AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 6  Diciembre 2017

Constitución: importa más cumplirla que celebrarla
EDITORIAL Libertad Digital 6 Diciembre 2017

El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español aprobó en referéndum, con casi el 90% de los votos, la Constitución vigente, sobre la que descansa el ordenamiento jurídico, político, económico y social de nuestra democracia.

Con motivo de la efeméride, el Congreso de los Diputados celebra cada año un homenaje a la Carta Magna, a pesar de que no pocos partidos con representación en el Hemiciclo trabajan diaria e incansablemente para su destrucción. Conviene tener esto bien presente para dejar en evidencia los dinamiteros de nuestra Ley Fundamental, que suelen detestarla por sus virtudes y no por sus defectos.

La novedad de este año es la iniciativa del PSOE, bien recibida en formaciones políticas de izquierdas y nacionalistas, de reformar la Constitución para buscar un nuevo encaje de Cataluña en España. La tesis de Pedro Sánchez y de los que le acompañan en ese viaje suicida es que la desigualdad que ya opera a favor de las regiones con movimientos secesionistas ha de consagrarse en el texto constitucional, a ver si así los separatistas y sus socios hacen a los demás españoles el inmenso favor de no destruir la Nación. Cuesta hasta creer que se siga con esta letanía a estas alturas.

El gravísimo desafío a la Nación y al Estado de Derecho que está planteando el separatismo catalán debería ser suficiente recordatorio de que en estos momentos lo que se impone es cumplir y hacer cumplir la Constitución, no dedicarle celebraciones hueras o, peor, proponer reformas en su articulado para contentar a los liberticidas que quieren hacerla saltar por los aires.

¿Reforma de la Constitución? Sólo si redunda en más España y más Libertad, nunca para apaciguar a los peores enemigos de ambas.

Enmienda total a la ingratitud
Es inmenso el hartazgo de tanto ver premiar la deslealtad
Hermann Tertsch ABC 6 Diciembre 2017

«Somos españoles y pusimos la bandera… Pero nosotros no hemos hecho daño a nadie», se disculpaba con timidez y con miedo ante la cámara la mujer víctima de una nueva agresión nacionalista en Cataluña. Esta pudo haberle costado la vida a la familia. Quisieran o no quemar solo la bandera de España en aquel balcón, el caso es que el fuego provocado por unos desconocidos afectó a una puerta y diversos objetos y pudo haber incendiado la casa en la que dormían tres niños y varios adultos. Fue en Balasareny, uno de esos muchos pueblos en Cataluña de donde el Estado se retiró hace décadas y que gobiernan fuerzas separatistas con el terror ideológico contra quienes no son los suyos. Las muestras del despertar de la nación española, tras décadas de letargo y pasividad, que comenzaron a evidenciarse después del histórico discurso del Rey de España del 3 de octubre, con las grandes manifestaciones, ha llevado a muchos españoles a hacer lo que siempre quisieron y no se atrevían. También a esta familia que puso su bandera en el balcón. Para dejar claro que allí viven españoles orgullosos de serlo. Para gritar en silencio que se sigue creyendo en España aunque haya estado tanto tiempo incomprensiblemente, dolosa y dolorosamente ausente.

Este ataque incendiario es parte del esfuerzo separatista por volver a la situación de la dictadura del miedo, previa al discurso del Rey. Cuando nadie se atrevía a decir la verdad: que Balasareny es España. De momento los agresores han tenido éxito. Porque la pobre mujer reconoció llorando que «sí, sí hemos quitado la bandera. Porque aquí duermen tres niños». Están habituados a estar desprotegidos. Esto es lo que ha de cambiar. Esa familia española trabajadora y leal exige protección y ha de tenerla. Con su bandera en el balcón. El gobernante que se la niegue será arrollado.

Los españoles tienen una larguísima historia de siglos de superación de abandono y una ingratitud por parte de sus autoridades que casi forma parte de la identidad nacional. Van del maltrato a Hernán Cortés a los justificados lamentos de Blas de Lezo, de los españoles leales a España abandonados en los procesos de independencia en América a la justa indignación de José Antonio Ortega Lara por las infames concesiones de los gobernantes de Madrid, siempre para aplacar a los peores con desprecio a los mejores. La proverbial ingratitud del poder hacia los más leales servidores de la patria y la falta de interés del Gobierno por los miedos e intereses de los más humildes se nota tanto en esta falta de protección a los españoles no separatistas en Cataluña, como en el desprecio del Gobierno a los intereses de regiones que no recurren al chantaje y al victimismo como los nacionalismos.

Ahora tendrá que tener mucho cuidado este Gobierno -y cualquiera que le suceda- para no caer en el consabido hábito de favorecer a los peores. Para no caer en enjuagues y apaños políticos que ya se le ofrecen para premiar al traidor, ventajista y delincuente. Lo podría pagar muy caro. Ese rumor difuso que los gobernantes y los políticos en general comenzaron a sentir después del discurso del Rey y de las movilizaciones, pero que ya perciben con tan creciente claridad como inquietud, son el eco de un movimiento de profundo hastío que exige enmienda a los errores. Que ansía castigar la felonía de la injusticia permanente, la cobardía de los gobernantes frente al delito y al abuso y su ingratitud hacia esos millones de españoles pacientes, trabajadores, contribuyentes, leales, solidarios, patriotas y hoy indignados y definitivamente hartos.

Junqueras se queda y el adoctrinamiento continúa
Liberal Enfurruñada okdiario 6 Diciembre 2017

Cuando todos daban por hecho que el juez Llarena iba a poner en libertad a los golpistas encarcelados por la jueza Lamela, va el del Tribunal Supremo y demuestra que en España tenemos una justicia independiente, que no obedece a los intereses de quienes preferirían hacer la campaña electoral sin opositores presos. Como Miquel Iceta, que se ha apresurado a decir que es una “mala noticia”. El juez Llarena ha dejado salir bajo fianza a seis de los exconsejeros encerrados por la jueza de la Audiencia Nacional —decisión que será recurrida por VOX—, pero mantiene en prisión provisional a Junqueras, a los Jordis y al exconsejero de Interior Joaquim Forn, quien ahora suplica al juez que le vuelva a citar para cambiar su declaración. No les deja salir por el “riesgo de reiteración delictiva”, ya que los hace responsables de las actividades violentas que se produjeron el pasado 20 de septiembre, durante el asedio a la consejería de Economía, mientras era intervenida por una comisión judicial.

Todos recordamos como aquel día Junqueras y los Jordis animaron a la turbamulta a realizar el asedio. Y como los desprestigiados Mozos de Escuadra, dependientes de Forn, no hicieron nada para impedirlo. Si ya lo hicieron entonces y siguen contando con el mismo respaldo popular y las mismas motivaciones, intereses y convicciones, es muy probable que, si los soltaran, lo volvieran a hacer. No se les puede dejar salir hasta que resulte creíble que no vayan a reincidir, o, como dice el juez, hasta que “paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”. Porque la violencia que ellos provocaron formaba parte de un plan con el que pretendían alcanzar unos objetivos que aún hoy mantienen.

Dicho plan consta por escrito en un documento llamado #EnfoCATS que fue intervenido por la Guardia Civil en el registro de la vivienda del número dos de Junqueras, Josep María Jové. En él se refleja la “hoja de ruta” a seguir tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015 para conseguir un Estado propio, que es lo que continúan pretendiendo los cuatro detenidos. Estaba gestionado por un Comité Estratégico, formado por el prófugo Puigdemont, por los presos Junqueras y los Jordis, entre otros. En dicho documento se apuesta por desatar “un conflicto de amplio apoyo ciudadano” orientado a “generar inestabilidad política y económica” para forzar al Gobierno a aceptar la separación o negociar un referéndum pactado.

Tanto el 20 de septiembre, como el 1 de octubre y en las posteriores manifestaciones y huelgas, se ha pretendido torcer el brazo del Estado movilizando a la chusma, causando conflictos, con violencia e intimidación para impedir que se aplique la ley. La DUI fue un golpe de Estado en el que se usó violencia física e intimidatoria, luego los golpistas cometieron presuntamente el delito de rebelión, penado con entre 15 y 25 años de prisión. Como muy bien ha dicho Alfonso Guerra, esto hará que “otros se lo piensen antes de cometer actos ilegales de tal gravedad”. Mientras tanto, los independentistas siguen mintiendo descaradamente a su público, aborregado por años de adoctrinamiento en escuelas y medios públicos de comunicación catalanes. Les dicen que los cuatro golpistas están presos “sólo por dejar votar a la gente”. Y los adocenados independentistas les compran ese discurso mendaz. Lamentablemente, la intervención de la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la CE no ha hecho nada para impedir que TV3 y los colegios catalanes sigan siendo una fábrica de odio contra España, luego las mentiras de los secesionistas seguirán campando a sus anchas en Cataluña.

Yo también quiero un cupo
Pablo Molina Libertad Digital 6 Diciembre 2017

El régimen económico especial del País Vasco y de Navarra es el sueño húmedo de los dirigentes de las demás comunidades autónomas de España. No solo porque la mera concepción del sistema foral constituya un privilegio (y un anacronismo, si lo que se pretende es vertebrar un país moderno en torno a una Hacienda común), sino porque su aplicación fraudulenta, con el acuerdo del Gobierno, lo convierte en un auténtico chollo que permite a las beneficiadas gastar mucho más que las autonomías sujetas al régimen común.

Los dirigentes de las quince comunidades restantes quieren mejorar también su financiación, y para justificar su voracidad depredadora aseguran que todo lo hacen en defensa de esos mismos ciudadanos a los que se pretende masacrar. Porque lo cierto es que a los que pagamos impuestos poco nos importa que ese dinero lo gaste después un ministro del Gobierno o un consejero autonómico. Una vez sale de nuestro bolsillo, el daño ya está hecho, y además de manera irreparable.

Ahora bien, la clase política autonómica tiene que justificar su mera existencia y, a esos efectos, denunciar agravios de las demás comunidades es siempre una buena estrategia. Ningún presidente autonómico dirá jamás que su comunidad está correctamente financiada. Ni uno solo. Todos afirman ser objeto de injusticias ancestrales, porque el derroche perpetrado desde su creación ha convertido a las CCAA en unas entidades técnicamente quebradas que gastan mucho más de lo que jamás podrán llegar a ingresar.

