AGLI Recortes de Prensa  Jueves 21  Diciembre 2017

Mejor fractura que dictadura
Cristina Losada Libertad Digital 21 Diciembre 2017

Es desagradable vivir en una sociedad fracturada. Dividida en bandos irreconciliables. Sectarizada. Una sociedad donde el vecino te mira con odio porque no eres de los suyos, sino de los otros. Donde amistades de siempre se rompen por la diferencia política. Donde en las conversaciones hay que evitar la política para no acabar mal. Donde la querella política lo invade todo y no hay ningún compartimento vital que quede sin contaminar. Es verdad. Una sociedad donde la división política cristaliza en facciones cerradas que se guardan hostil enemistad y aversión infinita es muy mala de vivir. Pero peor, mucho peor, es vivir en una dictadura.

Esto va por Cataluña. Va por la preocupación, que muchos sienten, por la fractura social que ha provocado el proceso separatista. Han ido tan lejos los separatistas, han tensado la cuerda tanto, han hostigado tanto a los adversarios, se han sectarizado de tal manera, que han provocado una polarización sin precedentes. Pero no hay que olvidar dos cosas. Una, que esa polarización está íntimamente vinculada a la decisión separatista de saltarse la ley. Dos, que la fractura ya existía. Estaba latente y ahora se ha manifestado. Pero existía. Existía por obra de un nacionalismo cuya ideología misma lleva el germen de la fractura.

El nacionalismo divide profundamente. La divisoria entre nacionalistas y no nacionalistas no es para el nacionalismo una divisoria política, sino ontológica. Es el ser mismo el que está en juego. Y el ser catalán precede obligatoriamente a la opción política. El nacionalismo no considerará legítima ninguna opción que no parta de la premisa de ese ser. Frente a la idea de la ciudadanía, que no entraña condiciones políticas ni ideológicas, establece como premisa de la legitimidad política lo esencial de su propia ideología: su ser catalán, un ser que equivale a ser nacionalista o, por lo menos, a parecerlo.

El margen de libertad política que dio el nacionalismo catalán desde el poder estaba en la posibilidad de guardar las apariencias. En la práctica, viene a ser lo mismo que callar. Uno podía no ser nacionalista en Cataluña, pero cuidado con exhibirlo. Podías no ser nacionalista, pero tenías que mostrar respeto reverencial por los mitos de la tribu. Podías no creer en ellos y hasta aborrecerlos, pero siempre que tu discrepancia quedara recluida en la vida privada. Y si no, tenías que atenerte a las consecuencias. Desagradables. Una parte de Cataluña permaneció, así, dentro de la espiral de silencio. Dentro, incluso, de una apatía política muy conveniente para los que se consideran los únicos con verdadero derecho a gobernar la región.

El silencio de la Cataluña no nacionalista mantuvo las apariencias y encubrió la fractura. Pero a un precio altísimo. Al precio del silencio, del dejar hacer, de la aceptación de la hegemonía nacionalista. Es un precio que no se puede seguir pagando. Es bonito, sí, hablar de reconciliación. Sin embargo, el precio de la reconciliación no puede ser el regreso al statu quo anterior. No puede ser el sometimiento de la Cataluña no nacionalista a la ley del silencio. La preocupación por la fractura social está justificada, pero es más preocupante que una parte de la sociedad se vea forzada a la invisibilidad en la vida pública. Antes que ahormarse a un molde político que consagra el predominio de una facción y la subordinación de otra, es mejor vivir en una sociedad fracturada.

Fracaso del 155 y pucherazo
Pablo Planas Libertad Digital 21 Diciembre 2017

Hay cosas en Cataluña que no cambiarán ni siquiera en el caso de que el separatismo se dé un batacazo colosal en las urnas y se pueda arbitrar un Gobierno no nacionalista sin hipotecas sociopodemitas. Resulta ridículo invocar la aplicación del artículo 155 durante un mes y medio frente a la inmensidad de una red clientelar tejida durante cuatro décadas de separatismo.

El peculiar sistema escolar de Cataluña es una de esas estructuras por las que el Estado ha pasado de largo a pesar de tener constancia no sólo de los estragos del perverso y enfermizo método de la inmersión lingüística sino de la carga de adoctrinamiento en la superioridad catalana y la derivada del odio a España que predican unos maestros mutados en comisarios políticos desde preescolar hasta la universidad.

Han pasado sólo unas semanas del simbólico acto en el que los directores de instituto entregaron a Puigdemont las llaves de sus centros para celebrar el referéndum ilegal del 1-O. Los siguientes días se dedicaron con extremo celo a inculcar en los críos un rencor ciego y absoluto contra la Policía y la Guardia Civil. Y no es que no les importara que entre los discípulos hubiera hijos de agentes de esos cuerpos, sino que se cebaron especialmente en ellos.

La situación no ha cambiado ni cambiará. Ni se cumplen las sentencias sobre la introducción de una tercera hora de español ni los padres que pretendan hacer valer sus derechos se librarán del señalamiento orquestado por una comunidad educativa infectada por los partidos, por las Administraciones nacionalistas y por unas órdenes religiosas cuyos responsables están en la vanguardia del proceso separatista y parecen gozar a tope con el aplastamiento de los disidentes.

Tampoco van a cambiar los medios públicos y los subvencionados que bombardean las consignas del catalanismo y mantienen un ecosistema informativo en el que un exterrorista como Carles Sastre, condenado por la muerte del empresario José María Bultó, es presentado primero como un "gran reserva del independentismo" y luego como el comprometido líder sindical que monta huelgas de "país" sin que se haga mención a su violento pasado. En la Cataluña mediática, Arnaldo Otegui es un reputado pacifista al que se entrevista con unción, mientras es consideración generalizada que Inés Arrimadas y Xavier García Albiol son unos despreciables seres fachas.

Los intereses de cientos de miles de funcionarios y empleados públicos, así como de cientos de medios y de miles de contratistas de las Administraciones del tres por ciento, dependen del mantenimiento del régimen nacionalista. Frente a semejante ejército, el 155 no ha sido nada. La jefa de campaña de Puigdemont se ha mantenido tan ricamente en su puesto de la Generalidad. El único damnificado ha sido el major Trapero, ahora emérito y al que han dado un despacho sin vistas con un archivador vacío. Pase lo que pase este jueves, el 155 ha sido un gatillazo, un espejismo, un anuncio sin contenido que sólo ha servido para poner sobre aviso a más de diez mil apoderados separatistas con instrucciones precisas para dar el pucherazo del siglo.

