AGLI Recortes de Prensa   Sábado 2  Diciembre 2017

TEXTO DE MATEO REQUESENS
Lenguas en España, caballo de Troya del separatismo
La Gaceta   2 Diciembre 2017

El hecho de que en España existan una serie de lenguas regionales que en su evolución no alcanzaron la difusión del castellano, convertido en el idioma español por mor de ser la lengua común de todos los españoles y la lengua mayoritaria en toda España, no debería suscitar controversia alguna, si la cuestión se contemplase desde un punto de vista cultural, lingüístico y de pleno respeto a los derechos de los hablantes.

El art. 3.1 de la Constitución es en esta materia claro y preciso, “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Junto a la lengua española aparecen las lenguas regionales como cooficiales allí donde existan, según también proclama el art.3.2 de la Constitución, que remite a los respectivos Estatutos de Autonomía su regulación. El español es nuestro idioma nacional, que lógicamente todos los españoles debemos conocer. Las lenguas regionales, ni siquiera comunes a todos los habitantes de aquellos territorios donde existen, sin duda constituyen un patrimonio cultural, como señala el propio art. 3 de la Constitución, digno de especial respeto y protección, pero no tienen la categoría de lengua nacional.

Hasta aquí no parece haber problema alguno. El carácter cooficial de las lenguas regionales vendría a proteger su perenne valor cultural y a garantizar los derechos de sus hablantes, que por ende también reconoce la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Que el ordenamiento jurídico reconozca este carácter cooficial implica obligaciones para las administraciones públicas en orden a facilitar a los hablantes de las lenguas regionales su empleo, más allá del ámbito privado, en aquellas autonomías donde existen, así como a difundir su conocimiento a través de su introducción dentro de los planes de estudio oficiales. Sin embargo, los Estatutos de Autonomía y en especial las leyes de normalización lingüística que ha dictado cada una de esas Comunidades Autónomas, han ido mucho más allá.

En un principio parecía que el Tribunal Constitucional velaría por impedir el desbordamiento del carácter regional de las lenguas cooficiales. Así, la STC 82/1986 de 26 de junio frenaba las pretensiones del nacionalismo vasco de equiparar la lengua regional con la lengua nacional, al afirmar el Alto Tribunal que solo respecto del castellano cabe “predicar, junto al derecho a usarlo, el deber de conocerlo, lo que se fundamenta en la singularidad de este idioma como común a todos los españoles y lengua oficial del Estado”, para seguir explicando que por mucho que una norma autonómica proclame como propia la lengua vasca, no impide que “pueda calificarse también al castellano como lengua propia del Pueblo Vasco”- Por ello, “no cabe sostener que, establecida la cooficialidad de una lengua española distinta del castellano, la Comunidad Autónoma pueda establecer respecto de aquélla, junto al derecho a usarla, un deber de conocimiento idéntico al previsto para el castellano en el art. 3.1 de la C.E.” Y concluía, “el castellano, idioma de uso oficial también en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua cooficial, nunca puede ser excluido, sin perjuicio del derecho individual de usar la lengua cooficial”.

Lamentablemente esta línea interpretativa pronto acabó cediendo a las presiones del nacionalismo disgregador, cuyas demandas serían atendidas sin reparo ni escrúpulo por los sucesivos gobiernos de España. La STC 337/1994 de 23 de diciembre, al examinar la normativa sobre normalización lingüística en Cataluña, acepta la finalidad “de corregir y llegar a superar los desequilibrios existentes entre las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma”, y admite la inmersión lingüística en la enseñanza porque si se persigue “el objetivo, a la «plena igualdad» de las dos lenguas oficiales (sic), es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo”. Más reciente, la STS 31/2010 de 28 de junio, con ocasión de la reforma del Estatuto de Autonomía catalán, llega a dar por bueno que el catalán sea la lengua de «uso normal» de las Administraciones Públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, así como el deber de conocerlo, siempre que no se exija con carácter generalizado (sic), e insiste en que se pueden adoptar las medidas de política lingüística tendentes a corregir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener.

Y es que las lenguas han sido contempladas, reguladas e interpretadas como concepto ideológico, a través de unos criterios que se apartan de los fines lingüísticos y culturales, para perseguir unos fines políticos, que encima tampoco respetan los derechos de todos los hablantes.

Tratan de negar la legitimidad del proceso socio-cultural que llevó al castellano a convertirse en el idioma común de todos los españoles, porque las lenguas regionales habrían sido relegadas, perseguidas o prohibidas.

Cuando se proclama en las normas autonómicas de Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y País Vasco, que sus respectivas lenguas regionales son su lengua “propia”, se está proclamando que el español es allí una lengua extraña o foránea. Cuando se sancionan legalmente las políticas de inmersión lingüística a través del concepto de “normalización”, se está transmitiendo la idea de que hay que corregir una situación negativa, porque la denominada normalización supone adoptar una serie de medidas “compensatorias” que lleven a la “recuperación” generalizada de los niveles de conocimiento y uso de las lenguas regionales.

Evidentemente se está negando la validez de la evolución histórica del uso de las lenguas en España. Pero si hay que recuperar las lenguas regionales ¿a qué estado hay que reponerlas? ¿Al que tenían en el inicio de la evolución de las lenguas romances, o en el caso del vascuence, a la Edad de Bronce? ¿Debemos remontarnos a la Edad Media antes de los Reyes Católicos? ¿Quizá a la época anterior a los Borbones? ¿Antes de la Restauración? ¿O sólo antes del franquismo? En realidad, no se trata de recuperar ningún estado mítico anterior de difusión y uso de las lenguas regionales. Se trata de negar la legitimidad del proceso socio-cultural que llevó al castellano a convertirse en el idioma común de todos los españoles, porque las lenguas regionales habrían sido relegadas, perseguidas o prohibidas, primero por la opresora hegemonía castellana y luego por los oscuros poderes españolistas confabulados para la “doma y castración”, que diría el orate Castelao parafraseando a Zurita, de las nacionalidades históricas, terminando por el franquismo, que como todo el mundo sabe, “prohibió” las lenguas regionales por el mero hecho de no considerarlas oficiales.

La consecuencia de sostener que las lenguas regionales han sufrido un inaceptable proceso de degradación, es que su cooficialidad se ha traducido, no sólo en derecho y garantía para sus hablantes, sino en una obligación para los hablantes de la lengua española que habiten aquellos territorios “con lengua propia”. Todos deben conocer la lengua regional lo suficiente como para poder ser bilingües, pero además tienen que usarla forzosamente como lengua vehicular en la educación, y puesto que debe ser la lengua “normal” que las administraciones autonómicas y locales utilicen, si quieren una relación administrativa fluida, también deben emplearla en dicho ámbito. Pero no les basta con la exclusión del español de la esfera pública o institucional para compensar la anomalía histórica que “sufren” las lenguas regionales. En la esfera privada se castiga el uso de esa lengua extraña que “impide” la normalidad. Esto se hace, bien groseramente, como sucede en Cataluña con las multas a los comerciantes que rotulan solo en español, bien sutilmente, a través de la amenaza de ser privado de oportunidades si no se utiliza la lengua regional, como ocurre en otras comunidades bilingües, con lo cual el concernido callará o asentirá antes de verse discriminado o señalado. Valga el ejemplo, si creas, emprendes o innovas en español, no tendrás las mismas ayudas económicas de quienes sí usan la lengua regional para lo mismo que tú. En definitiva, nos encontramos con una sistemática política de imposición lingüística, donde los hablantes están al servicio de la mesiánica misión de salvar las lenguas regionales y conseguir que ocupen el lugar que se merecen. Y ese lugar no es otro que el de lengua nacional.

Porque lo que buscan, no sólo es rehacer la realidad lingüística de España, sino corregir la historia misma. Lo que verdaderamente se pretende es la ruptura de la continuidad histórica de España como Nación. Lo que se esconde bajo los sucesivos disfraces de las apelaciones a la diversidad cultural, la protección de las lenguas de España o el enriquecimiento idiomático de la población, no son conceptos lingüísticos ni culturales, sino, pura y simplemente, conceptos marcadamente ideologizados por un nacionalismo decimonónico que busca un alma propia distinta de la de España a partir de la lengua. En este camino hacía el Estado plurinacional o la autodeterminación, la lengua ocupa un papel simbólico como idioma propio de cada supuesta nación, pero también esencial en el proceso de deconstrucción nacional de
España, ya que la inmersión lingüística facilita la cohesión social que conducirá a la identidad diferenciada de las nuevas naciones de esa Commonwealth de opereta bufa que sustituirá a España como Nación.

Para terminar con este abuso político de corte separatista de las lenguas de España, bastaría con que la cooficialidad de las lenguas regionales se rigiese por el principio de libertad de elección lingüística, verdaderamente respetuoso con los valores de libertad, pluralismo e igualdad, a la vez que compatible con el respeto y protección de las lenguas regionales, y no por el principio de “normalización” lingüística que, con sus pretensiones de ingeniería social, encierra notorios rasgos totalitarios. No parece que ningún partido político con representación parlamentaria esté por la labor de afrontar este cambio, que ni siquiera precisaría de una reforma constitucional.

De momento, lo que sí existe es una iniciativa de la sociedad civil que al menos pretende acabar con el disparate de que los hablantes del español sean tratados a nivel lingüístico como ciudadanos extranjeros en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial. Se trata de la plataforma Hablamos Español, que está recogiendo firmas para presentar ante el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular para que se promulgue una Ley de libertad de elección lingüística.

Para remediar esta situación no basta con lamentarse, todos podemos poner nuestro granito de arena, ahora tenemos una oportunidad de hacernos oír a través de la iniciativa de Hablamos Español. Merece la pena colaborar: http://hispanohablantes.es/como-puedes-ayudar.php

Mateo Requesens. (Jurista y Doctor en Derecho)

¿ Mas leyes ? No, gracias
Nota del Editor 2 Diciembre 2017

Tras un montón de años viendo como la ley suprema es pisoteada al igual que los derechos humanos y constitucionales de las personas español hablante, cualquier intento de solucionar el problema de España que no implique la derogación inmediata de todas las leyes de lenguas regionales es una cortina de humo para que pensemos que algo cambia y siga todo empeorando. He escrito personas español hablante y no ciudadanos porque los español hablantes somos ciudadanos de cuarta categoría y siguientes en lo relativo a derechos humanos y constitucionales.

Un país podrido
Arcadi Espada El Mundo  2 Diciembre 2017

Me escribe Roger Corcho:
«El presidente Pujol, el hombre que gobernó Cataluña durante décadas, eligió como instrumento de gobierno la corrupción. Favoreció la corrupción. Sabía que un país podrido es fácil de dominar, que un hombre comprometido por hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre prisionero. Por eso el Régimen fomentó la inmoralidad de la vida pública o económica. Como se hace en ciertas profesiones indignas, el Régimen procuró que todo el mundo estuviera enfangado, todo el mundo comprometido. El hombre que gobernó Cataluña, además de un OPRESOR, es un CORRUPTOR".

Esta octavilla me gustaría arrojársela a la cabeza de Pujol si algún día me cruzo con él. La gracia del texto es que lo escribió el propio Pujol, este texto se distribuyó en el Palau y por él acabó en prisión. Seguramente usted ya lo conocía, yo lo acabo de descubrir. Y me llama la atención, porque este fue su plan, como se puso de manifiesto en el Parlamento cuando aseguró que si se toca una rama del árbol pueden caer todas las ramas.

Aquí está la octavilla original:
"La falta de libertad es absoluta y sólo es atenuada por el estado de corrupción en que vivimos. El general Franco, el hombre que pronto vendrá a Barcelona, ha elegido como instrumento de gobierno la corrupción. Ha favorecido la corrupción. Sabe que un país podrido es fácil de dominar, que un hombre comprometido por hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre prisionero. Por eso el Régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública o económica. Como se hace en ciertas profesiones indignas, el Régimen procura que todo el mundo esté enfangado, todo el mundo comprometido. El hombre que pronto vendrá a Barcelona, además de un OPRESOR, es un CORRUPTOR».

