AGLI Recortes de Prensa   Jueves 30 Noviembre 2017

La España enferma
Rafael Bardají gaceta.es  30 Noviembre 2017

Hay un refrán español que dice que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. El problema es que los españoles, en aras de alcanzar esa ansiada felicidad, nos hemos abrazado no a la desmemoria, sino el Alzheimer, con consecuencias fatales. La primera, no saber quiénes somos. Desde 1975, ó 77 ó 78, según se mire, nos hemos definido por lo que no éramos (dejábamos de ser el pasado), pero no por lo que queríamos ser. Miento, para algunos lo que tendríamos que ser no sólo era romper tajantemente con el pasado, sino también diluirnos como pueblo y nación en Europa. Para el socialismo, España siempre ha sido el problema y la UE la solución. Y para el remedio tibio de la derecha del PP, tanto la bandera azul estrellada como el “Himno de la Alegría” valían si con eso se quitaban el sanbenito de franquistas. Los más modernos han acuñado el concepto de patriotismo constitucionalista como columna vertebral de nuestro ser y devenir, pero ese es un descubrimiento tan tardío como banal: España no se puede medir por su constitución. Más bien al contrario.

El llamado régimen del 78, a pesar de todas las libertades y licencias que trajo para los españoles, se ha acabado revelando, en realidad, como un régimen anti-España. Toda nación se basa en tres pilares: sus fronteras, su lengua y su cultura. Pero los herederos de los padres de la Constitución española han defendido todo lo contrario. La apertura a Europa se ha hecho acompañar de la apertura a todo el mundo, de tal manera que en la actualidad lo único que diferencia a un español de un extranjero, es que los españoles somos quienes pagamos los impuestos con los que viven ellos. El mero pensamiento de que los nacionales deben gozar de unos privilegios sobre quienes no lo son, sólo genera insultos y marginación. Borrar la frontera de los Pirineos le ha costado a España difuminar todas sus fronteras. Que antisistemas y Podemos crean que eso es justo y necesario es lógico, ya que para todos ellos España es una aberración (con particular saña en los izquierdistas de origen argentino, añado); que ese salvador del socialismo personificado en Josep Borrel denueste del nacionalismo catalán enarbolando la bandera de la UE, pero no la española, es sintomático de una izquierda globalista e intelectual; pero que el PP asuma, como confesó Mariano Rajoy ante las cámaras, que las fronteras no importan, es expresión de una grave enfermedad, la falta de entendimiento y creencia de lo que es nuestra nación.

El régimen de las autonomías, del que tan orgullosos se muestran todos nuestros dirigentes políticos por igual, ha supuesto un mazazo para nuestra lengua común, el castellano. Ahora sabemos cómo con el silencio cómplice de los gobiernos de Madrid, Cataluña ha llevado a cabo una limpieza lingüística sin piedad, generando un modelo para otras comunidades como Baleares o Valencia, con el objetivo de que acaben renegando de lo español. En una nación pueden convivir muchas lenguas, pero sólo una puede gozar de la oficialidad en todo su territorio. Y esa oficialidad tiene que plasmarse en la realidad del día a día. La separación lingüística es una división cultural. No creo necesario traer a colación la historia bíblica de la Torre de Babel y la separación de los pueblos.

El contrato social del régimen del 78 nunca giró sobre la reconstitución de la nación sobre unas bases democráticas. En realidad, fue una entente entre un sistema institucional basado en la centralidad exclusiva y excluyente de los partidos políticos (y entidades asociadas, desde sindicatos a fundaciones) y una promesa de creciente prosperidad para los ciudadanos de a pie. Todo bajo el manto pseudo-ideológico de la modernidad. Ser moderno era lo que se llevaba, ser español equivalía a ser facha. De ahí la desaparición de la bandera nacional (hasta hace poco más de un mes), del orgullo de ser español (salvo para las efemérides del deporte) y del reconocimiento a la rica y educativa Historia de España.

Se vendió la nación por un plato desestructurado de lentejas. Pero el materialismo a ultranza produce tanto o más monstruos que la razón. España ha compartido con el resto de naciones del mundo occidental, las raíces judeo-cristianas, pero no la ética protestante del trabajo. Y la España del régimen del 78, la de la supuesta modernidad, en lugar de modernizar el terreno laboral, más allá de lo puramente tecnológico, ahondó más si cabe en la renuncia al esfuerzo y al sacrificio como elementos de la realización de la persona. Para el socialismo lo que importaba era enriquecerse rápidamente a través de pelotazos (Carlos Solchaga dixit) o andar colocados todo el día (según pregonaba el alcalde Tierno Galván). Que vinieran emigrantes a realizar tareas que supuestamente los españoles no queríamos hacer, era una seña de superioridad, aparentemente. El Partido Popular, circunspecto en lo tocante a la guerra cultural con la izquierda, ha callado todos estos años mientras muchos de sus cabezas visibles se enriquecían ilegalmente. Como tantos en el resto de partidos, porque si algo ha traído la partitocracia ha sido el sentimiento de impunidad de los militantes en cargos públicos y las autonomías más reinos de taifas para la corrupción.

Ese progreso y modernidad reducidos a la creciente renta per cápita ha llevado a errores tan garrafales como los de Rajoy y sus adláteres de creer que la cuestión catalana se reducía a los ceros a poner en un cheque. Pero hete aquí que no todo es la economía, estúpido (por cambiar la frase de Bill Clinton). Es la cultura lo importante, pero no como se concibe aquí, mera acumulación del saber, sino como el conjunto de valores, creencias, tradiciones, usos y normas que definen una civilización. En este caso, la nuestra.

Precisamente es en este terreno donde se manifiesta con fuerza la segunda gran consecuencia de la desmemoria del español: haber perdido la perspectiva y la noción de lo que es normal y lo que no lo es. Por ejemplo, en estos días que los medios de comunicación se regodean morbosamente con el juicio de la “manada”. Toda gira en saber si la chica consintió o fue forzada y, por tanto, violada. ¿Pero es eso lo importante más allá de lo meramente procesal y penal? ¿es que no nos llama poderosamente la atención y nos disgusta profundamente que cinco hombres hechos y derechos, dos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, se pongan de acuerdo en ir de viaje y fiesta con el único objetivo de compartir a una muchacha y usarla como un pedazo de carne con orificios? ¿Es esto la nueva normalidad sexual? Sólo un país profundamente amoral puede quedarse frío ante un comportamiento patológico y que causa tanto daño.

Segundo ejemplo, mucho más tonto, pero igualmente revelador. Puigdemont, personaje huido y en manifiesta rebeldía contra España, tiene derecho a cobrar una pensión como expresidente autonómico en torno a los 90 mil euros de las arcas del Estado, esto es, de su bolsillo y del mío. Con sólo reconocer que acata el artículo 155. ¿Puede haber un disparate semejante por muy legal que sea según Hacienda? No es por utilizar la expresión de Pablo Iglesias II, pero si las elites políticas españolas no son una casta aparte, con todo un sistema de protección de sus privilegios, desde luego parecen creérselo.

Un tercer y último ejemplo: El orgullo gay. A mí, sinceramente, me da lo mismo lo que cada cual haga con su cuerpo, siempre que se sea mayor de edad y no se dañe a nadie. Pero no puedo más que mostrar mi mayor desacuerdo con la moda de elevar a categoría de normal lo que no lo puede ser. Y lo que no debe ser es que se ensalce el estilo de vida de una minoría y se condene la normalidad de la mayoría de la gente. Concebir la sociedad como un conglomerado de identidades que se empeñan en extraer el máximo de beneficios para ellas, sea la raza, la religión o el sexo, sólo puede acabar minando la cohesión social e imponiendo la tiranía de sus identidades. No quiero saber qué habría podido hacer la Cruz Roja, por ejemplo, con la factura de los semáforos de género.

En fin, antes había una cosa que se llamaba el pueblo español. Desapareció bajo el peso de las instituciones y abstracciones del régimen del 78, partitocrático, anti-democrático y anti-popular. La idea de nación, muy anterior a nuestra constitución, también pasó al olvido. Y de ahí mucho de nuestros males actuales. España está muy enferma. Y el actual gobierno, supuestamente el valedor de la patria frente a todos los que aspiran a darle la puntilla, parece contentarse con administrar cuidados paliativos. Y así no hay quien escape de la metástasis. Los medios y algún que otro político local se ríe de la decoración de Navidad que ha llevado Melania Trump a la Casa Blanca. Cómo me gustaría que Viri se atreviera a instalar un belén en Moncloa igual de grande que el que han puesto los Trump. Tal como estamos, eso sí que resultaría revolucionario. ¿Le parece normal?

El difícil retorno a la legalidad (34)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 30 Noviembre 2017

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DICTAMINA A FAVOR DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA SOBRE LA TRAMITACIÓN EXPRÉS. ACATAR LA LEY COMO SALVOCONDUCTO A LA LIBERTAD PARA LOS GOLPISTAS: ESQUIZOFRENIA JUDICIAL ANTE LOS GOLPISTAS.

Ayer el Tribunal Constitucional sorprendió a muchos, al menos a los que nos interesamos por seguir de cerca todo lo que rodea al golpe de Estado en Cataluña, cuando se conoció la sentencia relativa al recurso de inconstitucionalidad presentado por el cambio del Reglamento del Parlamento autonómico de Cataluña, que incluyó el llamado “procedimiento exprés”. Una modificación que contempla la tramitación por vía de urgencia de Leyes y que fue usado por la mayoría parlamentaria independentista para aprobar leyes como la del referéndum y la ley de Transitoriedad, declaradas posteriormente inconstitucionales por el mismo Tribunal Constitucional. En concreto, el texto del Reglamento modificado se refiere al artículo 135 que dice lo siguiente:

“Artículo 135 Requisitos
1. Un proyecto de ley puede ser tramitado directamente y en lectura única por el Pleno del Parlamento o por una comisión, si la naturaleza del proyecto lo aconseja o la simplicidad de la formulación lo permite. La tramitación en lectura única debe ser acordada por el Pleno del Parlamento, a propuesta del Gobierno, de la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces o a iniciativa de esta.
2. El grupo parlamentario promotor de una proposición de ley puede solicitar su tramitación por el procedimiento de lectura única. Corresponde al Pleno del Parlamento acordarla, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces o a iniciativa de esta, siempre que la proposición de ley cumpla los requisitos de habilitación establecidos por el apartado 1.
3. El debate de la iniciativa legislativa en lectura única se sujeta a las normas establecidas para los debates de totalidad; finalmente, el conjunto de la iniciativa se somete a una sola votación.”

La sentencia del Tribunal Constitucional no entra en el fondo del asunto del punto 1 cuando dice que este procedimiento se puede aplicar “si la naturaleza del proyecto lo aconseja, o la simplicidad de la formulación lo permite”. Y el caso es que ni la ley del referéndum ni la ley de transitoriedad lo eran y además claramente eran inconstitucionales y la Mesa del Parlamento ignoró las advertencias de su asesoría jurídica a la hora de tramitarlas e incluirlas en el orden del día en una sesión ordinaria bajo el amparo de este nuevo Reglamento que además estaba cautelarmente suspendido por el TC.

Resulta sorprendente el que haya sido aprobado por unanimidad por el TC, cuando se reconoce que no está expresamente tratado el tema de las enmiendas y lo deja a que es particular se regule por el Parlamento durante la fase de la tramitación de los Proyectos de Ley. Es decir, reconoce las propias ambigüedades de la redacción y sus lagunas en algo tan importante como es eludir el debate parlamentario en algo tan esencial como es la presentación de enmiendas sobre un texto que se va a tratar en “lectura única” para ser sometido de modo inmediato a votación. Algo que si es inconstitucional de acuerdo con el artículo 23.2 de la Constitución de España en cuanto a la igualdad de derechos. Y es que algo no puede ser a la vez constitucional y con graves deficiencias constitucionales. Dejarlo a la interpretación de la mayoría que presenta esos Proyectos de Ley exprés, y confiar en que admitirán enmiendas tras la lectura, ya que el resto de la oposición no puede opinar sobre algo que desconoce y ni siquiera ha tenido tiempo para analizar con un mínimo de sosiego imprescindible, cuando lo que se va tratar no cumple en absoluto con el requisito del punto 1 del artículo, ya que ni lo era la naturaleza del Proyecto de ley de referéndum ilegal e inconstitucional, ni la ley de Transitoriedad jurídica, ni tampoco era simple su formulación.

Como suele ser normal, un cuchillo de por sí no es ni malo ni bueno, sino que depende solo del uso que se haga de él, o cortar verduras o cortar el cuello de alguien. Y esta modificación del Reglamento es un auténtico cuchillo que corta de raíz los derechos constitucionales de las minorías a la hora de expresar su opinión y presentar enmiendas a aquello con lo que no está de acuerdo, para realizar un debate democrático en equidad. Esta modificación, tal cual está redactada es anti democrática porque obvia uno de los pilares básicos de la democracia. Y es que la sentencia va más allá, al eliminar de un plumazo como delictivas las actuaciones de la Mesa del Parlamento de Cataluña al permitir la tramitación exprés de esas leyes. Suspender una ley no implica su inconstitucionalidad hasta que exista una sentencia que así lo dictamine, pero impide que se puedan realizar actuaciones posteriores como si estuviese vigente.

Mañana el juez Pablo Llarena va a escuchar las alegaciones de todos los encausados por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que solicitan su puesta en libertad acogiéndose a la llamada “vía Forcadell”, reconociendo, a su manera y de forma nada expresa, su acatamiento a la Ley y actuar en el futuro de acuerdo con ella. Es decir, piden su libertad bajo la sola palabra dada de no reincidir en el delito. Y es que no se trata de conceder el tercer grado a un preso convicto, ya que, si estos golpistas están presos de forma provisional y sin fianza, es precisamente para garantizar que no van a reincidir en su comportamiento delictivo, ni destruirán pruebas inculpatorias, ni se darán a la fuga. Una mera declaración de buenas intenciones, nada creíbles y que, por supuesto, no pueden aceptarse como aval suficiente para conceder su liberación. Porque lo aberrante es que ya figuren en listas electorales y reclamen sus derechos a tener igualdad de trato en el proceso de campaña electoral, cuando lo lógico es que esos derechos estuvieran suspendidos de forma temporal ante la gravedad de los delitos imputados y de las pruebas en su contra.

Mañana sabremos si, como dije ayer, el juez Pablo Llarena ha quedado preso de su propia doctrina al conceder la libertad provisional con fianza a la golpista Carme Forcadell y al resto de los componentes secesionistas de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña. Al dar por válida y suficiente la palabra de acatar la ley, como si eso fuera una concesión sublime en algo que solo es un deber de todo ciudadano, no queda margen para el rechazo de las buenas intenciones que ahora aducen los que, hasta hace solo horas, se mantenían firmes en su concepción de ser inocentes y estar ilegalmente presos solo por motivos políticos, ya que se limitaron a Seguir "el mandato del pueblo catalán expresado en las urnas”. Unos golpistas que no han dudado en incluirse en listas electorales para así aducir indefensión y vulneración de unos derechos que debieron haber sido suspendidos mediante una declaración de inhabilitación temporal hasta una sentencia firme condenatoria o absolutoria. Y si eso no está contemplado en la ley, debería estarlo.

No creo que ningún ciudadano que no sea independentista comprenderá estos entresijos e incongruencias de una ley que puede permitir que estos golpistas queden en libertad y sean recibidos como héroes y se dediquen a participar activamente en una campaña electoral con programas que en nada difieren de los que han dado lugar a este golpe de Estado, aprovechando una mayoría parlamentaria y un abuso de poder a la hora de anular a la oposición, llevando a unas Instituciones como son el Gobierno de la Generalidad y el Parlamento de la autonomía a cometer graves delitos de rebeldía y de sedición.

