación y recaudación de nuestros impuestos y, a dedicar, ummmm, en lo más riguroso que sea posible, aaaaa, a invertir los actuales recursos, tanto humanos, como también, aaaa, ummm, institucionales de las Administraciones, pues de la mejor manera posible para, para que el presupuesto dedicado a esta trasc, transición nacional sea justo, sea estricto, y, en fin, ummmm, sea lo que toque para… (largo silencio) para financiarlo".

Es la transcripción literal de la respuesta. El vídeo sigue estando al alcance de cualquiera en YouTube, pero les advierto que su visionado puede herir seriamente la sesera de cualquier persona mínimamente leída y acostumbrada a expresarse con un mínimo de soltura y racionalidad. La número dos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Secretaria General del partido muy posiblemente llamado a ganar las próximas elecciones autonómicas, no tenia, no tiene, ni idea de cómo se iba a financiar esa República Catalana de la que iban a manar ríos de leche y miel para felicidad de sus habitantes en cuanto se declarara la independencia. La doña, una señora de porte agradable por lo demás, tuvo ocasión de expresarse, que uno recuerde, en el Congreso de los Diputados el 8 abril de 2014 con otro penoso discurso, memorizado y mal recitado, rociado de un falso sentimentalismo, en el que vino a quejarse amargamente de la incapacidad de los españoles mesetarios para comprender las aspiraciones y anhelos del independentismo. De vergüenza ajena.

Esta indigente intelectual, esta cabeza de chorlito incapaz de enhebrar una sencilla frase con sujeto, verbo y predicado (descartemos las oraciones subordinadas como misión imposible), cuyo protagonismo ha sido más que notorio en estas últimas semanas (recuérdenla haciendo la señal de la victoria, brazo en alto, tras depositar su voto en aquella urna circunstancial en la Independence Night del 27 de octubre; recuérdenla también, más recientemente, llorando desconsolada tras la prisión incondicional para Junqueras y otros siete ex consellers: "No nos rendiremos, no lo haremos, lucharemos hasta el final. Lucharemos hasta el final porque tenemos derecho a vivir en un país más justo, más digno y más libre") es todo un poder fáctico en el Movimiento independentista, llamada a ocupar un puesto protagonista en un futuro Govern a la sombra del gran Junqueras, otro lumbreras, supuesto historiador metido a conseller de Economía sin idea del asunto, con tan poca idea que aseguraba, sin temblarle la voz, que las empresas jamás huirían de Cataluña en caso de independencia.

La señora Rovira voló ayer a Bruselas para parlamentar con el prófugo Puigdemont y el resto de consejeros huidos. Poco se sabe de este viaje, presumiblemente orientado a seguir manteniendo la ficción del “President Puigdemont” de cara a esas bases indepes desconcertadas, que Junqueras y Puchimón no se hablan, se detestan con saña sin que intenten siquiera disimularlo, pero hay que seguir fingiendo, hay que seguir engañando, farsantes, a la parroquia de ilusos que ha comprado la mercancía averiada de la independencia, hay que seguir alimentando la gran estafa intelectual y moral de este Movimiento de gañanes mantenido por esas elites del catalanismo que, siempre en la retaguardia, sin dar nunca la cara, han apostado un dinero de bolsillo en la ruleta de la independencia, colocando como mascarón de proa el rostro pétreo de estos indocumentados que han sido capaces de llevar a Cataluña hasta el borde mismo del abismo.

Una estafa a casi 2 millones de catalanes
Puchimón nos ha sorprendido desde Bruselas con la nueva de que es "posible" una solución para Cataluña que no sea la independencia, una confesión que habría que tomar a chirigota si no fuera por los costes que para la convivencia, no solo para la Economía, ha tenido esta aventura. Coincidía así con la sectaria ex consejera de Educación, Clara Ponsatí, que este fin de semana aseguraba que esta tropa no estaba "suficientemente preparada" para desarrollar la república, reconocimiento también asumido ayer mismo por otro de los fugados a Bruselas, el ex consejero de Salud Toni Comín, para quien el Govern no estaba listo para asumir la independencia hasta las últimas consecuencias: "ahora toca fijarse en los límites y ser conscientes de que la independencia, que sólo se puede hacer de manera pacífica, requiere un trayecto más largo". Ahí le duele. Ahí apunta sin pretenderlo Comín al corazón de un problema que el Gobierno Rajoy debería haber dejado resuelto, con la ley en la mano y 155 mediante, para los próximos 50 años. ¿Te parece ese un trayecto suficientemente largo, Comín?

