AGLI Recortes de Prensa   Jueves 16  Noviembre 2017

Obsesos del adoctrinamiento
OKDIARIO 16 Noviembre 2017

No importa cuando lean ustedes este editorial, alguien estará adoctrinando a los niños en Cataluña en ese mismo instante. Ya sea en un centro educativo, a través de la televisión pública, o mediante los libros de texto, los golpistas se han convertido en auténticos obsesos del lavado de cerebros. OKDIARIO quiere denunciar cada uno de estos casos. El futuro es de las personas que ahora están en formación. Para construir una sociedad mejor, ese futuro debe estar libre de pensamientos atávicos y proclamas maniqueas y autoritarias. Por eso resulta imprescindible poner de relieve que, por ejemplo, hay niños de 4 y 5 años que son obligados a gritar “¡Independencia!” en un colegio público barcelonés.

Este hecho particular, acaecido en el centro de La Farigola de Gràcia, ejemplifica el acoso y la manipulación mental que día tras día sufren los más pequeños. Martilleados intelectualmente por las proclamas golpistas con el objetivo de asentar los preceptos de odio a España. Una manera de someterlos mentalmente pero también de propiciar la ignorancia supina que lleva aparejada la radicalidad. Así es más sencillo manipularlos y conseguir que su voluntad tenga la solidez de un guiñapo. Por todo ello, es necesario que la Fiscalía de Menores esté muy atenta. Los niños han sido utilizados en las manifestaciones para ponerlos como escudos humanos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También han sido exhortados a hacer cortes de manga a los propios agentes o, hace tan solo unos días durante la huelga convocada en Cataluña, incluso los pusieron en medio de una autopista para reclamar la libertad de los Jordis.

Este panorama social y doctrinario no dista mucho de la Venezuela de Maduro, de la Cuba de los Castro o de la Corea del Norte de Kim Jong-un. Si bien el golpismo catalán es pacífico en su ADN —al menos de momento— emparenta con las formas de ponzoñosa persuasión de algunas de las dictaduras más rancias de nuestro tiempo, herederas directas de aquellos regímenes del siglo XX empeñados en aniquilar mental e intelectualmente a sus rivales ideológicos. En ese sentido, iniciativas como las de Sociedad Civil Catalana, que ha presentado un formulario para denunciar a las escuelas por adoctrinamiento, resultan fundamentales para acabar con esta lacra. El Gobierno debe estar muy atento a todos estos factores en su próxima Ley de Educación. El futuro del país pasa necesariamente por salvar a estos niños de la quema propagandística que devora Cataluña.

La reforma constitucional como forma de perder el tiempo
EDITORIAL Libertad Digital 16 Noviembre 2017

El principal problema de la Constitución del 78, no es la dificultad de su reforma, sino el hecho de que no se hace cumplir en buena parte de España

Cuando el principal problema de la Constitución del 78 es que no se cumple ni se hace cumplir en buena parte de España, resulta un poco surrealista que las principales formaciones políticas se propongan reformarla sin llegar, además, al más mínimo acuerdo sobre qué es lo que se quiere cambiar.

Es tristemente cierto que el Gobierno del PP se ha mostrado en varias ocasiones dispuesto a una reforma con la vana esperanza de apaciguar a los separatistas. Recuérdese a este respecto la oferta del infausto ministro Margallo destinada a "encajar el hecho catalán en la realidad hispánica"; o la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, destinada a "reconocer la singularidad catalana". Incluso después de perpetrar los golpistas su segunda consulta secesionista, el pasado 1 de octubre, el Gobierno, por medio del ministro Luis de Guindos, acompañó esa última oferta de reforma constitucional con una no menos repulsiva oferta de pacto fiscal. Eso, por no hablar de la reforma para "acomodar" a los nacionalistas a la que hace escasos días apuntaba el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ante los micrófonos de la BBC.

Afortunadamente, parece que el PP ha rebajado, tras la constitución de la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, las expectativas de los socialistas de abordar después la reforma de la Constitución, tal y como Pedro Sánchez asegura que pactó con Mariano Rajoy antes de que se aplicara el artículo 155. El secretario del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha llegado a afirmar categórico que su partido no aborda ninguna reforma constitucional con la idea de "ceder o premiar a quienes han realizado el mayor desafío a la democracia"; "nosotros no hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución, sino con la de modernizar el Estado autonómico", ha añadido.

No se sabe qué entenderá este irreconocible PP con "modernizar el Estado autonómico", que no sea incrementar todavía más la financiación de las sobredimensionadas Administraciones regionales –de las mejor dotadas de toda la OCDE–, mantener su falta de corresponsabilidad fiscal o la posibilidad de seguir endeudándose. Lo que es evidente es que ni el PP ni ningún otro partido con representación parlamentaria entienden por "modernizar el Estado autonómico" erradicar todas estas lacras o la privilegiada y disfuncional antigualla que constituyen los conciertos vasco y navarro.

Aunque resulte un lamentable contrasentido que Rajoy se comprometiese a abordar una reforma constitucional a cambio de que el PSOE le respaldase en esta timorata y estrecha aplicación del 155, es de agradecer que el PP diga que no va a "ceder" ante ni a "premiar" a los separatistas una vez que estos –junto a sus compañeros de viaje podemitas– han rechazado participar en todo proyecto de reforma constitucional o de modernización del Estado autonómico, por considerarlos insuficientes.

Con todo, la declaración del portavoz del PP de "No venimos con una idea preconcebida de reformar la Constitución" deja como único guión de un eventual cambio de la Carta Magna a la vaga, cuando no disparatada, propuesta del PSOE consistente de un modelo federal y una España como "Estado plurinacional".

Habida cuenta de que las autonomías ya tienen un grado de autogobierno y descentralización superior extraordinario, y del disparate que supone otorgar a cualquier región española el rango de nación – lo que, en términos de derecho constitucional, implica convertirlas en sujeto de soberanía–, la propuesta del PSOE –en realidad más confederal que federal– se limita a un despreciable intento de contentar a unos nacionalistas que, para colmo, no se van a contentar.

Así las cosas, el único consuelo ante este intento de reforma constitucional es que está abocado al fracaso por falta del más elemental e imprescindible consenso. Flaco consuelo, no obstante, si se considera que distrae de la tarea prioritaria de cumplir y hacer cumplir la Constitución en todo el territorio nacional.

El difícil retorno a la legalidad (20)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Noviembre 2017

SANTA RITA, RITA, LO QUE SE DA NO SE QUITA: RAJOY DESCARTA RECUPERAR LA COMPETENCIA EN EDUCACIÓN. LOS GOLPISTAS DICTAN LAS LISTAS ELECTORALES Y SE INCLUYEN.

Mariano Rajoy está dispuesto a seguir la estela característica de los Gobiernos de España desde la Transición: mirar para otro lado y dejar hacer a las autonomías donde gobierna el separatismo y donde se violan de forma sistemática los derechos fundamentales de los españoles. Me refiero al vergonzoso asunto de la “inmersión lingüística” y el adoctrinamiento en la enseñanza en las aulas y en el horario infantil de las televisiones públicas autonómicas como TV3 en Cataluña, o la ETB en el País Vasco y Navarra. Porque ya no se trata de “reforzar el papel de la Alta Inspección Educativa”, un ente fantasma prácticamente inédito e inexistente durante décadas. Y mucho menos de asegurar que “Hay un consenso mayoritario de que el Estado autonómico ha funcionado razonablemente”, sobre todo tras el golpe de Estado dado por el Gobierno de la Generalidad y el Parlamento autonómico de Cataluña. O también la deriva independentista de las comunidades limítrofes de Valencia y Baleares en el llamado pancatalanismo, que busca la confederación de autonomías bajo la denominación de “Països Catalans”, algo expresamente prohibido en la Constitución en el punto 1 del artículo 145.

Mariano Rajoy está dispuesto a seguir cediendo en aquellas materias que debieran ser competencia exclusiva del Estado, cuando en la creación de las autonomías ya se contemplaba en la Constitución en el artículo 149 en su cláusula 1ª como tal competencia exclusiva: “La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Y desde luego el trato de la lengua española y de la enseñanza que la Constitución considera la oficial en toda la Nación y cooficial con las lenguas autonómicas reconocidas: vasco, catalán, valenciano y gallego, ha sido de todo menos en trato de igualdad en esas autonomías. Y ya no solo se trata de la lengua sino también del uso de libros de texto que falsean la historia y adoctrinan en el nacionalismo en todos los niveles educativos, sobre todo en los primeros de la infancia, donde la labor de profesores de ideología independentista son piezas claves en el proceso de manipulación educativa. Algo que se complementa con la labor de esas televisiones públicas controladas por el separatismo. Así que no es de extrañar el que alumnos adolescentes acudan azuzados por sus profesores a las manifestaciones pro independentistas u ocupen centros universitarios reivindicando independencia y no mejorar la enseñanza.

Mariano Rajoy, desoye las voces de su propio partido que le advierten del peligro de ruptura que se extiende por esas comunidades autónomas donde la violación de derechos fundamentales aumenta sin que el Estado de Derecho haga nada por evitarlo. Una dejación y abandono de responsabilidades y de competencias que ha culminado con el auge del independentismo radical que ha pasado a ser una ideología mayoritaria, sobre todo en las nuevas generaciones, y que ha culminado con la declaración unilateral de independencia. Y es que si este Gobierno de Mariano Rajoy ha sido incapaz de acometer cuando podía las reformas necesarias para devolver la legalidad a esas zonas de España declaradas en rebeldía, que desprecian la Constitución de España y desobedecen las sentencias de los Tribunales de España, nunca podrá ser parte de la solución que necesita esta Nación para no desaparecer en manos de traidores y apátridas. Un Gobierno culpable por inacción, por no tener la valentía de acometer las reformas necesarias para recuperar el control, ese que se contempla en el artículo 153 de la Constitución:

“El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.”

A parecer ha tenido que haber denuncias de inconstitucionalidad previas para que el Tribunal Constitucional cumpla con esa misión de control que debiera ejercer de velar siempre por la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley.

Lo peor de todo esto es que somos todos los españoles los que con nuestros impuestos estamos contribuyendo de forma totalmente involuntaria a la propia destrucción de España por la incompetencia de nuestras propias Instituciones y de nuestro Gobierno de la Nación. Y creo que ha llegado la hora de exigir responsabilidades a todos si es que queremos impedir esta catástrofe anunciada que persiguen partidos como PODEMOS (más bien JODEMOS) y el PSPS (Partido socialista de Pedro Sánchez) que quieren consolidar un Estado plurinacional donde los españoles dejemos de llamarnos así para ser un puzle de nacionalidades y realidades soberanas diferentes, excluidos por el idioma común centenario y patrimonio de cientos de millones de personas en el mundo. Un Gobierno incapaz de gobernar liderado por un anodino y apocado funcionario cuya ambición personal es mantenerse en el poder.

Y algo en la ley no va bien cuando los golpistas, actualmente encausados, algunos en prisión preventiva, otros huidos o en libertad condicional, pueden volver a presentarse impunemente en listas electorales, e incluso confeccionarlas a su antojo, por la lentitud de la Justicia a la hora de juzgarles y condenarles y la celeridad del Gobierno de España a la hora de convocar unas elecciones autonómicas sin haber garantizado un mínimo de condiciones para su normal desarrollo. Unas elecciones donde vuelven a poder presentarse aquellos partidos y formaciones que han sido responsables junto al Gobierno de la Generalidad y el Parlamento autonómico, de haber participado de forma activa en el golpe de Estado. Razón más que suficiente para que hubieran sido ilegalizados de acuerdo con la legislación vigente de partidos políticos. Porque la democracia no puede permitir la existencia de quienes solo pretenden destruirla, sobre todo si actúan fuera de la ley. El Estado de Derecho tiene toda la legitimidad para defenderse.

El que figuren estos delincuentes en listas electorales en igualdad con otros demócratas es una aberración y una vergüenza que debería impedirse.
¡Que pasen un buen día!

Más sapos
Cristina Losada Libertad Digital 16 Noviembre 2017

Esperemos que PP y PSOE no caigan en la ignominia de despreciar a una Cataluña no nacionalista que ya no permanece en silencio.

Hace un par de días hablé aquí de los sapos que han tenido que tragar los separatistas catalanes en los últimos quince días. Eran unos cuantos, bien grandes y desagradables, y lo más seguro es que no sean los últimos que van a darles una digestión pesada. Ahora bien, si se mira desde otra perspectiva son muy pocos. Son muy pocos cuando se ponen al lado de los que han tenido que tragar los catalanes no separatistas.

