AGLI Recortes de Prensa   Lunes 27 Noviembre 2017

El difícil retorno a la legalidad (30)
Vicente A. C. M. Periodista Digital  27 Noviembre 2017

¿ESQUIZOFRENIA O DEMAGIA POLÍTICA? PUIGDEMONT SIGUE IMPUNEMENTE EN BRUSELAS BURLÁNDOSE DE ESPAÑA SIN QUE LA JUSTICIA DE BELGICA HAGA NADA POR IMPEDIRLO.

Lo del Gobierno de Mariano Rajoy respecto a Cataluña ha entrado en una espiral que ben podría calificarse de esquizofrenia política y, siendo benévolos, en pura demagogia y oportunismo político. Porque no otra cosa es decir ahora que tras las elecciones autonómicas del 21D “dará incentivos fiscales para la vuelta de las empresas que decidieron abandonar Cataluña por la crisis política e inseguridad jurídica y para facilitar que otras empresas consideren su establecimiento allí”. Una posición que no encaja bien con la aprobación exprés de facilitar el traslado de las sedes sociales y fiscales de las empresas por decisión mayoritaria de los Consejos de Administración, sin tener que acudir a la consultar a la asamblea de socios. Una decisión que tuvo su rápida respuesta en el traslado de más 2.700 empresas, principalmente a comunidades como Valencia, Madrid y Baleares. Una propuesta que el PPC llevará en su programa electoral, queriendo convencer de que el 22D Cataluña habrá recobrado la normalidad y la seguridad jurídica, algo que simplemente es mentira, y lo saben.

No resulta tan llamativo el que además se intente anular el movimiento de boicot a lo que se llama “marcas con arraigo en Cataluña”. Y aquí no quiero poner los típicos ejemplos de empresas ubicadas en Cataluña que tienen en el resto de España uno de sus principales mercados. El proteccionismo del Gobierno de España ha llegado hasta límites inadmisibles al imponer medidas como la de no permitir el incremento de producción de cava extremeño, que junto al excelente cava valenciano, hacen una clara competencia a esas marcas catalanas por todos conocidas y dominantes del mercado. Y es verdad que las industrias en España están interrelacionadas y que el fracaso de unas repercute en otras fuera de esa comunidad. Al fin y al cabo estamos en un mercado global y un Estado es como un organismo superior donde los diferentes órganos mantienen una interdependencia y contribuyen a la supervivencia común.

Pero el querer ahora arrepentirse de lo hecho al ver las consecuencias, es solo una reacción desesperada que no tiene ningún recorrido. En primer lugar porque precisamente el PPC, que representa a la facción dura del partido que sustenta al Gobierno, no está en condiciones de cumplir con sus promesas electorales, ya que su probabilidad de alcanzar el poder en la Generalidad es prácticamente nula. En el mejor de los casos, las encuestas le otorgan el mismo número de diputados y le relegan a la última posición en el Parlamento autonómico. Y otra falacia es creer que el PSC forma parte del grupo de partidos que dicen ser constitucionalistas. La realidad es bien distinta. Miquel Iceta dice que no pactará con los independentistas ni formará parte de un gobierno tripartito con ERC y los Comunes, pero también dice que no apoyará a un candidato de derechas, en el que incluye a Inés Arrimadas. Sin embargo, el PPC no dudaría en apoyarle si la suma diera la mayoría a los constitucionalistas, algo por ahora bastante improbable.

Lo que no consigue entender el Gobierno de España es que las empresas actúan exclusivamente por motivos económicos pero que se basan en garantías de estabilidad, tanto en el orden social como de seguridad jurídica. El dinero es muy cobarde y rápidamente huye de los conflictos. Y una vez perdida la confianza es muy difícil recuperarla. Tan difícil como este retorno a la legalidad y a la normalidad en una autonomía fragmentada por culpa de las ensoñaciones independentistas de unos fanáticos dirigentes que han engañado a los ciudadanos de su comunidad. Tras haber facilitado la huida y consolidado la idea de la inestabilidad en el corto y medio, y quien sabe si quizás en el largo plazo, ahora no puede retractarse a base de crear argucias de incentivos fiscales cuya legalidad es más que dudosa respecto a aquellas empresas que siguen afincadas en esa comunidad por no haber optado por la huida.

Otro error de un Gobierno que sigue improvisando y actuando como una veleta dependiendo de por dónde sopla el viento, en este caso el del oportunismo político. Una descalificación que últimamente está en boga para denostar al enemigo político, como ha sido el caso de CIUDADANOS en el Congreso de los Diputados por su posicionamiento en asuntos como el del adoctrinamiento en la enseñanza en la Comunidad de Cataluña, o el mezquino apaño del Cupo Vasco usado como pago mercenario de apoyos del independentismo vasco. Se califica de oportunista, de demagogo y de ignorante y otras lindezas por el estilo a quienes se atreven a denunciar ante los ciudadanos una realidad incómoda que vulnera derechos fundamentales y evidencia la desigualdad de los españoles dependiendo de su lugar de nacimiento o de residencia.

Mientras tanto, el prófugo de la Justicia de España, Carles Puigdemont sigue en Bruselas libremente burlándose de los jueces, del Gobierno y de los españoles sin que la Justicia belga haga nada por impedirlo. Este sujeto actúa como Presidente del Gobierno de la Generalidad legítimo y se atreve a pedir una reunión bilateral con Mariano Rajoy mientras que un irresponsable Albiol del PPC suplica tener un cara a cara con el golpista huido. ¿Es esto también esquizofrenia del PP? La verdad es que no se entiende qué es lo que pretenden y por qué el Gobierno de España no protesta ante las autoridades de Bélgica su actitud de connivencia con quien hace tiempo que debería estar declarando ante el juez, ahora Pablo Llarena que ha asumido la causa que llevaba la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional.

Porque no se puede consentir que este despreciable sujeto acuse al Gobierno de España dando a entender que estaría dispuesto a todo, incluyendo en ese todo actuar con violencia con resultado de muertes. Una acusación mezquina de la que se hizo eco no hace muchos días la candidata número dos de ERC, Marta Rovira, contra la que la Fiscalía aún no ha actuado exigiéndole responsabilidades penales por sus graves acusaciones sin aportar prueba alguna, salvo el de me dicen que dijeron que. Es deber del Gobierno de España denunciar la actitud de Bélgica ante la UE y consentir que se ponga en duda la homologación democrática de España respecto al respeto por los derechos de los ciudadanos. Una situación la de Carles Puigdemont y los exconsejeros que siguen huidos de la Justicia y han obtenido refugio en ese país. Una vergüenza y un desprecio a toda una sociedad que ha dado sobradas muestras de su apuesta por la democracia tras una dura transición desde la dictadura.

Va siendo hora de que el Gobierno de España deje de actuar como una veleta y de forma totalmente oportunista y electoralista, dando muestras de que solo le mueven objetivos partidistas y personales.

¡Que pasen un buen día!

‘La gran trampa’ y sus posibles consecuencias
Ricardo Ruiz de la Serna gaceta.es 25 Noviembre 2017

En España, tenemos una asignatura pendiente en esto de las reformas y el gasto.

Daniel Lacalle – doctor en Economía, profesor y gestor de fondos- ha escrito “La gran trampa. Por qué los bancos centrales están abonando el terreno para la próxima crisis”. Se trata de un libro necesario para la España y la Europa de nuestro tiempo. La tesis que sostiene es inquietante: la próxima crisis se está fraguando y sus causantes son las políticas equivocadas de los bancos centrales. La pretensión de “crear dinero del aire”, el alto endeudamiento y el exceso de riesgo no están resolviendo los problemas del pasado: los están agravando porque son estas mismas medidas las que los produjeron.

A partir de ahí, Daniel Lacalle abre un debate que debe preocupar a toda la sociedad y no solo a quienes toman decisiones en el plano económico o empresarial. Sin una economía sólida y saneada, es imposible acometer proyectos políticos perdurables ni afrontar las transformaciones que España necesita, sea en la organización territorial del Estado sea en la estructura económica de nuestro país, por poner solamente dos ejemplos.

