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Por un nuevo encaje de Cataluña
Pablo Molina Libertad Digital 15 Noviembre 2017
La catarata de traiciones de los dirigentes independentistas a los
necios que les creyeron ha convertido el proceso de secesión de
Cataluña en una ópera bufa que aún asombra al mundo por la ausencia
de sentido del ridículo de sus protagonistas. Faltaba la bajada de
pantalones de su principal impulsor, Puigdemont, pero tras la
reciente entrevista con un diario belga en la que éste renunciaba a
la independencia y abría la puerta a una nueva relación de Cataluña
con (el resto de) España puede afirmarse con rotundidad que la
secesión se ha ido al guano, mientras sus líderes enfilan el camino
hacia las cárceles de Soto del Real y Estremera. Como debe ser.
Ahora bien, los separatistas catalanes no renuncian a cambiar el
marco jurídico de sus relaciones con el Gobierno de España y ahora
lo plantean como una concesión del "pueblo catalán" para solucionar
la crisis. Desde luego, el resto de España no tiene por qué aceptar
un nuevo agravio de los separatistas, y menos como un gesto
magnánimo de los que han vulnerado todas las leyes, destruido la
economía y hecho añicos la convivencia. España puede seguir otros
tres siglos bregando con el problema catalán con total tranquilidad,
sobre todo porque después del fracaso estruendoso de la intentona
golpista y de la manera en que ha quedado retratado el nacionalismo
catalán ante el mundo. A partir de ahora las amenazas del
separatismo solo pueden ser tomadas a guasa.
Sin embargo, es cierto que hay que buscar un nuevo encaje de la
Generalidad en el armazón institucional español. Obviamente, en
sentido diametralmente opuesto al que exigen los separatas. Así
pues, esta intentona golpista debería servir para que al Gobierno
regional catalán no se le permitan excesos como crear embajadas,
entregar dinero público a los majaderos que promueven el racismo o
seguir haciendo de la educación pública una maquinaria de odio
antiespañol. El nuevo encaje de Cataluña ha de basarse en la
solidaridad con el resto de las comunidades y la lealtad a las
instituciones españolas.
No puede ser que la rebelión independentista sirva para aumentar las
ventajas de una clase política corrupta y desleal a costa del resto
de España. De ser así, el sufrimiento de los catalanes ajenos a la
locura separatista y el daño provocado a nuestra economía y a la
imagen de España habrían sido en vano.
A los golpistas no solo hay que pararlos; también hay que hacerles
ver que nunca conseguirán sus objetivos, aunque con ello nos toque
aguantar otro siglo el llamado "problema catalán".
¡A juicio!
Emilio Campmany Libertad Digital 15 Noviembre 2017
El Supremo parece decidido a acumular todas las causas pendientes
contra los responsables de la intentona golpista en Cataluña. Esto
puede generar cierto escándalo si el magistrado instructor, Pablo
Llarena, decide poner en libertad con fianza a los que ahora mismo
se encuentran en prisión preventiva. Podría dar lugar a pensar que
el Gobierno ha influido con el fin de que los candidatos que están
en la cárcel salgan de ella y participen en la campaña electoral.
Ésta no es la cuestión. Para empezar, Junqueras y sus compinches
tendrían que renegar del mismo vergonzoso modo en que lo hizo
Forcadell. Pero, sobre todo, la acumulación de la causa es
necesaria, al menos para los que formaron parte del Gobierno de
Cataluña, porque los hechos a juzgar son esencialmente los mismos.
Que deba también hacerse con respecto a los Jordis y a Trapero es
más discutible porque el modo en que éstos cometieron el delito de
sedición es algo diferente al del resto de acusados. Pero, en caso
de duda, es preferible acumular con el fin de evitar sentencias
contradictorias para hechos muy similares.
Sin embargo, hay otra razón para acumular. Normalmente, en el
proceso penal la instrucción tiene por objeto probar los hechos de
los que se acusa a los investigados. Esta labor suele ser bastante
penosa porque, para empezar, los acusados los niegan. Además, suelen
ser actos que no están documentados, que hace falta probar a veces
por medio exclusivamente de testigos, no siempre fiables, o
evidencias que fácilmente pueden ser meramente circunstanciales. Sin
embargo, en este caso los hechos y las responsabilidades de los
acusados son notorios porque los vieron todos los españoles por la
televisión, además de estar, al menos en lo que se refiere a los
actos ilegales que se cometieron en el Parlamento de Cataluña,
perfectamente documentados. Por lo tanto, no hay razón para dilatar
la instrucción y ésta podría terminar en unos pocos meses, por lo
que lo mejor es acumular los procesos y terminar tan pronto como se
pueda la instrucción para todos los investigados a la vez.
Es verdad que todo podría retrasarse un poco con respecto a Trapero
si la acumulación finalmente también le afecta. Las pruebas que lo
hacen reo de sedición se encuentran en las órdenes dadas a sus
subalternos, y no siempre serán fáciles de demostrar. Respecto de
los miembros del Gobierno y de la Mesa del Parlamento catalanes, los
hechos están más que probados y ni ellos mismos los niegan. Tan sólo
puede haber cierta dilación a la hora de fijar con exactitud la suma
de dinero público malversada. Pero que hubo malversación y sedición
o rebelión no es una cuestión de prueba, sino tan sólo de
calificación jurídica de unos hechos cuya realidad y responsabilidad
no está en discusión. Esta labor corresponde en última instancia al
juzgador, no al instructor. De modo que esperemos que la acumulación
que se anuncia sirva para que los responsables de este inmenso daño
que se ha hecho a España en general y a Cataluña en particular vayan
pronto a juicio. Así se podrá resolver definitivamente, con todas
las garantías y sin necesidad de recurrir a la denostada prisión
preventiva, acerca de las penas que estos delincuentes merecen.
Fiat iniustitia et praevaleat iniquitas
Juan Carlos Bermejo vozpopuli.es 15 Noviembre 2017
Cuenta la historia que Fernando I, nieto de los Reyes Católicos,
hermano de Carlos I y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico,
tomó como lema de gobierno la frase “Fiat Iustitia et Pereat Mundus”
(hágase justicia aunque perezca la prepotencia) pronunciada por el
Papa Adriano VI (preceptor de Fernando el Católico y Regente de
Castilla) cuando éste se negó a suspender un juicio contra una
persona de alta posición social que había cometido un asesinato.
La frase, que puede llevar a error en su traducción literal, se
refiere al hecho de que debe hacerse justicia aunque perezca la
ostentación mundana, es decir, aquello que impidiera que
prevaleciese lo que en buen derecho procede.
Fernando I, nacido en Alcalá de Henares y educado por su abuelo
Fernando el Católico, fue uno de los más grandes gobernantes
europeos de todos los tiempos (aunque su fama fuera eclipsada por la
grandeza de su hermano mayor Carlos) y otorgó amplias concesiones a
los distintos territorios bajo su gobierno, pero creando al mismo
tiempo una autoridad central que asegurara la consistencia interna
de los mismos, propiciando una de las etapas de mayor estabilidad de
la Historia en un territorio compuesto por múltiples regiones,
gentes y culturas, como era el Sacro Imperio.
Estos antepasados españoles, comprobarían hoy con estupor que el
lema que realmente caracteriza a nuestra Justicia, politizada y
controlada por la oligarquía de partidos encabezada por PP y PSOE,
es justo el contrario: “Fiat Iniustitia et Praevaleat Iniquitas”
(hágase injusticia y que prevalezca la iniquidad).
La asombrosa, aunque no por ello menos esperada, decisión del juez
Llanera de conceder libertad bajo fianza a unos perpetradores de
delito público flagrante, que han violado la legalidad en forma
continuada, promovido tumultos, secuestrado los derechos
constitucionales, acosado y violado sin rubor los derechos humanos
de los catalanes no separatistas, es la última prueba de indignidad
de este infame régimen del 78 que se desmorona, y así lo reflejan
las encuestas de opinión de los ciudadanos valorando a aquellos que
ponemos por delante la defensa de los derechos y la unidad de España
contra los que quieren destruir la convivencia y los que con su
cobardía patológica anteponen sus intereses partidistas al interés
general.
Esta decisión contrasta con la existencia de jueces libres no
politizados, como la juez Lamela, que hizo honor al lema de Fernando
I. Sin embargo, ya se encargó más tarde el ministro Zoido (por
cierto, juez metido a política) de recordar a todos los españoles
que la independencia de la justicia es una utopía en España, ya que
horas antes de que el juez Llanera dictara su auto de libertad
realizó unas declaraciones advirtiendo al juez que “lo primero que
debía tener en cuenta es la ley y posteriormente el contexto y los
hechos que influyen en el entorno".
El resultado: la excarcelación de los delincuentes con fondos
provenientes de las organizaciones golpistas y la más que probable
inmediata acumulación en el Tribunal Supremo de la causa contra ex
miembros del Gobierno de Cataluña y los responsables de ANC y Omnium
Cultural, que hoy maneja la Audiencia Nacional, para así acaparar
todo el proceso separatista.
El daño que PP, PSOE y los magistrados nombrados por ellos han
provocado a la credibilidad del sistema judicial español es
gravísimo y será duradero. Todos ellos han demostrado al mundo que
España no es un Estado de derecho y que la política está por encima
de la Ley.
A la locura de Rajoy de convocar unas elecciones se suman las
palabras de Sáenz de Santamaría afirmando que “si hay capacidad de
cooperación, habrá nuevo sistema de financiación”
Ahora bien, esta clase política que hoy nos desgobierna, la más
“revanchista, ignorante, e incompetente de Europa” en palabras del
semanario alemán Der Spiegel, ¿qué es lo que persigue con esta
actitud? Según ellos, crear un clima de “tranquilidad institucional”
que permita un óptimo proceso electoral (incluyendo los golpistas en
las listas electorales) que desemboque en un pronunciamiento
democrático popular de los catalanes en las urnas el 21-D.
A la locura de Rajoy de convocar unas elecciones, cuyo resultado
será la continuidad de los separatistas en el poder, ya sea en
mayoría o con el apoyo de la oportunista Colau, se suman las
palabras de Sáenz de Santamaría afirmando que “si hay capacidad de
cooperación, habrá nuevo sistema de financiación” lo que esclarece
la traición que siguen pensando perpetrar para otorgar a Cataluña
unos privilegios que no necesitan sus ciudadanos y que provocarán
graves desequilibrios económicos en el resto de regiones españolas.
La calificación de esta indigna clase política resulta imposible. Si
acaso, podrían tener un símil con las escombreras, salvando las
distancias con éstas últimas. Pero sí resulta, no solo posible sino
obligado, mencionar los principios que sustentaban los grandes
imperios en la época de los hermanos Fernando y Carlos, para
comprobar la ignominia y la traición con la que PP, PSOE, Podemos y
los separatistas consideran que la Ley debe estar condicionada por
la política, y por los deseos cambiantes del pueblo, es decir, por
lo que a ellos les convenga en cada momento.
El pasado lunes, en el Círculo de Legisladores de Buenos Aires, el
escritor e historiador español Cesar Vidal realizó una ponencia
sobre la situación política y jurídica en Cataluña, ante altos
cargos del gobierno argentino, ministros, una ex primera dama,
políticos, legisladores actuales o del pasado y abogados. En el
coloquio posterior a la conferencia, las preguntas más repetidas por
los políticos y legisladores asistentes fueron las siguientes:
- ¿Cómo es posible que el gobierno de un Estado de Derecho ha
permitido durante años el incumplimiento sistemático de la
Constitución y la Ley, el adoctrinamiento masivo en el odio a España
y la persecución y el acoso de los catalanes no separatistas sin
mover un solo dedo?
- ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo se someta a presiones del
poder ejecutivo y sitúe la política por encima de la Ley, liberando
a unos cabecillas golpistas culpables de los delitos más graves en
una democracia, algo absolutamente inconcebible en un Estado de
Derecho?
¿Cómo es posible que el pueblo catalán no sea consciente de una
situación que lleva su región a la ruina económica y al
enfrentamiento social durante generaciones y no reaccionen en
consecuencia?
¿Qué es lo que está salvando a España? Lo decía el pasado lunes el
diario The Wall Street Journal: “Uno de los errores más graves de
los independentistas catalanes ha sido infravalorar los sentimientos
que su intento de independencia iba a provocar en los catalanes no
independentistas y en el resto de los españoles”. Su corresponsal,
Simon Nixon, señalaba que “una de las primeras cosas que sorprende a
un visitante en Madrid son las miles de banderas españolas colocadas
en los balcones y calles, algo que también es un hecho en el resto
de las ciudades españolas”, lo que constituye un ejemplo claro del
rechazo frontal que el referéndum ilegal y la cobardía del gobierno
al afrontar la crisis catalana han tenido en el conjunto de la
sociedad española, y que se ha traducido en una espectacular subida
en la intención de voto de mi partido.
Haciendo homenaje al que fuera vicepresidente del gobierno, Fernando
Abril Martorell, quién afirmaba que “en política hay que ser claro y
reiterativo para que el mensaje cale”, repito de nuevo: Los
españoles están dando a Ciudadanos el mandato de conseguir la
necesaria regeneración democrática que necesita España. El ascenso
de nuestro partido en la intención de voto es directamente
proporcional al deseo de los ciudadanos de revertir esta situación
tan lamentable. Este hecho no debe pasar desapercibido por nuestra
parte y los errores pasados no deben volver a cometerse.