Ahora resulta que la independencia era una broma ejecutada por un circo de payasos de la talla de Puigdemont, Junqueras, Rovira et altri. Una broma con la que han engañado a casi 2 millones de catalanes. No estaban preparados para el gran salto, y su proclamación fue un acto meramente "simbólico", argumento con el que la sacerdotisa del prusés, presidenta del Parlament, señora Forcadell, dio esquinazo a la cárcel con ese ejercicio de apostasía que incluyó "renunciar a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional", lo que en otras palabras equivale a decir que la feroz Forcadell se ha ciscado en esa Declaración Unilateral de Independencia (DUI) con la que estos supremacistas alicatados hasta el techo nos han martilleado durante años. El paisaje para después de la batalla que ofrece el Govern es tal que así: unos han apostatado, otros están en la cárcel, y otros más han huido a Bruselas. Son los tontos útiles, los indigentes intelectuales que han puesto la cara. Los responsables ideológicos, los Pujol, los Mas, los Rodés, los Carulla y por ahí, siguen escondidos y en espera del pacto.

Que a nadie se le ocurra, sin embargo, cantar victoria. Con un Gobierno como el que preside Rajoy es una locura imaginar siquiera esa victoria que, dada la calaña intelectual y moral de los contrincantes, tendría que haber sido por goleada. Todo está en el aire. Todo pendiente de lo que deparen los dados del 21 de diciembre. Con los "malos" disponiendo a placer de casi todos los medios para seguir ejecutando su pérfido programa de intoxicación colectiva. En Barcelona y en Madrid. La señora Rovira sigue sin tener ni idea de cómo se financiaría la República Catalana, ni falta que le hace. Ella tiene suficiente con poder seguir mintiendo impunemente en esos medios de comunicación que pagamos todos. Puigdemont, Junqueras, Rovira, Forcadell, Gabriel (¡no te vayas, Anna, por Dios, no nos dejes, qué haríamos sin ti!), Rufián… Un ramillete de enajenados cocidos a fuego de una mentira recitada una y mil veces, que han situado a Cataluña y al resto de España al borde del abismo, mientras Mariano toca la lira de la moderación desde los altos de la Moncloa.

La Conexión Española
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 15 Noviembre 2017

Aterrados por las encuestas, los podemitas han ideado un eslogan que los retrata: Conectar con España. Esa tarea exige, naturalmente, desconectarla antes y despedazarla en repúblicas de taifas, como pactaron Junqueras e Iglesias en Can Roures. Pero el millón de barceloneses que ha salido a la calle en el último mes enarbolando cientos de miles de banderas españolas está muy conectado con España. El Gobierno de Rajoy, telesocio de Iglesias, es el que no conecta con ellos y no tritura la estructura golpista, cuyo gran legitimador es el que iba para Lenin de Vallecas y se ha quedado en Duran i Lleida de Ada Colau.


Si Podemos, íncubo de Venezuela y súcubo de Irán ("cabalgar las contradicciones", llamaba Iglesias a lo que ahora denuncia en los juzgados) se hunde en las encuestas mientras sube Ciudadanos, y PP y PSOE se estancan es precisamente porque la nación española, la única nación que Iglesias no reconoce en España, se ve en peligro y reacciona masivamente contra una casta política, en la que pastan Podemos, sus confluencias y alcantarillas, que quiere cargarse la Constitución, que quiere despojar de la soberanía nacional a todo el pueblo español, sujeto político constituyente y fuente de legitimidad de cualquier legalidad institucional. Si en vez de degradarlo a gente, Iglesias respetara al pueblo español, que así figura en la Historia Universal, no iría camino de la ruina en las urnas.

Pero España está muy bien conectada desde hace 2.000 años. Las calzadas romanas son una red de conexión sólo mejorada por el AVE. Y hace muchos siglos que los españoles tienen una formidable conexión: la lengua española nacida en Castilla, lingua franca o lugar de encuentro de los romances peninsulares en que se dispersó el latín. En esta lengua diferente a todas y por eso mismo aceptada por todos, se entendieron siempre los españoles y ahora lo hacen 500 millones más. ¿Qué habrían hecho etarras y podemitas en Caracas sin el español?

