AGLI Recortes de Prensa   Domingo 26  Noviembre 2017

El problema no es el modelo, es la estructura
Alejo Vidal-Quadras vozpopuli.es 26 Noviembre 2017

La reciente aprobación del Cupo vasco en el Congreso ha suscitado una considerable polémica y ha avivado el eterno debate sobre el modelo de financiación autonómica. Es sabido que las Comunidades son la principal fuente del déficit crónico del Estado y que prácticamente todas ellas cierran cada año sus cuentas con números rojos. Sistemáticamente, el ministerio de Hacienda, bajo la presión de Bruselas, fija unos objetivos que son invariablemente incumplidos. Como es lógico, el hecho de que la segunda autonomía más rica en renta per cápita sea la mejor financiada, despierta la indignación de las demás, que protestan por recibir un trato que consideran discriminatorio. Las reclamaciones de más recursos por parte de todas establecen una ecuación sin solución: hay que recuperar el equilibrio de las cuentas públicas y a la vez aumentar el gasto total, propósito evidentemente imposible. Cada región sólo ve sus necesidades, que percibe justas e imperiosas, y cierra los ojos al conjunto porque eso la llevaría a reconocer sus exigencias como irrealizables. A este conflicto inextinguible, se añade la circunstancia de que ninguna comunidad contempla la posibilidad de reducir su gasto eliminado organismos inútiles, suprimiendo empleos públicos no funcionariales sin contenido real, cortando subvenciones puramente electoralistas o clientelares o comportándose austeramente. Por el contrario, sus nóminas crecen imparablemente, el número de entidades superfluas se mantiene y el dispendio en autobombo no cesa. La suma despilfarrada en la aventura golpista catalana causa doble asombro por lo voluminosa y por la permisividad del Gobierno de la Nación que no ha actuado hasta que el mal ya estaba consumado.

Los políticos se secan la boca de afirmar que la financiación autonómica se ha de regir por los principios de suficiencia e igualdad, sin poner en cuestión quién y cómo fija los criterios que determinan esa suficiencia y esa igualdad. No existe ninguna autoridad independiente que analice los presupuestos autonómicos con un enfoque objetivo coste-beneficio y haga recomendaciones sobre medidas de saneamiento. La bola de nieve del gasto rueda pendiente abajo sin dejar de alargar su diámetro. Cuando los responsables políticos de las Comunidades son llamados a respetar el cuadro de ajuste europeo preguntan demagógicamente airados; ¿Qué quieren de nosotros, que no paguemos la sanidad, que cerremos las escuelas, que no atendamos a los dependientes? ¿Cómo vamos a bajar el gasto si tenemos tantas obligaciones ineludibles? Y así, un ejercicio tras otro, el déficit se repite y el endeudamiento del Estado se engorda. En el caso del Cupo vasco, no se discute tanto el mecanismo, que tiene una base constitucional, sino la forma de calcular el montante a pagar por los servicios no transferidos. Se trata de una cifra que surge de una negociación política opaca a tenor del juego de mayorías y minorías en el parlamento nacional y en el autonómico y que desemboca en una situación de escandaloso privilegio para los habitantes de esos territorios.

Con inexorable periodicidad se pacta y se aprueba un modelo de financiación que a través de alambicadas fórmulas asigna a cada Comunidad el dinero del que podrá disponer y sin excepción al cabo de pocos años estalla el descontento porque la aplicación de lo acordado no satisface a casi nadie y las tan cacareadas suficiencia e igualdad brillan por su ausencia. Ahora nos disponemos a asistir a la enésima negociación entre el Ejecutivo central y las Comunidades para repartir la tarta y no es difícil adivinar que se repetirá el mismo rompecabezas.

Como en la escena del elefante en la habitación o en el cuento del rey desnudo nadie se atreve a mencionar la verdadera naturaleza del problema, que no es el modelo de financiación autonómica, sino el Estado de las Autonomías en sí mismo. La Transición, con una mezcla letal de ingenuidad, buena intención y desconocimiento de la Historia, diseñó una estructura territorial disfuncional, ineficiente y carísima para apaciguar a unos separatistas que han correspondido asesinando a novecientos inocentes los unos e intentado dar un golpe de Estado los otros. A mayor abundamiento, y para que nadie se sintiera agraviado, se generalizó el despropósito construyendo así un artefacto políticamente inmanejable y presupuestariamente insostenible. La gran motivación de los partidos para seguir con este tinglado que no nos podemos permitir y que pone en continuo riesgo la unidad nacional, es la multiplicación de puestos para políticos, correligionarios, parientes y amigos que conlleva, así como la satisfacción que produce a tantas cabezas de ratón pavonearse emperifollados de pompa localista y de hechos diferenciales debidamente exacerbados.

Ese es el auténtico meollo de nuestro déficit incurable y nuestra deuda pública superior al PIB nacional. Mientras continúe este pantagruélico festín, no habrá remedio posible porque la ocultación de la verdad jamás conduce a buenos arreglos.

No es Cataluña: el problema sigue siendo España
Jesús Cacho vozpopuli.es 26 Noviembre 2017

España acaba de salvar el match ball más peligroso de su reciente historia. El de un nacionalismo que hemos financiado con cargo a los PGE y que ha permitido a la derecha catalana apoyada en el quicio de la mancebía de Jordi Pujol disponer de casi 40 años para, ante la desaparición del Estado en la región, crear un Estadito clientelar basado en la corrupción y en la ocupación sectaria de todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural de Cataluña. Con una deslealtad evidente a esa Constitución que consagra su autogobierno, el secesionismo ha pretendido romper uno de los Estados más antiguos del mundo, un Estado que, tras no pocas dudas, se ha defendido simplemente aplicando la ley y con los instrumentos que al Gobierno otorga la ley. A estas alturas, el diagnóstico de lo ocurrido está claro: los culpables del envite, traidores al pacto constituyente, son los nacionalistas, pero los responsables de que hayamos llegado a este punto hay que buscarlos en los sucesivos inquilinos de la Moncloa, los Gobiernos del PSOE y del PP, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 hasta nuestros días.

En el perfil agónico del final de la Transición, estaba claro que el frágil equilibrio entre el Estado y los nacionalismos periféricos podía saltar por los aires en cuanto explotara la burbuja inmobiliaria y financiera. El golpe de estado del nacionalismo catalán hubiera sido inimaginable sin la crisis surgida a partir de 2008. Como ocurriera en los años 30 del siglo pasado, el nacionalismo se rebela contra España en el momento de mayor debilidad de España, en el punto más bajo de España como nación, cuando la crisis galopante difumina los perfiles de una sociedad que ha perdido el rumbo y de una clase política formada por tipos mediocres y oportunistas, profesionales del pasteleo ayunos de patriotismo, fieles únicamente al líder supremo que confecciona las listas electorales. Artur Mas se sube en marcha al tren secesionista en septiembre de 2012, en lo más duro de la crisis, cuando España está a punto de verse obligada a pedir un rescate país a la griega o portuguesa. Con lógica perversa, el nacionalismo catalán piensa entonces que aquello era su “ahora o nunca”.

Curioso, el nacionalismo pierde la batalla mucho antes de lo que cree. La pierde cuando la Economía empieza a recuperarse de la crisis y a crecer a buen ritmo, creando empleo. La pierde el secesionismo y la pierde ese populismo, aliado coyuntural del nacionalismo, empeñado en destruir el Régimen del 78 para edificar sobre sus cascotes una solución neocomunista a la venezolana. El partido, con todo, está lejos de haber terminado. Y no lo está porque España ha superado la crisis económica, pero sigue inmersa en una aguda crisis política que dura ya casi una década, y cuya expresión más certera ha sido precisamente la rebelión nacionalista. Se trata de una crisis de agotamiento del sistema que ya estaba presente entre los síntomas que acompañaron la de 1992/1993, con el final del felipismo y sus casos de corrupción y cuya solución aplazó el boom del crecimiento que dio comienzo a partir de 1996. Y aquí entramos en el meollo del asunto: el problema no es tanto la radical deslealtad del nacionalismo catalán como la incapacidad, la debilidad y la impotencia del Estado para hacer frente a ese desafío. Dicho de otra forma: el problema no es Cataluña, sino la propia España. Barcelona es el reflejo de un gran incendio cuya hoguera está radicada en Madrid.

La solución al problema de los nacionalismos no puede consistir, por eso, en que a todos nos entre un súbito ataque de comprensión a los sentimientos nacionalistas, ni en un aumento de la financiación autonómica (al nacionalismo no se le sacia con dinero), ni mucho menos en la cesión de más y más competencias (como pretenden los Icetas de turno) si es que quedara alguna por transferir. No hay que arreglar Cataluña: hay que arreglar España. No se podrá curar a Cataluña sin antes sanar a España. Hay que darle una salida de futuro, un proyecto de futuro integrador a un país que se debate en el callejón sin salida en el que le han situado los dos grandes partidos del turno corroídos por la corrupción y cuyo único objetivo es el monopolio del poder por el poder, el quítate tú que me pongo yo, en el convencimiento de que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia.