PD: Hoy les dedico un tema que antaño, cuando era escuchado por los
nacionalistas catalanes, les producía el mismo efecto que el agua
bendita a la niña de El Exorcista. Es la “Marcha de Cádiz” de los
maestros Federico Chueca y Joaquín Valverde
https://youtu.be/nY8tQRB-jkE
Ciudadanos, no gracias. Vox, si, por favor
Nota del Editor 15 Noviembre 2017
Ya lo he escrito en numerosas ocasiones, antes de que los hechos lo
confirmaran: Ciudadanos es también parte del problema y en caso
alguno parte de la solución. Han tenido innumerables ocasiones de
defender el español en Cataluña y en el resto de las regiones donde
el español es lengua impropia y han mirado a otro lado. La
hemeroteca está llena de sus disparates, sus alianzas miserables.
Bélgica, la hispanofobia y el genocidio del
Congo
Javier Orrico Periodista Digital 15 Noviembre 2017
En algunos países de la Europa del norte están siempre esperándonos.
En Inglaterra, por supuesto. Pero, sobre todo, en Holanda y en
Flandes, la Bélgica de lengua holandesa. Los que conocemos como
flamencos, a los que otro belga, Jacques Brel, valón, de lengua
francesa, dedicó una de sus canciones más conocidas:
“Les flamandes dansent sans rien dire (…)/
Les flamandes dansent sans sourire…”
(Los flamencos bailan sin decir nada, los flamencos bailan sin
sonreír…).
La hispanofobia, la maldita leyenda negra que buena parte de la
izquierda española asume en su ignorancia, que reaparece cada vez
que pueden volver a pintarnos como el demonio católico, ha sido el
fermento sobre el que se construyeron algunas de las naciones
protestantes, como Holanda, y también, aunque indirectamente, esa
Bélgica cuya única argamasa fue la religión, y hoy es la nada.
Valones y flamencos se detestan fraternalmente, sobre todo por el
insoportable racismo que los nacionalistas de Flandes dispensan a
sus supuestos compatriotas. Una vez más, como en Italia con la Liga
Norte, o como en Cataluña y el País Vasco, o en las propias
tensiones pasadas –esperemos- en la Unión Europea, el Norte rico
desea separarse del Sur pobre, al que acusa de vivir a su costa. Lo
que en Flandes se añade a una conciencia de raza distinta: los
flamencos son germanos, como sus hermanos de lengua, los holandeses,
y como alemanes, escandinavos e ingleses; en cambio, los valones
constituyen una etnia romanizada y, por tanto, degradada, mezclada.
Como añadido, la xenofobia y el odio a España han convertido en
compañeros del alma a nacionalistas de extrema derecha flamencos, y
nacionalistas de derechas y de extrema izquierda vascos y catalanes.
Y una misma conciencia de superioridad, que es lo que se llama
supremacismo, y que esconde una íntima convicción de pertenecer a
una raza superior que hoy está mal visto exhibir, pero que siempre
se esconde ahí. Memorables las palabras de Junqueras sobre la
diferente adscripción étnica de catalanes y resto de españoles. El
desprecio, en fin, a quienes consideran inferiores, pero que
históricamente les han dominado (lo cual les irrita aún más), según
la interpretación de la Historia que conviene a sus miserables
intenciones. A los flamencos les han caído del cielo, literalmente,
los desertores catalanes. Lo veis, lo veis, la malvada España
siempre resurge, la Inquisición, Felipe II, los Tercios (la Guardia
Civil), Franco… No tienen solución, nunca serán demócratas, hay que
echarlos de Europa.
Del apestoso racismo filonazi que suponen estas afirmaciones contra
una España a la que siempre consideraron impura por haberse mezclado
con moros y judíos, lo que más duele es comprobar cómo, una vez más,
semejante ristra de infamias y embustes es aceptada por una parte de
los propios españoles. El desconocimiento de nuestra historia, de lo
que fue el Imperio y la aventura americana y universal de España
(busquen las maravillosas ciudades, catedrales, hospitales,
universidades, carreteras y palacios civiles que dejó España allí)
es una de las mayores tragedias de una vieja nación que vive
acomplejada frente a sí misma y que hace suya la propaganda de sus
enemigos.
Eso, tan nefasta tradición, la incapacidad para defendernos, para
exponer nuestras razones y nuestra verdad histórica, lo estamos
viendo durante estos años de nacionalismo exacerbado, cada día más
extendido por más regiones, que ha ido construyendo una nueva
leyenda negra, esta vez contra la democracia española, sin que
hayamos sido capaces de oponer argumentos que habrían demostrado
fácilmente las falacias de la carcoma nacionalista. El 155 ni se
está aplicando ni se está explicando, al menos por el Gobierno.
Ni siquiera hemos sido capaces de recordarles a nuestros
compatriotas belgas (compatriotas europeos) su pasado infinitamente
más turbio y criminal que cualquiera de las peores acciones que se
hayan inventado sobre España: el genocidio en el Congo, llevado a
cabo para su colonización y la explotación del caucho a finales del
siglo XIX y principios del XX, bajo el reinado de Leopoldo II de
Bélgica. Propiedad privada del rey, los historiadores calculan entre
8 y 10 millones de personas las que fueron exterminadas y mutiladas
para imponer un ritmo atroz a los trabajos de extracción de la que
se había convertido en una de las materias primas más valiosas del
mundo. Y todavía queda una estatua ecuestre en Bruselas de aquel
gran criminal. Ni Hitler mató tanto.
ANDALUCÍA
El secreto mejor guardado de la Junta de
Andalucía: los 23.899 empleados de su administración paralela
Un epígrafe del Presupuesto revela que crece el número de
trabajadores de estos entes a pesar del pacto con Ciudadanos
S. BENOT. SEVILLA. ABC 15 Noviembre 2017
La administración paralela de la Junta de Andalucía cuenta con una
plantilla de 23.899 trabajadores en 2017. Un epígrafe del informe de
impacto de género del Presupuesto de 2018 ha sido la indiscreta
fuente que ha revelado lo que hasta ahora se trataba de información
reservada, datos imposibles de recopilar que se ocultaban a los
sindicatos (que llevan años pidiéndolos), a la opinión pública e,
incluso, a los socios del PSOE, Ciudadanos, que hicieron presidenta
a Susana Díaz con el compromiso de que se adelgazaría
sustancialmente este capítulo durante la Legislatura.
Hasta ahora, sólo los informes periódicos de la Cámara de Cuentas se
habían acercado al número de personal contratado en la
administración paralela de la Junta y habían constatado que habían
ido aumentando poco a poco. Pero el Presupuesto de 2018 recoge por
primera vez el dato exacto del personal al servicio de estas
agencias públicas y además del número concreto de ellas; unas cifras
que ponen de manifiesto que el personal a su servicio ha ido
creciendo a pesar de los recortes que han sufrido los servicios
públicos, los funcionarios de todas las administraciones, y también
el acuerdo político expreso firmado con Ciudadanos en el que el
partido naranja y el PSOE se comprometían a reducir el número de
directivos de estos entes instrumentales y a hacer públicas sus
retribuciones.
Según reconoce la propia Junta, para la administración paralela
trabajan 23.899 personas, lo que supone 207 contratados más que los
que certificaba la Cámara de Cuentas en su informe del año 2014.
Pero hay otro dato revelador que pone de manifiesto la manera de
actuar de estos entes instrumentales. Según los datos de la propia
Cámara de Cuentas, en 2014 los contratados en estos entes
instrumentales de la Junta crecieron en 247 respecto a 2012. Eso
hace una media de unos cien contratos nuevos al año.
El personal al servicio de las agencias públicas ha ido creciendo a
pesar de los recortes que han sufrido los servicios públicos
Y hay que tener en cuenta que se trata de los años de la crisis, en
los que se recortó la paga extra de Navidad a los funcionarios de
todas las administraciones y en los que se congeló la sustitución de
los funcionarios que se jubilaban o dejaban sus puestos de trabajo
por diferentes motivos. Eso, al margen del fin de los contratos de
los laborales y del recorte de horas de trabajo para los interinos.
Sin embargo, el personal de la administración paralela ha ido
creciendo —si los datos que la administración les ha facilitado a la
Cámara de Cuentas eran exactos— progresivamente al margen de la
política de recortes que se imponía en el resto de las
administraciones públicas.
Un entramado de 60 sociedades
El Presupuesto de 2018 también desvela el número de entidades que se
consideran instrumentales siguiendo la definición de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Así, hay en total 60 entidades repartidas de la siguiente manera: 18
agencias públicas empresariales, diez consorcios, 15 fundaciones y
17 sociedades mercantiles.
En el informe de impacto de género del Presupuesto de 2018 se
detalla el personal que trabaja en todas las consejerías, así como
sus categorías profesionales, si son funcionarios del grupo 1 o del
grupo 2, además de la titulación académica que poseen. Unos datos
que aparecen consignados con todo detalle.
Un ejemplo es el personal al servicio de la red de bibliotecas
públicas de Andalucía. En el documento referido incluido en la Ley
de Presupuesto que se aprobará definitivamente a finales de este
mes, se detalla que hay 257 mujeres bibliotecarias profesionales por
123 varones en esta categoría; hay 700 mujeres auxiliares de
biblioteca por 266 hombres; así como 75 mujeres en la categoría de
personal especializado y 42 varones.
El Presupuesto de 2018 también desvela el número de entidades
instrumentales, según la Ley 9/2007, de 22 de octubre: 60 casos
Se detallan incluso los becarios (40 mujeres y 20 hombres) así como
los voluntarios (39 féminas y 25 hombres). Pero este detalle
desaparece completamente en el capítulo dedicado a la administración
paralela. Se desconocen las categorías profesionales, cuántos de
ellos son directivos, y el sueldo que perciben por el trabajo que
realizan. Ciudadanos también ha pedido estos listados y tampoco se
los ha entregado el Gobierno andaluz a pesar del pacto de
investidura.
La situación de la administración paralela es siempre un debate
incómodo para el Gobierno andaluz que lo evita todo lo posible, si
bien mantiene estas estructuras que conviven, en muchos casos, en
los mismos edificios de las consejerías, para malestar de los
funcionarios. La versión oficial de la existencia de estos entes es
la eficacia que estas estructuras generan en la gestión. Sin
embargo, los funcionarios no la comparten sino todo lo contrario.
Entienden que hacen un trabajo que les corresponde a ellos y para el
que no tienen, además, las necesarias potestades administrativas que
les otorga la ley.
El nacionalismo contagioso: la
cooficialidad del bable
El Club de los Viernes Libertad Digital 15 Noviembre 2017
La imposición legal del uso del bable además de liberticida esconde
el interés económico de quienes quieren explotar el lucrativo
negocio lingüístico.
Asistimos estos días en Asturias a un peligrosísimo intento de
imposición ideológico-económica basado en los dos pilares
fundamentales que, descartada la violencia física explícita en
nuestra sociedad occidental, se utilizan en la actualidad para
llevar a cabo los modernos ejercicios de ingeniería social: una
reiterada mentira con trasfondo ideológico y una indisimulada
presión de grupos organizados con intereses económicos. Y este
ejercicio de imposición, no es otro que el intento de imponer el uso
del bable como lengua cooficial en el Principado de Asturias.
La reiterada mentira no es otra que la existencia de una lengua
autóctona utilizada por cientos de miles de hablantes (con cifras
que según los defensores de la cooficialidad del bable, oscilarían
entre los 250.000 y los 700.000) que ven sistemáticamente vulnerados
sus "derechos lingüísticos" mediante políticas de represión
sociocultural.
Tener que desmontar esta absurda mentira produce vergüenza ajena.
Primero, porque cualquiera que se precie de conocer mínimamente la
realidad social asturiana es consciente de que el uso del bable en
Asturias es prácticamente inexistente. Son muchos los asturianos que
incorporan en su habla habitual, y de forma totalmente natural,
expresiones, giros, y palabras derivadas del bable. Pero de ahí a
plantear que entre un cuarto y tres cuartos de la población
asturiana es "bableparlante"... eso solo está a la altura de la más
alta demagogia. Segundo, porque decir que actualmente el bable es
objeto en Asturias de algún tipo de represión lingüística es de una
desfachatez inconmensurable, ya que cuenta con una "ley de uso" que
garantiza el derecho de todos los niños que así lo deseen a
estudiarlo de forma voluntaria en todos los niveles de educación no
universitaria, que garantiza su uso frente a la administración y que
riega con innumerables subvenciones su difusión en el ámbito público
o privado.
La indisimulada presión de grupos organizados con intereses
económicos es evidente en estos días para cualquiera que viva o
visite el Principado de Asturias. Los diversos grupos organizados en
torno al bable, básicamente constituidos por personas que pretenden
vivir de todas las partidas presupuestarias que conllevaría la
implantación de la cooficialidad (filólogos bablistas, profesores de
bable, traductores, colectivos "culturales", académicos de la
"llingua" etc…), ya han marcado la agenda y establecido los plazos.
"Proyecto 2018" lo llaman. Y como por desgracia es habitual en
España son diversos los grupos políticos que, viendo que las
pretensiones económicas de dichos grupos coinciden con sus
pretensiones ideológicas, se han apuntado al carro. El PSOE
asturiano ya ha aprobado en su último congreso asumir en las
próximas elecciones autonómicas la defensa de la oficialidad del
bable. Por supuesto, IU y Podemos que también secundan sin fisuras
el objetivo de la cooficialidad. Hasta Foro Asturias, partido
fundado por Alvarez-Cascos y que se presentó en coalición con el PP
en las últimas elecciones nacionales, secunda dicho objetivo. Solo
el PP y Ciudadanos parece que se resisten a secundar el disparate
liberticida... por ahora.
