AGLI Recortes de Prensa   Martes 5  Diciembre 2017

La Nación y la gran estafa de la política
Javier Benegas vozpopuli.es 5 Diciembre 2017

La Constitución es un elemento fundamental. En ella, la nación establece las reglas formales del funcionamiento político, los derechos y deberes de los ciudadanos y sus leyes principales. Sin embargo, una constitución en sí misma no encarna la realidad de la nación, sobre todo si, más allá de la acepción de nación política, atinamos a entender la nación como lo que realmente es: una institución y no una mera organización.

Como sucede por ejemplo con la lengua, las naciones, en tanto instituciones, no son realidades gerenciales; es decir, no se someten a la discrecionalidad de un cuerpo dirigente, ni siquiera a las preferencias de la generación del momento. Su realidad es producto del devenir histórico, de infinidad de sucesos y cambios donde han intervenido, intervienen e intervendrán infinidad de agentes, azares y sucesos.

La Nación no es un cliché patriótico
El idioma español no es patrimonio de la Real Academia de la Lengua. Es el resultado de la evolución del habla a lo largo de los siglos, donde millones de personas, al usar el español cotidianamente, han ido generando los modismos, las nuevas expresiones y las palabras que, a lo sumo, la RAE, con mejor o peor criterio, va incorporando a las reglas formales del uso del lenguaje.

Sería absurdo que la RAE invirtiera este proceso y, de pronto, se erigiera en gerente del idioma español y, discrecionalmente, estableciera reglas, modismos, expresiones y palabras que el hablante común no empleara o siquiera reconociera. Al final, lo que la RAE conseguiría sería crear un idioma formal pero completamente ficticio, mientras que la calle generaría el suyo propio. ¿Qué idioma de los dos sería entonces el real, el verdadero, aquel mediante el que la gente se comunicara o el de la RAE?

Lo mismo cabe decir de las constituciones y las reglas formales con las que se pretende organizar una nación, entendida ésta en su acepción de Comunidad. El sistema político sería en realidad la organización, mientras que la nación sería la institución. Y al igual que sucede con la lengua, si la organización invierte los términos de relación y pretende interpretar discrecionalmente a la nación, el conflicto está asegurado.

Como explicaba Douglas C. North, cualquier modelo de organización no puede cambiar más allá de los límites institucionales; tampoco imponer a terceros o al propio ciudadano de a pie, cambios que desborden esos límites. Si, por ejemplo, un nuevo gobierno quisiera cambiar el sistema de selección de funcionarios, y promoviera su profesionalización en base al mérito, pero lo hiciera ignorando el marco institucional real de la sociedad, con toda seguridad fracasaría. Por lo tanto, sólo distinguiendo claramente entre organización e institución las estrategias de reforma pueden tener sentido.

Sin embargo, pese a la evidencia, el mundo desarrollado parece empeñado en discurrir en sentido contrario. Cada vez más, las organizaciones, capitaneadas por políticos, expertos, burócratas y grupos de interés, no sólo se anteponen a las instituciones, sino que aspiran a dominarlas, transformarlas e incluso, en algunos casos, eliminarlas. Y aquí conviene recordar que la nación ha encarnado tradicionalmente el principio de Autoridad. Por lo tanto, suplantar o liquidar a la nación implica liquidar ese principio en el que se sustenta cualquier orden, y que, además, es legítimo en tanto que constituye un marco de entendimiento comúnmente aceptado.

Cuando ya en los años 70 algunos pensaban que el enorme deterioro de la Autoridad abriría una nueva era de mayor libertad individual. Y otros creían, por el contrario, que conduciría a la anarquía social y al caos moral, Robert Nisbet apuntó que, más bien, el vacío dejado por la Autoridad sería llenado por un ascenso irresistible del poder. Y tenía razón. Cada vez la política interfiere más en la sociedad, y no al revés.

La crisis de la Unión Europea
Esta inversión de papeles está en el origen de infinidad de conflictos. Así, la crisis europea tiene su epicentro precisamente en el error de anteponer la autoridad de una organización gerencial, como es la Unión Europea, a la de las naciones que la componen. La evolución natural, progresiva y no gerencial de la autoridad de las naciones hace que , como es lógico, resulte cercana y comprensible para sus ciudadanos, mientras que la de la Unión Europea, un ente planificador artificial y lejano, cuya legitimidad es cuestionable, les parece extraña.

Para muchos europeos resulta muy difícil, cuando no imposible, apreciar los valores y garantías que la Unión Europea representa. Entre otras razones, porque ni los propios gerentes de la UE son capaces de definirlos de manera clara. Más allá de ambiguas generalidades, como el “europeísmo”, la libre circulación o la solidaridad, ésta última muchas veces puesta en entredicho por los intereses antagónicos de los estados miembros, la UE ha sido incapaz de trascender su carácter meramente organizacional y proporcionar a los europeos valores fácilmente reconocibles. Es decir, la UE está muy lejos de ser una verdadera institución.

Sin embargo, muchos pasan por alto esta falla fundamental porque están convencidos de que las sociedades pueden evolucionar más y hacerlo más rápido si se ven forzadas a desprenderse de su dimensión institucional y quedan a expensas de la planificación gerencial, donde la política, supuestamente, lo puede todo, incluso dominar las pulsiones biológicas del ser humano. Una vez desmanteladas las instituciones tradicionales, los nuevos gerentes darán forma a las sociedades mediante nuevas reglas que, a discreción de los expertos, incentivarán unos hábitos y desincentivarán otros. Esta visión de tintes hegelianos resume a la perfección la abrumadora aspiración de poder que exuda la política posmoderna.

España, Cataluña y la Constitución
En el caso de España, circunscribir la solución del problema separatista al respeto de la Constitución, como si la carta magna por sí sola encarnara a la nación española, o, en su defecto, su reforma fuera la panacea, demuestra hasta qué punto el Estado de partidos ha usurpado el lugar de la nación como institución. La realidad histórica, fruto de siglos de evolución, contiene infinidad de claves que nunca fueron patrimonio exclusivo de un reducido número de expertos; tampoco de ninguna constitución. Por otro lado, da la impresión de que las constantes referencias a Europa, a la Constitución del 78 o a la democracia, sean simples requiebros para evitar apelar a la nación. Y este problema no es sólo achacable a la izquierda, sino que ya es generalizado.

Por otro lado, hablar de una concepción “plurinacional” de España supone una vuelta de tuerca más en la incomprensión del equilibrio entre instituciones y organizaciones: es pasar del error al disparate. España es diversa, sí, pero no plurinacional. La “nación catalana” no es ya que nunca haya existido, es que más allá de la burda emulación organizacional, no parece que vaya a existir en un futuro próximo, ni siquiera en un futuro lejano. Otra cosa es que finalmente se imponga por la vía del secular pasteleo político español. Aún así, Cataluña sería a lo sumo un estado en la concepción puramente administrativa y, con bastante seguridad, totalitaria; nunca una nación.

Nuestros políticos y expertos, al igual que los políticos y expertos de Bruselas, han llegado a creer que la política lo puede todo y, por lo tanto, que también puede reemplazarlo todo. Pero pronto comprobarán que están equivocados. Las organizaciones políticas no pueden reemplazar a las instituciones que sólo la sociedad es capaz de conformar a lo largo del tiempo.

Cuidado con la peligrosa furia catalana
Marcello republica 5 Diciembre 2017

Ahora que estamos en tiempos revueltos, hace mucho frío y no acaba de llover cómo se merece y necesita este país, nos llega de Londres la noticia de que los tres cuerpos de la policía londinense le acaban de conceder al español Ignacio Echeverría la más alta de sus condecoraciones por su valor probado, que le costó la vida, al enfrentarse con su monopatín, en defensa de una policía herida, a los terroristas yihadistas que atacaron la capital inglesa el pasado tres de junio.

He aquí un héroe español en este tiempo de locura nacionalista catalana donde los pájaros golpistas y delincuentes tiran a las escopetas de la Ley con unos viejos arcabuces de los que se les escapa el tiro por la culata en su intento patético por convertir a delincuentes en héroes.

Y todo ello mientras el más cobarde de todos ellos, Puigdemont, asiste en Gante a una ópera contra el Duque de Alba de los tiempos de Imperio para regocijarse con la ‘leyenda negra’ de nuestro país, mientras sus compañeros del golpe de Estado se ‘divierten’ -como lo ha dicho Junqueras- en la prisión de Estremera donde se lo van a pasar bomba en los próximos meses a la espera de que llegue a Puigdemont y les cuente sus aventuras por Flandes.

Cuidado con la locura golpista -hace bien Interior en poner escoltas a los candidatos españolistas de las elecciones catalanas, y que cuiden bien a Arrimadas que es la estrella emergente-, porque en el ambiente político y social del independentismo catalán huele a furia y venganza y nada, ni una agresión criminal, se debe descartar a lo largo de esta campaña electoral.

Y decimos esto porque, tras la decisión del magistrado Llarena de dejar en prisión a Junqueras, los Jordis y Forn, los ánimos secesionistas empiezan a estallar, máxime si las encuestas anuncian para el 21-C la victoria en votos del flanco español, con Arrimadas como posible ganadora de los comicios.

Ni imaginar queremos que un estallido de violencia pueda ocurrir en estos días de campaña electoral donde, de perdidos al río, también deambulan grupos extremos que buscan desestabilizar la situación política catalana y española.

De manera que máxima atención de los servicios de inteligencia y de los centros de información y vigilancia de las Fuerzas de Seguridad porque estamos en un tiempo decisivo y crucial en el que vemos subir el tono de la agresión verbal en calles y medios, con señalamientos infames incluso a las familias de los políticos españolistas, lo que constituye el umbral de las más viejas tácticas intimidadoras de nazis y fascistas.

La violencia verbal que hemos visto en colegios nacionalistas -en Cataluña y Baleares- incluso contra niños pequeños que son hijos de Guardias Civiles, se empieza a proyectar contra periodistas y políticos porque más de uno de los que ha vivido del nacionalismo (y su 3% que tanto gusta a Podemos) en los largos años de la transición empiezan a ver qué esa ventaja se acaba y no lo quieren consentir e incluso están dispuestos a todo para impedirlo.

De ahí estas líneas de aviso a navegantes por lo que pudiera pasar que ojalá no sea nada. Sobre todo si se toman medidas preventivas y visibles con las que crear un ámbito disuasorio y de prevención, lo que no estaría de más.

Gobierno y poder
Vicente Baquero gaceta.es 5 Diciembre 2017

El actual sistema político se adapta a la fórmula de gobierno denominada democrática, que es la preferida por los gobernantes actuales y parece ser que por una mayoría de ciudadanos, es decir: el poder viene del pueblo, al menos en teoría, ya que en todo grupo, como el gobierno colectivo no es posible, al final ha de ser ejercido por una minoría, y es en ese contexto individual donde afloran los intereses partidistas, las tentaciones y todos los pecados propios de la naturaleza humana. Dentro de este mismo sistema hemos optado por la fórmula del sufragio universal, sin cortapisas ni restricciones, como criterio absoluto y prácticamente único, de nuevo, al menos en teoría, pues tampoco es cierto que en España valgan lo mismo los votos de todas las personas, lo que nos ha conducido a una situación real que favorece la manipulación del sistema en beneficio de criterios, ideologías o intereses de ciertos grupos, que más que contemplar el interés colectivo, están pendientes de su propia supervivencia.

Como consecuencia de este sistema electoralista a lo largo de estos últimos años el poder del estado se ha ido diluyendo en favor de la estructura de los partidos y de los subgrupos territoriales, debido a la dependencia que tienen aquellos que lo ejercen de esos grupos para conservarlo lo que ha desembocado en una falta de coordinación y coherencia a la hora de proveer al bien nacional, tanto el de los ciudadanos como del propio país. Esta dependencia numérica del voto ha ido minando y diluyendo el poder del estado, vaciándolo de poder efectivo en muchos casos, en favor de los grupos y los intereses electorales de los partidos y de los nacionalistas regionales.

Hemos creado una realidad virtual, en el mundo real inviable económica y socialmente, muy al uso en esta sociedad contemporánea, en la cual una mayoría de ciudadanos, abducidos por los mensajes, propaganda y las promesas coreadas por los medios, no son conscientes de que la autoridad central ha sido de facto prácticamente privada de poder a favor de esas otras fuerzas paralelas a su alrededor. Muchas normas son sistemáticamente ignoradas según la conveniencia y muchos temas trascendentes son evitados para evitar “conflictos” que parece ser la consigna generalizada.