Cuenta atrás para la traición a España (-20)
EL JUEZ PABLO LLARENA APURA EL PLAZO PARA SOLTAR A LOS GOLPISTAS ANTES DEL INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL. MONTORO DISPUESTO A CONDONAR DEUDA MIENTRAS LAS PENSIONES ESTÁN EN BANCARROTA. LA JUEZA ROSA MARÍA FREIRE INTERFIERE EN CAMPAÑA AL DECRETAR APERTURA DE JUICIO ORAL CONTRA EL PP.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 2 Diciembre 2017

No quiero decir aquello de “ya se lo dije”, porque era una previsión más que probable, segura, como apostar a caballo ganador en una carrera amañada. Todo se va cumpliendo según los deseos de un Gobierno de España que no quiere tener mártires de la causa independentista en unas elecciones que, más que autonómicas, tienen desgraciadamente un sentido plebiscitario, por la clara bipolarización en dos frentes políticos que son un reflejo de lo que le sucede a la sociedad española en Cataluña. Unas elecciones que en absoluto pueden calificarse de normales, como pretende el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que todo lo que ha rodeado a su convocatoria forzada ha sido anormal y excepcional. Como excepcionales y anormales han sido las medidas de intervención forzadas para intentar tomar el control de una autonomía declarada en rebeldía por parte de sus principales Instituciones: Gobierno de la Generalidad y Parlamento autonómico.

Porque no puede ser normal el que a estas elecciones y tras los hechos que han precedido a esta convocatoria apresurada, sigan intactas las estructuras de poder y los cargos de la Generalidad plenamente activos. Tampoco es normal el que sigan legalizados partidos como ERC que no renuncian a repetir la vía unilateral en caso de fracasar el “diálogo” con el Estado español. Las declaraciones de su número dos en las listas, Marta Rovira, así lo confirman. Y tampoco es normal que el Gobierno de España decida de forma unilateral hacer como si los graves delitos cometidos fueran solo escaramuzas políticas, comprando la tesis de la virtualidad de una declaración de independencia, a pesar de haber usado como argumento en el Senado el que fue una vergonzosa realidad para así imponer las medidas de intervención. Eso sí, de forma muy limitada y en plan quirúrgico para causar el mínimo daño posible y durante el menor tiempo posible. Su deseo es que en esas elecciones autonómicas convocadas a toda prisa el mismo día de la intervención, se pretendía que todos los golpistas pudieran participar. Algo que ya se les había ofrecido de forma reiterada y que fue rechazado culminando el proceso de desobediencia, rebeldía y una declaración “sui géneris” de independencia.

No puede ser casualidad el que el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, haya actuado con tanta premura y determinación a la hora de apropiarse de todas las causas abiertas sobre el golpe de Estado y haya forzado con ello a la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional a cederle los casos que llevaba y que afectaban al Gobierno de la Generalidad, incluidos los prófugos y aquellos a los que decretó prisión incondicional sin fianza, así como el caso de los “Jordis” de ANC y OMNIUM. No faltó tiempo para que las defensas de todos los presos solicitaran una comparecencia urgente de sus defendidos ante el nuevo juez encargado, mostrando un acatamiento a la ley y justificando la no existencia de peligro de fuga, destrucción de pruebas y reiteración en el delito. Esa comparecencia tuvo lugar ayer y se ha filtrado a los medios de comunicación algunas partes de las declaraciones y de su particular y nada creíble acatamiento y buenas intenciones.

Tal es así que no renuncian en ningún momento al objetivo de alcanzar la independencia, aunque dicen que están “En un cambio de estrategia” porque “ahora deben prevalecer los acuerdos y los pactos, la negociación”. En cuanto a acatar la Constitución se hizo alusión al ya conocido “imperativo legal” por ser el juramento o la promesa de cumplir y defender la Constitución una fórmula obligada para acceder al cargo. Y se muestran dispuestos a ello pero “dentro de los márgenes de interpretación”. Es decir, dependiendo si el cumplirla favorece a sus intereses. Esto que es una burla descarada, nunca puede ser aceptada como justificación suficiente para devolver la libertad a quienes claramente no se arrepienten de sus actos y solo buscan salir de prisión usando todas las argucias y resquicios legales posibles. Eso que reconoció el juez Llarena en su auto cuando puso en prisión provisional eludible con fianza a la golpista Presidenta de la Mesa del Parlamento autonómico, Carme Forcadell.

Y es precisamente este antecedente el que condicionará al juez Pablo Llarena a la hora de dictar su Auto sobre los presos. El tomarse todo el fin de semana para meditar y reflexionar su decisión, solo es una forma de “vestir la mona” y agotar el plazo para que los presos, que de forma casi unánime figuran ya en las listas electorales, puedan participar en la campaña que da comienzo justo el próximo martes 5 de diciembre. Aunque en el caso de que se fijen fianzas, puede que la salida formal se demore algunas horas hasta que las mismas sean depositadas por los mecenas de la ANC y OMNIUM, que ya han declarado disponer de unos 200.000 euros por preso de su “Caja de Resistencia”. Así que, de no haber una sorpresa, el juez Pablo Llarena estará preso de su propia doctrina, que coincide con el objetivo del Gobierno de no fabricar mártires y vender una normalidad inexistente en una campaña que se radicalizará aún más con la presencia de estos golpistas en los mítines.

La predisposición del Gobierno al pacto se evidencia en las declaraciones del Ministro de Hacienda que dice no cerrarse a contemplar una quita de la deuda de las autonomías, pero dentro de la negociación general, donde podrían existir “especificidades”. En cuanto a lo de la Hacienda Tributaria de Cataluña, dice que no es el momento ahora para hablar del tema y hay que esperar a que exista un Gobierno tras las elecciones. O sea, ¿se usaría la quita como un sustituto de financiación o simplemente como una forma de saneamiento de las arcas autonómicas premiando a las más despilfarradoras? Solo falta argumentar que esa deuda es injusta y, como pretendía el Gobierno golpista de la Generalidad, no asumirla y negarse a pagarla en caso de independizarse. Y ahora viene Miquel Iceta diciendo que “se ha mal interpretado su propuesta”. Y no, Sr. Iceta, el problema no es que los demás seamos cortos de entendederas, ni que su mensaje fuese ambiguo. Usted simplemente se ha alineado con las tesis independentistas de construir una Agencia tributaria de Cataluña, en un “consorcio” donde la Hacienda española no estaría presente como preveía el Estatuto de Autonomía. El problema es que a usted se le entiende perfectamente lo que dice, aunque luego, como cualquier populista oportunista, recule y alegue incomprensión.

Solo faltaba el que la jueza del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, Rosa María Freire, haya decidido interferir de modo abrupto en estos días de precampaña electoral donde se decide el futuro de España, emitiendo un Auto dando inicio a la apertura del juicio oral contra el PP como sujeto jurídico y contra altos responsables de su organización por un delito de “daños informáticos” por la destrucción de pruebas al proceder al borrado del disco duro del ordenador del ex tesorero Luis Bárcenas, donde presupone que existían datos relevantes de la llamada “Caja B” y de pagos de sobresueldos , con fondos provenientes de donaciones opacas al fisco. Se trata claramente de una presunción que hace la jueza basada en simples conjeturas e informaciones publicadas en los medios que carecen de cualquier validez legal. Se obvia el hecho de que el denunciante, el propio Luís Bárcenas, hubiera retirado su acusación, así como que la Fiscalía pidiera el sobreseimiento de la causa. Un empecinamiento inexplicable de la jueza y que debería ser sometido al criterio del Consejo General del Poder Judicial ante la clara indefensión de los acusados ya formalmente en la resolución del Auto, en el que la jueza pasa al tribunal de lo penal una causa bajo su única y personal interpretación basada en conjeturas y elucubraciones. Porque no deja de ser sorprendente el que se quiera criminalizar a un Partido político por su legítimo derecho sobre bienes y enseres de su patrimonio, donde se incluyen por supuesto el material de oficina como son los ordenadores, impresoras, teléfonos móviles y demás elementos informáticos. En ningún caso son “ordenadores personales” sino corporativos, aunque su uso sea de carácter personal.

¿Qué tipo de daños informáticos son los que se denuncian? ¿El simple borrado de datos sobre un disco duro que según el ex denunciante se había llevado? No hay causa y así lo reconoce desde hace tiempo la propia Fiscalía, por lo que abrir la causa oral carece de sentido y lo que provocará son daños, pero morales y contra la fama y honor de un partido político, y lo que se llama la “pena del telediario” en un juicio donde debe ser el acusado sin pruebas el que demuestre su inocencia. Una inversión en el “onus probandi” o carga de la prueba que niega la presunción de inocencia. ¿Se busca Justicia o criminalizar políticamente?

¡Que pasen un buen día!

Las nefastas ocurrencias de Iceta
EDITORIAL Libertad Digital 2 Diciembre 2017

Tanto el perdón de la deuda autonómica como la creación de una especie de tercer fuero en Cataluña constituyen pésimas ideas.

Al líder del PSC, Miquel Iceta, no se le ha ocurrido mejor forma de iniciar su campaña electoral que reincidir, una vez más, en los graves errores que, desde hace décadas, comete el Gobierno central con el nacionalismo, como si la concesión de nuevas prebendas financieras y privilegios fiscales fuesen a contentar a las fuerzas separatistas que protagonizaron el reciente golpe de estado en Cataluña. Así, ni la aplicación de una quita sobre la deuda catalana ni la creación de una Agencia Tributaria propia, capaz de recaudar y gestionar todos los impuestos que se generan en dicha región, lograrán aplacar la sinrazón de los separatistas, tal y como, ilusoriamente, piensan Iceta y Pedro Sánchez, pero lo peor es que sus propuestas serían nefastas desde el punto de vista económico.

El primer error de Iceta consiste en intentar premiar a Cataluña, a pesar de que esta región, junto a Andalucía, ya está favorecida por el actual modelo de financiación en comparación con otras autonomías, en lugar de incidir en la necesidad de cumplir la ley y respetar la Constitución frente a quienes quieren vulnerar el estado de derecho y fracturar la sociedad en dos. Además, su discurso peca del mismo supremacismo que blanden los independentistas, ya que, en el fondo, lo que propone el PSC no es más que conceder nuevas regalías a Cataluña por el hecho de ser Cataluña, como si esta región fuese superior al resto y, por tanto, mereciera algo más para poder diferenciarse.

Pero es que, además, con independencia de la errónea e injusta motivación que subyace bajo su discurso, tanto el perdón de la deuda autonómica como la creación de una especie de tercer fuero en Cataluña constituyen pésimas ideas. La quita que propone Iceta, al igual que otros barones regionales, incidiría aún más en los perversos incentivos que padece el actual modelo de financiación, puesto que supondría un colosal premio para las comunidades más despilfarradoras y manirrotas, animando con ello a la comisión de nuevas irresponsabilidades y excesos en materia de gasto. Asimismo, resulta profundamente injusto que el conjunto de los contribuyentes tenga que hacerse cargo de las elevadas deudas contraídas por ciertas regiones, evitando así que cada Administración y sus correspondientes dirigentes políticos asuman el coste de sus propios errores. Lo cierto es que el Gobierno del PP nunca debería haber acudido al rescate de las CCAA, pero, una vez efectuado, sería inaceptable una condonación de estas características, ni para Cataluña en particular ni para el resto de regiones auxiliadas por el Estado.

Por otro lado, la propuesta fiscal de Iceta consiste, simplemente, en romper el actual régimen autonómico para privilegiar a una comunidad frente al resto, lo cual no solo es ilegal, sino que haría inviable el actual modelo de financiación, puesto que el peso de la solidaridad interterritorial pasaría a recaer, casi exclusivamente, sobre Madrid.

