AGLI Recortes de Prensa   Martes 21 Noviembre 2017

Y ahora... ¡echen la culpa a España!
Se pasaron años mintiendo y diciendo que seguirían dentro de la UE. Y ellos se creían su propio embuste
Ramón Pérez-Maura ABC 21 Noviembre 2017

Francamente, es muy difícil hacerlo peor. Barcelona tenía todos los requisitos para ganarse la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Empezando por el edificio en el que albergarla. Que como si estuviera pensado para ese fin, lo habían hecho con forma de supositorio. No le faltaba nada. Un clima infinitamente mejor que el de Ámsterdam, al borde del mar Mediterráneo, con unas comunicaciones idóneas y unas condiciones de origen en la industria farmacéutica en las que tenía ventaja sobre casi todos los demás candidatos. Pero Barcelona perdió ayer, como no podía ser de otra manera. En psiquiatría hay un mal bastante conocido que se manifiesta en un trastorno por el cual el paciente relata mentiras que él mismo se cree. Fabula utopías a las que acaba atribuyendo la condición de universos ciertos. Esta banda de disparatados rompedores de la unidad de España se pasaron años mintiendo y diciendo que siendo independientes seguirían dentro de la UE. Todos sabíamos que eso era mentira, pero ellos se creían su propio embuste.

El problema era que Barcelona, los políticos que ganan las elecciones autonómicas allí hasta la fecha, estaban empeñados en romper España y el resto del mundo sabía que eso implicaba salir de la UE. Por eso era imposible que la capital catalana ganase la sede de la EMA. Con buena lógica, la mayoría de los gobiernos no querían correr el riesgo de verse de nuevo dentro de unos años teniendo que hacer otro traslado. Y la mayoría de los pagadores de impuestos europeos les agradece que hayan tenido eso en cuenta. Porque los traslados no salen gratis.

El marxismo de la alcaldesa Colau le ha llevado a decir que a sus votantes no les interesaba esa Agencia. Es lo que pasa cuando tienes de primer munícipe de un ayuntamiento de 40 concejales a quien sólo ganó 11. Que gobierna para las minorías. Minorías para las que no debe de ser necesario beneficiarse del millar de trabajadores y familias que se hubieran instalado en la ciudad, más los 30.000 técnicos que cada año acuden a hacer consultas con la EMA. Por no hablar del presupuesto de 340 millones de euros que gestiona anualmente la agencia. Eso es bueno para cualquiera menos para los votantes de Ada Colau y su padrino Pablo Iglesias. Ellos prefieren seguir amamantándose de las arcas del Estado, que creen ubérrimas, y regando con esa leche a sus seguidores. Igualito que la Venezuela de Chávez y Maduro. Porque como con la Cataluña que iba a seguir dentro de la UE, nos dicen de Venezuela que todo es perfecto allí. Especialemente la sanidad. Y dos huevos duros.

El problema es que los intoxicados por esta enfermedad que propagan los Junqueras, Puigdemont y Colau, entre otros, se fueron a dormir anoche convencidos de que la culpa de haber perdido la EMA la tuvo Madrid. Impasible el ademán.

El 155 como puerta giratoria
Guillermo Dupuy Libertad Digital 21 Noviembre 2017

El único riesgo de reiteración delictiva a la espera de juicio lo brinda la absurda premura en convocar nuevas elecciones autonómicas.

Resulta un tanto paradójico que los abogados de los exconsejeros golpistas Jordi Turull y Josep Rull, en su afán de obtener la libertad provisional de sus clientes, señalen la voluntad de estos de concurrir a las urnas el próximo 21 de diciembre como supuesta muestra de acatamiento a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y prueba de que "no hay voluntad ni riesgo de reiteración delictiva". Y digo que es paradójico porque esa es precisamente la única forma que tendrían de alcanzar nuevamente el poder, único lugar desde donde podrían reincidir en el delito a la espera de juicio por los ya perpetrados.

Por nulo que fuera su acatamiento al artículo 155, ningún riesgo de reincidencia en el delito, que sólo se puede perpetrar desde el poder, habría en el hecho de que los acusados esperasen en casa, y no en la cárcel, a la celebración del juicio, si no fuera –claro está– por esta manifiesta voluntad de presentarse a estos comicios convocados con tan necia e irresponsable premura. El hecho de que los separatistas –CUP incluida– hayan decidido presentarse a estas elecciones convocadas al amparo de esta ridícula aplicación del 155 no es muestra de acatamiento del orden constitucional, sino muestra del más elemental sentido de la realidad del que sabe que fuera de las instituciones ni se puede preservar la cuasi independencia de facto que la Cataluña nacionalista ha gozado durante tantos años ni, menos aun, transformarla en un Estado soberano en forma de república.

En cualquier caso, sigo pensando que el mayor riesgo para la unidad de España y su vigencia como Estado de Derecho no radica en la concesión de la libertad provisional a ninguno de los acusados ni en la reiteración de ninguna insurrección en aras de la independencia de Cataluña. El mayor riesgo está en la componenda, en el apaño, ya sea tácito o manifiesto, con nuestra infausta clase política en aras de la impunidad y de una condescendencia hacia un nacionalismo que no se combate sino que meramente se conlleva a base de chequera y de cegueras voluntarias ante cosas tan graves como el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas y en los medios de comunicación. Eso, por no hablar de la erradicación del español en la enseñanza.

Una suspensión de la autonomía catalana que no haya tenido como objetivo la erradicación de estas lacras y que ni siquiera haya tenido la precaución de durar hasta la celebración del juicio por la intentona golpista se convierte en una mera puerta giratoria que permite a los acusados recuperar el cargo a la espera de un juicio que, si hay componenda política, ya veremos en qué queda. Y si no, al tiempo.

Desmontando el victimismo catalán
NICOLÁS REDONDO TERREROS El Mundo 21 Noviembre 2017

Durante estos últimos meses hemos asistido a un espectáculo en Cataluña en el que se ha mezclado lo grotesco y lo dramático, una irresponsabilidad infantil y una prepotencia estúpida con ensoñaciones independentistas y simple negocio a costa de ellas. Con las escasas semanas transcurridas desde los atropellos parlamentarios, nos encontramos que detrás de toda la escenografía independentista sólo había mucho sentimiento instrumentalizado y un vacío político que no deja de sorprenderme. Ahora leemos y oímos que algunos de los dirigentes de esta loca operación se retractan, se echan a un lado, reconocen que no estaban preparados para conseguir sus pretensiones, o simplemente rompen el silencio en el que embozan sus vergüenzas con cursilerías en Twitter.

Todo ha sido de bajo nivel intelectual y hasta desde un punto de vista estético, casposo e indigno de una sociedad avanzada, exceptuando las temibles movilizaciones organizadas. Han resucitado a Franco para tener alguna justificación y lo han hecho quienes no tienen ni idea de lo que supuso la dictadura para quienes la combatieron de verdad. Desde Bruselas Puigdemont, con un interés puramente electoral y sin un gran sacrificio personal, juega al exilio, denigrando a los cientos de miles de españoles que tuvieron que pasar la frontera con Francia por Cataluña huyendo de la represión franquista. Aquellos sí fueron directamente a vivir una vida llena de privaciones, cuando no fueron directamente a inhumanos campos de internamiento. La lista es muy larga y el anonimato ha impedido que hagamos un justo homenaje, sin utilizarles para nuestras pequeñas y egoístas batallas, a quienes hoy banalizan los independentistas. Aquellos exiliados se merecen una grandeza que supere los partidismos y la mezquindad de la que hoy hacen gala muchos, no sólo los independentistas.

