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La España enferma
Rafael Bardají gaceta.es 30 Noviembre 2017
Hay un refrán español que dice que la felicidad consiste en tener
buena salud y mala memoria. El problema es que los españoles, en
aras de alcanzar esa ansiada felicidad, nos hemos abrazado no a la
desmemoria, sino el Alzheimer, con consecuencias fatales. La
primera, no saber quiénes somos. Desde 1975, ó 77 ó 78, según se
mire, nos hemos definido por lo que no éramos (dejábamos de ser el
pasado), pero no por lo que queríamos ser. Miento, para algunos lo
que tendríamos que ser no sólo era romper tajantemente con el
pasado, sino también diluirnos como pueblo y nación en Europa. Para
el socialismo, España siempre ha sido el problema y la UE la
solución. Y para el remedio tibio de la derecha del PP, tanto la
bandera azul estrellada como el “Himno de la Alegría” valían si con
eso se quitaban el sanbenito de franquistas. Los más modernos han
acuñado el concepto de patriotismo constitucionalista como columna
vertebral de nuestro ser y devenir, pero ese es un descubrimiento
tan tardío como banal: España no se puede medir por su constitución.
Más bien al contrario.
El llamado régimen del 78, a pesar de todas las libertades y
licencias que trajo para los españoles, se ha acabado revelando, en
realidad, como un régimen anti-España. Toda nación se basa en tres
pilares: sus fronteras, su lengua y su cultura. Pero los herederos
de los padres de la Constitución española han defendido todo lo
contrario. La apertura a Europa se ha hecho acompañar de la apertura
a todo el mundo, de tal manera que en la actualidad lo único que
diferencia a un español de un extranjero, es que los españoles somos
quienes pagamos los impuestos con los que viven ellos. El mero
pensamiento de que los nacionales deben gozar de unos privilegios
sobre quienes no lo son, sólo genera insultos y marginación. Borrar
la frontera de los Pirineos le ha costado a España difuminar todas
sus fronteras. Que antisistemas y Podemos crean que eso es justo y
necesario es lógico, ya que para todos ellos España es una
aberración (con particular saña en los izquierdistas de origen
argentino, añado); que ese salvador del socialismo personificado en
Josep Borrel denueste del nacionalismo catalán enarbolando la
bandera de la UE, pero no la española, es sintomático de una
izquierda globalista e intelectual; pero que el PP asuma, como
confesó Mariano Rajoy ante las cámaras, que las fronteras no
importan, es expresión de una grave enfermedad, la falta de
entendimiento y creencia de lo que es nuestra nación.
El régimen de las autonomías, del que tan orgullosos se muestran
todos nuestros dirigentes políticos por igual, ha supuesto un mazazo
para nuestra lengua común, el castellano. Ahora sabemos cómo con el
silencio cómplice de los gobiernos de Madrid, Cataluña ha llevado a
cabo una limpieza lingüística sin piedad, generando un modelo para
otras comunidades como Baleares o Valencia, con el objetivo de que
acaben renegando de lo español. En una nación pueden convivir muchas
lenguas, pero sólo una puede gozar de la oficialidad en todo su
territorio. Y esa oficialidad tiene que plasmarse en la realidad del
día a día. La separación lingüística es una división cultural. No
creo necesario traer a colación la historia bíblica de la Torre de
Babel y la separación de los pueblos.
El contrato social del régimen del 78 nunca giró sobre la
reconstitución de la nación sobre unas bases democráticas. En
realidad, fue una entente entre un sistema institucional basado en
la centralidad exclusiva y excluyente de los partidos políticos (y
entidades asociadas, desde sindicatos a fundaciones) y una promesa
de creciente prosperidad para los ciudadanos de a pie. Todo bajo el
manto pseudo-ideológico de la modernidad. Ser moderno era lo que se
llevaba, ser español equivalía a ser facha. De ahí la desaparición
de la bandera nacional (hasta hace poco más de un mes), del orgullo
de ser español (salvo para las efemérides del deporte) y del
reconocimiento a la rica y educativa Historia de España.
Se vendió la nación por un plato desestructurado de lentejas. Pero
el materialismo a ultranza produce tanto o más monstruos que la
razón. España ha compartido con el resto de naciones del mundo
occidental, las raíces judeo-cristianas, pero no la ética
protestante del trabajo. Y la España del régimen del 78, la de la
supuesta modernidad, en lugar de modernizar el terreno laboral, más
allá de lo puramente tecnológico, ahondó más si cabe en la renuncia
al esfuerzo y al sacrificio como elementos de la realización de la
persona. Para el socialismo lo que importaba era enriquecerse
rápidamente a través de pelotazos (Carlos Solchaga dixit) o andar
colocados todo el día (según pregonaba el alcalde Tierno Galván).
Que vinieran emigrantes a realizar tareas que supuestamente los
españoles no queríamos hacer, era una seña de superioridad,
aparentemente. El Partido Popular, circunspecto en lo tocante a la
guerra cultural con la izquierda, ha callado todos estos años
mientras muchos de sus cabezas visibles se enriquecían ilegalmente.
Como tantos en el resto de partidos, porque si algo ha traído la
partitocracia ha sido el sentimiento de impunidad de los militantes
en cargos públicos y las autonomías más reinos de taifas para la
corrupción.
Ese progreso y modernidad reducidos a la creciente renta per cápita
ha llevado a errores tan garrafales como los de Rajoy y sus
adláteres de creer que la cuestión catalana se reducía a los ceros a
poner en un cheque. Pero hete aquí que no todo es la economía,
estúpido (por cambiar la frase de Bill Clinton). Es la cultura lo
importante, pero no como se concibe aquí, mera acumulación del
saber, sino como el conjunto de valores, creencias, tradiciones,
usos y normas que definen una civilización. En este caso, la
nuestra.
Precisamente es en este terreno donde se manifiesta con fuerza la
segunda gran consecuencia de la desmemoria del español: haber
perdido la perspectiva y la noción de lo que es normal y lo que no
lo es. Por ejemplo, en estos días que los medios de comunicación se
regodean morbosamente con el juicio de la “manada”. Toda gira en
saber si la chica consintió o fue forzada y, por tanto, violada.
¿Pero es eso lo importante más allá de lo meramente procesal y
penal? ¿es que no nos llama poderosamente la atención y nos disgusta
profundamente que cinco hombres hechos y derechos, dos miembros de
los cuerpos de seguridad del Estado, se pongan de acuerdo en ir de
viaje y fiesta con el único objetivo de compartir a una muchacha y
usarla como un pedazo de carne con orificios? ¿Es esto la nueva
normalidad sexual? Sólo un país profundamente amoral puede quedarse
frío ante un comportamiento patológico y que causa tanto daño.
Segundo ejemplo, mucho más tonto, pero igualmente revelador.
Puigdemont, personaje huido y en manifiesta rebeldía contra España,
tiene derecho a cobrar una pensión como expresidente autonómico en
torno a los 90 mil euros de las arcas del Estado, esto es, de su
bolsillo y del mío. Con sólo reconocer que acata el artículo 155.
¿Puede haber un disparate semejante por muy legal que sea según
Hacienda? No es por utilizar la expresión de Pablo Iglesias II, pero
si las elites políticas españolas no son una casta aparte, con todo
un sistema de protección de sus privilegios, desde luego parecen
creérselo.
Un tercer y último ejemplo: El orgullo gay. A mí, sinceramente, me
da lo mismo lo que cada cual haga con su cuerpo, siempre que se sea
mayor de edad y no se dañe a nadie. Pero no puedo más que mostrar mi
mayor desacuerdo con la moda de elevar a categoría de normal lo que
no lo puede ser. Y lo que no debe ser es que se ensalce el estilo de
vida de una minoría y se condene la normalidad de la mayoría de la
gente. Concebir la sociedad como un conglomerado de identidades que
se empeñan en extraer el máximo de beneficios para ellas, sea la
raza, la religión o el sexo, sólo puede acabar minando la cohesión
social e imponiendo la tiranía de sus identidades. No quiero saber
qué habría podido hacer la Cruz Roja, por ejemplo, con la factura de
los semáforos de género.
En fin, antes había una cosa que se llamaba el pueblo español.
Desapareció bajo el peso de las instituciones y abstracciones del
régimen del 78, partitocrático, anti-democrático y anti-popular. La
idea de nación, muy anterior a nuestra constitución, también pasó al
olvido. Y de ahí mucho de nuestros males actuales. España está muy
enferma. Y el actual gobierno, supuestamente el valedor de la patria
frente a todos los que aspiran a darle la puntilla, parece
contentarse con administrar cuidados paliativos. Y así no hay quien
escape de la metástasis. Los medios y algún que otro político local
se ríe de la decoración de Navidad que ha llevado Melania Trump a la
Casa Blanca. Cómo me gustaría que Viri se atreviera a instalar un
belén en Moncloa igual de grande que el que han puesto los Trump.
Tal como estamos, eso sí que resultaría revolucionario. ¿Le parece
normal?
El difícil retorno a la legalidad (34)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 30 Noviembre 2017
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DICTAMINA A FAVOR DE LA REFORMA DEL
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA SOBRE LA TRAMITACIÓN EXPRÉS.
ACATAR LA LEY COMO SALVOCONDUCTO A LA LIBERTAD PARA LOS GOLPISTAS:
ESQUIZOFRENIA JUDICIAL ANTE LOS GOLPISTAS.
Ayer el Tribunal Constitucional sorprendió a muchos, al menos a los
que nos interesamos por seguir de cerca todo lo que rodea al golpe
de Estado en Cataluña, cuando se conoció la sentencia relativa al
recurso de inconstitucionalidad presentado por el cambio del
Reglamento del Parlamento autonómico de Cataluña, que incluyó el
llamado “procedimiento exprés”. Una modificación que contempla la
tramitación por vía de urgencia de Leyes y que fue usado por la
mayoría parlamentaria independentista para aprobar leyes como la del
referéndum y la ley de Transitoriedad, declaradas posteriormente
inconstitucionales por el mismo Tribunal Constitucional. En
concreto, el texto del Reglamento modificado se refiere al artículo
135 que dice lo siguiente:
“Artículo 135 Requisitos
1. Un proyecto de ley puede ser tramitado directamente y en lectura
única por el Pleno del Parlamento o por una comisión, si la
naturaleza del proyecto lo aconseja o la simplicidad de la
formulación lo permite. La tramitación en lectura única debe ser
acordada por el Pleno del Parlamento, a propuesta del Gobierno, de
la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces o a iniciativa
de esta.
2. El grupo parlamentario promotor de una proposición de ley puede
solicitar su tramitación por el procedimiento de lectura única.
Corresponde al Pleno del Parlamento acordarla, a propuesta de la
Mesa, oída la Junta de Portavoces o a iniciativa de esta, siempre
que la proposición de ley cumpla los requisitos de habilitación
establecidos por el apartado 1.
3. El debate de la iniciativa legislativa en lectura única se sujeta
a las normas establecidas para los debates de totalidad; finalmente,
el conjunto de la iniciativa se somete a una sola votación.”
La sentencia del Tribunal Constitucional no entra en el fondo del
asunto del punto 1 cuando dice que este procedimiento se puede
aplicar “si la naturaleza del proyecto lo aconseja, o la simplicidad
de la formulación lo permite”. Y el caso es que ni la ley del
referéndum ni la ley de transitoriedad lo eran y además claramente
eran inconstitucionales y la Mesa del Parlamento ignoró las
advertencias de su asesoría jurídica a la hora de tramitarlas e
incluirlas en el orden del día en una sesión ordinaria bajo el
amparo de este nuevo Reglamento que además estaba cautelarmente
suspendido por el TC.
Resulta sorprendente el que haya sido aprobado por unanimidad por el
TC, cuando se reconoce que no está expresamente tratado el tema de
las enmiendas y lo deja a que es particular se regule por el
Parlamento durante la fase de la tramitación de los Proyectos de
Ley. Es decir, reconoce las propias ambigüedades de la redacción y
sus lagunas en algo tan importante como es eludir el debate
parlamentario en algo tan esencial como es la presentación de
enmiendas sobre un texto que se va a tratar en “lectura única” para
ser sometido de modo inmediato a votación. Algo que si es
inconstitucional de acuerdo con el artículo 23.2 de la Constitución
de España en cuanto a la igualdad de derechos. Y es que algo no
puede ser a la vez constitucional y con graves deficiencias
constitucionales. Dejarlo a la interpretación de la mayoría que
presenta esos Proyectos de Ley exprés, y confiar en que admitirán
enmiendas tras la lectura, ya que el resto de la oposición no puede
opinar sobre algo que desconoce y ni siquiera ha tenido tiempo para
analizar con un mínimo de sosiego imprescindible, cuando lo que se
va tratar no cumple en absoluto con el requisito del punto 1 del
artículo, ya que ni lo era la naturaleza del Proyecto de ley de
referéndum ilegal e inconstitucional, ni la ley de Transitoriedad
jurídica, ni tampoco era simple su formulación.
Como suele ser normal, un cuchillo de por sí no es ni malo ni bueno,
sino que depende solo del uso que se haga de él, o cortar verduras o
cortar el cuello de alguien. Y esta modificación del Reglamento es
un auténtico cuchillo que corta de raíz los derechos
constitucionales de las minorías a la hora de expresar su opinión y
presentar enmiendas a aquello con lo que no está de acuerdo, para
realizar un debate democrático en equidad. Esta modificación, tal
cual está redactada es anti democrática porque obvia uno de los
pilares básicos de la democracia. Y es que la sentencia va más allá,
al eliminar de un plumazo como delictivas las actuaciones de la Mesa
del Parlamento de Cataluña al permitir la tramitación exprés de esas
leyes. Suspender una ley no implica su inconstitucionalidad hasta
que exista una sentencia que así lo dictamine, pero impide que se
puedan realizar actuaciones posteriores como si estuviese vigente.
Mañana el juez Pablo Llarena va a escuchar las alegaciones de todos
los encausados por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela,
que solicitan su puesta en libertad acogiéndose a la llamada “vía
Forcadell”, reconociendo, a su manera y de forma nada expresa, su
acatamiento a la Ley y actuar en el futuro de acuerdo con ella. Es
decir, piden su libertad bajo la sola palabra dada de no reincidir
en el delito. Y es que no se trata de conceder el tercer grado a un
preso convicto, ya que, si estos golpistas están presos de forma
provisional y sin fianza, es precisamente para garantizar que no van
a reincidir en su comportamiento delictivo, ni destruirán pruebas
inculpatorias, ni se darán a la fuga. Una mera declaración de buenas
intenciones, nada creíbles y que, por supuesto, no pueden aceptarse
como aval suficiente para conceder su liberación. Porque lo
aberrante es que ya figuren en listas electorales y reclamen sus
derechos a tener igualdad de trato en el proceso de campaña
electoral, cuando lo lógico es que esos derechos estuvieran
suspendidos de forma temporal ante la gravedad de los delitos
imputados y de las pruebas en su contra.
Mañana sabremos si, como dije ayer, el juez Pablo Llarena ha quedado
preso de su propia doctrina al conceder la libertad provisional con
fianza a la golpista Carme Forcadell y al resto de los componentes
secesionistas de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña. Al
dar por válida y suficiente la palabra de acatar la ley, como si eso
fuera una concesión sublime en algo que solo es un deber de todo
ciudadano, no queda margen para el rechazo de las buenas intenciones
que ahora aducen los que, hasta hace solo horas, se mantenían firmes
en su concepción de ser inocentes y estar ilegalmente presos solo
por motivos políticos, ya que se limitaron a Seguir "el mandato del
pueblo catalán expresado en las urnas”. Unos golpistas que no han
dudado en incluirse en listas electorales para así aducir
indefensión y vulneración de unos derechos que debieron haber sido
suspendidos mediante una declaración de inhabilitación temporal
hasta una sentencia firme condenatoria o absolutoria. Y si eso no
está contemplado en la ley, debería estarlo.
No creo que ningún ciudadano que no sea independentista comprenderá
estos entresijos e incongruencias de una ley que puede permitir que
estos golpistas queden en libertad y sean recibidos como héroes y se
dediquen a participar activamente en una campaña electoral con
programas que en nada difieren de los que han dado lugar a este
golpe de Estado, aprovechando una mayoría parlamentaria y un abuso
de poder a la hora de anular a la oposición, llevando a unas
Instituciones como son el Gobierno de la Generalidad y el Parlamento
de la autonomía a cometer graves delitos de rebeldía y de sedición.