Las ocurrencias económicas de Iceta combinan, pues, lo peor de dos mundos: el vergonzoso supremacismo nacionalista y la desastrosa ignorancia económica del socialismo.

Propuesta de reforma constitucional
Jesús Laínz Libertad Digital 2 Diciembre 2017

El hecho evidentísimo de que el Estado de las Autonomías es la principal causa de autodestrucción de España basta para redactar una nueva Constitución no autonomista.

Dicen los sabios que hay que reformar la Constitución. Pero lo curioso del caso es que llevamos cuarenta años sin aplicar muchos de sus más importantes artículos. ¿Por qué tantas prisas por arrojarla a la papelera sin haber comprobado cómo funciona? ¡Qué desperdicio! Además, los principales incumplidores, golpe de Estado incluido, son los que insisten en cambiarla. ¿Les vamos a premiar?

También dicen los sabios que hay que reformarla porque los españoles de menos de cincuenta años no la votaron. Pero en el mundo hay numerosos países cuyas constituciones son muchos años, décadas e incluso siglos más antiguas que la nuestra y a nadie se le ha ocurrido semejante cosa. Debe de ser que sus sabios son menos sabios que los nuestros.

Los sabios neoconstitucionales son de todos los tipos, edades, oficios e ideologías, aunque todos ellos coinciden en que el sentido de la reforma ha de ser centrífugo, lo que se tiene por tan indiscutible como un dogma religioso. Pero ¿dónde está escrito que la reforma no pueda ser centrípeta? ¿Por qué las modificaciones han de estar necesariamente enfocadas a contentar a los separatistas, esos minoritarios enemigos de la nación que, además, nunca se contentarán, pues, como han explicado mil veces, lo único que les interesa es la secesión? ¿Por qué no se pueden enfocar las modificaciones a contentar a la gran mayoría de los españoles leales? ¿No sería mucho más lógico y democrático?

Pero lo más significativo de estos sabios es que casi todos ellos se limitan a proclamar que hay que reformar la Constitución sin explicar el porqué y el para qué, los motivos y los objetivos. Intentaremos aquí llenar esa laguna, con motivos y objetivos muy concretos. Para ser exactos, con un solo objetivo: la reforma radical del Título VIII. Es decir, la eliminación del fracasado Estado de las Autonomías. Vayamos a ello:

1. El Estado de las Autonomías nació, ante el desinterés autonomista de los demás españoles, para incorporar a los separatistas vascos y catalanes al común proyecto nacional español. Desde el muy temprano "Avui paciència, demà independència" quedó claro que no estaban por la labor. Cuarenta años de agravamiento, extensión y afianzamiento de los separatismos han demostrado el error. Y acaba de confirmarse en Cataluña con hechos contundentes. ¿Cabe algo más necio que insistir en la misma dirección?

2. El Estado de las Autonomías nació bajo el chantaje de los crímenes del separatismo vasco. Ahora que han desaparecido, ¿por qué no organizar el Estado en total libertad?

3. El Estado de las Autonomías se diseñó, en plena resaca antifranquista, según el absurdo dogma de que descentralización es sinónimo de democratización. ¿No habrá llegado ya el momento de comenzar a razonar sin dogmas y sin resacas?

4. El Estado de las Autonomías, dada la concepción incesantemente descentralizadora del Título VIII de la Carta Magna, garantiza la perpetua inestabilidad institucional de España.

5. Se alegó que el Estado de las Autonomías era necesario para descentralizar al máximo la Administración con el fin de acercarla al ciudadano, lo que no explica la eficacia de sistemas centralistas como el francés. Además, ¿se justifica la mastodóntica estructura material y humana del Estado autonómico en la era de internet?

6. El Estado de las Autonomías, con sus dieciocho gobiernos, parlamentos y administraciones, ha provocado que en España haya hoy cuatro veces más funcionarios que cuando murió Franco, mientras que la población sólo se ha multiplicado por 1,2. Y la deuda pública, el 7% en 1975, ha alcanzado hoy el 100%. El Estado español es insostenible.

7. El Estado de las Autonomías es una estructura mastodóntica cuyos principales beneficiarios no son los ciudadanos, sino esas agencias de empleo llamadas partidos políticos que han conseguido colocar a sus militantes en mil puestos innecesarios con sustanciosos sueldos a costa de los bolsillos de todos.

8. El Estado de las Autonomías ha provocado la fragmentación jurídica, la desigualdad entre los españoles, los privilegios fiscales, el enfrentamiento y la insolidaridad regional –ejemplos: el agua y la financiación– hasta límites nunca antes conocidos. ¿Profundizamos en este regreso al feudalismo o cumplimos con el principio de igualdad consagrado en la Constitución?

9. El Estado de las Autonomías ha convertido España en una Babel lingüística, legal y administrativa que encarece y entorpece la vida de personas y empresas.

10. El Estado de las Autonomías ha sido la fuente de la mayoría de los casos de corrupción que han desangrado y desprestigiado al Estado. Y de una inmensa cantidad de cacicadas y corruptelas cotidianas que nunca se conocerán.

11. El Estado de las Autonomías adolece de una dimensión identitaria de la que carecen otros países, incluidos los tan envidiados federales, lo que ha provocado enormes despilfarros en neurosis aldeanistas totalmente inútiles y vulneradoras de los derechos de los ciudadanos. El caso más sangrante es el de la imposición de las lenguas regionales mediante las llamadas inmersiones (espléndido sinónimo de ahogamiento) y normalizaciones (espléndida confesión de que los separatistas consideran a los ciudadanos unos anormales que deben ser corregidos).

12. El Estado de las Autonomías ha hecho posible que España sea el único país del mundo en el que, en algunas regiones, no es posible escolarizar a los niños en la lengua mayoritaria y oficial del Estado.

13. El Estado de las Autonomías ha sido utilizado por los separatistas como estación intermedia hacia la secesión, plataforma de promoción de dicha secesión en ámbitos internacionales (selecciones deportivas, embajadas, etc.) y ámbito decisorio sobre el modo de encaje con el resto de España e incluso sobre su continuidad o no en ella.

14. El Estado de las Autonomías ha sido utilizado ilegal, inconstitucional e inmoralmente por los separatistas para construir un régimen totalitario destinado a envenenar a los ciudadanos mediante el monopolio de la educación y los medios de comunicación.

15. El Estado de las Autonomías ha posibilitado la continua vulneración de las normas gubernamentales, legislativas y judiciales del Estado por parte de los gobernantes autonómicos.

16. El Estado de las Autonomías ha dado vida a un sinfín de entidades, generosamente regadas con el dinero de todos los españoles, dedicadas a la organización de la rebelión y la voladura del Estado desde dentro.

17. El Estado de las Autonomías, debido a la perpetua amenaza de fragmentación nacional que incuba en su seno, ha provocado la desconfianza y el desprestigio exterior de España, con consecuencias económicas, diplomáticas y políticas de largo alcance.

18. El Estado de las Autonomías ha hecho posible la existencia de fuerzas armadas enemigas del Estado del que forman parte, poniendo en peligro las vidas y haciendas de todos los ciudadanos españoles, gracias a cuyos impuestos cobran sus sueldos. Fuerzas armadas que siguen sin ser disueltas.

19. Finalmente, el hecho evidentísimo de que el Estado de las Autonomías es la principal causa de autodestrucción de España basta para redactar una nueva Constitución no autonomista.

Antes de meter el bisturí en la Constitución, a los partidos políticos que se supone que están interesados en defender la integridad de la nación quizá les conviniese tantear al pueblo español. ¿Están seguros de que los españoles desean premiar a los separatistas y avanzar en el sentido descentralizador, federalizador y autodeterminista que persiguen junto con sus compañeros de viaje, tanto los malintencionados como los cándidos? ¿O quizá sus preferencias se dirijan hacia el lado contrario?

Se admiten apuestas.
www.jesuslainz.es

Decenas de firmas catalanas emigran a Alcobendas, que ya alberga 15.000 empresas
Hay casi una decena de empresas catalanas de gran tamaño que están negociando su llegada a esta localidad madrileña.
D.S.C. Libertad Digital 2 Diciembre 2017

Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, confirmó a finales de octubre que distintas empresas catalanas han cambiado su sede social y fiscal para ubicarla en este municipio del norte de Madrid. "Lamentablemente, se están dando razones para que muchas empresas abandonen Cataluña, pero si el sector privado cree que allí no hay un entorno adecuado, es bueno que piensen en nosotros", señaló durante la visita a la sede de una compañía tecnológica.

El regidor de la localidad madrileña presumió entonces del elevado número de sociedades que eligen Alcobendas como centro de operaciones. No en vano, hablamos de 15.000 empresas instaladas en una población de apenas 110.000 habitantes. De esa cifra, 400 han llegado durante el último ejercicio. Además, muchas de estas firmas son de tamaño mediano o grande, lo que implica un mayor impacto en términos de empleo e inversión. No en vano, Alcobendas es la segunda ciudad española con mayor facturación de empresas multinacionales, aspecto que ha sido subrayado por diversos informes de la OCDE.

García de Vinuesa, alcalde desde 2007 por el Partido Popular, ha reconocido que se ha reunido directamente con algunas de las sociedades que han cambiado Cataluña por Alcobendas. El alcalde ha explicado siempre que se limita a atender "peticiones de información", apuntando además que su objetivo es ofrecer seguridad jurídica, discreción absoluta y un entorno atractivo para los negocios.

Ya ha trascendido que dos de las empresas que han cambiado Cataluña por el municipio del Norte de Madrid son Alstom Power y Ballenoil. La primera es una filial de General Electric y se dedica al mantenimiento de centrales térmicas. La segunda es Ballenoil, líder en ganaderías low cost.

Pero estos movimientos fueron solo el comienzo. Hay casi una decena de empresas catalanas de gran tamaño que están negociando su llegada a Alcobendas. Además, el Ayuntamiento reconoce que ha tenido contactos con otras cincuenta firmas de la región mediterránea.

Un polo de desarrollo empresarial
Desde el punto de vista de la logística y las infraestructuras, Alcobendas tiene a su favor la cercanía al aeropuerto Adolfo Suárez y sus buenas conexiones con la capital de España. No en vano, la localidad vecina de San Sebastián de los Reyes está a apenas 30-40 minutos de la Villa y Corte, conectada por M-30, M-40 y A-1.

El paro en Alcobendas era del 5% antes del estallido de la crisis. Aunque llegó al 14% en 2012, la acelerada creación de empleo observada en los últimos años ha dejado esta tasa en el 8,5%. De hecho, sobre un total de 115.000 habitantes, Alcobendas tiene más de 108.000 afiliados a la Seguridad Social.

El Impuesto de Actividades Económicas en Alcobendas se sitúa como el sexto más bajo de toda la Comunidad de Madrid. Además, el consistorio bonifica el IAE durante los cinco primeros años a aquellas empresas que desembarcan en la ciudad de la mano del programa de inversión Fomento por el Empleo. También hay tasas más bajas que la media en IBI e Impuesto de Vehículos.

Una de las compañías que ha tomado nota de estas ventajas es Amazon, que abrió recientemente en Alcobendas un centro logístico de 15.000 metros cuadrados. Pero el ayuntamiento no se quiere dormir en los laureles y acaba de poner en marcha HUB Madrid, una iniciativa que ofrece asesoramiento integral y otras facilidades a todas las empresas que optan por fijar su sede en Alcobendas.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Y sin embargo, se mueve

El problema es que Puigdemont y Junqueras habían justificado su suerte con discursos congruentes que ya no admitían demasiadas enmiendas
Luis Herrero-Tejedor ABC 2 Diciembre 2017

Seamos sinceros: casi todos creíamos que Junqueras estaba dispuesto a hacer todo lo posible para salir de la cárcel. Las encuestas comenzaban a poner de manifiesto que renta más moverse entre Brujas y Gante que entre el economato del módulo de preventivos y la sala del vis a vis. Ni el victimismo carcelario enardece a los romeros del «procés» ni la evasión cobardica les encocora. De hecho, ERC cotiza a la baja y el PDeCAT, con nombre tuneado para enmascarar la mala reputación de su marca original, gana altura cada día que pasa. La continua presencia en los resúmenes informativos diarios es más eficaz que el heroico silencio entre rejas.

