AGLI Recortes de Prensa   Viernes 24 Noviembre 2017

Castas y privilegios
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 24 Noviembre 2017

Los debates sobre el Cupo vasco y el adoctrinamiento escolar están teniendo la virtud de romper el gran tabú de los últimos 40 años: el derecho de pernada histórico de los nacionalistas sobre la soberanía española, es decir, la dignificación del privilegio de dos regiones ricas -el País Vasco y Cataluña-, abuso que llegó a concederles constitucionalmente el derecho a ventajas fiscales en nombre de unos supuestos derechos históricos por encima del derecho esencial de ciudadanía: la igualdad ante la Ley.

Los derechos históricos de los territorios forales son una forma del 'impuesto revolucionario' que los empresarios pagaban a la ETA y los constituyentes pagaron en forma de ventajas fiscales para que el PNV se alejara de la ETA y UPN alejara a Navarra del separatismo vasco. Pero, dada la deslealtad congénita del separatismo y el carácter fatalmente insolidario del Estado de las autonomías, lo que ha pasado es que UPN desembocó en un nacionalismo navarro, hermano anexionable del vasco, y el PNV nunca dejó de apoyar a la ETA porque gracias a sus asesinatos, a la tala de árboles humanos españoles, recogía las nueces de los privilegios económicos y pagaba lo que quería, o sea, la mitad de lo que debía. Durante años, economistas como Mikel Buesa han demostrado que ese privilegio constitucionalmente admitido -íntimamente anticonstitucional- se acompañaba de trampas en su ejercicio, convirtiendo la singularidad en simple estafa. Ha bastado que un diputado, Albert Rivera, con un grupo parlamentario numeroso y un partido importante, retomara la hazaña solitaria de Rosa Díez para que ante la opinión pública quedara retratado ese privilegio fiscal servido por una casta política sin escrúpulos, sin decoro y sin sentido de conservación.

Pero la negativa de PP, PSOE, Podemos y los nacionalistas a reconocer la atrocidad del adoctrinamiento infantil en las escuelas sometidas al separatismo y el tozudo empeño en mantener el privilegio fiscal vasco, que es el de unos ricachos protegidos por pistoleros, porque eso hizo, e hizo muy mal, la Constitución, está retratando la cobardía de casi toda la casta política, capaz de defender lo indefendible mientras dejan indefenso lo que deberían defender. Se salva Ciudadanos que, contra las castas y los privilegios, se ha quedado solo... y con la Nación.

El mercado persa de la financiación autonómica
EDITORIAL Libertad Digital 24 Noviembre 2017

Todos los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han minorado la factura del cupo para, de este modo, lograr el apoyo de los nacionalistas vascos.

El modelo de financiación territorial que existe en España constituye una anomalía a nivel internacional y su desarrollo ha terminado en un rotundo fracaso, tal y como evidencia el enorme despilfarro de recursos públicos que llevan a cabo las autonomías, así como la absurda duplicidad de funciones y la existencia de administraciones paralelas, que, además de saquear el bolsillo del contribuyente, son un claro ejemplo de nepotismo, clientelismo y corrupción política.

La aprobación del Cupo Vasco que ha tenido lugar esta semana es tan solo el último capítulo de una particular dinámica política que, por desgracia, lleva reproduciéndose en España desde hace muchos años. Que el cálculo del cupo está amañado es una obviedad de tal calibre que el propio Ángel de la Fuente, uno de los expertos designados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para diseñar el nuevo modelo de financiación, desmonta, punto por punto, la argumentación del Gobierno. Como consecuencia, el País Vasco abona al Gobierno central mucho menos dinero del que debería para costear las competencias que presta el Estado en dicha región foral, y, por si fuera poco, se queda con una mayor recaudación de IVA de la que le corresponde en realidad.

No es el algo nuevo. Todos los gobiernos de la democracia, tanto del PP como del PSOE, han minorado de forma maniquea y consciente la factura del cupo para, de este modo, lograr el apoyo de los nacionalistas vascos, ya sea para lograr una cierta estabilidad política en el Parlamento o bien para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, tal y como ha sucedido este año. Sea como fuere, el problema de fondo es que se hace caso omiso a las leyes, al tiempo que se miente de forma descarada a la opinión pública, por cuestiones de puro interés partidista.

Y lo más triste es que esta especie de mercado persa en el que los políticos de diferentes administraciones y partidos se reparten el dinero de todos en base a su particular conveniencia no es un fenómeno exclusivo del País Vasco, sino que se extiende a todas las autonomías, en mayor o menor grado. El actual modelo, tal y como está concebido, no responde a criterios técnicos, ni sociales ni económicos, sino que consiste, única y exclusivamente, en el habitual compadreo político entre cúpulas partidistas y barones regionales, dando como resultado un sudoku de imposible resolución. Mariano Rajoy se ha comprometido a presentar un nuevo sistema en los próximos meses, pero todo apunta a que será más de lo mismo, un juego en el que se intercambian privilegios, partidas presupuestarias e inversiones en función de las necesidades políticas de cada momento. Si a todo ello se suma, además, la abierta deslealtad que han demostrado las fuerzas nacionalistas, el engendro autonómico no podría haber salido peor.

Los criterios de eficacia y eficiencia, que son los únicos que deberían primar en el ámbito de la financiación pública, brillan por su ausencia. A nivel internacional, existen numerosos modelos territoriales, tanto centralizados como federales, cuyo éxito y buen funcionamiento constituyen un ejemplo a seguir. Sin embargo, en España, la mayoría de partidos políticos apuestan por mantener el complejo, opaco y derrochador sistema actual, en el que las diferentes autonomías sacan más o menos tajada de la tarta común en función de su color político o la situación que mejor convenga al partido que en ese momento ostente el poder. Dado que Rajoy apenas ha abordado los problemas económicos de fondo que sufre España durante la crisis, mucho menos se atreverá a tocar el desastroso sistema de financiación autonómica.

Logomaquia y postverdad en Cataluña
Amando de Miguel Libertad Digital 24 Noviembre 2017

La palabra lucha indica originariamente combate o pelea entre dos contendientes. Luego se incorporó a la tradición revolucionaria con el sentido de esfuerzo colectivo por conquistar el poder o librarse de él. A lo largo de la historia hemos asistido a grandes matanzas bélicas o civiles. Pero en un país como España la arena política actual ya no está para librar grandes luchas. En todo caso se impone el combate dialéctico, el logro de la mayoría a través de la persuasión, la propaganda y las movilizaciones más o menos masivas. En la parla del día se le conoce como "diálogo" en torno a una mesa.

Hoy como siempre, las situaciones conflictivas, las que enfrentan dos bandos, requieren una cierta asimetría política. Es decir, cada uno de ellos tiende a resaltar las maldades del otro. Vayamos a la realidad próxima. El independentismo catalán, como excrecencia actual del nacionalismo y antes del regionalismo, necesita ser antiespañol. Es una paradoja, pues se trata de un movimiento genuinamente español. No será la única aparente contradicción.

Las grandes batallas no se ganan si los ejércitos se disgregan. En el caso del catalanismo, aunque se prodigue tanto el término juntos, sus componentes realmente son cada uno de ellos de su padre y de su madre. El último exabrupto es el Juntos por Cataluña, con su caudillo fugado de la Justicia y algunos de sus conmilitones desmoralizados. En realidad, esa facción, que tantas etiquetas se ha colgado, debería llamarse Separados de Cataluña.

Sería igualmente lógico que las tropas resistentes al proceso separatista (socialistas, peperos y ciudadanos) fueran también unidas. No es así. Los dirigentes de los distintos grupos se aborrecen entre ellos; no lo pueden disimular. Hacen de tripas corazón para compartir la pancarta iniciadora de una manifestación, pero no cenan juntos.

Por si fuera poco, ahora resulta que Cataluña se ha convertido en un laberinto de la postverdad, lo que antes se llamaba propaganda interesada o falaz. Encima se nos dice que andan mezclados en ello los servicios cibernéticos del espionaje ruso. Estamos ante un caso de realismo mágico. O quizá sea solo el puro interés estratégico de Rusia para descuajeringar los entresijos de la Unión Europea. También es triste que la hayan tomado con Cataluña.

La lucha independentista de Cataluña la tienen perdida de antemano sus combatientespor esta razón: sus prebostes no parecen carismáticos, ni siquiera físicamente atractivos. Aunque lo peor es que son intelectualmente mediocres, por decirlo caritativamente. Por muy masiva que sea una lucha política, el resultado no se juega en las manifestaciones callejeras, a las que tan aficionados son los catalanes. Una manifestación es ante todo su cabecera, la que sirve para que salga en la tele.

El laberinto político catalán oculta cuidadosamente la salida. Antes (ahora se dice "anteriormente") se echaba la culpa a la dominación castellana, pero un simplismo así ya no puede sostenerse. La pobre Castilla se encuentra hoy troceada y empequeñecida.

Hemos desperdiciado la oportunidad de que en España se erigiera una especie de panteón de hombres ilustres, pues es sabido nuestro acendrado desprecio por los héroes. Ahí se vería que proceden de todas las regiones y de muy distintas maneras de pensar. Recuerdo una comparación: en el escenario de la batalla de Gettysburg, que representó el final de la guerra civil de los Estados Unidos, se han erigido trescientos monumentos. En ellos se representan las hazañas de los dos bandos. Hay grandes batallas en la historia española que ni siquiera han merecido una sola escultura o lápida conmemorativa. Y encima presumimos de memoria histórica. Quizá sea eso lo verdaderamente atractivo de España: que está casi todo por hacer. ¡Como para entretenernos con los independentismos!

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El diálogo entre iguales
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 24 Noviembre 2017

Si un pariente, amigo, vecino o compañero de trabajo le hubiera dicho que pensaba invertir todos sus ahorros en los pagarés de Nueva Rumasa, usted, que conocía el paño, se habría sentido obligado a dialogar con él para disuadirlo. Seguramente su ilusionado interlocutor lo habría invitado a imitarlo, con una plétora de argumentos tentadores, los mismos que lo habían seducido a él: la probada capacidad de José María Ruiz Mateos para los negocios; el activo de más de 170 empresas de las industrias vinícola, alimentaria y hotelera; la religiosidad del empresario, supernumerario del Opus Dei; su visión política, que lo había empujado a fundar su propio partido, con el que conquistó un escaño de eurodiputado. Y, sobre todo, la promesa de cuantiosos intereses.

Había que estar muy bien informado y disfrutar de grandes dotes dialécticas para rebatir semejante avalancha de datos engañosos. Miles de ciudadanos crédulos mordieron esos anzuelos y fueron víctimas de la colosal estafa. Cuando estalló la burbuja piramidal, la quiebra arrasó con todo.

Tocomocho de la independencia
¿Increíble? No tanto. Somos testigos de que hoy cientos de miles de compatriotas se dejaron embaucar por el tocomocho de la independencia. Los daños son inmensos y serán aún mayores cuando se haga el balance final. Pero gracias a la aplicación del 155 y a la convocatoria de las elecciones que los timadores tanto temían y sustituían por consultas adulteradas, quizá todavía podamos recuperar gradualmente los valores de la vida normal que estos sinvergüenzas nos arrebataron.

Y aquí es donde aparece el talismán del diálogo. Entendámonos bien. No se trata del diálogo que proponen algunos despistados entre las autoridades legítimas y los amotinados inescrupulosos, o entre los dirigentes políticos y sociales fieles a la Constitución y los demagogos involucionistas. Me refiero al diálogo entre iguales, entre ciudadanos que la fractura artificial de la sociedad colocó en bandos antagónicos.

La campaña cainita abrió brechas dentro de las familias, entre amigos, en las comunidades de vecinos, en los lugares de trabajo. La polarización era indispensable a los secesionistas para evitar el intercambio de ideas. La desinformación, el imperio de las mentiras sin contrastar eran sus armas letales predilectas. Con un lavado de cerebro que empezaba en el parvulario siguiendo las pautas discriminatorias de la España franquista: esta prometía la Formación del Espíritu Nacional para combatir al enemigo judeo-masónico-comunista, y ahora la plataforma sectaria Somescola y sus cofrades de Òmnium y el PSC colaboracionista prometen la "cohesión social", no en torno de las leyes, sino contra estas, mediante la proscripción de la lengua castellana en las aulas y el reforzamiento de la mitomanía identitaria (LV, 15/11).