Lo que lamento es que se ha ido cumpliendo todo lo que vaticiné en
cuanto el juez Pablo Llarena decidió hacer pública su intención de
asumir todos los procesos relativos al golpe de Estado, tras haber
puesto en libertad a Carme Forcadell y resto de componentes de la
Mesa del Parlamento de Cataluña. Al final, si todo se cumple, los
golpistas estarán libres, algunos ya fugados y con absoluta libertad
de movimientos, estarán integrados en las listas electorales, serán
parte activa en la campaña electoral e incluso volverán a ser
reelegidos y recuperarán su condición de aforados. Todo de acuerdo
con los designios y deseos de un Gobierno de España en aras de
vender a los españoles una vuelta irreal a la normalidad, que es la
de que el independentismo vuelva tener el poder y presione al Estado
con más fuerza tras el aval electoral para obligarle a pactar un
referéndum que consolide la independencia.
¡Desde aquí, solo puedo expresar mi más profundo desprecio por esta
traición a España y a los españoles! ¡Los maldigo como los
auténticos bastardos que son!
¡Que pasen un buen día! Quedan 21 días para que se consume la
traición a España. Y ese será el título de mi próxima serie de
escritos. “Cuenta atrás para la traición a España"
La sucia política o “el carnaval catalán”
Antonio García Fuentes Periodista Digital 30 Noviembre 2017
Creo recordar que es en la famosa película de los hermanos Marx,
“Sopa de ganso”, donde Groucho dice… “Estos son mis principios y si
no le gustan tengo otros”; y acordándome de ello y viendo “los
principios” de muchos de “los rebeldes y sublevados políticos
catalanes; los que desde la cárcel, opinan cosas así y manifestando
que “los pongan en la calle”, que aceptan todo lo que significa el
artículo 155 de la Constitución Española; me eché a reír
“soliviantando” con ello a mi fiel Aníbal; yorkshire que se quedó
mirando a su amo, sin entender aquel arrebato de hilaridad de la que
no soy proclive.
La cosa tiene “su mandanga” y demuestra una vez más que mi
definición, que son la mayoría de políticos, sólo “de panza y
bolsillo”; fue una acertada definición que pasará a la historia,
como algo contundente y diáfano, de donde tienen sus afanes esa
plaga que nos dice gobernar, pero que al final, nos destruye tras
arruinar todo cuanto mangonean, puesto que de gobernar no tienen “ni
puta idea”; por lo que tras la risa, me invadió un sentimiento de
lástima y piedad por ellos, “pobrecitos”.
Por todo ello y “las masas” que parecen seguirlos, podemos esperar
que en ese carnaval electoral, los electos van a resultar “algo
temible”, por lo que puedan hacer si de nuevo cogieran el mando que
pretenden; pobre Cataluña y pobres catalanes y de paso pobres
españoles y a los que nos puedan llegar, las ondas de tan deplorable
resultado; debido a “esa olla de grillos locos a que me referí en
alguno de mis comentarios”, refiriéndome a la actual “España” y la
política que la mantiene en tan precaria situación como la que hoy
padecemos, cuarenta años después de haber desaparecido Franco, del
“reino sin corona que mantuvo hasta su muerte”.
El gobierno “loco de contento” por cuanto va a conseguir gobernar
otro año más, tras pagar a los separatistas vascos, algo así como
“un Potosí de nueva plata”, por la cesión de unos votos; también los
canarios y por “un voto” (creo recordar) recibirán un montón de
dinero, para apalancar dicho fraude nacional; puesto que fraude es
el que unos reciban tanto y el resto nos expriman para pagar, lo que
no son otra cosa que sobornos camuflados; y al resto dejarnos cuasi
como “puta por rastrojo”; lo que dicho sea de paso, será un “cagarse
y mearse una vez más, en una constitución que dice que todos los
españoles somos iguales”… ¿iguales en qué?
Iguales en cuanto a cómo “juguetes” siempre seremos eso; meros
juguetes de unos indeseables que solo gobiernan para ellos mismos y
los intereses que en cada momento defiendan de verdad. El resto y
como siempre… ¡A pagar!
Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (Allí más)
¿Para este mísero resultado el 155 de la
Constitución?
“Temprano en la vida tuve que elegir entre la arrogancia honesta y
la humillación hipócrita. Elegí lo primero y no he visto razón para
cambiar” Frank Lloyd Wright
Miguel Massanet diariosigloxxi 30 Noviembre 2017
Después de que hayamos experimentado la primera fase de la
aplicación del tan “temido” Art. 155 de la Constitución española,
del que tanto esperábamos para poner orden en esta calamidad
catalana, deberemos confesar que nos encontramos profundamente
decepcionados y, si tenemos que hablar con franqueza, disgustados
con los pobres resultados que se vienen obteniendo, en cuanto a lo
que debería haber sido un freno a todo el tinglado independentista y
un aviso para quienes seguían a pies juntillas las ideas de estos
políticos prevaricadores, desleales y obcecados que han venido
defendiendo, y siguen en ello, esta absurda propuesta de convertir
la autonomía catalana en un estado independiente.
¿Cómo podemos entender que nos hayamos tenido que disculpar por el
empleo de las fuerzas de policía, ante un ataque evidente a la
autonomía del poder Judicial español respecto a su derecho a
encomendar a la policía judicial realizar un registro en unas
dependencias del gobierno catalán? o, ¿cómo nos vemos obligados a
pasar por la vergüenza de que, los magistrados belgas, pongan en
duda la salubridad y acondicionamiento de nuestras cárceles para
acoger a un prófugo de la justicia y presunto responsable de delitos
de sedición, rebelión , prevaricación y malversador de caudales
públicos? Y todo ello cuando se da la circunstancia de que, las
cárceles belgas, resultan (y así se lo ha dicho Europa) ser las que
en peores condiciones se encuentran en toda la UE. Pero todo ello no
es nada cuando, después de haber cesado al gobierno de la
Generalidad y cerrado el Parlamento de Cataluña, imputando a todos
sus miembros; nos encontramos ante esta absurda contradicción de
que: los mismos integrantes de aquellas instituciones están ahora en
condiciones para presentarse, de nuevo, para ocupar aquellos mismos
cargos de los fueron expulsados por haber incurrido en los delitos
por los que todavía siguen encausados. Y esto lo defienden los
miembros del Ejecutivo como algo “conveniente”
Contrariamente a lo que algunos pudimos imaginar, tanto la TV3 como
Radio Cataluña, siguen en su línea de apoyo al separatismo, sin que
el citado artículo constitucional haya sido capaz de impedir que,
desde ellas, se siguiera haciendo apología de un delito tan grave
como es el de intentar romper la unidad de la nación española. Nos
encontramos con periodistas, incapaces de reconocer hasta qué punto
han sido capaces de llevar a la autonomía catalana al desastre, con
sus ideas aislacionistas y rompedoras, sin valorar el perjuicio de
que 2700 empresas, todas ellas importantes, hayan cambiado su sede
social y fiscal para instalarse en otras comunidades o fuera de
España; con el objetivo de evitar los previstos efectos de la
inestabilidad de Cataluña en los resultados de sus balances. El que
la señora Rahola, en La Vanguardia, se dedique a insultar
impunemente a España, a los españoles y a sus instituciones, sacando
a colación una dictadura que hace 80 años que finalizó, olvidándose
de que los que tenían el poder fueron los que tendieron la mano a
los que habían luchado contra ellos; para que, entre todos, fueran
capaces de formar una democracia, con una nueva Constitución, en la
que todos colaboraron para que sirviera para olvidarse de las
heridas ( que en ambas partes las hubo y las maldades que hubo en la
zona republicana no fueron ni menores en número ni, basta hablar de
la checas, de menos sadismo y crueldad) de una guerra civil en la
que hubo cientos de miles de muertos de ambos bandos.
No es de recibo que, esta amante de los sofismas políticos, la
señora Rahola, avale que fueran declaradas nulas todas las
sentencias del franquismo sin que nadie se haya tomado la molestia
de revisar aquellas causas en las que fueron condenados miles de
sujetos con las manos manchadas de sangre y, sobre cuyas conciencias
pesaban cargos de torturas, asesinatos, violaciones, robos a mano
armada y, toda una colección de delitos amparados por el odio, la
venganza, la envidia y el revanchismo. Expresiones de una zafiedad
como “…lo peor de la dictadura fue que salió gratis, que nadie pagó
por 40 años de represión (sería para aquellos que insistieron en
apoyar a los maquis o los rojos que no se atrevieron a regresar a
España por miedo a la Justicia), de maldad, de pura mierda (una
expresión más propia de una alcahueta de prostíbulo que de una
señora periodista). ¡Cuánto de sectarismo, mala uva y radicalismo,
en alguien que ha vivido toda su vida de estar metida hasta la
coronilla en la política de extrema izquierda, que ha sido la niña
mimada de los Godó, los Junquera y de todos aquellos que primero
pertenecieron al terrorismo catalán y luego fueron a parar a la ERC,
uno de los partidos que, durante la Guerra Civil tuvieron sus
propias checas, en las que se torturaba a quienes no comulgaban con
sus ideas y a no pocos de los de la CNT o del POUM, cuando se
produjeron los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, en los que su
partido, ERC, colaboró con los comunistas para masacrar a sus
compañeros de armas en contra del franquismo, los de la CNT y el
POUM.
Y es que la memoria sesgada de algunos les hace que sólo recuerden
lo que les conviene. La causa de que ahora, en esta España de 1917,
nos encontremos en la comunidad catalana ante el dilema de hundirnos
para siempre en un estado de gobierno comunista o seamos capaces de
acabar con quienes están dispuestos a seguir manteniendo sus ideas
independentistas y comunistoides, hasta acabar con cualquier
posibilidad de reconciliación y sumergidos en el abismo de la
intolerancia, la ruina económica y el grave enfrentamiento entre los
catalanes de ideas separatistas y los que quieren seguir siendo
españoles, hablamos de un 50% de la población lo que, como es
evidente, puede conducir a una situación harto peligrosa. Por otra
parte, el señor Rajoy sigue empeñado en mantener una postura amable,
dialogante, negociadora y, cuando ya hizo lo más difícil poniendo en
marcha el 155, ahora parece que se asustara de lo que ha hecho y
sigue en su clásica postura de ir trampeando. Advierte muy
solemnemente (ante la posibilidad, más que probable, de que los
independentistas renueven mayoría en el Parlament catalán y en la
Generalitat) a los independentistas y comunistas que pudieran
renovar la mayoría en las instituciones catalanas, de que “si ganan,
deberán respetar la ley”. Veamos si somos capaces de reflexionar con
claridad: ¿cómo van a respetar la Ley unos señores, a los que se
echó de sus cargos y, apenas unos meses después, habrán sido
reelegidos para ocupar los mismos puestos de los que, por medio del
155, fueron apartados? Es algo increíble.
¿Qué temor y respeto van a tener, estos secesionistas, de un
Gobierno que se presentaba como un poder omnipotente y ha acabado
pidiendo árnica a aquellos a los que pretendió infundir temor? Los
ministros ya no hacen más que pedir colaboración; Rajoy ya pide que
las empresas, a las que facilitó con un decreto que se pudieran
erradicar de Cataluña, que vuelva y esto, incluso antes de que se
hayan celebrado las elecciones del 21 de diciembre y, en
consecuencia sin saber lo que va a suceder el día 22. Es evidente
que, las empresas y sus directivos, no van a hacerle el más mínimo
caso antes de que comprueben quienes son los vencedores en esta
comunidad. En caso de que, se conforme una mayoría separatista es
evidente que una segunda tanda, en esta ocasión puede que mucho
mayor en número que la primera, decidan seguir el ejemplo de las que
ya se fueron y, por supuesto, ninguna o muy pocas, especialmente de
las grandes empresas, querrán correr el riesgo de que, en un año o
en dos, se repita la misma situación de desgobierno como ha sucedido
durante estos últimos meses.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,
nos cuesta seguir pensando que un gobierno, como el que tenemos del
PP, en manos de una ejecutiva tan timorata como la que tiene el
señor Mariano Rajoy, pueda seguir inspirándonos confianza para sacar
a España de un problema de tanta entidad como es el de Cataluña.
Estamos convencidos de que no se ha hecho nada verdaderamente
efectivo para evitar que, los que pretenden la independencia de
Cataluña, si no en un futuro a medio plazo pero sí en un futuro más
o menos cercano, van a intentar, con un gobierno socialista o
incluso con otro de centro derecha, volver a insistir en sus
reclamaciones. No pierdan de vista que ya están pretendiendo
introducir unos factores nuevos cuando hablan de un pacto con el
Gobierno para obtener la independencia, pero, en este caso, con la
intervención de la UE. Cualquiera que entienda un poco de política
no se creerá que, este añadido, no tiene un contenido explosivo. O
al menos así lo vemos nosotros.,
¿Para qué sirve RTVE?
EDITORIAL Libertad Digital 30 Noviembre 2017
El único futuro decente de Televisión Española y de todas las demás
televisiones que pagamos los españoles con nuestros impuestos es la
privatización… o el cierre.
Uno de los argumentos más habituales para defender la existencia de
los medios de comunicación públicos es que sólo a través de ellos se
puede hacer una adecuada defensa y promoción de la cultura.
Por supuesto, es tan mentira como lo de que sin ellos es imposible
la pluralidad informativa. No hay más que mirar la parrilla de las
televisiones públicas españolas para comprobar que esa promoción
cultural o bien no existe o bien está relegada a horarios
imposibles.
A lo que sí se da espacio preferente es a lo que se vende como
cultura pero no es más que banalización de la cultura o algo que
dista mucho de serlo. O que directamente promueve la desinformación,
la ignorancia y la incultura. Hace unos días se pudo ver un ejemplo
grotesco del nivel de la divulgación cultural de TVE cuando se
habló, literalmente, de la "limpieza étnica" llevada a cabo por
Isabel la Católica.
El despropósito es tan enorme, la falta de rigor histórico es tan
evidente y la ignorancia tan atrevida que no merece mayor
comentario, sólo sirve como muestra de la absoluta inutilidad de
Televisión Española como vehículo de transmisión de cualquier tipo
de conocimiento cultural.
Y si es obvio que no sirve como una televisión neutral
políticamente, porque no lo ha sido nunca; y si en lugar de promover
el conocimiento y la cultura promueve la desinformación y la
distorsión de la historia de España, cabe preguntarse para qué sirve
RTVE.
La respuesta es dramática: por mucho que se trate de vestir la
cuestión con otros ropajes, RTVE y las demás televisiones públicas
sólo sirven para que los políticos de turno tengan su oficina de
propaganda a cuenta del contribuyente y, no menos importante, para
que unos cuantos profesionales disfruten de sueldos y prebendas que
nunca podrían tener en un mercado libre.
Frente a esa realidad, el único futuro decente de Televisión
Española y de todas las demás televisiones que pagamos los españoles
con nuestros impuestos es la privatización… o el cierre.
El error de la 'conllevanza' catalana
IGNACIO GARCÍA DE LEÁNIZ El Mundo 30 Noviembre 2017
Para comprender en parte cómo hemos llegado a esta triste situación,
me parece fundamental revisar la doctrina política que las élites
españolas han sostenido desde la Transición misma en torno a
Cataluña. Y creo no equivocarme al decir que dicha doctrina unánime
entre los partidos nacionales y otras instituciones ha tenido como
leitmotiv la actitud de conllevanza hacia la comunidad catalana, en
una interpretación que estimo errónea de la idea orteguiana al
respecto.
El origen de una doctrina tal -a saber, que el problema de Cataluña
no se puede resolver y sólo cabe conllevarlo- nace de la cabeza de
Ortega en su discurso sobre el Estatuto de Cataluña en la sesión de
las Cortes el 13 de mayo de 1932. Ante la actitud optimista de Azaña
que ve en el Estatuto debatido -incluido en el Pacto de San
Sebastián de 1930- la definitiva solución y pacificación de
Cataluña, la visión más crítica de Ortega estará teñida del realismo
de su filosofía que le lleva a no hacerse ilusiones con la pura
realidad, en la que se incluye la ya entonces endiablada "cuestión
catalana".
Al inicio de su intervención parlamentaria fija la esencia misma de
la conllevanza al afirmar: "El problema catalán es un problema que
no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; que es un
problema perpetuo, que ha sido siempre (...) y seguirá siendo
mientras España subsista; que es un problema perpetuo, y que a fuer
de tal, repito, sólo se puede conllevar". Y al decir ello, Ortega
subraya claramente algo que creo que hemos olvidado en nuestras
décadas: "Conste que significo con ello no sólo que los demás
españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los
catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles".
Un conllevar que significa para la RAE sufrir algo adverso o penoso.
La razón de todo ello, alegará, estriba en que dicho problema
catalán es un caso de "nacionalismo particularista", un sentimiento
negativo que se apodera de una colectividad que le hace desear vivir
aparte de los demás pueblos o colectividades. Sentimiento
particularista este de una importante porción del pueblo catalán que
Ortega denomina apartismo. "Tal es el caso doloroso -añade- de
Cataluña, su carácter mismo y su terrible destino. Cataluña quiere
ser lo que no puede ser".