Disimulan afirmando que todo lo hacen por sus ciudadanos, "para que no sean menos que un vasco o un catalán". Lo seríamos si nuestros dirigentes autonómicos cuidaran nuestro dinero y redujeran el chiringuito hasta límites manejables en las condiciones actuales, pero eso es algo que nunca va a pasar.

Al socaire de la crisis catalana y su posible solución con nuevas concesiones financieras, los demás archimandritas periféricos quieren aprovechar la circunstancia para ver qué hay de lo suyo. Todos quieren su cupo. Yo también. Quiero quedarme con todo lo que gano al año y llegar a un acuerdo con Montoro para pagar solo la parte proporcional de los servicios que me presta el Estado. ¿Cuándo comenzamos la negociación bilateral?

El Puchimón de Bruselas
Carmelo Jordá Libertad Digital 6 Diciembre 2017

A mí, qué quieren que les diga, la resolución que ha hecho pública el juez Llanera este martes me ha parecido un poco extraña, una de esas cosas que te deja la sensación de que algo se ha hecho mal en algún momento, les confieso que no sé muy bien cuál.

Por otro lado, a mí, como a la mayoría de ustedes, me gusta ver a los delincuentes a la sombra –debo de ser un peligroso fascista–, y en el caso de ciertos delincuentes no sólo es que sea una preferencia personal, sino que es una necesidad nacional: es importante que los que han hecho tanto daño y han estado a punto de hacer aún mucho más paguen por ello. No sólo eso: también es bueno que paguen lo antes posible.

Así que uno preferiría que se persiguiese a Puigdemont y a su banda con algo más de perseverancia. Quizá no sea necesario un policía de estos de las películas americanas que veinte años después del crimen siguen estudiando el caso, en una espiral autodestructiva que les ha llevado al divorcio y al alcoholismo, pero que la Justicia se diese algo más de vidilla, como se dice aquí en Madrid, no estaría de más.

Dicho todo esto, el sorprendente auto de Llanera puede parecernos malo a los que estamos por que se aplique la Ley, e incluso puede que realmente lo sea, pero no tengo nada claro que no sea aún peor para el expresident y su séquito de golpistas. Sí, es cierto que Puigdemont y los demás pueden eludir indefinidamente la acción de la Justicia española, pero no lo es menos que ahora si vuelven a España ya será volando directamente a Estremera, y que tampoco tendrán fácil irse de Bélgica a otro país, en el que vaya usted a saber si los convenios de extradición no serán más perjudiciales.

Así las cosas, y vista la escasa inclinación del pedecato por el martirologio carcelario, se me antoja que el futuro de Puigdemont puede pasar por una larguísima estancia en Bruselas, donde, una vez celebradas las elecciones y con el transcurrir de los meses y los años, poco a poco irá siendo olvidado, se irá quedando sin dinero y pasará a la más absoluta irrelevancia.

Es más, no hay que descartar que dentro de unos años, cuando los turistas contemplen la simpática estatua del meón, se les acerque un personaje con una pinta rara y el pelo no muy limpio y les diga: "¿Saben que jo soc el president legítimo de la República Catalana?".

Puede incluso que el simpático y excéntrico clochard se convierta, con el tiempo, en otra atracción de la capital belga, incrementando aún más el interés turístico de una ciudad en la que en un fin de semana podrás ver la bellísima Grand Place, el impresionante Atomium, la graciosa estatua del Meón y, sobre todo, al Puchimón de Bruselas, un tipo curiosísimo que te da mucha risa pero, la verdad, también un poco de pena.

¿ES ESTE EL OBJETIVO?
La teoría de la ‘ventana Overton’ y la reforma constitucional como fin último
Pepe Gª Saavedra gaceta.es 6 Diciembre 2017

La trama separatista catalana ha dado un giro de 180 grados en los últimos días: los indepes reconocen que no es viable la ‘república’, la dirección del PDeCAT apostando por la moderación y el regreso a la legalidad, la aplicación del 155 con el apoyo sin fisuras del PSOE… Y en el horizonte, una reforma constitucional.

Hace unos meses La Gaceta publicaba un artículo en el que desgranaba la técnica de la ‘ventana Overton’. Consiste, a grandes rasgos, en un proceso que consta de cinco fases por el que un aspecto social que en un principio se presenta como imposible acaba siendo aceptado.

Esta técnica podría aplicarse al desafío catalán siendo el objetivo a conseguir la reforma constitucional. No son pocos quienes afirman que todo el conflicto terminará con una nueva Carta Magna en la que se reconozca una supuesta plurinacionalidad de España creando regiones de primera y de segunda.

La primera etapa: el radicalismo
Para conseguir normalizar una transformación social que en principio se estima tabú hay que crear un grupo de radicales que lo defienda. Así comienza el proceso de la ‘ventana Overton’. Este colectivo, en el caso que nos ocupa, estaría integrado por los independentistas -desde los tradicionales como la CUP o ERC hasta los conversos como el PDeCAT-.

Sus posturas se tienen en principio como algo imposible: una declaración unilateral de independencia, desafíos continuos al orden constitucional, el rechazo unánime de la sociedad y las entidades nacionales y supranacionales… Todo esto lo ha protagonizado el separatismo en España, el grupo radical planteado por Overton. ¿Recuerdan cuando Rajoy afirmó hace escasos meses que nadie se podía imaginar que los nacionalistas catalanes llegarían a tales extremos? Aquí se cumple el primer punto pero, recuerden, en el horizonte no está la independencia, sino la reforma constitucional.

La segunda etapa: Lo aceptable
Una vez superada la fase del radicalismo aparecen grupos que comienzan a aceptar unas posturas más moderadas, desde colectivos sociales hasta la comunidad científica. Se condenan las posiciones extremistas y se intenta buscar el equilibrio: Podemos pide un referéndum pactado, se apela a los precedentes de Escocia y Quebec y aparecen actores internacionales que respaldan parte de las reivindicaciones del colectivo.

Además, también es necesario crear un eufemismo para el propio fenómeno para disociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado. Así, el referéndum pasa a denominarse ‘derecho a decidir’.

Aquí concluyen las fases primarias y las que suelen tener un tiempo más amplio de duración. A continuación se activa la ingeniería social y lo que se presentaba como inaceptable ahora empieza a ser sensato.

La tercera etapa: La sensatez
¿Cómo se va a declarar la DUI? ¿Qué Estado va a reconocer la ‘república catalana’? Les emplazo a enumerar un solo medio de tirada nacional y serio que haya apoyado la ruptura decretada por el Parlament. Ahora piensen en otro medio, a excepción de La Gaceta, que en el último año haya rechazado frontalmente una hipotética reforma constitucional. El País ha pedido ponerse ‘manos a la obra’ mientras que El Mundo y la Razón piden que se haga con cabeza. El único verso semisuelto es ABC, que en su editorial del 14 de octubre la rechazaba evitando señalar directamente al Gobierno. Dénle un tiempo hasta que Rajoy afine su plan.

Una vez abandonado lo inaceptable le llega el turno a lo sensato. No se puede romper España de manera unilateral, con una votación fraudulenta, con un quórum inferior al necesario para reformar el Estatut y es un auténtico disparate que los golpistas se salgan con la suya.

Es en esta fase donde entra de lleno la reforma constitucional como algo razonable para solucionar la cuestión. Y quien se oponga será tildado de radical, dándole la vuelta a las tornas.

La cuarta etapa: De lo sensato a lo popular
Los medios de comunicación, con la ayuda de personas conocidas y políticos, ya hablan abiertamente de la reforma constitucional. En esta etapa comienza a funcionar también la técnica que supone la promoción de las referencias a tiempos pasados en los que este cambio trajo beneficios y se alaba su función, invitando al pueblo a intentar reeditar algo que supuso un triunfo histórico.

La quinta etapa: De lo popular a lo político
imagen de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera | LA GACETAEsta categoría supone ya empezar a preparar la normativa para legalizar el fenómeno. Los grupos de presión se consolidan en el poder y se publican encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios de la este cambio que se pretende implantar.

Esta es una técnica típica del liberalismo que funciona debido a la tolerancia como pretexto para la proscripción de los tabúes. Durante la última etapa del ‘movimiento de las ventanas’ de Overton de lo popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura. Esta es la fase en la que nos encontramos actualmente.

Las dos grandes formaciones políticas del momento, PP y PSOE, ya apuestan abiertamente por negociar una reforma constitucional. Acomodar a Cataluña es el objetivo y dotar a la región de más autogobierno. Aparecerán posturas en ambos extremos (por ejemplo quienes apuestan por la plurinacionalidad y quienes buscan una reforma laxa) y finalmente se apostará por algo intermedio.

Este mismo martes se conocía que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha decidido no dar más plazo a los grupos para que comuniquen los integrantes de la comisión sobre el modelo territorial, de modo que convocará próximamente la sesión constitutiva, de la que podrían quedar fuera Unidos Podemos, PDeCAT, ERC y el PNV.

Entre los temas de debate propuestos se encuentra el de hacer un balance del modelo autonómico y la ordenación de sus competencias, la nomenclatura de las comunidades autónomas, un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, la financiación autonómica y la autonomía local.

La reforma constitucional está en el horizonte. Aunque esta comisión está fijada para un periodo de seis meses, su fin último no tiene porqué materializarse hasta dentro de unos años si se cumple lo estipulado por la técnica de la ‘ventana de Overton’. Ahora solo falta que la cuarta etapa se desarrolle con tranquilidad y sea efectiva, algo que a priori no parece razonable. ¿Satisfará a independentistas y quienes apuestan por un modelo territorial homogéneo dicho cambio de la Carta Magna? Parece complicado.

El nudo de la podredumbre
Ramón Pérez-Maura ABC 6 Diciembre 2017

Sólo se puede ser escéptico ante los resultados de las encuestas. Algunos sostenemos desde hace tiempo que sólo sirven para ver tendencias. Y tampoco siempre. La foto fija tiene poco valor. La tendencia del CIS de ayer es buena para la opción constitucional, pero está lejos de ser suficiente. Como casi siempre, los resultados del CIS marcarán tendencia porque casi todos los institutos demoscópicos beben de sus fuentes. Y veremos a partir de ahora cómo afecta a la campaña la permanencia de Junqueras en prisión, que sólo fue anticipada ayer por Nati Villanueva en ABC. El resto de los medios apostaban por la liberación que el ex vicepresidente había buscado ante la sensación de que le iba mejor a Carles Puigdemont haciendo campaña desde Bruselas que a él desde Estremera.

