AGLI Recortes de Prensa   Domingo 10 Diciembre 2017

¡Viva la Pepa!
FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ El Mundo 10 Diciembre 2017

La de 1812, sí; la del 78, no. La verdad es la verdad, aunque la digan Puigdemonio, sus porqueros y su claque. Hay algo en lo que esa manada tiene razón. No es éste el mejor momento, con el bombo de las elecciones catalanas a punto de cantar el gordo, para que yo pregunte si alguien cree aún que España es un Estado de Derecho y no diecisiete Estados de Derechos. El plural, esta vez, es relevante por partida doble y significa, en ambos casos, lo opuesto a lo que el singular denota. Las leyes, si no lo son para todos, conducen a la injusticia.

A mí, desde luego, siendo yo varón heterosexual de raza blanca nacido en este país, pero no en Vasconia ni en Cataluña, y sin filiación religiosa musulmana ni papeles (o no) de refugiado o inmigrante, ni maratoneta, ni ciclista, ni usuario de patinete, me discriminan. Seguro que muchos de ustedes están en el mismo caso. Lo que apunto es un clamor. No conozco a nadie, a nadie, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de nada, a no ser que lleve boina hasta las cejas o barretina hasta el cogote, que no diga en privado y silencie en público que si no se pone fin al Estado de las Taifas, digo, de las Autonomías o, como mínimo, se devuelven las competencias de educación y seguridad al Gobierno de la nación, España perecerá. Así de claro, así de duro.

Pero de poco sirve ese clamor silente, porque es casi imposible, por mucho pecho democrático que nuestros políticos saquen, que alguno de ellos incluya en su programa tamaño golpe de audacia, autoridad, identidad, valentía, cordura y timón. Aparte de Albert Rivera (está por ver) y de Santi Abascal (que hoy por hoy gravita en órbitas electorales tan alejadas de La Moncloa como lo está la luna), no se me ocurre ningún otro político capaz de ello.

Poder, lo que se dice poder, podría hacerlo el Ejército, pero eso no es factible, aunque gente hay que lo desea. Férreo ha sido el silencio de sus altos mandos al hilo del golpe de estado. Opinar no es amagar ni sublevarse. No sabemos lo que los militares piensan, por más que todos, al jurar bandera, se hayan comprometido a defender la patria. Tampoco sabemos lo que hará Rajoy si los separatistas se alzan con el santo y la peana el 21 de diciembre. Seguro que la limosna no les faltará. Gobernar tampoco es templar gaitas, sino soplar en ellas. Al 155 no se le espera. TV3, la inmersión, el adoctrinamiento y los mozos seguirán ahí, cara al sol que más calienta. ¡Ay, Expaña! Mal andamos.

El desprestigio de Cataluña en toda España
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 10 Diciembre 2017

Una columna más ofreciendo amor a los catalanes separatistas y los españoles que todavía leen periódicos tendrán mortales subidas de azúcar. El género periodístico que ofrece o pide amor a cambio de toda clase de enjuagues políticos con el separatismo catalán se ha convertido en plaga dominguera que inunda las redacciones. Improvisados opinadores que hasta ahora no habían opinado nada, acaban de descubrir de golpe, de Golpe de Estado para ser exactos, que Cataluña es una sociedad dividida, partida por la mitad, en la que unos, dicen ellos, no soportan a los otros. Pero hay algo peor que amenazarnos con la diabetes: ahora nos amenazan con el Ulster.

Los bomberos de la ulsterización son sus incendiarios, los mismos que amenazaban con una ETA catalana terrorífica si no se pagaba el rescate anual consignado en los Presupuestos y no se reconocía, con la necesaria humildad, la indudable y aplastante superioridad moral de todo lo catalán, empezando por el periodismo. Ahora, los Lluis Bassets, los Xavier Vidal-Folch, la jauría mediática que desde que llegó Pujol al Poder ha convencido a la media Cataluña bajo la bota de la otra media que no tenía ni siquiera derecho a protestar, dicen que hay dos Cataluñas que no se soportan. Falso. Son los bassets y julianas de Cebrián y de Godó los que no soportan que la banda de ladronazos racistas que han protegido desde 1980 de los mismos que los padecían hayan quedado al descubierto como lo que son: gentuza. Y que el rebaño que pastoreaban se muestre, de pronto, más que harto de esos pastores.

Lo mejor del nacionalismo despótico
"Algo y aun algos", que diría Cervantes, debemos agradecer, sin embargo, a esa panda de sacamantecas disfrazados de estilistas: a fuerza de humillaciones, han conseguido despertar a la Nación española, empezando por la parte de ellos que viene sufriendo en Cataluña desde 1980, Año I de la Dictadura Blanca Pujoliana, los atropellos del nacionalismo catalán y de su afrentosa y flatulenta rehala mediática. Pero sin el racismo despótico, el supremacismo necio y la mendacidad descarada y cobarde de la descastada casta política separatista, inseparable de sus perros de prensa, ni habríamos descubierto que el Rey es mejor que su padre ni que los españoles, hartos de chantajes a la unidad a cambio de dinero y de desprecios, podían echarse a la calle con su bandera dispuestos a poner, de una vez, pies en pared. Y si los chantajistas del separatismo insisten, a ponerles el pie justo en su sitio.

Hay algo que ya nunca podrá recuperar Cataluña, en general, y los nacionalistas catalanes en particular: el respeto, la admiración y hasta cierta envidia que la mayoría de los españoles, sobre todo los que no los conocen, les tenían. Mérito o culpa es de los propios catalanes, porque hasta los que dicen no ser nacionalistas suelen profesar un culto al ego que resultaría excesivo incluso a un politólogo y/o entrenador de fútbol argentino, y una autoadmiración tribal que resulta obscena hasta para el que no quiere verla. Pero si antes muchos españoles estaban dispuestos a aceptar la sedicente superioridad moral, cultural, económica, política, gastronómica y hasta futbolística de Cataluña, hoy no acepta nada. Se asombra de que gentecilla de tan poco fuste haya puesto patas arriba, como ha hecho, a España entera.

El sentimiento de ser estafados
Yo creo que la irritación que hoy despiertan los asuntos de Cataluña en los españoles proviene, en buena parte, de sentirse víctimas de una estafa monumental, humillante: ni los catalanes eran tan buenos como decían y creímos, ni sus instituciones más sólidas, ni su prensa mejor, ni sus representantes más fiables ni sus empresas más arraigadas ni el Barça juega mejor que los demás. Los catalanes son como los demás, salvo que tras casi cuarenta años de doctrina separatista, racista, supremacista, xenófoba y antiespañola, la parte nacionalista de su población resulta repelente, grotesca, insoportable, lo peor de lo peor de lo peor de España.

Los únicos que todavía no se ha enterado de ese hartazgo son los políticos de Madrid, de Izquierda o de Derecha, porque como viven en un mundo aparte, sin contacto con la gente y la realidad nuestra de cada día, son incapaces de entender estas grandes mutaciones de opinión en lo que no hay otra forma de llamar que con el anticuado término de "las masas". En el caso de Iglesias, es porque entiende el accidentalismo histórico o la catástrofe de Estado como única forma de acceso al poder del Comunismo. En el de Sánchez, porque es semianalfabeto y tampoco cree en España. Y en el de Rajoy porque es, caracteriológica y políticamente, una calamidad.

Lo que va de ayer a hoy
La bonanza en las encuestas de Ciudadanos llegará hasta donde llegue, que no sabemos hasta dónde será. Lo que convocar elecciones en día de trabajo es algo que Rajoy explicará, si puede alguna vez. Pero, al margen de los resultados electorales dentro de semana y media, lo que ya no tiene vuelta de hoja es que al separatismo catalán se le contempla por primera vez con una mezcla de repulsión y desprecio, desdén e irritación.

Los casos de Cocomocho y Lloriqueras son sobradamente conocidos para incidir en ellos. Yo me quedo con el eco en los medios digitales de la peripecia de una de las golpistas soltadas por el Juez Llarena, que, según ha comunicado en Twitter, se rompió la nariz andando por el monte. La culpa es, naturalmente, del 155, del terrible estrés que atraviesa tan delicada tribu. Pero los comentarios han sido de burla unánime, festiva ridiculización, hilarante conmiseración, mofa, befa, archimofa y recontrabefa. Hubo una época en la que si le pasaba algo a un catalanista, se pensaba: "algo le han hecho". Ahora, tras el 1 de Octubre, se dice: "algo se habrá hecho él solo". Y siempre es verdad.

La 'Constituqué' tendrá que esperar
FRANCISCO ROSELL El Mundo 10 Diciembre 2017

Ante el empecinamiento del PSOE por que se remodele la Constitución, buscando impenitentes el encaje de esos nacionalismos que desencajan España, el presidente Rajoy evoca la actitud flemática, en consonancia con su propio carácter, del párroco aquel de la localidad onubense de Beas al que sus feligreses rogaban que accediera a sacar en rogativa a la Virgen de Clarines para que se acabara la pertinaz sequía que asolaba al pueblo.

Al cabo de algunas semanas, y harto de las requisitorias que recibía a cada paso que daba, este cura con fama de trabucaire tiró la teja y dio su brazo a torcer. Eso sí, a fin de que luego nadie se llevara a engaño y derivara en porfías de fe, el buen pastor apostilló como el que remacha un clavo torcido: «Si queréis sacar a la Virgen, sacadla; allá vosotros, pero que sepáis que el tiempo no está pá llover. Así que luego no me vengáis con leches».

Aquella retranca cazurra de don José, ducho en la teología del seminario y en la meteorología de las cabañuelas de agosto, ha tornado esta semana en socarronería de Rajoy al enfriar la propuesta socialista de renovar la Carta Magna: «Hay quienes -aseveró el miércoles, durante el Día de la Constitución- defienden una reforma. Para ello es necesario saber qué se quiere cambiar. Si eso se cumple, la modificación será posible».

El presidente del Gobierno hace, cada vez que puede, de la circunstancia causa. Lo evidenció al aplicar un artículo 155 de mínimos para sofocar la rebelión independentista en Cataluña, amparando su apocamiento en que no daba para larguezas el cicatero apoyo de PSOE y Ciudadanos. Era perceptible que usaba la boca chica porque, en el fondo, suspiraba por no meterse en más fregados de los debidos.

De hecho, lo disimuló tan poco que quien ha obtenido más rédito del 155, a tenor de los sondeos, ha sido paradójicamente Cs, pese a las reservas iniciales de Albert Rivera al entender que dicho artículo estaba «estigmatizado» para luego verlo exento de cualquier contraindicación.

Más allá de pendencias sobre el 155, resulta palmario que un partido de Gobierno que escasamente atesora escaños -137 sobre 350- para sostener su verticalidad y que mendiga votos para sacar adelante los Presupuestos dejándose en el envite hasta las hijuelas, como refrenda el cuponazo vasco para dicha del PNV, no puede adentrarse mar abierto a envidar a lo grande una mudanza constitucional en aguas tan procelosas y expuestas.

Rajoy no ignora que, aun mejor pertrechado de votos, un órdago así es temerario bajo el volcán catalán y cuando no existen puntos comunes básicos entre los grupos mayoritarios. Redúcese toda coincidencia a un difuso deseo de transformarla. Dicho sea esto por el que no digan. No es plato de gusto ser tachado de inmovilista y recalcitrante, dado el prestigio del que goza el sugestivo término «cambio», atrayente envoltorio de cualquier cosa, incluida la nada.

Sin carta náutica ni timonel claros, con cada tripulante marcando rumbos contradictorios, la reforma constitucional capotaría en la misma bocana del puerto. Al modo quizá de aquella infausta réplica de la nao Victoria, la primera embarcación que completó la vuelta al mundo al mando de Elcano, y que se fue a pique a los 20 minutos de su botadura en el puerto onubense de Isla Cristina ante el estupor de los capitostes de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América. Al no tener muy claro por dónde debía tirar el pesquero que arrastraba la carabela, la encalladura forzó a arrojarse por la borda a la mascota de la Expo de Sevilla y, junto al pájaro Curro, a los marineros, quedando varada a unos palmos de su amarre de salida.

No parece que sea cosa repetir el ridículo aquel, por mucho que a Rajoy le endilguen la condición de ser una especie de Juan del Buen Alma. No le hace falta haber leído a Richelieu para apreciar que un buen político es aquel que sabe cuándo abandonar los principios para conservar el poder.

Pero es que, además, en cuanto se formulan negro sobre blanco algunas propuestas de trueque constitucional, se verifica que, más que resolver los problemas que mueven a esa intervención quirúrgica, se agrandan. Puede que de modo tan disparatado como el de aquel apurado marino que, en medio del naufragio, discurre achicar el agua multiplicando los agujeros, lo que aceleró el hundimiento de su bote.

A ojos vista, pasma que, en lugar de coser a dos cabos y amarrar fuertemente los descosidos originados por aquellos que buscan deshacer la Constitución, se perfile una especie de Constituqué. Esto es, una especie de artefacto explosivo que haga saltar por los aires la nación española, deconstruida en «nación de naciones», donde se determinaría una relación bilateral. Nacioncitas con ínfulas de Estado podrían exaltar aquello de «nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos Principal entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades; y si no, no», atendiendo a la fórmula que los señores feudales imponían al Rey de Aragón.

A este fin, hay catedráticos que auspician que los futuros Estatutos de Autonomía, para dar gusto al independentismo, no deberían ser refrendados por el Congreso de los Diputados, depositario de la soberanía nacional, lo que es un modo de autodeterminarse. Amén ello de incorporar medidas ya fallidas en Alemania en lo que hace a la reconfiguración del Senado como cámara de representación territorial. Y eso que, por aquellos pagos, ningún länder, pese a su embrollado sistema de toma de decisiones, ha perdido la perspectiva de formar parte de un todo en el que se sienten plenamente reconocidos.

En síntesis, remedios de sofistas que, en realidad, son medios para el sepulcro. Tal proceder rememora a los impúdicos médicos del aprensivo protagonista de El enfermo imaginario de Molière. Más preocupados por darle satisfacción a aquel burgués hipocondríaco que, en enderezar su torcida salud, medran en derredor de quien ven como «una buena vaca lechera» a la que ordeñar. Ello da pie a que el gran comediógrafo verbalice sus prejuicios contra los médicos por boca de otro personaje: «Casi todos los hombres mueren de los remedios, no de sus enfermedades».