Lo que lamento es que se ha ido cumpliendo todo lo que vaticiné en cuanto el juez Pablo Llarena decidió hacer pública su intención de asumir todos los procesos relativos al golpe de Estado, tras haber puesto en libertad a Carme Forcadell y resto de componentes de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Al final, si todo se cumple, los golpistas estarán libres, algunos ya fugados y con absoluta libertad de movimientos, estarán integrados en las listas electorales, serán parte activa en la campaña electoral e incluso volverán a ser reelegidos y recuperarán su condición de aforados. Todo de acuerdo con los designios y deseos de un Gobierno de España en aras de vender a los españoles una vuelta irreal a la normalidad, que es la de que el independentismo vuelva tener el poder y presione al Estado con más fuerza tras el aval electoral para obligarle a pactar un referéndum que consolide la independencia.

¡Desde aquí, solo puedo expresar mi más profundo desprecio por esta traición a España y a los españoles! ¡Los maldigo como los auténticos bastardos que son!

¡Que pasen un buen día! Quedan 21 días para que se consume la traición a España. Y ese será el título de mi próxima serie de escritos. “Cuenta atrás para la traición a España"

La sucia política o “el carnaval catalán”
Antonio García Fuentes Periodista Digital 30 Noviembre 2017

Creo recordar que es en la famosa película de los hermanos Marx, “Sopa de ganso”, donde Groucho dice… “Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros”; y acordándome de ello y viendo “los principios” de muchos de “los rebeldes y sublevados políticos catalanes; los que desde la cárcel, opinan cosas así y manifestando que “los pongan en la calle”, que aceptan todo lo que significa el artículo 155 de la Constitución Española; me eché a reír “soliviantando” con ello a mi fiel Aníbal; yorkshire que se quedó mirando a su amo, sin entender aquel arrebato de hilaridad de la que no soy proclive.

La cosa tiene “su mandanga” y demuestra una vez más que mi definición, que son la mayoría de políticos, sólo “de panza y bolsillo”; fue una acertada definición que pasará a la historia, como algo contundente y diáfano, de donde tienen sus afanes esa plaga que nos dice gobernar, pero que al final, nos destruye tras arruinar todo cuanto mangonean, puesto que de gobernar no tienen “ni puta idea”; por lo que tras la risa, me invadió un sentimiento de lástima y piedad por ellos, “pobrecitos”.

Por todo ello y “las masas” que parecen seguirlos, podemos esperar que en ese carnaval electoral, los electos van a resultar “algo temible”, por lo que puedan hacer si de nuevo cogieran el mando que pretenden; pobre Cataluña y pobres catalanes y de paso pobres españoles y a los que nos puedan llegar, las ondas de tan deplorable resultado; debido a “esa olla de grillos locos a que me referí en alguno de mis comentarios”, refiriéndome a la actual “España” y la política que la mantiene en tan precaria situación como la que hoy padecemos, cuarenta años después de haber desaparecido Franco, del “reino sin corona que mantuvo hasta su muerte”.

El gobierno “loco de contento” por cuanto va a conseguir gobernar otro año más, tras pagar a los separatistas vascos, algo así como “un Potosí de nueva plata”, por la cesión de unos votos; también los canarios y por “un voto” (creo recordar) recibirán un montón de dinero, para apalancar dicho fraude nacional; puesto que fraude es el que unos reciban tanto y el resto nos expriman para pagar, lo que no son otra cosa que sobornos camuflados; y al resto dejarnos cuasi como “puta por rastrojo”; lo que dicho sea de paso, será un “cagarse y mearse una vez más, en una constitución que dice que todos los españoles somos iguales”… ¿iguales en qué?

Iguales en cuanto a cómo “juguetes” siempre seremos eso; meros juguetes de unos indeseables que solo gobiernan para ellos mismos y los intereses que en cada momento defiendan de verdad. El resto y como siempre… ¡A pagar!

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (Allí más)

¿Para este mísero resultado el 155 de la Constitución?
“Temprano en la vida tuve que elegir entre la arrogancia honesta y la humillación hipócrita. Elegí lo primero y no he visto razón para cambiar” Frank Lloyd Wright
Miguel Massanet diariosigloxxi 30 Noviembre 2017

Después de que hayamos experimentado la primera fase de la aplicación del tan “temido” Art. 155 de la Constitución española, del que tanto esperábamos para poner orden en esta calamidad catalana, deberemos confesar que nos encontramos profundamente decepcionados y, si tenemos que hablar con franqueza, disgustados con los pobres resultados que se vienen obteniendo, en cuanto a lo que debería haber sido un freno a todo el tinglado independentista y un aviso para quienes seguían a pies juntillas las ideas de estos políticos prevaricadores, desleales y obcecados que han venido defendiendo, y siguen en ello, esta absurda propuesta de convertir la autonomía catalana en un estado independiente.

¿Cómo podemos entender que nos hayamos tenido que disculpar por el empleo de las fuerzas de policía, ante un ataque evidente a la autonomía del poder Judicial español respecto a su derecho a encomendar a la policía judicial realizar un registro en unas dependencias del gobierno catalán? o, ¿cómo nos vemos obligados a pasar por la vergüenza de que, los magistrados belgas, pongan en duda la salubridad y acondicionamiento de nuestras cárceles para acoger a un prófugo de la justicia y presunto responsable de delitos de sedición, rebelión , prevaricación y malversador de caudales públicos? Y todo ello cuando se da la circunstancia de que, las cárceles belgas, resultan (y así se lo ha dicho Europa) ser las que en peores condiciones se encuentran en toda la UE. Pero todo ello no es nada cuando, después de haber cesado al gobierno de la Generalidad y cerrado el Parlamento de Cataluña, imputando a todos sus miembros; nos encontramos ante esta absurda contradicción de que: los mismos integrantes de aquellas instituciones están ahora en condiciones para presentarse, de nuevo, para ocupar aquellos mismos cargos de los fueron expulsados por haber incurrido en los delitos por los que todavía siguen encausados. Y esto lo defienden los miembros del Ejecutivo como algo “conveniente”

Contrariamente a lo que algunos pudimos imaginar, tanto la TV3 como Radio Cataluña, siguen en su línea de apoyo al separatismo, sin que el citado artículo constitucional haya sido capaz de impedir que, desde ellas, se siguiera haciendo apología de un delito tan grave como es el de intentar romper la unidad de la nación española. Nos encontramos con periodistas, incapaces de reconocer hasta qué punto han sido capaces de llevar a la autonomía catalana al desastre, con sus ideas aislacionistas y rompedoras, sin valorar el perjuicio de que 2700 empresas, todas ellas importantes, hayan cambiado su sede social y fiscal para instalarse en otras comunidades o fuera de España; con el objetivo de evitar los previstos efectos de la inestabilidad de Cataluña en los resultados de sus balances. El que la señora Rahola, en La Vanguardia, se dedique a insultar impunemente a España, a los españoles y a sus instituciones, sacando a colación una dictadura que hace 80 años que finalizó, olvidándose de que los que tenían el poder fueron los que tendieron la mano a los que habían luchado contra ellos; para que, entre todos, fueran capaces de formar una democracia, con una nueva Constitución, en la que todos colaboraron para que sirviera para olvidarse de las heridas ( que en ambas partes las hubo y las maldades que hubo en la zona republicana no fueron ni menores en número ni, basta hablar de la checas, de menos sadismo y crueldad) de una guerra civil en la que hubo cientos de miles de muertos de ambos bandos.

No es de recibo que, esta amante de los sofismas políticos, la señora Rahola, avale que fueran declaradas nulas todas las sentencias del franquismo sin que nadie se haya tomado la molestia de revisar aquellas causas en las que fueron condenados miles de sujetos con las manos manchadas de sangre y, sobre cuyas conciencias pesaban cargos de torturas, asesinatos, violaciones, robos a mano armada y, toda una colección de delitos amparados por el odio, la venganza, la envidia y el revanchismo. Expresiones de una zafiedad como “…lo peor de la dictadura fue que salió gratis, que nadie pagó por 40 años de represión (sería para aquellos que insistieron en apoyar a los maquis o los rojos que no se atrevieron a regresar a España por miedo a la Justicia), de maldad, de pura mierda (una expresión más propia de una alcahueta de prostíbulo que de una señora periodista). ¡Cuánto de sectarismo, mala uva y radicalismo, en alguien que ha vivido toda su vida de estar metida hasta la coronilla en la política de extrema izquierda, que ha sido la niña mimada de los Godó, los Junquera y de todos aquellos que primero pertenecieron al terrorismo catalán y luego fueron a parar a la ERC, uno de los partidos que, durante la Guerra Civil tuvieron sus propias checas, en las que se torturaba a quienes no comulgaban con sus ideas y a no pocos de los de la CNT o del POUM, cuando se produjeron los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, en los que su partido, ERC, colaboró con los comunistas para masacrar a sus compañeros de armas en contra del franquismo, los de la CNT y el POUM.

Y es que la memoria sesgada de algunos les hace que sólo recuerden lo que les conviene. La causa de que ahora, en esta España de 1917, nos encontremos en la comunidad catalana ante el dilema de hundirnos para siempre en un estado de gobierno comunista o seamos capaces de acabar con quienes están dispuestos a seguir manteniendo sus ideas independentistas y comunistoides, hasta acabar con cualquier posibilidad de reconciliación y sumergidos en el abismo de la intolerancia, la ruina económica y el grave enfrentamiento entre los catalanes de ideas separatistas y los que quieren seguir siendo españoles, hablamos de un 50% de la población lo que, como es evidente, puede conducir a una situación harto peligrosa. Por otra parte, el señor Rajoy sigue empeñado en mantener una postura amable, dialogante, negociadora y, cuando ya hizo lo más difícil poniendo en marcha el 155, ahora parece que se asustara de lo que ha hecho y sigue en su clásica postura de ir trampeando. Advierte muy solemnemente (ante la posibilidad, más que probable, de que los independentistas renueven mayoría en el Parlament catalán y en la Generalitat) a los independentistas y comunistas que pudieran renovar la mayoría en las instituciones catalanas, de que “si ganan, deberán respetar la ley”. Veamos si somos capaces de reflexionar con claridad: ¿cómo van a respetar la Ley unos señores, a los que se echó de sus cargos y, apenas unos meses después, habrán sido reelegidos para ocupar los mismos puestos de los que, por medio del 155, fueron apartados? Es algo increíble.

¿Qué temor y respeto van a tener, estos secesionistas, de un Gobierno que se presentaba como un poder omnipotente y ha acabado pidiendo árnica a aquellos a los que pretendió infundir temor? Los ministros ya no hacen más que pedir colaboración; Rajoy ya pide que las empresas, a las que facilitó con un decreto que se pudieran erradicar de Cataluña, que vuelva y esto, incluso antes de que se hayan celebrado las elecciones del 21 de diciembre y, en consecuencia sin saber lo que va a suceder el día 22. Es evidente que, las empresas y sus directivos, no van a hacerle el más mínimo caso antes de que comprueben quienes son los vencedores en esta comunidad. En caso de que, se conforme una mayoría separatista es evidente que una segunda tanda, en esta ocasión puede que mucho mayor en número que la primera, decidan seguir el ejemplo de las que ya se fueron y, por supuesto, ninguna o muy pocas, especialmente de las grandes empresas, querrán correr el riesgo de que, en un año o en dos, se repita la misma situación de desgobierno como ha sucedido durante estos últimos meses.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos cuesta seguir pensando que un gobierno, como el que tenemos del PP, en manos de una ejecutiva tan timorata como la que tiene el señor Mariano Rajoy, pueda seguir inspirándonos confianza para sacar a España de un problema de tanta entidad como es el de Cataluña. Estamos convencidos de que no se ha hecho nada verdaderamente efectivo para evitar que, los que pretenden la independencia de Cataluña, si no en un futuro a medio plazo pero sí en un futuro más o menos cercano, van a intentar, con un gobierno socialista o incluso con otro de centro derecha, volver a insistir en sus reclamaciones. No pierdan de vista que ya están pretendiendo introducir unos factores nuevos cuando hablan de un pacto con el Gobierno para obtener la independencia, pero, en este caso, con la intervención de la UE. Cualquiera que entienda un poco de política no se creerá que, este añadido, no tiene un contenido explosivo. O al menos así lo vemos nosotros.,

¿Para qué sirve RTVE?
EDITORIAL Libertad Digital 30 Noviembre 2017

El único futuro decente de Televisión Española y de todas las demás televisiones que pagamos los españoles con nuestros impuestos es la privatización… o el cierre.

Uno de los argumentos más habituales para defender la existencia de los medios de comunicación públicos es que sólo a través de ellos se puede hacer una adecuada defensa y promoción de la cultura.

Por supuesto, es tan mentira como lo de que sin ellos es imposible la pluralidad informativa. No hay más que mirar la parrilla de las televisiones públicas españolas para comprobar que esa promoción cultural o bien no existe o bien está relegada a horarios imposibles.

A lo que sí se da espacio preferente es a lo que se vende como cultura pero no es más que banalización de la cultura o algo que dista mucho de serlo. O que directamente promueve la desinformación, la ignorancia y la incultura. Hace unos días se pudo ver un ejemplo grotesco del nivel de la divulgación cultural de TVE cuando se habló, literalmente, de la "limpieza étnica" llevada a cabo por Isabel la Católica.

El despropósito es tan enorme, la falta de rigor histórico es tan evidente y la ignorancia tan atrevida que no merece mayor comentario, sólo sirve como muestra de la absoluta inutilidad de Televisión Española como vehículo de transmisión de cualquier tipo de conocimiento cultural.

Y si es obvio que no sirve como una televisión neutral políticamente, porque no lo ha sido nunca; y si en lugar de promover el conocimiento y la cultura promueve la desinformación y la distorsión de la historia de España, cabe preguntarse para qué sirve RTVE.

La respuesta es dramática: por mucho que se trate de vestir la cuestión con otros ropajes, RTVE y las demás televisiones públicas sólo sirven para que los políticos de turno tengan su oficina de propaganda a cuenta del contribuyente y, no menos importante, para que unos cuantos profesionales disfruten de sueldos y prebendas que nunca podrían tener en un mercado libre.

Frente a esa realidad, el único futuro decente de Televisión Española y de todas las demás televisiones que pagamos los españoles con nuestros impuestos es la privatización… o el cierre.

El error de la 'conllevanza' catalana
IGNACIO GARCÍA DE LEÁNIZ El Mundo 30 Noviembre 2017

Para comprender en parte cómo hemos llegado a esta triste situación, me parece fundamental revisar la doctrina política que las élites españolas han sostenido desde la Transición misma en torno a Cataluña. Y creo no equivocarme al decir que dicha doctrina unánime entre los partidos nacionales y otras instituciones ha tenido como leitmotiv la actitud de conllevanza hacia la comunidad catalana, en una interpretación que estimo errónea de la idea orteguiana al respecto.

El origen de una doctrina tal -a saber, que el problema de Cataluña no se puede resolver y sólo cabe conllevarlo- nace de la cabeza de Ortega en su discurso sobre el Estatuto de Cataluña en la sesión de las Cortes el 13 de mayo de 1932. Ante la actitud optimista de Azaña que ve en el Estatuto debatido -incluido en el Pacto de San Sebastián de 1930- la definitiva solución y pacificación de Cataluña, la visión más crítica de Ortega estará teñida del realismo de su filosofía que le lleva a no hacerse ilusiones con la pura realidad, en la que se incluye la ya entonces endiablada "cuestión catalana".

Al inicio de su intervención parlamentaria fija la esencia misma de la conllevanza al afirmar: "El problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; que es un problema perpetuo, que ha sido siempre (...) y seguirá siendo mientras España subsista; que es un problema perpetuo, y que a fuer de tal, repito, sólo se puede conllevar". Y al decir ello, Ortega subraya claramente algo que creo que hemos olvidado en nuestras décadas: "Conste que significo con ello no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles". Un conllevar que significa para la RAE sufrir algo adverso o penoso.

La razón de todo ello, alegará, estriba en que dicho problema catalán es un caso de "nacionalismo particularista", un sentimiento negativo que se apodera de una colectividad que le hace desear vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Sentimiento particularista este de una importante porción del pueblo catalán que Ortega denomina apartismo. "Tal es el caso doloroso -añade- de Cataluña, su carácter mismo y su terrible destino. Cataluña quiere ser lo que no puede ser".