Y esta lengua, cuya literatura nos honra y precede, está siendo atacada salvajemente en las escuelas bajo yugo separatista, como muestran los terribles informes de EL MUNDO. Esa es la conexión que quieren destruir los socios de Iglesias, a cuyo servicio gritó "Visca Catalunya lliure i sobirana!". Conectaos a España vosotros, que nosotros ya estamos conectados.

«Efecto llamada» de denuncias por adoctrinamiento en las aulas de Cataluña
Méndez de Vigo propone el expediente del archivo disciplinario que le abrió la Generalitat antes del 155
PALOMA CERVILLA / ESTHER ARMORA ABC 15 Noviembre 2017

La Consejería de Educación de la Generalitat, que ahora preside el ministro de Educación, desde que comenzaron a aplicarse las medidas aprobadas en el Senado para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha decidido archivar el expediente disciplinario por una falta grave que la Generalitat, entonces gestionada por la consejera Clara Ponsatí, le abrió al inspector de Educación, Jordi Cantallops. Este funcionario había denunciado adoctrinamiento en los colegios catalanes en una entrevista en El Mundo.

Esta es la primera medida de calado que ha adoptado el ministro de Educación como consejero de este departamento en Cataluña, Íñigo Méndez de Vigo, desde que asumió las competencias educativas. Una vez que la comunicación de esta propuesta de archivo ha sido comunicada al interesado, éste cuenta con cinco días para realizar sus alegaciones, según fuentes educativas.

Las dos personas que estaban detrás del expediente sancionador abierto al inspector Jorge Cantallops son el suddirector general de la Inspección de Educación, Manel Busom Torres, que propuso su apertura el 19 de octubre, y Lluís Baulenas, secretario general del departamento de Enseñanza, que desembarcó en la consejería con la consejera Clara Ponsatí y hasta antes del 1-0 compaginaba su cargo de secretario general con el de presidente del Consorcio de Educación de Barcelona.

Busom continúa como subdirector general de este cuerpo, cargo de confianza que compatibiliza con el de inspector educativo.

Cargos de confianza
Por lo que respecta a Lluís Baulenas i Cases, la consejera Clara Ponsatí lo nombró secretario general de Enseñanza). Todavía mantiene ese cargo que, hasta tres semanas antes del referéndum del 1-0, compaginaba con el de presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, que gestiona los centros educativos catalanes.

Ponsatí lo apartó de la primera línea del Consorcio y lo dejó como su mano derecha en el departamento. Su objetivo era asumir directamente el control de los centros educativos de Barcelona el 1-0, ante posibles represalias al ser utilizadas las instalaciones educativas como sede electoral. Hoy sigue apareciendo en la web oficial como secretario general del departamento y es él quien, en estos días de aplicación del 155, es el interlocutor oficial con el Ministerio de Educación. Los sindicatos apuntan que las relaciones entre el departamento de Enseñanza y el Ministerio no solo no son fluidas sino que son casi inexistentes.

La denuncia que realizó el inspector se ha visto reflejada también en las quejas que padres de alumnos han enviado al Ministerio de Educación. Son ya tres los requerimientos formales que se han enviado a la Generalitat, antes de la aplicación del 155.

Por su parte, desde que Sociedad Civil Catalana (SCC) abriese hace unos días una web para que se denuncien posibles casos de adoctrinamiento en las aulas, «han aumentado y en bastante número» las denuncias formuladas, confirman a ABC fuentes de la entidad.

Un escándalo con todo por resolver
OKDIARIO 15 Noviembre 2017

La exclusiva que les desvela OKDIARIO pone negro sobre blanco muchos interrogantes y una gran certeza: todo está por resolver al respecto de la matanza en Barcelona y Cambrils. Un asunto donde la negligencia fue la gran protagonista, ya que los Mossos contaban con información suficiente como para haberlo evitado. La CIA los había avisado de que los yihadistas preparaban un atentado en La Rambla, también la Policía durante el pasado mes de mayo y, para más inri, el amplio grupo de radicales estaba controlado. Además del trabajo que está realizando el magistrado Fernando Andreu, ahora que el Gobierno tiene el mando de los Mossos a través del Ministerio del Interior puede investigar de manera minuciosa qué pasó realmente en los instantes previos a que Younes Abouyaaqoub asesinara a 15 personas en la Rambla de Barcelona y dejara más de 120 heridos. Especialmente después de que este periódico haya descubierto que un mosso habló durante cuatro minutos con el terrorista a dos horas de que se produjera la matanza.