Para empezar, esos sapos que han tenido que digerir los catalanes y españoles contrarios al nacionalismo se han acumulado no en el corto plazo de quince días, sino a lo largo de más de tres décadas. Han sido treinta y tantos años en los que Gobiernos centrales y grandes partidos nacionales se plegaron con pasmosa docilidad a los objetivos y los métodos del nacionalismo catalán: ése que en 2012 se vio ya con fuerza y poder suficientes para trasladar la ruptura con España del reino de sus sueños al terreno de la realidad.

Para hacer recuento de las cosas desagradables que han tenido que encajar los no nacionalistas durante décadas tendría que desbordar los límites de la columna y de la paciencia del lector. Es obligado resumir y, ahí va el resumen: para el nacionalismo catalán todo han sido triunfos. Triunfos parciales, pero importantes. Triunfos más por falta de voluntad ajena que por capacidad propia. Y muchos por incomparecencia del (supuesto) adversario. Lo curioso es que fue precisamente ese trayecto de victoria en victoria el que ha conducido a los nacionalistas catalanes a esta primera derrota.

La especialidad nacionalista, en el discurso político, es el victimismo. Sus triunfos los presentan como derrotas a fin de demostrar cuánto maltrata España a Cataluña a pesar de lo mucho que ellos han puesto de su parte por encajar y entenderse. El destituido y prófugo Puigdemont, por ejemplo, le acaba de contar a un periódico belga que él mismo lleva treinta años trabajando –trabajando– por encontrar una alternativa al encaje que no fuera la ruptura, pero que "la llegada al poder del señor Aznar detuvo esa senda". Aznar. El pacto del Majestic.

Todo el mundo sabe que Aznar pactó con Pujol para poder formar Gobierno en 1996, y que ese pacto supuso más competencias para Cataluña y el apoyo parlamentario del PP catalán a la extinta CiU. También, que no es poco, el apartamiento del dirigente del PP catalán que molestaba a Pujol, Vidal Quadras, y el visto bueno a unas excluyentes leyes lingüísticas. Pues nada. esto lo hace desaparecer Puigdemont, el mago. Falsea la historia, ¡qué raro!, y resulta que fue Aznar el que bloqueó la posibilidad del encaje maravilloso.

De aquellos polvos, estos lodos. El partido de la derecha española siempre prefirió fiarse de la inverosímil lealtad constitucional del nacionalismo catalán de derechas. Pero el partido de la izquierda española no lo hizo mejor. Lo hizo peor al pasarse con armas y bagajes a una causa insolidaria, supremacista, identitaria, a la que puso, además, el marchamo progresista. Unas veces por conveniencia, otras veces por convicción, tanto el PP como el PSOE aceptaron de facto durante décadas que el espacio político catalán era nacionalista y sólo nacionalista. O catalanista y sólo catalanista. Para ellos, los catalanes no nacionalistas no existían: no eran políticamente relevantes. No en el ámbito autonómico. De modo similar a los partidos nacionalistas, condenaron a la Cataluña no nacionalista al silencio y contribuyeron a mantenerla silente.

Decía que la paradoja, para los separatistas, es que de victoria en victoria han llegado a su primera derrota. No es esta una derrota imaginaria, como las que se inventan para nutrir el victimismo. Es la primera derrota real, por lo que no es extraño que anden descolocados y difundan narrativas completamente fantásticas para intentar explicárselo a su gente. Pero este fracaso aún lo podrían transformar en un triunfo, si el PP y el PSOE vuelven, como solían, a cooperar. Si vuelven a caer en el error de tomar a la Cataluña nacionalista por Cataluña. Si caen en la ignominia de despreciar a una Cataluña no nacionalista que ya no permanece en silencio. No. Esa colección de sapos no está cerrada ni mucho menos. La diferencia, y es una gran diferencia, es que no se va a tragar.

Democracia militante
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es 16 Noviembre 2017

El golpe se ha parado, entre los separatistas cunde de momento la desmoralización y el desconcierto y su república imaginaria se ha desvanecido ante sus ojos. Los dirigentes secesionistas están entre rejas o en libertad con medidas cautelares severas, a la espera de juicio, acusados de delitos muy graves que comportan duras penas de prisión y onerosas multas. Son conscientes de que su soñado estado independiente no es viable por carecer de los recursos financieros necesarios, por insuficiencia de estructura institucional y de gestión y por ausencia de reconocimiento internacional. Por consiguiente, su regreso a la realidad ha sido traumático y no parece que estén en condiciones de volver a las andadas a corto plazo. Sin embargo, los turbulentos acontecimientos registrados durante las últimas semanas no han sido sino una batalla más de una guerra que comenzó en España a finales del siglo XIX, guerra entre el colectivismo tribal y la civilización ilustrada que no ha acabado ni mucho menos.

Se trata, simplemente, de que se han precipitado debido a su falta de inteligencia y a su imprudencia, pero han estado cerca de alcanzar su objetivo de liquidación de una de las naciones más antiguas de Europa, además de haber causado un daño tremendo a la economía catalana y a la española en su conjunto. Su irracionalidad, su invención neurótica de agravios inexistentes, su empecinamiento y su indiferencia ante las consecuencias de sus actos siguen ahí y la Historia nos ha demostrado con creces que no van a cejar. Es un hecho conocido que el combate por la sociedad abierta y su marco de libertades y de imperio de la ley es un esfuerzo constante que nunca puede darse por terminado. El optimismo surgido de la caída del Muro de Berlín fue efímero y los cantos triunfales sobre el asentamiento definitivo de la democracia liberal como sistema universalmente reconocido sin rival posible se apagaron pronto sepultados por los horrores de la guerra en la antigua Yugoslavia, el populismo bolivariano y la aparición de las diversas formas de fundamentalismo islámico. Nuestro país no ha escapado a la amarga constatación de la persistencia de los enemigos tradicionales del pluralismo, que siguen siendo el fanatismo, el desprecio a la legalidad, el totalitarismo, la xenofobia y el atropello de los derechos individuales. El lamentable espectáculo vivido recientemente en Cataluña se inserta en este cuadro descorazonador, que es doblemente frustrante al haber sucedido en una democracia próspera y avanzada que debiera en principio estar vacunada frente a tales pulsiones autodestructivas.

Procede ahora tomar las medidas oportunas para que semejante desgracia no se repita. Es obvio, salvo para mentes desorientadas, que hay que emprender un camino de rectificación de los errores que nos han traído hasta la presente catástrofe. Desde esta perspectiva, cabe considerar seriamente una reforma constitucional que, siguiendo el ejemplo del artículo 21 de la Ley Fundamental alemana, proscriba a los partidos que tengan como propósito acabar con el orden democrático o que amenacen la existencia de la Nación, bien sea en su integridad territorial o en su misma supervivencia física al poner en peligro los recursos vitales imprescindibles para su subsistencia. Todos estos supuestos se han dado en el golpe de Estado intentado por los separatistas catalanes, que se han valido de las propias instituciones democráticas para socavar la democracia y la Constitución. Nuestros constituyentes, deseosos de cerrar heridas del pasado e imbuidos de un loable ánimo integrador, descartaron incorporar a la Carta Magna de 1978 un precepto tan drásticamente resolutivo como el que aparece en el ordenamiento básico germano. Los aleccionadores casos de la primera y la segunda Repúblicas, en las que las maniobras de fragmentación del territorio nacional fueron varias y muy agresivas, quedaron adormecidos en la memoria por las cuatro décadas de dictadura y no se contempló la posibilidad de que hubiese políticos que

en el futuro alcanzasen el nivel de irresponsabilidad y de enajenación del que han hecho gala el ex-presidente Puigdemont y sus compañeros de viaje hacia el abismo. Después de la dolorosa comprobación de que estos gérmenes patógenos siguen infectando el tejido social catalán de manera aguda, parece aconsejable aplicar sin vacilaciones una dosis apropiada de medicina preventiva. Respecto a los intolerantes no debe practicarse la tolerancia y tampoco resulta lógico que un exceso de escrúpulos democráticos facilite la tarea a los que no tienen ninguno. Cuando está amenazada en sus fundamentos, la democracia no puede ser timorata y ha de exhibir sin complejos el músculo de la democracia militante.

Política inmediata y política de fondo
Pío Moa gaceta.es 12 Noviembre 2017

Como puede entenderse fácilmente, cada uno de los cinco puntos aquí señalados(Ver http://www.piomoa.es/?p=6273) requiere una fundamentación intelectual, por un lado, y una destreza explicativa inmediata por otro. Es decir, deben ser explicados de manera clara y atractiva, cosa que solo requiere cierta destreza. Observen cómo lo que podemos llamar zapaterismo ha hecho cambiar la opinión de mucha gente a base de presentar de manera atractiva muchas aberraciones: de pronto el aborto era un derecho; el homosexismo una cuestión de tolerancia y democracia, el separatismo también era asunto de democracia, tolerancia, convivencia, etc.; la recompensa a la ETA una muestra de dialogo civilizado y hasta de derrota del terrorismo; la “memoria histórica” significaba “restañar heridas”, avanzar en la democracia y asegurar una convivencia más sana; la conversión de las fuerzas armadas en un ejército cipayo al servicio de intereses ajenos, en definitiva los intereses concretados en Gibraltar, una muestra de modernidad, lealtad y fiabilidad de España para sus “aliados”. Etc. etc. Es decir, los mismos hechos que socavan la convivencia, la libertad, a la propia España, que justifican y premian el delito, se presentan como todo lo contrario. Y los partidos, perfectamente de acuerdo en todo ello, crean constantemente opinión pública utilizando sin tregua los medios de masas. Todos invocan la democracia, desde la ETA o Podemos al PP, el PSOE o la Esquerra… todos resultan a cada cual más demócrata, progresista y moderno. Lo cual priva de sentido a esas palabras.

Y todo esto ha calado mucho en la opinión pública, después de tantos años de distorsionar la realidad, empezando por la realidad histórica, por lo que contrarrestar su efecto no será nada fácil. Podría resultar fácil si hubiera grandes medios al efecto, pero irlos ganando o construyendo llevará tiempo.

En un nivel inmediato, una política alternativa debe quitarles esas banderas y dejar al descubierto el engaño. Eso requiere más habilidad y agudeza práctica que otra cosa, es la política del día a día, pero también es algo superficial, y al final quedaría en agitación vana si no va subtendida por una profundización intelectual. Parte de esa profundización, basada en la historia, es precisamente este programa de “Una hora”, que realizamos con plena independencia, sin subvención alguna ni dependencia de ningún partido, pero que puede ser aprovechada por cualquier partido que quiera presentar una alternativa a la actual putrefacción de la politica. Es una labor más a largo plazo que la labor política inmediata, y debe dirigirse sobre todo a ir conquistando la universidad, que es donde se forjan las ideas que luego adoptan los partidos y mucha gente.

Por eso insistimos a nuestros oyentes, los que comprendan la trascendencia de este trabajo, en la necesidad de participar en la labor, cosa que pueden hacer de muchas formas: divulgando al máximo este programa en las redes sociales o por otros medios; formando tertulias con amigos para discutir estos temas u otros; contribuyendo económicamente al mantenimiento de Una hora con la Historia. En la actualidad solo son 82 oyentes los que colaboran mensualmente con entre 5 y 200 euros, la gran mayoría mayoría con cifras bajas. Pero son estas cifras bajas precisamente las que más importarían si el número de contribuciones fuera alto. Por ahora logramos lo justo para ir tirando, sin plantearnos otras actividades posibles o campañas de publicidad.

Debe reconocerse que son muy pocos todavía los que se sienten motivados por esta tarea, cosa por otra parte típica de la derecha, que tradicionalmente no ha entendido la importancia de la historia, su relación con la actualidad, y la necesidad de apoyo económico. Por contraste, Podemos hizo alguna campaña de apoyo económico de este tipo, de microfinanciación, y obtuvo varios cientos de miles de euros. A veces conviene tomar ejemplo del contrario. Repetimos el número de cuenta al que pueden aportar: BBVA ES09 0182 1364 3302 0154 3346
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Adiós a un tiempo: Recuerdos sueltos, relatos de viajes y poemas de [Moa, Pío]
https://www.amazon.es/dp/B075L82G5B/ref=sr_1_6?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1505330466&sr=1-6&keywords=p%C3%ADo+moa

Montoro, ¿y si auditamos la deuda del Estado Central?
Juan Laborda vozpopuli.es 16 Noviembre 2017

El mundo al revés. Eso es lo que sucede en nuestra querida España, donde las cosas no son lo que parece sino lo que nos quieren hacer aparentar. Resulta que el responsable político del Reino bajo cuya gestión la deuda del Estado Central ha registrado el mayor incremento de su historia, aumentando en 517.736 millones de euros, decide intervenir un ayuntamiento, el de Madrid, con superávit fiscal. ¡Manda huevos!, ¿verdad? Lo que es un absurdo es una regla de gasto ad-hoc inventada por sabe dios quién sin ningún tipo de criterio analítico y sí mucha ideología. Supone un ejemplo más de la deriva e incompetencia de la ortodoxia neoliberal.