Pero nuestro parlamentario observa otro rasgo no menos dramático de
la realidad catalana: "En el pueblo particularista, (...) se dan,
perpetuamente en disociación, estas dos tendencias: una,
sentimental, que le impulsa a vivir aparte; otra, en parte también
sentimental, pero, sobre todo, de razón, de hábito, que le fuerza a
convivir con los otros en unidad nacional". Y en esta dicotomía
aparece -añadirá- la parte lamentable de tales nacionalismos: que
siendo un mero sentimiento, siempre tiene a mano un grupo exaltado
que se encarga de traducir ese sentimiento en concretísimas formulas
políticas. Que a su vez tienen en común arrollar a los que
discrepan, avisa Ortega.
La existencia de ambas tendencias antagónicas -los que quieren vivir
aparte de España y los que no- hace que nadie piense que una
cuestión tal pueda ser resuelta de una vez para siempre. Siendo así
de irresoluble la cuestión, la conllevanza aparece en el discurso
orteguiano como la guía inspiradora de la acción política en
Cataluña. No cabe otro remedio que este conllevar que equidista,
como las viejas virtudes aristotélicas, de dos extremos nocivos: el
puro centralismo y el nudo independentismo. La defensa de la
autonomía catalana que Ortega hace en la segunda parte de su
parlamento es la plasmación jurídica y política no sólo de una
relativa pax catalana sino de la salud y supervivencia del resto del
país en línea con la visión de una España autonomista de nueve o 10
regiones que había ya propuesto en La redención de las provincias.
Y nuestro diputado procura restar patetismo a esta propuesta de
conllevanza -que sea dolorosa no significa que sea todo tristeza-
aludiendo a su filosofía de la vida como un constante conllevar:
"Después de todo, no es cosa tan triste eso de conllevar. ¿Es que en
la vida individual hay algún problema verdaderamente importante que
se resuelva? La vida es esencialmente eso: lo que hay que conllevar,
y, sin embargo, sobre la gleba dolorosa que suele ser la vida,
brotan y florecen no pocas alegrías".
Hasta aquí la síntesis del discurso de Ortega. Que coincide en
apariencia calcada con la aproximación intelectual -con algunas
excepciones- y política al diseño territorial y autonómico plasmado
en la Constitución de 1978 con especial atención a la autonomía
catalana. También en lo que se refiere a la ley electoral vigente
desde entonces. Y que justificaría el enfoque dado por los partidos
nacionales en las décadas sucesivas hasta hoy.
Siendo así las cosas, ¿qué ha fallado entonces para desembocar en lo
que estamos viendo y padeciendo? ¿A qué se debe este doloroso estado
de error al que nos hemos precipitado nosotros y Cataluña?
Creo poder apuntar algunas causas: la conllevanza reguladora de
Ortega, asumida con fe ciega e infantil, se ha confundido desde la
Transición con un laissez faire, laissez passer por parte de nuestra
gobernanza que nos ha conducido progresivamente a esta crisis. Se ha
interpretado la tal conllevanza no como una exigencia de acción
creadora y "estar alerta" sobre lo que en Cataluña venía sucediendo
-que eso es lo que pediría la perspectiva orteguiana-, sino como un
visado para la pereza intelectual -tan de nuestra clase política y
que tantos males explica- la inercia e incuria culpable. La porción
de resignación que introducía el conllevar orteguiano ha mutado -en
letal malentendido-, en una parálisis de la política para Cataluña,
cediendo la iniciativa a las tendencias independentistas en estas
décadas.
Que un problema sea imposible de solucionar no significa que no se
pueda gestionar. Que el problema catalán sea de suyo perpetuo no es
óbice -más bien lo contrario- para que tengamos que habérnoslas con
él, tanto en el plano político como en el jurídico, pedagógico y
cultural, con esforzada atención. Y eso, precisamente eso, es lo que
se ha dejado de hacer en nuestra política hasta hoy. Hemos estado
políticamente más pendientes de otros temas -la corrupción entre
otros- que de los malos presagios que venían desde Barcelona. Como
si nuestra dirigencia hubiera olvidado la necesidad de estar a las
cosas, para prevenir lo que se avecinaba. Y corregir así la lectura
errónea y letal que se había hecho del discurso orteguiano de la
conllevanza en las entrañas mismas de la Transición.
Simone Weil anotó que todo nuestro problema reside en dónde ponemos
nuestra atención. No estaría de más que nuestras élites se
preguntarán a modo de examen en dónde han estado sus atenciones y
prioridades en estos años. Para recordarles que la verdadera
conllevanza con Cataluña - es decir con nosotros mismos- exige
lucidez, inteligencia y valentía. Todo lo contrario de la pereza. Y
leer así desde otra perspectiva más crítica el tan influyente
discurso de Ortega.
Ignacio García de Leániz Caprile es profesor de Recursos Humanos de
la Universidad de Alcalá de Henares.
Cataluña-Madrid: Infierno y paraíso fiscal
Expertos fiscalistas analizan para 'Crónica Global' las "abismales"
diferencias impositivas entre ambas comunidades y el galimatías
legal existente en España
Gonzalo Baratech, María Jesús Cañizares cronicaglobal 30
Noviembre 2017
Cataluña tiene una presión fiscal? muy superior a la de la Comunidad
de Madrid. Así lo aseguran los expertos. Pero, en algunos casos, las
diferencias pueden ser brutales. A modo de ejemplo, y según la
casuística, un catalán puede llegar a pagar 80 veces más por el
impuesto de Sucesiones que un madrileño.
Pero ¿a qué se debe esa diferencia impositiva? ¿Depende del Gobierno
español o autonómico? ¿Una mayor presión fiscal supone más
recaudación y mejores servicios sociales?
Esaú Alarcón, abogado, profesor de Derecho Financiero de la
Universidad Abat Oliba, y Álvaro Gibernau, Economista e Ingeniero
Industrial, socios ambos del despacho Gibernau Asesores, han
comparado para Crónica Global las grandes diferencias impositivas
entre ambas comunidades. En concreto, ambos fiscalistas analizan,
con ejemplos prácticos, lo que pagan los catalanes en concepto de
IRPF, Sociedades, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y
Sucesiones y Donaciones, y lo que pagan los madrileños.
IRPF
Denuncian el “anacronismo” de algunos gravámenes, como el de
Patrimonio o el de Transmisiones, que no existen en otros países y,
si se aplica, se hace de forma muy poco gravosa.
En el caso del impuesto de Transmisiones, que se imputa a las
operaciones inmobiliarias, quien sale perjudicado finalmente es el
ciudadano, pues se convierte en una barrera más para acceder a una
vivienda.
Impuesto de patrimonio
Destacan, asimismo, las diferencias “abismales” en el impuesto de
Sucesiones, pues un catalán puede llegar a pagar 80 veces más que un
madrileño, según la casuística. Asimismo, el pago por Donaciones
puede ser 10 veces mayor en la comunidad catalana que en la
madrileña.
Alarcón y Gibernau aseguran que esta diferencia fiscal entre
Cataluña y Madrid depende de las decisiones que toman los
respectivos gobiernos autonómicos. En el caso catalán, aluden a los
“giros copernicanos” que, en ocasiones, han tenido esas políticas
fiscales. Por ejemplo, el expresidente Artur Mas redujo el impuesto
de Sucesiones, pero en su segundo mandato, pactó con ERC, que le
exigió subir la recaudación. La presión de la CUP durante esta
última legislatura también se ha dejado notar mediante la creación
de nuevos gravámenes (impuesto sobre bebidas azucaradas, pisos
vacíos, emisiones tóxicas, activos no productivos...).
Impuesto de transmisiones patrimoniales
No es de extrañar, a juicio de los especialistas tributarios, que se
produzcan cambios de domicilio fiscal. Y advierten de que una mayor
recaudación no es sinónimo de mejora en los servicios sociales, pues
eso depende de las políticas de gestión de cada gobierno.
Asimismo, una mayor presión fiscal puede desincentivar el trabajo.
“No por subir los tipos aumenta la recaudación, ya que la gente
busca otras maneras de pagar”, avisan.
Impuesto de sucesiones y donaciones
Ambos expertos aseguran que el sistema español de creación de
impuestos “está mal planteado y genera fricciones entre las
comunidades autónomas y tensiones sociales, lo cual no es bueno para
la cohesión del país”. Mientras ya existe un debate sobre la
armonización fiscal a escala europea, el sistema español “es un
galimatías. Que haya 18 normativas en toda España es para volverse
loco”.
Alarcón y Gibernau abogan por un pacto de Estado sobre la política
fiscal en lugar de las continuas reformas que provocan los cambios
de gobierno.
Somos la nueva política y no lo sabíamos
Jorge Vilches. vozpopuli 30 Noviembre 2017
Los últimos cien años han sido de estatismo creciente, prácticamente
indubitado, hasta el punto de ser otro elemento religioso que ha
convertido en verdad la frase de Mussolini: “todo para el Estado,
nada contra el Estado, nada por fuera del Estado”
Los análisis políticos de partidos, estrategias y líderes que se
están realizando últimamente en relación a los próximos comicios en
Cataluña arrastran un arcaísmo, a pesar de que en puridad son muy
volumétricos y cientificistas. No siempre es así, cierto, pero la
avalancha de convocatorias electorales desde 2015 en todos los
ámbitos territoriales nos está mostrando que el eje
izquierda-derecha por el que se vertebraba la sociedad se está
difuminando .
No es un fenómeno español, sino occidental. Aquí llega con cierto
retraso en la medida en que nuestra clase política está en una
crisis cualitativa mayor y que la democracia española tiene cuarenta
años menos que las europeas.
Atención, porque las claves para la muerte y la aparición de
partidos y movimientos políticos, sus alianzas poselectorales y el
surgimiento de líderes depende de los nuevos ejes. Veamos.
Europeísta o soberanista
La Unión Europea se ha convertido en un tótem. La idolatría hacia lo
que viene de “Europa”, un rasgo atávico entre los españoles, es tan
considerable que europeísmo y aceptación religiosa de los mandatos
de la UE son la misma cosa. Al tiempo, como sucede en el modelo
aristotélico de formas de gobierno, los organismos de la UE se han
transformado en un sistema oligárquico: pensado para los mejores es
ahora el reducto de los rebotados de los ámbitos nacionales, que
reglamentan sin control de la opinión pública sobre cualquier cosa,
recibiendo sueldos desorbitados .
Esto ha restado soberanía a los Estados miembros, creando un
establishment o alta clase política europea. El surgimiento y
fortalecimiento de los populismos, tanto nacionalistas como
izquierdistas, ambos basados en el soberanismo y la reconstrucción
de comunidades, y contrarios a esta UE, ha supuesto el protagonismo
de esta cuestión en el debate político. De ahí la coincidencia de
posturas entre el Frente Nacional de Le Pen, PDeCAT, UKIP,
Alternativa para Alemania, el comunista Die Linke o Podemos.
Estatismo
Esto lo cuento en clase y no me creen: el Estado no ha existido
siempre. Aquel “monstruo frío”, en palabras de Nietzsche, que nació
para satisfacer los intereses de los príncipes sobre una población
en un territorio, hoy es un dios. Es un dios porque es omnipresente
y todopoderoso, todo el mundo se encomienda a él cuando algo
necesita u ocurre una desgracia. Al Estado se sacrifica no solo la
individualidad, sino la propiedad y el resultado de nuestro trabajo
citando el “interés público” por encima del bien privado.
Los últimos cien años han sido de estatismo creciente, prácticamente
indubitado, hasta el punto de ser otro elemento religioso que ha
convertido en verdad la frase de Mussolini: “todo para el Estado,
nada contra el Estado, nada por fuera del Estado”.
Los partidos políticos se presentan a las elecciones sabiendo que el
elector/contribuyente reclama más servicios y mejores, no más
autonomía y responsabilidad propia. Por tanto, compiten entre ellos
por ofertar una intervención pública más atractiva . Esto ya no
diferencia a izquierdas y derechas, porque éstas últimas ya se
acogieron a la socialdemocracia. Un buen ejemplo es la CDU-CSU de
Merkel, giro que ha propiciado la caída en desgracia del SPD. Aquí,
los del PP son hoy socialdemócratas bien vestidos, sin más.
Las identidades alternativas
El referirse a los sindicatos como “movimiento obrero” es una
antigualla no solo sociológica, sino que ese lenguaje marxista ya no
funciona. La sociedad se compone de estatus modificables, como
señalaba Tocqueville, no de clases entendidas como grupos estanco
que presuponen y condicionan una visión del mundo y de la acción
individual y colectiva. Pensar esto último se ha quedado para
ciertos “intelectuales” universitarios y del periodismo, en un
postureo decimonónico chirriante.
El consenso socialdemócrata ha desarmado políticamente la identidad
de clase, por lo que los individuos buscan su identidad primordial
en tres campos al menos: nación, género y sexo. Las dos últimas son
cuestiones de poder y moral, que van desde el feminismo obligatorio
o las cuotas, a la diversidad familiar y matrimonial.
Los partidos se posicionan en estos campos con su imagen y discurso,
o añadiendo ofertas a sus programas, pero para competir en el mismo
sentido. No hay diferencias entre izquierdistas y derechistas, sino
en la audacia de la propuesta. Las mujeres han liderado opciones de
la derecha, aquí y en el resto de Europa, más que en la izquierda.
Quizá –voy a hacer un poco de psicologismo simbólico- la figura
femenina sea más maternal y protectora que la masculina –así ha sido
históricamente-, y encaje mejor con el Estado paternalista que
tenemos y muchos reclaman.
Conflicto vs. tranquilidad
En su obra “La era de la protesta”, el historiador norteamericano
Norman F. Cantor hablaba de las formas críticas de vivir el
esplendor de Occidente y sus contradicciones , desde los beatniks
hasta los hippies y la Nueva Izquierda. Se estandarizó entonces un
tipo de protesta, la de los movimientos sociales, fundada en la
desobediencia, la resistencia, las manifestaciones o las
perfomances, siempre bajo la sombra de cierta violencia física y
verbal.
Lo curioso era el doble fenómeno que se producía: mientras la
sociedad absorbía su estética y su lenguaje, incluso sus
reivindicaciones, la mayoría social no quería líos, sino
tranquilidad. A los momentos “revolucionarios” –más idealizados que
reales, como Mayo del 68-, le seguían amplios deseos de orden.
El motivo es que, en la sociedad de la opulencia, la oposición
antisistema forma parte del paisaje, y el voto es conservador en el
sentido de mantener o asegurar el confort. A la época de grandes
revuelos cuando la gente hace un esfuerzo por participar en lo
público –“en el ágora”, dicen los cursis-, le sigue la calma. Es una
cuestión de frustración y de cansancio frente a la persistencia de
los agitadores y activistas , esos actuales “revolucionarios
profesionales”.
Por eso, los partidos que arman mucho ruido y, desde el populismo
nacionalista o socialista, dicen que el miedo va a cambiar de bando
o que van a crear la Arcadia feliz, son parte del sistema. La clave
es cómo se presentan luego a las elecciones, ya que vence con votos
o con cuotas de poder quien presenta una solución pacificadora. No
hay que decir que ahí está el PSC de Iceta.
Recapitulando
Olvídense de izquierda y derecha como eje principal para determinar
la política del porvenir más cercano, a no ser que vivan de propagar
ese discurso.
Disciplina fiscal e ideas espantosas
Roger Senserrich vozpopuli.es 30 Noviembre 2017
En política es fácil confundir los medios con los fines.
En los debates a ambos lados del Atlántico no es inusual ver a
dirigentes y legisladores defender con vehemencia medidas,
regulaciones o políticas concretas como si fueran un bien en sí
mismas, sin pararse a pensar sobre sus efectos. En tertulias y
discursos vemos como políticos de todos los colores atribuyen a
mecanismos y normas legales o decisiones un valor moral por ellas
mismas, defiendo su aprobación porque comparten estructuras o
valores con las ideas que un dirigente dice defender.
Esta clase de fascinación con los medios en vez de con los fines lo
vemos tanto en la izquierda como en la derecha. Hay una cantidad
francamente ridícula de políticos conservadores que están
obsesionados con mantener una moneda fuerte, por mucho que la
“fortaleza” de una moneda no deje de ser un mal símil para decir que
una divisa es cara en el mercado abierto. La llegada del euro quitó
esta manía de las manos de las élites españolas, pero el evangelio
de la moneda fuerte a menudo ha guiado las decisiones del Banco
Central Europeo.