Algo muy extraño sobrevuela todo este tema. Esa llamada se pudo producir por varios motivos, pero todos ellos nos llevan a pensar en una acción mal ejecutada y peor resuelta que, además, tuvo una conclusión funesta con el segundo peor atentado en la historia de la ciudad tras el de Hipercor de 1987. Bien porque fuera un confidente o bien porque fuera un error de cálculo —pudieron geolocalizar al individuo— ahora resulta perentorio encontrar al policía autonómico que efectuó la llamada o, en su defecto, al jefe que la ordenó. Será la única forma de esclarecer verdaderamente lo sucedido. No obstante, lo que sí es cierto es que la gestión de aquellos días por parte de los entonces hombres de Trapero deja bastante que desear. Un caso que tiene en Alcanar el símbolo de las muchas negligencias e inexactitudes cometidas.

Allí había 100 bombonas con capacidad para reventar el centro de Barcelona. Nadie se extrañó ni pidió los certificados correspondientes para acumular tal cantidad de butano. Allí encontraron también la acetona —500 litros nada más y nada menos— y el ácido sulfúrico para hacer el explosivo denominado como la madre de Satán. Y los perros que habían sido entrenados específicamente para descubrir este tipo de compuestos ni siquiera acudieron a aquel laboratorio del terror. Sólo cuando la furgoneta pasó por encima de decenas de personas, alguien pensó que quizá aquel chalé del demonio tenía algo que ver con el atentado. Demasiado tarde entonces y tardísimo ahora cuando, además, averiguamos que alguien habló con el terrorista desde una oficina de los Mossos sin conocer el modo ni el fin. Ahora que el 155 ha puesto al Ejecutivo al frente de la policía autonómica es preciso que se busquen las respuestas que aún no se han dado. El caso está más abierto que nunca. Si aquella llamada fue una negligencia, nefasto. Si fue intencionada… entonces alguien tendrá que dar muchas explicaciones.

Cómplice por omisión
OKDIARIO 15 Noviembre 2017

Si Uxue Barcos permite el homenaje a José Miguel Gaztelu estará siendo cómplice con su silencio de una fiesta ignominiosa. Un demócrata que se precie tiene que ser meridiano en estas cuestiones, estar siempre en contra de los terroristas y no lavarse las manos al estilo de Poncio Pilatos. Especialmente si tenemos en cuenta que Gaztelu asesinó a dos guardias civiles en 1987. Final que también habría tenido el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara de no haber sido por la actuación de la propia Benemérita, cuyos agentes lo sacaron del zulo de Mondragón cuando estaba al límite de sus fuerzas tras los 532 días enterrado en vida que comenzaron cuando lo raptó el etarra. ¿Qué homenaje puede tener un asesino así? ¿Cómo es posible que Barcos no diga nada? No es la primera vez que la presidenta de Navarra se sitúa del lado de los proetarras que habitan en las instituciones —de hecho, son sus socios de Gobierno— que es lo mismo que proteger el ignominioso legado que dejó su actividad cuando estaba encomendada a la violencia.

El pasado mes de marzo, Geroa Bai ya cedió a los deseos de EH Bildu y permitió que la ikurriña ondeara en los edificios públicos en detrimento de la bandera de Navarra. Ni que decir tiene que la enseña vasca es totalmente respetable, pero dentro del País Vasco y no como un símbolo utilizado por los herederos de ETA para hacer un ejercicio de colonización institucional, extender su particular “espacio vital” territorial y despreciar, de paso, a los propios emblemas de los navarros. Por desgracia, sólo es una prueba más de hasta qué punto ha llegado el Gobierno de Barcos, incapaz de condenar la brutal paliza que un grupo de abertzales propinó a dos guardias civiles en Alsasua. Su consejera de Interior, María José Beaumont, incluso se atrevió a decir en aquel momento que la detención de algunos de estos agresores era “innecesaria”.

Este mismo martes, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) ha enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que desmonta las mentiras de los proetarras sobre Alsasua. Una medida más que lógica si tenemos en cuenta la inacción cómplice de la regidora autonómica. Incapaz de condenar que un auténtico desalmado como José Miguel Gaztelu sea recibido como un héroe en la localidad navarra de Baztán. Tanto el Gobierno como la Fiscalía deberán estar muy atentos a cualquier delito de odio o apología del terrorismo que pudiera producirse el próximo sábado. Se lo deben a la legalidad vigente y, sobre todo, a la memoria de los dos guardias civiles asesinados y a un hombre como Ortega Lara, ejemplo para cualquier español de la lucha de la libertad contra el totalitarismo fascista de los que sólo entienden la política bajo los preceptos del terror. Con Uxue Barcos no se puede contar.