Ellos y don Pablo Iglesias hablan de presos políticos, no sólo retorciendo la realidad hasta la mascarada, sino también desmereciendo lo que sufrieron un grupo de españoles -y no eran tantos como ahora parece- y sus familias por defender la libertad y la democracia. El TOP, las mazmorras en las comisarías, las torturas, la imposibilidad de encontrar persona, medio de comunicación, empresa o grupo que les defendiera..., esa fue la realidad durante 40 años de los antifranquistas (andaluces, gallegos, catalanes... de toda la geografía española). Sólo pudieron recurrir a unos pocos abogados a los que su recia moral y su amor por la libertad les hizo comprometerse, corriendo parecida suerte que sus defendidos. La diferencia entre la realidad y la retórica es que el triunfo de aquellos supuso que todos los españoles recobraran la libertad y su dignidad cívica, mientras que la victoria de los independentistas habría supuesto el secuestro de la mitad de la sociedad catalana. Es tan desproporcionado todo lo que hacen y dicen los independentistas para mantener el espectáculo que daría risa si no fuera porque sus acciones perjudican a España, niegan la ciudadanía a la mitad de los catalanes y arruinan su país.

¡Sí!, la ruina de Cataluña, porque no estamos asistiendo al nacimiento de una espléndida república, no hemos presenciado la aparición de una rutilante nación que mejoraría el concierto internacional como pretendían los independentistas. Estamos asistiendo, debido a su irresponsabilidad infantil y temeraria, a la ruina de un país en otro tiempo próspero, equilibrado y moderno. Son millares las empresas catalanas que han iniciado el éxodo hacia otros territorios de España y las consecuencias las veremos en un corto espacio de tiempo. Un ambiente político no sólo enrarecido, sino también con una levitación revolucionaria continua, unido a una sociedad altamente polarizada y dividida, no resulta atractivo para quienes arriesgan su dinero. Sólo los aventureros que dependen del entorno público y los que están atados por la naturaleza de lo que producen se mantendrán sin cambiar. Es más, el tránsito al exterior de Cataluña, que no tengo dudas de que en muchos tuvo una clara voluntad temporal, "mientras arrecie la tormenta", tenderá a ser definitivo si se mantienen las mismas condiciones en Cataluña, y si además sienten que se encuentran en ambientes sociales más amables con realidades políticas más estables.

Su vuelta a Cataluña no dependerá exclusivamente de acuerdos con Madrid más o menos aceptados, también será necesario un mínimo de concordia social en la comunidad. Y justamente a la concordia catalana me quiero referir. Durante 40 años, antes también, hemos visto Cataluña como querían los nacionalistas: homogénea y sin fisuras, monolítica y uniforme. Pero la enloquecida iniciativa del independentismo, para la que según ellos mismos no estaban preparados, ha hecho reaccionar en la calle a una parte de la sociedad catalana, tan catalana como la otra, que no se atiene a los clichés de la Cataluña oficial y dominante. No me encuentro entre los que están a priori en contra de acuerdos entre el pensamiento dominante en Cataluña y el Gobierno de la nación, apoyado por los partidos que defienden la Constitución del 78; veremos el margen, las posibilidades y el resultado. Pero me parece ineludible que toda la acción política futura tenga en cuenta a esa parte de la sociedad que ha decidido ser catalana a su manera, sin aceptar la servidumbre de un pensamiento oficial, lleno de trampas y mentiras.

En esa disyuntiva, con una realidad política nueva que se extiende por toda España, la campaña electoral catalana se transforma en definitiva. No será, como quieren los independentistas, plebiscitaria, será un punto determinante para el futuro de Cataluña y de toda España. En ese sentido, en el momento más grave de la historia reciente de Cataluña, la más duradera como sujeto histórico relevante, los partidos deben hacer frente a sus responsabilidades y mostrar la claridad más absoluta sobre sus futuras intenciones. Es increíble, ahora los independentistas pasan de considerar que no estaban maduros para la proclamación de la independencia a proponer otras vías distintas a la que les ha llevado a ellos al fracaso político y a los demás a soportar una crisis institucional, política y económica sin haberla provocado ni deseado. De este juego irreflexivo y autoritario tendrán que dar cuenta.

El PP no ofrecerá dudas hasta que sean posibles pactos con los nacionalistas catalanes en Madrid y, por lo tanto, en un plazo de tiempo largo mantendrá su posición. Ciudadanos, con su capacidad para pactar con el PP y el PSOE, ha hecho de su posición en Cataluña la base política más reseñable de su éxito electoral y por lo tanto no veo razón para que cambien cuando su política vuelve a recobrar impulso en un terreno social más poroso y a costa de los otros partidos nacionales. Así que el PSC se vuelve determinante a la hora de definir el futuro de Cataluña. Los éxitos y fracasos electorales se consiguen en una lucha continua entre la confianza que generan los partidos en liza, la esperanza en posibles cambios y la inquietud que generan.

El PSC genera a mi juicio esperanza, pero también mucha inquietud y poca confianza. Esperanza entre quienes creen que es necesaria una nueva relación de Cataluña con el resto de España, inquietud entre los que han alzado la voz diciendo que no se les olvide, que eran catalanes, aunque no comulgaran con el discurso oficial y dominante que hemos construido durante estos 40 años entre todos. Y creo que la desconfianza en el PSC es, como se dice ahora, transversal, porque unos creen que irá mucho más lejos de lo que ellos querrían, otros que nunca se acercará a sus pretensiones más queridas y muchos porque cuando ha podido ser virtuoso no lo ha sido. Las últimas declaraciones de Iceta y, sobre todo, de Pedro Sánchez sobre la futura política de alianzas van en ese sentido. Bienvenida sea la aclaración y deseo que sea suficiente.

El gran esfuerzo del PSC debería ir dirigido a mostrar un discurso más solidario con el resto de España que identitario, más cosmopolita que local; debería erigirse en defensor de lo común, de lo que les une y nos une, olvidando el discurso de la diferencia sobre el que hemos incidido con tanto ofuscamiento durante tantos años, ¡las diferencias ya se ven, ya se notan y se respetan, no hace falta seguir incidiendo desde un partido que se autoproclama socialista! Si a los socialistas catalanes les sale bien, el PSOE conseguirá tranquilidad para las próximas citas electorales, pero si se equivocan pueden llevar a Pedro Sánchez a la casilla de salida, después de todo lo que nos ha costado superar las diversas crisis en el PSOE y erigirse él ante Rajoy como una alternativa creíble.