Aun así, en solitario, como el rayo que no cesa, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aguanta con la vela encendida, a la espera del desenlace de los comicios catalanes. La configuración de un eventual tercer tripartito socialista, esta vez de Iceta, fontanero de los de Maragall y Montilla, con ERC, más el apéndice de los comunes de Ada Colau, reconfiguraría no sólo el mapa catalán, sino que desencadenaría un seísmo de incalculables secuelas para toda España.

Como legado de los dos primeros tripartitos catalanes, quede el epitafio escrito por su autor, el entonces presidente Rodríguez Zapatero, en una entrevista en EL MUNDO publicada en 2006: «Dentro de 10 años España será más fuerte, Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos». Es verdad que el PSC ha puesto del revés su lema de las elecciones generales de 2008 contra el PP -«Si tú no vas, ellos vuelven»- por este otro contra los independentistas: «Si tú no vienes, ellos se quedan».

No hay duda de que, a base de plantear remedios no pensados, los arbitristas pueden hacer fenecer una de las naciones más antiguas del orbe. No en vano, como refiere el hermano del doliente de Molière, «toda la excelencia de su arte reside en un pomposo galimatías y en una engañosa locuacidad que da palabras por razones y promesas por hechos». Vestido de amarillo, y desde entonces signo de mal fario, Molière fallecería sobre el escenario del estreno de El enfermo imaginario, tan imaginario y amarillo como el prófugo Puigdemont, el burlador de Bruselas.

Tratar de ganar tiempo puede ser también una forma de perderlo, si se yerra el camino. Cuando ello acaece, los daños se convierten en irreparables y los males, irreversibles. Aun así, y aunque no esté de llover, como previniera el párroco de Beas, hay quienes se empecinan en sacar la Carta Magna en procesión para ver si obra el milagro que no puede operar.

ABC, ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Acotar la partitocracia para perfeccionar el sistema
La partitocracia como factor de abuso y poder en las instituciones merece una profunda revisión, sin sustituir la solidez alcanzada con la democracia representativa por los peligros de la llamada «democracia directa»
Manuel Marín ABC 10 Diciembre 2017

Al hilo de la conmemoración del XXXIX aniversario de la Constitución, ABC concluye hoy su serie de análisis sobre los riesgos de una hipotética reforma. A los peligros ya abordados días atrás, hoy se suman al análisis cuatro relevantes ámbitos de nuestro ecosistema político cuya alteración podría suponer un auténtico vuelco. Primero, la contaminante sobredimensión de la partitocracia en las instituciones y la pretensión de sustituir ámbitos de democracia representativa por la llamada «democracia directa», propia de regímenes autoritarios. Segundo, el sistema de elección de los distintos ámbitos del Poder Judicial para ganar en independencia; tercero, modificaciones en la ley electoral; y cuarto, una revisión profunda de los aforamientos.

Peligros de la partitocracia y la democracia representativa
Entre las prerrogativas que nuestra democracia ha atribuido a los partidos y la sustitución de la democracia representativa a la que apela Podemos, hay infinitos matices en la gama de grises. Por eso, merece una seria corrección el reparto sistemático de cuotas de poder entre partidos para evitar los peligros de deslegitimar a los ojos del ciudadano el sentido de algunas instituciones. Sin embargo, ello no debe implicar la supresión del papel de los partidos en algunos casos. Simplemente, bastaría con arbitrar mecanismos correctores que impidan el «reparto de cromos» para hacer posible una representación plural, ponderada y equitativa que no traslade a la opinión pública el principio de «obediencia debida» al Gobierno de turno en la toma de decisiones.

La partitocracia es concebida como un cáncer en nuestra sociedad que merece ser modificada para evitar riesgos de corrupción institucional. Podemos plantea una solución extrema, como es la eliminación del vigente artículo 67.2, que impide el mandato imperativo de los representantes públicos, para incorporar el revocatorio de sus mandatos. Pero esta iniciativa caería en saco roto por no encontrar un mínimo consenso.

Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Fiscalía e independencia
El planteamiento de la extrema izquierda es drástico y carente de futuro. Pretende abrir un debate sobre la eliminación del Tribunal Constitucional para entregar sus competencias al Supremo, y cambios drásticos en el procedimiento de elección de sus miembros. Incluso, que haya cargos unipersonales como el de fiscal general o defensor del Pueblo elegidos solo por los ciudadanos. Para la selección de órganos colegiados como el CGPJ, el Tribunal de Cuentas o el TC, se propone un sistema mixto en el que el 30 por ciento sea designado por los ciudadanos, el 40 por elección corporativa y otro 30 por sorteo, eliminando criterios de mérito y capacidad.

Hoy la Constitución establece que los magistrados del TC son propuestos por el Congreso, el Senado, el Gobierno y el CGPJ. Este sistema garantiza una elección con legitimidad democrática plural, siempre bajo la exigencia de que se trate de juristas de reconocida competencia con amplia experiencia. La propuesta de Ciudadanos de «despolitizar» la elección del Tribunal encomendándola a una comisión de expertos es discutible en la medida en que revela una preocupante desconfianza hacia la democracia parlamentaria. ¿Quién elegiría previamente a los miembros del comité de expertos? Por lógica, habrían de tener al menos la misma cualificación profesional que los magistrados elegidos porque otra opción no tendría mucho. Así, es complejo modificar el actual sistema porque a priori no existe ni siquiera un consenso básico.

Para modificar la elección del Consejo General del Poder Judicial y la presidencia del Tribunal Supremo también hay variantes. Del CGPJ depende la selección de magistrados del Supremo, y hoy por hoy los vocales del Consejo son elegidos por reparto de cuotas a instancias de los partidos. Un sistema mixto en el que los jueces eligiesen a una parte de sus representantes supondría recuperar un útil debate del pasado. Pero el temor de los partidos es el corporativismo que impondrían las asociaciones judiciales y la pérdida de un «control» sobre la elección de los cargos judiciales. En cualquier caso, sería modificable a través de una ley orgánica, y no de la Constitución.

El caso del fiscal general del Estado no es muy diferente. Algunas propuestas radican en que no sea nombrado por el Gobierno, sino por las Cortes, de modo que el riesgo de «politización» que se pretende conjurar persistiría en cualquier caso. La sustitución de la perniciosa partitocracia no debe confundirse con una deslegitimación absoluta de nuestro sistema.
Régimen electoral y modificación de las circunscripciones

Sobre la pretendida reforma del régimen electoral, se pueden introducir correcciones por la vía de modificaciones puntuales de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, sin necesidad de reformar la Constitución. Merecen mejoras, por ejemplo, algunas disfunciones de voto de los españoles en el exterior o facilitar el ejercicio del voto por parte de personas con discapacidad. Sin embargo, la modificación en profundidad del sistema electoral a través de una reforma constitucional parece diseñada según el exclusivo interés del partido que la propone. Ocurre con las iniciativas de modificación de la circunscripción electoral o la reducción del número mínimo de diputados asignados a cada provincia, que carecen de consenso. Nuestro sistema electoral logra un difícil equilibrio entre la proporcionalidad en la distribución territorial de escaños a elegir en las diferentes provincias y la distribución proporcional de escaños entre candidaturas en función de resultados. Por eso, no parece sensato modificar el sistema electoral para buscar una mayor proporcionalidad y garantizar mejores resultados a partidos que se sienten infrarrepresentados o penalizados. La proporcionalidad no puede garantizarse en términos absolutos y es dudoso que tenga sentido proponer, por ejemplo, el aumento del número de diputados a 400 solo porque así mejora el resultado de algunos partidos. PP y PSOE ni siquiera se lo plantean. Además, no se puede acusar al actual sistema de ser una fortaleza impenetrable que garantiza el bipartidismo, pues la actual configuración multipartidista del Congreso lo desmiente.

Eliminación de aforamientos e inmunidad
La inviolabilidad, inmunidad y aforamiento de diputados y senadores, así como el aforamiento de miembros del Gobierno no responden a un caprichoso privilegio de los «políticos». Tienen un origen y fundamento histórico en los albores mismos del parlamentarismo británico. Su eliminación puede resultar muy sugerente para satisfacer a una opinión pública resentida con los cargos públicos, pero puede generar graves disfunciones e inexplic ables agravios comparativos si se mantienen otros aforamientos menos cuestionados (jueces, fiscales, etcétera).

Deberes que hacer en tiempos inciertos
Puesto que las leyes ordinarias no tienen caducidad automática, al menos habría que reconsiderarlas para verificar su vigencia y sobre todo su grado de cumplimiento.
Jesús Banegas vozpopuli.es 10 Diciembre 2017

La crisis catalana ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una reforma constitucional que ha venido ocupando a los políticos –unos mas que otros- y a los medios de comunicación como si se tratara de algo verosímil. Como se supone que lo progresista y lo moderno es el cambio y sobre todo legislar –como si no sobraran leyes en vez de faltar– casi nadie se opone a algo que es obvio que es muy difícil si no imposible de llevar a cabo por ahora.

En la España de nuestro tiempo la labor de legislar se ha convertido en una huida hacía delante y una excusa para no hacer los deberes: en vez de cumplir las leyes existentes nos inventamos otras nuevas….¿para seguir incumpliéndolas?.

Todo el mundo sabe que nuestra constitución tiene tres virtudes incuestionables:
Aunque como toda obra humana pueda tener y tiene aspectos cuestionables se trata de una institución que resiste cualquier comparación con sus equivalentes de los países de referencia; además de haber durado ya más que cualquier otra.

El grado de consenso alcanzado y la legitimidad democrática de su promulgación no tienen parangón: estamos ante una obra maestra del género que cuenta con el más amplio reconocimiento.
Su reforma –así lo quisieron los sabios constituyentes- tiene una alta complejidad que requiere, casi como su redacción original, un elevado nivel de consenso político; por lo que cualquier cambio exigirá otro equivalente.

Más allá de la oportunidad de analizar en términos crítico – constructivos su posible reforma hay que preguntarse por la posibilidad real de llevarla a cabo y la respuesta no puede ser más evidente: no es posible en presencia de la actual representación parlamentaria. A la mayor dispersión conocida hasta ahora de fuerzas políticas y cuyas relaciones son más inciertas que nunca, se ha venido a sumar un buen número de partidos antisistema que no quieren reformar la constitución sino cuestionarla por completo.

Sin embargo, la actual situación política, que hace muy improbable una reforma constitucional, puede y debe servir para abordar otro desafío aún mas importante: una amplia y profunda revisión de la legislación actual para verificar la utilidad de su vigencia y su grado de cumplimiento.

España se ha convertido en uno de los países con mayor proliferación normativa del mundo, y además, en el que su grado de cumplimiento es menor.

Es de sentido común y además está muy seria y recurrentemente estudiado y comprobado que un exceso normativo perjudica el desarrollo económico y social, llegando en el caso español incluso al absurdo de fragmentar nuestro mercado en reinos de taifas como consecuencia de una competencia sin par entre comunidades autónomas, el propio Estado y hasta los ayuntamientos en la producción de obstáculos al libre desempeño de la creatividad humana y empresarial.

Es un lugar común en España aceptar sin más el incumplimiento de las leyes, hasta el punto de haber alcanzado un nivel de tolerancia social realmente intolerable: es hora de que la sociedad civil se libere de tan irresponsable actitud y comience a exigir, además de asumirlo individualmente, el cumplimiento de las normas. De este modo, además de elevar nuestra autoestima mejoraríamos nuestra calidad institucional que en los ranking internacionales aparece muy depreciada.

Puesto que las leyes ordinarias no tienen caducidad –deberían tenerla- automática, al menos habría que reconsiderarlas para verificar su vigencia y sobre todo su grado de cumplimiento.

Como la incertidumbre política que hoy vive España proviene de los desatinos autonómicos, habría que comenzar con los mas evidentes, entre los que cabe señalar:

o La casi absoluta retirada de la presencia del Estado en Cataluña y también en el País Vasco; porque una cosa es la transferencia de competencias y otra el abandono casi total de un territorio propio.

o La absurda y muy gratuita fragmentación del mercado interior en diecisiete mercadillos, contemporánea de la globalización de la economía mundial, es uno de los disparates que antes debieran desmontarse.

o ¿Existirá algún otro país en el mundo en el que el uso de su lengua oficial inhabilite a los funcionarios públicos o que el conocimiento de una lengua vernácula valga más que la cualificación profesional?

o ¿Cómo puede uno de los países mas endeudados del mundo seguir despilfarrando recursos económicos- que tiene que pedir prestados al exterior- en medios de comunicación –en realidad de propaganda-, empresas públicas perfectamente innecesarias –salvo para colocar a los allegados al poder- e incluso instituciones separatistas?

o La educación es un bien social esencial: además de dignificar a las personas, las dota de posibilidades para escalar socialmente por la vida con sus propios méritos. Habiendo sido deteriorada por la política en cuanto a calidad de resultados, hemos terminando añadiéndole una insólita asignatura –seguramente es un caso único en el mundo- :“la historia inventada en forma de comics” de uno de los países con mayor protagonismo histórico –documentalmente registrado- del mundo.

o La distribución de los recursos económicos del Estado entre las comunidades autónomas viene siendo objeto de discusión política cada vez con mas frecuencia. No siendo fácil un arreglo que satisfaga a todos si parece razonable y posible iniciar cuanto antes un proceso –quizás a través del Senado- de revisión del actual sistema, incluido el cupo vasco, sobre la base dos principios incuestionables: su análisis previo por una comisión de verdaderos expertos independientes de la política y su discusión posterior con “luz y taquígrafos”. De este modo se estaría afrontando un asunto importante, como es debido, es decir, al margen de los arreglos políticos en la oscuridad que nos han traído hasta aquí.

Los temas planteados, apenas media docena, siendo realmente importantes a diferencia de los que ocupan la agendas políticas y mediáticas, son además perfectamente solucionables sin necesidad de reforma constitucional alguna.

Se podría añadir la reforma de la ley electoral, que entre otros problemas plantea dos muy actuales: la sobrevaloración de la representación parlamentaria de los nacionalistas en Las Cortes y de los votos independentistas en Cataluña.

¿A qué esperan los políticos para ponerse manos a la obra? ¿Qué mejores cosas tienen que hacer?

Veinte años de socialismo andaluz en el banquillo
Curri Valenzuela ABC 10 Diciembre 2017

Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Magdalena Alvarez, Gaspar Zarrias… Veinte años de socialismo andaluz se van a sentar en el banquillo en un juicio que puede dar al traste con la hegemonía de un partido en la comunidad autónoma más poblada de España, que ostenta el record de haber sido la única que no ha cambiado el color de sus gobernantes en los cuarenta años de democracia. Todo un régimen.

Susana Díaz, que nunca ha roto con sus antecesores aunque últimamente trata de no coincidir con ninguno de ellos en público, se juega la pérdida de ese inmenso poder. El calendario no ayuda: el macrojuicio va a alargarse al menos durante un año y su sentencia podría coincidirá con las próximas elecciones municipales y las autonómicas de Andalucía. Un factor que puede llevar a su presidenta a adelantar esta cita con las urnas si, como todos sospechan, la retransmisión de sus sesiones consigue algo que hasta ahora los socialistas han logrado impedir: que los andaluces comprendan la magnitud de la trama criminal que repartió 855 millones de euros en Expedientes de Regulación de Empleo otorgados sin apenas control, en muchos casos para beneficiar a su clientela, en bastantes para hacer ricos a enchufados que ni siquiera habían trabajado en las empresas que se beneficiaron de esas ayudas.

El juicio comenzará después de Reyes, tras los preliminares de esta semana, y a partir de enero habrá noticias diarias de los pormenores de esa trama cuyas cifras la convierten en el caso de corrupción mas importante de la historia de este país: 227 imputados, 22 ex altos cargos de la Junta, dos presidentes autonómicos, media docena de consejeros que tendrán que declarar sin esos medios de comunicación andaluces, en especial Canal Sur, tan reacios a contar lo que perjudica a su Gobierno.

Sus consecuencias políticas finales son por ahora imprevisibles, pero se puede aventurar que al PP andaluz, que ejerce la acusación popular, se le abre una nueva oportunidad de hacerse con el poder, y al PP nacional le viene de perlas que al fin se detallen los pormenores del escándalo de los ERES cuyas cifras ganan por goleada a las del caso Gürtel que también anda ya en fase judicial; que a Ciudadanos se le volverá a recordar su falta de coherencia por apoyar al gobierno heredero de esa monumental corrupción y que Pedro Sánchez y la actual dirección del PSOE no van a llorar si Susana Díaz sale, como parece que puede salir, perdiendo.

‘Fábrica de independentistas’: esa estafa
Jose Alejandro Vara vozpopuli.es 10 Diciembre 2017

Cuando alguien osaba denunciar el ‘desafío secesionista’, eufemismo para referirse al golpe de Estado en marcha, se escuchaban profusas advertencias de algunos Domenechs y otros militantes de la tercera vía, la cofradía de la equidistancia: “Chissss, que así se fabrican más independentistas”. Y colaba.

Tuvo que llegar el imperativo mensaje del Rey del 3 de febrero para desbaratar la gran estafa. Tras aquel cimbronazo de la Corona, no se detectó un aumento notable en el club de fans de Carles Puigdemont o Marta Rovira. Seguían siendo los mismos. Ocurrió más bien lo contrario. Se produjeron episodios inéditos hasta entonces. Acontecimientos inesperados que a todos sorprendieron.

Cientos de miles de personas desbordaron, por dos veces, las calles de Barcelona con la bandera nacional y el grito de ‘unidad’ en las gargantas. Miles de enseñas españolas afloraron en balcones y ventanas. Se quebró la espesa ley del silencio que ahogaba a los defensores de la Constitución. Habló Serrat y Guardiola se tragó su lacito amarillo dela prepotencia. Hasta el CIS, contra todo pronóstico, dio como vencedor en unas autonómicas catalanas a un partido no secesionista.

La ‘bomba nuclear’
También decían que la aplicación del 155 iba a actuar como una ‘bomba nuclear’ que devastaría la estructura política y social en Cataluña, arrasaría sus instituciones (mil años de antigüedad, ya saben) y convertiría sus ciudades y pueblos en un tremolan5te campo de batalla. Surgiría un nuevo Ulster, erizado de tensiones y violencia, y las calles se enardecerían hasta transformarse en un espantoso infierno.

Nada de todo eso ocurrió. Más bien, todo lo contrario. Los independentistas, en contra de lo que han venido advirtiendo durante años los micrófonos de TV3, no los creaba Aznar, ni el PP, ni los fachas, ni la Guardia Civil, ni el Gobierno de Madrit, ni el Estado opresor y franquista. Ni siquiera Mariano. El secesionismo catalán se ha ido moldeando durante dos décadas de adoctrinamiento en las aulas y mentiras en los medios. Fue Pujol quien creó y puso en marcha la gran fábrica de independentistas, la “dictadura blanca” de la que habló Tarradellas. Su gran aliado fue la crisis económica que sacudió a toda España y, en forma muy especial a Cataluña, que salía de dos tripartitos ineptos y que desembocó en el Gobierno de Artur Mas el más obtuso e incapaz de que se tenga memoria. Pusieron en marcha el eslógan de ‘España nos roba’ y las Diadas del odio y la sonrisa. La pacífica xenofobia echó a andar hasta su culminación en el esperpento golpista del Parlament.

La hasta entonces bien aquilatada fábula de la ‘fábrica de secesionistas’ quedó descangallada. La ignorancia desalmada fue el caldo de cultivo necesario para la gestación de varias generaciones, manipuladas e hipnotizadas, que han convertido una región próspera y ejemplar en un inhóspito fangal. El resultado: dos millones de separatistas, crecidos en la aversión a lo español y doscientos mil activistas (ANC y Omnium), bien adiestrados y subvencionados con dinero público, capaces de protagonizar en Bruselas la romería más estúpida de que se tenga memoria. Darle la vuelta a este horror no se logrará con un 21-D. Ni con dos. Llevará años. Exigirá decisión y valentía. Mano firme y liderazgo. Y mucho dinero.

La verdadera naturaleza del problema catalán
Las medidas que se tomen para salir del embrollo catalán no se han de dirigir a los políticos nacionalistas, sino directamente a los ciudadanos de Cataluña con el fin de obtener su respaldo.
Alejo Vidal-Quadras vozpopuli.es 10 Diciembre 2017

En el conjunto de la abundante literatura publicada desde que el conflicto catalán se ha agudizado al extremo de desembocar en un golpe separatista cuyo propósito explícito ha sido la liquidación del orden constitucional vigente y con él la existencia de una gran nación europea con cinco siglos a sus espaldas, destaca un documento que, pese a su brevedad, catorce páginas, ejemplifica la dificultad principal para afrontar este problema con posibilidades de éxito. En efecto, para superar un obstáculo es imprescindible entender cual es su altura, su consistencia y el material del que está hecho. Si la barrera es una delgada hoja de papel basta atravesarla sin más, si es un grueso muro de hormigón de varios metros de altura la forma de pasar al otro lado deberá ser algo más elaborada. En su bien razonado y sabiamente concebido texto “Ideas para una reforma de la Constitución” el profesor Santiago Muñoz Machado, acompañado de un distinguido plantel de catedráticos de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, realiza un ponderado y riguroso análisis de los defectos del Estado de las Autonomías para seguidamente proponer algunas líneas directrices para su reforma, apoyándose en la experiencia acumulada en otros sistemas federales de nuestro continente. Su planteamiento se lee con agrado por lo razonable, bien estructurado y técnicamente acertado que resulta, aunque lamentablemente orilla el punto fundamental del tema que trata: la verdadera naturaleza del secesionismo catalán.

Todas las recomendaciones del profesor Muñoz Machado y sus colegas presuponen algo que se da en Alemania o Austria, por referirme a los dos casos a los que acude con reiteración, pero que por desgracia está ausente del ánimo de los nacionalistas catalanes desde hace más de cien años, la llamada “lealtad federal”, la tan celebrada Bundestreue, que vincula entre sí a alemanes o austríacos por encima de diferencias territoriales, culturales, religiosas o históricas, la adhesión a un proyecto nacional común impregnado de solidaridad y de la voluntad inequívoca de participar en un destino compartido. Jamás a un bávaro o a un renano se le pasará por la cabeza, y mucho menos por el corazón, que su identidad bávara o renana sea incompatible con su aglutinadora identidad alemana. El prófugo Puigdemont, el sedicioso Cuixart o el preventivamente encarcelado Junqueras, no sólo no desean ser españoles, sino que sienten una aversión profunda e irracional a cualquier elemento constitutivo de la nación española, su lengua, su pasado, su Gobierno, su Corona, su proyección global sobre un mundo cuyo tamaño contribuyó a doblar. Y ese rechazo visceral, irrefrenable e impermeable a una evaluación coste-beneficio de su disparatad empresa, emana de una doctrina política que es intrínsecamente perversa: el supremacismo de raíz identitaria, que sitúa la diferencia de habla, de origen, de color de piel o de creencias, como valor supremo de la escala de valores que debe vertebrar una sociedad, concepto que es la fuente de los mayores horrores que ha sufrido Europa en su historia contemporánea.

Por consiguiente, no hay reforma constitucional ni reestructuración institucional ni cambio jurídico ni sistema de financiación autonómica que pueda apagar este fuego inextinguible y destructor. Si la Ley de leyes de 1978, que transformó España en uno de los Estados más descentralizados del planeta y que proporcionó a Cataluña un Parlamento, un Gobierno, una bandera, un himno, una lengua co-oficial, potentes medios de comunicación públicos y amplísimas competencias legislativas y de gestión, entre ellas una tan vital como la educación, no ha sido suficiente y nos ha arrastrado por la contumacia separatista y la pasividad de los dos grandes partidos nacionales hasta la crisis arrasadora que estamos padeciendo, las buenas intenciones y las atinadas sugerencias de un grupo de respetados expertos únicamente provocarán la irrisión de los golpistas, que las apartarán de un manotazo para seguir empecinados en su tarea de demolición. Es duro y doloroso reconocerlo, y se entiende que muchos españoles de buena fe se resistan a hacerlo, pero la verdad es que los nacionalistas identitarios no son integrables y, por consiguiente, no han de ser contentados, sino neutralizados. Nunca se conseguirá una Constitución en la que se encuentren “cómodos” por el mismo motivo que un tigre de Bengala no se adaptará nunca a una dieta vegetariana.

Hay un párrafo del meritorio trabajo del equipo redactor de “Ideas para una reforma de la Constitución” en el que, quizá sin advertirlo, vislumbran la auténtica esencia del asunto que intentan solventar y es cuando afirman que las medidas que se tomen para salir del embrollo catalán no se han de dirigir a los políticos nacionalistas, sino directamente a los ciudadanos de Cataluña con el fin de obtener su respaldo. En efecto, el definitivo tránsito de la resignada conllevanza trufada de sacudidas traumáticas que llevamos soportando los españoles desde finales del siglo XIX, a la armonía y la cohesión de todas nuestras gentes y territorios, se alcanzará cuando las élites de nuestro país, convencidas ya de la inutilidad del apaciguamiento mediante concesiones, se decidan a dar y ganar frente a los nacionalistas la batalla de las ideas y de las urnas que expulse de las mentes de los catalanes el veneno del particularismo reduccionista, divisivo y empobrecedor para reemplazarlo por el gusto de ensanchar nuestros horizontes y de promover lo que une por encima de lo que separa.

¿Caminamos hacia la destrucción de nuestra democracia?
“No es el Destino quien nos abruma. Mortales somos y mortal es el enemigo que nos acosa. Vidas y manos tenemos tantas cuantas él” Virgilio
Miguel Massanet diariosigloxxi 10 Diciembre 2017

Hemos llegado a un punto, en este país, en el que los ciudadanos tenemos serias dudas respecto a la inteligencia de los políticos, tanto de los que nos gobiernan y presumen de saber hacia dónde se dirigen, como respecto a los que constituyen la oposición y que siguen convencidos de que son capaces de acabar con nuestra nación, a poco que sigan poniendo empeño e interés en ello. Y, en medio de este desconcierto, de todos estos desafíos entre unos y otros, de este gran maremágnum que se está empezando a cebar sobre la política de esta nación; los ciudadanos, los que piensan que España ha entrado en un torbellino de discordias, de falta de entendimiento, de enfrentamientos y de reconcomios atávicos sin que haya nadie, ni a derecha ni a izquierda, capaz de frenar esta deriva que, o mucho nos equivocamos o lleva camino de hacer retroceder nuestra civilización, las conquistas logradas a través de siglos en los cuales miles de personas se han esforzado en trabajar para que la humanidad consiguiera un nivel aceptable de bienestar que, con toda seguridad, muchos de los que hoy reniegan de nuestra actual desarrollo o modus vivendi, nunca hubieran alcanzado si hubiesen nacido en alguno de estos países en los que, la demagogia y las ideas igualitarias de sus gobernantes, los han conducido a situaciones extremas en las que, el pueblo, se ha visto obligado a desenvolverse en el ámbito de la pobreza, la opresión, la falta de libertades y de democracia, un término que, no obstante, no dejan de utilizar sus dirigentes para justificar sus actitudes dictatoriales con las que pretenden acabar con ella.

Por desgracia, el porvenir que se nos presenta a los españoles a partir del día 21 de este mes de diciembre, de este día en el que, por mor de la falta de conocimiento adecuado del problema de Cataluña, de la idiosincrasia de los catalanes ( o una parte importante de ellos) o por la misma soberbia de nuestros actuales gobernantes, junto a su falta de decisión, valentía y visión de futuro; estamos abocados, si Dios no lo remedia, a entrar en un periodo en el que, España, va a correr el riesgo de que, una parte de ella, si es que antes los separatistas no se hayan lanzado a renovar sus peticiones de independencia y su desacato a todas las leyes españolas, incluida la Constitución; vaya a estar gobernada por las mafias del comunismo extremo que, por los errores de los partidos democráticos o que se declaran como tales; que han estado al frente de la política española durante años, hayan conseguido implantarse con fuerza en algunos sectores de nuestra sociedad y, por cierto, con una virulencia especial en algunas regiones, las más revoltosas y rebeldes de nuestro país, en las que han conseguido echar raíces y entrar en las instituciones locales aspirando, con posibilidades de éxito, a entrar dentro del grupo de partidos de izquierdas y separatistas que, con toda probabilidad, van a estar en condiciones de hacerse con la comunidad catalana a poco que sepan entenderse entre ellos.