Cohesión social que no es tal, sino la implantación forzada de los prejuicios supremacistas de la minoría que gobierna gracias a un sistema electoral tramposo (los votos rurales valen el doble que los urbanos). Lo que se imponía aquí era el monolitismo totalitario que practicaron y practican los regímenes nazis, fascistas y comunistas, con todas sus versiones populistas actualizadas, que abominan del pensamiento crítico. Como denuncia Pilar Rahola, sin darse cuenta de que retrata su contubernio endógamo favorito ("Post mortem", LV, 22/11):

Lo peor son los que sin tener nostalgia de Franco fundamentan la democracia sobre bases intolerantes y autárquicas.

Victimarios y víctimas
Urge cerrar las brechas insidiosas para restablecer las vías de comunicación y el clima de convivencia. Eso sí, la reanudación del diálogo debe emprenderse en un ambiente de respeto y fraternidad. Sería cruel e injusto recriminar a las víctimas del tocomocho secesionista que se hayan dejado engañar y que, con su candidez, nos hayan embarcado a todos en una aventura que se encamina hacia el desastre. Su pecado es redimible. Son muy pocos los ciudadanos que no han –hemos– cometido errores garrafales en la selección de sus opciones políticas a lo largo de toda la vida. Me incluyo en la lista.

Son los victimarios y no las víctimas quienes deben estar en el centro de la vindicta pública. Y aquí reaparece el símil con la estafa de Nueva Rumasa y con su apóstol Ruiz Mateos. Jordi Pujol, un burgués catalán con ambición política e ideas impregnadas de veneno nacionalista (Juncker dixit), cuya fortuna oculta es producto del estraperlo paterno tolerado por el franquismo, funda un banco que se envuelve en la senyera (todavía no estaba de moda la estelada) para encubrir las malas prácticas que lo llevan a la quiebra. No importa. El banquero fallido encabeza un partido cobijado bajo el ala de la abadía de Montserrat. No es el Opus Dei, pero sienta las bases del activismo cismático dentro de la Iglesia catalana. Y para redondear el esperpento Oriol Junqueras divulga que reza beatíficamente en su celda de Estremera, mientras consolida la alianza republicana con los energúmenos antisistema que propusieron convertir la catedral de Barcelona en economato y escuela de música (El Confidencial, 5/7).

Ruiz Mateos no se privaba de acudir a los tribunales, donde estaba citado casi todos los días, disfrazado de Superman o presidiario. Jordi Pujol no llegó a ese extremo, pero su delfín in pectore, Artur Mas, sí. Apareció fotografiado con un disfraz de Sant Jordi, enfundado en una cota de malla de 25 kilos, lanza en ristre, pisoteando a un híbrido de lagartija y dragón de utilería (Suplemento "Vivir", LV, 25/2/2001).

Vayamos a los hechos
La clave de la semejanza entre la estafa de la Nueva Rumasa y el tocomocho de la independencia reside, sin embargo, en la magnitud de la recompensa ofrecida a los timados. Intereses del 8 por ciento o más, en el primer caso, y una tierra que mana leche y miel como la que prometía el Antiguo Testamento, en el segundo. Pura ficción. Por eso la charla disuasoria con la víctima del embeleco debe ceñirse a la información práctica, dirigida a la inteligencia del interlocutor, neutralizando los tópicos emocionales con los que lo cautivaron, y combatiendo las apelaciones a los bajos instintos racistas, xenófobos y supremacistas que están latentes en la mayoría de los seres humanos y que también son los motores de estos movimientos de masas.

Dejemos la identidad esotérica de la nación milenaria para los panfletos de Pilar Rahola y la historia trucada a la manera estalinista para los simposios mercenarios de Josep Fontana. Vayamos a los hechos.

Son culpables
Tenemos el deber de dialogar racional y cordialmente, de igual a igual, con los ciudadanos vulnerables a la estafa, para recordarles, con las pruebas documentales en la mano, que quienes se postulan para recuperar el poder en Cataluña, con la intención solapada de seguir fragmentando y empobreciendo a la sociedad, son CULPABLES de:

– Haber provocado el éxodo de 14.000 maestros capacitados, para reemplazarlos por adoctrinadores sectarios que hoy cumplen esta función disciplinadamente, como en tiempos de El florido pensil.

– Haber recortado cientos (¿miles?) de millones de euros de los presupuestos de sanidad, educación, obras sociales y promoción de empresas para subvencionar un monstruoso aparato de propaganda copiado del modelo que urdió Joseph Goebbels.

– Haber recortado otros cientos (¿miles?) de millones de euros de esos mismos presupuestos para engordar a la tropa de parásitos que usurpaban ficticios cargos diplomáticos.

– Haber creado un irrespirable clima de inseguridad jurídica al desobedecer sistemáticamente las sentencias judiciales y al violar con contumacia la Constitución española y el Estatut catalán.

– Haber convertido ese clima de inseguridad jurídica en el detonador para que miles de empresas tradicionalmente asentadas en Cataluña mudaran sus sedes sociales y fiscales a otras regiones de España

– Haber provocado una abismal caída de las ventas en los comercios de Cataluña.

– Haber transformado lo que era un polo de atracción turística en un parque temático de manifestaciones, okupaciones, cortes de vías de circulación y vandalismo impune, con el consiguiente efecto de espantar a los visitantes potenciales.

– Haber dado el tiro de gracia a la candidatura de Cataluña y Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento al escandalizar a los seleccionadores con el comportamiento indecente de sus jerarcas sediciosos, prófugos o presos por su peligrosidad comprobada.

– Y haber estado a punto de dejar a Cataluña fuera de la Unión Europea, la ONU, la OTAN y el concierto de naciones civilizadas.

Civilización contra barbarie
Todos estos desafueros los perpetraron los depredadores con premeditación y alevosía, y todavía tienen la desfachatez de comprometerse a repetirlos. Dijo con razón Joaquim Gomá (El Confidencial, 13/11) que la palabra delito se queda corta para definir lo que estos crápulas han hecho en Cataluña. Lo suyo, sentenció, ha sido una embestida de la barbarie contra la civilización. Este es el dilema que debemos plantear a nuestros conciudadanos rescatados de la gran estafa: el 21-D no se vota ni por España ni por Cataluña, votamos por la civilización contra la barbarie.

Consenso para estafar
Cristina Losada Libertad Digital 24 Noviembre 2017

Hace mucho que no se veía en el Congreso un consenso tan amplio y tan plural. Desde el PP hasta Podemos, pasando por el PSOE, desde el nacionalismo canario hasta el separatismo catalán, ha sido un todos a una, Fuenteovejuna, a favor de la ley que actualiza el cupo vasco. Todos a una menos uno: el grupo parlamentario de Ciudadanos. Y los dos diputados de Compromís. Pero si no se veía hace tiempo un acuerdo de tanta amplitud y heterogeneidad es simplemente porque no se renovaba el cupo desde 2011. Estamos ante uno de esos raros asuntos en los que suele haber una armonía y conformidad desusadas. El cupo, digamos, es un asunto de Estado. Y el cálculo del cupo, un secreto de Estado.

"Prácticamente no hay números, y los que hay no se sabe muy bien de dónde salen", decía al respecto Ángel de la Fuente, uno de nuestros mejores expertos en financiación autonómica, al diario El Mundo. Su hipótesis, tanto para esta ley como para las anteriores, es que quienes negocian se ponen de acuerdo en la cantidad y después pergeñan el armazón técnico que la justifique. Mikel Buesa ha constatado que cada renovación del cupo coincide con instantes en que el Gobierno de España necesita los votos de los diputados del PNV. Una regla que se confirma en esta ocasión, igual que se confirma esta otra: el cálculo infravalora lo que tendrían que pagar al Estado las diputaciones vascas.

El Partido Popular lleva días tuiteando a diestra y siniestra que el sistema fiscal del País Vasco no es mejor, sino diferente. Pero resulta que es las dos cosas. Gracias a los apaños que se hacen a la hora de calcular el cupo, la comunidad autónoma vasca dispone del doble de recursos por habitante que el promedio de las de régimen común. Una bicoca. Y una que no se puede atribuir, como algunos atribuyen, a razones históricas. Una cosa es que las guerras carlistas y el Abrazo de Vergara nos dejaran como legado el Concierto Económico y otra bien distinta es hacer trampas en el cálculo. La estafa contable no está incluida entre los Derechos Históricos que reconoce la famosa disposición adicional que incrustó el Concierto en la Constitución.

Es llamativo que una estafa contable concite tanto entusiasmo consensual. No es novedad, ciertamente, en el PP y en el PSOE, que se han turnado en la negociación del amaño para lograr el respaldo del PNV. Es en ellos habitual, y responsabilidad de ambos. De hecho, al inicio de esta legislatura, los socialistas instaron a Rajoy a buscar el apoyo del nacionalismo vasco a fin de tener los votos suficientes para formar Gobierno. Pero no lo hacen tanto por la gobernabilidad de España como por ellos mismos. Lo hacen también por su cuota electoral en el País Vasco.

Tristemente, el partido que cuestione un procedimiento que redunda en ventajas para una comunidad autónoma y en perjuicios para el resto de los españoles será castigado por muchos de los que disfrutan del privilegio. Y no son PP ni PSOE los únicos que no desean verse afectados por esos ramalazos de egoísmo. Ahí tenemos a los podemitas, que se han sumado a las prácticas habituales, seguramente imbuidos del temor a los efectos de oponerse al privilegio. No sabíamos que se llamaban Ahora Podemos Unidos por el Cupo. Ya lo sabemos. Como sabemos que su hostilidad hacia la Constitución del 78 tiene límites precisos: limita al norte con el pufo fiscal. Ese candado por nada del mundo quiere romperlo Iglesias.

Ya que hablamos de hostilidades, son significativas las que desató la sesión parlamentaria. Porque el consenso sobre la estafa contable, tan armónico él, se mostró enormemente agresivo con Ciudadanos. Lógico: el único partido que se opuso dejó en evidencia a los concertados para el tongo. No bastaba con aprobar el pufo, había que machacar a quien levantara la voz en contra.

La reforma constitucional silenciada
Vicente Baquero gaceta.es 24 Noviembre 2017

Escuchamos continuamente la necesidad de que hay que hacer una modificación para adecuar la actual “carta magna” a las exigencias de la situación actual. Es cierto que tal reforma es absolutamente necesaria, pero desgraciadamente no en el sentido que parecen apuntar los intereses de los grupos políticos en disputa, que parece que lo único que pretenden es encajar la actual crisis territorial, que afecta a Cataluña, El País Vasco, Galicia y demás comunidades autónomas deseosas de obtener más independencia del estado central, mediante fórmulas que profundicen en la denominada solución federal, en sus esquemas de partido y continuar con el sistema como hasta ahora.

Tal propuesta es falaz y engañosa ya que induce a confusión entre un electorado que ignora las características básicas de lo que es un estado federal, en cuanto a que el nivel de autonomía alcanzado en estas comunidades en la actualidad va más allá de cualquier concesión o reparto de atribuciones existente en cualquier estado federal e incluso confederal viable, a falta de una real y absoluta independencia. No hay espacio para más concesiones sin desvertebrar al país.

Por si tal razón no fuera suficiente para justificar tal despojo adicional de atribuciones al Estado Español, en favor de dichas autonomías secesionistas, los verdaderos independentistas, que son los que dirigen dichas exigencias, con la animosa colaboración de pescadores en rio revuelto, nunca estarían conformes con menos de una independencia total. Por ello tal sacrificio sería totalmente inútil.

Dado que tales hechos, ni pueden ni son ignorados, por la actual clase política responsable de la nación y del bienestar de los españoles – tal grado de estulticia no es comprensible en ciertas personas por muy deficientemente que estén educadas u obnubiladas por sus ideologías respetivas – el proponer tal solución es mentir y perder el tiempo, salvo que el verdadero objetivo que persigan con tal discurso sea continuar en el poder como grupos a costa de lo que sea, que en este caso es la paciencia y el patrimonio de la mayoría de los españoles. Sería el caso típico de un aparato administrativo que con tal de sobrevivir, con todos sus intereses creados y estructuras, se apodera del objeto de su gestión hasta consumirlo. Una estructura aparentemente funcional pero que en realidad se ha transformado en parasitaria.

Cabe otra posibilidad, desde luego difícil de aceptar para una mayoría de españoles: que toda esta descomposición nacional se encuadre en un plan supranacional para disolver a los estados nacionales europeos en aras o en nombre de un nuevo ideal globalizador, o europeísta, defendido por unas minorías rectoras en uso de sus funciones a través de ensayos de ingeniería social. Cuestión que veo un poco remota, aunque no desechable del todo, muy poco probable ya que a su vez a largo plazo los ideales abstractos propuestos, sin unas raíces profundas en las sociedades europeas, no parecen satisfacer a una mayoría de ciudadanos.