Lo cierto es que el juez Pablo Llarena ha demostrado tener criterio propio, dejando descolocados a muchos. Y sí, todo indica que se celebrarán las elecciones del 21 de diciembre con Junqueras, Forn y Sànchez en la cárcel. Y veremos si no están también algunos de los catalanes de la diáspora. Y a mí no me parece mal que el encarcelado, el hoy huido y otros compañeros mártires puedan concurrir a las urnas desde su posición de fugados o de prisión preventiva. Por una vez -y sin que sirva de precedente- voy a discrepar del maestro Antonio Burgos («Mí no comprender» ABC 3-12-17). Es cierto que a un concejal que pillan metiendo la mano en la caja no se les ocurre presentarlo. Pero es a su partido al que no se le pasa por la cabeza. Podría presentarse sin problema. No hay juez que lo impida mientras no esté condenado. Y así debe ser porque todos somos inocentes mientras no haya una sentencia firme. En cambio, parte del grave problema de Cataluña hoy se pone de manifiesto por el hecho de que unos delincuentes (potenciales) como los de Bruselas y los de Estremera (los que estuvieron y los que allí siguen), son aceptados por la gran mayoría del electorado como unos candidatos legítimos. El nudo de la podredumbre catalana está en denunciar a quien mete la mano en el cajón en Sigüenza o en Tomelloso, pero ver con comprensión a quien ha estado malversando fondos públicos durante años. Fondos que salen de los impuestos que pagamos usted y un servidor. Y uno de los problemas que afrontan Puigdemont y sus compañeros de viaje en Bruselas es el de que la malversación de fondos públicos es un delito en cualquier país del planeta. E intentar evitar una extradición cuando se está acusado de eso es casi imposible.

Demostremos ser un país garantista. Uno en el que el que la sospecha de una comisión ilegal te impide -moralmente- ser candidato, pero el haber malversado millones del erario publico no. Y después, que vengan a dar lecciones de democracia.

Todo es normalísimo
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo  6 Diciembre 2017

"¡QUIÉN lo iba a decir! -confesaba ante un desnutrido auditorio el Presidente del Gobierno durante un mitin semiclandestino en Cataluña-, se ha aplicado el artículo 155 y todo vuelve a la normalidad!". Pero como la normalidad catalana es, desde hace 37 años, la implacable dictadura contra los que no comulgan con las ruedas de molino separatistas, Rajoy ha tenido que ocultar un mitin en Castelldefells, no fuera a llenársele de normalidad el recinto y tuvieran que sacarlo los bomberos.

Bueno los bomberos, no, que son separatistas; mejor los mozos de escuadra. Bueno, los mozos tampoco, que siguen tan separatistas como con Trapero. Bueno, pues la Policía Nacional, difícil porque casi no quedan tras zarpar el Piolín y si además Rajoy está con Millo, que afeó su conducta en TV3, no los querrá rescatar. Bueno, pues la Guardia Civil, ah, que no, que el mitin clandestino no es en el campo por el frío. Bueno, pues que vaya el Ejército y rescate a Rajoy de la aplicación y disfrute de la normalidad en Cataluña y lo devuelva sano y salvo a la Moncloa en helicóptero, para que llegue al fútbol. Ah, que no, que el helicóptero le trae malos recuerdos, ya, ya. Bueno, pues que, con la normalidad de estas entrañables fechas, huya a Egipto, que en Madrid es el Templo de Debod, disfrazado de San José; que Dolors Montserrat aproveche sus amplias hopalandas para hacer de Virgen María; y Millo, de borriquillo, a ver si les dan posada en Zaragoza. ¿Que quieren antes las tallas de Sijena? ¡Que es Navidad!

Cuando el día 22 el escenario político sea mucho peor que el de antes de convocar estas elecciones normalísimas, con el ex presidente fugado pero en las listas, el ex vicepresidente en la cárcel pero presidenciable, y medio Parlamento atrincherado en el golpismo, Rajoy disfrutará de una normalidad que ya conoce: seis meses sin Gobierno y, a la vista de las encuestas atroces para su partido, elecciones en junio. Ante todo, asegurar la normalidad. ¿Que ganan los separatistas gracias a esa TV3 que los cómicos Marianet y Sanchiceta no han intervenido para que todo en el circo sea normal? ¡Uf! Veremos. ¿Que sale un tripartito -tres huevos revueltos y panceta-, que exige el Cuponás y liquidar la Constitución? Que lo organice el PNV y la redacte Llarena y nadie entenderá absolutamente nada. En fin, todo, normalísimo.

Inteligente, pero errónea
Emilio Campmany Libertad Digital 6 Diciembre 2017

La decisión del magistrado Llarena conlleva innegables ventajas prácticas. Tiene por objetivo evitar que la entrega por parte de las autoridades belgas de Puigdemont y del resto de exconsejeros prófugos impida juzgarlos por el delito de rebelión, que al parecer en Bélgica no existe. Dado que Puigdemont y los demás pretenden en todo caso volver a España, el magistrado prefiere esperar a ese momento para que, cuando lo hagan, sean detenidos y puedan ser juzgados por los mismos delitos que el resto de sus cómplices que permanecieron en España.

Aunque el razonamiento sea inteligente, los riesgos que conlleva son jurídicamente inasumibles. Por probable que sea el retorno de Puigdemont, no es seguro. Una vez que el criminal ha huido y dejado de presentarse cuando le ha requerido la Justicia, lo que hay que hacer es perseguirlo con todos los medios legales disponibles. Retirar la orden europea de detención supone renunciar a uno de ellos con la esperanza de que a la postre sea innecesario. A partir de ahora, estos presuntos delincuentes, a pesar de los graves delitos cometidos, pueden moverse libremente por el ancho mundo sin que nadie puede tocarles un pelo, porque los jueces españoles han decidido dejar de perseguirlos, al menos en el extranjero. Eso les otorga la obvia oportunidad de sustraerse a la acción de la Justicia huyendo a un país desde donde no puedan ser extraditados. A cambio, el único beneficio que se obtiene, el de poder juzgarlos por todos los delitos que se les imputan, depende de que voluntariamente vuelvan a España. El juez no es quién para valorar la alta probabilidad de que tal retorno se produzca. Lo que tiene que hacer es procurar en la medida de lo posible que los criminales sean debidamente juzgados. Y si no pueden serlo por todos los delitos que se les imputan, que lo sean por los que los tratados internacionales permitan.

Sin embargo, lo peor son las razones políticas que podrían haber inspirado el auto del Supremo. Leyendo entre sus líneas parece que se está animando a Puigdemont a no retornar amenazándole con juzgarle por todos los delitos de los que se le acusa si lo hace. Da la impresión de que alguien ha pensado que lo mejor es que el expresidente no vuelva para evitar el problema político que plantearía su retorno. No hay evidencia de que esto sea efectivamente así y que este razonamiento haya sido el impulsor del auto. Pero cabe sospecharlo. Y esto ya tiene consecuencias suficientemente perversas. No hay peor error que pueda cometer un jurista encargado de resolver asuntos de trascendencia política que el de dar la apariencia de que se estiman los argumentos políticos por encima de los jurídicos. Y no sólo porque puede salir mal, sino porque, aunque salga bien, que en este caso está por ver, estará poniendo en evidencia que, en según qué casos, los jueces españoles son sensibles a motivos diferentes de los jurídicos.

El comodín.
Cuando no hay ni una idea, solo queda... Franco
Luis Ventoso ABC 6 Diciembre 2017

Pedro Sánchez, el eventual líder de la oposición, nació en febrero de 1972. Así que cuando el dictador Franco se murió, Pedrín era un tierno infante de tres años. A pesar de su temprana conciencia política y de su gran cabeza, resulta dudoso que el pequeño Sánchez fuese muy consciente de la represión franquista. Supongo que Pedrito andaría más bien en otros afanes: jugar con todo lo que pillase a mano, garabatear sus primeras letras o embadurnarse la cara zampando chuches. Siendo mayor que Sánchez, lo único que recuerdo con nitidez de Franco es que cuando falleció el autobús que nos llevaba al cole dio media vuelta y un profe con rictus solemne nos anunció que tendríamos una semana de vacaciones (¡qué jolgorio se armó en aquel bus!).

Cuando el joven Sánchez llega a la universidad para estudiar Económicas, Franco lleva dieciocho años en su tumba y España, ocho bajo el Gobierno de un presidente socialista (que por cierto, gobernó catorce años y jamás se le ocurrió desenterrar al autócrata, porque tenía cosas mejores que hacer). No parece que la sombra del dictador fuese ya muy alargada por entonces. La Transición, admirada en todo el planeta, supuso un hermoso pacto de perdón mutuo, una apuesta fraternal por cerrar heridas, pasar página y progresar. De hecho, hace treinta años la izquierda hablaba de Franco menos que ahora, cuando el general ferrolano está experimentando un insólito revival, casi del ámbito de Iker Jiménez, por cortesía de pensadores como Sánchez e Iglesias Turrión. En 2013, cuando Pedro se convirtió en diputado, el autócrata que combate llevaba muerto ¡41 años! Su lugar son los libros de historia, porque el debate político ha sido finiquitado por la pura biología: salvo muy contadas excepciones, los dirigentes franquistas y los luchadores antifranquistas más conspicuos hoy habitan en el más allá. ¿Tienen sentido las tardías revanchas contra los muertos? ¿Vamos a abrir una causa contra Fernando VII por su felonía antiliberal? ¿Revisaremos con una Ley de Memoria la dictablanda del general Berenguer? ¿Cambiaremos el callejero para denunciar así la incompetencia manifiesta de los mandatarios de la II República a la hora de mantener los pilares de un Estado de Derecho?

España se ha fumado casi toda la hucha de las pensiones y es dudoso que el sistema sea sostenible tal y como está. ¿Qué solución propone Sánchez? Ninguna. Los sueldos de los españoles están bajando mientras el país crece al 3%. ¿Qué solución propone Sánchez? Ninguna. El envejecimiento de la población hará inviable la sanidad pública si no se reforma. ¿Qué solución propone Sánchez? Ninguna. La amenaza separatista catalana sigue abierta. ¿Solución Sánchez? Ninguna: reformar la Constitución para debilitar el Estado y que los sediciosos lo tengan más fácil en su próximo golpe. España afronta un inquietante horizonte demográfico. ¿Qué propone Sánchez? Nada. Y es que Pedro está en lo importante: desenterrar a Franco y abrir causas generales sobre los muertos.