La segmentación del poder es positiva, es casi dogma de fe, grandes pensadores políticos como Locke, Montesquieu, o las mismas cortes castellanas durante nuestra edad media, así lo han mantenido, pero su desintegración en células regionales y administrativas es letal para el buen gobierno: cuando la dependencia de la popularidad, al menos aparente, expresada en las elecciones, condiciona el propio ejercicio del poder, y lo condiciona más allá de cualquier límite necesario, este se convierte en inoperativo, lo cual redunda muy negativamente en toda sociedad en el presente, y mucho más en su futuro.

Cuando el poder se centra en dos o tres grupos coherentes, con unos criterios y esquemas de valores más o menos comunes, estamos ante un sistema viable: una coyuntura donde la gobernabilidad es posible, pero hoy, en España, cuando la disgregación efectiva de partidos, tanto de la izquierda, con un socialismo clásico decadente, un marxismo latente trasnochado, a su vez dividido en subgrupos ideológicamente enfrentados, un anarquismo utópico e irresponsable, a su vez encarnado en múltiples núcleos asamblearios, una aparente derecha clásica apartándose de sus principios “para caer bien” y que no les acusen de “fascistas” (por personas que ignoran completamente lo que ha sido el fascismo) que renuncia a su herencia y a sus valores más definitorios, y por si no fuera suficiente una pléyade de nacionalistas “autonómicos” independentistas disfrazados en torno a sus respectivas lenguas, trufados a su vez por radicales fanáticos, todos tirando de la cuerda nacional cada uno en su dirección, no hace falta ir muy lejos para definir que ese “coctel” político parlamentario nos conduce a un país que es efectivamente ingobernable si se pretenden tomar medidas realmente profundas y necesarios para resolver los verdaderos problemas que nos afectan. La dispersión de ideas motor contradictorias paralizan cualquier intento de que la maquina funcione.

De momento, gracias a esa otra fuerza de la historia social y económica, que es la inercia y la pereza colectiva, esto se mantiene en pie, pero el sainete, o tragedia según se mire, de quiebra de todas las autoridades del estado, al que hemos asistido últimamente, certifica que de hecho existe una ausencia de poder o voluntad de ejercerlo en la cúpula y esto es gravísimo: todo ciudadano necesita, para sustentarse un mínimo de esa dignidad interna psicológica que le proporciona un sincero patriotismo. Ser cauto y prudente es altamente recomendable, pero la pusilanimidad genera vergüenza en aquellos que han otorgado protagonismo a esos sus representantes.

El ejercicio del poder, aunque sea desagradable y en ocasiones poco escrupuloso, en última instancia es lo único que legitima a aquellos que ocupan posiciones representativas en una sociedad. No se puede estar permanentemente desarrollando una política coyuntural. El mundo a nuestro alrededor se mueve y habrá que tomar las decisiones y adoptar las posiciones adecuadas y convenientes a nuestros intereses, incomodas, quizá duras, que quizá requieran una reconfiguración de nuestros objetivos y niveles de tolerancia si queremos sobrevivir dignamente.

Una clase dirigente, en cualquier sistema, no puede estar continuamente ocupada y pendiente del mecanismo de conservación del poder, mientras se siguen postergando los verdaderos problemas de nuestra sociedad, problemas que requerirían una fuerte colaboración entre todos los grupos políticos: un modelo viable de sociedad, no frases altisonantes y demagógicas. Hay que enterrar de una vez por todas este disparate insostenible del régimen territorial vigente, hay que implementar y llevar a la práctica, caiga quien caiga, un plan energético y otro hidrológico a largo plazo, abordar los problemas derivados de la realidad demográfica e inmigratoria en España, adoptar una fiscalidad razonable, para fomentar la formación de riqueza y su conservación, una política coherente de seguridad interior y exterior…En fin, siendo objetivos y lógicos me temo que va a resultar imposible sin una reforma seria del actual sistema.

¿Es que no se puede encontrar una solución? No se trata de designar culpables, ¡que los hay sin duda! aunque esa no debe ser la prioridad ahora, tiempo habrá para identificar los errores, y aquellos que los cometieron, unos inocentemente y otros con malicia, para aprender del pasado, ahora hay que evaluar la situación e identificar el mal donde se halla, hay que diagnosticar: ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la dilución del poder propiciada por un modelo democrático exclusivamente electoralista, ha vaciado de poder efectivo al estado, de eso se han dado cuenta separatistas y anti sistemas a la vez y por eso van unidos en un intento de desbaratar España: El poder está en la calle, en mitad de la calle a disposición de quien lo quiera tomar, y eso precisamente es lo que han hecho determinados grupos minoritarios amenazando al estado desde todos los ángulos, desde dentro del sistema en el propio parlamento nacional, con sus maneras y desplantes, y al margen de él, en los autonómicos y en la calle. No ha habido nadie que les haya frenado en ambos escenarios, expulsando e inhabilitando a aquellos que no respetan ni las normas ni el decoro ni el protocolo exigido en un órgano representativo de la soberanía nacional, ni desde hace años, ya que habría que haber detenido a todos los responsables que acaban de escenificar con luz y taquígrafos la última viñeta grotesca de un golpe de estado. Este era y es un tema evidente desde hace años, y tan responsables son los actores directos de este esperpento como aquellos que desde la dirección y el público lo han permitido,

El Partido Popular, que ha cumplido su propósito en el pasado, actualmente está desnortado, si no es consciente de que va a perder una mayoría de sus votantes, de que han cruzado todas las líneas rojas, de que han ofendido y humillado a muchos de sus votantes con su corrupción pero sobre todo con su actitud pasiva y condescendiente, de que aquello del “voto útil” no le va a funcionar en esta ocasión, es que está un su propio mundo virtual y confirma que es necesario una refundación o la aparición de un partido que represente a esa derecha marginada en el país. El partido Popular ha venido a ser el artífice de la destrucción de la representación conservadora en el gobierno erigiéndose en líder de tal ideología y a continuación traicionándola, ha conseguido desde dentro algo que la izquierda nunca había conseguido hasta ahora. Ha sido este un ejercicio maquiavélico muy peligroso, pues esa visión y sentimiento del mundo y de la realidad existe y si no se le da cauce buscará otras salidas. Se busca un grupo capaz de ilusionar y aprovechar las indudables ventajas de España de cara al futuro, partiendo de unos supuestos realistas. Es necesario que España vuelva a manos de una clase dirigente con iniciativa, valentía y capacidad resolutiva sin miedo a defender sus postulados y principios, aunque por número no gane unas elecciones, y que ponga el interés nacional por encima del partido o sus regiones. El poder, a base de no ejercerlo está en la calle, y como todo lo que se abandona, siempre aparece alguien que extiende la mano para apropiárselo…

¿De verdad hay que celebrar la Constitución?
Antonio García Fuentes Periodista Digital 5 Diciembre 2017

Los que como yo nacimos en plena guerra civil y vivimos sufriendo todos los abusos inherentes al antes durante y después de ochenta años; no entendemos que haya que celebrar nada de todo ello; puesto que aquí no hubo nada más que lo que el poeta Antonio Machado, cantó en la estrofa… “Españolito que vienes al mundo guárdete Dios, una de las dos Españas…”.

Y es así por cuanto aquí no hay nada más que esos dos bandos, el dominante y el dominado. El resto no contamos nada, salvo y como siempre, ser enemigos de “las dos lacras” que siempre han tratado de robar todo lo robable, hasta hoy mismo en que nos tienen robada hasta la ilusión.

Así pues, yo y como testigo de todo ese período opino y digo (en alguna época del mismo me hubiesen fusilado; hoy no pero es lo mismo, puesto que te anulan hasta matarte con el aislamiento) que poco tuvimos antes de Franco, algunos menos aún después y como hoy puedo seguir diciendo, por cuanto trataré de sintetizar seguidamente.

Transcurre la terrible plaga que fue la guerra civil, que la ganan “los de Franco”, sencillamente por cuanto saben organizarse infinitamente mucho mejor que los inútiles, dicen que republicanos, que no lo eran ni por asomo, puesto que fueron unos conglomerados en que todos querían mangonear, pues mandar es muy difícil y saberlo hacer, mucho más. Tras la guerra (y durante ella) se hacen “las escabechinas españolas que la historia ya cuenta o contará”, y que se hacen de similar forma en ambos bandos; y recalco ello, por la parte que se hizo después de la guerra, que de haberla ganado los otros, no nos quepa duda alguna, que los ganadores hubieran hecho lo mismo, “españoles unos y españoles otros”, así de simple y así de sencillo y trágico.

Igualmente los ganadores se apropiaron de todo lo valioso que quedara tras la guerra y al resto, nos dejaron simplemente, lo que se puede sintetizar como “sangre, sudor y lágrimas”; terribles hambres y abusos de todo tipo, o sea, lo normal en las luchas entre españoles, que han sido muchas y siguen siéndolo, puesto que hoy “en democracia” (dicen que esto es eso pero yo lo dudo) hacen lo mismo; y para comprobar ello, no hay nada más que analizar las luchas intestinas o en esos gallineros que dicen ser “parlamentos”, donde lo que hay es un mercadeo claro como el agua y donde se niega hasta “el agua al sediento”.

Sigue el proceso de siempre, la clase dominante vive opíparamente y solo defiende sus intereses, o los de la parte que los protege o patrocina, el resto sigue sin contar nada y por ello ya hay una pobreza e indigencias, que no asustan, por cuanto son inofensivas y al final, comen todos los días, visten también con lo que otros tiran y viven como pueden, si bien ya multitudes viven en la calle “entre cartones”.

En la segunda mitad del mandato de Franco y tras todo lo que hubimos de pasar y sufrir en la primera, España logra social y económicamente, unas metas ni soñadas por los que las vivimos y nuestros padres y “sin política de partidos” se llegan a prosperidades envidiables y que permiten, lograr lo indecible y que sería muy largo de explicar, destacando el que la adquisición de vivienda incluso con la segunda en el campo o en la playa, era cosa normal en cualquier familia de simples trabajadores; tranquilidad en las pensiones que se cobraban íntegras a la última nómina, ahorros aparte para la vejez sin problemas para el casamiento de los hijos; y un extensísimo etcétera, que dejo lo completen todos los viejos que como yo pueden hablar de todo ello, sin inclinarse a ningún bando, simplemente decir la verdad.

¿Qué tenemos hoy cuarenta años ya del período posterior a la época que cuento? Cada vez más miseria, más empobrecimiento, menos horizontes y más terrible futuro, donde solo van a vivir, esa inmensa clase política y los ejércitos de enchufados que nos han colocado “en las espaldas” para que los mantengamos; mientras ellos se han asegurado pagas de por vida, inmerecidas totalmente y que por ello mismo debieran ser abolidas; y señalo sin miedo alguno, las de Felipe Gónzalez o las de José María Aznar, que como políticos no deben cobrar y vivir de sus oficios, como hemos vivido la mayoría de indefensos españoles, a los que nos tienen ya cuasi esclavizados.

Nos hacen pagar impuestos hasta después de muertos, y otros igualmente confiscatorios, como los de patrimonio, donaciones, premios de lotería, e infinidad de más, que por ley, nos colocan para el sostenimiento político de parásitos y enchufados, o para enriquecimientos de grandes capitales, multinacionales, o conglomerados de intereses abusivos.

Y por hoy no digo más, aunque hay para llenar cientos y cientos de folios, así es que menos parafernalias constitucionales y mucha más justicia, que es lo que faltó siempre en España y como la realidad dice hoy… SIGUE FALTANDO.

Así es que no traten de distraernos con lo de los catalanes hoy, o lo de los vascos, navarros y otros mañana, el problema es TODO ESPAÑA y la solución ha de ser política, pero de auténticos estadistas y no de “panza y bolsillo”, que es lo que padecemos desde hace muchos siglos.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

‘AQUÍ NADIE ES LIBRE’, LAMENTA
Amenazan a un español valiente en Vigo: ‘Facha, quita la bandera’
La Gaceta  5 Diciembre 2017

“Si perdemos la libertad de expresar nuestras ideas terminaremos como el País Vasco, donde se mataba al que no simpatizaba con ETA”, ha advertido la víctima.

Millones de españoles han colocado en los últimos meses enseñas nacionales en sus balcones por la unidad de España y en solidaridad con los catalanes que no comparten el delirio separatista y que están siendo señalados e incluso amenazados. Los intolerantes consideran una “provocación” que haya españoles orgullosos de serlo, y las amenazas ya se extienden por todo el territorio.