Abrir un nuevo periodo histórico
Ese proyecto pasa por mejorar radicalmente la calidad de nuestra democracia, lo cual seguramente pasa por enviar al PP a la oposición durante unos cuantos años, para obligarle a una regeneración radical tanto de líderes como de ideas. Caminamos uncidos al yugo de un Gobierno que transita con una mano atada a la espalda por culpa de la corrupción del partido que lo sostiene, lo que le resta legitimidad a la hora de aplicar la ley, algo que ha hecho tan difícil la solución a la crisis catalana. Es la corrupción de los “partidos del turno” lo que coloca al Estado a la defensiva ante la arrogancia nacionalista. Y es esa falta de legitimidad, más los tradicionales complejos de tanto demócrata sobrevenido, lo que explica que, a pesar de haber quedado demostrado que la aplicación de la Ley es el ungüento mágico capaz de hacer aterrizar en la realidad a los golpistas, el Ejecutivo Rajoy haya sido incapaz de impedir, mediante el uso legítimo de la fuerza, la huelga general política que una escuálida minoría impuso a la inmensa mayoría de los catalanes el pasado 3 de octubre.

La Transición ha muerto. Acabó en junio de 2014 con la abdicación de Juan Carlos I, máximo exponente de las luces (el fenomenal desarrollo experimentado por España en las últimas décadas) y sombras (su intolerable corrupción) del periodo. La crisis catalana ha venido a certificar esa defunción. España necesita abrir un nuevo periodo histórico capaz de transportar a las nuevas generaciones en un proyecto de vida colectivo para los próximos 40 o 50 años. Resulta difícil imaginar a PP y a PSOE como muletas capaces de soportar esa travesía. Un nuevo proyecto histórico que debe comenzar por una puesta al día de la Constitución del 78, no para otorgar nuevas canonjías, no para proseguir con el vaciado de competencias del Estado, no para hacer nuevas concesiones a unas Autonomías que ya tienen competencias sobradas, sino para corregir los defectos del diseño territorial plasmados en dicha Constitución, para arreglar lo que se hizo mal y lo que la experiencia ha demostrado que funciona mal. Para devolver al Estado algunas de esas competencias que jamás debió perder, caso de la Educación, o para devolver el Estado a algunas Comunidades de las que jamás debió salir. Se trata de una visión de España que a no dudar contará con la oposición frontal del establishment político, de derechas y de izquierdas, del centro y de las periferias, pero que ineludiblemente habría que someter a consulta de los españoles.

Este martes, una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, comandados por Santiago Muñoz Machado, dieron a conocer un “paper” (“Ideas para una reforma de la Constitución”) que propone abordarla “en la línea de los sistemas federales” vigentes en países de nuestros entorno. Con un lenguaje deliberadamente críptico, los firmantes proponen incorporar a la Constitución una nueva Disposición Adicional que establezca un “régimen jurídico singular” para Cataluña y una “relación bilateral” con el Estado, eso sí, dentro de la Constitución. Aunque se trata de un documento más de los muchos que a partir de ahora van a ver la luz, porque estamos ante el tema por antonomasia del inmediato futuro, parece que Muñoz Machado y sus copains no se han enterado de nada. No se han enterado de lo que ha ocurrido en los dos últimos meses, desde luego no de las dos gigantescas manifestaciones que el 8 y el 29 de octubre inundaron las calles de Barcelona para decir basta al secesionismo. O si se han enterado, siguen dispuestos a ofrecer la otra mejilla a ese nacionalismo supremacista y xenófobo ante el que tanta gente acomplejada se ha hincado de hinojos en la última década. Tal que José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, quien ayer mismo aseguraba que Inés Arrimadas no puede ser presidenta de Cataluña porque “no comprende el hecho singular catalán”. Los lacayos del nacionalismo en Madrid tienen que enterarse de una vez de que no hemos llegado hasta aquí para terminar comprando la moto de esa “singularidad” catalana que algunos quieren vendernos.

El pozo negro de la financiación de los partidos
Reforma de la Constitución que debería llevar aparejada, dentro o fuera de la misma, algunas otras cuestiones imprescindibles para esa mejora de la calidad de la democracia española, tal que la definitiva separación de poderes (devolver la independencia a la Justicia), una reforma de la Ley Electoral, una nueva y efectiva Ley de Financiación de los partidos (verdadero pozo negro de la corrupción política), etc., etc. Se trata, en definitiva, de hacer un país más justo, más rico, más liberal, menos corrupto, más eficiente, más volcado en la Educación y las nuevas tecnologías, más dado al mérito y al esfuerzo que a los privilegios, más proclive a las vocaciones empresariales, más centrado en facilitar la vida a las empresas, en lugar de pretender esquilmarlas, porque ellas son las llamadas a crear riqueza y asegurar el futuro de nuestro Estado del bienestar. Un país de hombres libres e iguales ante la ley.

Repito, el problema no es Cataluña: el problema es España, y esa incógnita se despeja convocando a la ciudadanía a un nuevo gran pacto colectivo llamado a convertirla en lo que realmente ya es: el mejor país del mundo para vivir una vida. Solo en la medida en que España sea fuerte, cuente con un proyecto sólido de país, los nacionalismos serán débiles, porque una España fuerte es la mejor garantía de nuestras libertades y derechos. Pequemos de optimismo. La crisis catalana ha hecho aflorar realidades que son garantía de futuro y con las que hace apenas unos meses no contábamos: contamos con un Rey joven que, al contrario que su padre, ha sabido estar a la altura de las circunstancias; contamos con un partido de nuevo cuño y marchamo liberal, Ciudadanos, no contaminado por la corrupción y con un proyecto para España; contamos también con una Justicia (ahí está la juez Lamela o el fallecido Maza) que parece haber superado la fase más aguda de su crisis (solo el Periodismo sigue hozando en el barro), y, por encima de todo, contamos con un gran pueblo, con esa mayoría silenciosa que ha despertado sin necesidad de convocatoria de partido alguno, la España ciudadana que ha redescubierto su bandera y ha desempolvado un cierto orgullo democrático en ser español, en Barcelona y en Madrid. La España que, en el momento de máximo peligro, ha sabido movilizarse para impedir que nadie le arrebate su futuro.

Pesimista
Nota del Editor 26 Noviembre 2017

Leía con satisfacción este artículo lleno de sensateces indispensables, pero al llegar al último párrafo, como dijo un señor argentino hace algunos años en la presentación, éramos tan pocos, que ni en familia, hizo de Ciudadanos (en español) Alberto Rivera en La Coruña, "se me ha caído el sombrajo", cuando pone la palanca a pivotar sobre este partido. En aquella ocasión, la pregunta que se le hizo al Sr Rivera fué si su partido iba a defender el derecho a no tener que estudiar lengua regional alguna, y ya saben la respuesta. Así que el argentino y el que suscribe   nos dimos el pésame porque por aquél camino nuestros problemas seguirían aumentando.

Cualquier planteamiento de defensa de España pasa por la derogación de todas las leyes de lenguas regionales. Cualquier otra consideración es humo para seguir pretendiendo mostrar que algo cambia para que todo siga igual (perdón, empeore).

Cambalache en peligro
Hay afán por restaurar el falaz discurso del «nacionalismo moderado»
Hermann Tertsch ABC 26 Noviembre 2017

Puigdemont pasea por Gante. Puigdemont se hace fotos con turistas. Puigdemont arenga a peregrinos de Gerona. Puigdemont pasea a españoles «progresistas». Puigdemont quiere volver. Puigdemont se quiere quedar. Puigdemont invita a Rajoy. Puigdemont desprecia a García Albiol. Los maltratados españoles ahora ya no solo estamos condenados a vivir todo el día pendientes de los malos humores e hipersensibilidades de una de las regiones más ricas y privilegiadas de España. Los españoles ahora hemos sido condenados a convivencia cotidiana en casa, de encender el televisor, con un delincuente mentiroso y charlatán. Todas las cadenas han decidido que es de vital importancia para todos nosotros saber en todo momento todo lo que diga, piense, pasee, respire, coma… Carles Puigdemont, ese ser mediocre enchufado del corrupto régimen, títere suplente de la mafia golpista.

Es difícil alcanzar a entender cuáles son los criterios que llevan a las televisiones a considerar máxima prioridad de sus fines informativos tenernos al tanto de todo lo que haga ese delincuente que hace unas semanas llevó a una región española al borde del enfrentamiento civil. El día 21 de diciembre gracias a las decisiones del gobierno de España entraremos en la siguiente variación del golpe de Estado. Si los españoles en Cataluña y fuera de ella no lo impiden, veremos cómo la derrota de una banda de cobardes y taimados golpistas lograda por unos servidores firmes y dignos de la Justicia española se transforma en la enésima concesión de privilegios a esos mismos golpistas para que restablezcan su poder y se legitimen de cara a los suyos y al exterior.