Ahora Madrid: coleccionistas de escándalos
OKDIARIO 6 Diciembre 2017

Ahora Madrid o el arte de trocear contratos y concesiones. Tal es el hábito que, aunque se afanen en que no se note, la acumulación de pequeños casos al final conforman grandes escándalos. Una arbitrariedad que, desgraciadamente para los madrileños, ha situado la capital como ejemplo de lo que no hay que hacer en la gestión municipal. El último caso lo encontramos en los casi 500.000 euros que el Ayuntamiento comandado por Manuela Carmena ha destinado a varias entidades fundadas por los miembros de Podemos. El marco del Proyecto MARES es la excusa para que Ecooo, Dinamia y Tangente naden en la abundancia de las concesiones municipales. Unas ayudas de cuestionable nivel ético si tenemos en cuenta que entre sus fundadores y responsables están un íntimo amigo de Juan Carlos Monedero y el actual jefe de gabinete del alcalde de Cádiz, José María González Kichi.

La tan cacareada nueva política se ha convertido en vieja en un tiempo récord. Como decíamos al principio, este tipo de comportamientos de marcada tendencia ilegal no es casual ni esporádico en el Consistorio de Carmena. El Ayuntamiento de Madrid ya concedió un millón de euros a la empresa offshore Wizcraft para la celebración de los premios de Bollywood en la capital. En la lista de innumerables escándalos y negligencias, también tiene un sitio destacado la exclusiva que les ofreció OKDIARIO en la que la sociedad limitada de Grupos de Estudios y Alternativas 21 (GEA 21) salió beneficiada con un contrato de 17.000 euros en un “Proyecto Arquitectónico de la Biblioteca Municipal de San Fermín”. El matiz era que una de las personas integrantes de esa sociedad era íntima de Manuela Carmena.

Lo que en su momento Celia Mayer vendió como el paradigma de la participación ciudadana, era en realidad un dedazo en toda regla. ¿Y qué decir de la famosa ‘Radio Carmena’? Una emisora a mayor gloria de la propaganda podemita a la que el Ayuntamiento adjudicó 300.000 euros un día después de que el Ministerio de Hacienda se viera obligado a intervenir sus cuentas. Irresponsabilidad supina e indisimulable por la que la empresa jurídica que fundó otro de los capos de Podemos, el diputado Rafa Mayoral, también se llevó varios contratos por valor de medio millón de euros. Por desgracia, Ahora Madrid es una formación convertida en agencia de colocación privada… pero con cargo, eso sí, al dinero de todos los madrileños. Hay un dato demoledor: desde que están en el poder han contratado a dedo a más de 700 podemitas.

Cuenta atrás para la traición a España (-17)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 6 Diciembre 2017

EL JUEZ PABLO LLARENA DEJA EN PRISIÓN A LOS MÁS DESTACADOS CON “MANDO EN PLAZA” DEL EX GOBIERNO DE LA GENERALIDAD. MIQUEL ICETA EXIGE TODOS LOS 46 PUNTOS DE RECLAMACIÓN DEL INDEPENDENTISMO, EXCEPTO EL DEL REFERÉNDUM.

Ni “vía Forcadell” ni gaitas. El juez del TS Pablo Llarena emitió ayer un Auto por el cual mantenía en prisión al exvicepresidente Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior Joaquim Forn y los presidentes de la ANC y OMINUM, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. AL resto de presos exconsejeros del ex Gobierno de la Generalidad les dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros, es decir por un monto total de 600.000 euros que fueron debidamente aportados por la ANC de su famosa “Caja de solidaridad”, esa que Hacienda hace tiempo que debería estar investigando el rigen y justificación de sus, al parecer, “ilimitados” fondos. Un Auto que merece un análisis en cuanto a los argumentos dados por el juez y su especial graduación de las responsabilidades, que podrían ser consideradas como una pista de lo que puede esperarse cuando termine la Instrucción y se fije el juicio oral a los acusados en esta macro causa.

El Auto trata punto por punto los argumentos de los recursos planteados, en primer lugar de forma individual y luego en lo que es argumentación común. En el punto TERCERO de los RAZONAMIENTOS JURÍDICOS, se acude a la llamada “vía Forcadell” aplicada por el juez Llarena argumentando similitud en sus casos para solicitar la libertad. Pasa a continuación a posicionarse respecto a las prevenciones cautelares motivadas por el riesgo de fuga. Considera e Instructor que no existe como tal, entre otras razones por: su grado de participación en la comisión del delito que sería equivalente al de Carme Forcadell; por su “profundo arraigo personal, laboral y social en la Comunidad Autónoma de Cataluña”; por “su disposición por atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora, si bien no aporta ninguna certeza para el futuro, sí es el empírico reflejo de que libremente rechazaron la huida que emprendieron otros encausados”; por “su incorporación a diferentes candidaturas políticas, a fin de participar en las elecciones autonómicas que tendrán lugar el día 21-D y poder desarrollar la actividad parlamentaria que de esas elecciones puede derivarse”.

En el punto CUARTO se dedica a analizar el riesgo de la reiteración delictiva con una larga exposición argumental incluso comparándola con la que adoptó para el Auto de los encausados de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Tras afirmar que “De este modo, dar credibilidad a los investigados que afirman que no volverán actuar ilegalmente, supone asumir un confiado pronóstico que sólo se justifica por la importancia del derecho a la libertad de cualquier ciudadano, puesto en contraste con la certeza de que, si volvieran al delito, el comportamiento podría corregirse completa e inmediatamente con solo adoptar la decisión de modificar las medidas cautelares que apostaron por su libertad”. Establece finalmente una gradación en la intencionalidad al decir “No ocurre lo mismo respecto a alguno de los investigados que hoy se contemplan, concretamente respecto de D. Oriol Junqueras i Vies, D. Joaquim Forn, D. Jordi Sánchez Picanyol y D. Jordi Cuixart Navarro, cuyas aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella. El riesgo de reiteración de sus conductas impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física. Y son diversos los datos de la investigación que vinculan una aportación de estos encausados directamente vinculada con el ejercicio de la violencia”.

En el punto QUINTO sobre el riesgo de destrucción del patrimonio probatorio afirma que “no existen pruebas que avalen actuaciones o decisiones, individuales o colegiadas, que estuvieran orientadas a la hipotética destrucción de los vestigios derivados de su participación”.

En resumidas cuentas, no aprecia riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, pero sí el riesgo de reiteración delictiva, donde no se excluye la violencia y éste con matices donde los mantenidos en prisión se considera que persistirían si volviesen a ostentar el poder que tenían. Una decisión que plantea una incógnita en el caso de que los independentistas sean capaces de formar Gobierno mediante una mayoría parlamentaria con la suma de apoyos requerida y vuelven a formar parte del nuevo Gobierno de la Generalidad. Una posibilidad más que plausible que no se compadecería con una prisión provisional si no existe una acusación formal y mucho menos una sentencia del Tribunal Supremo de inhabilitación para ejercer cargos públicos y presentarse a sufragios pasivos en listas electorales.

Hoy, el juez Pablo Llarena ha retirado la euro-orden de detención contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que estaban hasta ahora como prófugos de la justicia, pero mantiene la orden de detención en todos el territorio español. Con esto lo que intenta el juez es simplemente que no sea la Justicia de Bélgica la que decida sobre cuales delitos pueden o no ser juzgados en España. De esa forma se asegura que si vuelven a España, serán llevados a su juzgado y entonces decidirá de modo similar a lo que ha realizado con el resto de encausados sobre su ingreso en prisión o su libertad condicional con fianza.

Hay quienes alinean en el mal llamado bloque constitucionalista al PSC de Miquel Iceta. Un error de bulto que se ha visto evidenciado con las últimas declaraciones del susodicho espécimen camaleónico cuyo juego es presentarse como un centro equidistante increíble entre el independentismo y el unionismo. Lo último ha sido asumir 45 de los 46 puntos que planteó a Mariano Rajoy como agravios de España a Cataluña el cesado Presidente del Gobierno de la Generalidad, Carles Puigdemont. El único punto que no reclama es el relativo a la realización de un referéndum vinculante en Cataluña. Este posicionamiento pro independentista debería ser aclarado por el Secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al contemplar la aceptación de reivindicaciones inasumibles y que es una enmienda a la totalidad de la Constitución que va incluso más allá de la pretensión de un Estado federal plurinacional.

A estas alturas no es admisible esta doble cara de un partido socialista inmerso en la pura contradicción y en el verso suelto que supone la existencia misma de un PSC independiente que plantea sus propias exigencias desde una posición ventajista respecto al resto de federaciones regionales o autonómicas.

¡Que pasen un buen día!


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Vigencia de la Constitución

 larazon  6 Diciembre 2017

Si en los artículos 167 y 168 de la Constitución se especifica cuál debe ser el procedimiento para emprender su reforma, es evidente que ésta es posible y necesaria cuando así se considere por amplia mayoría. Lo importante es saber para qué y por qué se quiere cambiar. En este punto no hay que confundir la necesidad de hacerlo con la urgencia; nuestro texto es especialmente rígido precisamente para mantener el control constitucional de las leyes, lo que obliga a construir consensos que aseguren su pervivencia y, sobre todo, su éxito.

Cualquier reforma que se emprenda debe hacerse partiendo del hecho de que la Constitución del 78 ha sido un triunfo de todos, lo que no debe llevar al error de creer que para asegurar su éxito en el futuro hay que emprender una reforma amplia –según los que la confunden con el programa político de un partido–, incluso abrir un proceso constituyente. Sin duda, la crisis política abierta por el desafío independentista catalán ha puesto encima de la mesa la necesidad –muy urgente para algunos– de reformar la Carta Magna como solución a un conflicto que ahora va más allá del llamado «encaje» de Cataluña y que se prolonga por caminos del todo anticonstitucionales, aquí y en cualquier país de la UE: el derecho a decidir –o de autodeterminación– y la independencia.

Las pretensiones del secesionismo no tienen solución en ningún régimen democrático moderno, por lo que, previo a cualquier reforma, el nacionalismo catalán debería haber reconducido su deriva antisistema. La situación se agrava cuando los dirigentes de la Generalitat son todavía incapaces de reconocer que el fracaso de su proyecto político se debe, entre otras cuestiones, a la vigencia de la Constitución, que ha frenado sus pretensiones.