Lo que sí es una verdad evidente, para cualquier observador con un mínimo de sentido común, realismo y conocimiento de la historia es que se requiere y con urgencia una importante reforma constitucional, ahora bien: ¿Cuál debería ser el sentido de dicha reforma? ¿En qué línea debería orientarse esa enmienda o modificación de la constitución del 78? ¿Cuál debería ser ese cambio solicitado, exigido, pregonado a gritos, por una mayoría de ciudadanos, personas pertenecientes a todas las clases sociales y regiones de España, por todos aquellos que no están abducidos por la mecánica nacionalista, o cuyos intereses económicos no están directamente en función de su adscripción al sistema o a la política activa: ¿Que desearía esa mayoría cambiar del texto actual, tras tantos años de vigencia y la experiencia acumulada y que consecuencias se derivarían de tales modificaciones?

Paradójicamente esa reforma necesaria es de la que no quiere hablar la clase política, ni permite que, prácticamente, tanto medios públicos como privados, la mencionen más que como una remota alternativa inviable, mientras en la calle, en todas las reuniones particulares, detrás de todas las opiniones se respira esa posibilidad, ya empieza a escucharse en las manifestaciones en defensa de la nación española, en sectores profesionales y empresariales se lo plantean a diario en sus reuniones.

Hasta el punto es conocida tal propuesta que todo el que esté leyendo este artículo sabe exactamente a lo que me refiero: Son cuatro conceptos, fáciles de entender aunque muy difíciles de implementar dado la indecente catarata de intereses creados particulares que se han formado estos últimos años.

Primero, que el Estado recupere la exclusiva competencia, en materia de educación, sanidad, orden público, seguridad, y justicia, o que simplemente ejerza tales atribuciones de una manera activa y decisiva. Todos los españoles somos iguales ante la ley independientemente de las regiones en las que estemos domiciliados: no hay lugar para privilegios, “cupos” ni exclusiones y tenemos derecho a tales servicios dentro del territorio español sin restricciones y a utilizar y recibir educación veraz y objetiva en la lengua común a todos los efectos, en cualquier punto de la geografía nacional.

Segundo, modificar el sistema electoral de manera que cada voto tenga el mismo peso a la hora de elegir candidatos. Que al igual que en otros países europeos, haya partidos y grupos anti sistema que esté prohibido su concurrencia a elecciones. Por ejemplo: grupos minoritarios que en un sistema como el actual, en que predomina una fragmentación de partidos pueden resultar decisivos a la hora de gobierno, “la llave”, esto da lugar a la puesta en práctica de unas políticas inconsistentes con la realidad y demagógicas, que siembran inseguridad y retraen las actividades económicas, cuando en realidad representan una exigua minoría, o soliviantan a regiones enteras con sus mensajes quiméricos, desfigurados e inexistentes.

Tercero, reducir el tamaño de las administraciones públicas, instituciones y organismos relacionados, tras un importante análisis de costes: evitar urgentemente redundancias y subvenciones. Con un recorte de gastos, no de inversiones, habría lugar para seguir manteniendo un estado de bienestar razonable, eliminados los abusos. Es un axioma perfectamente conocido por cualquier directivo que toda institución tiende a desdoblarse geométricamente y que la dispersión y multiplicación de centros de decisión genera macrocefalia burocrática. ¡Imaginemos el exceso que suponen tantos parlamentos, autonomías, diputaciones, municipios con asambleas ciclópeas, comisiones, organismos, entes oficiales, todos funcionando permanentemente y para colmo inútiles ya que existe la disciplina de voto…!

Cuarto, aunque este punto no trata de modificación alguna sino de hacer efectivas las leyes existentes dando mayor agilidad y control sobre el gasto para eliminar la corrupción a la vez que se incrementen los emolumentos de los servidores públicos. Menos, mejor pagados, con independencia y autoridad.

No son tantas cosas, aunque requieran un esfuerzo titánico para desmantelar tantos intereses corporativos, gremiales y locales, en muchos casos bastaría con potenciar el contenido de algunos artículos y aplicarlos con efectividad. El estado de las autonomías no fue un acierto tal como se instrumentó, la descentralización administrativa es beneficiosa y positiva, la política genera verdaderos desastres, España se ha convertido en un reino de taifas insostenibles, hay que sacudirse los complejos, si en la transición se equivocaron ingenuamente, es lo que hay que corregir, no seguir ahondando en el desastre. La mayoría de la nación estaría ampliamente de acuerdo con estos postulados, de hecho se escuchan continuamente en la calle; si no se procede en este sentido, por conveniencias partidistas o egoísmos políticos, sino en el contrario, nos estamos jugando la supervivencia del sistema de libertades y la paz que hemos disfrutado durante tantos años: la realidad no perdona…

Contra la abulia, el imperativo moral
Territorio y lengua son causas para redescubrir la voluntad de los españoles
Hermann Tertsch ABC 24 Noviembre 2017

Sostenía Ortega en 1927 que «España es un pueblo morbosamente inerte en vida pública. Es el único europeo que no ha hecho nunca una revolución. (…) Yo no quiero -y menos a destiempo, es decir en el siglo XX- una revolución para España. Dejémonos de revolucioncitas. Más, al propio tiempo, notemos con toda claridad el significado grave de su ausencia en el pretérito. Un país sin revoluciones es un pueblo que lleva en el interior demasiados frenos». Lo recuerda José Miguel Ortí Bordás en su nuevo libro «Revoluciones imaginarias. Los cambios políticos en la España contemporánea» (Ediciones Encuentro 2017). El autor recorre por los dos últimos siglos de la política española para confirmar ese diagnóstico de Angel Ganivet que coincide con Ortega y que describe el padecimiento de los españoles como un «no querer, un estado de indolencia o de abulia colectiva, entendiendo por esta una extinción o debilitamiento grave de la voluntad».

Los españoles hoy también se comportan como una sociedad sin deseo, sin proyecto ni concepto de futuro que anhelar. Lo último que podrían recordar haber deseado colectivamente es el final del terrorismo. Quizás también las primeras elecciones democráticas. Por eso no escandaliza la abulia cósmica del presidente Rajoy. Que nunca ha mostrado interés de esbozar una mínima idea nacional de futuro o proyecto colectivo. Lo suyo es gestionar y solucionar problemas o pretender hacerlo. Salva obstáculos para continuar en la carrera. Eso se entiende por gobernar: el cambalache entre iniciados para preservar intereses propios y solventar cuitas, afrontar cada día con su afán y dejar que lo demás lo resuelven el tiempo y la desmemoria.

Esa falta de deseo, esa indolencia deriva en esa falsa tolerancia de la que nos jactamos. Que en realidad es solo indiferencia. Por eso se tolera hasta lo intolerable. Los españoles se han acostumbrado a la resignación indolente ante la injusticia y el abuso, venga del poder, del exterior o de su propia sociedad. Eso explica el éxito entre ciertas minorías de españoles de la militancia antiespañola que son los nacionalismos. Adoctrinados a desear, han sido seducidos por una identidad y leyenda que, por falaces y perversas que sean, generan anhelos y voluntad. Aunque su artificio de mentiras produzcan una militancia frívola y huera. Y hasta entre sus mayores fanáticos -se vio en los golpistas de la Generalitat-, la disposición a épica y sacrificio sea ridícula por escasa.

Hay indicios de que las agresiones y el deterioro de credibilidad y defensas del sistema son tales que hay ahora más que nunca la posibilidad de que la nación española salga de la abulia. Que surja su voluntad para su reafirmación frente a los enemigos declarados. Que sea capaz de desear con fuerza el acabar con tanta ofensa y atropello. A los partidos les da pánico la idea. Intentarán neutralizar esa voluntad a toda costa. Para ellos sería peor que una revolución. En todo caso si alguno político demostrara talento de líder, determinación, coraje y profundidad en su visión de futuro podría poner patas arriba el escenario político español. La idea nacional se moviliza por la voluntad colectiva reactiva de acabar con la amenaza territorial que tan cerca nos ha traído ya del enfrentamiento civil. Y poner coto a la liquidación cultural de la presencia española que acometen los separatistas en Cataluna, Valencia, País Vasco, Galicia o Baleares, especialmente con la persecución de la lengua española. Es poderosa la idea de una reconquista de España para liberar a los españoles en esas regiones de la violación sistemática de su derecho fundamental de vivir en su lengua en su patria. Por su libertad. Para muchos puede ser más que una idea poderosa, un imperativo moral.

No más propaganda nacionalista
Emilio Campmany Libertad Digital 24 Noviembre 2017

Se puede acabar con el aparato de propaganda independentista. Lo que no se quiere es pagar el precio de tener que, a la vez, acabar con el propio.

Es sabido que el independentismo se alimenta de propaganda. Ésta se propaga a través de dos vías: los medios de comunicación y el sistema educativo. Es tal la necesidad que tienen los separatistas de controlar ese aparato, financiado con dinero público, que han preferido presentarse a unas elecciones que tachan de ilegítimas con tal de volver a apropiarse de él. Naturalmente, cuentan con ganar las elecciones del 21 de diciembre, cosa que es probable que logren. Tal posibilidad ensombrece el futuro constitucionalista en Cataluña porque, una vez que los separatistas vuelvan al poder, parece que nada puede hacerse para desmantelar su infraestructura propagandística. Y, sin embargo, algunas cosas sí pueden hacerse.

Fijémonos hoy tan sólo en los medios de comunicación. Respecto de los públicos, podría sencillamente prohibirse que las comunidades autónomas tuvieran esta clase de entidades y se obligara a todas ellas a privatizar las que tienen ahora. Si no se quiere ser tan radical, podría legislarse para garantizar la independencia de sus directores exigiendo que sean elegidos por una mayoría muy cualificada de, por ejemplo, tres cuartas partes de sus respectivas asambleas legislativas. De esta forma, los constitucionalistas podrían en Cataluña imponer un director más o menos neutral.

En cuanto a los medios de comunicación privados, podría prohibirse que recibieran subvenciones públicas o publicidad pagada por organismos públicos. No tiene sentido que las Administraciones se pasen la vida diseñando campañas publicitarias sobre los más peregrinos asuntos. Tales operaciones no tienen otro fin que financiar indirectamente medios afines. Naturalmente, para que esta prohibición fuera eficaz, es necesario dotar a los interventores de verdadera independencia, integrarlos en un único cuerpo estatal y que su firma sea indispensable para librar cualquier pago.

¿Por qué no se impone esta normativa en Cataluña? Porque la ley es general y tendría que aplicarse también al resto de comunidades autónomas. Y los políticos que las gobiernan quieren por encima de todo seguir disponiendo de mecanismos de propaganda política de los que disponer a su libre arbitrio. La única diferencia estriba en que, mientras en Madrid o en Andalucía derrochan nuestro dinero loando las muchas virtudes que adornan a Cristina Cifuentes o a Susana Díaz, en Cataluña lo despilfarran difundiendo las mentiras del nacionalismo.

De forma que el problema no es encontrar el modo de privar a los independentistas de sus medios de propaganda cuando vuelvan al poder. El problema es que, para poder hacerlo, el resto tendría que renunciar a los suyos. Y hasta ahí podíamos llegar. Para que nuestros políticos puedan seguir costeándose sus botafumeiros a nuestra costa, hay que consentir que los separatistas catalanes sigan retribuyendo a sus cizañeros a nuestro cargo. En resumen, se puede acabar con el aparato de propaganda independentista. Lo que no se quiere es pagar el precio de tener que a la vez acabar con el propio.

PP Y CS SE QUEDAN SOLOS
El Congreso vota en contra de combatir el adoctrinamiento en las aulas
La Gaceta  24 Noviembre 2017

Solo el PP y Ciudadanos anunciaron el pasado martes que se apoyarían mutuamente en sus respectivas iniciativas para renovar la Inspección educativa con el fin de evitar casos de adoctrinamiento, y la postura del resto de grupo se ha mantenido ya que hoy el Congreso ha rechazado ambas.

La proposición no de ley del PP para reformar la Alta Inspección Educativa con el objetivo de dotarla de competencias para que los centros sean “lugares libres de adoctrinamiento”, y poder actuar de oficio y con capacidad sancionadora, ha sido rechazada por 166 votos en contra, 160 a favor y 2 abstenciones.

Por su lado, la proposición de ley de Ciudadanos para crear una nueva Agencia de la Alta Inspección Educativa ha sido votada en contra por 167 diputados mientras que 160 han votado a favor.