Otra cosa que no cambiará a partir de mañana es que a Arrimadas se le pueda llamar "puta" por la calle en plan cívico nacionalista de lacito amarillo, aunque gane las elecciones en votos y en escaños, lo que puede resultar tan histórico como estéril.

Cataluña, ante una jornada decisiva... en la que no se resolverá nada
EDITORIAL Libertad Digital 21 Diciembre 2017

Con independencia de cuáles sean los resultados de las elecciones autonómicas de este jueves, los catalanes pueden estar seguros de una cosa: la mera celebración de estos comicios no significará el restablecimiento en su comunidad de un orden constitucional tan largamente violentado, cuando no abiertamente subvertido. La celebración de estas elecciones al amparo del artículo 155 de la Constitución no podrá ser en ningún caso la solución a un problema que, desde luego, no surge de la negativa del golpista Carles Puigdemont a llamar a las urnas. El problema viene de muy atrás; de la independencia de facto que la Cataluña separatista ha disfrutado en numerosos y decisivos ámbitos desde antes incluso de 2012, y que ha sido utilizada por los golpistas como plataforma para emprender un proceso abiertamente secesionista a fin de instaurar un nuevo Estado y, por supuesto, de perpetuarse en el poder.

Este proceso, que va mucho más allá de los referéndums ilegales perpetrados en noviembre de 2014 y octubre de este año, implica el control de los medios de comunicación y de la enseñanza pública, así como el mantenimiento de unas redes clientelares formidables; y constituye no sólo un intento de voladura de la Nación entendida como Estado de Derecho, sino una adulteración de la democracia en Cataluña. Para poner fin a este deplorable estado de cosas no basta con convocar unas elecciones: porque en una democracia el cumplimiento o el restablecimiento de la ley no se somete a votación y porque la propia adulteración de la democracia lastra faltalmente el propio veredicto electoral.

Intervenir tan tardíamente la autonomía con la finalidad exclusiva de celebrar lo antes posible unas nuevas elecciones regionales no ha dejado de ser una oportunidad para que el régimen separatista haga uso del tremendo poder que aún detenta. El hecho de que estas elecciones den también una oportunidad de expresión a los catalanes hartos del nacionalismo obligatorio que está sumiendo a Cataluña en la decadencia y la ruina no nivela, ni mucho menos, el terreno de juego, inclinado fatalmente a favor de los golpistas.

Lo anterior no significa que sean irrelevantes los resultados de este jueves. Aunque la elección parece que se presenta reñida, sería un auténtico milgaro que los constitucionalistas se impusieran, dado que la intervención de la autonomía no ha cumplido su cometido de restaurar el orden constitucional en el Principado y los separatistas no han sufrido las consecuencias de su ominoso golpe de Estado. Sea como fuere, la mejor noticia sería que Ciudadanos obtuviera un resultado extraordinario y que la clase política nacional tomara auténtica conciencia de la gravísima amenaza que el nacionalismo –no sólo en Cataluña– representa para España y para las libertades de los españoles.

¿El separatismo, causa o síntoma?
Vicente Baquero gaceta.es 21 Diciembre 2017

Es una constante en todos los medios y opinión generalizada, que el separatismo o movimiento ciudadano de buscar la independencia al desligarse de los lazos que unen esas regiones al resto de sus naciones respectivas, tanto en España: Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares, como en Europa: Córcega, Bretaña, La Padania, Baviera, Flandes, tiene un efecto nefasto y es causa de muchas de las crisis políticas a las que estamos asistiendo.

Estas corrientes centrífugas arrastran sin duda a las distintas colectividades hacia un distanciamiento y empobrecimiento general, que acaba por producir la desintegración del estado, una degradación de las instituciones y una renovada conflictividad entre los miembros de la comunidad nacional o internacional.

La pregunta clave, para poder llegar a entender este fenómeno separatista, irracional en gran medida y trufado de complejos e incoherencias, difícil de entender, entre unos grupos humanos relativamente educados y que gozan de un nivel de bienestar envidiable, es si esa tendencia involucionista es la causa de la disolución del estado y la ruptura de la convivencia, o por el contrario, ese independentismo y falta de coherencia social es el síntoma y consecuencia de una degeneración previa, de una ruptura anterior, tras la eliminación de las convenciones y normas que debían regir esas relaciones.

¿Se trata de un refugio en la tribu como protección y temor ante el mundo que se avecina, o puede deberse a una crisis interna profunda de la conciencia colectiva, no solo del que se quiere separar sino también del resto: o estamos ante una pérdida de sentido de los valores e ideales que justifican una solidaridad comunitaria?

La siguiente pregunta lógica tras la anterior sería: Esa ruptura ¿se trata de un hecho inevitable que tiene su origen en la natural tendencia en la naturaleza de producir constantes cambios, aunque sean traumáticos, dentro de un proceso evolutivo, o tienen responsabilidad las cúpulas rectoras de nuestras respectivas sociedades, que tras prescindir de el paradigma anterior son incapaces de motivar a los ciudadanos con objetivos o metas tangibles reales e ilusionantes? Es probable que algo de verdad tenga la contestación afirmativa a ambas de las anteriores preguntas.

En resumen: ¿Este fenómeno separatista es la causa o es el síntoma de una enfermedad mucho más profunda en nuestras respectivas sociedades occidentales?

Por un lado es cierto, para cualquiera que se tome el trabajo de estudiar la historia, que el cambio es una constante en todas las naciones y en todos los continentes, como si los humanos, independientemente de su estado de bienestar material, se cansaran de la rutina de unos sistemas y periódicamente conspiran para alterarlos, aunque con ello desencadenen situaciones más desfavorables que las anteriores. Es lo que algunos sociólogos definirían como destrucción creativa. Lo que nadie pude asegurar es si tras la destrucción aflora la creatividad… Aunque no todo puede deberse a ese fenómeno, los humanos tienen algo que decir al respecto, en cuanto a si los cambios son recomendables o claramente negativos, siempre hay unos responsables, quizá no de los cambios inevitables, pero sí de los que se han llevado a cabo sin tener en cuenta las consecuencias. El éxito o fracaso de las decisiones adoptadas dependerá en gran medida de la habilidad, genio, competencia, inspiración, “virtud” (en el sentido de los clásicos) y suerte de aquellas personas que se instalan en el puesto de mando.