En la izquierda, el fetiche recurrente en España ha sido de siempre
las desastrosas instituciones que definen nuestro horriblemente
disfuncional mercado laboral, pero la lista de obsesiones
legislativas progresistas es larga. Cosas como las regulaciones
urbanísticas que limitan el crecimiento de las grandes ciudades, la
oposición a los transgénicos, la afición a subvencionar productos
culturales aleatorios, la banca o la televisión pública son
recurrentes.
El origen de estas posturas no es una reflexión sobre sus efectos,
sino que “suenan bien” a oídos conservadores o progresistas.
Queremos una moneda fuerte, porque la fortaleza, la ley y el orden
son valores tradicionales. Queremos que despedir sea caro porque los
empresarios siempre quieren lo peor para sus trabajadores. El
crecimiento urbano debe ser controlado porque la naturaleza es buena
y las ciudades son artificiales. Los transgénicos son productos
artificiales creados por empresarios que no nos quieren. La cultura
debe llegar a las masas, por mucho que el obrero no tenga el más
mínimo interés en aguantar tres horas de Wagner en el Real. La banca
pública es buena porque lo público es mejor que lo privado. Y así
con todo.
De todos los fetiches políticos ahí fuera, sin embargo, el más
dañino ha sido el fetiche conservador con la disciplina fiscal.
Vaya por delante: mantener las cuentas públicas saneadas, la deuda
manejable y un sistema recaudatorio eficiente no es sólo buena idea,
sino que es condición necesaria para casi cualquier cosa que venga
después. La base del sistema de bienestar y los derechos sociales es
tener una administración pública que pueda pagar las facturas y no
ofrezca servicios que no pueda pagar.
Hay un sector ruidoso de la izquierda que parece estar convencida
que uno puede recaudar todo lo que quiera o que el gasto público por
sí mismo genera suficiente crecimiento económico como para que se
pague solo. Ambas ideas son fetiches absurdos. Me refiero, en este
caso, a la idea de muchos políticos conservadores que la deuda
pública siempre es mala, el gobierno siempre debe aspirar a gastar
menos y mantener el déficit siempre a cero es un objetivo en si
mismo. La austeridad, en el fondo, es un valor conservador.
Esto sería una obsesión de poca monta si los políticos de derechas
no insistieran en aprobar medidas que anteponen esta idea abstracta
de rectitud fiscal al objetivo de buscar el bienestar general, sin
reparar en sus consecuencias. Lo vimos a menudo durante la crisis de
la eurozona, y lo estamos viendo estos días con una idea
increíblemente estúpida que varios senadores republicanos están
trabajando para incorporar en la reforma fiscal de Trump.
Lo de “reforma fiscal”, por cierto, es ser generoso. El plan de los
republicanos es una bajada de impuestos descomunal a las empresas y
los más ricos, y una subida de impuestos a medio plazo a todo
aquellos que ganan menos de $75.000 al año. Es una reforma
cómicamente regresiva, casi una parodia de lo que es ser de
derechas, en flagrante contradicción con todas las promesas de Trump
durante la campaña.
A pesar de que todos los expertos independientes estiman que el plan
costará $1,5 billones de dólares durante los próximos diez años y
aumentará la deuda pública en un número cercano a esa cantidad, casi
todo el partido se ha autoconvencido que la actividad económica
generada por darle toneladas de dinero a los ricos hará que se pague
solo. Poco importa que las empresas estén ahora mismo en beneficios
récord y que los ricos tengan más dinero que nunca, o que toda la
evidencia empírica indique lo contrario.
La cuestión, sin embargo, es que el partido republicano sigue siendo
el de la “responsabilidad fiscal”, y algunos senadores no acaban de
estar seguros de los poderes mágicos de darle más millones de
dólares a Jeff Bezos. El déficit del gobierno federal americano se
había reducido de forma considerable en los últimos años de la
administración Obama. Como medida de precaución para que la bajada
de impuestos no provoque que el déficit público se dispare, estos
legisladores han convencido a Trump y al resto del partido para que
incluyan un “detonador” ante déficits excesivos. Si la recaudación
fiscal de aquí unos años no está siguiendo la (fantasiosa)
trayectoria esperada y resulta que bajar impuestos aumenta el
déficit, la ley establecería que los impuestos volverían a subir
automáticamente.
Aunque esto suena sensato, es una idea espantosa. Primero, porque la
economía americana ahora mismo está creciendo a buen ritmo, así que
aumentar el déficit con una rebaja fiscal es peligroso. Los
gobiernos que quieren ser responsables fiscalmente buscan ahorrar
dinero cuando las cosas van bien, reduciendo el déficit o incluso
teniendo superávits en tiempos de bonanza; aumentar la deuda cuando
las cosas van bien limita la capacidad de respuesta en caso de
crisis. Segundo, es muy probable que la economía americana entre en
recesión en los próximos años (básicamente porque le toca – la
expansión actual es de las más largas de la historia), y con ello el
gobierno federal experimente una caída de ingresos y un aumento del
déficit. Eso provocaría, bajo esta propuesta, que los impuestos
subieran automáticamente en medio de una recesión. Todos hemos visto
en Europa el resultado de esta clase de ajustes en medio de una
crisis.
De nuevo, estamos ante el triunfo del método sobre los fines: los
republicanos en Estados Unidos, y los conservadores en Europa, nunca
parecen preocuparse sobre los efectos de la disciplina fiscal sobre
el país. Simplemente creen que ser adusto, disciplinado y severo,
castigando a los niños cuando se portan mal es algo moralmente recio
y conservador, y actúan en consecuencia.
La realidad es que las políticas públicas no reflejan valores; los
fines que perseguimos conseguir con ellas son lo que debería
preocuparnos. Para construir un país que respete el orden, la
decencia y la dignidad de las personas y los valores tradicionales
no debemos gobernar como lo haría el Dios del Antiguo testamento,
sino aplicar políticas públicas que reducen la tasa de crimen,
refuerzan la familia tradicional, la meritocracia, productividad y
el aprecio por el trabajo bien hecho. Esto puede implicar hacer
cosas como reducir la contaminación ambiental para reducir el crimen
(no bromeo), clases de educación sexual y reparto gratuito de
anticonceptivos (ambas medidas reducen embarazos adolescentes),
promover la igualdad de oportunidades y la competencia e invertir en
I+D. Algunas de estas medidas pueden sonar como “de izquierdas”,
pero sus resultados son consistentemente conservadores – y son una
buena idea.
Olvidémonos de fetiches y de defender políticas públicas porque sí.
El fin no justifica los medios, pero desde luego los medios no
pueden ni deben ser un sustituto de nuestros fines.
DENUNCIA DE PP Y CS
La política bilingüista en Baleares, un
riesgo (literal) para la salud
La Gaceta 30 Noviembre 2017
El PP y Ciudadanos han advertido al Govern balear de que exigir el
conocimiento del catalán para trabajar en la sanidad pública de las
islas “pone en riesgo” la atención sanitaria a los ciudadanos.
Con ocasión del pleno del Parlament, los diputados del PP y Cs
Antonio Gómez y Olga Ballester, respectivamente, han echado en cara
al Ejecutivo que ningún sindicato sanitario apoya este decreto que
exige el conocimiento de la lengua catalana para trabajar en el
Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut).
Hace unos días salía a la luz el testimonio de la única
neuropediatra de Ibiza que podría perder su puesto de trabajo por no
saber catalán.
La consejera de Salud, la socialista Patricia Gómez, ha afirmado que
el decreto garantiza la atención sanitaria, recoge “excepciones” y
salvaguarda el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán,
la lengua propia de las Islas Baleares.
Por parte de Cs, la diputada Ballester ha recordado que el “cien por
cien” de los sindicatos no apoya este decreto, tal y como se
confirmó en la reunión de hace unos días de la Mesa Sectorial de
Sanidad, en la que el Sindicato Médico (Simebal), Satse, CCOO y CSIF
votaron en contra del mismo y UGT y USAE se abstuvieron.
Ballester ha calificado de “aberración” que para tener en propiedad
una plaza de especialista médico o de enfermera la formación, la
experiencia o la investigación sea “irrelevante para ustedes frente
a la acreditación del catalán”.
Para la diputada del partido naranja, este decreto es una “patada de
despido” a miles de profesiones que llevan años trabajando en
Baleares.
“Es un decreto político que nada tiene que ver con necesidades
sanitarias; es un decreto redactado en un despacho por mentes
cerradas que no saben más allá de su proyecto nacionalista”, ha
denunciado Ballester, que ha añadido que su partido presentará un
decreto “sensato” alternativo.
Miles de profesionales no podrán opositar
Desde el PP, el diputado Antonio Gómez ha mantenido que
“absolutamente nadie” -tampoco los gerentes de los hospitales- apoya
este decreto “impuesto por los radicales de MÉS”, que forman parte
del Ejecutivo balear junto al PSIB-PSOE y que cuentan con el apoyo
externo de Podemos.
Según el diputado, su aplicación supondrá que 3.000 enfermeras,
1.000 auxiliares y más de 300 médicos de Atención Primaria de
Baleares, todos ellos “excelentes profesionales”, no podrán
presentarse a las próximas oposiciones.
La consejera ha respondido que sí podrán presentarse, ha recordado
que la propia Constitución española reconoce y protege las
diferentes lenguas oficiales del Estado y ha mantenido que los
pacientes “tienen derecho” a ser atendidos en catalán.
También ha comentado que el referido borrador tiene en cuenta el
déficit de profesionales sanitarios que existe en el archipiélago y
la “gran cantidad” que vienen de la Península, por lo que se recogen
excepciones a la exigencia del conocimiento del catalán.
Gómez ha subrayado que este decreto “garantiza” la asistencia
sanitaria y ha echado en cara al PP que “no le interesa la cultura”.
BRUTALIDAD EN LA RETAGUARDIA
La Columna de Hierro, asesinatos y sacas.
Así es el mito de los anarquistas
Juan E. Pflüger gaceta.es 30 Noviembre 2017
Otro de los mitos de la izquierda: el heroísmo de los anarquistas en
el frente. La realidad fue que fueron una fuerza represiva de la
retaguardia.
La Columna de Hierro fue una unidad de milicias creadas en los
primeros días de la Guerra Civil en la zona de Levante. Pertenecían
a la anarquista CNT-FAI, y rápidamente creció el número de sus
miembros. Como muchas otras unidades de milicianos, lejos de la
lucha en el frente, centraron sus actividades en la represión contra
los sospechosos de ser derechistas que se encontraban detenidos en
las cárceles republicanas, especialmente en las de Levante.
Su participación en la Guerra Civil fue muy limitada. El 8 de agosto
de 1936, un grupo de esta columna de poco más de 200 efectivos, la
mayor parte de la localidad de Alcoy, salió de Valencia con destino
a Teruel para intentar arrebatar a los alzados esa capital de
provincia. Por el camino se le sumaron varios grupos de anarquistas,
el más numeroso -casi un centenar- era el de Sagunto. Cuando
llegaron a la localidad de Sarrión (ya en la provincia de Teruel),
el grupo superaba los 400 efectivos. A la entrada de ese municipio
fueron atacados por una escuadrilla de aviones nacionales que a
penas les causó bajas.
Tras ese ataque, el pánico se apoderó de los anarquistas y
decidieron ponerse a resguardo en Sarrión para esperar a otro grupo
que, al mando de José Pellicer, había salido de Valencia pocas horas
después de ellos. Aprovecharon su estancia en esa localidad para
asaltar varios comercios y un secadero de jamones. La excusa era que
necesitaban provisiones para llegar al frente. La realidad es que
mostraron en sus incautaciones tanta brutalidad como cobardía habían
presentado ante el ataque de los aviones sublevados.
Con la llegada de nuevos voluntarios anarquistas desde diferentes
localidades de Levante, los efectivos aumentaban y pasaron de los
800 efectivos iniciales a 2.200 a finales de agosto y casi 20.000 a
finales de año. Nunca más del 10% de esos efectivos se encontraba a
la vez en el frente. Sin embargo, de la Columna de Hierro se conocen
más sus actividades represivas en la retaguardia que su valor en el
campo de batalla.
En Castellón de la Plana realizaron una saca de presos considerados
derechistas para asesinarlos en los cementerios de Castellón, Alcora
y Almazora. Solo en la noche del 2 de octubre más de 70 presos
fueron asesinados junto a los muros de esos tres cementerios. Los
miembros de la Columna de Hierro acababan de llegar del frente de
Teruel, donde habían sido rechazados por las tropas nacionales en su
intento de recuperar la ciudad.
Pero no fueron los únicos desmanes que cometieron a su regreso.
Asaltaron los juzgados de primera instancia, la Audiencia
Provincial, el Registro de la Propiedad y la Delegación de Hacienda
de Castellón. Todos sus archivos fueron quemados en hogueras frente
a los edificios sin que actuase la fuerza pública.
Después se trasladaron a Vinaroz, donde sacaron de la cárcel a 16
“presos derechistas” que también fueron asesinados. Después, junto a
varios dirigentes del Frente Popular, celebraron una comida en el
Hotel Suizo de Castellón para celebrar que habían aplicado la
justicia revolucionaria a casi un centernar de “fascistas”.
Al día siguiente, la Columna abandonó Castellón con dirección a
Valencia, donde también fue asaltada la Prisión Provincial y
asesinados decenas de derechistas allí detenidos. Durante los días
siguientes se dedicaron a recorrer los pueblos próximos a Valencia.
Asaltos a villas y caseríos, incautación de cosechas y animales,
robos, asesinatos de personalidades de la derecha. Esa fue la guerra
que realizaron los miembros de la Columna de Hierro a los que la
izquierda sigue brindando reconocimiento hoy en día.
En algunos casos, como ocurrió en Benacil, los propios integrantes
del comité revolucionario controlado por el Partido Comunista,
plantó cara a la Columna de Hierro. La localidad de Benacil estaba
dominada por el comité que presidía un individuo llamado “Pepet”,
viejo comunista que había logrado movilizar a gran parte de los
braceros y labradores que formaban parte del partido y a los que
había armado para defender la revolución. Cuando los miembros de la
Columna de Hierro llegaron en sus camiones a la localidad exigieron
que les fueran entregados todos los presos derechistas y las armas
que hubiera en los almacenes. Decían que pretendían volver a Teruel,
al frente, pero allí nadie se lo creía.
Los miembros de la Columna de Hierro, dirigidos por “el Chino”, se
dirigieron a la prisión local para hacerse cargo de los derechistas
detenidos. Mientras estaban dentro, “Pepet” convocó a varios
centenares de braceros de la localidad y al centenar de miembros de
la Juventudes Socialistas que estaban recibiendo instrucción militar
y rodearon la prisión para enfrentarse y desarmar a los milicianos
anarquistas.
Ante la situación en la que se vivía, “el Chino” dio la orden de
retirarse y salieron a tiros atravesando la multitud. Murió una
docena de anarquistas y varios comunistas en el enfrentamiento. Poco
después, una patrulla de aviones Polikarpov fue enviada desde Madrid
para acabar con ese grupo de la Columna de Hierro. Fueron
bombardeados y ametrallados mientras que circulaban en sus camiones.
El ochenta por ciento del grupo liderado por “el Chino” fue abatido
por los aviones republicanos.
Sin embargo, el grueso de la Columna de Hierro permanecía en
Valencia, donde intentaban conseguir armas mediante su robo a la
Guardia Popular Antifascista. En una de estas operaciones, los
miembros de esta policía creada al inicio de la Guerra Civil,
detuvieron al anarquista Tiburcio Ariza, que se resistió y murió en
el enfrentamiento con los policías.
Documentos correspondientes a Causa General del A.H.N.
Los anarquistas organizaron un funeral muy numeroso al que
asistieron, casi en su totalidad, los miembros de las columnas de
Hierro, CNT-13 y Torres Bendito. La comitiva del entierro tenía que
pasar por la Plaza de Tetuán, donde estaba la sede del Partido
Comunista. Allí les esperaba un batallón de comunistas valencianos
que había vuelto de permiso de combatir en Madrid. Uno de los
integrantes de ese batallón, un joven comunista, se adelantó
saliendo al encuentro de los anarquistas y, antes de llegar a la
cabecera de la comitiva fúnebre en la que se encontraban los líderes
de las columnas convocantes, sacó una pistola y disparó contra
ellos.
Esa era la señal convenida, desde las ventanas de los edificios y
desde la misma calle, los comunistas abrieron fuego contra los
anarquistas a los que causaron 30 muertos y más de 50 heridos. Los
anarquistas nunca respondieron a este ataque, las columnas
anarquistas de Valencia quedaron disueltas. Fue el final de la
Columna de Hierro. Con ella morían sus asesinatos y sus robos.
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El indigenismo catalán
José García Domínguez Libertad Digital 30 Noviembre 2017
La cuestión, la profunda, la genuina, la susceptible de galvanizar
pasiones que puedan llevar incluso a la cárcel o al exilio, es la
eventual desaparición de la tribu primigenia.