Ambas iniciativas parlamentarias volvieron a llevar a la Cámara Baja esta semana los supuestos casos de adoctrinamiento en las aulas catalanas con motivo del referéndum ilegal.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, destacó que la propuesta para una nueva Agencia de Inspección independiente respondía a “una demora” de 37 años del desarrollo de la Constitución y subrayó que así se evitarían libros de texto que afirman que Cataluña es un Estado o que “el nacionalismo se apodere de las aulas”.

La portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, defendió la proposición no de ley de su grupo señalando que era una iniciativa que demandan las familias, las entidades representadas en el Consejo Escolar y los Inspectores, y pretende facilitar “un mayor cauce de comunicación entre la Fiscalía y la Alta Inspección para proteger con mayor diligencia a los mas débiles, a los niños, que están en el centro educativo y han sido objeto de delitos de odio”.

El PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas criticaron duramente ambas propuestas alegando que invadían competencias, se utilizaba a la educación con fines electoralistas y oportunistas.

ENTREVISTA A TONI CANTÓ
‘En muchas escuelas catalanas se enseña España como algo maléfico’
Rafael Núñez Huesca gaceta.es 24 Noviembre 2017

Denuncia que cada vez más padres le hacen llegar ejemplos de adoctrinamiento y que se trata de un problema gravísimo que explica por sí sólo la situación a la que ha llegado Cataluña. Toni Cantó es el portavoz de Ciudadanos en la lucha contra la politización de la Educación.

Ciudadanos es el único partido con representación parlamentaria que, quizá por su origen catalán, parece alarmado por la gigantesca y perfectamente organizada operación de ingeniería social que se lleva a cabo en Cataluña desde hace décadas. El PP tilda a los naranjas de “alarmistas” y la izquierda les acusa de querer generar un conflicto donde no existe. El separatismo, que comprueba por primera vez cómo el laboratorio ideológico se ve amenazado, ha montado en cólera y dispara con calibre grueso.

Los debates sobre el asunto en el Congreso han sido duros y hasta desagradables. En Ciudadanos están empeñados en crear una agencia independiente que asuma las funciones de la, hasta el día de hoy paralizada, Alta Inspección Educativa. El proyecto ha naufragado en su votación en Las Cortes.

El portavoz del partido para el proyecto es el diputado Toni Cantó, que ha desatado una verdadera batalla contra el adoctrinamiento en las escuelas. La Gaceta ha podido comprobar que vive el proyecto como algo personal. “Somos muy cabezones y seguiremos intentándolo. A nosotros no nos asusta quedarnos solos”.

A lograr su objetivo dedicó un reconocida intervención, que luego se viralizó rápidamente, en la que denunciaba la “corrupción intelectual de menores” que está llevando a cabo el separatismo en las escuelas catalanas, pero también valencianas y baleares. “Todo tiene que ver con la hoja de ruta diseñada por Jordi Pujol hace años”, explica Cantó. Y denuncia que hay profesores “que hablan de España como algo maléfico y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como el enemigo”.

El proyecto de ley pretendía dotar de medios, presupuesto y recursos a la nueva figura del inspector, designando para ello “una agencia independiente que no esté politizada”. El objetivo era controlar los contenidos curriculares en los libros, comprobar el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títulos o garantizar la igualdad de españoles y sus derechos lingüísticos.

-Adoctrinamiento en las escuelas. ¿Cómo está la situación?
Se politiza la Educación de nuestros hijos. Y es importante que esto empiece a calar en la opinión pública. Nadie discute ya la necesidad de despolitizar la Justicia pero parece que es complicado que el resto de partidos apoye la despolitización de la Educación en España. Hay territorios como Cataluña donde la situación es muy grave, pero también sucecede en Valencia y Baleares. 
Lo que nosotros pedimos es que el Gobierno cumpla con su deber, es decir que la Alta Inspección cumpla con su trabajo, cosa que no ha hecho. Ahora lo que hemos pedido en el Congreso, y nos hemos quedado solos, es que hay un proyecto de Ley que promueva una institución independiente que se ocupe, por un lado de vigilar los libros de textos y el trabajo de los profesionales, y por otro lado que exista una figura que garantice la defensa del denunciante. Nadie discute esta figura en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, pero aquí sí la discuten. Y esto para nosotros es esencial. Ejemplo: aquél colegio en el que se señaló al hijo de un Guardia Civil y le dijo: “¿No te da vergüenza lo que está haciendo tu padre?”. Para el resto de los alumnos fue muy complicado recriminar al profesor su actitud porque hubieran quedado también señalados. Es por eso que es necesario que exista un mecanismo que permita denunciar de manera anónima lo que está pasando. No podemos pedirle a los alumnos que sean héroes.

-Alguien dirá que para eso ya existe y se llama Alta Inspección Educativa
Sí, pero el Gobierno no la utiliza. Esto es una mejora, porque aunque exista la Alta Inspección Educativa, seguimos en manos de los llamados “inspectores” de las Comunidades Autónomas que en Cataluña, ocho de cada diez, están elegidos a dedo por el gobierno secesionista. Así es complicado.

-De manera que la Alta Inspección Educativa no funciona.
Es una herramienta que tiene el Gobierno central para asegurarse que en todas las CCAA haya una base curricular común y para asegurarse que la historia no sea inventada, o no se adoctrine, o no se politice a nuestros hijos. Sin embargo, es una herramienta que ni PP ni PSOE han utilizado nunca.
Nosotros hemos hablado con el ministro, con la defensora del Pueblo, lo hemos denunciado en el pleno, lo hemos denunciado allá donde hemos podido… y sin embargo el Partido Popular votó en contra la primera vez que lo llevamos al Congreso de los Diputados.

-Esta cuestión atañe directamente a la igualdad de todos los españoles, y siendo esto así, ¿cómo es posible que la izquierda se desentienda del problema?
Siempre vienen con el mismo argumento: dicen que estamos haciendo ver a la sociedad española que todos los profesores son unos malvados adoctrinados. Nosotros en ningún momento hemos dicho eso, pero lo que es obvio es que existen casos. Es como si me dijeran que no todos los españoles roban y por lo tanto a los tres chorizos que hay debemos dejarles que sigan robando.
Por cierto que también rompían ese discurso presuntamente igualitario cuando defendieron el insolidario cupo vasco. Defienden que haya comunidades que no deben ser solidarias con las más pobres, además defienden que las más pobres deben darle dinero a las más ricas. No entiendo cómo pueden seguir llamándose de izquierdas y defender esto.

-¿Te sorprendió la postura del PSOE en lo relativo al adoctrinamiento?
El PSC es el que parece llevar la batuta últimamente en el PSOE, y es una lástima. Y quiero recordar que el PSC y el PSOE históricamente siempre han hecho lo mismo: cederle la cartera de Educación a ERC o a sus homólogos en la Comunidad Valenciana, que es Compromís. Ceden Educación y ceden los medios de comunicación públicos. En Valencia igual: ceden la Educación a Compromís y ceden la nueva televisión pública. Así les va.

-¿Y Podemos?
El razonamiento de Podemos es absolutamente increíble. Se alinean con los de siempre: nacionalistas y secesionistas. Nadie ha visto nunca a Podemos con aquellos a los que los secesionistas quieren echar de Cataluña. Siempre les vemos solidarizarse con Puigdemont, con Forcadell y con todos cuantos se saltan la Ley. Nunca con la otra mitad de Cataluña que está siendo avasallada y empobrecida.

-Póngame ejemplos de adoctrinamiento político infantil.
Por ejemplo el vídeo de dibujos animados que ahora circula por las redes y que describe a Jaime I como rey de Cataluña. Todos hemos visto vídeos en los que los niños jugaban en el patio a cantar independencia. En mi época jugábamos al corro de la patata. También hemos visto esteladas en los colegios. Y gente señalada por pedir que sus hijos se eduquen en español.

-Cambiemos de tercio: elecciones del 21D.
Estamos cerca de un resultado histórico y podemos conseguir incluso ser primera fuerza. Yo creo sinceramente que los partidos contrarios a la independencia pueden sacar más votos que los separatistas en las elecciones catalanas. Tengo un temor: que Iceta se eche en manos de un nuevo tripartito con ERC. Esperemos que el PSOE por una vez se imponga.

-Ciudadanos es un partido muy importante en Cataluña, ¿pero qué pasa con Ciudadanos en la Comunidad Valenciana?
Está consiguiendo ponerse a la misma altura. No voy a esconder que tuvimos problemillas pero yo creo que se han zanjado y se han zanjado bien. El partido ha curado esas heridas y se está dedicando a lo realmente importante, que es hacer política. Y yo estoy muy contento con lo que están haciendo. Me voy sintiendo orgulloso, estoy a su disposición y procuro ayudarles en todo lo que pueda.

-¿Cómo está la situación allí?
A mi me parece muy preocupante porque estamos en manos de un tripartito, de un PSOE que como en Cataluña ha preferido echarse en brazos del nacionalismo y del extremismo de Podemos antes de buscar soluciones más centradas. Compromís sigue la ruta nacionalista de ERC y es una ruta preocupante.

‘Los Estados Unidos de Europa’
-Rivera habla de los Estado unidos de Europa y abunda mucho en un europeísmo que, a juicio de muchos, podría disolver la identidad nacional hacia arriba. ¿No ese ‘Estados Unidos de Europa’ el mismo vaciamiento nacional que los nacionalismos, pero hacia Bruselas?
Hay un equilibrio. Nosotros somos muy combativos en que España se disuelva hacia abajo porque creemos en la idea patriota de que es el Estado español el que nos está uniendo. De manera que combatir la disolución hacia abajo significa garantizar la igualdad. Y no debemos olvidad que gracias a Europa hemos vivido el periodo más próspero de nuestro país. Europa nos ha ayudado muchísimo a evolucionar, a modernizarnos, a enriquecernos como país. Eso no lo debemos olvidar nunca. Además, en un mundo globalizado no hay mejor defensa que la unión para ser más fuertes. El proyecto europeo es uno de los más exitosos del mundo. Nos ha proporcionado riqueza y un periodo de paz absolutamente inédito. Nosotros apostamos por ello.

-¿Por los Estados Unidos de Europa?
Sí, sí, sí. Y por una España que no se disuelva hacia abajo.

-¿Y hacia arriba?
Es que yo no creo que se disuelva hacia arriba España con el proyecto europeo. Todo lo contrario: gracias a Europa, España es más fuerte.

-Cuando la gente ve esos debates tan ásperos en el Congreso, sobre todo respecto del asunto catalán, piensa que en la cafetería luego os tomáis una cerveza y tan amigos, ¿es así?, ¿os lleváis bien con los diputados, por ejemplo, de ERC?
Yo no tengo relación con ellos. Ninguna. Se ha quebrado por completo. Y creo que hablo por todo el grupo de Ciudadanos.

-¿Y con Podemos?
Muy poca. Tengo relación con algunos diputados de Podemos con los que tengo un trabajo muy estrecho en comisiones como la de calidad democrática o la financiación ilegal del PP porque tengo que estar negociando con ellos constantemente. Hablo de gente como Carolina Bescansa, como el ex juez Julio Llanes… con esa gente trabajo día a día en las comisiones y debo mantener una relación, pero hay mucha gente de Podemos con la que no tengo absolutamente ninguna relación. Por ejemplo el diputado Joan Mena que salió a llamarnos “gorrinos” porque estábamos hablando del adoctrinamiento… Yo no me puedo relacionar con un tipo que practica ese tipo de política. Esa es una política que yo detesto.

-Para acabar, una tanda de preguntas rápidas. Una respuesta de una frase como máximo:

-Albert Rivera.
Un líder que no para de crecer y que me sorprende día a día.

-Juan Carlos Giranta.
Una cabeza privilegiada.

-Pablo Iglesias.
Un bluff.

-Íñigo Errejón.
Otro, que va de moderado pero tiene vídeos defendiendo a Chávez.

-Mariano Rajoy.
Un líder que no lo es. Alguien que con su inacción ha permitido que lleguemos hasta donde hemos llegado con Cataluña, la corrupción o la crisis.

-Pablo Casado.
Un intento del PP por vestir de algo nuevo lo que no lo es.

-La Unión Europea.
Es algo muy bonito. Una idea de igualdad y democracia que ha permitido a España crecer y ser más fuerte.

-Carles Puigdmeont.
Un sinvergüenza. Y un cobarde. Alguien que ha huido para no responder ante la justicia y que además ha llevado a Cataluña a la ruina.