La calidad, efectividad, competencia y honestidad política, del que rige los destinos de una comunidad depende, en un régimen “democrático”, de la ciudadanía, al menos teóricamente, será por tanto esa ciudadanía la responsable de exigir a sus políticos una acción decidida y determinante para eliminar esta amenaza a la soberanía nacional. Si la clase política no está a la altura es que: o la ciudadanía está dormida o que hay una disfunción en el sistema, ya que el mensaje no llega al poder, o el poder es incapaz de actuar. Las tres opciones no son buenas, ya que cualquiera indica un claro fallo en el sistema y por tanto el tema separatista y su auge, se debe más a la inoperancia del poder central y su incomunicación con la ciudadanía. Este hecho pone de manifiesto que efectivamente el fenómeno nacionalista radical, tiene su origen en la descomposición del sistema más que a ningún otro factor.

En cuanto a los sentimientos colectivos, comprobamos, como consecuencia de la observación de diversas sociedades a lo largo y ancho de la geografía, como, aunque no exista ninguna razón lógica que lo justifique, los hombres acuden y se apoyan en emociones, tanto o más que en razones; que en una colectividad cuando existen unos ideales y unos valores colectivos compartidos, que cimientan una sensación de pertenencia al grupo, un objetivo común que les da sentido a sus vidas, aun cuando esta motivación se trate de una ficción, al margen de intereses personales, la colectividad se mantiene unida, cuando este componente emocional falla, es cuando aparecen soluciones o refugios alternativos, y es en ese terreno donde se ceban los nacionalismo separatistas.

Cuando las guías esenciales del estado se confunden tras haber abandonado aquellos valores y principios, que para bien o para mal le habían dado sentido, cuando se es incapaz de generar o crear alternativas ilusionantes surge la desmoralización colectiva, como se diría vulgarmente: “le crecen los enanos…”.

El problema actual en España, y en gran medida en Europa, es que se han tirado por la borda aquellos principios, esquemas de valores, axiomas, o paradigmas que le daban cohesión a la civilización occidental, que era el vehículo a través del cual se alcanzaba la coherencia de los diversos estados nacionales, distintos pero con un legado cultural común. Al desaparecer esa herencia común, pueden desaparecer los estados nacionales y tampoco es posible construir una Europa: ahí aparecen las fórmulas tribales. Se han achatarrado consciente y metódicamente esos valores y principios para sustituirlos por entelequias vacías de sentido para el ciudadano sin que se les haya encontrado un sustituto válido: una fe, una convicción, que mantenga la casa unida. Las personas se mueven también por ideales no solo la economía rige nuestras vidas y destinos.

El separatismo hispánico nace hoy de un desvergonzado egoísmo local que se aprovecha de una ausencia de valores colectivos sólidos, es evidente que las meras consignas o manifestaciones “bien pensantes” “políticamente correctas”, importadas de ingenierías sociales foráneas en su mayoría, ideológicamente condicionadas, con muy poco fondo en España, salvo nuestra tradicional inclinación hacia la anarquía clásica, con las que han pretendido sustituir a los parámetros de la sociedad tradicional no aglutinan a los españoles. Es evidente, vuelven Las Taifas, si nadie lo remedia…

Entre democracia y golpismo
Editorial ABC 21 Diciembre 2017

El nacionalismo es una sombra que se cierne sobre la limpieza de las elecciones de hoy en Cataluña. Afortunadamente, es el Estado el que organiza los comicios y el que controlará la regularidad de la votación y del recuento. Los separatistas dieron la medida de su capacidad tóxica con el referéndum del 1-O, un compendio de trampas, ilegalidades y falsedades para engañar -o intentar engañar- a los propios catalanes y a la opinión pública internacional. El nacionalismo no se ha apeado de esta estrategia de mentiras y quiere extenderla a la votación de hoy, conscientes de que la victoria de un partido no nacionalista sería demoledora para el relato soberanista. El separatismo vive de instintos y emociones, no de razones, y emocionalmente sería un varapalo inasumible que una de sus formaciones no fuera la más votada.

El Gobierno central tiene la obligación -que cumplirá sin duda alguna- de garantizar que los catalanes voten con seguridad, sin coacciones ni intimidaciones en las calles y en los colegios. Un garantía que debe extenderse a la protección de los integrantes de las mesas electorales y de los interventores y apoderados de los partidos no nacionalistas, todos ellos vulnerables al matonismo separatista. Los insultos que ayer recibió Inés Arrimadas mientras paseaba por Barcelona no son una mala anécdota, sino el síntoma de una crispación antidemocrática en el seno del separatismo.

Garantía de seguridad también en el recuento de los votos y en las transmisiones de datos, respondiendo sin contemplaciones ante cualquier intento de injerencia en la labor de los presidentes de mesa. No hay que incurrir en ninguna confianza seráfica, porque el nacionalismo ve las elecciones de hoy como una encrucijada para su supervivencia y puede reaccionar de manera antidemocrática, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones.

El Gobierno está avisado de que, si el nacionalismo pierde las elecciones, se volcará en la opinión pública internacional para deslegitimar el resultado. Esta vez, la maquinaria de comunicación del Ejecutivo no debe llegar tarde a su cita, como ocurrió con el 1-O, para contrarrestar con eficacia los bulos que lanzarán los separatistas. En efecto, hay presos preventivos y querellados fugados, pero todos ellos son posibles responsables de delitos muy graves. Gracias al Estado de Derecho y a la justicia penal, las elecciones de hoy en Cataluña tienen las mejores condiciones de transparencia y legitimidad, porque las ilegalidades están a la vista y denunciadas, y sus autores, señalados. Ni temeroso, ni encogido, el Estado debe acudir a la cita de hoy en Cataluña para asegurar que en la pugna entre democracia y golpismo, ganará la democracia.

No va de Cataluña
Gabriel Albiac ABC 21 Diciembre 2017

Allí donde se dice, allí no es. Esta noche retornará todo al punto exacto en el cual se encontraba el 2 de octubre. Y, sin embargo, nada será lo mismo. Algo crítico habrá pasado. Sólo que no en Cataluña, no en esa mortecina región condenada a repetirse. Y a sólo generar ya hartazgo. Y tal vez, en algunos muy angelicales, piedad. En cuanto a mí, no me inspira piedad la gente que me aburre. Tampoco soy necrófilo.