En el documento «Ideas para una reforma de la Constitución», elaborado por un grupo de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, coordinado por Santiago Muñoz Machado, se sostiene con mucha claridad que cualquier reforma no debe hacerse «pensando sólo en Cataluña». La cuestión es que Cataluña debe volver al orden constitucional, o al que se actualice en un futuro, y no al revés: adaptando la ley de leyes a sus objetivos. En ese sentido, tan o más urgente que la reforma constitucional es que las instituciones de autogobierno catalanas vuelvan a recuperar su función y la utilidad del Estatuto frente a la periclitada Ley de Transitoriedad o esbozo de Constitución catalana.

Los partidos constitucionalistas deben acordar cuál es el alcance de una reforma y qué aspectos concretos deben revisarse. Todos parecen estar de acuerdo en que el punto central es la administración territorial que debería hacerse desde un principio integrador en el que la igualdad prime sobre las diferencias y cohesione el sistema. El dictamen del Consejo de Estado de febrero de 2006 descartaba incluir en la denominación de las comunidades la diferenciación entre regiones y nacionalidades y apuntaba que hacerlo «sólo tendría sentido si se pretendiera con ello atribuirle consecuencias jurídicas». En este sentido, en un sondeo de NC Report que publicamos hoy, el 66,9% se inclina por que la Carta Magna no debe reconocer la singularidad de Cataluña y País Vasco y un 64,2% apuesta por mantener el actual Estado de las Autonomías, frente al federal, aunque es más urgente una remodelación del reparto de competencias con el Estado. Quedarían abiertos otros aspectos irrenunciables, como la supresión de la preferencia del varón al Trono, introducir la construcción europea –en qué grado estamos implicados– y la reforma del Senado. Sin embargo, lo importante es alcanzar un consenso desde la vigencia de la Constitución del 78.

La impunidad de Puigdemont toca a su fin
EDITORIAL El Mundo 6 Diciembre 2017

El auto del juez Pablo Llarena, por el que el Tribunal Supremo retira sendas euroórdenes de detención contra Puigdemont y los cuatro ex consellers huidos, supone una medida coherente que refuerza los argumentos del magistrado para asegurar su acusación por rebelión contra el Govern en pleno y contra parte de la Mesa del Parlament, incluida su presidenta Forcadell. Y coloca al ex president ante la disyuntiva de perpetuar su huida, disfrutando de libertad de movimientos fuera de Cataluña, o someterse a la acción de la Justicia en el momento en el que pise suelo español. Su juego ha terminado.

El primer vistazo al titular pudo generar confusión. Pero al pedir que Bélgica archive su procedimiento de extradición, Llarena evita que las acusaciones formuladas contra los golpistas puedan quedar desnaturalizadas, ya que el ordenamiento belga no contempla como delitos ni la sedición ni la rebelión. Hasta ayer, la entrega de Puigdemont y los cuatro ex consellers podría haber quedado condicionada a que no tuviesen que responder por tales delitos, sino por otras menos graves como la malversación. Tal impunidad sería inaguantable.

No se trata, por tanto, de que el juez Llarena corrija las decisiones de la magistrada Carmen Lamela, que fue quien emitió la euroorden cuando instruía la causa desde Audiencia Nacional. El auto del Supremo pretende que todos los investigados, que han quedado ya bajo su competencia, sean juzgados por los mismos delitos, y especialmente por el de rebelión, que implica que ha sido cometido por una pluralidad de personas, por lo que todas han de ser consideradas de la misma forma. Una circunstancia hasta ahora imposible, porque los acusados dependían de la Justicia belga, cuyas decisiones España está obligada a respetar y acatar. Ante esta nueva situación, Puigdemont no puede seguir alimentando su sainete particular para eludir sus responsabilidades, tanto políticas como penales. Debe ya regresar a España y someterse a la acción de la Justicia, como ha hecho el resto de los que participaron en el fracasado golpe institucional. Sería lo valiente y lo honesto con la causa que dice defender, y haría un favor a todos los españoles, que tienen que soportar el deterioro de la imagen del país que se está propalando por todo el mundo.

Hay que felicitarse por el giro que ha imprimido el Supremo a la investigación. Una brillante estrategia jurídica para que el ex president responda penalmente por todo lo que tiene que responder, y donde tiene que hacerlo. El auto de Llarena tendrá además un efecto inmediato cuando Puigdemont previsiblemente salga elegido diputado el 21-D: no podrá tomar posesión del escaño antes de prestar declaración ante el juez. Pero de su ya negro destino -la cárcel o la huida permanente- él es el único responsable.

La UE es europea pero no es unión
OKDIARIO 6 Diciembre 2017

Si no fuera por Pablo Llarena, Carles Puigdemont habría vuelto a España con un mero delito de malversación a la espalda. Comparado con los más que probables delitos de rebelión y sedición que acarrearía, sería como que un ciudadano fuera a juicio por robar un chicle cuando en realidad ha atracado un banco. Por fortuna, el magistrado del Tribunal Supremo ha estado hábil a la hora de retirar la orden internacional contra el expresident huido para evitar así que Bruselas, mediante su exasperante garantismo, lo pudiera entregar sólo como posible malversador. Obviamente, las órdenes de arresto contra él y contra los exconsellers a la fuga continúan en vigor en suelo español. De hecho, la Fiscalía solicitará detenerlos en cuanto pongan un pie en nuestro país.

No obstante, la iniciativa de Llarena ha sido fundamental para que el esperpento no alcance cotas mayúsculas. La justicia belga se ha comportado como un cómplice de facto con el golpista catalán. Un comportamiento que no hace ningún bien al espíritu de colaboración entre socios con el que nació la Unión Europea. El comportamiento de los magistrados del país que alberga el corazón de la UE ha propiciado que Carles Puigdemont pueda seguir con su diatriba contra España, incluso contra Europa, copiando así la postura de dos ultras como Marine Le Pen y Nigel Farage. Eso a pesar de tener en contra a figuras comunitarias tan relevantes como Antonio Tajani o Jean-Claude Juncker.

Bélgica ha hecho de la euroorden, medida de excepcional importancia y simbolismo, mero papel mojado. España creó esta medida hace más de una década. Suponía una solución rápida y eficaz para casos tan graves como éste. Además, era un voto de confianza entre los sistemas jurídicos de todos los países miembros. El desprecio de Bélgica sienta un peligroso precedente. La UE, aunque indiscutiblemente europea, no parece tan “unión” como debería. Una merma de confianza que veremos cómo afecta en el futuro a otros casos de extrema gravedad como éste o relacionados con el narcotráfico o el terrorismo. La irresponsabilidad belga ha sido la mejor aliada de Puigdemont. En España no tendrá tanta suerte. Aquí hay magistrados tan serios y rigurosos como Pablo Llarena esperando a que llegue.

‘Espanya ens roba, Iceta?’
José García Domínguez Libertad Digital 6 Diciembre 2017

Pese a ser hombre dotado de una inteligencia natural muy superior a la del resto de sus competidores, o quizá por eso mismo, Miquel Iceta acaba de recuperar para la daltónica izquierda catalanista aquel estandarte medieval que enarboló el pujolismo ya en su fase última de descomposición agónica, el que vindica un fuero fiscal más o menos parejo al vasco. A los micronacionalistas y a sus satélites intelectuales, llámense Iceta o Domènech, siempre les posee la afición a esos estériles ejercicios de mezquindad colectiva que han dado en llamar balanzas fiscales. Así, y exactamente igual que a Puigdemont, a Junqueras y al resto de los separatistas explícitos, a Iceta le inquieta sobremanera cada euro local que migra hacia el resto de España en concepto de transferencias tributarias. Porque los micronacionalistas y sus afluentes morales, es sabido, solo han oído hablar de una única balanza, la fiscal. De la otra, la comercial, ni saben ni quieren saber. De ahí que, víctimas intelectuales de su miserable egoísmo particularista, no semejen capaces de comprender que la riqueza relativa de Cataluña dentro de España ha dependido siempre, antes y ahora, de la existencia del déficit fiscal. Porque Cataluña, al igual que Madrid, se puede permitir ser un territorio rico (todavía) no pese a su innegable déficit fiscal, sino precisamente gracias a él.

Dicho de otro modo, si no soportasen sus flujos negativos de recursos tributarios hacia otras regiones, tanto la riqueza diferencial de Madrid como la de Cataluña resultarían insostenibles a medio plazo. Y ello por un razón no muy difícil de entender. Y tampoco de explicar. Ocurre que Cataluña compra cada año productos en el extranjero por un valor superior al de sus exportaciones al resto del mundo. En concreto, los ciudadanos de Cataluña incurrimos en un déficit de alrededor del 6% en nuestra balanza comercial con el resto del mundo. No hace falta ser economista para intuir que eso no se puede hacer durante mucho tiempo. Y sin embargo, los ciudadanos de Cataluña lo hacemos desde hace décadas. Y sin ningún problema. ¿Por qué lo podemos hacer? Pues nos podemos permitir ese desajuste crónico porque la diferencia nos la aporta el resto de España al comprar nuestros productos. Sí, querido Miquel, es España la que hace posible que tú y yo disfrutemos de productos americanos, franceses o alemanes que la economía catalana no podría costear por sí misma, so pena de terminar incurriendo en una suspensión internacional de pagos.

Es tan simple como que el superávit comercial con el resto de España compensa cada año el déficit paralelo que mantenemos con el extranjero. Vendemos más a Andalucía y a Galicia de lo que Andalucía y Galicia nos venden a nosotros. Y con esa diferencia pagamos nuestras compras a Alemania o Inglaterra. Así de fácil. Pero, Miquel, ¿imaginas qué ocurriría si no existiese el déficit fiscal que tanto os obsesiona desde siempre a los del PSC y a los separatistas? Pues pasaría que Andalucía y Galicia perderían de golpe parte de ese poder de compra agregado que les permite adquirir nuestra productos. En consecuencia, nuestro superávit comercial con ellos se iría al garete. Y sin ese superávit, caro Miquel, ¿quién iba a financiar nuestras compras en el exterior? ¿No te das cuenta, tú que eres bastante más listo que toda esa tropa de los separatas, de que los ciudadanos de Cataluña nos estamos ayudando a nosotros mismos cada vez que transferimos un euro de nuestros impuestos a Andalucía o Extremadura? Miquel, es una pena que dejaras la carrera sin haber pasado de primero de Económicas. Sin acritud te lo digo.