Pero nuestro parlamentario observa otro rasgo no menos dramático de la realidad catalana: "En el pueblo particularista, (...) se dan, perpetuamente en disociación, estas dos tendencias: una, sentimental, que le impulsa a vivir aparte; otra, en parte también sentimental, pero, sobre todo, de razón, de hábito, que le fuerza a convivir con los otros en unidad nacional". Y en esta dicotomía aparece -añadirá- la parte lamentable de tales nacionalismos: que siendo un mero sentimiento, siempre tiene a mano un grupo exaltado que se encarga de traducir ese sentimiento en concretísimas formulas políticas. Que a su vez tienen en común arrollar a los que discrepan, avisa Ortega.

La existencia de ambas tendencias antagónicas -los que quieren vivir aparte de España y los que no- hace que nadie piense que una cuestión tal pueda ser resuelta de una vez para siempre. Siendo así de irresoluble la cuestión, la conllevanza aparece en el discurso orteguiano como la guía inspiradora de la acción política en Cataluña. No cabe otro remedio que este conllevar que equidista, como las viejas virtudes aristotélicas, de dos extremos nocivos: el puro centralismo y el nudo independentismo. La defensa de la autonomía catalana que Ortega hace en la segunda parte de su parlamento es la plasmación jurídica y política no sólo de una relativa pax catalana sino de la salud y supervivencia del resto del país en línea con la visión de una España autonomista de nueve o 10 regiones que había ya propuesto en La redención de las provincias.

Y nuestro diputado procura restar patetismo a esta propuesta de conllevanza -que sea dolorosa no significa que sea todo tristeza- aludiendo a su filosofía de la vida como un constante conllevar: "Después de todo, no es cosa tan triste eso de conllevar. ¿Es que en la vida individual hay algún problema verdaderamente importante que se resuelva? La vida es esencialmente eso: lo que hay que conllevar, y, sin embargo, sobre la gleba dolorosa que suele ser la vida, brotan y florecen no pocas alegrías".

Hasta aquí la síntesis del discurso de Ortega. Que coincide en apariencia calcada con la aproximación intelectual -con algunas excepciones- y política al diseño territorial y autonómico plasmado en la Constitución de 1978 con especial atención a la autonomía catalana. También en lo que se refiere a la ley electoral vigente desde entonces. Y que justificaría el enfoque dado por los partidos nacionales en las décadas sucesivas hasta hoy.

Siendo así las cosas, ¿qué ha fallado entonces para desembocar en lo que estamos viendo y padeciendo? ¿A qué se debe este doloroso estado de error al que nos hemos precipitado nosotros y Cataluña?

Creo poder apuntar algunas causas: la conllevanza reguladora de Ortega, asumida con fe ciega e infantil, se ha confundido desde la Transición con un laissez faire, laissez passer por parte de nuestra gobernanza que nos ha conducido progresivamente a esta crisis. Se ha interpretado la tal conllevanza no como una exigencia de acción creadora y "estar alerta" sobre lo que en Cataluña venía sucediendo -que eso es lo que pediría la perspectiva orteguiana-, sino como un visado para la pereza intelectual -tan de nuestra clase política y que tantos males explica- la inercia e incuria culpable. La porción de resignación que introducía el conllevar orteguiano ha mutado -en letal malentendido-, en una parálisis de la política para Cataluña, cediendo la iniciativa a las tendencias independentistas en estas décadas.

Que un problema sea imposible de solucionar no significa que no se pueda gestionar. Que el problema catalán sea de suyo perpetuo no es óbice -más bien lo contrario- para que tengamos que habérnoslas con él, tanto en el plano político como en el jurídico, pedagógico y cultural, con esforzada atención. Y eso, precisamente eso, es lo que se ha dejado de hacer en nuestra política hasta hoy. Hemos estado políticamente más pendientes de otros temas -la corrupción entre otros- que de los malos presagios que venían desde Barcelona. Como si nuestra dirigencia hubiera olvidado la necesidad de estar a las cosas, para prevenir lo que se avecinaba. Y corregir así la lectura errónea y letal que se había hecho del discurso orteguiano de la conllevanza en las entrañas mismas de la Transición.

Simone Weil anotó que todo nuestro problema reside en dónde ponemos nuestra atención. No estaría de más que nuestras élites se preguntarán a modo de examen en dónde han estado sus atenciones y prioridades en estos años. Para recordarles que la verdadera conllevanza con Cataluña - es decir con nosotros mismos- exige lucidez, inteligencia y valentía. Todo lo contrario de la pereza. Y leer así desde otra perspectiva más crítica el tan influyente discurso de Ortega.

Ignacio García de Leániz Caprile es profesor de Recursos Humanos de la Universidad de Alcalá de Henares.

Cataluña-Madrid: Infierno y paraíso fiscal
Expertos fiscalistas analizan para 'Crónica Global' las "abismales" diferencias impositivas entre ambas comunidades y el galimatías legal existente en España
Gonzalo Baratech, María Jesús Cañizares cronicaglobal 30 Noviembre 2017

Cataluña tiene una presión fiscal? muy superior a la de la Comunidad de Madrid. Así lo aseguran los expertos. Pero, en algunos casos, las diferencias pueden ser brutales. A modo de ejemplo, y según la casuística, un catalán puede llegar a pagar 80 veces más por el impuesto de Sucesiones que un madrileño.

Pero ¿a qué se debe esa diferencia impositiva? ¿Depende del Gobierno español o autonómico? ¿Una mayor presión fiscal supone más recaudación y mejores servicios sociales?

Esaú Alarcón, abogado, profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliba, y Álvaro Gibernau, Economista e Ingeniero Industrial, socios ambos del despacho Gibernau Asesores, han comparado para Crónica Global las grandes diferencias impositivas entre ambas comunidades. En concreto, ambos fiscalistas analizan, con ejemplos prácticos, lo que pagan los catalanes en concepto de IRPF, Sociedades, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones, y lo que pagan los madrileños.

IRPF
Denuncian el “anacronismo” de algunos gravámenes, como el de Patrimonio o el de Transmisiones, que no existen en otros países y, si se aplica, se hace de forma muy poco gravosa.

En el caso del impuesto de Transmisiones, que se imputa a las operaciones inmobiliarias, quien sale perjudicado finalmente es el ciudadano, pues se convierte en una barrera más para acceder a una vivienda.
Impuesto de patrimonio

Destacan, asimismo, las diferencias “abismales” en el impuesto de Sucesiones, pues un catalán puede llegar a pagar 80 veces más que un madrileño, según la casuística. Asimismo, el pago por Donaciones puede ser 10 veces mayor en la comunidad catalana que en la madrileña.

Alarcón y Gibernau aseguran que esta diferencia fiscal entre Cataluña y Madrid depende de las decisiones que toman los respectivos gobiernos autonómicos. En el caso catalán, aluden a los “giros copernicanos” que, en ocasiones, han tenido esas políticas fiscales. Por ejemplo, el expresidente Artur Mas redujo el impuesto de Sucesiones, pero en su segundo mandato, pactó con ERC, que le exigió subir la recaudación. La presión de la CUP durante esta última legislatura también se ha dejado notar mediante la creación de nuevos gravámenes (impuesto sobre bebidas azucaradas, pisos vacíos, emisiones tóxicas, activos no productivos...).

Impuesto de transmisiones patrimoniales
No es de extrañar, a juicio de los especialistas tributarios, que se produzcan cambios de domicilio fiscal. Y advierten de que una mayor recaudación no es sinónimo de mejora en los servicios sociales, pues eso depende de las políticas de gestión de cada gobierno.

Asimismo, una mayor presión fiscal puede desincentivar el trabajo. “No por subir los tipos aumenta la recaudación, ya que la gente busca otras maneras de pagar”, avisan.
Impuesto de sucesiones y donaciones

Ambos expertos aseguran que el sistema español de creación de impuestos “está mal planteado y genera fricciones entre las comunidades autónomas y tensiones sociales, lo cual no es bueno para la cohesión del país”. Mientras ya existe un debate sobre la armonización fiscal a escala europea, el sistema español “es un galimatías. Que haya 18 normativas en toda España es para volverse loco”.

Alarcón y Gibernau abogan por un pacto de Estado sobre la política fiscal en lugar de las continuas reformas que provocan los cambios de gobierno.

Somos la nueva política y no lo sabíamos
Jorge Vilches. vozpopuli 30 Noviembre 2017

Los últimos cien años han sido de estatismo creciente, prácticamente indubitado, hasta el punto de ser otro elemento religioso que ha convertido en verdad la frase de Mussolini: “todo para el Estado, nada contra el Estado, nada por fuera del Estado”

Los análisis políticos de partidos, estrategias y líderes que se están realizando últimamente en relación a los próximos comicios en Cataluña arrastran un arcaísmo, a pesar de que en puridad son muy volumétricos y cientificistas. No siempre es así, cierto, pero la avalancha de convocatorias electorales desde 2015 en todos los ámbitos territoriales nos está mostrando que el eje izquierda-derecha por el que se vertebraba la sociedad se está difuminando .

No es un fenómeno español, sino occidental. Aquí llega con cierto retraso en la medida en que nuestra clase política está en una crisis cualitativa mayor y que la democracia española tiene cuarenta años menos que las europeas.

Atención, porque las claves para la muerte y la aparición de partidos y movimientos políticos, sus alianzas poselectorales y el surgimiento de líderes depende de los nuevos ejes. Veamos.

Europeísta o soberanista
La Unión Europea se ha convertido en un tótem. La idolatría hacia lo que viene de “Europa”, un rasgo atávico entre los españoles, es tan considerable que europeísmo y aceptación religiosa de los mandatos de la UE son la misma cosa. Al tiempo, como sucede en el modelo aristotélico de formas de gobierno, los organismos de la UE se han transformado en un sistema oligárquico: pensado para los mejores es ahora el reducto de los rebotados de los ámbitos nacionales, que reglamentan sin control de la opinión pública sobre cualquier cosa, recibiendo sueldos desorbitados .

Esto ha restado soberanía a los Estados miembros, creando un establishment o alta clase política europea. El surgimiento y fortalecimiento de los populismos, tanto nacionalistas como izquierdistas, ambos basados en el soberanismo y la reconstrucción de comunidades, y contrarios a esta UE, ha supuesto el protagonismo de esta cuestión en el debate político. De ahí la coincidencia de posturas entre el Frente Nacional de Le Pen, PDeCAT, UKIP, Alternativa para Alemania, el comunista Die Linke o Podemos.

Estatismo
Esto lo cuento en clase y no me creen: el Estado no ha existido siempre. Aquel “monstruo frío”, en palabras de Nietzsche, que nació para satisfacer los intereses de los príncipes sobre una población en un territorio, hoy es un dios. Es un dios porque es omnipresente y todopoderoso, todo el mundo se encomienda a él cuando algo necesita u ocurre una desgracia. Al Estado se sacrifica no solo la individualidad, sino la propiedad y el resultado de nuestro trabajo citando el “interés público” por encima del bien privado.

Los últimos cien años han sido de estatismo creciente, prácticamente indubitado, hasta el punto de ser otro elemento religioso que ha convertido en verdad la frase de Mussolini: “todo para el Estado, nada contra el Estado, nada por fuera del Estado”.

Los partidos políticos se presentan a las elecciones sabiendo que el elector/contribuyente reclama más servicios y mejores, no más autonomía y responsabilidad propia. Por tanto, compiten entre ellos por ofertar una intervención pública más atractiva . Esto ya no diferencia a izquierdas y derechas, porque éstas últimas ya se acogieron a la socialdemocracia. Un buen ejemplo es la CDU-CSU de Merkel, giro que ha propiciado la caída en desgracia del SPD. Aquí, los del PP son hoy socialdemócratas bien vestidos, sin más.

Las identidades alternativas
El referirse a los sindicatos como “movimiento obrero” es una antigualla no solo sociológica, sino que ese lenguaje marxista ya no funciona. La sociedad se compone de estatus modificables, como señalaba Tocqueville, no de clases entendidas como grupos estanco que presuponen y condicionan una visión del mundo y de la acción individual y colectiva. Pensar esto último se ha quedado para ciertos “intelectuales” universitarios y del periodismo, en un postureo decimonónico chirriante.

El consenso socialdemócrata ha desarmado políticamente la identidad de clase, por lo que los individuos buscan su identidad primordial en tres campos al menos: nación, género y sexo. Las dos últimas son cuestiones de poder y moral, que van desde el feminismo obligatorio o las cuotas, a la diversidad familiar y matrimonial.

Los partidos se posicionan en estos campos con su imagen y discurso, o añadiendo ofertas a sus programas, pero para competir en el mismo sentido. No hay diferencias entre izquierdistas y derechistas, sino en la audacia de la propuesta. Las mujeres han liderado opciones de la derecha, aquí y en el resto de Europa, más que en la izquierda. Quizá –voy a hacer un poco de psicologismo simbólico- la figura femenina sea más maternal y protectora que la masculina –así ha sido históricamente-, y encaje mejor con el Estado paternalista que tenemos y muchos reclaman.

Conflicto vs. tranquilidad
En su obra “La era de la protesta”, el historiador norteamericano Norman F. Cantor hablaba de las formas críticas de vivir el esplendor de Occidente y sus contradicciones , desde los beatniks hasta los hippies y la Nueva Izquierda. Se estandarizó entonces un tipo de protesta, la de los movimientos sociales, fundada en la desobediencia, la resistencia, las manifestaciones o las perfomances, siempre bajo la sombra de cierta violencia física y verbal.

Lo curioso era el doble fenómeno que se producía: mientras la sociedad absorbía su estética y su lenguaje, incluso sus reivindicaciones, la mayoría social no quería líos, sino tranquilidad. A los momentos “revolucionarios” –más idealizados que reales, como Mayo del 68-, le seguían amplios deseos de orden.

El motivo es que, en la sociedad de la opulencia, la oposición antisistema forma parte del paisaje, y el voto es conservador en el sentido de mantener o asegurar el confort. A la época de grandes revuelos cuando la gente hace un esfuerzo por participar en lo público –“en el ágora”, dicen los cursis-, le sigue la calma. Es una cuestión de frustración y de cansancio frente a la persistencia de los agitadores y activistas , esos actuales “revolucionarios profesionales”.

Por eso, los partidos que arman mucho ruido y, desde el populismo nacionalista o socialista, dicen que el miedo va a cambiar de bando o que van a crear la Arcadia feliz, son parte del sistema. La clave es cómo se presentan luego a las elecciones, ya que vence con votos o con cuotas de poder quien presenta una solución pacificadora. No hay que decir que ahí está el PSC de Iceta.

Recapitulando
Olvídense de izquierda y derecha como eje principal para determinar la política del porvenir más cercano, a no ser que vivan de propagar ese discurso.

Disciplina fiscal e ideas espantosas
Roger Senserrich vozpopuli.es 30 Noviembre 2017

En política es fácil confundir los medios con los fines.

En los debates a ambos lados del Atlántico no es inusual ver a dirigentes y legisladores defender con vehemencia medidas, regulaciones o políticas concretas como si fueran un bien en sí mismas, sin pararse a pensar sobre sus efectos. En tertulias y discursos vemos como políticos de todos los colores atribuyen a mecanismos y normas legales o decisiones un valor moral por ellas mismas, defiendo su aprobación porque comparten estructuras o valores con las ideas que un dirigente dice defender.

Esta clase de fascinación con los medios en vez de con los fines lo vemos tanto en la izquierda como en la derecha. Hay una cantidad francamente ridícula de políticos conservadores que están obsesionados con mantener una moneda fuerte, por mucho que la “fortaleza” de una moneda no deje de ser un mal símil para decir que una divisa es cara en el mercado abierto. La llegada del euro quitó esta manía de las manos de las élites españolas, pero el evangelio de la moneda fuerte a menudo ha guiado las decisiones del Banco Central Europeo.

En la izquierda, el fetiche recurrente en España ha sido de siempre las desastrosas instituciones que definen nuestro horriblemente disfuncional mercado laboral, pero la lista de obsesiones legislativas progresistas es larga. Cosas como las regulaciones urbanísticas que limitan el crecimiento de las grandes ciudades, la oposición a los transgénicos, la afición a subvencionar productos culturales aleatorios, la banca o la televisión pública son recurrentes.