Permítanme refrescarles los datos sobre la evolución de la deuda pública de nuestro país desde 2008, y muy especialmente desde finales de 2011, cuando llegó al poder el actual ínclito monclovita. En el cuadro 1 tienen ustedes los datos actualizados a cierre del segundo trimestre de 2017 por Banco de España hace unas semanas. Bajo Rajoy “el austero” la deuda pública del Estado Central ha pasado de 623.296 millones de euros a los actuales 1,14 billones de euros, concretamente se ha incrementado en 517.736 millones de euros. Por el contrario, la deuda de los ayuntamientos, las instituciones públicas más cercanas al ciudadano ha caído en 4.191 millones de euros. ¿Raro, verdad?

La evolución de la deuda soberana
Muchos economistas liberales desconocen a fecha de hoy una identidad contable básica de toda economía. Es tal la ignorancia de algunos que no dejan de sorprenderme por qué se les invita a ciertos platos o tertulias. Los tentáculos del poder son inescrutables. Pero vayamos al grano. Vamos a dividir la economía en tres sectores: sector privado nacional, formado por hogares y empresas (financieras y no financieras); sector público nacional que incluye todos los niveles gubernamentales (estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos, y seguridad social); y el resto del mundo (empresas, hogares y sectores públicos extranjeros). Hay un principio contable que se cumple siempre: si se suman los déficits en los que incurren uno o más sectores el resultado debe de ser igual a los superávits en los que incurren otro sector o sectores. Siguiendo a Wynne Godley obtenemos la siguiente ecuación:

Balance Privado Doméstico + Balance Público Doméstico + Balance Exterior = 0
Si un sector tiene superávit presupuestario por lo menos uno de los sectores tiene que incurrir en déficit presupuestario. En términos de variables stock para que un sector acumule patrimonio financiero neto al menos uno de los sectores tiene que aumentar su endeudamiento en la misma proporción. Es imposible que todos los sectores acumulen patrimonio financiero neto incurriendo en superávits financieros.

Bajo esta idea sencilla es muy fácil explicarle al señor Montoro por qué se ha endeudado tanto el Estado Central. En España la Gran Recesión se tradujo en una intensa recesión de balances privados. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, era el sector privado quien presentaba problemas de solvencia. La deuda de las familias, empresas, y entidades financieras superaba el 320% del PIB, y el precio del colateral que soportaba la mayor parte de la misma se desplomó. Pero no hubo ningún proceso de reestructuración del sector bancario patrio a costa de gerencia y acreedores, con la consiguiente quita a los hipotecados (modelo bancario sueco).

Como consecuencia del descenso del colateral y de los elevados niveles de endeudamiento, las familias disminuyeron el consumo y recuperaron ahorro, las empresas no financieras no invirtieron, destruyeron capital ya instalado, y despidieron a trabajadores. Las entidades financieras cortaron el grifo del crédito, en un contexto de incremento de la mora, y trataron de recapitalizarse a costa de los contribuyentes. Obviamente, los ingresos públicos se hundieron, aumentó el déficit público y se incrementó la deuda del Estado. Los déficits presupuestarios del sector público fueron en gran medida no discrecionales, es decir, no eran atribuibles a diferentes paquetes de estímulo fiscal sino a los estabilizadores automáticos. El ahorro del sector privado se tradujo en desahorro del sector público. Esta explicación tan elemental muchos economistas la desconocen. Incompetencia, ideología e intereses de clase.

Deuda estado central ilegítima
El problema es que una parte del incremento de la deuda del estado central patrio ni siquiera se explica por la intensa recesión de balances privados que sufrió España. Fue deuda generada no para sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino para ser nuevamente prestada a terceros, favoreciendo intereses privados espurios al margen de la ciudadanía. Estas deudas en última instancia conllevan un empeoramiento de los servicios públicos y el sometimiento a la ciudadanía a una represión social y política y, en definitiva, en contra los intereses de los propios ciudadanos. Los cálculos realizados en nuestro país para el período 2008-2013 se aproximarían a los 250.000 millones.

No hubiese hecho falta implementar ningún recorte en sanidad, educación, o jubilación, ni haber sometido a la población española al mayor empobrecimiento de los últimos 40 años. Por eso, señor Montoro, ¿por qué no auditamos la deuda generada bajo su mandato? ¡No se preocupe, ya sé que no se va a hacer! Los distintos lobbies oligopolistas beneficiados de estas prácticas –bancario, eléctrico, telecomunicaciones, constructor,…- han actuado en connivencia con el aparato político, y ambos tendrían mucho que perder. Además controlan la inmensa mayoría de los medios de comunicación.

La austeridad suicida y la regla de gasto
La austeridad impuesta desde Bruselas agudizó este proceso. Los datos de la propia Comisión Europea muestran que para España en el período 2010-2013 la política fiscal fue tremendamente contractiva. El déficit estructural se recortó desde niveles superiores al 7% del PIB a cifras próximas al 2%. Había que buscar dinero para rescatar a terceros. En un contexto de desapalancamiento del sector privado supuso una gravísima recesión económica. Pero desde finales de 2013, con el consentimiento de Bruselas, la austeridad se relajó. El déficit estructural ha crecido desde entonces. El objetivo era evitar un resultado electoral que, antes de la expansión fiscal, era nefasto para ciertos intereses.

Para rematar la faena del absurdo, la regla de gasto. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012, con los votos de PP, CiU, UPyD y UPN, impide a las administraciones aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española, lo que se conoce como "regla de gasto". Esto limita a los ayuntamientos incrementar la inversión a pesar de que cierren sus cuentas con superávit: obligatoriamente el remanente de tesorería debe emplearse en amortizar deudas. La paradoja es que el ayuntamiento de Madrid ha aplicado una política de gestión económica que le ha permitido recaudar más fondos para destinarlos a servicios públicos, pero el Ministerio que dirige Montoro exige que los ahorros logrados se dediquen al pago de una deuda pública generada cuando el PP gobernó el ayuntamiento de Madrid, bajo un absoluto despilfarro y otras cosas inconfesables que ustedes ya conocen.

Desde el inicio de la crisis de la eurozona había soluciones más eficientes y más justas. Estas eran ampliamente entendidas por los economistas y no eran especialmente difíciles de implementar -al menos técnicamente (otra cosa es la política)-. Había un camino alternativo, cancelación de deudas y mucha menos austeridad. Pero este camino no fue tomado. La deuda ha sido utilizada, en definitiva, como una excusa para apretar el orden económico neoliberal dentro de un marco federalista conservador. ¡Y en esas seguimos!

República democrática, sí; sucedáneos totalitarios o secesionistas, no
“La República es la forma necesaria de gobierno en los pueblos que son ingobernables.” Donoso Cortés
Miguel Massanet diariosigloxxi 16 Noviembre 2017

Podemos definir el sistema de gobierno republicano como “una forma de organización del Estado. En la república, la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo determinado y es elegida por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del Parlamento (cuyos integrantes también son elegidos por la población)”. En España, debido a la mala experiencia, especialmente de la II República de 1931 y a la subsiguiente Guerra Civil, provocada por los excesos cometidos por los partidos de izquierdas, que acabaron por situar al país en un ambiente insostenible que tuvo su culminación en la Revolución de Octubre ( de Asturias) en la que, las Juventudes socialistas de Santiago Carrillo, intentaron atentar contra la legítima República en 1934 y, más tarde, en febrero de 1936, aprovechándose de unas elecciones amañadas se hizo con el poder el Frente Popular, bajo cuyos auspicios los asesinatos políticos, la destrucción y quema de iglesias, los asesinatos de sacerdotes, clérigos y católicos proliferaron de tal manera que se hizo preciso que, para evitar que aquello llegase al hundimiento total del país, una parte del Ejército, bajo el mando del general Franco, se levantase en armas en contra, no de la República, si no de aquellos políticos que fueron incapaces de mantener el orden y de evitar los excesos de grupos de asesinos, que se dedicaron a convertir las calles en peligrosas e intransitables y a asaltar los domicilios de aquellos ciudadanos católicos o de derechas, por el simple hecho de no comulgar con sus ideas anarquistas y, de paso, aprovechar la ocasión para saquear todo lo que de valor podían mangar.

El hecho es que, el sistema republicano, quedó tan desacreditado que hizo que, pasados los años de gobierno de Franco, se añorara el arcaico sistema monárquico, aquel que fue incapaz de mantenerse en el poder, por la mojigatería del rey Alfonso XIII que, mal aconsejado por sus asesores, huyó antes de que se conociera que las elecciones las habían ganado los monárquicos aunque, usando las malas artes de los republicanos de izquierdas, declararan en las grandes ciudades de la nación, donde habían vencido, el advenimiento de la república, antes de que se supieran los resultados del resto de los pueblos de España; cometiendo así el primer pucherazo que descalificó, desde su origen, la legitimidad que luego se le ha pretendido atribuir a aquel régimen republicano, en manos de personajes que no supieron mantener la autoridad del Estado por encima de las pasiones desbordadas de grupos de asesinos que se acabaran haciendo dueños de las calles. Franco creyó que, restaurando la monarquía, evitaría el vacío 7de poder que se produciría a su muerte, convencido de que el régimen instaurado por él no podría sostenerse después de su fallecimiento.

Desde entonces, cuando se habla de sistema político en España, parece como si el único posible fuera el de monarquía parlamentaria, sin tener en cuenta que, en el resto de Europa, el sistema monárquico se considera arcaico y condenado a desaparecer, aunque sigan persistiendo algunas dinastías, como en el caso de66 la monarquía inglesa, que han sabido evolucionar, en parte por necesidad de mantener el vínculo con las antiguas colonias, ya emancipadas, de la Commonwealth con las que siguen manteniendo un provechoso comercio y, en parte, por haberse constituido en un reclamo para el turismo inglés. En el resto de Europa las monarquías supervivientes se han convertido en meras reminiscencias de otras épocas esplendorosas, manteniéndose como simples atractivos turísticos y alimento del morbo popular, que sigue interesado en todo el inagotable fisgoneo de las intrigas palaciegas.

Es obvio que, nadie, ni un republicano de derechas, puede llegar a tomar en consideración este tipo castrado de república, como la que intentan crear en España todos estos partidos de izquierdas que, ni tan siquiera, aceptan la democracia y que lo que intentan es adornar con el título de “república” lo que, en puridad, no es más que un sistema totalitario, a lo Unión Soviética, donde cualquier atisbo de democracia brilla por su ausencia y, lo único que yace bajo la falsa piel cordero de la defensa de los derechos de los oprimidos, los pobres, los “esclavos del capitalismo” o los parias de la sociedad, no es más que el deseo de implantar en nuestra nación un régimen como el venezolano, dónde han desaparecido las libertades y derechos de los ciudadanos, la democracia, la posibilidad de que la voluntad mayoritaria del pueblo pueda expresarse libremente y, a cambio, no se ha conseguido más que instaurar la pobreza, la miseria, la falta de alimentos y de medicinas, de modo que, en estos momentos, Venezuela se encuentra al borde del crack, si sus acreedores le exigen que cumpla con sus compromisos.

Para que una república pueda garantizar, como lo hacen la alemana o la francesa, que la Constitución del país sea observada por todos, que el orden y la legalidad se mantengan y sean respetados los derechos de la población y la obligación de que todos los ciudadanos respeten las leyes que, ellos mismos, a través de sus representantes en las instituciones, se hayan dado para garantizar la convivencia entre ellos. Es evidente que lo que pretenden los comunistas, los de ERC, los de grupos de anarquistas como la CUP, o los comunistas bolivarianos de Podemos; grupos que son incapaces de reconocerles un espacio político a los de las derechas españolas o los centristas, cuando nos hablan de república no se refieren a ningún tipo de república democrática, donde están contempladas todas las sensibilidades políticas, tanto de derechas, de izquierdas o centristas. En realidad, todos sabemos que, incluso entre los socialistas que ahora defienden la Constitución contra los independentistas, existe una especie de pacto tácito de que, cuando exista la oportunidad para ello, se vuelva a restablecer un pacto, al estilo del Tinell, por el que se imponga de nuevo aquel “cinturón sanitario” en torno a los partidos de derecha, en concreto el PP, para que sistemáticamente, sin concesiones y por unanimidad, se impida que cualquier propuesta de dicha formación política pueda tener el menor protagonismo tanto en el Parlamento como en el Senado.