-Gabriel Rufián.
Otro. Otro que si le quitas el aparataje, la impresora o las esposas y las declaraciones rollo tuit se queda en nada.

-Joan Tardà.
Es ERC, y para mi ERC está en el Congreso de los Diputados sin creer en el Estado. A mi me parecen unos sinvergüenzas, la verdad.

-Joan Baldoví.
Es un intento de hacer parecer que no es ERC pero es ERC. Y a mi, ni Joan ni Mónica me engañan. Yo les he visto. Joan ha dicho que votaría ‘Sí’ a la independencia; es el lobo de ERC vestido de corderito ‘compromisero’.

-Rosa Díez.
Rosa es una mujer que tiene una cabeza increíble para la política y que sin embargo demostró tener poca inteligencia emocional y poca visión de futuro. Aunque yo aprendí mucho de ella y siempre la recordaré con mucho cariño.

-¿Qué es Cataluña?
Una comunidad autónoma que hasta hace poco era el faro del resto de España y un lugar donde mirarse. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Cataluña, a nivel teatral, era lo más de toda España. Ha dejado de serlo por el nacionalismo. Ya sólo trabajan los secesionistas. Sólo dirigen los teatros públicos los que comulgan con la ideología. Sin embargo aquí a Madrid vienen vascos, catalanes, valencianos… a dirigir teatros públicos, y eso ha hecho que Madrid se convierta, también, en la capital de España del teatro. Antes lo era Barcelona.

-¿Qué es la Comunidad Valenciana?
Es mi tierra. Es una comunidad fuerte, solidaria, que tiene ganas de ser mejor tratada pero que va a seguir tirando de la economía de nuestro país, generando riqueza y empleo.

-¿Qué es España?
(Sonríe y mira hacia arriba; se acomoda) España es un lugar del que me siento orgulloso pertenecer y cuya bandera hace que sepa que existe un lugar donde yo tengo unos compañeros donde intentamos llegar a un proyecto común en el que nos sintamos iguales, libres y en el que podamos ir con la cabeza alta.

La violencia del terror y de la palabra
Pablo Sebastián republica 24 Noviembre 2017

El tremendo atentado del ISIS contra la mezquita egipcia sufí en el norte del Sinaí (270 muertos y más de 100 heridos) nos sumerge en la tristeza y la mayor de las incertidumbres frente a los oscuros y traicioneros ejércitos del terror. Unos fanáticos que organizan matanzas en el nombre de un mal Dios que buscan venganza y cosechas de sangre en un templo donde varios cientos de personas pacíficas y religiosas rezaban a otro Dios, hermano en el islam, y ubicado en esa franja del Oriente Próximo que lleva siglos en guerra entre ellos y contra el resto de la Humanidad. Y en los últimos años ahí incluida la Europa occidental.

La masacre de la mezquita de Al Ruda en la localidad egipcia de Al Arish, en la península del Sinaí, nos obliga a mirar a nuestro alrededor y a entender que nuestros problemas y desafíos más inmediatos, como ahora es el caso catalán son asuntos de menor cuantía, si los comparamos con la atrocidad del Sinaí que acabamos de conocer.

Aunque en la base de tan dispares problemas está la cultura del odio y el gran fanatismo de la religión, la etnia y los nacionalismos. Y mucho de eso hay en la crisis del nacionalismo secesionista catalán, sembrado de odio y de xenofobia y con gestos que recuerdan al fascismo y nazismo europeo de años atrás cómo se ve el adoctrinamiento de niños y el uso de estos para alentar el odio o montar barricadas contra la legalidad.

Y qué decir del señalamiento en Cataluña de las casas de jueces y fiscales o de las familias de los políticos con alusión directa a sus hijos como lo acaba de hacer esa fascista de Nuria Gispert, o la sinvergüenza de Marta Rovira que afirma que el Gobierno de España amenazó con cadáveres en las calles, o las machadas continuas del nazi Rufián, etcétera.

La mentira sistemática y la violencia verbal de los nacionalistas catalanes merece una respuesta contundente del Gobierno, de las Fuerzas Políticas democráticas, de la Justicia y de los medios de comunicación, muchos de los cuales -como La Sexta TV- se han convertido en altavoz de la barbarie y del neofascismo catalán dando cobijo a mentirosos compulsivos que usan sus agresiones como palanca de propaganda electoral.

Y vamos a ver si la firmeza de la Justicia y de los gobernantes, y no paños calientes, empieza a ser la respuesta inequívoca frente a quienes no acatan la legalidad, amenazan con la violencia física y verbal, porque son, como lo ha descrito la juez Lamela, una ‘organización criminal’. Algo de lo que debe de enterarse de una vez por todas el portavoz del Gobierno, Íñigo Mendez Vigo -¡menudo desastre de Ministro!-, que se pasa los días dando consejos políticos al prófugo Puigdemont (“que se presente a las elecciones” o “que debata con Albiol”) en vez de exigirle que se presente ante la Justicia de española para responder de sus muchos delitos y para su inmediato ingreso en prisión.

CRÍMENES DEL COMUNISMO
La brutalidad de la izquierda contra los ‘intelectuales desafectos’
Juan E. Pflüger gaceta.es 24 Noviembre 2017

La represión contra derechistas, monárquicos y católicos durante la Guerra Civil no fue obra de descontrolados. Estaba organizada por las instituciones del Frente Popular

No es la primera vez que en Los crímenes del comunismo abordamos el tema de la represión del Frente Popular contra los intelectuales que no eran de izquierdas durante la Guerra Civil. Ya hicimos un primer esbozo de la lista de importantes representantes de todos los campos del saber que fueron asesinados por ser de derechas, monárquicos o católicos — También contamos como había sido brutalmente asesinado Ramiro Ledesma Ramos, filósofo -discípulo de Ortega y Gasset- y fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (JONS).

Hoy vamos a estudiar dos casos que son muy significativos: Ramiro de Maeztu y Pedro Muñoz Seca. El primero, preso en la cárcel de Ventas, de donde es sacado sin juicio previo, y asesinado el 29 de octubre en Aravaca en la que posiblemente sea la primera saca de cárceles madrileñas durante la Guerra. No estaba en una cheka, sino en una cárcel controlada por el Gobierno. Éste seguía en Madrid y Santiago Carrillo todavía no se había hecho cargo del orden público en la capital.

Su saca, con la excusa de un traslado al penal de Chinchilla, fue consentida por el Gobierno y no fue fruto de acciones de descontrolados como se viene justificando desde la historiografía de la izquierda. Todavía faltaba una semana para que comenzasen las sacas generalizadas.

Muñoz Seca, detenido en Barcelona y trasladado a Madrid, estaba detenido en la cárcel de San Antón. Un antiguo colegio religioso convertido en cárcel ante la falta de espacio en los centros penitenciarios de Madrid tras la detención de más de veinte mil personas por el mero hecho de pensar diferente a los partidos del Frente Popular.

En el caso de Muñoz Seca, el dramaturgo más reputado de España en los años anteriores a la Guerra Civil, sí que hubo un simulacro de juicio previo a su condena. Se celebró el 27 de noviembre de 1936 y el veredicto fue la condena a muerte por ser católico y monárquico. Todo un crimen en el Madrid controlado por los comunistas de Santiago Carrillo.

En el caso de Muñoz seca, además, se produjo un ensañamiento por parte de sus carceleros y una omisión de las ayudas que la familia reclamó a su paisano y conocido Rafael Alberti. Los dos habían nacido en El Puerto de Santa María. Los hermanos de ambos tenían buena relación. Alberti hacía y deshacía en materia de represión desde su puesto de presidente de la Asociación de Intelectuales Antifascistas. Pero estaba más preocupado por señalar a las víctimas desde su columna “A paseo” en la publicación El mono azul.

Uno de los carceleros de San Antón, arrancó a Muñoz Seca los bigotes cuando éste se dirigía hacia el autobús que le trasladaría a Paracuellos en la madrugada del 28 al 29 de noviembre. Antes le había quitado su abrigo y los pocos efectos personales que le quedaban.

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El muro del Estado y sus debilidades

La crisis del secesionismo ha puesto contra las cuerdas al sistema entero, y la versión blanda del 155 no es sino un intento desesperado de que las cosas vuelvan a su cauce, que es el que conviene a los partidos principales.
José Luis González Quirós vozpopuli.es 24 Noviembre 2017

La metáfora del choque de trenes es inadecuada para describir la forma en que se ha desarrollado el conflicto planteado por los separatistas catalanes. Es inadecuada, porque el tren secesionista no ha chocado con nada que esté en movimiento, sino con algo casi inamovible, con un muro, el muro del Estado. Ahora bien, hay muros de muy diverso tipo, no todos son igualmente sólidos, y el muro de nuestro Estado tiene debilidades muy obvias que, sin embargo, y por fortuna, los secesionistas no han sabido aprovechar del todo bien, y se han precipitado contra la base del muro, que todavía es sólida.

Las bases sólidas del muro
Empeñados en vivir y respirar en un universo familiar y blando, favorable a sus deseos, los secesionistas no han sabido ver que el muro español se apoya sólidamente en varias rocas. En primer lugar, aunque el orden de la enumeración no sea decisivo, el muro del Estado se funda en una realidad internacional que no quiere oír ni hablar de ninguna clase de despedazamientos, que es consciente de que el camino hacia una mayor unidad no se puede recorrer desandando lo andado, rompiendo el equilibrio actual de los Estados. La DUI no ha obtenido el apoyo ni de Osetia del Sur, lo que tiene su mérito, y, respecto a Europa, a la que todavía siguen recurriendo retóricamente, el rechazo ha sido más que absoluto. Juncker acaba de declararlo paladinamente: una Cataluña independiente nunca, y convendría subrayar el adverbio, nunca obtendría el ingreso en Europa. Las razones, que son varias, las puede entender cualquiera que no esté intoxicado intelectualmente, pero hay una que los secesionistas han malentendido de manera pertinaz: la UE no es sólo un club económico y financiero, es un baluarte del Estado de derecho, del respeto a la ley, eso que les da la risa a los supremacistas catalanes.

El segundo pilar de la solidez española es de carácter histórico, pero no de las historias alternativas que cualquiera puede fabricar, sino de esa historia viva que es la realidad de una vida común española que es más que centenaria. En los días más convulsos de la revuelta, una mujer de edad se asomó a una de las infinitas pantallas de estos días y dijo “Yo soy muy mayor, soy pobre…, pero soy española”. Su testimonio es el del apego a una identidad nacional mucho más fuerte que cualquier relato de ocasión, una identidad que ha estado dormida, como es lógico que suceda de manera habitual, pero que ha estallado en miles de banderas y que es muy probable que tenga una virtualidad política que todavía no se está valorando bien. El Rey acertó al detectar la indignación popular y al identificarla con la vigencia de la Constitución y de las leyes, de forma que su discurso lo consagró como el líder y el símbolo de cuanto nos une. Es difícil exagerar el tamaño de su acierto. El resto de las fortalezas se apoyan en estas dos primeras, pero tan sólido fundamento no impide la existencia de grietas inquietantes en el muro del Estado

Una nación sin gobierno
España es un viejo país, esto es evidente, y el mundo entero es mucho más nuevo y dinámico que cualquier realidad del pasado. Las naciones se mueven en un mercado político, económico y militar extremadamente complejo y España, no es de hoy el problema, tiende a refugiarse en la bocana del puerto y a sestear, vive presa del miedo, como un perro apaleado. Hemos sido la primera víctima del final del predominio europeo, y llevamos más de cien años sin decidirnos a ocupar un lugar en el mundo, empeñados en un vago internacionalismo que oculte nuestra falta de rumbo propio. Esto quiere decir que no tenemos gobierno, pues gobierno significa, etimológicamente, timón y no hay timonel capaz de navegar bien si no conoce su rumbo.

A cambio de carecer de gobierno, tenemos una administración pública cada vez más obesa, extravagantemente dispendiosa y caótica, que lo que hace mejor es gastar mucho y mal. Es, por supuesto, un organismo dividido, insensatamente, en un número de taifas absolutamente insoportable, forzado al endeudamiento externo, y, que, en consecuencia, ha perdido casi por completo su soberanía, su capacidad de decidir cualquier cosa por cuenta propia, carencia que se nota relativamente poco por lo dicho arriba, porque nuestra Nación no parece capaz de definir objetivos históricos.