Nicolás Redondo Terreros es miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Salvar Cataluña ¿Voto útil para Ciudadanos?
Errores de apreciación del PP pueden acabar con un retorno a la situación previa a la aplicación del Artº 155
Miguel Massanet diariosigloxxi 21 Noviembre 2017

A medida que se va acercando la fecha del 21 de diciembre, como quien dice a la vuelta de la esquina, nos vamos reafirmando más en la idea de que va a ser muy difícil que los partidos que se pudieran considerar constitucionalistas consigan mayoría en las futuras elecciones autonómicas de Cataluña. Cada vez se va consolidando, y algunas encuestas ya se van encargando de anunciarlo, que los partidos de los considerados como nacionalistas- separatistas, tienen todas las de ganar en esta nueva confrontación ante las urnas. Incluso en el caso de que se consiguiera, contra todos los augurios, una mayoría ( nunca absoluta) del bloque no nacionalistas es obvio que también surgirían dificultades en conseguir que se llegara a una entente entre ellos de modo que los que menos votos hubieran conseguido se avinieran a apoyar al mejor posicionado para gobernar.

El señor Iceta ya se ha encargado de desvanecer las pocas posibilidades de un acuerdo a tres con Ciudadanos y el PP. Conocida es la fobia que, este personaje del PSC, les tiene a los populares y la influencia que ha demostrado tener sobre el señor Pedro Sánchez de su partido hermano el PSOE ante la evidencia de que el primer apoyo en votos del PSOE le viene precisamente de Cataluña. Efectivamente el señor Iceta no se ha cortado cuando ha hecho declaraciones de que no haría ascos a ponerse de acuerdo con partidos de la izquierda para formar gobierno en Cataluña, si llegaba la ocasión y las izquierdas se mostraban propicias a un pacto semejante. Por su parte el PP parece que carece de iniciativas creíbles, de apoyos suficientes y de una visión lo suficientemente clara de sus posibilidades en Cataluña, cuando se sigue perdiendo en frases grandilocuentes, reclamando para sí un protagonismo que, en la situación actual de Cataluña, más parecen propias de un visionario que de alguien que conozca la manera de pensar de una gran parte de los catalanes, inclusos de los que no están en absoluto de acuerdo con una ruptura con España pero que, no ven en el PP del señor Rajoy, la formación política capaz de lograr que la situación política en esta autonomía vuelva a la normalidad, al menos a una normalidad relativa que permitiera que los españoles que vivimos en esta región de España, sepamos que no nos hallamos en tierra extraña y que vamos a seguir bajo el amparo de la Constitución.

En muchas ocasiones hemos elevado nuestra voz para advertir, a nuestro partido de siempre, que se estaba equivocando cuando permitía a los separatistas catalanes seguir infringiendo las leyes, mofándose del Estado de Derecho y pasándose por la entrepierna las advertencias que le iban llegando del Gobierno de Madrid. Como en el cuento del pastor y el lobo no se han hecho caso a estas opiniones ni hemos visto que la política territorial del Gobierno haya tomado en serio la escalada que los separatistas han ido utilizando para aumentar la presión contra el Estado español hasta que, desgraciadamente para Cataluña, para los que vivimos en ella o para la propia España que ya está comenzando a darse cuenta de lo que puede suceder desde el punto de vista económico, social y de relaciones con el resto de Europa si se les sigue consintiendo a los secesionistas que sigan llevando la batuta de este proceso desintegrador de la unidad de España.

Hoy mismo hemos tenido una noticia que no permite albergar dudas respeto a la influencia de la inestabilidad política en Cataluña va a representar en nuestras relaciones con el resto de Europa, cuando hemos conocido por la prensa que Barcelona ha quedado eliminada como candidata para acoger la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en la primera ronda de la votación para elegir la futura sede de la misma, a la que ya solo aspiran Milán (Italia), Copenhague y Ámsterdam, indicaron fuentes europea. Una malísima noticia para España y, como no, para Cataluña que ha pasado de ser una de las favoritas para conseguir la Agencia Europea del Medicamente a ser eliminada en la primera ronda. En este caso las malas voces, como la de la señora Marta Rovira, le han hecho un flaco servicio a la candidatura de la AME precisamente porque si algo buscan estos grande organismo de carácter europeo es ubicarse en lugares donde exista calma, seguridad y orden algo que, evidentemente, si se escucha a los separatistas, está muy lejos de gozar esta tierra catalana.

Da lo mismo porque personalmente he podido comprobar que entre la gente sencilla, entre personas del pueblo existe la creencias de que los separatistas tienen la razón, de que el Estado español no busca más que limitar la libertad de los catalanes y, aunque han visto que han sido engañados respecto al imaginario apoyo de Europa o de las promesas del señor Junqueras de que una Cataluña independiente formaría parte de la UE; siguen en la creencia de que el proceso se alargará pero que, al final, ellos se van a salir con la suya. Por ello, parece una falta de visión de futuro la de aquellos partidos constitucionalistas que siguen creyendo que, con actuaciones “blandas”, con “diálogos” o con más cesiones ( algo que veríamos como se lo tomarían en el resto de comunidades españolas, que ya se quejan del trato preferencial que se les viene dando a los catalanes), van a conseguir, después de las elecciones del 21D, que los partidos que, hasta ahora, se han mostrado tan belicistas con la cuestión catalana (que, por cierto, se siguen presentando a las elecciones con prácticamente los mismos aspirante con los que se presentaron en las anteriores elecciones) se conviertan en más maleables, se avengan a retrasar indefinidamente las peticiones de más independencias o que se conformen con vagas promesas de más autogobierno o de federalización de España que se les pudieran ofrecer.

Y aquí llegamos a la reflexión sobre el royalty que los ciudadanos españoles y catalanes, que vivimos en tan conflictivo lugar, estamos dispuestos a pagar para que el desmadre que parece avecinarse en las próximas elecciones del día 21D, sea lo menos dramático posible para nuestros intereses como españoles¸ no solamente en cuanto a quienes consigan más número de escaños en el Parlamento catalán (esperemos que los independentistas no alcancen la mayoría que se nos anuncia) sino en la forma y firmeza con la que el partido más votado de los constitucionalistas, va a intentar evitar que Cataluña, como ya es evidente que va a ocurrir, quede en manos de las izquierdas e implante, como viene sucediendo con la señora Colau, la serie de cambios que viene llevando a cabo con el resultado fatídico, para Barcelona, consecuente a pretender aplicar en nuestra ciudad aquellas fórmulas de tipo asamblearias o anarquistas que tan malos resultados han producido en aquellos lugares donde se intentó implantar.

Es evidente que, en esta ocasión, los catalanes españoles que residimos en Cataluña tenemos la obligación de votar al partido que mejor se sepa desenvolver entre este maremagnum de partidos catalanes, entre los cuales los hay de clara filiación comunista y los que no lo son resultan ser tan peligrosos como aquellos que se nutren de las doctrinas de Marx y Stalin. Por ello tenemos la impresión de que ante la grave situación que nos encontramos y la poca fiabilidad de lo que tienen en mente los del PP en cuanto a la forma de solucionar el tema catalán, quizá nos debiéramos plantear el cambiar nuestro voto y trasladarlo del partido Ciudadanos aunque no sean los que mejor representen nuestras ideas pero, en el caso que nos ocupa, seguramente será el que mejor nos pueda representar en el ámbito catalán.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos el convencimiento de que estamos obligados a salvar nuestra situación como españoles, antes que mantener nuestra fidelidad a un partido político que, por otra parte lleva un tiempo en el que, a muchos, nos cuesta reconocer en él a aquella formación, liderada por el señor Fraga, que representaba todos los valores en los que creíamos y seguimos creyendo.