El problema es que Puigdemont y Junqueras habían justificado su suerte con discursos congruentes que ya no admitían demasiadas enmiendas. El primero no se había ido a Bruselas para eludir la cárcel, sino para darle a la causa independentista un altavoz internacional con que llamar la atención del mundo entero. El segundo, entretanto, había preferido ingresar en Estremera para dejar claro ante los suyos que no jugaba de farol y que asumía las consecuencias adversas de su desafío. A las duras y a las maduras. No quería pasar a la historia como el bravucón de pacotilla que se quitaba de en medio a las primeras de cambio.

Su apuesta era audaz. Pero también era una trampa para osos. Mientras Puigdemont seguía campando a sus anchas sin tener que cambiar una coma de su coartada, él se veía obligado a bajarse los pantalones ante el juez de cabo a rabo. La DUI no existió. La unilateralidad es perversa. El 155 es asumible. La Constitución es inviolable. La República puede esperar. O se tragaba esos cinco sapos sin pestañear, aunque al hacerlo quedara como Cagancho en Almagro ante los suyos, o regresaba a prisión y dejaba que su adversario, otrora cómplice de correrías independentistas, le comiera la tostada electoral de holograma en holograma.

Los más leales estaban dispuestos a cubrir con su manto la vergüenza de la indignidad. De la misma manera que Galileo tuvo que abjurar ante la Inquisición de su teoría heliocéntrica para evitar la hoguera, a su jefe -habían comenzado a decir- no le quedaba más remedio que abjurar de su adhesión a la causa de la independencia para evitar la mazmorra. «Eppur si muove». Mentir en legítima defensa no significa cambiar de credo. Una apostasía arrancada a la fuerza no tiene fuerza moral. Ese era el sendero argumental por el que yo creía que Junqueras iba a abrirse camino hacia la excarcelación menos indigna posible.

Pero me equivocaba. Al negarse a responder a las preguntas del fiscal compra muchas papeletas para seguir en la cárcel. ¿O acaso recibirá el mismo trato que a los que sí han respondido? ¿Ese silencio no tiene consecuencias? ¿Entonces, por qué no hizo lo mismo Forcadell si estaba asistida por el mismo abogado? ¿O es que Llarena piensa utilizar una vara de medir distinta a la que utilizó su colega de la Audiencia Nacional ante la misma conducta? El lunes saldremos de dudas, pero entretanto ha quedado claro que a Puigdemont y Junqueras les separa algo más que un cabreo pasajero. No son solo distintos sus discursos, también lo son sus comportamientos.

El líder del PDeCAT, al día siguiente de decir en TV3 que no renunciaba a la vía unilateral, ordenó a sus consejeros encarcelados que dijeran lo contrario en sede judicial para que les dejaran salir a la calle. La orden literal fue que dijeran lo que hiciera falta. Para él lo importante no es el mensaje -cada día dice uno distinto- sino la ocupación del espacio vacío que le ha cedido la estrategia de ERC.

Lo malo es que si a Llarena le da por no hacer distingos, un Junqueras enaltecido por su desdén al fiscal se apoderará del escenario en olor de multitud. Pincho de tortilla y caña a que en tal caso a Puigdemont se lo traga el olvido en menos de un santiamén y las encuestas vuelven a la órbita del sol.

Votar por la cordura
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 2 Diciembre 2017

El 22-D sabremos cuántos son culpables de dejarse engañar dos veces. Pocos, espero.

Hasta ahora los grupos ultras que viajaban por Europa llevando consigo un mensaje de odio eran los neonazis, los hooligans del fútbol y los anarquistas del Black Block. El 7 de diciembre Bruselas asistirá, estupefacta, a la invasión de una nueva hornada de militantes conflictivos. Llegarán, si las fuerzas belgas del orden no lo impiden, cinco vuelos charter y una flota de autocares cargados con agitadores enrolados en el movimiento subversivo catalán. Estos activistas llevarán consigo documentos españoles que les permiten transitar libremente por Europa, a pesar de que reniegan de su legítima nacionalidad y se proclaman súbditos de una república inexistente. En Bruselas se ha colado subrepticiamente, también gracias a su documento español, el Terminator que fracturó Cataluña: Carles Puigdemont. Es a él a quien van a rendirle pleitesía.

Arrogancia fascista
La Marcha sobre Bruselas, con la arrogancia fascista de la Marcha sobre Roma, es una extraña ceremonia de obediencia a un desertor que dejó en la estacada a sus compañeros de fechorías. Dicen que él y sus cortesanos componen un Gobierno en el exilio. "Fugados, que no exiliados", sentenció Josep Antoni Duran Lleida, que sabe por experiencia con qué bueyes ara ("Ficción y realidad", LV, 24/11). Y Antoni Puigverd, catalanista de pura cepa, tampoco pudo reprimir su desconsuelo ante la indecorosa profanación de un término venerable en que incurrían sus taimados cofrades ("La referencia", LV, 13/11):

Puigdemont puede ser leído como una parodia del larguísimo y trágico exilio iniciado por miles de catalanes y españoles después de la victoria de Franco. "¡No usarás el nombre del exilio en vano!". Este debería ser el mandamiento del catalanismo que conoció tantas formas de exilio exterior e interior.

La marcha de solidaridad con los prófugos completará la imagen escandalosa que esta tropa de insurgentes sectarios proyecta fuera de España. Irán con pancartas que exigen, en inglés: "¡Europa despierta! Ayuda a Cataluña" (LV, 24/11). Exhortación mendaz, porque Europa está despierta desde el comienzo del proceso y se solidariza con los ciudadanos catalanes-españoles y españoles-catalanes que son víctimas del veneno nacionalista (Jean-Claude Juncker dixit), mostrando su repudio a los victimarios hoy evadidos de la Justicia.

Portadores de la peste
El gurú Enric Juliana dedica dos páginas a explicar "La mediación que no llegó – La Generalitat pidió la intervención de relevantes personalidades europeas" (LV, 26/11). Y confiesa que esa operación solo encontró rechazos categóricos, después de haber captado intermediarios residuales en los sumideros de la política internacional.

Cuando los supremacistas identitarios fingen haber conquistado la simpatía de personas respetables, estas niegan el contacto como si quienes los abordan fuesen portadores de la peste. Un ejemplo ilustrativo es el del eurodiputado de la desguazada CiU Ramon Tremosa, quien tuiteó una fotografía en la que aparecían él y el ex primer ministro y líder de los socialistas belgas Elio di Rupo, juntos y sonrientes en un restaurante de Bruselas, con un mensaje en el que Tremosa agradecía las críticas del político belga a Mariano Rajoy. Informa la prensa (LV, 24/11):

Di Rupo no tardó en replicar a Tremosa y explicó que un "eurodiputado español" se le había acercado y le había pedido hacerse una fotografía. A continuación aclaró que este eurodiputado, al que no menciona por su nombre, "utiliza ahora [la imagen] con fines políticos españoles". "Si es necesario, reafirmo mi total oposición a la actitud de Puigdemont".

¡Toma castaña!
Trileros desahuciados
El desembarco de la tribu cainita en Bruselas adquiere contornos especialmente ofensivos ahora que su capitanejo se ha quitado la máscara y arremete contra la Unión Europea con el mismo encono con que lo hacen los atrabiliarios Boris Johnson, Marine Le Pen y Donald Trump, y el payaso Beppe Grillo. Que el último retoño del pal de paller hoy putrefacto que plantó la famiglia Pujol-Ferrusola califique a la Unión Europea de "club de países decadentes y obsoletos" supera la marca del cinismo contumaz. Sobre todo porque deja a la vista el hecho de que estos trileros mentían siempre que hacían votos de europeísmo y prometían a la masa encandilada un rápido ingreso triunfal en los organismos que ahora, tras ser desahuciados, osan impugnar.

Con su megalomanía enfermiza herida por el rechazo de los dirigentes y las instituciones del mundo civilizado, el Don Nadie prófugo dio rienda suelta a su instinto primitivo. Y lo hizo, para mayor escarnio, en la sede de ese "club de países decadentes y obsoletos, en el que mandan unos pocos, además muy ligados a intereses económicos cada vez más discutibles" (LV, 26/11). Con el añadido, propio de un mentiroso compulsivo, de que anhela que Cataluña esté en la UE para fortalecerla, lo que en su doble lenguaje implica abusar también de ella desde adentro. Un brindis al sol, porque Cataluña solo estará en la UE como parte inseparable de España y nunca por sí sola.

El colmo de la estulticia: el tahúr huye de la Justicia utilizando el pasaporte del país contra cuya existencia conspira, instala su piso franco en la metrópoli del sistema que él difama a coro con la chusma cupera, oculta que los "intereses económicos cada vez más discutibles" de su propio currículo son los que justifican las imputaciones de malversación y prevaricación que pesan sobre él y su pandilla, y anima a sus secuaces para que entren en tropel –siempre con los desdeñados pasaportes españoles– en Bruselas, para avergonzar a la mayoría de los catalanes con sus chirigotas rufianescas.

Aves de rapiña
Esto es lo que hay que dejar claro. Antoni Puigverd acusa a la sociedad española de aprovechar la derrota del secesionismo –que él reconoce– para humillar a los catalanes. ¡Vae victis!, sentencia ("¿La plaza de los discrepantes?", LV, 27/11). Escribe:

Una locuacidad ofensiva, sarcástica, quevediana que había sido el sello del sector más derechista de la prensa madrileña se ha generalizado en la opinión pública española a la hora de referirse a Catalunya (y no solo al independentismo, pues, según se dice, "una sociedad que ha permitido eso, está enferma"). El regaño, la burla y el varapalo retórico se imponen incluso en los periódicos de tono tradicionalmente aséptico y profesional.

Si Puigvert afinara la puntería, sería implacable con quienes generan equívocos agraviantes al usurpar la representación de "los catalanes", "el pueblo catalán", "Cataluña", cuando solo tienen el 48,7 por ciento de los votos, emitidos por el 36 por ciento del censo. La verdad es que son los catalanes racionales, emprendedores, cultos y solidarios, que conforman la mayoría de la sociedad, quienes deberían emplear la locuacidad ofensiva, sarcástica, quevediana, y el regaño, la burla y el varapalo retórico para retratar a las aves de rapiña que montaron, a sabiendas, el entramado de mentiras con que estafaron a millones de ciudadanos de buena fe.

Coto de latrocinios
No han sido la prensa madrileña ni la opinión pública española sino los gerifaltes del Politburó sedicioso quienes han degradado Cataluña al pasarse el Estado de Derecho por el forro, ahuyentando bancos, empresas, inversores, la Agencia Europea del Medicamento, turistas y consumidores. Con la secreta intención de rematar el putsch ejecutando una estratagema que todos los expertos daban por inevitable aunque los embaucadores lo negaran: la ruptura con la Unión Europea para crear un coto privado de latrocinios dependiente de Rusia, China, Qatar o quien fuera el mejor postor.

Para terminar, es verdad que si la sociedad catalana permitiera que se repita la estafa estaría enferma. No lo dice la prensa madrileña. Lo ha diagnosticado, con muy buen criterio y movido por el amor a su tierra, otro catalanista de pura cepa, Josep Antoni Duran Lleida, que escribió, en el artículo arriba citado:

Veremos qué deparan las urnas el 21-D. Mientras tanto, bueno será recordar el sabio consejo del presocrático Anaxágoras: "Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, la culpa es mía".