En estas condiciones, cualquier intento de restablecer la república en España deja de tener viabilidad porque, si se pretendiera restablecerla en las condiciones con las que, estos partidos de ideas revolucionarias y totalitarias pretenden hacerlo; adolecería de la falta de la principal garantía que precisa cualquier organización política que pretenda representar a los ciudadanos: la democracia, el respeto por las opiniones ajenas, los derechos, la libertad y la seguridad jurídica de todos los miembros de la sociedad de que se trate. Basta fijarse en este verdadero maremágnum que se ha desatado en Cataluña, donde no se entienden entre ellos, los separatistas, los comunistas los anarquistas ni los del PSC del señor Iceta, un sujeto capaz de vender su alma al diablo por conseguir reeditar un tripartito, con los socios que se prestaran a ello, aunque ello significara traicionar la Constitución o a su propio partido hermano, el PSOE.

Sí, somos de ideas republicanas pero no queremos una república a cualquier precio, sin garantías democráticas ni obtenida a costa de la mayoría de españoles, cualesquiera que sean sus ideas políticas, si ello supone violar sus derechos fundamentales o a costa de convertir España en un país tercermundista, en un reino de Taifas a expensa del resto de naciones poderosas; algo que parece que estarían dispuestos a aceptar todos estos que ahora se dedican a atacar al actual Gobierno sin contemplación alguna aunque, para hacerlo, no les importe mentir, engañar, inventarse argumentos o negar la misma realidad, como hacen cuando pretenden presentar a nuestra nación como un país de pobres, arruinado económicamente o, incluso, que tenemos presos políticos, cuando todo el mundo sabe que, los que han ido a parar a las cárceles, ha sido por haber cometido delitos contemplados en el Código Penal español y por haber infringido, gravemente, preceptos de nuestra Carta Máxima. Estos comunistas importados, universitarios a los que no les importa hacer daño a su país, que han llegado con la idea fija de conseguir acabar con la democracia en nuestro país, sin que les importe acabar por hundirlo económicamente y convertirlo en un satélite más de este nuevo comunismo bolivariano, que ha establecido en uno de sus arranques de cretinez, este camionero venezolano conocido como N. Maduro.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, aunque contrario al sistema monárquico por considerarlo obsoleto y poco democrático, por el hecho evidente de que la Constitución no permite elegir al Rey, como sí se hace en el caso de un presidente de la república; deberemos reconocer que, en la situación en que se encuentra este país, no es momento oportuno para emprender aventuras que se ignora cómo acabarán y, mucho menos, dar alas a aquellos desarraigados y traidores a la nación española, que siguen empeñados en conseguir la independencia de Cataluña, aunque no exista razón alguna ni histórica ni social ni económica, que permita avalar tan peregrina petición.

Demoledora crítica de la Asociación de Inspectores a la etapa de Miguel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España
Los inspectores denuncian que el Banco de España está en manos de las entidades financieras

www.latribunadelpaisvasco.com 16 Noviembre 2017

La Asociación de Inspectores del Banco de España se ha mostrado especialmente crítica con la labor de la institución durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), con el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez (2006-2012) al frente. Según denuncian los inspectores, en ese tiempo se aprobaron fusiones de cajas a la ligera y saneamientos contra reservas “para no declarar pérdidas millonarias”. Así lo explicó durante su comparecencia en la comisión del Congreso sobre la crisis financiera el secretario de la asociación, José Antonio Delgado Manzanares, quien aseguró, además, que la cúpula del supervisor entonces cometió errores, “aunque esta evidencia sea negada constantemente” y no pidan disculpas.

En opinión de Manzanares, la institución ha apartado en los últimos años a varios inspectores que descubrieron deficiencias en entidades y dio a entender que en algunos casos lo hacía por la influencia de las propias entidades supervisadas. Por ello, reclamó un marco legal que proteja la independencia de este colectivo para intentar luchar contra “la captura del supervisor por las entidades”, que en su momento, durante los años de la crisis, se tradujo en una actuación “muy suave” del supervisor.

A modo de ejemplo, aseguró que él mismo, cuando era inspector de Liberbank, fue apartado de sus funciones porque en el Banco de España no estaban cómodos con el informe que había elaborado sobre la entidad. “Me dijeron que no tenía cintura, para, a renglón seguido, añadir que “era el top one”, pero que “no tenía flexibilidad y reflejaba en algunos correos ideas que podrían poner en serio peligro reputacional a una entidad”. Lo mismo le pasó a otros inspectores del Banco de España que trabajaban para la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), así como en Caja Castilla-La Mancha y cree que también en Banco Popular.

Respecto al modo de abordar la crisis financiera, Delgado Manzanares recordó que se apostó por las uniones de entidades bajo una que actuaba de cabecera, lo que se conoce como un SIP o una fusión fría, una fórmula que aplaudió en la misma comisión Fernández Ordóñez. Sin embargo, el inspector del Banco de España advirtió de que “no se puede defender que las fusiones fueran buenas por ser meras fusiones y dar lugar a sinergias de costes, porque la realidad es que si se juntan entidades en mal estado, la contaminación de balance es muy superior a las sinergias”. En opinión de este inspector, la cúpula del Banco de España, a pesar de que podía oponerse a esas fusiones, las aprobaba sin requerir antes que la inspección realizaran un informe previo porque sin esa información era imposible evaluar la viabilidad de un nuevo grupo. Algo que, lamentó, no ha cambiado porque tampoco ha habido informe de inspección sobre la fusión de Bankia y BMN o sobre la resolución del Popular.

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¿Se puede eludir la ley con una ilegalidad?
OKDIARIO 16 Noviembre 2017

Las investigaciones del Tribunal de Cuentas podrían demostrar que Carme Forcadell ha intentado eludir la ley con una ilegalidad. La ex presidenta del Parlament, y antigua presidenta también de la ANC de 2012 a 2015, se libró de la cárcel después de que la propia Asamblea Nacional de Cataluña pagara los 150.000 euros de la fianza decretada por el Tribunal Supremo. Hacienda hace bien, por tanto, en investigar la procedencia de esos recursos y analizar si su naturaleza es fraudulenta. Sería el colmo que tanto Forcadell como el resto de miembros de la Mesa del Parlament —250.000 euros en fianzas en total— hubieran conseguido eludir la prisión gracias a fondos públicos camuflados por la Generalitat y que tendrían su origen en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Si esto fuera así, la libertad de los golpistas la habrían pagado todos los españoles. En vez de gastar ese dinero en cuestiones perentorias como Sanidad, Educación o Empleo, lo habrían destinado a actividades ilegales e inconstitucionales. Una broma pesada si tenemos en cuenta que gracias a estos pirómanos de la política se ha puesto en riesgo el Estado de Derecho que nos ampara así como la recuperación económica que tantos años y tantos sacrificios nos ha costado consolidar. Este mismo miércoles, Forcadell ha hecho un movimiento que puede ser clave para entender la situación actual. Con la confirmación de su presencia en la lista electoral de ERC de cara a las próximas elecciones catalanas del 21 de diciembre demuestra dos cosas: primero, que no tiene nada más allá de la política; segundo, su ansia por seguir aforada como refugio legal ante lo que pueda resultar de las investigaciones del Tribunal de Cuentas.

Ahora Forcadell dice que vuelve a la actividad institucional por su “compromiso pacífico y democrático con el país, las instituciones y su gente”. El país al que se refiere, por supuesto, es Cataluña. Ese discurso independentista contrasta con la traición de hace una semana a todos los golpistas ante el Tribunal Supremo. Entonces, dijo que acataba el artículo 155 de la Constitución. Mintió ante Pablo Llanera y miente ahora a esa “gente” por la que dice trabajar. Cuando se vio acorralada juró lealtad a la Carta Magna y ahora que se ve en libertad vuelve a fundamentar su discurso en el separatismo. El Tribunal de Cuentas debe averiguar de dónde salió el dinero que la ha puesto en libertad. De estar manchado por la ilegalidad, ha de volver a prisión de manera inmediata.

La Constitución en el aposento de sus sombras

FRANCISCO MARTÍNEZ RICO El Mundo 16 Noviembre 2017

"Siempre la claridad viene del cielo; es un don: no se halla entre las cosas sino muy por encima, y las ocupa haciendo de ello vida y labor propias". Los versos de Claudio Rodríguez en su Don de la ebriedad constituyen una angustiosa invocación de la fuerza creativa que bien podría aplicarse, salvando distancias, a la búsqueda de un rayo de racionalidad que ilumine la encrucijada constitucional que atraviesa nuestro país desde que las formaciones independentistas decidieron mutilar el pacto social, desgarrar la convivencia y tomar partido por el incumplimiento de la ley.

El ritmo al que se han producido los acontecimientos en las últimas semanas causa perplejidad y preocupación, al tiempo que nos asegura varios capítulos más en un relato cuyo hilo conductor ha sido la obstinada e hiriente provocación por parte de las fuerzas secesionistas. Es indudable que sería prematuro e irresponsable anticipar el desenlace de esta crisis, pero sí es posible, en cambio, plantear algunas reflexiones al hilo de las decisiones adoptadas en las últimas semanas.

"Nuestra Constitución ha dejado atrás la tierna adolescencia del bipartidismo vertebrador"
En primer lugar, una reflexión sobre la fortaleza del Estado nacido de la Constitución de 1978, capaz de sobreponerse a algo más que una tentativa de destruirlo. En menos de 24 meses nuestra Constitución ha dejado atrás la tierna adolescencia del bipartidismo vertebrador de toda nuestra vida política para precipitarse de bruces en la edad adulta, con la aparición de un multipartidismo atenuado que durante casi un año no permitió la formación de Gobierno, revelando las carencias del procedimiento de investidura y las insuficiencias del artículo 99 CE. Tras resolver con éxito aquel trance de la vida adulta, nuestra Constitución se ha enfrentado a un desafío mucho mayor, provocado por quienes desde las instituciones autonómicas alumbradas por ese mismo texto constitucional han pretendido abiertamente y sin ambages su destrucción, invocando una suerte de título jurídico anterior y superior, en nombre del cual se sienten legitimados para incumplir la ley y desobedecer las sentencias judiciales de forma palmaria y sistemática.

Las situaciones extraordinarias que afectan a la vida del Estado exigen soluciones extraordinarias. Sólo desde firmes convicciones democráticas y desde la más inquebrantable confianza en la supremacía normativa de la Constitución se puede plantear el debate sobre la protección del sistema constitucional cuando los peligros que arrecian superan lo cotidiano. También en estos casos, el Derecho debe prevalecer. Como señaló Pérez Serrano, "con arreglo a Derecho se entra en crisis, se actúa mientras dura y se liquidan finalmente las consecuencias, incluso exigiendo responsabilidad a los órganos que se hayan extralimitado de los parámetros legales de la situación excepcional". No es la ruptura del Estado de Derecho lo que se pretende, sino su más firme defensa.

El propio Rousseau en El Contrato Social, advertía de que la excesiva rigidez de las leyes podría volverse en contra del Estado y provocar su destrucción: "l'inflexibilité des lois, qui les empêche de se plier aux événements, peut, en certains cas, les rendre pernicieuses, et causer par elles la pertre de l'État dans sa crise". García Pelayo lo explicaba con una reflexión cabal: "toda normatividad supone una normalidad, de manera que no hay norma aplicable a un caos".

Hasta hace pocos días, el inédito artículo 155 CE era un campo regado solo por la especulación académica. Hoy podemos decir que han quedado desmentidas las peores profecías que identificaban este procedimiento con la feroz derogación del derecho a la autonomía, desvelando que este impreciso precepto constitucional encierra, en realidad, un título de intervención del Estado para restaurar la plena vigencia de la Constitución y de la organización territorial del Estado. Lejos de ser la apoteosis de la profanación del autogobierno, el procedimiento ha servido para revivir esa autonomía política en su forma más elemental y genuina: mediante la convocatoria de unas elecciones democráticas, libres y con todas las garantías de las que saldrá elegido un nuevo Parlamento de Cataluña. El celebérrimo artículo 155 se revela así como un mecanismo extraordinario para recuperar lo ordinario, sin apearse en ningún momento de la legalidad, tanto formal como material. Las decisiones adoptadas por el Gobierno, previa autorización del Senado -nunca antes tan protagonista de nuestra vida institucional- confirman que la Constitución tiene resortes suficientes como para salvarse, sin estridencias, sin excesos, con precisión quirúrgica. La Constitución demuestra su madurez al desplegar una reacción serena y proporcional frente a un grotesco intento de destruir el régimen de 1978.