La historia nos ha enseñado que cuando un grupo con intereses
económicos recibe el apoyo de uno o varios partidos políticos con
representación parlamentaria se produce un coctel
económico-ideológico que inexorablemente se acaba traduciendo en
imposición, impuestos y coacción a los ciudadanos. Es el modus
operandi clásico para en nombre de la libertad, acabar con ella.
Porque en nombre de la libertad lingüística, el bable pasaría de ser
voluntario a obligatorio en la enseñanza y la administración. En
nombre de la libertad lingüística, los ciudadanos serían sometidos a
una mayor presión fiscal, derivada del aumento del gasto público. En
nombre de la libertad lingüística, un grupo de personas pasarían a
vivir cómodamente, a costa de los demás, del erario público. En
nombre de la libertad lingüística todos los niños residentes en
Asturias serían obligados, con independencia de su voluntad y la de
sus padres, a destinar una parte importante de su tiempo y esfuerzo
al aprendizaje de una lengua dialectal de uso marginal en la
sociedad. En nombre de la libertad lingüística, se establecerían
cortapisas, barreras de acceso, segregación, y división social.
Y todo ello, todo lo anterior, en nombre de una supuesta libertad
lingüística de la que ya disfrutamos de forma natural todos los
asturianos. Y es que, como exclamó Madame Roland ante la estatua de
la Libertad situada en la plaza donde iban a guillotinarla: ¡Oh,
Libertad!, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!
Bauzá afirma que en Baleares hay padres
"absolutamente desesperados con la inmersión lingüística"
En Es la tarde de Dieter el expresidente de Baleares ha afirmado que
"existe una coacción hacia los padres" en esta comunidad.
P. Cuevas Libertad Digital 15 Noviembre 2017
El senador del PP por la Islas Baleares y expresidente del Gobierno
Balear ha relatado en en Es la tarde de Dieter la situación que vive
la educación en su comunidad. En este sentido, José Ramón Bauzá ha
desvelado que hace varios días mantuvo una reunión con algunos
padres en Mallorca. En ese encuentro, ha asegurado el expresidente
balear, estospadres le transmitieron que están
"absolutamentedesesperados con la inmersión lingüística y el
adoctrinamiento" en esta comunidad. Bauzá ha asegurado que "existe
una coacción hacía los padres" .
El senador popular ha puesto como ejemplo lo que le ocurrió en la
anterior legislatura que él presidió. Ha explicado que en ese
momento, en la primera etapa educativa, a los padres se les permitía
elegir entre el castellano o el catalán a la hora de matricular a
sus hijos. Bauzá ha relatado que padres "llorando" le han contado
cómo "les cogía el director del centro o la persona que se encargaba
en ese momento dentro del centro educativo de hacer la matriculación
y se lo llevaba a un despacho y les decía que era mejor que sus
hijos estuvieran matriculados en catalán porque si no los niños
estarían en un gueto y estarían reunidos con otras personas y no
tendrían las mismas condiciones".
Además, el senador del PP ha lamentado que "en las últimas fechas
hemos visto en las Islas Baleares cómo aquellos que hacen
llamamientos a los referéndum ilegales, aquellos que están haciendo
llamamientos a la liberación de los Jordis son los que ocupan
puestos de responsabilidad en algunas asociaciones y sindicatos
mayoritarios"
Sobre las competencias en educación, Bauzá ha sido tajante y ha
afirmado que "no es solo una cuestión de competencias sino que,
quien las tenga, las ejerza con responsabilidad".
El 'chiringuito catalán' incluye más de
1.300 entes públicos
La Administración Pública catalana destina grandes sumas de dinero a
sus 339 Sociedades Mercantiles, 289 Consorcios, 161 Fundaciones...
Libre Mercado Libertad Digital 15 Noviembre 2017
La intervención de las cuentas de la Generalidad por parte del
Ministerio de Hacienda ha dejado al descubierto el gran despilfarro
de dinero público que existe en esta autonomía -al igual que en
otras-. En concreto, tras el primer mes de supervisión de gastos, el
Gobierno central ha detectado que tan sólo necesita 940 millones de
euros para financiar los servicios públicos que considera
esenciales, sobre un total de 1.400 millones transferidos cada mes.
Así pues, los 460 millones restantes -más del 30% del total- serían,
por tanto, prescindibles o, al menos, susceptibles de ser recortados
o eliminados en gran medida. Además, si a ello se suman los ingresos
procedentes de los impuestos autonómicos, por valor de otros 200
millones al mes, el desfase entre partidas calificadas como
esenciales y el grueso de recursos públicos alcanzaría los 660
millones de euros al mes -casi el 47% del total-, tal y como avanzó
Libre Mercado.
Buena parte de ese dinero va destinado a financiar la amplia y
compleja estructura paralela que posee la administración pública
catalana. Pero, ¿qué entes y organismos componen ese ámbito? El
siguiente listado, elaborado por @Absolutexe en base a datos
oficiales, resume el organigrama que presenta el particular
chiringuito catalán.
Para empezar, cabe recordar que en Cataluña existe una
administración autonómica (la Generalidad), cuatro diputaciones y un
total de 946 Ayuntamientos. Y estos tres sectores han creado a su
vez 339 Sociedades Mercantiles, 289 Consorcios, 161 Fundaciones, 146
Organismos Autónomos administrativos, 82 Mancomunidades ,75
Organismos Autónomos, 65 Entidades Menores al municipio, 51 Entes
Públicos, 42 Comarcas, 31 Entidades Públicas Empresariales y 14
instituciones sin ánimo lucro. A ello cabe sumar, además, 7
Universidades Públicas, 4 Organismos Autónomos Comerciales, 2
Agrupaciones de Municipios y 1 Área Metropolitana
En total, 1.309 Entes Públicos.
Algunas de las 339 sociedades mercantiles:
Activos de Montaña
Actividades Lúdicas Pirenaicas
Circuitos de Cataluña
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales
Parque Atracciones Tibidabo
Parque Audiovisual de Cataluña...
Entre los 289 Consorcios:
Hay muchos Consorcios para el "Desarrollo" del Bajo Ebro, de las
"Tierras Turísticas del Ebro" de la Garrotxa, del Ripollès, del
Sector Residencial Can Filua, Nou Eixample i Turuguet, Eixample
Nord, etc.
Bienestar Social Gironès-Salt
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
Centro de Documentación y Museo Textil
Centro de Estudios Demográficos
Centro de Estudios Porcinos
Consorcio del Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña
Centro de Trabajos del Mar
Consorcios para la Gestión de TV Digitales locales
Vivienda de Barcelona
Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro
Mercado de las Flores
Centro de las Artes de Movimiento
Normalización Lingüística
Observatorio del Paisaje ...
De las 161 Fundaciones:
Centro de Información y Documentación Internacionales de Barcelona
Casa América Cataluña
Centro de Seguridad de la Información de Cataluña
Factor Humano
Instituto Confucio de Barcelona
Observatorio del Ebro
Parque Tecnológico del Vino...
De los 221 Organismos Autónomos (administrativos inclusive):
Agencia de Promoción de Ciudad "Reus Promoción"
Instituto del Teatro
Instituto Metropolitano del Taxi
Instituto Medios de Comunicación Pública
Instituto Municipal de Paisaje Urbano y Calidad de Vida
Instituto Municipal Progreso y Cultura
Agencia Catalana del Consumo
Autoridad Catalana de la Competencia
Consejo Económico y Social
Consejo Catalán del Deporte
Institución de las Letras Catalanas
Instituto Catalán de la Viña y el Vino
Instituto Catalán de las Mujeres
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
Instituto Desarrollo y Promoción Alto Pirineo y Arán
Instituto de Estadística de Cataluña
Instituto Municipal Radiodifusión...
Entre los 51 entes públicos:
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
Agencia Catalana de la Juventud
Agencia de Migraciones de Cataluña
Agencia para la Competitividad de la Empresa
Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica
Consejo catalán de la Producción Integrada
Consejo Audiovisual de Cataluña
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña
Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes
Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña
Instituto Catalán de Finanzas
Instituto Catalán de las Empresas Culturales
Instituto Catalán de Energía
Instituto Catalán Internacional para la Paz...
El gran álbum fotográfico que demuestra el
adoctrinamiento ideológico persistente que tiene lugar en las
escuelas catalanas
www.latribunadelpaisvasco.com 15 Noviembre 2017
Este es el gran álbum fotográfico que demuestra el adoctrinamiento
independentista y de extrema izquierda que de una forma constante e
intensiva se produce en Cataluña desde hace varias décadas. El autor
del mismo, Eduardo González Palomar, ha logrado reunir en la red
Flickr un total de 1.442 imágenes que demuestran las aberraciones
que han de sufrir diariamente decenas de miles de alumnos, y sus
padres, en los centros educativos de esta región.
https://www.flickr.com/photos/100929805@N07/sets/72157663257244562
¿Y si probamos a aplicar la ley en
Cataluña?
Cristian Campos elespanol 15 Noviembre 2017
Tiene Arcadi Espada una frase gloriosa que me jode que no sea mía:
“Entre la vida y la muerte, los equidistantes escogen la
enfermedad”. A mí lo más ingenioso que se me ocurre llamarles es
cobardes, que es la exacta posición moral de quien frente a un
conflicto binario se sube a tus hombros, se calza en todo lo alto el
manto de armiño de la santa ecuanimidad y pontifica, virtuoso él,
Salomón entre los Salomones, que a ver si vamos poniéndonos un
poquito de acuerdo señores por favor. Y eso mientras te pellizca los
mofletes y te amonesta con un irritante “no me seas facha y dialoga,
niño, dialoga”.
El equidistante, eso sí, deja los términos exactos del acuerdo entre
el represor y el reprimido, es decir entre el independentista y la
ley, al albur de los que entienden de esto. Que siempre son los
suyos. O sea los nacionalistas. Porque otra cosa no, pero la
vocación de súbdito la lleva el equidistante incrustada de serie en
el alma.
De su escaqueo, en cualquier caso, se deduce que el equidistante no
tiene ni idea de lo que habla. A pesar de ello su cerebro ha logrado
destilar, después de poner todas sus neuronas en quinta, que existe
un conflicto y que la justa y necesaria solución a ese conflicto
está en un hipotético punto medio que tenga en cuenta todas las
sensibilidades. Algún curilla hay en Cataluña, por supuesto a sueldo
de La Vanguardia, que lleva toda la vida viviendo de tan fabulosa
construcción intelectual.
Huelga decir que no se puede estar sólo un poco muerto de la misma
manera que no se puede romper sólo un poco la soberanía nacional.
Que una taza puede estar intacta encima de la mesa o rota en el
suelo pero no flotando agrietada a medio camino. Y que la política
no es ajena a las leyes de la entropía por más que algunos
iluminados crean que es un tablero de juego mágico en el que todos
los conflictos tienen solución porque todos los deseos son
legítimos.
Y miren: no. Todas las componendas imaginables (el famoso término
medio) para el conflicto catalán que alberguen comprensión para los
deseos de los nacionalistas comportarán a largo plazo un daño mayor
de igual manera que refrigerar una habitación calentará el exterior
de esa habitación por la energía desprendida durante el proceso de
forma que la temperatura media entre exterior e interior será, al
final, mayor que la inicial. Que se lo pregunten a los vascos no
nacionalistas obligados a vivir ahora en ayuntamientos gobernados
por simpatizantes de ETA. Si hay que escoger entre paz y justicia un
demócrata debería tenerlo claro: justicia. Porque la alternativa a
la justicia, y esa es la trampa, no suele ser la paz sino el
conflicto y también la injusticia.
En realidad, el equidistante no suele tener nada de equidistante y
su postura política asoma a poco que se le aprieten un poco las
tuercas. En Cataluña, los equidistantes hozan de la mano de un
independentismo que no habría superado su techo natural de un 20-25%
de no ser por la impagable ayuda en forma de legitimación moral
otorgada por los Colau, Évole, Iglesias, Montilla, Roures e Iceta a
la ultraderecha nacionalista de ERC, CUP y PDeCAT. Son ellos y no
los independentistas, a fin de cuentas cuatro docenas de rústicos
con tractor y un par de volquetes de pijos con angustias
existenciales fibromiálgicas y sentimentalidad desatada, los que han
quebrado Cataluña.
Es la equidistancia, en definitiva, la que ha permitido que un
cadáver del siglo XIX en pleno siglo XXI, el último nacionalismo
abiertamente insolidario de Europa (los escoceses son más pobres que
los ingleses), lleve gobernando Cataluña cuarenta años. Ni cuando
ganaron las elecciones se atrevieron a decepcionar a los amos del
chiringuito y mostrarle a los catalanes el camino de la transición a
la democracia que el resto de España había recorrido ya en 1978. Y
ahí anda hoy el nacionalismo: luchando contra el ectoplasma de
Franco mientras el resto del mundo tiene que buscar la palabra
Cataluña en la Wikipedia para saber quién es esta gente que en pleno
2017 sigue considerándose más alta, más guapa y más lista que sus
vecinos.
Visto el estrepitoso fracaso de cuarenta años de equidistancia en
Cataluña, ¿qué tal si probamos una táctica diferente? Digamos la
ley.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Inmersión lingüística: tenemos un
problema... no sólo en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 15 Noviembre 2017
La llegada al poder de los socialistas de la mano de los
nacionalistas ha hecho que se disparen tanto el adoctrinamiento como
la inmersión lingüística.
Nada más equivocado que pensar que la liberticida inmersión
lingüística y el infame adoctrinamiento nacionalista en las escuelas
son problemas que afectan exclusivamente a los ciudadanos de
Cataluña y el País Vasco. En otras regiones, como la Comunidad
Valenciana o las Islas Baleares, se está siguiendo esa misma senda
de manipulación de la Historia y de vulneración del derecho de los
padres a elegir la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos.