La última muestra de este odio, compartido a través de un vídeo las redes sociales, ha tenido lugar en Vigo (Galicia).

“Facha, quita la bandera. Primer aviso”. Este fue el mensaje -en gallego- que se encontró Pablo Correa, vecino de la ciudad, en la puerta de su casa. “Yo no quiero protagonismo, pero si hay que dar la cara hay que darla. Este problema lo tiene media España. En Vigo estamos padeciendo el mismo problema que tienen los catalanes, aquí nadie es libre”, dice antes de reconocer que siempre ha llevado la bandera de España en el coche.

“Yo respeto la del Nunca Mais, la de la estrellita… La gente no pone la bandera (de España) por miedo, si perdemos la libertad de expresar nuestras ideas terminaremos como el País Vasco, donde se mataba al que no simpatizaba con ETA, y eso no lo quiero en Galicia”, añade.

‘El separatismo y la hispanofobia van ganando terreno cada día’
Las redes sociales también han condenado el ataque. “No es Cataluña, es Galicia, donde el separatismo y la hispanofobia van ganando terreno cada día gracias a que desde las instituciones autonómicas se fomenta la diferenciación con España”, recordaba un usuario.

Incendian la casa de una familia en Barcelona por colgar la bandera de España
El pasado fin de semana, vándalos atacaron con un cóctel molotov en Balsareny (Barcelona) la vivienda de una familia por el mismo motivo, por el simple hecho de poner la bandera de España en el balcón. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mostró su solidaridad con los afectados y aseguró que enseñar una bandera, en este caso la española, es un “derecho constitucional”. Además ofreció la ayuda de la Delegación del Gobierno a la familia.

Los individuos intentaron quemarlos estando ellos dentro. Fueron los ladridos del perro, según el entorno familiar, los que les alertaron del fuego, que dañó el recibidor del edificio. Efectivos de los bomberos tuvieron que acudir a sofocarlo y por suerte no hubo heridos.

La lucha por la verdad histórica hoy
Pío Moa gaceta.es 5 Diciembre 2017

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La transcendencia histórica de Zapatero es máxima. Lo que ha significado es, ni más ni menos que la inversión completa de la transición. Recordemos que esta se hizo desde el franquismo, de la ley a la ley, con reconocimiento implícito de la legitimidad franquista, y que la hicieron los franquistas. Y con un rey designado por Franco: un hecho realmente insólito en el siglo XX, que una monarquía derrocada volviera a establecerse. Recordemos que contra esa salida se articularon todas las fuerzas de la oposición en torno a un programa de ruptura, cuya sustancia consistía en declarar ilegítimo el franquismo para enlazar, implícita o explícitamente, con el Frente Popular derrotado en la guerra civil. Recordemos, cómo la opción rupturista fue completamente rechazada por votación popular en el referéndum de diciembre de 1976, lo que obligó a los rupturistas a calmarse y adaptarse, aguardando tiempos mejores “Paciencia”, como resumió Pujol. Recordemos, en fin, cómo el mensaje popular fue progresivamente desvirtuado y abandonado por las propias fuerzas salidas del franquismo, lo que llevó a cometer graves errores, manifiestos en una Constitución bastante defectuosa.

Observemos con perspectiva histórica lo que suponía la ruptura y por qué no triunfó entonces. El Frente Popular, en el que los rupturistas pretendían fundar la legitimidad democrática, había sido una alianza de totalitarios marxistas y stalinistas, de separatistas, anarquistas y golpistas de izquierda tipo Azaña. Aquella alianza había salido de unas elecciones fraudulentas, y a continuación había destruido la legalidad republicana, ya de por sí bastante caótica. Con lo cual abocó a la guerra civil, porque la ley está precisamente para que los diversos y opuestos intereses presentes en toda sociedad no degeneren en lucha abierta. En su vesania, los componentes del Frente Popular llegaron a matarse abundantemente entre ellos al mismo tiempo que combatían y llevaban las de perder contra los nacionales. Bien mirados los hechos, ¿cómo nadie en su sano juicio podía basar una democracia en aquella experiencia? Pues así lo pretendían los rupturistas. Y lo pretendían en gran parte por pura ignorancia de la historia, una ignorancia que se podía convertir fácilmente en tergiversación sistemática, debido a que el franquismo nunca elaboró un discurso claro, más allá de algunas ideas correctas pero simples, poco elaboradas y a veces muy toscas, que han facilitado mil equívocos. De ahí que el rupturismo, fracasado en 1976, se haya impuesto en los medios intelectuales y progresivamente en los políticos y periodísticos.

Ha sido necesaria una trabajosa reelaboración de la historia desde los hermanos Salas Larrazábal y Ricardo de la Cierva o Martínez Bande, entre otros, centrados en la guerra civil sobre todo; en cuanto al franquismo posterior y su dimensión histórica, los estudios han sido en general muy flojos y en su gran mayoría contrarios; y sin embargo era necesario clarificar el asunto incluso más que la guerra civil. Por mi parte he contribuido con dos libros recientes: “Los mitos del franquismo” y “La guerra civil y los problemas de la democracia en España” Y de modo más indirecto, con Europa, una introducción a su historia. Y también contribuyo con el programa Una hora con la historia y con breves comentarios en mi blog y en algunos órganos de radio y televisión por desgracia menos escuchados o vistos de lo que deberían.
No hay que decir que esta reelaboración ha chocado con una oposición feroz por parte de numerosos historiadores, periodistas y políticos, que han procurado silenciarlas. El problema es que esos historiadores y demás son los que, por decirlo vulgarmente “cortan el bacalao”, es decir, disponen de una fuerte hegemonía en la universidad, los medios y la política en general. Y se explica porque durante decenios sus versiones no han encontrado apenas oposición, pues quienes realmente trajeron la democracia, franquistas o ex franquistas, prefirieron olvidar el asunto y dejar vía libre a las versiones rupturistas. Por eso muchos de estos rupturistas llegaron a creerse sus propias versiones, a pesar de que al más elemental análisis crítico las ponía muy en duda; y los ex franquistas terminaron aceptándolas. El franquismo quedaba como el gran mal, asimilable incluso al nazismo, y el antifranquismo como el gran bien, asimilable a la democracia. Una distorsión tan grotesca ilustra mucho sobre el clima creado en España en la política y sus grandes peligros.

Pero esas versiones distorsionadas, una vez asentadas, han fundamentado tantas carreras académicas, periodísticas o políticas, han generado tantos intereses prácticos, que reconocer su falsedad habría requerido un grado de honradez casi sobrehumano. Por lo que la reacción más esperable era la que ha sido: aferrarse a ellas con uñas y dientes y tratar de impedir por todos los medios la circulación de versiones contrarias, con insultos, silenciamientos, acusaciones de fascismo, de neofranquismo y similares, métodos típicamente totalitarios. Otro calificativo, el de “revisionismo”, es particularmente revelador: la revisión es una exigencia absoluta del método científico, y de lo que se trata es de que las distorsiones oficializadas se conviertan en dogmas y nadie ose revisarlas, son pena de exclusión y, en lo posible, muerte civil. Y la aportación de Zapatero ha sido instalar oficialmente, por fin, el rupturismo; y lo ha hecho, como no podía ser menos entre admiradores de los vencidos de la guerra, mediante una ley totalitaria, contraria al estado de derecho, amenazante para la libertad intelectual y exaltadora de los chekistas y terroristas fusilados después de juicio y convertidos por esta gente en víctimas del franquismo o del fascismo,

Muchos dicen que no debemos preocuparnos porque de todas formas la verdad terminará imponiéndose. Esto es un optimismo vacuo y muy poco inteligente, porque las falsedades pueden durar larguísimo tiempo, y hacer entre tanto un daño enorme. Y las falsedades de que hablamos vienen durando ya varias décadas y no tienen traza de disminuir, y su daño está bien a la vista. ¿Por qué se mantienen a pesar de todo? En medida muy importante por la falta de espíritu y de compromiso por parte de quienes deberían contribuir al esfuerzo contra ellas, que generalmente permanecen como meros espectadores. Esta tendencia tan extendida ya la señalaba el filósofo Julián Marías, muy preocupado por las dañinas derivas que él percibía con claridad: “la gente se pregunta qué va a pasar, en lugar de qué puede hacer”. Y la verdad es que todo el mundo puede hacer algo, incluso con poco esfuerzo, como no hace falta insistir en ello. Este programa de “Una hora con la historia” no está concebido como un mero ejercicio de ilustración, sino también y ante todo como un ariete contra la fortaleza de los dogmáticos que odian las revisiones documentadas y razonadas. Una vez más convocamos a nuestros oyentes para esta tarea común, divulgando el programa y contribuyendo económicamente a él.

En 1997, con gobierno del PP y bastante antes de la infame ley de memoria histórica, escribía Julián Marías el artículo “¿Por qué mienten?”: “En personas y grupos ha adquirido la mentira un carácter que se podría llamar “profesional”. La historia es objeto preferente de esa operación, lo que (…) encierra quizá los peligros más graves que nos amenazan. Todo lo que se haga para establecer –o restablecer—la verdad histórica me parece tan precioso como necesario. Pero, aunque existen, se cuentan con los dedos los que se entregan a fondo a esa urgente tarea”.

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Una hora con la Historia: Aznar y la ETA. La libertad en el franquismo: https://www.youtube.com/watch?v=OWGkWjPSjOs&t=3s

REFORMA DE UNA LEY SECTARIA
El PSOE no hace autocrítica de sus crímenes y pide más memoria histórica
Juan E. Pflüger gaceta.es 5 Diciembre 2017

Cada vez que un líder socialista habla de represión y de fosas queda más claro que se refiere a las de un solo bando y que pretende ocultar los crímenes de los suyos

El líder socialista, Pedro Sánchez, vuelve a las leyes ideológicas más rancias de la izquierda. Como hiciera su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero, en lugar de proponer medidas políticas para mejorar la situación actual de los españoles, vuelve a reabrir viejas heridas que quedaron zanjadas hace más de cuarenta años.

Es una constante. Cuando la izquierda no encuentra mensajes políticos que encaminen a España hacia un futuro más próspero vuelven a sacar a relucir a Franco y el franquismo para intentar recuperar el voto de los más radicales y de algún que otro nostálgico de esos que siguen trinando por una guerra que perdieron hace ya casi ochenta años.

Sánchez debe tener mucho tiempo libre a pesar de la situación por la que se atraviesa en Cataluña, la tasa de paro en España, el problema para el pago de las pensiones, las listas de espera en Sanidad, la falta de recursos para dependencia,… y vuelve a sacar la Memoria Histórica. No tiene suficiente con pedir que se dicte como verdad histórica su interpretación de la realidad. Es decir, imponer la censura a quienes no piensen como ellos.

Ahora pretende ahondar en la sectaria Ley de Memoria Histórica con nuevas medidas y una dotación económica importante para aplicarla. Entre las medidas que propondrá para la reforma de la polémica ley se encuentran las que ha enunciado desde Paterna.

En primer lugar, propone la creación de una Comisión de la Verdad. Es decir, que un grupo de especialistas, que ya se encargará la izquierda de que sean furibundos antifranquistas, va a dictar la única verdad histórica. Se marginarán así las investigaciones que no concuerden con sus conclusiones y se negará el derecho intelectual a la disidencia. No es nada nuevo: en Madrid la alcaldesa, Manuela Carmena, ya creó el Comisionado de la Memoria que preside su amiga Francisca Sauquillo y que solamente ha generado polémicas. Muchas de sus decisiones sobre la eliminación de nombres de calles han sido revocados por los tribunales.

También pretende la creación de un banco público de ADN para la identificación de las víctimas que no han sido reconocidas hasta el momento. ¿Conoce el líder socialista la legislación sobre protección de datos de carácter personal en materia sanitaria? Esta legislación haría inviable esta medida al no poder mantenerse la custodia de la protección de los datos y ser ilegal, según la norma, el permiso general de consulta de datos. Esto quiere decir que cada vez que se encuentre una fosa, todos y cada uno de los donantes de ADN deberían autorizar el uso de sus datos para poder tenerse acceso a la base que los contiene para cotejarlos.