No cuela
Ignacio Camacho ABC 6 Diciembre 2017

En pleno arranque de la campaña electoral, a Oriol Junqueras le llegaron pésimas noticias en el interior de la cárcel. La primera, que el espejito mágico del CIS dice que Inés Arrimadas es la más guapa del baile. La segunda, que el juez Llarena no se acaba de tragar su arrepentimiento sobrevenido y exige más convicción en los detalles. Ya son seis los magistrados -la de la Audiencia Nacional, cuatro de la Sala Penal del Supremo y el actual instructor del sumario- partidarios de mantenerlo bajo llave. Por ahora le queda el consuelo de ser el candidato mejor valorado, condición que al cabo resta más que añade. Como saben Rosa Díez o Duran Lleida, ese aparente premio de las encuestas significa a menudo que los electores de otros partidos te ven con buenos ojos pero no están dispuestos a votarte. Al líder de ERC se le estrechan al mismo tiempo el horizonte penal y el político; su partido sigue teniendo posibilidades de gobernar pero el encierro difumina su perfil de presidenciable. Cualquier socio de investidura le obligará a abdicar si no sale en libertad antes: aunque la prisión pueda excitar el victimismo nacionalista, el ejercicio del poder es un asunto pragmático que está vetado a los mártires.

El auto de Llarena está muy bien motivado. Los dirigentes del procés creían que el Supremo iba a ser un chollo bizcochable y que la «doctrina Forcadell» bastaría para liberarlos con la breve rutina de unas promesas formales. Notable error: el togado ha hilado fino en la delimitación de responsabilidades. Ha soltado a los cooperadores de la insurrección y mantiene en presidio a los presuntos autores intelectuales y materiales. Junqueras como cerebro de operaciones, Forn como jefe político de los Mozos y los «Jordis» como agitadores de la revuelta en calle. No se cree la palinodia genérica del acatamiento de la ley y estima que la reiteración delictiva es un riesgo razonable. Al reclamar garantías precisas de que «el cambio de voluntad es verdadero y real», el juez demuestra que no se chupa el dedo y no está en modo alguno dispuesto a conformarse con una contrición de trámite.

La vía cínica, la de la apostasía de conveniencia, ha resultado, pues, un error de cálculo. Acostumbrados a engañar al Gobierno, los independentistas han topado con la Justicia como pilar del Estado. Las elecciones se van a enredar en la manifiesta excepcionalidad de unos candidatos huidos o encarcelados pero esta rareza es el fruto de una secuencia de acontecimientos ciertamente dramáticos. Los procesos penales están sometidos a un curso propio que no admite componendas ni apaños; ante la supremacía de la ley todo el mundo ha de ser responsable de sus actos. Y tampoco sería la primera vez que un preso preventivo sale en furgón policial a recoger su acta de diputado. El desvarío nacionalista es tan intenso y largo que hace tiempo debería habernos curado de espantos.

"El Gobierno debió asumir el control político de Cataluña de una forma duradera", dice el Presidente de Vox
Santiago Abascal: "PP y PSOE van a reformar la Constitución para dar satisfacción a los golpistas"
Josele Sánchez. Director de La Tribuna de Cartagena 6 Diciembre 2017

Santiago Abascal fue uno de los políticos más precoces, iniciando su actividad en las Vascongadas de los años más duros del terrorismo etarra. Abascal sabe lo que es jugarse la vida por defender unas ideas y de "casta le viene al galgo". Su padre fue uno de los dirigentes de la antigua Alianza Popular que plantó cara, con una valentía inusitada, al chantaje terrorista.

Tras pasar de manera precoz por algunos de los más altos puestos de responsabilidad del Partido Popular, Abascal rompió con su partido de toda la vida y lidera, desde su nacimiento, VOX, la formación emergente (según los últimos sondeos del CIS) del panorama político español.

- La política de "puertas abiertas" protagonizada por el Gobierno de Zapatero dio origen a aquel “efecto llamada” que supuso el desbordamiento de todas las previsiones inmigratorias, una inmigración descontrolada a la que tampoco ha sabido dar solución el Gobierno de Mariano Rajoy ¿Cuál es la posición de VOX respecto a la inmigración ilegal, a la islamización progresiva de España y a haber vuelto la espalda a la tradición milenaria del cristianismo que forjó el modelo de cultura y civilización que somos como nación y como continente?
Esta es una muestra más de la cobardía política del Presidente del Gobierno, capaz de decir un disparate de tal magnitud como afirmar que “no es partidario de las fronteras”, lo que nos coloca en una posición kafkiana. Un Presidente que tiene la obligación de defender las fronteras y que dice no creer en ellas, un registrador de la propiedad que no cree en los tabiques, realmente es algo vergonzoso.

En cuanto a las oleadas de inmigrantes, deberían dejarse de demagogias; si de verdad creen que caben todos, lo que tendrían que hacer es meterlos en sus casas la señora Manuela Carmena, el señor Pedro Sánchez, el señor Pablo Iglesias o incluso el mismísimo presidente Mariano Rajoy y, sobre todo, lo que tendrían es que hacer es pagarlo de sus bolsillos.

Decimos con toda claridad que ayudar a estas personas que están sufriendo muchísimo se hace a costa de dejar de asistir a ciudadanos españoles y de familias que lo están pasando realmente mal. A nosotros nos encantaría poder ayudar a todo el mundo, a personas que lo están pasando muy mal en sus países, pero para nosotros, para VOX, los españoles deben tener prioridad.

- Cartagena puede que sea la ciudad más española de todas porque cuando no existía España, la provincia de Cartagena ya era la más grande de toda la península ibérica, abarcando desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico, desde Baleares hasta Santander; en Cartagena -a diferencia de lo que se ha hecho en Las Vascongadas o en Cataluña donde han tenido que inventarse una historia- la historia es trimilenaria y lejos de fomentar sentimientos independentistas, los cartageneros se sienten doblemente españoles. Sin embargo, nunca se han sentido a gusto en esa Comunidad Autónoma en la que fue encajada en la Constitución del 78. Los cartageneros reivindican la provincia de Cartagena como su mejor aporte a la unidad de España. ¿No cree que aquel “café para todos” que supuso el estado de las autonomías, que esos conciertos navarros y catalanes han provocado demasiados agravios comparativos entre unas comunidades autónomas y otras?
Los agravios comparativos están a la orden del día. Coincidimos con la demanda de Cartagena de volver a una España de corte y de estructura provincial, y de hecho esa es la posición oficial de VOX, revertir el proceso a la estructura territorial existente en España antes de la creación del Estado de las Autonomías aunque, en estos momentos, la creación de una provincia de Cartagena no está en el planteamiento inicial de VOX.

Para nosotros lo fundamental es revertir la estructura territorial, como le digo, a la España de provincias anterior al Estado de las Autonomías.

Señor Abascal, tras unas movilizaciones en todo el territorio nacional en las que se ha evidenciado la existencia de un patriotismo que permanecía oculto y en las que usted ha tenido una presencia significativa, ¿cuál es la posición de VOX respecto a la situación actual de Cataluña, respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución?
Las manifestaciones que han llenado las calles de toda España de españoles defendiendo la unidad frente al secesionismo en Cataluña, no fueron convocadas por VOX, aunque hayamos tenido una presencia significativa y muy activa en todas ellas, fueron convocadas por la Fundación DENAES, la Fundación para la Defensa de la Nación Española.

VOX hemos tenido, como le he dicho, toda la participación que hemos podido convocando, movilizando e intentando ser el vehículo para que esas manifestaciones pudieran tener éxito, un éxito que ha resultado aún mucho mayor del que cabría imaginar. La asistencia de cientos de miles de españoles ha desbordado todas las expectativas y de ellos es el mérito, españoles de toda condición política que se han movilizado ante una situación límite como la que se está viviendo en Cataluña y que supone el más claro peligro de destrucción de España.

Que la mayoría de los medios de comunicación hayan silenciado la labor de VOX en toda esta movilización de conciencias es algo que no nos tiramos de los pelos porque no se nos haya reconocido, no nos preocupa en absoluto porque lo único que nos importa es que ha sido un hecho histórico y muy bueno para España, que ha contribuido a para el “golpe de Estado”, como la postura magistral del Rey de España, que ha hecho que se sientan reconciliados, incluso muchos republicanos, con su jefe de Estado, así como la labor de la fiscalía, una de las pocas “posiciones decentes” en el ámbito institucional, que ha conseguido detener el Golpe y que ha forzado al Gobierno, y más allá de que Rajoy haya actuado tarde y se haya quedado corto, la aplicación del Artículo 155 es una medida que ahora mismo había que aplicar, y no sólo en Cataluña, en más de una comunidad autónoma, para garantizar la existencia de España.

El artículo 155 debería haberse aplicado en Cataluña hace mucho tiempo y por muchas razones: a un Golpe de Estado no se responde con una mediad meramente administrativa y constitucional como es la aplicación del 155: un Golpe de Estado debe respondérsele con la aplicación del Código Penal. Yo creo que todos los culpables deben permanecer en prisión preventiva y ser encarcelados.

Quería preguntarle por cuál es –si es que existe- esa diferencia ideológica entre VOX y el Partido Popular, dentro de ese espacio definido en su día como liberal-conservador (términos intelectualmente antagónicos pero inventados por el PP). ¿Cuál sería la adscripción ideológica de un patriota en el actual Congreso de los Diputados en el que caben todos casi en dos opciones, socialdemócratas y liberal-conservadores?
En primer lugar, yo nunca me he definido como un patriota. Para mí, el patriotismo no es una definición ideológica sino una virtud y las virtudes -en todo caso- deben ser reconocidas por los demás y no por uno mismo. Qué le parece a usted si en lugar de hablar de ideologías descendemos al terreno de lo concreto.

Mariano Rajoy ha hecho lo mismo que Puigdemont con la Declaración Unilateral de Independencia, ha aplicado el artículo 155 de la Constitución e inmediatamente lo ha revertido. Parece una aplicación del Artículo 155 redactada por Albert Rivera y firmada por Mariano Rajoy. Lo único que pretendía Albert Rivera con la aplicación del Artículo 155 es convertir a Inés Arrimadas en presidenta de la Generalidad, que, por cierto, además, es algo que no se va a conseguir. Lo que han hecho Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera es lanzar una moneda al aire y jugarse la existencia o no de España a cara o cruz. En VOX pensamos que habría que haber asumido el control político de Cataluña de una manera duradera, un año, dos años, tres años… todo lo que hiciera falta pero, de ninguna manera, aplicarlo para hacer cambios mínimos y que en breve todo vuelva al cauce donde se encontraban en el momento de huir de España el señor Puigdemont.