Sirvan como ejemplos el amplio reportaje que el diario El Mundo
dedicaba a esta cuestión hace unos días y las denuncias que este
mismo martes hacían ante los micrófonos de esRadio tanto la
presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, como el senador popular
y expresidente balear José Ramón Bauzá.
Aunque hay que advertir que la obligatoriedad de estudiar valenciano
y de estudiar en esta lengua otras asignaturas se remonta a los
tiempos en los que el PP gozaba de una amplísima mayoría absoluta en
la Comunidad Valenciana, la llegada al Gobierno regional de los
socialistas y de los nacionalistas ha hecho que se dispare tanto el
adoctrinamiento al servicio del pancatalanismo como la inmersión
lingüística en un valenciano, además, completamente indiferenciado
del catalán. Piénsese en el denominado Decreto Marzà –en referencia
al consejero de Educación de Compromís, Vicent Marzà–, que establece
la obligatoriedad de estudiar más asignaturas en valenciano si el
alumno quiere más enseñanza en inglés. Ante este estado de cosas, en
la Comunidad Valenciana se están celebrando manifestaciones
multitudinarias contra la inmersión y el asfixiante pancatalanismo.
Otro tanto se podría decir de Baleares, donde las reformas aprobadas
en tiempos de Bauzá, destinadas a que el catalán dejase de ser un
requisito para acceder a la función pública y a que los padres
tuvieran libertad de elección de lengua, han sido completamente
erradicadas por el Gobierno de socialistas y nacionalistas.
Ahora, en el Principado de Asturias el PSOE, IU-Podemos y hasta el
partido fundado por Francisco Álvarez Cascos, Foro Asturias, aspiran
a la oficialidad del bable, lo que haría que éste, absolutamente
minoritario, pasarse de ser voluntario a obligatorio tanto en la
enseñanza como en la Administración.
Sirvan estos ejemplos como prueba de que el nacionalismo es una
lacra que hay que combatir en todos los ámbitos. La lengua en manos
de los nacionalistas, lejos de ser un vehículo de comunicación, se
convierte en un coactivo molde identitario que conculca las
libertades individuales tanto como separa a unos españoles de otros.
Por ello, en vez de seguir en la contraproducente senda de intentar
contentar a los nacionalistas, tal y como apuntan las ofertas de
reforma constitucional y de mayor financiación a las
Administraciones autonómicas, resulta imperativo desandar parte del
camino y fortalecer aquello que une a todos los españoles.
El difícil retorno a la legalidad (19)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 15 Noviembre 2017
EL SANEDRIN DE LA COMISIÓN DEL CONGRESO DE REFORMA DE LA
CONSTITUCIÓN INICIA SU ANDADURA. PABLO IGLESIAS SE VA DE GIRA POR
ESPAÑA PARA CONECTARLA.
Al parecer y según relata el editorial de hoy del periódico digital
de El País,titulado “Una reforma necesaria”, arranca la Comisión del
Congreso encargada de la reforma de la Constitución. Una comisión
que se llama “Comisión para la evaluación y modernización del Estado
autonómico”. Su composición viene determinada de modo proporcional
al número de escaños de los diferentes grupos parlamentarios,
correspondiendo 14 al PP, 9 al PSOE, 7 a Unidos PODEMOS, 3 a
CIUDADANOS, 1 al PNV, 1 a ERC y 2 al Grupo Mixto. Por propia
decisión de las formaciones, no cuenta con representantes de los
partidos de ultra izquierda como la coalición Unidos PODEMOS y los
partidos nacionalistas ERC, PDeCAT y PNV. Es decir, no van a
participar precisamente aquellos partidos que o bien abogan como
Unidos PODEMOS (también el PSOE) por un Estado plurinacional y el
reconocimiento de pueblos diferenciados con derecho a decidir si
quieren o no seguir integrados en España, o bien los partidos
históricamente nacionalistas que aspiran a la independencia de
España y no siempre por la vía constitucional.
Resulta paradójico que esa Comisión, presidida por el socialista
José Enrique Serrano, comience ya coja su andadura, precisamente por
la ausencia de aquellos representantes de las comunidades autónomas
que plantean problemas de “encaje” y aspiran a la autonomía plena,
que es una forma metafórica de ocultar su objetivo de independencia
plena como Estados soberanos. Su negativa para participar se excusa
por la aplicación de determinadas medidas de intervención basadas en
el artículo 155 de la Constitución, que fueron aprobadas en el
Senado como respuesta al golpe de Estado provocado por el Gobierno
de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña haciendo una
declaración unilateral de independencia. Se supone que lo deseable
es que exista el mayor consenso posible, tanto en la valoración de
la situación como en la propuesta definitiva de soluciones para esa
“modernización” que se pretende.
EL editorial de El País afirma que “el modelo autonómico ha sido un
éxito, pero requiere modernizarse”. Una aseveración que es muy
discutible porque en mi opinión, - y pienso que en la de otros
muchos analistas-, precisamente creo que ha sido un rotundo fracaso
en lo social y en lo económico. Un sistema que ha fomentado la
insolidaridad entre regiones y sociedades y que ya partía de
defectos congénitos al distinguir dos excepcionalidades inasumibles
en una Nación cuya Constitución se basaba en la indisoluble unidad y
en la igualdad de derechos de todos los españoles con independencia
de su lugar de nacimiento o residencia. Reconocer los Fueros de
Navarra y el Concierto Vasco, llamándolas “comunidades históricas”
fue una concesión inaceptable hoy en día y que solo pasó el filtro
del referéndum al ir como un todo heterogéneo plagado de cláusulas
transitorias y notas, en un “trágala” que no admitía enmiendas salvo
a la totalidad. Un chantaje a una sociedad que deseaba salir de la
dictadura y que aceptó a ciegas aquello que se le ofrecía como paso
a la democracia.
Pero hoy estamos en otra situación, que sinceramente creo que es
peor para alcanzar consensos. Por un lado, la realidad social tras
décadas de autonomía ha cambiado para mal. Las autonomías se han
convertido en verdaderos reinos de taifas donde los partidos
políticos de todo signo han medrado y gobernado a su conveniencia,
creando las bases de un clientelismo fidelizado mediante
subvenciones públicas y de una dependencia económica origen de miles
de casos de corrupción. Un poder que se usó, no para acercar la
Administración a los ciudadanos, sino para el enriquecimiento
personal y financiación ilegal de los partidos gobernantes,
asociaciones afines y sindicatos. Unas administraciones que han sido
y siguen siendo refugio de parásitos en una multiplicación y
duplicidad de funciones con cientos de miles de intrusos que viven
del erario en forma de asesores o empleados de empresas públicas
ruinosas e innecesarias, en lo que se llama “administración
paralela”. Una ruina inasumible e inaceptable para un Estado moderno
de la UE.
Por otro lado, la sociedad en esas autonomías ha sido educada en
resaltar la singularidad y adoctrinar un sentimiento nacionalista
anteriormente inexistente o residual. Una realidad que se evidencia
en el auge de los partidos nacionalistas en donde la lengua se usa
como arma fundamental para la diferenciación y la discriminación de
derechos fundamentales. Una característica cultural al servicio de
la política disgregadora de esos partidos. Una actitud que en el
caso de El País Vasco tuvo consecuencias dramáticas para esa
sociedad dividida y para el resto de España con el terrorismo de ETA
y la aparición de partidos “abertzales” de ultra izquierda. Un
movimiento revolucionario que nació contra la dictadura de Franco y
que se recrudeció una vez instalada la democracia en atentados tan
criminales como el de Hipercor en Barcelona o los atentados contar
representantes políticos del PP y del PSOE.
Un fracaso de sistema socialmente nefasto y desastroso en lo
económico, donde la norma es el no acatamiento de las órdenes del
Gobierno de España en cuanto a control del gasto y la existencia de
graves diferencias en la dotación de las administraciones, la
remuneración de los empleados públicos, donde un Presidente de
Autonomía dobla el salario del Presidente del Gobierno de España, o
donde el número de diputados autonómicos es proporcionalmente
excesivo. Y aquí no habría que excluir a la otra parte de la
descentralización, la de los municipios, aquejados de los mismos
males endémicos de descontrol del gasto y retribuciones de
escándalo, sobre todo en los grandes municipios como las capitales
de provincia o de autonomía. No se trata solo de analizar el encaje
de algunas autonomías, sino de la reforma en profundidad de todo el
sistema que se ha demostrado ineficaz y ruinoso.
Parce que Pablo Iglesias va a iniciar una gira bajo el lema “Conecta
España” en su afán de convencer a los españoles de las comunidades
autónomas sin aspiraciones secesionistas, de la conveniencia de
reconocer que España es un Estado plurinacional y que las
diferencias culturales son realmente las pruebas de la existencia de
pueblos diferenciados que tienen derechos a ser reconocidos como
tales y a decidir su futuro, incluido el de seguir perteneciendo a
España. Así que más que conectar, lo que pretende este miserable
sujeto es desconectar a los españoles de España. No es de extrañar
que no quiera participar en una comisión que lo que pretende es
modernizar y optimizar lo que es actualmente una situación
insostenible generadora de problemas que ha provocado la desconexión
de algunas comunidades y de sus sociedades del proyecto común de
España. Solo espero que su gira propagandística coseche un fracaso
rotundo y que sirva para que los ciudadanos le echen a patadas de la
política española ala que tanto daño está haciendo.
Le deseo a la Comisión del Congreso para la evaluación y
modernización del Estado autonómico toda la serenidad, sensatez y
rigurosidad que merece algo tan esencial para el futuro de España y
que no vuelva a ser una fuente de conflictos como lo que nos
impusieron los padres de la Constitución para salir del paso. Un
objetivo difícil como este del retorno a la legalidad tras el golpe
de Estado en Cataluña que se ha terminado por responder de forma tan
melindrosa y azorada, precisamente por la falta real de consenso.
¡Que pasen un buen día!
155: tomadura de pelo
Javier Barraycoa gaceta.es 15 Noviembre 2017
Cómo aplicar el 155 en 55 días. Este también podría ser el título
del artículo pero nos decantamos por el que encabeza esta columna
por su claridad evidente. Los oprimidos tienen una extraña
propensión al optimismo, especialmente al menor atisbo de
posibilidad de cambio de su triste condición. Deben ser los restos
de mesianismo cultural que aún quedan a modo de poso de nuestra alma
colectiva. Cuando el Gobierno español decidió aplicar artículo 155
de la Constitución, no faltaron entusiastas que creyeron ver la
tierra prometida y soñar con la llegada a un nuevo país donde
manaría leche y miel. Igualmente no le faltó claca al presidente de
Gobierno ni medios de derechas que le hicieran la ola, a la par que
el fariseísmo nacionalista se rasgaba las vestiduras. Pero pocos se
acordaron que a Moisés no le estuvo permitido, tras atravesar el
desierto, entrar en el reino prometido.
A moisés no se le concedió tiempo vital para tal gracia, al igual
que el Gobierno ha robado la esperanza de muchos catalanes de ver
resuelto el drama que vivimos desde hace décadas. Rajoy no sólo ha
aplicado el 155, sino que le ha dado la marcha atrás a un cronometro
electoral que acabará su recorrido el 21 de diciembre. Los
aduladores con Tribuna en los grandes periódicos alabaron esta
decisión como una genialidad estratégica digna de Rommel o Patton e
hicieron de voceros de la inminente salvación definitiva de
Cataluña. A otros, simplemente se nos quedó cara de tontos al
contemplar la incapacidad de la ciudadanía de enjuiciar lo que es
una de las mayores tomaduras de pelo, y un nuevo agravio, que
debemos sufrir los catalanes. Los pocos días desde la aplicación del
155 han dado para mucho y para poco.
Para mucho, lo ha sido en el sentido que el gobierno ha podido
adoptar estrategias para evitar el colapso institucional de los
efectos de la DUI. Recordemos que el 17 de octubre, la jueza Lamela
decidía encarcelar a los “jordis” y el 21 de octubre se aprobaba la
aplicación del 155. Los inocentes aplausos en un sector de la
población oprimida por el nacionalismo se trocaron en terror en los
despachos de la Moncloa, especialmente cuando el 2 de noviembre la
jueza Lamena también dictaba prisión incondicional como medida
cautelar contra medio gobierno autonómico catalán que aún permanecía
en suelo patrio.
No haya nada que produzca más espanto a los políticos que dicen
defender la independencia judicial, que encontrarse con un juez que
ejerza el principio de la separación de poderes. La prisión de
Junqueras, y adláteres, desmontaba la estrategia de Rajoy: aparecer
ante la opinión pública conservadora como el salvador de España y
convocar unas elecciones apresuradas elecciones para aprovechar el
bajón psicológico de las huestes nacionalistas. Era una estrategia
que le permitiría salirse del avispero catalán proclamando el 155
sin haberlo aplicado. Un logro más para la fama de los gallegos.
Pero un escenario con potenciales candidatos en la cárcel lo cambia
todo. Los sondeos no favorecen al PP; como por arte de birlibirloque
el PSC resucita de la nada incorporando de la chistera a los camisas
viejas de Unió Democrática y en el PP aún no se explica porque los
democristianos no han llamado a su puerta; la audiencia de TV3, que
estaba en estado de shock, empieza a remontar de forma galopante; la
CUP decide presentarse, contra todo pronóstico para unos
antisistema, a unas elecciones del sistema y Puigdemont sigue vivito
y coleando comiendo mejillones en Bruselas y acaparando portadas. La
única gran ocurrencia del Gobierno ante tal desborde de malas
noticias ha sido arrebatar el caso a la jueza Lamela y desde ahí
intentar controlar la situación; léase, conseguir que los Junqueras,
y demás, hagan una campaña desde la calle, que eso da menos votos
que desde el presidio. Ya se sabe que los catalanes somos muy
melancólicos y ver llorar a la Forcadell o a Junqueras desde la
cárcel puede llenar urnas, y esta vez de verdad.