El culto al delincuente Puigdemont me recuerda a aquel genial ladrón francés, Jacques Mesrine, que con sus atracos, sus fugas y su carácter indomable alcanzó fama y simpatía no solo en Francia. La policía francesa, harta de él, lo cosió a balazos en una escapada en 1979. Mientras estuvo vivo, el público suspiraba por saber de sus comidas y mujeres o sus pasatiempos, dentro y fuera de la cárcel. Como nuestro Puigdemont, que dicen que podría ganarle a ERC, cuyo jefe está aun en Estremera. ERC tiene un problema. Con Marta Rovira, esa pobre mujer más elocuente cuando llora que cuando habla, no se gana ni compasión. Puigdemont, dicen, remonta. Pues lo mismo da. Porque el problema de Cataluña no está en Barcelona ni Bruselas. Sino en Madrid donde se lucha denodadamente por tender puentes y llegar a acuerdos con los golpistas para restablecer a toda costa el relato que, con horror, ven tambalearse: el de la «hegemonía natural» nacionalista en Cataluña. Les daría pavor un resultado que permitiera gobernar a Ciudadanos. Anunciaría el fin del largo pretexto del mal menor en La Moncloa. No se dará. Ya se ocuparon con plazos y fechas de que fuera imposible. Sin embargo, como ha sucedido estos meses, tampoco saldrá nada como esperan quienes no tienen otro interés que seguir donde están. En eso, en el fracaso del cambalache, depositan muchos españoles sus esperanzas.

Las demás Españas piden paso
LUCÍA MÉNDEZ El Mundo 26 Noviembre 2017

La atención preferente a la crisis catalana tensa las costuras internas de PP y PSOE. Ciudadanos ve en el agravio comparativo del resto del Estado su ventana de oportunidad

1-0. El referéndum ilegal convocado por las autoridades independentistas de Cataluña deriva en una polémica carga policial para impedir la votación. La atención de España y de medio mundo está centrada en las calles de Cataluña.

1-0. A casi quinientos kilómetros de distancia de Cataluña, decenas de miles de personas se manifiestan en Murcia contra el muro que dividirá la ciudad en dos por las obras del AVE. La notable protesta de los murcianos apenas traspasa las fronteras de la comunidad murciana.

16-N. La atención de la política nacional se centra en la candidatura de Barcelona para acoger la Agencia del Medicamento. Gobierno y Casa Real se vuelcan para conseguir esta sede con gestiones de última hora, aunque fracasan en su intento.

16-N. 40.000 extremeños se manifiestan en Madrid pidiendo un tren "digno" para la región. La paciencia de Extremadura, el tiempo de espera en la estación para la llegada de los trenes del Siglo XXI "se ha terminado", advierten los extremeños representados por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril. La trifulca política en torno a la Agencia del Medicamento opaca la reivindicación de los ciudadanos de Extremadura.

18-N. El debate nacional está centrado en las polémicas declaraciones de Marta Rovira sobre las supuestas amenazas del Gobierno central de ejercer la violencia contra los independentistas si se aplicaba la declaración de independencia.

18-N. 60.000 valencianos salen a la calle para exigir un sistema de financiación justo para la comunidad. La protesta coincide con la recta final de la aprobación del Cupo vasco con la que el Gobierno quiere ganarse el apoyo del PNV a los Presupuestos de 2018, en el aire tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Las tres movilizaciones indican que el resto de las Españas pide paso y reclama la atención de las autoridades del país, que en los últimos meses -años más bien- sólo han tenido ojos y oídos para Cataluña. La gravedad de la crisis catalana mantiene secuestrado el debate nacional, paralizadas las reformas que antaño eran urgentes y olvidadas las necesidades financieras del resto del Estado. Con el 21-D a la vuelta de la esquina, las maquinarias de los partidos en busca del voto están a pleno rendimiento y se llevan por delante cualquier posibilidad de acuerdo en lo que afecta a todo el país. La ciudadanía comienza a dar síntomas de fatiga hacia la presencia obsesiva y exclusiva de Cataluña en el debate.

El aldabonazo de las otras Españas se ha cruzado con la aprobación del Cupo que garantiza la financiación del País Vasco, mientras el resto de las comunidades sigue esperando la renovación del sistema de financiación del régimen común. Hace ya cuatro años que Mariano Rajoy se comprometió a empezar las negociaciones y éstas son las fechas en las que el acuerdo sigue empantanado.

El agravio comparativo -como era de esperar- está tensando la situación interna de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, al mismo tiempo que impulsa en los sondeos a Ciudadanos, que ha visto en el descontento de las demás Españas su ventana de oportunidad y la está aprovechando sin complejos. Las tensiones internas han sido muy explícitas en el caso de los presidentes autonómicos socialistas, que han alzado la voz contra la rápida aprobación y la opacidad del método del cálculo del Cupo vasco. Pedro Sánchez ha tenido que emplearse a fondo para aplacar el malestar de sus barones y baronesas territoriales y evitar una fuga de votos en el grupo parlamentario. Las voces críticas del PP en las comunidades han sido más discretas, aunque las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo pidiendo aclaraciones sobre el cálculo del Cupo vasco permiten apreciar un malestar cierto y real en el partido.

Fuentes de la dirección del PP aseguran que son plenamente conscientes de la incomodidad y el enfado de las bases del partido en las comunidades. Bien es verdad que la férrea disciplina mental de la militancia y de la dirigencia del PP es un elemento de tranquilidad absoluta para Rajoy. El presidente dispone de manos libres para asegurar la continuidad de su Gobierno, que, en opinión de todas las fuentes consultadas, es su único objetivo en esta legislatura. Una continuidad que depende en exclusiva de la aprobación del Presupuesto, razón por la que ha asumido casi todas las peticiones del PNV.

Las consecuencias de la decisión de Rajoy de asumir una investidura sin acción de Gobierno ni programa de legislatura están a la vista cada semana en el Parlamento. Y pueden servir para explicar las circunstancias de la política alemana, increíblemente parecidas a las que vivió España durante el bloqueo. Angela Merkel prefiere nuevas elecciones a un Gobierno en minoría lastrado por acuerdos puntuales con los Verdes y los liberales. El líder socialista alemán, Martin Schulz, se ve en la misma tesitura que Sánchez, presionado por Merkel y una parte del SPD para reeditar la gran coalición.

El entendimiento PP-Cs para la investidura ha pasado a la historia. Albert Rivera disputa con firmeza a Rajoy los votos del PP con la palabra España por delante. La dirección popular reconoce que Cs está pinchando donde más le duele a su electorado, por más que califiquen su conducta de "oportunista y desleal".

Los dirigentes del PP han repasado estos días las negociaciones del pacto de investidura en las que Cs obvió de forma expresa cuestionar el concierto y el Cupo vascos para no encrespar los ánimos del PNV, partido que garantizaba los votos necesarios para sostener al Gobierno de Rajoy. Ni una palabra se dice sobre el sistema de financiación del País Vasco en el documento firmado.

El PP recuerda que mientras se negociaba la aplicación del artículo 155, Rivera se mostraba reacio a aplicarlo en sus declaraciones públicas. Hasta que aparecieron las banderas en los balcones y Cs pisó el acelerador para presentarse como el principal bastión del 155. Las costuras internas del PP se están resistiendo asimismo con las exigencias de equiparación salarial de los cuerpos policiales de ámbito nacional con los de las autonomías. Una exigencia que no se puede hacer realidad debido a los límites presupuestarios, pero que cala en las bases de un partido que se presenta como el gran defensor de las fuerzas de seguridad.

"Ciudadanos puede hacer lo que está haciendo porque no tiene la responsabilidad de gobernar. Hay mucho enfado contra Rivera. Para nosotros, esta situación es bastante dura, sabemos que nuestra gente quiere escuchar lo que Rivera está diciendo. Hablar todo el día de España le da resultado. A corto plazo, puede sacar rentabilidad y nosotros sufrir una fuga de votos por la derecha. El único aspecto positivo es que nos rehabilita como partido de centro. Pero la experiencia nos dice que la estrategia de Ciudadanos no funciona a medio y largo plazo. Las elecciones están lejos y se ha demostrado que Rivera tiene más votos en las encuestas que votantes en las urnas", señala un dirigente del PP.

Frente al acelerón de Cs, el partido en el Gobierno destaca la "prudencia de Estado a la hora de aplicar el 155". "Podíamos haber ido más allá, como nos pedía parte de nuestro electorado, pero Rajoy renunció a mantenerlo en el tiempo con la convocatoria de las elecciones; en parte fue también una decisión de autoprotección, porque no esperábamos que la aplicación fuera a resultar tan fácil y tan indolora. Más bien temíamos un escenario de tensión".

Así es cómo un año después de tomar posesión como presidente, las tornas han cambiado. Y Rajoy tiene una relación política -y hasta personal- mucho más estrecha con aquel Sánchez del "no es no" que con el Rivera del pacto de investidura.

El panfleto de Savater
FERNANDO PALMERO El Mundo 26 Noviembre 2017

Del sello personal de Spinoza, "que lleva grabado una rosa en su ramo y la palabra Caute" aprendió José Jiménez Lozano, según ha dejado escrito, dos cosas. Una, "el consejo de ser cauto y silencioso, que es como el obrar y callar de Juan de la Cruz. Demasiado ruido hay en el mundo". Pero lo cierto es que no siempre pudo contener su ánimo el pensador holandés. Especialmente, aquel 20 de agosto de 1672, cuando una multitud enardecida (la voluntad de la gente, dirían hoy algunos) asesinó y desolló a los hermanos De Witt, los inventores de la democracia moderna, en palabras de Gabriel Albiac, de la que disfrutó Ámsterdam durante los años de mayor esplendor en el siglo XVII, "una república libre sin equivalente en la Europa de su tiempo". Spinoza, entonces, escribió un panfleto titulado Ultimi Barbarorum, que sus amigos le impidieron, por cautela, difundir por las calles de La Haya. De haberlo hecho, habría quedado también colgado y desmembrado por los partidarios de la restauración orangista.