El germen de una mutación se palpa, sin embargo. Y la sospecha de que esa mutación trastrueca el juego de los últimos 39 años. Lo mismo –enseñaba el maravilloso Platón– se dice siempre y necesariamente de lo distinto. Pero, ¿cómo decir con claridad sus diferencias?

Lo mismo. Es más que verosímil que el Parlamento autónomo catalán retorne a los dos bloques –constitucional e independentista– de aquel que disolvió el artículo 155. La tensión de fuerzas que llevó al desastre retornará esta noche. En apariencia, intacta.

Lo distinto. Los desplazamientos internos a cada uno de ambos bloques –sube Cs y el PP se hunde, ERC le come el territorio al PDECat–, dejarán inalterado el equilibrio global de fuerzas. Cataluña seguirá cadáver. Aunque los factores que la momifican se hayan alterado.

Pero en otro lugar, en el cual nada se dice porque allí no tocan urnas, ni, por tanto, megafonía anímica de los televisores, algo por completo inesperado se percibe al acecho. Las calles de las ciudades españolas se han transmutado. No es la presencia de las banderas nacionales –tan calladamente normal en cualquier país europeo, no hablo ya de su omnipresencia en los Estados Unidos–, es la desdramatización de su presencia lo inédito. Ya no marcan posiciones ideológicas. Salvo para los neoperonistas de Podemos, las banderas han retornado a su función connotativa en cualquier sociedad que no esté enferma: la de signos de reconocimiento. Y la nación, que en esos signos se presenta, parece haber recuperado la inmediatez no valorativa con la cual revistiera tal concepto el Abad de Sieyès en 1789, al ponerla como sujeto constituyente que subyace a la tempestad de cambios constitucionales que define el decurso histórico.

Inés Arrimadas tiene todas las bazas para ganar en votos esta noche. Y, tal vez, no es seguro, en escaños. Nada cambiará eso en Cataluña, lugar en el cual todo es siempre lo mismo. Lo cambiará en España. Con el estruendo de un cierre de ciclo: el que se abrió en 1978 y que con poca realidad histórica se corresponde hoy. La eficacia de una victoria de Cs en Cataluña no va a ejercerse en Cataluña. Será anticipo de una eficacia crítica sobre los automatismos políticos españoles. Desde 1978, el dualismo ha regido los intercambios de poder. Bipartidismo en el Parlamento. Alternancia en el Ejecutivo. Reparto matemático en la Magistratura. Ping-pong entre poder central y poderes regionales. A eso llamo yo un Estado fallido. Pero casi nadie comparte mi criterio.

Ese Estado fallido se soporta sobre una ley electoral estafadora. En la cual, del principio «un hombre un voto» no queda nada. Tras el shock catalán, PP y PSOE quedarán erosionados en toda España. Cs, a poco que mueva sabiamente sus piezas, hará saltar el bipartidismo. La estafa de la no correspondencia voto-escaño sólo será resuelta por una ley electoral justa. Y, en términos de igualdad de voto, los partidos nacionalistas se extinguirían: política y económicamente. Es eso lo que está en juego hoy. No Cataluña, ya muerta. España y la vida de todos. Allí donde se dice, allí no es.

Cataluña en el corazón
Asís Tímermans Libertad Digital 21 Diciembre 2017

Era ocho de octubre, y manifestación fue solo la palabra clave que desató la alegría y sacó a la calle lo que apenas comenzaba a asomarse al balcón.

De los millones que en toda España sentían la necesidad de actuar, unos miles viajaron a Barcelona como quien responde a la llamada de socorro de un amigo. Grupos de amigos y padres con hijos que no acostumbraban a hablar de política se sorprendieron compartiendo la ilusión de acudir a Barcelona a acompañar durante unas horas a sus compatriotas.

Pero la explosión se concentraba en el nordeste. Familias de lengua materna catalana cantaban agradecidas desde el balcón el himno de la Guardia Civil. Ancianos matrimonios de mirada orgullosa y valiente se anudaban al cuello la enseña nacional y la catalana de idéntica forma que los grupos de jóvenes encaramados a vallas y pedestales para ver mejor. ¡Y para que se les viera mejor! Algo inaudito en la Cataluña silenciada.

Grupos de amigas se citaban por whatsapp –vamos a la mani, ¿verdad?– como quien acude a una fiesta. Y antes de salir se vestían para la ocasión, publicando con orgullo en las redes sociales su mejor sonrisa al proclamar que "a defender a España se va guapa o no se va".

Aunque nada cambiase, todo fue distinto. La angustia de los acontecimientos que vinieron –el matonismo nacionalista disputándose la calle, el atropello del pensamiento único, el golpe de Estado retransmitido y la reacción del Gobierno con la confusa convocatoria de unas elecciones difícilmente libres– no se vivió ya en la discreta clandestinidad y el callado temor: las banderas siguieron colgadas en los balcones, y la ilusión en los corazones. Y la esperanza luchó por abrirse paso.

No se trataba de política y poder. Por eso fingieron no entenderlo los poderosos y los políticos que quieren hacer de nuestras vidas mero instrumento de sus ansias. Se trataba del sencillo coraje de ser libre frente a la imposición política que pretende convertir cultura, idioma, historia o recuerdo en cuestión política, y por tanto ajena a la voluntad y el corazón de cada uno de los ciudadanos de Cataluña. Y de toda España.

Los nacionalistas aprendieron hace mucho que no se trataba de gobernar, sino de convertir el Estado en herramienta para hacer a la sociedad dócil a su proyecto totalitario. No es la educación el único recurso: el nacionalismo conforma lo catalán como lo opuesto a lo español, para luego conseguir que en ningún campo de la vida política, social, cultural, económica y aun familiar pueda vivirse de una forma distinta.

Nunca se alejó tanto la intención de los gobernantes de la necesidad de los gobernados. Los catalanes que han paseado su sonrisa y su esperanza por las calles de una Cataluña en las que estuvieron prohibidas necesitan unos dirigentes a la altura. Quizá sea necesario más sufrimiento para que la mayoría de los catalanes reaccione. O quizá haya sido suficiente asomarse al abismo que millonarios, poderosos y políticos –de los que Roures, Godó y Puigdemont son sólo sus más patéticos representantes– no han conseguido del todo ocultar. Empezamos a merecer todos los españoles que tanto nefasto personaje deje de ser obstáculo para nuestra libertad.