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El difícil retorno a la legalidad (25)

Vicente A. C. M. Periodista Digital 21 Noviembre 2017

ACATAMIENTO OBLIGADO DE LA LEY PARA INTENTAR LIBRARSE DE LA CARCEL. A JOSÉ MONTILLA LE TRAICIONA EL SUBCONSCIENTE.

Ya hay dos exconsejeros del Gobierno de la Generalidad, Jordi Turull y Josep Rull que dicen que acatarán la aplicación del 155 y que no opondrán resistencia. Sus abogados acaban de presentar ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un recurso en el que se acogen a la vía Forcadell y solicitan la puesta en libertad, incluso admitiendo una fianza, al mostrar sus defendidos este cambio de actitud. Unas declaraciones que, como ya dijo en su Auto el juez Pablo Llarena, cabe la posibilidad que fueran mendaces. Pero lo realmente curioso es que se admita como una circunstancia eximente el hecho de acatar la Ley y afirmar que no se ofrecerá resistencia a su aplicación. Un hecho insólito y de extrema benevolencia y credulidad al dar por buenas unas supuestas intenciones cuando, no hace ni horas que la golpista Carme Forcadell, señalada como ejemplo de arrepentimiento y que el juez Llarena puso en libertad bajo una considerable fianza económica, no ha tenido empacho en formar parte de la candidatura de ERC en un puesto de relevancia, sin que ese partido haya renunciado a sus intenciones de independencia. Es decir, a no reincidir en todo aquello que realizaron sus cargos electos en el Parlamento autonómico y en el Gobierno de la Generalidad, con aprobaciones de leyes inconstitucionales y la declaración de independencia que hizo que el Estado de Derecho actuase y aplicase el artículo 155 de la Constitución en una intervención de la autonomía.

Porque ¿Qué credibilidad pueden tener las declaraciones de unos golpistas que hasta ahora siempre se han mostrado firmes en sus intenciones y nunca han manifestado arrepentimiento ni renuncia a nada de lo realizado? Unos sujetos que no han dudado tampoco en aceptar de buen grado su inclusión en las listas electorales de una marca electoral creada por un prófugo de la Justicia como Carles Puigdemont, que no solo no ha acatado las medidas del artículo 155, ya que se sigue considerando él y sus acompañantes, junto a los detenidos en España, como “Gobierno de la Generalidad legítimo”, sino que sigue delinquiendo propalando mentiras y manteniendo los mismos objetivos independentistas y argumentos usados para otorgarse legitimidad y una representación de una toda una sociedad.

Algo no está bien en la Ley cuando a unos golpistas cuyas actuaciones fueron publicitadas y vistas y oídas por millones de personas y que figuran en las Actas de sesiones del Parlamento autonómico y en el Boletín oficial de la Generalidad, se les aplica el adjetivo de “supuestos” y se les conceda el beneficio de la duda, manteniéndoles intactos sus derechos a poder someterse a sufragio pasivo y ser elegidos como representantes del futuro parlamento de Cataluña, basados en que no existe condena firme de inhabilitación. Y es que el hecho de que la Justicia sea ineficaz por la lentitud de los procedimientos y los excesivos pasos a recorrer hasta obtener esa sentencia en firme, no puede ser causa de que los delincuentes obtengan beneficios para poder, si no eludir a la Justicia, sí al menos dilatar las sentencias y el cumplimiento efectivo de las condenas. Algo va mal cuando un delincuente pillado in fraganti delito, se le da la oportunidad de reincidir. Es lo mismo que dejar que un desfalcador retornase a su puesto de Tesorero en la misma empresa a la que saqueó.

El recurso planteado es evidentemente solo un ardid de los golpistas y de sus abogados para conseguir el objetivo de quedar en libertad y dedicarse de forma plena a la campaña a favor de una propuesta política que no ha cambiado en nada en sus pretensiones de independencia. Y algo va mal en la Justicia cuando los propios golpistas encarcelados por la jueza Carmen Lamela, solicitan el cambio jurisdiccional para que sus causas las asuma el Tribunal Supremo, cosa que ya ha solicitado el juez Pablo Llarena, que aceptó como buenas las declaraciones voluntaristas de Carme Forcadell que ha incumplido de forma flagrante sin que el Fiscal del Tribunal Supremo ni el juez Llarena hayan reconsiderado su decisión de mantener la libertad provisional por reincidencia, ya que la formación política ERC no ha renunciado a nada para conseguir la independencia, ni a acatar la Constitución de España. Un partido que hace tiempo que debería haber sido ilegalizado por su clara implicación en el proceso separatista que culminó en la declaración de independencia.

Pero no solo es culpa de los Tribunales el que hayamos llegado a esta situación anómala. La mayor responsabilidad proviene del Gobierno de España de Mariano Rajoy por haber cedido a las presiones de sus “socios” PSOE y CIUDADANOS, empeñados en minimizar la aplicación de la Ley, es decir del artículo 155 y poner unas exigencias que han desfigurado la esencia y la eficacia de la respuesta al secesionismo, al poner límites absurdos a una situación conflictiva que lleva enquistada años en una sociedad dividida y radicalizada en posiciones opuestas. Y no solo eso, sino que, llevado por esa presión y acobardamiento, el Gobierno decidió ir más allá y minimizar más aún las medidas adelantando la convocatoria de las elecciones autonómicas en esa región intervenida y dejar libertad de movimientos a quienes finalmente se han convertido en prófugos y siguen desafiando a la Justicia, al Gobierno de España y a todos los españoles. Y para mayor escarnio, sin haber primero resuelto la decapitación de la cúpula golpista en un juicio exprés, con todas las garantías procesales por supuesto, y dejar claro que el que la hace, la paga. No hacerlo ha dejado vía libre al esperpento de ver a los golpistas aspirar a recuperar sus cargos y ser reconocidos nuevamente como el Gobierno legítimo de la Generalidad tras las elecciones.

No sé si la Audiencia Nacional atenderá los recursos de Turull y Rull, ya que en pocos días puede que las causas vayan al Supremo. Así que lo lógico es no modificar el criterio de la jueza Carmen Lamela y dejar que sea el Supremo el que decida. Al fin y al cabo, es la máxima Institución jurídica de España a cuyas sentencias ya no cabe recurso alguno. En este caso, lo que en lógica debería ser una decisión colegiada, queda en manos de un solo juez de Sala, Pablo Llarena y ya sabemos por su Auto y decisión sobre Carme Forcadell su posición sobre la presunción de inocencia y aquello de “in dubio pro reo”, incluso cuando la realidad demuestra que las dudas son certezas.

Y ya puestos a enredar y meteduras de gamba hasta el corvejón, solo faltaba el que el Senador por Cataluña, ex Presidente de la Generalidad y militante del Partido Socialista de Cataluña, PSC, el ex Molt Honorable José Montilla, haya declarado que “No hay ningún Estado que vea de buen grado su propia amputación porque España sin Cataluña no sería España, sería otra cosa. No nos engañemos: no estamos hablando de Ceuta y Melilla”. Tras soltar semejante asnada y las lógicas reacciones de los representantes ceutíes y melillenses, quiso enmendarlo y solo lo empeoró al excusarse vía twitter escribiendo “Mis disculpas a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta y Melilla. Mi desafortunada comparación en ningún caso pretendía poner en cuestión su españolidad ni su importancia, me refería al peso económico de las comunidades autónomas”. la rectificación debe ser al menos de la misma difusión que la usada en las declaraciones, y twitter no la tiene ni de lejos. Sin embargo, al parecer a algunos les ha bastado esas disculpas que vuelven a incidir en discriminaciones, en este caso económicas sin tener en consideración otras circunstancias como geopolíticas y estratégicas, además de las históricas.