Así, Lacalle critica las inyecciones masivas de liquidez por parte de los bancos centrales: “El dinero barato lleva a políticas baratas; más “estímulos fiscales” y más gasto. El problema es que los desafíos estructurales de la economía europea -la demografía y la sobrecapacidad- no se solucionarán perpetuando los desequilibrios simplemente porque los gobiernos y los agentes económicos se adaptan con extrema facilidad a medidas temporales como si fueran eternas”.

Este concepto de “políticas baratas” es interesante, como lo es el de “gas de la risa monetario”. Aquéllas parecen no tener coste. Éste nos aturde entre sonrisas. Ambos son peligrosísimos.

Deberíamos hablar más a menudo en España sobre los peligros del endeudamiento, no sólo por sus consecuencias económicas, sino por los efectos políticos que lleva aparejados.

Allá por 2011, Javier J. Navarro escribía, a propósito de la deuda griega, que “la deuda pública te puede hacer perder la soberanía nacional, al menos eso es lo que se está viendo en la práctica. Se está sugiriendo que Grecia ceda ciertos aspectos de su política nacional a países de la UE en aspectos que no parece dispuesta a abordar, como las privatizaciones y la recolección de impuestos. A cambio la UE aportaría más dinero.”

Daniel Lacalle no va en esa dirección, pero sí creo razonable extraer una conclusión de su análisis del papel de los bancos centrales. Un país cuya economía depende de los estímulos monetarios -sea de un banco central nacional sea del banco central europeo- tiene, en realidad, una capacidad política muy limitada. A mi juicio, este entrampamiento en los estímulos puede terminar produciendo una parálisis política y, en algunos casos, una pérdida de capacidad de maniobra en la escena internacional.

Sin embargo, la salida a esa parálisis no es imprimir más dinero y punto. Lacalle recuerda, en esto, que “Draghi repite hasta la saciedad que este periodo de excesiva liquidez debe servir para corregir desequilibrios y poner en marcha reformas estructurales. No obstante […] nadie parece escucharle”.

Sería injusto no reconocer la transformación que se ha operado en España en los últimos años -Lacalle recuerda que el propio Mario Draghi las ha elogiado- pero, tal vez, sería peligroso caer en la autocomplacencia. Lo advierte Lacalle: “Si España, que ha reducido enormemente sus desequilibrios y está en la senda del crecimiento, no se pone como objetivo principal reducir significativamente la deuda ante subidas de tipos, volveremos a entrar en un riesgo importante. Los que exigen “relajar el déficit” no sólo son imprudentes, sino peligrosos”.

En España, tenemos a mi entender una asignatura pendiente en esto de las reformas y el gasto. Las ineficiencias del Estado de las Autonomías y las desigualdades que acarrea la multiplicidad de sistemas de salud y educación -sirvan sólo estos dos ejemplos- se han ido agravando con el paso del tiempo. El frenesí de la transferencia de competencias, cuyo punto culminante fueron el Plan Ibarretxe (2004-2005) y las reformas de los Estatutos de Autonomía de Cataluña (2006) y la Comunidad Valenciana (2006), impone un debate sensato sobre la sostenibilidad del Estado y la viabilidad de los servicios públicos si el gasto continúa disparado en la confianza de que la deuda pública está garantizada.

Así, la controversia que mantienen el Estado y el Ayuntamiento de Madrid a propósito del presupuesto municipal y que ha llevado a la tutela de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Economía, ilustra bien a las claras este peligro que se cierne sobre nosotros. Dado que el Ayuntamiento no corrigió su senda de gasto, sus operaciones financieras serán intervenidas por el Gobierno central.

El libro de Daniel Lacalle, pues, no es sólo interesante por el análisis macroeconómico de la “gran trampa” de la expansión masiva del crédito y la masa monetaria, sino por sus posibles consecuencias en el plano nacional, autonómico y local. Una falta de control sobre el gasto propiciado por el “gas de la risa monetario” y por las “políticas baratas” puede terminar comprometiendo la viabilidad de servicios públicos esenciales y resultando carísima a fin de cuentas.

El derecho a la desconexión
Amando de Miguel Libertad Digital 25 Noviembre 2017

No me refiero al estúpido Brexit (Inglaterra se desconecta del continente europeo) o al proceso por el que ciertos catalanes se separan de España. Son sucesos manidos que ya no producen grandes emociones. La desconexión se utiliza ahora en otro sentido mucho más interesante. Resulta inevitable el abuso de la metáfora eléctrica, como si todo nos encontráramos enchufados a un circuito informático. De ahí, por ejemplo, el éxito del verbo arrancar, que ha sustituido en los medios a empezar, comenzar o incluso a iniciar, que estuvo de moda hace algunos años.

Pero a lo que voy. El nuevo fenómeno de la desconexión significa el descubrimiento de un derecho humano (hay que decirlo así, pues hay también derechos de los animales). En otros países se halla ya asentado. En España lo lanza la infatigable Liga Pro Derechos Humanos. Empieza por reconocer una nueva realidad: las grandes empresas públicas y privadas (se incluyen los grandes bufetes de abogados) esquilman muchas veces a sus ejecutivos jóvenes. Basándose en el aliguí de la promoción y la competitividad, se fomenta el culto al currículum hasta la humillación que digo. En consecuencia, los altos directivos de esas organizaciones acogotan a los jóvenes empleados con el expediente de que tienen que llevarse trabajo a casa. Solo de esa forma pueden resolver los asuntos urgentes. En su virtud, se ven asaltados continuamente, a través de ordenador o del teléfono, para que se encarguen de nuevos asuntos relacionados con el trabajo. Pues bien, se impone el rechazo de tales prácticas explotadoras. Lo sorprendente es que al tiempo se desgrana el discurso de "conciliar el trabajo con la vida familiar". Pura retórica para quedar bien. En algunos países se ha registrado un notable aumento del estrés en el grupo de los jóvenes ejecutivos. No importa que los llamen "socios".

Las nuevas formas de explotación laboral llevan a casos verdaderamente infamantes. Por ejemplo, el de un alto directivo de una gran empresa de comunicaciones. Su ilusión (ya que no tiene méritos para otra cosa) es la de aparecer en la lista de los corredores del famoso maratón de Nueva York. Es algo que da mucho prestigio. Como el hombre se siente incapaz de resistir los 42 kilómetros largos del recorrido, su idea ha sido hacerse con un dorsal de la prueba. Llegado el momento, da el cambiazo y hace que un sufrido joven ocupe su lugar en la fatigosa carrera.

Los ejemplos se pueden multiplicar con nombres y apellidos. La realidad es que las grandes organizaciones económicas no son tan democráticas como parecen. Tampoco se muestran tan respetuosas con conciliar el trabajo con la familia como presumen.

No sé qué figura jurídica va a adoptar esta nueva forma de explotación laboral, que tiene lugar, incluso, dentro de los mismos equipos directivos. Pero el asunto está en marcha. Va suceder algo parecido al caso de la lucha contra los okupas, que también puso en marcha hace poco la Liga Pro Derechos Humanos.

No debe confundirse la miserable explotación que digo (siempre los trabajadores jóvenes por cuenta ajena como víctimas) con la alegre dedicación exclusiva de los que se emplean por su cuenta. Estos últimos son más bien artistas y artesanos, emprendedores, creadores en todos los órdenes. Añádanse los estudiantes que se esfuerzan al máximo para formarse. El derecho a la desconexión se produce cuando existe un abuso en la dedicación laboral por parte de la cúpula directiva. No vale la especie de que así se fomenta la mejora del currículum. Recuérdese que se trata del currículum vitae. Tanto es así que, en la parla norteamericana, se dice simplemente vitae. Eso es lo que importa, la vida. El trabajo no debe trabarla.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Miscelánea de asuntos varios con el separatismo al fondo
Pedro de Tena Libertad Digital  27 Noviembre 2017

Comencemos por la cruz de un político preso, nacionalista por más señas, Pedro Pacheco, al que le llueven las desgracias. Ahora le ha caído encima un crucifijo de madera de 8 centímetros de altura que las autoridades de su cárcel han considerado un "arma". Por si fuera poco, tenía un libro de más y una almohada extra. Gravísimos asuntos contra la seguridad del Estado y de su cárcel, por lo que se procedió a su castigo. Tras requisarle los peligros, se le trasladó a otro módulo. De paso, se ha disuelto el servicio jurídico que estableció el Enorme para ayudar a otros presos. Mientras tanto, los Pujol, Puigdemont de la Jindama, Junqueras, Forcadell… Qué risa.