Algo en apariencia incomprensible. A decir de esa encuesta última
que acaban de publicar en El País, resulta que apenas el 24% de los
catalanes desearía seguir adelante con el procés. Pero prácticamente
la mitad del censo electoral, un 46% de la población mayor de edad,
piensa seguir votando a los partidos que llevan más de un lustro
impulsando ese mismo procés. Unos partidos, los que acaban de abocar
a Cataluña al peor desastre colectivo desde la Guerra Civil, cuyas
principales figuras públicas, Puigdemont, Junqueras y Rovira,
cuentan además con la aprobación de, respectivamente, un 46, 43 y 42
por ciento de los catalanes con derecho al sufragio. Dicho de otro
modo: la totalidad de los votantes nacionalistas aprueba la gestión
de los políticos nacionalistas que provocaron el final desastroso
del procés, y ello pese a ser muy conscientes del error fatal que
supuso seguir los pasos que condujeron a su desenlace último. ¿Cómo
entenderlo? Pues quizá recordando una frase, también en apariencia
incomprensible, que pronunció Carme Forcadell en uno de sus mítines
callejeros durante el clímax tumultuario previo al gatillazo
constituyente. Berreó entonces Forcadell en su histriónico,
inconfundible estilo: "Si no proclamamos ahora la independencia,
desapareceremos como pueblo".
Ese pensamiento individual (lo más grave de cuanto dice Forcadell es
siempre la absoluta, genuina sinceridad con que lo dice) y esa
paralela revelación colectiva nada tienen que ver, si bien se mira,
ni con el asunto de la economía ni tampoco con el de la relación de
Cataluña con el resto de España, el famoso encaje. Bien al
contrario, cuando Forcadell se atreve a proclamar en público lo que
los demás solo confiesan en privado, esto es, que los verdaderos
catalanes se acabarán extinguiendo en tanto que grupo demográfico si
no son capaces de imponer ahora la creación de un Estado que
disponga de fronteras propias, lo que hace es desvelar el carácter
en última instancia indigenista del separatismo. Todo lo cultural,
lingüístico y antropológico que se quiera, pero indigenista a fin de
cuentas. Para Forcadell, como para ese impertérrito 46% de catalanes
que piensa seguir votando toda la vida a Esquerra, el PDeCAT o la
CUP aunque se acabe el mundo, se marchen de aquí hasta los puestos
de pipas y caigan sobre las plantaciones de peras de Lérida las
siete plagas de Egipto, la cuestión no es ni la economía ni el
encaje.
La cuestión, la profunda, la genuina, la susceptible de galvanizar
pasiones que puedan llevar incluso a la cárcel o al exilio, es la
eventual desaparición de la tribu primigenia a consecuencia de las
migraciones externas y la baja tasa de natalidad doméstica. Los
catalanistas siempre han tenido la inmensa suerte de que en el resto
de España nadie lee nunca lo que escriben. Nadie. Nunca. Por eso en
Madrid se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo los lugares
comunes de rigor sobre la pela y demás convenciones manidas. Pero si
los leyeran, los entenderían. Porque desde el introductor de la
ciencia demográfica en España, Josep Anton Vandellós, aquel
discípulo catalán de Gini, el gran estadístico fascista de la Italia
de Mussolini, hasta Anna Cabré, la actual directora del Centro de
Estudios Demográficos de la UAB, la crónica obsesión de los teóricos
del catalanismo ha sido la continuidad biológica de la tribu,
siempre amenazada por el regular asentamiento en Cataluña de
contingentes humanos procedentes de otras latitudes peninsulares. Si
no se entiende eso, no se entiende nada. Y cuando se entiende eso,
ya no se espera nada.
El cupo vasco, Cataluña y el resto de Autonomías
Juan Francisco Martín Seco republica 30 Noviembre 2017
La semana pasada se aprobó en el Congreso, por tramitación directa y
lectura única, el cupo vasco. Se comprende el malestar de Albert
Rivera y de Ciudadanos, ya que el procedimiento impide a la
oposición introducir enmiendas. El PNV ha señalado en alusión a
Ciudadanos que “a algunos les sorprenden determinados mecanismos,
pero están establecidos en las propias leyes. Es un sistema
concertado, en el que las dos partes se tienen que poner de
acuerdo”. Paradójicamente, esta argumentación -que es cierta- deja
al descubierto el pecado mayor del concierto, el de configurarse
como un acuerdo bilateral entre gobiernos, en el que el Parlamento
español tiene muy poco que decir y, lo que resulta casi más injusto,
el resto de las Comunidades, menos. De ahí también las reticencias
lógicas de Compromís y de los barones socialistas.
La bilateralidad tiene una enorme fuerza de atracción para las
formaciones nacionalistas no solo por una razón de preeminencia, la
de considerar al resto de Comunidades en un estrato inferior, sino
porque siempre es más fácil chantajear a un gobierno, sea cual sea,
que enfrentarse al resto de las Autonomías. Eso explica también por
qué los nacionalistas catalanes han planteado y plantean siempre el
diálogo de forma bilateral, y por qué el presidente de la
Generalitat ha eludido todo ámbito de negociación colectiva. Pero,
quiérase o no, la financiación autonómica es un sistema de suma
cero: el dinero que se destina al País Vasco o a Cataluña no va al
resto de las Comunidades, bien porque se reduzcan sus recursos o los
del Estado.
En la defensa del cupo, Margarita Robles ha declarado que el
concierto es un hecho diferencial constitucionalmente reconocido.
Tiene razón, pero también es verdad que, como todos los hechos
diferenciales reclamados por los nacionalistas, pasan enseguida de
hechos a privilegios. Lo ha dicho claramente el presidente del
Principado de Asturias, Javier Fernández: “El País Vasco está
sobrefinanciado”. La sobrefinanciación, tanto del País Vasco como de
Navarra, es un hecho, además de diferencial, irrefutable.
Existe, como es lógico, una cierta correlación entre la renta per
cápita de las Comunidades y el déficit o superávit de las llamadas
balanzas fiscales, aun cuando el cálculo de estas mantenga siempre
cierta relatividad. Es fruto de la política redistributiva del
Estado, que debe concretarse también en el ámbito territorial. En la
correlación de estas dos series, surge, sin embargo, una clara
irregularidad, un hecho diferencial, podríamos afirmar. El del País
Vasco y Navarra. Ocupan el segundo y tercer puesto en renta per
cápita y, no obstante, ambos son receptores netos. Ciertamente en
mucha mayor medida el País Vasco, que, según los últimos datos,
presenta un saldo positivo superior al de Andalucía, Aragón,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. ¿Cómo no
hablar de injusticia?
La mayoría de los comentaristas y políticos son conscientes de esta
realidad, pero la atribuyen no tanto a la existencia del concierto,
sino al cálculo que se ha venido haciendo del cupo. Es indudable que
la determinación periódica del cupo siempre se ha hecho en
circunstancias tales que el Gobierno vasco ha tenido un trato
sumamente beneficioso. Empezando por la propia metodología que
margina la función redistributiva del Estado. Esta se negoció bajo
la sombra de mayor actividad de ETA. Participé con la delegación del
Estado en algunas reuniones de esa negociación. Recuerdo que en
cierta ocasión en la que se produjo un desacuerdo, la parte vasca
insinuó, como el que no quiere la cosa, que no sabían cómo le
sentaría eso a ETA. Era la concreción de la frase de Arzalluz: “ETA
agita el nogal y nosotros recogemos las nueces”.
Después, ha actuado el juego parlamentario, un tanto abusivo, que
los nacionalistas bien sean catalanes o vascos han venido
practicando todos estos años, siempre prestos a facilitar su apoyo a
cualquiera de los dos grandes partidos que lo necesitasen para su
investidura o en su acción de gobierno. Pero siempre vendiendo por
un buen precio sus servicios, en detrimento, por supuesto, de las
otras Comunidades Autónomas. En el caso del PNV, las mercedes se
concretaban, entre otras, en el cálculo del cupo. Cuando el chantaje
no era posible porque el gobierno de la nación disponía de mayoría
absoluta y existían discrepancias, el PNV dejaba el acuerdo para
tiempos mejores, en los que se precisasen sus servicios y entonces,
en la nueva negociación, se introducían los desacuerdos anteriores,
lográndose todas las reclamaciones atrasadas. Eso, ni más ni menos,
es lo que ha ocurrido en esta ocasión.
La última vez que se aprobó el cupo fue en 2007, con Zapatero en
minoría. Durante la etapa en la que el Gobierno del PP contó con
mayoría absoluta no se llegó a ningún acuerdo. Se ha esperado hasta
ahora, cuando Rajoy ha necesitado el apoyo del PNV, de cara a sacar
adelante la Ley de presupuestos de 2017, para aprobar la ley del
cupo, que no solo fija una cantidad claramente infravalorada para
los próximos cinco años, sino que recoge las reivindicaciones
acumuladas desde 2007. Por eso, Josu Erkoreka ha hablado de “15 años
de paz fiscal”.
Resulta por tanto plenamente lógico que junto a Ciudadanos y a
Compromís haya surgido la protesta de las voces socialistas que
gobiernan distintas Comunidades Autónomas. La mayoría han tenido que
disfrazar su crítica de reproche al Gobierno por no presentar al
mismo tiempo un nuevo modelo de financiación autonómica. Su posición
era ciertamente delicada por dos motivos. El primero es que el grupo
socialista en el Congreso iba a votar a favor en la aprobación de la
Ley.
El segundo es de más calado y supongo que en parte explica el
primero. La negativa del PSOE de Pedro Sánchez a discutir y negociar
los presupuestos de 2017 con el PP no dejó a Rajoy otra alternativa
que echarse en los brazos del PNV y pagar el correspondiente peaje,
que no soporta él, sino el resto de los españoles. Es más, a menudo
los sanchistas, con la intención de librarse de la presión que podía
ejercerse sobre ellos para que apoyasen al Gobierno, han empujado al
PP a pactar con los nacionalistas. El 11 de mayo escribí en este
mismo diario digital un artículo titulado “El coste del
seudoizquierdismo de Pedro Sánchez”, en el que pretendía resaltar el
precio que para los ciudadanos españoles iba a tener la negativa del
PSOE a ni siquiera sentarse a discutir los presupuestos de 2017. En
ese coste se incluía por supuesto el pacto con el PNV y en
consecuencia la aprobación sesgada del cupo, pero también, al menos
desde el punto de vista de la izquierda, las concesiones hechas a
Ciudadanos y a los canarios y, sobre todo, las contrapartidas
sociales que los socialistas hubiesen podido conseguir y no han
conseguido. Nunca sabremos, afirmaba yo, hasta dónde hubiera estado
dispuesto a ceder Rajoy en temas como pensiones, seguro de desempleo
o impuestos.
En los momentos actuales retorna el problema. Están en perspectiva
los presupuestos de 2018. A Pedro Sánchez se le presenta la
alternativa de intentar, mediante la negociación, que determinadas
medidas progresistas se incluyan en los presupuestos o bien, presa
de una pureza ritual, permitir de nuevo que las cesiones al País
Vasco vuelvan a incrementar las desigualdades territoriales y que
las demandas de Ciudadanos deterioren aún más la economía del
bienestar. Con toda razón y también con cierta habilidad, Montoro ha
intentado unir la financiación autonómica con los presupuestos del
año que viene. Existe el mantra de que la aprobación de los
presupuestos le importa únicamente al Gobierno, cuando en realidad
en una época de restricciones presupuestarias, el Ejecutivo se
siente bastante cómodo con un presupuesto prorrogado. Serían otros,
por ejemplo las Comunidades Autónomas o las formaciones políticas de
izquierdas que consideran que las prestaciones sociales deben
incrementarse, las que pueden verse más perjudicadas por la falta de
presupuesto. Una formación política de izquierdas no solamente lo es
porque enuncie medidas de izquierdas, sino porque las consigue,
implantándolas cuando está en el gobierno y, cuando no, pactándolas
desde la oposición.
El voto favorable de Podemos en la aprobación del cupo resulta aun
más inexplicable, si no fuera porque en materia territorial nos
tiene ya acostumbrados a las posturas más estrambóticas. Se supone
que la igualdad se sitúa en la cúspide programática de las
formaciones políticas que se definen de izquierdas. Igualdad que se
debe traducir también en el orden territorial. Por eso se entiende
tan mal que Podemos se sitúe siempre al lado de los intereses de las
regiones ricas y las defienda en sus privilegios, o que respalde las
fuerzas centrífugas que incrementan los desequilibrios y dañan las
políticas redistributivas entre los territorios. Claro que ya al
margen de izquierdas o derechas, solo la más total ignorancia y
ceguera pueden motivar que se defienda la independencia de una
Comunidad más bien pobre como Andalucía.
Es cierto que el cálculo del cupo ha colaborado sustancialmente a la
situación de discriminación, pero el problema es más profundo, está
en la raíz, se encuentra en la existencia del propio concierto. Es
un régimen fiscal totalmente anómalo en la doctrina financiera del
siglo XXI. Difícil de explicar en Europa, ante cuyas autoridades el
Gobierno español ha tenido que comparecer a menudo para defenderlo.
Es un régimen más propio de la Edad Media (aunque haya sido
actualizado durante las guerras carlistas), en el que la realidad
jurídica no se basaba en la igualdad de todos los ciudadanos ante la
ley sino en las concesiones (libremente otorgadas o arrancadas) del
monarca. Cada territorio tenía sus fueros (privilegios). No existía
un sistema fiscal universal propiamente dicho, sino que la Corona
obtenía los recursos de cada territorio o ciudad (cupo), siendo
luego las instituciones locales las encargadas de recaudar el
gravamen entre los ciudadanos.
Al margen de disquisiciones teóricas o históricas, el sistema
presenta dos grandes defectos que lo hacen especialmente perverso.
El primero, ya se ha citado, es el de la bilateralidad, que se
quiera o no, incentiva la discriminación y dificulta la
redistribución territorial. Es el propio sistema el que casi
predestina a que el cálculo no se realice de manera objetiva, sino
en función de vericuetos partidistas. El segundo es que, al contar
el Gobierno vasco con plena capacidad normativa, se rompe la unidad
fiscal propiciando la competencia desleal y el dumping fiscal. Bien
es verdad que últimamente este problema se ha extendido también al
modelo de financiación autonómica general, según se ha ido
transfiriendo de forma parcial capacidad normativa a las otras
Comunidades. A ello me refería en el artículo de la semana pasada,
aplicado al impuesto de sucesiones. No obstante, el problema se hace
infinitamente mayor con el concierto en el País Vasco y Navarra.
Nada más aprobar el cupo, el Gobierno vasco acaba de aprobar una
sustancial rebaja del impuesto de sociedades que va a colocar en
graves apuros a las Comunidades limítrofes.
Podríamos afirmar incluso que existe un tercer factor que se ha
puesto de manifiesto con el desafío soberanista catalán. El golpe de
Estado hubiese sido mucho más difícil de controlar si Cataluña
hubiese contado con un sistema fiscal similar al del País Vasco. Lo
que ha ocurrido y está ocurriendo en Cataluña nos debe hacer
reflexionar y replantearnos la estructura territorial, pero quizás
las medidas que se precisan van en dirección contraria a las que se
pretenden con la creación de la Comisión que se ha constituido en el
Congreso a instancias de Pedro Sánchez y de la reforma de la
Constitución que algunos están pensando.
Hay quienes pueden llevarse una gran sorpresa si se abre el melón de
la Constitución, porque tal vez en esta materia las posiciones de la
dirección del PSOE y de Podemos están muy lejos de las de sus bases
y votantes, que puede que estén ya bastante hartos de los
planteamientos victimistas, insolidarios y supremacistas de los
nacionalismos, e indignados de haber ido tan lejos en la
descentralización posibilitando un golpe de Estado. Es muy posible
que la mayoría de la población española no esté dispuesta a que se
dé un paso más en esta dirección, sino que por el contrario la
reforma se encamine hacia la igualdad de todos los españoles vivan
donde vivan, y a fortalecer al Estado. Hay un antes y un después del
órdago independentista de Cataluña. Jamás la aprobación del cupo
vasco ha levantado tanta polvareda y generado tantas críticas.
www.martinseco.es
A cavar viñas a pala
Jesús Cacho. vozpopuli 30 Noviembre 2017
Mi padre, un agricultor de Tierra de Campos, Palencia, ocupado en
labrar la tierra de sol a sol, solía condenar “a cavar viñas a pala”
a todo aquel susceptible de merecer el calificativo de “zángano”.