El PSOE respalda en Baleares defender a los profesores separatistas de las “campañas centralistas”
Carlos Cuesta okdiario 15 Noviembre 2017

El PSOE acaba de votar en Baleares a favor de la defensa de los profesores separatistas. Lo ha hecho en el Consell de Mallorca de la mano de todas las formaciones podemitas y contrarias a la Constitución y la unidad de España.

Allí, el Pleno del Consell de Mallorca ha firmado “rechazar sin reserva la campaña orquestada las últimas semanas contra el sistema educativo balear y contra el profesorado, por considerar que no tiene ni el más mínimo fundamento y que sólo persigue el objetivo de crispar artificialmente la opinión pública para conseguir una recentralización y un mayor control por parte de la Administración del Estado de lo que son competencias de las Islas Baleares en materia educativa desde hace 25 años“.

El PSOE respalda en Baleares defender a los profesores separatistas de las “campañas centralistas”

El párrafo califica, así, como “campañas centralistas”, “sin el más mínimo fundamento” y con el único objetivo de “crispar artificialmente” a las quejas de padres y profesores por el adoctrinamiento pancatalanistas en las escuelas. Un adoctrinamiento que, como adelantó OKDIARIO, ha llevado a los “coordinadores lingüísticos” a dar órdenes por WhatsApp a los profesores para que no hablen en castellano “si hay presencia de algún alumno”.

O a las quejas de las mismas familias por ver como sus hijos, para poder aprobar un ejercicio de lengua, tenían que opinar sobre el siguiente párrafo: “Quiero ser rey, ser por cojones jefe del Estado; tenerlo todo hecho sólo por ser hijo de papá; […] nunca ser elegido, nunca ser votado […] estar rodeado de un puñado de lameculos, sudando infalibilidad como un cacique o un dictador […] pegar un polvo con la total seguridad de que el chiquillo tendrá el futuro encaminado”, como ha ocurrido en el Instituto Público s’Arenal.

O a que en las reuniones con padres en los colegios, la dirección del centro pida a las familias comunicarse exclusivamente en catalán ante sus hijos, y, si no, pueden, que lo hagan “por señas”, como ha ocurrido en el Colegio Público Ses Rotes Velles de Santa Ponça, no vaya a ser que hablen en castellano en algún momento de su vida.

Para los grupos políticos que han respaldado esta moción en el Consell, el resumen del sistema educativo que alberga estas prácticas y la orden oficial de impulsar “el catalán” en el modelo educativo es “que siempre se ha desarrollado de forma ejemplar y pacífica y sin generar ningún tipo de conflictividad social”.

Y ello, aunque todos esos partidos saben perfectamente que todo viene precedido del acuerdo político de socialistas, podemitas y separatistas por el que se modificó la ley de normalización lingüística para asegurar que sea “efectivo el uso progresivo y normal” de la lengua catalana en el “ámbito oficial y administrativo”. Un cambio dentro del cual los topónimos, por ejemplo, pasaban a tener como “única forma oficial la lengua catalana”.
Todo ello, hay que recordar, con el voto a favor del mismo PSOE que asegura ahora ser el garante de la defensa constitucional en Madrid.

La explicación de los firmantes es aún más llamativa. Porque afirman en esta moción en concreto que “la nueva Ley Orgánica de Educación patrocinada desde el Gobierno de Madrid, de la mano del ministro Wert, la falta crónica de recursos de las escuelas, […] y el ataque sistemático a la lengua y cultura de nuestra tierra por parte de las sucesivas normativas tanto estatales como autonómicas o por campañas de acoso contra los directores y el profesorado de diversos centros educativos, con denuncias de supuestos episodios de discriminación o de adoctrinamiento de alumnos por razones políticas o lingüísticas, todas ellas sin el más mínimo fundamento, acabaron con la paciencia de la sociedad civil balear” hace ya cuatro años.