Pero no se queda aquí el líder socialista. Propone un censo nacional de víctimas. Un recuento imposible que acabará siendo como el registro de fosas que realizó el Gobierno socialista. En ese conteo de fosas se encuentran cientos de enterramientos realizados en los frentes en los que solamente hay víctimas de los enfrentamientos militares de la Guerra Civil. También contiene numerosos casos de fosas que, tras ser abiertas, resultaron ser de víctimas de la represión de los partidos de izquierdas, entre ellos el PSOE. Por supuesto, esas fosas volvieron a ser cerradas puesto que el reconocimiento de las víctimas que piden es solamente para las de un lado.

En ese supuesto censo, ¿a quiénes considerarán víctimas? A los muertos en las trincheras, a los que fueron fusilados tras aplicárseles la legislación vigente en ese momento, a quienes fueron condenados a muerte y luego conmutadas sus condenas y siguen figurando como reprimidos,…

Entre las propuestas está también la de permitir el acceso a los archivos estatales que se siguen ocultando. Pero no explica qué archivos son esos. Todos los archivos de titularidad pública son accesibles a los investigadores. Sin excepción. La única parte de los archivos que no se puede consultar es la de los miles de documentos que, precisamente en aplicación fraudulenta de la Ley de Memoria Histórica, fueron expoliados del Archivo de Salamanca y enviados a Cataluña, donde todavía no están accesibles a los investigadores. Un traslado que, por cierto, fue apoyado por el Partido Socialista.

Y entre esas medidas que propone Sánchez está la de proceder a la retirada efectiva de toda la simbología franquista. Bajo esta premisa se viene atentando desde hace diez años contra gran parte del patrimonio cultural e histórico español. Se ha usado para barrer de las calles a la mitad de los representantes de la historia de la Guerra Civil mientras que proliferaban recuerdos a la otra mitad. Pero también se ha empleado para eliminar símbolos religiosos, escudos de los Reyes Católicos, Recuerdos a asesinatos cometidos por los partidos del Frente Popular o menciones positivas a logros del régimen franquista como hospitales, pantanos o carreteras.

Los crímenes de los que se olvida el socialismo
Todo esto viene justificado por Pedro Sánchez en una frase que, por mucho que la repita, carece de cualquier coherencia si observamos su manera de pensar y actuar: “un país que honra a sus víctimas es un país mejor”. Hipócrita en boca de quien está pidiendo que solamente se honre a la mitad de las víctimas de un conflicto que tuvo dos bandos con dos retaguardias en las que se cometieron injusticias.

Ni una sola palabra para las víctimas de Paracuellos, la Fosa de Camuñas, el cementerio de Aravaca, el túnel de la muerte, los trenes de Jaén, la masacre de Bilbao, los crímenes contra sacerdotes y religiosas, las checas de Madrid, Barcelona, Valencia,…

Se olvida de los asesinatos cometidos por “su bando”, gran parte de los cuales recaen en militantes socialistas. Empezando por el de Calvo Sotelo, el líder de la derecha conservadora durante la Segunda República. Un crimen que precipitó el comienzo de la guerra y que fue cometido por guardaespaldas del líder socialista Indalecio Prieto.

También se olvida de esas checas de partido que eran administradas por el PSOE, o de que las juventudes socialistas y los milicianos de su partidos comenzaron una revolución en Asturias, en 1934, en la que cometieron crímenes brutales contra empresarios, sacerdotes y católicos.

También se olvidan de que su partido es responsable de los incendios del patrimonio artístico, y esto no solamente durante la Guerra Civil, también durante los primeros meses de la Segunda República, en mayo de 1931.

Y por supuesto, se olvida de los mensajes de sus principales líderes, Indalecio Prieto y Largo Caballero, alentando contra el crimen y el asesinato de todos aquellos que no pensaban como ellos. Dos ilustres criminales socialistas que, no solamente no son ejemplos de la autocrítica del actual PSOE, sino que lucen sendas estatuas junto a los Nuevos Ministerios de Madrid.


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LA DESESPERANTE LENTITUD DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA. PUIGDEMONT CANDIDATO PRÓFUGO.

Vicente A. C. M. Periodista Digital 5 Diciembre 2017

Dentro de unas horas el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, va a decidir sobre la liberación o mantenimiento de prisión provisional con o sin fianza de los golpistas encausados del ex Gobierno de la Generalidad que perdieron al ser cesados y disuelto el Parlamento autonómico su condición de aforados, motivo por el cual los casos cayeron en la Audiencia Nacional y, en concreto, en la jueza Carmen Lamela que ya llevaba los casos de los Presidentes de la ANC y OMNIUM conocidos como “los Jordis”, así como el caso del Mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, hasta ahora el único que quedó en libertad sin fianza. El resto de los presentados, (ya que el ex Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y otros cuatro ex Consejeros se encuentran fugados en Bélgica a la espera de que la justicia de ese país decida dar curso a la extradición a España solicitada por la jueza), fueron puestos en prisión provisional y sin fianza. Posteriormente el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decidió asumir todas las causas abiertas relativas al golpe de Estado perpetrado por los independentistas, asumiendo entre otros los casos de los Jordis y el los no aforados del ex Gobierno de la Generalidad. Y en esas estamos.

Lo que a nadie parece importar es el avance de la Instrucción, de la que nadie habla y que es la pieza fundamental para la delimitación formal de los delitos que se les imputan y el comienzo del juicio oral. Los antecedentes de otros casos donde se ha juzgado y condenado a otros relevantes ex cargos de la Generalidad, por su implicación en la farsa del referéndum ilegal del 9 de noviembre del 2014, no hacen tener esperanza en una pronta resolución de esta macro causa que el juez Llarena se ha empeñado en abarcar. Y ya se sabe el refrán de que “quien mucho abarca, poco aprieta”. Basta recordar cómo en aquél caso, la Fiscalía decidió suprimir el delito de malversación de fondos públicos y dejar solo el de desobediencia y prevaricación, lo que dio lugar a una condena mínima legal dentro de la ya levedad de la acusación. El caso es que todo se saldó para los enjuiciados Artur Mas (Presidente de la Generalidad), Joana Ortega (vice Presidenta) e Irene Rigau (Consejera), con una inhabilitación temporal para el desempeño de cualquier cargo público por dos años para Artur Mas, un año y nueve meses para Rigau y un año y seis meses para Ortega. Un juicio que comenzó dos años más tarde de los hechos y cuya sentencia tuvo lugar en marzo de este año.

No ha sido hasta después que ya en la jurisdicción contable (administrativa y no penal) el Tribunal de Cuentas pidió a Artur Mas una fianza solidaria con los otros nueve ex altos cargos de su Gobierno denunciados de 5,3 millones de euros por el gasto estimado ocasionado a las arcas públicas para la organización de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Es una fianza solidaria, por la que, si alguno de los diez encausados no tiene dinero ni propiedades, los otros han de responder con las suyas por él. Es decir, se reconoce de hecho una malversación de fondos públicos que, de demostrarse en esta vía, debería dar lugar a una denuncia por la vía penal que conllevaría una pena de prisión, la que se quiso evitarse al no contemplar la Fiscalía ese delito.

Estamos asumiendo como normal en España el mantra de que la Justicia es “lenta pero segura” y solo es cierta la primera de las afirmaciones, es desesperadamente lenta. Y esa lentitud es la que hace que precisamente ni sea segura ni cumpla con su misión de impartir justicia, existiendo para más “inri” la figura de la prescripción de los delitos. Una vía de escape que crea una impunidad de facto para los delincuentes, precisamente por la irritante lentitud en los procedimientos de instrucción que duran años. El caso es que, como ahora sucede en estas elecciones autonómicas tan atípicas en Cataluña, la paradoja reside en que los encausados y aún presos, en su mayoría vuelven a figurar en las listas electorales, ya que ni se les ha enjuiciado ni tienen una condena en firme de inhabilitación, conservando intactos sus derechos constitucionales a someterse a sufragio pasivo. Se repite, por tanto, el esperpento del condenado Artur Mas, que pudo presentarse a las nuevas elecciones autonómicas y obtener al acta de diputado, aunque no pudo ser investido Presidente del Gobierno de la Generalidad por la oposición de la CUP que exigió su sustitución e invistiendo finalmente a un desconocido Carles Puigdemont cuyas hazañas ya conocemos.

En el mundo empresarial hay una norma fundamental que dice que tus propias carencias y deficiencias no pueden transmitirse hacia, ni afectar a tus clientes. La Justicia es un servicio social que garantiza el cumplimento de la ley y la sanción de los delitos. Todos los ciudadanos somos sus “clientes” y por tanto nunca deberían afectarnos las carencias y deficiencias de una Institución ampliamente desbordada y con carencia de medios eficaces para cumplir con su misión. Una justicia lenta es ineficaz e insegura.

Hoy el juez Pablo Llarena debe decidir si mantiene o no la prisión provisional sin fianza para los encausados ahora bajo su jurisdicción. La decisión no es sencilla porque las dos alternativas son igualmente aplicables. La primera, por la gravedad de los delitos imputados y la posibilidad real de fuga, de reiteración en el delito y la de destrucción de pruebas. La segunda, por no poder obviar el mantenimiento de los derechos constitucionales de participar en las elecciones en igualdad con el resto de candidatos en libertad. Lo que se decida tendrá una influencia clara en el desarrollo de la campaña electoral, dado que su presencia o ausencia será aprovechada por los independentistas. Y es que en este caso, la Justicia se ha encontrado con la celeridad de un Gobierno angustiado que decidió convocar de modo apresurado unas elecciones autonómicas sin valorar las circunstancias excepcionales y anormales que las rodean.

El otro esperpento es el caso de Carles Puigdemont el que se pavonea en Bruselas como legítimo Presidente de la Generalidad, a pesar de haber sido cesado y perdido su acta de diputado por la disolución del Parlamento de Cataluña. Dice que no acata la aplicación de la artículo 155 de la Constitución, pero se ha apresurado a crear una candidatura, Junts per Catalunya, en la que él figura en el primer puesto de la lista, y en la que se integran destacados representantes del independentismo radical como es el segundo de su lista Jordi Sánchez de la ANC y actualmente en prisión. Su descaro llega al extremo de pedir participar en la campaña electoral con garantías. Es decir que no se ejecute la orden de detención si regresa a España, algo que solo el juez Pablo Llarena podría decidir si retira la orden de extradición, la misma que la justicia belga trata hoy en la comparecencia de Puigdemont y del resto de reclamados por prófugos de la Justicia de España. Por lo pronto, Puigdemont ya ha participado en un mitin de precampaña en forma de videoconferencia arengando con “seguir, seguir y seguir” en un discurso en el que dijo cosas como “El espíritu del 1-O es el espíritu que puede doblegar el autoritarismo y que ha obligado al Estado a asumir que el futuro de los pueblos no se decide en un consejo de ministros ni en un tribunal, sino que el futuro de los pueblos se juega en las urnas” y que las próximas elecciones deben considerarse como “una segunda vuelta del 1-O”.

No deja de ser bastante vergonzoso este espectáculo que demuestra la especie de limbo judicial que existe en una UE incapaz de resolver los minifundios de unos Estados empeñados en no integrarse en una política común, ni aceptar perder su independencia en áreas como la Justicia, que en el caso de Bélgica es especialmente garantista y permisiva. El simple hecho de no dar trámite automático a una euroorden de extradición de un país miembro con el que comparte el espacio Schengen de libre circulación de los ciudadanos, demuestra esta resistencia numantina a perder su autonomía.

¡Que pasen un buen día!

Nos toman por tontos
Cayetano González Libertad Digital 5 Diciembre 2017

El 21-D Rajoy se puede encontrar con un Parlamento muy similar al que disolvió, ¿y entonces qué hará?

El empeño de Rajoy, de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y del ministro portavoz Méndez de Vigo por presentar la situación en Cataluña después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución como normal y tranquila es de los ejercicios más estúpidos y ridículos que uno recuerda. Sobre todo porque, aparte de que lo que se ha producido allí es un golpe de Estado en toda regla, los hechos posteriores se encargan de desmentir ese tipo de aseveraciones, que, una vez más, son hechas por quienes piensan que los ciudadanos somos tontos.

Algunos de esos hechos afectan directamente a quienes tratan de negar la realidad, ¿o acaso Rajoy considera muestra de normalidad y tranquilidad que el presidente del Gobierno de España tenga que ocultar a los medios de comunicación que va a dar un paseo electoral por Castelldefels, para evitar posibles incidentes? Paseo a hurtadillas se llama eso.