Y, como decíamos, el 155 ha dado también para poco, para muy poco.
Más bien ha dado para casi nada. El potencial electorado catalán que
por cuestión de principios y coherencia moral, no puede participar
de los postulados electorales de los partidos llamados
constitucionalistas (cuestiones de aborto, anti-bioética e ideología
de género están impresos en fuego en sus programas), se encuentra
huérfanos de candidatura. No ha habido tiempo de articular otra vía
electoral frente al separatismo que recoja el entusiasmo de
muchísimos catalanes que han salido a la calle y no gracias
precisamente a los partidos constitucionalistas. Los plazos
impuestos por el gobierno lo han imposibilitado y nuevamente estamos
ante un escenario cercado por la partitocracia. Ello posiciona a
muchos votantes en el grave dilema de votar contra su conciencia
moral o dejar que el nacionalismo siga avanzando. La partitocracia
se muestra especialmente descarnada cuando obliga a elegir entre un
mal o un mal. La aplicación real del 155 hubiera exigido generosidad
en algunos partidos y firmeza en el gobierno. Entre otras cosas se
debía haber constituido un gobierno de concentración, la
intervención real en materias transferidas –como la educación- con
políticas a fondo y a largo plazo, apoyadas por reformas legales;
limitar el gigantesco poder de adoctrinamiento de los medios
públicos catalanes; corregir unas políticas de subvenciones dignas
de un estado soviético y, por fin, retrasar el calendario electoral
varios años. Es necesario normalizar ayuntamientos, Diputaciones,
policía autonómica y delirantes políticas económicas que ha llevado
a Cataluña a una quiebra técnica. Pero de todo esto, nada de nada.
Ha sido aplicar el 155 y empezar la carrera electoral.
Mientras tanto, aún late una Cataluña que ahora ilusionada acabará
abandonada a escasos meses de la celebración de las elecciones. Es
una Cataluña viva pero que los partidos políticos ya están
carburando cómo devolverla a sus cómodos sillones de casa. La
política es para lo profesionales. A modo de ejemplo, de forma
popular este fin de semana ha sido espectacular para el movimiento
cívico hispánico-catalán: viernes 10 de noviembre, apoteósica
concentración ante el Ayuntamiento de Sabadell para reclamar la
reposición de la bandera española; sábado 11: marcha sobre el barrio
de Vilaroja en Gerona para apoyar al vecindario más español de toda
Cataluña y por la tarde concentración en Reus; domingo 12:
manifestaciones patrióticas en Manresa y Lérida. Y la cosa continúa,
este viernes hay convocatoria en Igualada, ante el Ayuntamiento,
para pedir que también se reponga la bandera española y se anuncian
más movilizaciones. Todo este más que meritorio esfuerzo ciudadano o
bien ya ha sido manipulado como campaña preelectoral. Por ejemplo en
la concentración de Sabadell, aparecieron a última hora lacayos de
los partidos constitucionalistas para atribuirse la convocatoria de
la concentración. De ello se hicieron eco todos los medios. Pero
cuando los partidos no han podido controlar estas concentraciones,
los actos han sido ignorados o maltratados por los medios
“conservadores”.
En conclusión, no hay dos Cataluñas, hay tres: la nacionalista, la
dominada por la partitocracia constitucionalista, y la que siendo
catalana y no queriendo renegar de su españolidad pero tampoco de
principios fundamentales, quiere encontrar su espacio. El 155 ha
sido una medida ajustada e ideal para las dos primeras. Por el
contrario, para la tercera, ha sido desengaño y tomadura de pelo.
Maniobras en el Tribunal Supremo
Pablo Sebastián republica 15 Noviembre 2017
Vayan por delante dos comentarios: no llueve en España y la sequía
se está convirtiendo en un serio problema nacional sobre el que el
Gobierno no dice ni hace nada extraordinario; resultan alarmantes
las noticias sobre inmersión lingüística en Baleares y Valencia (así
empezó el problema catalán) sin que la Fiscalía del Estado y el
Ministerio de Educación tomen cartas en el asunto tal y como
debieran y con la mayor urgencia.
Y dicho esto regresamos al mono tema de actualidad española que es
la crisis de Cataluña porque el magistrado Llarena e instructor del
proceso que el Tribunal Supremo abrió sobre los aforados en el golpe
de Estado catalán ha pedido un informe a la Audiencia Nacional sobre
los procesos que allí se siguen contra dirigentes sociales y ex
miembros del Govern de Puigdemont, por los presuntos delitos de
rebelión y sedición (entre otros) con la intención de unir en el
Supremo todos estos casos y los que sobre los mismos delitos
discurren en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Unir los casos bajo el mando del instructor Llarena, quien parece
tener la intención (y puede que las pertinentes instrucciones) de
sacar a todos los procesados de la cárcel a donde los envío la juez
Lamela a petición de la Fiscalía y tras negarse todos ellos a
declarar.
Una puesta en libertad de Junqueras y sus amigos presos a ser
posible días antes de que se inicie la campaña electoral catalana
del 21-D. Que es lo que parece que pretende, el Gobierno de Mariano
Rajoy (con acuerdo de Pedro Sánchez), para bajar tensiones en
Cataluña y desmovilizar así al electorado secesionista. O sea que la
Justicia se quite la venda de los ojos y observe el panorama
político nacional.
Estamos pues ante la operación ‘suelta de presos’, naturalmente
dentro de la legalidad cómo muy bien lo argumentará Llarena en sus
‘autos’, siempre y cuando Junqueras, sus siete ex consejeros y los
‘Jordis’ se allanen como Forcadell y sus colegas de Mesa y acaten el
artículo 155 y la Constitución. Y siempre que en este caso -y no
como hicieron ante la juez Lamela todos los imputados respondan a
las preguntas del juez instructor y del fiscal.
Puede incluso que las exigencias a estos presos no sean tan altas
como las que se le impusieron a Forcadell, porque la presidenta del
Parlament nada más sentarse en el Supremo se desmoronó y casi acaba
cantando el ‘Que viva España’ de Manolo Escobar. Y es que estos
golpistas chapuceros son unos cobardes redomados y carecen de
pundonor.
Pero dicho esto tenemos que subrayar -para entender lo que está
pasando- la sospecha de ciertas ‘maniobras orquestales en la
oscuridad’ del Gobierno de Rajoy, la Fiscalía General del Estado y
la Sala Segunda del T. Supremo que preside el magistrado Marchena,
un buen amigo del ministro Catalá y la persona que recomendó a Maza
como Fiscal General.
O sea que si de lo que se trata es de que los diez presos en
cuestión salgan pronto de la cárcel, parece claro que la hoja de
ruta del plan está diseñada, el magistrado Llarena decidido a unir
los procedimientos bajo su mando y a abrir la puerta de la prisión
si los acusados se allanan ante el y, a partir de ese momento y
pagadas unas fianzas, todos a casa y a participar como héroes en la
campaña electoral.
Y ¿qué pasará con Puigdemont y los otros cuatro prófugos que siguen
en Bruselas si la justicia belga los manda hacia España, o si ellos
decidieran regresar? Pues ese sería otro problema añadido para Rajoy
y su ministro Catalá, el Presidente de la Sala Marchena y el
instructor Llarena, aunque probada parece la habilidad de todos
ellos para ‘maniobrar’.
Y no sólo para acabar con la prisión preventiva -que se aplica con
decisión en los casos de corrupción- ni más ni menos que en un golpe
de Estado, sino que da la impresión que otras de las misiones de
Llarena podría ser la de quitar de las imputaciones a los golpistas
de los delitos de Rebelión (de 15 a 30 años de prisión) y Sedición
(de 10 a 15 años de prisión) para dejar la acusación fiscal en una
simple ‘conspiración para la rebelión’. Lo que podría dejar en el
juicio las penas en 3 años y ocho meses de cárcel, que al final
quedaría en un año o unos meses, con lo que el golpe de Estado
catalán les saldría a los golpistas casi ‘gratis total’.
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Por respeto y mucho más
Hay que imponer el retorno a los medios de la toponimia española en
toda España
Hermann Tertsch ABC 15 Noviembre 2017
Castellanoparlantes o hispanohablantes somos todos los españoles.
Cierto que por culpa de los nacionalismos en ciertas regiones y por
la paupérrima educación se habla cada vez peor y cada vez con menos
vocabulario. Pero todos lo hablan y todos lo entienden. Aunque
algunos se esfuercen por hablarlo mal o se nieguen a hacerlo por esa
hispanofobia que los nacionalismos y cierta izquierda han cultivado
desde hace décadas. Resulta tan triste como inaudito que en algunas
regiones se haya generado tan violento rechazo a esta lengua
universal que abre mil puertas al mundo. Porque el español es el
mayor tesoro que enaltece a España, junto a su historia. Imaginen lo
que harían los alemanes o los franceses con una lengua que hablan
500 millones de habitantes en permanente y vigorosa expansión.
Nosotros nos ensañamos con ella y la humillamos con espectáculos
dantescos como los traductores en el Senado. O la impune persecución
de los rótulos en Cataluña. Ese odio a España cultivado desde
poderes institucionales y políticos españoles es un fenómeno único
en el mundo, abominable, la peor y más trágica cosecha de nuestros
errores de la transición.
Las ansiedades de la joven democracia por compensar injusticias
reales o supuestas de la dictadura llevaron a políticas con
prioridades que hoy sabemos erróneas y profundamente dañinas. Se han
hecho bien muchas cosas en España estos pasados cuarenta años. Pero
nos hemos equivocado mucho en otras. Los errores se han hecho
fuertes y son tremendas las resistencias al cambio por las inercias
y el discurso asumido. Tanto que ante el desafío del separatismo se
propone proseguir con el vaciado del Estado, causa del crimen
político hoy en marcha. Pocos proponen la lógica enmienda de probar
lo contrario a lo fracasado. Muchos años hemos tolerado lo
intolerable en las relaciones humanas, políticas y culturales. Hemos
permitido que la lógica antiespañola se convirtiera en la lógica del
Estado en una España siempre bajo sospecha. Y hemos aceptado una
falta de respeto a la Nación que se convirtió en hábito. Cuando
España es la única garantía de nuestras libertades y derechos. Y de
la paz. Porque una España rota nos arrebataría libertades y derechos
pero además nos garantiza la guerra.
Hubo mucha buena fe en la transición. De los que llegaban y de los
que desmontaban el régimen que se autodisolvió. Pero la buena fe
juega malas pasadas. Sucedió con la distribución territorial. Ya en
la propia formación de las autonomías se mutiló y dividió
arbitrariamente Castilla e inventó cuerpos uniprovinciales como La
Rioja o Cantabria. Para trocear España como una pieza de ganado.
Después vinieron décadas de irresponsable vaciado de competencias al
Estado central para armar a unas autonomías convertidas en desleales
émulos y rivales, cuando no ya enemigos, y poderes feudales
tramposos, corruptos y despilfarradores. Los resultados están aquí.
La catástrofe catalana continuará y llevará al definitivo
empobrecimiento de la región. Hasta que España derrote y deslegitime
a los nacionalismos o estos destruyan a la nación española y la
península se hunda en el caos. Para intentar que España venza a sus
enemigos hay que dar la batalla por la enmienda ya. En contra de la
suicida perseverancia en el error que sería una reforma
constitucional con más concesiones. Empecemos ya por algo simbólico,
que no anecdótico, para devolver el honor a la lengua perseguida. Es
momento de una campaña masiva para que las televisiones con
programación en español ofrezcan la toponimia de la geografía
española en español. Y que lo hagan en toda España. Si London es
Londres, más razón para que Girona sea Gerona, Lleida sea Lérida,
Hondarribia sea Fuenterrabía y Leioa sea Lejona. Por respeto.
El 155 también era mentira
Arturo García gaceta.es 15 Noviembre 2017
Los Mossos continúan del lado nacionalista y TV3 adoctrina a los más
pequeños en el odio a España. ¿Qué ha cambiado tras el 155?
Mariano Rajoy dribló hasta que se hizo inevitable la activación del
artículo 155 de la Constitución. El presidente del Gobierno trató de
pactar con los nacionalistas, incluso ofreció la amnistía política a
Puigdemont y sus secuaces, pero finalmente se vio obligado a cumplir
la ley. Se anunció un 155 blando, gracias a la hábil mediación en
clave electoral de Miquel Iceta, y órganos clave como TV3 quedaron
en manos de los separatistas.
Quince días después, ¿ha cambiado algo en la región? Pepe
García-Saavedra realiza un preciso análisis de la situación en
Cataluña: la intervención de las cuentas públicas fue anterior a la
aplicación del 155, el control de los Mossos está en manos de Ferran
López, número dos de Trapero, y TV3 continúa bajo el control de los
nacionalistas.
La inacción de los Mossos es total. Las imágenes de la huelga
general de la pasada semana no dejan lugar a las dudas. La pasividad
del Cuerpo autonómico ante los piquetes fue aplaudida por el
Ejecutivo. Al día siguiente de los hechos, el ministro del Interior
calificó la labor policial como una actuación “proporcional”, sin
caer en provocaciones “de los radicales”.