La segunda reflexión tiene que ver con el cuestionamiento de la democracia representativa que subyace en el desafío independentista. En efecto, la desobediencia patrocinada por el Gobierno de la Generalitat se intenta justificar en un inaplazable mandato del pueblo, expresado en la irreverente votación del 1 de octubre, como manifestación de un pretendido derecho a decidir, construido en términos absolutos.

Incapaces de enfrentarse a la confrontación en sede parlamentaria, los independentistas se envuelven en la idea de desobediencia civil y se justifican con el ejemplo de Rosa Parks, que plantó cara a la ley injusta. Lo que no explican los defensores de esta versión posmoderna de la resistencia al tirano es que un Gobierno regional dotado de toda clase de potestades y financiado con recursos públicos no se parece en nada a Rosa Parks, como tampoco se parece la España constitucional de 2017 a la Alabama de mediados del siglo XX. Los independentistas que defienden esta romántica visión tampoco explican, por cierto, que más allá del testimonio personal y valiente de Rosa Parks, fue el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que en 1956 declaró inconstitucionales las leyes segregacionistas en el transporte. Precisamente eso fue lo que puso fin a la ley injusta: una sentencia del Tribunal Supremo declarando su inconstitucionalidad. ¿Les suena de algo?

Al levantar del velo de esta insostenible construcción se descubre un intento de sustituir los mecanismos de participación política propios de una democracia parlamentaria por fórmulas plebiscitarias extravagantes, que construyen una suerte de hiperlegitimidad popular para resistir la tiranía. ¿Qué tiranía? ¿La de la España constitucional? El derecho a decidir no es otra cosa que el desguace de la democracia representativa y esa solemne apelación al mandato del pueblo encubre un pretexto para dar por amortizados los mecanismos de deliberación y decisión del sistema parlamentario, considerados rancios y caducados. No debe extrañarnos la insultante falta de respeto a los procedimientos parlamentarios a la que hemos asistido en las últimas sesiones del Parlament porque, en realidad, lo que este proceso intenta subvertir es la misma representación parlamentaria, sustituyéndola por un nuevo cesarismo que de forma unilateral interpreta los deseos unívocos de un pueblo, monolítico en sus anhelos y aspiraciones. Eslóganes como el "derecho a decidir", el "mandato del pueblo de Cataluña" y el "no nos representan" tienen muchos ingredientes en común.

Es innegable que la democracia representativa acusa cierta fatiga de materiales y que en términos de emoción política es mucho más monocorde y aburrida que otras fórmulas más audaces en la retórica, pero absolutamente turbias en su legitimidad. Debemos ser muy conscientes de lo que nos jugamos y, sin renunciar a dinamizar y actualizar la democracia parlamentaria, reivindicar lo que tiene de arquetipo de participación política.

No corren necesariamente buenos tiempos para los regímenes democráticos y liberales asentados sobre la centralidad de la institución parlamentaria. En julio de 2016 Roberto Stefan Foa y Yascha Mounk publicaban en el Journal of Democracy un inquietante ensayo que demuestra empíricamente la creciente pérdida de confianza en la democracia, tanto en Europa como en Estados Unidos, así como la progresiva aceptación de un poder autoritario, no sometido a control, siempre que sea eficaz. El coqueteo con fórmulas de legitimación que absolutizan la aritmética de masas para convertirla en mandato político capaz de imponerse al mandato parlamentario pueden agrietar un sistema que, lejos de ser perfecto, ha propiciado las etapas de mayor prosperidad, libertad e igualdad. Haríamos bien en cuidar lo que tenemos.

La tercera reflexión tiene que ver con el modo en que se construye la opinión pública en la sociedad hiperconectada, en la que lejos de haber alcanzado mayor certeza sobre los hechos y un juicio crítico más solvente para opinar sobre los mismos, asistimos a la zozobra provocada por una desconocida capacidad de manipulación de las percepciones. El lema "fake it, hack it, leak it, spread it" es la divisa de un nuevo orden de las relaciones sociales curtido en la paradoja de la posverdad. Nunca los ciudadanos habíamos accedido a tal cantidad de información y, sin embargo, nunca fuimos tan fácilmente manipulables. La brecha entre realidad y percepción también ha afectado a la interpretación de esta crisis constitucional y, sin duda, se ha convertido en un rasgo característico de la sociedad contemporánea, que nos enfrenta al reto nada desdeñable de proteger nuestro buen juicio frente a perturbadores intentos de contaminarlo. En 2017 una opinión pública crítica, libre y bien fundamentada es mucho más costosa de lo que podría parecer. El futuro es absolutamente incierto. Recientemente un panel de expertos del Pew Research Center y la Universidad de Elon se enfrentó a la pregunta sobre si el entorno informativo en los próximos 10 años mejoraría y permitirá reducir la propagación de mentiras y noticias falsas. El resultado: el 49 % de los expertos respondió "no" mientras que el 51% respondió "sí".

Así, con estas reflexiones, esperamos el desenlace de un triste pasaje de nuestra historia constitucional. Con la compañía del poeta, asistimos con cierta desolación a un incomprensible proceso autolítico, precisamente en un momento en que España empezaba a levantar cabeza. Por eso, esperamos que "la noche cierre el gran aposento de sus sombras". Y vuelva la claridad.

Francisco Martínez Vázquez es diputado y profesor de Derecho Constitucional.

Nunca te creas a un independentista
Todas las versiones que se presentan de una supuesta derrota de los independentistas no valen, ni siquiera para ese falso regocijo que se detecta en quienes piensan que han vencido
Javier Caraballo elconfidencial 16 Noviembre 2017

No existe remordimiento, ni sinceridad, ni autocrítica. No existe perdón, ni disculpas ni arrepentimiento. Nunca te creas a un independentista catalán por mucho que ahora, en este vaivén de declaraciones diarias, se pueda llegar a pensar que han dado marcha atrás, que hasta admiten que no iban en serio con la independencia, que todo era un teatro, un gesto simbólico. Nunca te creas a un independentista catalán cuando le oigas decir que, en realidad, existen otras fórmulas de ‘entendimiento’, que cualquier acuerdo es posible siempre que exista disposición para el diálogo, que se han dado cuenta de que no había una mayoría social suficiente para declarar la independencia de la república de Cataluña, que no estaban lo suficientemente preparados.

Todas las versiones que se presentan ahora de una supuesta derrota de los independentistas no valen de nada, ni siquiera para ese falso regocijo que se detecta en algunos que piensan que ya han vencido, que se sienten felices y henchidos cuando propagan esa visión de que el independentismo catalán huye en estampida, renegando de sí mismo. Es un espejismo, nada hay de cierto en eso.

No te conformes, no desistas, no te mientas. Habrá que repetirlo muchas veces, como ahora, desconfiando cada vez que se quiera transformar en certeza lo que solo es una estúpida ilusión. El objetivo debe ser mayor y este es el momento. Debemos tener la aspiración como españoles, ya seamos madrileños, gallegos, andaluces, murcianos o catalanes, de resolver de una vez el ‘conflicto territorial’, y salir de este marasmo, este hastío de tantos años, este sobresalto de traiciones en la historia reciente de España, esta permanente involución a un discurso político superado, este absurdo de debates sobre ridículas invenciones de la historia, agravios y enfrentamientos.

“España es más kafkiana que el propio Kafka”, repetía con sorna María Zambrano, y el exministro César Antonio Molina lo recordaba hace unos días para recalcar aquello que, posteriormente, ha vuelto a repetir el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que “el nacionalismo es un veneno” que puede acabar con Europa. El nacionalismo separatista, el nacionalismo desleal, el nacionalismo que ha padecido España en dos de las regiones más ricas de Europa, Cataluña y el País Vasco, tras decenios y decenios de planes económicos específicos para acallar con inversiones las desafecciones políticas inventadas y fomentadas.

Dicen algunos que el ‘procés’ ya se ha acabado, que no es posible que haya más, pero no es así. Un desvanecimiento no es la muerte. Conviene que lo tengamos claro porque lo único que no puede ocurrir es que otra vez regresemos a lo mismo. Nadie debería dudar de que, si pueden hacerlo, sustituirán el ‘procés’ muerto por otro de similares características en cuanto se acabe este 'impasse' de aceptaciones forzadas de la Constitución ante un juez del Tribunal Supremo, como han hecho algunos de los procesados. Dicen también que el electorado independentista está fraccionado, dividido y decepcionado, tras la representación bufa de la declaración de la república catalana, pero sabemos bien que ese electorado ya ha dado muestras suficientes de vivir en un mundo paralelo en el que los conceptos de realidad adquieren una dimensión distinta.

De las cosas que aprendimos de Gabriel Rufián, estaba precisamente esa, que el autoengaño es fundamental para que el engaño público, masivo, sea efectivo. Por eso ya existe una mentira nueva que se ha echado a rodar para superar los engaños anteriores, alimentados durante años, cuando juraban que la independencia de Cataluña era irreversible y que sería aceptada en todo el mundo. “Se declaró la independencia, se proclamó la república, pero esa república no se implementó y la razón fundamental es que no estábamos dispuestos a poner en riesgo la seguridad de los ciudadano por la violencia del Estado español” (Joan Tardà). Este es el nuevo autoengaño y será tan efectivo como los anteriores: En el ‘referéndum’ del 1 de octubre hubo “miles de heridos” —como va diciendo Ada Colau— y si la independencia no salió adelante fue por responsabilidad “frente a un Estado autoritario sin límites para aplicar la violencia”.

Nunca te creas a un independentista catalán ni secundes a quienes jalean su rectificación, porque con ese paso atrás solo buscan tomar impulso. Las cosas han llegado demasiado lejos como para que, en unos meses, todo se instale en la misma senda de amenazas, chantajes y desobediencia. Nos merecemos resolver el ‘conflicto catalán’ y eso solo será posible si existe un escarmiento. El escarmiento de la ley, el escarmiento de la lealtad, el escarmiento de la sociedad. El escarmiento de los que se han saltado la ley y el escarmiento de quienes hemos padecido las consecuencias. El escarmiento de la izquierda que se abrazó a los separatistas y el escarmiento de los equidistantes que pensaban en la ganancia de pescar en río revuelto.

No se pueden malograr ni desaprovechar los momentos críticos vividos en octubre, cuando el Estado entero se tambaleó y temíamos que todo se iba a ir al traste. España, como país viable, llegó a ese punto de inflexión, uno de los peores momentos en cuatro décadas de democracia, equiparable solo a los momentos más trágicos del sangriento chantaje terrorista o al golpe de Estado militar de los ochenta, y todo lo sufrido, todo lo temido, todo lo vivido no puede pasarse por alto. Ahora, superada la ‘línea roja’ de las querellas y las inhabilitaciones judiciales, superada la tensión de la cárcel de los políticos declarados en rebeldía; ahora, con Europa detrás la unidad de España y el mundo entero apercibido de la manipulación grotesca del independentismo catalán; ahora no podemos volver a repetir la historia de nuevo. Otra vez no.

Criptosecesionismo
Se retractan de boquilla pero no se les oye pedir perdón por los desperfectos causados por su desvarío
Ignacio Camacho ABC 16 Noviembre 2017

Van a acabar diciendo que todo era una broma. Ante la perspectiva de la cárcel, por un lado, y de perder las elecciones por otro, los separatistas parecen dispuestos a hacer, si necesario fuere, profesión de fe española. De momento se han retractado del unilateralismo, han admitido que no tienen mayoría social y han declarado que la proclamación de ruptura fue simbólica. Según el nuevo discurso, la secesión era una referencia figurativa, meramente retórica; una fuga hacia adelante, una independencia de la señorita Pepis improvisada en una calentura fogosa. No tenían plan B, ni apoyos internacionales, ni estructuras de Estado, y embebidos de pasión política como estaban se excitaron con una expectativa ilusoria. Para mantener cohesionados a sus partidarios se les fue la mano con la demagogia.

Se trata, naturalmente, de una estrategia de suavización del conflicto. Prefieren admitir un fracaso y un engaño antes que confesar la voluntad de cometer uno o varios delitos. Saben que el horizonte penal siempre es menos flexible que el político, y esperan la complicidad de los suyos para reconducir el procés fallido. Conscientes de que la revuelta se ha frustrado y de que la resistencia carece de sentido, adaptan su proyecto a la dura realidad del 155. Lo van a intentar por otro camino menos escarpado, más pragmático, más disimulado, que provoque menos alarma y haga menos ruido. Sin estridencias, sin saltarse etapas pero sin distraerse del objetivo. Con la renuncia aparente a la secesión por las bravas se abre la fase del criptoindependentismo.