Es que Pacheco no tiene raza. Los nacionalistas catalanes, sí. La importancia de llamarse, por ejemplo, Rovira confiere derechos. ¿No lo creen? Hay una universidad pública en Tarragona, que se tiene como ejemplo, que se llama Rovira i Virgili. Pues sepan que ese Rovira fue defensor de la raza "histórica" catalana (a saber qué es eso) y aplaudió que "científicamente" se hubiese demostrado que el cráneo tipo medio catalán era diferente a los cráneos del resto de España. El que lo difundió fue un mexicano, de madre vasca, que se hizo famoso como nacionalista catalán. Se llamó Bartolomé, luego Bartoloméu, cómo no, Robert. No se rían que llegó a ser alcalde de Barcelona, ciudad que para elegir alcaldes o alcaldesas tiene una vista de lince.

¿Cómo no va a volver a la memoria lo del RH negativo blandido por el reverendo Arzalluz para sostener el racismo bizcaitarra, que no vasco, de Sabino Arana? De eso hace mucho tiempo, dirán los incautos. No, no. La pasada primavera la raza superior se manifestó en la tele del PNV y los de las nueces. Se dijo allí que si alguien es español o es choni, o es paleto, o es facha o quizá, interpreto, es Patxi López, esto es, un progre, pero maketo. Por eso el señor Urkullu reclama el saldo positivo de su RH, bajo la forma de pufo-kuponazo. Naturalmente, los españoles que quedamos fuera de esa corriente sanguínea nos preguntamos qué tiene, constitucionalmente, el señor Urkullu que no tengamos los demás. Pues sí, tiene una disposición. Adicional, pero disposición que llega hasta Navarra.

Finalmente, nos topamos con el nuevo Alfonso Guerra, que siempre ha guardado silencio en los temas relevantes. Por ejemplo, y con otros, ni mu en aquella disposición adicional ni más tarde, en la aprobación de un estatuto inconstitucional para Cataluña. Ahora, y bienvenido sea, considera un error que la izquierda haya regalado el concepto de España a la derecha. Ni en esto es original. Calcado de Menéndez Pidal, que, como introducción de su Historia de España, ya había subrayado el extremismo partidista de una izquierda que abandonaba "íntegra a los contrarios la fuerza de la tradición". Por cierto, los contrarios ya no lo son, porque, inspirado por la dialéctica marxista para legos, Rajoy es ya un maestro de la negación de la negación.

Santos Inocentes todos de esta España nuestra, vaya Navidad nos espera. Y sin lluvia.

El origen del mal catalán
El catalanismo es el Mal. Sí, con mayúscula.
José García Domínguez Libertad Digital  27 Noviembre 2017

Lo primero que procede hacer si se quiere resolver un problema es leer con suma atención el enunciado. Si no se obra de ese modo, se correrá el riesgo de dar con la respuesta correcta a la pregunta equivocada. Sin ir más lejos, eso es lo que le pasa al Madrid con mando en plaza cada vez que ya no le queda más remedio que sacar la cabeza de debajo del ala y mirar de frente el problema catalán. Y es que el Madrid de los despachos oficiales no ha sabido leer nunca el genuino enunciado de la querella catalana. De ahí que siempre se le ocurran soluciones para el problema que no es. Porque en Madrid creen, y desde siempre, que el problema es el separatismo. Pero resulta que el problema, el verdadero problema, no es el separatismo. El separatismo, como la fiebre y los vómitos en los pacientes aquejados de muy graves patologías orgánicas, supone apenas el síntoma externo de una afección más profunda. Virulento y estridente, sí, pero solo síntoma. Bien al contrario, el origen del mal, la fuente primera de todas las desgracias que Cataluña proyecta sobre sí misma y por extensión sobre el resto de España, remite a algo que en la capital se tiende a considerar, aun sin saber muy bien de qué se trata en realidad, como algo en el fondo inofensivo. Porque la fuente germinal del mal es el catalanismo. El catalanismo, ese peaje obligatorio que todo el mundo tiene que pagar si quiere que su presencia en la vida política de las cuatro provincias sea aceptada como legítima a ojos de las fuerzas vivas de la plaza.

A fin de cuentas, el separatismo nunca ha logrado ser mayoritario. Nunca, ahora tampoco. Sin embargo, el catalanismo constituye una indiscutida fuente doctrinal compartida no sólo por los partidos separatistas, sino por todos los demás. Un todos que incluso alcanza, si bien con acusados matices, al actual Ciudadanos y a la delegación local del Partido Popular. Y lo que de entrada conviene saber sobre esa ideología política, la del llamado catalanismo, es que es justamente eso: una ideología política. No hablamos de ningún sentimiento espontáneo, de afectos particularmente intensos y exaltados hacia el terruño. Olvídese de una vez esa confusión interesada que siempre pugnan por traer a colación los nacionalistas. El catalanismo es una ideología, la transversal, hegemónica e indiscutida hoy en Cataluña, que se asienta, y desde hace ya más de cien años, sobre dos pilares básicos. El primero, obra de Valentí Almirall, parte de distorsionar los principios conceptuales del federalismo para reformularlo hasta hacerlo del todo irreconocible. Pues pasaría a ser concebido no como lo que es, un pacto entre los individuos que son titulares de la soberanía de una nación, sino como un acuerdo suscrito por los distintos territorios donde esas personas habitan. Por los territorios, no por las personas.

Así, cuando Miquel Iceta o Xavier Domènech hablan de suscribir un "nuevo pacto" constitucional entre Cataluña y España es la jerga falsaria de Almirall lo que asoma a sus labios. El segundo rasgo nodal de esa doctrina, otra edulcorada fórmula retórica para encubrir un pensamiento profundamente antieuropeo, antiliberal y reaccionario, es la apelación al famoso "hecho diferencial". El catalanismo es en gran medida un interminable ejercicio de onanismo teórico en torno a esa obviedad de Perogrullo, la de las acusadas peculiaridades locales que todo viajero que cruce la península podrá observar a su paso. Una simpleza que, al haber sido transformada en obsesión crónica por los doctrinarios catalanistas, pone hoy en grave riesgo la aplicación de los principios del Estado liberal y democrático en ese territorio. En la medida en que esos principios se basan en la libertad de las personas y en la no interferencia de los poderes públicos para tratar determinar o condicionar su sentimiento de identidad individual. Pues en las democracias liberales de Europa, a diferencia de lo que sucede en la Cataluña actual, la única obligación de un miembro de la polis es cumplir las leyes. Cumplir las leyes, punto. En ningún caso asimilarse, integrarse, alinearse, diluirse, normalizarse o evaporarse. El catalanismo es el Mal. Sí, con mayúscula.

La Gran Invasión
Yolanda Couceiro Morín lagaceta.eu  27 Noviembre 2017

La destrucción de nuestra cultura y nuestra civilización es algo real, no elucubraciones de mentes calenturientas. En España llevamos muchos frentes abiertos a la vez, lo que llama poderosamente la atención. En muchos blogs alternativos, es decir, no pagados, financiados o simplemente servidores del Sistema, se habla incluso de una conspiración para destruirla.

La situación en Cataluña nos ha dejado perplejos y sorprendidos a una buena mayoría de españoles que hemos asistido, atónitos, cómo el Gobierno central se entretenía intercambiando cartas con el tal Puigdemont mientras éste llevaba a cabo su intentona golpista. Hablé de eso en este artículo: "El golpista sí tiene quien le escriba").

