AGLI Recortes de Prensa   Lunes 4  Diciembre 2017

Nunca tantos fueron dañados tanto por tan pocos
Roberto Centeno elconfidencial  4 Diciembre 2017

El 21-D, los golpistas rondarán los 67 escaños y con la ayuda de los guerracivilistas Iglesias y Colau, una “organización criminal”, según el auto de la jueza Lamela, volverá a gobernar Cataluña. Además, y al igual que en febrero de 1936, no aceptarán como legítimas unas elecciones en las que no sean ganadores, pues vista la cobardía de Rajoy, están convencidos de que el pueblo español está dispuesto a dejarse atropellar indefinidamente. Lo único seguro del 21-D es más incertidumbre, más hundimiento económico y más fractura social. Pero si un 55% de catalanes —o un 74% con el PSC, donde Iceta está en venta al mejor postor— vota a estos adalides de la desinformación y de la mentira, además de gestores desastrosos, y al cobarde de Puigdemont pidiendo salir de la UE, sencillamente merecen todo lo que les pase.

El presidente de la Cámara de Comercio norteamericana en España, Jaime Malet, resumía así en 'Expansión' el desastre: “Una de cada tres empresas con más de 50 trabajadores se ha ido. Hay ya planes para trasladar las unidades productivas fuera de Cataluña”, “todos los artículos en medios extranjeros y declaraciones como las de Puigdemont y otros, que siguen en la ruptura de la legalidad y el insulto a España, están espantando a las multinacionales”. “Junqueras es un inútil y un mentiroso, capaz de decir que no pasa nada porque se vayan las empresas; ¿cómo un vicepresidente económico puede ignorar la enorme pobreza y desempleo que eso va a generar?”. A día de hoy, la tasa de ahorro bruto es del -4%, el déficit de financiación del 9% respecto a sus ingresos corrientes, y la deuda del 300% de sus ingresos operativos.

Y no es cuestión de que TV3 y La Sexta —subvencionadas por Rajoy con cargo a los PGE— destilen veneno a toneladas, son los hechos que están viendo cada día: las 2.900 empresas que ya han salido de Cataluña, la fuga masiva de depósitos que supera los 50.000 millones de euros, el hundimiento de las inversiones, la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento, que hubiera atraído más de 1.600 empresas, el desplome del 4% del consumo interno o el crecimiento del paro. Parafraseando a Churchill, “nunca tantos fueron dañados tanto por tan pocos”, pero si para muchos la realidad no son los hechos sino las falsedades, si minimizan lo ocurrido como si fueran niños, o si tanto odian a España que eso les ciega, pues entonces si se quieren suicidar, que se suiciden.

El largo camino al desastre
Todos nuestros males políticos —independentismo, insolidaridad y diferencias territoriales sangrantes, modelo de Estado disparatado económicamente insostenible e institucionalmente corrupto -económicos-, crecimiento por debajo de nuestro potencial durante 40 años, mayor endeudamiento público de nuestra historia y mayor presión fiscal sobre las clases media y trabajadora jamás conocida— y sociales —mayor desigualdad de renta y riqueza de Europa, sistema de pensiones quebrado y un sistema de enseñanza pública de los peores del mundo desarrollado— tienen su origen en la nefasta Transición y el régimen del 78, el más venal e incompetente de Europa.

Y en el ámbito de la Justicia Española los intereses políticos están por encima de la ley, porque así lo impuso la monarquía oligárquica del 78 para repartirse el botín del Estado sin riesgo penal alguno. Rajoy es hoy la mano que mece la cuna pero quienes toman las decisiones son los jueces. El viernes se mofaron del Supremo, de los españoles y de España, pues solo “acatarán” la ley “a su manera”. El juez instructor pudo decidir, pero no se atrevió y prefirió consultar a la sala. Si decide liberar a estos sediciosos, las togas y los tribunales no solo se cubrirán de oprobio, es que se perderán definitivamente hasta las apariencias de un Estado de derecho.

En línea con ello, el presidente de Freixenet y presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, apela al pacto con esta organización criminal, para “resolver” el desafío independentista. El Sr. Bonet pide a los poderes públicos más diálogo con una organización criminal que ignora la ley, la Constitución y el Código Penal, y que estaría en la cárcel en cualquier Estado donde el Gobierno cumpliera la ley. Y pide al resto de los españoles que “demuestren que quieren a los catalanes”, pero no que cese en Cataluña el adoctrinamiento en el odio y la persecución a todo lo español, ni que cese el boicot institucional a la compra de nuestros productos, ni nada de nada, solo que pongamos la otra mejilla. O sea, pide más de lo mismo que ha conducido precisamente al golpe de Estado separatista.

El desastre se inicia con el 'café para todos' de Adolfo Suárez, de quien el propio Rey acabaría afirmando que era un desastre sin paliativos. Fue el inspirador del consenso por el cual los partidos renunciaban a su ideología y a sus principios a cambio de recibir su parte en el reparto del botín del Estado, a cuyo efecto dividirían España en 17 trozos contrarios a nuestra realidad geográfica e histórica, lo que les permitió repartirse España como si fuera un solar. Desde entonces, los sucesivos jefes de Gobierno han colaborado activamente en alimentar y proteger el desarrollo del tribalismo fanático.

En el caso del País Vasco, con un régimen fiscal que supone un expolio de 12.000 millones de euros anuales al resto de España. En el caso de Cataluña, permitieron el robo generalizado de los Pujol & Cia, y la mordida del 3% en todos los contratos de la Generalitat, pero lo más grave sería la transferencia de las competencias de Educación, momento a partir del cual se iniciaría el proceso de adoctrinamiento masivo en el odio a España y la persecución y marginación de la lengua española, algo que no sucede con ninguna otra de la 200 lenguas habladas en Europa, completado por Zapatero, que aprobó un Estatut inconstitucional mientras este indigente mental calificaba a España de “discutida y discutible”.

El problema no es Cataluña, es el 78
Pero Rajoy batiría todos los récords al ignorar el sentir de millones de españoles que se han manifestado en todas las ciudades de España y los cientos de miles de banderas que ondean en todos los balcones, y ha aplicado un artículo 155 irrisorio dejando todo el poder en manos de los golpistas, convocando elecciones sin garantía alguna. Y no solo eso: según Moody´s, el nuevo Gobierno necesita del Estado 9.200 millones de euros para atender a los vencimientos de deuda, pagar subvenciones de todo el entramado independentista de propaganda y coacción, las embajadas y las mordidas a medios informativos extranjeros, y Rajoy va a entregárselos. Jamás en la historia ha sucedido nada igual.

Pero el problema esencial no es Cataluña, el problema es el nefasto régimen del 78. Resulta inaudito escuchar a personas relevantes que “hemos tenido 40 años maravillosos, y el que no lo vea es porque no quiere”. ¿Pero cómo osan mentir tan groseramente? No tienen vergüenza. En 1975, España tenía el octavo PIB del mundo, hoy está en el puesto 14º. En 1975, el PIB per cápita de España era el 82% de la media de los nueve países que entonces constituían la CEE, hoy se ha desplomado al 73%. En 1975, España tenía el mismo PIB per cápita que Irlanda (12.000 dólares), hoy el de Irlanda es un 144% mayor: 68.500 dólares Irlanda, frente a los 28.400 de España, ¡alucinante! En 1975, la industria representaba el 36% del PIB, hoy es el 15%. Hoy la presión fiscal actual sobre la clase media y trabajadora es cuatro veces mayor que en 1975.

Este y no otro es el resultado económico de “40 años maravillosos”, donde España ha crecido por debajo de su potencial; sustituido al trabajo honrado y bien hecho por la comisión y el pelotazo; la enseñanza por el adoctrinamiento; el empleo público por el enchufe (de tres millones de empleados públicos, solo 700.000 lo son mediante oposiciones limpias y transparentes), convertido el país europeo donde más poder adquisitivo han perdido los salarios, donde un tercio de la clase media ha sido destruida. En definitiva, el problema es el mismo que en Cataluña, solo que multiplicado, “nunca tantos fueron dañados tanto por tan pocos”, por lo que si seguimos votando a los partidos del consenso del 78, merecemos todo lo que nos pase.

* Cuando hace dos semanas el escritor e historiador César Vidal explicaba la situación política jurídica en Cataluña en el Círculo de Legisladores de Buenos Aires, los políticos y legisladores argentinos que abarrotaban la sala no daban crédito a que un Tribunal Supremo pudiese liberar a una banda criminal supuestamente culpable de rebelión, insurrección y malversación, sin más que decir que acataban la ley. “Sería una burla inaudita a la Justicia Española”, afirmaría un importante magistrado argentino.

La batalla del lenguaje
Manuel I. Cabezas González.  latribunadelpaisvasco.com 4 Diciembre 2017

Profesor titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona.

· Gracias al lenguaje (capacidad de hablar), los seres humanos somos diferentes de todos los demás seres vivos, animales o plantas. Además, si nos ocupamos y preocupamos de desarrollar y cultivar esta capacidad, seremos “dioses” todopoderosos. En efecto, según la tradición judeo-cristiana (cf. Génesis), Jehová (el “verbo”) y Adán (el “hijo del verbo”, creado a su imagen y semejanza) fueron nombrando alalimón y, por lo tanto, creando y dando vida (existencia) a todo lo que vemos, oímos, tocamos, olemos o degustamos. Y, por evidencia empírica, sabemos que quién domina el lenguaje y “nombra” tiene el poder y “manda”.

· Ahora bien, si no nos ocupamos de cultivar y de mimar nuestro “verbo”, dejaremos de ser “dioses” y nos convertiremos en esclavos o “proles” (según la denominación de G. Orwell, en su relato “1984”). Por desidia, habremos agostado nuestros poderes lingüísticos y nuestra capacidad para tener criterio propio y para no ser manipulados ni engañados. Por eso, si nuestro lenguaje es enclenque, estaremos expuestos, sin defensa posible, a todo tipo de manipulaciones y contratiempos, provocados por la verborrea de mercadillo de la casta política; y repetida, como un mantra, por los medios de comunicación.

· Para ilustrar estas verdades de Perogrullo, nos vamos a referir al comportamiento lingüístico de la casta política nacionalista-independentista catalana durante los 40 años de democracia. Antes de dar el fallido “golpe de Estado de la DUI” (declaración unilateral de independencia), los independentistas llevaron a cabo, despacio pero sin pausa, un permanente y efectivo “golpe de Estado lingüístico”, que permitió manipular y descarriar las mentes de muchos ciudadanos de Cataluña, partidarios de la DUI del 27 de octubre de 2017.

· Desde el inicio de la Transición (1975), la casta política independentista catalana está empeñada e inmersa en una “batalla del lenguaje”, que no se debe confundir con la “batalla de la lengua” (enseñanza del y en español y catalán), de la que nos hemos ocupado reiteradamente en numerosos textos. Gracias a la “batalla del lenguaje”, se ha tergiversado y prostituido el uso normal del lenguaje, al llevar a cabo el vaciado del contenido semántico de las palabras y a su sustitución por un contenido inapropiado, pero acorde con lo que la casta política quiere que digan, con vistas a la consecución de la independencia de Cataluña. En esta operación de “ingeniería lingüística”, la casta política independentista ha funcionado como el orwelliano “Ministerio de la Verdad” y ha creado, como hubiera dicho G. Orwell, una “neolengua”, que se ha ido enriqueciendo y modificando en función de la coyuntura política. Con esta “newspeak”, se ha pervertido, formateado y jibarizado la competencia lingüística de muchos de los ciudadanos de Cataluña, al tiempo que se ha convertido en vehículo de “posverdades” o “fake news”.

· Para ilustrar esta metamorfosis permanente —llevada a cabo por el “Ministerio Catalán de la Verdad”, instalado en TV3, en numerosos medios de comunicación e instituciones varias (ANC y Omnium Cultural) de la “Cosa Nostra” independentista, así en todos los niveles de enseñanza— me permito dar algunos ejemplos de la manipulación lingüística de la “neolengua catalana”. Para ello, no hace falta ser un Sherlock Holmes o un Hércules Poirot para descubrir y desvelar el engaño-estafa de esta “nueva lengua”, que es moneda de curso legal y de uso cotidiano por parte de los independentistas catalanes.

· Como en aquella película titulada “¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?”, también podemos preguntarnos por qué los independentistas hablan de “guerra de secesión” cuando deberían decir “guerra de sucesión”; o de “presos políticos” por “políticos presos”; o de “democracia” por “rechazo a la legalidad vigente”; o de “referéndum unilateral” por “consulta de la Señorita Pepis”; o de “diálogo” por “independencia sí o sí”; o de “facha” por “el que se opone al proceso independentista”; o de “franquismo” por “Estado democrático español”; o de “fuerzas de ocupación” por “Guardia Civil y Policía Nacional”; o de “represión” por “mantener el orden legal y social”; o de “pueblo catalán” por “los independentistas”; o de “derecho a decidir” por “derecho de secesión”; o de “votación pacífica del 1-O” por “votación ilegal”; o de “botiflers” por “los ciudadanos constitucionalistas”; o de “violación de los derechos humanos” por “uso legítimo de la violencia constitucional”; o de “legitimidad fáctica” por “legitimidad legal-racional”; o de “movilizaciones pacíficas” por “escraches y hostigamiento a las fuerzas de orden público”; o de “golpe de estado” por “aplicación del art. 155 de la Constitución”; o de “exiliados” por “prófugos de la justicia”; o de…; etc.