Pero no se les oye pedir perdón por el daño causado ni por los desperfectos producidos. Han dividido a la sociedad catalana con un modelo de profundo sectarismo. Han desencadenado la fuga de 2.500 empresas y de 9.000 millones de euros en efectivo. Han provocado la suspensión del autogobierno, un boicot a las manufacturas y la mayor tasa trimestral de empleo destruido. Eso en Cataluña; en el resto de España han generado una corriente de antipatía que desgarra los hilos de la convivencia sin ningún beneficio. Con su maldito designio han destrozado la economía, la concordia civil y el equilibrio político. Han originado una avería en el sistema sin obtener siquiera provecho para sí mismos.

Y encima, han violado las leyes, dado un golpe de Estado y violentado el ordenamiento jurídico. Y ante eso no valen contriciones de boquilla ni aspavientos de falsos arrepentidos. El que la hace la paga; hay responsabilidades que depurar, consecuencias que afrontar y culpas que no pueden quedar sin castigo. No basta con decir que no ha pasado nada porque han pasado muchas cosas y tienen que ocurrir muchas más: para empezar, los principales autores del estrago han de comparecer en juicio. Y aunque su gente les perdone la estafa, las urnas de diciembre no los van a absolver de los delitos que hayan cometido.

Bilingüismo
El uso del castellano en Cataluña, junto al catalán, es una realidad incuestionable desde hace siglos
Ricardo García Cárcel cronicaglobal 16 Noviembre 2017

Franco no inventó el castellano en Cataluña, como no inventó España. Es una obviedad, pero actualmente hay que repetirla entre nuestros alumnos porque el reduccionismo histórico ha hecho estragos y toda la historia de España parece limitarse hoy al franquismo. Ni que decir tiene, nadie puede cuestionar la realidad de la represión franquista en el uso del catalán. La famosa frase "hábleme usted en cristiano" es una realidad tan cierta como tópica resulta la simplificación con la que se alude a ella. Tan evidente es otra realidad que parece ignorarse: la existencia de un bilingüismo catalán-castellano de muy largo recorrido histórico, desde luego muy anterior incluso al mítico 1714 en el que, supuestamente, empezaron todos los males para Cataluña. Convendría al respecto, asumir que la lengua oficial de la corte catalana del candidato austracista a la monarquía, el archiduque Carlos, el rey de los catalanes, desde 1705 hasta su decidida marcha a Viena para ser emperador en 1711, era el castellano. También está más que demostrado que la Nueva Planta de 1716 en Cataluña no impuso ningún trágala lingüístico y que habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XVIII para contemplar disposiciones de la monarquía imponiendo la enseñanza del castellano. Durante el reinado de Felipe V se publicaron, sin problemas de censura, grandes defensas del uso del catalán como la de Antoni de Bastero y Agustí Eura.

Pero lo cierto es que la proyección del castellano en Cataluña se remonta mucho más allá de 1714. Los signos de la penetración del castellano como lengua de uso frecuente en los literatos catalanes son bien patentes desde fines del siglo XV. Ahí están autores catalanes que usan indistintamente una y otra lengua como Pere Torroella, Narcís Vinyoles o Bernat Fenollar, por no decir los que se pasaron directamente al castellano como Juan Boscán, el amigo de Garcilaso, y tantos otros. Por cierto no sólo hubo castellanización en Cataluña. En el siglo XVI también hubo fascinación en al ámbito castellano por la literatura catalana desde Ausiàs March (¿qué decir de la edición de Juan de Resa, de March en Valladolid en 1555 con la publicación paralela de un vocabulario castellano-catalán?) al Tirant lo Blanc.

Una realidad incuestionable desde el siglo XVI
El bilingüismo en el siglo XVI es una realidad incuestionable que reflejan muy bien tanto los estudios sobre la producción editorial como sobre el consumo cultural en Cataluña. El desarrollo de las dos lenguas generó múltiples testimonios de entusiasmo por el uso paralelo de ambas así como también la nostalgia de algunos por una lengua que entraba en decadencia (desde Cristòfor Despuig a Gaspar Sala). La mayor batalla lingüística se dio en la polémica de las predicaciones del clero en 1636 y 1637. ¿Se habían de hacer en catalán o en castellano? Los argumentos de uno y otro lado debatieron principalmente sobre la capacidad estilística de una y otra lengua, el perfil político de ambas y sobre si la lengua más difundida y conocida en Cataluña era el catalán o el castellano.

En este sentido, unos como el obispo de Barcelona Gil Manrique o el canónigo de Tortosa Alexandre Ros sostuvieron que la lengua catalana, dada la gran cantidad de población no catalana residente (como los estudiantes navarros y aragoneses) no era suficientemente conocida. Y otros como el obispo de Tortosa Justino Antolínez de Burgos o el doctor Dídac Cisteller defendían, por el contrario que la mayor parte de la sociedad catalana no conocía el castellano.

En el siglo XVIII se reabriría la polémica sobre las predicaciones del clero defendiéndose que "los más de los naturales entienden y perciben el idioma castellano” por lo que se postulaba la predicación en esta lengua.

Se han dado muchas explicaciones del bilingüismo que datan, insisto, ya del siglo XVI, incidiendo con demasiada frecuencia en el factor exógeno e impositivo a la fuerza: el rey castellano desde el Compromiso de Caspe, la Inquisición, la introducción de frailes castellanos en Montserrat... Se ha hablado poco, demasiado poco, del factor mercado. Lo cierto es que la mayor parte de autores catalanes de folletos de la causa catalanista de 1640 contra Felipe IV escribieron sus textos en castellano. Por citar algunos ejemplos nos podemos referir a Gaspar Sala, Martí Viladamor y Josep Font. Todos ellos insisten en la voluntad de darse a conocer a todo el mundo, y ello pasaba por escribir en castellano "con lenguaje catalán no podía llegar a todos". Frente al argumentario identitario esencialista y el discurso político de la lengua del imperio que se asocia al castellano desde la dedicatoria de Nebrija a la Reina Católica en 1492, en la guerra de lenguas que empezó siendo del latín con las lenguas vulgares, convendría tener presente que detrás de las lenguas están los intereses del mercado. Lo decía el Diccionario francés-catalán de 1642, editado por Pere Lacavallería con un texto que promovía el conocimiento de muchas lenguas, cuantas más mejor: "¿Quants se poden enriquir sens tenir noticia de moltes llengües?¿Qui pot governar les ciutats i províncies sens saber altra llengua que sa maternal?".

Forcadell incumple su promesa al juez: nada más salir asume los estatutos de ERC que pide la independencia
Carlos Cuesta okdiario 16 Noviembre 2017

Carme Forcadell se comprometió a acatar la Constitución Española si volvía a desarrollar actividad política. Ese fue el requisito clave para que el juez del Tribunal Supremo desoyese la petición de prisión incondicional de la Fiscalía y permitiese la salida a la calle de la expresidenta del Parlamento catalán. Y el cumplimiento de esa condición ha durado menos de una semana. Forcadell se incorpora a las listas de ERC y, por lo tanto, asume los objetivos de este partido. Y ERC, sin grandes tapujos explica cuáles son esos objetivos en el artículo 2 de sus estatutos.

Así de claro: “Artículo 2. Objetivo: Esquerra Republicana tiene como objetivo la unidad territorial y la independencia de la nación catalana, de Salses a Guardamar y de Fraga a Maó […]”.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó la prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, porque se comprometió a hacer política sin incumplir la Constitución. Y lo va a hacer dentro de un partido que defiende abiertamente tumbar el artículo 2 de esa misma Constitución. Exactamente este mismo argumento va a ser incorporado por la acusación particular de VOX para reclamar al juez del Supremo que anule la fianza, acepte la incondicionalidad y, por lo tanto, meta en prisión preventiva a Carme Forcadell por riesgo de “reiteracion delictiva”.

La incorporación de esta causa se unirá, además, a otra solicitada ya por VOX previamente: la que apunta a que el origen del dinero con el que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) pagó la fianza de 150.000 euros que permitió la salida de Forcadell de la cárcel procede de un origen potencialmente ilícito. Esta petición, además, según apuntan fuentes conocedoras del proceso, se puede mezclar con una investigación ya solicitada por Hacienda.

Y es que el Ministerio ha pedido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que analice la procedencia de la financiación de ANC y de Òmnium. Y de esa investigación, cuyos principales datos pueden estar en manos de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil, puede derivarse precisamente si el origen de los fondos que maneja la ANC es de procedencia irregular o ilícita, algo que podría terminar en la posible anulación de la validez de la fianza.

Por el momento, lo que está ya claro es que el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre la validez o no de la fianza y sobre si la incorporación a la candidatura de ERC de Carme Forcadell dentro de un partido que pide activamente la independencia de Cataluña se circunscribe al compromiso de acatar una Constitución que sólo permite una nación: la española.

La justicia belga no tiene más salida que entregar a Puigdemont
Editorial larazon  16 Noviembre 2017

La justicia belga deberá tomar declaración mañana al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de haber huido y haberse refugiado en Bruselas, eludiendo de esta manera una citación de la Audiencia Nacional. Un juez belga –que será elegido sólo 30 minutos antes del comienzo de la vista– deberá decidir, después de que sean expuestos los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, sobre su extradición, tal y como fue solicitada a través de una euroorden por la magistrada Carmen Lamela. El magistrado tomará una decisión en un plazo de 10 días, aunque los posibles recursos posteriores alargarán el proceso hasta más allá del 21 de diciembre, fecha de las elecciones autonómicas. Estos plazos están dentro de lo previsto en la campaña electoral de Puigdemont y de su intento a la desesperada de presentarse ante Europa como la víctima de una «dictadura» como la española y como el responsable de un golpe contra la legalidad democrática.

El líder separatista –aunque cada vez más cuestionado entre sus correligionarios– querrá ganar tiempo y convertirse en el único motivo de campaña electoral. De él y de su llamado «estado mayor» podemos esperarlo todo con tal de dañar a nuestro país, pero lo fundamental es que hay motivos legales para que sea devuelto a España cuanto antes. Bélgica fue elegida no sólo por el apoyo que los independentistas catalanes recibirían de los nacionalistas flamencos, sino, y sobre todo, por su sistema jurídico especialmente garantista en los casos de extradición. El debate estará centrado en el requisito de que exista la doble incriminación –es decir, que de lo que se le acusa sea delito en España y en Bélgica–, que al no concurrir, impediría la devolución de Puigdemont y los ex consejeros.

Al no existir los delitos de rebelión y sedición en el código belga, impediría que se pusiera en marcha la euroorden. Sin embargo, lo fundamental del caso no reside en que dichos delitos existan nominalmente, sino que los hechos concretos de los que se le acusa estén registrados en la legislación belga en los casos recogidos por la Decisión Marco del Consejo de Europa de junio de 2002. Los casos por los que se incriminan a los dirigentes separatistas huidos son excepcionales por su fondo políticos y, mientras el de malversación de fondos públicos si está recogido en la legislación belga –motivo suficiente para poner en marcha la devolución–, los de rebelión y sedición no aparecen de manera evidente. Sin embargo, precisamente por esta excepcionalidad y en aplicación del criterio de mutua confianza –no escrito, pero sí muy tenido en cuenta– entre miembros de la UE, la justicia belga no tendrá mucho margen y se verá obligada a ejecutar la extradición. Dicha confianza tiene una base real: las funciones del Ministerio Público español están representadas por la fiscalía belga.

El principio al que se acoge Puigdemont es de base falso y propagandístico, pues decir que la huida –o el exilio, para ser aún más falaces– se debió a que en España no se aseguraba un juicio justo obligará a que el Supremo deba confiar en un Estado democrático y destacado miembro de la UE. Puigdemont tendrá que demostrar que no va a tener un proceso con garantías con el objetivo de provocar la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero será difícil que pueda mostrar pruebas que presente a un país donde no se respetan las ideas políticas.

Paradojas y perplejidades de la política
Amando de Miguel Libertad Digital 16 Noviembre 2017

Da la impresión de que muchos políticos viven y medran de la existencia misma de cuestiones irresueltas.