Por fortuna, los independentistas no disponen aún de una fuerza revolucionaria capaz de acallar a quienes publican panfletos denunciando que lo de Cataluña no es "un delirio más o menos grave, sino un ataque en toda regla al núcleo más importante de nuestra garantía de ciudadanía, el Estado de derecho". Es lo que ha escrito Fernando Savater en Contra el separatismo (ed. Ariel), un agresivo y lúcido panfleto, como corresponde a la actual situación de crisis social e institucional, dirigido a los nuevos bárbaros que en su delirio no son capaces de comprender "que las democracias modernas no están formadas por territorios ni por clanes étnicos, sino por ciudadanos libres e iguales". Y no estarán en disposición de hacerlo mientras la educación y los medios de comunicación estén controlados por quienes han hecho del odio a todo lo español, en especial a su lengua, su única seña de identidad.

Los panfletos son excelentes armas para la refriega política, pero no suficientes para desmontar mitologías largamente arraigadas. Tras el profundo desgarro sufrido por la muerte de sus amigos Jan y Cornelis de Witt, Spinoza regresó a su biblioteca para convertir su rabia en un certero y riguroso alegato contra el poder de la multitud y en defensa de los valores republicanos: el Tratado Político. Y eso fue lo segundo que aprendió Jiménez Lozano de aquella rosa: "Recordar, ante cada asunto, el implacable mecanismo de su lógica argumentativa".

La Junta de Andalucía, incapaz de recuperar el dinero de la corrupción
Sólo ha reintegrado 16,5 millones de los casi 300 que admite fueron defraudados.
Pedro de Tena (Sevilla) Libertad Digital 26 Noviembre 2017

En el caso de los ERE, caso en el que está personada como acusación, sólo ha recuperado 4,6 millones de los 135 cuya devolución reclama. En el caso de la formación, que inexplicablemente considera una patraña del PP, aunque está reclamando dinero obtenido irregularmente, sólo ha conseguido reingresar 11,9 millones de los 149 que ella misma considera un fraude. En total, 16,5 millones retornados de 284 millones no suponen ni el 6 por ciento del total exigido por ella misma.

Si se repara en las cifras globales de ambos fraudes, lo recuperado es una cifra que fue considerada "ridícula" por Teresa Ruiz Sillero, diputada del PP en el Parlamento andaluz, que sostuvo ayer un acerado debate con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta andaluza, María Jesús Montero, que atribuyó a la Agencia Tributaria Estatal la responsabilidad del retraso.

En el caso de los ERE, los más de 130 millones que no han sido recuperados todavía después de varios años, explicó la consejera, están en procesos diferentes que impiden el reintegro a las arcas públicas. O siguen en los tribunales o están en manos de la Agencia Tributaria para embargos o tienen problemas de identificación o insolvencia.

La diputada popular, combativa muy especialmente en estos macrocasos de corrupción tanto en el Parlamento como en las Comisiones de Investigación realizadas, subrayó que en el caso de los ERE el dinero recuperado por la Junta sólo es el 0,5 por ciento de los 855 millones de euros que, según el instructor del sumario, había sido defraudado.

Esta es la situación en que se encontrará la recuperación del dinero cuando el próximo mes de diciembre Manuel Chaves, José Antonio Griñán y dos decenas de altos cargos, entre exconsejeros, viceconsejeros y directores generales, se sienten en las sillas –no habrá banquillo como ya se ha hecho en juicios anteriores–, del juicio por el caso llamado "pieza política" del caso de los ERE.

El macrocaso de la formación encierra contradicciones de la Junta de Andalucía por cuanto, aunque repite una y otra vez que el caso es una patraña del PP, ella misma está reclamando 149 millones a diferentes empresarios, asociaciones y particulares por haber empleado irregularmente el dinero.

También en este caso, según la consejera, los 137 millones que aún quedan por recuperar están en situaciones diferentes. Unos están pendientes de ejecución del cobro y otros aún están pendientes de resoluciones judiciales.

Es más, la consejera, cuenta El Mundo, ironizó sobre la presunta "connivencia" entre la Junta de Andalucía y la Agencia Tributaria que rige el señor Montoro, que, dijo, es la que se encarga, como es sabido, de recaudar finalmente el dinero defraudado. La Junta, apostilló, no tiene competencias sobre la Agencia Tributaria estatal-

La diputada Ruiz Sillero le respondió que es el PSOE quien no tiene interés alguno en recuperar el dinero, un dinero que se perderá porque, entre otras cosas, el PSOE vota en contra de las propuestas que pretenden recuperarlo. Su objetivo es, poner estos fraudes en "vía muerta" y tratar de que los andaluces olviden estos gigantescos fraudes de la historia de España.

Una historia interminable
Desde que el exconsejero Manuel Recio, hoy formalmente imputado, declarase que haría todo lo posible para lograr que el dinero defraudado volviera a las arcas andaluzas, han pasado siete años.

Recuerda ABC que la revisión de oficio de las ayudas en el caso de la partida ilegal 31-L —por la que van ser juzgados 22 ex altos cargos— se inició en febrero de 2011, hace casi 7 años. Se declararon nulas las ayudas directas a empresas concedidas entre 2000 y 2010 con el fondo para empresas en crisis. Pero sólo se han recuperado menos de 5 millones de los 135 reclamados.

En el caso de la formación, que estalló en 2014 que fue aportado en exclusiva por Libertad Digital, los casi cuatro años transcurridos desde la revisión de oficio de 8.505 expedientes de subvenciones a entidades sólo han logrado la devolución de un 8 por de los 149 millones de euros reclamados.

Además, la diputada popular Ruiz Sillero recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en diferentes sentencias, ha evidenciado que la Junta está utilizando una vía equivocada para recuperar el dinero.

La Junta ha exigido el dinero a los presuntos defraudadores y en caso de no conseguirlo, les retiraba las subvenciones. Pero en lo que son ya alrededor de treinta sentencias, el alto tribunal andaluz obliga a la Junta a abonar las subvenciones cuando los gastos han sido justificados.

De este modo, la Junta ha tenido que liberar el dinero de subvenciones pendientes y retenidas al ex consejero Ángel Ojeda, uno de los principales imputados en el caso. Pero, además, hay otros, como UGT, que han obtenido sentencias favorables.

En el caso de UGT, una sentencia del pasado mes de abril, la ha eximido de devolver más de un millón de euros porque la Junta no está utilizando el «procedimiento legalmente establecido y dentro del marco que posibilite el ordenamiento jurídico». Y esa vía es la "revisión de oficio", la misma que se está empleando para recuperar el dinero de los ERE, y no un reintegro de dinero por cursos ya inspeccionados supuestamente por la administración autonómica.

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El trágala del cuponazo vasco

FRANCISCO ROSELL El Mundo 26 Noviembre 2017

En el retrato de autor que aparece grabado en la edición príncipe de su Guzmán de Alfarache, ese gran pícaro del Siglo de Oro, el escritor sevillano Mateo Alemán fija, junto al emblema de la araña sobre el áspid, la leyenda "Ab insidiis non est prudentia" ("No hay prudencia que resista el engaño"). Una inscripción que expresa su intransigencia contra el embuste "de quienes quieren que, como por fe, creamos lo que contra los ojos vemos", según pone en boca de su protagonista.

Tal fastidio hecho inscripción se agudiza cuando se evidencian falacias como las que cifran el coste del Cupo vasco para el próximo quinquenio, esto es, la cantidad que el País Vasco abona al Estado por los servicios que presta. Todo ello en aplicación del concierto económico, ese vestigio del Antiguo Régimen con el que Cánovas finiquitó en 1878 la primera guerra carlista y que se incorporó a la Constitución de 1978 buscando el acomodo del nacionalismo vasco. Tamaña regalía, que no honra precisamente los principios de igualdad, progresividad y solidaridad afincados en la Carta Magna, llevaba a decir a Pablo de Alzota, urdidor del segundo concierto económico en 1887, que toda mesura es poca. "El buen sentido -anotaba- aconseja que las situaciones privilegiadas se mantengan a fuerza de tacto, discreción, prudencia y firmeza, sin jugar con fuego ni exponerlas a azares ni aventuras".

Por medio de la recuperación constitucional de estos fueros bajo el marbete de derechos históricos, todos los impuestos son recaudados y gestionados por las administraciones vascas asignándose un Cupo al Estado. Sin tener porqué ser discriminatorio per se, el concierto desafina al incumplir ese explícito artículo 138.2 de la ley de leyes que ordena que las diferencias entre los Estatutos "no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".

Empero, al quedar al albur de la negociación entre los gobiernos, los ciudadanos vascos doblan a los del resto de España en lo que hace a financiación per cápita, de tal modo que una comunidad rica recibe más de lo que da, menoscabando la solidaridad interregional. Por mor de la lucha antiterrorista y de ser bisagra clave en la elección de presidente del Gobierno, apellídense estos Suárez, González, Aznar, Zapatero o Rajoy, el fiel de la balanza siempre ha basculado a favor de los Ejecutivos vascos.