Patología psiquiátrica
Seré sincero: la lista del PSC que apoya públicamente Duran Lleida no me inspira confianza, entre otras razones por la falacia de la plurinacionalidad y porque defiende el anacrónico blindaje cultural y lingüístico en tiempos de Halloween, el Black Friday y la Shopping Night.

No importa. En mi artículo "El diálogo entre iguales" (LD, 24/11) sostuve que la opción es entre civilización y barbarie. Ahora, viendo la crisis fóbica de Carles Puigdemont contra la UE, el trance místico de Oriol Junqueras y el egocentrismo tóxico de Ada Colau, opino que el bando que identifiqué como el de la barbarie debe encuadrarse en una categoría más afín a la jerga de la patología psiquiátrica. Y Duran Lleida, que promete votar al PSC, mis amigos del PP y quien esto escribe, que votará a Ciudadanos por sus convicciones liberales, hemos optado por la cordura con los matices naturales del pensamiento crítico. Insisto: civilización contra barbarie, cordura contra alienación.

El 22-D sabremos cuántos son culpables de dejarse engañar dos veces. Pocos, espero.

La excarcelación no exime al juez de vigilancia
EDITORIAL El Mundo  2 Diciembre 2017

Cuando los griegos inventaron la democracia, consideraron que la política debía estar indisolublemente ligada a la virtud. Solón de Atenas o Aristóteles serían incapaces de comprender que hoy nuestros dirigentes puedan cometer perjurio a todas horas, con total impunidad, porque en nuestro tiempo lo que no está tipificado en el Código Penal parece liberar al procesado de cualquier vínculo con la ética más elemental. Oriol Junqueras, siete ex consellers del Govern catalán y los líderes de ANC y Òmniun, todos ellos en prisión provisional, apelaron ayer a un acatamiento puramente formal del artículo 155 de la Constitución para ser excarcelados, imitando así la jugada de la presidenta del Parlament Carme Forcadell. Pero independientemente de lo que decida el juez del Supremo el lunes, cabe preguntarse qué valor puede tener la palabra de quienes han hecho del perjurio un modo de entender la política y de gobernar. Sobre eso, como mínimo, no caben dudas de su culpabilidad.

El ex vicepresident y los consejeros accedieron a sus cargos jurando cumplir y hacer cumplir la misma Constitución que después no dudaron en dinamitar a través de un golpe rupturista. Ello explica que la Fiscalía mantenga que todos ellos deben seguir en prisión sin fianza. La mera promesa de acatamiento del artículo en vigor es a fin de cuentas una obviedad que no depende de sus respectivas voluntades. Y los delitos de sedición o rebelión que se les imputa son extraordinariamente graves.

En todo caso, el magistrado Llarena debe evaluar hasta qué punto hay una voluntad real de colaboración con la Justicia por parte de los encausados, y cuál es el margen de posible reiteración delictiva. En este sentido, ayer se observaron dos estrategias diferenciadas que presumiblemente tendrán alguna consecuencia. Mientras el grueso de los imputados respondió a los requerimientos de todas las partes, Junqueras y Romeva se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía. Su negativa a colaborar con el Ministerio Público se antoja una nueva burla al Estado de derecho, máxime cuando fueron los encarcelados quienes, para reclamar la excarcelación, solicitaron su comparecencia ante el juez Llarena en cuanto éste asumió la parte de la causa que estaba siendo instruida en la Audiencia Nacional.

A nadie se le escapa que Junqueras y Romeva -independentistas irredentos- miden cada gesto con cálculo electoralista. Temen dar un paso que pueda ser considerado como una claudicación vergonzante que sea aprovechada por el taimado Puigdemont. El prófugo ex president -gran rival ahora mismo de ERC- ha hecho de su fuga el único argumento de una campaña en la que trata de dar la vuelta al pésimo resultado que las encuestas auguraban a su partido.

La decisión del juez en modo alguno puede estar condicionada por la inminente cita con las urnas, si bien se prevé que se pronuncie sobre las posibles excarcelaciones el mismo día en que comenzará la campaña para el 21-D. Si los encausados quedan en libertad, el magistrado deberá estar muy vigilante ante la posibilidad de que, pese a la aceptación retórica del 155, en los mítines se vuelva a alentar la secesión por cauces que violan la legalidad.

En el terreno estrictamente político, los comicios deben servir no sólo para recuperar la normalidad institucional, sino para algo aún más fundamental: restaurar la convivencia y asegurar la libertad. El independentismo ha llevado a la sociedad catalana a un grado de polarización irrespirable. Fruto de ese radicalismo son episodios tan alarmantes como la aparición ayer de varios muñecos colgados de un puente cerca de la localidad de Malla, con carteles de PP, PSC y Cs. O la performance de un colaborador de TV3 explicando cómo se come "la papada del ministro Zoido" tras sajarla con un cúter. La Justicia deberá evaluar si existe delito de odio en expresiones tan infames. Más difícil será oxigenar la vida pública catalana. Esperemos que el 21-D ayude.

La libertad no puede ser a cualquier precio
OKDIARIO 2 Diciembre 2017

Pablo Llarena tiene un largo fin de semana por delante. Su nombre se oirá más que nunca en las próximas horas. La decisión que tome será la llave que abra o cierre la puerta de la cárcel para los golpistas Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Josep Rull y Jordi Turull; además de los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente. A nadie se le escapa que dejarlos en libertad desactivaría por completo el discurso de fatua demagogia que esgrimen los sediciosos cuando hablan de un “Estado opresor”. No obstante, la justicia debe huir de los complejos. La única opresión la han efectuado ellos al promover un golpe de Estado que trató de apropiarse de la mayoría constitucionalista que habita en Cataluña. Una maniobra antidemocrática por ilegal que pisoteaba los principios de la Constitución. Hechos que serían suficientes como para que siguieran en prisión.

Sin embargo, sus declaraciones de este viernes refuerzan aún más esta medida, ya que decir que aceptan la vigencia de la Carta Magna pero “dentro de sus márgenes de interpretación” es igual que reírse en la cara de todos los españoles, incluidos los profesionales de la justicia. Llarena no puede obviar la falsedad de estas palabras. Sólo hay que recordar que dos personas con la catadura ética y moral del huido Carles Puigdemont y de Artur Mas los habían conminado públicamente a que hicieran “lo que fuera necesario para salir de prisión”. En este caso, al igual que han demostrado en los últimos meses, necesario ha sido sinónimo de mentir. Mentir de un modo burdo, además, ya que ni siquiera se han acogido a la hipócrita ‘vía Forcadell’, sino que para tratar de quedar como mártires ante sus votantes, han dicho que la Constitución les parece bien pero siempre bajo su propio criterio.

Unos malabares con las palabras que traslucen la realidad: volverán al golpismo en cuanto salgan a la calle. De ahí que el juez Llarena no deba caer en la trampa dialéctica ni conceder una prebenda que no merecen. Para ellos las elecciones autonómicas sólo son válidas porque las utilizarán a modo de plebiscito y, sin duda alguna, los políticos citados anteriormente deberían estar totalmente inhabilitados para participar en unos comicios con plenas garantías legales tras impulsar el esperpento del pasado 1 de octubre. Por mucho que digan ahora que renuncian a la declaración unilateral de independencia, están los antecedentes inmediatos de todos ellos para desmontar esta táctica falaz. Afortunadamente, la Fiscalía ha estado firme y ha mantenido la prisión incondicional para ellos. De hecho, los han definido como parte de “una organización delictiva” que mantiene una “hoja de ruta” común y coordinada. Tras las declaraciones falaces de este viernes, esta denominación no puede ser más exacta. Llarena tiene la última palabra. Esperemos que la libertad no sea posible a cualquier precio, si no los españoles tendrán la sensación de que ir contra las leyes puede resultar muy barato a pesar de una reiteración inacabable.

España se enreda en la trampa catalana
XOSÉ LUIS BARREIRO RIVAS La Voz 2 Diciembre 2017

Un pésimo análisis del procés, disculpable solo hasta que Carles Puigdemont entró en escena, nos hizo asumir como algo sustantivo lo que solo era, como ahora sabemos, una monumental chirigota. Y, para que ese error se prolongase durante cuatro años, no solo hemos sobrevalorado a las masas y a los líderes, a los estrategas jurídicos y mediáticos, a la burguesía catalana, y a los que nos humillaron a todos desde su pedestal de engolada superioridad, sino que -hipnotizados por tertulianos, académicos, intelectuales abaixofirmantes, nacionalistas, obispos de Solsona, detractores de Rajoy y desnortados diversos- hemos asumido la idea de un pecado original, contra Cataluña, que nos paralizó y confundió hasta límites insoportables.

De esta cadena de despropósitos no hay ninguno más grave -porque para eso somos una nación de naciones de acendrada cultura católica- que esa sensación de culpabilidad -el pecado original- que nos hizo creer que le debíamos mucho a Cataluña, que habíamos empañado su historia con nuestra innata rusticidad y con los «¡ay, ay, ay» del cante jondo, y que tenemos que hacer mucha limosna y mucha penitencia hasta que nos puedan perdonar tanta ingratitud por nuestra parte. Y por eso me temo que, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, y de las infantiles trapalladas en las que nos hicieron picar, seguimos siendo incapaces de centrar el verdadero problema y de dejarlo madurar en su salsa, para poder dedicarnos a barrer, amueblar y calentar la casa común.

España sigue atrapada en un lazo que le impide gobernarse, modernizarse, aprovechar sus oportunidades y disfrutar de sus éxitos. Y cualquiera puede ver como determinados problemas, difíciles pero abordables, -financiación autonómica, reforma educativa, corredores ferroviarios y marítimos, política hidráulica y energética, lucha contra los incendios, ajuste de las pensiones y la sanidad, envejecimiento y despoblación- se complican severamente a causa de un País Vasco instalado en sus privilegios, y de una Cataluña que juega a perro del hortelano, que ni participa en ningún pacto, ni acepta ningún pacto que sin ella se pueda gestar. Y, para entender lo que pasa, basta ver como actúan en este negocio el PSC y los Comunes, que, en aras de convertir a Rajoy en la esencia del problema, están sirviendo de acueductos -o ponzoñeductos- por los que se expande el veneno que genera el independentismo catalán.

La idea de que Cataluña tiene que volver a ser lo que fue -un paradigma seductor en el que se inspiran todas las utopías y desafecciones de España- es una quimera. El procés, con su chulería agresiva, despertó la competencia de otros poderes, ciudades y organizaciones cívicas que ya no consideran inmutable el abusivo equilibrio anterior. Y cuanto antes asumamos que estamos en una nueva España, que hay que gobernar, mejor nos irá a todos, incluidos Iceta, los Pujol y el abad de Montserrat.

Euskadi nos roba o el "nacionalismo inverso"
El chantaje psicológico de ETA y el papel arbitral del PNV no permitieron que las anteriores cinco leyes quinquenales del cupo vasco fuesen controvertidas pese a su insolidaridad
José Antonio Zarzalejos elconfidencial 2 Diciembre 2017

Existe un malentendido sobre el Concierto Económico Vasco. Se dice que “está en la Constitución” y no es así. El sistema de financiación vasco y navarro se fundamenta en la disposición adicional primera de la Carta Magna que "ampara y respeta" los derechos históricos de los territorios forales. Y aunque el PNV no votó la Constitución de 1978, uno de esos derechos históricos es, precisamente, el modelo paccionado según el cual las haciendas vascas gestionan todos los impuestos concertados y la Comunidad Autónoma paga un cupo por los servicios que allí presta la Administración Central.

Un cupo cuya metodología se aprueba en el Congreso mediante leyes quinquenales y por el procedimiento de lectura única. El Concierto aparece en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía de Euskadi: "las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios". Se han aprobado hasta el día de hoy seis leyes de cupo, la última –y con gran polémica– el pasado día 23 de noviembre. Las cinco anteriores no provocaron ninguna diatriba. Y conviene explicar por qué.