También deben de considerar Rajoy, Soraya y Méndez de Vigo un signo de normalidad y tranquilidad que se vayan a celebrar unas elecciones autonómicas, que el propio Rajoy convocó con una torpe celeridad, con el candidato número uno de ERC en la cárcel; con el hasta hace un mes presidente de la Generalitat y cabeza de lista de su candidatura huido en Bruselas y pendiente de entrega a las autoridades españolas. Unas circunstancias que lo único que harán será alimentar el tan clásico victimismo nacionalista, al tener a sus particulares héroes entre rejas o, según su pensamiento, en el exilio, y que podían haber sido atenuadas si Rajoy hubiera distanciado más en el tiempo la celebración de las elecciones.

Tampoco está claro si Rajoy, Soraya y el ministro portavoz consideran normal y tranquilizadora la imagen, tan gráfica como repugnante, de los siete muñecos con las siglas de Ciudadanos, PP y PSC colgados boca abajo en un puente en Barcelona. O que el Ministerio del Interior haya decidido reforzar la seguridad de los candidatos de esos partidos con el envío de más escoltas.

Ojalá el 21-D por la noche se pueda decir que, a tenor de los resultados electorales, Cataluña ha recuperado la senda de la normalidad y la tranquilidad. Pero no hay ningún signo de que esto vaya a ser así, y la encuesta del CIS conocida este lunes arroja la buena noticia de que Ciudadanos puede ganar las elecciones, pero la suma con PP y PSC, en este último caso es mucho suponer que apoye a la candidata Arrimadas, no da para formar Gobierno. El bloque independentista –ERC, la candidatura de Puigdemont y la CUP– se queda a un escaño de la mayoría absoluta, lo que presagia una campaña muy dura y donde, reitero, van a jugar con el victimismo de tener a Junqueras, Forn y los Jordis en la cárcel. Y quedan los de Colau, la dirigente política que ha tenido una posición más abyecta en todo este proceso, intentando aparentar una falsa equidistancia entre los independentistas y la defensa del Estado de Derecho mediante la aplicación del 155.

Es sabido que Rajoy siempre busca la posición más cómoda, menos comprometida a la hora de gobernar. El día que no le quedó más remedio que aplicar el 155 creyó que anunciando simultáneamente la convocatoria de elecciones en un plazo muchísimo más breve de lo que le demandaban Ciudadanos y el PSOE iba a normalizar y tranquilizar la situación en Cataluña. Craso error. El 21-D se puede encontrar con un Parlamento muy similar al que disolvió, ¿y entonces qué hará? Me pongo en lo peor: ceder a las presiones que le llegarán de todos los lados para que acometa una reforma constitucional con un objetivo prioritario: reconocer el derecho a decidir, es decir, el referéndum legal y pactado. ¿Sólo para Cataluña? No lo creo. Si hay barra libre, ahí estarán los independentistas del País Vasco, Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana pidiendo lo mismo. Pero, eso sí, todo con mucha normalidad y gran tranquilidad.

Cataluña no va bien
EDITORIAL Libertad Digital 5 Diciembre 2017

Pese a conceder la victoria a Cs, el CIS sigue otorgando al bloque soberanista una holgada mayoría absoluta.

A pesar de que este lunes se han producido dos noticias relativamente positivas –el auto del juez Llanera que mantiene la prisión preventiva para los golpistas Junqueras, Forn, Cuixart y Sánchez y el sondeo del CIS que pronostica una victoria de Cs el 21-D–, lo cierto es que las perspectivas siguen siendo muy sombrías para las formaciones constitucionalistas.

Es cierto que, a pesar de los rumores que aseguraban que Llanera pondría en libertad condicional a todos los golpistas en situación de prisión preventiva, el levantamiento de tal medida cautelar no ha alcanzado finalmente al exvicepresidente y al exconsejero de Interior del Gobierno Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, respectivamente, ni a los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Es de todo punto procedente que el juez sea más riguroso y tenga mayor cautela con estos acusados, dada su "mayor responsabilidad" directa en los actos de violencia relacionados con el delito de sedición de que se les acusa. Aunque sea de manera, lógicamente, indiciaria, es enormemente positivo que el juez ya aprecie ese componente violento que, desde la funesta reforma del Código Penal de 1995, es imprescindible para que cualquier alzamiento público encaminado a declarar la independencia de cualquier parte del territorio nacional –o a derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución– pueda ser constitutivo de un delito de rebelión.

Con todo, aunque este auto aumente la esperanza de que los acusados sean condenados por el delito más grave de cuantos se les acusa –el de rebelión–, no es menos cierto que no va a ahorrar a la ciudadanía el bochornoso espectáculo de verlos a todos ellos presentarse a las elecciones por culpa de una esperpéntica aplicación del articulo 155 de la Constitución que no ha tenido más objetivo que celebrar elecciones autonómicas sin esperar a que se celebre el juicio por el golpe y sin que la legalidad constitucional haya sido completamente restablecida en Cataluña.

Otro jarro de agua fría podría guardar el sondeo del CIS que coloca a Ciudadanos como el partido más votado en las elecciones del próximo día 21. Y es que esta encuesta –como todas los que se han publicado anteriormente– otorga al bloque soberanista (ERC, Junts per Catalunya, la CUP y Catalunya en Comú-Podem) una holgada mayoría absoluta. Es más, aunque los podemitas catalanes –soberanistas, aunque supuestamente no independentistas– se abstuvieran en la votación de investidura, las formaciones que han protagonizado el golpe de Estado podrían volver a hacerse con el Gobierno de la Generalidad tras la segunda sesión de investidura, en la que sólo precisarán una mayoría simple.

Así las cosas, tanto en el ámbito judicial como en el electoral, lo único que cabe reclamar es la celebración inmediata del juicio y un esfuerzo a todas las formaciones constitucionalistas para que –sin que se engañen a sí mismas con lo que dicen los sondeos– alcancen el 21-D una mayoría suficiente para gobernar y lograr el auténtico restablecimiento del orden constitucional en Cataluña.

La democracia de los cabrones
Pablo Planas Libertad Digital 5 Diciembre 2017

Mienten como bellacos, adoctrinan, manipulan, engañan, estafan y encima van de víctimas de un Estado que financia sus delirios y tropelías.

Sostienen los dirigentes separatistas que las elecciones del 21-D no son ni legales ni legítimas porque las convocó Mariano Rajoy tras cesar al Gobierno de la Generalidad y disolver el Parlamento catalán en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Dicen que tampoco son normales porque el candidato de ERC, Oriol Junqueras, no podrá hacer mítines en la cárcel de Estremera y el belga Puigdemont tendrá que recurrir a tecnología virtual para materializarse en los debates. Que en España no hay justicia ni democracia manifiestan, y se juramentan para perseverar en la intentona golpista.

Desprecian el sistema que permite que un individuo a la fuga y otros dos en muy justificada prisión preventiva se puedan presentar a las elecciones con un programa no escrito consistente en no respetar los resultados si les son adversos y en consagrar la proclamada república si ganan ellos. Ni siquiera se plantean obtener un voto más que los demás. Les vale con imponerse en escaños gracias a una Ley Orgánica del Régimen Electoral General que da más valor a un voto de La Pera, donde el castillo de Dalí, que de Badalona.

Aventan el fantasma de un pucherazo del Gobierno mientras aluden sin sonrojo a la legitimidad de un referéndum ilegal en el que se podía votar cinco veces y las urnas venían llenas de origen. Y el caso es que los funcionarios que controlan las votaciones del 21-D serán los mismos que los del 1-O. Exigen observadores internacionales mientras reclutan apoderados para llevar a cabo un recuento paralelo. Van a repetir el 27-S de 2015, cuando hubo que votar rodeado de auténticas concentraciones de interventores de Junts pel Sí. Y están de los nervios porque les fallan las encuestas y crecen las expectativas de Ciudadanos.

Han demostrado que son capaces de todo y de cualquier cosa, que mienten como bellacos, que adoctrinan, manipulan, engañan, estafan y encima van de víctimas de un Estado que financia sus delirios y tropelías, entre ellas el modelo educativo y una TV3 que es un spot electoral non stop del odio a los españoles "sarnosos y cabrones", como dice Quim Masferrer, el próximo presentador de las campanadas de la muerte. Después de más de treinta años de doctrina masiva, cuyo último engendro son los Comités de Defensa de la República que recopilan datos de los "unionistas" para el día después, lo verdaderamente anormal y excepcional de las elecciones sería que los resultados no les dieran para rearmar un Gobierno golpista sostenido por los comunes de Ada Colau y Podemos.

Cataluña y el esperpento, un huido, un preso y cuatro mujeres
Junqueras y Puigdemont van a ser virtuales en la campaña, tanto como el proceso en el que fracasaron y que ha llevado a Cataluña a la peor situación posible: el esperpento
José Antonio Zarzalejos elconfidencial 5 Diciembre 2017

El juez Llarena dictó ayer un auto cristalino. A diferencia de la banalidad de los que improvisan acatamientos, él se toma muy en serio la intentona y su posible reiteración. No observa en los Jordis, ni en Junqueras ni en los exconsejeros un especial riesgo de fuga ni tampoco “de destrucción del patrimonio probatorio” de los delitos que se les imputan, pero no comparte “en plenitud” que no exista la posibilidad de que puedan volver a delinquir algunos de los imputados a los que retiene en prisión incondicional. ¿Por qué? El magistrado es muy explicativo: porque los investigados comparten y reconocen que mantienen la misma aspiración que impulsó el comportamiento que se investiga (la declaración de la república catalana) y porque los imputados ya preveían que se produciría la intervención del Estado y aun así “perseveraron en su determinación”.

La localización por la Guardia Civil el 20-S del documento 'Enfocats' ha tenido para el instructor de la causa un alto valor incriminatorio. Dice al respecto: “En todos estos supuestos [previstos en ese texto incautado] se contemplaba persistir en el conflicto hasta que al Estado no le quedara más alternativa que la autorización de la independencia, de suerte que ante la aplicación del 155 de la CE, los propios planes independentistas reflejan que el riesgo de permanencia en el delito existe y que es apreciable en los investigados”. Ciertamente, más en unos que en otros.

Dos párrafos, en fin, resumen el recelo de Pablo Llarena, que no desea incurrir en el “confiado pronóstico” de que Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart no reiterarán sus conductas presuntamente delictivas. Y por ello aclara: “El riesgo de reiteración de sus conductas [de los cuatro] impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados” y los derechos de la comunidad. Deduce el juez que “por ello, en estos investigados el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”. Parece que el magistrado vislumbra la posibilidad de agitación y violencia en las calles.

Aquellos analistas que apelaban al “contexto político” para que la resolución resultase más liviana son contestados por el magistrado-instructor, que sostiene que la rebaja de las “cautelas” no puede “precipitarse bajo el argumento de que los investigados —con posterioridad a la adopción de la medida cautelar— hayan asumido su participación en unos comicios democráticos”, y ello porque “el riesgo de reiteración delictiva va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran”, arguyendo —para que no le empitonen por ese lado— a resoluciones al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El auto del instructor del Supremo es convincente, tiene en cuenta, incluso, el proceso electoral y razona con fundamento y lógica una medida que, a la postre, determina que el líder de ERC vaya a seguir la campaña electoral del 21-D desde la cárcel de Estremera, y que el líder de JxCAT lo haga desde Bruselas. Un preso, Junqueras, y un huido de la Justicia, Puigdemont, los prohombres del independentismo deberán dejar paso a cuatro mujeres que van a ser decisivas en los comicios catalanes. De ellas va a depender la decantación final de los muchos electores dubitativos en una Cataluña que ayer reflejó el CIS con el color naranja intenso de Ciudadanos y el decaimiento del secesionismo.

Los republicanos tienen que encomendarse a Marta Rovira, lo que tiene un mérito extraordinario porque deberán hacer un acto de fe en sus desconocidas cualidades políticas y acreditadas contradicciones y falsedades. Los seguidores de Puigdemont depositan sus esperanzas en la directora de la campaña de JxCAT, Elsa Artadi, la mujer fuerte de la plataforma del expresidente, limpia de sospechas judiciales, a diferencia de otros candidatos como Turull y Rull. Inés Arrimadas, a la que los augures profetizan que puede ganar las elecciones —al menos en voto popular— y situar a Ciudadanos en el cajón más alto del podio, deberá emplearse a fondo. No será fácil, pero sí posible. No estuvo excelsa en 'Salvados', con Jordi Évole, pero comparándola con Rovira, fue una alumna aventajada de Demóstenes.