El atropello arranca de la época de Suárez como bien plasmó el consejero vasco, Emilio Guevara, en el resumen que le trasladó a Carlos Garaikoetxea de modo bien expresivo: "Lehendakari, con este cálculo, vamos a poder comprar las porras de los ertzainas en Loewe...". Un trágala que ha hecho que aquellos fueros pretéritos sean un auténtico desafuero del presente, merced al abuso de esa posición dominante de que goza el nacionalismo en el tablero político. Nadie se contiene cuando está en ventaja, refiere el refranero, pues se vuelven como pulpos, donde "no hay poro ni coyuntura en todo su cuerpo que no sean bocas y garras", y a fe que así ha sido cumplidamente.

Como se aprecia con el Cupo aprobado el jueves, cualquier contable que le meta el lápiz sabe lo artificioso de unas cuentas que son cuentos. Pero con las que, salvo Ciudadanos y los valencianos de Compromís, por motivos bien diferentes, todos transigen, aunque sea a regañadientes. Unos, para asegurarse la aquiescencia a los Presupuestos Generales del Estado (PP), una vez Aitor (Esteban) ya tiene el tractor que le prometiera Rajoy en una celebrada sesión parlamentaria; otros, porque gobiernan juntos en el País Vasco y vislumbran que precisarán los escaños de alquiler del PNV si quieren retornar a La Moncloa (PSOE), y los terceros porque se benefician de la nada despreciable pedrea (nacionalistas canarios) en un sorteo en el que el cuponazo está asignado antes de meter las bolas en el bombo. Complétase este terceto con los nacionalistas catalanes. Además de su consanguinidad ideológica y de su camaradería con el PNV, estos aspiran a un pacto bilateral, haciendo también rancho aparte (Cupo con barretina), que les equipare fiscalmente, después de haber despreciado en su día el Cupo y de modo sucesivo los presidentes Pujol y Mas.

Entre tanto, el resto de comunidades quedan relegadas al papel de convidadas de piedra, si bien, por disciplina de partido, ponen sordina a sus quejas para no poner patas arriba este statu quo. Aunque la prudencia aconseje que, cuando el daño no puede remediarse, se disimule, difícilmente han podido hacerlo algunos barones territoriales de PP y PSOE. Dado el calado del enjuague, Alberto Núñez Feijóo y Juan Vicente Herrera, por el PP; y Susana Díaz y Ximo Puig, por el PSOE, han debido alzar la voz para expresar su disconformidad. Maldita la gracia que les habrá hecho que, a las pocas horas de disponer de nuevo Cupo, lo primero que han resuelto los partidos vascos haya sido un recorte fiscal que beneficia a sus empresas con respecto al resto de las españolas. Singularmente, a las de las provincias vecinas.

Comulgando con las ruedas de molino de un nuevo Cupo que hace que una autonomía próspera se enriquezca aún más a costa de aquellas otras que no lo son, «la tiranía del statu quo», concepto acuñado por Milton Friedman, agrava una situación injusta, al tiempo que los refractarios al cambio del sistema de cálculo del Cupo tratan de ocultar su grave pecado criminalizando a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, por cuestionar ese statu quo.

Para ello, a sus portavoces no les importa adoptar un cinismo parangonable en descaro al de Madame de Sommery, el personaje de Stendhal. Sorprendida in fraganti por su marido cuando compartía el lecho nupcial con un amante, esta dama de alta alcurnia lo negó audazmente y, al no cejar en su bronca el toreado, le soltó con cínico descaro: "¡Ah, bien veo que ya no me amas y crees más lo que ves que lo que yo te digo!".

El Cupo vasco se ha arbitrado con criterios de pura fantasía, como subrayaba en EL MUNDO el mejor experto en balanzas fiscales de España, Ángel de la Fuente. Si en Alicia en el País de las Maravillas, la colérica Reina de Corazones exige que el jurado dicte sentencia antes de deliberar sobre el veredicto -"¡Primero la sentencia, luego el veredicto!", grita como una posesa-, aquí primero se atornilla la cantidad y luego se viste el santo. En esas circunstancias, no cabe hablar de arqueo técnico, sino de apaño político. Cuando las cuentas son cuentos, la contabilidad es esa ciencia exacta que concluye cabal lo que uno quiere que diga. Mucho más cuando las cosas parecen hacerse sin más ley ni razón que el antojo.

Y ojo no se está aquí ante una exclusiva porfía por el reparto de dineros públicos, sino ante una cuestión capital para la construcción de una nación. Es, por ello, que conviene no echar en saco roto que lo que unió EEUU, haciendo de muchos uno, no fue su Declaración de Independencia o su Constitución, con ser capitales. Fue la resolución de que la deuda que habían contraído cada una de las antiguas colonias en la Guerra contra el Imperio Británico no fuese pagada por cada una de ellas, sino que se centralizara a través de una Reserva Federal. Y fue esa solidaridad la que solidificó la unidad nacional americana.

Ante un paripé de la magnitud del que se registró el jueves en las Cortes, el líder de Ciudadanos, libre de las hipotecas de PP y PSOE, ha visto que la ocasión la pintaban calva para seguir aprovisionándose de votos provenientes de su rivales a diestra y siniestra. Capitalizó el malestar de electores de estas formaciones por tener que sufragar una factura tan onerosa y que se remunera sin repasarla siquiera. Al desmarcarse de todos los demás en estos tiempos reacios a prerrogativas de ese fuste, por mucho que le tilden de oportunista, Rivera no ha dejado pasar esta ocasión de oro para ensanchar su base electoral. Atendió, en suma, a aquello que concluía Maura padre de que "en política se corregirán los desaciertos, se enmendarán los errores; lo que no se recobra nunca son las oportunidades".

No cabe duda de que este órdago a la grande le posibilita acelerar su marcha frente a un Rajoy y Sánchez a los que puede presentar como rehenes de los nacionalistas, mientras Pablo Iglesias se descuelga irremisiblemente por su incompetencia e ineptitud. Como la suerte en política consiste en apreciar el momento exacto en que hay que actuar, la excepcionalidad fiscal vasca puede ser una de las espoletas para que Cs deje su papel subalterno para entrar en liza con PP y PSOE, consolidando lo que parecen apuntar los sondeos demoscópicos.

Cierto es que una cosa es la rapidez y otra la precipitación. Especialmente, cuando el objetivo se percibe al alcance de la mano, haciendo que la posibilidad de un sorpasso nuble la mente y se confundan molinos con gigantes, como Iglesias con Sánchez, algo de lo que no se ha recuperado el líder podemita y tiene difícil cura. Rivera debiera aprender de errores de aceleración que desinflen sus expectativas y que su impaciencia le juegue una mala pasada. Le ocurrió en la última cita cuando, en vez de atraerse a los votantes del PP, los espantó y originó un cierre de filas al reclamar abruptamente la salida de Rajoy y la rebelión de sus militantes contra su jefe de filas. Dio pábulo a la especie de que era una suerte de submarino del PSOE, a cuyo servicio pondría los votos de antiguos electores del PP atraídos a sus siglas. Lo mismo, pero al revés, le sucedería con el PSOE.

Si hasta ahora la estrategia de los dos grandes partidos del turnismo constitucional era atraerse a Cs en su lucha por seguir o alcanzar La Moncloa, según los casos, la dureza del debate sobre el Cupo hace presagiar que, alertados por el peligro que les acecha, PP y PSOE se confabulen en una pinza que inmovilice a Rivera y le baje los humos retrotrayéndolo a una posición subordinada. Nada nuevo bajo el sol. "Todos vivimos -avisa Guzmán de Alfarache- en asechanza los unos de los otros, como el gato para el ratón o la araña para la culebra que, hallándola descuidada, se deja colgar de un hilo y, siéndola de la cerviz, la aprieta fuertemente, no apartándose de ella hasta que, con su ponzoña, la mata".

La reconciliación nacional llega al asilo del PSOE
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 26 Noviembre 2017

Una de las ventajas del político jubilado es que pasea más, se asoma a cualquier obra a ver cómo se fraguan los cimientos, conversa con otros en su misma situación y hasta, tras bajar del coche oficial y descender de esa moqueta que se confundía con la suela de sus zapatos, puede levantar la vista y ver en los balcones de cualquier barrio español desperdigadas aquí y allá, abundantes y empecinadas, muchísimas banderas españolas.

Este entrañable fenómeno se ha producido en el otrora vitriólico magín de Alfonso Guerra, vicetodo del Gobierno con Felipe González y dueño del aparato del PSOE durante veinte años largos. También ha sido diputado innumerables veces y aunque a la hora de la verdad, como ahora pasa en Podemos con Iglesias, nunca se atrevió a disputarle la manada al macho alfa, 'Tigrekán II', se le reconoce inteligencia o, al menos, astucia, mercancía valiosísima en un PSOE despoblado de cerebros y que afronta la crisis más grave de España desde hace siglos sin saber bien por dónde tirar.

De no leerlo, no creerlo
En un artículo publicado este viernes en Tiempo, Guerra reconoce que el separatismo catalán ha "logrado reconciliar a los españoles (incluida la izquierda sin adjetivos) con su bandera y con el nombre de España, lo que no se había conseguido en 40 años de democracia" y "conquistado para muchos españoles el amor por España y su Constitución".