· No he intentado ser exhaustivo en esta recopilación de “falsa moneda” lingüística. Basta con este muestreo para describir el comportamiento lingüístico del independentismo catalán, en el que las dos primeras víctimas han sido la verdad y el lenguaje. En este mundo independentista, el lenguaje ha dejado de ser un instrumento de ilustración y liberación, y se ha convertido en un “antilenguaje”, que propicia la confusión, la ambigüedad, la seudocomunicación y el “babelismo” disgregador. El lenguaje, no lo olvidemos, pertenece a todos los hablantes y nadie puede apropiárselo, para manipularlo a su antojo y en exclusivo beneficio propio.

· Ahora bien, los independentistas catalanes no son los únicos falsificadores lingüísticos, que utilizan el lenguaje para engañar y desinformar. El PP y todos los partidos de la casta (PSOE/PSC, C’s, Podemos) son también prestidigitadores lingüísticos, embaucadores y manipuladores recalcitrantes. Por dar sólo algunos ejemplos, el PP ha utilizado “movilidad exterior” por “emigración”, “línea de crédito” por “rescate”, “procedimiento de ejecución hipotecaria” por “desahucio”, “incentivación de rentas no declaradas” por “anmistía fiscal”, “gravamen adicional” por “subida del IVA”, “flexibilizar el mercado laboral” por “abaratar el despido”, etc.

· La manipulación lingüística no es una cuestión baladí. Es, más bien, un problema grave en la vida en sociedad y en la gestión política. La “langue de bois”, propia de la casta política en todas las latitudes, tiene muy mala prensa y aleja de sus derechos y deberes políticos a los ciudadanos, convirtiéndolos en practicantes del “silencio de los corderos”. A propósito de esta ingeniería lingüística, al escritor austríaco S. Zweig, en plena Segunda Guerra Mundial, le horrorizaba que “las palabras hubieran sido vaciadas de verdad, se hubieran vuelto huecas y desprovistas de sustancia interior”; y por eso temía y detestaba “vivir entre palabras sin verdad”. Estos temores se hicieron realidad y, por eso, el historiador P. Sawicki se permitió escribir, muchos años después, que “todos los genocidios (el holocausto fue uno) empezaron con palabras” castradas y preñadas de nuevo. Por eso, los responsables políticos deben respetar el lenguaje; esto es tan importante como respetar la legalidad vigente. No pueden seguir utilizando la palabra en vano, ya que “si dejamos que la lengua se corrompa, ella nos corromperá. Si la dignificamos, nos devolverá, en pago, dignidad” (Anjel Lertxundi, 2010).

· Por eso, no está de más recordar a los independentistas y a los miembros o “miembras” de la casta política de cualquier signo, todos ellos saboteadores del lenguaje, la respuesta que, en el s. VI a. C., dio el maestro Confucio a uno de sus discípulos, cuanto le preguntó qué medidas deberían tomarse para ordenar el Estado: “Lo primero que hace falta es la rectificación de los nombres. Si los nombres no son correctos, las palabras no se ajustarán a lo que representan y, si las palabras no se ajustan a lo que representan, las tareas no se llevarán a cabo y el pueblo no sabrá cómo obrar. Si de lo que se trata es de gobernar una nación, lo más importante es la precisión de la lengua”. Por los hechos y los resultados, parece que los independentistas catalanes están sordos o ciegos y Confucio predicó en el desierto.
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Terrorismo antiespañol en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 4 Diciembre 2017

A medida que se acerca el inicio de la campaña electoral para las elecciones regionales catalanas, en las que paradójica e indignamente participarán los partidos separatistas golpistas, se intensifican los ataques contra los que defienden la Constitución de todos y la unidad de España. El suceso más siniestro hasta el momento ha tenido lugar en las inmediaciones de Vic, uno de los feudos separatistas: al repugnante estilo de los psicopáticos cárteles mexicanos de la droga, unos terroristas colgaron de un puente de la C-17 unos muñecos colgados de los pies con los logos impresos de los tres partidos constitucionalistas que concurren al 21-D.

Pocas horas después se supo que el terrorismo separatista trató igualmente de incendiar la casa de una familia de la localidad de Balsarenys, gobernada por la CUP, que lucía en el balcón una bandera española. La intervención de los bomberos y los servicios de emergencia evitó que sucediera una tragedia en la vivienda, en la que residen tres niños, el menor de ellos de sólo dos años.

Ante estas nuevas muestras de odio terrorista a España, los medios de comunicación alineados con los golpistas no sólo no han informado como es debido, sino que –en el caso de Vic– han incurrido en prácticas de manipulación y desinformación muy propias de los medios que simpatizaban o directamente formaban parte de la organización terrrorista separatista ETA: sembrar dudas sobre la autoría y subrepticiamente apuntar contra el Estado español. Esta es la clase de basura que ha financiado el separatismo con el dinero de todos durante tantos años. La clase de basura que no debe recibir un solo euro más de las arcas públicas españolas.

Mientras se desarrolla esta campaña de amedrentamiento terrorista al demócrata, el Gobierno de Mariano Rajoy pretende hacer creer a todos los ciudadanos que la situación en Cataluña es de completa normalidad. En todo caso, se trataría de esa normalidad infame previa a la intervención de la Administración regional como consecuencia del golpe de Estado perpetrado desde sus instituciones por el indeseable Carles Puigdemont y sus indeseables consejeros. Una normalidad indigna de una democracia y un Estado de Derecho dignos de tal nombre. Una normalidad anormal que hacía perentoria la aplicación del artículo 155 de la Constitución para la restauración de las libertades en Cataluña.

Para que el cambio sea posible en Cataluña, el Gobierno tiene la obligación de expulsar del espacio público a los golpistas y perseguir con toda la contundencia a los terroristas que tratan de imponer la dictadura del miedo. En su memorable discurso de octubre, el Rey aseguró a los catalanes defensores de la Constitución y de la unidad de España que no estaban solos. No hay la menor razón para no llevar a los hechos esas palabras, que fueron tan necesarias.

Un sector público pendiente de ajustes
EDITORIAL El Mundo 4 Diciembre 2017

Dice un proverbio chino que toda crisis encierra una oportunidad. En nuestro país, cuando la recesión empezó a golpear, los dirigentes se llenaron la boca diciendo que las reformas obligadas para hacer más competitiva la economía española eran la ocasión para reducir la grasa del sobredimensionado sector público. No se trataba de reducir la calidad de los servicios esenciales que garantizan el Estado del bienestar. Sino de acabar con las ineficientes duplicidades en la Administración y con el monstruo de entes paralelos que se multiplicaron en los años del derroche previos al estallido de la crisis.

En la Administración central se han realizado los mayores esfuerzos. Pero, como hoy publicamos, la mayoría de las comunidades autónomas siguen sin hacer los deberes. Cataluña, seguida de Andalucía, se mantiene con el mayor número de entes a su cargo, entre agencias, consorcios, fundaciones o entidades empresariales. Estos organismos funcionan como una Administración paralela de la que los gobernantes de turno se sirven para evitar controles fiscalizadores, y que acaban creando redes clientelares muy propicias para la corrupción. Es urgente racionalizar un sector público que parece pensado más para los políticos que para el ciudadano.

Eligia, Podemos y la papada de Zoido
Pedro de Tena Libertad Digital 4 Diciembre 2017

¿Que quién es Eligia, Eligia Lorenzo? Pues una recuperada Mariana Pineda de Sevilla que cosió la bandera andaluza que pendió de la Giralda en 1977. El Ayuntamiento franquista de Sevilla, que las primeras elecciones municipales democráticas fueron en 1979, también la había izado en febrero de 1977. El caso es que la anticapitalista Teresa Rodríguez exhibió a Eligia en un acto de 2016 para exigir el reconocimiento de la fecha del 4 de diciembre de 1977 como hito de la "soberanía" de Andalucía. Pero, lo que son las cosas, Eligia le desmontó la tesis y, de paso, la de Pablo Iglesias y la autodeterminación, que formuló así: "En el año 1977, Andalucía decidió que, como Andalucía, quería estar en España". Pero Eligia, que era entonces del Partido Socialista de Andalucía de Rojas Marcos, recalcó que lo que querían era una Andalucía de primera en la futura estructura autonómica de España. O sea, que no debía haber ciudadano alguno en España con más derechos y libertades que otros.

De paso, Eligia recordó qué fue lo que pasó aquel día del primer año de elecciones democráticas en España desde la II República, que, por cierto, ganó la UCD. Aquel 4 de diciembre centenares de miles de andaluces impulsados por la sospecha de un futuro agravio salieron a la calle. Incluso el poeta sevillano Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura de ese año, se adhirió a la convocatoria, como el ABC, la Iglesia y mucha derecha que percibía la potencia de un movimiento que lideraba, eso fue así, la izquierda de entonces: PCE, PTA, Bandera Roja, CCOO, SOC, etc., pero en muy escasa medida el PSOE, que apenas tenía aún consistencia. De ahí la pelea trapera actual entre el PSOE de Susana Díaz, Podemos e IU por succionar los réditos de este día, antesala de lo que fue después el 28-F de 1980 –esta vez sí ya con el PSOE a tope–, y la equiparación de la autonomía andaluza con las tres reconocidas de primera: la catalana, la vasca y la gallega.

No, no se equivoquen. La izquierda andaluza, toda ella, lo reconozca o no, sigue considerando 40 años después de aquel 4 de diciembre que Andalucía es propiedad política de la izquierda y que el centro derecha, que va desde los liberales a los más conservadores, no tiene derecho político a su gobierno. El PSOE, que se envolvió en la bandera blanca y verde al estilo estelado y con prácticas filonacionalistas, suplantó a andalucistas y comunistas. De ahí la bronca actual sobre la titularidad de ese derecho.

Por ello, lo que son las cosas, nadie de la izquierda en este 4 de diciembre dice una palabra de condena ante el antropofágico anuncio sobre la papada andaluza de derechas de Zoido, esa que un fanático separatista catalán quiere rebanar y comerse, no sabemos si en un guiso con pulpitos o con alcachofas o con judías de montaña. De haberse confeccionado tal menú con una papada andaluza de izquierdas, que las hay y muchas, en este 4-D se hubiera puesto el santo tocino en el cielo. Cuarenta años después, 39 de ellos constitucionales, todavía estamos así. Así como los catalanes separatistas se dicen más catalanes que otros, aquí los andaluces de izquierda creen y quieren ser más andaluces que otros. Es la misma raíz.

Vuelco al modelo de Estado, la trampa del soberanismo
Cualquier reforma constitucional que acceda a revisar el concepto de «soberanía nacional» en torno a la unidad de España, contemplando otras hipotéticas «naciones», sería una concesión al soberanismo que pondría fin al modelo de Estado tal como se diseñó en 1978
Manuel Marín ABC 4 Diciembre 2017

Fuera cual fuera la hipotética reforma constitucional que se planteara en el futuro, necesariamente su alcance quedaría condicionado, y contaminado, por una enmienda global al modelo de Estado consagrado en 1978. Expresiones como la «superación» del Estado autonómico, o el «diseño» de un Estado federal basado en un criterio de «plurinacionalidad» -la famosa «nación de naciones»-, ocultan una trampa que no es inocua porque en el caso de emprender esa senda, la reforma afectaría al núcleo de la soberanía nacional como sujeto activo y exclusivo de nuestro modelo.

Es relevante advertir del peligro que supondría iniciar una revisión del andamiaje de nuestro Estado porque, más allá de la calificación semántica que pudiera merecer tras 40 años de democracia, las consecuencias obligarían a profundos cambios legislativos que pondrían fin al Estado autonómico tal y como lo conocemos. Sería además el primer paso para que esa izquierda que cuestiona la monarquía parlamentaria como sistema representativo idóneo para España, tuviera la coartada para iniciar otra ofensiva social que transformase el modelo en una república bajo criterios de revanchismo: un referéndum sobre la monarquía, la elección directa de cargos unipersonales, la autodeterminación de «los pueblos de España», la supremacía de leyes autonómicas…

Delimitación de competencias, autogobierno y privilegios
Tender hacia una actualización y corrección del sistema autonómico -con una modernización del Título VIII que abordase sin tapujos un nuevo mecanismo de financiación e interrelación entra comunidades, o que acordase la inclusión de las autonomías en la Carta Magna-, sería factible y recomendable. Lo mismo ocurriría con los instrumentos de delimitación de competencias y autogobierno al que aspiran algunas comunidades en su reivindicación insolidaria de derechos históricos. En el fondo, lo admisible sería reparar y perfeccionar lo que no funciona, pero no abrir la vía de escape para construir un sistema federal encubierto que promoviese más agravios entre regiones de los que ahora existen, o que generase derechos y privilegios desiguales ad futurum.