Pero para que vea que no rehúyo a su pregunta de calado ideológico, le responderé, también, a cuál es el modelo de VOX en materia económica.
En primer lugar, queremos devolver el protagonismo a la sociedad civil española, en el que el actual Estado de las Autonomías deje de ser un vampiro que ataca a todos los españoles, a los españoles de clases más pudientes y a los españoles menos pudientes, a través de un sistema fiscal opresivo.

En VOX planteamos un sistema fiscal en el que se eliminen los impuestos injustos de sucesiones y patrimonio, que afectan principalmente a las clases medias y a las clases populares que no pueden ni asumir la herencia de un pequeño piso mientras que los más poderosos no tienen problemas para asumir estos tipos de herencias; planteamos una drástica rebaja fiscal, en nuestra propuesta en materia de IRPF -que presentamos ya hace tiempo- calculamos que sería posible una renta disponible para los mileruristas de, aproximadamente, 300 euros más; en nuestra propuesta fiscal estamos planteando que hay una mayor renta disponible a través de una balanza fiscal en todos los órdenes para facilitar que exista un mayor consumo, mayores contrataciones, mayores cotizaciones a la seguridad social, por la vía de permitir que los españoles puedan disfrutar del fruto de su esfuerzo. Y algo muy importante –se lo decía anteriormente cuando usted me preguntaba por la inmigración- que las ayudas sociales no estén destinadas a los extranjeros.

- Las cifras oficiales nos hablan de casi cuatro millones de parados, del 55% de los jóvenes sin su primer empleo y de lo mejor de nuestra juventud teniendo que emigrar al extranjero porque aquí no encuentran oportunidades. Cuando se nos habla de recuperación económica se omite que la mayoría de las nuevas contrataciones laborales son de tipo precario hasta el punto que ha aparecido una nueva modalidad de pobreza, la del pobre que tiene un puesto de trabajo, ¿no le falta a VOX mayor implicación en demanda de políticas sociales para los más desfavorecidos o acaso las desconocemos por el poco interés que les prestan los grandes medios de comunicación?

Nosotros no tenemos ningún pudor en reconocer nuestras limitaciones en cuanto a falta de propuestas a algunos de los problemas de nuestra sociedad y necesitamos de la aportación de muchos españoles que nos ayuden a elaborar estudios y alternativas para solucionar estas y otras problemáticas. Desde luego, en VOX somos muy conscientes de que junto a aquellas personas que están viviendo con muchísimas dificultades, hay gente que está trabajando para paliar sus precariedades.

Mire, si no ha habido un auténtico estallido social en España ha sido porque miles y miles de hogares se mantienen gracias a las pensiones de los abuelos, de las que viven hijos y nietos. Yo mismo, en circunstancias recientes, he perdido mi casa, he sabido lo que era tener que dejarme ayudar por mi padre, por mis abuelos, por lo que la sensibilidad de VOX hacia todo esto es absoluta; pero piense usted que somos un partido muy joven. Un partido que nace no puede hacerlo teniendo respuestas absolutamente para todo, sólo tenemos cinco años y aún carecemos de la capacidad de abarcar todos los ámbitos y ofrecer alternativas a todos los problemas de España. Pero no le quepa duda de que lo haremos, conforme se van incorporando personas a nuestro partido comienza a trabajar en diversas áreas para poder ofrecer una alternativa completa a todos los españoles.

¿Qué piensa VOX respecto al actual debate existente en la sociedad española sobre la necesidad de acabar con las autonomías, cómo cree el señor Abascal que debería articularse territorialmente España?
En VOX creemos que existe un acuerdo tácito, o producto de la cobardía de estos partidos, en virtud del cual el PP y el PSOE van a una reforma constitucional para dar satisfacción a los golpistas. Y nosotros, por supuesto, pensamos que hay que hacer todo lo contrario: aquellos que merecen un castigo no pueden recibir un premio, por lo tanto, en VOX queremos una reforma del Estado que sirva para fortalecer a España, que recupere competencias para el Gobierno de la nación.

La posición “de máximos” es que España sea un Estado unitario, centralizado, en el que se eliminen los diecisiete parlamentos que sobran y los diecisiete gobiernos autonómicos que sobran y que se vaya a un nuevo modelo parlamentario unicameral, sin Senado y a un nuevo modelo legal con único alto tribunal, el Tribunal Supremo, que sea la última instancia judicial con la desaparición de todos los Tribunales Superiores de Justicia existentes en las distintas comunidades autónomas.

¿Cómo se financia VOX?
VOX se financia con las cuotas de sus afiliados, que han pasado en poco tiempo de poco más de 3.000 a algo más de 5.000; con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes a través de campañas de diversa índole, y también con algunas aportaciones más cuantiosas y muy ocasionales de personas con más posibilidades económicas. Carecemos de cualquier aportación de carácter público.

Señor Abascal, ¿cuánto cobra usted al mes?
Mi sueldo es de 3.500 euros al mes.
¿3.500 euros al mes, brutos o netos?
3.500 euros en la cuenta.

Recientemente, se ha querellado contra La Tribuna de Cartagena el Director general del ayuntamiento de Cartagena y jefe de los Servicios Jurídicos municipales. Lógicamente, no voy a pedirle que opine sobre un tema que desconoce, pero lo que sí quería es comunicarle que una de las medidas cautelares que pide contra mí y contra ese periódico es una fianza de un millón de euros y la censura previa, es decir, que no podamos hablar en nuestro periódico de la actividad pública de un personaje político. Sí querría conocer su valoración de estos dos últimos extremos.

¿Me está hablando usted de verdad?
Por supuesto, ¿le cuesta creerlo?

¿Cómo no va a costarme creerlo? ¡Esto es la censura previa! Parece como si este señor querellante se hubiera dado un golpe en la cabeza; nosotros entendemos que un medio de comunicación puede y debe enfrentarse a cualquier tribunal si alguien entiende que se le ha injuriado o se le ha calumniado, pero otra cosa muy distinta, y que por supuesto desapruebo por completo eso, es la censura previa, que se pueda pedir a un tribunal que no se hable de un personaje público, porque aunque se trate de un funcionario, un director general está puesto a dedo y, por lo tanto, es un cargo político. Es una barbaridad que no me cabe en la cabeza.

La Constitución y los nacionalismos
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 6 Diciembre 2017

En memoria de José Manuel Maza, un jurista prestigioso y valiente como deben ser los que necesita la Constitución.

La Constitución española de 1978 -el próximo año se conmemora su 40 aniversario- posee varias características que son insólitas en nuestro constitucionalismo y que la convierten en uno de los grandes éxitos que España como Nación ha conocido en su historia. Para empezar hay que señalar -aspecto que no se valora suficientemente -que es la única Constitución española que se ha aprobado mediante la reforma de la anterior, es decir, según el procedimiento de reforma que incluían las Leyes Fundamentales del franquismo, aunque no fuesen una verdadera Constitución. Pero así fue, porque la actualmente vigente deriva de la Ley para la Reforma Política y ésta procede de las Leyes Fundamentales. La famosa frase de "la ley a la ley" es la única vez que se ha producido en nuestra historia constitucional, que cuenta con ocho Constituciones que no conocieron la reforma establecida. En segundo lugar, la vigente Constitución es la única que se ha aprobado mediante consenso de todas las fuerzas políticas importantes a diferencia de las anteriores, salvo si acaso la de 1837 que se redactó con el acuerdo de los dos partidos más importantes, pero dejando al margen a otras fuerzas políticas. Y para no agotar la materia creo que se debe resaltar también que es la única Constitución bajo cuyo mandato se ha garantizado el mayor número de derechos fundamentales, no quedándose únicamente en una mera enumeración estéril. La prueba de la solidez de la Constitución actual se demuestra porque ha sobrevivido al terrorismo de la ETA y similares, al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, a la crisis económica mundial y española de 2.008 y años posteriores, y sobrevivirá, sin duda, al golpe de Estado de los nacionalistas catalanes que culminó el 27 de octubre pasado.

Ahora bien, lo que deseo resaltar en este artículo, como consecuencia de ese acontecimiento, es que nuestra Constitución, en mi saber, contiene un proceso dialéctico y contradictorio que la hace única en el mundo. Lo que quiero demostrar es que ninguna otra Constitución llega a la incongruencia de la nuestra en lo que se refiere a un tema tan fundamental como es el modelo de Estado que tenemos. Efectivamente, esta incongruencia, muy similar a un oxímoron, consiste en que dentro del Título VIII de la Constitución, que es el peor de todos los que la integran, se contienen dos argumentaciones opuestas, aunque, curiosamente complementarias entre sí. En efecto, por una parte, los artículos 148 a 153 posibilitan la creación de un Estado de las autonomías que no establece de forma clara las competencias del Estado y las propias de las distintas comunidades autónomas, las cuales se basan en el principio llamado dispositivo. Principio que significa que el número de CCAA y las competencias que cada una incluya en su respectivo Estatuto, depende en gran parte del propio voluntarismo que exprese cada una de ellas, hasta poder llegar a sobrepasar, como ocurrió primero con el País Vasco y después con Cataluña, los límites competenciales que teóricamente permite la propia Norma Fundamental. Además si a esa característica unimos otra igualmente absurda como es la que permitió el Decreto-Ley electoral de 1977, y después la LOREG, no dificultando la entrada en el Congreso de los Diputados a los partidos nacionalistas, el efecto resultante ha sido, como enseguida se comprobaría, que el Título VIII se convirtió en un cáncer para nuestra democracia. Ciertamente, hubo un intento de evitar este error, exigiendo, como ocurre en Alemania federal, un 5 % de votos a nivel nacional para que un partido pueda entrar en el Bundestag, pero las presiones de los partidos nacionalistas consiguieron que se exigiese únicamente un 3% en cada circunscripción, lo que resulta totalmente inoperante. La consecuencia de tal decisión fue que los partidos nacionalistas entraron en el Congreso y siempre están dispuestos a apoyar a los Gobiernos centrales de cualquier ideología, siempre que necesiten sus votos, pero naturalmente a cambio de seguir aumentando sus competencias o de alcanzar sustanciales privilegios. En efecto, no hay límites para frenar las competencias que pueden asumir las CCAA, adoptando así un «sistema acordeón» para incrementarlas periódicamente, incluso a través del absurdo 150.2 CE. Circunstancia que ha contribuido sin duda a que los partidos nacionalistas desempeñen un papel abusivo en una Cámara Baja en la que no debería haber más que partidos nacionales. Pero el hecho es que no existiendo límites en las competencias de las CCAA, los partidos nacionalistas, fundamentalmente los del País Vasco y Cataluña, han podido ir subiendo escalones hasta llegar a su fin último que no es otro que el quicio de la independencia.