Las cosas en TV3 están exactamente igual que antes de la aplicación
del artículo 155: adoctrinamiento infantil, promoción del odio a
España y difusión en exclusiva del relato separatista. Sólo hay una
salvedad, que ya no rotulan a Puigdemont como presidente, sino por
su nombre.
‘Yo estoy fuerte’
Rajoy no es un hombre de grandes titulares, pero el gallego -fiel a
su origen- sabe despachar las preguntas más perniciosas con cierta
soltura. Al ser interpelado sobre la posibilidad de presentarse a la
reelección, el presidente del Gobierno se limitó a responder con una
media sonrisa: “Yo estoy fuerte”.
El círculo cercano al popular salió a celebrar la noticia y
Martínez-Maíllo publicó en redes sociales los “logros” del actual
presidente. Sin embargo, otros no parecían tan felices con la
noticia. José María Aznar aseguraba que no reconocía a su formación
y pedía a Rajoy que no cumpliera con un tercer mandato.
“El PP se refunda en el año 90, y ahora tengo que hacer esfuerzos
para reconocerlo“, sentenció.
Merkel y la población de sustitución
¿Recuerdan cuando Viktor Orbán advertía sobre las intenciones de
parte de las élites mundiales con respecto a los denominados
refugiados? El primer ministro húngaro pidió auxilio para los
verdaderos exiliados por la guerra y denunció que la mayor parte de
los recién llegados a Europa no huían de ningún conflicto. La
opinión pública y los principales líderes europeos pusieron el grito
en el cielo y denunciaron la “xenofobia” de los países de Visegrado.
Dos años y medio después la realidad es bien diferente. Europa sigue
el sendero marcado en la agenda política internacional que da
validez al concepto de población de sustitución. Angela Merkel está
dispuesta a activar la reunificación de refugiados en el país. El
derecho de asilo ampara esta posibilidad, pero actualmente se
encuentra suspendida hasta marzo de 2018, pues más de un millón de
refugiados han ingresado al país y esta cifra irá en aumento.
Conviene diferenciar entre refugiados de guerra y migrantes
económicos. Los grandes empresarios aprovecharon la crisis
migratoria y la situación en Oriente Medio para auspiciar la llegada
de estos últimos con el foco puesto en una bajada salarial gracias a
la entrada en las principales potencias europeas de mano de obra más
económica que la local.
Las autoridades alemanas han admitido que no se han producido los
controles necesarios en los recién llegados, pero Merkel está
dispuesta a dar luz verde a la reunificación de miles de personas
que han entrado en la Unión Europea sin los controles pertinentes y
sin comprobar si procedían de zonas en conflicto. ¿Hasta cuándo,
Europa?
¿Y quién pagará los estragos del «procés»?
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 15 Noviembre 2017
El llamado procés, neutro apelativo con el que el independentismo
intentó disfrazar el más grave atentado sufrido desde 1978 en España
por las instituciones y las libertades democráticas, se ha hundido
en un charco de cobardía, payasadas y traiciones, prueba irrefutable
del irresponsable aventurerismo de quienes, dentro o fuera de
Cataluña, han impulsado, apoyado o justificado la sedición.
El procés es sin duda la página más vergonzosa de la reciente
historia catalana, tanto que los historiadores (¡es un decir!)
dedicados a manipularla preparan ya la versión patriótica de ese
naufragio pavoroso. Estén seguros: el procés no tardará en sonrojar
incluso a quienes siguen alzando su voz defendiendo el esperpento
que, para hartazgo general, ha tenido durante muchos meses a nuestro
país paralizado.
Sin embargo, ningún independentista pedirá disculpas a los cientos
de miles de catalanes cuya convivencia con familiares, amigos y
compañeros de trabajo ha sido destrozada por la locura del procés.
Ninguno reconocerá el daño inmenso que el disparate de la rebelión
ha causado a la imagen de Cataluña y a la de España en su conjunto.
Ningún rebelde admitirá que la pretensión de hacer de Cataluña una
república independiente suponía, desde el principio, un auténtico
delirio. Ninguno de los nacionalistas que, fuera de Cataluña, han
apoyado ese monumental desaguisado reconocerá el gravísimo error en
que han incurrido al confiar en unos facinerosos, que, eran, además,
unos cantamañanas formidables. Ni, en fin, ninguno de los
nacionalistas ni de los podemitas que propalan la mentira de que en
España hay presos políticos se atreverá a reconocer lo que en su
fuero interno saben ya la mayoría: que de no haber venido el Estado,
155 en mano, a resolver el gravísimo problema provocado por la
rebelión nacionalista, Cataluña sería hoy un territorio a la deriva
y España habría perdido todo el prestigio trabajosamente ganado
durante las cuatro últimas décadas.
Y es que aquí, al parecer, no ha pasado absolutamente nada. Tanto
que -no les quepa duda- ninguno de los dirigentes de partido que han
metido a Cataluña y al resto del país en su mayor crisis
constitucional desde 1978 dejara la política tras el inmenso fiasco
del procés.
Los separatistas ya han perdido
José García Domínguez Libertad Digital 15 Noviembre 2017
El 22 de diciembre no habrá en el Parlament una mayoría suficiente
para dar apoyo a la eventual constitución de un Gobierno
independentista.
Da igual lo que ocurra en las urnas el 21 de diciembre. Ocurra lo
que ocurra, ellos ya han perdido. Y ellos son los separatistas. Para
un barcelonés perplejo como yo, siempre habrá dos misterios
incomprensibles en ese tedioso asunto, el del micronacionalismo
local. El primero es el de cómo entender que los catalanistas hayan
logrado persuadir a tantos y tantos españoles de que ellos
representan el supremo exponente de la modernidad, del
cosmopolitismo europeo e ilustrado dentro de la Península Ibérica.
Para mí, que arrostro la penitencia de convivir con ellos desde hace
56 años y algún mes, eso siempre constituirá un arcano absoluto. El
segundo enigma tiene que ver con otro encantamiento colectivo que
sufren mis compatriotas en su percepción de esa gente. Me refiero a
la tan generalizada presunción de que los distintos líderes del
separatismo catalán siempre han sido personas muy inteligentes.
La suprema inteligencia presunta de Jordi Pujol, ese viejo ladrón
que está acabando sus días como un paria, un apestado incluso entre
los suyos, reconozco que no soy capaz de verla por ninguna parte. Y
la de Artur, el Astut, aquel altivo y engallado milhombres que ahora
anda rogando limosna por las esquinas para no ser desahuciado por el
Tribunal de Cuentas, tampoco se me antoja la propia de un
superdotado. En cuanto a las de Junqueras, Puigdemont, los Jorges y
el resto de la colla, por piedad cristiana más vale no decir nada.
Por lo demás, podría pensarse que, tras la que han liado, ya habría
elementos suficientes para hacerse una idea precisa de hasta qué
altura se eleva el encefalograma de esa tropa. Bien, pues no
contentos aún con su cuadro clínico, lo acaban de empeorar en las
ultimísimas horas. Tan propagandísticamente eficaz pero tan
políticamente insensata, la decisión adoptada por Esquerra y el
PDeCAT de presentar a los supremos responsables del fiasco
insurgente, tanto los encarcelados como los expatriados, como
candidatos principales en sus listas los aboca a otro callejón sin
salida. El enésimo, por lo demás.
Porque, tal como acaban de jugar sus cartas, lo único seguro es que
el día 22 de diciembre no habrá en el Parlament una mayoría
suficiente para dar apoyo a la eventual constitución de un Gobierno
independentista. Y no la podrá haber por la muy sencilla razón de
que más de una docena de sus diputados electos seguirán en situación
de prisión preventiva a lo largo de, como mínimo, los dos primeros
años de la legislatura, el tiempo que es razonable suponer que
tardará en iniciarse el juicio en el Tribunal Supremo por el golpe
de Estado del 27 de octubre. Conjetura que avala la vigente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, quien ya en su día
denegó la participación en las sesiones del Parlamento vasco a otro
recluso preventivo que había obtenido acta de diputado, Josu Ternera
por más señas. Al respecto, el reglamento del Parlament es taxativo
e inequívoco: salvo en casos de enfermedad debidamente acreditados,
no se puede delegar el voto ni tampoco ejercerlo a distancia. En
desoladora consecuencia para ellos, Junqueras y Puigdemont se acaban
de constituir en la suprema garantía de que los separatistas no
podrán seguir mandando en Cataluña, y ello con independencia de lo
que voten los electores en las urnas.
Son muy listos, sí, listísimos. Cráneos privilegiados.
La independencia era una broma ejecutada
por un circo de payasos
Jesús Cacho vozpopuli.es 15 Noviembre 2017
La señora Rovira voló ayer a Bruselas para parlamentar con el
prófugo Puigdemont y el resto de consejeros huidos. Poco se sabe de
este viaje, presumiblemente orientado a seguir manteniendo la
ficción del “President Puigdemont” de cara a esas bases indepes
desconcertadas
Así contestaba el 18 de diciembre de 2012 Marta Rovira a una
periodista de France24 que le preguntó, rueda de prensa mediante,
"cómo piensan financiar la separación con España". Y aquí la
experta, tras un acollonado "pues, buena pregunta" que suena a no
tengo idea, a me has pillado en bragas, empieza a balbucir tras el
atril, "umm, la verdad es que, ummm, tendremos muchas posibilidades
de hacerlo porque, ummm, estamos estudiando una nueva vía de
ingresos ennnn, ummmm, los presupuestos de la Generalitat de
Cataluña, contaremos también con, ummm, una, una Agencia Tributaria
propia, aaaa, ummmm, y por lo tanto empezaremos a hacer la
liquidación y recaudación de nuestros impuestos y, a dedicar, ummmm,
en lo más riguroso que sea posible, aaaaa, a invertir los actuales
recursos, tanto humanos, como también, aaaa, ummm, institucionales
de las Administraciones, pues de la mejor manera posible para, para
que el presupuesto dedicado a esta trasc, transición nacional sea
justo, sea estricto, y, en fin, ummmm, sea lo que toque para… (largo
silencio) para financiarlo".
Es la transcripción literal de la respuesta. El vídeo sigue estando
al alcance de cualquiera en YouTube, pero les advierto que su
visionado puede herir seriamente la sesera de cualquier persona
mínimamente leída y acostumbrada a expresarse con un mínimo de
soltura y racionalidad. La número dos de Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), la Secretaria General del partido muy posiblemente
llamado a ganar las próximas elecciones autonómicas, no tenia, no
tiene, ni idea de cómo se iba a financiar esa República Catalana de
la que iban a manar ríos de leche y miel para felicidad de sus
habitantes en cuanto se declarara la independencia. La doña, una
señora de porte agradable por lo demás, tuvo ocasión de expresarse,
que uno recuerde, en el Congreso de los Diputados el 8 abril de 2014
con otro penoso discurso, memorizado y mal recitado, rociado de un
falso sentimentalismo, en el que vino a quejarse amargamente de la
incapacidad de los españoles mesetarios para comprender las
aspiraciones y anhelos del independentismo. De vergüenza ajena.
Esta indigente intelectual, esta cabeza de chorlito incapaz de
enhebrar una sencilla frase con sujeto, verbo y predicado
(descartemos las oraciones subordinadas como misión imposible), cuyo
protagonismo ha sido más que notorio en estas últimas semanas
(recuérdenla haciendo la señal de la victoria, brazo en alto, tras
depositar su voto en aquella urna circunstancial en la Independence
Night del 27 de octubre; recuérdenla también, más recientemente,
llorando desconsolada tras la prisión incondicional para Junqueras y
otros siete ex consellers: "No nos rendiremos, no lo haremos,
lucharemos hasta el final. Lucharemos hasta el final porque tenemos
derecho a vivir en un país más justo, más digno y más libre") es
todo un poder fáctico en el Movimiento independentista, llamada a
ocupar un puesto protagonista en un futuro Govern a la sombra del
gran Junqueras, otro lumbreras, supuesto historiador metido a
conseller de Economía sin idea del asunto, con tan poca idea que
aseguraba, sin temblarle la voz, que las empresas jamás huirían de
Cataluña en caso de independencia.
La señora Rovira voló ayer a Bruselas para parlamentar con el
prófugo Puigdemont y el resto de consejeros huidos. Poco se sabe de
este viaje, presumiblemente orientado a seguir manteniendo la
ficción del “President Puigdemont” de cara a esas bases indepes
desconcertadas, que Junqueras y Puchimón no se hablan, se detestan
con saña sin que intenten siquiera disimularlo, pero hay que seguir
fingiendo, hay que seguir engañando, farsantes, a la parroquia de
ilusos que ha comprado la mercancía averiada de la independencia,
hay que seguir alimentando la gran estafa intelectual y moral de
este Movimiento de gañanes mantenido por esas elites del catalanismo
que, siempre en la retaguardia, sin dar nunca la cara, han apostado
un dinero de bolsillo en la ruleta de la independencia, colocando
como mascarón de proa el rostro pétreo de estos indocumentados que
han sido capaces de llevar a Cataluña hasta el borde mismo del
abismo.
Una estafa a casi 2 millones de catalanes
Puchimón nos ha sorprendido desde Bruselas con la nueva de que es
"posible" una solución para Cataluña que no sea la independencia,
una confesión que habría que tomar a chirigota si no fuera por los
costes que para la convivencia, no solo para la Economía, ha tenido
esta aventura. Coincidía así con la sectaria ex consejera de
Educación, Clara Ponsatí, que este fin de semana aseguraba que esta
tropa no estaba "suficientemente preparada" para desarrollar la
república, reconocimiento también asumido ayer mismo por otro de los
fugados a Bruselas, el ex consejero de Salud Toni Comín, para quien
el Govern no estaba listo para asumir la independencia hasta las
últimas consecuencias: "ahora toca fijarse en los límites y ser
conscientes de que la independencia, que sólo se puede hacer de
manera pacífica, requiere un trayecto más largo". Ahí le duele. Ahí
apunta sin pretenderlo Comín al corazón de un problema que el
Gobierno Rajoy debería haber dejado resuelto, con la ley en la mano
y 155 mediante, para los próximos 50 años. ¿Te parece ese un
trayecto suficientemente largo, Comín?