El derecho a decidir como puerta abierta a la autodeterminación
Cualquier modificación que afectase al titular de la soberanía nacional, o que aceptase cualquier regulación del derecho a decidir o de autodeterminación, obligaría a renunciar al concepto de «pueblo español». Sustituir las «nacionalidades y regiones» con derecho de autonomía (por naciones, por ejemplo) implicaría sencillamente la alteración del complejo equilibrio constitucional con el que España ha tenido el mayor desarrollo de su historia. Asumir premisas de ese tipo conllevaría aceptar que la soberanía correspondería a los territorios y no a los ciudadanos. En cualquier caso, no parece factible que ni siquiera en el supuesto de que el Título VIII experimentase profundas modificaciones, o aun en el remoto caso de que el pueblo español decidiese en referéndum -por la vía de una reforma agravada- la alteración del nombre de nuestra forma de Estado, ello daría satisfacción a las reivindicaciones separatistas.

¿Referendos unilaterales como derecho de las nuevas «naciones»?
Toda regulación futura que albergase la semilla de un referéndum unilateral y no acordado en una comunidad -Cataluña por ejemplo- diseñado como un derecho inalienable, sería tanto como sentar la base de una autodestrucción del sistema de 1978. Porque lo que se pretende, haciendo uso de un criterio extensivo de una supuesta «nación» catalana o vasca, es una regulación por la puerta de atrás del derecho a decidir bajo apariencias amables y eslóganes de generosidad y «diálogo». En cascada, sería tanto como reconocer una suerte de derecho de secesión que no tiene reconocimiento en ningún ordenamiento constitucional del mundo.

Frente al Estado federal de estructura tradicional, la ordenación territorial de 1978 está fundamentada en la aprobación postconstitucional de los Estatutos de Autonomía como marcos regulatorios supeditados a una ley común y superior. Por eso debería ser inviable que se conviertan en textos sustitutivos de la Constitución, o en preceptos pseudoconstitucionales que alteren por la vía de los hechos consumados las normas de convivencia fijadas en 1978.

Lo intentó el País Vasco en 2008 -con el plan Ibarretxe-, y lo intentó Cataluña desde 2005, tras la promesa hecha por José Luis Rodríguez Zapatero a Pasqual Maragall de aceptar «cualquier reforma estatuaria» que fuese aprobada en el Parlamento catalán. Fue un error abrir aquel debate de reformas estatutarias como subterfugio para lograr modificaciones de alcance constitucional sin prever las consecuencias de su rechazo por el TC y de buena parte de la ciudadanía. A posteriori, Rodríguez Zapatero trazó un ambicioso plan de reforma para incluir a las comunidades en la Constitución, que también quedó frustrado.

 Aquella propuesta tenía cierta lógica, pero planteaba preocupantes problemas de enfoque.
La dificultad del Estado autonómico no será la inclusión de las autonomías en la Carta Magna -su descripción y enumeración-, sino determinar y esclarecer el alcance real que todas ellas están adquiriendo en el proceso de reparto de competencias con el Estado, porque objetivamente hoy se sobrepasan con mucho las previsiones de 1978.

La «singularidad» como factor de agravios y privilegios
El informe solicitado por Zapatero al Consejo de Estado en marzo de 2005 recuerda que los tres principios esenciales de nuestro Estado son la unidad, el derecho de autonomía supeditado a un criterio superior basado en la unidad de España como factor de indivisibilidad, y la solidaridad entre regiones. A ello se unía un conflictivo factor, el de la «singularidad» de unas autonomías frente a otras -el cupo vasco sería un ejemplo-, porque además de generar evidentes motivos de roce, no se determinó en 1978 si esa excepcionalidad tenía fecha de caducidad para ser superada con los años con una mayor soberanía, o si por el contrario se creó con una idea con vocación de permanencia y correctora de tesis separatistas.

Al final, no es un criterio de valoración jurídica el que está en cuestión, sino una ofensiva política ideada para dar por superado el Estado autonómico. Al margen queda otra cuestión determinante: un difícil acuerdo previo para poder avanzar. Porque frente a un concepto centrífugo de la reforma, convirtiéndola en una expansiva excusa para dotar de un autogobierno desbocado a las autonomías, emerge también una idea recentralizadora de competencias que debería recuperar el Estado o, como mínimo, mantener blindadas para evitar el desguazamiento del modelo. Y este no es un debate pacífico.

Trabajar en la dirección del Führer
Fernando Paz gaceta.es 4 Diciembre 2017

Desde hace décadas, el del Tercer Reich es uno de los temas cruciales en los estudios de historia contemporánea. Y con el paso del tiempo, en cierto modo se ha convertido en “el “ tema, pues a la fascinación que ejerce el nazismo, hay que sumarle la dificultad de encontrar un ejemplo histórico que ilustre de modo más descarnado las relaciones de poder y la propia naturaleza de este.

Hace un par de décadas, Ian Kershaw rescató del discurso de un semioscuro subsecretario de agricultura prusiano, la idea central que podía explicar.el modo en que funcionaba el régimen: no había que esperar órdenes explícitas, sino que todos debían esforzarse en captar lo que de cada uno se esperaba, trabajando “correctamente en la dirección del Führer”

Más allá de la especificidad histórica a la que se refiere, lo que estaba retratando Kershaw es el modo en que funciona el poder, en términos generales. La naturaleza de este requiere una cierta flexibilidad, y un margen interpretativo. El poder rara vez concreta sus pretensiones; espera que las personas indicadas saquen las consecuencias pertinentes de las necesidades de cada momento.

Así funcionan los partidos. Pese a las evidencias de corrupción generalizada en ellos – sobre todo en lo que hace a la financiación, pero no solo – casi nunca aparecen implicados las más altas jerarquías de los mismos. De modo que, técnicamente hablando, seguimos sin saber quién era el Mister X que dirigía los GAL. ¿Alguien cree que ese “enigmático” personaje de veras daba las órdenes, marcaba los objetivos y asignaba expresamente las partidas presupuestarias para la comisión de los delitos?

Si vivimos en un sistema de partidos – una verdadera partitocracia –, y los partidos están corrompidos, nada tiene de particular que todo lo que emane de esa base corrupta, lo esté, a su vez.

No es causal que las instituciones del Estado sean percibidas por los españoles como escasamente fiables y que, en las encuestas, tanto los partidos, como los políticos y la administración de justicia, reciban las más bajas puntuaciones de los ciudadanos: el 95% está convencido de que el sistema favorece la impunidad.

Hay un pacto, que está en la base del régimen, por el que sus supuestos básicos no son cuestionados. Desde luego, la impunidad jamás es completa y absoluta, y eso también es parte del sistema. Por eso, los mismos que blindaron a Pujol le denunciaron cuando este incumplió sus compromisos; pero la coacción funciona en los dos sentidos, de modo que cuando fue investigado, amenazó públicamente con tirar de la manta. Lo cuenta Jiménez Villarejo: “Los fiscales generales del Estado que nombró el PSOE me prohibieron investigar a Pujol”.

El régimen no se ha corrompido: el régimen es corrupción. La separación de poderes, clave en cualquier sistema que aspire a definirse como “democrático”, se ha convertido en una farsa desde el mismo momento en que quienes deben velar por el funcionamiento de las instituciones dentro de la ley – esto es, los jueces – son designados por aquellos a quienes deben vigilar – esto es, el poder político-.

Que en el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, ninguno, pero ni uno solo, de los 21 miembros que lo componen sea elegido por los propios jueces, y que en su lugar todos ellos sean nombrados por el Congreso y el Senado, es una burla a la que, sencillamente, nos hemos acostumbrado.

La principal tarea del CGPJ es la de velar por la independencia de jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Ellos que, elegidos a través del pasteleo PP-PSOE, pueden ser considerados cualquier cosa menos independientes. La sujeción de dicho órgano al poder político se remata con el hecho de que su presidente sea el del Tribunal Supremo.

Y, por si acaso algún juez se desmanda y se muestra poco sumiso al poder político, tenemos al Tribunal Constitucional. Que, aunque en la teoría no es un tribunal de orden superior al Supremo, sino solo competencialmente distinto, de facto ha ejercido más de una vez una función de control de este. Huelga recordar la absoluta sumisión del Constitucional a las órdenes del gobierno: sus doce miembros son nombrados sin ambages por el poder político (dos por el Congreso, dos por el Senado, dos por el gobierno y otros dos a propuesta del CGPJ…que a su vez es nombrado también por el poder político).

¿De verdad alguien cree que son necesarias órdenes explícitas para “trabajar en la dirección del Führer”?

Pues a veces, sí. O, al menos, eso cuenta el juez Gómez Bermúdez, quien asegura haber vivido presiones continuas: “No te llama el político; te llama el amigo del político. Te tientan”.

En un sistema tal, se antoja una hercúlea virtud la preservación de la honra.

¿Realmente se quiere reformar la Constitución?
Ignacio del Río republica 4 Diciembre 2017

El debate de la necesidad de reformar la Constitución se ha situado conjuntamente con el proceso fallido en Cataluña y con el mantenimiento del sistema de cupo para las Haciendas forales.

Al mismo tiempo el candidato del PSC, Miquel Iceta ha presentado una propuesta de asunción por Cataluña de la gestión de todos los impuestos sobre los que hoy tiene competencia la Agencia Tributaria del Estado. Un auténtico disparate equivalente al que pretende apagar un fuego con gasolina, producto de la condición eutrapélica del proponente que se bambolea intentando recuperar el sitio histórico del PSC-PSOE en Cataluña.

Sin duda, demasiados componentes para cocinarlos todas en una olla bajo el nombre de reforma de la Constitución. Una proclama declarativa y generalista, es necesario reformar la Constitución dicen, sin que el declarante presente un índice de cuestiones concretas en el texto normativo sobre las que debatir.

Para apoyar la tesis se dice que las generaciones jóvenes están alejadas de la Constitución y que no se consideran protagonistas ni integrados en el texto constitucional que se aprobó en una España que ha cambiado mucho. Hay en definitiva una corriente de opinión que quiere hacer desmerecer la Constitución acudiendo a tópicos y metáforas, como la que mantiene que le afecta “una fatiga en los materiales constitucionales”.

La experiencia internacional demuestra que los países que tiene más estabilidad son los que eluden un proceso de revisionismo permanente de su estructura constitucional, escrita o no escrita. Y que el aggiornamiento de las normas constitucionales se puede realizar con éxito mediante la interpretación de los Tribunales que siempre deben interpretar las normas de acuerdo con la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas. Rotundamente 40 años de Constitución no son nada.

En el banco de pruebas, el temido y recelado articulo 155, ante el desafío de los secesionistas catalanes, ha demostrado que no hay fatiga de materiales y que un sistema normativo abierto y no opresivo, permite actuar con diferentes intensidades y políticamente con eficacia, como lo ha hecho el Gobierno de Rajoy.

En el diario ABC del domingo se recogen las declaraciones de Albert Rivera reiterando que considera necesaria la reforma constitucional y de Tomas Ramón Fernández, catedrático de gran prestigio, que firma un artículo bajo el titulo, “Una reforma necesaria, pero limitada”.

Este es el único método posible en el estado actual de la política española. El Consejo de Estado tiene un dictamen emitido hace años que determina, desde una perspectiva estrictamente jurídica, los artículos del texto constitucional que deberían ser reformados. Junto a estos artículos, podría haber un índice pactado por los partidos políticos de las cuestiones a estudiar y negociar sobre las que concurra un acuerdo de amplia mayoría para su reforma.

Sin embargo, pensar que este método básico y primario en toda negociación puede ser una realidad, me parece una entelequia en los tiempos actuales de la política española. Hay que ser muy ingenuo para afirmar que la simple estructura federal, o la mención específica de las Comunidades históricas, o una delimitación más exhaustiva de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades, o la integración del modelo financiero territorial en el texto constitucional, pueden ser el vademécum que resuelva todos los problemas y conflictos. Desde el secesionismo catalán, hasta la paz con la Hacienda estatal en la financiación autonómica.

Hoy, aquí en España, la apertura de un proceso de reforma de la Constitución, acotada o no acotada, empieza con una revisión de la monarquía constitucional y continúa con la pretensión de incorporar el derecho a decidir. Y lo que se planteará será una nueva Constitución.

Albert Rivera propone la reforma del sistema electoral y es cierto que nuestro sistema produce distorsiones en la traducción entre los votos y la representación otorgada. Sin embargo, sería posible algunas correcciones desde la Ley Orgánica que regula el sistema electoral y hay que afirmar la bicameralidad ha demostrado que permite una gobernanza en minoría en el Congreso con estabilidad política.