Las cartas están echadas. El juez belga no se pronunciará sobre la entrega de Puigdemont a España hasta el día 14 próximo, con lo cual no participará —salvo en holograma o en Skype— en la campaña electoral. No le esperamos por estos lares hasta febrero. Y Junqueras lo hará por misivas a través de personas interpuestas. Ambos van a resultar tan virtuales como el proceso en el que fracasaron y que ha llevado a Cataluña a la peor posición de las posibles: el esperpento.

Un esperpento en el que los que han salido de la cárcel pueden volver a ella si incurren en lo que antes hicieron. Forcadell es la cuarta mujer en juego. Pero Llarena parece haberla convencido de que no deambule por donde solía porque la vigila y puede requerirla de nuevo para que ingrese en Alcalá Meco. Ya todos sabemos que declarar unilateralmente la independencia de la república catalana es un delito —todavía más o menos presunto— del que el Estado se está defendiendo como estos naífs secesionistas quizá no imaginaban./

ESTÁN CERRADAS O EN PROCESO
Diario de campaña| Puigdemont dilapidó más de seis millones en embajadas
La Gaceta  5 Diciembre 2017

La de EE UU costaba más de un millón, la de Francia 895.000 euros, y otros 760.000 la de Ginebra. En total, ha derrochado 6.163.000 euros por nueve embajadas para internacionalizar el procéso separatista.

9.00 El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado este lunes en la comisión del Senado que estudia la aplicación del 155 en Cataluña el coste de las denominadas embajadas de la Generalitat con las que el Gobierno catalán pretendía internacionalizar el proceso separatista.

La de EE UU costaba 1,1 millones de euros, la de Francia 895.000 euros, y otros 760.000 la de Ginebra. La de Italia costaba 738.000 euros, 700.000 la de Austria, y 520.000 euros la de Dinamarca. La alemana costaba 500.000 euros, otros 500.000 euros la de Polonia, y la de Portugal 450.000 euros. En total, 6.163.000 euros por nueve embajadas.

Ha explicado que están en proceso de cierre o ya clausuradas.

8.46 El escritor Eduardo Mendoza desconoce el rumbo que tomará el “problema catalán”, pero cree que “no se va a resolver apelando a la Constitución”, y por ello pide “buscarle algún apaño” porque otra solución no se va a encontrar. El autor barcelonés ha desvelado en el Instituto Cervantes de Nueva York el motivo que le llevó a publicar su última obra, ‘Qué está pasando en Cataluña‘ (Seix Barral).

8.30 El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica su barómetro mensual con las preguntas habituales sobre la situación política y económica y la percepción ciudadana acerca de los problemas del país, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral de la campaña electoral en Cataluña.

En el último barómetro del CIS, la preocupación de los españoles por la independencia de Cataluña se había disparado de forma exponencial y ya era el segundo problema más citado por los encuestados después del paro. La independencia de Cataluña era considerada como uno de los tres principales problemas del país para el 29 por ciento de los encuestados, frente al 7,8 por ciento que mencionaba esta preocupación en el anterior barómetro.

El CIS publicó este lunes su encuesta preelectoral de los comicios, que apunta a que las fuerzas separatistas perderían la mayoría absoluta en escaños y Cs podría situarse como primera fuerza en el Parlamento catalán en estrecha competencia con ERC.

7.00 Así ha sido el arranque de la campaña electoral del 21-D:
El presidente catalán cesado y número uno de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha llamado a “votar y ganar” el 21D porque esto hará “temblar las piernas” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a sus “cómplices” del artículo 155, en alusión a Ciudadanos y los socialistas. Lo ha hecho en una intervención por videoconferencia desde Bruselas.

El exconseller Carles Mundó ha aparecido en el acto de inicio de campaña de ERC horas después de salir en libertad de la prisión de Estremera (Madrid) y ha pedido “juego limpio” de cara al 21-D a un “Estado español incapaz de resolver desde la política lo que es un conflicto político”.

El exconseller Carles Mundó abraza a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. EFE

La secretaria general de ERC y número dos de este partido en las catalanas del 21-D, Marta Rovira, ha dicho que su formación ganará las elecciones de forma clara porque es el mejor instrumento “para construir república” y también “lo haremos por los encarcelados por sus ideas políticas”.

Por su parte, la CUP ha rendido “homenaje” en la apertura de la campaña electoral el espíritu del 1 de octubre al celebrar su primer acto en el Instituto Jaume Balmes de Barcelona, un emplazamiento simbólico al ser uno de los centros en los que hubo cargas policiales en la jornada del 1 de octubre. El cabeza de lista por la CUP, Carles Riera (c), acompañado por los cadidatos Vidal Aragonés y Maria Sirvent:

La candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha apelado a la “mayoría silenciada”, porque la “papeleta naranja” es la que “representa el fin del ‘procés’ interminable” y la apertura de una nueva etapa en Cataluña.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha llamado a votar al PPC el próximo 21 de diciembre para garantizar la vuelta a la normalidad y la estabilidad en Cataluña y acabar con el independentismo, que ha dividido y hecho un “daño gratuito” a la sociedad. El cabeza de lista del PPC, Xavier García Albiol, ha reivindicado su formación como la única capaz de garantizar “un futuro de convivencia, la unidad de España y la relación entre catalanes más allá de su ideología”.

Rajoy, tan mal comprendido, en 3 artículos. El 3º: “¿No es Rajoy proetarra?”
Pío Moa gaceta.es 5 Diciembre 2017

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(Uno también peca de ingenuo, aunque poco a poco vaya entendiendo. Escrito el 16 de octubre de 2006)
El capital político acumulado por Aznar –excluyendo su pésima explicación de la guerra de Iraq y su nefasta política de medios (también otras cosas, pero bueno)–, más el descrédito del PSOE, debieran haber dado a Rajoy una gran mayoría absoluta en 2004. Pero él prescindió de aquel capital y de la crítica a fondo a las majaderías de Zapo. Se dedicó a hacer promesas como si saliera de la oposición sin un pasado reciente que las respaldara; y permitió al PSOE presentar mil ofertas como si no las invalidase su pasado también muy reciente y nunca corregido. Zapo estuvo a la ofensiva y Rajoy a la defensiva. Solo las rentas de la gestión de Aznar, a las que él no añadía nada, daban a Rajoy una victoria mínima y probablemente insuficiente para gobernar. Y al final todo lo decidió una jugada oscura y sangrienta.

Desde entonces no es que le hayan faltado a Rajoy buenas ocasiones. Por ejemplo, la nefasta Constitución europea fabricada por el corrupto etarrófilo Giscard d’Estaing. Por supuesto, Rajoy la criticó severamente… para apoyarla al fin. En lugar de una gran victoria política compartió el fracaso de Zapo, y en la ridícula posición de peón de este.

Vino la mayor traición perpetrada por Zapo hasta ahora, el mayor precio político pagado a la ETA y el separatismo: el estatuto de Cataluña. Rajoy demostró la ilegalidad del engendro, pero aceptó discutirlo en las Cortes y a continuación lo imitó en Valencia y Baleares… de momento. ¡Y poco después se ofreció al gobierno para ayudarle a evitar un “precio político” en los chanchullos con la ETA!

Acabamos de ver la misma táctica con respecto al envío de tropas al Líbano: tras una crítica feroz… Rajoy apoya a Zapo. En torno a la investigación del 11-M, la misma llamémosle táctica: “No pero sí, o sí pero no”.

En algún momento, ya no recuerdo por qué, Rajoy rompió estrepitosamente la relación con el gobierno… y tres días después le estaba mendigando una reunión y quejándose de enterarse por la prensa de las decisiones gubernamentales. Difícil un mayor esperpento. Y encima soportando el regodeo de Zapo y su aparato mediático: “PP, extrema derecha”. En fin, para qué seguir. ¿Qué confianza puede dar esta conducta al electorado? (Ya se ha visto que le ha dado bastante)

Y sin embargo Rajoy no es un Piqué o un Gallardón, dispuestos a traicionar cualquier principio y a colaborar con la Infame Alianza. Él ve la realidad, parece sentir la democracia y la unidad de España, seguramente supera a Zapo en inteligencia (ja, ja, ja…). Pero no es capaz de diseñar una estrategia acorde con los hechos y con sus sentimientos, y ahí reside la diferencia. Zapo obra con una estrategia, la haya elaborado él u otros, y Rajoy no. Su mensaje, contradictorio y desalentador hasta el patetismo, cabe resumirlo así: “El gobierno realiza una política horrorosa, anticonstitucional y antiespañola, pero nosotros estamos dispuestos a colaborar con él, para evitar males mayores”.

¿Qué males mayores? Obviamente, la pérdida de poltronas, obsesión de los Arriolas y tantos otros. Penúltimas encuestas: el PSOE aventaja en varios puntos al PP. ¡Y eso viviendo todavía el PP de las rentas de Aznar, porque nada nuevo o mejor se le ha ocurrido desde entonces! Parodiando a Churchill, cabría advertirles: “Aceptáis el deshonor por conservar las poltronas, y perderéis las poltronas con deshonor”. ¿Sabrá Rajoy aprender de la experiencia?
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(Aquí ya lo veía más claro. Escrito en mayo de 2008)
Tal como mucha gente se empeña en no entender las fuertes y evidentes bases ideológicas de la colaboración del Gobierno (o del PNV) con los asesinos etarras, otras muchas personas se obstinan en cerrar los ojos ante la carrera de Rajoy, cuya lógica no acaban de percibir. Sería muy largo repasar las muchas ocasiones en que Rajoy se ha retratado, y alguien debería estudiar con detenimiento su trayectoria en estos cuatro años de oposición. Recordaré solo algunos casos clave.

Aznar nombró a Rajoy pensando en unas elecciones prácticamente ganadas, tras las cuales se mantendría la estabilidad institucional, el pacto antiterrorista, etc. Pero Rajoy hizo dos cosas: echar a perder en pocas semanas la gran ventaja de partida sobre Zapatero heredada de Aznar, que rebajó hasta un dudoso punto y medio de ventaja en vísperas del 11-M (pudo haber perdido o quedado sin Gobierno, incluso sin la matanza); y traicionar el legado de Aznar, que prácticamente no mencionaba (como tampoco el pasado del PSOE), para, a base de promesas vacías de corte económico, presentarse como “algo nuevo”. Su oportunismo y falta de principios se manifestó también en su negativa al debate con su contrincante, calculando que clarificar las respectivas posturas ante los ciudadanos solo beneficiaría a quien por entonces parecía perdedor. Con todo ello ya dio su talla, su perfil no bajo, sino ínfimo, aunque por entonces muchos lo creímos producto de una corregible ingenuidad del principiante (si bien llevaba muchos años en la política), o de los célebres complejos derechistas, también corregibles en principio.

Algo después dejó en claro su estilo marrullero ante la Constitución europea de Giscard, permanente (y corrupto) enemigo de España. Aquella Constitución dibujaba un eje reforzado París-Berlín a expensas de los demás socios y particularmente de España, que perdía la posición alcanzada por Aznar en Niza. Por supuesto, el antiespañol Gobierno apoyó a Giscard, y Rajoy tuvo una excelente oportunidad de defender el interés de su país. Pero no lo hizo. En medio de pequeñas protestas que causaban la hilaridad del PSOE, Rajoy apoyó a Giscard y al Gobierno, contribuyendo a la infame campaña totalitaria, diseñada para mentes infantilizadas. Rajoy obró así, y no por torpeza ni complejos, sino por la misma ausencia de honradez y de principios políticos ya demostrada en su campaña electoral. Tuvo el merecido castigo cuando casi un 60% de los ciudadanos se abstuvo, castigo remachado por el fracaso del engendro en otros países europeos. Sus patéticos, pero sobre todo nuevamente deshonestos, intentos de hacer recaer sobre Zapatero las consecuencias del “error” compartido solo ponían más de relieve su indignidad. Rajoy simplemente imitaba la desvergüenza de su antagonista, pero, ahora sí, con mayor torpeza.

La experiencia pudo servir, pero no sirvió de lección al estadista, que se encontró con la abierta complicidad del Gobierno con la ETA y los partidos antiespañoles de algunas regiones, con la inversión del pacto antiterrorista, plasmado en el anticonstitucional estatuto catalán. ¿Qué hizo este hombre de principios ante tales actos? Tratar de engañar a la opinión pública ofreciéndose servilmente a Zapatero para ayudarle “cuando los demás le hubieran abandonado” y otras declaraciones de una abyección difícilmente superable, un auténtico fraude a la ciudadanía. El referéndum sobre el estatuto catalán fue un fracaso político para sus promotores, al ser aprobado por menos de la mitad del censo. Nuevamente tuvo Rajoy la oportunidad de defender unos principios claros, y nuevamente hizo lo contrario: tras molestar a la gente con la recogida de cuatro millones de firmas, las olvidó y entró en la carrera disgregadora de la unidad nacional, con una ampliación balcanizante de los estatutos de Valencia, Baleares o Andalucía, no planteada ni querida por la mayoría de la sociedad.