No vemos, como ha pretendido hacernos creer don Mariano Rajoy, el motivo de esta premura en convocar elecciones antes de haber utilizado el Artº 155 de la Constitución, con todas sus posibilidades y no con la contención y mojigatería con las que se ha aplicado, sino con toda la amplitud que la ambigüedad del texto constitucional permitía. Evitando tantas concesiones al independentismo, sin tantos miramientos hacia los responsables del desaguisado, olvidándose de las críticas y reparos que, en contra de su utilización, ciertos sectores minoritarios e interesados en crear malestar en nuestra nación; se han permitido objetar. El golpe que se les habría podido propinar a los revoltosos de Cataluña hubiera acabado con toda esta plaga que intenta arrebatarnos una parte de la nación española para entregarla al comunismo separatista.

El argumento de que unas elecciones inmediatas, sin dilación alguna, impedirían a los defensores de la independencia sobreponerse a los primeros efectos de la intervención en la autonomía catalana, por parte del Gobierno español; ha quedado desacreditado desde el momento en que se ha permitido a una parte de los insurrectos huir de España para refugiarse en un país, como es Bélgica, en el que las simpatías por España son nulas y donde, como se está comprobando, los procedimientos de extradición condicionan de una forma clara la posibilidad de juzgar a los fugados por todos los delitos de los que han sido acusados por la Justicia española. Todo ello, unido a las facilidades de las que dispone el señor Puigdemont para desarrollar sus planes de intoxicación en contra del Gobierno español y de la Justicia a los que, impunemente, se dedica a descalificar e insultar desde la ventaja que le proporciona el retiro dorado en el que se ha instalado. Se ha probado que, las órdenes europeas de detención, tienen carencias, no tienen la efectividad ni la rapidez que seguramente se les quiso dar cuando se instauraron y, los 32 delitos que sirven para justificar su concesión se ha demostrado que son insuficientes ya que en las distintas legislaciones, están incluidos otros de suma gravedad, que no han sido incluidos en aquella lista.

Los que, de niños, fuimos testigos de la Guerra Civil del 1936, tenemos la impresión, por primera vez desde que concluyó, tanto durante el régimen del general Franco como después, con la instauración de la democracia en este país; de que nunca hemos estado, en España, tan cerca de un cambio tan radical y peligroso para nuestra democracia, como el que nos amenaza, en estos momentos, de lo que pueda surgir de los comicios del 21 de diciembre donde, contrariamente a lo que se intentaba por el gobierno de Rajoy, puede suceder que, los mismos responsables de los sucesos que han dado lugar a la puesta en funcionamiento del Artº155 de nuestra Constitución, tengan la oportunidad de volver a sus puestos en las instituciones catalanas sin que, por otra parte, dadas las disputas existentes entre el resto de partidos que se dicen defensores de la Constitución, exista el grado de compenetración, de consenso y de renuncia a sus intereses partidistas, para que tengamos la certeza de que, de los nuevos gobernantes de Cataluña, no puedan surgir nuevos desafíos independentistas que den al traste con los logros económicos y sociales conseguidos, con nuestra unión con Europa y con nuestros modos democráticos.

Es evidente, y así nos lo confirman los recientes sucesos que han tenido lugar en Bruselas con la celebración de la numerosa manifestación de separatistas catalanes por sus calles y las palabras de aliento de este payaso mediático que presume de presidente, aunque hace ya tiempo que dejó de serlo legalmente; que las próximas elecciones, al menos para una parte importante de los ciudadanos de Cataluña, van a tener un carácter plebiscitario, a diferencia de la forma en la han sido enfocadas por la legislación española como una más de las consultas autonómicas que se celebran para elegir a los administradores de la comunidad catalana. De lo que no hay duda es de que, fueren cuales fueren los resultados de estos comicios, va a ser inevitable que se pongan en duda los resultados, especialmente si se da el caso de que los que salieran vencedores fueren los partidos que apoyan la Constitución y la unidad del Estado español. Ya lo vienen anunciando los de ERC y los de la CUP, cuando dicen dudar de la respetabilidad y limpieza de las votaciones o cuando exigen la presencia de testigos extranjeros para evitar lo que ellos denominan “pucherazo”, algo que todos ellos deberían recordar, antes de referirse a ello, respecto a aquellas dos votaciones que fueron fundamentales para el destino de España: la de abril de 1931 ( proclamación de la segunda República, donde se dio por proclamada y faltaban los votos de las provincias para contar y los que, definitivamente les dieron la victoria a los monárquicos, aunque ya fue tarde para evitar que las izquierdas se adjudicasen la victoria) y las de febrero de 1936, las del llamado Frente Popular donde como, en la primera, se produjo el gran engaño de falsificación de los resultados y que, desgraciadamente, provocó meses más tarde ( en plena revolución en las calles, desgobierno de los republicanos de Azaña y compañía e incendios, asesinatos e inseguridad ciudadana, que acabaron provocando el levantamiento del 18 de julio de 1936)

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, estamos empezando a dudar de los efectos de la aplicación del 155, de las prisas por volver a una supuesta normalidad que está muy lejos de restablecerse, de la idea mantenida desde el Gobierno y Ciudadanos de que, los gobiernos que puedan surgir de las votaciones del día 21de este mes, estarán dispuestos a sujetarse a la Constitución y al resto de leyes que están vigentes en España; cuando es evidente que, aquellos que tienen posibilidades de salir elegidos, aunque declararon para que les permitiesen abandonar las cárceles, que acataría las leyes españolas; ya están diciendo que van a seguir manteniendo sus aspiraciones independentistas. Si ello sucediera, pocas esperanzas nos quedarían al resto de españoles de que la normalidad, la paz y la reconciliación que todos están pidiendo, llegaran a materializarse. Puede ser que, desgraciadamente, todo acabe siendo una siniestra y catastrófica jugada del destino.

Mariano insiste en convertir al PP en un partido marginal
Jesús Cacho. vozpopuli  10 Diciembre 2017

“Me encuentro muy bien, ¿no se me nota?”. Mariano Rajoy, a los chicos de la canallesca con motivo de los actos de celebración, este martes, del 39 aniversario de la Constitución de 1978. A Mariano no se le nota nunca si sube o baja, si goza o padece, si está contento o se aburre como una ostra. Mariano es la esfinge dispuesta a aguantar carros y carretas, a resistir contra viento y marea y, a lo que vamos, a agotar la legislatura y volver a presentarse como cabeza de lista del PP a unas nuevas generales. “Estoy muy tranquilo. ¿Por qué no voy a volver a presentarme si no he hecho nada tan malo?”.

La pregunta tiene su miga, por cuanto lleva implícita la asunción por el propio protagonista de algún tipo de culpa, el reconocimiento de que ha sido un chico malo, de que sí ha hecho cosas malas, aunque quizá no tan malas… ¿El famoso Whatsapp de “Luis, sé fuerte” será para Mariano una cosa mala o, por el contrario, muy mala? ¿Y cómo juzgará el gallego impasible haber dilapidado la cómoda mayoría absoluta de la que dispuso en su primera legislatura, tras las generales del 20 de noviembre de 2011? ¿Cómo no condenar su incapacidad para hincarle el diente –enfrascado en superar la crisis económica- a la no menos brutal crisis política que en enero de 2012 ya era una evidencia y que a día de hoy sigue tan viva como entonces, crisis cuya mejor demostración es el intento del secesionismo catalán de romper la unidad del país? ¿Haber contribuido, con su laissez faire laissez passer en este drama, a llevar a España al borde de la ruptura territorial, haber permitido esa regresión a la pura barbarie que es el nacionalismo le parecerá a Mariano algo simplemente malo o muy malo? ¿Algo lo suficientemente grave como para que los electores quieran mandarle a casa de una vez por todas?

Seguramente tampoco le parecerá grave haber reducido el PP a la condición de partido meramente testimonial tanto en el País Vasco como en Cataluña, donde según las encuestas podría perder el próximo 21 casi la mitad de los diputados con los que contaba hasta ahora, un asunto de la máxima importancia para la vertebración futura de este dichoso país. La sensación de ocasión histórica fallida que acompañó el final de su primera Legislatura, la de los 186 diputados, provocó un importante voto de castigo el 20 de diciembre de 2015, un envite del que el PP salió con apenas 123 escaños, su peor resultado desde 1989. No dimitió. Con su liderazgo de nuevo cuestionado, los hados volvieron a sonreírle tras la azarosa primera mitad de 2016. El 26 de junio, Mariano volvió a salir a flote como esas maderas carcomidas que se niegan a hundirse, mejorando cosecha (137 diputados) y precipitando la crisis del PSOE. El partido de la derecha se había convertido en valor refugio en un país que parecía del todo ingobernable.

Un PP condenado a cambiar de nombre
Transcurrido año y medio de legislatura, ha quedado demostrada la incapacidad y/o falta de voluntad de los populares para iniciar un cambio desde dentro, una regeneración capaz de aflorar un partido de nuevo cuño. Como ocurriera con Convergencia, el PP parece condenado a cambiar de nombre y a vender su sede. Para empezar. Por duro que pueda parecer, los españoles no pueden contar ni con el PP ni con el PSOE para avanzar en el horizonte del año 2050 a lomos de un nuevo proyecto ilusionante de país. Ambos están muertos en términos de futuro. Mariano volverá a presentarse porque se trata de seguir en el poder hasta que el cuerpo aguante, un episodio inercial más en el crepúsculo de mediocridad propio de un razonable gestor de casino de pueblo. Mariano ha consolidado al PP como una empresa privada en la que personalmente detenta el 100% del capital social y de la que es Presidente y consejero delegado, hace y deshace, porque esa empresa no tiene accionistas, ni consejo de administración, ni nadie a quien rendir cuentas. Mariano es el PP y el PP es Mariano, y fuera de él no hay nada, apenas un grupo de coristas amaestradas. Él dice quién sube y quién baja, quién va y quién no va en las listas electorales. Un Rey que reina sobre un pantano de acojonado silencio.

Volver a presentarse como candidato por sexta vez consecutiva, haciendo bueno aquello de que los dioses ciegan antes a los que quieren perder. Le importa un pimiento haber asumido la limitación a dos de los mandatos presidenciales, compromiso que firmó con Albert Rivera para sacar adelante su última investidura. “¿Qué debate es ese?”, preguntó mosqueado el martes, cuando alguien le recordó lo obvio: la obligación de respetar los acuerdos que se contraen, lo que supondría que esta debería ser su última legislatura como inquilino de La Moncloa. “Sabemos que todo en él es transparencia, franqueza y honradez”, afirma con sorna un responsable de Ciudadanos (C’s), “y sabemos también que tenemos firmado un pacto de limitación de mandatos, que debemos esperar que cumpla; está claro que si no lo hiciera, obraríamos en consecuencia. Francamente no puedo ocultar que Mariano sería un contrincante ilusionante de cara a unas generales”.

El crecimiento de la formación naranja en las encuestas anuncia el comienzo de una larga senda que podría conducir al PP a la irrelevancia. Si a Rivera no le asusta el vértigo implícito en el envite, si no comete equivocaciones groseras, el PP podría llegar a ser, y no tardando, un partido residual no solo en Cataluña o el País Vasco, sino en toda España. Es la gran operación en marcha: la posibilidad de que C’s protagonice un sorpassoque le convierta en partido hegemónico de un centro derecha liberal ajeno al tsunami de esa corrupción responsable de haber agotado de forma prematura al régimen del 78. Una auténtica revolución podría empezar a perfilarse tras los resultados del 21 de diciembre en Cataluña, un territorio donde los españoles se juegan mucho más de lo que parece dentro de 11 días. Puede, con todo, que estemos ante un proceso más lento de lo que parece. Puede incluso que ambas formaciones estén llamadas a gobernar juntas tras las próximas generales, lo cual supondría romper el punto muerto de la situación actual en tanto en cuanto supondría poner en marcha los cambios de futuro que reclama una mayoría de ciudadanos, cambios frente a los que Rajoy opera como muro de contención.

Iglesias como ogro sacamantecas
La esperanza lleva nombre de Ciudadanos. Junto a la fosilización del PP y los palos de ciego del PSOE, la legislatura está poniendo en evidencia que Podemos no será recambio de nada, tan fuerte es el olor a naftalina que desprende apenas dos años después de su gran salto adelante. La naftalina de 1917, el año de la revolución de octubre. En la medida en que vaya perdiendo fuelle la imagen de Iglesias como ogro sacamantecas, como amenaza a la estabilidad –la triada liberal de libertad, seguridad y propiedad- sentida por amplias capas de población, fundamentalmente clases medias, irá reduciéndose ese caudal de voto cautivo que el PP mantiene amarrado al ronzal del miedo a los extremismos. En otras palabras: en la medida en que Pablo deje de dar miedo para convertirse en una broma histriónica, dejará de ser obligatorio seguir votando al PP.

Está por ver, en fin, si a lo largo de 2018 Rivera se decide a retirar su apoyo al Gobierno Rajoy, condenado a abrir las portadas casi a diario por los juicios de la corrupción, para forzarle a ir a elecciones. La negativa radical de la derecha para renovarse y su deriva hacia la irrelevancia son parte sustancial del problema de España, ese problema cuya esencia resumíamos aquí semanas atrás con el enunciado de “No es Cataluña: el problema sigue siendo España”. La incapacidad para poner en marcha un proyecto de país atractivo para las próximas décadas. Rajoy quiere volver a presentarse. No sabe hacer otra cosa. Los estatutos son claros, dicen a coro en Génova: “El presidente nacional del PP, elegido por el Congreso, será el candidato del partido a la presidencia del Gobierno”. Ni una voz discordante. Nadie capaz de levantarle la voz y alertar del peligro. La desaparición del PP como partido hegemónico del centro derecha podría convertirse en el acontecimiento político más relevante en décadas de vida política española. El auténtico cambio.

Adoquines de la memoria
FERNANDO ARAMBURU El Mundo 10 Diciembre 2017

A diario camino por calles en las que décadas atrás, allá por los años cuarenta del siglo pasado, sonaban las sirenas, ardían las casas, se hacinaban los escombros. Sobrevivieron pocos vestigios de aquella época en el mobiliario urbano. Las calles y las avenidas conservan sus nombres antiguos a condición de que estos no hagan referencia a personas vinculadas en calidad de cómplices con la historia criminal del nacionalsocialismo. También la ciudad, muy cambiada de aspecto, se sigue llamando como entonces, Hannóver, donde resido. Hay que andar bastante para encontrar fachadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Algunos edificios recobraron parte de su aspecto original tras ser reconstruidos. Mueren los ancianos y con ellos se va esfumando la memoria viva de aquellos años terribles.

A veces, yendo por aquí o por allá, uno se topa con unos pequeños bloques de latón incrustados en el suelo, ante la entrada de ciertas casas. El número es variable. Lo mismo hay un bloque que dos. No lejos de mi domicilio puede verse un grupo de cuatro, cada uno de ellos dedicado a un miembro de una familia apellidada Hein. Tienen forma de adoquín con las aristas y las esquinas redondeadas. En su cara superior, de un tamaño de 10 por 10 centímetros, figura el nombre, grabado en el metal, de una víctima del nacionalsocialismo, así como unos cuantos datos de su trágico destino. Traduzco un ejemplo: Aquí vivía Henriette Gottschalk, nacida Rothschild, en 1849, deportada en 1942 a Theresienstadt, muerta el 20.10.1942. A pocos pasos de allí, delante de otro portal, hay un adoquín dedicado a una mujer que sobrevivió. Es frecuente leer el nombre de Auschwitz y la palabra asesinado. Quizá la casa donde vivían las personas evocadas fue destruida durante los bombardeos. En tal caso, el adoquín se emplaza en un lugar aproximado.

La palabra alemana que designa estos adoquines brillantes es Stolperstein, compuesta de stolpern, tropezar, y Stein, piedra. El vocablo se resiste a una traducción precisa. He leído por ahí la forma española «piedras de tropiezo». Con todos mis respetos, no me parece acertada. Los adoquines fueron concebidos en 1992 por el artista Gunter Demnig. Se trata, pues, en su origen, de una iniciativa particular cuyo objetivo es la creación de un monumento descentralizado, disperso por países y ciudades, en honor de las víctimas del nacionalsocialismo; no de todas juntas, en montón estadístico, sino singularizada cada una de ellas con su nombre y unos datos intransferibles. Es imposible recordar a todas las víctimas. Harían falta más de seis millones de adoquines. Yo celebro que no siempre se delegue la gestión de la memoria colectiva, sobre todo si está empañada de dolor, en la clase política.

El abanico de infortunios (o de crímenes) abarca los asesinatos, las deportaciones, las expatriaciones forzosas o la inducción al suicidio. He averiguado que en el verano de 2017 habían sido colocados en torno a 61.000 adoquines, no sólo en Alemania. Cada uno cuesta unos 120 euros, aunque presumo que habrá variaciones en el precio de unos lugares a otros. Se financian mediante donativos. Hay adoquines repartidos por veintiún países europeos. Pueden verse asimismo en Cataluña, donde honran la memoria de algunos republicanos españoles recluidos en campos de concentración nazis.

Gunter Demnig colocó el primer adoquín el año 1992 frente al Ayuntamiento de Colonia. ¿Su propósito? Fijar en el recuerdo la deportación, cincuenta años atrás, de un millar de gitanos. La piedra albergaba en una oquedad interior una copia del decreto firmado con dicho fin por Heinrich Himmler. Fue sustraída en 2010, se ignora si por discrepancias ideológicas o por afán de coleccionismo. No está de más precisar que en los primeros años los adoquines de la memoria fueron colocados sin permiso municipal. La primera ciudad que los autorizó expresamente fue Salzburgo en 1997.

Los adoquines de la memoria merecen en Centroeuropa una aceptación general, pero no completa. Muchos transeúntes pasan por encima de ellos sin prestarles atención o sin tener idea ninguna de lo que significan. Puede asimismo suceder que, en determinadas fechas, manos anónimas depositen junto a los adoquines velas encendidas o flores. Así, por ejemplo, cada 27 de enero, cuando se celebra el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, o al llegar el 9 de noviembre, cuando se recuerdan los pogromos de 1938. No han faltado los actos vandálicos de signo ultraderechista en forma de ataques con pintura o robos. A principios de 2017, en Dresde, los adoquines de la memoria aparecieron cubiertos de notas con nombres de ciudadanos muertos durante los bombardeos de los aliados en febrero de 1945, en un intento burdo de neutralizar unas víctimas con otras.

La iniciativa ha suscitado igualmente debates no exentos de polémica. De "insoportable" llegó a tildarla Charlotte Knobloch, quien años atrás presidió el Consejo Central de los Judíos en Alemania. Su argumento, por descontado respetable, reposa en la metáfora de la memoria pisoteada. Dicho de otro modo, las pisadas de los transeúntes, deliberadas o no, supondrían una vejación para las víctimas del nacionalsocialismo, lo mismo que la suciedad acumulada sobre los adoquines, con no imposible aportación canina. Otras voces judías se distanciaron públicamente de esta opinión. El propio vicepresidente del Consejo Judío, Salomon Korn, respaldó sin tapujos el proyecto de Gunter Demnig. Puestos a confrontar una metáfora con otra, se ha llegado a argüir que bajar la mirada para leer las inscripciones comporta una inclinación de respeto.

No han faltado ciudades (Múnich, que yo sepa) cuya autoridad municipal prohibió la colocación de adoquines de la memoria acogiéndose a las ordenanzas, a la manera como la alcaldía de San Sebastián mandó, tiempo atrás, retirar las placas de recuerdo de algunas víctimas de ETA, instaladas por Covite en algunas fachadas de la ciudad. Vecinos ha habido en Alemania que se opusieron al proyecto de los adoquines de Demnig alegando que sus viviendas perdían valor o que los inquilinos se exponían a agresiones de activistas de ultraderecha.

España no es el único país para el cual la memoria de los hechos sangrientos de su pasado constituye un motivo frecuente de disensión. El viejo dicho, según el cual conviene cultivar el recuerdo de las injusticias y los desmanes históricos para que no se repitan en el futuro, lo considero una bondadosa pompa de jabón. A las víctimas cercanas en el tiempo, la memoria les ofrece un espacio, acaso el único y cada vez más tenue, para una posible reparación y también para la solidaridad y el afecto de algunos, antes del olvido definitivo. La llamada memoria histórica debería servirnos para algo más que ajustar cuentas, reavivar rencores o tratar de cambiar a voluntad el signo de los viejos tiempos. Redundaría en provecho de la sociedad si valiera para hacer de cada uno de nosotros, o al menos de muchos, mejores personas. No sé, más serenas, más sensibles, mejor educadas. Yo, por si acaso, he tomado la costumbre de no pasar sobre los adoquines de la memoria sin detenerme un instante a leerlos.

69 ANIVERSARIO
Los Derechos Humanos, un día para recordar valores
Bajo el tema “todo los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” este domingo 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos
Marta Martín Gómez estrelladigital 10 Diciembre 2017

La fecha elegida fue el día que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Con motivo de esa celebración, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos.

Desde entonces, y hasta la fecha, año tras año se ha celebrado un día que concierne a todos los seres humanos, donde “la equidad, la justicia y la dignidad humana evitan la violencia y velan por la paz”. Este año, el tema elegido por la organización ha sido “todo los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

NACIONES UNIDAS
Con motivo del 70 aniversario que se celebrará el próximo año, desde las Naciones Unidas han querido lanzar una campaña en la que destacan “la trascendencia del documento histórico, que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición”.

Derechos humanos, idioma
Nota del Editor 10 Diciembre 2017

Ya puestos a recordar, no hay que olvidar que el tribunal europeo de derechos humanos de Strasbourg tiene que desaparecer al no cumplir su función de defensa de los derechos humanos en lo referente al idioma. Y eso sin tener en cuenta los infumables fallos defendiendo a violadores, terroristas y asesisnos.

CAMPAÑA DE ‘HABLAMOS ESPAÑOL’
Miles de firmas en Madrid ‘para que ningún hispanohablante sea discriminado’
Rafael Núñez Huesca gaceta.es 10 Diciembre 2017

‘Hablamos Español’ ha dado en Madrid el pistoletazo de salida a su campaña de recogida de firmas. Gloria Lago, presidenta de la asociación, celebra que la convocatoria se haya saldado con “un éxito que ha superado nuestras expectativas más optimistas”.

La ‘Asociación Hablamos Español’, que reúne a diferentes entidades favorables a la libertad de elección de lengua, organizó ayer una recogida de firmas en la Puerta del Sol de Madrid.

El pasado mes de octubre el Congreso de los diputados dio el visto bueno a la propuesta de ley de ‘Hablamos Español’ que persigue la libertad de elección de lengua y garantizar los derechos de los hispanohablantes en toda España. Ahora la asociación tiene nueve meses para alcanzar las 500.000 firmas que son necesarias para que la iniciativa se debata en Las Cortes.
“O se afronta el problema educativo y lingüístico, o España se nos va por el sumidero”

Ayer se produjo el inicio oficial de la campaña de recogida de firmas en el ‘kilómetro cero’ del país, la Puerta del Sol, y reunió a voluntarios de toda España que acumularon “decenas de miles de firmas”, desde las diez de la mañana a las diez de la noche.

Uno de esos voluntarios, Ernesto Ladrón de Guevara, llegaba desde Vitoria a primera hora de la mañana después de una noche entera de viaje en autobús. Ladrón de Guevara, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y antiguo diputado de Unidad Alavesa, denuncia que a los niños vascos se les ha obligado a estudiar “en una lengua que no tiene ninguna presencia en la calle”, algo que califica de “desastroso” y “un atentado contra los derechos del niño”.

Carmen Leal Adán, octogenaria, con 32 años de experiencia en la Educación pública en Cataluña, tampoco quiso perderse el inicio de la campaña de firmas. Vino ex profeso de Barcelona: “Hay que decirle a los gobiernos que, o se meten muy en serio a resolver el problema educativo y lingüístico, o España se nos va por el sumidero“.

Los madrileños se vuelcan con la iniciativa
Según informa la asociación, numerosos madrileños se unieron improvisadamente a la campaña y no sólo ofrecieron su firma, también se prestaron para recoger otras firmas en Sol y las calles aledañas.

“Estoy emocionada con la acogida del pueblo de Madrid a la iniciativa. Los españoles, cada vez más, están concienciados del problema lingüístico que existe en muchas comunidades”, afirma Gloria Lago. ?La presidente de ‘Hablamos Español’ se reconoce “abrumada” por la respuesta masiva de madrileños y turistas de toda España -habla de “decenas de miles de firmas”- y ha explicado cómo vecinos de localidades próximas a Madrid se han desplazado hasta la capital “sólo para firmar y llevarse pliegos de firmas”.

“Desde aquí -dice la presidenta de ‘Hablamos Español’- extenderemos nuestra labor a todos los rincones de España”. Y aunque aún no hay un calendario definitivo, sí es seguro que la próxima ciudad en recibir a la asociación será Barcelona. Lago espera llegar “al corazón de muchos españoles” pues se trata, a su juicio, de “un problema de derechos civiles, con grandes implicaciones afectivas, y que afecta a la educación de nuestros hijos, a nuestra libertad, a nuestro país”.

A contrarreloj: nueve meses para medio millón de firmas
El pasado mes de octubre la Mesa del Congreso de los Diputados admitió que la propuesta de ley de Libertad de Elección Lingüística sea tramitada como Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Con ello, ‘Hablamos Español’ dispone de nueve meses para reunir las 500.000 firmas certificadas necesarias para que la ley sea debatida y, en su caso, aprobada en el Congreso.

La propuesta de ley busca garantizar que todos los niños de España puedan estudiar en español, si así lo desean, y que los hispanohablantes de todas las comunidades autónomas tengan los mismos derechos lingüísticos. Caso de tener éxito la iniciativa, ningún hispanohablante verá restringida la libre circulación por el territorio de su país por razón de lengua, porque “podrá escolarizar a sus hijos en español y no tendrá limitado su acceso a un puesto de trabajo, ni tendrá que soportar ninguna otra traba lingüística de las que afectan a los hispanohablantes en la actualidad” en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales.

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Saldo del 'procés': 5.500 empresas desertan de Cataluña
Gonzalo Baratech cronicaglobal 10 Diciembre 2017

La estampida de sociedades mercantiles y hombres de negocios catalanes alcanza unas cotas inauditas. La causa de este fenómeno no es otra que la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que sobrevuelan esta comunidad.

Los medios informativos repiten machaconamente que se han fugado más de 3.000 empresas catalanas desde el pasado 2 de octubre, es decir, el día siguiente del fraudulento referéndum, hasta comienzos de diciembre.

Algunos ingenuos vaticinaron que la aplicación del artículo 155 de la Constitución traería la calma. No ha sido así. Además, las últimas encuestas auguran que los independentistas podrían volver a formar Gobierno. Dicha perspectiva semeja a una multitud de entidades comerciales, industriales y de servicios nada alentadora. Por tanto, no es de extrañar que el éxodo arrecie.

En diciembre, con el 155 plenamente vigente, se viene registrando un promedio de 25 exilios diarios. A este ritmo, el presente mes promete terminar con un saldo de más de 400 firmas evadidas a otras partes de España.

Es de recordar que ya entre 2013 y 2015, casi 1.100 empresas se escabulleron de esta tierra cada día más devastada por los despropósitos separatistas. La diáspora se aceleró en el curso del presente año, con un millar de empresas emigradas hasta el 1 de octubre de este año.

En resumen, durante este siniestro quinquenio de procés, nada menos que 5.500 firmas de todos los tamaños han decidido huir de Cataluña. En su inmensa mayoría no se marchan voluntariamente. Es la actuación insidiosa de la casta política la que las está echando fuera.

El balance de las pérdidas sufridas es devastador. Hasta hace poco, las compañías catalanas ocupaban posiciones de liderazgo en múltiples sectores. Por ejemplo, Cataluña contaba diez años atrás con once instituciones financieras, principalmente cajas de ahorro y bancos. Hoy no queda ni una sola, tras la quiebra generalizada de las cajas y la desbandada de Caixabank y Banco Sabadell.

La mudanza de los dos grandes bancos ha arrastrado a todo el mundillo financiero que los rodea: sociedades de valores, gestoras de fondos y de patrimonios, sicavs, aseguradoras etc.

El caso de este último ramo es particularmente sangrante. Las compañías de seguros que funcionaban por estas latitudes significaban el 32% de la facturación nacional del sector. Tras su escapada, las pocas que quedan solo aportan el 5%.

Otro histórico sector que daba lustre a la economía vernácula es el de la industria editorial. Gracias a ella, por nuestras latitudes se desarrollaba la mayor producción literaria en lengua española de todo el orbe. Tras la deslocalización de Grupo Planeta, líder del ramo, Cataluña ha perdido, quizás para siempre, su privilegiada condición.

El daño que ha ocasionado el secesionismo sectario y excluyente es inmenso. Nunca hasta ahora Cataluña había sufrido una traslación societaria tan extensa, rápida y empobrecedora. Ya lo he comentado en otras ocasiones. El movimiento de las sedes sociales y fiscales es algo parecido a una bomba nuclear. Su onda expansiva se dejará sentir durante varias generaciones.

La victoria pírrica que empobrece a Cataluña y España
La política catalana se parece cada día más al dilema del prisionero. Nadie coopera para salir del agujero porque teme perder votos. El resultado es un enorme fracaso colectivo
Carlos Sánchez elconfidencial 10 Diciembre 2017

Los economistas llaman externalidades negativas a las consecuencias adversas que causan aquellos procesos de producción cuyos precios de mercado no reflejan los costes reales. El ejemplo más recurrente es el de la contaminación. Una fábrica puede vender productos muy baratos que benefician al consumidor, pero, si esa fábrica contamina, quien realmente paga son aquellos que sufren en sus pulmones los efectos del humo tóxico.

En la política sucede algo parecido. En muchas ocasiones, las decisiones que favorecen a una determinada clientela política —el mayor incentivo de un político es ganar elecciones— perjudican a otros colectivos, lo que provoca conflicto social, toda vez que la mejora del bienestar de un grupo se hace a costa de la prosperidad de otro. El caso más evidente es el de los impuestos. Cuando se baja la presión fiscal para favorecer a un determinado nivel de rentas —y afecta a la recaudación—, quien realmente sufre —la externalidad negativa— es el porcentaje de población más dependiente de la acción de los poderes públicos: sanidad, educación o dependencia.

En el caso de Cataluña, ocurre algo similar. Obviamente, son los ciudadanos catalanes quienes más sufren por el deterioro de la actividad económica en términos de empleo y creación de riqueza. Pero también el resto de España ve mermado su bienestar por el bloqueo político y por la parálisis en el proceso de producción de ideas.

La situación en Cataluña afecta al turismo en el puente más largo del año.
Parece obvio que, con la excusa de Cataluña, el sistema político —Gobierno y oposición— se muestra inútil. Inservible. Hasta el punto de que el país se mueve hoy arrastrado por la mejora de la actividad económica en Europa al calor de unos tipos de interés extremadamente bajos que favorecen la actividad y reducen las cargas financieras de familias, empresas y del propio Estado. De hecho, si no fuera por esa política monetaria y otros vientos de cola que irán amainando con el tiempo, la economía crecería menos de la mitad y la reducción del paro sería mucho más lenta.

Esta actitud displicente de la clase política para hacer, precisamente, política —pensiones, degradación del mercado laboral, demografía o lucha contra la desigualdad— no es nueva. En nuestra reciente historia, hay incontables ocasiones en las que las miserias interiores de España han impedido avanzar mientras el mundo se movía. Algo que explica parcialmente el atraso secular respecto de otras naciones de nuestro entorno. Solo cuando España entendió que había que estar con Europa y en Europa —el gran objetivo estratégico de la Transición más allá de la recuperación de la democracia—, el país comenzó a sacudirse siglos de indolencia y a converger en términos de renta.

Maquinarias electorales
La crisis catalana, sin embargo, ha avivado los viejos fantasmas de España. Hoy, los territorios sacan lo peor de sí mismos y luchan entre sí como si se tratara de viejos enemigos a los que hay que partir el espinazo. La guerra entre las élites de Cataluña y Aragón por el tesoro de Sijena o, en su día, el traslado de los papeles de Salamanca reflejan mejor que ninguna otra cosa esa España cainita incapaz de entenderse que pone en manos de los tribunales la solución de los problemas, incluido el nombre de las calles. Pero también refleja las insuficiencias del sistema político para resolver problemas. Probablemente, porque los partidos han dejado de hacer política y son hoy simples maquinarias electorales. Algo que explica que unos y otros utilicen Cataluña como como coartada, y lo que es peor, como rehén por intereses electorales.

Rivera, por ejemplo, tiene claro que su posición respecto de lo que sucede en Cataluña le da votos en el resto de España, lo que favorece una actitud intransigente y poco propicia a romper el estúpido bloque independentista con soluciones transversales que puedan ser aceptadas por amplias mayorías de la población catalana. Según anticipa la mayoría de las encuestas, alcanzaría el 20% de los votos, lo que significa que no es capaz de arañar apoyos más allá de su electorado tradicional, creciendo solo a costa del PP, pero no de otras formaciones.

El caso del PP de Albiol, un líder menor, es, igualmente, significativo. Políticamente, es irrelevante en Cataluña (sexta o séptima fuerza electoral), y eso es, precisamente, lo que impide que haga propuestas constructivas para tender puentes. Como sucede en el caso de Ciudadanos, su éxito electoral en el resto de España depende de lo que diga y haga en Cataluña, por lo que carece de incentivos para buscar soluciones. Entre otras cosas, porque la realidad ha demostrado que Rajoy puede obtener una mayoría absoluta sin necesidad de los diputados elegidos en Cataluña.

Un partido hegemónico
Le ocurre justo lo contrario que al PSC de Iceta y al PSOE de Sánchez, que saben que sin el enorme peso que tiene Cataluña en su electorado, es imposible que los socialistas recuperen La Moncloa. Eso explica que su estrategia pase por una solución intermedia que les aleja del voto plenamente 'españolista' —que explotan Cs y el PP— y del voto claramente rupturista respecto del modelo constitucional, que es el que representan Podemos y sus confluencias. El resultado vuelve a ser un magro resultado electoral para un partido que fue un día hegemónico y que pretende estar en misa (apoyando el 155) y repicando (criticando con dureza al resto de partidos constitucionalistas).

El caso del bloque independentista —si se puede llamar así— es parecido. Durante la época de Pujol, el incentivo de CiU era ganar en votos en Cataluña para hacerlos valer en Madrid y obtener privilegios aprobando leyes a su medida, pero a partir de que el centro derecha catalán se echó al monte buscando la independencia, los soberanistas carecen de incentivos para estar en el Congreso o para influir en Madrid. La consecuencia ha sido que todas las vías de entendimiento han estallado, por lo que la política de confrontación está servida. Hoy los nacionalistas catalanes llevan a Madrid a sujetos como Rufián solo para deslegitimar al parlamento español.

Pablo Iglesias podría haber capitalizado ese frentismo ideológico presentándose como un partido nuevo alejado de las viejas rencillas con una visión de Estado. Pero su propia configuración —un magma de partidos cantonalistas ahogados ideológicamente por esa memez intelectual que es la España plurinacional— le impide tener una estrategia global para España, como ha señalado con acierto Bescansa. El resultado es una pérdida de influencia evidente que se irá intensificando con el tiempo.

Este escenario es el que explica que hoy sea difícil encontrar una salida para la cuestión catalana. Entre otras cosas, porque cualquier pacto (por pequeño que sea) tenderá siempre a interpretarse como una 'bajada de pantalones', la bizarra expresión que muchos utilizan cuando dos se ponen de acuerdo. Algo que, paradójicamente, es la esencia de la política, y el reciente acuerdo sobre el Brexit es un buen ejemplo.

Cataluña, de esta manera, se ha convertido en un rehén de todos los partidos y hasta en una pieza política que nadie quiere soltar. Los constitucionalistas porque da réditos en el resto de España y los soberanistas porque es la razón de su existencia: el 'procés' ha muerto y no quieren reconocerlo, porque sería lo mismo que admitir un gran fracaso. Si alguien lanza la bomba atómica en forma de DUI y no pasa nada, salvo la prisión para los cabecillas, solo cabe retirarse a la abadía de Monserrat.

Es evidente que no es fácil encontrar una salida clara a esa encrucijada, que se parece en mucho al dilema del prisionero. Ninguno de los reclusos coopera para salir de la cárcel porque todos temen que acabarán pagando ante el alcaide (el pueblo) por el intento de fuga. Craso error.

Del hoyo solo se sale con cooperación. Y para ello solo cabe un gran pacto a aplicar en el conjunto del territorio nacional y no solo en Cataluña, como pretenden los independentistas. De hecho, y aunque parezca un juego de palabras, no existe un problema de Cataluña con España, sino un problema de España con Cataluña, lo que obliga a buscar alternativas territoriales para el conjunto del país que dejen sin salida y ahoguen las absurdas reivindicaciones de los nacionalistas catalanes.

Cuenta atrás para la traición a España (-12)

Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Diciembre 2017

PUIGDEMONT RETA A LOS DEL “SINDICATO DEL 155” A QUE LE DIGAN SI LE DEJARÁN SER PRESIDENTE. PEDRO SÁNCHEZ ACUSA A RAJOY DE ENFRENTAR A TERRITORIOS.

Ayer volvió a aparecer en plasma el fugitivo Carles Puigdemont, que sigue cobijado en Bélgica por cortesía de algunas autoridades locales, y la indiferencia del Gobierno belga que no limita sus movimientos. Pero no deja de tener un aire de patetismo el que su campaña quede reducida a esas escasas y caras comparecencias por video conferencia en mítines que obligadamente han de celebrarse en recintos cerrados de limitado aforo sin el derroche tecnológico de las grandes campañas, ya que esta vez y gracias a la intervención del 155, los gastos están muy limitados y controlados, y tampoco la caja de solidaridad da para más. Y esa precariedad puede que influya en la desesperación de los fugitivos que ya son plenamente conscientes de que en cuanto pongan un pie en España serán detenidos y llevados ante el juez Pablo Llarena. Y es que ante todo hay que respetar el orden, no solo el Constitucional, sino el de la justicia, el procesal y aquí se cumple que es antes la gallina que el huevo.

Anda Carles Puigdemont preguntando “Rajoy, Sánchez, Arrimadas, Albiol, que es el sindicato del 155, ¿respetaréis el voto de los catalanes? ¿Nos dejaréis ser diputados, presidente o consellers?" Y claro es que para poder presentarse en el Parlamento y presentarse como candidatos, lo primero es regresar a España con la dificultad de no tener ya de su lado al Mayor de los Mossos que seguramente le abriría paso hasta el Parlamento con una nutrida escolta y coche oficial con la estelada. En su lugar, salvo que eluda la detención inmediata en su regreso, si este no se produce en vuelo regular y usa el maletero de un coche para ocultarse en la frontera, sería detenido en cuanto se detectase su presencia en el Parlamento. Y no por persecución personal ni nada por el estilo, sino solo porque el juez Pablo Llarena decidió mantener la orden de búsqueda y detención en todo el territorio nacional cuando anuló la euroorden.

Carles Puigdemont sigue intentando ponerlo todo en el plano de lo político y no en el que está actualmente, el judicial. Lo malo es que el momento procesal se halla en una fase “inicial” según el mismo juez Llarena, por lo que los derechos constitucionales a presentarse a sufragio pasivo siguen intactos. De hecho esta aberración legal es la que le ha permitido a Carles Puigdemont y al resto de golpistas, integrarse en listas lectorales sin ningún problema y tener esa posibilidad de salir electos. E incluso tomar posesión de su Acta de Diputado sin mayores problemas y sin tener que hacerlo de forma presencial, otra aberración legal que debería ser reconsiderada. Sin embargo, la vía judicial va por otro lado y sigue con efecto esa orden de detención sin matices. Tendrá que ser el juez Pablo Llarena el que decida las medidas cautelares que aplicará a cada uno de los fugados y que es de suponer que serán similares a las adoptadas con el resto de investigados que figuran en las causas de las que el juez se encarga. En base a lo actuado hasta ahora, es de suponer que Carles Puigdemont permanezca en prisión incondicional y sin fianza.

Y alguien que está en prisión podrá ser elegido diputado y volver a ser aforado, pero eso no cambiaría nada ya que seguiría siendo el Tribunal Supremo el encargado de las causas abiertas y el juez Llarena el designado para la Instrucción. No hay nada en la Ley que obligue al juez a permitir asistir a sesiones del Parlamento donde sí que se requiere la presencia real y no virtual por video conferencia, ni tampoco se admite la delegación del voto. No obstante, el dilema legal puede plantearse por el choque de derechos y la potestad de un juez para reprimirlos. Y es que la incongruencia mayor es que no se haya legislado la suspensión temporal de esos derechos ante la gravedad de los delitos por los que se les va a juzgar, en este caso el de rebelión y sedición, además del de malversación de fondos públicos.

Carles Puigdemont yerra el tiro de sus soflamas, su pregunta no debe ir contra Rajoy, Albiol, Rivera y Arrimadas, (se olvida de Iceta y de Sánchez que apoyó la aplicación de las medidas bajo el amparo del 155), a los que llama “sindicato del 155”, sino contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que es el que lleva su caso y el de sus compinches. Lo primero que debe hacer es regresar de Bélgica y someterse a la acción de la Justicia, pero su cobardía le lleva a buscar una salida que le devuelva la impunidad, la misma que exigía a cambio de no declarar de modo unilateral la independencia. Es plenamente consciente de que debe volver si no quiere ser el vencedor virtual junto a sus primeros de la lista y ver cómo el candidato lo termina proponiendo el PDeCAT y el se queda con su Acta de Diputado en el exilio. No puede evitar el cara a cara con el juez Llarena ni con las acusaciones, aunque decida declarar solo a las preguntas de su abogado. Y debe asumir que compartirá prisión con su número dos Jordi Sánchez y con su antiguo socio y ex Vicepresidente Oriol Junqueras.

¡Mira quién habla! Ya no sabe qué hacer Pedro Sánchez para atacar al que sigue siendo su “bicha”, Mariano Rajoy. En su ánimo de ir desmarcándose del apoyo que estaba obligado a dar con las medidas de intervención amparadas por el artículo 155 de la Constitución ante la gravedad de la declaración de independencia en Cataluña, se atreve a acusar a Rajoy nada menos que de “enfrentar a territorios de España”. Una acusación que bien podría aplicársela él mismo en su propuesta de reconocer a naciones y pueblos dentro de una España plurinacional que solo existe en su imaginación y en la de los más reaccionarios de su partido, aquellos que le votaron y le devolvieron a la Secretaría General tras haberles traicionado con su intento de pactos con los independentista y los ultra radicales de PODEMOS. Y es que ls que más enfrentan son precisamente aquellos que defienden una España asimétrica con españoles de primera y segunda e incluso tercera categoría, dependiendo de su lugar de nacimiento. Alguien que obligaría a esos ciudadanos a buscarse un futuro mejor del mismo modo que hacen los inmigrantes ilegales cuando miran a Europa como el paraíso.

Si ya es una aberración lo de los Fueros de Navarra y el Concierto Vasco, solo faltaba seguir ahondando la brecha social y económica, facilitando la creación de nuevas naciones que parten de una situación de absoluto privilegio tras casi dos siglos de desarrollo favorecida por los diferentes Gobiernos de España. Los españoles queremos que sea una realidad lo de la igualdad de derechos y de deberes y no podemos aceptar la desigualdad con la resignación cristiana o hindú de asumir nuestro destino como inevitable. Así que si habla de separar y enfrentar, Pedro Sánchez es sin duda uno de sus principales promotores con su estrafalaria propuesta. Y es que hace falta cinismo para además acusar al enemigo político, que si algo tiene en su discurso es el de la Unidad de España, no tanto lo de la igualdad de derechos ya que está dispuesto a mantener los privilegios existentes de Navarra, El País Vasco y ahora Cataluña en perjuicio del resto de autonomías.

¡Que pasen un buen día!

La virreina está desnuda
Pedro J. Ramírez elespanol 10 Diciembre 2017

Este artículo no podría publicarse en ninguno de los diarios nacionales cuyos presidentes le deben la supervivencia. Tampoco encontrará eco alguno en las televisiones que llevan años forrándose gracias a su patronazgo. Y en el PP o en los despachos gubernamentales circulará, a hurtadillas y entre cuchicheos, para eludir la delación de sus hechuras. Pero ya es hora de decir bien alto que el ridículo internacional que acaba de hacer España, al tener que retirar la orden europea de busca y captura contra Puigdemont, es la culminación del naufragio político al que nos han arrastrado la incompetencia y el despotismo de Soraya Sáenz de Santamaría.

Vaya por delante que el juez Llarena ha hecho una inteligente operación de control de daños, al renunciar a la extradición solicitada a Bélgica. El riesgo de que el tribunal de Bruselas condicionara la entrega de Puigdemont a la restricción de los delitos por los que podría ser juzgado era demasiado alto y sus consecuencias sobre el conjunto de la causa por la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, demasiado graves.

Bien hecho, pues. Tanto el auto denegando la libertad de Junqueras, Forn y los Jordis, sobre la base del riesgo de la reiteración delictiva, acentuada por la condición de candidatos de algunos de ellos, como esta retirada estratégica demuestran que el instructor del Supremo tiene una cabeza muy bien amueblada en términos jurídicos y puramente lógicos. Y esta miel cubre ya unas cuantas hojuelas porque la competencia y el coraje de los jueces y fiscales –Lamela, Armas, Ramírez, Maza, Madrigal, Bañeres, Magaldi…- que están persiguiendo los delitos de los separatistas son, junto a la movilización de la sociedad civil, la única buena noticia, de estos meses aciagos, para la España constitucional.

El que el proceso por rebelión y sedición contra Puigdemont y sus consellers esté en buenas manos no atenúa, sin embargo, el bochorno que produce que Llarena se haya visto abocado a esa opción por el camino del mal menor. Para mantener viva la posibilidad de castigarles algún día, como merecen, el Estado ha tenido que renunciar a perseguir fuera de sus fronteras a los autores de una intentona golpista destinada a subvertir la legalidad y desmembrar la Nación. Eso es una catástrofe tanto para el prestigio de España, como para la autoestima de los españoles.

Implica nada menos que la libre circulación de movimientos por el mundo entero de quienes, tras pilotar las distintas fases de una rebelión institucional televisada en directo, burlaron la acción de la justicia por el simple procedimiento de cruzar sin oposición alguna la frontera. Y, lo que es más grave aún, implica tener que enmudecer ante las bravatas triunfalistas de Puigdemont y sus abogados, en el sentido de que la Justicia belga iba a darles la razón, reduciendo a meros actos políticos que deben dirimirse por métodos políticos, lo que a nuestros ojos -como a los de tantas otras legislaciones democráticas- son gravísimos delitos, merecedores de fulminante sanción penal.

¿Cómo es posible que un viernes por la tarde pueda consumarse un golpe de Estado como el que supuso la DUI y el lunes por la mañana, cuando el Fiscal General se disponía a presentar la pertinente querella, los golpistas amanezcan en Bruselas? Imagínense que el 23-F hubiera ocurrido eso con Armada o con Milans. Por supuesto que Maza, bueno era él, se habría adelantado tramitando la querella ipso facto y ordenando la detención inmediata de los miembros del Govern, si hubiera sido advertido por el Ejecutivo de esa eventualidad. Pero, para ello, habría sido preciso que quien tenía o debía haber tenido los pertinentes informes de los Servicios de Inteligencia, o sea, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, hubiera previsto y compartido ese escenario con los ministros de Justicia e Interior, con la antelación suficiente, o, al menos, hubiera tenido bastantes reflejos para alertarles y movilizarles in extremis. ¿No lo hizo porque estaba en babia o porque Catalá y Zoido no son lo suficientemente sorayos como para compartir con ellos sus dosieres y sus cuitas?

Sólo la atrofia de nuestra sensibilidad democrática, estimulada por la rendición de los principales medios -empezando por aquellos que parecen más farrucos- al pesebre monclovita que gestionan sus comisarios políticos, explica que la retirada de la euroorden no haya ido acompañada por la destitución del general Sanz Roldán como director del CNI y/o por la dimisión de Sáenz de Santamaría como vicepresidenta del Gobierno.

¿Es que no se enteraron de que Puigdemont estaba preparando su huida a Bélgica, a través de abogados cuya pasada trayectoria debería mantenerles de por vida en el punto de mira de cualquier servicio de inteligencia? ¿Es que, durante los varios años que ha durado su encargo prioritario de analizar y preparar respuestas para "todos los escenarios" hacia los que podía derivar el problema catalán, no contemplaron este? ¿Es que desconocían los resquicios de la Euroorden? ¿Es que se han enterado ahora de cómo funciona la política en Bélgica, de cuáles son sus leyes y cuál la práctica de sus tribunales? ¿Es que no sabían que Puigdemont vivía en Girona? ¿Es que no sabían que Girona está bien cerquita de la frontera? ¿Es que no sabían que existen vehículos de motor que en poco tiempo pueden recorrer grandes distancias? ¿Es que no sabían que hay unas instalaciones llamadas aeropuertos desde las que despegan aviones?

Sólo esta reducción al absurdo explica lo absurdo de que los hechos hayan sido estos, lo absurdo de que no hayan rodado cabezas y lo absurdo de que nadie las pida tan siquiera. Máxime cuando llueve sobre mojado, porque desde que Rajoy convirtió a Soraya en virreina plenipotenciaria para Cataluña, todas y cada una de las fases de su actuación se han saldado con fracasos tan estrepitosos como para que alguien con mayor sentido del pudor se hubiera quitado ya de en medio.

***
Ahí está la Operación Diálogo, ahorcada en el cable del viejo funicular del Tibidabo. ¿Para qué tanto despacho? ¿De qué sirvieron tantas idas y venidas, tantos encuentros secretos, tanto mirar para otro lado, tanto buscar intermediarios, tanta confianza en Junqueras y su equipo? Sólo para poner la otra mejilla ante cada bofetada a la legalidad y terminar enviando a Rajoy y al rey Felipe al insultódromo de la manifestación posterior a la masacre islamista de las Ramblas.

Ahí está luego la calamitosa gestión de la jornada del 1-O, con sus palos de ciego por doquier, entre la ardiente oscuridad de la falta de información sobre los planes de los golpistas, la ubicación de las urnas o la verdadera disposición de los Mossos y el pueril negacionismo que, en medio del bochorno internacional, se extendió hasta el mensaje del Rey del martes por la noche. A los propios ministros, ajenos como siempre al dispositivo coordinado por la vicepresidenta, se les caía la cara de vergüenza al comprobar hasta dónde alcanzaba el destrozo. Una de las grandes agencias de calificación de riesgos llegó a preguntar formalmente a uno de ellos si España se precipitaba hacia una nueva guerra civil.

Y aquí está ahora la más inapropiada, inconveniente y disparatada convocatoria electoral que imaginarse pueda, fruto de la precipitación y el miedo. Como acaba de declarar a EL ESPAÑOL, casi al borde del llanto, un compungido García Albiol, lo suyo era “un 155 de un año o año y medio”, no sólo para “corregir las desviaciones” calcificadas en competencias clave de la Generalitat, sino para haber dado tiempo a que la Justicia persiguiera, juzgara y condenara a los golpistas del 1-O y la DUI, trazando la línea infranqueable de las penas de inhabilitación que les hubiera impedido ser candidatos.

El presidente de la Sala Segunda ha explicado, a quien ha querido oírle, que el Supremo estaba en condiciones de culminar su trabajo en la mitad de ese plazo máximo. Y que no se invoque la coartada de la exigencia de PSOE y Ciudadanos, pues ambos partidos habían dado ya por bueno el lapso de seis meses para la convocatoria y por lo tanto de ocho para poner las urnas. Habríamos tenido elecciones el curso que viene y con los deberes políticos y penales hechos.

No, lo que ha sucedido es que de la misma manera que, a la hora de la verdad, resultó que Soraya no tenía plan alguno ni para impedir el choque de trenes ni para afrontarlo, tampoco tenía plan alguno para despejar la vía tras el achatarramiento. La nominalmente presidenta en funciones de la Generalitat no era siquiera capaz de poner en marcha una administración autonómica interina, al modo en que lo hizo la Segunda República tras aquel otro octubre del 34. No tenía un diseño burocrático, ni una hoja de ruta política, ni una estrategia de comunicación. Nada de nada.

Eso fue lo que empujó a Rajoy a improvisar esta convocatoria electoral exprés, a modo de ocurrencia de última hora. Digo “improvisar”, digo “ocurrencia” y digo “última hora”, porque si no hubiera sido así, ¿a santo de qué se habría incluido entre las medidas aprobadas por el Senado una detallada distinción entre aquellas materias sobre las que el Parlament iba a poder seguir legislando y aquellas en las que le estaría vedado hacerlo? Fue la limitación de competencias más efímera de la historia. El Gobierno nunca se habría metido en ese berenjenal si hubiera tenido previsto disolver la cámara autonómica en cuestión de horas.

Puede alegarse, con mucha razón, que todos estos derrapes de conductora ebria tienen un responsable final en la persona de Rajoy y, a menos que se produzca el milagro de una mayoría constitucional que, de momento, ningún sondeo ni remotamente huele, será a Rajoy a quien estemos esperando, después de Navidad, con el “segundo sobre” en ristre. Pero, por debajo de sus decisiones, hay una responsabilidad ejecutiva nítidamente delimitada: Cataluña era coto exclusivo de Soraya, al menos desde los tiempos en que se apartó a Gallardón de la gestión política del problema.

Es decir, que la responsable directa de que Puigdemont pudiera convocar el 1-O, celebrar el 1-O, escaparse tras el 1-O y poder moverse libremente tras el 1-O, es Soraya. A la que hay que pedir, de momento, cuentas de que Puigdemont pueda entregarse o no, según le convenga como argucia de final de campaña, y de que Puigdemont tenga después la alternativa de jugar la baza del “preso político” o la del “president en el exilio”, en función de lo que le aconsejen los resultados del 21-D, es a Soraya.

***
No me extraña que haya sucedido este desastre, pues el abuso de poder y la chapuza suelen engarzarse con frecuencia like the horse and carriage de aquella canción romántica de Sinatra en defensa del matrimonio. Desde que Rajoy, cual Papaíto Piernas Largas de las tiras cómicas del siglo pasado, promocionara a su Annie la Huerfanita al liderazgo del Grupo Parlamentario Popular en 2008 y a la vicepresidencia del Gobierno en 2011, Soraya ha disfrutado de un poder delegado omnímodo. Cuantos osaban contrarrestarlo, como los llamados miembros del G-8 que invocaban nada menos que la condición de amigos personales de Rajoy, eran implacablemente laminados. Los periodistas serviles, y no digamos los editores traidores que conspiraban para apuñalar a quienes no eran ni lo uno ni lo otro, se arrastraban como alfombras a sus pies. Ninguna parcela de poder quedaba fuera de su alcance, ya se tratara de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos o del Centro Nacional de Inteligencia. Si alguien debía debatir en campaña electoral en sustitución de Rajoy, pese a no ocupar tal rango en el PP, era ella. Quien ordenaba cuándo tocaba proteger y cuándo perseguir a un Bárcenas o un Villarejo era ella. Soraya ha decidido desde las listas de tertulianos que sometía servilmente a su aprobación el Pascual Criado Leal de RTVE, a los nombramientos en los órganos constitucionales. Cómo habrá sido la cosa para que hasta su intrigante jefa de prensa sea hoy un poder fáctico, al que medio Madrid teme tanto como desprecia.

Soraya o la borrachera del poder sin consistencia. El suyo es el último ejemplo de cómo se construyen grandes andamiajes sin nada sólido detrás. A Rajoy no le era fácil encontrar a alguien con menores convicciones que las suyas, pero tenía chupado dotarla de un aura de mayor capacidad de trabajo y decisión. La fama y el prestigio se nutren de la adulación y el miedo, pero cuando llega la prueba de un fuerte golpe de viento, la fragilidad de todo el tinglado queda al descubierto. Eso es lo que ha representado la crisis catalana para Sáenz de Santamaría. Quién nos iba a decir que aquella muchachita, con aire timorato, que nos enseñó su pie descalzo en una legendaria portada dominical, quedaría retratada en su desnudez política cuando sobre sus múltiples ropajes ceremoniales luciera también el imponente manto de virreina.

Cómo seducir a un independentista en cinco pasos
“¿Qué ha hecho España para seducir a los catalanes?”, dicen aquellos nacionalistas que se ven a sí mismos como una princesa a la espera del candidato más apuesto del torneo. Te explicamos cómo hacerlo en cinco sencillos pasos.
Cristian Campos elespanol 10 Diciembre 2017

1. Abstenerse de competir con ellos
El nacionalismo catalán es contradictorio. Se vende a sí mismo como “burgués, de clase media y comerciante” pero abomina del libre mercado tanto como cualquier diputado de Podemos. Véanse por ejemplo los aspavientos de indignación del nacionalismo cuando algún osado insinúa la posibilidad de liberalizar los horarios comerciales en la comunidad. Ni los linces están tan protegidos en España como los tenderos locales ineficientes en Cataluña.

Y eso es algo que no tendría mayor trascendencia más allá del reino de taifas catalán si no fuera por la molesta manía de los Gobiernos españoles de acudir al rescate de cualquier sector empresarial catalán amenazado por la pujante competencia de las otras regiones españolas. “El Gobierno impide que Extremadura dedique más hectáreas al cava hasta 2020”, decían los diarios españoles hace apenas un mes.

Los privilegios comerciales catalanes (y vascos), esa rémora antiliberal que ha frenado históricamente el desarrollo económico del resto de España, no son cosa reciente. Esto decía Stendhal, ese francés franquista, ya en 1838: “Estos señores quieren leyes justas, a excepción de la ley de aduana, que se debe hacer a su gusto. Los catalanes piden que todo español que hace uso de telas de algodón pague cuatro francos al año, por el solo hecho de existir Cataluña. Por ejemplo, es necesario que el español de Granada, de La Coruña o de Málaga no compre los productos británicos de algodón, que son excelentes y que cuestan un franco la unidad, pero que utilice los productos de algodón de Cataluña, muy inferiores, y que cuestan tres francos la unidad”.

2. Reconocer sumisamente su innata superioridad
No contentos con gozar de un proteccionismo comercial impropio de una democracia liberal moderna, los nacionalistas necesitan oír continuamente, a todas horas, que son mejores que el resto de los españoles. Porque los catalanes, como dijo un gran pensador gallego, "hacen cosas". Cosas intrínsecamente mejores que las que hacen, sin ir más lejos, los gallegos. Y esas cosas no son mejores por ser mejores, sino por ser catalanas.

Nadie ha hecho más por fomentar el complejo de superioridad nacionalista catalán que esos españoles que creen que los catalanes son más trabajadores, sensatos, moderados, democráticos, modernos, elegantes y de diseño que el resto de los españoles. Pero ese es otro tema.

Esto decía el cómico Quequé esta semana, entrevistado por Iñako Díaz-Guerra en El Mundo: “Yo tenía esperanza en que, al final, como los argumentos del nacionalismo son tan débiles y se desmontan fácil, algún indepe dijera la verdad: «Nos queremos ir porque somos mejores». Esa es su razón final”. Algo similar decía Rosa Díez hace unos días: “Nadie se considera diferente a otro porque se crea peor".

Y esa es la clave del asunto. Un nacionalista puede hablar de agravios fiscales y comerciales (de putas habló la Tacones), de cultura propia (como si un jerezano, un conquense o un madrileño no tuvieran también folclore regional) y hasta de sentimientos (de lágrimas andan rebosantes las alcantarillas de la comunidad catalana). Pero al fondo a la derecha de todo ello late el verdadero leitmotiv de cualquier nacionalismo: el sentimiento de superioridad. El supremacismo.

3. Permitirles delinquir impunemente (e indultarlos si son condenados)
A más de un presidente del Gobierno le han tenido que enderezar las cervicales a martillazos de tanto mirar hacia otro lado mientras los caciques locales del nacionalismo robaban a manos llenos hasta convertir Cataluña (y esto son datos oficiales) en la comunidad más corrupta de España, muy por delante de Andalucía, Valencia y Madrid, que se han llevado la fama mientras el independentismo cardaba la lana hasta con las muelas.

Los motivos por los que el público independentista cree que la misma casta corrupta que ha saqueado la comunidad mientras movía la bolita de la independencia de uno a otro cubilete convertirá una hipotética Cataluña independiente en un edén de transparencia y de buenas prácticas democráticas daría para una tesis doctoral en doce tomos.

Sin embargo, de vez en cuando ocurre lo inesperado. Algún nacionalista es condenado por robar, o por desobedecer las sentencias judiciales, o por dar un golpe de Estado. Entiéndanme. Por robar, desobedecer o dar un golpe de Estado con mayor descaro del acordado tácitamente con el Gobierno central de turno. ¡Hasta en la impunidad mafiosa hay límites!

Pero para eso está el PSC, el tradicional legitimador moral de la insolidaridad nacionalista. “Iceta se muestra partidario de indultar a los Jordis y a los consejeros si son condenados” decían los diarios esta semana. El mensaje del socialismo al nacionalismo es claro. “Delinquid discretamente, pero si alguna vez la cosa se os va de las manos o un juez osa aplicar la ley en Cataluña, no os preocupéis porque ahí estaremos nosotros para sacaros de la cárcel”. El nacionalismo suele corresponder a tanta generosidad llamando franquistas a los socialistas en horario de máxima audiencia.

4. Callar
Pocos mitos son preservados con mayor devoción en Cataluña como el que dice que la región es un remanso de paz, concordia y exquisito talante democrático. ¿Le impedimos a tu hijo escolarizarse en su idioma materno? ¡Ninguna familia se ha quejado! ¿Multamos a los tenderos por rotular su negocio en castellano? ¡No veo a nadie cerrar su negocio por ello! ¿Aplastamos los derechos de la oposición en el Parlamento catalán? ¡Sólo se queja la oposición! ¿Convertimos TV3 y Catalunya Ràdio en medios de comunicación sectarios, parciales y generadores de odio hacia el 50% de los ciudadanos catalanes? ¡A los espectadores de TV3 les encanta TV3!

La hegemonía nacionalista basa su prevalencia en dos pilares. El primero es el presupuesto. La Cataluña nacionalista es un microclima financiado generosamente por todos los españoles y en el que los ciudadanos más obedientes al régimen disfrutan de un nivel de vida muy superior al de sus contrapartes del resto de España (compárense los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los de los Mossos d’Esquadra).

El segundo es el silencio. Un silencio al que ha contribuido el abandono de los catalanes no nacionalistas por parte de los diferentes Gobiernos centrales. Rota esa burbuja de silencio por las pasadas de frenada del procés independentista, el oasis catalán se ha revelado como lo que siempre ha sido: el régimen corrupto y supremacista del que se beneficia una oligarquía local (las famosas cien familias) manipulando a una ciudadanía dependiente de los presupuestos de la Generalidad y adormecida por el cálido ronroneo de los medios de comunicación locales y de un sistema educativo cuyo objetivo no es educar a los niños sino implantar en ellos el marco mental catalanista.

5. Suspender la incredulidad
Las empresas no se han ido de Cataluña por la inseguridad jurídica, fiscal e incluso física provocada por el independentismo, sino porque el Gobierno central ha facilitado su salida mediante un decreto ad hoc (que por cierto es bidireccional: facilita tanto las salidas como las llegadas).

Los consejeros no están en la cárcel por haber dado un golpe de Estado, sino por ser independentistas (aunque los independentistas que no han participado directamente en el golpe siguen en sus escaños en el Congreso de los Diputados sin mayores molestias que las derivadas de verse obligados a trabajar como el resto de sus compañeros de la Cámara).

La convivencia no la ha roto un nacionalismo que ha convertido al 50% de los catalanes en ciudadanos de segunda sino la fuerza utilizada por los cuerpos de seguridad del Estado (mientras intentaban impedir un referéndum ilegal con el que los independentistas pretendían privar de sus derechos al resto de españoles).

La suspensión de la incredulidad, tan necesaria en una sala de cine cuando necesitas creer que un alienígena apolíneo y superpoderoso llamado Supermán protege a los humanos de graves amenazas existenciales, es en Cataluña un requisito imprescindible para sobrellevar la vida en común con tus vecinos nacionalistas sin que se te escape la risa a cada minuto. “¿Así que vivís oprimidos porque el cercanías de la RENFE se ha retrasado cinco minutos y eso es la prueba de una conspiración del Estado para aplastar vuestra cultura e impediros hablar en catalán? Ajajá”.

Trágala, trágala, tú, servilón
«¿Cuál es su precio? Un referéndum acordado con el Estado para resolver el conflicto entre Cataluña y España»
Miquel Porta Perales. BARCELONA. ABC 10 Diciembre 2017

VISTO
El exhibicionismo secesionista intenta visualizar que, por el hecho de acatar a la fuerza el 155, aceptar la legalidad constitucional por imperativo legal y renunciar a la vía unilateral -¡qué remedio!-, por todo ello, se considera merecedor del premio de consolación. ¿Qué premio? Pactar con el Estado -como si de una obligación se tratara- un referéndum para que Cataluña decida libremente su futuro político. Trágala: «Hecho por el que se obliga a alguien a aceptar o soportar algo a la fuerza». Así empieza la canción: «Trágala, trágala, / tú, servilón».

LEÍDO
La alegre muchachada de la CUP proclama que lo suyo es implantar la «República catalana como Estado independiente de acuerdo con el mandato del 1-O y la proclamación del 27-O». En consecuencia, exige «el control del territorio, la salida de Cataluña de la Guardia Civil y la Policía Nacional» y un «gran acuerdo de país [en la Cataluña secesionista todo es de “país”] para el proceso constituyente». Todo, para «materializar la República y garantizar los derechos políticos y sociales» frente a un «Estado represor que prohíbe derechos fundamentales». Erasmo de Róterdam: «Por el amor de Dios, ¿quién te ha hinchado la cabeza con esas camándulas?».

OBSERVADO
Muy probablemente, Catalunya en Comú-Podem -a pesar de los magros resultados que le proporcionará la equidistancia entre el «bloque de la DUI» y el «bloque del 155» en unos comicios polarizados- tendrá la última palabra en la elección del nuevo presidente de la Generalitat. ¿Cuál es su precio? Un referéndum acordado con el Estado para resolver el conflicto entre Cataluña y España. Así concreta su propuesta: una relación «confederal» con el Estado español y un «nuevo estatus a través del cual Cataluña mantendría una relación fraterna con el resto de pueblos de España en el marco de un Estado plurinacional». ¿Equidistancia -tacticismo oportunista- para obtener los votos moderados de uno y otro «bloque»? Quizá. Pero, Catalunya en Comú-Podem cojea. Incluso en las encuestas.

Gascó, calco de Cantó: "en 2 años sufrimos en Valencia el mismo adoctrinamiento que Cataluña en 30"
Una denuncia de la diputada del PP contra la politización en las aulas, se viraliza como ya lo hizo una intervención similar del representante de Cs.
Ana I. Gracia elespanol 10 Diciembre 2017

En octubre, una vibrante intervención en el Congreso del diputado valenciano de Ciudadanos Toni Cantó denunciando el "adoctrinamiento ideológico" en las aulas de Cataluña se hizo viral, y aún hoy circula por las redes. En la Cámara fue recibida con acritud y reproches, corte de mangas incluido, por otros grupos.

Poco más de un mes después, a finales de noviembre, llegaba otra intervención viral en el mismo sentido, pero esta vez protagonizada en las Cortes Valencianas por la diputada del PP Beatriz Gascó. La parlamentaria expuso con nombres y apellidos el adoctrinamiento que se ejerce en aulas de la Comunidad Valenciana.

"El adoctrinamiento que se ha ejercido durante 30 años en Cataluña lo tenemos en Valencia en los dos años que Compromís lleva en el Gobierno", denuncia ahora a EL ESPAÑOL. Gascó, que es la portavoz de Educación del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, ya ha pedido al presidente la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que retire la cartera de Educación a Compromís -su socio de gobierno- "para frenar el adoctrinamiento nacionalista en las aulas".

Tanto el discurso de la diputada popular como su vehemencia en la exposición, son calcados a los de Toni Cantó. Gascó, en cambio, no recibe de buen agrado la comparación y recuerda que las resoluciones que presentó el PP en contra del adoctrinamiento en las Cortes Valencianas no obtuvieron el respaldo de Cs.

La diputada asegura que ella "no está en guerra con Cs" porque "nuestro enemigo común debe ser Compromís", pero critica que, siendo valenciano, Cantó denunciara en el Parlamento sólo el problema de las aulas catalanas. "Es una vergüenza que Toni Cantó no pusiera un solo ejemplo de adoctrinamiento en Valencia, siendo diputado por esta provincia", asegura.

Gascó admite que el partido que lidera Albert Rivera ha capitalizado esta bandera mejor que el PP, algo que considera injusto. "Es posible que el PP tenga un problema de comunicación, pero es el partido que va a los juzgados a pedir que se abran investigaciones en aquellos centros donde adoctrinan", insiste.

Gascó asegura que se producen muchos casos de adoctrinamiento en los centros educativos de la Comunidad Valenciana y pide el apoyo de Cs para acabar con ello, "porque es muy peligroso seguir por esta deriva".

El endeble apoyo de Educación
Desde que el PP perdió el poder en la Comunidad Valenciana, hace dos años y medio, ha centrado parte de su oposición en denunciar el giro en materia de Educación. Sin embargo, las denuncias de su líder regional Isabel Bonig, no han sido respaldadas con demasiada firmeza por el Ministerio de Educación.

Por otra parte, la intervención de la diputada popular Elena Bastidas en el Congreso de los Diputados contra Toni Cantó, asegurando que los casos de adoctrinamiento son "aislados", generó una gran polémica sobre la posición del PP en esta cuestión. Pronto se matizaron sus palabras. "Ella quiso referirse a que no se puede generalizar porque hay mucho profesorado que está denunciando", defienden desde su partido.

El PP y Cs parece que están condenados a no entenderse ni siquiera en un tema como el adoctrinamiento en los colegios valencianos, pese a que la posición de fondo es la misma. Las discrepancias podrían explicarse porque luchan por el mismo electorado, y en un no tan lejano 2019 tendrán que medir sus fuerzas en las elecciones autonómicas.


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