Ha despertado mucho más que un sentimiento. Es la evidencia –tras treinta y cinco años de coacción, dinero y mentiras– de lo que heredamos de nuestros padres y transmitiremos a nuestros hijos: que ser catalán es una de las formas –hoy la más difícil, y por eso la más preciosa– de ser español.

La hora de la responsabilidad política y cívica en Cataluña
 larazon 21 Diciembre 2017

La mayor novedad que ha introducido el «proceso» es el uso premeditado de la mentira como arma política. Las «fakes news», la noticias falsas difundidas desde el lenguaje victimista, plagado de los agravios y fantasías habituales del nacionalismo. Nada es verdad o mentira, pero todo puede ser... quién sabe. De ahí que la candidata de ERC, Marta Rovira acusara al Gobierno de «buscar muertos» sin presentar una sola prueba. O que se está preparando un «pucherazo», de ahí el disparate de la ANC de querer hacer un recuento propio. O que no se aceptarían los resultados si ganasen los independentistas. Un «fake» por definición no tiene que presentar pruebas porque se trata de difundir la sospecha de que la sociedad ignora los oscuros planes del Estado. Se trata de propalar un rumor que es debidamente alimentado desde el radicalismo más delirante e ignorante.

Es la primera vez que en unas elecciones en España se pone en marcha una difusión masiva de noticias falsas donde los partidos no independentistas son tildados de «fascistas», se asegura que España es un «dictadura», o que se persiguen las ideas del nacionalismo (¡después de 30 años de gobierno!). Los catalanes que votaron en 2015 a partidos abiertamente independentistas –JxS y la CUP– sumaron dos millones de votos (1.957.348) y si su fidelidad sigue manteniéndose en parecidos niveles –todo indica que esa es la frontera– habrá que preguntarse si están conforme con el desenlace del «proceso» y las verdades que nunca fueron aceptadas: que la declaración unilateral de independencia afectaría de lleno a la economía –con más 3.000 empresas abandonando Cataluña–, nulo reconocimiento por Europa de la República catalana y la demostración de que no existe un «sol poble» y que la convivencia está gravemente dañada. Por que de aceptar ese «fake» permanente hemos de ser conscientes de que tendrá consecuencias a partir de mañana. El desastre que ha supuesto el «proceso» debería obligar a una reflexión racional a este electorado que cree que puede ponerse en marcha de nuevo sin tener en cuenta las consecuencias. Sus líderes no les han dicho la verdad y lo han hecho a sabiendas de que la efectividad de la mentira política reside, como señalan los expertos, en las «expectativas de los receptores». Y, por lo que estamos viendo, éstas han sido muchas y lo siguen siendo.

Existe, por lo tanto, una responsabilidad cívica sobre el sentido del voto y también una responsabilidad política. Según los sondeos, todo indica que los dos bloques, independentistas y constitucionalistas, pueden llegar a un empate, con dos fuerzas en cabeza, ERC y Ciudadanos. De ser así, hay la obligación de no caer en el bloqueo pensando que sólo unas nuevas elecciones puede aclarar el panorama político. Los comicios fueron convocados por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 con el objetivo de dar una salida institucional al conflicto, independientemente de quién los ganase. Por lo tanto, las fuerzas constitucionalistas –Ciudadanos, PSC y PP– deben redoblar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo, en el supuesto de que los separatistas no alcancen la mayoría, y que vendrá determinado por la diferencia de votos que Cs mantenga con los socialistas. Hay demasiados vetos preconcebidos desde una estrategia política que estas elecciones deben poner fin: Cataluña no es patrimonio del nacionalismo y la «transversalidad» –el mantra de un catalanismo ahora desbordado y sin espacio– ya no es un bien en sí mismo.

En una cutícula
Zoé Valdés Libertad Digital 21 Diciembre 2017

Veo las elecciones del 21-D en Cataluña pendientes de una cutícula, o sea, en veremos. No estoy segura de que gane la persona que me parece la más adecuada, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y con esto para evitar males mayores, que tampoco es que sea la más preparada, porque tampoco advierto a demasiada gente con la intención de estarlo, o sea, de estar preparada para asumir el poder y cambiar todo ese nefasto clima de odio que se cierne sobre el país.

El proyecto, o los proyectos partidistas, se reduce a un cotorreo sin fondo ni fundamento, y a una lucha general en contra de los nacionalismos, cuando debiéramos defender, al menos por el momento, el nacionalismo español. Aparte el estira y encoge de siempre, el quítate tú para ponerme yo.

Mariano Rajoy, que es un cínico, porque describirle como irónico le aportaría una connotación cultural que él no posee, y que además basa su cinismo en su sagacidad de abogado y de último de los políticos reales, ha decidido hablar poco, porque sabe que la situación no está como para andar luciendo verborrea y gastando saliva, más que pensamiento. Pensamiento, lo que se dice pensamiento, no lo busquen, no existe. Astucias, muchas, pero de poca monta, y con una sola ambición: la de destrozar España. Con semejante panorama sólo puedo nutrir mi desconfianza en afirmar que lo menos dañino ganaría.

Por otra parte, como bien ha dicho entre líneas Albert Rivera, ganar es una cosa, gobernar es otra. Inés Arrimadas lo tendrá muy crudo para gobernar en caso de que gane. Y digo "en caso de que gane" porque lo dudo, aunque podrán imaginar que lo que más deseo es su triunfo.

Diviso, desde la distancia, y a veces la distancia propone y facilita una mejor y más certera visualidad, demasiado embrollo en el lado correcto, y del lado funesto un cúmulo de patrañas, de tretas y de argucias, eso sí ingeniosas, que podrían dar al traste con el propósito democrático. Recuerden que llevo toda una vida estudiando estos procesos.

No hay nada más parecido a ese siniestro separatismo catalán que el castrocomunismo. Pero ya me dirán que estoy de nuevo obsesionada, que en todo veo castrocomunismo. Pues sí, claro que lo veo en todas partes. Explicaré sucintamente por qué.