Ha sido toda una carrera de claudicaciones y engaños, trufada de algunos repentes sin plan ni consecuencia, como sus rupturas con Prisa y con el Gobierno, para mendigar al poco la atención de ambos. Por terminar de algún modo, el político acabó de mostrar sus principios –su radical carencia de ellos– con sus declaraciones sobre la economía como “el todo”, con la nena angloparlante que porta, el hombre, “en la cabeza y el corazón”, y con la constante afirmación de sus “ganas de ser presidente”. El discurso de un estadista. Estadista al nivel de Zapo; tal para cual, en verdad.

Muchos erramos al principio, como dije, pensando en un político torpe o acomplejado que rectificaría. De ningún modo. Si ha seguido al Gobierno, con algunos matices, ha sido porque tiene con él cierta identificación de fondo, tal como el Gobierno la tiene con la ETA. Considera, por ejemplo, que la transformación ilegal del país en una confederación sumamente laxa y balcanizante es un hecho inevitable, al que no cabe hacer oposición; que la crítica a otras muchas disposiciones del Gobierno resulta, como piensa Gallardón, “poco moderna” y le identifica demasiado con las posturas de la Iglesia. Si nunca defendió con algún empeño a la AVT, a la COPE o a Jiménez Losantos frente a las asechanzas de los “rojos” no se debe simplemente a flojera, es que no se siente identificado con ellos. Y dentro del PP se está manifestando como hombre resuelto, con ganas de poder, está dando un auténtico golpe de partido, transformándolo al modo como Zapo transformó el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo en acuerdo con los terroristas y contra el estado de derecho. No hablo de la honradez personal de Rajoy, que aquí no viene al caso, sino de su falta de honradez política, de su oportunismo y su decisión bien demostrada de explotar la credulidad de sus votantes, de engañarlos.

En las filas de la derecha crece el descontento, pero un descontento sin programa, plan de acción ni liderazgo, no lleva a ninguna parte.

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(Aunque se hace largo.: Otro artículo de 2008, cuatro años antes de que Rajoy llegase al poder: ¿No es Rajoy proetarra?)
Mi comentario de ayer sobre el Rajoy pro etarra ha suscitado críticas un tanto indignadas, a derecha e izquierda, etc., acusándome de mentir, insultar o delirar. Veamos.
Un análisis político no debe partir de las palabras, sino de los hechos, o, mejor, de la relación entre unas y otros. Cuando los hechos no corresponden a las palabras o estas se contradicen demasiado, o los cambios de orientación se explican mediante buenas intenciones vacías, sabemos que estamos ante demagogos, los cuales, como también sabemos desde Aristóteles, constituyen el mayor peligro de las democracias.

Zapo nunca dirá: “vamos a entrar en chanchullos con los asesinos a costa de la unidad de España y del estado de derecho”. Dirá más bien: “vamos a dialogar con todos sin excepción”, lo que en la práctica significa lo mismo, pero engaña a mucha más gente. No dirá: “lo que nos interesa realmente es ese “diálogo” con los asesinos y extorsionadores; con los contrarios y las víctimas directas, nada de diálogo, los silenciaremos y marginaremos”. Dirá, en cambio: “Algunos extremistas de derecha rechazan el diálogo, quieren la continuidad de la violencia, no hacen más que crispar”. Y tratará de acosar a los críticos en los medios, judicialmente o de otros modos. Y así sucesivamente.

Rajoy acaba de emplear los dos términos reveladores: “diálogo” y ”con todos sin excepción”. La primera palabra ha dado buen resultado a Zapo porque la seudo oposición de nuestro futurista ha sido incapaz de explicar algo tan simple como esto: el diálogo con los terroristas implica la negación del diálogo con las víctimas y sobre todo la aceptación y premio al crimen como forma de hacer política. Esa negociación, ese “diálogo” solo puede hacerse, y se hace, a costa de la Constitución y del estado de derecho, y de la unidad de España. Rajoy, en lugar de explicarlo, trataba a Zapo de ingenuo y se ofrecía a ayudarle “cuando todos le abandonasen”. Simple exhibición de majadería, oficiosidad y servilismo, si no fuera acompañada del abandono, en la práctica, de la AVT o de quienes realmente criticaban la política de Zapo, a los cuales nunca defendió Rajoy con un mínimo de sinceridad y empeño.

Pero ha habido cosas más graves. Desde siempre, la ETA ha buscado la disgregación de España, y su designio se ha visto favorecido por unos políticos banales y a menudo venales (cuando no compartían gran parte de la ideología etarra, como sucede con Zapo). La clave del “diálogo” con la ETA ha sido el desmantelamiento de la Constitución mediante los estatutos balcanizantes, con el catalán como modelo, que reducen el estado español a “residual”, dejando un ligero barniz unitario que permita a Zapo seguir en el poder (otra cosa es que los etarras quieran eliminar incluso ese barniz, pero eso ya son disputas peculiares entre los del tiro en la nuca y los “gorrinos”). Pues bien, Rajoy, tras denunciar el estatuto catalán, entró en la carrera de las reformas balcanizantes desencadenadas por el “diálogo”, no exigidas por la sociedad y sí por camarillas de politicastros regionales. Así, el Futurista se ha sumado a la política de Zapo para complacer a los separatistas y a la ETA (su casi nula resistencia a las maniobras socialistas en el Tribunal Constitucional va en la misma dirección). Rajoy, por tanto, sigue EN LOS HECHOS, como el gobierno, una política pro etarra, y no vamos a cerrar los ojos a los hechos para abrir enormes orejas de asno a la verborrea demagógica con que se orquesta la delictiva operación.

¿Por qué obra así Rajoy? Al revés que Zapo, él no concuerda con la ETA en casi nada. Pero ansía el poder, se siente “en forma” y “con ganas” de presidir el país para llevarlo al futuro de la nena angloparlante; y le han convencido de que solo puede alcanzar tan nobles objetivos imitando la demagogia de Zapo, aceptando el diseño balcanizante del actual gobierno e integrándose en él, entrando en la competición para complacer a los secesionistas. Por el poder ha renunciado a la honradez, y quedará sin poder y deshonrado. Y de paso, posiblemente destruya su partido.

Mi comentario de ayer ha provocado críticas, con rasgado de vestiduras y tono injurioso, entre los mismos que solían tratar a Rajoy de ultraderechista: ¡Qué ternura repentina por el líder del PP, qué interés por salvar su honor, mancillado al parecer por mis palabras! ¿Cómo explicarlo? Pues porque ya casi sienten al futurista como uno de los suyos, y defendiéndole, se defienden. Navegan en el mismo barco. El barco de los farsantes.

INFORME DEL MEMORIAL DE VÍCTIMAS
Las claves de la derrota de ETA
La Gaceta  5 Diciembre 2017

El estudio recoge que por la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la banda terrorista de ultraizquierda “perdió la iniciativa”.

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo ha elaborado un informe que concluye que la decisión de ETA de abandonar la violencia fue “forzada por el Estado”, quien a través de sus “herramientas judiciales y policiales” llevó a la banda terrorista de ultraizquierda a la “impotencia operativa”.

Esta es una de las nueve conclusiones recogidas en este informe, el número tres, que lleva por título ‘Las claves de la derrota de ETA’ y en el que se hace un análisis de la trayectoria del sanguinario grupo desde la ruptura de la tregua de 1998-1999 hasta la farsa del desarme llevada a cabo el pasado abril.

El texto explica el “debilitamiento” progresivo de ETA, la incapacidad de mantener un “nivel efectivo de violencia”, la “erosión del liderazgo de la cúpula etarra” y la pérdida de influencia sobre su entorno.

El documento también incluye datos de las incautaciones de armas y explosivos de la banda realizadas por las Fuerzas de Seguridad españolas y francesas desde 1967 hasta 2016 y contabiliza más de 4.000 armas de fuego, 41 toneladas de explosivos y más de 2.000 granadas.

En el análisis de la “derrota de ETA”, el informe concluye que el grupo terrorista “no dejó el terrorismo porque hubiera evolucionado o por cambios en las circunstancias políticas, sino por incapacidad para desarrollar un nivel de violencia mínimamente eficaz para sus intereses”.

Así, se mantiene que el abandono de la violencia que ETA y su entorno han presentado como una “decisión unilateral” ha sido sin embargo una “decisión forzada” por el Estado, que “a través de sus herramientas judiciales y policiales” ha conducido a la banda a “la impotencia operativa”.

También recoge que el espectáculo del desarme y entrega de armas “escenificado” el pasado 8 de abril fue “una actuación forzada” después de que ETA “hubiera fracasado en su intento de negociarlo a cambio de contrapartidas con los gobiernos de España y Francia” y de que hubiera fracasado la operación para destruir los arsenales y evitar su entrega intacta a las autoridades.

Hasta llegar a este punto, el informe parte de lo sucedido desde la ruptura de la tregua de la banda en 1998-1999 y argumenta que, desde 2001 y por la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ETA “perdió la iniciativa” y a partir de entonces “el nivel de violencia estuvo siempre por debajo de las pretensiones etarras”.

El estudio señala que de 2000 a 2004 todos los aparatos de ETA sufrieron un “deterioro espectacular por la captura de sus líderes” y que en esa etapa se sientan las “bases de su derrota” con tres iniciativas: el acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, la Ley de Partidos y la ilegalización de HB.

El informe sitúa como hechos claves las operaciones contra ETA en Francia, la “aceleración de la captura” de sus jefes, que abrió una “permanente situación de provisionalidad”, y las “crisis internas” que se sucedieron y que se agravaron cuando los “dirigentes del entorno político” de la banda “se atrevieron a defender el fin del terrorismo y a presionar” a ETA “en esa línea”.

“Una resistencia olvidada”. Del Historiador Víctor Javier Ibáñez
José Vte. García Puig lagaceta.eu 5 Diciembre 2017

El pasado sábado, 2 de Diciembre, después de venir de la presentación en Valencia del libro de Víctor Javier Ibáñez, de encontrarme con muchos amigos y algún curioso, que se ha acercado hacia el Casino La Agricultura, donde solo esperaban a unas ochenta personas y han acudido unos doscientas. Un éxito total por parte de los organizadores -C.C. Abanderado de la Tradición- me atrevo a escribir sobre el libro de mi amigo Víctor Javier, que hace meses en el Pardo me lo dedico, y también basándome en entrevistas y varios comentarios que de éste libro ha hecho me pongo a comentarlo.
Cuando empiezas a leer este libro, -el que hoy se presente en Valencia- sientes una doble contradicción de sensaciones. La primera la tristeza al contemplar cómo las victimas del terrorismo de ETA fueron totalmente humilladas, aisladas, despreciadas…. No solo por sus verdugos, sino también por la sociedad que les rodeaba y la casta política de la transición que se estaba forjando y que hoy tantas lecciones, de moralidad y patriotismo nos quieren dar. Pero también, y sería la segunda, despierta la alegría y la esperanza de que estas páginas, escritas con amor –y a la vez rigor- nos permita perpetuar su recuerdo y memoria obligada. El texto que leemos se centra, bien es verdad, en aquellos carlistas que fueron asesinados por ETA. Muchos de ellos vascohablantes, euskaros por los cuatro costados, foralistas, euskalzales y, sin embargo, profundamente españoles.

El joven historiador, Víctor Javier, realiza una labor verdaderamente, sabia, concreta y estudiosa. Ha buscado y se ha metido en la verdadera época, en publicaciones, en testimonios orales, rescatando del olvido, el incalculable valor de la biografía de los asesinados, ha recopilado, fotografías que ponen rostro a los listados de nombres, y, ha circunscrito muy bien. Los asesinatos por parte de ETA de carlistas en las Vascongadas durante la transición era parte de una estrategia y no fue mera casualidad.

“UNA RESISTENCIA OLVIDADA” no se limita a una lista de mártires. Afronta también el análisis del mundo abertzale y lo que realmente ha representado. El mundo etarra tuvo sus evoluciones ideológicas y buscó modelos en Israel, en los movimientos de liberación tercermundistas o en el marxismo, pero siempre tuvo un último objetivo: monopolizar todo lo que representara o se dijera vascuence. Por eso en el carlismo encontró su primer enemigo.