Esta ausencia de gobierno es, objetivamente, un mal, y se traduce en la enorme ineficacia social de nuestros empeños, cosa que es compatible con el hecho de que, como viejo país que somos, hayamos sido capaces de construir un sistema, aunque de mediocre calidad, capaz de satisfacer el mínimo de necesidades, sanitarias, educativas, y de bienestar, de gran parte de la población, lo que ha contribuido grandemente al cultivo de esa pasividad civil, por ejemplo, nuestra capacidad de seguir votando a quienes nos roban y se burlan de nosotros, que es la manifestación contemporánea del sanchopancismo español.

Las trampas de la representación
El sistema político y constitucional de la transición ha venido siendo un éxito, ha sido capaz de soportar una transformación importante de la sociedad española, pero ha llegado a un punto en el que está mostrando más sus ineficiencias que sus capacidades. Su punto más débil no es de carácter técnico, sino cultural. Su debilidad técnica consiste en que ha permitido potenciar la capacidad de las elites electorales para ir a lo suyo, instalando una política absolutamente cortoplacista, esencialmente manipuladora de la opinión, consagrada a la defensa de lo que han llamado la gobernabilidad, y completamente ajena a los intereses de fondo de la sociedad española. Que la mayoría de los diputados del Congreso, a las órdenes de sus respectivos látigos, puedan aprobar un cupo vasco, insolidario, manipulado contablemente de manera escandalosa, y que beneficia de manera descarada a una de las regiones más prósperas en perjuicio de todas las demás, es una más de las pruebas de que nuestro sistema representativo se aleja de manera aparentemente incorregible de cualquier cosa que pudiera llamarse un bien común.

Las causas de esta desviación residen en el hecho de que es más fácil cambiar un sistema constitucional que la cultura política subyacente. Cuarenta años se han mostrado pocos para corregir el amiguismo y el colegueo típico de las familias del franquismo e instaurar un sistema liberal, democrático, representativo, capaz de debatir sinceramente y de buscar la competencia abierta en la llamada al voto, es decir de hacer política. Aquí las elecciones son en manada, y no se procura otra cosa que la fidelidad de los propios a los que se procura mantener con un sistema clientelar, pura democracia orgánica, en el fondo. Cualquiera que analice la larga crisis del grupo Prisa, podrá ver cómo en esa empresa que ha jugado un papel de modernización aparente de la sociedad española, siguen estando vigentes los modos del caudillismo y la amigocracia, cómo importan un pito los intereses de los accionistas (no digamos nada de los simples ciudadanos), cómo basta un toque de Rajoy o de Soraya para que el amo Cebrián se salga con la suya, de casta le viene al galgo.

La trampa está en haber sobrelegitimado la democracia formal sin darnos cuenta de que el sistema representativo podía ponerse realmente al servicio de otros intereses distintos a los nuestros, y en haber consentido que la sociedad civil viva en una permanente dependencia de los dineros y las órdenes de la administración, de ese gobierno sin otro destino ni rumbo que el de permanecer en la poltrona, pero que manda inmisericordemente sobre todos nosotros.

El problema español y el problema catalán
En cierto modo, el procés catalán es una exageración teratológica del sistema político vigente en España: el truco consiste en crear una clase de extractores de renta que engañan sentimentalmente al resto de los catalanes para vivir opíparamente a su costa. Si a eso se le pone, por debajo, un problema de identidad colectiva muy mal asumido es evidente que se trata de una bomba ambulante, aunque no sea capaz de derribar el muro. Por esta razón no se podrá resolver el llamado problema catalán hasta que no se cambie la forma de hacer política, hasta que los partidos no se convenzan de la necesidad de ser algo distinto a lo que son, lo que no ocurrirá sin revoluciones internas, nada fáciles por otra parte (aunque en el PSOE ha habido ya una), que pongan por delante a la sociedad civil, a la Nación, que vuelvan a conectar con lo que la gente siente y desea.

La crisis del secesionismo ha puesto contra las cuerdas al sistema entero, y la versión blanda del 155 no es sino un intento desesperado de que las cosas vuelvan a su cauce, que es el que conviene a los partidos principales. Pero algo que estaba dormido se ha despertado, y no es solo el amor a la unidad española lo que ha soliviantado a casi todo el mundo.

No sabemos lo que pasará el día 21 de diciembre en Cataluña, ni si nadie será capaz de llevar a cabo los cambios muy de fondo que hacen falta para que el muro del Estado sirva para algo más que parar los píes a unos sediciosos de opereta, para que la política pueda volver a ponerse al servicio de una Nación que puede y merece ser más de lo que ahora mismo es, que ni quiere desaparecer, ni tiene que condenarse eternamente a una mediocridad insalubre y estúpida.

Disparates lingüísticos

«El independentismo busca privar a un pueblo del inmenso tesoro, cultural y económico, que supone la lengua española, una de las más importantes del mundo. Un 23 de abril, le pregunté, por la radio, a Jordi Pujol, si no le interesaba Cervantes y me contestó rotundamente: «No. Sólo me interesa Goethe». ¡Peor para él! Éste era el presunto «español del año»
Andrés Amorós ABC 24 Noviembre 2017

No me refiero a los errores que cometemos todos, sino a muchos disparates, realizados por nuestros políticos actuales, en el terreno de la lengua: algo que tiene muy graves consecuencias para la pacífica convivencia de los españoles.

Con los Reyes Católicos, se consumó la unidad de España y lo que, hasta entonces, era el castellano, se convirtió en el español, la lengua nacional. (Resume esto el título de un importante libro de Amado Alonso, que harían bien en leer políticos y periodistas: «Castellano, español, idioma nacional»). Y esa lengua adquirió proyección universal, en Hispanoamérica.

La lengua española alcanzó cumbres estéticas en nuestros escritores de los Siglos de Oro, mientras que decaía el uso literario del catalán y el gallego. (Sólo lo recuperarán en la segunda mitad del XIX, gracias al nacionalismo romántico; la lengua vasca seguirá reducida a un uso familiar y rural, hasta el XX).

De un modo sectario e ignorante, es frecuente ahora atribuir este proceso histórico a la imposición de una lengua y la represión de las otras. Sencillamente, no es así: si cualquier español actual intenta que sus hijos aprendan el inglés, no es porque lo ordene Trump, ni tiene que ver con que estemos o no de acuerdo con sus políticas; sencillamente, sabemos que ese conocimiento del inglés les va a ser útil.

Cuando una nación ocupa un lugar preeminente, su lengua se expande. Así sucedió con el español, en el XVI; con el francés, en el XVIII; con el inglés, en el XIX y el XX.

¿Cómo se llama nuestra lengua, castellano o español? Los dos nombres son rigurosamente sinónimos: así lo consagra nuestra Constitución, por una enmienda de Camilo José Cela. Ya nuestro primer diccionario, el de Sebastián de Covarrubias, se titulaba «Tesoro de la lengua castellana o española» (1611).

Las otras lenguas que se hablan en España también son españolas, por supuesto, pero la que llamamos por antonomasia lengua española es la que tuvo su origen en el antiguo castellano. Subrayo lo de «por antonomasia», que es bien claro.

La lengua oficial de una nación suele tomar el nombre de ella, aunque haya surgido en una de sus regiones: hablamos de «lengua italiana», no «toscana». Lo comprobamos en la traducción a otro idioma: en inglés, se habla de «spanish language», no de «castilian language»; en francés, de «langue espagnole», no de «langue de Castille»…

Un tópico repetido afirma que todas las lenguas son iguales. En este caso, no es así, por una clarísima razón lingüística, no política: el español es la lengua común, en la que se entienden los españoles de todas las regiones. Un gallego y un vasco, por ejemplo, pueden entenderse en la lengua española que tienen en común y que les une.

Justamente eso es lo que también propuso añadir Cela al texto de la Constitución, en la discusión del proyecto: que esa lengua «es también la común de todos los españoles». Otro senador por designación real, Justino de Azcárate, de inequívoca tradición republicana e institucionista, intentó añadir otra frase: «Nadie podrá ser obligado a conocer o usar una lengua regional». Así, se hubiera mantenido el mismo texto de la Constitución de 1931. Por desgracia, ninguna de estas dos propuestas fueron aceptadas: ¡cuántos dislates se hubieran podido evitar!

Hoy, en todas las regiones españolas que tienen lengua propia, se suele imponer ésta, en la enseñanza; ya hemos visto a qué lamentable adoctrinamiento puede ir eso unido. Además, en las oposiciones a funcionarios, es requisito imprescindible o se da más valor al conocimiento de esa lengua que a otros criterios de competencia. ¿Quién podría oponerse a ese chantaje?

La guerra contra la lengua común de todos los españoles ha llegado al extremo de que un senador andaluz, que vive en Cataluña, se dirija, en catalán, a otro, también andaluz, y tengan que utilizar traductor: el llamado «teatro del absurdo» no había alcanzado nada comparable.

En el terreno literario, el tema de las traducciones innecesarias es flagrante. Necesitamos una traducción para leer a un gran autor solamente cuando no dominamos la lengua en que ha escrito. En la España actual, eso ya no sucede. He asistido, en Barcelona, a la representación de una obra de Pablo Neruda, «Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta», traducida al catalán, aunque todos los asistentes podían entenderla en su lengua original.

No es algo exclusivo de Cataluña. Cuando se creó el Centro Dramático Galego, se intentó traducir al gallego, para representarla, alguna obra de Valle-Inclán. Felizmente, sus herederos se negaron… y no se representó al máximo dramaturgo de Galicia.

Supone esto olvidar que la libertad básica de cualquier escritor consiste en escribir en la lengua que quiere; más exactamente, en la que le sale, de modo natural. Igual que rezamos o maldecimos, en una lengua y no en otra.

Los nacionalismos han llegado a inventarse lenguas, exigiendo que se reconozcan como tales simples variedades fonéticas, sin riqueza cultural ni literaria, como la fabla aragonesa y el bable asturiano. (Por negarle al bable esa condición sufrieron una persecución dos de las más eminentes figuras asturianas, el filósofo Gustavo Bueno y el lingüista Emilio Alarcos).

Además de la vanidad paleta que supone inventarse «hechos diferenciales», ¿qué finalidad se pretende, con todo esto? Un simple y claro negocio: que se creen cátedras, departamentos, puestos de profesores, becas; también, un mercado editorial artificial, falso: el gobierno vasco del PNV, por ejemplo, garantizaba a cualquier libro editado en euskera la subvención necesaria para que la editorial cubriera los gastos, aunque no se vendiera ningún ejemplar.

En Cataluña, de hecho, se niega el bilingüismo, se quiere imponer una sola lengua. La Generalitat sólo ha considerado autores catalanes, por ejemplo, para la Feria de Frankfurt, a los que escribían en catalán, aunque renunciara, así, a los mejores: Marsé, Matute, Mendoza, los Goytisolo, Ruiz Zafón, Cercas…

El independentismo busca privar a un pueblo del inmenso tesoro, cultural y económico, que supone la lengua española, una de las más importantes del mundo. Un 23 de abril, le pregunté, por la radio, a Jordi Pujol, si no le interesaba Cervantes y me contestó rotundamente: «No. Sólo me interesa Goethe». ¡Peor para él! Éste era el presunto «español del año»…

Supone todo esto no respetar la libertad de los que eligen hablar o escribir en una lengua; también, intentar separar a los españoles; en el fondo, usar la lengua como un arma política, no como un instrumento para entendernos.

Nuestra Constitución se basaba en la lealtad a la patria común: la permanente deslealtad de los independentistas ha conducido a este cúmulo de disparates. Para corregirlo, haría falta un notable coraje político: por desgracia, no lo veo por ningún lado.

Técnica de un golpe de Estado
El relato de la revuelta de octubre lo ha escrito la jueza Lamela. Una estrategia coral urdida por una trama compleja
Ignacio Camacho ABC 24 Noviembre 2017

El gran relato sobre la trama de la rebelión secesionista lo ha escrito la jueza Carmen Lamela en su informe al Tribunal Supremo. En sólo veinte folios bien documentados, la magistrada de la Audiencia explica lo que Curzio Malaparte llamaría la técnica de un golpe de o contra el Estado. Una organización ramificada, «compleja y heterogénea», unida en el propósito de la secesión con una precisa coordinación interna. Un ajustado reparto de papeles diseñado con minuciosa sincronización de la estrategia. Un «concurso de voluntades» aglutinadas para cumplir la estricta planificación del designio unilateral de la independencia.