Se puede ser torpe hasta el extremo de expresar públicamente y sin censura el pensamiento íntimo y la opinión dejándola al desnudo. Algo inconcebible en un político que no suele caer en esas faltas de concentración donde le traiciona el subconsciente. Pero lo que no se puede es reincidir en la torpeza y decir obviedades innecesarias y que demuestran la existencia de prejuicios que en nada se diferencia de las alusiones al “España nos roba” y lo de “¿Por qué no te vuelves a Cádiz? De Nuria de Gispert a Inés Arrimadas. Ya saben lo del genial Groucho Marx que dijo al respecto lo de “Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente”.

¡Que pasen un buen día!

Presos en campaña
Cristina Losada Libertad Digital 21 Noviembre 2017

La Justicia no tiene que hacerle ningún favor a la política. Nunca.

Con el fin aparente de que la del 21-D no sea la campaña de los presos, se está pidiendo que no haya presos cuando llegue la campaña. Lo pide un día Iceta diciendo que le gustaría que los candidatos en prisión provisional pudieran salir de la cárcel y hacer campaña sin trabas. Lo piden comentaristas no favorables al independentismo alegando que hay que derrotarlo en las urnas, no en los tribunales ni, muchos menos, por Dios, en la trena. Todos ellos, y más que se irán sumando, creen que la Justicia le haría un gran favor a la política si dejara en la calle a esos exmiembros del Govern, y al Jordi que es candidato, que ahora se encuentran entre rejas por decisión de la juez Lamela.

La Justicia, sin embargo, no tiene que hacerle ningún favor a la política. Nunca. Tiene que seguir sus propios criterios, no los que convengan o dejen de convenir a la política o a los políticos. Por su lado, a la política y a los políticos corresponde respetar la independencia judicial y abstenerse de querer influir en las decisiones de los jueces. Que un político manifieste su deseo de que la Justicia deje en libertad –o ponga en la cárcel– a un acusado no representa una mera opinión: es una presión improcedente. Peor aún si, como pienso que ocurre en este caso, implica arrojar sospechas sobre la decisión judicial de ordenar prisión provisional. Sospechas de politización, precisamente.

Es paradójico. Todo el mundo, menos los partidos separatistas y sus compañeros de viaje podemitas, sostiene que los exconsellers y los Jordis no son presos políticos. Pero luego una parte importante de ese mundo, particularmente la socialdemócrata, cree que sería buenísimo que salieran en libertad. Sea para tener una campaña electoral más normalita y tranquila, sea para no alimentar el insaciable victimismo independentista y privarlo de un nuevo agravio con el que mantener movilizadas a sus bases. En fin. Me concederán los aludidos que hay en su postura alguna contradicción: dicen que los acusados no están presos por sus ideas políticas, pero creen que deben salir de la cárcel para defenderlas. Como poco, ese segundo argumento deja muy debilitado al primero.

Ninguna razón política ha de pesar en el tratamiento judicial de los acusados de rebelión, sedición y malversación que ahora se encuentran en prisión provisional. Pero, además, todas las que se aducen son erróneas. Con o sin políticos presos, el victimismo nacionalista existirá. Con o sin candidatos en la cárcel, la campaña no será normalita. Es verdad que el separatismo no será derrotado en los tribunales. Pero es que los tribunales no se proponen derrotar al separatismo. Se proponen juzgar delitos. Esa es su función, sólo esa, ninguna otra. Y estaría buena que los tribunales dieran un trato de favor a los presuntos autores de esos delitos porque resulta que son políticos separatistas y candidatos en unas elecciones.

A Iceta le gustaría que los exconsellers y el Jordi estuvieran fuera de prisión para hacer campaña sin impedimentos. A mí me gustaría más que los exconsellers, los Jordis y los fugados no hubieran vulnerado la ley. Pero lo hicieron. La normalidad es que se les juzgue y, si procede, penalice por ello. Esa normalidad, la del Estado de Derecho, ha de estar por encima del temor que sienten algunos al efecto político que puede tener su encarcelamiento provisional en los resultados electorales. Es un temor puramente electoralista que, además, está injustificado. Porque si hay algo que ha inducido al separatismo catalán a llevar hasta el final su escalada de enfrentamiento, transgresión y abuso es su convencimiento, basado en precedentes, de que tenía coste cero.

La violencia en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital 21 Noviembre 2017

Mentira, todo mentira y nada más que mentiras. Una tras otra, a ráfagas largas y en cadena. Bulo a bulo. Así es como los verdugos se presentan como víctimas.

Al hilo de la amenaza de violencia extrema en Cataluña que aducen los líderes separatistas para haberse ido de fin de semana tras proclamar la república, conviene recordar que era Carles Puigdemont quien pedía a los ciudadanos que se encarasen con los alcaldes que no cedieran colegios para el referéndum del 1-O. Había que pararlos por la calle, mirarles a los ojos, recordarles quién les pagaba el sueldo y preguntarles si de verdad no iban a dejar votar al pueblo. Decenas de ediles socialistas fueron señalados e insultados, igual que sus familias. En pequeñas y medianas localidades, los separatistas se manifestaban a las puertas de las casas de aquellos desdichados alcaldes. La mayoría no resistió la presión y colaboraron en la celebración del referéndum ilegal.

Una vez consumada la farsa electoral, nada pacíficos energúmenos se plantaban ante las pensiones en las que se alojaban policías nacionales y guardias civiles. Otros alcaldes, los separatistas, dictaban edictos en los que se exigía a los hosteleros que echaran a los agentes. La presión resultó tan eficaz que no pocos propietarios de establecimientos cancelaron los contratos con el Ministerio del Interior. Un diputado de la cuerda nacionalista, Germà Bel, alegó que los hoteles estaban en su derecho de no admitir animales.

Hijos de policías nacionales y guardias civiles fueron acosados en colegios e institutos por sus propios profesores. Apuntados y criminalizados por la brutalidad policial que encarnó la célebre Marta de los dedos rotos, magreada por un policía que se reía, ella que sólo quería votar. Por aquellas no tan lejanas fechas, hace tres o cuatro semanas, los periodistas que cubrían las manifestaciones separatistas eran acosados al grito de "¡Prensa española, manipuladora!". TV3 y demás medios del régimen nacionalista reproducían en bucle las imágenes de las cargas policiales del 1-O. Aún lo hacen. Raro es el telenotícies en el que no cae a cuenta emitir una sucesión de porrazos de aquella jornada para ratificar el cariz totalitario del Estado malayo.