El entramado que consiguieron urdir en el resto del mundo los castrocomunistas ha sido de una destreza incuestionable y envidiable. Tuvieron tiempo para hacerlo, 59 años, y lo elaboraron magistralmente. ¿Quién podría imaginar que en Cataluña veríamos Comités de Defensa de la Revolución, como se intentan reproducir en Madrid? Pues ahí los tienen, son el resultado idéntico del modelo proveniente de la Ínsula de Cagonia, antigua Cuba. Y miren que los cubanos lo advertimos, como se lo advertimos a los venezolanos, pero al igual que ellos tampoco nos creyeron, y después, cuando no haya remedio, al igual que los venezolanos, tampoco nos reconocerán el error, ni la originalidad del horror.

Mariano Rajoy, tan callado, sabe de qué va la cosa, pero mientras a él no le afecte personalmente, pues a seguir apuntalando el chiringuito. Pero Rajoy, un hombre inteligente –pese a su cinismo o gracias a él–, sabe que una buena parte de las libertades se han perdido, y que el panorama se irá agravando, hasta que no puedan cambiar ya nada.

Elecciones regionales catalanas 2017: un procedimiento viciado de origen
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 21 Diciembre 2017

El 21 de diciembre de 2017 se celebrarán las elecciones para designar a los miembros del parlamento regional catalán. Todas las elecciones al parlamento regional catalán, desde 1980 (estas serán las duodécimas) han estado aquejadas por el mismo vicio. Y ese vicio no es otro que la violación, flagrante, del mandato de igualdad en la ley por razón de su lugar de empadronamiento. Y es que en todas las elecciones celebradas desde 1980, la ley que establece el principio de distribución de escaños ha discriminado a los españoles residentes en Cataluña por razón de su lugar de empadronamiento, de suerte que los ciudadanos de la provincia de Barcelona se hallan discriminados respecto a los de las otras provincias catalanas. Lo asombroso es que nunca, tampoco ahora, nadie haya intentado impugnar la convocatoria de estas elecciones alegando que la norma en que se basan es inconstitucional.@Desdelatlantico.

I. LA NORMATIVA ELECTORAL CATALANA DE 1979, VIGENTE HASTA HOY
La Constitución establece unas exigencias para los Estatutos de autonomía como el de Cataluña. El artículo 152.1 de la Constitución dice que

En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio (...).

El Estatuto de Autonomía de 1979, aprobado por la Ley Orgánica 4/1979, de 19 de diciembre, dispone en su disposición transitoria 4ª:

En tanto una Ley de Cataluña no regule el procedimiento para las elecciones al Parlamento, éste será elegido de acuerdo con las normas siguientes:

1. Previo acuerdo con el Gobierno, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad provisional convocará las elecciones en el término máximo de quince días desde la promulgación del presente Estatuto. Las elecciones deberán celebrarse en el término máximo de sesenta días desde el de la convocatoria.

2. Las circunscripciones electorales serán las cuatro provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. El Parlamento de Cataluña estará integrado por 135 Diputados, de los cuales la circunscripción de Barcelona elegirá un Diputado por cada 50.000 habitantes, con un máximo de 85 Diputados. Las circunscripciones de Gerona, Lérida y Tarragona elegirán un mínimo de seis Diputados, más uno por cada 40.000 habitantes, atribuyéndose a las mismas 17, 15 y 18 Diputados, respectivamente.

3. Los Diputados serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, de los mayores de dieciocho años, según un sistema de escrutinio proporcional.
(...)
5. En todo aquello que no esté previsto en la presente disposición serán de aplicación las normas vigentes para las elecciones legislativas al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales.

Esa normativa se halla aún en vigor, pues la disposición transitoria 2ª del Estatuto de 2006, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, dispone que:

Las disposiciones transitorias tercera, cuarta y sexta de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña, mantienen, en lo que corresponda, la vigencia como regulación transitoria.

Por su parte, el artículo 68 de la Constitución dispone que:
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

No hay que ser un genio de la ciencia política para saber que, al aprobarse el Estatuto de Autonomía de 1979 SE ESTABA BENEFICIANDO A LOS NACIONALISTAS CATALANISTAS frente a los que no lo eran.

II. DERECHO A LA IGUALDAD Y DERECHO AL SUFRAGIO IGUAL
Una de las reivindicaciones históricas de la democracia fue la de garantizar el derecho al sufragio "igual". Es cierto que a veces la Constitución, EXPLÍCITAMENTE, limita esta igualdad para satisfacer un interés TERRITORIAL, pero el sacrificio de la igualdad NO PUEDE LLEVARSE MÁS ALLÁ de lo que EXPLÍCITAMENTE disponga la Constitución a este respecto.

La igualdad de sufragio se deriva de los artículos 14, 23.2 y 68 de la Constitución:

Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 23
(...)
2. Asimismo, [Los ciudadanos] tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 68
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

III. LAS DESIGUALDADES DE LA NORMATIVA ELECTORAL GENERAL ESTÁN EXPLÍCITAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN
Es cierto, que en las elecciones generales hay desigualdad de voto pues el voto para elegir a un diputado por Madrid "cuesta" más votos que el necesario para elegir a un diputado por Teruel. Pero la regulación constitucional expresamente contempla esa limitación de la igualdad al decir que TODA provincia tiene UN MÍNIMO inicial que puede fijar la ley y que lo que exceda de ese mínimo se distribuye en proporción a la población EN CONDICIONES DE IGUALDAD.

IV. LA NORMATIVA ELECTORAL AUTONÓMICA CATALANA GENERA GRAVES DESIGUALDADES
La experiencia de las elecciones celebradas hasta ahora ha permitido constatar cómo en 1999 y 2003, el partido ganador en votos (el PSC) no fue el ganador en escaños (que fue CiU).
En las elecciones de 17 de octubre de 1999, el PSC ganó en votos (1.183.299, el 38,21%) y perdió en escaños (52 diputados), pero la coalición nacionalista CiU, perdió por 5.000 votos (1.178.420, el 38'05%) y obtuvo cuatro escaños más (56 diputados).
En las elecciones de 16 de noviembre de 2003 volvió a reproducirse la situación: el PSC ganó en votos (1.031.454, el 31'16%) pero no ganó en escaños (obtuvo 42 diputados), y CiU perdió por 7.000 votos (1.024.425, el 30'94%), pero ganó por cuatro escaños (46 diputados).