En conclusión, señores representantes del pueblo. Trabajen ustedes en ponerse de acuerdo, abandonen el maximalismo y opten por el sentido común. Nos irá mucho mejor a los ciudadanos.

No olviden que el texto constitucional permite diferentes lecturas, lo que es un valor en sí mismo.

La familia atacada por tener una bandera española: "Quieren echarnos del pueblo"
La pareja a la que intentaron quemar una bandera española en su balcón y a la que citó Mariano Rajoy en un mitin denuncia que les hostigan y les insultan sus vecinos
Daniel Borasteros. Barcelona elconfidencial 4 Diciembre 2017

Cristina Arias se pinta las uñas de rojo fuerte en la mesa de la cocina mientras sostiene en el regazo a una niña de dos años. A pocos metros de la estampa familiar, hay una puerta astillada y quemada y un balcón lleno de hollín con una larga bandera española. En la madrugada del sábado, denuncian, alguien quemó la entrada principal del edificio y trató de hacer lo propio con la enseña valiéndose de un palo impregnado en fuego. "Podían habernos matado, asfixiado", explica su marido, Jordi, mientras se apoya en las baldosas y señala al perro como el responsable de que no hubiera "ninguna desgracia". El animal empezó a la ladrar y su mujer abrió la puerta, convencida de que el incendio estaba dentro de su hogar. Al hacerlo, entró toda una humarada. "Nos hostigan por nuestras ideas", resume ahora la mujer.

Su historia se hizo célebre cuando la mencionaron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el candidato popular en Cataluña, Xavier García Albiol. "Nos llamaron ellos a nosotros y nos quedamos flipados", explica la mujer, nacida en la pequeña población en la que reside, Balsareny (3.000 habitantes), a 70 kilómetros de Barcelona. "Algunos amigos colgaron fotos en el Facebook y algún pez gordo lo debió de ver", relata la mujer. Los dirigentes populares les dijeron que contasen con ellos y les ofrecieron "toda la ayuda que nos hiciese falta, lo que es muy de agradecer". Jordi asegura que ellos no tienen simpatía por "el fascismo ni nada de eso, pero sí que somos patriotas de España". Desde distintos foros de internet, sin embargo, se señala que la familia denunciante pertenece a grupúsculos de extrema derecha y que han protagonizado diversos actos violentos e intolerantes. Un extremo que ellos niegan.

"Tenemos tres niños y desde la puerta se veía el carrito de la menor, les da todo igual", denuncian
"Nos acosan y nos llaman fascistas, pero solo somos patriotas", insiste Jordi, que trabaja, al igual que su mujer, en la cercana mina de potasa, una especie de gigantesco sarcófago de residuos que se eleva desde la autopista hacia Manresa. Ambos jóvenes nacieron en la localidad, "aunque nuestros padres vinieron aquí a currar desde Andalucía". "Tenemos tres niños y desde la puerta se veía el carrito de la menor, les da todo igual", denuncian airados. Bajo la escalera siguen guardados los artilugios para pasear a su niña pequeña. "La mayor tiene problemas en el instituto, la marginan", dice su padre, pero la niña se rebela y puntualiza: "¡No estoy marginada, pero si se habla de política, sí!", subraya recordando que le han pegado pegatinas en la carpeta y la han insultado cuando el tema hacía referencia al proceso catalán.

De hecho, esta familia tiene interpuesta una denuncia contra un vecino por zarandear a su hijo de 11 años. "Dicen que es mentira, como lo del fuego, pero ahí está la declaración del tipo reconociendo que se le 'fue la olla". El suceso se originó porque los hijos de Jordi y Cristina trataban de despegar carteles a favor de la independencia y el hombre lo trató de impedir, presuntamente, agrediéndolos.

?Todos independentistas
Todos los vecinos, otras cinco viviendas, son cercanos al independentismo. Sin embargo, en esta ocasión no se han puesto en contra de la familia damnificada. "Aunque sí que justifican que esto es obra de unos gamberros aislados y que la mayoría no son así", comenta Jordi. En el pueblo no hay ninguna otra bandera española colgada en los balcones y sí muchas pancartas con el 'Sí' o peticiones de 'Democracia', al margen, por supuesto, de las esteladas de rigor. La familia se lamenta de que el regidor del pueblo, de un partido independiente favorable al soberanismo, no ha "preguntado ni se ha interesado por unos vecinos a los que han agredido". También tienen palabras de reproche hacia los Mossos d'Esquadra, de quienes dicen que "no quieren investigar lo que ha pasado y prefieren hacer ver que hemos sido nosotros mismos los que nos hemos querido quemar". También que les dijeron que no pusiesen denuncia porque se investigaría de oficio y su abogado les ha dicho que "eso no es verdad".

Sobre si se sienten inseguros con la enseña (que ocupa dos balcones y mide más de tres metros), Jordi afirma que la puso allí a primeros de octubre para mostrar su posición contraria al independentismo y que por ahora no piensa quitarla, aunque "es muy incómoda la convivencia porque no respetan nuestras ideas". Tan incómodos dicen sentirse, que Cristina incluso se plantea irse del pueblo, aunque finalmente han descartado la idea.

La blandenguería de los hombres occidentales, el feminismo y el Islam
YOLANDA MORÍN lagaceta.eu 4 Diciembre 2017

Hay una verdad acerca del islam que es completamente ignorada por los occidentales, por lo alejada que está de nuestra visión del mundo. Cada cultura, cada sociedad, se construye y vive alrededor de una idea central que la define. La Europa de la edad Media, por ejemplo, se edificó sobre la base del cristianismo y el papado. Hoy, Occidente tiene como base el materialismo y el relativismo en todo, mientras que los valores centrales del islam son la conquista, la humillación y la sumisión de los pueblos a mayor gloria de Alá. Esto plantea problemas de convivencia insolubles.

Si actualmente el "valor supremo" en Occidente es la tasa de crecimiento del PNB, está claro que no hallaremos a nadie dispuesto a sacrificarse y a morir por una tasa de crecimiento del 3% antes que por una del 1,5%. En cambio, en el islam, morir por Alá otorga el estatus de mártir, garantiza la entrada en el paraíso (con sus 72 vírgenes), un éxtasis eterno, ríos de leche y miel y esas cosas... Esas promesas presentan un poder de atracción tremendo para estos jóvenes machos atiborrados de testosterona hasta las cejas y que sin embargo tienen prohibido (o extremadamente dificultado) el contacto con las mujeres, a menos que se trate de "putas" occidentales, o sea todas las mujeres europeas cristianas, de ahí las epidemias de violaciones que se viven actualmente en las ciudades europeas, como si fueran un elemento más del folclóre local. En cambio, entre los occidentales no es precisamente el nivel de testosterona lo que está alto, sino un grado de cretinización y desvirilización cada día mayor.

Lo que tira hacia abajo la virilidad de los occidentales y su actitud de machos es la consecuencia directa e inevitable de décadas de falso feminismo, y es el resultado del valor central que no incita precisamente a sacrificarse: la tasa de crecimiento...

La molicie, la blandenguería, tanto moral como física, de los hombres occidentales en general, su carencia de ideales y propósitos nobles y elevados, su egoísmo y su inconsecuencia, su acendrado materialismo y su escasa vida espiritual, no lo predisponen al esfuerzo, al sacrificio o a asumir riesgos que pondrían en peligro su comodidad, su bienestar, por no hablar ya de su seguridad o de su propia vida. Enfrente no hay nada de todo eso. En ese lado del conflicto tenemos hordas de jóvenes sobrexcitados, seguros de ellos mismos, convencidos de su superioridad sobre los infieles que somos a sus ojos todos los occidentales, persuadidos de sus derechos a quitarnos todo lo que quieran.

"¡Alá es grande y confunde a nuestros enemigos!", piensan, y no les falta razón a todos estos inmigrantes, que han dejado atrás su miserable condición de parias en un mundo que sólo les ofrece prohibiciones y frustraciones sin solución, para convertirse, en el mismo momento que cruzan el umbral de nuestros países en orgullosos conquistadores e impiadosos dominadores de una humanidad bien comida, bien vestida, bien alojada, pero sin defensas ni moral para afrontar al enemigo. Sus toscas necesidades y sus apetitos elementales entran en nosotros como en mantequilla.

Esa verdad ignorada que los occidentales no parecen comprender es que en el espíritu del islam, todo, pero absolutamente todo está subordinado a la conquista y a a lucha por el poder (aunque fuera simbólico), a la sumisión de los infieles, a su humillación.

El porte del velo, el burkini, los rezos en las calles, las reivindicaciones cada día más frecuentes y más subidas de tono, las zonas convertidas en verdaderos guettos, las patrullas de la sharia (como en Alemania o Gran Bretaña y otros países), los disturbios callejeros cada vez más violentos y salvajes, los desembarcos repetidos días tras días de "inmigrantes" y "refugiados" que llegan gritando sus consignas de victoria y vociferando el éxito de su invasión, todo eso y más son actos que ilustran el carácter agresivo y criminal de la operación en marcha: apenas pisan tierra firme salen corriendo a tomar lo que ya les pertenece, lo que consideran suyo: nuestro país, nuestros bienes, nuestra seguridad, nuestro futuro...

Cuando hemos comprendido esto, todo se vuelve claro en el conflicto larvado (con episodios cada vez más explícitos) al cual asistimos entre los acogidos y las sociedades que los acogen, y que sólo buscan humillar, someter y dominar.

Nos escupen en la cara y decimos: "¡Ah, está lloviendo!"

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El adoctrinamiento como síntoma (Acto V y Final)
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 4 Diciembre 2017

Con este son cinco artículos cuyo objeto es un análisis del por qué se ha producido el nefasto resultado de un socialnacionalismo montaraz y decimonónico en comunidades que en su tiempo fueron modelo de desarrollo cultural, económico y social. Podríamos valorar el factor desencadenante desde el plano sociológico de los procesos de adoctrinamiento, que es incuestionable, pero en esta serie de artículos nos hemos centrado en el adoctrinamiento como síntoma. ¿Síntoma de qué? Pues síntoma de una enfermedad social, de un totalitarismo que genera el fenómeno y la perversión de manipular descaradamente a la infancia. Curiosamente ese fenómeno y perversión es negado por los socialistas, porque si reconocieran su existencia tendrían que revisar sus propios parámetros ideológicos, ya que en su genética también se encuentra el propósito adoctrinador porque su concepción de la educación tiene como punto de partida la finalidad de la transformación social al efecto de configurar un modelo de organización social y cultural de signo colectivista donde la individualidad personal tiene poco sentido y valor. Por eso se niegan a aceptarlo. Mientras que otros, con unos parámetros teóricamente liberales hacen suyos los planteamientos socialdemócratas, y por tanto se niegan a enmendar la plana a esta situación anómala en la que los sistemas educativos (no hay un sistema nacional en España) tienen como finalidad principal pastorear a las futuras generaciones hacia prototipos sociales pergeñados por una sibilina ingeniería social, entre la que está con todos sus efectos y connotaciones evidentes la nacionalista en las comunidades gobernadas por tendencias secesionistas o populistas.

En 2001 publiqué un artículo en Papeles de Ermua nº 2, cuyo contenido es de plena actualidad. Por eso lo reproduzco a continuación.

La educación... ¿para qué?
Una incursión crítica por los libros de texto de "Conocimiento del Medio", "Ciencias Sociales" o "Geografía e Historia" utilizados en los centros educativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco nos desvela una realidad espeluznante: los epígrafes lo dicen todo: El pasado de Euskal Herria, Los transportes en Euskal Herria, Un viaje por Euskal Herria, Los trabajos en Euskal Herria..., todo ello plagado de infinidad de mapas donde se incorpora el territorio francés y Navarra como si nada pasara. En esos libros el mundo se acaba al sur del Ebro o al norte de Bayona. Y esto lo hacen hasta editoriales controladas por uno de los grupos de comunicación social más influyentes de España, al que parece que le importa un bledo qué vaya a ser no sólo de España sino de Europa si progresan los nacionalismos étnicos, más allá de su propia cuenta de resultados. Al respecto habría que preguntarse por qué se están produciendo éstos en todo Europa, con guerras incluidas, en el entorno de lo que fue el imperio austrohúngaro y el prusiano: la Padania y la Liga del norte en Italia, que preconiza el dominio del sur por el norte con la ayuda inestimable de la mafia, el movimiento ultranacionalista albanés, la desestabilización de los Balcanes por el independentismo croata entre otros, el movimiento corso, el problema de enfrentamiento entre dos comunidades en Bélgica, Haider en Austria, etc, etc, basadas en diferencias religiosas, lingüísticas o supuestamente étnicas, que amenazan con fragmentar y enfrentar entre sí a amplios territorios de una Europa desmenuzada poco a poco en piezas difícilmente recomponibles; y que atentan gravemente a la unificación social y política del viejo continente, cada vez más que lejos de conseguirse. No estoy de acuerdo con quien afirma que cualquier ideología es respetable. Tendremos que asumir que existan ideologías xenófobas y de signo totalitario, pero ello no quiere decir que debamos pagar el peaje de dar carácter de honorables y ni tan siquiera de respetables a algunos planteamientos ideológicos que destilan odio y pestilencia. Y todo esto nos lleva a preguntarnos sobre el papel de la educación en los sistemas nacionalistas y en contraposición al papel que ésta debe desempeñar en las sociedades modernas y progresistas desde un plano humanístico.