La izquierda, según Guerra, habría cometido el "error histórico", de haber "regalado la bandera, el concepto de España y casi la Constitución" a la derecha. Un error que se intentaba explicar por la patrimonialización que el franquismo hizo de la patria y sus símbolos. Subsanado ese "error", se deberían sacar estas consecuencias tras las inminentes elecciones catalanas:

"Desde el PSC y desde el PSOE hemos oído que no facilitarán un Gobierno de los partidos independentistas, culpables de un golpe institucional, pero también que no aunarán sus votos a los de los partidos constitucionalistas". (…) "Tal panorama desembocaría en una situación sin salida, o lo que sería peor, podría ser que se le regalase el Gobierno de la Generalidad a Esquerra Republicana de Catalunya si se confirmaran los datos de las encuestas de opinión. Y tal dejación no sería perdonada por la inmensa mayoría de los españoles".

Por supuesto, este último análisis parte de la constatación de esa reconciliación nacional de la Izquierda con la nación y con sus símbolos, empezando por la bandera y terminando en la Constitución. Sin embargo, Iceta, al que se dirige la advertencia de no caer en el error, casi suicida, de pactar con los separatistas en vez de los partidos constitucionalistas, no lo ha visto, a pesar de que participó en la mayor prueba de ese fenómeno de masas: la doble manifestación de un millón de personas en Barcelona contra el golpe separatista y en apoyo de la aplicación del Artículo 155, que también han defendido Guerra y González. Con dos peros que añade en su artículo el jubilado vicetodo: tardar tanto en hacerlo y no haber incluido en él la intervención de una TV3, "vergonzosamente sectaria del nacionalismo, que seguirá falseando la realidad en la campaña electoral".

El PSOE, en manos de uno que no es del PSOE
Aunque ello no exima de responsabilidad al Gobierno del PP, hay que recordar que fue el PSOE, dirigido en realidad por el PSC de Iceta, el que impuso la convocatoria de elecciones inmediatas, en vez de esperar "al menos seis meses", como dijo Rajoy, para ver el efecto de la aplicación del 155, y que la intervención de los Mozos y de TV3 y Catalunya Ràdio, fue vetada también por Sánchez, oficiando de muñeco del ventrílocuo Iceta. Pero lo esencial es aceptar el fenómeno que Iceta rechaza y que Guerra, con tiempo para pasear, ve en tantas banderas españolas en los balcones: la reconciliación o reidentificación de los votantes de Izquierda con la idea y los símbolos de España, tras verlos afrentados y humillados por el golpe separatista y luego defendidos por el millón de compatriotas en Barcelona.

Guerra se guía para dar a Iceta el consejo de no pactar jamás con los separatistas por la experiencia de jubilado callejeo reciente y por su famosa intuición, hija de una larga estadía electoral en la sala de máquinas del PSOE, aunque como antiguo gobernante también se sienta indignado ante la cobardía de la clase política en general y de su partido muy en particular.

El problema es que Iceta, que a diferencia de Guerra, al menos en sus orígenes, es rico y no se ha bajado nunca de la moqueta. Por millonario, no presta atención al latido de la plebe. Y por moquetófilo, lo considera un incordio, no una inspiración. El mayor reto del PSOE para sobrevivir como partido nacional, que es lo que preocupa a Alfonso Guerra, depende de un señor que ni es del PSOE ni deja de ser un nacionalista catalán, es decir, alguien para el que ese movimiento casi telúrico que se ha producido en España y al que alude el exvicepresidente y exvicesecretario del PSOE es algo desagradable a conjurar, nunca un fenómeno a respetar y, mucho menos, un mandato popular que obedecer.

No tengo, pues, esperanza en que Iceta atienda a lo que dice Guerra, porque alberga en su interior, al frívolo modo catalanista, esa mezcla de desconocimiento y desprecio por todo lo español que caracteriza al PSC. Sin embargo, me gustaría que acertase al hablar como hecho irrevocable de la reconciliación nacional de la Izquierda con España, a la que pertenece pero a la que durante muchas décadas ha minado y casi destruido al negar la legitimidad de la mitad derecha de la nación para gobernarla. Pocos en esa línea fueron tan sectarios como Guerra. Pero sólo el necio no rectifica. Y si hubiera tiempo para ello, los electores del PSOE acabarán obligándolo a actuar de forma patriótica y contra el nacionalismo, una de cuyas últimas secuelas, pero no la única, ha sido el Golpe de Estado en Cataluña.

Rojicomplejines y maricomplejines: ¡despertad!
El problema es que hay poco tiempo y que el reloj lo tiene un partido nacionalista, el PSC, un 'alien' que se ha apoderado del cuerpo del PSOE. Con todo, si en la Izquierda política actual, se produjera o se obedeciera a ese fenómeno que Guerra considera como un hecho popular indiscutible, la reconciliación nacional, todo tendría remedio. Nadie lo diría, viendo esta semana a la Izquierda defendiendo el cupo del PNV y el adoctrinamiento antiespañol en las aulas de las autonomías bajo la bota nacionalista. Sin embargo, es tan leve el factor nacional en el PP actual, es tan inimaginable el patriotismo en los rajoyes y sorayas -basta verlos atacando a Ciudadanos en vez de disputarle sus viejas banderas- que sólo el despertar nacional de los rojicomplejines permite pensar en el de los maricomplejines. Lástima que tenga que empezar en el asilo, pero por alguna parte hay que empezar.

España y el «procés», espejo de las desigualdades y populismos que amenazan Europa

Al tiempo que renacen los nacionalismos europeos, la brecha entre las regiones más ricas y las más pobres de los países de la zona del euro ha aumentado desde la crisis financiera
F.J. Calero ABC 26 Noviembre 2017

«Como con la Liga Norte en Italia, son siempre las regiones más ricas las que reclaman la independencia. Casi parece escucharse la voz de la despreciable Margaret Thatcher (diciendo) ‘quiero que me devuelvan mi dinero», escribía la revista satírica Charlie Hebdo en un durísimo editorial contra el procés catalán. Cataluña representa el 20% del PIB y compite con Madrid como motor económico de España. Ante la angustia de los independentistas por lograr su República catalana, los corresponsales de medios extranjeros no se explican por qué querrían los ricos catalanes la secesión.

La crisis económica y las políticas de austeridad han minado la legitimidad de las instituciones europeas y españolas, propiciando el auge de populismos rupturistas. En Italia, las ricas Véneto y Lombardía organizaron hace un mes, a los pocos días del 1 de Octubre catalán, sendos referendos convocados por la Liga Norte para aspirar a una mayor autonomía financiera. “Estamos cansados de dar 80.000 millones de euros a las arcas del Estado”, alegó uno de los líderes del partido xenófobo, Paolo Grimaldi, en una suerte de versión light del “Roma ladrona” que popularizó su partido en los años noventa para independizar de forma simbólica a lo que llaman la Padania.

Al tiempo que renacen los nacionalismos europeos, la brecha entre las regiones más ricas y las más pobres de los países de la zona del euro ha aumentado desde la crisis financiera, según un análisis reciente de The Economist. El promedio que hace el semanario británico de 12 países occidentales, entre los que se encuentra España, muestra que la desigualdad regional estaba disminuyendo en los años previos a la crisis financiera de 2007-08, pero ha aumentado desde entonces. «En tiempos de austeridad y neoliberalismo (incluso en pleno auge de Alemania), donde se disputan los presupuestos de redistribución, infraestructura, educación, etc., las regiones más fuertes no quieren subsidiar las partes más débiles del estado», dice a ABC el sociólogo alemán Oliver Nachtwey, especializado en desigualdad y que acaba de publicar el libro «La sociedad del descenso».

La globalización hace que las regiones ya fuertes sean más fuertes y las más débiles sean más débiles. En Alemania la región más próspera económicamente es Baviera, en el sur, y el estancamiento se registra en el norte y el este. Este comportamiento se repite en Italia entre el vigoroso norte y el frágil sur. Para Nachtwey, “Europa jugó un papel importante en influir a los políticos para implementar políticas neoliberales. La construcción de mercados libres sin una verdadera armonización social fue un instrumento adicional para producir relaciones laborales fracturadas en Europa”. En Francia, Emmanuel Macron ha logrado su primera victoria en la Unión Europea con la reforma de la directiva para los trabajadores desplazados, que tendrán las mismas condiciones -sueldo incluido- que los locales. La reforma, rechazada por los países del Este porque estiman que esta medida perjudica la competitividad de sus economías, es un paso importante para detener competencia desigual de los bajos salarios transnacionales. Alabado fuera de Francia por su agenda profundamente europeísta, Macron se enfrenta cada día a una feroz oposición de gran parte del electorado galo e incluso en el seno de su propio partido. El joven dirigente visitó la semana pasada varios suburbios empobrecidos y decadentes ciudades industriales para acercarse al “pueblo” que lo llama arrogante y prometer inversiones con las que cambiar su imagen de “presidente de los ricos”.

Con la crisis económica, los viejos Estados europeos han tenido que enfrentarse a desafíos generados por la innovación tecnológica, la inmigración o el cambio climático, pero también a las demandas de las generaciones más jóvenes de querer formar parte de una manera más activa en la toma de decisiones. La falta de convergencia a nivel local, estatal y europeo ha alterado los cimientos de lo político. Para evitar la resurrección del Marine Le Pen y su Frente Nacional, hoy en horas bajas, el presidente francés ha lanzado su estrategia “La Europa que protege”, cimentada en unas grandilocuentes promesas de mayor defensa de los intereses individuales. La globalización significó durante años el abaratamiento del comercio internacional y la desaparición de las fronteras, pero en la práctica, como subraya un largo artículo de The Guardian hace unos meses sobre este fenómeno, ha terminado suponiendo la deslocalización desde los países ricos donde la mano de obra era cara, hacia los países pobres, donde la mano de obra era más barata. Los habitantes de los países ricos tienen que aceptar entonces salarios más bajos para no perder sus empleos.