Así las cosas, hemos tenido dos claros ejemplos de esta idiotez constitucional que permitieron los constituyentes y que ha supuesto un grave problema de inestabilidad institucional, sobre todo en el segundo caso, en el que todavía estamos inmersos, es decir, frente a la amenaza secesionista de Cataluña. El primero, como es sabido, se refiere al separatismo vasco que encubría el llamado Plan Ibarretxe, el cual, presentado falazmente como una reforma del Estatuto, fue aprobado por el Parlamento vasco por mayoría absoluta de sus miembros (39 votos a favor y 35 en contra) el 30 de diciembre de 2004. Pocos días después el presidente del Parlamento vasco remitió la propuesta del nuevo Estatuto al presidente del Congreso de los Diputados para su debate y aprobación. Pero el 1 de febrero de 2005 el Congreso rechazó la sedicente reforma de manera apabullante con 313 votos en contra, 29 a favor, 2 abstenciones y 6 ausencias. Lo cual es lógico porque de acuerdo con su contenido se reconocía el derecho de autodeterminación al pueblo vasco, que bajo el nombre de Euskal Herria, estaría compuesto por la actual comunidad autónoma vasca, por Navarra y por el País Vasco francés o Iparralde. No hace falta ser jurista para apercibirse de que era una propuesta claramente inconstitucional y que era lógico que el Congreso la rechazara de forma tan apabullante. Sin embargo, el lehendakari Ibarretxe parece que estaba resuelto, en todo caso, a convocar un referéndum para aprobar unilateralmente la independencia de Euskal Herria. Ante lo cual, el Gobierno de Aznar logró reformar el Código Penal, aunque por un procedimiento discutible, en noviembre de 2003, para incluir el artículo 506 bis que creaba el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum, castigándose entre tres y cinco años de cárcel y hasta 10 años de inhabilitación. Sin embargo, este artículo no llegó a aplicarse nunca por tres razones: primero, porque el lehendakari desistió de convocar el referéndum; segundo, porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero derogó este artículo en junio de 2005 a fin de contentar a los nacionalistas; y, tercero, porque el Tribunal Constitucional, con sus prisas habituales, anuló años después por pura estética, esta reforma justificada del CP a causa de una cuestión de procedimiento. Sea lo que fuere, el hecho es que Ibarretxe demostró más sentido común que los nacionalistas catalanes y no se atrevió a desafiar al Estado. Por lo demás, es conocido que en lo que respecta a los nacionalismos vasco y catalán surge siempre entre ellos, primero, un sentido de imitación y, luego, de superación, a objeto de comprobar quien llega más lejos.

Era lógico, por tanto, que los nacionalistas catalanes cuando formaron el Gobierno tripartito con el PSC de Pascual Maragall estuviesen dispuestos a imitar el Plan Ibarretxe, utilizando el Derecho para salirse del Derecho y así lograron aprobar un nuevo Estatuto que por su contenido era claramente inconstitucional. Sin embargo, les permitía abrir la puerta sigilosamente a la ansiada independencia, mientras tanto el Gobierno de Madrid estaba pendiente de la conjunción planetaria de forma suicida. Con todo, tanto el Defensor del Pueblo, como el PP, al que se marginó en la elaboración del nuevo Estatuto, presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, extenuado, tardó cuatro años en dictar su timorata sentencia, consiguiendo que los nacionalistas catalanes se rompieran las vestiduras, porque "un Tribunal -afirmaban- no puede tirar abajo lo que había aprobado el pueblo catalán en referéndum", demostrando así su ignorancia del Derecho Constitucional, porque el electorado catalán no es el poder constituyente que todo lo puede, sino que el Estatuto catalán, como todas las normas de España, está sujeto al control de un Tribunal que se creó para defender la Constitución. Pero esta sentencia sirvió de coartada a los nacionalistas catalanes para seguir avanzando en el "golpe de Estado permanente" que inició Pujol y que Artur Mas quiso culminar, a diferencia de Ibarretxe, con un referéndum que declarase la independencia de Cataluña de forma unilateral. El Gobierno de Mariano Rajoy no supo impedir el referéndum fraudulento del 9-N y no quiso aplicar entonces el artículo 155, como recomendamos algunos, que representa la segunda argumentación dialéctica que contiene, como dije, el Título VIII de la CE.

Como es ya suficientemente sabido, el artículo 155 establece en nuestra Constitución la cláusula de la coerción federal que suele ser habitual en los países descentralizados y que consiste en tomar las medidas adecuadas para hacer cumplir a una Comunidad Autónoma las obligaciones que le marca la Constitución o las leyes. Esto es así en países como Italia, Alemania, Argentina o o Austria según sus actuales Constituciones. A cuentas hechas, estos preceptos tienen su origen seguramente en la Constitución de Weimar, que establecía una República Federal para Alemania y cuyo artículo 48 exponía que "cuándo un Estado miembro no cumpla los deberes que le imponen la Constitución y las leyes federales, el Presidente de la República puede obligarle apelando a la fuerza armada". La severidad de tal precepto, que provocó grandes controversias jurídicas, fue atenuada en la redacción del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, en el que se dice: "Si un Estado no cumpliere las obligaciones que la Ley Fundamental u otra ley federal le impongan, el Gobierno federal, con la aprobación del Bundestag, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al Estado al cumplimiento de dichas obligaciones por vía coercitiva federal". Y, como es sabido, este es el artículo que copiaron nuestros constituyentes para redactar el artículo 155, pero con la salvedad de que no lo copiaron literalmente, sino que añadieron una frase que convierte a nuestro precepto en el caso de que se aplique en una especie de botón rojo que desencadenaría la guerra nuclear. El enunciado literal de esta añadidura es: "o cuándo una comunidad autónoma actuare de forma que atente gravemente al interés general de España". Dicho de otra manera, con la introducción de este párrafo, el artículo 155, a diferencia de Alemania, no sólo tiene un contenido coercitivo de naturaleza esencialmente administrativa, sino que pasa a detentar un significado esencialmente político. En otras palabras, el artículo 155 contiene dos supuestos diferentes: uno de carácter administrativo o regular y otro de carácter político o excepcional.

En efecto, como hemos visto, la existencia de partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, junto a la posible acumulación continua de competencias en las Comunidades en que estos partidos son hegemónicos, es una conjunción, casi planetaria, que conduce inexorablemente a la destrucción del Estado autonómico y de la nación española, salvo que se recurra al valladar más adecuado para impedirlo, el cual es precisamente el artículo 155 en su concepción política y excepcional. Pues bien, la primera vez que se utilizó este procedimiento, pero solo en su versión coercitiva administrativa o regular, fue en 1989 con motivo de unos aranceles canarios que eran contrarios a la legislación europea. Sin embargo, bastó únicamente con el requerimiento al presidente de la comunidad autónoma para que se rectificase y todo quedó en agua de borrajas. Ahora bien, cuando se podía haber utilizado la coerción federal en su versión esencialmente política, porque estaba en peligro el interés general de España, fue con ocasión del Plan Ibarretxe, pero no hubo necesidad de recurrir al procedimiento coercitivo, como ya he dicho, porque el Congreso de Diputados lo echó abajo y se desechó toda tentación secesionista, incluido un referéndum de carácter unilateral.

Por el contrario, todo cambió con el nacionalismo catalán que tras una escalada de violaciones de la Constitución a lo largo de muchos años que empieza con Pujol, aceleró su estrategia secesionista a partir de las elecciones de 2015 que dieron lugar a un Gobierno nacionalista, con mayoría en escaños, pero no en votos, y cuyo fin era claramente conseguir la independencia al precio que fuese mediante leyes inconstitucionales y totalitarias para acabar en un referéndum de pacotilla que permitiese subrepticiamente la Declaración Unilateral de Independencia, que se acabó haciendo de forma chapucera. Así las cosas, después de muchos titubeos, vacilaciones y rendiciones, el Gobierno de Rajoy decidió por fin utilizar el artículo 155 en su más pura versión política para detener no solo la independencia de Cataluña, sino la destrucción de España. Como era de esperar, los enemigos del Derecho, han recurrido esta vez al Derecho para demostrar su pataleta, entre ellos está un político (el líder de Pudimos) que representó en su día una esperanza para la izquierda, pero que no da ya más de sí. Y, en consecuencia, han presentado un recurso contra la aplicación del artículo 155 por considerar que este precepto no habilita al Gobierno Central para disolver el Parlament, convocar elecciones y sustituir al ejecutivo autonómico. Lo cual es erróneo, pues el Gobierno, con el aplauso de casi toda España, ha justificado su intervención ante la evidencia de que los nacionalistas catalanes estaban actuando de una forma "que atentaba gravemente al interés general de España". En definitiva, si la falta de una regulación racional de varios artículos del Título VIII de la Constitución nos llevaba a la destrucción de España, otro artículo del mismo Título nos ha dado la posibilidad, por ahora, de impedirlo, aunque no se hayan utilizado todas sus potencialidades.

La conclusión que podemos deducir es que si se hubiera «acabado» la incompleta Constitución, mediante la reforma adecuada del Título VIII en su momento, como algunos defendimos, no se habría dado lugar a los dos intentos de secesión de los Gobiernos nacionalistas del País Vasco y Cataluña (esperando que no vengan más de esta u otras regiones). Por eso, si queremos que nuestra Constitución dure otros 40 años, no hay más remedio que coger el toro por los cuernos y lograr, al menos, el acuerdo entre los tres partidos nacionales para adoptar una reforma racional del actual y fallido Estado de las Autonomías, en los términos que he explicado tantas veces aquí. Pero, sea como sea, hagamos caso al sabio chino que sostenía que hay que hacer rápido lo que no corre ninguna prisa, para poder realizar así lentamente lo que verdaderamente nos urge.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.


 


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