Asombrosamente (o no), el PSC no impugnó la normativa que regía las elecciones de 2003 tras haber perdido en escaños en 1999 las elecciones que ganó en votos. ¿Por qué no lo hizo?

V. ¿CÓMO SERÍA EL REPARTO DE ESCAÑOS SI NO HUBIERA DESIGUALDAD?
Añado este apartado gracias a la sugerencia del Doctor en Física, César Romero, autor del blog "No todo es el físico", que ha realizado varias simulaciones que ahora expongo.

1) Si el reparto de escaños en el Parlamento regional catalán se hiciera únicamente en PROPORCIÓN a la POBLACIÓN, Barcelona elegiría 101 diputados, y no los 85 que ahora elige
[Proporcion]

2) Si el reparto de escaños en el Parlamento regional catalán se hiciera manteniendo un MÍNIMO IGUAL de 6 diputados para cada una de las cuatro provincias Y se distribuyera el resto en PROPORCIÓN a la POBLACIÓN, a Barcelona le corresponderían 89 diputados, 4 más de los que elige ahora.
[minimo+propor]

3) Si el reparto de escaños en el Parlamento regional catalán se hiciera garantizando un mínimo de 6 escaños SÓLO a Gerona-Lérida-Tarragona pero NO a Barcelona y no hubiera un límite de 85 a Barcelona y el resto más allá del mínimo se distribuyera en PROPORCIÓN a la POBLACIÓN, Barcelona elegiría 87 diputados y no 85.
[minimo-desigual]

VI. LAS DESIGUALDADES EN LA NORMATIVA ELECTORAL AUTONÓMICA CATALANA VIOLAN LA CONSTITUCIÓN
Sin embargo, la ley orgánica que aprobó el Estatuto de 1979, que es una norma inferior a la Constitución y que debe amoldarse a ella, NO RESPETA LA IGUALDAD para la distribución del MÍNIMO establecido en cada provincia.

Recordemos que la disposición transitoria cuarta del Estatuto de 1979 (que sigue en vigor) dispone que las provincias de Gerona, Lérida y Tarragona elegirán "un mínimo de seis Diputados", lo cual es una decisión perfectamente compatible con el art. 152.1 de la Constitución que exige asegurar "la representación de las diversas zonas del territorio". Ahora bien, más allá de asegurar la representación de esas provincias, la citada disposición transitoria establece que por encima de ese mínimo, que en Gerona, Lérida y Tarragona se elige un diputado por cada "40.000" habitantes, mientras que en Barcelona se elegirá un diputado por cada "50.000" habitantes.

El resultado, evidente, es que, tras asegurar la representación "mínima" de las distintas provincias, LA PROPIA LEY DISCRIMINA a los habitantes de Barcelona.

VII. LA NO EXPLICADA IMPUGNACIÓN DE LA NORMATIVA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DE 2017
Escribo este artículo antes de que se abran los colegios electorales. Ahora bien, ya las anteriores elecciones de 2015 permitieron constatar que el nacionalismo tenía más votos en las provincias más sobre-representadas (Lérida y Gerona) y menos en la más infra-representada (Barcelona). Habida cuenta del gravísimo golpe de Estado que dieron los nacionalistas en septiembre-octubre de 2017, hubiera sido razonable pensar que en estas elecciones regionales habría que evitar el alimentar la espiral destructiva desencadenada por el nacionalismo.

Sin embargo, ninguno de los contendientes, ni el PSC ni Ciudadanos, impugnó el Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución que volvía a establecer la grave discriminación contra los ciudadanos de Barcelona que les hace mucho más difícil una victoria en escaños que a sus competidores nacionalistas.

El drama del PP es Ciudadanos
Jorge Vilches vozpopuli.es 21 Diciembre 2017

El 21-D se recordará como un plebiscito sobre el golpe de Estado para proclamar una República independiente y la reacción del gobierno de Rajoy. Será una decisión entre el concepto fascista de legitimidad y la encarnación del espíritu popular, y la defensa de la legalidad y el Estado de Derecho. Los electores decidirán entre la promesa de una comunidad homogénea fundada en el supremacismo biológico y mental, y la garantía del pluralismo en la sociedad abierta.

Los catalanes mostrarán si han creído las patrañas nacionalistas sobre su historia, o si han aprendido a mirar el pasado. De las urnas saldrá si esa sociedad sigue anclada a las emociones más infantiles, decimonónicas y clientelares, o ha madurado como ha hecho la Europa de la Unión, aquella que salió del Tratado de Roma hace sesenta años.

Pero en ese plebiscito no solo se juega la verosimilitud del mito de “la sociedad más moderna de España”, sino el sentido y los tiempos de la reforma constitucional, y la fecha de caducidad del actual sistema de partidos.

Las críticas al bipartidismo imperfecto, como a la partitocracia, se hicieron carne en 2014 a nivel nacional. Primero le llegó el turno a un PSOE destrozado por Zapatero que le había insuflado los eslóganes demagógicos de la New Left sin construir una organización basada en cuadros medios. De hecho, quien sucedió a ZP fue Rubalcaba, que no es precisamente de la nueva hornada.

Podemos surgió como hijo aventajado del zapaterismo, animado por el fracaso del padre y el aburguesamiento de IU. Sin esto, toda la campaña televisiva para construir un líder y una organización no hubiera funcionado. El entreguismo de Pedro Sánchez a los postulados podemitas y la cesión del poder en ayuntamientos en 2015, benefició a los de Pablo Iglesias. Los socialistas no comprendieron que la fórmula populista se funda en el sumatorio de descontentos y en la utilidad del voto para sustituir lo viejo por lo nuevo.

El resultado en la izquierda ha sido, en suma, la división en dos bloques muy similares que compiten entre sí por la hegemonía política. La negativa de Iglesias a investir a Sánchez en marzo de 2016 tuvo ese sentido. Después de aquello, el PSOE obtuvo 85 escaños en las elecciones de junio, y Unidos Podemos con sus confluencias alcanzaron los 71. Ya estaba rota la unidad de la izquierda y, por tanto, esa parte del bipartidismo.