Es la existencia de ese plan articulado la que aconseja unificar en un solo tribunal la investigación, según el criterio de la jueza que ha mandado a prisión a los Jordis y a Oriol Junqueras. Porque de su análisis documental se desprende una actuación combinada de numerosos elementos concomitantes al servicio de una finalidad idéntica. Lo que describe es una conspiración de ruptura institucional, una revolución coral proyectada para su ejecución acompasada como la partitura de una orquesta. Sólo desde esa perspectiva de conjunto puede entenderse la estructura de una empresa que cometió, a juicio de Lamela, diversos delitos concurrentes: sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia.

La atribución de papeles resulta esencial en el desarrollo del proceso. Los líderes de la Generalitat y del Parlamento como autores intelectuales del proyecto, creadores de una legalidad paralela, ejecutores administrativos y proveedores del dinero. Las asociaciones civiles, ANC y Omnium, como agentes de desestabilización social encargados de la agitación de masas, de las redes de propaganda y de la extensión de un clima de rechazo antiespañol para favorecer el levantamiento. Y los Mozos de Escuadra como factor de intimidación, espionaje (sic) a las fuerzas de seguridad nacionales y protección del referéndum; 17.000 efectivos armados actuando con la disciplina de un ejército. Cada brazo de la trama con sus jefes: Puigdemont, Forcadell, Junqueras, los consejeros de su Gobierno, los dos Jordis y el mayor Trapero.

Ése es el plano de la insurrección, el guión del motín y la nomenclatura del movimiento. La prosa judicial detalla la hoja de ruta de las leyes inconstitucionales, la consulta ilegal, la asonada callejera y la declaración parlamentaria que proclamaba la república y el Estado nuevo. La clave de comprensión es la de que los presuntos quebrantamientos de la ley obedecían a un objetivo común y formaban parte de un sistema conexo; de ahí que la instructora solicita que sea una sola instancia la que entienda sobre ellos. Veinte folios de descripción de situaciones y hechos más otros nueve de antecedentes investigativos y relación de documentos. Ahí está todo: la revuelta de octubre contada para escépticos.

Hay que reformular los Mossos
OKDIARIO 24 Noviembre 2017

Ha llegado el momento de reformular los Mossos d’Esquadra. La actuación de este cuerpo policial a lo largo del golpe de Estado independentista debe servir para actualizar su situación. A tenor del comportamiento que han exhibido durante los últimos meses, no se puede permitir que sigan siendo un cuerpo incomprensiblemente privilegiado, con salarios que duplican a los de la Policía y la Benemérita. Más si cabe cuando casi 4.000 de los 8.000 mossos mostraron una alarmante pasividad durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Una de las fechas clave para cumplir con el mandato legal de la Constitución ante la amenaza golpista y que, sin embargo, estuvo protagonizado por la inacción de la mitad de los agentes destinados a hacer valer la legalidad vigente, según las pesquisas de las divisiones de información de los propios Mossos —ahora bajo el control del Ministerio del Interior— del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

A pesar de que dicho referéndum estaba prohibido por el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), se abrieron los colegios, aparecieron las urnas y, en general, se permitió un espectáculo dantesco de caos e ilegalidad debido a la laxitud de la policía autonómica comandada por el mayor depuesto Josep Lluís Trapero. El esperpento de esta jornada recorrió el mundo para escarnio y descrédito de nuestra imagen internacional. Algo que no sólo supone un menoscabo político e institucional sino que, además, incide negativamente a la hora de que los inversores apuesten por España como lugar donde asentar sus negocios. La justicia, por tanto, debe depurar todas las responsabilidades tanto de esa jornada como de los días previos. Los Mossos también permitieron con su inacción el asedio a la sede de la Consejería de Economía durante la noche del 20 de septiembre.

Un comportamiento permitido y alentado por Trapero, pero donde participaron muchos más agentes. Esa laxitud a la hora de intervenir fue en contra de nuestra Carta Magna y puso en grave riesgo a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abandonados ante los insultos, golpes y provocaciones de una turba de independentistas radicales. La crisis en Cataluña, por tanto, debe suponer un antes y un después para la unificación de todos los cuerpos bajo un mismo mando. Unificación de criterios, unificación legal y unificación en cuanto a condiciones laborales, ya que se da la paradoja de que los efectivos que peores condiciones tienen han sido los únicos que han dado la talla. Mientras la mitad de los mossos destinados a esas jornadas miraban hacia otro lado hasta llegar a la connivencia con los sediciosos, Guardia Civil y Policía Nacional han mostrado, una vez más, su inquebrantable compromiso tanto con España como con sus ciudadanos. Eso jamás debería caer en saco roto.

El odio del lenguaje nacionalista
Manuel Molares do Val Periodista Digital 24 Noviembre 2017

Obsérvese a los niños catalanes envueltos en banderas revolucionarias independentistas cantando Els Segadors, himno que reclama segar cuellos de imaginarios enemigos, que aprenden falsas historias bélicas e imperiales y que hay niños inferiores por el empleo de sus padres.

Visto esto, debe saberse que se está ante la fabricación de supremacistas, como se hizo en Alemania en los 1930.

Estas conductas impulsadas por un “neolenguaje patriótico” están bien estudiadas en “Lingua Tertii Imperii, LTI. La lengua del Tercer Reich: apuntes de un filólogo” (Ed. Minúscula), de Victor Klemperer, profesor de literatura en la Universidad de Dresde

Klemperer comenzó a analizar en 1933 las palabras y frases clave que fueron creando consignas y aplicándose bajo el poder nazi para fanatizar y dirigir la conducta de las masas, empezando por los niños; y esos descubrimientos resultan de una actualidad estremecedora.

Klemperer encontró que los sentimientos podían manejarse con “el lenguaje del fanatismo de masas”, a las que se hacía reaccionar tras la manipulación lingüística, educativa y cultural de la propaganda.

Primero se construye un yo colectivo con iguales sentimientos, y enseguida se fabrica el enemigo que ataca ese yo; en el caso nazi eran los judíos, en el de los fanáticos del independentismo catalán son los demás españoles.

Lo atractivo del nacionalismo es que todos lo sentimos inicialmente, y sólo podemos controlarlo con racionalismo y voluntad.

Pero es tan seductor que los partidos de izquierda caen fácilmente en él, como los socialdemócratas del PSC-PSOE y gran parte de los podemitas catalanes, al margen de los nacionalistas tradicionales.

El PSC propone ahora para su campaña electoral del mes próximo, además de un pacto fiscal al estilo vasco, “el monopolio lingüístico, educativo y cultural de la Generalidad para reafirmar la identidad catalana”: así empezó Alemania, como vio Kemplerer, en 1933.

Los métodos mafiosos del independentismo
EDITORIAL El Mundo 24 Noviembre 2017

Aunque los líderes independentistas siempre se ufanan del carácter pacífico de su movimiento, subyace a ese teórico pacifismo una raíz antidemocrática que debería haber hecho saltar las alarmas hace mucho. La Justicia viene siendo objeto de la ira del secesionismo desde los albores del procés. La agitación se desbordó en vísperas de la declaración unilateral de independencia, y ha terminado desembocando en coacción explícita a fiscales y magistrados, que denuncian represalias.

Rafael Catalá ha revelado que se han producido ya varios sabotajes. Ha trascendido que la fiscal jefe de Barcelona, Ana María Magaldi, sufrió el pasado fin de semana un ataque directo en su casa del Pirineo. Los investigadores tratan de averiguar si los actos vandálicos guardan relación con el proceso separatista, pero la propia Magaldi ya había denunciado amenazas en febrero. El ministro de Justicia ha advertido de que, durante las últimas semanas, algunas viviendas de magistrados en Cataluña han amanecido con pintadas amenazantes. La última, como contamos hoy, en la casa de Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado número 13 de Barcelona, que desmanteló la logística del 1-O.

No estamos, por tanto, ante acciones aisladas, sino ante la consumación del espíritu totalitario que anida en quienes, pese a todas las garantías que ofrece nuestra democracia, han legitimado la desobediencia como herramienta política. Cualquier intento de presión a un miembro del poder judicial supone un intolerable ataque al Estado de derecho. Pero en el caso de Cataluña, estos gravísimos y preocupantes excesos se producen en un contexto político concreto, generado desde la Generalitat tanto durante el mandato de Puigdemont como en el de Artur Mas, que hizo bandera del desacato a las leyes y a las resoluciones de los tribunales. De ahí que la ANC no tuviera reparos en congregar a sus huestes a las puertas del Palau de Justicia de Barcelona coincidiendo con la causa del 9-N y durante las actuaciones judiciales posteriores al referéndum ilegal del 1-O, movilizaciones acaudilladas por la propia Carme Forcadell. Y todo ello en el marco de un ataque sin precedentes al orden constitucional perpetrado por las autoridades catalanas, cuya Ley de Transitoriedad constituye una aberración jurídica que, entre otras disposiciones, contemplaba la deposición de jueces desafectos a la causa.

Los métodos mafiosos del separatismo han provocado que muchos jueces que ejercen en Cataluña necesiten escolta para garantizar su seguridad, o que las peticiones para ser trasladados fuera de esta comunidad se hayan disparado. Son las onerosas y gravísimas consecuencias de la base autoritaria sobre la que se cimentaba el procés. Que nunca fue ni pacífico ni democrático.

La foto estalinista o la esencia catalanista
Jesús Laínz Libertad Digital 24 Noviembre 2017

El afán falsificador de la realidad goza de larga tradición en el catalanismo.

Los juntaletras, que solemos ser unos pelmas, nos pasamos la vida practicando el feo vicio de exprimirnos las meninges en busca de ideas, argumentos, ocurrencias y frases brillantes con los que llenar las cuartillas por las que los editores nos pagan las cuatro perras con las que vamos tirando.

Pero a veces algunos beneméritos políticos tienen la gentileza de regalarnos imágenes que simbolizan de tal manera sus palabras, obras y omisiones que cualquier argumento sobra. La última ha sido, naturalmente, la maravillosa alineación del Govern legítim con la pierna ectoplásmica del traidor Santi Vila como eterna recordación de la chapuza falsificadora. ¡Desde aquí se oyen las carcajadas del padrecito Stalin al ver que sus discípulos catalanistas son incapaces de llegar con el sofistícadísimo Photoshop a los extremos de orwellianización fotográfica alcanzados en sus añorados días con medios artesanales!

El afán falsificador de la realidad goza de larga tradición en el catalanismo, esa ideología tan razonable, moderna y moderada que ha provocado el cariño y la admiración de los políticos españoles de todos los partidos durante décadas. En sus pecadoras carnes lo sufrió nada más y nada menos que el fundador del catalanismo político, Valentí Almirall. Pues su evolución intelectual le llevó en sus últimos años a arremeter con duras palabras contra sus antiguos conmilitones y a renegar de los planteamientos ideológicos que sostuviera cuando redactó en 1886 su obra clave, Lo catalanisme. Todo ello lo explicó con claridad en el prólogo que redactó para la última edición en vida suya, la de 1902. La falsificación ha consistido en la eliminación sistemática de dicho prólogo en todas las ediciones posteriores de Lo catalanisme hasta hoy, escandalosa vulneración de la voluntad del autor, que de este modo sigue siendo reivindicable por los separatistas de hoy. Por cierto, ironías de la historia: el arrepentimiento almiralliano, cierto y evidente, ha sido borrado de la faz de la tierra, mientras que el sabiniano, falaz y retorcido como todo lo que salió de la pluma de aquel gran orate, sigue siendo tomado en serio tanto por sus seguidores como por sus opositores; sobre todo por éstos, que siguen demostrando un siglo después de aquella eficacísima mentira su incorregible analfabetismo político.

Otro ejemplo destacado salió de la pluma de Rovira i Virgili cuando propuso borrar de los libros de historia de Cataluña los episodios que no encajasen con el esquema preconcebido por los catalanistas. De este modo, dado su lamento por el singular apoyo del tradicionalista, monárquico y católico pueblo catalán a la causa carlista, Rovira proclamó:

Las guerras civiles carlistas que tuvieron lugar en el siglo pasado en Cataluña fueron una vergüenza nacional que había que borrar de la memoria de la gente, y que hay que dar por no existentes, como si nunca hubiesen existido.

Ésta ha sido la norma seguida por gobernantes, intelectuales y adoctrinadores catalanistas desde hace un siglo, y especialmente desde que la Constitución de 1978 puso en sus manos todos los instrumentos para la construcción de su régimen totalitario: el borrado de la realidad histórica de Cataluña y su sustitución por relatos deformados, cuando no directamente inventados. Sus víctimas han sido todos los reyes, gobernantes, guerreros, intelectuales, literatos, artistas y paisanos catalanes que, con sus dichos y sus hechos, han demostrado a lo largo de los siglos su total imbricación en la vida de España.