Ahora resulta que la independencia era una broma ejecutada por un
circo de payasos de la talla de Puigdemont, Junqueras, Rovira et
altri. Una broma con la que han engañado a casi 2 millones de
catalanes. No estaban preparados para el gran salto, y su
proclamación fue un acto meramente "simbólico", argumento con el que
la sacerdotisa del prusés, presidenta del Parlament, señora
Forcadell, dio esquinazo a la cárcel con ese ejercicio de apostasía
que incluyó "renunciar a la actividad política futura o, los que
desean seguir ejerciéndola, renunciando a cualquier actuación fuera
del marco constitucional", lo que en otras palabras equivale a decir
que la feroz Forcadell se ha ciscado en esa Declaración Unilateral
de Independencia (DUI) con la que estos supremacistas alicatados
hasta el techo nos han martilleado durante años. El paisaje para
después de la batalla que ofrece el Govern es tal que así: unos han
apostatado, otros están en la cárcel, y otros más han huido a
Bruselas. Son los tontos útiles, los indigentes intelectuales que
han puesto la cara. Los responsables ideológicos, los Pujol, los
Mas, los Rodés, los Carulla y por ahí, siguen escondidos y en espera
del pacto.
Que a nadie se le ocurra, sin embargo, cantar victoria. Con un
Gobierno como el que preside Rajoy es una locura imaginar siquiera
esa victoria que, dada la calaña intelectual y moral de los
contrincantes, tendría que haber sido por goleada. Todo está en el
aire. Todo pendiente de lo que deparen los dados del 21 de
diciembre. Con los "malos" disponiendo a placer de casi todos los
medios para seguir ejecutando su pérfido programa de intoxicación
colectiva. En Barcelona y en Madrid. La señora Rovira sigue sin
tener ni idea de cómo se financiaría la República Catalana, ni falta
que le hace. Ella tiene suficiente con poder seguir mintiendo
impunemente en esos medios de comunicación que pagamos todos.
Puigdemont, Junqueras, Rovira, Forcadell, Gabriel (¡no te vayas,
Anna, por Dios, no nos dejes, qué haríamos sin ti!), Rufián… Un
ramillete de enajenados cocidos a fuego de una mentira recitada una
y mil veces, que han situado a Cataluña y al resto de España al
borde del abismo, mientras Mariano toca la lira de la moderación
desde los altos de la Moncloa.
La Conexión Española
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 15 Noviembre 2017
Aterrados por las encuestas, los podemitas han ideado un eslogan que
los retrata: Conectar con España. Esa tarea exige, naturalmente,
desconectarla antes y despedazarla en repúblicas de taifas, como
pactaron Junqueras e Iglesias en Can Roures. Pero el millón de
barceloneses que ha salido a la calle en el último mes enarbolando
cientos de miles de banderas españolas está muy conectado con
España. El Gobierno de Rajoy, telesocio de Iglesias, es el que no
conecta con ellos y no tritura la estructura golpista, cuyo gran
legitimador es el que iba para Lenin de Vallecas y se ha quedado en
Duran i Lleida de Ada Colau.
Si Podemos, íncubo de Venezuela y súcubo de Irán ("cabalgar las
contradicciones", llamaba Iglesias a lo que ahora denuncia en los
juzgados) se hunde en las encuestas mientras sube Ciudadanos, y PP y
PSOE se estancan es precisamente porque la nación española, la única
nación que Iglesias no reconoce en España, se ve en peligro y
reacciona masivamente contra una casta política, en la que pastan
Podemos, sus confluencias y alcantarillas, que quiere cargarse la
Constitución, que quiere despojar de la soberanía nacional a todo el
pueblo español, sujeto político constituyente y fuente de
legitimidad de cualquier legalidad institucional. Si en vez de
degradarlo a gente, Iglesias respetara al pueblo español, que así
figura en la Historia Universal, no iría camino de la ruina en las
urnas.
Pero España está muy bien conectada desde hace 2.000 años. Las
calzadas romanas son una red de conexión sólo mejorada por el AVE. Y
hace muchos siglos que los españoles tienen una formidable conexión:
la lengua española nacida en Castilla, lingua franca o lugar de
encuentro de los romances peninsulares en que se dispersó el latín.
En esta lengua diferente a todas y por eso mismo aceptada por todos,
se entendieron siempre los españoles y ahora lo hacen 500 millones
más. ¿Qué habrían hecho etarras y podemitas en Caracas sin el
español?
Y esta lengua, cuya literatura nos honra y precede, está siendo
atacada salvajemente en las escuelas bajo yugo separatista, como
muestran los terribles informes de EL MUNDO. Esa es la conexión que
quieren destruir los socios de Iglesias, a cuyo servicio gritó
"Visca Catalunya lliure i sobirana!". Conectaos a España vosotros,
que nosotros ya estamos conectados.
«Efecto llamada» de denuncias por
adoctrinamiento en las aulas de Cataluña
Méndez de Vigo propone el expediente del archivo disciplinario que
le abrió la Generalitat antes del 155
PALOMA CERVILLA / ESTHER ARMORA ABC 15 Noviembre 2017
La Consejería de Educación de la Generalitat, que ahora preside el
ministro de Educación, desde que comenzaron a aplicarse las medidas
aprobadas en el Senado para la aplicación del artículo 155 de la
Constitución, ha decidido archivar el expediente disciplinario por
una falta grave que la Generalitat, entonces gestionada por la
consejera Clara Ponsatí, le abrió al inspector de Educación, Jordi
Cantallops. Este funcionario había denunciado adoctrinamiento en los
colegios catalanes en una entrevista en El Mundo.
Esta es la primera medida de calado que ha adoptado el ministro de
Educación como consejero de este departamento en Cataluña, Íñigo
Méndez de Vigo, desde que asumió las competencias educativas. Una
vez que la comunicación de esta propuesta de archivo ha sido
comunicada al interesado, éste cuenta con cinco días para realizar
sus alegaciones, según fuentes educativas.
Las dos personas que estaban detrás del expediente sancionador
abierto al inspector Jorge Cantallops son el suddirector general de
la Inspección de Educación, Manel Busom Torres, que propuso su
apertura el 19 de octubre, y Lluís Baulenas, secretario general del
departamento de Enseñanza, que desembarcó en la consejería con la
consejera Clara Ponsatí y hasta antes del 1-0 compaginaba su cargo
de secretario general con el de presidente del Consorcio de
Educación de Barcelona.
Busom continúa como subdirector general de este cuerpo, cargo de
confianza que compatibiliza con el de inspector educativo.
Cargos de confianza
Por lo que respecta a Lluís Baulenas i Cases, la consejera Clara
Ponsatí lo nombró secretario general de Enseñanza). Todavía mantiene
ese cargo que, hasta tres semanas antes del referéndum del 1-0,
compaginaba con el de presidente del Consorcio de Educación de
Barcelona, que gestiona los centros educativos catalanes.
Ponsatí lo apartó de la primera línea del Consorcio y lo dejó como
su mano derecha en el departamento. Su objetivo era asumir
directamente el control de los centros educativos de Barcelona el
1-0, ante posibles represalias al ser utilizadas las instalaciones
educativas como sede electoral. Hoy sigue apareciendo en la web
oficial como secretario general del departamento y es él quien, en
estos días de aplicación del 155, es el interlocutor oficial con el
Ministerio de Educación. Los sindicatos apuntan que las relaciones
entre el departamento de Enseñanza y el Ministerio no solo no son
fluidas sino que son casi inexistentes.
La denuncia que realizó el inspector se ha visto reflejada también
en las quejas que padres de alumnos han enviado al Ministerio de
Educación. Son ya tres los requerimientos formales que se han
enviado a la Generalitat, antes de la aplicación del 155.
Por su parte, desde que Sociedad Civil Catalana (SCC) abriese hace
unos días una web para que se denuncien posibles casos de
adoctrinamiento en las aulas, «han aumentado y en bastante número»
las denuncias formuladas, confirman a ABC fuentes de la entidad.
Un escándalo con todo por resolver
OKDIARIO 15 Noviembre 2017
La exclusiva que les desvela OKDIARIO pone negro sobre blanco muchos
interrogantes y una gran certeza: todo está por resolver al respecto
de la matanza en Barcelona y Cambrils. Un asunto donde la
negligencia fue la gran protagonista, ya que los Mossos contaban con
información suficiente como para haberlo evitado. La CIA los había
avisado de que los yihadistas preparaban un atentado en La Rambla,
también la Policía durante el pasado mes de mayo y, para más inri,
el amplio grupo de radicales estaba controlado. Además del trabajo
que está realizando el magistrado Fernando Andreu, ahora que el
Gobierno tiene el mando de los Mossos a través del Ministerio del
Interior puede investigar de manera minuciosa qué pasó realmente en
los instantes previos a que Younes Abouyaaqoub asesinara a 15
personas en la Rambla de Barcelona y dejara más de 120 heridos.
Especialmente después de que este periódico haya descubierto que un
mosso habló durante cuatro minutos con el terrorista a dos horas de
que se produjera la matanza.
Algo muy extraño sobrevuela todo este tema. Esa llamada se pudo
producir por varios motivos, pero todos ellos nos llevan a pensar en
una acción mal ejecutada y peor resuelta que, además, tuvo una
conclusión funesta con el segundo peor atentado en la historia de la
ciudad tras el de Hipercor de 1987. Bien porque fuera un confidente
o bien porque fuera un error de cálculo —pudieron geolocalizar al
individuo— ahora resulta perentorio encontrar al policía autonómico
que efectuó la llamada o, en su defecto, al jefe que la ordenó. Será
la única forma de esclarecer verdaderamente lo sucedido. No
obstante, lo que sí es cierto es que la gestión de aquellos días por
parte de los entonces hombres de Trapero deja bastante que desear.
Un caso que tiene en Alcanar el símbolo de las muchas negligencias e
inexactitudes cometidas.
Allí había 100 bombonas con capacidad para reventar el centro de
Barcelona. Nadie se extrañó ni pidió los certificados
correspondientes para acumular tal cantidad de butano. Allí
encontraron también la acetona —500 litros nada más y nada menos— y
el ácido sulfúrico para hacer el explosivo denominado como la madre
de Satán. Y los perros que habían sido entrenados específicamente
para descubrir este tipo de compuestos ni siquiera acudieron a aquel
laboratorio del terror. Sólo cuando la furgoneta pasó por encima de
decenas de personas, alguien pensó que quizá aquel chalé del demonio
tenía algo que ver con el atentado. Demasiado tarde entonces y
tardísimo ahora cuando, además, averiguamos que alguien habló con el
terrorista desde una oficina de los Mossos sin conocer el modo ni el
fin. Ahora que el 155 ha puesto al Ejecutivo al frente de la policía
autonómica es preciso que se busquen las respuestas que aún no se
han dado. El caso está más abierto que nunca. Si aquella llamada fue
una negligencia, nefasto. Si fue intencionada… entonces alguien
tendrá que dar muchas explicaciones.
Cómplice por omisión
OKDIARIO 15 Noviembre 2017
Si Uxue Barcos permite el homenaje a José Miguel Gaztelu estará
siendo cómplice con su silencio de una fiesta ignominiosa. Un
demócrata que se precie tiene que ser meridiano en estas cuestiones,
estar siempre en contra de los terroristas y no lavarse las manos al
estilo de Poncio Pilatos. Especialmente si tenemos en cuenta que
Gaztelu asesinó a dos guardias civiles en 1987. Final que también
habría tenido el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara
de no haber sido por la actuación de la propia Benemérita, cuyos
agentes lo sacaron del zulo de Mondragón cuando estaba al límite de
sus fuerzas tras los 532 días enterrado en vida que comenzaron
cuando lo raptó el etarra. ¿Qué homenaje puede tener un asesino así?
¿Cómo es posible que Barcos no diga nada? No es la primera vez que
la presidenta de Navarra se sitúa del lado de los proetarras que
habitan en las instituciones —de hecho, son sus socios de Gobierno—
que es lo mismo que proteger el ignominioso legado que dejó su
actividad cuando estaba encomendada a la violencia.
El pasado mes de marzo, Geroa Bai ya cedió a los deseos de EH Bildu
y permitió que la ikurriña ondeara en los edificios públicos en
detrimento de la bandera de Navarra. Ni que decir tiene que la
enseña vasca es totalmente respetable, pero dentro del País Vasco y
no como un símbolo utilizado por los herederos de ETA para hacer un
ejercicio de colonización institucional, extender su particular
“espacio vital” territorial y despreciar, de paso, a los propios
emblemas de los navarros. Por desgracia, sólo es una prueba más de
hasta qué punto ha llegado el Gobierno de Barcos, incapaz de
condenar la brutal paliza que un grupo de abertzales propinó a dos
guardias civiles en Alsasua. Su consejera de Interior, María José
Beaumont, incluso se atrevió a decir en aquel momento que la
detención de algunos de estos agresores era “innecesaria”.