La razón de la pacífica asunción del cupo –algo bien distinto al Concierto como tal– consistía en que el País Vasco se encontraba en una situación de grave inestabilidad y dramático azote del terrorismo. Los nacionalistas vascos han venido propugnando la interesada idea –luego se ha visto que falsa– de que los terroristas etarras serían receptivos a las "medidas políticas" que engrosaran el autogobierno vasco. Siempre fue una falacia: unos sacudían el árbol y otros recogían las nueces.

Por otra parte, el apoyo del grupo parlamentario del PNV –que ha oscilado entre cinco y siete diputados– ha resultado en muchas ocasiones, tanto para el PSOE como el PP, como una bisagra necesaria para completar mayorías. Es inolvidable el acuerdo entre Aznar y Arzalluz en 1996, paralelo al que consumó con Pujol. Que la desmemoria no traicione el diagnóstico.

La conjunción de ambas circunstancias –el chantaje psicológico de ETA y el papel arbitral del PNV en el Congreso– permitieron que nunca las primeras cinco leyes quinquenales del cupo fuesen controvertidas. Salvo UPyD, ningún grupo parlamentario votó contra ellas aunque la metodología de cálculo y el resultado del mismo fuesen netamente favorables a Euskadi como ahora han denunciado desde los economistas de Fedea hasta los valencianos de Compromís, pasando por los presidentes autonómicos populares de Galicia y Castilla y León y varios expertos en financiación autonómica. Y, naturalmente, Ciudadanos que ha sido un implacable contradictor de esta ley de cupo. Se da la circunstancia de que este cupo tan desequilibrado es un elemento más del agravio que esgrimen –esta vez con razón– las autoridades catalanas.

Soy foralista mucho antes de que Alfonso Alonso fuese algo en la política vasca y española. Por lo tanto, defiendo el Concierto vasco como el último residuo de la foralidad de los territorios históricos pero opongo al actual presidente del PP vasco una enmienda a la totalidad de su discurso que ha tenido amplio eco en la prensa vasca y escasa en la del resto de España. Dijo Alonso, en un desayuno en Madrid el pasado día 27 de noviembre, que la acumulación de protestas contra la ley de cupo se deduce de un "nacionalismo inverso" que sería aquel que proclama "Euskadi nos roba". Se trataba de desacreditar la postura de Cs, pero también de advertir a los suyos de que permaneciesen callados y de cohibir al PSOE que nunca ha sido amigo de este sistema paccionado, ni del Concierto ni del cupo.

El exministro de Sanidad mantiene que hay un "nacionalismo español" que busca situar al País Vasco "como enemigo de España". La afirmación es burda y no asume la realidad: en Euskadi acabó el terrorismo y sin el miedo de por medio, las lenguas se desatan; el cupo es objetivamente insolidario y el PP lo ha aprobado ahora (estaba pendiente desde 2006) pudiendo haberlo hecho en la X legislatura. Lo ha negociado (no calculado) ahora porque necesita al PNV para aprobar los Presupuestos. Es poco digno que un miembro eminente del PP se pronuncie en esos términos cuando sabe a ciencia y conciencia de qué manera el nacionalismo vasco ha abusado de su prevalencia política en el escenario del terrorismo de ETA.

Es una solemne majadería atribuir a los contradictores de la metodología del cupo un nacionalismo tan basto como para propugnar que "Euskadi nos roba" y endilgarles un "nacionalismo inverso". Sí al Concierto y al Convenio navarro. No a las leyes de cupo como precio político por apoyos parlamentarios, en este caso para el sostenimiento del Gobierno de Mariano Rajoy. De esta manera se pervierte el sentido de la singularidad vasca en la que debería compatibilizarse el procedimiento paccionado con el principio de solidaridad.

Impostura secesionista en el Supremo
Editorial larazon 2 Diciembre 2017

Carles Puigdemont formuló ayer la consigna a todos sus colaboradores encarcelados que tenían cita en el Tribunal Supremo: «Haced lo que haga falta para salir de la cárcel». Artur Mas remató minutos después en esa línea con su respaldo a «cualquier argumento de defensa» para recuperar la libertad. El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los siete exconsejeros catalanes y los líderes de ANC y Òmniun Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, cumplieron con el trámite en los términos planteados por su antiguo jefe desde Bruselas en su declaración ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena imputados por rebelión, sedición y malversación. Todos ellos solicitaron comparecer en cuanto el instructor acumuló las causas investigadas en la Audiencia Nacional con la esperanza de que cambiara su situación de prisión provisional y corrieran la suerte de Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament. Su planteamiento en origen pasaba por protagonizar una segunda tanda de acatamientos de todo lo que les pusieran por delante, es decir el 155 de la Constitución, amén de la renuncia a la vía unilateral para lograr la independencia y la apelación subsiguiente al pacto.

El juez Llarena interpretó en el caso de Forcadell y de sus compañeros que asumieron la legalidad y se sometieron a ella, lo que, a su juicio, fue suficiente para evitar la cárcel antes de una eventual sentencia firme. Sin embargo, los testimonios de ayer resultaron a la postre poco concluyentes y, por supuesto, menos convincentes, por más que las palabras de Forcadell en el Supremo también nos parecieran dudosas como fruto de un intento desesperado de no acabar en la cárcel. Con todo, los políticos separatistas presos intentaron mantener el guión original, pero marcado por las vaguedades, los dobles sentidos y la impostura, más allá de que se constataron diferencias en las estrategias de defensa de los exconsejeros de ERC y de los del PDeCAT e incluso con matices en los dos grupos.

Para empezar ni Oriol Junqueras ni Raül Romeva respondieron a la Fiscalía y el resto de los exconsejeros republicanos lo hicieron sólo a cuestiones puntuales. En el bando de los antiguos convergentes sí lo hicieron con una colaboración desigual. Esa falta de implicación con el Ministerio Público y, por tanto, con la Justicia, no favorece la sinceridad de sus compromisos. Más todavía si le sumamos que no hubo una renuncia expresa al logro de los propósitos golpistas y que su particular sometimiento a la Constitución lo fue en su condición de norma flexible e interpretable. Su apelación a los cauces democráticos y al diálogo tampoco pareció franco visto los antecedentes de lo que entendieron por democracia y diálogo en el pasado «procés».

No puede sorprender, por tanto, que la Fiscalía no interpretara lo que vio y escuchó como un giro suficiente en la actitud de los investigados y que optara por pedir que continúen en prisión al persistir el riesgo de fuga y de reiteración delictiva «ante la gravedad de los hechos investigados».El juez Llarena decidirá el lunes y puede entender que hay razones suficientes para no prolongar una medida excepcional como la prisión preventiva que no prejuzga el desenlace del proceso en el que están inmersos los exconsejeros por delitos gravísimos. Nuestro respeto a las decisiones judiciales no excluye, sino todo lo contrario, que entendamos que los peligros expuestos por el Ministerio Público no son fruto de su imaginación ni una baza forzada. No podemos olvidar ni relativizar que quienes permanecen en prisión o fugados en Bélgica fueron responsables ejecutivos de un plan que supuso un ataque directo a nuestra democracia, y que, si no acabó con nuestras libertades, no fue por la voluntad de los golpistas, sino por la fuerza de nuestro de Estado de Derecho.

¿Deberemos contentar al separatismo para que se modere?
“Los chantajistas emocionales ponen un precio muy alto a las relaciones: tenerlos contentos cuesta mucho” Anónimo
Miguel Massanet diariosigloxxi 2 Diciembre 2017

Hoy, en el TS, el juez Llanera ha interrogado a los separatistas catalanes, que todavía siguen en prisión, para valorar su petición de excarcelación basada, según han hecho constar sus abogados, en la predisposición de todos ellos de aceptar el Artº 155 de la Constitución y su disposición a prometer, cara al futuro, mantenerse dentro de los cauces de la legalidad. Como ya comentamos en otro escrito, es muy fácil (además así se lo ha recomendado, desde su retiro idílico en una ciudad Belga, el mismo Puigdemont) prometer aquello que, en realidad, no se está dispuesto a respetar si, mediante esta fórmula, meramente protocolaria, se consigue abandonar las incomodidades y el aislamiento debido a su estancia en una prisión del Estado.

Parece que la resolución del señor juez se va a retrasar al próximo lunes, pero nadie duda o, al menos, muchos tienen el convencimiento de que, en esta ocasión, pese a la opinión en contra del señor fiscal, que alega peligro de fuga ( yo preferiría creer que, el peligro más claro es el de reincidir, en un plazo más o menos largo en los actos delictivos que dieron motivo a su imputación por la jueza Lamela), todos los encarcelados van a ser puestos en libertad para que puedan presentarse y hacer campaña electoral ( en favor del independentismo), durante los días que quedan hasta el 21D, fecha de la celebración de las anunciadas elecciones autonómicas para Cataluña.

Es obvio y a nadie se le oculta que, los partidos que se presenten bajo las siglas de Junts per Cataluña, en principio el PDEcat y los demás que decidan adherirse, intentarán, en la medida que se lo permita la Junta Electoral y las leyes de la nación, presentar estos comicios de tipo autonómico, como un plebiscito (algo que ya hicieron en aquel simulacro ilegal del 9N del 2014) sobre si, los ciudadanos catalanes, desean la independencia o la rechazan. Una victoria, aunque fuera pírrica, del grupo independentista, en escaños, bastaría para que ellos la vendieran como la confirmación de que, en Cataluña, esta opción tiene la mayoría suficiente para tirar adelante el famoso process; quizá no de inmediato, pero sí a la menor ocasión (cambio de gobierno del Estado, salida del PP y entrada del PSOE o cualquier otra combinación de partidos gobernantes, que no fueran tan taxativos en el respecto a la Constitución) que se les presentara y que fuera más favorable a sus pretensiones.

Insistimos en la precariedad de lo conseguido con la aplicación del 155 y del escaso fruto que, en relación a cortar de raíz, al menos por un largo plazo, las aspiraciones independentistas de los catalanes, se ha sacado de esta medida que debería haber entrado a resolver el problema del adoctrinamiento en las escuelas y en las universidades catalanas, sobre los escolares y universitarios, a los que se les ha educado en la creencia de que España se aprovechaba de los ciudadanos de Cataluña; que el resto de autonomías se beneficiaban de la riqueza de esta autonomía; que los catalanes eran los que trabajaban en España y el resto vagueaba o que la riqueza de España estaba concentrada en Cataluña y el resto de españoles deseaban esquilmarla. La aplicación de esta intervención estatal en la comunidad catalana, provocada por la deslealtad, la rebelión y el desafío del independentismo, lejos de dejar un resultado positivo, de haber realizado una limpieza de cargos ocupados por independentistas y de haber evitado que, la propaganda de medios como TV3 o Cataluña Radio, hubiera cesado; impidiendo que todos los paniaguados extremistas que se han ocupado de ellos durante años, pudieran continuar usándolos para, desde ellos, difundir con plena indemnidad todos los bulos, mentiras, engaños y falsas informaciones de las que se han ido valiendo, para convencer a los miles de catalanes que han caído en la trampa de que era necesario quitarse de encima a la nación española y al resto de los españoles que eran los que se venían “aprovechando” del “trabajo” de los catalanes. Todo sigue igual: los de la TV· y de Radio Cataluña mantienen en alto sus ataques al Gobierno español y siguen sembrando cizaña sobre las actuaciones de los representantes del Gobierno que se han hecho cargo del control de las finanzas catalanas.