Pese a que la desigualdad de ingresos dentro de los países de la UE comenzó a caer en 2016, el 20% de los hogares más ricos tuvo unos ingresos 5,1 veces superior al 20% más pobre, y en España esa proporción está ligeramente por encima de seis veces y media, según un informe publicado por la Comisión Europea esta semana. Bruselas sitúa a nuestro país en la categoría de “situaciones críticas” junto a Bulgaria, Lituania o Grecia en cuanto a la brecha salarial, e incide en que aún no ha recuperado los niveles de igualdad por rentas de antes de la crisis. Existe una España rica y otra pobre marcada por el deterioro del mercado laboral: si Navarra y País Vasco cuentan con el porcentaje más bajo en riesgo de pobreza (el 9% según el INE), seguidas por Cataluña con el 13,2 mientras que en Andalucía, Canarias y Ceuta sobrepasa el 35%. “Una cosa es la igualdad y otra la pobreza. La eliminación de la pobreza depende mucho de políticas sociales, que son políticas estatales. La actividad económica es fundamentalmente actividad privada, hay regiones más ricas y otras más pobres, serán desiguales otra cosa es que la política estatal hagan que esta desigualdad llegue al umbral de la pobreza”, sostiene a este diario el economista Fernando Ramírez, autor junto al también consultor César Molinas del libro “La crisis existencial de Europa”.

El Estado de bienestar en España es universal: las autonomías cuentan con competencias en Sanidad y Educación pero no en seguros por desempleo, ni pensiones. “Si llego presupuestariamente agobiado la crisis la voy a gestionar mal porque no voy a poder invertir y gastar en ese momento. No es que los gestores que estén al frente durante la crisis lo estén haciendo mal, les ha dejado una mala situación los anteriores. Les ha ido mejor a los países que han podido invertir durante la crisis y reforzar la red de protección social de una forma más eficaz. La caja única de la protección social no puede depender de donde vivas. Lo que se mantiene a nivel local es aquello que esté más cerca del ciudadano”, aseveran los economistas.
«Imposible gestionar una UE de 92 países»

Aun así, mientras que la diferencia de renta per cápita entre la región española más rica y la más pobre se ha mantenido sin sufrir grandes variaciones en los últimos quince años pese a la severa crisis española, en Reino Unido la brecha se ha disparado. De esta forma, que se mantengan o no lo las desigualdades entre regiones “no tiene mucho que ver con el grado de centralización o descentralización del Estado de bienestar”, expone el investigador alemán. En Suecia o Francia, con un tipo más centralizado de Estado de bienestar, el aumento de la desigualdad ha sido moderado. “El aumento de la desigualdad en Gran Bretaña tiene mucho que ver con los efectos a largo plazo del neoliberalismo y la privatización, la caída de las manufacturas y el surgimiento de un sector financiero que es más grande que los demás y tiene más influencia en la desigualdad total que Wall Street genera en la economía de los EE. UU.”, añade el sociólogo.

La uniformidad propia de la globalización no va reñida con pretender la diferencia cultural y exaltar lo local como se ha visto con el auge del indepentismo catalán o la victoria del Brexit, basada en un fuerte sentimiento nacionalista. “¿Esto es bueno? A mí no me lo parece, porque, como decía el presidente de la Comisión, (Jean-Claude) Juncker, “si gestionar a 27 es difícil, a 92 es imposible. Hay que buscar la forma en la que seamos capaces de convivir cada uno de nosotros con más de una identidad. Por qué no podemos sentir diferentes cosas. Claro que se puede, no está reñido. Lo que hay que procurar es que no sean excluyentes”, expone Ramírez. Para el investigador de EsadeGeo Álvaro Imbernón, la ola “nativista” que vive Occidente ha estado muy influida por el sentimiento de abandono que se ha instalado en ciertas regiones y sectores de la población.

Hungría y Polonia, que se unieron a la UE en 2004, tienen respectivamente cuatro y cinco regiones entre las últimas 20 en renta per cápita, mientras que Bulgaria y Rumania, que se unieron en 2007, cuentan con cinco y seis en la lista. En 2014, dos años antes de la victoria del Brexit, el PIB medio per cápita en Londres-Centro–Oeste (el 539 % de la media de la UE de los 28) era 18 veces más alto que en la región búlgara de noroeste, en la última posición de la tabla de Eurostat de renta per cápita por regiones europeas.

Polacos y húngaros alegan que la Europa "a varias velocidades" favorece la desigualdad. “Hay que ir todos juntos en los elementos que son críticos para la Unión, como la convergencia económica. Pero tampoco podemos ser tan rígidos en todo. Y claro que para los polacos sería todo más fácil si fueran todos a la velocidad del más lento. Lo más sensato parece ser ir hacia un entorno flexible donde pueda haber comprensión con las diferentes sensibilidades de los diferentes estados”, defiende Ramírez.

Polonia, la principal receptora de fondos de la UE y erigida como símbolo de los valores cristianos que construyeron las fuentes morales de Europa, está dispuesta a afrontar sanciones de la UE antes que abandonar las políticas ultraconservadoras que Bruselas considera impropias de un país miembro. La brecha entre regiones va más allá de lo económico. Según el Eurobarómetro sobre Igualdad de Género, el 81% de los búlgaros piensa que la función más importante de una mujer es cuidar de su hogar y su familia, la tasa más alta en la Unión Europea. A Bulgaria le sigue un 78 por ciento en Hungría y un 77 por ciento en Polonia. En el otro extremo: Dinamarca (14%) y los Países Bajos (15%). ¿Y España? En sexta posición con el 29%.

Juan Eslava Galán: «Los independentistas han manipulado la historia de Cataluña»
El escritor publica «Enciclopedia Eslava», un recorrido por los pasajes de nuestro pasado que todo español debería conocer
Manuel P. Villatoro ABC 26 Noviembre 2017

Desde que nos acomodamos por primera vez en el pupitre escolar, todos hemos oído hablar de los gladiadores que combatían hasta fallecer para demostrar su maestría o del miedo que imbuían los feroces guerreros vikingos en sus enemigos gracias a su típico casco astado. Sin embargo, la realidad es que estas imágenes poco tienen que ver con la verdad histórica. Y es que, ni los luchadores armados con tridentes solían enfrentarse hasta la muerte en las arenas de Roma (pues salía muy caro para sus amos entrenar desde cero a un sustituto), ni los aguerridos diablos del norte portaban cuernos en sus molleras.

Por ello, el maestro divulgador Juan Eslava Galán publica «Enciclopedia Eslava» (Espasa, 2017). Una obra de más de 600 páginas en la que, como el propio autor afirma a ABC, desvela la verdad tras hechos pasados «simplificados por Hollywood»; narra curiosidades históricas ocultas por el paso de las décadas y, entre otras tantas cosas, se adentra en temas mal vistos socialmente como la importancia del sexo en la antigüedad. Todo presentado, eso sí, con mucha sorna, sencillez e ironía. Por si fuera poco, el prolífico escritor (que cuenta con medio centenar de libros a sus espaldas), desmitifica también la existencia de los supuestos «países catalanes». «Lo que los independentistas pregonan no tiene ninguna base histórica. Han manipulado la historia de Cataluña», sentencia.

Leyenda negra
De los casi cinco milenios que abarca Eslava Galán en su obra, destacan los capítulos en los que desmonta las mentiras forjadas sobre nuestro país a partir del siglo XVI. «Lo que más me molesta es que los españoles seamos tan estúpidos de aceptar algo que ha sido creado en el extranjero para denigrarnos. El antipatriotismo que se ha creado aquí no existe en ninguna otra región», reprocha. Y es que, según su criterio, cualquier territorio debe aceptar y superar su pasado para evolucionar. «Nosotros nos avergonzamos de nuestra historia, cuando lo que tendríamos que hacer es reivindicarla con sus luces y sus sombras, como el resto de Europa», completa.

Una de las mentiras más extendidas contra la que Eslava Galán carga en su nueva obra es la que afirma que los conquistadores españoles asesinaron con sus propias manos a miles de nativos en el Nuevo Mundo. Nada más lejos de la realidad, pues su arma más mortífera fueron las epidemias. «Ellos no tuvieron la culpa de llevar a América una serie de enfermedades que hicieron la conquista mucho más fácil», apunta. Y otro tanto sucede con una de las instituciones más tristemente famosas de la Península: «Aunque todos los países han tenido una inquisición, y todas las inquisiciones europeas han sido más mortíferas que la española, la nuestra es conocida como la más cruel en el extranjero», añade.

Cataluña
Además de adentrarse en episodios como los secretos que rodean a Cristóbal Colón o el prognatismo de los Austrias, Eslava Galán dedica también un capítulo a desvelar la verdad sobre la señera. Una bandera que en su origen «no representaba territorio alguno», que era «simplemente la señal real de la casa reinante en Aragón» y que adoptó el conde catalán Ramón Berenguer IV en el siglo XII después de contraer matrimonio con la «hija del rey Ramiro el Monje» (unión que dio como resultado el nacimiento de la Corona de Aragón). En sus palabras, esto demuestra que «nunca hubo ni ha habido un reino de Cataluña, ha habido condados catalanes» y que todo «es una mentira sin base histórica que pregonan los independentistas».