El drama del PP es Ciudadanos. Los populares de Rajoy pensaron que la ruptura del izquierdismo les compensaba su debilidad ante la opinión pública y la bajada desde 2011. La corrupción y la negativa a que circularan las élites quedarían tapadas por el circo mediático, las purgas y las puyas que se dirigirían socialistas y populistas. Es más; creían que con solo remover el miedo al comunismo se podría ganar.

El partido del Gobierno sumaba a esta ensoñación una pretensión: podrían apoyarse en Ciudadanos, una organización bisoña, asentada en Cataluña, pero inexistente en el resto del país. Los votantes populares que quisieran castigar las “travesuras” gubernamentales tendrían esa vía de escape , pero no llegaría a más por la falta de arraigo de Ciudadanos. La indefinición ideológica de los de Rivera la consideraban útil, sobre todo cuando se etiquetaron de “centro”, que solo es una posición geométrica.

Luego vino la realidad: la pérdida de poder local y autonómico porque Ciudadanos era algo más que el refugio de los descontentos; era la renovación programática y generacional que no había tenido el PP. Los de C’s atizaron durante dos años contra la corrupción del PP y la conveniencia de la marcha de Rajoy. Moralidad y economías, que decían los clásicos, todo envuelto en una dañina retórica regeneracionista.

El discurso de Ciudadanos se fue aguando por cansino e infructuoso, y porque la justicia, poco a poco y parcialmente, fue rindiendo cuentas. Mientras, en esta sociedad construida sobre el consenso socialdemócrata, la gente de Rivera adoptó el paradigma aceptado: un poco de libertad por aquí, mucho paternalismo e ingeniería por acá. Era el “liberalismo social” –la socialdemocracia pasada por el inglés Stuart Mill- presentada con la imagen y la fuerza del PP de Aznar de principios de la década de 1990.

La jugada parecía salir bien a Rajoy cuando en octubre de 2016, tras mucho ruido, fue investido gracias a Ciudadanos. El plan cuadraba. Los chicos de Rivera eran la muleta necesaria, pero nada más. El control de las bambalinas parlamentarias y del escenario del Congreso permitía a los hombres del Presidente recuperar el control de la política. Los numeritos de Iglesias y Montero venían muy bien porque insuflaban vida al que había roto la izquierda y restaban valor a Ciudadanos como freno al populismo.

Pero hete aquí que el PP no estuvo a la altura del golpe de Estado en Cataluña, allí donde justamente los de Rivera son fuertes. Ciudadanos, a pesar de llegar tarde a la aplicación el artículo 155, tomó para sí el discurso de defensa del orden constitucional, de la democracia, la españolidad y la sensatez. Supo ponerse al frente de la reacción popular tras el discurso del Rey y del rechazo al chantaje y al supremacismo, a ese fascismo que sufrimos.

Ciudadanos ha arrebatado al PP la imagen de dique de contención de los populismos en España, ha tomado para sí los principios políticos que los populares de Rajoy abandonaron, y parece ser lo que el Partido Popular podría haber sido; y sus votantes, querido. Ahora, las elecciones autonómicas catalanas pueden marcar el principio del fin de la otra parte del bipartidismo . La sustitución de una marca por otra que se va a producir el 21-D puede ser el ejemplo que se extienda a otros lugares. Solo falta que Ciudadanos no meta la pata, y lo nuevo habrá sustituido a lo viejo.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El verdadero derecho a decidir
EDITORIAL El Mundo 21 Diciembre 2017

Cataluña celebra hoy unas elecciones autonómicas -las cuartas en los últimos siete años- marcadas por una gravísima agresión a la nación y a la democracia que ha durado dos años. Carles Puigdemont mantuvo su desafío hasta el final, pero en el último momento desechó la posibilidad de adelantar los comicios y avanzó otro paso en la consumación del golpe. Esta delictiva irresponsabilidad, unida al desafío consciente a la ley, movieron al Gobierno -con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos- a intervenir la Generalitat. Las elecciones de hoy se convocan al amparo del artículo 155 y representan una oportunidad única para devolver con plenas garantías la palabra a los catalanes. No sólo a una parte, sino al conjunto de ellos conforme al marco constitucional y estaturio que el Estado ha logrado preservar. Cataluña lleva cinco años secuestrada por el procés. Ahora es cuando los "ciudadanos de Cataluña", parafraseando el discurso de regreso de Tarradellas, conscientes de un llamamiento tan histórico como aquél, pueden ejercer el verdadero derecho a decidir. El que la ley les reconoce a todos los catalanes sin traicionar la solidaridad con el resto de españoles.

Estas elecciones son históricas de verdad. Nunca, ni siquiera en los mejores años de los socialistas catalanes, se había acariciado con los dedos el vuelco inédito que supondría la victoria, sea en votos o escaños, de una suma constitucionalista. Los catalanes han comprendido que deben defenderse de la disparatada y suicida estrategia acaudillada por Puigdemont y sus ex socios. Juntos conformaron una mayoría tras las elecciones de 2015, que presentaron como plebiscitarias. Desde entonces no sólo se arrogaron la voluntad general del pueblo catalán, confundiéndola con su respaldo parlamentario, sino que trataron de imponer, de la mano de la CUP, un proyecto rupturista, ilegal y xenófobo que culminó en la aprobación de las leyes de desconexión, el referéndum del 1-O -pese a la suspensión del Constitucional- y la declaración unilateral de independencia.

Si el primer motivo para hacer historia es defensivo, el segundo es afirmativo. La esperanza de quienes no se resignan a tener que elegir entre ser catalanes o españoles la alienta el fulgurante ascenso de Cs. Su capacidad de arrastre, amplificada por el previsible aumento de la participación y el tirón de una candidata ilusionante como Inés Arrimadas, demuestra a los viejos partidos que sí era posible poner en cabeza una opción nítidamente constitucional frente al rodillo independentista. Un triunfo de la formación naranja enterraría el procés y liquidaría la falacia de una mayoría social secesionista que no se compadece lo más mínimo con la pluralidad de la sociedad catalana.

Es evidente que el cerco judicial a los promotores del golpe independentista confiere a estos comicios un carácter insólito. Sin embargo, cabe recordar que tanto la aplicación del 155 como la acción de la Justicia encarnan la defensa propia del Estado frente a un ataque directo. Que además de ilegal fue inmoral, porque el Govern se sirvió del Estatut para chantajear al resto de españoles, y acabó liquidando su autogobierno a cambio de un Estado de ficción que nadie reconoció. