AGLI Recortes de Prensa   Sábado 9  Diciembre 2017

Querían menos España, tendrán más España
Antonio R. Naranjo El Semanal Digital 9 Diciembre 2017

Si la Constitución se cambia, sólo puede hacer con el respaldo de la abrumadora mayoría de españoles y para lo que ellos digan: quizá para lo opuesto que exigen los paladines del cambio.

La Constitución es, en España y en cualquier democracia, la síntesis legal de una voluntad mayoritaria de convivir bajo unas reglas del juego que garanticen el Estado de Derecho, el desarrollo y protección de libertades individuales y colectivas y la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones.

No es, como pretenden de distinta manera el separatismo y el populismo, una entelequia administrativa alejada de la calle y confrontada, siempre, con una realidad mucho más cercana, humana y por tanto democrática que por supuesto representan los partidos y dirigentes de ambos movimientos: desdibujar el carácter auténtico de la Constitución como expresión de todos los españoles es una burda estrategia para atacarla al presentarla como algo alejado del pueblo. Pero la Carta Margna es el pueblo.

Por eso cualquier reforma ha de atender al mismo objetivo: acoger en su seno a una inmensa mayoría de españoles y emprenderla con su consentimiento, participación, estímulo y respaldo. Este espíritu no sólo es el único posible y decente; también es el legal: para garantizar que la Constitución siempre sea la concreción de una expectativa común lo más ancha y mayoritaria que se pueda, incluyó unos procedimientos de reforma que garantizan que toda evolución contará con el mismo respaldo o simplemente no se hará.

El nacional- populismo ha logrado que se quiera reformar la Constitución, pero para lo contrario de lo que esperan
Así, y en contra de la confusión interesada o bienintencionada de tantos mensajeros de la reforma que pretenden aplicarla desde pactos superficiales, todo aquello que toque a la estructura de la Constitución necesitará de un procedimiento que garantiza el respaldo o rechazo de la ciudadanía: cualquier propuesta necesita del apoyo de dos tercios del Congreso; de la disolución del mismo y la convocatoria de Elecciones Generales; de la ratificación de las nuevas Cámaras y, finalmente, de un referéndum nacional que lo refrende todo o lo deseche.

No existe puerta de atrás para cambiar la ley de leyes si afecta a su esencia, lo que en sí mismo elimina algunos de los temores presentes en la sociedad al respecto de la modificación territorial de España y convierte no pocos de los discursos en una mezcla de ignorancia y mala fe. Especialmente ése que plantea como solución para el conflicto en Cataluña la celebración de un referéndum legal privativo de los catalanes: aun en el caso de que se cediera con algún ardid legal esa competencia del Estado; sus eventuales consecuencias -un apoyo mayoritario a la independencia- no se podrían aplicar sin poner en marcha el mecanismo antes citado. Esto es, sin la aprobación del conjunto de los españoles, propietarios del único derecho a decidir existente resumido en el concepto de soberanía nacional.

¿Federalismo?
Tampoco el federalismo sanchista, incompatible por cierto con el anhelo secesionista de gestionar sus recursos sin contar con el resto, puede aplicarse -en el caso de que alguien sea capaz de definir en qué consiste exactamente- con un pacto de mayorías simples y un procedimiento similar al de otros acuerdos parlamentarios cotidianos: todo lo que toque de algún modo a la organización territorial de España y a la igualdad entre españoles requiere, digan lo que digan los amantes de la confusión y los profetas del cambio, del visto bueno del conjunto de los españoles.

Esa garantía no es un corsé inmovilista, sino la única manera de incluir en un escenario compartido sensibilidades distintas, integrando en él a las minorías y evitando que las mayorías impongan su rodillo: dificultar la reforma no es una manera de impedirla para hacer de ella una vetusta herramienta jurídica para una España antigua que ya no existe; sino una invitación al consenso para garantizar la subsistencia de su espíritu fundacional de convivencia.

El deseo de menos España ha provocado más España: la reforma que se haga tiene que atender ese sentir mayoritario
Pero al igual que el secesionismo ha estimulado, y de qué manera, un sentimiento nacional escondido por ese complejo postfranquista vigente 40 años después y también un debate autonómico sobre las aspiraciones del resto de las regiones; la discusión constitucional también ha excitado otro sobre la naturaleza de sus modificaciones. Y, en ambos casos, en el sentido opuesto al que sus promotores deseaban.

Es decir, si el deseo del soberanismo de que haya menos España ha provocado la respuesta de que haya más España; el mensaje de reforma constitucional para calmar a Puigdemont y compañía ha servido para que la ciudadanía se pregunte cómo evitar esos excesos y otros cuantos más.

De la educación a los privilegios
Aunque no hace falta modificar la Constitución para implantar muchas de las reformas necesarias en una España lastrada por fuerzas y altavoces que están todo el día salvándola por el sonrojante método de hablar mal de ella (despreciando la certeza de que en cuatro décadas hemos consolidado una de las mejores democracias del mundo y uno de los tres o cuatro países con más derechos garantizados por su Estado de Bienestar); puestos a hacerla el nacionalpopulismo ha logrado que el ciudadano medio se la plantee, pero para lo contrario de sus pretensiones.

Cambiar la ley electoral para que todos los votos valgan de verdad lo mismo y no se sobrevalore el de un vasco sobre el de un madrileño; recuperar las competencias educativas para el Estado al objeto de evitar la mezcla de aldeanismo y sectarismo que lo caracteriza en su gestión autonómica; ilegalizar a partidos independentistas que no respeten el cauce constitucional para defender cualquier idea; acabar con el descarado privilegio fiscal del País Vasco y Navarra por 'razones históricas' (como si Aragón, Galicia o Castilla hubieran nacido ayer) o impedir que el Estado de Bienestar siga siendo una excusa retórica para consolidar el Bienestar del Estado agotando sus recursos antes en la estructura local, regional o nacional que en el usuario (cuidémonos de los 'defensores de lo público' si no son capaces antes de explicar a qué se dedica exactamente cada presupuesto, no sea que se agote en ellos antes que en el ciudadano) son asuntos colocados de repente en la agenda ciudadana real.

Y aunque es muy habitual el sorprendente antagonismo entre lo que de verdad piensa y opina una abrumadora mayoría de españoles y lo que sin embargo incluyen en sus agendas los partidos políticos y proyectan los medios de comunicación; en este caso será inevitable atender ese sentir si a alguno se le ocurre abrir el melón. La imperfecta Constitución del 78, maravillosa como jarabe democrático tras décadas de franquismo, puede y debe reformarse, sí: pero no para lo que quieren sus enemigos y no de la manera que exigen sus aliados.

De tanto pegarle patadas al gatito, tal vez hayan despertado al león.

El dilema de la reforma constitucional
«No se trata de miedo. Se trata de realismo y prudencia, de no alimentar expectativas imposibles de alcanzar»
GERMÁN FERNÁNDEZ FARRERES ABC 9 Diciembre 2017

Desde hace unos años sobrevuela la idea de que la Constitución de 1978 requiere una reforma en profundidad. La reclamación no sólo se ha mantenido viva, sino que ha ido adquiriendo intensidad. Además, el insólito devenir del desafío independentista catalán ha venido a reforzar la tesis de que el pacto constitucional debe ser renovado. Como suele decirse, a la Constitución no sólo se la defiende haciéndola cumplir, sino también reformándola.

Sería excesivo sostener que la vigente Constitución no requiere de algunos reajustes técnico-jurídicos, de un cierto aggiornamento. Pero, aceptada la premisa, comienzan las dificultades y, con ello, el dilema al que la reforma se enfrenta. Fijémonos en esta ocasión en la cuestión de la estructura territorial del Estado.

Sin perjuicio de que hay un denominador común en no cuestionar el mantenimiento del Estado autonómico, las propuestas de reforma suelen coincidir en que la causa última de gran parte de los problemas radica en la inexistencia misma de un modelo constitucional de Estado, dado que la concreción de los aspectos fundamentales del mismo quedó pospuesta y confiada por la propia Constitución a ulteriores decisiones. Sin embargo, este diagnóstico, por sí sólo, no ayuda gran cosa a la hora de precisar el tratamiento a seguir.

Es verdad que la eliminación del llamado principio dispositivo a cuyo amparo se ha materializado el reparto territorial del poder, abriría la puerta a que, por ejemplo, la Constitución pudiera enumerar las Comunidades Autónomas y a que de esa forma, además de quedar expresamente fijado el territorio nacional, fuese ya innecesaria la mención del actual artículo 2 de la Constitución a las «nacionalidades y regiones que la integran». Y también permitiría que el reparto de las competencias entre el Estado y las Comunidades lo realizase directamente la Constitución sin intermediación de los Estatutos de Autonomía y que éstos dejaran de ser leyes aprobadas simultáneamente por los Parlamentos autonómicos y por las Cortes Generales.

«He aquí el dilema. No se trata de miedo a la reforma. Se trata de realismo y prudencia, de no alimentar expectativas imposibles de alcanzar ni, con ello, de generar tensiones que puedan agravar más la situación»

Con todo, si tales cambios no vinieran acompañados de algunas otras modificaciones sustantivas y la reforma se tradujera en la mera constitucionalización de la actual estructura territorial del Estado con ligeros retoques, el pecado original de la Constitución quedaría sanado pero su trascendencia práctica sería mínima. Y es aquí cuando las dificultades hacen acto de presencia. Bastará enumerar unas cuantas.

¿Debe mantenerse la actual planta autonómica, o, por el contrario, deberían suprimirse algunas Comunidades Autónomas?. ¿Debe mantenerse el actual reparto de competencias o debería rectificarse, recuperando el Estado algunas especialmente relevantes?. ¿Debe mantenerse la actual configuración del Senado o debería transformarse en una verdadera Cámara territorial y, en tal caso, en qué términos y con qué alcance?. ¿Deben mantenerse los llamados derechos históricos de los territorios forales?. ¿Debe darse a Cataluña un tratamiento singular y distinto a las demás Comunidades Autónomas?. O, en fin, sin agotar ni mucho menos el repertorio de dudas, ¿conviene cerrar el modelo de financiación autonómica y, en tal caso, en qué términos y condiciones?.

Sobre todas estas cuestiones, como es obvio, las discrepancias están servidas. Más aún. Su propia formulación responde a las muy divergentes posiciones políticas existentes en estos momentos. De manera que la puesta en marcha de la reforma constitucional se enfrenta a un claro dilema.

Una reforma con el objetivo de constitucionalizar la actual estructura territorial del Estado y añadir algunas reglas sobre las formas de colaboración entre las instancias territoriales -sin perjuicio de que poco se puede esperar de su eficacia si no hay leal voluntad de colaborar- puede servir para apaciguar la desazón reformista, evitar la mala imagen del inmovilismo y recuperar la ilusión del pacto. Pero no nos engañemos, para poco más. Por el contrario, un proceso de reforma de mayor calado político se enfrenta a enormes dificultades y conlleva riesgos que no cabe silenciar. Conviene decirlo. No existen hoy por hoy condiciones objetivas de llegar a acuerdos suficientes en cuestiones como las señaladas y algunas otras más, por lo que seguramente mejor sería dejarlas al margen del debate. Aunque si éste se termina por formalizar, de manera inevitable surgirán.

He aquí el dilema. No se trata de miedo a la reforma. Se trata de realismo y prudencia, de no alimentar expectativas imposibles de alcanzar ni, con ello, de generar tensiones que puedan agravar más la situación. Siempre resulta más cómodo enarbolar la bandera de la reforma que afrontar el reproche del inmovilismo. Pero cuando el posible contenido de una reforma no está suficientemente maduro, lo más razonable puede ser esperar y, mientras tanto, esforzarse por corregir la praxis política, mejorar la gestión pública y, desde luego, garantizar plenamente el cumplimiento de la ley y de la Constitución.

* Germán Fernández Farreres es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid

Los hermanos Marx en Cataluña
El secesionista, ¿cómo reaccionará en las urnas después de comprobar que los héroes acatan el 155 y la Constitución para librarse de la prisión? El secesionista lo deglute todo. Y guiña el ojo
Miquel Porta Perales ABC 9 Diciembre 2017

Una clave del éxito del «proceso» reside en la épica. Muchos ven en él lo que buscan, es decir, protagonizar una hazaña o hecho grandioso que dé sentido a su vida: romper un Estado y construir otro. Para los más jóvenes, se trata de edificar la Nación de la cual hablan los libros, las canciones, la escuela, la familia y los medios de comunicación. Para los menos jóvenes, la última oportunidad para realizar el sueño de la Cataluña libre. Por eso, veneran a sus héroes cuando desfilan hacia el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Y cuando entran y salen de la prisión por presunta rebelión o sedición. El secesionista, ¿cómo reaccionará en las urnas después de comprobar que los héroes acatan el 155 y la Constitución para librarse de la prisión? El secesionista lo deglute todo. Y guiña el ojo.
Leído

El constitucionalismo denuncia la Gran Mentira del «proceso». España no nos roba, el derecho a decidir no existe, el derecho a la autodeterminación no es aplicable a Cataluña, el referéndum del 1-O era ilegal, no hay presos políticos. El secesionista, inasequible al desaliento, no lo cree o calla. ¿Qué ocurre? El militante secesionista –con la ayuda de los medios afines– construye una fantasía –la nación catalana, la independencia catalana, la República catalana– que acaba dominándole y alienándole.
Observado

De comparaciones y analogías. ¿Arrimadas? Algo del Macron que quiere revertir el declive de Cataluña. ¿Iceta? Algo del Cambó que busca la reconciliación ciudadana y la reconstrucción de un catalanismo moderado que reivindique la autonomía –o el federalismo– y el marco constitucional. ¿García Albiol? Algo del alcalde republicano Giuliani que adopta la teoría de las ventanas rotas y es partidario de la «tolerancia cero». ¿Los líderes secesionistas? Como en «Los hermanos Marx en el Oeste»: «Más madera, es la guerra». Al final solo queda el esqueleto del tren. Y al fondo, Nigel Farage.

Máster en terrorismo
Lourdes Rodao, víctima y superviviente de un atentado de ETA en el que murió su marido, ha sido una de las primeras participantes en el proyecto «Testimonio directo»
Paula Poveda. larazon 9 Diciembre 2017

«No guardo rencor, con la violencia no se consigue nada» fueron las primeras palabras de Lourdes Rodao este lunes ante un auditorio compuesto por cuatro decenas de chavales de un instituto concertado madrileño que la escucharon ensimismados y completamente en silencio durante dos horas. Ella, la «estrella invitada», es víctima y superviviente de un atentado de la banda terrorista ETA. Los chicos, de entre 15 y 16 años –alumnos de tercero y cuarto de la ESO del instituto Mirasierra de Ascao–, apenas tenían una noción de lo que era el terrorismo más allá de las últimas matanzas de Barcelona o París que, a pesar de todo, no ven tan cercanas. Para ellos la lacra que durante décadas ha azotado con fuerza a España es sólo Historia, una historia que ahora tiene la cara de Lourdes, que ha inaugurado en el salón de actos de este pequeño centro educativo el proyecto «Testimonio directo», puesto en marcha por los ministerios de Interior y Cultura y la Comunidad de Madrid para educar a los jóvenes en los valores de respeto y convivencia.

La materia, vinculada a la asignatura de Geografía e Historia –en cuyo currículo está incluido el estudio del terrorismo–, supone un trabajo en los institutos previo a la visita de la docena de heridos, familiares de fallecidos, amenazados o secuestrados por bandas terroristas que están ya participando en este proyecto. «Los chavales están muy motivados pero no tienen ni idea. Les hemos presentado todos los movimientos terroristas y pretendemos que ellos tengan todos los datos y pongan el pensamiento», asegura Miguel Monsalvo, director del instituto que recibió la visita de Lourdes Rodao. Educación facilita al profesorado una unidad didáctica desarrollada con posibles actividades de referencia antes de que llegue el día de la charla, pero la dureza del testimonio de una superviviente de un atentado, aunque hayan pasado más de diez años, supera cualquiera de las lecciones que aprenden habitualmente en las aulas. «El atentado me ha reforzado en valores. Me podía haber dedicado a llorar, a ir a misa y a vestirme de negro, pero no lo hice», explicó Lourdes antes de comenzar a relatar su «nueva» vida como corredora de maratones, voluntaria del Samur en Madrid –a pesar de que vive en Segovia– y la lucha que aún mantiene para evitar tanto la depresión como la soledad.

Los conceptos de resilencia, la confianza en la Justicia o los sentimientos que tuvo Rodao durante el juicio en el que puso cara a los dos hombres y una mujer de apenas 20 años que pusieron un coche bomba en la puerta de la residencia militar de Santoña en la que pasaba un fin de semana con su marido, el brigada del Ejército de Tierra Luis Conde, son algunas de las cuestiones que los estudiantes aprendieron en este máster de terrorismo. «Yo vi morir a mi marido, tenía la misma enfermedad que los veteranos de Vietnam. Es importante que sepáis que se pasa muy mal, pero que se puede superar», explica Rodao.

La ayuda de una psicóloga del Ministerio del Interior, que también se llama Lourdes y la acompaña en la charla, ha sido vital en la mejora de esta superviviente: «Ella no se deja poder por el miedo», asegura la funcionaria, aunque la protagonista reconoce que cada vez que ve un nuevo atentado «se me remueve todo, me cojo pataletas y me pongo de muy mal humor». El mensaje más importante es el que explica su ausencia de rencor a las personas que la hirieron en el mismo ataque en el que acabaron con la vida de su marido: «Si todos saliéramos y nos liáramos a tiros... Yo he estado con los terroristas delante, imaginaos que me hubiese dado por disparar. ¿Para qué vas a tener odio? No podemos tomar la justicia por nuestra mano y guardando rencor no ganas nada, esos sentimientos dentro te hacen daño», explica.

Llega el turno de preguntas. «¿Cómo viviste el fin de ETA?», «¿Qué vas a hacer cuando los terroristas que mataron a tu marido cumplan su pena y salgan a la calle?», «Si no sentiste odio, ¿qué sentiste?», «¿Tu hijo también es militar, ¿no tienes miedo?», «¿En qué momentos te acuerdas más de él?»... Y por fin llega la cuestión que emociona a Rodao: «¿Cambiarías algo del pasado?», le lanza un chico en la primera fila. Ella, que se mantuvo firme y cercana durante todo el tiempo, contesta con ojos vidriosos que eso es una utopía.

Antes y después de las charlas los alumnos rellenan un cuestionario con preguntas sobre el terrorismo o las secuelas que les quedan a las víctimas. Obviamente, las respuestas después del testimonio, cambian. «Socialmente no sabemos cómo viven las víctimas después del atentado, somos unos privilegiados», añade el director del instituto Mirasierra mientras, una vez terminada la charla, varios chavales se acercan a la víctima para darle abrazos y continuar con alguna pregunta que no se han atrevido a preguntar delante de sus compañeros. Afortunados como Lourdes Rodao que tiene claro que, a pesar de todo, actividades como esta dejan claro que siempre «la vida tiene que seguir».

La deuda pública le cuesta a España casi 100 millones de euros al día
En los diez últimos años ha provocado un gasto por intereses de 350.000 millones de euros
Roberto Pérez ABC 9 Diciembre 2017

La «factura» de la deuda pública mordió el año pasado al bolsillo colectivo de los españoles más de 35.000 millones de euros: 33.251 millones por los intereses que tuvieron pagar las administraciones públicas a los que les prestan dinero; y varios miles de millones más que desembolsan, por el mismo concepto, las empresas públicas.

A falta de la liquidación de las cuentas públicas que deje el presente 2017, los últimos datos anuales certificados (2016) indican que, de media, el sector público español paga por su deuda cuatro millones de euros cada hora, prácticamente 100 millones de euros cada día.

El grueso de ese coste recae en la Administración central, que es también la que concentra la mayor porción de la deuda pública española. Así, el año pasado la Administración central tuvo unos gastos financieros de 28.114 millones de euros.

Por su parte, las administraciones autonómicas desembolsaron 4.454 millones por el mismo concepto. Otros 681 millones pagaron el conjunto de las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares-, mientras que la Seguridad Social desembolsó dos millones de euros.

Y a todas esas cifras hay que sumar el coste que genera la deuda del extenso entramado de empresas públicas de las distintas administraciones. El último dato oficial publicado sobre el coste de la deuda del conjunto de empresas públicas españolas es el de 2014: ese año superó los 4.100 millones de euros, pero en 2012 el entramado mercantil del sector público español llegó a pagar por intereses 8.095 millones.

El precio de gastar al debe
Durante los diez últimos años, de 2007 a 2016, los gastos financieros del sector público español han rondado los 350.000 millones de euros. A la Administración central se le han ido por este concepto 235.253 millones de euros; otros 47.985 millones a las administraciones autonómicas; 10.641 millones de euros han desembolsado el conjunto de las entidades locales; y siete millones de euros a las administraciones de la Seguridad Social.

Por su parte, en este último decenio, el conjunto de empresas públicas españolas han pagado no menos de 50.000 millones de euros por su deuda pública: de 2007 a 2014 -último dato oficial publicado- se les fueron por este concepto 45.007 millones de euros.

En los diez últimos años, la deuda pública casi se ha triplicado. El entramado de las administraciones españolas necesita pedir cada vez más dinero prestado para atender los pagos de la deuda que le vence (amortizaciones) y para cubrir el déficit que, año tras año, sigue acumulando el sector público en su conjunto.

Tipos de interés
Que los tipos de interés se hayan instalado en mínimos ha encubierto esa peligrosa y continua escalada del endeudamiento público español. Ese abaratamiento del préstamo ha evitado que el vertiginoso aumento de la deuda pública española haya disparado los gastos financieros hasta niveles peligrosamente indigestos. De hecho, en términos netos a España se le ha reducido temporalmente la factura de los intereses pese a que ha disparado el endeudamiento público. Y aquí radica el riesgo a futuro.

Dado el volumen de deuda con el que se han cargado -y se siguen cargando- las administraciones españolas, un repunte de tipos elevaría esos costes de forma preocupante. La experiencia reciente así lo confirma. Por ejemplo, en 2013 -con mucha menos deuda, pero al rebufo de una prima de riesgo que se había disparado en 2012- el sector público español tuvo que pagar un total de 47.464 millones de euros por intereses, un 25% menos de los que desembolsó el año pasado pese a que la deuda pública de España aumentó un 22% entre 2013 y 2016.

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Recordatorio para reformadores constitucionales
Jesús Laínz Libertad Digital  9 Diciembre 2017

En su libro Defensa de la nación española (1998), contó José Manuel Otero Novas que durante las negociaciones constitucionales, siendo él ministro de la Presidencia, recibió una llamada del presidente Suárez a las diez de la noche encargándole que estudiara en qué consistían los fueros vascos para poder presentar al día siguiente un texto de la disposición adicional primera alternativo al presentado por el PNV. Con un par de juristas y algunas secretarias, investigó a contrarreloj para poder dejar el dictamen sobre la mesa presidencial a las siete de la mañana. Una noche en blanco para contrarrestar un siglo de elaboración ideológica del nacionalismo vasco. Así de bien se hizo la bendita Constitución que iba a resolver definitivamente los problemas nacionales de España.

Cuarenta años después de aquella gran chapuza volvemos a las andadas constitucionales. La mayoría de los renovadores son recién llegados, pero también gozamos del privilegio de contar con alguno de los inmarcesibles genios de entonces, en concreto tres padrastros del texto del 78: el centrista Pérez-Llorca, el nacionalista dicen que moderado Miquel Roca y Herrero de Miñón, una de las personalidades políticas más nefastas de la historia reciente de España. ¿A nadie le llama la atención que, tras el evidente fracaso de un sistema autonómico que, como traca final, ha estado a punto de incendiar España hace dos meses, regresen ahora los tres pirómanos supervivientes a dar lecciones sobre cómo apagar el fuego?

En otras ocasiones hemos desarrollado aquí los argumentos jurídicos, políticos, democráticos, económicos y lógicos para oponerse a cualquier modificación constitucional en la dirección centrífuga deseada por los separatistas y sus cómplices. Por eso hoy nos limitaremos a recordar desde estas humildes líneas la ideología y los objetivos de ese catalanismo político al que desean contentar en 2017 tan inútilmente como en 1978. Porque no conocerlos implica ignorar lo que se está tratando y, por lo tanto, tomar decisiones a ciegas.

El padre fundador, Enric Prat de la Riba, ya dejó muy claro a principios del siglo XX: "Somos separatistas, pero solamente en el terreno filosófico. Sostenemos el derecho de separatismo; lo que hay es que en el momento histórico actual no nos parece conveniente". Antoni Rovira i Virgili, por su parte, saludó la creación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914 como el primer paso hacia la independencia. De las peripecias de Macià, Companys, Dencàs y los demás en los años 20 y 30 no hace falta ni hablar.

El histórico militante de Estat Català Joan Ballester i Canals pronunció en Montevideo en 1963 una conferencia, titulada Per una consciència de país, de gran influencia en el mundo nacionalista de las décadas siguientes. En ella explicó que el único interés de los nacionalistas, entonces en el exilio, era "el desmembramiento del Estado español". Los dirigentes catalanistas contaban con la ayuda de la izquierda española a pesar del asco que les provocaba. "Confesamos que sentiríamos ciertos escrúpulos si fuésemos llamados a intervenir personalmente", dijo Ballester. Consideró el estatuto de autonomía como algo indeseable aunque quizá necesario durante un tiempo: "No preconizamos una política de todo o nada, sino bien al contrario. Nuestra política es la del todo, conscientes de la conveniencia de la maniobra y del posibilismo de cada momento".

En 1971 la Asamblea de Cataluña, plataforma unitaria del antifranquismo que agrupó a todos los grupos izquierdistas y nacionalistas, reclamó el restablecimiento del estatuto republicano de 1932 como paso previo a la autodeterminación.

Y llegaron la Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías. Y nada más estrenado, como ha recogido José Bono en sus memorias, Jordi Pujol declaró al entonces ministro socialista Francisco Fernández Ordóñez que su labor sería la de preparar el terreno para que la siguiente generación proclamara la independencia. Diez años más tarde, en 1993, el muy honorable declaró al diario Avui:

En algún momento de la historia volverá a presentarse la oportunidad de conseguir lo que reclamamos.

Su heredero Artur Mas declaró en numerosas ocasiones que él era partidario de la independencia de Cataluña, si bien Convergència i Unió "no lo lleva en este momento en su programa". Pero, llegada la última crisis económica, decidió dar el paso definitivo y declaró gozoso en octubre de 2012:

España está débil, está contra las cuerdas. Ha perdido prestigio a nivel internacional (…) No nos temblará el pulso para conseguir que Cataluña logre sus proyectos.

Por lo que se refiere a la eterna cantinela federalista de una izquierda española obcecada en considerarla la solución definitiva, de nada ha servido que los nacionalistas le hayan dicho mil veces que no les interesa. Carod Rovira, por ejemplo, declaró en 2005: "La España federal es un paso enormemente positivo, pero ésa es sólo una parte importante de nuestro proyecto, que tiene como estación final la independencia". Cuando en julio de 2013 la dirección socialista explicó sus planes federalizadores en la Declaración de Granada, ni veinticuatro horas tardaron los nacionalistas, tanto de CiU como de ERC, e incluso algunos dirigentes socialistas catalanes, en menospreciarlos por "anacrónicos" y "superados".

Hace un año, en octubre de 2016, Joan Tardà declaró a la revista Jot Down:
El 2004 hicimos la investidura de Zapatero porque deci´amos lo siguiente: como los independentistas sólo somos el 12% y, aunque no nos guste, tenemos que sacrificar una generacio´n, y que no sean dos, vamos a hacer con la izquierda espan~ola una parte del viaje hasta la estacio´n federal. Cuando lleguemos al estado federal espan~ol la izquierda espan~ola bajara´ del tren y nosotros continuaremos hasta la estacio´n final, que es la repu´blica de Catalun~a.

Los nacionalistas lo han explicado mil veces, lo han escrito mil veces, lo han declarado mil veces, lo han avisado mil veces. Nadie puede decir que no lo sabía o que no pudo haberlo imaginado.

Quien pretenda que una reforma constitucional federalizante, autodeterminista, centrífuga o como quiera llamársela va a acabar para siempre con la reivindicación separatista –como se proclamó dogmáticamente en 1978, ¡y pobre del que discrepó!– sólo puede ser un ignorante, un imbécil o un cómplice.

www.jesuslainz.es

Coles de Bruselas
Ayer se acostaría feliz el niño Carlitos Puigdemont. Sus amiguitos han ido a verle al colegio en el que está castigado por sacar malas notas. O por ser malo malo malasombra
Carlos Herrera ABC  9 Diciembre 2017

Ayer se acostaría feliz el niño Carlitos Puigdemont. Sus amiguitos han ido a verle al colegio en el que está castigado por sacar malas notas. O por ser malo malo malasombra. Ciertamente reconforta cuando se acuerdan de ti, cuando un puñado de fanáticos como tú pide un día de fiesta –ayer era laborable– y tira de su bolsillo para cruzar Europa e ir a escenificar una de esas performances que llevan tantas veces ensayadas. Y van alegres como chiquillos expresando «festivamente» ser «un sol poble» y reivindicando que la UE medie entre Cataluña y «El Estat» no se sabe bien cómo ni para qué, porque al fin y al cabo lo que importa es el eslogan y es el que le han dado a la masa feliz. Hicieron lo que saben hacer, elevar hacia el aire ese inmenso globo cursi e infantil al que viven agarrados, autoconvencerse de que han vuelto a impresionar a Europa y darse codazos de satisfacción por el acojono que habrán causado a «Madrit». Y no saben, y a este paso ya no lo sabrán nunca, que Europa no quiere saber nada de este asunto (Junker ni se molestó en negarles audiencia) y que el gobierno tiene en su mano un artículo sencillo pero demoledor con el que les han puesto en fuera de juego y les pueden volver a poner en cuanto se tercie.

La marcha de ayer en Bruselas fue claramente aintieuropea y los entusiasmados catalanes que bramaban contra varias cosas a la vez estaban acompañados por las banderas del Gallo Rojo y el León Negro de los independentistas de Valonia y Flandes, que serán personas estupendas pero que no sé yo si son la mejor compañía para hacerse valer ante las instituciones locales y comunitarias. Fue, asimismo, una marcha xenófoba, con ribetes racistoides al uso: en las entrevistas a pie de obra que abrieron los informativos belgas, alguna gente, además de asegurar que España es franquista y esas cosas que van siempre en el guión, llegaron a decir que los catalanes son gente del norte, trabajadores y responsables, mientras que la del sur son unos zánganos que sólo viven para las fiestas y los toros. Ante tamaño descubrimiento sociológico les quedará poco por decir, quizá tan sólo escupir algo de azufre al suelo. La manifestación de ayer fue, por demás, un intento de recarga de los muy desasistidos depósitos de combustible emocional del que vive toda esta pandilla de cuentistas. Necesitan recalentar sus circuitos y que TV3 se pase seis días repitiendo imágenes que eleven el tono del independentismo de nuevo a límites épicos, y no permanezcan en esta sorda depresión alcanzada por méritos propios tras el desmerengue de su chiringuito.

En la cabecera de la marcha estaba plastificado el sainete permanente en el que vive esta tropa: Artur Mas muerto de frío, el disparatado presidente que hundió a un partido podrido de corrupción, Carlos Puigdemont, el presidente que huyó de la Justicia en el maletero de un coche, con bufanda amarilla, que es todo con lo que piensa escenificar su solidaridad con Junqueras, y Martita Rovira, la fanática llorona que pasea su incompetencia de mentira en mentira y que causa auténtico delirio de placer en los que deben dar cuenta de sus desmoronamientos. Ese es el ofrecimiento que el independentismo hace a la sociedad catalana para conquistar el paraíso, para cruzar el Jordán o para alcanzar la Arcadia Feliz, que ya no sabe uno que metáfora utilizar. Si eso es lo mejor que pueden ofrecer a los miles de manifestantes que se han podido permitir un fin de semana en una ciudad bastante cara en apoyo a delincuentes detenidos, no quiero ni pensar cómo serán aquellos que consideren menos presentables. Menudas tres coles para un caldo.

Cuenta atrás para la traición a España (-13)
Vicente A. C. M. Periodista Digital  9 Diciembre 2017

LUCHA ENTRE UN PRESO Y UN FUGITIVO POR SER EL NUEVO PRESIDENT. MARIANO RAJOY Y EL PP CONTRA CIUDADANOS SE ARRIESGA A UNA MOCIÓN DE CENSURA TRAS EL 21D.

Los antiguos socios de “Junts p’el sí” no están dispuestos a renunciar al poder y comienzan a dar muestras de su distanciamiento. Estas elecciones autonómicas tan apresuradas convocadas el mismo día de la intervención de las Instituciones de la Comunidad de Cataluña les pilló a todos con el pie cambiado, excepto a CIUDADANOS que había sido el principal impulsor para provechar el momento político que le era favorable. El caso es que el cese del Gobierno de la Generalidad y su inicio del camino judicial por la Audiencia Nacional y una juez independiente e inmune a las presiones, produjo el primer grave desencuentro cuando de forma sorpresiva se produjo la huida rocambolesca y hasta grotesca de Carles Puigdemont y cinco de sus Consejeros al refugio seguro de un país como Bélgica que se caracteriza por tener una Justicia incompatible con la función que debe tener de persecución de los delincuentes, al cuestionar la legislación de otros países de la UE.

No creo que el muy beato y sensible Oriol Junqueras que se declara profundamente creyente y católico, siga la doctrina de poner la otra mejilla tras recibir ese sonoro bofetón por parte de los fugados tan cómoda y ricamente instalados en un céntrico hotel de Bruselas, mientras él y el resto de Consejeros cesados daban la cara ante la jueza Carmen Lamela y se veían finalmente en prisión. Y encima que esos prófugos tengan la desfachatez de decir que “iban al centro de Europa para defender la dignidad del pueblo de Cataluña y como legítimo Gobierno de la Generalidad”. Una farsa aderezada de constantes y mediáticas comparecencias ante las televisiones afines como la TV3, con actos reivindicativos de apoyo por parte de alcaldes desplazados a Bruselas con sus Varas de mando. como sitio de peregrinación, y otros actos de corte similar propagandístico que intentaba monopolizar la resistencia ante la intervención, cuando simplemente se trataba de una cobarde huida en un intento de burlar a la Justicia de España y evitar la cárcel.

Solo faltaba el que Carles Puigdemont, siempre tan activo maquinando junto a su equipo en esas largas horas de asueto, ya había pergeñado unas cuantas siglas para su nueva formación entre las que finalmente eligió una que casi resultaba insultante “Junts per Cataluña”. Lo malo es que en este caso lo de juntos era una falacia ya que se trataba de vestir la mona ocultando las siglas del PDeCAT e incorporando a personajes profundamente comprometidos con el proceso independentista como el Presidente de la ANC Jordi Sánchez, en lo que llamaban “lista transversal” donde no se encontraba a ningún candidato del PDecAT hasta el puesto 20. Y mientras, Oriol Junqueras y el resto de presos del cesado “Govern” soportando la rutina carcelaria, aunque afrontándola cada uno a su manera. Por ejemplo, Oriol Junqueras se negaba a usar vestimenta informal suya propia y prefirió usar el pijama penitenciario. Su conexión con el exterior se limitaba a entrevistas con sus abogados y a un carteo, sin poder tener acceso a ordenadores ni Internet.

Tras la asunción de los casos por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, vieron los presos su oportunidad para conseguir su libertad siguiendo los pasos de la Presidenta de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell que logró salir libre tras el pago de una cuantiosa fianza. Finalmente, casi todos los exconsejeros consiguieron su objetivo excepto el propio Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, que junto a los “Jordis” permanecen en prisión. Y aquí es donde llega el esperpento, tenemos a un ex gobierno de la Generalidad plenamente metido en campaña electoral e integrados en las listas, donde su participación es muy dispar. Unos como Puigdemont y sus cuatro mosqueteros fugados, se dedican a medrar e interferir desde su exilio en Bruselas y, como hace escasos días, siendo protagonistas de la primera manifestación multitudinaria del independentismo catalán en un país extranjero. Otros como Jordi Turull, se dedica en los mítines a proferir arengas y hacer declaraciones que pueden dar razones suficientes al juez Llarena para revisar su libertad condicional. Y finalmente otros como Oriol Junqueras, se dedican a escribir cartas para que sean leídas en los mítines o por los militantes del partido, por terceros, en este caso por su segunda en la lista, Marta Rovira.

Y es verdad que no existe una equidad en cuanto a la participación en la campaña electoral, una de las razones argumentadas por los aún presos para salir de prisión. No existe esa igualdad pero porque la situación es ya de por sí aberrante. Y es que aquí en España para ciertas cosas somos más garantistas que los propios jueces belgas. Porque no deja de ser sorprendente que personas que han sido apartadas de forma forzosa de sus cargos por haber incurrido de forma notoria en graves delitos contra la Ley, sigan manteniendo intactos derechos de sufragio pasivo para poder volver a ocupar esos cargos y tener la oportunidad de repetir esos delitos. Alguien así debería tener suspendidos esos derechos hasta que exista una sentencia firme absolutoria. Y esa lucha por el poder y pugna por ocupar el cargo de Presidente del Gobierno de la Generalidad no debería poder ser posible si la ley fuese coherente. Y es que no puede haber algo más surrealista que un actual preso o un fugado que en cuanto regrese lo será, y además probable condenado a prisión, pueda legalmente acceder a un cargo de alta responsabilidad del Estado como es el de ser prometer o jurar el cargo de Presidente del Gobierno autonómico y formar Gobierno.

Y hay quienes dicen que gracias al 155 y la intervención estamos en un escenario de normalidad en unas elecciones autonómicas normales. Hay que se hipócrita para mentir de esa manera tan descarada. Nada en esto es normal y mucho menos el que golpistas sean ahora candidatos y se presenten los mismos perros con distinto collar, mientras el resto aparentan normalidad e incluso se avienen a intervenir en debates televisados, donde alguno de los partícipes advierte que “no debería estar allí porque el que debería está en prisión”. No se trata de debate de ideas ni de propuestas como sigue insistiendo una voluntariosa Inés Arrimadas de CIUDADANOS, se trata de un enfrentamiento entre los dos bloques antagonistas, en el que uno parece haber engordado por la deriva de los de PODEMOS y COMUNES, y el otro parce ahaber adelgazado por la disensión entre ellos con PSC esquizofrénico y un PP fuera de la realidad.

Y esto me lleva a la desastrosa participación de Mariano Rajoy en la campaña electoral arropando a un radicalizado García Albiol. No parece muy sensato, que es precisamente lo que Rajoy dice siempre dice que le mueve, la sensatez, el que se dedique a desprestigiar a CIUDADANOS y diga cosas del estilo de “un voto seguro no sujeto a ningún cambalache, que no se pondrá al servicio de ninguna causa de la que nadie de los que estamos aquí tenga que arrepentirse nunca”. Y añade que se inicia una nueva etapa y “dejar a un lado las ensoñaciones y quimeras”. Y eso pronunciado ante una “multitud” de unas 400 personas y con una intención de voto francamente penosa que le relega a ser la última fuerza en el Parlamento autonómico.

Rajoy debe ser consciente de su extrema debilidad en el Congreso de los Diputados y no tensar la cuerda de unas relaciones con CIUDADANOS que le son vitales para la gobernabilidad. Porque la moción de censura solo pende de un débil hilo que se llama Pedro Sánchez, y se romperá si finalmente decide proponerse como candidato (no es necesario que sea Diputado electo). Simplemente con la abstención de CIUDADANOS Rajoy perdería el Gobierno sin tiempo a reaccionar disolviendo el Parlamento y convocando elecciones generales para la primavera o el verano. Todo depende de los resultados de estas apresuradas elecciones autonómicas y unas medidas de intervención tan reprimidas y condicionadas por intereses partidistas de un PSOE desquiciado y un CIUDADANOS oportunista e irresponsable al calcular sus posibilidades. Unas elecciones que pueden dejar las cosas igual o pero de lo que estaban y todo por culpa de la precipitación incompatible con la lentitud de una Justicia maniatada por una legislación inadecuada para casos como el de una rebelión y sedición que ha puesto en peligro la Unidad de España.

La lucha está servida en ambos bloques, el constitucionalista donde ya solo queda el PP y con reservas, y el frente populista nacionalista separatista donde el PSOE se erige como abanderado de la plurinacionalidad y del cambio radical de España en otra cosa que no lo será. Hay mucho en juego en esas elecciones autonómicas en Cataluña y no solo es el crecimiento económico que, al fin y al cabo, es algo que se ve muy lejano y con desinterés por los ciudadanos.

¡Que pasen un buen día! Me pregunto si Puigdemont saldrá en holograma en los mítines de este o del próximo fin de semana, demostrando el poderío de la Caja de Solidaridad de la ANC, mientras Junqueras sigue con sus epístolas carcelarias cual San Pablo a los corintios.

El pacifismo musculado
Gregorio Morán cronicaglobal 9 Diciembre 2017

Las campañas electorales no son buenas para la inteligencia. En general, sacan lo peor de nosotros mismos, y cuando nos referimos a los partidos políticos exhiben mentiras intragables. Hemos abierto la campaña con genialidades diversas: desde el temor sobrevenido al pucherazo hasta la confesión de la siempre irritante Marta Rovira sobre los muertos que se evitaron por su buen hacer y su transigencia pacifista. Cada vez que habla esta mujer, y si es en castellano doblemente, uno toma conciencia de las peligrosas consecuencias de la inmersión lingüística. No se la entiende y confunde las concordancias como si en vez de vivir en Vic acabara de llegar de Kosovo.

No es que hable mal, es que no sabe expresarse y eso suele suceder cuando el carácter de ideas que maneja son tan pedestres que convierte en inevitable el que se exprese deficientemente, con ese gorgorito --tarannà, dirían por aquí-- que la convierte en un personajillo recién recuperado para la política pero que aún no ha salido de lo suyo, funcionaria inveterada atenta a sus jefes. Habría que detenerse algún día en analizar por lo menudo cómo esta casta funcionarial de tercera fila ha llegado a copar unas responsabilidades que van mucho más allá de sus entendederas y que probablemente sean el germen del lío en que nos han metido a todos.

En cierta medida la mediocridad mental y el infantilismo verbal de esta chica la convierten en representativa de los tiempos que corren y de los responsables del rebaño. Escucharla debatir es un ejercicio cansino de bajo voltaje sólo apto para mentalidades blindadas a la estupidez. No discute sino que tertulia, pero en sus carencias está su valor emblemático. Lo que ella dice, enunciado por una xiqueta de Vic con posibles, lo ha discurseado el abad Junqueras con maneras de misacantano. Retengamos el relato en este punto, porque al ser relato estamos trabajando sobre el imaginario, sobre lo que quieren decir pero no expresan con contundencia, como ocurre con la mala literatura. "Nosotros somos buena gente". Es decir, los demás no lo son tanto, o de ninguna manera, porque de ser "buenos" estarían con nosotros, serían de los nuestros.

La falacia más escandalosa de estos "buenos" por autodefinición se constata en la desfachatez de poner en duda la limpieza de las próximas elecciones antes de que se celebren. Hay que tener una jeta de cemento armado para cuestionar apenas empezada la campaña unos comicios que en primer lugar los ha convocado el adversario porque ellos se negaban a hacerlo por miedo, por estrechez de miras y porque consideraban que bastaba con aquella pantomima de referéndum? donde las listas electorales estaban trucadas, las mesas monopolizadas y la candidez del personal tenía a gala ejercer de masa arrebatada.

Después de lo vivido en los últimos años, uno está hecho a todo, pero hay una cosa que causa pasmo, tanto más que se ha convertido en recurso para engañabobos. El pacifismo. Todo es pacífico y si alguien lo cuestiona será agredido. Cabría llamarlo "pacifismo musculado". Si exceptuamos a la Guardia Civil y los "fachas", terminología que abarca a todo aquel que se proponga opinar algo diferente al canon nacionalista, fuera de esto, todos los dirigentes son adalides del pacifismo. En el colmo de la desvergüenza hay incluso un líder de última hora, beneficiado por el corrimiento de escala, que compara los gestos de Los Jordis como un homenaje a Rosa Parks, aquella afroamericana que se sentó en la parte del autobús reservada para los blancos. O metemos el sentido común, no ya la razón, o acabaremos enzarzados en la más surrealista de las pendencias. La de los cínicos.

Pacíficamente y por obligación, el president Pujol prohibió que en los patios de las escuelas, no le bastaba con las aulas, los niños no hablaran el idioma de sus casas. Cualquier objeción a esta medida era una reminiscencia del franquismo, auténtico paraguas que les protege de la lluvia o del sol. Hoy las opiniones han vuelto al ámbito de la privacidad porque enunciarlas provoca una reacción del pacifismo musculado que va desde el despido, el aislamiento o colgarte de un puente, en efigie, ¡ya desearían poder hacerlo en vivo y en directo, con TV3 rodando y Catalunya Ràdio transmitiendo. O quemarte la casa porque exhibes otra bandera. Son pacíficos mientras tú te callas, sólo cuando te expresas entra con toda su fuerza el carácter musculado de la respuesta. El déficit democrático de la sociedad catalana en los últimos años se ha convertido en una especie de espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Todos ejercen de pacíficos mientras no cuestiones su violencia. Esta sociedad necesita más psiquiatras que líderes cobardes con patrimonio.

Dolores bruselinos
Fernando Díaz Villanueva vozpopuli 9 Diciembre 2017

El 155, que ponía los pelos como escarpias a todo el mundo solo con mentarlo, ha resultado ser un eficaz calmante para una sociedad ahíta de politiqueo, mentiras y crispación.

La catatonia ha terminado por apoderarse del independentismo catalán en esta fase crepuscular del 'procés'. No atienden ya a razones. Son pura emoción trufada de rabia e impotencia. Sólo les quedaba el comodín del delirio y acaban de lanzarlo en Bruselas con una gran manifestación por el barrio europeo. Para todo lo demás, en el modo no presencial, el matrix acostumbrado de TV3 con sus doctores de guardia y las certidumbres de siempre, apuntaladas ahora por una cuota extra de victimismo por el encarcelamiento de Junqueras y los Jordis.

Todo muy previsible y, a la vez, muy apagado. El procesismo ha terminado convirtiéndose en una cámara de eco en la que repiten si cesar los mismos mantras y los escuchan una y otra vez fingiendo escándalo. Lejos quedan los días gloriosos, hace no tanto, apenas tres meses, cuando llevaban la voz cantante y se los pusieron al país entero de corbata.

Aquello alcanzó su momento álgido durante las jornadas que siguieron al referéndum del 1-0. Desde entonces todo han sido disgustos. Y no hablo ya de las encarcelaciones, que es un disgusto del que tratan de sacar el máximo partido, sino la pérdida del monopolio del que venían gozando desde hace muchos años.

Los dolores, expresados al modo bruselino este jueves, con la humedad de Flandes calándoles los huesos, vienen porque en buena medida se les ha acabado el chollo. Jugaban un partido sin contrario y todo eran golazos. El nacionalismo no sólo contaba con el estatuto de limpieza de sangre, sino que se reservaba su expedición. Cualquiera en Cataluña que quisiera estar en el ajo o, simplemente, ser respetado en público tenía que comulgar con los dogmas oficiales o, en el peor de los casos, guardar el más considerado silencio ante ellos.

En la vida pública o se era nacionalista o no se era nada. En la vida privada se podía ser lo que uno desease, pero siempre bajo la inquietante sombra del complejo de culpa. Cabía la posibilidad de irse, y algunos lo hicieron. También la de oponerse frontalmente, pero esto último siempre estuvo reservado a unos pocos valientes que ya lo daban todo por perdido. El hombre común tiende a estar con el que gana, disentir es caro y, en las sociedades en las que reinan consensos impenetrables, es además de mal gusto.

Pues bien, todo eso se ha acabado. Han sido ellos los que han metido fuego a su propio edén que les había costado 30 años largos levantar con paciencia, esmero y gran sentido de la oportunidad. A partir de ahora pueden ganar o perder las elecciones. Perderlas y gobernar o ganarlas y pasar a la oposición. Eso ya es lo de menos. Pase lo que pase nada volverá a ser lo mismo porque ahora los límites a los que se puede llegar están claros y, sobre todo, una parte de la sociedad, que vagaba desorientada y acomplejada, ha tomado conciencia de sí misma.

Ante semejante panorama a la tropa procesista, los que llevan años viviendo a cuento del cuento, sólo le queda el esperpento, aderezado, eso sí, por grandes dosis de tragedia. Eso es lo que se sirvieron a sí mismos en Bruselas. Un último happening indepe, una diada en miniatura, breve pero tan marcial como lo han sido todas desde que hace cinco años dio comienzo esa alucinación colectiva que dieron en llamar proceso a la independencia.

Las elecciones del día 21 pueden ganarlas, entra dentro de lo posible. Podrían incluso volver a gobernar, pero tendrán que cambiar de partitura porque la actual, aparte de desgastada, ha demostrado ser letal para los solistas. Pero no les queda otra. El independentismo hoy por hoy es una causa al servicio de un grupo de iluminados cuyo horizonte penal es escalofriante.

Por eso Puigdemont, un señor de pueblo que pastó desde crío en los predios del pujolismo, va ahora de radical y antisistema. Sabe que en cuanto regrese será detenido y puesto a disposición judicial. Y no pasará nada. No puede contar con muchos más de los que viajaron a Bruselas. La prueba la tenemos en el último mes y medio. No se ha producido insurrección popular alguna, el Maidan catalán sólo habitaba en sus ensoñaciones. Tampoco se observa una huelga de brazos caídos en la administración autonómica.

El 155, que ponía los pelos como escarpias a todo el mundo solo con mentarlo, ha resultado ser un eficaz calmante para una sociedad ahíta de politiqueo, mentiras y crispación. Suministrar una sobredosis de todo lo anterior ya no surte el mismo efecto. Decir por enésima vez que España es franquista o que la Unión Europea es lo peor del mundo sólo moviliza a los ya movilizados, gente dispuesta a todo con tal de mantener la máquina funcionando. No es seguro que lo consigan. Necesitan otra máquina, esta la han gripado, y la necesitan ya.

Quiénes fracturan Cataluña
Eduardo Goligorsky Libertad Digital  9 Diciembre 2017

No es el Gobierno de España el que fractura Cataluña y amenaza con cavarle la tumba. Son estos indeseables.

Llegué a Barcelona desde Buenos Aires en 1976. Empecé a colaborar en las páginas de opinión de La Vanguardia en 1982, hasta que el talibán José Antich me echó en el 2000 junto a articulistas mucho más valiosos que yo. En el 2002 publiqué Por amor a Cataluña (Flor del Viento Ediciones), cuyo título es suficientemente explícito. Evidentemente no soy catalán ni español nativo, aunque mi esposa y yo celebramos como un nuevo nacimiento la obtención de la carta de ciudadanía española.

Suicidio colectivo
Algunos inquisidores preguntan qué derecho tengo a opinar con la vehemencia con que lo hago sobre temas de política catalana tan trascendentales como lo son los referidos a la independencia. Muy sencillo. Durante toda mi trayectoria política y periodística, a partir de mi adolescencia en Argentina, estuviera donde estuviere, denuncié el nacionalismo como un mal con efectos demoledores. Y es la materialización cada día más evidente de esos efectos demoledores lo que me obliga a tomar posición por amor a esta Cataluña que me acogió fraternalmente. Sobre todo desde que asistí al triste espectáculo en el que una minoría de catalanes, circunstancialmente amparada por el poder absoluto, sumaba fuerzas para fracturar Cataluña, desconectándola de España y, ya sin disimularlo, de Europa.

Incurablemente racionalista, para colmo, no puedo soportar la inanidad de los argumentos, plagados de mentiras y contradicciones, con que los predicadores del secesionismo bombardean a los ciudadanos de buena fe. No me refiero a los discursos de los caudillos usufructuarios del proceso, sino a sus divulgadores contumaces, hoy desesperados al comprobar que la realidad y la torpeza de esos mismos caudillos hacen saltar por los aires sus proyectos más ambiciosos. Y lo más chocante es que estos predicadores se desentienden por completo del trance dramático por el que atraviesa la región que ellos y sus mandantes disfrazan de república independiente, y no cesan de urdir nuevas estrategias y nuevos pretextos para ejecutar el suicidio colectivo.

Acusaciones truculentas
Pilar Rahola ("Amarillo", LV, 30/11) y Francesc-Marc Álvaro ("Fábula colorista", LV, 1/12) distraen a los lectores con acusaciones truculentas porque la Junta Electoral prohíbe el uso proselitista de un color sectario en espectáculos oficiales, cuando ese mismo diario ha dedicado un editorial a prevenir que "Crece el riesgo para la economía catalana" (LV, 29/11):

La patronal Foment del Treball certifica asimismo, en un informe también hecho público ayer, los riesgos económicos de la tensión política por la situación de Catalunya. Advierte que, pese a que ya se detectan los primeros efectos sobre la sociedad, el impacto más significativo puede producirse el año que viene como consecuencia del efecto emergente del actual freno de pedidos, paralización de inversiones, retraso de las compras, cancelaciones de reservas y de eventos, traslado de sedes sociales y fiscales, así como del daño reputacional a la imagen de las empresas y del país.

Y remata:
Superar la fractura generada por el independentismo es clave para la confianza económica.

Desenlace catastrófico
Es evidente que a Rahola y Álvaro no les quita el sueño esta fractura ni que "el paro en Catalunya registra su peor noviembre desde el 2009" (LV, 5/12). Lo que los moviliza a ellos y a quienes comparten su pasión antiespañola y –ahora se confirma– antieuropea es la necesidad de que recuperen la libertad quienes perpetraron dicha fractura, para que vuelvan a ensancharla guiados por el Terminator prófugo.

El profesor Borja de Riquer i Permanyer va más allá que sus dos cofrades. Escribe una epístola dirigida a los fieles de la cruzada secesionista en la que les marca el camino correcto para llevarla a lo que ya se vislumbra como un desenlace catastrófico ("La unidad del catalanismo", LV, 30/11):

Mi preocupación surge del temor a que se consolide un enfrentamiento que no responde a la realidad de la sociedad ni a la tradición del catalanismo, y que acabe por establecer un falso dilema político: o involución autonómica o independencia.

Cuidado. El enfrentamiento que preocupa al profesor no es el que traumatiza a la sociedad catalana, sino el que protagonizan los caciques desmadrados de su tribu.

Toda la epístola de De Riquer descansa sobre la infumable falacia de que refleja la "voluntad de un radical cambio político" de los "más de dos millones de catalanes que votaron el 1-O". La cifra, elaborada al margen de toda fiscalización fiable, ya habla por sí sola: está muy por debajo de la mitad de los ciudadanos inscriptos en el censo y solo la dan por válida quienes niegan representatividad a los Otros, o sea, a quienes no piensan como ellos o a quienes no pueden exhibir suficientes apellidos autóctonos.

Como hemos visto, tampoco a De Riquer le preocupa "la fractura generada por el independentismo" a la que alude el editorial del diario portavoz de la clase media solvente, con los consiguientes perjuicios sociales, culturales y económicos para Cataluña, sino que lo exaspera el enfrentamiento entre las facciones que explotan dicha fractura. Para completarla deben unirse. Por eso clama, usurpando como siempre la representación de "los catalanes" o "la mayoría de los catalanes":

Hay que mantener unidos a los que defienden un cambio en las relaciones entre Catalunya y España (…) Estamos, creo, ante una situación de emergencia nacional y esto hace necesario buscar los planteamientos unitarios del catalanismo y hacer hincapié en los denominadores comunes y en las coincidencias, respetando las diversas propuestas estratégicas (…) hasta llegar a una coyuntura que permita plantear de nuevo las legítimas aspiraciones de cambio de la mayoría de los catalanes. Y entonces habrá que ser mucho más fuertes y convincentes que ahora.

Estratagemas tabernarias
Esto sería lo ideal para la élite separatista y sus parásitos, pero… si se reanuda el proceso, ¿volverán a Cataluña los bancos y empresas que han trasladado sus sedes sociales y fiscales a otros puntos de la geografía de España que ofrecen las garantías jurídicas canceladas en el embrión nonato de república catalana?, ¿se eludirá la política de rechazo al veneno nacionalista que practica la Unión Europea?, ¿se recuperarán las inversiones, las compras, los empleos y los turistas perdidos?, ¿se recompondrán las relaciones deterioradas entre parientes, amigos, vecinos, socios, compañeros de trabajo y otra buena gente?, ¿se corregirá el sistema de enseñanza planificado para abrir, contra natura, una brecha lingüística, cultural y sentimental entre los niños y jóvenes catalanes, por un lado, y sus congéneres del resto de España, por otro?, ¿se garantizará la coordinación con las fuerzas de seguridad de España y nuestros aliados que nos protegen del terrorismo yihadista?

Nada de esto figura en los programas de los partidos que se disputan con estratagemas tabernarias el usufructo de la taifa republicana.

La otra cara de la moneda. En uno de sus virajes tácticos, Márius Carol, director de La Vanguardia, emite una lacónica sentencia que marca el rumbo del voto civilizado ("Salir de la rueda del hámster", 4/12):

O enterramos el procesismo o cavará nuestra tumba.

Todo el entuerto resumido en ocho palabras para que lo entiendan hasta los más obtusos. Por fin ha aflorado el instinto de supervivencia. No es el Gobierno de España el que fractura Cataluña y amenaza con cavarle la tumba. Son estos indeseables. La Cataluña burguesa ha despertado y también exhorta a sepultar bajo los votos racionales a los Terminators de su terruño.

¿Cuántos separatistas habrán pisado Hospitalet?
José García Domínguez Libertad Digital  9 Diciembre 2017

Cuanto más y más se engorda ese censo oficioso, el de los asistentes a la excursión de los separatistas en Bruselas, más y más se desinfla esa gran bola, la de la sufrida minoría nacional oprimida y expoliada por la artera potencia colonial española. Porque minorías nacionales oprimidas y expoliadas por algún tercero imperialista hay muchas en este mundo, pero minorías nacionales oprimidas y expoliadas por algún tercero imperialista que estén en disposición de pagarse durante un fin de semana todos los hoteles de Bruselas, una de las ciudades más caras de la ya de por sí muy cara Europa, solo se conoce la catalana. ¿O acaso alguien ha visto alguna vez a 45.000 refugiados palestinos colapsando con sus bolsas de viaje y sus zapatillas de marca los aeropuertos de Nueva York antes de partir rumbo a la sede de las Naciones Unidas para allí reclamar la pertinente atención internacional para su causa? ¿O a 45.000 kurdos desplazándose a Estrasburgo para hacerse notar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de tomar el vermú en alguna terraza de la plaza Kleber?

Yo no sé cuánto obreros de la Torrasa cogerían el otro día un avión en El Prat para ir a consolar al Papa Luna de Gerona. La Torrasa, ese barrio de Hospitalet del Llobregat donde los anarquistas de la FAI colgaron aquella célebre pancarta en las muy agitadas vísperas del 18-J del 36. Una que, lacónica, advertía: "¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!". Lo que sí sé, en cambio, y lo sé con plena certeza gracias a la propia Generalitat, que patrocinó encuesta para averiguarlo, es que únicamente el 22,7% de cuantos catalanes se perciben como miembros de la clase baja confiesan ser entusiastas de la doctrina separatista. Al igual que sé, y merced a idéntica fuente, que solo un tercio de los parados catalanes cree que la estelada les ayudaría a resolver su precaria circunstancia vital. Únicamente, sí, un tercio. De idéntico modo, esa prospección demoscópica oficial reveló que en el segmento de las personas sin estudios académicos reglados no pasa de un pírrico 25% la adhesión al afán secesionista de las tres expresiones políticas del catalanismo asilvestrado, Esquerra, el pospujolismo y la CUP.

Y que, en fin, en la cohorte sociolingüística de los que tienen el castellano por lengua materna el rechazo expreso a la ruptura con el resto de España alcanza nada menos que a un 86% de sus miembros, la práctica totalidad del grupo. Ocurre que la revuelta de los catalanistas contra la Nación es un berrinche de los ricos, por los ricos y para los ricos; una algarada clasista tan cercana al mezquino paisaje intelectual y moral de la Liga Norte y su Padania como ajena a cualquier proyecto genuinamente popular y emancipador. En el fondo, el drama de nuestros muy mimados y malcriados burguesitos y burguesitas separatistas es que conocen mucho mejor Bruselas que la Torrasa. La próxima vez que vayan a dar un golpe de Estado, yo les aconsejaría que compraran antes un billete de metro de la línea 10, que es la que llega hasta Hospitalet. ¡Cuántos disgustos se hubieran ahorrado estos días si se hubiesen animado a viajar a Cataluña!

Felix Ovejero: «El debate secesionista es el de la igualdad y la libertad. No es tontería»
Profesor titular de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona, Ovejero propone «acabar con un sistema de educación y de comunicación antigualitario y antiliberal», que se da en Cataluña, donde, asegura, «el verdadero problema» es el «del nacionalismo»
Daniel Tercero ABC 9 Diciembre 2017

–¿Por qué hay que votar?
–Porque hemos de terminar con la patrimonialización del poder político de una élite, que ha cebado la retórica nacionalista de los catalanes de primera y los «emigrantes».

–¿Cataluña tiene remedio?
–Sí, tiene remedio; empezando por negar que exista un problema catalán, distinto del nacionalismo, que es el verdadero problema catalán.

–¿Tiene claro su voto?
–Sí, votaré a un partido comprometido con la elemental idea de ciudadanía, sin la menor concesión a la retórica nacionalista, al cuento de los privilegios sostenidos en la identidad y que no desatienda que el horizonte moral de valoración que importa es España y Europa.

–¿Cuál es la primera medida que debería adoptar el nuevo president?
–Acabar con un sistema de educación y de comunicación antigualitario y antiliberal.

–¿Qué es lo peor que ha hecho el actual Govern
–Alentar el odio entre los ciudadanos.

–¿Y lo mejor?
–Mostar al conjunto de los españoles la calidad de la clase o casta política catalana.

–¿Cómo se imagina Cataluña dentro de un año?
–Inevitablemente, mejor. Peor no puede ser, claro.

–¿Hay vida más allá del debate independentista?
–Ese debate no es una cosa «a más a más». El debate independentista es el de la igualdad y la libertad, el de la civiliación. Creo que no es una tontería.

–¿Hablará de política en la cena o comida de Navidad?
–Seguramente. Brindaremos por el cumplimiento de la ley, esto es, por la libertad. Y por el fin de la impunidad y del ejercicio patrominional, despótico, del poder político.

–¿Quién se merece que los Reyes le traigan carbón?
–Los académicos que, sin costes personales, engañaron a los tontos bien dispuestos, que mintieron o les vendieron ideas indignas.

Los socialistas hacen bandera de Companys, el responsable bajo su mandato de 8.000 asesinatos
Carlos Cuesta okdiario 9 Diciembre 2017

El nuevo héroe del PSOE es la persona bajo cuyo mandato se produjeron más de 8.000 asesinatos en Cataluña. El mismo que permitió esas muertes, en muchas ocasiones sin juicio. Y el mismo al que el propio Cambó calificó de igual de “delincuente” que los franquistas.

Lluís Companys se ha elevado a los altares por el separatismo catalán y ahora por el socialismo. Pero este héroe tiene un pasado. Negro y tenebroso. Un pasado en el que, en aquella época (1917-1923) en la que los empresarios catalanes tenían que contratar pistoleros para defenderse de los ataques de los terroristas anarquistas, él ejercía -bajo el apodo de El Pajarito como abogado de los anarcosindicalistas de la CNT amantes de eso que ellos denominaban la “acción directa”: asesinar a quienes consideraban su enemigo ideológico.

Un pasado en el que Companys, lejos de sufrir el impacto de esa violencia que defendía, ascendía en el poder. Tanto que a partir del 31 de diciembre de 1933, y a la muerte de Maciá, fue nombrado sucesor de esa autonomía catalana que ahora muchos olvidan que existía.

Y, poder en mano, a Companys le faltó tiempo para demostrar lo héroe de la libertad que era: entre sus primeras medidas se encontró el nombramiento de Dencàs como consejero de Gobernación, a quien encargó la formación de los escamots: una milicia armada, vinculada orgánicamente al Estat Català.
Pero los escamots no llegaron a tener el efecto deseado. Por ello, decidió crear el Comité Militar Revolucionario. Una unidad compuesta por 8.000 voluntarios separatistas, miembros en su mayoría de las Juventudes de Esquerra Republicana-Estat Catalá, a las que dotó de 20.000 fusiles, para, como todo el mundo puede imaginar, convencer con el diálogo y la paz de las ventajas de la independencia.

Sus milicias prosperaron y se convirtieron en el núcleo del Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, fundadas por decreto del presidente Companys el 26 de julio de 1936. Un grupo armado que, bajo su mandato y responsabilidad directa, dejó la nada desdeñable cifra de 8.129 asesinatos en Cataluña. Sin juicios ni garantías legales. Pero con mucha puntería: la mayoría eran civiles pertenecientes a partidos de derechas, miembros del clero o empresarios.

Companys no pensó que aquello fuese suficiente para su plan. Y por ello ordenó la creación de campos de concentración, como el de Omells de Na Gaia, y autorizó a las diferentes formaciones del Frente Popular la creación de sus propias checas. Por supuesto, él personalmente firmó varias de las sentencias de muerte.

Ese es el héroe del nuevo socialismo. El mismo que dio un golpe de Estado contra la República que el propio PSOE reivindica, contribuyendo al estallido de una guerra fraticida y causando 107 muertos en 10 horas.?El mismo que colectivizó ilegalmente 500 fábricas, implantó el comunismo libertario en Cataluña mientras sus consejeros de Economía (Tarradellas) y su delegado en Francia (Puig y Ferreter) se fabricaban un exilio desahogado desde el punto de vista económico.?El mismo cuyas milicias asesinaron al 30% del clero catalán y destruyó 7.000 edificios religiosos.

Y el mismo del que Francesc Cambó llegó a señalar que: “Lluís Companys no había sido nunca catalanista, sino que en su primera juventud era netamente anticatalanista. (…) El fusilamiento fue un inmenso error de Franco. ¿Injusto? Él, el 6 de octubre, había cometido igual delito que los militares, y fue indultado. En el 1936, él hizo fusilar a todos los militares sublevados”.

Las «embajadas» catalanas costaban doce millones al año en promover el independentismo
Las delegaciones estaban situadas en las mejores zonas de capitales como París, Nueva York, Bruselas o Londres
Luis AyllónLuis ABC  9 Diciembre 2017

La Generalitat de Cataluña gastaba en torno a 12 millones de euros al año en mantener abiertas o en proceso de apertura una quincena de pseudoembajadas en distintas capitales del mundo, según los datos que hasta ahora ha podido recopilar el Gobierno y a los que tuvo acceso ABC, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La citada cantidad forma parte de la partida de 40 millones de euros anuales de los que disponía el Gobierno catalán para promocionar el independentismo en el mundo y con la que financiaba también sueldos del personal de la Consejería de Relaciones Exteriores y de las distintas actividades, viajes, etc, de los responsables de llevar a cabo esa promoción. La Generalitat contaba además con el llamado Consejo de Diplomacia de Cataluña (Diplocat), que disponía de un presupuesto anual de 2,3 millones de euros destinados a difundir en los medios internacionales el proceso separatista. Diplocat fue también disuelto, como consecuencia de la intervención del Gobierno.

Desde que en 2008, el tripartito que gobernaba el socialista José Montilla abrió las delegaciones en Berlín y París, la Generalitat ha ido aumentando el número de sus oficinas en el exterior, que, en los últimos años, se convirtieron en el instrumento con el que el Gobierno de Artur Mas, primero y el de Carles Puigdemont, después, trataban de presentar a Cataluña en el mundo como si fuera un Estado independiente.

Para conseguir ese objetivo, los impulsores del «procés» no repararon en gastos, buscando en las capitales más importantes los mejores emplazamientos para sus delegaciones, y ofreciendo a los delegados que trabajarían en ellas unos sueldos en torno a los 80.000 euros al año. Unas 80 personas, la mitad de ellos en cargos de alto rango trabajaban en las «embajadas» a las que el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto coto, cerrando físicamente cuatro de ellas, y dejando abiertas el resto, porque compartían oficinas dedicadas a la promoción comercial, turística o cultural.

Determinar el coste real de las «embajadas» catalanas no es tarea fácil, ya que la Generalitat no era un modelo de transparencia en este asunto. Así, por ejemplo, el Gobierno sigue sin saber cuánto cuesta mantener la delegación en el Reino Unido, una de las mejor dotadas.

El primer puesto en el ránking en cuanto a gastos de funcionamiento se lo lleva la delegación en Bruselas, que es la única que el Gobierno ha decidido mantener abierta, porque las comunidades autónomas pueden necesitarla para sus relaciones con la Unión Europea. Sus gastos se elevan a 1.163.173 euros, lo que incluye los 80.589 euros de sueldo del delegado, Amadeu Altafaj, a quien el Govern trató de que la UE aceptara como representante permanente. No lo consiguió porque esa denominación está reservada a los embajadores de los Estados miembros.

Oficinas espléndidas
Pero a esta cantidad, hay que sumar lo que cuesta mantener en funcionamiento unas espléndidas oficinas en el centro de la capital comunitaria, que ocupan 2.391 metros cuadrados y cuyo alquiler anual estaría en torno al millón de euros.

Tras la de Bruselas, se sitúa la delegación que la Generalitat tenía en Estados Unidos, con oficinas en Nueva York y Washington y con un radio de acción que abarcaba también Canadá y México. A los gastos de 1.151.008 para personal y funcionamiento, hay que añadir los 400.000 euros de alquiler anual de las dependencias en Lexington Avenue en la ciudad de los rascacielos, a las que tuvo que mudarse hace unos par de años, abandonando el emblemático Rockefeller Center, donde se había instalado y que costaba casi 475.000 euros. Sobre el coste de las dependencias en Washington no se tienen tampoco datos.

El coste de la delegación en Francia es más modesto, ya que se sitúa en los 495.000 euros, pero en este caso, con un elevado precio de alquiler, de en torno a los 600.000 euros que, eso sí, permitían al delegado trabajar en un piso de 578 metros cuadrados, situado en el número 3 de la rue de la Boétie, centro neurálgico de la actividad diplomática de París, muy cerca de los Campos Elíseos.

Más elevado era el coste de las delegaciones en Austria y en Ginebra (destinadas fundamentalmente a relacionarse con los organismos internacionales que tienen su sede en estas dos ciudades), que se situaban en los 700.000 y los 760.000 euros, respectivamente (con alquiler incluido, en ambos casos). Las dos han sido cerradas físicamente, tras la aplicación del artículo 155, porque su única actividad era de carácter político.

En la misma situación se encontraba la delegación de Portugal, con un presupuesto de 456.192 euros; y la que acababa de abrir la Generalitat en Roma con intención de relacionarse con la Santa Sede. Otra delegación instalada en Rabat, también ha sido cerrada, porque había empezado a funcionar aunque no estaba todavía constituida.

El resto de las «embajadas», en las que aún funcionan oficinas de comercio, de Turismo o del Instituto Ramon Llull, que se dedica al fomento de la lengua y cultura catalanas, tenían también elevados costes para pagar el sueldo a los delegados –todos ellos han sido ya destituidos–. En todas estas oficinas, excepto en el caso de Alemania, el coste incluía el alquiler.

En Berlín, se elevaba a 462.500 euros, a los que hay que añadir unos 60.000 euros de alquiler de unas oficinas en el número 18 de Charlottenstr, en el barro de Mitte, centro de negocios de la capital alemana. En Italia, los gastos ascendían a 738.235 euros y en Dinamarca, cuya delegada era Francesca Guardiola, hermana del exjugador y exentrenador del Barça, Pep Guardiola, a 520.000 euros.

Modelo, los Países Bálticos
En Polonia, desde donde la Generalitat quería cubrir los Países Bálticos –cuyo modelo de independencia de la Unión Soviética los independentistas, siempre han admirado los secesionistas catalanes–, el presupuesto era de 509.702 euros. Y en la delegación de Croacia y los Balcanes, de 350.000 euros.

En la delegación en el Reino Unido (que se ocupaba también de Irlanda), el Gobierno no ha podido concretar aún el coste que representaba, aunque puede ser alto –posiblemente en torno al millón de euros–, dado que sus oficinas están situadas en un edificio londinense de gran valor histórico estilo Tudor. Este inmueble, que data de 1610, está ubicado en el número 17 de Fleet Street, en uno de los centros neurálgicos y de negocios de la ciudad, junto a la «city».

A comienzos de esta semana, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, facilitó algunos de estos datos en la comisión del Senado que controla la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Subrayó que las delegaciones que han sido totalmente clausuradas «se circunscribían al ámbito diplomático, a hablar mal de España» e insistió en que el Gobierno respeta el trabajo cultural o comercial que realizan las comunidades autónomas, por lo que siguen abiertas aquellas en las que esa labor se desarrollaba como se ha detallado.

EN ARAGÓN
Crean un comité de expertos para combatir la mentira separatista
La Gaceta 9 Diciembre 2017

Es usual encontrar en libros de texto de Cataluña referencias a la “Corona catalano-aragonesa”.

Aragón ha decidido frenar las manipulaciones históricas del separatismo en los libros de texto y pondrá en evidencia a todo el que mienta en virtud del procés separatista encabezado por Carles Puigdemont a través de un conjunto de historiadores y expertos que tendrán como cometido detectar y combatir la peculiar forma con al que se enseña en Cataluña la historia de la Corona de Aragón y otras mentiras.

Es usual encontrar en libros de texto de Cataluña referencias a la “Corona catalano-aragonesa”, así como que “la ley principal de Cataluña es el Estatuto de Autonomía” y no la Constitución Española. El comité estará formado por profesionales “de reconocido prestigio” y tendrá la condición jurídico-administrativa de órgano asesor de la Administración regional.

El separatismo es un movimiento que está basado en una serie de mentiras que repiten sistemáticamente. Una de ellas es que Cataluña fue un Estado en el pasado y que tiene derecho a serlo en el futuro. No lo fue nunca y aunque lo hubiera sido esto no legitimaría ninguna secesión, pero es que los condados catalanes nunca conformaron un reino independiente, sino que pasaron en el siglo XIII de la soberanía de los reyes francos a la de la Corona de Aragón.

El Institut Nova Història (INH) defiende un revisionismo histórico que asegura la ascendencia catalana de autores de la literatura española como Miguel de Cervantes o Santa Teresa de Ávila. Además, sostiene la teoría de que La Celestina y El Lazarillo de Tormes son obras catalanas robadas por Castilla, esta última escrita por Joan Timoneda y señala que la bandera de los Estados Unidos es una evolución lógica de la senyera catalana.

El delirio no se queda aquí. Aseveran que Colón partió de Pals (Gerona) y no de Palos de la Frontera (Huelva). “Tanto el primer viaje como la posterior conquista fueron empresas organizadas, financiadas y protagonizadas por la Corona catalana; posteriormente el Estado español censuró y manipuló todo tipo de documentos y ocultó la catalanidad de los protagonistas”, dice.

El equipo de Gobierno de Javier Lambán lo que hará es dar a conocer y difundir a las tergiversaciones históricas cuando sean detectadas y el nombre de los responsables de dichas falsedades. Se contempla hacer público también el nombre de las editoriales que publiquen libros o manuales educativos con “falsedades”.
Bienes de Sijena

En las últimas semanas, Aragón ha copado la actualidad después de la orden judicial de un juez de Huesca que obliga a la Generalitat de Cataluña a devolver los bienes de Sijena. Lambán ha calificado de “gravísimo” el recurso presentado por el ministro Méndez de Vigo contra la decisión judicial que ordena que antes de este lunes, día 11, se devuelvan las 44 piezas del Monasterio de Sijena desde Lérida.

Por ello, ha anunciado que estudiarán si el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, tiene responsabilidad penal por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. Lambán le ha reprochado haber dejado de representar, con la decisión adoptada, “al Gobierno de todos los españoles” para serlo de “unos españoles contra otros”, y que lo haya hecho “atizando un conflicto” que, en su opinión, podía haber evitado.

Ha resaltado asimismo que el Gobierno de Aragón actuará para cumplir el artículo 71 de su Estatuto de Autonomía, que le concede competencias en defensa del Patrimonio, por lo que van a adoptar “todas las acciones” que estén en su mano para que vuelvan las piezas: “No vamos a dar un paso atrás”, ha remarcado, antes de asegurar que continuarán reclamando la vuelta de otros bienes, como las pinturas murales que están en el Museo de Arte de Cataluña, en cumplimiento también de una sentencia judicial.

Autobuses con el logo de la Generalitat transportaron separatistas a Bruselas
Nacho Doral okdiario  9 Diciembre 2017

La manifestación con la que los separatistas han intentado mostrar este 7 de diciembre en Bruselas su apoyo al ex presidente de la Generalitat y huido de la Justicia, Carles Puigdemont, y sus exconsellers, contó con la simbología del gobierno de Cataluña. Así, en las fotografías que han llegado a la redacción de OKDIARIO puede comprobarse como, entre los medios de transporte que llevaron a los miles de partidarios de la secesión hasta el corazón de Europa, había autocares con el logotipo del servicio Público de Transportes de la Generalitat.

El autobús que aparece en la fotografía se encuentra aparcado en la calle Chaussée d’Etterbeek, en el conocido Barrio Europeo de Bruselas, y en el que se encuentran gran parte de los edificios oficiales de la Unión Europea, entre ellos el Parlamento Europeo.
Autobuses para la Generalitat y la ANC

Un autobús en el que puede verse en su parte frontal el logotipo ‘Generalitat de Cataluña. Transportes Públicos’ y que habría desplazado 55 personas hasta la capital belga en un recorrido de unos 1.300 kilómetros. El vehículo forma parte de la flota con que cuenta la compañía Autocars Comasólivas, con sede en Vich (Barcelona) y que tiene la concesión de una línea regular en la comarca de Osona y de transporte de viajeros por carretera del gobierno catalán.

La de Bruselas no ha sido la única cita a que estos autobuses de la Generalitat han llevado manifestantes por la independencia. También lo han hecho al servicio de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) de Vich, en el acto que se celebró en Montjuic (Barcelona) en apoyo del referéndum ilegal del 1-O el pasado 11 de junio, y que organizaron la ANC, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

SIGUE LA INFAMIA
El etarra Zubieta: Del atentado en Vic a recibir subvenciones ‘culturales’
La Gaceta 9 Diciembre 2017

Fue condenado por el atentado en la Casa Cuartel de Vic (Barcelona) a 1.311 años de cárcel. Cumplió solo 22.

En la actualidad, vemos como algunos partidos políticos llaman a “pasar página” y “olvidar” el terror que sembró la banda terrorista de ultraizquierda ETA durante 50 años. Es común ver a etarras ocupando escaños, paseando junto a sus familias, recibiendo homenajes tras salir de la cárcel o recibiendo cuantiosas subvenciones públicas a través de diversas asociaciones sociales.

El último caso conocido es el del etarra Juan José Zubieta, uno de los más sanguinarios, que forma parte de la asociación Ondarea Kultur Taldea, que desde 2014 se encarga de recopilar, recuperar y preservar el patrimonio del valle navarro de Larraun recibiendo cuantiosas subvenciones públicas.

Zubieta perteneció al ‘comando Nafarroa’ y al ‘comando Barcelona’. Fue condenado por el atentado en la Casa Cuartel de Vic (Barcelona) a 1.311 años de cárcel y excarcelado del centro penitenciario de Monterroso, en Lugo, el 20 de noviembre de 2013, tras 22 años en prisión, en virtud de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que derogaba la llamada Doctrina Parot. En el juicio afirmó sin escrúpulos que los niños asesinados eran “escudos humanos”.

En la tarde del 29 de mayo de 1991, varios miembros de la banda terrorista ETA lanzaron un coche-bomba al interior de la casa cuartel de la localidad barcelonesa. A esas horas, numerosos familiares de los guardias civiles se encontraban en sus viviendas y algunos niños jugaban en el patio. Los sanguinarios etarras aprovecharon una rampa existente entre una calle aledaña y el patio del acuartelamiento para que el vehículo marchara sin necesidad de que nadie lo condujera. En la instalación militar vivían 14 agentes, 13 mujeres y 22 niños. El maletero del coche contenía 12 bombonas con 18 kilos de amonal cada una. Cada explosión derrumbó el edificio. Tuvieron que utilizarse grúas y perros adiestrados para rescatar a las víctimas. Nueve personas fueron asesinadas, cinco de ellas menores. Además, 44 personas quedaron heridas, algunas con mutilaciones y secuelas.

Además, fue condenado por participar en el secuestro en 1989 del industrial Adolfo Villoslada, en cuya empresa trabajaba y por lo cual pudo facilitar la información necesaria para la actuación. Fue condenado a otros 22.


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