El profesor José Luis García Garrido afirma con acierto que "El futuro puede y debe caminar hacia la eliminación de los nacionalismos culturales creando sistemas educativos de vocación mundialista y, a la vez, profundamente arraigados en áreas regionales o subnacionales de personalidad cultural definida y de dimensiones más ajustadas a las posibilidades comunicativas del ser humano" (Problemas mundiales de la educación:1986). Asimismo, afirma que los sistemas educativos deben reducir su aparatosidad y su potencial coactivo para favorecer la colaboración entre ciudadanos y grupos, al objeto de permitir que los procesos educativos sean cada vez más libres y voluntariamente asumidos y protagonizados por la persona humana. Otros enfoques que orientan la educación hacia la concienciación nacional colectiva, hacia la construcción nacional, y que ponen en el orden de prioridades en primer lugar a la lengua autóctona y a la aculturación que posibilita dar cuerpo a la construcción nacional, como es en el caso del sistema educativo vasco, adolecen de principios filosóficos que den fundamento al objeto principal del hecho educativo que es el de formar sujetos libres y autónomos, dotados de mecanismos de autoperfeccionamiento y con un proyecto personal de vida. Es el modelo más próximo al que parte de la manipulación y el adoctrinamiento como objeto de su existencia.

Además, observamos con demasiada frecuencia la justificación de la educación en base a un objeto exclusivamente orientado al desarrollo económico, que parte de la lucha por la competitividad fría y deshumanizada como fundamento casi único de su existencia. En función de este modelo que ha impregnado en exceso la sociedad industrializada, la persona no es más que un engranaje en los procesos económicos y sólo tiene sentido en función de los mismos, vaciando la taxonomía de objetivos educativos que atiende la dimensión humana del sujeto educando; tal como ya vislumbraron los ilustrados a comienzos del siglo XIX cuando concebían la instrucción como una manera de formar ciudadanos y por tanto de mejorar las sociedades y hacerlas libres, más cultas y morales. En este orden habría que ir despojando a la educación de una de sus funciones más clásicas en el mundo occidental cual es el de ser mecanismo de selección para el sistema económico, para orientarla hacia el desarrollo multifactorial e integral de la perspectiva unitaria de la personalidad humana, para conseguir individuos felices, solidarios, con visión universalista y con un enfoque de su vida individual y colectiva más ética, rica y humanista. Desde esta perspectiva podrán desarmarse fácilmente las tentaciones totalitarias que tienen como vértice el concepto de territorio, pueblo o nación, el gregarismo social, el exclusivismo y la intolerancia. Una de las excusas más recurrentes para dar legitimidad a los gobiernos nacionalistas es aquello de que... "la economía va bien", aunque existan aberraciones como una estratificación social basada en la desigualdad o marginaciones de colectivos o grupos sociales realizadas en base a supuestos derechos de dudosa justificación desde el plano del derecho natural; o que determinados cargos públicos o personas que no renuncian a serlo tengan que llevar escoltas. Para ello debe darse más sentido a los sistemas educativos que superan la concepción del sistema escolar como único contexto de educación. En definitiva, se ha de posibilitar la dualidad educación formal/educación informal haciendo que los medios de comunicación, entre otros, asuman un compromiso activo a favor de la difusión de los valores universales. Hay estudios que demuestran que lo que hacen los centros educativos en una jornada escolar lo puede deshacer fácilmente un programa televisivo en cinco minutos. En ese sentido, un cambio de mentalidad del profesorado; para que transformen su consideración de "enseñantes" o simplemente "docentes" por la de educadores, con todo lo que ello implica de abandonar de la asepsia y el imposible neutralismo ante determinados compromisos de formación en valores y principios mora les universales, es absolutamente necesario para conseguir una sociedad más humanizada y comprometida con los valores de la solidaridad, de la tolerancia y del respeto hacia los demás.

De la misma manera, se hace urgente no confundir actividad educativa con actividad política, aunque la mejor política es aquella que se convierte en pedagogía. Los modos educacionales deben adoptar formas propias y no someterse a los tópicos de los ideales democráticos, lo cual no significa necesariamente que se adopten modalidades autoritarias ni que se desprecien los rasgos típicos del funcionamiento democrático. La organización escolar y la administración educativas tienen en sus manos personas inmaduras que deben ser guiadas en su proceso de desarrollo, y esa guía es más una conducción que una adopción de decisiones, lo que implica pautas, normas de disciplina, formación de hábitos, corrección de conductas indeseadas etc. Durante demasiado tiempo se ha tenido como horizonte un modelo basado en "dejar hacer", "no intervenir", hacer supuestamente "felices" a los educandos; cuando la vida es lucha, sentido del deber, esfuerzo, superación personal, conductas adquiridas por modelación o habituación, etc. para posibilitar la socialización y los comportamientos cívicos y responsables Ciertas tendencias pedagogistas que no pedagógicas han creado demasiada confusión y han derivado hacia el "sálvese quien pueda" no dotando de los suficientes y necesarios recursos de supervivencia personal a muchos escolares egresados del sistema, confundiendo gravemente "progresismol' con responsabilidad, que implica el formar personas autosuficientes.

Una de las categorizaciones que introduce el profesor García Garrido es el de "Sistema educativo versus función elitista”. Si observamos la segregación que se está produciendo en los centros escolares en función de los niveles socioeconómicos y socioculturales en zonas geográficas del territorio español y más específicamente en el País Vasco y Cataluña, cada vez estamos más cerca de generar grupos sociales diferenciados en función del modelo educativo y del tipo de centro en el que se imparta la enseñanza-aprendizaje, factor cada vez más acusado de la insolidaridad y de división social en castas.

En Testimonio sobre el futuro, Aurelio Percel propone que la humanidad debería dar tres pasos para salvarse:
1.- La revolución humanos que coloque al individuo en el centro de todo el desarrollo, incrementando en él la calidad, la capacidad y la percepción de sus responsabilidades.

2.- La evolución político-estructural de la sociedad y de los sistemas humanos para asegurar su gobernabilidad, y 3.- La adopción de políticas y estrategias globales por mediación de coaliciones voluntarias de naciones, establecidas sin esperar a que puedan ser sistemáticas o generalizadas.

Lo que nos llevaría indefectiblemente a dos efectos prácticos: el desarrollo de la conciencia de los gobiernos y de las sociedades en la importancia del individuo y de sus derechos y libertades, y, como requisito previo a los mismos, de una educación desprovista de manipulaciones. Y, también, el de concebir un enfoque universalista de la educación, cada vez más vaciado de chominismos y de criptoendogamias que dejan sin sentido el valor fundamental de la educación: formar personas libres en un mundo cada vez más interdependiente.

Y, por último, a valorar la realidad científica, cultural y moral como punto de referencia para el desarrollo del conocimiento y de la dignificación del hombre, por encima de las sociedades a las que pertenezcan

¿ESPAÑOLES DE PRIMERA Y SEGUNDA?
La desigualdad entre españoles, en datos: La brecha en Sanidad y Educación
Pepe Gª Saavedra gaceta.es 4 Diciembre 2017

¿Tiene los mismos derechos un ciudadano de Logroño que uno de Alicante? ¿Por qué un sevillano no goza de las mismas oportunidades para acceder a un puesto en la administración regional de Cataluña que un ilerdense?

La crisis catalana ha puesto de manifiesto las desigualdades que existen entre las diferentes regiones de España. Muchos no sabían hasta hace unos meses qué es eso del Cupo Vasco, y ahora han podido comprobar cómo el Gobierno central (da igual su color) mercadea con los votos nacionalistas para poder aprobar los Presupuesto Generales. También se habla en estos momentos de la quita de la deuda a Cataluña, propuesta por los separatistas e Iceta y que ha enfurecido al resto de comunidades autónomas.

Todo este tipo de cuestiones, además de alguna otra que se expondrá a continuación, han procurado que los partidarios de fulminar el Estado de las Autonomías siga in crescendo.

El CIS del mes de octubre refleja que el 17,5% de los españoles apuesta por un modelo centralizado, dos puntos más que el anterior barómetro realizado en el mes de julio. También ha aumentado unas décimas (del 10,2 al 10,7) el porcentaje de ciudadanos que defienden el recorte de competencias de las regiones.

Las desigualdades en Sanidad, Educación y el acceso al cuerpo funcionarial podrían explicar este modesto viraje hacia el espíritu recentralizador. Un asturiano no tiene las mismas posibilidades que un catalán para ser médico dependiendo de la región, la lista de espera para someterse a una operación en Murcia no es la misma que en Galicia y la inmersión lingüística ha provocado una brecha entre los alumnos según su idioma.

Desigualdades en Sanidad
La diferencia del gasto en Sanidad alcanza una variación de hasta el 54% dependiendo de la región. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, que ha afirmado que estas cifras reflejan que en España hay un sistema desestructurado, descoordinado, ineficiente e incapaz de asegurar la igualdad”.

El informe realizado por la institución que dirige, analizando los gastos en este sector entre 2008 y 2014, arroja datos muy preocupantes: en 2014 la comunidad autónoma con un mayor gasto sanitario per cápita fue Castilla y León, con 1.623 euros, 570 euros más que Castilla-La Mancha, que con 1.053 euros por habitante era la que menos gasto destinó ese año.

Como norma general, el noroeste del país destina más fondos a la Sanidad y el sureste registra las cifras más bajas. Mientras Baleares y Comunidad Valenciana gastan menos de 1,200 euros por persona, en Asturias, Navarra o Cantabria se superan los 1.400 euros per cápita.

Y la gestión de esos fondos autonómicos también es diferente dependiendo de la región. Un español tiene que esperar de media casi cinco meses para ser intervenido quirúrgicamente. Canarias lidera la lista, con 182 días, seguida de Cataluña (173), Castilla-La Mancha (162) y Extremadura (134). Melilla con 33 días, Ceuta con 31, La Rioja con 49 y el País vasco (50) son las comunidades autónomas donde la lista de espera es menor.

Si se toma la tasa de pacientes en espera por cada 1000 habitantes, es Cataluña la comunidad peor parada (22,09), con una cifra dos veces superior a la de Andalucía (7,94) o Madrid (9,40). En total, 157.701 pacientes están pendientes de una operación en Cataluña, la cifra más alta de la lista.

El absurdo de la descentralización
La Gaceta ha conocido el caso de un paciente oncológico de Miranda de Ebro (Burgos) que debe acudir diariamente a recibir tratamiento médico. El hospital más cercano que ofrece esos servicios se encuentra a 33,7 kilómetros (media hora) en coche, en la provincia de Vitoria.

Sin embargo, este paciente debe acudir obligatoriamente al Hospital Universitario de Burgos, que se halla a una distancia de 81,8 kilómetros (una hora y 22 minutos). Y esto supone un coste económico adicional, ya que se puede ir mediante transporte público o privado, y en este último caso hay que pagar peaje.

El acceso al cuerpo funcionarial
Pongamos un ejemplo sencillo para explicar el esperpento. Un ciudadano de Teruel decide irse a vivir a Gerona y opositar para convertirse en funcionario de la Generalitat. Sin embargo, este aragonés no tiene ni idea de hablar catalán. Esta barrera idiomática le impide obtener la plaza.

Ahora analicémoslo a la inversa. Un ciudadano de Gerona que decide trasladarse a vivir a Teruel y opositar. Pero en Aragón sólo hay un idioma oficial y no se exige el conocimiento de otra lengua para acceder al cuerpo funcionarial, por lo que el gerundense obtiene la plaza en condiciones de igualdad.

¿Es esto igualdad?

Cataluña, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia aplican un requisito lingüístico para acceder a las plazas que oferta el ejecutivo autonómico.

En Cataluña, si quiere acceder a un puesto de la Administración de la Generalitat, de corporaciones locales, servicios de las universidades, personal de sus entidades autónomas y personal de los consorcios en los que participa mayoritariamente alguna de estas instituciones, es obligatorio saber catalán en base a la Normativa de Función Pública. Pueden quedar eximidos tanto el personal interino como el laboral temporal.

En Baleares, gracias al giro nacionalista del PSOE, hemos conocido el testimonio de la única neuropediatra de Ibiza que podría perder su plaza por no saber catalán. Con la llegada de Francina Armengol al poder, el idioma cooficial ha pasado de ser un mérito a un requisito para obtener un puesto en la administración autonómica. La ley contempla excepciones: la carencia o insuficiencia de profesionales, y cuando “se tengan que contratar investigadores o científicos de ámbito nacional o internacional”.