Por aquellos días del mes pasado, agentes de los Mossos se enfrentaban a la Guardia Civil y la Policía Nacional, incumplían los mandatos judiciales y colaboraban directamente con el golpe de Estado. En la última huelga de país, este noviembre, muchos de ellos velaron por la eficacia de los cortes de carreteras y vías férreas. Antes del 1-O, la hemeroteca está plagada de declaraciones desafiantes y poco veladas amenazas del que fuera consejero de Interior, Joaquim Forn, quien dijo que "si había buena voluntad" no habría enfrentamientos entre mossos y policías. Después de esa fecha y hasta la declaración de independencia, el 27 de octubre, menudean las advertencias de Junqueras, Puigdemont, Rovira, Llach y demás sobre la fuerza y voluntad del pueblo alzado en república catalana.

Ahora, enfrentados a la realidad y a ese invocado pueblo catalán, exhiben el ojo de un infortunado ciudadano y unas palabras de Casado y Cospedal para sostener que lo tenían todo previsto, pero que el Gobierno les amenazó con una masacre. Mentira, todo mentira y nada más que mentiras. Una tras otra, a ráfagas largas y en cadena. Bulo a bulo. Así es como los verdugos se presentan como víctimas.

Imperio de la Ley frente a consenso
Ricardo Chamorro gaceta.es 21 Noviembre 2017

La muerte del Fiscal General Maza ha sido un varapalo para los que veíamos un atisbo de esperanza en relación al imperio de la Ley.

La dinámica absurda por la que el imperio de la Ley en España se plegaba a las consignas políticas parecía que había terminado.

La prisión de los secesionistas golpistas ha sido un varapalo para los defensores de la partidocracia y para aquellos que piensan que la justicia es una herramienta moldeable en función de intereses políticos.

Ahora era el momento de aplicar toda la Ley frente al secesionismo, ejecutar las sentencias del Supremo suspendidas en Cataluña, intervenir esa máquina mediática totalitaria llamada TV3, parar el adoctrinamiento en las escuelas, tomar las riendas de los Mossos y desplegar ampliamente todos los efectos del artículo 155.

Con la inaccion nos arriesgamos a que sea inútil la actuación de la justicia y que se produzca lo contrario a lo que se pretende, la victimización y el reforzamiento de movimiento separatista.

El Putsch de Múnich
Es necesario observar la historia para darse cuenta que los movimientos revolucionarios siempre se fortalecieron con gente que primero estuvo en la cárcel, y con ese marchamo victimista y rebelde, terminaron haciendo la revolución.

A pesar de los matices que separan a ambos movimientos políticos y épocas, es curioso recordar como el movimiento Nacional Socialista se fortaleció y pudo construir sus verdaderas bases, después de que intentaran el golpe de Estado en Múnich el 9 de noviembre de 1923, donde Hitler y el resto fueron internados en prisión.

Llegaron al poder 10 años después del golpe, aprovechando la debilidad y las contradicciones de la república de Weimar.

Utilizando el consenso, pactos Hitler-Hindenburg, y la fuerza social, llegaron a conquistar el Estado, intentado la vía golpista previamente.

La decisión de Lamela
La decisión de la juez Lamela no beneficia a nadie en el plano político, es una decisión de una institución del Estado basada en derecho. Que funcione el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, es la base de la libertad.

Las plañideras de todo signo político, de derecha a izquierda, acostumbradas a que las togas se manchen con el polvo del camino, gimotean por las esquinas.

Claman porque los delitos no sean juzgados y los delincuentes sean amnistiados como solución política, al margen de la justicia, que vuelva el pensamiento mágico llamado consenso.

Perdonar delitos, modular el Estado al margen de la ciudadanía, es el deseo de la oligarquía partitocratica imbuida por el pensamiento mágico del consenso.

Ya decía el profesor Garcia Trevijano que: “El consenso es un valor negativo, no puede haber ni ciertas dosis, ni mínimas, ni máximas. El consenso es contrario a la libertad y, justamente, donde hay consenso, no hay libertad. Por tanto, es difícil pasar de la dictadura a la democracia; incluso el pensamiento político de los griegos (Aristóteles) ya decía claramente que de la dictadura no se pasa a la democracia, se pasa a la oligarquía, porque ésta es una degeneración de la dictadura y, asimismo, también aseguraba que la degeneración de la oligarquía genera la democracia”.

El consenso al margen de la Ley nos lleva al totalitarismo.
No es momento de invocar el consenso frente a las instituciones del Estado, es momento de aplicar la Ley; no es momento de reformar la Constitución sino que se cumpla la que tenemos; no es momento de criticar la aplicación de la Ley sino de respetarla; no es momento de amilanarse en el cumplimiento del artículo 155 de la Constitución sino de aplicarlo con todas las consecuencias y es momento de estar con el Gobierno de España siempre que cumpla su mandato.

Así es ‘la ONG del catalán’
Adoctrinamiento político infantil con la excusa de ‘la llengua’
La Gaceta  21 Noviembre 2017

Magos, juegos, dibujos, cuentos… todo para “reclamar la normalidad del catalán”. Y todo subvencionado. Así organizó ‘Plataforma per la Llengua’ una fiesta callejera con niños (también niños con síndrome de Down) que en realidad era un acto “por la liberación de los presos políticos”

El Mundo informa de la macrofiesta infantil subvencionada que con el objetivo de “liberar a los presos” se celebró el pasado sábado en Barcelona.

Un mago hizo trucos en un escenario presidido por una gran pancarta que pedía “llibertat” para los Jordis, para Oriol Junqueras y para el resto de ex consejeros encarcelados por rebelión, sedición y otros delitos. “Los críos aplaudían, se reían y agitaban sus globos en el aire”. Ocurrió durante la 14ª Fiesta por el Juego y la Lectura en Catalán y según informa el diario de Unidad Editorial asistió Carme Forcadell y la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, así como representantes de la Diputación de Barcelona y de la Agencia Catalana de Consumo, que dieron apoyo económico al evento.

Separatismo con la excusa de “la llengua”
El evento estaba organizado por la Plataforma per la Llengua, entidad que el año pasado recibió de la Generalitat 1.860.000 euros en subvenciones para promover acciones como la del pasado sábado, que tenía por objetivo teórico que “jugar en catalán se convierta en una normalidad”. ?Según el presidente de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, “sólo el 8%” de los juguetes que los grandes fabricantes venden en Cataluña está etiquetado en catalán. Pero, dice El Mundo, “en la práctica, se hizo todo un alegato por la liberación de los presos”. Hasta el punto de que el propio Escuder no dudó en calificar a los encarcelados de “presos políticos”: “Es un hecho intolerable que el Estado español vete y encierre a personas por sus ideas, de la misma manera que veta por la lengua”.

También niños con síndrome de Down
¿Qué hacían los niños? Según el periódico, “entregar su carta al paje real, doblar películas, jugar a las cartas catalanas, colorear mandalas, escalar por el rocódromo o pedir a Playmobil y a Lego que etiqueten sus juguetes en catalán”.

Se instaló un pequeño cine en catalán “y una carpa a favor de los “derechos lingüísticos” en la que los niños comían palomitas y hacían dibujos. Había expositores que vendían parafernalia a favor de los “presos políticos catalans y libros infantiles sobre La Diada o Els Castellers”. También había expositores que promovían “el juego y la lectura en catalán”, tal y como expresaba un dragón gigante junto al que los niños se hacían fotos, y se vendían juegos de mesa como ‘El Joc de TV3’ o ‘El Joc dels Països Catalans’.