Cavar viñas a pala era la peor de las ocupaciones imaginables en
aquella España donde todo el trabajo agrícola era esfuerzo físico,
de hombres y bestias, antes de que la mecanización del campo
permitiera mejorar la vida de casi todos. En la categoría de zángano
solía incluir desde el señorito dispuesto a perder la mañana
persiguiendo liebres a caballo, hasta el vago de atar, pasando por
todo tipo de gente de mal vivir dispuesta a hacer daño al prójimo.
Mi padre hubiera condenado a los Puigdemones a cavar viñas a pala
(“a picar pedra” les mandaba el otro día Josep López de Lerma, siete
veces diputado por CiU en Madrid) durante una buena temporada. Cavar
viñas a pala con el cierzo de marzo en la frente, un trozo de pan y
media cebolla en el fardel por todo aditamento.
Por desgracia, los Puigdemones no van a ir a cavar viñas a pala, que
lo suyo es volver a presentarse como candidatos en menos de un mes a
la presidencia de esa Cataluña a la que han arruinado, han dividido
y han envilecido, mediante la que ha sido la mayor estafa (política,
emocional, económica) que se recuerda en la historia reciente de
España y de la UE. Así lo ha querido la benevolencia de don Mariano
y de los partidos que han apoyado el 155, que ni siquiera se han
atrevido a quitar a los facciosos esa pistola de odio que es TV3. Y
no solo se van a presentar dispuestos a rematar la faena de dar la
puntilla a una tierra ya muy castigada por tanta incuria falsaria,
sino que, dicen las encuestas y jalean los medios, pueden volver a
ganar y a formar Gobierno, momento en el que cualquier persona
juiciosa instalada más allá de la ribera del Ebro debería ir
pensando en atravesar el río o en cruzar los Pirineos con afán de no
regresar.
Yo me niego. Me niego a creer que esta gente pueda volver a tomar
las riendas de la Generalidad, porque, después de la comedia bufa a
la que hemos asistido en platea, la suma de todos ellos, de
pedecats, de junpelsis, de errecés, de cups y de caps, no debería
dar más allá de cinco o a lo sumo diez diputados. Es el castigo que,
en una sociedad mentalmente sana, merecerían por el daño que han
causado. Sí, ya sé que en el manicomio independentista no parece
abundar la gente cuerda. Dice Searle-White en The Psychology of
Nationalism, que el mecanismo psicológico que alimenta el
sentimiento nacionalista en un mundo plagado de miedos como el
nuestro permite al individuo ganar autoestima al identificarse con
una nación, real o inventada, y adjudicarse todas las virtudes de
esa idealizada colectividad. Para lo cual resulta imprescindible
crear o recrear un enemigo externo a quien se apunta como
responsable de nuestras desgracias, a quien hay que destruir, de
quien hay que huir o, en todo caso, separarse.
Lejos de aceptar el debate racional, el nacionalista se entrega con
pasión a los impulsos más básicos, a esa emoción reñida con la razón
que, cual nueva religión, todo lo fía al futuro venturoso en la
Arcadia de la independencia en la que vivirán los elegidos. Marta
Rovira, por ejemplo, una analfabeta funcional toda emoción que
aspira a la presidencia de Cataluña en caso de que a fray Junqueras
le dé un aire y se decida a profesar como trapense en Santes Creus.
Marta estuvo el otro día en la SER y fue incapaz, con ese castellano
suyo que ella retuerce con saña como si de dificultosa lengua
extranjera se tratara, de reconocer haber cometido fallo alguno. Los
malos, ya se sabe, siempre son otros. Rovira ha acusado al Gobierno
de haber amenazado a Puchimón con muertos en las calles y se ha
quedado tan ancha, sin que el Gobierno Rajoy se haya querellado. Y
ahí va ella, entre llantos y susurros, dispuesta a seguir
patroneando esa barca de aventados que ha arruinado Cataluña.
¿Alguien en su sano juicio, algún padre de familia con hijos a su
cargo, puede estar pensando todavía en votar a esta indigente
intelectual?
La muerte de Manolete en la plaza de Linares
Además de estafadores, los Puigdemones han demostrado ser unos
cagaos de tomo y lomo, cualidad que a estas alturas de la historia
no puede sorprender a nadie. Tras la apostasía de Carmen Forcadell,
la Marianne de la República Catalana, ante el Tribunal Supremo,
donde, tras aceptar la Constitución, el artículo 155 (como el resto
de miembros de la Mesa), y cualquier cosa que le hubieran puesto a
la firma, que solo le faltó a la doña adjudicarse la muerte de
Manolete en la plaza de Linares, ha sido el citado Oriol Junqueras y
el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el 2 de noviembre
quienes, desde los fríos de Estremera, han remitido un escrito al
juez Llarena del Supremo pidiéndole audiencia con la intención de
cantar las alabanzas del 155 y otras yerbas, comprometiéndose a
defender sus ideas “por las vías del diálogo y la negociación”, para
de este modo poder salir a la calle y hacer campaña.
¿No tenían ustedes un mandato del pueblo catalán, así en engeral,
para declarar la independencia?
¿Realmente estos valientes, ejemplo de virtudes cívicas y humanas,
feos por dentro y feos por fuera, van a volver a gobernar la
Generalidad de Cataluña? Todos han reconocido ahora que la DUI fue
“un acto simbólico sin repercusión jurídica”, que el Govern no
estaba preparado para “dar continuidad política de forma sólida” a
unos resultados del 1-O donde se podía votar cuantas veces se
quisiera, que no había una “mayoría social” dispuesta a apoyar la
secesión… Pero, ¿en qué quedamos? ¿No tenían ustedes un mandato del
“pueblo catalán”, así, en general, de todo el pueblo catalán, para
declarar la independencia? ¿No se han cansado ustedes, contra toda
evidencia, contra los resultados que arrojaron las urnas el 27 de
septiembre de 2015, de decir que representaban a “la inmensa mayoría
del pueblo catalán”? Ya lo sabíamos: han estado mintiendo como
bellacos durante años, para al final venir a quejarse lloriqueando
del “poder coercitivo” de ese Estado al que decían despreciar.
Mentirosos, cobardes, cínicos. Dejo al margen a ese auténtico
“carallot” (gilipollas, en catalán) que es Puigdemont, un bufón que
cual capitán Araña embarcó a tantos en la aventura de la
independencia para, 8 segundos después de soltar amarras, poner pie
en chapula y huir a Bruselas donde pasea su triste figura de
mendicante en busca de un poco de cariño. Nadie sabe a ciencia
cierta lo que pasará el 21 de diciembre, pero resultaría
verdaderamente sorprendente, por utilizar un término caritativo, que
los partidos nacionalistas volvieran a repetir resultados. Parece de
todo punto lógico suponer que una parte de los catalanes que a
partir de septiembre del 2012 decidieron echarse en brazos del
independentismo se queden ahora en casa, hastiados y ofendidos por
la burda astracanada de que han sido objeto. No sé si será el 1% o
el 10% de los 1.957.348 votos (de un censo total de 5.352.786) que
el 27-S obtuvo la suma de JxSí y CUP, pero en cualquier caso será un
porcentaje suficiente para enviar a la oposición a quienes han
abusado tan arteramente de Cataluña y los catalanes. El 21 de
diciembre habrá sorpresa.
‘Suelta de presos’ para favorecer a ERC y la extradición de
Puigdemont
Pablo Sebastián republica 30 Noviembre 2017
El magistrado Llarena del Tribunal Supremo acordará hoy la
excarcelación de Junqueras, los ‘Jordis’ y otros siete ex consejeros
del Govern una vez que acepten declarar ante él y acaten el artículo
155 de la Constitución. Lo que previsiblemente harán todos los
encarcelados para obtener la libertad condicional con fianza y poder
regresar a Barcelona donde se incorporarán a la campaña electoral de
los comicios del 21-D.
Con esta previsible decisión judicial, inducida por el Gobierno, el
Ejecutivo de Rajoy pretende obtener cuatro ventajas políticas en
Cataluña de cara al 21-D.
-La primera de ellas será enviar al Tribunal belga -que la próxima
semana debe decidir sobre la extradición de Puigdemont (y cuatro ex
consejeros) a España- la noticia de que en España no hay ‘presos
políticos’ -que en realidad son presuntos delincuentes- en la
cárcel, y que si los encausados colaboran con la Justicia y acatan
la legalidad estarán en libertad, al menos hasta que se celebre el
juicio oral.
-La segunda consecuencia qué espera el Gobierno de la ‘suelta de
presos’ es rebajar la tensión política en Cataluña y mejorar con
ello las expectativas electorales del PP que son bastante malas.
-Asimismo, el Ejecutivo desea que Junqueras entre en campaña
electoral y frene con ello la presunta recuperación de la lista de
Puigdemont, porque si ERC y el PDeCAT obtienen un resultado parecido
o igualado podría ser que Arrimadas y C’s ganaran las elecciones del
21-D. Y esa victoria, que sería buena para Cataluña y para España,
le pondría -a nivel nacional- los pelos de punta al PSOE y al PP.
-Pero si Junqueras logra que ERC gane las elecciones la fractura
entre los secesionistas se confirmará. Porque Puigdemont reclamará
entonces la presidencia de la Generalitat, aunque su lista quede
postergada al tercer o cuarto lugar, frente al legítimo deseo de
Junqueras -en caso de victoria de ERC- de presidir la Generalitat
buscando un gobierno de izquierdas con el PSC, Podemos y la CUP, si
suman entre ellos los escaños suficientes.
Naturalmente estos son los cálculos que se hacen en La Moncloa al
día de hoy y si la prevista ‘suelta de presos’ discurre sin
incidentes inesperados.
Pero todavía pueden pasar muchas cosas de aquí al 21-D y entre ellas
el regreso, por las buenas o las malas, de Puigdemont que entraría
de cabeza en prisión y sin visos de solución por su condición de
prófugo.
Y también habría novedades si el PSC sigue, como hasta ahora,
desvelando su semi oculto programa electoral que, a medida que se va
conociendo, se parece más al de ERC: perdón de la deuda catalana,
Hacienda propia, salida de presos y al fondo de todo ello el
referéndum pactado.
Aunque el que se lleva la palma, por culpa de su apoyo declarado a
los independentistas, es Pablo Iglesias que acaba de anunciar un
recurso de inconstitucionalidad por la aplicación del artículo 155.
Lo que es solo un gesto que no prosperará por la sencilla razón de
que dicho artículo está en la Constitución.
Otro error -u ocurrencia- de Pablo Iglesias que le causará problemas
tanto en Barcelona como en Madrid y especialmente dentro de su
propio partido donde su liderazgo empieza a palidecer. Lo que
empeorará si en Cataluña, como anuncian las encuestas, su alianza
con Colau le sale mal.
Unos golpes de pecho y para casa
Melchor Miralles republica 30 Noviembre 2017
Pasado mañana comparecen ante el Supremo Oriol Junqueras, los siete
ex consejeros de la Generalitat que no se han pirado a Bruselas con
el jefe de la banda y los dos Jordis, Cuixart y Sánchez. Todos han
solicitado al magistrado Pablo Llarena que revise la prisión
incondicional decretada por la juez de la Audiencia nacional Carmen
Lamela. Las defensas de todos ellos han presentado los
correspondientes recursos en unos escritos que, según varios
magistrados con los que he comentado los textos, no parece que
estrictamente tengan posibilidades de prosperar, aunque ya se sabe
que el Supremo es más proclive a adoptar decisiones que convienen en
lo político a quienes manejan el cotarro, lo cual hace que sea
verosímil que salgan en libertad siguiendo los criterios empleados
con la ex presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell.
Los recurrentes aspiran a salir en libertad, lo cual es lógico en
cualquier ciudadano privado de libertad, y respetable, claro está.
Pero evidencian escasa coherencia y ausencia de principios sólidos.
Los recursos son más textos de carácter eminentemente político, más
que argumentaciones jurídicas sólidas. Lo de que ahora quieren
acatar el artículo 155 es de coña marinera. Parece una broma. Las
leyes se cumplen o se incumplen, y ellos las han incumplido
conscientemente hace tiempo, aunque ahora se acojonen y se achanten
para salir del talego. Apelar ahora al acatamiento evidencia que
previamente ha existido incumplimiento, y aunque todos ellos estén
ahora en una fase cobarde y hayan dejado en la estacada a los
ciudadanos que siguieron sus consignas y proclamas con buena
voluntad y convicción, creyendo sus políticas encaminadas a la
declaración unilateral de la independencia, otra cosa es la
Justicia, que no debiera ser un cachondeo. Y aunque lo políticamente
correcto es ahora el “todos a la calle” después de tanta matraca con
el “todos a la cárcel”, conviene que las resoluciones judiciales
sean justas y no se transmita la sensación de que la Justicia no es
igual para todos.
La argumentación de los acusados de que “no renuncian a defender sus
convicciones políticas por vías pacíficas y democráticas y
trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner
en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de
Cataluña”, con la que pretenden salvar los muebles ante la sensación
que cunde en sus filas de que han actuado como unos cobardes sin
principios, evidencia también que su único objetivo sigue siendo la
independencia de Cataluña, y como hasta la fecha han actuado durante
meses, e incluso años, vulnerando las leyes desde posiciones de
responsabilidad política y administrativa máxima, no parece que la
cosa vaya a cambiar, aunque ahora estén en fase de bajar el diapasón
y tratar de camelar al Supremo y al personal aún a costa de ser
incoherentes y cobardones.
El juez Llarena únicamente ha de valorar si los acusados han violado
la legislación vigente. No es el Supremo una instancia para valorar
principios políticos. Las ideas políticas son legítimas, claro que
sí, pero todos los actos que han llevado a cabo para defender que
sus legítimas ideas fueran realidad no han sido legales, y esa es la
clave de asunto que nos ocupa y es por ello por lo que la juez
Lamela decretó su ingreso en prisión, no por sus ideas, sino por sus
actos para defenderlas, que fueron evidente y reiteradamente
ilegales.
La decisión de Puigdemont y algunos de sus consejeros de abandonar
España e instalarse en Bruselas, o sea, de huir de la acción de la
Justicia, no ha ayudado a sus colegas, evidentemente. La clave de
los interrogatorios del viernes será ver si los acusados están en
disposición de acreditar que su futura actividad política se va a
desarrollar dentro de la legalidad vigente. Los precedentes y los
antecedentes no juegan evidentemente a su favor y el tono
eminentemente político de sus recursos tampoco, pero sus defensas y
los líderes políticos independentistas confían en que con el
acatamiento del 155, y amparándose en el antecedente de Carmen
Forcadell, todos ellos salgan de prisión, decisión que ve con buenos
ojos y que tratan de apoyar el Gobierno y Rajoy, que están en la
fase blanda, arriolesca, de evitar tensiones y llegar a la campaña
electoral con el ambiente lo más en paz posible. O sea, que se puede
sentar un antecedente grave, cuál es que con unos meros golpes de
pecho los acusados van a salir de prisión. Si se aplica el mismo
rasero a todos los ciudadanos que están en régimen de prisión
preventiva se vacían las cárceles. Ay el tribunal Supremo¡¡¡ Y lo
que nos queda por ver.
Unos auténticos estafadores
OKDIARIO 30 Noviembre 2017
Los catalanes aún están a tiempo de acabar con la pesadilla
secesionista. La gran mayoría constitucionalista debe acudir a los
colegios electorales el próximo 21 de diciembre con la convicción de
que su voto es fundamental para que la seguridad jurídica no sea una
especie en extinción al otro lado del Ebro. De no ser así, estarán
condenados a la dictadura golpista, un movimiento integrado por
individuos que se comportan como auténticos estafadores. Sólo hay
que detenerse en las conversaciones que les ofrece en exclusiva
OKDIARIO. Reuniones de trabajo entre dos personas que, en teoría,
eran los máximos responsables del dinero de todos los catalanes y
que no tenían el más mínimo escrúpulo ni sentido técnico a la hora
de manejarlo.
Tanto Josep Lluis Salvado Tenasa como Alberto Puig Pascual
—responsables de la falsa hacienda catalana— desarrollaban una
máxima para administrar el dinero público que habla por sí sola: “No
hace falta dar explicaciones de nada”. Igual que sucedería en la
república bananera más ridícula que se pueda concebir. Para ellos,
75.000 millones de euros era “una cifra guapa” que daba “sensación
de Estado”. Sin más criterio a la hora de presupuestarla.
Planteamientos que dejan al aire las vergüenzas de un procés que no
sólo estaba dirigido por pirómanos de la política en lo
institucional, sino que a tenor de estas revelaciones, también
contaba con conspicuos ignorantes al frente de sus cuentas. Si
Cataluña es ya una de las comunidades más endeudadas de España, ¿se
imaginan hasta qué punto podría tocar fondo bajo la gestión de estos
desaprensivos?