Han llegado al colmo de querer achacar a la aplicación del Artº 155 de la Constitución, la disminución de la llegada de turistas; la reducción de las ventas en el comercio; el éxodo masivo de empresas que parece que, cada vez, en lugar de disminuir como se presumía con la llegada del 155, sigue aumentado debido a que nadie confía en que, como al principio se creía, sus efectos se prolonguen más allá del tiempo de su duración de carácter excepcional. La posibilidad, más que probable, de que los que han sido los causantes de que se haya llegado a este extremo - en parte por la debilidad del gobierno de Rajoy y, en parte, por la tendencia de la Justicia a evitar, en lo posible, tomar medidas que pudieran considerarse, erróneamente por supuesto, de carácter político – tengan la posibilidad de volver a ocupar sus antiguos puestos en la Generalitat y en el mismo Parlamento de Cataluña, hace pensar que, toda esta parafernalia en torno a la necesidad o no de aplicar el 155, habrá sido, con toda probabilidad, inútil, insuficiente, sin resultados tangibles y, en el mejor de los casos, un simple lapso durante el cual, los independentistas, seguirán conspirando para intentar conseguir el resquicio legal o los apoyos externos que les permitan volver a la carga dentro de uno, dos o tres años.

Observen como el PSOE, a través de sus representantes del PSC, entregado a su comodín en Cataluña, el señor Iceta, ya está maniobrando para partir peras con los del PP, buscando el apoyo de los situados más a su izquierda, como pudieran ser los de Podemos o los anarquistas de la CUP, para formar un gobierno siempre que, el próximo presidente de Cataluña, fuera él. Lo niega, porque sabe que esto le restaría los votos que intenta arrebatar a los más moderados del PDEcat o los que piensa que puede conseguir a costa de C´s, ya que pocos o ninguno podría sacar de un PP que, en Cataluña, tiene nulas posibilidad de obtener un resultado mejor del que ha venido consiguiendo en las últimas elecciones que se han celebrado. La descabellada propuesta de Iceta, presentada en un momento de lo más inoportuno, mostrando su poca sintonía con los restantes partidos constitucionalistas, menos con el PSOE de P.Sánchez, que todavía sigue en esta actitud equívoca de la que mucho nos tememos va a sacar provecho en el momento en el que decida poner en un brete a Rajoy y su gobierno.

Una anotación sobre Podemos. Es evidente que el señor P.Iglesias, cada día más cuestionado dentro de su propio partido, alejado de muchos de sus colaboradores más destacados, como es el caso de Errejón o de Carolina Bescansa; parece dispuesto a jugar a erigirse en defensor de los separatistas catalanes y conseguir su confianza ( no sabemos, exactamente, cómo están sus relaciones con la díscola Ada Colau, que parece ir por libre) en vistas de establecer en la comunidad catalana su cabeza de puente, seguramente confiando en el evidente sentimiento izquierdista de los catalanes, demostrado a través de años en los que ERC, los comunistas y, en tiempos más recientes, los mismos socialistas que, durante muchas legislaturas consiguieron las mejores votaciones en los municipios catalanes y en el mismo Parlament de Cataluña. La posibilidad de que esta situación se produzca en la autonomía catalana dependerá de las agallas, la determinación y el valor de quienes tienen en sus manos los medios para conseguir darle la vuelta a esta pintoresca y amenazante situación. En caso contrario, es posible que dentro o fuera de España, la autonomía catalana y algunas otras que puedan optar por seguir su ejemplo, se convierta en un peligro, no sólo para España y el resto de españoles, sino para la propia Europa, que va a verse seriamente amenazada desde otro foco del comunismo que nos ha venido apoyado por la Venezuela del señor Maduro.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, cuando escuchamos el proyecto de Iceta de pedir que el Estado condone a los catalanes su deuda ( más de 52.000 millones de euros), como si todo lo que han hecho sus responsables, invirtiendo parte de lo recibido de la financiación del Estado o de los préstamos a través del FLA, en la creación de una administración paralela a la del Estado español, con el claro propósito de estar preparados para el caso de que tuvieran que hacerse cargo (si lograran conseguir la independencia) no hubiera sido despilfarrar todo lo que se les ha dado; pensamos que ya es hora de que se les enseñe a administrarse haciendo que se ajusten el cinturón de la moderación en el gasto. Una parte de la deuda total catalana (unos 70.000 millones de euros o más) se debe a que una parte importante de lo recibido del Estado español lo han dedicado a fines que nada tenían que ver con lo que les interesaba a los ciudadanos de Cataluña, sino más bien a sueldos, compras, gastos de administración y otros relacionados directamente con sus proyectos secesionistas. Si no se actúa con firmeza el problema va a persistir.

LOS INTELECTUALES Y ESPAÑA
"El problema catalán viene del egoísmo de los payeses catetos"
EMILIA LANDALUCE El Mundo 2 Diciembre 2017

José Manuel Roldán (Madrid, 1941) conoce bien los orígenes de España. La primera vez que existió un Estado con proyección política y geográfica fue durante el Reino de Toledo. Otra cosa fue Hispania, provincia de Roma, unificada culturalmente y comunicada por una amplia red de infraestructuras, de la que este catedrático de Historia Antigua es referencia ineludible.

Está muy de moda remontarse a Hispania para hablar de España.
Hispania era una provincia subordinada al Imperio Romano. La primera vez que la península Ibérica se convierte en un Estado con una proyección geográfica y al mismo tiempo estatal y política es con los visigodos, en el Reino de Toledo.

Pero España es hija de Roma.
Sí, desde luego, aunque sólo sea por el hecho de que hablamos una lengua que desciende del latín. Y por la unificación que se produce con la conquista por parte de Roma de toda la Península. Pero somos romanos sólo gracias a Escipión; si llega a ganar Aníbal la II Guerra Púnica hoy seríamos fenicios.

En Roma ya existía el populismo.
Era distinto a lo que nosotros consideramos como tal. El populismo romano es una tendencia que nace hacia la mitad del siglo II a.C., propiciada por unos cuantos nobles individualistas que estaban en contra de la política de la oligarquía, de esas 15 familias mafiosas que controlaban el Senado.

O sea que el Senado de Roma hacía más que nuestro Senado.
Me temo que bastante más. Volvamos al populismo. Del Senado se desgajaron individuos que por afán de poder interesaron al pueblo en una política que Cicerón calificó de "populista". ¿En qué consistía? En aristócratas que manipulaban y atraían al pueblo con cantos de sirena en muchos casos impracticables. Con repartos de tierras, trigo o dinero. No voy a decir que repartiendo bolígrafos porque no había, pero con cualquier método de corrupción.

Lo de la oligarquía manipulando a la masa suena un poco a Cataluña, ¿no?
Yo creo que el problema catalán hunde más bien sus raíces en el individualismo egoísta del payés cateto, que no piensa en un alto porcentaje de población que no comulga con sus decimonónicas ideas, invocando la democracia. Pero... ¿sabe una cosa? El término democracia, tanto aquí como en otros muchos contextos, ha sido envilecido y prostituido. Democracia es interesar al pueblo en política y hacerle participar en la gestión del Estado, pero hoy en realidad sólo se trata de unos individuos que intentan atraer a los votantes con promesas -en muchos casos, irrealizables- para que les voten cada cuatro años. Como dijo Aristóteles, esa democracia se acaba transformando en oclocracia, el gobierno de la muchedumbre dirigida por un demagogo.

¿Se puede hacer algún paralelismo con la Antigüedad?
Las condiciones son muy diferentes pero habría que tener muy presentes los dos grandes peligros que abocan a la destrucción de la democracia: la mediocridad de los dirigentes y, desgraciadamente, la corrupción, tan antigua como la propia Humanidad. Me temo que corremos el riesgo de derivar hacia ese gobierno de la multitud, manipulada por unos dirigentes con intenciones espúreas, en una especie de preámbulo a la tiranía o la dictadura.

El retorno de los césares...
Sí y no. Tampoco podría decirlo de una manera tajante. La muchedumbre, como masa carente de cultura o con una cultura interesadamente manipulada, tiene sólo como referencia la televisión, con contenidos pensados, como mucho, para adolescentes.

En Roma no hubo nada parecido al prusés.
En la Historia, sí. Cataluña ya lo ha intentado varias veces durante los últimos cuatro siglos y la mayoría de ellas ha acabado en baño de sangre. Excepto en esta ocasión, que, afortunadamente, sólo ha quedado en el ridículo... El tema me aburre bastante.

Le tengo que preguntar por España.
El problema catalán es un tema menor que ha crecido sólo por la miopía de los políticos. No se dieron cuenta de que estaban engendrando un monstruo. ¿Quién era ERC hace 40 años? Algo minoritario. Para nostálgicos. Pero en los últimos 40 años se han lavado muchos cerebros. Fíjese en dónde está ERC.

La Historia sirve para manipular.
Es que la Historia objetiva no existe. La Historia siempre la hacen los historiadores, y los historiadores son subjetivos. La dejadez del Gobierno central ha permitido que se alimenten espíritus tiernos con teorías tan disparatadas como que Cervantes se llamaba Miguel Servant o que Colón en realidad era Colom.

Si la Historia es subjetiva. ¿Para qué estudiarla? ¿Y las humanidades?
Las humanidades sirven precisamente para hacernos humanos. Yo creo que ésa sería la mejor definición. Simplemente para saber de dónde venimos y adónde vamos, para ser un hombre (si fuera políticamente correcto, tendría que decir "o mujer"), libre e inmune a cualquier intento de manipulación.

¿Qué consecuencias puede acarrear el abandono de las humanidades en la educación?
Un país se puede destruir completamente por muy rico que sea. Cuando estudiaba en Salamanca, recelábamos de Venezuela porque los estudiantes que llegaban de allí, nos encarecían la vida, con su plata de país rico. ¿Y cómo se ha podido destruir un país así en 30 o 40 años? También, del mismo modo, se puede destruir la educación. Cada plan de estudios ha tratado de emular al anterior deteriorándolo un poco más. Nos hemos lanzado a crear Universidades sin ton ni son, en muchos casos por el necio orgullo de no ser menos que la provincia vecina. La veneración que en nuestra época de estudiantes sentíamos por quienes llamábamos maestros, ha degenerado, como mucho, en tolerancia por una multiplicación de docentes cuyo único mérito ha sido la paciencia en calentar una silla. Mire, Brandeburgo es un Estado federal alemán, con prácticamente la misma extensión que la Comunidad de Madrid. Pues en Brandeburgo no llegan a una veintena los docentes universitarios de Historia, con una producción científica de prestigio mundial. En la Comunidad de Madrid sobrepasamos los 300, con una población bastante menor. No es la cantidad, sino la calidad lo que cuenta.

¿Cuál es el gran problema de España?
El gran problema de España, como el resto de los países de su entorno, es la insolidaridad. Y aquí particularmente, el gran problema es el Estado de las autonomías. El sistema, en lugar de ayudar a un desarrollo más armónico de las regiones -regiones, no naciones- de España, ha contribuido a ahondar en las diferencias entre ellas y a luchar ferozmente por prosperar a costa de las demás. Soy español: nací en una región, me eduqué en otra y me he instalado en una tercera y todas ellas son mi casa, mi patria (¡qué miedo produce la palabra!). Pero el que no ha salido nunca del terruño, termina creyendo que es el mejor, que él también es mejor que los demás y que tiene que reivindicarlo en eterna disputa con el vecino. Recuerde el anuncio de lavavajillas con la disputa entre Villa Arriba y Villa Abajo por quién limpiaba mejor los platos o la paellera. Es decir, que desembocamos en el egoísmo, algo que ha nacido ahora, pero que estamos exacerbando. Y los políticos así hacen por arañar un puñado de votos.

PP, PSOE, Podemos han votado a favor del nuevo Cupo vasco.
¿Cómo puede ser eso así? ¿Cómo puede haber ciudadanos de distintas categorías en una democracia? En época pasadas podía entenderse la sociedad de estamentos o de clases, jurídicamente distintos, pero en una democracia es inconcebible. ¿Cómo puede ser que en Navarra te traten en un hospital como ciudadano de primera categoría y en Andalucía, no? O nos tomamos de nuevo en serio el tema de la solidaridad o esto será un sálvese quien pueda. Eso es lo que están haciendo con la lucha por el Cupo. Repugnante.