Pese a eso, afirman estos grupos políticos, “lamentablemente tenemos que volver a sufrir la orquestación de una nueva y artificial campaña de desprestigio dirigida contra el profesorado y contra los sistemas educativos de Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Una estrategia que viene acompañada de una demanda de recentralización y de una mayor fiscalización de las competencias educativas por parte de la Administración del Estado en aquellas comunidades que tienen lengua propia”, todo ello, tras denominar sistemáticamente como “catalán” a la lengua balear, y nunca mallorquín. Y tras ligar expresamente el modelo educativo catalán al balear.

Los partidos, entre los que se encuentra el PSOE, pretenden, además, que esta moción se apruebe en los “Ayuntamientos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Con ella queremos dejar claro a todos aquellos que quieren manipular y crispar la opinión pública en nombre de la supuesta ‘defensa de la libertad y la democracia’, que siempre se encontrarán en frente a toda la sociedad civil”, cuestión, tan civil, que la hacen desde los partidos.
La citada moción sólo contó con el voto en contra de Ciudadanos. El PP decidió abstenerse.

El “relato del terrorismo”: elaboración, mercancía averiada y memoria
Víctor Javier Ibáñez: "La equidistancia entre víctimas y verdugos es una bajeza moral"
Una entrevista de Fernando José Vaquero Oroquieta  latribunadelpaisvasco.com 15 Noviembre 2017

Nos encontramos en un momento histórico en el que algunos actores sociales pretenden elaborar, de manera unívoca y académica, el denominado “relato del terrorismo”; maniobra impulsada especialmente desde diversas administraciones autonómicas con evidentes intenciones. De modo paralelo, dicha problemática pierde protagonismo en los medios de comunicación, eclipsándose rápidamente entre las preocupaciones percibidas como acuciantes por la sociedad española. Por lo que respecta a su deriva judicial, parece extinguirse poco a poco, sin ofrecer respuesta a 300 asesinatos pendientes de resolución y miles de delitos de otras tipologías perpetrados por una organización terrorista, todavía viva, cuyos líderes y activistas son recibidos como héroes con total impunidad.

Con este mar de fondo, el escritor Víctor Javier Ibáñez viene investigando el terrorismo centrándose en la dimensión humana y política de un grupo particularmente revictimizado: el del entorno tradicionalista.

Historiador, funcionario de carrera de la Administración territorial de la AGE, activista ciudadano, es autor del libro "Una resistencia olvidada: tradicionalistas mártires del terrorismo" (Ediciones Auzolan, 228 páginas, Córdoba, 2017). El próximo día 22 de noviembre hablará de todo ello en una nueva convocatoria de las cenas-tertulia “Diálogos en Pamplona” (*).

Se viene afirmando que “como ETA ya no mata”, desde hace unos pocos años, la sociedad estaría “normalizada”. Desde su experiencia como investigador, y en contacto permanente con no pocas víctimas directas del terrorismo, ¿qué juicio le merece esta opinión cada vez más extendida?

Es una afirmación claudicante en la forma y mendaz en el fondo. Porque lo “normalizado” sería la institucionalización de la banda terrorista, lo que es una afrenta contra el más elemental sentido de la justicia, un indicativo de las debilidades del sistema político y de la cobardía que se ha instalado en amplias cotas de la sociedad. Presenté en una ocasión el libro en el marco de un coloquio titulado “Terrorismo etarra, ¿fin o transformación?”. Tuve el honor de compartir mesa con Carmen Ímaz, hija del Cmdte. Joaquín Ímaz, primer asesinado por ETA en Navarra. El estado de ánimo de los que han padecido directamente la lacra terrorista no puede sufrir un ataque más directo que por parte de los que quieren “normalizar” esta transformación.

Stalin afirmaba que “Una muerte es una tragedia. Cien millones de muertos, una estadística”. ¿Considera que cuando se habla del “colectivo” de víctimas del terrorismo concurre algún fenómeno psicosocial análogo?

Necesariamente una imagen de colectivo desfigura los contornos particulares, sin embargo sólo los cínicos o los estalinistas –o alguien en quien concurran ambos rasgos, lo que suele ser norma- dan ese tratamiento a las víctimas. Y lamentablemente esas tipologías tienen cierto predicamento en los medios de comunicación de masas.