Uno de los aspectos más controvertidos de la jornada tuvo lugar cuando, “según el relato de varios asistentes”, se pintó la cara a varios niños con síndrome de Down, “se les repartió globos con el logotipo de la Plataforma per la Llengua y también les regalaron coronas de cartón con la expresión “juguem en català””.

Las empresas, el turismo y la convivencia, víctimas del «procés»
Las firmas que han salido superan las 2.600 y Exceltur advierte ya de un parón
D. TERCERO ABC 21 Noviembre 2017

El «procés» impide a Barcelona ser la sede de la Agencia del Medicamento

La reivindicación de independencia de Cataluña planteada desde parámetros unilaterales y al margen de la ley (Constitución y Estatuto, sobre todo), no solo supone que Barcelona no albergue la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que ayer inició su mudanza a Ámsterdam (Holanda), sino también la pérdida de capital y esfuerzos tangibles en otros ámbitos como en el económico, el del turismo, el de la convivencia ciudadana o el de la misma marca Cataluña, no hace tanto tiempo bien vista en todos los puntos de España y referencia a nivel europeo.

El pasado viernes, 2.621 empresas habían dejado su sede social en Cataluña para buscar otro punto de España, según datos del Colegio de Registradores. Una cifra que se cuenta solo desde el pasado 1 de octubre, cuando la Generalitat celebró el referéndum secesionista ilegal. De estas empresas, algunas ya han cambiado, también, la sede fiscal, paso previo a el cambio físico, que todavía no se da.

En paralelo, el turismo en Cataluña también está sufriendo las consecuencias de un proceso político desbocado. Solo quince días después del 1-O, Exceltur dio los datos del turismo español con un crecimiento menor (de un uno por ciento) del que se vivió en 2016 debido a la caída de las reservas de un 20 por ciento en Cataluña.

Una coyuntura política que afecta a todos los ámbitos de la vida y que tendrá que evaluarse incluso el coste de impedir la consulta del 1-O; por ejemplo, solo el traslado de los miles de policías y guardias civiles a Cataluña desde otros puntos supone un sobrecoste al herario público. Una primera estimación oficial del Gobierno fijó este coste en más de 31 millones de euros. Está por ver el monto final.

Ruptura de la convivencia
Pero si hay un gran coste por encima de todos los tangibles, y que tiene más difícil reparación, este es el de la ruptura de la convivencia. La exacerbada crispación política se ha trasladado a ámbitos que hasta ahora jamás estaban en tensión por «la política».

Familias y compañeros de trabajo que no hablan de determinados asuntos -en el mejor de los casos-, entidades sociales alertando de división social o los obispos preocupados. Ayer, en Cope, la situación catalana la definió Fernando Savater: «El separatismo trata de destruir la convivencia democrática y eso es intolerable».

CS PROPONE UNA ALTA INSPECCIÓN INDEPENDIENTE
El adoctrinamiento en aulas catalanas llega al Congreso y divide más a los unionistas
La propuesta de Rivera de crear una agencia independiente de Alta Inspección Educativa tras los episodios de adoctrinamiento en Cataluña no saldrá adelante: el PSOE no la apoya
Paloma Esteban elconfidencial 21 Noviembre 2017

Las polémicas en torno al adoctrinamiento de los niños en las escuelas catalanas y la participación de menores en actos políticos como el referéndum del 1 de octubre han terminado por impulsar los debates parlamentarios en el Congreso en torno a esta cuestión y su responsabilidad en la crisis que se vive en Cataluña a causa del 'procés'. Ciudadanos defenderá este martes un proyecto de ley para crear una agencia independiente que asuma las funciones de la Alta Inspección Educativa y garantizar la igualdad en la educación de todos los españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan, para dar cumplimiento al artículo 27 de la Constitución.

La figura de la Alta Inspección del Estado representa justamente la competencia que mantiene el Gobierno central en esta materia y, de hecho, aparece recogida en todos los estatutos de Autonomía (excepto el de Cataluña de 2006, en el que se eliminó la referencia expresa que existía sobre ella) y en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, cuyos artículos al respecto (149 y 150) no fueron modificados en la Lomce de 2013. La cuestión es que la figura de la alta inspección todavía no ha sido regulada como tal y, por tanto, hasta el momento ha carecido de capacidad ejecutiva.

Es decir, existe y aparece reflejada en todas las normas vigentes, pero no tiene entidad propia. El grupo parlamentario naranja considera "esencial" desarrollarla como garante del derecho a la educación, máxime dada la situación que se ha producido en Cataluña en los últimos años y los episodios de manipulación que se están conociendo a través de libros de texto e incluso programación infantil en la televisión pública. Estudios demoscópicos demuestran además que el mundo de la educación y el colectivo docente catalanes están especialmente involucrados en el proceso independentista. El barómetro del último CIS publicado ponía de manifiesto que la elección mayoritaria entre los profesores preguntados sobre su sentimiento de pertenencia es la de "únicamente catalán" frente al "tan español como catalán" que elegían el resto de ciudadanos catalanes.

Combatir el adoctrinamiento de los niños es una cuestión capital para el partido centrista, hasta el punto de que será su líder, Albert Rivera, quien defienda desde la tribuna esta proposición de ley para que se admita a trámite este martes en la Cámara Baja. Si contara con luz verde, después vendría el trabajo de desarrollo, con enmiendas y propuestas de otros grupos. Pero todo apunta a que no saldrá adelante: el grupo popular lo apoyará, no así los socialistas, según ha podido confirmar este diario por fuentes parlamentarias del PSOE. Y sin el apoyo de los socialistas, no podrá continuar su tramitación parlamentaria.

Ciudadanos insiste en destacar que la Alta Inspección no es una invención de última hora. Desde el primer momento fue concebida como un servicio integrado en las delegaciones del Gobierno de las CCAA; como una unidad burocrática sin capacidad de ejecución. El proyecto de ley pretende dotar de medios, presupuesto y recursos a la figura, designando para ello una agencia independiente que no esté politizada y se remita a cumplir las funciones que la ley prevé para la Alta Inspección. Las mismas que el partido de Rivera ha incluido en su propuesta: controlar los contenidos curriculares en los libros y que estén de acuerdo con el ordenamiento estatal, comprobar el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes o garantizar la igualdad de españoles y sus derechos lingüísticos, entre otras.

La independencia de la agencia es la otra piedra angular del proyecto: se comprometería con el nombramiento de personas cualificadas e independientes, por un lado, y la prohibición de la remoción discrecional de los cargos. Además, el proyecto de ley recoge la obligación de rendir cuentas en la comisión correspondiente en el Congreso.

Con todo, sin los votos del PSOE, la propuesta no saldrá adelante. El grupo parlamentario popular sí votará a favor de admitirla a trámite —Ciudadanos también apoyará su propuesta, de rango inferior, una proposición no de ley para reforzar las medidas de la Alta Inspección— y los centristas cuentan con otros posibles respaldos, como los de UPN o Coalición Canaria. Descartan a los partidos catalanes, los nacionalistas vascos y Unidos Podemos. Y, sobre todo, no comprenden los argumentos que el grupo socialista podrá esgrimir para explicar su oposición a que esta ley se tramite. Los socialistas también han declinado explicarlos a este diario.