Mientras en las redes, en muchos medios y en la calle se escuchaba el clamor popular reclamando aplicar la ley y hacer justicia, el gobierno perdía el tiempo dando una oportunidad tras otra a los separatistas, esperando, tal vez, que el conflicto se resolviera por aburrimiento. La tibia aplicación de un descafeinado 155, la promesa de elecciones en diciembre, un pueblo dividido, con familias enfrentadas, fuga continua de empresas que buscan instalarse en lugares garantes con la ley, no parece ser un resultado satisfactorio para nadie. La reciente eliminación de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento no debe haber sorprendido a nadie (¿qué empresa u organismo quiere instalarse en un lugar donde no se garantiza la ley? Antes Tegucigalpa que Barcelona, estando las cosas cómo están), pero curiosamente, mientras hemos visto en las calles manifestaciones y "performances" pidiendo la libertad de "los jordis", no se ha visto ninguna pidiendo la vuelta de las empresas que ya se han ido. Da mucho que pensar sobre las prioridades del "buen pueblo de Cataluña", es decir los separatistas, que los que no lo son pueden irse a Cádiz.

En medio de todo este circo, donde los payasos le hacen la competencia a los malabaristas y los contorsionistas van de la mano de la mujer barbuda, la respuesta de la alcaldesa de Barcelona a todos estos problemas ha sido tajante, como no podía ser menos: en plena crisis por la intentona golpista, en medio del creciente deterioro de la convivencia, con la ruina económica llamando a las puertas y mil problemas más, no se le ocurre otra cosa que lanzar una campaña contra... la islamofobia!, concepto acuñado única y exclusivamente para imponer una cultura ajena a la nuestra y someter nuestra civilización, nuestras costumbres y nuestro modo de vida a la foránea. Curiosamente, la esquizofrenia manifiesta del progrerío en este tema llama la atención a cualquier observador que no tenga el cerebro lavado por la ideología: defender a la mujer, y a la vez, defender el sometimiento de la mujer, pues tal es el sentido del velo islámico.

La ciudadanía catalana está dividido entre independentistas y "españolistas", la región cae en picado en todos los terrenos, habrá una presumible pérdida de empleo por las empresas que no se instalarán en una Cataluña sin garantías legales (y quizás por las que ya se han ido), pero que lo que realmente parece importante para los políticos es, ni más ni menos, la supuesta islamofobia.

Sin embargo, hay un tema tabú que sigue siendo candente y que tanto los medios como los propios políticos se empeñan en que consideremos insignificante: la gran invasión que continúa silenciosa, pero eficaz, con la complicidad de ONGs que se frotan las manos al ver subir sus ingresos (de hecho, se ha acusado ya a muchas de ellas de colaborar con las mafias para poder traer más inmigrantes y "refugiados" a España, ya que eso se traduce en mayores ingresos par ellas), y de los medios, que siguen hablando de "pobres refugiados e inmigrantes que vienen en busca de un futuro mejor".

En lo que va de año han llegado a nuestras costas más inmigrantes que en todo 2016. Todos ellos son alojados, a todos ellos se les da una ayuda económica que no han hecho nada para merecer, se les concede atención médica y sanidad gratuita (es decir: que otros pagan), por el simple hecho de estar aquí. Muchos españoles son desalojados de sus viviendas, pero eso no parece importar a nadie. Muchos españoles no tienen ni trabajo ni ayuda mensual, y tienen que malvivir de la ayuda de sus familiares o desconocidos que, sabiendo que son tachados de fascistas y nazis, eligen ayudar a los españoles primero, pero eso no parece importar a nadie. Muchos españoles viven a las puertas de la miseria, otros ya han cruzado el umbral de la pobreza. Pero lo importante es concienciarnos de que la inexistente islamofobia es el peor problema que tenemos en España. Y en esto, los medios son más que cómplices, culpables, ya que contribuyen a manipular y estupidizar a la población con el buenismo rastrero y miserable de "ayudar a españoles es xenófobo y racista, hay que ayudar a los de fuera", del mismo modo que las ONGs.

Y mientras seguimos hablando de islamofobia, de obligarnos a ceder en nuestras costumbres porque debemos ser tolerantes y abiertos, de despejar el terreno a una ideología vestida de religión que es incompatible con todos nuestros valores (democracia, libertad, derechos, igualdad de sexos, tolerancia....), la gran invasión continúa silenciosa, pero imparable.

Pareciera que todas estas campañas, todas esta división, toda esta manipulación de la sociedad, no tienen sino un único objetivo: llevarnos como corderos al matadero de nuestra civilización y nuestra cultura. Porque aquellos con los que somos tolerantes no lo son con nosotros. Porque aquellos que presuntamente vienen en busca de un futuro mejor no se contentan con trabajar y ganarse la vida, sino que quieren buenas casas y buenas subvenciones sin hacer nada por merecerlo. Porque aquellos que presuntamente deberían protegernos cerrando las fronteras, expulsando a todos aquellos, legales o no, que no quieran integrarse en nuestra sociedad, nos llaman racistas e inventan leyes de odio para evitar que podamos defendernos de la invasión. Porque aquellos que presuntamente nos informan de lo que sucede en realidad están pagados por el sistema para contarnos una verdad a medias, o una mentira competa, manipulando términos como xenófobo, fascista, racista, al servicio de la gran invasión. Porque aquellos que presuntamente por su buen corazón corren a ayudar a los que llegan en realidad están haciendo caja con el negocio de la falsa solidaridad. Porque los que vemos la realidad como es somos pocos, estamos solos y nadie nos quiere escuchar: muchos prefieren prefieren mentiras piadosas que verdades dolorosas. Porque la Gran Invasión ya es un hecho imparable, y nadie está haciendo nada contra ella: unos la niegan, otros no quieren verla.

Europa ha dejado de ser, España ha dejado de ser. De la indiferencia a la pasividad y de ahí a la sumisión. Finalmente, seremos un pueblo sin cultura, y por tanto sin raíces, seres atomizados y dispersos, dominado por los más fuertes, no por los más tolerantes, sometido a la ideología más intolerante, no a los cantos de sirena del multiculturalismo. La Gran Invasión no está a nuestras puerta, ya ha penetrado en nuestros muros, y continúa imparable hasta que llegue el fin. Y no habremos hecho nada para evitarlo.

A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN CARULLA
La ayuda de Gallina Blanca al adoctrinamiento separatista en Cataluña
La Gaceta  25 Noviembre 2017

Premia con 100.000 euros la “catalanidad” de los alumnos de los “países catalanes”.

Los Carulla, cuyo ‘holding’ -Agrolimen- controla Affinity o Gallina Blanca ayuda al adoctrinamiento en los colegios de Cataluña a través de su fundación.

Premia la “catalanidad” con los Premios Baldiri Reixac (BR), creados en 1979 y con un presupuesto de 100.000 euros. Estos premios sirven, según señalan en su web, para “reconocer la excelencia pedagógica de los profesores y las escuelas líderes y apostar por una escuela de calidad donde el catalán es la lengua común” y “los proyectos que estimulan la transformación educativa y utilicen la lengua y la cultura catalanas”, nada de español.

A estos premios, que se distribuyen en varios grupos, pueden presentarse “profesores, alumnos, escuelas, Zonas Escolares Rurales (ZER), institutos, centros de formación de adultos, centros universitarios de formación del profesorado, escuelas de música y escuelas de educación especial, de todos los territorios de habla catalana”. Consideran “territorios de habla catalana” a Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

El plazo de presentación para los premios de este año termina el próximo 26 de enero de 2018.

Los Carulla forman parte además de la fundación de empresarios de Cataluña –FemCat-, una entidad que “quiere contribuir a que Cataluña dé un paso adelante y se convierta en uno de los países líderes social y económicamente, en Europa y en el mundo”, según señalan en su página web, y que propaga y financia el separatismo.
Adoctrinamiento en las aulas

En los últimos meses, se han multiplicado los testimonios de alumnos que han perdido el miedo al separatismo y empiezan a contar la persecución que sufren por no compartir el delirio de Puigdemont y Junqueras y querer seguir formando de este proyecto común.

Denuncian listas de alumnos no independentistas y dicen que “el día a día en la universidad es incómodo”. “Te boicotean en las clases, te gritan española…“, señalan antes de reconocer que a veces “no les apetece ir”. “Algunos de nuestros compañeros han tenido que aguantar que se les escupa, se les abuchee cuando levantan la mano… Esto es violencia y muy grave”, señalan.