La conciencia española de los catalanes medievales no se menciona jamás, y si se menciona es para manipularla, al igual que el papel de los catalanes en la Reconquista, en la construcción del Imperio español, en mil batallas y guerras, en el conflicto dinástico del siglo XVIII, en la francesada y las carlistadas, en las guerras coloniales del siglo XIX, en la civil del XX, en la vida religiosa, cultural y artística española a lo largo de los siglos… No ha habido momento de la historia de Cataluña que no haya sido violado por los totalitarios, que la han convertido en un insulto a la decencia y la inteligencia. Josep Pla lo explicó con magistral brevedad:

El catalán es un ser que se ha pasado la vida siendo un español cien por cien y le han dicho que tendría que ser otra cosa.

Pero la historia no ha sido la única falsificada. Como observó Hannah Arendt, los movimientos totalitarios, para mejor organizar a sus adeptos, consiguen construir, incluso bajo circunstancias no totalitarias, es decir, cuando aún no han tomado el poder absoluto, "una sociedad cuyos miembros actúen y reaccionen según las normas de un mundo ficticio". La percepción crea la realidad. Y lo único que han percibido, leído, oído y visto los catalanes –y los vascos, pero no nos salgamos del tema– durante décadas ha sido la omnipresente falsificación nacionalista. Por eso buena parte de los catalanes viven, desde el punto de vista político, en una realidad virtual, en lo que alguna vez se ha definido, con gran acierto, como el Mátrix nacionalista.

Ahí está para demostrarlo ese "España nos roba" con el que los catalanistas han dado el último paso en su labor de envenenamiento de las masas, para prepararlas para la embestida final del golpe de Estado. Y tras ello, toda la inundación de mentiras, que se ha desbordado especialmente en estos tres últimos meses de agitación callejera: catalanofobias inexistentes, opresiones inexistentes, apoyos internacionales inexistentes, planes infalibles inexistentes, jaujas económicas inexistentes, oasis de honradez inexistentes, violencia policial inexistente, miles de heridos inexistentes, dedos rotos inexistentes, amenazas de ríos de sangre inexistentes, presos políticos inexistentes… y ahora gobernantes inexistentes. Salvo sus piernas.

¿Habrá llegado ya la hora de que los catalanes, incluidos los muchos miles que se han creído de buena fe la gran patraña catalanista, comiencen a comprender que se han burlado de ellos, que los han robado, utilizado, engañado y manipulado hasta el delirio? ¿Se darán cuenta de que el principal enemigo de la Cataluña de verdad –tanto la pasada como la presente y, sobre todo, la futura– es esa inmensa aberración intelectual y moral llamada nacionalismo catalán?

www.jesuslainz.es

DAN LA MITAD QUE OTRAS REGIONES 'RICAS'
Un madrileño o un balear reciben la mitad y dan el doble que un vasco o navarro
Antonio R. Naranjo El Semanal Digital 24 Noviembre 2017

El cupo vasco vuelve a estar en entredicho. ¿Es verdad que Euskadi o Navarra aportan menos o es una leyenda? Las cifras oficiales confirman el privilegio por razones "históricas".

Si Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia tuvieran el mismo régimen fiscal que Navarra y Euskadi, las dos comunidades a las que más se parecen por renta y PIB; el resto de regiones de España tendrían una sanidad o una educación de tercera fila, la que podrían costearse con sus propios recursos y con poca ayuda de las regiones más prósperas.

El cupo vasco, renegociado entre el Gobierno y el PNV para lograr el apoyo nacionalista a los presupuestos a cambio de 1.400 millones de euros, y puesto en entredicho de nuevo por Ciudadano; es básicamente eso: una exención fiscal abrumadora que, por resumirlo en pocas palabras, hace que un vasco tenga unas obligaciones fiscales con el resto de España inferiores en cerca de un 50% a los ciudadanos con la misma renta de otras latitudes.

Y lo mismo ocurre con el fuero de Navarra: se trata de derechos de viejo abolengo que, en pocas palabras, invierten el orden económico habitual en España: para todas las demás, Hacienda recauda y a continuación reparte a las Comunidades Autónomas, a las que les llega cada año en torno a 100.00o millones de euros.

En estos dos casos, es a la inversa: ellas deciden todo, se encargan de ingresarlo y, después, negocian una cantidad a pagar al Estado a cambio de los servicios 'nacionales' que reciben.

El agravio
Pero el problema no está en la concesión de una autonomía fiscal por razones históricas, sino en el cálculo posterior que se hace para sufragar los servicios que España ofrece en todas sus latitudes, incluidas la vasca y la navarra. Eso es el cupo, y su dimensión exacta el motivo de disputa y polémica que, en la práctica, siempre ha sido beneficioso para las comunidades más nacionalistas o más tentadas a ser atraídas por ese camino.

Con la llamativa complacencia de la izquierda, que renuncia a la redistribución, y el seguidismo de la derecha, capaz de cerder lo que sea a cambio de estabilidad política o acuerdos como el de Aznar en su día y Rajoy ahora. Por volver a explicarlo en pocas palabras de fácil comprensión, por una razón u otra en España se reconoce el derecho a la insolidaridad desde las mismas sensibilidades ideológicas que reclaman, no sin razón, un esfuerzo de Alemania con Grecia. Si los 'alemanes' de España son, por renta y PIB, madrileños, baleares, valencianos, catalanes, vasos y navarros; a los dos últimos se les perdona el esfuerzo y su renta, grosos modo, es para ellos.

Si el espíritu del cupo, ahora renovado a cambio de paz presupuestaria, es ése; la letra confirma el formidable paraíso fiscal existente dentro de España con dos comunidades, una anomalía en Europa más propia de climas caribeños alejados de la solidaridad fiscal. El impacto económico se puede ver de dos maneras, ambas incontestables con las cifras en la mano: a igual renta, un residente en 4 de las 6 comunidades con mayores recursos paga el doble que un vasco o un navarro o, si se prefiere decir de otra manera, recibe la mitad de financiación. Valencia ya ha salido a la calle para protestar, aunque sin mencionar que el origen del agravio es éste: se limita a pedir más financiación, en lugar de a reclamar que las dos regiones 'históricas' hagan el esfuerzo que les corresponde.

El origen del 'procés'
Es el único punto, de hecho, en el que la queja del movimiento secesionista catalán tiene lógica, aunque la solución que han propuesto históricamente es la contraria a la razonable y obvia que durante los años de crisis el Fondo de Liquides Autonómica (FLA) se ha dejado allí 60.000 millones de euros: ellos no piden que se acabe con el privilegio, sino que le sea extendido a Cataluña, que no es en todo la más solidaria. De lograrse ese objetivo, Andalucía, Extremadura o las dos Castillas se quedarían de un día para otro sin buena parte de los recursos que les permiten ofrecer unos servicios públicos similares a los de resto de España.

Porque la opción de recurrir al incremento de la deuda pública para compensar la extensión del privilegio a otras regiones es, simplemente, insoportable: ya supera el 100% del PIB, probablemente alcance incluso el 1.3 billones de euros reales y no se puede ampliar sin generar un estropicio con Europa e hipotecar el futuro del país: aunque algunos hablan con alegría de elevar el techo de gasto, sin tener en cuenta los ingresos del país; elevar la deuda afecta al futuro del Estado del Bienestar lo mismo que la contaminación al porvenir del ecosistema.

Con los números en la mano, y datos oficiales del Ministerio de Hacienda correspondientes al 'Informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones Públicas', elaborado el pasado verano con cifras liquidadas a 2013; el agravio es inmenso: un vasco tiene una financiación per cápita de casi 4.200 euros; un navarro se acerca a los 3.330. Un madrileño, un catalán, un valenciano o un balear se quedan, sin embargo, en la horquilla de entre 1.800 y 2.000 euros.

Ese contraste, para rentas similares, es lo que permite que un andaluz, un canario o un extremeño obtengan cada año el equivalente a entre 2.000 y 2.400 euros por cabeza: todo el esfuerzo de compensar su falta de recursos lo hacen las comunidades 'ricas', menos dos de ellas exentas de esa obligación por razones alejadas de la justicia económica. Y entre las solidarias, Madrid se lleva de largo la palma: es la que mantiene el mayor déficit fiscal (la diferencia entre lo que pone y lo que recibe con un PIB de 18.000 millones de euros anuales) y la que más aporta a los mecanismos de reequlibrio territorial.

El llamado Fondo de Compensación Interterritorial, creado para añadir un presupuesto anual para inversiones de todo tipo en comunidades, ciudades y entes locales, se financia casi en su totalidad con recursos de Madrid, el mayor contribuyente neto con cerca del 90% del montante del mismo: de ahí salen en cada ejercicio al menos 1.000 millones de euros extra de los que Andalucía se queda la mitad, aproximadamente, sin que Euskadi o Navarra sean relevantes a efectos contributivos. Lo suyo es suyo; aunque lo del resto deba ser repartido con quienes menos tienen. Lo llaman 'derecho histórico'.

La renta media de un vasco en 2016 rozó los 32.000 euros. La de un navarro frisó los 30.000, dos cifras ligeramente superadas por las de un madrileño, situadas en los 32.723 euros. Extremeños y andaluces no llegan a los 17.000. Pero si tienen unos servicios y prestaciones similares, no será por el esfuerzo equitativo entre los más ricos de la casa. Dos de ellos miran para otro lado, aunque gracias a ellos, también, España tendrá presupuestos en 2017. Do ut des, decían en la antigua Roma.

Brutal decreto lingüístico. ‘¿Crees que a los padres de un niño epiléptico les importa si hablo catalán?’
La Gaceta 24 Noviembre 2017

Un nuevo decreto exige el conocimiento de la lengua catalana para poder ejercer en Baleares. Se teme “una fuga masiva de médicos a la península”. Así es la polémica política lingüística del gobierno de Armengol (PSOE). Todos los sindicatos médicos están en contra

Todos los sindicatos médicos y enfermeros están en contra de exigir el conocimiento de la lengua catalana para poder ejercer: el Sindicato Médico de Balears (Simebal), el Sindicato de Enfermería SATSE, CCOO y CSIF (y la abstenciones de UGT y USAE). PSIB-PSOE, Més y Podemos han hecho caso omiso al rechazo y han seguido adelante con un decreto del que ya aparecen las primeras víctimas laborales.

Según informa el Periódico de Ibiza, Ileana Antón, interina del Hospital de Can Misses, la única neuropediatra que hay en la isla, perderá su puesto de trabajo por no saber catalán. Deberá abandonar Ibiza para seguir ejerciendo la medicina pediátrica.

La doctora es argentina y sólo hace cuatro años que vive en Baleares. Habla y entiende catalán, pero no está en posesión del título que exige el Govern Balear.

“¿Tú crees que a los padres que tienen un hijo que sufre epilepsia, parálisis cerebral o una enfermedad degenerativa les importa si yo hablo catalán o no? La respuesta claramente es ‘no’”, dice en declaraciones al Periódico de Ibiza. Y asegura que ni siquiera en Cataluña, donde también ejerció la medicina, le exigieron la acreditación del idioma para poder trabajar: “Me pasó una vez en Barcelona que una pareja que vivía en un pueblo muy apartado apenas sabía castellano y ni siquiera me exigieron saber catalán. Fueron muy respetuosos y gracias a un compañero conseguimos entendernos”.

“Se nos olvida que los idiomas expanden, no achican“, puntualiza. La médico asegura
que el Govern está olvidando quienes son los afectados con esta nueva imposición que “no beneficiará” a los pacientes. Ante la pregunta de cómo va a afectar el decreto sabiendo la falta de personal en la plantilla, responde: “los decretos son decisiones que toma una parte, no todos. Por eso se llama decreto y se está olvidando lo más importante que es escuchar la voz de la gente”.

Algunos profesionales del sector han confirmado a Periódico de Ibiza que van a iniciar una campaña de sensibilización «para que la gente vea de qué va todo esto» y así evitar la desinformación que pueda generarse. Muchos consideran que las consecuencias que pueda generar la imposición del decreto «agravarán» la falta de plantilla en las islas y repercutirán directamente en los pacientes. Y es que aseguran que está primando el conocimiento de un idioma frente a la calidad asistencial que, además, cerrará las puertas a cientos de profesionales que no podrán presentarse a las oposiciones si no poseen el título que acredite su conocimiento de la lengua catalana.
Según el citado diario, se teme “una fuga masiva de médicos a la península”.


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