Como decía el clásico, el tiempo es un juez inexorable que da y
quita razones. Ese juez ha trazado de manera inapelable el marcado
perfil de chapuceros que caracteriza a los sediciosos. Con
Puigdemont huido, su hacienda retratada y el resto del plantel
jurando lealtad de manera hipócrita al artículo 155 con tal de salir
de la cárcel, sólo cabe que los ciudadanos se den cuenta de cuánto
han intentado engañarlos. La respuesta ante tanta falsedad debe
llegar en las urnas. Los ciudadanos deben proponerse de una vez por
todas acabar con la falacia independentista. Una mentira que incluso
reconoció Josep Lluis Salvado Tensa. El ínclito chapuza de la
hacienda independentista aseguró que “cualquiera con dos dedos de
cerebro” vería que no estaban preparados para ser independientes.
Una verdad reconocida en privado que lo convierte en un cínico y que
retrata aún más la catadura de estos personajes. Protagonistas todos
ellos de una ópera bufa que casi acaba con Cataluña.
Un plan premeditado para permitir el 1-O
EDITORIAL El Mundo 30 Noviembre 2017
La votación del 1 de octubre pudo llevarse a efecto, aunque de forma
parcial y sin garantías, gracias a la intolerable permisividad de
los Mossos. En sus declaraciones judiciales, a las que ha tenido
acceso EL MUNDO, decenas de agentes de la policía catalana señalan
directamente a Trapero y al resto de altos mandos por abocarles el
día del referéndum a una "situación ingobernable", además de
negarles refuerzos y evitar la movilización de los antidisturbios.
Ni siquiera les dieron cinta para precintar los colegios
electorales.
De todo ello se colige que la conducta de la cúpula de la policía
catalana no fue improvisada. Al contrario, los jefes de los Mossos
disponían de un plan orientado a permitir la votación mientras
guardaban la apariencia de formalidad en el acatamiento del mandato
judicial para impedir la misma. Y fue precisamente esta dejación de
Trapero -acusado de sedición en la causa por el asedio a la
Consejería de Economía- lo que obligó a las fuerzas del Estado a
intervenir para frustrar un votación que el TC declaró ilegal. Los
independentistas han alimentado el victimismo usando las cargas
policiales del 1-O. Estas escenas nunca habrían tenido lugar si
Trapero y el resto de altos mandos de los Mossos hubieran cumplido
con sus obligaciones.
ABC y la doble moral de los separatistas
El director de opinión Jaime González responde a la denuncia del
Govern por «usar a menores con fines políticos»
Jaime González ABC 30 Noviembre 2017
Reconozco que el escrito que tengo entre las manos –remitido con
fecha de 2 de octubre de 2017 por la Dirección General de Atención a
la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña– ha
conseguido agitar mis demonios interiores. Todos llevamos dentro un
diablo que, en determinadas ocasiones, te pincha la barriga con el
tridente para que pierdas la formas y caigas en la provocación.
Pero esta vez, no. Con honda satisfacción siento comunicarle a doña
Georgina Oliva i Peña, a la sazón directora general de Atenció a la
Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat, que he conseguido domeñar a mi
particular Belcebú y, en consecuencia, procedo a dar respuesta a su
misiva con la misma elegancia con la que ella tuvo a bien denunciar
a ABC ante la Fiscalía de Menores por la instrumentalización de
niños y adolescentes con "fines políticos" y la utilización de
imágenes de menores "acompañadas de expresiones vejatorias o
manifestaciones que pueden incitar al odio", con motivo del
"referéndum de autodeterminación de Cataluña del pasado 1 de
octubre".
Como no es cosa de perderse en disquisiciones jurídicas, sino de
entrar directamente en materia, me va a permitir doña Georgina que
la corrija sin más ánimo que el de llamar a las cosas por su nombre.
El pasado 1 de octubre no hubo en Cataluña ningún referéndum de
autodeterminación, porque la ley autonómica que daba cobertura a eso
que llama "referéndum" fue suspendida cautelarmente por el TC el 7
de septiembre y declarada nula por unanimidad el pasado 17 de
octubre. Siento de veras tener que puntualizarla, pero ya que
justifica su denuncia en la vulneración de los artículos 35.3 y 36
de la ley catalana 14/2010 del 27 de mayo, me veo en la obligación
de recordarle que la que fue su consejera y se supone que la nombró
a usted en el cargo, Dolors Bassa, permanece ingresada en la prisión
de mujeres de Alcalá 1 por los presuntos delitos de rebelión o
sedición y malversación de caudales públicos. O sea, por vulnerar
–presuntamente– el orden constitucional y saltarse, de cabo a rabo,
el ordenamiento jurídico. Comprenderá que si apela a la ley y nos
acusa de utilizar "imágenes de niños y de acompañarlas de
expresiones vejatorias o manifestaciones que pueden incitar al
odio", haga mención a la situación procesal de su exjefa y le
recuerde que fue la propia Fiscalía de Menores la que, el pasado 26
de septiembre, les responsabilizó a ustedes de la seguridad y
vigilancia de los alumnos catalanes el 1-O.
Para terminar, doña Georgina, me va permitir que le exponga una
duda: si su obligación es defender los derechos de los niños
catalanes, ¿por qué su Departamento no denunció jamás ante la
Fiscalía de Menores el sistemático plan de manipulación y
adoctrinamiento ideológico llevado a cabo en los colegios públicos
catalanes? Lástima que no se empleara usted con la misma diligencia
con la que ha denunciado a ABC, aunque comprendo que estuviera
ocupada con el "referéndum de autodeterminación de Cataluña del
pasado 1 de octubre".
Desconozco si sigue al frente de la Dirección General de Atención a
la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña. Si no
es así, lo celebro. Y si continúa en sus funciones, Dios nos coja
confesados.
SEGÚN JAVIER BARRAYCOA
Los tres intocables del separatismo:
Mossos, TV3 y Educación
Rosalina Moreno gaceta.es 30 Noviembre 2017
El sociólogo y politólogo Javier Barraycoa desgrana en La Gaceta
cuáles son, a su juicio, las “condiciones pactadas entre el
separatismo y el Gobierno de forma secreta”.
El sociólogo y politólogo Javier Barraycoa, fundador de la
plataforma ‘Somatemps’, advierte en La Gaceta de que el hecho de que
el adoctrinamiento en las aulas se haya quedado fuera del Pacto por
la Educación obedece a “los tejemanejes secretos entre el Gobierno y
el separatismo”, de los que ya alertó el pasado octubre en este
diario.
Este historiador, sociólogo y politólogo avisa de que “se están
levantando demasiadas expectativas con las elecciones”, porque “hay
muchos pactos”. Afirma que “hay tres temas que son sagrados e
intocables para el separatismo: los Mossos, los medios de
comunicación y la Educación”, “que son los elementos fuertes del
nacionalismo, con los que han ido construyendo su relato” y “los van
a mantener”.
Explica que esa es la imposición del separatismo, mientras que el
PP, por su parte, “ha comprado tiempo”. “El PP quiere cuatro años de
tranquilidad para que tampoco haya una debacle económica, de ahí que
el discurso de los separatistas haya virado hacia que en estos
próximos cuatro años no volverán a intentar la declaración
unilateral de independencia”, argumenta.
Respecto a los medios de comunicación indica que “como mucho, les
apretarán económicamente pidiendo a TV3 que pague el IVA que les
debe, pero no van a tocar la programación ni a los directivos”.
Además, afirma que “hay un pacto de Estado, por el cual se va a
perdonar a los golpistas la sedición y les acabarán indultando”.
Apunta que “pasará como con el ‘Clan Puyol’, que los procesos serán
larguísimos y vendrán indultos”.
Este abanderado de la causa antiindependentista augura que va a
gobernar ERC en coalición con PSC y que la CUP se quedará fuera. A
su juicio, “estos pactos secretos llevarán a que Esquerra acabe
siendo un partido moderado, los comunes podrán tener contentos a los
antisistema separatistas, y el PSC utilizará su lugar estratégico
para hacer de puente negociador con Madrid a través del PSOE,
esperando a que dentro de dos años caiga el Gobierno del PP y a
partir de ahí ya empezar a preparar la reforma constitucional”.
Este promotor del citado think tank que moviliza a la sociedad civil
en contra del separatismo, que defiende la catalanidad hispánica y
pretende una renovación cultural, historiográfica y social, confiesa
que no va a votar. Aparte de que “ningún partido representa a un
cristiano”, no lo hará porque aunque los constitucionalistas vendan
que si ganan se habrá acabado para siempre el problema separatista,
cree que seguirá y por muchos años.
Señala que estas elecciones son “una estrategia y un pacto viendo la
debacle, tanto los separatistas como el Gobierno”, y que desde
Europa “han dicho ‘señores paren esto porque no se va a ningún
lado’” y entonces han convocado unos comicios “para desatascar el
problema y sacarse de encima a Puigdemont”. “En el fondo vamos a
tener el mismo nacionalismo latente tres o cuatro años y después se
irán preparando, se recuperarán de esta y volverán al ataque”,
avisa.
Vuelo rasante por los partidos
Javier Barraycoa cree que el PSC hará un giro y preferirá pactar con
Esquerra, los comunes. Sobre que en su programa hable de nación dice
que esto no es nuevo, que siempre se ha pronunciado en estos
términos, aunque tras 1 de octubre, cuando hubo las manifestaciones
masivas por parte de los catalanes contrarios a la independencia, el
PSC se dio cuenta de que tenía que cambiar de discurso totalmente.
Respecto a Cs considera que hace una estrategia puramente
electoralista. “Tiene un discurso muy duro que sabe que le va a
sacar muchos votos. Unos apuntan, considero que con demasiado
optimismo, que van a ser la fuerza más votada, pero yo lo no creo”,
añade.
De Esquerra cuenta que “hay también una guerra interna porque como
Oriol Junqueras está en prisión le ha pasado los poderes a Marta
Rovira y parece que ella tiene más ansia de poder de lo que nadie
pensaba y entonces eso le puede quitar fuerza a Esquerra”, aunque él
cree que será el partido más votado.
Recalca que el gran ganador será el PSC “porque ha hecho creer a
todo el mundo que es constitucionalista para conseguir este voto e
integra a los de Unió Democrática para dar la sensación de que coge
el catalanismo moderado”. “Como sabe que los pactos después serán
muy complicados, posiblemente su juego, pero no sé si le saldría
bien, sería presentar a Espadaler, que era consejero de Interior, es
muy moderado y se ha declarado en contra de la independencia, pero
es catalanista. Si viera que la aritmética parlamentaria es muy
difícil, podría presentar a Espadaler como candidato a la
Generalitat”.
Hace hincapié en que ya no es tanto las elecciones, que además el
resultado va a quedar muy equilibrado y en mano todo de los comunes,
que son hiper ambiguos en el tema del independentismo, que “el gran
tema son los pactos postelectorales y los pactos secretos que se han
hecho”. “Y esto es lo que veremos cuando toque la sesión de
investidura, cuando se forme el Parlamento, y se nombre presidente,
que depende mucho de si Puigdemont hace jugadas de estas
espectaculares y viene dos días antes de que lo detengan y conseguir
más votos, y de si quedan en libertad, que creo que sí, los
candidatos que están en prisión”, manifiesta.
La Constitución como defensa de los
ciudadanos
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es 30 Noviembre 2017
La Constitución es un entramado normativo que proclama valores,
reconoce derechos y libertades, sienta obligaciones, establece
reglas de convivencia, configura instituciones y estructura un
territorio. Su imponente edificio se fundamenta en un único sujeto
constituyente, el pueblo español en su conjunto, cuya soberanía
indivisible es la base de los poderes constituidos, ejecutivo,
legislativo y judicial, así como de todas las instancias que regulan
y administran la cosa pública, ayuntamientos, autonomías y
organismos diversos, locales, regionales o estatales.
Pero además de todo eso, que es mucho, hay otro aspecto de nuestra
Ley de leyes, como sucede con la de cualquier país democrático, que
adquiere especial relevancia en circunstancias aciagas como las que
ha atravesado y está atravesando España con motivo del golpe de
Estado separatista en Cataluña.
Se trata de su función de defensa de los ciudadanos frente a
posibles abusos de sus gobernantes que o bien pierdan por completo
el sentido de la medida y la sensatez, como ha sucedido con
Puigdemont y sus adláteres, o que se sean poseídos por la codicia y
se dediquen a saquear el erario, como han hecho durante años los dos
grandes partidos nacionales o la antigua Convergencia i Unió. En
ambos casos, jueces y fiscales independientes aplican la Carta Magna
y la vigente legislación que de ella emana, y evitan desastres
mayores.
La sociedad catalana ha sido envenenada a lo largo de décadas por
los nacionalistas, con la cómplice pasividad de sucesivos Gobiernos
de la Nación, hasta conseguir que casi la mitad de los habitantes de
esa Comunidad hayan interiorizado una larga serie de mentiras sobre
su historia, las balanzas fiscales, la lengua y agravios
inexistentes. Una vez creado un clima de opinión hostil a la unidad
nacional e imbuido del convencimiento de que la separación era
posible y beneficiosa, las autoridades autonómicas de manera
irresponsable y suicida se han lanzado a la voladura del orden
constitucional y de una construcción política, económica, cultural y
humana de cinco siglos de existencia.
Ahora la fuga de empresas, la paralización de inversiones, la
pérdida de la Agencia Europea del Medicamento, el descenso del
comercio, la bajada del turismo, la división en el seno de las
familias y la falta absoluta de reconocimiento internacional, por no
hablar del encarcelamiento preventivo de algunos de los principales
dirigentes separatistas y de la fuga al extranjero de otros varios
cabecillas, ha puesto a los centenares de miles de catalanes que se
entusiasmaron con la idea de un estado propio, ante una realidad tan
dura como inimaginable hace tan sólo tres meses. Si el golpe se
hubiera consumado, todos los que han llenado calles y plazas
ondeando enseñas pseudo-cubanas y vociferando entusiasmados a favor
de la secesión se hubieran visto abocados sin remedio al
empobrecimiento general, a entrar en el paro, a convertirse en
parias a nivel global al verse obligada Cataluña a salir de todas
las organizaciones internacionales a las que pertenece España, y a
sufrir una prolongada etapa de recesión, frustración y fracaso.
Examinemos un punto crucial de la destructiva intención de los
golpistas, la fragmentación de España en diferentes nuevos estados
soberanos, liquidando la soberanía depositada en la totalidad de los
españoles. Esta operación traumática, claramente prohibida por la
Constitución, no es excluida de la legalidad por capricho o por un
patrioterismo centralista anulador de la diversidad. Por el
contrario, esta previsión de nuestra Ley de leyes tiene como fin
proteger a los ciudadanos de los terribles efectos de tal
barbaridad, efectos que han quedado patentes en la intentona fallida
de los separatistas de ERC, CUP y PDCat.
El simple amago de perpetrar semejante atropello al Estado de
Derecho y a la racionalidad más elemental ha causado un descenso del
PIB catalán del año en curso de unos 12000 millones de euros, que se
traducen en 15000 a nivel general español y apunta sombrías
perspectivas a corto y medio plazo. Los comerciantes, autónomos,
hoteleros, propietarios de bares y restaurantes, pequeños y medianos
empresarios y profesionales liberales que han notado en sus
bolsillos y en su cuenta de resultados la letalidad de la maniobra
secesionista, han despertado de la ensoñación engañosa en la que les
habían sumido políticos cuya ambición sólo ha corrido pareja con su
insania.
Bendita sea pues la Constitución de 1978 que, pese a sus evidentes
lagunas e inconsistencias, nos ha salvado de una catástrofe de
proporciones gigantescas que hubiera quebrado nuestro devenir
colectivo como el hacha del leñador derriba el árbol que la
naturaleza ha tardado años incontables en levantar. Y la prueba de
la capacidad terapéutica de este texto sostenedor de nuestra vida
ordenada, segura y pacífica en libertad, es que ha demostrado su
eficacia curativa pese a la pusilanimidad y el relativismo moral de
un Gobierno central que, según su sorprendente confesión, se ha
visto obligado a hacer lo que no quería hacer. En efecto, el pueblo
que disfruta de leyes justas e instituciones sólidas es capaz de
sobrevivir a sus elites, por corruptas, oportunistas e inanes que
éstas sean.
Catalanes que no quieren privilegios
Teresa Giménez Barbat 30 Noviembre 2017
“Soy catalana y no quiero privilegios ni que me den de comer
aparte”. Así empecé un vídeo que grabé en el Parlamento Europeo
recientemente. Diversos periódicos y medios se hacían eco de que
juristas y catedráticos de universidad estaban presentando informes
y haciendo sugerencias para la reforma de la Constitución. Y, como
viene siendo la tónica en estos casos, en la línea de consagrar en
ella asimetrías diversas como recoger “un régimen jurídico singular”
o, directamente, una ocurrencia metafísica como la supuesta
“singularidad” de Cataluña. Asunto que, como catalana, tengo
sobrados motivos para que me huela a cuerno quemado.