La política, antaño noble dedicación transmitida por herencia, se ha convertido en la manera de airear las andanzas de unos cuantos afortunados hombres públicos (y mujeres, claro). Sin esa dedicación habrían tenido poco papel en el mundo profesional. Tanto es así que, a través de tal personalización y su continua presencia en los medios, se ocultan las cuestiones que realmente preocupan a la sociedad. De esa forma los políticos se lavan las manos como Pilatos, patrono histórico del gremio. La prueba es que del Imperio Romano no se conocen gobernadores tan eminentes como Poncio Pilatos, que incluso pasó a rememorarse en el Credo.

Una inversión de sentidos tan llamativa se ha generalizado con éxito gracias al diabólico invento de la comunicación instantánea, universal y aparentemente gratuita, de incesantes mensajes e imágenes. Ni los más osados autores de relatos de ciencia ficción supieron imaginar el prodigio de la internet. Que no es solo juego o afición de adolescentes. Los gobernantes le han cogido gusto a tuitear, una forma de comunicarse tan irresponsable como los saludas de antaño. Eran piezas de información que nadie firmaba, pero que imponían.

Lo que ahora se conoce en los medios como "política" tiende a reducirse al intercambio de dimes y diretes sobre las andanzas de un reducidísimo núcleo de altos cargos, los que maman directamente de la ubre del erario. Se trata de saber con detalle qué dijeron ayer esos tales y qué van a hacer mañana con la mayor precisión posible de las circunstancias de lugar y tiempo. Las ideas de cada uno de ellos apenas se discuten, pierden interés, si es que alguna vez lo tuvieron. Es más, gracias a la adscripción de las siglas del partido de pertenencia se puede conocer automáticamente lo que piensa el quídam de turno.

La política toca inevitablemente la lista de problemas que aquejan a la gente del común, pero no se espere que se vayan a resolver. Por ejemplo, vaya usted a saber qué solución libre de impuestos pueda tener el llamado "problema catalán" o, en otra escala, el calentamiento global. Da la impresión de que muchos políticos viven y medran de la existencia misma de esas u otras cuestiones irresueltas. Se trata de acumular cambios legales continuos hasta dar la impresión de que los gerifaltes trabajan en pro del bienestar general. Obsérvese, por ejemplo, la incesante sucesión de reformas fiscales o educativas. Se hace creer que la última siempre es la que conviene a la población. En cuyo caso se oculta que la anterior regulación debía de ser bastante injusta.

Asunto inquietante: ¿Cómo se explica que en el País Vasco no se haya agudizado el mismo mal que en Cataluña con su ensoñación de la independencia? Hombre, los jelkides (los señores de "Dios y fueros") vascongados lo han sabido hacer mejor. Han conseguido la combinación óptima para que sigan mandando siempre las mismas familias. Tan inteligente es esa continuidad que ni siquiera necesitan ser corruptos. Gozan de los privilegios de estar protegidos por el Estado español (ahora también Unión Europea) y encima no pagan tantos impuestos, al igual que los navarros. En cambio, los políticos nacionalistas catalanes, aunque presuman de seny (sentido común y pragmatismo) no han sabido moverse con igual soltura. Para mantenerse en el poder necesitan corromperse. Se sabe queSabino Arana aprendió de los regionalistas catalanes del momento la forma de crear un partido nacionalista con éxito. Ahora el viaje tendría que ser al revés, que los independentistas catalanes, tan cobardes e irresolutos ellos, se dieran una vuelta por el txoko vasco.

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La izquierda española despierta de la anestesia nacionalista
Carlos Gorostiza vozpopuli.es 16 Noviembre 2017

Cuando Josep Borrell se dirigió a la multitud que le escuchaba el 8 de octubre pasado y dijo aquello de que “l as fronteras son las cicatrices que la Historia ha dejado grabadas a sangre y fuego […] no levantemos más ” no hacía más que recuperar un discurso que la izquierda española abandonó en la propia transición y que desde entonces ha permanecido siempre silenciado. Menos se recuerda que el ex ministro socialista, ex presidente del Parlamento Europeo y breve líder del socialismo español, dijo también en aquella misma tribuna que “todos tenemos culpa por haber callado demasiado”. Tal cual. Y se le entendió muy bien.

Como se le entendió fenomenal a Francisco Frutos cuando se presentó como un “botifler, un traidor a las mentiras que os inventáis todos los días” “un botifler contra el racismo que estáis creando”. Muchos izquierdistas españoles le agradecieron de corazón esas palabras, especialmente Justiniano Martínez Medin, ex secretario general del Partido Comunista, ex parlamentario catalán, ex guerrillero, que agradeció a su camarada Paco que recordase que “las instituciones catalanas democráticas no fueron producto de apaño”

Joan Coscubiela ya había protestado semanas antes en el Parlament, en el día aciago de la aprobación tramposa de las leyes de ruptura, manifestando que para él "Los derechos de los demás son mis derechos", en una expresión muy propia del liberalismo político del que siempre bebió la izquierda no integrista.

El nuevo PSOE de Pedro Sánchez vuelve a Granada (a la declaración) y pacifica del todo sus filas internas con el nuevo slogan: “Ahora, tu país”, olvidándose rápidamente de las espinosas referencias a plurinacionalidades y asimetrías. El apoyo nítido y claro a la aplicación del 155 ha supuesto una paradójica consolidación interna del líder socialista, que ha pasado de solo querer echar a Rajoy a entenderse bien con el presidente del Gobierno en este asunto. Sus barones, nuevos y viejos, suyos o contrarios, le han aplaudido el fin de semana pasado y los militantes socialistas, también. ¡Quién se lo iba a decir!

Volviendo a Borrell y su reconocimiento de culpa, es obvio que la izquierda cayó en los 70s y 80s en la trampa nacionalista de confundir con progresía todo lo que sonase a antifranquismo y bajo los efectos de esa adormidera política ha pasado hasta hoy, en que el independentismo, destapado y desaforado, ha comprobado que entre sus muchas torpezas ha estado la de despertar el sentimiento unitario de la izquierda en España, que creía no anestesiado sino muerto.

Abandonado por la izquierda cabal, que poco a poco se espabila del sopor antiespañol y que empieza ya a decir España, en lugar de “el Estado”, al independentismo se le cuartea el barniz de progresía que injustamente mantuvo durante décadas y solo le queda ya a la vista su supremacismo. Es por eso que, para desesperación del expresident huido, nadie con mando en plaza le escucha y solo encuentra en Europa el apoyo de la extrema derecha racista y xenófoba, justamente los amigos con los que no querría ser visto.

No me olvido de la jugada maquiavélica de Iceta, integrando en sus listas a personajes del catalanismo más moderado y pactista, que puede salirle bien. No por las “riadas” de votos que arrastrarán los de Duran y Lleida, sino porque permitirá al PSC mantener un pie en el terreno siempre fértil del catalanismo moderado y comerse quizás un buen bocado del electorado de la extinta CIU. Hombre listo este Iceta, mucho más que Ada Colau que, sin apercibirse, le ha ayudado, expulsando al PSC del incómodo gobierno municipal que ella misma preside.

La jugada del líder catalán es audaz para Cataluña, pero en el resto de España continuará la lenta, consciente e imparable subida de las aguas antinacionalistas entre los militantes y votantes de la izquierda española, entre los que los que pocos habrán dado ya el paso de sacar a su balcón la bandera constitucional que compraron para el mundial, pero que a casi ninguno habrá causado rechazo, si acaso algo de pudor, y eso de momento.

¿No estaban preparados para la independencia?
Jorge Vilches. vozpopuli 16 Noviembre 2017

En lugar de establecer la democracia en Cataluña, que para eso era el artículo 155, y desarmar a la oligarquía, con su red clientelar y el entramado propagandístico para la tiranía, se habrán dedicado a ganar tiempo.

Las patéticas declaraciones de los Tardá, Campuzano y ex consejeros independentistas sobre la falta de preparación para la independencia muestran que el Proceso no era una revolución ni un cambio social, como sostenían algunos. Simplemente se trataba de la conclusión lógica de la expansión autoritaria de la oligarquía catalana, alimentada por el fallido Estado de las Autonomías , bajo la forma de golpe de Estado.

Pero que nadie se lleve a engaño: la confesión de que les faltaba la preparación adecuada solo puede ser en dos sentidos, y ambos subsanables. El primero es que aún no tienen el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana, y el segundo es que la legislación no contempla el referéndum para la independencia. Eso significa que esas son las dos vías por las que marchará el separatismo.

Más persuasión
No tener en cuenta el peso del ascenso, consolidación y declive (aparente) del nacionalsocialismo y del comunismo en Europa para explicar los últimos cien años, es como creer que sin citar la Revolución Francesa se puede explicar el siglo XIX. Por eso es obligado mirar atrás en la cuestión de la propaganda y la nacionalización de las masas, su conversión en atrezo y la canalización política.

Goebbels solía terminar sus discursos emocionales y agresivos exclamando: “Por supuesto, todo esto es propaganda”. Estos pastores conocían perfectamente que la política es persuasión. Considerar que los movimientos políticos son reacciones espontáneas por una situación social o económica es pecar de ingenuo. Sin propaganda, organización y financiación no hay vida política. J. A. C. Brown escribía hace años que “ un grupo enfermo elige a un jefe enfermo”; ya, pero antes hay que dedicarse concienzudamente a infectar a un cuerpo susceptible de hospedar el virus.

Es la conquista de la opinión, ese sujeto que, según decía James Madison, otorga y quita legitimidades a los gobiernos representativos. Los catalanistas han comprendido así que las masas se nacionalizan al igual que son conquistadas por cualquier otra religión laica , una de esas que da respuestas fáciles a problemas complejos, que facilita interpretar el mundo, da sentido a vidas simples, y sirve para esconderse en el rebaño.

Los independentistas saben que ganarán las precipitadas elecciones del 21-D, por mayoría propia o pactando con el PSC y los de Colau y Doménech. Así, en el poder, al día siguiente, seguirán haciendo propaganda desde las instituciones a golpe de subvención y verdades teológicas. No en vano Prat de la Riba decía “ La religión catalanista tiene por Dios a la Patria ”. Pero no será suficiente para “estar preparados”, y saldrán los agitadores financiados de ANC y Òmnium a modo de los profesionales del bolchevique Plejanov, de esos que solo presentan una idea, no pero no paran de hacerlo.

Los agitadores usan dos instrumentos: la autocompasión (o victimismo) y el odio, porque odiar en común es la emoción política más fuerte y destructiva . La frustración por la DUI alimentará los peores sentimientos de los más convencidos, quienes a buen seguro volverán a mítines, performances, procesiones integristas, cultos a la esencia y beatificación de mártires. El objetivo será estar preparado, ser mayoría, remontar el ridículo. “Nos llevó la épica” decía uno de los delincuentes, y no querrán que vuelva a pasar.

La independencia legal
Los golpistas han fracasado a corto plazo, pero han conseguido extender varias ideas: el Estado de las Autonomías no es suficiente, la nación española es un imperativo legal pero no real, la plurinacionalidad es progresista y necesaria, la legislación está por encima del Derecho, la voluntad política puede retorcer la mano a la justicia, y la democracia es votar.

A esto añadimos el triste espectáculo dado por los constitucionalistas. El gobierno ha mostrado más que timidez a la hora de cumplir su deber, lo que se está reflejando en las encuestas. El PSOE de Sánchez perjura que no gobernara con los independentistas cuando en realidad ya lo hace en 60 municipios de Cataluña desde 2015. Ciudadanos está fuera de juego, como un becario ante Fouché, y Podemos, en fin, sigue en su papel de trama civil del golpe cuando ya se ha bajado el telón.

Los nacionalistas han tardado 37 años en crear las condiciones para este golpe de Estado, asaltando la educación, la cultura y los medios, catalanizando a los hijos de “charnegos”, normalizando el uso de niños como en la Intifada, y convirtiendo a los adultos en alegre comparsa norcoreana. Consiguieron colonizar el lenguaje de los castellano hablantes, y conquistar la conciencia y el bolsillo de la clase política y la élite cultural del resto de España siguiendo el molde de aquel imperialismo de la Lliga de Prat y Cambó: modernizar el país siguiendo la estela de “la más civilizada Cataluña”.

Ya decía la Declaración del Hombre y del Ciudadano, sí, aquella de la revolucionaria Francia, que la soberanía reside esencialmente en la nación; no en corporación ni individuo alguno. En torno a este principio ha girado la política contemporánea, para bien y para mal, y no hemos escapado aún a esta concepción colectivista del pasado y del futuro. Por eso, cuando PP, PSOE y demás partidos, por mucho que ahora los populares teatralicen el llevarlo a vía muerta, establezcan que otro cuerpo social distinto del español es una nación, será cuestión de tiempo que su oligarquía plantee la independencia legal .