Este mismo martes, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el
País Vasco (Covite) ha enviado una carta al presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que desmonta las mentiras de
los proetarras sobre Alsasua. Una medida más que lógica si tenemos
en cuenta la inacción cómplice de la regidora autonómica. Incapaz de
condenar que un auténtico desalmado como José Miguel Gaztelu sea
recibido como un héroe en la localidad navarra de Baztán. Tanto el
Gobierno como la Fiscalía deberán estar muy atentos a cualquier
delito de odio o apología del terrorismo que pudiera producirse el
próximo sábado. Se lo deben a la legalidad vigente y, sobre todo, a
la memoria de los dos guardias civiles asesinados y a un hombre como
Ortega Lara, ejemplo para cualquier español de la lucha de la
libertad contra el totalitarismo fascista de los que sólo entienden
la política bajo los preceptos del terror. Con Uxue Barcos no se
puede contar.
El PSOE respalda en Baleares defender a los
profesores separatistas de las “campañas centralistas”
Carlos Cuesta okdiario 15 Noviembre 2017
El PSOE acaba de votar en Baleares a favor de la defensa de los
profesores separatistas. Lo ha hecho en el Consell de Mallorca de la
mano de todas las formaciones podemitas y contrarias a la
Constitución y la unidad de España.
Allí, el Pleno del Consell de Mallorca ha firmado “rechazar sin
reserva la campaña orquestada las últimas semanas contra el sistema
educativo balear y contra el profesorado, por considerar que no
tiene ni el más mínimo fundamento y que sólo persigue el objetivo de
crispar artificialmente la opinión pública para conseguir una
recentralización y un mayor control por parte de la Administración
del Estado de lo que son competencias de las Islas Baleares en
materia educativa desde hace 25 años“.
El PSOE respalda en Baleares defender a los profesores separatistas
de las “campañas centralistas”
El párrafo califica, así, como “campañas centralistas”, “sin el más
mínimo fundamento” y con el único objetivo de “crispar
artificialmente” a las quejas de padres y profesores por el
adoctrinamiento pancatalanistas en las escuelas. Un adoctrinamiento
que, como adelantó OKDIARIO, ha llevado a los “coordinadores
lingüísticos” a dar órdenes por WhatsApp a los profesores para que
no hablen en castellano “si hay presencia de algún alumno”.
O a las quejas de las mismas familias por ver como sus hijos, para
poder aprobar un ejercicio de lengua, tenían que opinar sobre el
siguiente párrafo: “Quiero ser rey, ser por cojones jefe del Estado;
tenerlo todo hecho sólo por ser hijo de papá; […] nunca ser elegido,
nunca ser votado […] estar rodeado de un puñado de lameculos,
sudando infalibilidad como un cacique o un dictador […] pegar un
polvo con la total seguridad de que el chiquillo tendrá el futuro
encaminado”, como ha ocurrido en el Instituto Público s’Arenal.
O a que en las reuniones con padres en los colegios, la dirección
del centro pida a las familias comunicarse exclusivamente en catalán
ante sus hijos, y, si no, pueden, que lo hagan “por señas”, como ha
ocurrido en el Colegio Público Ses Rotes Velles de Santa Ponça, no
vaya a ser que hablen en castellano en algún momento de su vida.
Para los grupos políticos que han respaldado esta moción en el
Consell, el resumen del sistema educativo que alberga estas
prácticas y la orden oficial de impulsar “el catalán” en el modelo
educativo es “que siempre se ha desarrollado de forma ejemplar y
pacífica y sin generar ningún tipo de conflictividad social”.
Y ello, aunque todos esos partidos saben perfectamente que todo
viene precedido del acuerdo político de socialistas, podemitas y
separatistas por el que se modificó la ley de normalización
lingüística para asegurar que sea “efectivo el uso progresivo y
normal” de la lengua catalana en el “ámbito oficial y
administrativo”. Un cambio dentro del cual los topónimos, por
ejemplo, pasaban a tener como “única forma oficial la lengua
catalana”.
Todo ello, hay que recordar, con el voto a favor del mismo PSOE que
asegura ahora ser el garante de la defensa constitucional en Madrid.
La explicación de los firmantes es aún más llamativa. Porque afirman
en esta moción en concreto que “la nueva Ley Orgánica de Educación
patrocinada desde el Gobierno de Madrid, de la mano del ministro
Wert, la falta crónica de recursos de las escuelas, […] y el ataque
sistemático a la lengua y cultura de nuestra tierra por parte de las
sucesivas normativas tanto estatales como autonómicas o por campañas
de acoso contra los directores y el profesorado de diversos centros
educativos, con denuncias de supuestos episodios de discriminación o
de adoctrinamiento de alumnos por razones políticas o lingüísticas,
todas ellas sin el más mínimo fundamento, acabaron con la paciencia
de la sociedad civil balear” hace ya cuatro años.
Pese a eso, afirman estos grupos políticos, “lamentablemente tenemos
que volver a sufrir la orquestación de una nueva y artificial
campaña de desprestigio dirigida contra el profesorado y contra los
sistemas educativos de Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Una
estrategia que viene acompañada de una demanda de recentralización y
de una mayor fiscalización de las competencias educativas por parte
de la Administración del Estado en aquellas comunidades que tienen
lengua propia”, todo ello, tras denominar sistemáticamente como
“catalán” a la lengua balear, y nunca mallorquín. Y tras ligar
expresamente el modelo educativo catalán al balear.
Los partidos, entre los que se encuentra el PSOE, pretenden, además,
que esta moción se apruebe en los “Ayuntamientos de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera. Con ella queremos dejar claro a todos
aquellos que quieren manipular y crispar la opinión pública en
nombre de la supuesta ‘defensa de la libertad y la democracia’, que
siempre se encontrarán en frente a toda la sociedad civil”,
cuestión, tan civil, que la hacen desde los partidos.
La citada moción sólo contó con el voto en contra de Ciudadanos. El
PP decidió abstenerse.
El “relato del terrorismo”: elaboración,
mercancía averiada y memoria
Víctor Javier Ibáñez: "La equidistancia entre víctimas y verdugos es
una bajeza moral"
Una entrevista de Fernando José Vaquero Oroquieta
latribunadelpaisvasco.com 15 Noviembre 2017
Nos encontramos en un momento histórico en el que algunos actores
sociales pretenden elaborar, de manera unívoca y académica, el
denominado “relato del terrorismo”; maniobra impulsada especialmente
desde diversas administraciones autonómicas con evidentes
intenciones. De modo paralelo, dicha problemática pierde
protagonismo en los medios de comunicación, eclipsándose rápidamente
entre las preocupaciones percibidas como acuciantes por la sociedad
española. Por lo que respecta a su deriva judicial, parece
extinguirse poco a poco, sin ofrecer respuesta a 300 asesinatos
pendientes de resolución y miles de delitos de otras tipologías
perpetrados por una organización terrorista, todavía viva, cuyos
líderes y activistas son recibidos como héroes con total impunidad.
Con este mar de fondo, el escritor Víctor Javier Ibáñez viene
investigando el terrorismo centrándose en la dimensión humana y
política de un grupo particularmente revictimizado: el del entorno
tradicionalista.
Historiador, funcionario de carrera de la Administración territorial
de la AGE, activista ciudadano, es autor del libro "Una resistencia
olvidada: tradicionalistas mártires del terrorismo" (Ediciones
Auzolan, 228 páginas, Córdoba, 2017). El próximo día 22 de noviembre
hablará de todo ello en una nueva convocatoria de las cenas-tertulia
“Diálogos en Pamplona” (*).
Se viene afirmando que “como ETA ya no mata”, desde hace unos pocos
años, la sociedad estaría “normalizada”. Desde su experiencia como
investigador, y en contacto permanente con no pocas víctimas
directas del terrorismo, ¿qué juicio le merece esta opinión cada vez
más extendida?
Es una afirmación claudicante en la forma y mendaz en el fondo.
Porque lo “normalizado” sería la institucionalización de la banda
terrorista, lo que es una afrenta contra el más elemental sentido de
la justicia, un indicativo de las debilidades del sistema político y
de la cobardía que se ha instalado en amplias cotas de la sociedad.
Presenté en una ocasión el libro en el marco de un coloquio titulado
“Terrorismo etarra, ¿fin o transformación?”. Tuve el honor de
compartir mesa con Carmen Ímaz, hija del Cmdte. Joaquín Ímaz, primer
asesinado por ETA en Navarra. El estado de ánimo de los que han
padecido directamente la lacra terrorista no puede sufrir un ataque
más directo que por parte de los que quieren “normalizar” esta
transformación.
Stalin afirmaba que “Una muerte es una tragedia. Cien millones de
muertos, una estadística”. ¿Considera que cuando se habla del
“colectivo” de víctimas del terrorismo concurre algún fenómeno
psicosocial análogo?
Necesariamente una imagen de colectivo desfigura los contornos
particulares, sin embargo sólo los cínicos o los estalinistas –o
alguien en quien concurran ambos rasgos, lo que suele ser norma- dan
ese tratamiento a las víctimas. Y lamentablemente esas tipologías
tienen cierto predicamento en los medios de comunicación de masas.
Desde el acervo de sus estudios históricos, ¿concluiría que las
víctimas del terrorismo del entorno tradicionalista permanecen
postergadas?, ¿por qué?
Sí, fundamentalmente, por dos razones. En primer lugar, el
tradicionalismo sufría una profunda crisis a nivel organizativo en
los años de la ofensiva terrorista, por lo que podía pasar
desapercibido el carácter tradicionalista de la víctima. En otras
ocasiones este hecho servía de coartada para ocultar deliberadamente
dicho carácter desde posiciones contrarias al tradicionalismo. Y en
segundo lugar porque si las víctimas de ETA siempre han rechazado el
protagonismo este rasgo aún se acentúa más en el universo
tradicionalista, que hacía llevar la pérdida de un ser querido con
una dignidad admirable por la fe en la Misericordia y en que “ante
Dios no serás héroe anónimo”. Por eso muchas historias no han
trascendido de un ámbito estrictamente doméstico. En este sentido me
siguen resultando impactantes y edificantes varios ejemplos
recogidos en el libro. Como el de Luis María Uriarte, quien murió
después de cinco días de agonía tras recibir nueve heridas por
impacto de bala en partes muy dolorosas, y con sus escasas fuerzas
pudo decir que perdonaba a sus asesinos.
Merced al impulso de la Fundación Villacisneros se están reabriendo
algunos atentados terroristas décadas después de haber tenido lugar.
Pero, según diversos informes, serían, únicamente en lo que se
refiere a asesinatos, no menos de trescientos los pendientes de
esclarecimiento de su autoría y sus diversas responsabilidades. ¿Qué
pasa con los “poderes” del Estado de Derecho? Semejante
comportamiento institucional, ¿es fruto de la desidia o de un
cálculo político a largo plazo?
Concurren ambas motivaciones, directamente relacionadas con la
pregunta inicial sobre la “normalización”. Que a nivel gubernativo
se suele completar con la autocomplaciente y perversa aseveración de
que “los terroristas no han conseguido sus objetivos”. Poco podemos
esperar de las instituciones, por eso es necesario que desde la
sociedad se trabaje para articular iniciativas que en la medida de
sus posibilidades acaben con las vergonzantes omisiones de los
poderes públicos, empezando desde la documentación y la denuncia.
La metodología consistente en sumar a las víctimas del terrorismo
“otras víctimas” (de “excesos policiales”, de bandas de extrema
derecha, etc.), base de diversas iniciativas orientadas a la
“elaboración del relato de la violencia política” impulsadas por
algunas administraciones públicas (especialmente el Gobierno vasco y
el también separatista de la Comunidad Foral de Navarra), ¿es una
opción con base científica” o responde a otros intereses?
Tiene una pretensión absolutamente ideológica y se circunscribe en
la aludida estrategia de transformación de la banda terrorista. Se
está dando cobertura legal a una pretensión que ya se establecía en
documentos internos de la banda en el año 2010.
El fenómeno etarra es terrorismo separatista puro y duro, no se
limita sólo a los asesinatos y además se desarrolla en unos momentos
en que ninguna otra fuerza política tiene voluntad o capacidad de
responder con violencia de manera sistemática al mismo. Cuando se
han producido aislados y puntuales hechos de violencia contra los
terroristas o su entorno los mismos han sido juzgados y condenados
por los tribunales españoles e indemnizados por el ejecutivo. Ese
relato es además absolutamente burdo, pues retuerce los hechos al
extremo, contando como “víctimas” a personas que nada tenían que ver
con el separatismo, a terroristas muertos por manipulación de
explosivos o a accidentados yendo a visitar a terroristas de ETA en
las cárceles, ofreciendo unas cifras que incluso en el caso de dar
por buenas quedan muy lejos por su magnitud representar una lucha
entre “dos bandos”. O si por algún extravio mental se aceptasen
habría que concluir que el bando separatista ha sido, cuanto menos,
el triple de sangriento.
Cuando se reflexiona en torno a los efectos perversos del
terrorismo, ¿qué le sugiere el concepto “equidistancia”?
Bajeza moral.
Como fieles hijos de la Santa Madre Iglesia, ¿cómo han vivido, los
tradicionalistas, la connivencia con el terrorismo y hasta su
justificación, por parte de no pocos pastores de la iglesia y
seglares católicos?
Con profundo dolor, pero sin hacer de ello un juicio global sobre la
Iglesia. Un carlista donostiarra, al que debo mucho en mi
investigación, señalaba la paradoja de que muchas veces se han
exigido responsabilidades a la Iglesia más allá de su vertiente
temporal y humana por determinados grupos que después no han sido
tan severos con la omisiones de la judicatura, los partidos
políticos o el sistema nacido del 78 en general.
(*) Más información e inscripciones: jbasaburua@hotmail.com
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