Eslava Galán carga también contra la fecha mágica para el independentismo: 1714. Año en que Barcelona (uno de los últimos reductos del pretendiente a la corona, el archiduque Carlos), cayó ante las tropas del monarca Felipe V de Borbón. «Aquello fue una guerra de sucesión, no de secesión. Y dentro de Cataluña había muchos borbónicos, aunque se quiera hacer creer lo contrario», finaliza.

La imposición del catalán a los médicos de Baleares puede dejar a Ibiza sin la única neuropediatra

El Gobierno balear presidido por el PSOE ha impuesto acreditar el conocimiento del catalán para trabajar en el sistema público de salud
larazon.es.  26 Noviembre 2017

El pasado viernes 17 de noviembre el Gobierno de las Islas Baleares, gobernado por el PSOE, aprobaba un decreto por el que se exige el conocimiento del catalán para poder ejercer como médico en el sistema sanitario público balear, a pesar de que la medida ha contado con el rechazo de los principales sindicatos, incluido el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse). Ahora tiene que pasar por el Consell Consultiu, aunque el informe de este organismo no será vinculante.

De hecho, la asesoría jurídica de Simebal interpondrá, en su momento, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia. Entre otras cosas, este sindicato “se reafirma en la posición que siempre ha sostenido: la acreditación del conocimiento de la lengua catalana debe ser siempre un mérito valorable y nunca un requisito sine qua non para el acceso a los puestos de personal facultativo sanitario asistencial” e insiste en que “el proyecto no prima el derecho constitucional a la protección de la salud, que puede verse afectado por la desincentivación que comporta el proyecto para muchos profesionales de otras áreas lingüísticas, lo que conllevará dificultades para cubrir puestos”.

En algunos casos, ya se dan circunstancia como el hecho de que en un concurso para cubrir ocho plazos ninguno de los 11 candidatos cumple con el requisito del catalán. Según informa el periódico de Ibiza, “Jorge Tera, secretario general del Sindicato de Enfermería de Balears, advierte de que «a medio plazo esta situación puede afectar más en Ibiza por el problema añadido de la carestía de la vida». Tera aseguró que si el decreto sigue adelante «supondrá la exclusión de miles de profesionales; a las oposiciones no se podrán presentar si no tienen el B2».

Además, pueden llegar a darse situaciones como el hecho de que la única neuropediatra del hospital de Ibiza se vea obligada a marcharse al no tener el título de catalán. Se trata de Ileana Antón, argentina, que lleva cuatro años en la isla y que, aunque entiende y habla el idioma, carece del título que lo acredita, por lo que, según dice ella misma, “soy interina y la única neuropediatra que hay en Ibiza. Va a haber oposiciones y sin catalán no puedo presentarme al examen”.

“¿Tú crees que a los padres que tienen un hijo que sufre epilepsia, parálisis cerebral o una enfermedad degenerativa les importa si yo hablo catalán o no? La respuesta claramente es ‘no’”, dice en declaraciones al Periódico de Ibiza.

Según Simebal, “la obligación de los candidatos de acreditar los conocimientos lingüísticos mediante determinados certificados, subordinando la admisión a los procedimientos de cobertura de puestos, resulta incompatible con el artículo 48 del Tratado de la Unión, supone un claro obstáculo a la libre circulación de profesionales y una discriminación indirecta por razón de nacionalidad”. Además, aseguran que “la igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud es uno de los principios básicos que proclama la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, en sintonía con uno de los principios básicos de ordenación del régimen estatutario que recoge la Ley del Estatuto Marco en su artículo 4 d). Resulta incontrovertible que la exigencia de aportación de uno de los certificados admitidos restringe, limita y recorta ese principio, o al menos es susceptible de hacerlo. Resulta también contrario al artículo 139.2 de la Constitución, que establece que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas”

La dictadura lingüística del catalán en Baleares expulsa a la única neuropediatra de Ibiza
Gonzaga Durán okdiario 26 Noviembre 2017

La isla de Ibiza dejará de contar con los servicios de su única neuropediatra, Ileana Antón, que trabaja en el Hospital de Can Misses. El decreto aprobado el pasado viernes por la Mesa Sectorial de Sanidad de las Islas Baleares exige tener un título que acredite el conocimiento de catalán para seguir trabajando en el sector.

“Soy interina y la única neuropediatra que hay en Ibiza. Va a haber oposiciones y sin catalán no puedo presentarme al examen”, afirma Antón en una entrevista concedida al Periódico de Ibiza.

Esta pediatra, originaria de Argentina, lleva residiendo en Ibiza desde hace cuatro años. A pesar de entender y tener conocimientos de catalán, no tiene el título que lo acredite, por lo que el decreto aprobado la empuja a perder su puesto de trabajo en el Hospital.

“Muchos de los políticos que nos exigen acreditar el catalán no lo tienen, ni siquiera el nivel B1”, lamenta Antón. En los cuatro años que lleva viviendo en la isla, señala que nunca ha tenido ningún incidente con algún paciente ni ha tenido la obligación de atenderles en catalán: “¿Tú crees que a los padres que tienen un hijo que sufre epilepsia, parálisis cerebral o una enfermedad degenerativa les importa si yo hablo catalán o no? La respuesta claramente es no”.

En este sentido, señala que el nuevo decreto está originando “enfrentamientos” entre sus compañeros y empleados del sector. “Los decretos son decisiones que toma una parte, no todos. Por eso se llama decreto y se está olvidando lo más importante que es escuchar la voz de la gente“, advierte Antón.

“Te piden un certificado pero no que hables en catalán”
El decreto contó con el rechazo del Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL), el Sindicato de Enfermería (SATSE), Comisiones Obreras y CSIF. UGT y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería se abstuvieron.

“El decreto es una medida totalmente política, electoralista y que no tiene nada de sentido común con la realidad que sufrimos en la isla”, declara a OKDIARIO Luis Apolinar, el presidente de Sanidad del CSIF en Baleares.

Apolinar apunta directamente a la presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, y a sus socios de gobierno: Podemos y la formación nacionalista de Més.

“En la actualidad las bolsas se agotan, las plantillas no se cubren y la realidad es que un gran porcentaje de los profesionales que están trabajando aquí desde hace muchos años pues no tienen el documento que ellos exigen para seguir trabajando en el servicio de salud“, señala el dirigente del sindicato CSIF.

En este sentido, también resalta la inutilidad de este decreto, puesto que “no te piden que hables ni que trabajes en catalán, sino lo que te piden es tener un certificado de la dirección política lingüística de Baleares de conocimiento del catalán, pero no te piden que hables luego catalán“.

“La Sanidad es un servicio básico para la ciudadanía y puede ponerse en peligro con este decreto“, sentencia Apolinar.

El juez de Barcelona que investiga el 1-O, "desahuciado" por la presión separatista
El propietario de la vivienda en la Costa Brava alquilada por el magistrado Ramírez Sunyer no le renueva el contrato por las pintadas en su contra.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 26 Noviembre 2017

En la idílica Cataluña del pacífico proceso separatista que venden los dirigentes políticos del golpe de Estado no todo el mundo es bien visto y tratado. Por ejemplo, los jueces y fiscales que investigan causas relativas al referéndum ilegal del pasado 1-O están siendo amenazados y señalados de manera recurrente, al punto de que Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), reconocía esta semana que han aumentado las solicitudes de traslado en la judicatura catalana.

El último episodio es el acoso que sufre el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que ordenó el registro de la consejería de Economía y la detención de varios altos cargos de la Generalidad por los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. Ramírez Sunyer ha recibido toda clase de amenazas, tanto en Barcelona como en su lugar de veraneo, la localidad gerundense del Port de la Selva, según informan El Mundo y El País.

El juez y su esposa tenían alquilado un apartamento en el municipio de la Costa Brava, de poco más de mil habitantes en temporada baja, hasta hace unos días, cuando el propietario decidió rescindir el contrato tras la aparición de las pintadas "Fora j. 13" y "M S j. 13 fora de Port" en la fachada de la vivienda y paredes cercanas.

Fuentes judiciales que cita el diario de Prisa afirman que el magistrado no ha querido denunciar los hechos para no perturbar la instrucción de la causa. Hace unos días acudió al inmueble con su esposa para retirar sus pertenencias y entregar las llaves. El propietario no dio ninguna explicación a tan súbito "desahucio". El juez estaba al corriente de pago y no era precisamente un inquilino molesto. Sin embargo, el señalamiento separatista ha causado el mismo efecto que cuando policías nacionales y guardias civiles fueron echados de hoteles y pensiones por la presión de alcaldes separatistas.

A diferencia de Ramírez Sunyer, quien sí ha denunciado el asalto a su segunda residencia es la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi. Unos desconocidos entraron en su propiedad y destrozaron el sistema de calefacción y el cableado general. No se llevaron nada. Magaldi es la misma fiscal que fue increpada por un separatista a las puertas del edificio del TSJC sin que los mossos hicieran nada para evitar que ese individuo le gritara "¡fascista!" a un palmo de la cara.
 


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