En la Comunidad Valenciana la situación es similar, aunque fue el Partido Popular el encargado de comenzar la cruzada contra el castellano: en 2002 introdujo la obligatoriedad del valenciano para los puestos de enseñanza en primaria, y en 2013 lo extendió a los niveles educativos superiores. Ahora la izquierda de Ximo Puig y Mónica Oltra extenderán este requisito a toda la función pública.

En País Vasco, el euskera se exige en función de la realidad sociolingüística del municipio, provincia o la región en general, estableciendo cuotas. Se fija un perfil lingüístico con distintos niveles que se adecúa a los conocimientos de la población. La policía autonómica, la Educación y la Sanidad se rige por planes específicos.

En Galicia también hay distintos grados de conocimiento y el idioma es preceptivo para acceder a un puesto en la administración territorial, sea cual sea el nivel. Pueden pedir la exención las personas con discapacidad física o psíquica igual o superior al 33% que justifiquen que no pueden acreditar alguna de las destrezas comunicativas.
El fracaso de la inmersión lingüística

Volvamos al ejemplo anterior de Teruel y Gerona, pero ahora es un niño el que tiene que estudiar en catalán. Ese alumno, según Convivencia Civil Catalana, tendrá menos oportunidades: ‘’Las élites serán catalanoparlantes de base, las mejores oportunidades serán para ellos porque la inmersión lingüística les facilita el éxito académico y un mejor aprendizaje’’, denunció a El Mundo el responsable de Estudios de esta entidad, Jesús Sanz.

Y es que la inmersión lingüística ha sido una auténtica cruz para los estudiantes castellanohablantes. Según el informe PISA de 2015, estos alumnos suspenden más que los catalanohablantes.

‘’No es arriesgado decir que la desigualdad educativa entre castellanohablantes y catalanes introducida por la inmersión lingüística en Cataluña se plasma también en una desigualdad profesional y social entre la población, quizás deseada de forma voluntaria por algunos ingenieros sociales del nacionalismo catalán’’, explicó Sanz.

El adoctrinamiento en aulas
Los casos se multiplican, y ya no sólo en Cataluña. Una ciudadana sueca denunciaba hace unos meses a La Gaceta la “incomprensible” situación de la Educación en Baleares: “Todo esto es de locos”. Ha pedido “auxilio a Madrid”. Nadie hace nada.

Lena Erikson (pide al redactor no publicar su nombre real) es una ciudadana sueca que, por los avatares de la vida, acabó viviendo en nuestro país. En concreto en la isla de Ibiza. Allí se estableció hace algunos años y hoy regenta un pequeño negocio.

Desde hace algunos años es mamá y ha sido desde entonces que ha descubierto con sorpresa la realidad educativa de las Islas Baleares: “¡No podemos elegir eduación en castellano para nuestros niños en la escuela pública!”.

Y luego está el tema del adoctrinamiento, negado por el separatismo y hasta el Ministerio de Educación. Pero ya estaba ahí La Gaceta para refrescarles la memoria.

Estos son sólo algunos ejemplos de la desigualdad territorial que impera en nuestro país. Lejos de intentar atajar el problema, los partidos políticos insisten en la necesidad de una reforma constitucional para, entre otras cosas, dar cierto encaje especial a algunas comunidades autónomas. La pregunta que cabría hacerse es clara: ¿Hay ciudadanos de primera y de segunda en España?

Cuenta atrás para la traición a España (-18)
LA DESESPERANTE LENTITUD DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA. PUIGDEMONT CANDIDATO PRÓFUGO.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 4 Diciembre 2017

Dentro de unas horas el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, va a decidir sobre la liberación o mantenimiento de prisión provisional con o sin fianza de los golpistas encausados del ex Gobierno de la Generalidad que perdieron al ser cesados y disuelto el Parlamento autonómico su condición de aforados, motivo por el cual los casos cayeron en la Audiencia Nacional y, en concreto, en la jueza Carmen Lamela que ya llevaba los casos de los Presidentes de la ANC y OMNIUM conocidos como “los Jordis”, así como el caso del Mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, hasta ahora el único que quedó en libertad sin fianza. El resto de los presentados, (ya que el ex Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y otros cuatro ex Consejeros se encuentran fugados en Bélgica a la espera de que la justicia de ese país decida dar curso a la extradición a España solicitada por la jueza), fueron puestos en prisión provisional y sin fianza. Posteriormente el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decidió asumir todas las causas abiertas relativas al golpe de Estado perpetrado por los independentistas, asumiendo entre otros los casos de los Jordis y el los no aforados del ex Gobierno de la Generalidad. Y en esas estamos.

Lo que a nadie parece importar es el avance de la Instrucción, de la que nadie habla y que es la pieza fundamental para la delimitación formal de los delitos que se les imputan y el comienzo del juicio oral. Los antecedentes de otros casos donde se ha juzgado y condenado a otros relevantes ex cargos de la Generalidad, por su implicación en la farsa del referéndum ilegal del 9 de noviembre del 2014, no hacen tener esperanza en una pronta resolución de esta macro causa que el juez Llarena se ha empeñado en abarcar. Y ya se sabe el refrán de que “quien mucho abarca, poco aprieta”. Basta recordar cómo en aquél caso, la Fiscalía decidió suprimir el delito de malversación de fondos públicos y dejar solo el de desobediencia y prevaricación, lo que dio lugar a una condena mínima legal dentro de la ya levedad de la acusación. El caso es que todo se saldó para los enjuiciados Artur Mas (Presidente de la Generalidad), Joana Ortega (vice Presidenta) e Irene Rigau (Consejera), con una inhabilitación temporal para el desempeño de cualquier cargo público por dos años para Artur Mas, un año y nueve meses para Rigau y un año y seis meses para Ortega. Un juicio que comenzó dos años más tarde de los hechos y cuya sentencia tuvo lugar en marzo de este año.

No ha sido hasta después que ya en la jurisdicción contable (administrativa y no penal) el Tribunal de Cuentas pidió a Artur Mas una fianza solidaria con los otros nueve ex altos cargos de su Gobierno denunciados de 5,3 millones de euros por el gasto estimado ocasionado a las arcas públicas para la organización de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Es una fianza solidaria, por la que, si alguno de los diez encausados no tiene dinero ni propiedades, los otros han de responder con las suyas por él. Es decir, se reconoce de hecho una malversación de fondos públicos que, de demostrarse en esta vía, debería dar lugar a una denuncia por la vía penal que conllevaría una pena de prisión, la que se quiso evitarse al no contemplar la Fiscalía ese delito.

Estamos asumiendo como normal en España el mantra de que la Justicia es “lenta pero segura” y solo es cierta la primera de las afirmaciones, es desesperadamente lenta. Y esa lentitud es la que hace que precisamente ni sea segura ni cumpla con su misión de impartir justicia, existiendo para más “inri” la figura de la prescripción de los delitos. Una vía de escape que crea una impunidad de facto para los delincuentes, precisamente por la irritante lentitud en los procedimientos de instrucción que duran años. El caso es que, como ahora sucede en estas elecciones autonómicas tan atípicas en Cataluña, la paradoja reside en que los encausados y aún presos, en su mayoría vuelven a figurar en las listas electorales, ya que ni se les ha enjuiciado ni tienen una condena en firme de inhabilitación, conservando intactos sus derechos constitucionales a someterse a sufragio pasivo. Se repite, por tanto, el esperpento del condenado Artur Mas, que pudo presentarse a las nuevas elecciones autonómicas y obtener al acta de diputado, aunque no pudo ser investido Presidente del Gobierno de la Generalidad por la oposición de la CUP que exigió su sustitución e invistiendo finalmente a un desconocido Carles Puigdemont cuyas hazañas ya conocemos.

En el mundo empresarial hay una norma fundamental que dice que tus propias carencias y deficiencias no pueden transmitirse hacia, ni afectar a tus clientes. La Justicia es un servicio social que garantiza el cumplimento de la ley y la sanción de los delitos. Todos los ciudadanos somos sus “clientes” y por tanto nunca deberían afectarnos las carencias y deficiencias de una Institución ampliamente desbordada y con carencia de medios eficaces para cumplir con su misión. Una justicia lenta es ineficaz e insegura.

Hoy el juez Pablo Llarena debe decidir si mantiene o no la prisión provisional sin fianza para los encausados ahora bajo su jurisdicción. La decisión no es sencilla porque las dos alternativas son igualmente aplicables. La primera, por la gravedad de los delitos imputados y la posibilidad real de fuga, de reiteración en el delito y la de destrucción de pruebas. La segunda, por no poder obviar el mantenimiento de los derechos constitucionales de participar en las elecciones en igualdad con el resto de candidatos en libertad. Lo que se decida tendrá una influencia clara en el desarrollo de la campaña electoral, dado que su presencia o ausencia será aprovechada por los independentistas. Y es que en este caso, la Justicia se ha encontrado con la celeridad de un Gobierno angustiado que decidió convocar de modo apresurado unas elecciones autonómicas sin valorar las circunstancias excepcionales y anormales que las rodean.

El otro esperpento es el caso de Carles Puigdemont el que se pavonea en Bruselas como legítimo Presidente de la Generalidad, a pesar de haber sido cesado y perdido su acta de diputado por la disolución del Parlamento de Cataluña. Dice que no acata la aplicación de la artículo 155 de la Constitución, pero se ha apresurado a crear una candidatura, Junts per Catalunya, en la que él figura en el primer puesto de la lista, y en la que se integran destacados representantes del independentismo radical como es el segundo de su lista Jordi Sánchez de la ANC y actualmente en prisión. Su descaro llega al extremo de pedir participar en la campaña electoral con garantías. Es decir que no se ejecute la orden de detención si regresa a España, algo que solo el juez Pablo Llarena podría decidir si retira la orden de extradición, la misma que la justicia belga trata hoy en la comparecencia de Puigdemont y del resto de reclamados por prófugos de la Justicia de España. Por lo pronto, Puigdemont ya ha participado en un mitin de precampaña en forma de videoconferencia arengando con “seguir, seguir y seguir” en un discurso en el que dijo cosas como “El espíritu del 1-O es el espíritu que puede doblegar el autoritarismo y que ha obligado al Estado a asumir que el futuro de los pueblos no se decide en un consejo de ministros ni en un tribunal, sino que el futuro de los pueblos se juega en las urnas” y que las próximas elecciones deben considerarse como “una segunda vuelta del 1-O”.

No deja de ser bastante vergonzoso este espectáculo que demuestra la especie de limbo judicial que existe en una UE incapaz de resolver los minifundios de unos Estados empeñados en no integrarse en una política común, ni aceptar perder su independencia en áreas como la Justicia, que en el caso de Bélgica es especialmente garantista y permisiva. El simple hecho de no dar trámite automático a una euroorden de extradición de un país miembro con el que comparte el espacio Schengen de libre circulación de los ciudadanos, demuestra esta resistencia numantina a perder su autonomía.

¡Que pasen un buen día!

El final del ‘proceso’ o del Tribunal Supremo
Pablo Sebastián republica 4 Diciembre 2017

Mientras la Justicia no se convierta en el valladar implacable e insalvable para los delincuentes del golpismo catalán -y de quienes los ha ayudado o financiado- la crisis institucional de España que se inició en Cataluña y la vulneración del orden constitucional denunciado por el Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, continuarán.

Y lo que es peor arrastrando en su vorágine destructiva la credibilidad de la Justicia, incluido el Tribunal Supremo que se sumaría al serio deterioro que ya ha sufrido el Tribunal Constitucional al mostrarse incapaz de suspender, como debió, en sus cargos públicos a Forcadell, Puigdemont, Junqueras y al resto del govern cuando a primeros de septiembre todos desobedecieron sus decisiones y violentaron el Estatuto y la Constitución.

Algo parecido puede ocurrir hoy en el Tribunal Supremo si salen de la cárcel Junqueras y quienes le han imitado el pasado viernes en su mofa ante el magistrado Llarena con burlescas manifestaciones sobre el artículo 155 de la Constitución y sobre la legalidad vigente. Un Junqueras que, este mismo fin de semana, ha vuelto a despreciar la legalidad española para pedir que la UE vigile las elecciones del 21-D.

Si estos golpistas salen de la cárcel en semejantes circunstancias habrá que concluir que el magistrado Llarena -vía magistrado Marchena, el amigo del ministro Catalá- ha escuchado los cantos de la sirena Soraya o los lamentos del Gobierno desde donde Rajoy, disfrazado de sastrecillo valiente, acaba de proclamar el final del procedo secesionista catalán como si ello fuera la obra maestra de su poderío presidencial.

Sabemos -casos recientes hay como el proceso Nóos- que, en España, la Justicia no es igual para todos. Sobre todo cuando se enfrenta a poderosos protagonistas. Pero nunca imaginamos que la Justicia podría flaquear frente a quienes se rebelan de manera premeditada -de ‘organización criminal’ calificó la juez Lamela la trama del golpe- contra el orden constitucional violando la legalidad, la Constitución y el Estatuto catalán, para romper la unidad de España y todos ellos como autores de los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Y si después de todo esto, de la fuga de Puigdemont y medio govern, y de las movilizaciones continuas de sus colaboradores para continuar con el golpe de Estado, Junqueras, Romeva y otros pájaros golpistas ¿van a salir de la cárcel, así como así, por decir de mendaz manera que acatan el 155?