De esta manera, en lugar de establecer la democracia en Cataluña, que para eso era el artículo 155, y desarmar a la oligarquía, con su red clientelar y el entramado propagandístico para la tiranía, se habrán dedicado a ganar tiempo, a colocarse para unas elecciones que devuelvan a esa “normalidad” que nos ha llevado a la situación más crítica de los últimos cuarenta años.

¿Por qué hay tanto confidente que acaba siendo terrorista?
OKDIARIO 16 Noviembre 2017

Los hechos acaecidos en Cataluña en los últimos meses dejan la credibilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en una posición muy comprometida. Al margen de la incapacidad para anticiparse e impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, las nuevas informaciones que les ofrece en exclusiva OKDIARIO así lo ratifican. De confirmarse las pesquisas que maneja el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional estaríamos ante un caso gravísimo, ya que el CNI habría sido incapaz de detectar que Aldelbaki Es Satty, más conocido como el imán de Ripoll, estaba formando una célula terrorista al tiempo que era confidente de La Casa y, por tanto, cobraba un dinero de los fondos reservados que le ayudó a organizar la estructura de este grupo salafista —una de las corrientes más radicales del Islam— que tenía como principal objetivo preparar la matanza que a la postre dejó 16 muertos y más de 120 heridos en Barcelona y Cambrils. Resulta preocupante el estado en el que se encuentra la Inteligencia nacional.

Hace no mucho, gozaba de una merecida reputación internacional. Ahora, no obstante, y a pesar de contar en la dirección con un experto general de cuatro estrellas como Félix Sanz Roldán, ha entrado en una espiral de errores que, en este caso en particular, desembocó en el segundo atentado más grave de la historia de Barcelona. Resulta incomprensible que el mismo centro que tiene espías y agentes haciendo un ímprobo trabajo contra el Estado Islámico en zonas tan delicadas como África o Asia fuera incapaz de detectar las actividades paralelas de su confidente, más si cabe cuando eran tan notorias dada su radicalidad. Es Satty supo servirse del dinero y la protección que le daba el CNI —permitieron que obtuviera el permiso de residencia en España a pesar de estar condenado por narcotráfico— para pasar desapercibido al mismo tiempo que aleccionaba a la docena de jóvenes con los que preparó el atentado de La Rambla. Incluso pudo montar un laboratorio del terror en Alcanar sin demasiadas dificultades.

Algo que hace sospechar de que los Mossos también estaban al tanto de su condición de colaborador y por eso no actuaron con más celo sobre el chalé de Alcanar cuando se produjo la explosión. Lo consideraron un mero centro de drogas. Sea como fuere, alguien tiene que dar explicaciones de cómo y por qué se actuó así. Es cierto que este tipo de trabajos de Inteligencia tienen como finalidad proteger la Seguridad Nacional y que son eminentemente secretos. No obstante, y dada la trascendencia informativa de las noticias que al respecto está ofreciendo este periódico, algún responsable ha de explicar qué relación exacta unía al CNI y al imán de Ripoll, por qué no se detectó su actividad como agente doble y hasta qué punto los Mossos conocían esta relación. La ciudadanía tiene derecho a saberlo, ya que como resultado de toda esta cadena de errores vino un atentado que ha dejado un rastro de muerte con numerosos interrogantes y muy pocas certezas.

EL PRESIDENTE DE ACVOT
‘La guardia urbana fue un piquete más el día de la huelga’
Rosalina Moreno gaceta.es 16 Noviembre 2017

José Vargas denuncia en La GACETA que ha sido multado ‘por desobediencia’ por tratar de ir a recoger a su nieta a la guardería. “Imagino que es para la caja de solidaridad de la ANC y Òmnium Cultural para pagar las fianzas”, expresa.

José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), ha denunciado en La Gaceta que ha sido multado ‘por desobediencia’ a un agente por tratar de ir a recoger a su nieta pequeña a la guardería el día de la huelga del pasado octubre. El 3 de octubre la plataforma Taula per la Democràcia convocó un ‘paro de país’ para protestar por la actuación policial el 1-0 para impedir la celebración del referéndum ilegal.

Aquella jornada hubo decenas de concentraciones, marchas y manifestaciones, y desde primera hora de la mañana la Guardia Urbana de Barcelona estuvo cerrando y abriendo calles al tráfico según empezaban y terminaban las marchas y movilizaciones.

Los trenes de Renfe funcionaron al 33 %; mientras que el metro y los autobuses lo hicieron al 25 % en horas punta, el resto de la jornada estuvieron fuera de servicio.

Hubo una concentración multitudinaria en la plaza de Universitat de Barcelona que hizo intransitable la zona, con riadas de estudiantes llegados a pie desde la Diagonal y otros campus de la ciudad. La protesta también tuvo como uno de los escenarios la comisaría de la Policía Nacional en la Via Laietana, a cuyas puertas los manifestantes lanzaron gritos de “asesinos” y “fora les forces d’ocupació”.

El Ayuntamiento de Barcelona, en manos de la podemita Ada Colau, se sumó a esta huelga, y suspendió la actividad institucional. El paro fue secundado por un 75% de los profesionales sanitarios que trabajan en los hospitales y centros sanitarios públicos de Cataluña, y también por bomberos.

José Vargas denuncia que aquel 3 de octubre “unos pocos, ayudados por agentes de la guardia urbana y de los Mossos, coartaron la libertad de expresión y movimientos de la mayoría democrática y silenciosa de la ciudadanía catalana, y en particular la barcelonesa”.

Recalca que “aquel día la guardia urbana, aleccionada por Colau y el jefe de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez, se situó en puntos estratégicos de la ciudad para evitar el libre movimiento de los ciudadanos”.

200 euros de multa
Su suceso tuvo lugar a las 16.45 de la tarde, en el cruce de Fabra i Puig con la Meridiana.

Relata que dos guardias urbanos ,“convenientemente tapados con casco de motorista y el número de placa que les identifica no visible”, le impidieron el paso para ir a buscar a la guardería a su nieta, que salía a las cinco de la tarde.

Informa de que “se dirigió al agente para pedirle que le dejara pasar porque tenía que ir a recoger a la pequeña”, que el asiento trasero llevaba a su otra nieta de siete años que ese día no tenía colegio, y que la “respuesta del guardia fue, sin consideración a una niña pequeña para asustarla, aporrear el capó del coche donde también intervinieron unos seis o siete perroflautas que ayudaban a los urbanos a hacer de piquetes”.

“Ante el cariz que tomaba el asunto” optó dar media vuelta hacia Can Dragó y coger el camino contrario, de salida de Barcelona hacia Gerona para poder recoger a la pequeña.

Su sorpresa ha sido que a principios de noviembre ha recibido una multa del Ayuntamiento por valor de 200 euros “por desobedecer al agente”.

El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas no sale de su asombro. Critica indignado que “debe ser para la caja de solidaridad que creó la ANC y Òmnium Cultural” para afrontar sanciones o fianzas derivadas de la acción judicial contra líderes del proceso separatistas.

La Asamblea Nacional Catalana ha abonado esta semana las fianzas de 25.000 euros por cabeza que impuso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó y Lluís Guinó para eludir la prisión. También abonó la fianza de 150.000 euros de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y parte de la del expresidente Artur Mas, que este miércoles ha dicho que no ha recabado todavía todo el dinero y que aportará su vivienda como garantía.

“Esto es lo que tenemos en nuestra ciudad de Barcelona, gobernada por sujetos que se amparan en el uniforme para realizar cualquier tropelía”, sentencia José Vargas.

y por provocación a la sedición
Hablamos Español denuncia al portavoz de un sindicato de profesores por odio
Rafael Núñez Huesca gaceta.es 16 Noviembre 2017

La recientemente constituida ‘Asociación Hablamos Español’ ha presentado ante la Fiscalía de Cataluña una denuncia contra Ramón Font, presidente del sindicato de profesores USTEC-STEs, por un delito de provocación a la sedición y un delito de odio.

El 8 de noviembre, día de la llamada “huelga de país”, Ramón Font aseguró ante los medios: “No daremos clases en castellano, no nos podrán obligar, no nos someterán”. Declaraciones que a juicio de la entidad favorable a la libertad de elección de lengua podrían suponer una conculcación de los derechos lingüísticos de alumnos y padres.?Además, advirtió: “No renunciaremos a hablar de política en los centros educativos, porque es nuestra función, es nuestro trabajo”. Una advertencia susceptible de ser interpretada como una intención de adoctrinar y señalar a aquellos que no estén conformes con el proceso de secesión.

Los hechos cuya investigación solicita ‘Hablamos Español’ podrían, además, ser discriminatorios, ya que atacan el modelo de convivencia y amenazan los valores de pluralismo, tolerancia y respeto de las diferencias, más aún cuando tienen por destinatarios menores de edad.

Niños como “escudos”
Además, unos días antes, en una entrevista en la televisión pública catalana TV3, el presidente de USTEC-STEs se mostró partidario de utilizar los colegios para celebrar el referéndum ilegal de 1 de octubre. Sugirió incluso que los niños podrían servir de “escudos” frente a posibles intervenciones policiales. Además, y en la misma entrevista, se mostró partidario del adoctrinamiento en la enseñanza como obligación de los docentes.
“Un estado que ya no puede considerarse democrático”

Según denuncia ‘Hablamos Español’, la página web de USTEC-STEs alberga comunicados a favor del referéndum ilegal del 1 de octubre y de los actos protagonizados por los miembros del Gobierno de la Generalidad, ahora encausados por un delito de rebelión y sedición.

Desde USTEC-STEs se ha hecho incluso un llamamiento a la comunidad educativa “a la resistencia contra las imposiciones de un estado que, a partir de la pedagogía los hechos, ya no puede considerarse como democrático”. Unas declaraciones que la asociación entiende como un llamamiento a la desobediencia del Ordenamiento Jurídico español, “en connivencia con el llamado procés de independencia”.

Llamamientos que van acompañados con otros en los que incitan a no reconocer la autoridad de quienes son, tras la aplicación del artículo 155, las legítimas autoridades educativas de Cataluña. Una situación que desde ‘Hablamos Español’ consideran “una falta disciplinaria grave o muy grave”.

El comunicado de ‘Hablamos Español’ concluye con que “estas y otras pruebas, declaraciones y comunicados incluidas en la denuncia podrían ser constitutivos de un delito de provocación a la sedición del art. 18 CP en relación art. 544 y 548 del mismo texto legal y de un delito de odio previsto y penado en el art. 510.1 CP”.

Los padres de Concapa denuncian a TV3 por adoctrinar a sus hijos

Piden a Fiscalía que investigue al programa 'infoK'
Redacción lavozlibre 16 Noviembre 2017

Los padres de la Concapa han denunciado ante Fiscalía a TV3 por adoctrinar a sus hijos. Concretamente, han pedido a Fiscalía que investigue al programa ‘infoK’.

A través de sus redes sociales, Concapa ha anunciado que ha presentado ya un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que solicita que se investigue a TV3 por si “hubieran podido cometer diversos delitos en la emisión del programa ‘infoK'”,.

Según Concapa, el programa da una visión totalmente “doctrinaria, parcial y sesgada del independentismo catalán, adoctrinando de forma evidente a la audiencia infantil conforme a los postulados que políticamente defiende el Gobierno catalán”. En su texto recuerdan, además, que la Generalitat controla directamente TV3, por lo que han llegado a condenar “en sus contenidos la legítima actuación de los poderes de Estado”, así como calificar de “presos políticos a los consejeros en situación de prisión provisional”.

“Concapa considera que, por su contenido, dicho programa puede ser constitutivo de diversos delitos que afectan a la educación y el desarrollo emocional de los menores, audiencia a la que va dirigida dicha emisión”, dicen desde la entidad.

Además, el presidente de Concapa, Pedro José Caballero, ha advertido que no es la primera vez que en TV3 se producen este tipo de comportamientos.

Concapa termina su texto solicitando “una rápida investigación de los hechos a fin de que sus autores no prosigan en la realización de este tipo de programas que, lo único que generan es odio, división y enfrentamiento”.

La denuncia de Concapa se suma a la que padres de manera individual han ido denunciando los casos que han vivido sus hijos, ya sea en la televisión pública catalana como en sus colegios. Sin duda, uno de los más llamativos era el testimonio de una abuela, que contaba cómo a su nieta de 5 años le habían contando “un cuento” en el que el final era matar “al rey malo” y en el que “la policía mata a la gente”.
 


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