El debate, en todo caso, irrumpe de lleno en la precampaña catalana del 21 de diciembre, justamente un día después de que el PSC de Miquel Iceta presentara su programa electoral, en el que la lengua, la educación y la cultura vuelven a recogerse como "competencias estrictas" de las comunidades que tienen lengua propia como Cataluña. Sin duda, el debate de la educación servirá también para ahondar la brecha abierta entre unionistas, cuyas hojas de ruta se separan cada vez más mirando la cita con las urnas. Como publicó este diario, el partido naranja que lidera Inés Arrimadas en esa comunidad autónoma no tiene ninguna confianza en los socialistas catalanes. Reprochan a Iceta la "falta de claridad" en su política de pactos ante la posibilidad de que el líder del PSC pueda "caer en la tentación" de reeditar un tripartito con ERC y los comunes de Ada Colau.

Sospechas que aumentan, según reconocen fuentes de Ciudadanos a este diario, tras la publicación del que sería el "escenario ideal" para los socialistas: lograr que Iceta pudiera ser investido con los votos de PP, naranjas y los 'comuns', al considerarlo un aspirante "más transversal y menos vetado", aunque obtenga menos votos que la formación de Arrimadas.

Estudiar prehistoria en la ESO catalana: "El nombre de España está proscrito del texto"
La asociación Profesores por el Bilingüismo analizan un libro de Geografía e Historia para alumnos de 1º de ESO cuyo autor es el historiador Agustí Alcoberro, el actual portavoz de la ANC.
Marina Alías vozpopuli.es 21 Noviembre 2017

Una de las reflexiones a las que el exdiputado de la CUP David Fernández ha llegado estos días, mientras escribía cartas a los exconsellers encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, es que uno de los "valores" que aprendió en la escuela catalana, "hoy perseguida", es a no despreciar nunca y a respetar siempre el dolor ajeno. Se refiere al de los "presos políticos". Un argumento secundado por gran parte de la comunidad educativa catalana, cuyo mayor sindicato de docentes, Ustec-STEs, no dudó en llamar a participar en la última jornada de paro, en las manifestaciones y en las protestas en rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno además de exigir "la liberación, de manera inmediata, de todos los presos políticos".

Sin embargo, otros políticos y profesionales vinculados a la enseñanza consideran que más que enseñar "valores", determinados profesores, así como varias editoriales de libros de texto catalanas lo que hacen es aprovechar las aulas para enseñar de forma sesgada en beneficio de sus propios intereses políticos. Ante el estallido de diversos casos de adoctrinamiento en centros educativos de Cataluña, Baleares o Valencia -cuestionados por la mayoría de docentes y políticos vinculados al ámbito educativo- la asociación de Profesores por el Bilingüismo, por ejemplo, ha continuado analizando el tratamiento que hacen de los períodos de la historia algunos autores para llegar a la conclusión de que "nunca se usa el corónimo 'Espanya', tan sólo el de Península Ibèrica. En cambio, es de uso habitual 'Catalunya'". Es el caso del libro 'Geografia i Història. Ciències Socials. 1º ESO', editado por Teide y cuyo autor es Agustí Alcoberro, el actual portavoz de la ANC.

Península Ibérica vs Cataluña
"Cuando se trata de señalar localizaciones, el libro jamás utiliza el término España para describir el periodo de la Prehistoria. Siempre se dice la Península Ibérica", explican desde la asociación. Tras páginas y páginas citando la Península Ibérica, señalan que sólo hay una "única excepción": "en la página 147, parece haberse "colado" –en contra de la voluntad de los autores, con toda probabilidad, a tenor de la tónica general- el nombre de España". "Les millors mostres d’art rupestre són al nord d’Espanya (cova d’Altamira)", subrayan.

"Esto podríamos considerarlo un prurito de exactitud científica y de precaución para no introducir conceptos anacrónicos, toda vez que en la Prehistoria no cabe hablar de España ni de ningún otro ente político-cultural referente a Estado, país, nación, imperio, etc. Por consiguiente, cuando hablamos de localizaciones en el amanecer de la Humanidad, se deberían utilizar términos puramente geográficos y descriptivos. Pero esta consideración debemos descartarla, toda vez que los autores no tienen ningún empacho en utilizar en este contexto el nombre de Francia", aclaran. y a continuación muestran diversos ejemplos donde 'Francia' aparece en el texto.

"Se introducen en el texto nombres de países actuales, incluso de comunidades autónomas y provincias de la España actual. Y hasta de comarcas catalanas. Pero nunca aparece el nombre de España. También citan en el texto otros estados actuales, algunos bastante más modernos que Francia y los autores llegan a utilizar en este contexto nombres de comunidades autónomas españolas", advierten en Profesores por el Bilingüismo.

Cuando se habla de localizaciones, continúan en su análisis, el nombre de Cataluña es utilizado de modo habitual, sin la más mínima precaución, evitando cualquier circunloquio como puede ser el noreste peninsular que pudiera revelar un prurito de exactitud y huida de anacronismos similar al que se ha mostrado rehuyendo sistemáticamente el nombre de España. Y apostillan que "incluso se llega a utilizar exclusivamente nombres de comarcas catalanas para localizaciones, sin especificar nada más y dando por sentado que todos los alumnos conocerán al dedillo la división comarcal catalana".

En definitiva, concluyen, "se utiliza de modo habitual y con mucha frecuencia el nombre de Cataluña en el contexto de la Prehistoria. También se utilizan nombres de estados actuales para situar una localización. Incluso nombres de comunidades autónomas españolas y de comarcas catalanas. Pero el nombre de España está absolutamente proscrito del texto, con una sola excepción, muy probablemente involuntaria".

Inspección educativa
En este contexto, partidos como Ciudadanos han propuesto la creación de una Agencia de la Alta Inspección Educativa, un órgano independiente que asuma la función de controlar el adoctrinamiento: "Es la herramienta necesaria que PP y PSOE no han querido o han sido incapaces de desarrollar durante 30 años", ha dicho el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, un día antes de que Albert Rivera defienda la iniciativaeste martes en el Pleno del Congreso.

Según Villegas, la agencia supondría "un órgano fundamental para que el Estado, que hasta ahora ha hecho dejación de funciones tanto con el PP como con el PSOE, las ejerza en materia de Educación en todo el territorio nacional". "Se trata de asegurar que la ley y las sentencias se aplican en todo el territorio nacional, que el Estado tenga mecanismos para asegurarse de que no se comete adoctrinamiento y disponga herramientas para ejercer sus competencias", ha explicado.

En contraposición, sindicatos como USTEC y STEs-i denuncian las críticas a las que está siendo sometida la escuela catalana y su profesorado, y han manifestado su apoyo "sin titubeos la defensa de la libertad de cátedra, de expresión y de la educación crítica en valores". Tras la denuncia de la entidad Hablamos Español al presidente de USTEC, Ramon Font, por sus declaraciones en una entrevista para TV3 - donde aseguró "No daremos clases en castellano, no nos podrán obligar, no nos someterán" o "No renunciaremos a hablar de política en los centros educativos, porque es nuestra función, es nuestro trabajo"- los sindicatos han reiterado su apoyo a Font y al profesorado que está siendo sometido a los procesos judiciales emprendidos y espera que estas denuncias sean sobreseídas.
 


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