Aquí no estamos hablando de un hurto o una corrupción pública. Aquí está en juego el orden constitucional y el prestigio del Tribunal Supremo, pase lo que pase en las elecciones del 21-D y en los tribunales de Bélgica con ese prófugo de Puigdemont.

Y si alguien está haciendo cálculos políticos desde la cúpula del Gobierno y maniobras oscuras para soltar a Junqueras se va a equivocar. Y más grave sería que el magistrado Llarena se prestará a algún manejo político porque de ser eso cierto y probarse habría incurrido en un delito de prevaricación.

De manera que atentos al Tribunal Supremo porque hoy Llarena dictará su suprema decisión.

Cerco judicial a la pasividad de los Mossos el 1-O

EDITORIAL El Mundo 4 Diciembre 2017

"La traición es una cuestión de fechas", escribió Talleyrand. Cada vez está más claro que el pasado 1 de octubre, los Mossos d'Esquadra traicionaron al Estado. Su inaceptable inacción durante el referéndum ilegal promovido por las autoridades catalanes permitió de facto la votación en numerosos puntos de Cataluña y forzó a la Guardia Civil y la Policía Nacional a intervenir por la fuerza para impedir una consulta suspendida por la Justicia. Las cargas policiales de aquel día fueron usadas de forma torticera por el independentismo, llegando a la desfachatez de engordar el número de heridos de forma mendaz. En realidad, se trató de un intento mezquino e intolerable de presentar a España como un Estado antidemocrático a ojos del mundo entero.

La propaganda secesionista es insistente, pero el tiempo está poniendo las cosas en su sitio. Fueron los altos mandos de la policía catalana los que vulneraron de forma flagrante sus obligaciones. Así se desprende de las declaraciones judiciales de agentes de este cuerpo, a las que ha tenido acceso este periódico, y en las que queda reflejado el pasotismo de los responsables de los Mossos. Tal como revela hoy EL MUNDO, el Juzgado de Instrucción número dos de Sabadell ha imputado a inspectores, subinspectores y comisarios de los Mossos por permitir el referéndum ilegal. Todos ellos están acusados de un delito de "desobediencia a la autoridad judicial". En concreto, el magistrado ha dado orden a la dirección actual de la policía autonómica de identificar a los responsables de algunas de las Salas Regionales del Cuerpo, encargados de transmitir las órdenes operativas a los agentes desplegados en los puntos de votación. En sus declaraciones ante el juez, numerosos policías autonómicos señalan que se pusieron en contacto con sus superiores a lo largo de la jornada del referéndum a través de la emisora, solicitándoles "instrucciones y refuerzos". Pero nadie les dio indicaciones ni tampoco les fue notificado por parte de sus superiores, ni antes ni durante el 1-O, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), impidiendo una consulta que quebraba el marco constitucional y estatutario.

El testimonio de los agentes interrogados resulta clarificador. Sus mandos no les dieron indicación alguna ni de requisar urnas, ni de dónde entregarlas, ni de precintar los colegios electorales. Lo que sí se les prohibió es el uso de la fuerza para "garantizar la paz social". Es evidente que, siguiendo la estrategia de desacato de la Generalitat, los jefes de los Mossos incumplieron el mandato judicial de frustrar la votación. La Justicia debe depurar responsabilidades en un episodio que degeneró en desórdenes públicos y que quebró la confianza del Estado en un cuerpo policial cuyos mandos no cumplieron con su deber.

La cobardía del dinero y la “cuestión catalana”
Los grandes empresarios ha renunciado, tarde, a su papel de “teloneros” dispuestos a aplaudirlo todo; y los ciudadanos, más de la mitad del aforo, se han visto arrastrados a padecer en primera persona los desatinos dramáticos de quienes han elegido.
Vicente Benedito Francés vozpopuli.es 4 Diciembre 2017

Se dice que el dinero es cobarde. Lo es. Se dice que el dinero es egoísta. Lo es. Se dice que el dinero no tiene patria. Sin duda. Cuando el ex ministro Borrell recriminó a las empresas catalanas que podían haber alzado mucho antes la voz para oponerse, con sólidas razones económicas, al proyecto independentista, en realidad estaba “olvidando” que esas empresas habían permanecido en Cataluña mimadas económicamente por la Generalitat, eso sí gracias a la generosidad del odiado “Govern de Madriz”. Mientras tanto… “ande yo caliente…”.

Cuando la nave del procés termina haciendo agua por todas partes, sólo entonces, esas mismas empresas, abandonan el barco, al grito de “¡salvemos el dinero!”, salvemos nuestros intereses. Y ¿a dónde se dirige un inmenso porcentaje de ellas? Casualmente al “odiado Madriz”.

Y… ¿qué decían los políticos impulsores del independentismo antes de esa huida? Recordemos al expresident de la Generalitat, al insigne Artur Más -maldita hemeroteca- dirigiéndose a los catalanes, afirmando sin rubor alguno, que no se iría una sola empresa, que una vez proclamada la república, harían cola para establecerse en Cataluña. La salida ha sido masiva. Hasta los empresarios más cercanos al proceso han optado por la defensa de sus empresas y su patrimonio, aparcando su fe independentista, trasladándose, mayoritariamente a la capital del Estado. Son las cosas de la “butxaca”, ya saben, “Barcelona és bona si la bolsa sona”.

El odiado Gobierno, el destinatario de “Espanya ens roba” ha llegado a “apropiarse traicioneramente” de más de 2.900 empresas catalanas y forzado a sus gestores a trasladarlas a “Madriz”. Eso sí, ejerciendo una violencia irresistible, porque naturalmente, ellas no querían.

Pero, alejados de ironías, volvamos a la frase de “el dinero es intrínsecamente cobarde” y analicemos, y sobre todo, comparemos el comportamiento de los empresarios catalanes “huidos” (curiosamente dueños y gestores de las empresas más relevantes); el de los políticos del “procés” y el de los ciudadanos, adoctrinados, o no. ¿Qué alternativas tenían cada uno de ellos para elegir?

Mientras gran parte de los primeros han huido para salvar sus dineros, los políticos independentistas han adoptado dos posturas. Unos, de momento, se han fugado a Bruselas, huyendo de la justicia y otros, los que se han quedado, no sólo han eludido cualquier tipo de responsabilidad económica frente a los ciudadanos a los que han engañado reiteradamente dibujándoles una Arcadia feliz, sino que, en el colmo del cinismo, se han atrevido a solicitarles un nuevo esfuerzo adicional, una “colecta cívica”, para hacer frente a sus responsabilidades penales y, entre otros, Artur Mas, cuya economía sigue siendo inescrutable para la Hacienda Pública. Ese mismo “Mesías” de una mediocre clase política catalana que durante décadas, se ha hartado de repetir el tópico del robo y la insensibilidad del resto de España para con ellos, y tarde, a las puertas de prisión, han reconocido la inviabilidad económica del proyecto secesionista. No les han hablado a sus pensionistas de que Cataluña es la Comunidad Autónoma más deficitaria para la Seguridad Social. Que sus pensiones se reducirían, de entrada, en más de un quince por ciento. Que el malvado Estado se gasta en ellos la quinta parte del presupuesto de las pensiones que corresponden al conjunto de los españoles.

No sólo no devuelven el dinero, el trabajo y las oportunidades que ya les han hecho perder, sino que encima les piden una “ayudita” para perpetuarse en el poder y para poder acudir a las elecciones nuevamente como héroes salvadores de la patria. No deja de sorprendernos un país como el nuestro, cuya Justicia, puede terminar excarcelando a imputados por estar involucrados en un golpe de estado, para que puedan presentarse a unas elecciones en el territorio que perseveran en separar. E, igualmente, de resultar elegidos, lo primero que habrán de hacer, de aceptar su acta de diputados, es “jurar o prometer” lealtad a la Constitución que no reconocen como propia.

La mentira continúa. La inoculación del “España nos roba, España no nos quiere”, tras décadas de adoctrinamiento, ha calado tan fuerte en una parte de la sociedad catalana que ha adormecido sus conciencias y la ha transformado en irracionalmente acrítica. La posverdad ha triunfado. Con una enorme desventaja para los ciudadanos no independentistas e incluso para los pocos que ahora empiezan a analizar la situación con criterios objetivos. ¿Por qué la desventaja? Porque así como los empresarios cuentan con recursos para trasladar rápidamente, su sede, la mayoría de los ciudadanos de a pie y las pequeñas y medianas empresas, no tienen esa capacidad. No pueden huir, ni trasladarse. Tienen sus negocios, su vida, su familia y eso no pueden, ni desean, cambiarlo en veinticuatro horas, como sí han podido decidir las grandes empresas. Enorme diferencia. Y, para mayor escarnio, sus políticos independentistas no sólo les reclaman, la “ayudita” para hacer frente a las fianzas, también quieren que contribuyan a sufragar los gastos de las próximas elecciones. Para continuar adoctrinando, ocultando sus muchas vergüenzas. Sin ningún tipo de rubor, sin mínimo propósito de enmienda, sin asumir responsabilidad alguna. Las empresas - dicen - se han ido porque se han visto obligadas, pero no os preocupéis, volverán.

Concluyendo, los papeles interpretados por los diferentes protagonistas responsables del finiquitado “procés”, y las víctimas del mismo, han sido muy distintos. El actor principal, a la vez que director de la obra, no es otro que una egoísta clase política catalana que ha renunciado al interés general de los ciudadanos a los que dicen representar en beneficio de una tierra prometida que jamás ha existido. Los grandes empresarios ha renunciado, tarde, a su papel de “teloneros” dispuestos a aplaudirlo todo; y los ciudadanos, más de la mitad del aforo, se han visto arrastrados a padecer en primera persona los desatinos dramáticos de quienes han elegido o, dejado elegir por los que si acuden a votar cuando son convocados para ello. Y es en esa reflexión en la que tienen ahora que profundizar, para no seguir siendo cautivos de aquellos a los que ya han descubierto sus prioridades. Han de acudir en masa a votar el 21-D. De lo contrario, no podrán ser equidistantes con el grave problema que sufren y que requiere una solución de largo plazo.

La eficaz manipulación de las TV facilita el adoctrinamiento independentista
“El propósito de la educación es mostrar a la gente como aprender por sí misma. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento” Noam Chomsky
Miguel Massanet diariosigloxxi 4 Diciembre 2017

Puede que sea necesario insistir en dos de los puntos en los que creemos que el gobierno del señor Rajoy ha fallado. No es que pensemos que, cuando el PP decidió aplicar el Artº. 155 de la Constitución en la rebelde Cataluña, no tuvieran la intención, sana intención, de tomar medidas adecuadas para neutralizar ambos problemas, el de las TV locales y el del adoctrinamiento de los estudiantes en las escuelas públicas y las universidades. Sin embargo, lo que sí es cierto es que, en su intervención en la administración de la autonomía catalana, no tuvo la valentía necesaria, la energía precisa y la decisión de no dejarse intimidar, para negar al señor Sánchez, del PSOE, su petición de que no se interviniera en la TV3 catalana, para evitar que, este importante foco del independentismo catalán, pudiera seguir con su labor proselitista, intoxicante, desinformativa y claramente discordante con las medidas gubernamentales, respecto a la necesidad de intervenir en Cataluña, para poner remedio a los desmanes del gobierno autonómico de la Generalitat y acabar con el intento del Parlamento de Cataluña de suplantar las funciones legislativas del Congreso y el Senado españoles, emitiendo sus propias leyes con la pretensión de suplantar la autoridad del Estado español y contradecir la Constitución de 1978, respecto a mantener la unidad de la nación española.

Tampoco, y reconocemos ignorar los motivos que han impedido a Rajoy y los suyos el que, las medidas de intervención puestas en práctica (en realidad sólo unas pocas), no hayan abarcado el poner remedio al adoctrinamiento, evidente y conocido por cualquier persona que mande a sus hijos a las escuelas públicas catalanas, que se les hace a los estudiantes, no sólo en cuanto a impedirles el uso del idioma español, sin respetar las horas lectivas que obligatoriamente deberían darse, sino en el trato discriminatorio que se les hace a los alumnos cuyos padres se quejan de que no se imparta enseñanza en castellano a sus hijos, a pesar de la serie de sentencias de los tribunales reconociéndoles tal derecho.