Dice usted que los políticos son mediocres. ¿No hay ninguno que tenga la talla de, por ejemplo, Julio César o de Augusto?
No, todos son mediocres.

¿Ni siquiera tan viciosos como Tiberio o Calígula?
Bueno, en el caso de Tiberio no está tan claro, a pesar de nuestro Marañón. Tenía un gran sentido del Estado, quizás más profundo que el de su padre adoptivo (Augusto), pero las circunstancias le sobrepasaron. Y Calígula, si tenemos en cuenta su desgraciada infancia, no debe extrañar que se comportara como un hijo de puta con quienes habían contribuido a crear su infortunio.

¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? (Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?).
Catilina en el fondo era un señorito calavera, comido de deudas, que por el camino del populismo intentó una huida hacia adelante.

Hacen falta cronistas como Suetonio.
Suetonio me recuerda a Elsa Maxwell, la venenosa columnista de los 50, pero trasladado a la época de Adriano. En realidad la mitad de las cosas que cuenta, ni se pueden demostrar ni son creíbles; es poco fiable, aunque no puede negarse que sus chismes son entretenidos.

Ahora mismo, por ejemplo, en muchas universidades, se está imponiendo lo políticamente correcto hasta en los programas de estudios.
Uni... ¿qué? Qué majadería, ¡por Dios! Voy a tener que tomarme en serio la teoría sobre la decadencia de los pueblos. Intentamos proteger todo de tal manera que al final carecemos de recursos para reaccionar ante cualquier dificultad. Y no sé si en el mundo occidental está pasando eso.

Como en la decadencia del Imperio romano.
Cualquier tipo de paralelismos en Historia es arriesgado. Yo prefiero hablar del mundo actual y dejar el pasado como fue, o como hemos hecho creer entre todos que fue. Sí puede hablarse de una decadencia. El ser humano se distingue del animal, aunque también seamos animales, precisamente por la razón, el sentido ético, por un comportamiento social, distinto y superior al de los animales. Y ese comportamiento de alguna manera lo estamos perdiendo. El dinero ha enterrado a la razón, la moral y la ética. Y eso puede ser peligrosísimo, porque, al primar al individuo sobre el colectivo, destruye el ser social.

Usted que ha leído mucha historia, y decimos que la historia sirve para saber lo que va a pasar.
Imagínese que dejamos de estar integrados en la UE o la OTAN. ¿Sabe en qué puede acabar un país con diecisiete naciones distintas que se odian unas a otras? No voy a decir que lleguemos a una guerra civil porque ya ni siquiera sabemos manejar un fusil. Pero existen fuerzas externas que podrían intentar acabar con él o someterlo, quizás no en una guerra tradicional, sino con técnicas mucho más peligrosas como el terrorismo o la guerrilla urbana. Y ya sabe a qué me refiero...

Alguien de Podemos le diría que lo que hay que hacer es feminizar el mundo.
Desde mi punto de vista, existe una unidad o complementariedad del ser humano que se está violentando. ¿Por qué se considera el asesinato de una mujer como violencia de género y el asesinato de un hombre a manos de su pareja como un simple homicidio?

Dicen que a los hombres les matan menos.
No voy a decir que no, pero también hay hombres que viven acobardados por su pareja.

Claudio era un hombre maltratado por su mujer, ¿no? Mesalina...
Ridiculizó a todo un emperador casándose con uno de sus amantes, mientras estaba ausente de Roma. Pero otra de sus esposas, Agripina, se encargó de él.

A Roma le importaba poco las mujeres.
Solo las ricas y poderosas. Pero tampoco contaba la mayoría de la población: campesinos, artesanos, esclavos...

En realidad ahora estamos viviendo en un momento, digamos, excelente de la historia desde el punto del bienestar económico y de los derechos.
Desde el punto de vista de los derechos individuales del ser humano no ha existido una época como la nuestra.

¿Qué le parece Rajoy?
Un buen parlamentario pero demasiado prudente. La decisión y el paso hacia delante son fundamentales para el que aspira a líder: audaces fortuna iuvat.

Cicerón tampoco era muy valiente.
Y así, por intentar navegar en aguas de todos, pagó con un final terrible sus titubeos: muerto por un esclavo mientras huía de Roma como una rata. Su peor enemiga, Fulvia, la mujer de Marco Antonio, le arrancó la lengua y la pinchó en un alfiler del pelo, mientras hacía rodar su cabeza a puntapiés.

LAS INVESTIGA LA ALTA INSPECCIÓN
Nuevas denuncias de adoctrinamiento en colegios de Cataluña
La Gaceta  2 Diciembre 2017

La Alta Inspección de Cataluña ha tramitado nuevas denuncias por supuestos casos de adoctrinamiento en colegios catalanes, que se sumarían a las que ya han llevado a Educación a realizar hasta el momento tres requerimientos a la Generalitat.

El departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha realizado tres requerimientos (27 de septiembre y 5 y 27 de octubre) por las denuncias de supuestos casos de adoctrinamiento, y a los dos primeros la Generalitat ha respondido enviando sendos escritos de alegaciones con entrada en el Ministerio los días 3 y 23 de noviembre, respectivamente.

Fuentes del Ministerio de Educación han explicado que se va a solicitar que la inspección educativa investigue las nuevas denuncias en los centros educativos correspondientes.

Las mismas fuentes han asegurado que se están estudiando las citadas alegaciones y, en algún caso, se ha solicitado una “ampliación de información”.

Sobre la posibilidad de que el Ministerio acuda a los tribunales, es decir, inicie un proceso contencioso-administrativo respecto a los primeros requerimientos si Cataluña no responde adecuadamente a ellos, las mismas fuentes han afirmado que la decisión se adoptará “cuando se haya completado la fase de revisión e información”.

En cuanto al tercer requerimiento, con fecha 27 de octubre, la Generalitat ha adelantado una respuesta, aunque Educación está pendiente de recibir “el escrito oficial para darle registro de entrada”.

Fue a raíz de la jornada del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, cuando Educación recogió denuncias de supuestos casos de adoctrinamiento acaecidos en centros catalanes y de acoso a hijos de guardias civiles y policías nacionales.

“Se ha constatado que, desde las aulas y las direcciones de los centros educativos, se permite y fomenta el adoctrinamiento del alumnado menor de edad, incitando al rechazo hacia España y utilizando el horario lectivo para realizar actividades cargadas de ideología política”, se señala, por ejemplo, en el segundo requerimiento realizado por Educación.

Entre los ejemplos aportados por Educación, se encuentra el de un colegio de los jesuitas del Clot (Barcelona) donde se escenificó un cuento para niños de 7 años donde se presenta un “final feliz” consistentes en que “se mata el rey y a los policías malos”.

Y en el colegio Albert Vives, en La Seu d’Urgell (Lleida), una madre ha denunciado que la profesora de su hijo de segundo de Primaria les dijo que “los guardias civiles y los policías son malos”, que los “únicos buenos son los mossos”.

UN AMBIENTE INSOPORTABLE
Médicos catalanes barajan irse de la región si la situación no mejora
Pepe Gª Saavedra gaceta.es 2 Diciembre 2017

Un grupo de médicos de Barcelona críticos con la dirección del Colegio ha realizado una encuesta interna entre los facultativos para conocer su impresión y sus perspectivas de futuro por el ‘procés’.

En la encuesta han participado más de 500 profesionales, de los que la mayoría lleva ejerciendo más de 15 años. De ellos, el 58,6% trabaja en atención hospitalaria, mientras que el 41,4% lo hace en atención primaria. Un 61,2% realiza su labor en el ámbito público, un 10,5% en la privada y el 28,3% restante compatibiliza ambos.

La situación en Cataluña atraviesa uno de sus momentos más tensos, con la sociedad fracturada por la mitad y los principales puestos directivos ocupados por seguidores del independentismo.

Es el caso del Colegio de Médicos de Barcelona. Hace unos meses decidió posicionarse en contra de la aplicación del 155 de la Constitución y se alineó con las tesis separatistas. Una postura que no extrañó a los facultativos, que recordaban a este diario que el actual presidente de la institución, Jaume Padrós, está muy vinculado a Convergencia, partido por el que fue diputado autonómico.

Tras la queja de más de 1.500 profesionales, Padrós reculó y eliminó la nota en la que despreciaba el Estado de derecho y apoyaba a los independentistas. Estos médicos díscolos consiguieron que su Colegio se comprometiera a no hacer más declaraciones políticas públicas.

Pero más allá de esta pequeña conquista, la situación sigue siendo insostenible. La convivencia se ha tornado imposible y la Generalitat sigue paralizada. Recordaba el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, durante un debate en el Parlament en el mes de octubre que la Comisión de Sanidad lleva sin convocarse desde julio.

Por eso la inquietud se ha instalado entre los médicos. A la pregunta ‘’¿Ha considerado irse a trabajar fuera de Cataluña a causa de la situación política?’’ un 70,7% ha respondido afirmativamente. Y el 94,3% de ellos considera que sería bueno crear una plataforma por territorios y especialidades que les ayude a buscar trabajo fuera de la región.

Quejas particulares
Los médicos también han compartido sus impresiones en la encuesta. La mayoría coincide en que su Colegio debe limitarse a tratar las cuestiones médicas y considera que los salarios de los profesionales deberían mejorar. Estas son algunas de estas opiniones particulares:

‘’Es probable que la situación mejorase a largo plazo pero no me apetece sufrir ese período de tiempo. Prefiero irme a ayudar a los que lo sufrirán sin comerlo ni beberlo que a los insolidarios que lo han provocado. ¡Y soy primera generación catalana! ¡Me echarán de mi casa!’’.

‘’Me parece un disparate, 17 sanidades en España y que los COM (Colegios Oficiales de Médicos) se pronuncien políticamente… ’’.

‘’Debería haber colegiación nacional con la que se pueda trabajar en varias comunidades autónomas y provincias’’.

‘’Estoy en la residencia y era de otra comunidad autónoma. Es tremendamente agobiante la incertidumbre de qué pasaría con el título de especialista si Cataluña se independiza’’.

Y luego están quienes piensan que el ‘procés’ no tiene nada que ver:

‘’La Sanidad catalana hace muchos año que está mal y no tiene nada que ver con la situación política actual, pero sí porque el Gobierno español no la ha favorecido’’.

EN UNA TELEVISIÓN GALLEGA
Ariza pone en evidencia la ‘buena educación’ del separatismo gallego
La Gaceta   2 Diciembre 2017

Responde a los contertulios que en una falta de cordialidad sin precedentes han hablado en gallego cuando varios de sus interlocutores no conocen esa lengua.

El presidente del Grupo Intereconomía y editor de La Gaceta, Julio Ariza, ha puesto en evidencia la “buena educación” del separatismo gallego en el programa Sesión Abierta de Telemiño, una televisión local de Orense.

Ariza ha respondido a los contertulios que en una falta de cordialidad sin precedentes han hablado en gallego cuando varios de sus interlocutores no conocen esa lengua.

“Cuando llegué a Barcelona con 23 años no hablaba catalán, hablaba en español y cuando alguien detectaba que no hablaba en catalán me respondían en español. Lo agradecía. Me parecía un síntoma de civilización. Tras la ley de normalización lingüística hubo un cambio, les hablaba en español y me contestaban en catalán. Preferían distanciarse. En este caso primaba la reivindicación sobre el afecto, la cordialidad. Fui diputado en el Parlament por el PP durante siete años. Siempre hablé en catalán, pero una vez lo hice en español. Se levantaron 40 o 50 diputados a insultarme y llamarme fascista, y fui portada de La Vanguardia. Ustedes ya están en la segunda fase”, ha dicho


 


Recortes de Prensa   Página Inicial