Cuando una inexperta ETA, empieza sus primero ataques se dirigieron contra los carlistas. Ejemplo de ello fue el intento de hacer descarrilar, el 18 de julio de 1961, un tren que transportaba más de 500 requetés vascos excombatientes a San Sebastián. A este infructuoso ataque siguieron asaltos a Iglesias donde se hallaban banderas de tercios carlistas vascongados, para quemarlas; o destrucción de monolitos y monumentos que recordaban la ofrenda martirial de requetés vascos y navarros en la Cruzada del 36. O, en otro orden de agresiones, la presión brutal que recibió El pensamiento Navarro, los ataques hasta con bombas, los robos de ejemplares para evitar su distribución, en fin, toda una serie de acciones hasta que lograron su cierre en 1981.

Los ataques más cercanos pronto alcanzaron incluso las viviendas de los tradicionalistas más significativos. Donde, por ejemplo, en 1968 destruyeron el caserío del alcalde tradicionalista de Lazcano. No fue el único. Igual suerte sufrieron los Landaluce y muchos otros carlistas que vieron saltar hechos pedazos sus caseríos. Meritorio reconocimiento es el que hace el autor a la familia Baleztena, en Leiza, en la Navarra más vascohablante y que fuera señera del carlismo navarro. Su caserón en la plaza principal del pueblo, fue testigo y recoge recuerdos de casi dos siglos de historia vasco-navarra. Pero poco importa a los abertzales que siempre, aún hoy, han convertido el caserón en objeto de sus iras y agresiones.

Pero también llegaron los asesinatos de personas reales y concretas. En este punto el libro recoge perfectamente la estrategia de ETA: cada asesinato implicaba terror, desmoralización, desmovilización e incluso la diáspora, de aquellos que se enfrentaban cara a cara al nacionalismo, fuera del PNV, fuera de ETA. Ello queda reflejado en un libro de Florencio Dominguez, cuando relata el asesinato del tradicionalista Carlos Arguimberri: “La extensión del miedo se produce cuando diferentes sectores de la sociedad vasca empiezan a sentir que corren peligro de ser atacados … con el asesinato de Carlos Arguimberri, ETA comienza a atacar ciudadanos vascos de a pié … desde 1975 a 1977, la práctica totalidad de las víctimas son de origen vasco como lo revelan sus apellidos” (p. 39) y carlistas, añadimos nosotros.

Víctor Javier Ibáñez, teje muy bien el ambiente que creaban estos asesinatos: “Esta limpieza ideológica iba paradójicamente acompañada de una limpieza étnica pues el clima de imposición nacionalista se ceba contra muchos linajes históricamente vascos … (que) se encontraron socialmente aislados y desamparados de toda protección pública”.

Muchos carlistas-tradicionalistas asesinados eran bien conocidos en sus pueblos y, por tanto, víctimas fáciles. El gobierno central se destacó por su inoperancia y falta de responsabilidad para con las víctimas potenciales. Tardaría mucho en llegar los dispositivos de seguridad pública y privada especialmente para los políticos de los grandes partidos ya sentados en el poder. Por el contrario, en los orígenes de la transición, muchos carlistas que aún mantenía el rescoldo de lo que era la herencia de un siglo y medio de resistencia, se comprometieron en la política local. La falta de una estructura política en el carlismo suficientemente sólida (por impedimentos del anterior régimen), le llevó a militar en los nuevos partidos que se habían formado. Pero fueron asesinados por carlistas, no por militantes de partidos democráticos.

El mundo abertzale, con estos asesinatos pretendía influir directamente en el estatuto vasco que se estaba negociando. En la República el Estatuto fue refrendado por los alcaldes, y por ello vieron que toda presión contra los cargos municipales permitiría un estatuto con grandes beneficios para sus intereses. Dejando de lado este asunto, el autor consigue aproximar al lector a la complejidad que vivía el carlismo vasco y por ende el español. El desgaste ante el Régimen franquista, las desviaciones eclesiásticas hacia el nacionalismo, las dificultades dinásticas en las que quedó inmerso, por no decir atascado, el propio carlismo y, sobre todo, el desastre doctrinal posconciliar, dejaron al carlismo en ciernes. Aun así, sus ganas de luchar por la foralidad y la españolidad de las Vascongadas, les colocaron a muchos en el disparadero.

Decretazo proetarra-podemita en Navarra: eliminan el español y nombrarán ciudades y pueblos en euskera
Nacho Doral okdiario 5 Diciembre 2017

El Gobierno foral de Navarra que dirigen los proetarras de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos prepara un nuevo paso en la progresiva eliminación del idioma y simbología españoles en una comunidad que, como ha reconocido su presidenta, la nacionalista Uxue Barcos (Geroa Bai-PNV) ‘no es nacionalista’ . Mediante un decreto (al no tener la mayoría parlamentaria necesaria), el Ejecutivo navarro cambiará los carteles de entrada a pueblos y ciudades con nombres en euskera incluso en zonas de mayoría castellano parlante.

El borrador ya ha sido aprobado por el gobierno autonómico y remitido al Consejo de Gobierno de Navarra para que emita un informe final sobre su legalidad antes de su definitiva aprobación. Un dictamen de un organismo que ya ha mostrado sus dudas en otra iniciativas del cuatripartito (IU de Navarra suele alinearse con nacionalistas, proetarras y podemitas, aunque no en esta ocasión) y que en cualquier caso, que carecerá de efectos vinculantes.

La ‘euskaldunización’ exigida por Bildu
La lengua oficial de Navarra ha sido desde siempre el castellano, y no el euskera, que solamente habla entre un 10 y un 15 % de la población y en el que sólo hay obligación de prestar atención en este idioma en los servicios públicos en la zona norte o vascófona. El proyecto para su implantación en toda la comunidad fue una parte clave del acuerdo de gobierno entre Geroa Bai-PNV, EH Bildu y Podemos.

El decreto de ‘euskaldunización’ de la toponimia en Navarra establece los criterios de uso y de expresión gráfica de las denominaciones de los núcleos de población y persigue la unificación y homogeneización de las diferentes denominaciones oficiales en castellano y en euskera que se han ido aprobando en aplicación de la Ley Foral del Euskera, así como garantizar el uso correcto de los signos gráficos empleados en su escritura.

En la actualidad, existen denominaciones oficiales simples o únicas con topónimo en español, como Castejón, Elizondo, o Lodosa y denominaciones oficiales bilingües como Abaurregaina/Abaurrea Alta, Pamplona/Iruña, Puente la Reina/Gares o Valle de Atez/ Atetz Ibarra. Pero para los nacionalistas y la marca blanca del entorno de ETA no es suficiente.

El Decreto de toponimia de Navarra establece la prevalencia del nombre de pueblos y ciudades en euskera
Predominio del nombre en euskera
Así, el decreto a punto de aprobación contempla que predomine el topónimo en euskera, en caso de que existan dos denominaciones, en vascuence y en castellano. En Navarra, y pese a que el castellano sea la lengua oficial, desde 1986 la Ley Foral del Vascuence (aprobada por el PSN) distinguen tres zonas: vascófona o norte (uso mayoritario del euskera), mixta y no vascófona o sur (uso mayoritario del castellano).

Este decreto auspiciado por el nacionalismo pro-vasco no sólo impondrá que siempre figure el nombre vasco oficial, sino que si no lo hay, sean las instituciones que establecen la normativa del euskera las que lo acuerden para su implantación: Euskaltzaindia (la Real Academia de la Lengua Vasca) y Euskarabidea (Instituto Navarro del Euskera), y a las que el Ejecutivo de Uxue Barkos ha concedido un papel fundamental en cuestiones culturales y lingüísticas.

El Gobierno de Navarra y Euskaltzaindia normalizarán la utilización del euskera
El decreto de euskaldunización de la toponimia sucede al recientemente aprobado para imponer el uso del euskera en la Administración foral , publicado ‘con nocturnidad y alevosía’ en vísperas del puente de la Constitución para evitar más protestas contra los nacionalistas y que ha sido denunciado porque discriminará a funcionarios y opositores que no sepan euskera.

La propuesta ha sido ha sido validada por la Comisión Foral de Régimen Local y el Consejo Navarro del Euskera.

El Gobierno vasco reconoce su fracaso en el sistema educativo
El PP prepara un documento marco con medidas para luchar contra los malos resultados
Adrián Mateos ABC 5 Diciembre 2017

La Educación se ha convertido en un problema para el Gobierno vasco, testigo indolente del rápido declive académico del territorio. Ni siquiera el último informe PISA, que ha puesto de relieve las dificultades de los alumnos a la hora de resolver problemas en grupo, ha motivado una respuesta firme del Ejecutivo autonómico, regido en coalición por PNV y PSE. Por el contrario, la consejera de Enseñanza, Cristina Uriarte, admitió que la situación no va a mejorar en el futuro próximo, pero subrayó que existe un «importante margen de mejora» en su sistema educativo.

Poco puede rescatar la responsable autonómica del trabajo que ha realizado la consejería de Educación, una de las que más dinero público gasta por alumno en España. El primer síntoma de la decadencia académica del territorio llegó de la mano del informe PISA 2015, que reflejó un preocupante descenso de las notas en Ciencias, Matemáticas y Lectura. De hecho, los alumnos vascos de 4º de la ESO obtuvieron los peores resultados de todo el país en esta última materia. Por otro lado, el ranking de Shanghái sitúa la Universidad del País Vaco (UPV/EHU) en el puesto 492 de la clasificación de los mejores centros del mundo, muy por debajo de la Pompeu Fabra (239), la de Barcelona (268) o la de Granada (302).

La propia Uriarte confesó que es necesario implantar medidas en el ámbito educativo, a cuyos problemas no les ve solución a corto plazo. De hecho, la nacionalista auguró que las futuras evaluaciones «posiblemente recogerán esa necesidad de mejora», pues, a su parecer, los cambios tardarán en surtir efecto.

Euskera, antes que Inglés
La caída libre de las notas en Matemáticas, Ciencia y Lectura coincide con el impulso del gabinete de Íñigo Urkullu a la lengua vasca. En este contexto, el grupo popular en el Parlamento vasco lamenta que la Consejería de Educación haya estado más preocupada por la implantación del euskera en las aulas que por atender a las materias necesarias para aumentar la competitividad de los alumnos. Entre ellas, el inglés, idioma que exigen casi cuatro de cada diez trabajos en la Comunidad Autónoma y que, sin embargo, solo tienen acreditado el 13% de los profesores.

«El panorama es desolador», aseguró a ABC la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, para la que el Ejecutivo autonómico está «sacrificando» la calidad de la educación para imponer sus ideales políticos. En este sentido, consideró que la administración vasca necesita llevar a cabo una «reforma en profundidad» de su sistema de enseñanza.

Por otro lado, Fernández destacó que su partido ha realizado en las últimas semanas una ronda de contactos con distintas instituciones del sector, desde sindicatos hasta asociaciones de padres, en las que se han puesto de relieve las principales debilidades de la educación en el País Vasco. En este sentido, anunció que su equipo está preparando un documento marco con nuevas propuestas que darán a conocer a partir de enero.

Se trata de un documento de «reflexión y análisis» que recogerá las valoraciones extraídas de las reuniones con los colectivos. Algo que, a juicio de la secretaria general del PP vasco, debería haber llevado a cabo el Ejecutivo de Urkullu, al que acusó de mantener una actitud pasiva ante la crisis: «La consejera está alargando la toma de decisiones -aseveró-. No ha tomado todavía ninguna medida».
Huelgas

El descontento del sector educativo con la gestión del Gobierno vasco va más allá de las protestas por los resultados académicos, tal y como quedó reflejado en la manifestación de profesores de la semana pasada. Más de 26.000 docentes de escuelas e institutos estaban convocados a la marcha, la cual, según los sindicatos, secundó el 70% de los mismos. Tasa que el Ejecutivo redujo hasta el 45,9%. Durante la movilización, los profesionales exigieron a la administración un aumento de la plantilla, así como subidas salariales y disminución de la eventualidad.

En este sentido, los portavoces de las centrales ELA, LAB y Steilas destacaron que el proyecto de Presupuestos presentado por PNV y PSE, no recoge ninguna de las medidas que piden para reconducir la «grave situación» en la que se encuentra el sector. Si no se alcanza un acuerdo, el gremio realizará un nuevo paro general el próximo 12 de diciembre.
 


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