Dos aspectos de tanta trascendencia para Cataluña y España, parece que no han sido tenidos en cuenta en el momento de poner orden en la Administración de Cataluña. Si ya estuvo mal que, durante los años anteriores, a pesar de las numerosas denuncias que se han hecho respecto a la labor de los medios informativos catalanes, en especial la TV3 y el Periódico de Cataluña, dos instrumentos adictos sin fisuras al independentismo catalán, tanto en su línea editorial como en cuanto a todos sus programas en los que, tanto presentadores como asistentes, no hacen otra cosa que reclamar la independencia y poner a caldo cualquier decisión que se tome desde el Gobierno de la nación española. El tema escolar tiene una particular gravedad por formar parte de una vergonzosa, manipulada y doctrinaria intriga del separatismo catalán, a base de una intencionada imposición de una historia tergiversada, un odio hacia el resto de España y una serie de inventadas reclamaciones, injurias, burdas falsedades y supuestas quejas, en contra del resto de la nación; evidentemente fruto de su intención de falsear los hechos y crear, en las mentes juveniles, un rechazo visceral en contra del resto del Estado español.

Si a uno le coge la humorada, en ocasiones gracias a una imposición que nos hacemos para confirmar que nada ha cambiado en las emisiones de la TV3 catalana, de escuchar algunos de sus programas informativos, presenciar sus tertulias, en las que todos los participantes son de la misma cuerda independentista y donde cualquiera que haga una observación atinada respeto al resto de España, es rápidamente anulado a base de reconvenciones, fanatismo doctrinario y cerrazón intelectual. Y siendo así, ante la evidencia de que nada se ha movido en la televisión local catalana, TV3, y que todos sus servidores, desde el botones hasta el director de la cadena, siguen constituyendo el mayor aparato de propaganda al servicio de la causa secesionista; resulta incomprensible que, el Gobierno, no mueva un dedo para evitar que se siga la campaña intensa de reclutamiento de separatistas, en unos momentos en los que tenemos unas elecciones autonómicas a pocos días vista y que las andanadas de esta cadena de carácter público, van dirigidas en contra de una parte de los partidos que se presentan como candidatos a ganar las elecciones. Es obvio que se está produciendo una situación en la que la Junta Electoral debiera de tomar medidas ante la clara preferencia y falta de parcialidad demostrada por la sectaria cadena televisiva catalana, la TV3.

Contrariamente al optimismo que parece que se ha puesto de moda en el gobierno del señor Rajoy, somos muchos los españoles que seguimos viviendo en Cataluña, que seguimos creyendo que, con lo que se ha hecho con el 155, no hay bastante para reconducir el problema catalán, en orden a que se restituya en esta autonomía la normalidad; no sólo respecto a su deriva independentista, sino también a aquellos aspectos que venimos denunciando y que parece que, si no se toman medidas ahora, que sigue vigente la intervención estatal en Cataluña, resulta más que evidente que ya no se tomarán si, como hay grandes posibilidades que suceda, los vencedores de los comicios son los mismos que fueron los responsables de que se tuviera que poner en marcha, con todos los retrasos y obstáculos con los que se hizo, vuelvan a ser los que dominan la Generalitat y el Parlamento catalanes.

Mucho nos tememos que los partidos constitucionalistas, si es que se les puede llamar así, hayan decidido poner parches en el problema catalán, para ganar tiempo. En este caso, el que parece que tendría todas las de perder es el PP desgastado por las dos legislaturas de gobierno; duramente castigado por la serie interminable de casos de corrupción que no parece que vayan a terminar nunca y, algo que va resultando evidente, con el gran deterioro experimentado por el señor Rajoy, no sólo en cuanto a los votantes del resto de los partidos sino, incluso por los simpatizantes y votantes del propio PP, que estiman que es necesaria una fuerte catarsis del partido en la que, todos los actuales dirigentes se eclipsaran del mapa político y fueran sustituidos por nuevas caras y algunas de las viejas ( Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz, María San Gil, Arantza Quiroga y muchos otros que, incomprensiblemente, fueron apartados de la primera fila de la dirección del partido por resultar incómodos a algunos de los nuevos integrantes del gobierno formado por Rajoy) que, con toda seguridad hubieran contribuido a que muchos de los errores cometidos por estos neófitos aprendices de políticos, se hubieran evitado si hubieran evitado que asuntos, de suma importancia, se fueran manteniendo en hibernación aunque se sabía que, tarde o temprano, saldrían a la luz.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, mucho nos tememos que el TS deje de escuchar los argumentos de los fiscales y ponga en libertad a todos estos secesionistas que, por otra parte, han demostrado su pusilanimidad, su poco coraje y escaso aguante, mostrándose dispuestos a aceptar el 155 que todos habían rechazado, burlándose de él, y aceptando no salirse del ordenamiento legal en sus campañas para las elecciones del 21 D y, posteriormente, en el ejercicio de las funciones públicas que les correspondieren. Todo apariencia, todo mentira y nada que estén, en realidad, dispuestos a seguir. Una tomadura de pelo que, no obstante, es muy posible (ojalá me equivoque) que sirva para que los dejen libres para reanudar sus maquinaciones hasta que, a la menor ocasión que tengan de volver a plantear su ruptura con España, n a prevaricar sin el menor remordimiento. Una pena que, evidentemente, se deberá a la estulticia y la mojigatería de los que no han sabido sacarle todo el jugo a este artículo constitucional, por la aplicación del cual tantos esfuerzos se han gastado para que, al final, todo quede en agua de borrajas.

Exiliados por no hablar catalán: «No nos fuimos por cobardía, sino por impotencia»
Algunos iniciaron la resistencia en los ochenta, otros se han plantado después. ABC habla con profesores que han tenido que abandonar Cataluña por oponerse a la «dictadura del catalán»
ESTHER ARMORA. Barcelona. ABC 4 Diciembre 2017

Son las víctimas silenciadas de la «dictadura del catalán». Su lucha no la han librado en el Parlament ni en los tribunales sino en las aulas, donde desde los años ochenta, con la llegada al Govern del expresidente Jordi Pujol, «los soberanistas han jugado su gran baza para imponer una realidad nacional excluyente».

Varios profesores que se han visto forzados a abandonar Cataluña por oponerse al plan de los nacionalistas de catalanizar la enseñanza relatan a ABC cómo fueron «sus duros años en la trinchera educativa».

La diáspora comenzó en los albores de los años ochenta, poco antes de que viera la luz la primera Ley de Política Lingüística (1983). Desde entonces, el goteo de profesores que han pedido el traslado a otras comunidades autónomas por no acatar «la dictadura del catalán» ha sido continuo.

En 1981, varios docentes crearon el primer reducto de resistencia contra la imposición del modelo educativo monolingüe en catalán y firmaron un manifiesto, conocido como el «Manifiesto de los 2.300», en el que expresaban su desacuerdo con el plan de la Generalitat para recatalanizar la enseñanza.
14.000 abandonaron

La mayoría de los que apoyaron la causa tuvieron que exiliarse «por el ambiente de intransigencia y de rechazo» que sufrieron dentro del ámbito escolar y también a nivel social.

«Fueron más de 14.000 los profesionales de la enseñanza los que marcharon de Cataluña en aquel momento ante la falta de apoyo institucional y la hostilidad social que se generó a raíz de su lucha», explica a este diario el profesor de Filosofía Antonio Robles, uno de los primeros que, desde el entramado social, lucharon contra el régimen monolingüe impuesto por Pujol. «Fue un éxodo invisible que casi nadie ha contado y que, desgraciadamente, sigue produciéndose», dice Robles.

«Ahora se habla mucho de adoctrinamiento, pero lo que han hecho los nacionalistas en la escuela ha sido una lluvia fina, una estrategia de años y años. Primero fue la lengua y luego los libros de texto. Sus planes se dibujaron en los ochenta, no lo olvidemos. Ahora han culminado», denuncia el profesor que, en 1992, publicó el libro «Extranjeros en su país», en el que anticipaba lo que ha ocurrido.

Robles, ya jubilado, alude al documento «Programa 2000», redactado por el Ejecutivo de Pujol a comienzos de los años noventa. «Cuando la prensa publicó aquel documento, en el que se hablaba de catalanizar la enseñanza, impulsando el sentimiento catalán en docentes, padres y alumnos, y controlar los contenidos, nadie nos hacía caso. Ahora, desgraciadamente, se ha visto que han cumplido sus planes al pie de la letra», concluye el profesor.

«En los claustros el ambiente era tenso. La gente empezaba a distanciarse de ti»
Se rebeló contra la imposición del catalán en las aulas cuando la palabra inmersión aún no existía en el vocabulario de los nacionalistas catalanes. En 1981, con la llegada del expresidente Jordi Pujol a la Generalitat, Santiago Trancón, profesor de Lengua y Literatura Castellana en un instituto de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), inició la resistencia al plan de recatalanización de la enseñanza. Lo hizo muy al comienzo, cuando el proyecto de la Generalitat de «impulsar una identidad nacional desde las aulas» apenas arrancaba. Trancón se negó desde un principio a colaborar con el plan de los nacionalistas y redactó el primer manifiesto de rebeldía contra la causa. Siete meses después, cansado de luchar sin apoyo, abandonó Cataluña.

¿Cuántos profesores se han ido desde entonces?
Desconozco la cifra, pero muchos. En aquellos momentos se habló ya de unos 14.000 profesionales. La fuga ha sido desde entonces constante.

¿Por qué resultaban incómodos?
Porque estábamos en contra del proyecto nacional-independentista que pretendía excluir definitivamente el castellano de la enseñanza y también de cómo lo estaban haciendo, acosando individual y colectivamente a los que nos negábamos a aceptarlo.

¿Cómo sentía ese rechazo?
Lo percibías tanto dentro del ámbito escolar como fuera, a nivel social. En los claustros el ambiente era tenso. La gente empezaba a distanciarse de ti. Ese ambiente te impedía tener una relación fluida con personas con las que antes la mantenías. Ese acoso psicológico que ejerce el que se cree que está por encima de otro afecta a las relaciones cotidianas. Querían que te sintieras incómodo por hablar castellano.

¿Llegaron instrucciones escritas a los centros?
Fue todo mucho más sutil. Fue una purga silente. Todos los docentes sabían que si querían prosperar debían hablar catalán en las clases y fuera de ellas. No había amenazas explícitas. Estaba en el ambiente. Los nacionalistas tiraron su plan hacia adelante con mucha violencia, pero no física, sino psicológica.

¿Fue entonces cuando se rebeló y escribió el manifiesto?
En febrero de 1981 escribí, efectivamente, un texto que acabó siendo el «Manifiesto de los 2.300». Nuestro único objetivo era denunciar públicamente el proyecto nacionalista y sus métodos intimidatorios y totalitarios.

¿Sufrieron en la resistencia algún tipo de amenaza?
En aquellos tiempos Terra Lliure campaba a sus anchas y algunos compañeros sufrieron pintadas en sus domicilios y amenazas de muerte.

¿Por qué tiró la toalla?
Nuestro objetivo era combatir esa situación desde una asociación cultural pero para ello necesitábamos apoyo político. La izquierda estaba abducida por el catalanismo; la derecha tampoco nos ayudó. Fue entonces, cansado de luchar sin respuesta, cuando abandoné Cataluña. No nos fuimos por cobardía, sino por impotencia y frustración.

Puig estrecha el cerco lingüístico: gasta 100.000 € en una encuesta para ‘marcar’ a los funcionarios
Nacho Doral okdiario 4 Diciembre 2017

El gobierno de la Comunidad Valenciana evaluará qué conocimiento de valenciano tiene la administración pública. En su proyecto de imposición lingüística, el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig con la nacionalista Mónica Oltra como vicepresidenta e impulsora de la catalanización de la Educación y la Función Pública, el nuevo paso es examinar sobre el nivel de ‘valenciá‘ (para los nacionalistas no existe diferencia con el catalán) que tienen los funcionarios de sus tres provincias: Valencia, Alicante y Castellón.

Con este fin, la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha sacado a licitación este miércoles la realización de una encuesta sobre el uso y conocimiento de la misma de los trabajadores públicos. La Generalitat Valenciana se gastará 98.500 euros (sin IVA) en el estudio.

La resolución aparece publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, y en ella, como es habitual en la documentación oficial, se cuidan de la denominación de la lengua sobre la que PSPV-PSOE y Compromís (con la colaboración de Podemos, también cercana al pancatalanismo) se informa sobre el objeto del contrato: “Encuesta sobre el uso y conocimiento del valenciano en la Administración local valenciana” y del plazo para realizarla, “de tres meses una vez se produzca la adjudicación”.

Una encuesta para conocer el nivel de los funcionarios de la administración y señalarles por su dominio del valenciano, cuya imposición en la vida de esta comunidad con mayoría de castellano-parlantes se ha convertido en una de los objetivos de la dictadura lingüística del bipartito.

La Generalitat Valenciana continúa así con su intento de introducir esta lengua en ámbitos oficiales. PSPV-PSOE, Compromís y Podemos ya aprobaron en septiembre por vía urgente el llamado ‘decretazo’ del pluirilingüismo con el voto en contra del PP y la ausencia de Ciudadanos. Un decreto que la impone desde primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (niños de 3 años) y que fue suspendido por el Tribunal Superior de Justica de la Comunidad Valenciana (TSJCV).


 


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