Los consejos de estudiantes y varios colegios han mostrado su apoyo a los exconsejeros golpistas en prisión preventiva y hasta algunos profesores han suspendido clases pidiendo a los alumnos sumarse a las movilizaciones “en defensa de las instituciones catalanas”.

PP y CS se quedaron solos esta semana al intentar crear una nueva Agencia de la Alta Inspección Educativa para evitar el “adoctrinamiento” en las escuelas y garantizar la “igualdad”.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La inmersión del PSOE
Antonio Martín Beaumont El Semanal Digital  27 Noviembre 2017

El PSOE ha pactado con partdos soberanistas en Cataluña, Valencia o Baleares, por tener cuotas de poder. Pero ha pagado el precio de desteñir sus señas de identidad tradicionales.

La obsesión de los nacionalistas por imponer su ideología en las aulas es de sobra conocida. Claro. Lo que sorprende es que el PSOE se retrate junto a ellos en la Carrera de San Jerónimo e incluso blinde el adoctrinamiento a niños. Y lo haga, además, cayendo en los argumentos de independentistas y populistas, alertando de que peligra el pretendido pacto de Estado de la Educación o con la amenaza de una suerte de "policía política" que "recentralice" los colegios.

El hecho cierto es que, al no haber contado esta pasada semana con el apoyo de la bancada de Pedro Sánchez, las iniciativas de C´s y del PP no podrán seguir su tramitación parlamentaria a favor de reforzar la Alta Inspección Educativa. Las cosas han ido de mal en peor en Cataluña.

Desde Maragall
Lejos de dar marcha atrás en los excesos del pujolismo y sus herederos, las etapas de poder socialista de Pasqual Maragall y de José Montilla al frente de la Generalitat sólo sirvieron para potenciar la inmersión lingüística, llegando incluso a facultar a su cuerpo de inspectores para castigar el uso del castellano.

Han pactado en Cataluña con ERC y PdeCAT, en Baleares con Més y Podemos y en Valencia con Compromís

Esa dinámica de regresión de lo español en la comunidad autónoma ahondó en un despropósito que llevó al votante castellanohablante a dar la espalda al PSC y a fijar la mirada, precisamente, en Albert Rivera.

Desdibujado
Tradicionalmente, y en pura lógica, los españoles retiran su confianza a quienes les engañan una y otra vez. El salto de Ciudadanos, de ser un partido minoritario y azote del independentismo a convertirse en el principal partido de la Oposición y alternativa en Cataluña, ha forzado al propio Pedro Sánchez a intentar echar por tierra la posibilidad de que Inés Arrimadas pueda ponerse al frente del Govern. ¡A buenas horas!

Cada ataque, por cierto, suele ser celebrado por los dirigentes de C´s, que ven a los socialistas intentando estar en la procesión y repicando: además de carecer de un mensaje político coherente, desconocen cómo hacer frente a los bocados de los naranjas.

¿Ante qué estamos? Básicamente, ante un PSOE empeñado en chocar contra sus prejuicios y en mermar sus propias posibilidades en las urnas. Los socialistas han pactado en consistorios de Cataluña con ERC y PdeCAT, en el Gobierno de Baleares con Més y Podemos o en el de la Comunidad Valenciana con Compromís.

Todos ellos con aspiraciones soberanistas en sus respectivos territorios. ¿A qué precio? A costa de teñir de nacionalismo sus señas de identidad tradicionales. En efecto: el PSOE ha pagado un carísimo precio electoral.

Rubalcaba quiere ‘dinamitar’ la Constitución
Pablo Sebastián republica  27 Noviembre 2017

No parece que sea Alfredo Pérez Rubalcaba (y menos aún su pomposo y ‘sospechoso’ amigo Santiago Muñoz Machado) la persona más adecuada para hablar de la crisis económica, política e institucional de España como lo hizo el pasado lunes en un artículo publicado en el diario El País y titulado ‘Tan difícil como necesaria’, sobre la pretendida reforma de la Constitución. De la que tanto habla Pedro Sánchez desde el PSOE con motivo del desafío catalán y su fallida y chapucera declaración de independencia.

Sobre la crisis política, económica y territorial escribe Rubalcaba, quien fue el ministro más influyente -y ‘maquiavélico’- de los gobiernos del asombroso Presidente José Luís Rodríguez Zapatero del que conviene recordar los méritos destructivos (incluso en el PSOE, al que llevó al desastre electoral) que no tienen parangón en la Historia de España y los años de la Transición.

Un tiempo extraordinario cuyo principal logro político que fue el pacto por la ‘reconciliación nacional’ que liquidó Zapatero con su ‘Memoria Histórica’, lo que además constituía un serio reproche a los gobiernos de Felipe González (donde también estuvo Rubalcaba) y al histórico PCE de Santiago Carrillo.

En la economía Zapatero negó, desde 2008 hasta mediados de 2010, la existencia de la crisis económica internacional y española lo que causó a nuestro país daños irreparables. Y que le vamos a decir a Rubalcaba sobre la actuación de Zapatero en el plano territorial, empezando por la Cataluña de Maragall -embaucado por ERC- y su reforma del Estatuto catalán que hubo que ‘cepillar’ en Madrid para volverlo a aprobar bajo el mando de José Montilla ¡también con ERC! quien alumbró otro Estatuto inconstitucional que Zapatero refrendó en Madrid tras calificar la nación española de “discutida y discutible”.

Ya sabemos que Felipe González en 1993 y José María Aznar en 1996 se doblegaron ante Jordi Pujol, en lugar de respetar sus respectivas -en el tiempo- mayorías minoritarias. Pero lo de Zapatero fue la negación de la soberanía nacional y la apertura del portón al nacionalismo secesionista camino de la declaración de independencia de Cataluña que llegó el 27 de octubre, creando una inercia en la que, con apoyo de Rajoy y Sánchez, sacó tajada el nacionalismo vasco con el nuevo cupo de su concierto fiscal.

Y ahora viene Rubalcaba a decir que hay que reformar ¡todos los estatutos! de las Autonomías de España (Pablo Iglesias quiere que en todas se puedan celebrar referéndums de autodeterminación) para dar más poder y control a los gobiernos regionales al margen del Estado, camino de un modelo más bien Confederal al que Rubalcaba dice que no se le debe llamar Federal y al que Sánchez califica de “plurinacional”.

La reforma constitucional de Rubalcaba, en la que incluye alguna demanda social como latiguillos en la Carta Magna, donde Zapatero (otra genialidad) ya aportó la que fue su ‘reforma exprés’ del artículo 135 de la Constitución, constituye una pésima propuesta que tiene como principal objetivo el dar a Cataluña y a Euskadi nuevas compensaciones en el peor momento posible para España.

Porque semejante pérdida de la soberanía nacional (en vez de lograr mayor control de la Educación, la Justicia y las finanzas autonómicas) se presenta como reconocimiento de culpa o rendición del Estado ante el nacionalismo vasco y catalán, así como una flagrante discriminación e insolidaria para el resto de las Autonomías España.

La única reforma importante que hay que hacer de la Constitución es la que debe garantizar una verdadera separación de los ‘cinco’ poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Prensa y Poder Económico) porque en este país no hay separación real de poderes sino solo de sus ‘funciones’.

Y porque la promiscuidad entre los poderes político, mediático y económico es hoy día un cáncer estatal que invade, ofreciendo plena impunidad (de ahí la corrupción) al gobernante de turno y la total acumulación de los poderes del Estado en sus solas manos. Lo que les garantizó a PSOE y PP una larga estancia en el poder que solo perdían por sus propios errores.

Este modelo español de ‘acumulación de poderes’ se transfirió y clonó en el ámbito autonómico creándose regímenes clientelistas, como en Andalucía, y virreinatos en el País Vasco y sobre todo Cataluña donde la amalgama de los poderes político (con especial énfasis en la Educación), económico y el mediático funcionaron al unísono impregnados por el veneno nacionalista en pos del secesionismo que lideraba -con el disfraz de ‘los sentimientos’- el poder económico y financiero catalán, y que se jaleaba desde el populismo de la izquierda que ahora lidera ERC, tras haber contaminado y destruido a CiU y al PSC.

La reforma de la Constitución debe conducir a más Democracia y a menos descentralización territorial. Lo contrario de lo que propone Rubalcaba tras el demencial y catastrófico desafío catalán.

El 155 ha devuelto la legalidad democrática a Cataluña
Editorial larazon  27 Noviembre 2017

Hace un mes, el Parlament votaba la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Fue un momento extraño, impropio del país que recobra su libertad, tal y como anunciaban sus promotores y «restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada». El gobierno promotor del golpe apenas tenía fuerzas para aplaudir. De esta manera, se constituía la «República catalana, como Estado independiente y soberano», e instaba a la comunidad internacional y a la Unión Europea a intervenir contra lo que consideraba una «violación de derechos civiles y políticos». Finalmente, también instaba al gobierno de la Generalitat a «adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia». La mentira siempre tiene poco recorrido: ningún Estado del mundo, ni la UE reconoció a la república catalana. Ahora sabemos que Puigdemont renuncia del europeísmo.

La aprobación se produjo a las 15:27 del pasado viernes 27 de septiembre, con apenas 70 votos de un total de 135 diputados, mientras la oposición constitucionalista abandonaba la Cámara, una rotunda imagen de la fractura política y social de Cataluña y la marginalidad a la que la nueva república estaba condenada. A las 19:11 horas, el BOE publicaba el acuerdo del Senado que avalaba al Gobierno para la aplicación de medidas al amparo del artículo 155. A las 20:29, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la puesta en marcha del 155, el cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros y la convocatoria de elecciones para el día 21 de diciembre. Antes de la medianoche, la plaza de Sant Jaume, donde se había celebrado la «fiesta de la proclamación de la República», estaba casi vacía, sin siquiera poder asistir al momento en el que la bandera española era arriada del Palau de la Generalitat. Esa misma noche, Puigdemont había dormido al otro lado de los Pirineos y su gobierno había desaparecido y era incapaz de poner en marcha las «estructuras de Estado» que llevaban preparando desde hace años.

El 155 no sólo no fue una medida extraordinaria, sino que resultó ser necesaria para llenar el inmenso vacío institucional dejado por un partida de políticos irresponsables dispuestos a llevar al desastre a toda una sociedad. El artículo 155 no es la suspensión de la autonomía, como propagaban los publicistas del nacionalismo, sino preservarla de una minoría que había secuestrado las instituciones de la Generalitat para ponerlas al servicio de un proyecto de secesión, como ahora se ha podido comprobar en la documentación aportada a la denuncia contra el referéndum del 1-O. «Las medidas propuestas en el marco de este procedimiento se plantean de forma garantista, persiguiendo en todo caso asegurar derechos y no restringir libertades, y respondiendo en todo caso a cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes», decía el acuerdo del Consejo de Ministros. Los cuatro aspectos citados estaban en peligro; es más, los líderes de la Generalitat habían dado reiteradas muestra de su incumplimiento. Ningún derecho ha sido conculcado, además de desbloquearse una situación política y social descontrolada: más de dos mil empresas habían trasladado su domicilio social fuera de Cataluña y el independentismo se había adueñado de la calle, impidiendo el ejercicio de la oposición a los partidos constitucionalistas y a los ciudadanos contrarios a la secesión.

A lo largo de este mes se ha restablecido la ley de acuerdo con el artículo 71 del Estatuto de Autonomía, de manera que la Generalitat «continúa funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estado y su normativa reguladora atribuye a la Generalitat», según acordó el Gobierno. Por otra parte, se ha puesto coto a la acción ilegal de la administración independentista. El acceso a las conversaciones de los dirigentes separatistas realizadas desde sus despachos oficiales subvirtiendo abiertamente la legalidad son alarmantes, pero más bochornosas si cabe son aquellas en las que reconocen que la independencia y las plazos marcados eran inviables. Admitían que era una aventura sin salida, pero decidieron continuar la mentira. La Justicia ha actuado y el Gobierno ha reconducido una situación política que, según los planes de la Generalitat, estaba abocada al enfrentamiento civil y a provocar del Estado una respuesta que alimentara su victimismo sin límite. Es la hora de que el constitucionalismo pueda expresarse libremente y que Cataluña no sea un patrimonio exclusivo del nacionalismo.

¿ Legalidad democrática ?
Nota del Editor  27 Noviembre 2017

Eso de legalidad democrática tiene poco sentido. Y afirmar que la legalidad democrática ha sido devuelta a Cataluña, aún menos. Cualquier español hablante demuestra sobre la marcha que la legalidad no se cumple en Cataluña. Cualquier ciudadano español demuestra sobre la marcha que la democracia no existe en absoluto en Cataluña y poco en el resto de lo que queda de España.

Cataluña: paradójico o 'parajódico'
INOCENCIO F. ARIAS El Mundo  27 Noviembre 2017

Los que por nuestras raíces tenemos un montón de paisanos charnegos, gente residente en Cataluña, hemos oído frecuentemente que en las escuelas catalanas se adoctrina, se subraya la conveniencia de la separación de España, se tergiversa, en consecuencia, la historia, ocultando todo lo que tenemos en común. Que muchas instituciones docentes son, por lo tanto, una fábrica de separatistas produciendo cada año una cosecha que no para de crecer y que ya ha contribuido decisivamente a dividir a Cataluña con unos resultados de difícil cura en una generación.

Pasma un poco, entonces, que todo un ministro de Educación, persona con la cabeza bien amueblada, manifieste que no ve que haya un conflicto educativo en Cataluña. ¿Quienes son sus asesores? ¿Se aferran por la delicadeza del momento del 155 a minimizar el problema ignorando el hecho grave de la intoxicación contumaz que reciben los estudiantes?

No hace falta recurrir a ejemplos (¿aislados?) de estas fechas("la Guardia Civil es mala, pega y ha matado a una persona", etc...), ni tampoco al atropello por las autoridades catalanas de las sentencias lingüísticas emanadas de altos tribunales. Es, en palabras de José Antonio Marina, "el adoctrinamiento global y difuso de una sociedad polarizada". El filósofo afirma que "se utiliza una visión sesgada...de la Historia y me escandaliza que historiadores catalanes no hayan protestado". Abunda en la idea el historiador Henry Kamen, residente en Barcelona, cuando escribe que "la Historia descrita está sujeta a las normas impuestas por la Generalitat", para concluir con un inquietante interrogante: "¿Será posible establecer una Historia de Cataluña no sesgada?".

Pues, probablemente, no se podrá. No sólo por la dificultad del asunto, sino por la aparente complacencia del Ministerio del ramo. Sin embargo, la cuestión para el futuro de España tiene un grave calado. Como dice el cardenal Fernando Sebastián, que fue obispo durante 15 años en tres diócesis catalanas y que ama a esa tierra, hay muchos catalanes convencidos de que deben separarse de España: se lo han enseñado durante tres décadas.

El prelado expresa lo sabido: en Cataluña la educación y los medios de comunicación están dirigidos y manipulados desde el poder autonómico. Ésta es la madre del cordero, lo que nos lleva a la otra pata del mismo: los medios de comunicación. No me detengo en el servilismo de la televisión catalana hacia los prebostes independentistas, a la hispanofobia contumaz que destila, ni al dinero regado por la Generalitat en otros medios. Quiero hablar de algo menos difundido, de la ingenuidad de sectores del Gobierno de la nación en lo tocante al comportamiento y alcance de la prensa extranjera en el seguimiento de la cuestión catalana y la eventual reacción de los Gobiernos extranjeros si el tema se pudriera.

Hasta ahora, la actitud de esos gobiernos es abrumadoramente impecable. El equipo de Rajoy ha hecho diplomáticamente los deberes. Él, ministros y embajadas han trabajado a fondo, y han explicado a los dirigentes mundiales que los actuales mandamases catalanes han violado reiterada y groseramente la Constitución de un Estado democrático. Los tribunales, entonces, han actuado.

Ese frente está por el momento bien cubierto. El informativo, no. Claramente, no. Algún alto cargo de La Moncloa ha apuntado que a él sólo le preocupaban los editoriales de la prensa extranjera y que éstos eran bastante razonables y sensatos. ¡Qué candidez! Hay ciertamente editoriales -Le Monde, Financial Times, Washington Post y alguno más- claramente objetivos. Ahora bien, ¿qué peso tiene un editorial frente a crónicas, titulares, chistes, comentarios en televisión o internet que se mueven en terreno ambiguo o que propalan destacadamente las tesis independentistas? Muy leve.

En las redes sociales, las tesis españolas han perdido por goleada. De un lado, los independentistas han sido muy activos difundiendo bulos e imágenes truculentas que no correspondían a los acontecimientos. De otro, han tenido unos aliados poderosos por omnipresentes en este tablero, no sólo el oportunista de Assange sino la legión de hackers rusos que el Kremlim parece haber adiestrado para fragilizar a cualquier país occidental, España incluida. Cualquiera que navegue en internet ha obtenido la impresión de que la Policía española machacaba a pacíficos ciudadanos que "sólo querían votar".

El Gobierno tiene así una difícil asignatura pendiente: neutralizar en internet a los intoxicadores, independentistas o compañeros de viaje putinescos. Que el comisario de Derechos Humanos de la ONU exigiera que el Gobierno español realizara una investigación "amplia e imparcial" de la actuación policial del 1 de octubre resulta indicativo. Que el alto funcionario no la pidiera cuando la Policía alemana dispersó, con inevitable contundencia, a embravecidos manifestantes en Hamburgo en julio durante la Cumbre del G-20, produciéndose, allí sí, centenares de heridos entre agentes y manifestantes, muestra que la ONU puede otra vez estar en la inopia pero, en todo caso, debió ser bombardeada con miles de mensajes de internet y con fotos tremendistas.

Más previsible, y parcialmente remediable por nuestras autoridades, era cultivar a los medios de información clásicos y no magnificar la importancia de los editoriales. El Financial Times, tenido por muy serio, inserta un editorial razonable pero queda ampliamente rebasado por frecuentes titulares en el mismo que podrían estar redactados por el mentiroso Puigdemont: "Los separatistas catalanes se quejan de la falta de apoyo de la Unión Europea"; "Júbilo en Cataluña con la declaración de independencia". No están inventando: una parte de Cataluña se alegró con la declaración unilateral de independencia (DUI), pero recalcar abundantemente eso, pasar frecuentemente por alto que los separatistas estaban realizando algo que en Gran Bretaña sería considerado lisa y llanamente un golpe de Estado y poner el énfasis en las "brutales cargas policiales" -unas cargas no más violentas que las que se producen en cualquier país democrático contra alguien que impide la actuación de la Policía- deja una equívoca impresión en el lector. Iniciar crónicas con la frase de un independentista -"mucha sangre se ha derramado por la independencia de Cataluña"- y reproducir sistemáticamente más citas de separatistas que de catalanes que no lo son o que de dirigentes del Gobierno, del PSOE o de Ciudadanos, no resulta imparcial sino sesgado.

Abundantes medios no cuestionan afirmaciones disparatadas propaladas por los separatistas. Por ejemplo, que el Gobierno de Madrid recuerda el comportamiento de Franco. Además, aceptan como normal la votación del 1 de octubre, una consulta que en sus propios países sería calificada de patética y chapucera. También sancionan las cuestionables cifras de participación en esa votación y se tragan la trola de que hubo 900 heridos.

El Gobierno se puso hace pocos meses a estudiar seriamente la asignatura de la prensa extranjera. Lo malo es que dirigentes de la Generalitat lo vienen haciendo con celo desde hace casi una década con muchos recursos de todo tipo, no sólo los económicos a través de lobbies, sino los del mimo o la atención personalizada de los corresponsales.

Ello explica que un periódico tan sesudo y prestigiado como el New York Times haya publicado artículos ambiguos en los que no aparece claramente que el Gobierno y los constitucionalistas están luchando contra una ruptura ilegal de nuestra nación. Esto en el diario estrella de un país que se embarcó, con el venerado Lincoln, en una guerra civil, con centenares de miles de muertos, para evitar precisamente una secesión. Lo que resulta, más que el comentario del ministro o el inefable sobre los editoriales, no sólo paradójico sino parajódico.

Inocencio F. Arias es diplomático y escritor.

La izquierda reaccionaria, contra Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital  27 Noviembre 2017

Catalunya en Comú-Podem, la coalición que agrupa a los adeptos de Pablo Iglesias y Ada Colau de cara a los comicios autonómicos catalanes del 21-D, ya ha adelantado las líneas maestras de su programa electoral, que promete ser un auténtico aquelarre regresivo. A falta de que este lunes se concreten las medidas que los antisistema pretenden implantar en Cataluña en caso de llegar a la Generalidad, su candidato, Xavier Domènech, ha dado ya unas cuantas pistas de por dónde van a ir los tiros.

De la nueva ofensiva ultraizquierdista contra el progreso y las libertades, cabe destacar su llamamiento al cierre de las centrales nucleares y la inquina contra el Barcelona Mobile World, al que se pretende echar el cierre. En cuanto a lo primero, la coalición de Iglesias y Colau se alinea con las posturas más reaccionarias y antieconómicas de la extrema izquierda europea. Su apuesta por las renovables, que necesitan de abundantes subvenciones públicas para subsistir y que son tremendamente incapaces de procurar unos niveles decentes de energía, supondría la subida de la factura de la luz hasta límites prohibitivos y el refuerzo del uso del carbón, algo que se compadece ciertamente muy poco con el fanatismo calentólogo que abandera la izquierda pero que casa perfectamente con su conchabeo con los denominados sindicatos mayoritarios, verdaderas rémoras que no dejan pasar una oportunidad de atentar contra el bienestar de los trabajadores españoles.

En cuanto a la referida feria tecnológica, es una de las más importantes del mundo en su sector y tiene un impacto directo valorado en 500 millones de euros. Normal que nulidades como Colau y Domènech, incapaces de aportar nada positivo a la sociedad que los mantiene, y que viven de excitar las más zafias pasiones y el resentimiento, le hayan puesto la proa.

Ada Colau y Xavier Domènech son figuras paradigmáticas de la izquierda reaccionaria, enemiga jurada de la democracia liberal, sistema que los desnuda y retrata como lo que son, fanáticos de una incompetencia feroz que se venden por muchísimo más de lo que valen. Las sociedades modernas, complejas, a las que deben absolutamente todo y que nada les deben, los sobrepasan. Son políticos ya no sólo incapaces sino indeseables, que están haciendo un tremendo daño a Barcelona y a Cataluña. Ojalá los votantes les traten como se merecen el próximo 21 de diciembre.

‘ODIO A ESPAÑA’
El supremacismo, la ideología del separatismo
Agustín Benito gaceta.es 27 Noviembre 2017

Los secesionistas insultan a España y a los españoles de forma constante con una pretensión de superioridad que nos retrotrae a épocas negras de la Historia. Han actuado como si con solo tomar Cataluña como suya para imponer el delirio fuera suficiente.

Las muestras de “racismo” han sido continuas en las últimas semanas -y años-. Desde las proclamas de “Cataluña siempre será nuestra” o los apellidos catalanes en las listas electorales -mientras los apellidos más frecuentes en la región son, como en el resto de España, García, Sánchez o López, la lista de Junts per Catalunya que encabeza el expresidente Carles Puigdemont está llena de “Ponsatis”, “Turulles” o “Rulles”-.

Societat Civil Catalana ha rescatado una intervención de la productora de cine Isona Passola –durante la manifestación del 11 de noviembre para pedir la liberación de los exconsejeros golpistas en prisión provisional por un delito de rebelión- con el objetivo de denunciar este fenómeno.

Passola aseguró que “no se puede encarcelar a los pájaros libres”. “Volaréis. Volaremos. Nos apartaremos de toda esta miseria mental, social, política y cultural que es el Estado español”, afirmó.

La grabación tuvo lugar antes de comentario de expresidenta del Parlament de Cataluña Núria de Gispert contra Inés Arrimadas. Instó a la líder de Ciudadanos a “volver a Cádiz”, la provincia donde nació, si rechazaba el proceso separatista. La propia candidata de la formación naranja a la presidencia de la Generalitat aseveró que el tuit era “otra muestra de nacionalismo excluyente”. “Me quiere echar de Cataluña por mis ideas. El 21-D tenemos la oportunidad de ganarles y gobernar de otra manera”, añadió.

“Vuelve a Miami, estabas muy bien”. Esta fue su respuesta en 2015 tras compartir la dirigente socialista Carme Chacón una imagen de Artur Mas sólo en la Cámara autonómica catalana. Antes, De Gispert se negó a vetar en el Parlament expresiones como el “España nos roba”.

Duran i Lleida, exdirigente de Unió que votará al PSC el 21-D y que ahora reniega del ‘procés’, aseguró en 2011 que mientras los payeses catalanes no podían recoger la fruta por los bajos precios, “en otros sitios de España, con lo que damos nosotros de aportación conjunta al Estado, reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo”. Las declaraciones fueron aplaudidas por todo el secesionismo en bloque.

‘Un solo pueblo’
Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, y Carme Forcadell se llevan la palma. El pasado mes de octubre, Rufián cuestionó la multitudinaria manifestación en Barcelona contra el golpe de Estado y por la unidad de España, y atacó a la “mayoría silenciosa catalana”.

Forcadell aseguró en que “el PP y CS no formaban parte del pueblo catalán”. “Nuestro adversario es el estado español. Debemos tenerlo muy claro. Y los partidos españoles que hay en Cataluña, como Ciudadanos y el Partido Popular. No se debería llamarse Partido Popular de Cataluña sino Partido Popular en Cataluña. Por tanto, estos son nuestros adversarios, el resto es el pueblo catalán y el resto somos los que conseguiremos la independencia”, dijo en 2014, cuando era la máxima dirigente de la Asamblea Nacional Catalana.

EN EL FEUDO DEL SECESIONISMO
Españolistas en Girona: "Nosotros sí que vivimos en una dictadura"
Los partidarios del unionismo viven con crispación con el resto de sus vecinos, la mayoría proindependentistas. Muchos no sacan sus banderas por miedo, pero ya están hartos
María Zuil. Girona elconfidencial  27 Noviembre 2017

En Girona, los que no quieren romper con el resto del país lo dicen bajito. Para que no afecte a sus comercios, a sus empleos, a sus clases, a su entorno. Allí, sacar una bandera de España es una osadía, porque en la cuna del secesionismo, los unionistas aseguran que son ellos los que se sienten oprimidos.

Pero este domingo han salido a gritar vivas a España y “Puigdemont a prisión” por las mismas calles que vieron crecer al 'expresident' de la Generalitat. “Estamos hartos, a nosotros también queremos que se nos escuche”, se quejan ataviados con el rojo y amarillo de rojigualdas y señeras. “Somos catalanes y españoles”, reivindican.

La bandera que lleva María José ha tenido que lavarla dos veces. La primera cuando la compró, y la segunda cuando fue a recogerla del tendedero porque estaba impregnada de huevo, cáscaras y papeles que le habían tirado sus vecinos por el patio. “Lo que peor llevo es que el independentismo acapare a las instituciones. A mí, mi enfermera me llamó para recordarme que tenía que votar ‘para hacer país’ y me he salido del gremio de Carpinteros porque nos dijeron que teníamos que poner pegatinas de los presos y de 'Democracia' en nuestros comercios”, asegura esta catalana de Manresa que lleva un negocio de carpintería.

A Jorge, de La Bisbal d’Empordà, también le han amenazado por tener una bandera española en su balcón, y a Paco le han escupido por llevar la rojigualda como una capa por las calles de Girona. Durante la manifestación la lucen sin miedo, ante la mirada atónita de muchos vecinos, que agitan sus esteladas desde los balcones, les hacen fotos o les increpan diciendo que “no son catalanes”.

A Raquel la llaman “la españolista” en Blanes, en la costa gerundense. “Hoy mismo, cuando hemos entrado a tomar un café antes de venir aquí, nos han mirado con asco, se han levantado y se han ido. Y tú te sientes mal también”, asegura. Raquel ya no se habla con su hermana por el tema, y en el supermercado en el que trabaja los han instando a no hablar de política “ni con los clientes ni entre nosotros”.

Sin representación política
Girona fue la demarcación con más participación en el referéndum del 1 de octubre: un 53% con un 95% de síes. En la capital fue alcalde Puigdemont hasta suceder a Artur Mas al frente de la Generalitat. Pero no todos los vecinos le tienen aprecio: “Estoy indignado de que esté en Bruselas, porque cualquier ciudadano tiene que cumplir la ley y él no”, protesta José mientras sostiene un cartel dedicado al 'expresident' donde le avisa: "Siempre te hemos estimado, pero no te llevaremos tabaco, ni pan con tomate a Soto del Real, sino un kilo de coles, que es más barato". “Lo único bueno de esto es que ya puedes sacar la bandera sin que te llamen facha ni que parezca que estás a favor del Gobierno central”, añade mientras suena 'Amigos para siempre'.

En el feudo del secesionismo, los unionistas apenas tienen representación. De hecho, la manifestación, organizada por un grupo de amigos de Girona, no ha sido respaldada por ningún partido político, tampoco por Sociedad Civil Catalana porque no podían garantizar su éxito. Creció primero en WhatsApp y, cuando alcanzaron el límite de 250 participantes, se trasladó a Facebook. María Vázquez es una de los organizadores, que resume sus porqués en su discurso en la plaza del ayuntamiento: “Cuando era pequeña y hablaba con mi mejor amiga por teléfono, teníamos que cambiar al catalán si su madre estaba cerca. Luego supe que no le gustaba que fuera su amiga porque yo era ‘castellana”, cuenta a una marea roja y amarilla rodeada de balcones con esteladas y un cartel de 'Libertad presos políticos' que cuelga del consistorio. Ya abajo, esta hija de andaluces confiesa que no se ha sentido catalana hasta ahora: “Siempre nos han hecho sentir como catalanes de segunda, y ya es hora de reivindicarnos”.

Muchos de los que están hoy aquí fueron también a las manifestaciones unionistas de Barcelona, aunque aseguran que antes de esto, apenas se habían significado políticamente. Ahora no quieren “lecciones de catalanidad” y salen a la calle porque el 'procés' ha afectado a su entorno. En los últimos dos años, la convivencia es más complicada en zonas donde prevalece el independentismo como esta. “En el trabajo, el porcentaje de los que pensamos así es el mismo que en la calle, lo que pasa es que solo se oye una voz, y la otra acepta”, considera Raúl, que es funcionario de la Generalitat. “No puedes poner ciertas cosas en Instagram porque te increpan”, explica Julia, que aún va al instituto. “En clase, por ejemplo, votamos si hacíamos o no la huelga, y, claro, acabas votando que sí aunque no estés de acuerdo porque si no fastidias al resto de la clase…”, comenta su hermana Laura.

Alguno ya se está planteando qué hará si la secesión sigue adelante: “Yo soy catalana y estoy pensando en irme de aquí porque quiero vivir como antes, no me gusta que me señalen y me llamen ‘facha”, explica Antonia. “Nos dicen que nos vayamos de aquí, ¡pero si soy catalán!, ¿adónde me voy a ir?”, se pregunta Jordi. “Llevo 55 años en Cataluña, hablo perfectamente catalán y toda mi familia es de aquí. Nadie tiene derecho a quitarme mis ideas, ni mi pensión”, se queja Juan, que ha acudido a la manifestación con sus nietos: “Esto sí es una dictadura”.

En el Ayuntamiento de Girona, Ciudadanos solo tiene dos concejales, pero aquí muchos cambiarán su voto de cara a las autonómicas del 21-D. “Son los únicos coherentes”, señala Patricia, una socialista que se pasa al partido de Arrimadas. Otros ven el futuro con pesimismo: “Al final, ellos [los partidos por la independencia] se unirán, da igual lo que votemos”, comenta otro manifestante.

Lo cierto es que la mayoría silenciosa carece de la movilización y organización de la que goza el independentismo. Según la organización, han llegado a juntar a 10.000 personas, cifra que la policía municipal reduce a 2.000. Lo cierto es que al final del recorrido solo unos pocos centenares mantienen la fiesta que, lánguidamente, se dispersa para volver a guardar sus banderas de puertas adentro.


 


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