Desde el acervo de sus estudios históricos, ¿concluiría que las víctimas del terrorismo del entorno tradicionalista permanecen postergadas?, ¿por qué?
Sí, fundamentalmente, por dos razones. En primer lugar, el tradicionalismo sufría una profunda crisis a nivel organizativo en los años de la ofensiva terrorista, por lo que podía pasar desapercibido el carácter tradicionalista de la víctima. En otras ocasiones este hecho servía de coartada para ocultar deliberadamente dicho carácter desde posiciones contrarias al tradicionalismo. Y en segundo lugar porque si las víctimas de ETA siempre han rechazado el protagonismo este rasgo aún se acentúa más en el universo tradicionalista, que hacía llevar la pérdida de un ser querido con una dignidad admirable por la fe en la Misericordia y en que “ante Dios no serás héroe anónimo”. Por eso muchas historias no han trascendido de un ámbito estrictamente doméstico. En este sentido me siguen resultando impactantes y edificantes varios ejemplos recogidos en el libro. Como el de Luis María Uriarte, quien murió después de cinco días de agonía tras recibir nueve heridas por impacto de bala en partes muy dolorosas, y con sus escasas fuerzas pudo decir que perdonaba a sus asesinos.

Merced al impulso de la Fundación Villacisneros se están reabriendo algunos atentados terroristas décadas después de haber tenido lugar. Pero, según diversos informes, serían, únicamente en lo que se refiere a asesinatos, no menos de trescientos los pendientes de esclarecimiento de su autoría y sus diversas responsabilidades. ¿Qué pasa con los “poderes” del Estado de Derecho? Semejante comportamiento institucional, ¿es fruto de la desidia o de un cálculo político a largo plazo?
Concurren ambas motivaciones, directamente relacionadas con la pregunta inicial sobre la “normalización”. Que a nivel gubernativo se suele completar con la autocomplaciente y perversa aseveración de que “los terroristas no han conseguido sus objetivos”. Poco podemos esperar de las instituciones, por eso es necesario que desde la sociedad se trabaje para articular iniciativas que en la medida de sus posibilidades acaben con las vergonzantes omisiones de los poderes públicos, empezando desde la documentación y la denuncia.

La metodología consistente en sumar a las víctimas del terrorismo “otras víctimas” (de “excesos policiales”, de bandas de extrema derecha, etc.), base de diversas iniciativas orientadas a la “elaboración del relato de la violencia política” impulsadas por algunas administraciones públicas (especialmente el Gobierno vasco y el también separatista de la Comunidad Foral de Navarra), ¿es una opción con base científica” o responde a otros intereses?
Tiene una pretensión absolutamente ideológica y se circunscribe en la aludida estrategia de transformación de la banda terrorista. Se está dando cobertura legal a una pretensión que ya se establecía en documentos internos de la banda en el año 2010.

El fenómeno etarra es terrorismo separatista puro y duro, no se limita sólo a los asesinatos y además se desarrolla en unos momentos en que ninguna otra fuerza política tiene voluntad o capacidad de responder con violencia de manera sistemática al mismo. Cuando se han producido aislados y puntuales hechos de violencia contra los terroristas o su entorno los mismos han sido juzgados y condenados por los tribunales españoles e indemnizados por el ejecutivo. Ese relato es además absolutamente burdo, pues retuerce los hechos al extremo, contando como “víctimas” a personas que nada tenían que ver con el separatismo, a terroristas muertos por manipulación de explosivos o a accidentados yendo a visitar a terroristas de ETA en las cárceles, ofreciendo unas cifras que incluso en el caso de dar por buenas quedan muy lejos por su magnitud representar una lucha entre “dos bandos”. O si por algún extravio mental se aceptasen habría que concluir que el bando separatista ha sido, cuanto menos, el triple de sangriento.

Cuando se reflexiona en torno a los efectos perversos del terrorismo, ¿qué le sugiere el concepto “equidistancia”?
Bajeza moral.

Como fieles hijos de la Santa Madre Iglesia, ¿cómo han vivido, los tradicionalistas, la connivencia con el terrorismo y hasta su justificación, por parte de no pocos pastores de la iglesia y seglares católicos?
Con profundo dolor, pero sin hacer de ello un juicio global sobre la Iglesia. Un carlista donostiarra, al que debo mucho en mi investigación, señalaba la paradoja de que muchas veces se han exigido responsabilidades a la Iglesia más allá de su vertiente temporal y humana por determinados grupos que después no han sido tan severos con la omisiones de la judicatura, los partidos políticos o el sistema nacido del 78 en general.

(*) Más información e inscripciones: jbasaburua@hotmail.com


 


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