El origen de estas posturas no es una reflexión sobre sus efectos, sino que “suenan bien” a oídos conservadores o progresistas. Queremos una moneda fuerte, porque la fortaleza, la ley y el orden son valores tradicionales. Queremos que despedir sea caro porque los empresarios siempre quieren lo peor para sus trabajadores. El crecimiento urbano debe ser controlado porque la naturaleza es buena y las ciudades son artificiales. Los transgénicos son productos artificiales creados por empresarios que no nos quieren. La cultura debe llegar a las masas, por mucho que el obrero no tenga el más mínimo interés en aguantar tres horas de Wagner en el Real. La banca pública es buena porque lo público es mejor que lo privado. Y así con todo.

De todos los fetiches políticos ahí fuera, sin embargo, el más dañino ha sido el fetiche conservador con la disciplina fiscal.

Vaya por delante: mantener las cuentas públicas saneadas, la deuda manejable y un sistema recaudatorio eficiente no es sólo buena idea, sino que es condición necesaria para casi cualquier cosa que venga después. La base del sistema de bienestar y los derechos sociales es tener una administración pública que pueda pagar las facturas y no ofrezca servicios que no pueda pagar.

Hay un sector ruidoso de la izquierda que parece estar convencida que uno puede recaudar todo lo que quiera o que el gasto público por sí mismo genera suficiente crecimiento económico como para que se pague solo. Ambas ideas son fetiches absurdos. Me refiero, en este caso, a la idea de muchos políticos conservadores que la deuda pública siempre es mala, el gobierno siempre debe aspirar a gastar menos y mantener el déficit siempre a cero es un objetivo en si mismo. La austeridad, en el fondo, es un valor conservador.

Esto sería una obsesión de poca monta si los políticos de derechas no insistieran en aprobar medidas que anteponen esta idea abstracta de rectitud fiscal al objetivo de buscar el bienestar general, sin reparar en sus consecuencias. Lo vimos a menudo durante la crisis de la eurozona, y lo estamos viendo estos días con una idea increíblemente estúpida que varios senadores republicanos están trabajando para incorporar en la reforma fiscal de Trump.

Lo de “reforma fiscal”, por cierto, es ser generoso. El plan de los republicanos es una bajada de impuestos descomunal a las empresas y los más ricos, y una subida de impuestos a medio plazo a todo aquellos que ganan menos de $75.000 al año. Es una reforma cómicamente regresiva, casi una parodia de lo que es ser de derechas, en flagrante contradicción con todas las promesas de Trump durante la campaña.

A pesar de que todos los expertos independientes estiman que el plan costará $1,5 billones de dólares durante los próximos diez años y aumentará la deuda pública en un número cercano a esa cantidad, casi todo el partido se ha autoconvencido que la actividad económica generada por darle toneladas de dinero a los ricos hará que se pague solo. Poco importa que las empresas estén ahora mismo en beneficios récord y que los ricos tengan más dinero que nunca, o que toda la evidencia empírica indique lo contrario.

La cuestión, sin embargo, es que el partido republicano sigue siendo el de la “responsabilidad fiscal”, y algunos senadores no acaban de estar seguros de los poderes mágicos de darle más millones de dólares a Jeff Bezos. El déficit del gobierno federal americano se había reducido de forma considerable en los últimos años de la administración Obama. Como medida de precaución para que la bajada de impuestos no provoque que el déficit público se dispare, estos legisladores han convencido a Trump y al resto del partido para que incluyan un “detonador” ante déficits excesivos. Si la recaudación fiscal de aquí unos años no está siguiendo la (fantasiosa) trayectoria esperada y resulta que bajar impuestos aumenta el déficit, la ley establecería que los impuestos volverían a subir automáticamente.

Aunque esto suena sensato, es una idea espantosa. Primero, porque la economía americana ahora mismo está creciendo a buen ritmo, así que aumentar el déficit con una rebaja fiscal es peligroso. Los gobiernos que quieren ser responsables fiscalmente buscan ahorrar dinero cuando las cosas van bien, reduciendo el déficit o incluso teniendo superávits en tiempos de bonanza; aumentar la deuda cuando las cosas van bien limita la capacidad de respuesta en caso de crisis. Segundo, es muy probable que la economía americana entre en recesión en los próximos años (básicamente porque le toca – la expansión actual es de las más largas de la historia), y con ello el gobierno federal experimente una caída de ingresos y un aumento del déficit. Eso provocaría, bajo esta propuesta, que los impuestos subieran automáticamente en medio de una recesión. Todos hemos visto en Europa el resultado de esta clase de ajustes en medio de una crisis.

De nuevo, estamos ante el triunfo del método sobre los fines: los republicanos en Estados Unidos, y los conservadores en Europa, nunca parecen preocuparse sobre los efectos de la disciplina fiscal sobre el país. Simplemente creen que ser adusto, disciplinado y severo, castigando a los niños cuando se portan mal es algo moralmente recio y conservador, y actúan en consecuencia.

La realidad es que las políticas públicas no reflejan valores; los fines que perseguimos conseguir con ellas son lo que debería preocuparnos. Para construir un país que respete el orden, la decencia y la dignidad de las personas y los valores tradicionales no debemos gobernar como lo haría el Dios del Antiguo testamento, sino aplicar políticas públicas que reducen la tasa de crimen, refuerzan la familia tradicional, la meritocracia, productividad y el aprecio por el trabajo bien hecho. Esto puede implicar hacer cosas como reducir la contaminación ambiental para reducir el crimen (no bromeo), clases de educación sexual y reparto gratuito de anticonceptivos (ambas medidas reducen embarazos adolescentes), promover la igualdad de oportunidades y la competencia e invertir en I+D. Algunas de estas medidas pueden sonar como “de izquierdas”, pero sus resultados son consistentemente conservadores – y son una buena idea.

Olvidémonos de fetiches y de defender políticas públicas porque sí. El fin no justifica los medios, pero desde luego los medios no pueden ni deben ser un sustituto de nuestros fines.

DENUNCIA DE PP Y CS
La política bilingüista en Baleares, un riesgo (literal) para la salud
La Gaceta  30 Noviembre 2017

El PP y Ciudadanos han advertido al Govern balear de que exigir el conocimiento del catalán para trabajar en la sanidad pública de las islas “pone en riesgo” la atención sanitaria a los ciudadanos.

Con ocasión del pleno del Parlament, los diputados del PP y Cs Antonio Gómez y Olga Ballester, respectivamente, han echado en cara al Ejecutivo que ningún sindicato sanitario apoya este decreto que exige el conocimiento de la lengua catalana para trabajar en el Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut).

Hace unos días salía a la luz el testimonio de la única neuropediatra de Ibiza que podría perder su puesto de trabajo por no saber catalán.

La consejera de Salud, la socialista Patricia Gómez, ha afirmado que el decreto garantiza la atención sanitaria, recoge “excepciones” y salvaguarda el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán, la lengua propia de las Islas Baleares.

Por parte de Cs, la diputada Ballester ha recordado que el “cien por cien” de los sindicatos no apoya este decreto, tal y como se confirmó en la reunión de hace unos días de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que el Sindicato Médico (Simebal), Satse, CCOO y CSIF votaron en contra del mismo y UGT y USAE se abstuvieron.

Ballester ha calificado de “aberración” que para tener en propiedad una plaza de especialista médico o de enfermera la formación, la experiencia o la investigación sea “irrelevante para ustedes frente a la acreditación del catalán”.

Para la diputada del partido naranja, este decreto es una “patada de despido” a miles de profesiones que llevan años trabajando en Baleares.

“Es un decreto político que nada tiene que ver con necesidades sanitarias; es un decreto redactado en un despacho por mentes cerradas que no saben más allá de su proyecto nacionalista”, ha denunciado Ballester, que ha añadido que su partido presentará un decreto “sensato” alternativo.

Miles de profesionales no podrán opositar
Desde el PP, el diputado Antonio Gómez ha mantenido que “absolutamente nadie” -tampoco los gerentes de los hospitales- apoya este decreto “impuesto por los radicales de MÉS”, que forman parte del Ejecutivo balear junto al PSIB-PSOE y que cuentan con el apoyo externo de Podemos.

Según el diputado, su aplicación supondrá que 3.000 enfermeras, 1.000 auxiliares y más de 300 médicos de Atención Primaria de Baleares, todos ellos “excelentes profesionales”, no podrán presentarse a las próximas oposiciones.

La consejera ha respondido que sí podrán presentarse, ha recordado que la propia Constitución española reconoce y protege las diferentes lenguas oficiales del Estado y ha mantenido que los pacientes “tienen derecho” a ser atendidos en catalán.

También ha comentado que el referido borrador tiene en cuenta el déficit de profesionales sanitarios que existe en el archipiélago y la “gran cantidad” que vienen de la Península, por lo que se recogen excepciones a la exigencia del conocimiento del catalán.

Gómez ha subrayado que este decreto “garantiza” la asistencia sanitaria y ha echado en cara al PP que “no le interesa la cultura”.

BRUTALIDAD EN LA RETAGUARDIA
La Columna de Hierro, asesinatos y sacas. Así es el mito de los anarquistas
Juan E. Pflüger gaceta.es  30 Noviembre 2017

Otro de los mitos de la izquierda: el heroísmo de los anarquistas en el frente. La realidad fue que fueron una fuerza represiva de la retaguardia.

La Columna de Hierro fue una unidad de milicias creadas en los primeros días de la Guerra Civil en la zona de Levante. Pertenecían a la anarquista CNT-FAI, y rápidamente creció el número de sus miembros. Como muchas otras unidades de milicianos, lejos de la lucha en el frente, centraron sus actividades en la represión contra los sospechosos de ser derechistas que se encontraban detenidos en las cárceles republicanas, especialmente en las de Levante.

Su participación en la Guerra Civil fue muy limitada. El 8 de agosto de 1936, un grupo de esta columna de poco más de 200 efectivos, la mayor parte de la localidad de Alcoy, salió de Valencia con destino a Teruel para intentar arrebatar a los alzados esa capital de provincia. Por el camino se le sumaron varios grupos de anarquistas, el más numeroso -casi un centenar- era el de Sagunto. Cuando llegaron a la localidad de Sarrión (ya en la provincia de Teruel), el grupo superaba los 400 efectivos. A la entrada de ese municipio fueron atacados por una escuadrilla de aviones nacionales que a penas les causó bajas.

Tras ese ataque, el pánico se apoderó de los anarquistas y decidieron ponerse a resguardo en Sarrión para esperar a otro grupo que, al mando de José Pellicer, había salido de Valencia pocas horas después de ellos. Aprovecharon su estancia en esa localidad para asaltar varios comercios y un secadero de jamones. La excusa era que necesitaban provisiones para llegar al frente. La realidad es que mostraron en sus incautaciones tanta brutalidad como cobardía habían presentado ante el ataque de los aviones sublevados.

Con la llegada de nuevos voluntarios anarquistas desde diferentes localidades de Levante, los efectivos aumentaban y pasaron de los 800 efectivos iniciales a 2.200 a finales de agosto y casi 20.000 a finales de año. Nunca más del 10% de esos efectivos se encontraba a la vez en el frente. Sin embargo, de la Columna de Hierro se conocen más sus actividades represivas en la retaguardia que su valor en el campo de batalla.

En Castellón de la Plana realizaron una saca de presos considerados derechistas para asesinarlos en los cementerios de Castellón, Alcora y Almazora. Solo en la noche del 2 de octubre más de 70 presos fueron asesinados junto a los muros de esos tres cementerios. Los miembros de la Columna de Hierro acababan de llegar del frente de Teruel, donde habían sido rechazados por las tropas nacionales en su intento de recuperar la ciudad.

Pero no fueron los únicos desmanes que cometieron a su regreso. Asaltaron los juzgados de primera instancia, la Audiencia Provincial, el Registro de la Propiedad y la Delegación de Hacienda de Castellón. Todos sus archivos fueron quemados en hogueras frente a los edificios sin que actuase la fuerza pública.

Después se trasladaron a Vinaroz, donde sacaron de la cárcel a 16 “presos derechistas” que también fueron asesinados. Después, junto a varios dirigentes del Frente Popular, celebraron una comida en el Hotel Suizo de Castellón para celebrar que habían aplicado la justicia revolucionaria a casi un centernar de “fascistas”.

Al día siguiente, la Columna abandonó Castellón con dirección a Valencia, donde también fue asaltada la Prisión Provincial y asesinados decenas de derechistas allí detenidos. Durante los días siguientes se dedicaron a recorrer los pueblos próximos a Valencia. Asaltos a villas y caseríos, incautación de cosechas y animales, robos, asesinatos de personalidades de la derecha. Esa fue la guerra que realizaron los miembros de la Columna de Hierro a los que la izquierda sigue brindando reconocimiento hoy en día.

En algunos casos, como ocurrió en Benacil, los propios integrantes del comité revolucionario controlado por el Partido Comunista, plantó cara a la Columna de Hierro. La localidad de Benacil estaba dominada por el comité que presidía un individuo llamado “Pepet”, viejo comunista que había logrado movilizar a gran parte de los braceros y labradores que formaban parte del partido y a los que había armado para defender la revolución. Cuando los miembros de la Columna de Hierro llegaron en sus camiones a la localidad exigieron que les fueran entregados todos los presos derechistas y las armas que hubiera en los almacenes. Decían que pretendían volver a Teruel, al frente, pero allí nadie se lo creía.

Los miembros de la Columna de Hierro, dirigidos por “el Chino”, se dirigieron a la prisión local para hacerse cargo de los derechistas detenidos. Mientras estaban dentro, “Pepet” convocó a varios centenares de braceros de la localidad y al centenar de miembros de la Juventudes Socialistas que estaban recibiendo instrucción militar y rodearon la prisión para enfrentarse y desarmar a los milicianos anarquistas.

Ante la situación en la que se vivía, “el Chino” dio la orden de retirarse y salieron a tiros atravesando la multitud. Murió una docena de anarquistas y varios comunistas en el enfrentamiento. Poco después, una patrulla de aviones Polikarpov fue enviada desde Madrid para acabar con ese grupo de la Columna de Hierro. Fueron bombardeados y ametrallados mientras que circulaban en sus camiones. El ochenta por ciento del grupo liderado por “el Chino” fue abatido por los aviones republicanos.

Sin embargo, el grueso de la Columna de Hierro permanecía en Valencia, donde intentaban conseguir armas mediante su robo a la Guardia Popular Antifascista. En una de estas operaciones, los miembros de esta policía creada al inicio de la Guerra Civil, detuvieron al anarquista Tiburcio Ariza, que se resistió y murió en el enfrentamiento con los policías.
Documentos correspondientes a Causa General del A.H.N.

Los anarquistas organizaron un funeral muy numeroso al que asistieron, casi en su totalidad, los miembros de las columnas de Hierro, CNT-13 y Torres Bendito. La comitiva del entierro tenía que pasar por la Plaza de Tetuán, donde estaba la sede del Partido Comunista. Allí les esperaba un batallón de comunistas valencianos que había vuelto de permiso de combatir en Madrid. Uno de los integrantes de ese batallón, un joven comunista, se adelantó saliendo al encuentro de los anarquistas y, antes de llegar a la cabecera de la comitiva fúnebre en la que se encontraban los líderes de las columnas convocantes, sacó una pistola y disparó contra ellos.

Esa era la señal convenida, desde las ventanas de los edificios y desde la misma calle, los comunistas abrieron fuego contra los anarquistas a los que causaron 30 muertos y más de 50 heridos. Los anarquistas nunca respondieron a este ataque, las columnas anarquistas de Valencia quedaron disueltas. Fue el final de la Columna de Hierro. Con ella morían sus asesinatos y sus robos.

Puedes comentar el blog con el autor en @Juanerpf o en la página de Facebook Los Crímenes del Comunismo y el twitter del blog: @crimencomunismo

******************* Sección "bilingüe" ***********************
El indigenismo catalán
José García Domínguez Libertad Digital 30 Noviembre 2017

La cuestión, la profunda, la genuina, la susceptible de galvanizar pasiones que puedan llevar incluso a la cárcel o al exilio, es la eventual desaparición de la tribu primigenia.

Algo en apariencia incomprensible. A decir de esa encuesta última que acaban de publicar en El País, resulta que apenas el 24% de los catalanes desearía seguir adelante con el procés. Pero prácticamente la mitad del censo electoral, un 46% de la población mayor de edad, piensa seguir votando a los partidos que llevan más de un lustro impulsando ese mismo procés. Unos partidos, los que acaban de abocar a Cataluña al peor desastre colectivo desde la Guerra Civil, cuyas principales figuras públicas, Puigdemont, Junqueras y Rovira, cuentan además con la aprobación de, respectivamente, un 46, 43 y 42 por ciento de los catalanes con derecho al sufragio. Dicho de otro modo: la totalidad de los votantes nacionalistas aprueba la gestión de los políticos nacionalistas que provocaron el final desastroso del procés, y ello pese a ser muy conscientes del error fatal que supuso seguir los pasos que condujeron a su desenlace último. ¿Cómo entenderlo? Pues quizá recordando una frase, también en apariencia incomprensible, que pronunció Carme Forcadell en uno de sus mítines callejeros durante el clímax tumultuario previo al gatillazo constituyente. Berreó entonces Forcadell en su histriónico, inconfundible estilo: "Si no proclamamos ahora la independencia, desapareceremos como pueblo".

Ese pensamiento individual (lo más grave de cuanto dice Forcadell es siempre la absoluta, genuina sinceridad con que lo dice) y esa paralela revelación colectiva nada tienen que ver, si bien se mira, ni con el asunto de la economía ni tampoco con el de la relación de Cataluña con el resto de España, el famoso encaje. Bien al contrario, cuando Forcadell se atreve a proclamar en público lo que los demás solo confiesan en privado, esto es, que los verdaderos catalanes se acabarán extinguiendo en tanto que grupo demográfico si no son capaces de imponer ahora la creación de un Estado que disponga de fronteras propias, lo que hace es desvelar el carácter en última instancia indigenista del separatismo. Todo lo cultural, lingüístico y antropológico que se quiera, pero indigenista a fin de cuentas. Para Forcadell, como para ese impertérrito 46% de catalanes que piensa seguir votando toda la vida a Esquerra, el PDeCAT o la CUP aunque se acabe el mundo, se marchen de aquí hasta los puestos de pipas y caigan sobre las plantaciones de peras de Lérida las siete plagas de Egipto, la cuestión no es ni la economía ni el encaje.

La cuestión, la profunda, la genuina, la susceptible de galvanizar pasiones que puedan llevar incluso a la cárcel o al exilio, es la eventual desaparición de la tribu primigenia a consecuencia de las migraciones externas y la baja tasa de natalidad doméstica. Los catalanistas siempre han tenido la inmensa suerte de que en el resto de España nadie lee nunca lo que escriben. Nadie. Nunca. Por eso en Madrid se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo los lugares comunes de rigor sobre la pela y demás convenciones manidas. Pero si los leyeran, los entenderían. Porque desde el introductor de la ciencia demográfica en España, Josep Anton Vandellós, aquel discípulo catalán de Gini, el gran estadístico fascista de la Italia de Mussolini, hasta Anna Cabré, la actual directora del Centro de Estudios Demográficos de la UAB, la crónica obsesión de los teóricos del catalanismo ha sido la continuidad biológica de la tribu, siempre amenazada por el regular asentamiento en Cataluña de contingentes humanos procedentes de otras latitudes peninsulares. Si no se entiende eso, no se entiende nada. Y cuando se entiende eso, ya no se espera nada.

El cupo vasco, Cataluña y el resto de Autonomías

Juan Francisco Martín Seco republica  30 Noviembre 2017

La semana pasada se aprobó en el Congreso, por tramitación directa y lectura única, el cupo vasco. Se comprende el malestar de Albert Rivera y de Ciudadanos, ya que el procedimiento impide a la oposición introducir enmiendas. El PNV ha señalado en alusión a Ciudadanos que “a algunos les sorprenden determinados mecanismos, pero están establecidos en las propias leyes. Es un sistema concertado, en el que las dos partes se tienen que poner de acuerdo”. Paradójicamente, esta argumentación -que es cierta- deja al descubierto el pecado mayor del concierto, el de configurarse como un acuerdo bilateral entre gobiernos, en el que el Parlamento español tiene muy poco que decir y, lo que resulta casi más injusto, el resto de las Comunidades, menos. De ahí también las reticencias lógicas de Compromís y de los barones socialistas.

La bilateralidad tiene una enorme fuerza de atracción para las formaciones nacionalistas no solo por una razón de preeminencia, la de considerar al resto de Comunidades en un estrato inferior, sino porque siempre es más fácil chantajear a un gobierno, sea cual sea, que enfrentarse al resto de las Autonomías. Eso explica también por qué los nacionalistas catalanes han planteado y plantean siempre el diálogo de forma bilateral, y por qué el presidente de la Generalitat ha eludido todo ámbito de negociación colectiva. Pero, quiérase o no, la financiación autonómica es un sistema de suma cero: el dinero que se destina al País Vasco o a Cataluña no va al resto de las Comunidades, bien porque se reduzcan sus recursos o los del Estado.

En la defensa del cupo, Margarita Robles ha declarado que el concierto es un hecho diferencial constitucionalmente reconocido. Tiene razón, pero también es verdad que, como todos los hechos diferenciales reclamados por los nacionalistas, pasan enseguida de hechos a privilegios. Lo ha dicho claramente el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández: “El País Vasco está sobrefinanciado”. La sobrefinanciación, tanto del País Vasco como de Navarra, es un hecho, además de diferencial, irrefutable.

Existe, como es lógico, una cierta correlación entre la renta per cápita de las Comunidades y el déficit o superávit de las llamadas balanzas fiscales, aun cuando el cálculo de estas mantenga siempre cierta relatividad. Es fruto de la política redistributiva del Estado, que debe concretarse también en el ámbito territorial. En la correlación de estas dos series, surge, sin embargo, una clara irregularidad, un hecho diferencial, podríamos afirmar. El del País Vasco y Navarra. Ocupan el segundo y tercer puesto en renta per cápita y, no obstante, ambos son receptores netos. Ciertamente en mucha mayor medida el País Vasco, que, según los últimos datos, presenta un saldo positivo superior al de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. ¿Cómo no hablar de injusticia?

La mayoría de los comentaristas y políticos son conscientes de esta realidad, pero la atribuyen no tanto a la existencia del concierto, sino al cálculo que se ha venido haciendo del cupo. Es indudable que la determinación periódica del cupo siempre se ha hecho en circunstancias tales que el Gobierno vasco ha tenido un trato sumamente beneficioso. Empezando por la propia metodología que margina la función redistributiva del Estado. Esta se negoció bajo la sombra de mayor actividad de ETA. Participé con la delegación del Estado en algunas reuniones de esa negociación. Recuerdo que en cierta ocasión en la que se produjo un desacuerdo, la parte vasca insinuó, como el que no quiere la cosa, que no sabían cómo le sentaría eso a ETA. Era la concreción de la frase de Arzalluz: “ETA agita el nogal y nosotros recogemos las nueces”.

Después, ha actuado el juego parlamentario, un tanto abusivo, que los nacionalistas bien sean catalanes o vascos han venido practicando todos estos años, siempre prestos a facilitar su apoyo a cualquiera de los dos grandes partidos que lo necesitasen para su investidura o en su acción de gobierno. Pero siempre vendiendo por un buen precio sus servicios, en detrimento, por supuesto, de las otras Comunidades Autónomas. En el caso del PNV, las mercedes se concretaban, entre otras, en el cálculo del cupo. Cuando el chantaje no era posible porque el gobierno de la nación disponía de mayoría absoluta y existían discrepancias, el PNV dejaba el acuerdo para tiempos mejores, en los que se precisasen sus servicios y entonces, en la nueva negociación, se introducían los desacuerdos anteriores, lográndose todas las reclamaciones atrasadas. Eso, ni más ni menos, es lo que ha ocurrido en esta ocasión.

La última vez que se aprobó el cupo fue en 2007, con Zapatero en minoría. Durante la etapa en la que el Gobierno del PP contó con mayoría absoluta no se llegó a ningún acuerdo. Se ha esperado hasta ahora, cuando Rajoy ha necesitado el apoyo del PNV, de cara a sacar adelante la Ley de presupuestos de 2017, para aprobar la ley del cupo, que no solo fija una cantidad claramente infravalorada para los próximos cinco años, sino que recoge las reivindicaciones acumuladas desde 2007. Por eso, Josu Erkoreka ha hablado de “15 años de paz fiscal”.

Resulta por tanto plenamente lógico que junto a Ciudadanos y a Compromís haya surgido la protesta de las voces socialistas que gobiernan distintas Comunidades Autónomas. La mayoría han tenido que disfrazar su crítica de reproche al Gobierno por no presentar al mismo tiempo un nuevo modelo de financiación autonómica. Su posición era ciertamente delicada por dos motivos. El primero es que el grupo socialista en el Congreso iba a votar a favor en la aprobación de la Ley.

El segundo es de más calado y supongo que en parte explica el primero. La negativa del PSOE de Pedro Sánchez a discutir y negociar los presupuestos de 2017 con el PP no dejó a Rajoy otra alternativa que echarse en los brazos del PNV y pagar el correspondiente peaje, que no soporta él, sino el resto de los españoles. Es más, a menudo los sanchistas, con la intención de librarse de la presión que podía ejercerse sobre ellos para que apoyasen al Gobierno, han empujado al PP a pactar con los nacionalistas. El 11 de mayo escribí en este mismo diario digital un artículo titulado “El coste del seudoizquierdismo de Pedro Sánchez”, en el que pretendía resaltar el precio que para los ciudadanos españoles iba a tener la negativa del PSOE a ni siquiera sentarse a discutir los presupuestos de 2017. En ese coste se incluía por supuesto el pacto con el PNV y en consecuencia la aprobación sesgada del cupo, pero también, al menos desde el punto de vista de la izquierda, las concesiones hechas a Ciudadanos y a los canarios y, sobre todo, las contrapartidas sociales que los socialistas hubiesen podido conseguir y no han conseguido. Nunca sabremos, afirmaba yo, hasta dónde hubiera estado dispuesto a ceder Rajoy en temas como pensiones, seguro de desempleo o impuestos.

En los momentos actuales retorna el problema. Están en perspectiva los presupuestos de 2018. A Pedro Sánchez se le presenta la alternativa de intentar, mediante la negociación, que determinadas medidas progresistas se incluyan en los presupuestos o bien, presa de una pureza ritual, permitir de nuevo que las cesiones al País Vasco vuelvan a incrementar las desigualdades territoriales y que las demandas de Ciudadanos deterioren aún más la economía del bienestar. Con toda razón y también con cierta habilidad, Montoro ha intentado unir la financiación autonómica con los presupuestos del año que viene. Existe el mantra de que la aprobación de los presupuestos le importa únicamente al Gobierno, cuando en realidad en una época de restricciones presupuestarias, el Ejecutivo se siente bastante cómodo con un presupuesto prorrogado. Serían otros, por ejemplo las Comunidades Autónomas o las formaciones políticas de izquierdas que consideran que las prestaciones sociales deben incrementarse, las que pueden verse más perjudicadas por la falta de presupuesto. Una formación política de izquierdas no solamente lo es porque enuncie medidas de izquierdas, sino porque las consigue, implantándolas cuando está en el gobierno y, cuando no, pactándolas desde la oposición.

El voto favorable de Podemos en la aprobación del cupo resulta aun más inexplicable, si no fuera porque en materia territorial nos tiene ya acostumbrados a las posturas más estrambóticas. Se supone que la igualdad se sitúa en la cúspide programática de las formaciones políticas que se definen de izquierdas. Igualdad que se debe traducir también en el orden territorial. Por eso se entiende tan mal que Podemos se sitúe siempre al lado de los intereses de las regiones ricas y las defienda en sus privilegios, o que respalde las fuerzas centrífugas que incrementan los desequilibrios y dañan las políticas redistributivas entre los territorios. Claro que ya al margen de izquierdas o derechas, solo la más total ignorancia y ceguera pueden motivar que se defienda la independencia de una Comunidad más bien pobre como Andalucía.

Es cierto que el cálculo del cupo ha colaborado sustancialmente a la situación de discriminación, pero el problema es más profundo, está en la raíz, se encuentra en la existencia del propio concierto. Es un régimen fiscal totalmente anómalo en la doctrina financiera del siglo XXI. Difícil de explicar en Europa, ante cuyas autoridades el Gobierno español ha tenido que comparecer a menudo para defenderlo. Es un régimen más propio de la Edad Media (aunque haya sido actualizado durante las guerras carlistas), en el que la realidad jurídica no se basaba en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sino en las concesiones (libremente otorgadas o arrancadas) del monarca. Cada territorio tenía sus fueros (privilegios). No existía un sistema fiscal universal propiamente dicho, sino que la Corona obtenía los recursos de cada territorio o ciudad (cupo), siendo luego las instituciones locales las encargadas de recaudar el gravamen entre los ciudadanos.

Al margen de disquisiciones teóricas o históricas, el sistema presenta dos grandes defectos que lo hacen especialmente perverso. El primero, ya se ha citado, es el de la bilateralidad, que se quiera o no, incentiva la discriminación y dificulta la redistribución territorial. Es el propio sistema el que casi predestina a que el cálculo no se realice de manera objetiva, sino en función de vericuetos partidistas. El segundo es que, al contar el Gobierno vasco con plena capacidad normativa, se rompe la unidad fiscal propiciando la competencia desleal y el dumping fiscal. Bien es verdad que últimamente este problema se ha extendido también al modelo de financiación autonómica general, según se ha ido transfiriendo de forma parcial capacidad normativa a las otras Comunidades. A ello me refería en el artículo de la semana pasada, aplicado al impuesto de sucesiones. No obstante, el problema se hace infinitamente mayor con el concierto en el País Vasco y Navarra. Nada más aprobar el cupo, el Gobierno vasco acaba de aprobar una sustancial rebaja del impuesto de sociedades que va a colocar en graves apuros a las Comunidades limítrofes.

Podríamos afirmar incluso que existe un tercer factor que se ha puesto de manifiesto con el desafío soberanista catalán. El golpe de Estado hubiese sido mucho más difícil de controlar si Cataluña hubiese contado con un sistema fiscal similar al del País Vasco. Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Cataluña nos debe hacer reflexionar y replantearnos la estructura territorial, pero quizás las medidas que se precisan van en dirección contraria a las que se pretenden con la creación de la Comisión que se ha constituido en el Congreso a instancias de Pedro Sánchez y de la reforma de la Constitución que algunos están pensando.

Hay quienes pueden llevarse una gran sorpresa si se abre el melón de la Constitución, porque tal vez en esta materia las posiciones de la dirección del PSOE y de Podemos están muy lejos de las de sus bases y votantes, que puede que estén ya bastante hartos de los planteamientos victimistas, insolidarios y supremacistas de los nacionalismos, e indignados de haber ido tan lejos en la descentralización posibilitando un golpe de Estado. Es muy posible que la mayoría de la población española no esté dispuesta a que se dé un paso más en esta dirección, sino que por el contrario la reforma se encamine hacia la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, y a fortalecer al Estado. Hay un antes y un después del órdago independentista de Cataluña. Jamás la aprobación del cupo vasco ha levantado tanta polvareda y generado tantas críticas.

www.martinseco.es

A cavar viñas a pala
Jesús Cacho. vozpopuli  30 Noviembre 2017

Mi padre, un agricultor de Tierra de Campos, Palencia, ocupado en labrar la tierra de sol a sol, solía condenar “a cavar viñas a pala” a todo aquel susceptible de merecer el calificativo de “zángano”. Cavar viñas a pala era la peor de las ocupaciones imaginables en aquella España donde todo el trabajo agrícola era esfuerzo físico, de hombres y bestias, antes de que la mecanización del campo permitiera mejorar la vida de casi todos. En la categoría de zángano solía incluir desde el señorito dispuesto a perder la mañana persiguiendo liebres a caballo, hasta el vago de atar, pasando por todo tipo de gente de mal vivir dispuesta a hacer daño al prójimo. Mi padre hubiera condenado a los Puigdemones a cavar viñas a pala (“a picar pedra” les mandaba el otro día Josep López de Lerma, siete veces diputado por CiU en Madrid) durante una buena temporada. Cavar viñas a pala con el cierzo de marzo en la frente, un trozo de pan y media cebolla en el fardel por todo aditamento.