No es una conclusión que sorprenda a nadie que con estas reformas lo
que los bienintencionados persiguen es contentar, no a “Cataluña”,
que Cataluña también soy yo y todos los catalanes que nos sabemos
españoles y europeos, sino a los nacionalistas. Señores, los
catalanes no soportamos más que juristas y políticos se preocupen
tanto de los sentimientos o del “encaje” de los nacionalistas en
España y tampoco de lo que pensamos más de la mitad de la población
de Cataluña. Quizá este tipo de reformas podría calmar
—provisionalmente y para retomar fuerzas— al nacionalismo
identitario, pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿O es que no tenemos
sentimientos ni vivimos también “desencajados”?
Sufren ustedes por nacionalistas que nunca tuvieron ni tendrán una
preocupación similar por conciudadanos que no comulgan con su credo.
¿Vieron que modificaran el Estatut de Autonomía para que nos
sintiéramos más “encajados”? ¿Ha sido el nuevo Estatut más
respetuoso con los ciudadanos que quieren una educación realmente
bilingüe, que quieren libros de texto que no les avergüencen de ser
españoles, que quieren unos medios de comunicación que también les
representen a ellos? No, no ha sido así, más bien todo lo contrario.
Ya va siendo hora de que nos tengan en cuenta.
España no puede ser un lugar donde unos dan y los otros reciben,
cuando no quitan. Ha de ser uno donde ciudadanos libres e iguales
participen en las mismas condiciones sin tomar rehenes en la
ciudadanía. Como los catalanes —como yo— que no quieren ser
“singulares” porque ya saben de qué va: egoísmo, división,
empobrecimiento y un mal ejemplo para el resto de Europa, cuya mayor
misión, por cierto, es el establecimiento de una situación de
partida lo más similar posible para todos los ciudadanos. Los
catalanes no aceptaremos privilegios ni singularidades porque sólo
sirven para alimentar lo que ya saben.
LOS PRODUCTOS CATALANES, A DEBATE
El boicot a la 'Marca España'
ESD / F.E. E l Semanal Digital 30 Noviembre 2017
El independentismo no se suma a la condena del boicot a los
productos catalanes porque, a cambio, tienen que ser incluidos en la
'Marca España'. Todas las claves del boicot, firma a firma.
Mucho se ha hablado del supuesto boicot a los productos catalanes,
pese a que el más claro ha sido el de los propios soberanistas,
responsables con el 'procés' del hundimiento de la economía de
Cataluña y de la mala imagen de la Comunidad. Poco, o nada, se ha
discutido sin embargo sobre le boicot a la 'Marca España', dañada
también por un conflicto que dura ya un lustro.
Y, sin embargo, el Estado se está volcando en evitar que los
productos catalanes sufran más por el desafío. La última vez, esta
misma semana en el Senado. Y lo hizo con un alegato en contra del
boicot a los productos catalanes y su inclusión, como los que más,
en la Marca España de la que los independentistas no solo no quieren
saber nada sino que incluso se oponen a ella.
La paradoja se ha producido en el Senado, donde se ha aprobado una
moción impulsada por el PP a la que se han sumado PSOE y Ciudadanos,
con la abstención de Unidos Podemos, para instar al Gobierno a
apoyar todos los productos, incluidos los catalanes, de la marca
España evitando boicot de los productos catalanes.
La moción ha cosechado 204 votos a favor, 26 en contra y 21
abstenciones. En contra han votado, curiosamente, los senadores de
ERC y PDeCAT, además de los de PNV, Coalición Canaria, Compromís y
Bildu.
En su defensa, el senador 'popular' Vicente Aroca expresaba su apoyo
al pueblo catalán para que la comunidad salga de la situación
económica, que a su juicio, le ha sumido los dirigentes
independentistas. Aroca se mostraba "radicalmente" en contra del
boicot comercial, por ello pedía diferenciar entre ciudadanos y
gobernantes, señalando que un boicot tiene consecuencias económicas
perjudiciales "para todos" y "carece de sentido" en un mundo
globalizado.
Unidos Podemos se ha abstenido porque la iniciativa "ahonda en la
herida" y el PP no hace autocrítica
Las críticas de la oposición se han centrado en el "electoralismo" y
la "ideología", que a su juicio, esconde la moción. Si bien el PSOE
ha terminado apoyando la iniciativa como ejercicio de
"responsabilidad" y "en aras de evitar males mayores", alegando que
el objetivo final de la medida es "desbloquear el boicot".
No obstante, en su primera intervención, la socialista María Perla
Borao criticaba la "carga ideológica" de la moción, asegurando que
invita a un debate "bronco" y que no sirve para cambiar la actitud
de los consumidores. Por ello, el PSOE presentó una enmienda
transaccional, que finalmente fue aceptada por el PP, para que se
incluya una campaña de concienciación sobre el "perjuicio que supone
comportamientos de boicot" y "apelando a la solidaridad entre
españoles".
Por parte de Ciudadanos, el senador Luis Crisol, defendió que el
boicot "no tiene sentido para los catalanes ni para el resto de
españoles", alertando de que muchas empresas catalanes sufren lo que
considera un "doble boicot": uno por ser catalanas y otras dentro de
la comunidad por haber mostrado su deseo de abandonar Cataluña.
El grupo de Unidos Podemos justificaba su abstención apuntando a que
la iniciativa "ahonda en la herida" y en ella el PP no hace "ningún
tipo" de autocrítica. "Lo que pasa en España tiene que ver con lo
que no ha hecho el PP: dar una solución politica a lo que pide la
mayoría de catalanes, que es votar en un referéndum vinculante",
replicaba la senadora 'morada' Sara Vilà.
Una propuesta "vejatoria"
Las formaciones independentistas en el Senado han atribuido la
inestabilidad económica al Gobierno, señalando que la incertidumbre
la ha generado la violencia empleada por el Gobierno y por su falta
de diálogo.
Joaquim Ayats, de ERC, ha dicho no compartir el foco de la
iniciativa. "No compartimos el relato, nos gustaría que fuera 'no
boicots', sin tener que apoyar la marca España o la marca Cataluña",
ha explicado, para después atribuir al Gobierno la inestabilidad
económica que se vive en la comunidad.
Igualmente, la senadora de PDeCAT Maria Teresa Rivero ha tachado la
propuesta de "vejatoria", "falsa" e "innecesaria". Según ella, la
campaña de deslocalización de empresas catalanas unida a la
"perversa política económica" del Gobierno sobre Cataluña, la
intervención de las cuentas de la Generalitat y el bloqueo de
subvenciones está detrás de la caída económica.
PNV se ha mostrado en contra, señalando que la propuesta está
"trufada" de ideología y no mejora la economía "ni busca frenar la
campaña de boicot", ha dicho la senadora Maria Dolores Etxano.
Por parte de Compromís, el senador Carles Mulet ha cargado contra la
iniciativa 'popular' asegurando que "no sirve absolutamente para
nada" y se trata de un ejercicio de "cinismo e hipocresía". El
senador valenciano le ha recordado al PP el boicot a productos
catalanes y las campaña de recogida de firmas contra el Estatut,
acusando a los 'populares' de "sacar rédito electoral" a costa de
fomentar "fobias" en el seno de España.
Marcas secesionistas
El separatismo ha tenido un impacto brutal en la economóa catalana,
con 3.000 empresas en fuga de la Comunidad a la búsqueda de un
destino más estable. Además, el comercio ha perdido hasta un tercio
de sus ventas y el turismo y las reservas hoteleras se han
desplomado.
En ese mismo contexto, la venta de productos catalanes en el resto
de España también ha caído afectada por la evidente relación entre
algunas empresas y el soberanismo que ha llevado a incluir en el
mismo saco para el consumidor, de forma injusta, a todo tipo de
productos.
Lo cierto es que sí hay compañías que no sólo defienden la
independencia sino que, de algún modo, la han patrocinado a través
de entidades como la Fundació D’ Empresaris de Catalunya (FemCAT),
cuyo lema no deja lugar a dudas: “Fem de Catalunya un dels millors
països del món" ("Hacemos de Cataluña uno de los mejores países del
mundo").
En mayo de 2014, FemCAT publicó un manifiesto en el que “nuestro
país [Cataluña] necesita un marco de competencias más amplio y una
mayor capacidad normativa que no tiene en estos momentos. La actual
organización política del Estado y el marco jurídico estatutario no
han permitido resolver estas cuestiones, pero también es evidente
que la sociedad civil catalana no ha sabido influir ni presionar
eficazmente para remediarlo”.
Marcas muy conocidas
¿Y quiénes son estos empresarios que han dejado meridianamente claro
que lo que les interesa de los españoles es su dinero y no compartir
un mismo país? La lista es muy amplia, sin atendemos a lo que
publica la propia entidad en su web, en el apartado “Membres del
Patronat de la Fundació”.
Algunos de ellos están vinculados a marcas de bienes y servicios muy
conocidas en el resto de España:
Ricardo Aubert: uno de los cinco vicepresidentes de FemCAT es
consejero de la compañía Simon, que se dedica a la producción de
material eléctrico de baja tensión, como enchufes, interruptores y
apliques, entre otros.
Elena Massot: ocupa otra de las vicepresidencias de FemCAT, en
calidad de consejera delegada de la inmobiliaria Vertix, cuyos
mercados principales de actividad son Cataluña y Baleares, si bien
también vende inmuebles en Madrid.
Josep Mateu, patrono de honor de la Fundación, es el presidente de
la aseguradora RACC, que ofrece todo tipo de seguros, desde hogar
hasta automóvil.
Como patrono también figura Jordi Bagó, consejero delegado del grupo
hotelero Sehrs. La cadena opera sobre todo en Cataluña, pero
asimismo tiene implantación territorial en Madrid, Torremolinos,
Valencia, Benidorm, Tenerife, Cartagena y Lorca.
Hay marcas muy conocidas de fast food, moda o comida para perros
cuyos jefes están en la fundación más secesionista
Entre los vicepresidentes de FemCAT también se encuentra, Cristian
Rovira, vicepresidente del Grupo Sifu, una empresa especializada en
servicios auxiliares (limpieza, conserjería, etcétera), que cuenta
entre sus clientes con numerosas instituciones y entidades públicas,
como la Junta de Andalucía, Aena Aeropuerto, la Empresa Municipal
Saneamientos de Córdoba, el CSIC, el Servicio Aragonés de Salud,
Cruz Roja Española, el Ayuntamiento de Montilla en Córdoba, el
Gobierno de Cantabria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
el Instituto Tecnológico de Canarias o la Junta de Castilla La
Mancha.
Albert Esteve, patrono de Femcat, es el consejero delegado de los
laboratorios Esteve. Algunas de sus marcas más conocidas son
Dormidina y Afterbite.
Nuria Bassi: presidenta de Basi, compañía que comercializa en España
la marca Lacoste así como otras de moda y complementos, tales como
Armand Basi, Nautica o Cole Haan.
Pere Busquets: director general de Busquets Gruart, compañía
fabricante de mochilas y material escolar. También tiene la licencia
para vender en España las siguientes marcas muy conocidas por los
estudiantes: Gorjuss, Bestial Wolf, Ducati Corse, Flamenco, Hot
wheels, Lady desidia, Reverse, Hablando sola, UNKEEPER y La Volátil.
Ernest Pérez-Mas: es presidente ejecutivo de Parlem Telecom,
compañía de telecomunicaciones que tiene participación en MasMovil.
Otro patrono de FemCAT es Josep Santacreu, consejero delegado de la
aseguradora DKV.
Otra empresaria que forma parte del patronato de la Fundación es
Mireia Tomàs, presidenta del consejo familiar del grupo Agroalimen,
cuyas marcas son, seguramente, muy conocidas entre el gran público:
Affinity (comida para mascotas), Gallina Blanca, Avecrem,
Pans&Company, Bocatta, Fresc Co, El Pavo o Bicentury.
Freixenet, ya en 2014, se mojó por la unidad de España con un
anuncio navideño que brindaba por otros cien años "juntos"
Por contra, el papel de otros empresarios ha sido decisivo en el
freno al secesionismo, al asumir un papel público claro y rotundo
frente a la independencia. El caso más notable es el del presidente
de Freixenet, José Luis Bonet, un demonio para el secesionismo y un
emblema de la unidad de España y Cataluña, que tiene en la entidad
Empresaris de Catalunya la antítesis de la Fundación secesionista.
Freixenet y Tous, las dos caras de la moneda
En el constitucionalismo están, amén de todas las grandes empresas
catalanas del IBEX35, nombres del mundo económico catalán tan
conocidos como Ramon Romagosa, Ferran Brunet, Enrique Saegner, Jorge
Buxadé, María Moya o Sergio Martínez Campos.
Y, entre medias, quedan casos como Tous, cuyo viraje desde el
soberanismo hasta la unidad de España probablemente resume la
esencia del conflicto y la mejor manera de enfocarlo: tan absurdo es
que el consumidor haga un boicot total a los productos catalanes
como exigirle que adquiera el producto concreto de quien ha
utilizado esos recursos para alimentar, económica o políticamente, a
Puigdemont y compañía.
Comunidad Valenciana
Niños de 10 años obligados en Valencia a
cantar un tema separatista que anima a “la revuelta cotidiana”
Luz Sela okdiario 30 Noviembre 2017
“Caminamos como siempre, avanzando a contracorriente, la revuelta es
cotidiana y hay mucho trabajo por hacer”. El autor de la canción es
Pau Alabajos, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Torrent
(Valencia) y reconocido independentista.
Los padres de los alumnos del Colegio Público Joaquín Muñoz de Turís
(Valencia) denuncian que los profesores obligaron a sus hijos a
cantarla, e incluso distribuyeron su letra con dibujos que los niños
debían colorear.
El tema es toda una llamada a la movilización por la independencia:
“Las palabras cobran fuerza, hemos hecho nuestra la ciudad, ya
despegan las banderas, por encima de nuestras cabezas/ mensajes de
esperanza en los cánticos de la gente, el futuro es patrimonio de
quien cree en el presente, es tan fácil contagiarse de la euforia
dominante, bastante nuestros sueños sin miedo a flaquear/caminamos
como siempre, avanzando contracorriente, la revuelta es cotidiana y
hay mucho trabajo por hacer. Salvaremos todos los obstáculos, es
cuestión de voluntad: construir una utopía con nuestras propias
manos/Enderezar la historia, emprenderemos un nuevo camino,
giraremos la vista atrás, lucharemos contra el olvido. Aprenderemos
de los errores que hemos cometido en el pasado, escribiremos en las
fachadas, que estamos hartos de claudicar”.
Los padres denuncian, además, los múltiples ejemplos de
‘catalanización’ en el colegio. Así, señalan que el uso del
castellano es inexistente: “en el patio se debe hablar valenciano,
todas las clases y despachos están señalizados en valenciano y los
escritos del colegio a los padres también son en esa lengua. Las
agendas que se reparten a los alumnos son también en valenciano, con
lo que no se respeta a los niños que piden la enseñanza en
castellano”, recogen en la Plataforma ‘No al Decretazo’.
Cabe recordar que el decreto del plurilingüismo, impulsado por el
gobierno autonómico, se encuentra suspendido cautelarmente por la
Justicia, que lo consideró discriminatorio porque los alumnos que
optan por la línea en castellano reciben menor nivel de inglés. El
promotor del decreto es el conseller Vicent Marzà, vinculado a la
asociación independentista Escola Valenciana.
Este centro recibió hace unos meses una subvención de 180.000 euros
de la Diputación de Valencia (PSPV), dentro del Plan Municipal de
Mantenimiento de Escuelas, en el que participan de forma conjunta la
Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y los
Ayuntamientos de las comarcas valencianas.
Al lado de la CUP
Por su parte, el autor del tema, Pau Alabajos, es también el autor
de la canción ‘Viure’ (Vivir) con la que la CUP dio la bienvenida a
la República catalana.
En el vídeo que acompaña al tema se ve a miembros de la CUP con
esteladas y enfrentándose a la Policía en las calles de Barcelona.
La letra animaba a la “lucha” por la independencia: “Guárdate las
excusas para otro momento, ponte ropa confortable y zapatos
resistentes, porque vienen tiempos de lucha y haces falta en la
calle, tu sitio está en las plazas con el resto de la gente”, decía
ya en el primer párrafo. “No nos quedaremos parados, tenemos derecho
a decidir y somos libres de escribir nuestro destino”.
Alabajos siempre ha dejado claro su apoyo a la independencia y el
pasado 1 de octubre se desplazó a Cataluña para ofrecer un concierto
ante uno de los centros de votación del referéndum ilegal.
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