Por desgracia, los Puigdemones no van a ir a cavar viñas a pala, que lo suyo es volver a presentarse como candidatos en menos de un mes a la presidencia de esa Cataluña a la que han arruinado, han dividido y han envilecido, mediante la que ha sido la mayor estafa (política, emocional, económica) que se recuerda en la historia reciente de España y de la UE. Así lo ha querido la benevolencia de don Mariano y de los partidos que han apoyado el 155, que ni siquiera se han atrevido a quitar a los facciosos esa pistola de odio que es TV3. Y no solo se van a presentar dispuestos a rematar la faena de dar la puntilla a una tierra ya muy castigada por tanta incuria falsaria, sino que, dicen las encuestas y jalean los medios, pueden volver a ganar y a formar Gobierno, momento en el que cualquier persona juiciosa instalada más allá de la ribera del Ebro debería ir pensando en atravesar el río o en cruzar los Pirineos con afán de no regresar.

Yo me niego. Me niego a creer que esta gente pueda volver a tomar las riendas de la Generalidad, porque, después de la comedia bufa a la que hemos asistido en platea, la suma de todos ellos, de pedecats, de junpelsis, de errecés, de cups y de caps, no debería dar más allá de cinco o a lo sumo diez diputados. Es el castigo que, en una sociedad mentalmente sana, merecerían por el daño que han causado. Sí, ya sé que en el manicomio independentista no parece abundar la gente cuerda. Dice Searle-White en The Psychology of Nationalism, que el mecanismo psicológico que alimenta el sentimiento nacionalista en un mundo plagado de miedos como el nuestro permite al individuo ganar autoestima al identificarse con una nación, real o inventada, y adjudicarse todas las virtudes de esa idealizada colectividad. Para lo cual resulta imprescindible crear o recrear un enemigo externo a quien se apunta como responsable de nuestras desgracias, a quien hay que destruir, de quien hay que huir o, en todo caso, separarse.

Lejos de aceptar el debate racional, el nacionalista se entrega con pasión a los impulsos más básicos, a esa emoción reñida con la razón que, cual nueva religión, todo lo fía al futuro venturoso en la Arcadia de la independencia en la que vivirán los elegidos. Marta Rovira, por ejemplo, una analfabeta funcional toda emoción que aspira a la presidencia de Cataluña en caso de que a fray Junqueras le dé un aire y se decida a profesar como trapense en Santes Creus. Marta estuvo el otro día en la SER y fue incapaz, con ese castellano suyo que ella retuerce con saña como si de dificultosa lengua extranjera se tratara, de reconocer haber cometido fallo alguno. Los malos, ya se sabe, siempre son otros. Rovira ha acusado al Gobierno de haber amenazado a Puchimón con muertos en las calles y se ha quedado tan ancha, sin que el Gobierno Rajoy se haya querellado. Y ahí va ella, entre llantos y susurros, dispuesta a seguir patroneando esa barca de aventados que ha arruinado Cataluña. ¿Alguien en su sano juicio, algún padre de familia con hijos a su cargo, puede estar pensando todavía en votar a esta indigente intelectual?

La muerte de Manolete en la plaza de Linares
Además de estafadores, los Puigdemones han demostrado ser unos cagaos de tomo y lomo, cualidad que a estas alturas de la historia no puede sorprender a nadie. Tras la apostasía de Carmen Forcadell, la Marianne de la República Catalana, ante el Tribunal Supremo, donde, tras aceptar la Constitución, el artículo 155 (como el resto de miembros de la Mesa), y cualquier cosa que le hubieran puesto a la firma, que solo le faltó a la doña adjudicarse la muerte de Manolete en la plaza de Linares, ha sido el citado Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el 2 de noviembre quienes, desde los fríos de Estremera, han remitido un escrito al juez Llarena del Supremo pidiéndole audiencia con la intención de cantar las alabanzas del 155 y otras yerbas, comprometiéndose a defender sus ideas “por las vías del diálogo y la negociación”, para de este modo poder salir a la calle y hacer campaña.

¿No tenían ustedes un mandato del pueblo catalán, así en engeral, para declarar la independencia?

¿Realmente estos valientes, ejemplo de virtudes cívicas y humanas, feos por dentro y feos por fuera, van a volver a gobernar la Generalidad de Cataluña? Todos han reconocido ahora que la DUI fue “un acto simbólico sin repercusión jurídica”, que el Govern no estaba preparado para “dar continuidad política de forma sólida” a unos resultados del 1-O donde se podía votar cuantas veces se quisiera, que no había una “mayoría social” dispuesta a apoyar la secesión… Pero, ¿en qué quedamos? ¿No tenían ustedes un mandato del “pueblo catalán”, así, en general, de todo el pueblo catalán, para declarar la independencia? ¿No se han cansado ustedes, contra toda evidencia, contra los resultados que arrojaron las urnas el 27 de septiembre de 2015, de decir que representaban a “la inmensa mayoría del pueblo catalán”? Ya lo sabíamos: han estado mintiendo como bellacos durante años, para al final venir a quejarse lloriqueando del “poder coercitivo” de ese Estado al que decían despreciar.

Mentirosos, cobardes, cínicos. Dejo al margen a ese auténtico “carallot” (gilipollas, en catalán) que es Puigdemont, un bufón que cual capitán Araña embarcó a tantos en la aventura de la independencia para, 8 segundos después de soltar amarras, poner pie en chapula y huir a Bruselas donde pasea su triste figura de mendicante en busca de un poco de cariño. Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasará el 21 de diciembre, pero resultaría verdaderamente sorprendente, por utilizar un término caritativo, que los partidos nacionalistas volvieran a repetir resultados. Parece de todo punto lógico suponer que una parte de los catalanes que a partir de septiembre del 2012 decidieron echarse en brazos del independentismo se queden ahora en casa, hastiados y ofendidos por la burda astracanada de que han sido objeto. No sé si será el 1% o el 10% de los 1.957.348 votos (de un censo total de 5.352.786) que el 27-S obtuvo la suma de JxSí y CUP, pero en cualquier caso será un porcentaje suficiente para enviar a la oposición a quienes han abusado tan arteramente de Cataluña y los catalanes. El 21 de diciembre habrá sorpresa.

‘Suelta de presos’ para favorecer a ERC y la extradición de Puigdemont

Pablo Sebastián republica  30 Noviembre 2017

El magistrado Llarena del Tribunal Supremo acordará hoy la excarcelación de Junqueras, los ‘Jordis’ y otros siete ex consejeros del Govern una vez que acepten declarar ante él y acaten el artículo 155 de la Constitución. Lo que previsiblemente harán todos los encarcelados para obtener la libertad condicional con fianza y poder regresar a Barcelona donde se incorporarán a la campaña electoral de los comicios del 21-D.

Con esta previsible decisión judicial, inducida por el Gobierno, el Ejecutivo de Rajoy pretende obtener cuatro ventajas políticas en Cataluña de cara al 21-D.

-La primera de ellas será enviar al Tribunal belga -que la próxima semana debe decidir sobre la extradición de Puigdemont (y cuatro ex consejeros) a España- la noticia de que en España no hay ‘presos políticos’ -que en realidad son presuntos delincuentes- en la cárcel, y que si los encausados colaboran con la Justicia y acatan la legalidad estarán en libertad, al menos hasta que se celebre el juicio oral.

-La segunda consecuencia qué espera el Gobierno de la ‘suelta de presos’ es rebajar la tensión política en Cataluña y mejorar con ello las expectativas electorales del PP que son bastante malas.

-Asimismo, el Ejecutivo desea que Junqueras entre en campaña electoral y frene con ello la presunta recuperación de la lista de Puigdemont, porque si ERC y el PDeCAT obtienen un resultado parecido o igualado podría ser que Arrimadas y C’s ganaran las elecciones del 21-D. Y esa victoria, que sería buena para Cataluña y para España, le pondría -a nivel nacional- los pelos de punta al PSOE y al PP.

-Pero si Junqueras logra que ERC gane las elecciones la fractura entre los secesionistas se confirmará. Porque Puigdemont reclamará entonces la presidencia de la Generalitat, aunque su lista quede postergada al tercer o cuarto lugar, frente al legítimo deseo de Junqueras -en caso de victoria de ERC- de presidir la Generalitat buscando un gobierno de izquierdas con el PSC, Podemos y la CUP, si suman entre ellos los escaños suficientes.

Naturalmente estos son los cálculos que se hacen en La Moncloa al día de hoy y si la prevista ‘suelta de presos’ discurre sin incidentes inesperados.

Pero todavía pueden pasar muchas cosas de aquí al 21-D y entre ellas el regreso, por las buenas o las malas, de Puigdemont que entraría de cabeza en prisión y sin visos de solución por su condición de prófugo.

Y también habría novedades si el PSC sigue, como hasta ahora, desvelando su semi oculto programa electoral que, a medida que se va conociendo, se parece más al de ERC: perdón de la deuda catalana, Hacienda propia, salida de presos y al fondo de todo ello el referéndum pactado.

Aunque el que se lleva la palma, por culpa de su apoyo declarado a los independentistas, es Pablo Iglesias que acaba de anunciar un recurso de inconstitucionalidad por la aplicación del artículo 155. Lo que es solo un gesto que no prosperará por la sencilla razón de que dicho artículo está en la Constitución.

Otro error -u ocurrencia- de Pablo Iglesias que le causará problemas tanto en Barcelona como en Madrid y especialmente dentro de su propio partido donde su liderazgo empieza a palidecer. Lo que empeorará si en Cataluña, como anuncian las encuestas, su alianza con Colau le sale mal.

Unos golpes de pecho y para casa
Melchor Miralles republica  30 Noviembre 2017

Pasado mañana comparecen ante el Supremo Oriol Junqueras, los siete ex consejeros de la Generalitat que no se han pirado a Bruselas con el jefe de la banda y los dos Jordis, Cuixart y Sánchez. Todos han solicitado al magistrado Pablo Llarena que revise la prisión incondicional decretada por la juez de la Audiencia nacional Carmen Lamela. Las defensas de todos ellos han presentado los correspondientes recursos en unos escritos que, según varios magistrados con los que he comentado los textos, no parece que estrictamente tengan posibilidades de prosperar, aunque ya se sabe que el Supremo es más proclive a adoptar decisiones que convienen en lo político a quienes manejan el cotarro, lo cual hace que sea verosímil que salgan en libertad siguiendo los criterios empleados con la ex presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell.

Los recurrentes aspiran a salir en libertad, lo cual es lógico en cualquier ciudadano privado de libertad, y respetable, claro está. Pero evidencian escasa coherencia y ausencia de principios sólidos. Los recursos son más textos de carácter eminentemente político, más que argumentaciones jurídicas sólidas. Lo de que ahora quieren acatar el artículo 155 es de coña marinera. Parece una broma. Las leyes se cumplen o se incumplen, y ellos las han incumplido conscientemente hace tiempo, aunque ahora se acojonen y se achanten para salir del talego. Apelar ahora al acatamiento evidencia que previamente ha existido incumplimiento, y aunque todos ellos estén ahora en una fase cobarde y hayan dejado en la estacada a los ciudadanos que siguieron sus consignas y proclamas con buena voluntad y convicción, creyendo sus políticas encaminadas a la declaración unilateral de la independencia, otra cosa es la Justicia, que no debiera ser un cachondeo. Y aunque lo políticamente correcto es ahora el “todos a la calle” después de tanta matraca con el “todos a la cárcel”, conviene que las resoluciones judiciales sean justas y no se transmita la sensación de que la Justicia no es igual para todos.

La argumentación de los acusados de que “no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña”, con la que pretenden salvar los muebles ante la sensación que cunde en sus filas de que han actuado como unos cobardes sin principios, evidencia también que su único objetivo sigue siendo la independencia de Cataluña, y como hasta la fecha han actuado durante meses, e incluso años, vulnerando las leyes desde posiciones de responsabilidad política y administrativa máxima, no parece que la cosa vaya a cambiar, aunque ahora estén en fase de bajar el diapasón y tratar de camelar al Supremo y al personal aún a costa de ser incoherentes y cobardones.

El juez Llarena únicamente ha de valorar si los acusados han violado la legislación vigente. No es el Supremo una instancia para valorar principios políticos. Las ideas políticas son legítimas, claro que sí, pero todos los actos que han llevado a cabo para defender que sus legítimas ideas fueran realidad no han sido legales, y esa es la clave de asunto que nos ocupa y es por ello por lo que la juez Lamela decretó su ingreso en prisión, no por sus ideas, sino por sus actos para defenderlas, que fueron evidente y reiteradamente ilegales.

La decisión de Puigdemont y algunos de sus consejeros de abandonar España e instalarse en Bruselas, o sea, de huir de la acción de la Justicia, no ha ayudado a sus colegas, evidentemente. La clave de los interrogatorios del viernes será ver si los acusados están en disposición de acreditar que su futura actividad política se va a desarrollar dentro de la legalidad vigente. Los precedentes y los antecedentes no juegan evidentemente a su favor y el tono eminentemente político de sus recursos tampoco, pero sus defensas y los líderes políticos independentistas confían en que con el acatamiento del 155, y amparándose en el antecedente de Carmen Forcadell, todos ellos salgan de prisión, decisión que ve con buenos ojos y que tratan de apoyar el Gobierno y Rajoy, que están en la fase blanda, arriolesca, de evitar tensiones y llegar a la campaña electoral con el ambiente lo más en paz posible. O sea, que se puede sentar un antecedente grave, cuál es que con unos meros golpes de pecho los acusados van a salir de prisión. Si se aplica el mismo rasero a todos los ciudadanos que están en régimen de prisión preventiva se vacían las cárceles. Ay el tribunal Supremo¡¡¡ Y lo que nos queda por ver.

Unos auténticos estafadores
OKDIARIO 30 Noviembre 2017

Los catalanes aún están a tiempo de acabar con la pesadilla secesionista. La gran mayoría constitucionalista debe acudir a los colegios electorales el próximo 21 de diciembre con la convicción de que su voto es fundamental para que la seguridad jurídica no sea una especie en extinción al otro lado del Ebro. De no ser así, estarán condenados a la dictadura golpista, un movimiento integrado por individuos que se comportan como auténticos estafadores. Sólo hay que detenerse en las conversaciones que les ofrece en exclusiva OKDIARIO. Reuniones de trabajo entre dos personas que, en teoría, eran los máximos responsables del dinero de todos los catalanes y que no tenían el más mínimo escrúpulo ni sentido técnico a la hora de manejarlo.

Tanto Josep Lluis Salvado Tenasa como Alberto Puig Pascual —responsables de la falsa hacienda catalana— desarrollaban una máxima para administrar el dinero público que habla por sí sola: “No hace falta dar explicaciones de nada”. Igual que sucedería en la república bananera más ridícula que se pueda concebir. Para ellos, 75.000 millones de euros era “una cifra guapa” que daba “sensación de Estado”. Sin más criterio a la hora de presupuestarla. Planteamientos que dejan al aire las vergüenzas de un procés que no sólo estaba dirigido por pirómanos de la política en lo institucional, sino que a tenor de estas revelaciones, también contaba con conspicuos ignorantes al frente de sus cuentas. Si Cataluña es ya una de las comunidades más endeudadas de España, ¿se imaginan hasta qué punto podría tocar fondo bajo la gestión de estos desaprensivos?

Como decía el clásico, el tiempo es un juez inexorable que da y quita razones. Ese juez ha trazado de manera inapelable el marcado perfil de chapuceros que caracteriza a los sediciosos. Con Puigdemont huido, su hacienda retratada y el resto del plantel jurando lealtad de manera hipócrita al artículo 155 con tal de salir de la cárcel, sólo cabe que los ciudadanos se den cuenta de cuánto han intentado engañarlos. La respuesta ante tanta falsedad debe llegar en las urnas. Los ciudadanos deben proponerse de una vez por todas acabar con la falacia independentista. Una mentira que incluso reconoció Josep Lluis Salvado Tensa. El ínclito chapuza de la hacienda independentista aseguró que “cualquiera con dos dedos de cerebro” vería que no estaban preparados para ser independientes. Una verdad reconocida en privado que lo convierte en un cínico y que retrata aún más la catadura de estos personajes. Protagonistas todos ellos de una ópera bufa que casi acaba con Cataluña.

Un plan premeditado para permitir el 1-O
EDITORIAL El Mundo  30 Noviembre 2017

La votación del 1 de octubre pudo llevarse a efecto, aunque de forma parcial y sin garantías, gracias a la intolerable permisividad de los Mossos. En sus declaraciones judiciales, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, decenas de agentes de la policía catalana señalan directamente a Trapero y al resto de altos mandos por abocarles el día del referéndum a una "situación ingobernable", además de negarles refuerzos y evitar la movilización de los antidisturbios. Ni siquiera les dieron cinta para precintar los colegios electorales.

De todo ello se colige que la conducta de la cúpula de la policía catalana no fue improvisada. Al contrario, los jefes de los Mossos disponían de un plan orientado a permitir la votación mientras guardaban la apariencia de formalidad en el acatamiento del mandato judicial para impedir la misma. Y fue precisamente esta dejación de Trapero -acusado de sedición en la causa por el asedio a la Consejería de Economía- lo que obligó a las fuerzas del Estado a intervenir para frustrar un votación que el TC declaró ilegal. Los independentistas han alimentado el victimismo usando las cargas policiales del 1-O. Estas escenas nunca habrían tenido lugar si Trapero y el resto de altos mandos de los Mossos hubieran cumplido con sus obligaciones.

ABC y la doble moral de los separatistas
El director de opinión Jaime González responde a la denuncia del Govern por «usar a menores con fines políticos»
Jaime González ABC  30 Noviembre 2017

Reconozco que el escrito que tengo entre las manos –remitido con fecha de 2 de octubre de 2017 por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña– ha conseguido agitar mis demonios interiores. Todos llevamos dentro un diablo que, en determinadas ocasiones, te pincha la barriga con el tridente para que pierdas la formas y caigas en la provocación.

Pero esta vez, no. Con honda satisfacción siento comunicarle a doña Georgina Oliva i Peña, a la sazón directora general de Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que he conseguido domeñar a mi particular Belcebú y, en consecuencia, procedo a dar respuesta a su misiva con la misma elegancia con la que ella tuvo a bien denunciar a ABC ante la Fiscalía de Menores por la instrumentalización de niños y adolescentes con "fines políticos" y la utilización de imágenes de menores "acompañadas de expresiones vejatorias o manifestaciones que pueden incitar al odio", con motivo del "referéndum de autodeterminación de Cataluña del pasado 1 de octubre".

Como no es cosa de perderse en disquisiciones jurídicas, sino de entrar directamente en materia, me va a permitir doña Georgina que la corrija sin más ánimo que el de llamar a las cosas por su nombre. El pasado 1 de octubre no hubo en Cataluña ningún referéndum de autodeterminación, porque la ley autonómica que daba cobertura a eso que llama "referéndum" fue suspendida cautelarmente por el TC el 7 de septiembre y declarada nula por unanimidad el pasado 17 de octubre. Siento de veras tener que puntualizarla, pero ya que justifica su denuncia en la vulneración de los artículos 35.3 y 36 de la ley catalana 14/2010 del 27 de mayo, me veo en la obligación de recordarle que la que fue su consejera y se supone que la nombró a usted en el cargo, Dolors Bassa, permanece ingresada en la prisión de mujeres de Alcalá 1 por los presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación de caudales públicos. O sea, por vulnerar –presuntamente– el orden constitucional y saltarse, de cabo a rabo, el ordenamiento jurídico. Comprenderá que si apela a la ley y nos acusa de utilizar "imágenes de niños y de acompañarlas de expresiones vejatorias o manifestaciones que pueden incitar al odio", haga mención a la situación procesal de su exjefa y le recuerde que fue la propia Fiscalía de Menores la que, el pasado 26 de septiembre, les responsabilizó a ustedes de la seguridad y vigilancia de los alumnos catalanes el 1-O.

Para terminar, doña Georgina, me va permitir que le exponga una duda: si su obligación es defender los derechos de los niños catalanes, ¿por qué su Departamento no denunció jamás ante la Fiscalía de Menores el sistemático plan de manipulación y adoctrinamiento ideológico llevado a cabo en los colegios públicos catalanes? Lástima que no se empleara usted con la misma diligencia con la que ha denunciado a ABC, aunque comprendo que estuviera ocupada con el "referéndum de autodeterminación de Cataluña del pasado 1 de octubre".

Desconozco si sigue al frente de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña. Si no es así, lo celebro. Y si continúa en sus funciones, Dios nos coja confesados.

SEGÚN JAVIER BARRAYCOA
Los tres intocables del separatismo: Mossos, TV3 y Educación
Rosalina Moreno gaceta.es  30 Noviembre 2017

El sociólogo y politólogo Javier Barraycoa desgrana en La Gaceta cuáles son, a su juicio, las “condiciones pactadas entre el separatismo y el Gobierno de forma secreta”.

El sociólogo y politólogo Javier Barraycoa, fundador de la plataforma ‘Somatemps’, advierte en La Gaceta de que el hecho de que el adoctrinamiento en las aulas se haya quedado fuera del Pacto por la Educación obedece a “los tejemanejes secretos entre el Gobierno y el separatismo”, de los que ya alertó el pasado octubre en este diario.

Este historiador, sociólogo y politólogo avisa de que “se están levantando demasiadas expectativas con las elecciones”, porque “hay muchos pactos”. Afirma que “hay tres temas que son sagrados e intocables para el separatismo: los Mossos, los medios de comunicación y la Educación”, “que son los elementos fuertes del nacionalismo, con los que han ido construyendo su relato” y “los van a mantener”.

Explica que esa es la imposición del separatismo, mientras que el PP, por su parte, “ha comprado tiempo”. “El PP quiere cuatro años de tranquilidad para que tampoco haya una debacle económica, de ahí que el discurso de los separatistas haya virado hacia que en estos próximos cuatro años no volverán a intentar la declaración unilateral de independencia”, argumenta.

Respecto a los medios de comunicación indica que “como mucho, les apretarán económicamente pidiendo a TV3 que pague el IVA que les debe, pero no van a tocar la programación ni a los directivos”.

Además, afirma que “hay un pacto de Estado, por el cual se va a perdonar a los golpistas la sedición y les acabarán indultando”. Apunta que “pasará como con el ‘Clan Puyol’, que los procesos serán larguísimos y vendrán indultos”.

Este abanderado de la causa antiindependentista augura que va a gobernar ERC en coalición con PSC y que la CUP se quedará fuera. A su juicio, “estos pactos secretos llevarán a que Esquerra acabe siendo un partido moderado, los comunes podrán tener contentos a los antisistema separatistas, y el PSC utilizará su lugar estratégico para hacer de puente negociador con Madrid a través del PSOE, esperando a que dentro de dos años caiga el Gobierno del PP y a partir de ahí ya empezar a preparar la reforma constitucional”.

Este promotor del citado think tank que moviliza a la sociedad civil en contra del separatismo, que defiende la catalanidad hispánica y pretende una renovación cultural, historiográfica y social, confiesa que no va a votar. Aparte de que “ningún partido representa a un cristiano”, no lo hará porque aunque los constitucionalistas vendan que si ganan se habrá acabado para siempre el problema separatista, cree que seguirá y por muchos años.

Señala que estas elecciones son “una estrategia y un pacto viendo la debacle, tanto los separatistas como el Gobierno”, y que desde Europa “han dicho ‘señores paren esto porque no se va a ningún lado’” y entonces han convocado unos comicios “para desatascar el problema y sacarse de encima a Puigdemont”. “En el fondo vamos a tener el mismo nacionalismo latente tres o cuatro años y después se irán preparando, se recuperarán de esta y volverán al ataque”, avisa.

Vuelo rasante por los partidos
Javier Barraycoa cree que el PSC hará un giro y preferirá pactar con Esquerra, los comunes. Sobre que en su programa hable de nación dice que esto no es nuevo, que siempre se ha pronunciado en estos términos, aunque tras 1 de octubre, cuando hubo las manifestaciones masivas por parte de los catalanes contrarios a la independencia, el PSC se dio cuenta de que tenía que cambiar de discurso totalmente.

Respecto a Cs considera que hace una estrategia puramente electoralista. “Tiene un discurso muy duro que sabe que le va a sacar muchos votos. Unos apuntan, considero que con demasiado optimismo, que van a ser la fuerza más votada, pero yo lo no creo”, añade.

De Esquerra cuenta que “hay también una guerra interna porque como Oriol Junqueras está en prisión le ha pasado los poderes a Marta Rovira y parece que ella tiene más ansia de poder de lo que nadie pensaba y entonces eso le puede quitar fuerza a Esquerra”, aunque él cree que será el partido más votado.

Recalca que el gran ganador será el PSC “porque ha hecho creer a todo el mundo que es constitucionalista para conseguir este voto e integra a los de Unió Democrática para dar la sensación de que coge el catalanismo moderado”. “Como sabe que los pactos después serán muy complicados, posiblemente su juego, pero no sé si le saldría bien, sería presentar a Espadaler, que era consejero de Interior, es muy moderado y se ha declarado en contra de la independencia, pero es catalanista. Si viera que la aritmética parlamentaria es muy difícil, podría presentar a Espadaler como candidato a la Generalitat”.

Hace hincapié en que ya no es tanto las elecciones, que además el resultado va a quedar muy equilibrado y en mano todo de los comunes, que son hiper ambiguos en el tema del independentismo, que “el gran tema son los pactos postelectorales y los pactos secretos que se han hecho”. “Y esto es lo que veremos cuando toque la sesión de investidura, cuando se forme el Parlamento, y se nombre presidente, que depende mucho de si Puigdemont hace jugadas de estas espectaculares y viene dos días antes de que lo detengan y conseguir más votos, y de si quedan en libertad, que creo que sí, los candidatos que están en prisión”, manifiesta.

La Constitución como defensa de los ciudadanos
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es 30 Noviembre 2017

La Constitución es un entramado normativo que proclama valores, reconoce derechos y libertades, sienta obligaciones, establece reglas de convivencia, configura instituciones y estructura un territorio. Su imponente edificio se fundamenta en un único sujeto constituyente, el pueblo español en su conjunto, cuya soberanía indivisible es la base de los poderes constituidos, ejecutivo, legislativo y judicial, así como de todas las instancias que regulan y administran la cosa pública, ayuntamientos, autonomías y organismos diversos, locales, regionales o estatales.

Pero además de todo eso, que es mucho, hay otro aspecto de nuestra Ley de leyes, como sucede con la de cualquier país democrático, que adquiere especial relevancia en circunstancias aciagas como las que ha atravesado y está atravesando España con motivo del golpe de Estado separatista en Cataluña.

Se trata de su función de defensa de los ciudadanos frente a posibles abusos de sus gobernantes que o bien pierdan por completo el sentido de la medida y la sensatez, como ha sucedido con Puigdemont y sus adláteres, o que se sean poseídos por la codicia y se dediquen a saquear el erario, como han hecho durante años los dos grandes partidos nacionales o la antigua Convergencia i Unió. En ambos casos, jueces y fiscales independientes aplican la Carta Magna y la vigente legislación que de ella emana, y evitan desastres mayores.

La sociedad catalana ha sido envenenada a lo largo de décadas por los nacionalistas, con la cómplice pasividad de sucesivos Gobiernos de la Nación, hasta conseguir que casi la mitad de los habitantes de esa Comunidad hayan interiorizado una larga serie de mentiras sobre su historia, las balanzas fiscales, la lengua y agravios inexistentes. Una vez creado un clima de opinión hostil a la unidad nacional e imbuido del convencimiento de que la separación era posible y beneficiosa, las autoridades autonómicas de manera irresponsable y suicida se han lanzado a la voladura del orden constitucional y de una construcción política, económica, cultural y humana de cinco siglos de existencia.

Ahora la fuga de empresas, la paralización de inversiones, la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento, el descenso del comercio, la bajada del turismo, la división en el seno de las familias y la falta absoluta de reconocimiento internacional, por no hablar del encarcelamiento preventivo de algunos de los principales dirigentes separatistas y de la fuga al extranjero de otros varios cabecillas, ha puesto a los centenares de miles de catalanes que se entusiasmaron con la idea de un estado propio, ante una realidad tan dura como inimaginable hace tan sólo tres meses. Si el golpe se hubiera consumado, todos los que han llenado calles y plazas ondeando enseñas pseudo-cubanas y vociferando entusiasmados a favor de la secesión se hubieran visto abocados sin remedio al empobrecimiento general, a entrar en el paro, a convertirse en parias a nivel global al verse obligada Cataluña a salir de todas las organizaciones internacionales a las que pertenece España, y a sufrir una prolongada etapa de recesión, frustración y fracaso.

Examinemos un punto crucial de la destructiva intención de los golpistas, la fragmentación de España en diferentes nuevos estados soberanos, liquidando la soberanía depositada en la totalidad de los españoles. Esta operación traumática, claramente prohibida por la Constitución, no es excluida de la legalidad por capricho o por un patrioterismo centralista anulador de la diversidad. Por el contrario, esta previsión de nuestra Ley de leyes tiene como fin proteger a los ciudadanos de los terribles efectos de tal barbaridad, efectos que han quedado patentes en la intentona fallida de los separatistas de ERC, CUP y PDCat.

El simple amago de perpetrar semejante atropello al Estado de Derecho y a la racionalidad más elemental ha causado un descenso del PIB catalán del año en curso de unos 12000 millones de euros, que se traducen en 15000 a nivel general español y apunta sombrías perspectivas a corto y medio plazo. Los comerciantes, autónomos, hoteleros, propietarios de bares y restaurantes, pequeños y medianos empresarios y profesionales liberales que han notado en sus bolsillos y en su cuenta de resultados la letalidad de la maniobra secesionista, han despertado de la ensoñación engañosa en la que les habían sumido políticos cuya ambición sólo ha corrido pareja con su insania.

Bendita sea pues la Constitución de 1978 que, pese a sus evidentes lagunas e inconsistencias, nos ha salvado de una catástrofe de proporciones gigantescas que hubiera quebrado nuestro devenir colectivo como el hacha del leñador derriba el árbol que la naturaleza ha tardado años incontables en levantar. Y la prueba de la capacidad terapéutica de este texto sostenedor de nuestra vida ordenada, segura y pacífica en libertad, es que ha demostrado su eficacia curativa pese a la pusilanimidad y el relativismo moral de un Gobierno central que, según su sorprendente confesión, se ha visto obligado a hacer lo que no quería hacer. En efecto, el pueblo que disfruta de leyes justas e instituciones sólidas es capaz de sobrevivir a sus elites, por corruptas, oportunistas e inanes que éstas sean.

Catalanes que no quieren privilegios
Teresa Giménez Barbat 30 Noviembre 2017

“Soy catalana y no quiero privilegios ni que me den de comer aparte”. Así empecé un vídeo que grabé en el Parlamento Europeo recientemente. Diversos periódicos y medios se hacían eco de que juristas y catedráticos de universidad estaban presentando informes y haciendo sugerencias para la reforma de la Constitución. Y, como viene siendo la tónica en estos casos, en la línea de consagrar en ella asimetrías diversas como recoger “un régimen jurídico singular” o, directamente, una ocurrencia metafísica como la supuesta “singularidad” de Cataluña. Asunto que, como catalana, tengo sobrados motivos para que me huela a cuerno quemado.

No es una conclusión que sorprenda a nadie que con estas reformas lo que los bienintencionados persiguen es contentar, no a “Cataluña”, que Cataluña también soy yo y todos los catalanes que nos sabemos españoles y europeos, sino a los nacionalistas. Señores, los catalanes no soportamos más que juristas y políticos se preocupen tanto de los sentimientos o del “encaje” de los nacionalistas en España y tampoco de lo que pensamos más de la mitad de la población de Cataluña. Quizá este tipo de reformas podría calmar —provisionalmente y para retomar fuerzas— al nacionalismo identitario, pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿O es que no tenemos sentimientos ni vivimos también “desencajados”?

Sufren ustedes por nacionalistas que nunca tuvieron ni tendrán una preocupación similar por conciudadanos que no comulgan con su credo. ¿Vieron que modificaran el Estatut de Autonomía para que nos sintiéramos más “encajados”? ¿Ha sido el nuevo Estatut más respetuoso con los ciudadanos que quieren una educación realmente bilingüe, que quieren libros de texto que no les avergüencen de ser españoles, que quieren unos medios de comunicación que también les representen a ellos? No, no ha sido así, más bien todo lo contrario. Ya va siendo hora de que nos tengan en cuenta.

España no puede ser un lugar donde unos dan y los otros reciben, cuando no quitan. Ha de ser uno donde ciudadanos libres e iguales participen en las mismas condiciones sin tomar rehenes en la ciudadanía. Como los catalanes —como yo— que no quieren ser “singulares” porque ya saben de qué va: egoísmo, división, empobrecimiento y un mal ejemplo para el resto de Europa, cuya mayor misión, por cierto, es el establecimiento de una situación de partida lo más similar posible para todos los ciudadanos. Los catalanes no aceptaremos privilegios ni singularidades porque sólo sirven para alimentar lo que ya saben.

LOS PRODUCTOS CATALANES, A DEBATE
El boicot a la 'Marca España'
ESD / F.E.  E l Semanal Digital 30 Noviembre 2017

El independentismo no se suma a la condena del boicot a los productos catalanes porque, a cambio, tienen que ser incluidos en la 'Marca España'. Todas las claves del boicot, firma a firma.

Mucho se ha hablado del supuesto boicot a los productos catalanes, pese a que el más claro ha sido el de los propios soberanistas, responsables con el 'procés' del hundimiento de la economía de Cataluña y de la mala imagen de la Comunidad. Poco, o nada, se ha discutido sin embargo sobre le boicot a la 'Marca España', dañada también por un conflicto que dura ya un lustro.

Y, sin embargo, el Estado se está volcando en evitar que los productos catalanes sufran más por el desafío. La última vez, esta misma semana en el Senado. Y lo hizo con un alegato en contra del boicot a los productos catalanes y su inclusión, como los que más, en la Marca España de la que los independentistas no solo no quieren saber nada sino que incluso se oponen a ella.

La paradoja se ha producido en el Senado, donde se ha aprobado una moción impulsada por el PP a la que se han sumado PSOE y Ciudadanos, con la abstención de Unidos Podemos, para instar al Gobierno a apoyar todos los productos, incluidos los catalanes, de la marca España evitando boicot de los productos catalanes.

La moción ha cosechado 204 votos a favor, 26 en contra y 21 abstenciones. En contra han votado, curiosamente, los senadores de ERC y PDeCAT, además de los de PNV, Coalición Canaria, Compromís y Bildu.

En su defensa, el senador 'popular' Vicente Aroca expresaba su apoyo al pueblo catalán para que la comunidad salga de la situación económica, que a su juicio, le ha sumido los dirigentes independentistas. Aroca se mostraba "radicalmente" en contra del boicot comercial, por ello pedía diferenciar entre ciudadanos y gobernantes, señalando que un boicot tiene consecuencias económicas perjudiciales "para todos" y "carece de sentido" en un mundo globalizado.

Unidos Podemos se ha abstenido porque la iniciativa "ahonda en la herida" y el PP no hace autocrítica

Las críticas de la oposición se han centrado en el "electoralismo" y la "ideología", que a su juicio, esconde la moción. Si bien el PSOE ha terminado apoyando la iniciativa como ejercicio de "responsabilidad" y "en aras de evitar males mayores", alegando que el objetivo final de la medida es "desbloquear el boicot".

No obstante, en su primera intervención, la socialista María Perla Borao criticaba la "carga ideológica" de la moción, asegurando que invita a un debate "bronco" y que no sirve para cambiar la actitud de los consumidores. Por ello, el PSOE presentó una enmienda transaccional, que finalmente fue aceptada por el PP, para que se incluya una campaña de concienciación sobre el "perjuicio que supone comportamientos de boicot" y "apelando a la solidaridad entre españoles".

Por parte de Ciudadanos, el senador Luis Crisol, defendió que el boicot "no tiene sentido para los catalanes ni para el resto de españoles", alertando de que muchas empresas catalanes sufren lo que considera un "doble boicot": uno por ser catalanas y otras dentro de la comunidad por haber mostrado su deseo de abandonar Cataluña.

El grupo de Unidos Podemos justificaba su abstención apuntando a que la iniciativa "ahonda en la herida" y en ella el PP no hace "ningún tipo" de autocrítica. "Lo que pasa en España tiene que ver con lo que no ha hecho el PP: dar una solución politica a lo que pide la mayoría de catalanes, que es votar en un referéndum vinculante", replicaba la senadora 'morada' Sara Vilà.

Una propuesta "vejatoria"
Las formaciones independentistas en el Senado han atribuido la inestabilidad económica al Gobierno, señalando que la incertidumbre la ha generado la violencia empleada por el Gobierno y por su falta de diálogo.

Joaquim Ayats, de ERC, ha dicho no compartir el foco de la iniciativa. "No compartimos el relato, nos gustaría que fuera 'no boicots', sin tener que apoyar la marca España o la marca Cataluña", ha explicado, para después atribuir al Gobierno la inestabilidad económica que se vive en la comunidad.

Igualmente, la senadora de PDeCAT Maria Teresa Rivero ha tachado la propuesta de "vejatoria", "falsa" e "innecesaria". Según ella, la campaña de deslocalización de empresas catalanas unida a la "perversa política económica" del Gobierno sobre Cataluña, la intervención de las cuentas de la Generalitat y el bloqueo de subvenciones está detrás de la caída económica.

PNV se ha mostrado en contra, señalando que la propuesta está "trufada" de ideología y no mejora la economía "ni busca frenar la campaña de boicot", ha dicho la senadora Maria Dolores Etxano.

Por parte de Compromís, el senador Carles Mulet ha cargado contra la iniciativa 'popular' asegurando que "no sirve absolutamente para nada" y se trata de un ejercicio de "cinismo e hipocresía". El senador valenciano le ha recordado al PP el boicot a productos catalanes y las campaña de recogida de firmas contra el Estatut, acusando a los 'populares' de "sacar rédito electoral" a costa de fomentar "fobias" en el seno de España.

Marcas secesionistas
El separatismo ha tenido un impacto brutal en la economóa catalana, con 3.000 empresas en fuga de la Comunidad a la búsqueda de un destino más estable. Además, el comercio ha perdido hasta un tercio de sus ventas y el turismo y las reservas hoteleras se han desplomado.

En ese mismo contexto, la venta de productos catalanes en el resto de España también ha caído afectada por la evidente relación entre algunas empresas y el soberanismo que ha llevado a incluir en el mismo saco para el consumidor, de forma injusta, a todo tipo de productos.

Lo cierto es que sí hay compañías que no sólo defienden la independencia sino que, de algún modo, la han patrocinado a través de entidades como la Fundació D’ Empresaris de Catalunya (FemCAT), cuyo lema no deja lugar a dudas: “Fem de Catalunya un dels millors països del món" ("Hacemos de Cataluña uno de los mejores países del mundo").

En mayo de 2014, FemCAT publicó un manifiesto en el que “nuestro país [Cataluña] necesita un marco de competencias más amplio y una mayor capacidad normativa que no tiene en estos momentos. La actual organización política del Estado y el marco jurídico estatutario no han permitido resolver estas cuestiones, pero también es evidente que la sociedad civil catalana no ha sabido influir ni presionar eficazmente para remediarlo”.

Marcas muy conocidas
¿Y quiénes son estos empresarios que han dejado meridianamente claro que lo que les interesa de los españoles es su dinero y no compartir un mismo país? La lista es muy amplia, sin atendemos a lo que publica la propia entidad en su web, en el apartado “Membres del Patronat de la Fundació”.

Algunos de ellos están vinculados a marcas de bienes y servicios muy conocidas en el resto de España:
Ricardo Aubert: uno de los cinco vicepresidentes de FemCAT es consejero de la compañía Simon, que se dedica a la producción de material eléctrico de baja tensión, como enchufes, interruptores y apliques, entre otros.

Elena Massot: ocupa otra de las vicepresidencias de FemCAT, en calidad de consejera delegada de la inmobiliaria Vertix, cuyos mercados principales de actividad son Cataluña y Baleares, si bien también vende inmuebles en Madrid.

Josep Mateu, patrono de honor de la Fundación, es el presidente de la aseguradora RACC, que ofrece todo tipo de seguros, desde hogar hasta automóvil.

Como patrono también figura Jordi Bagó, consejero delegado del grupo hotelero Sehrs. La cadena opera sobre todo en Cataluña, pero asimismo tiene implantación territorial en Madrid, Torremolinos, Valencia, Benidorm, Tenerife, Cartagena y Lorca.

Hay marcas muy conocidas de fast food, moda o comida para perros cuyos jefes están en la fundación más secesionista

Entre los vicepresidentes de FemCAT también se encuentra, Cristian Rovira, vicepresidente del Grupo Sifu, una empresa especializada en servicios auxiliares (limpieza, conserjería, etcétera), que cuenta entre sus clientes con numerosas instituciones y entidades públicas, como la Junta de Andalucía, Aena Aeropuerto, la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba, el CSIC, el Servicio Aragonés de Salud, Cruz Roja Española, el Ayuntamiento de Montilla en Córdoba, el Gobierno de Cantabria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Tecnológico de Canarias o la Junta de Castilla La Mancha.

Albert Esteve, patrono de Femcat, es el consejero delegado de los laboratorios Esteve. Algunas de sus marcas más conocidas son Dormidina y Afterbite.

Nuria Bassi: presidenta de Basi, compañía que comercializa en España la marca Lacoste así como otras de moda y complementos, tales como Armand Basi, Nautica o Cole Haan.

Pere Busquets: director general de Busquets Gruart, compañía fabricante de mochilas y material escolar. También tiene la licencia para vender en España las siguientes marcas muy conocidas por los estudiantes: Gorjuss, Bestial Wolf, Ducati Corse, Flamenco, Hot wheels, Lady desidia, Reverse, Hablando sola, UNKEEPER y La Volátil.

Ernest Pérez-Mas: es presidente ejecutivo de Parlem Telecom, compañía de telecomunicaciones que tiene participación en MasMovil.

Otro patrono de FemCAT es Josep Santacreu, consejero delegado de la aseguradora DKV.

Otra empresaria que forma parte del patronato de la Fundación es Mireia Tomàs, presidenta del consejo familiar del grupo Agroalimen, cuyas marcas son, seguramente, muy conocidas entre el gran público: Affinity (comida para mascotas), Gallina Blanca, Avecrem, Pans&Company, Bocatta, Fresc Co, El Pavo o Bicentury.

Freixenet, ya en 2014, se mojó por la unidad de España con un anuncio navideño que brindaba por otros cien años "juntos"
Por contra, el papel de otros empresarios ha sido decisivo en el freno al secesionismo, al asumir un papel público claro y rotundo frente a la independencia. El caso más notable es el del presidente de Freixenet, José Luis Bonet, un demonio para el secesionismo y un emblema de la unidad de España y Cataluña, que tiene en la entidad Empresaris de Catalunya la antítesis de la Fundación secesionista.

Freixenet y Tous, las dos caras de la moneda
En el constitucionalismo están, amén de todas las grandes empresas catalanas del IBEX35, nombres del mundo económico catalán tan conocidos como Ramon Romagosa, Ferran Brunet, Enrique Saegner, Jorge Buxadé, María Moya o Sergio Martínez Campos.

Y, entre medias, quedan casos como Tous, cuyo viraje desde el soberanismo hasta la unidad de España probablemente resume la esencia del conflicto y la mejor manera de enfocarlo: tan absurdo es que el consumidor haga un boicot total a los productos catalanes como exigirle que adquiera el producto concreto de quien ha utilizado esos recursos para alimentar, económica o políticamente, a Puigdemont y compañía.

Comunidad Valenciana
Niños de 10 años obligados en Valencia a cantar un tema separatista que anima a “la revuelta cotidiana”
Luz Sela okdiario  30 Noviembre 2017

“Caminamos como siempre, avanzando a contracorriente, la revuelta es cotidiana y hay mucho trabajo por hacer”. El autor de la canción es Pau Alabajos, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Torrent (Valencia) y reconocido independentista.

Los padres de los alumnos del Colegio Público Joaquín Muñoz de Turís (Valencia) denuncian que los profesores obligaron a sus hijos a cantarla, e incluso distribuyeron su letra con dibujos que los niños debían colorear.

El tema es toda una llamada a la movilización por la independencia: “Las palabras cobran fuerza, hemos hecho nuestra la ciudad, ya despegan las banderas, por encima de nuestras cabezas/ mensajes de esperanza en los cánticos de la gente, el futuro es patrimonio de quien cree en el presente, es tan fácil contagiarse de la euforia dominante, bastante nuestros sueños sin miedo a flaquear/caminamos como siempre, avanzando contracorriente, la revuelta es cotidiana y hay mucho trabajo por hacer. Salvaremos todos los obstáculos, es cuestión de voluntad: construir una utopía con nuestras propias manos/Enderezar la historia, emprenderemos un nuevo camino, giraremos la vista atrás, lucharemos contra el olvido. Aprenderemos de los errores que hemos cometido en el pasado, escribiremos en las fachadas, que estamos hartos de claudicar”.

Los padres denuncian, además, los múltiples ejemplos de ‘catalanización’ en el colegio. Así, señalan que el uso del castellano es inexistente: “en el patio se debe hablar valenciano, todas las clases y despachos están señalizados en valenciano y los escritos del colegio a los padres también son en esa lengua. Las agendas que se reparten a los alumnos son también en valenciano, con lo que no se respeta a los niños que piden la enseñanza en castellano”, recogen en la Plataforma ‘No al Decretazo’.

Cabe recordar que el decreto del plurilingüismo, impulsado por el gobierno autonómico, se encuentra suspendido cautelarmente por la Justicia, que lo consideró discriminatorio porque los alumnos que optan por la línea en castellano reciben menor nivel de inglés. El promotor del decreto es el conseller Vicent Marzà, vinculado a la asociación independentista Escola Valenciana.

Este centro recibió hace unos meses una subvención de 180.000 euros de la Diputación de Valencia (PSPV), dentro del Plan Municipal de Mantenimiento de Escuelas, en el que participan de forma conjunta la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y los Ayuntamientos de las comarcas valencianas.

Al lado de la CUP
Por su parte, el autor del tema, Pau Alabajos, es también el autor de la canción ‘Viure’ (Vivir) con la que la CUP dio la bienvenida a la República catalana.

En el vídeo que acompaña al tema se ve a miembros de la CUP con esteladas y enfrentándose a la Policía en las calles de Barcelona. La letra animaba a la “lucha” por la independencia: “Guárdate las excusas para otro momento, ponte ropa confortable y zapatos resistentes, porque vienen tiempos de lucha y haces falta en la calle, tu sitio está en las plazas con el resto de la gente”, decía ya en el primer párrafo. “No nos quedaremos parados, tenemos derecho a decidir y somos libres de escribir nuestro destino”.

Alabajos siempre ha dejado claro su apoyo a la independencia y el pasado 1 de octubre se desplazó a Cataluña para ofrecer un concierto ante uno de los centros de votación del referéndum ilegal.
Recortes de Prensa   Página Inicial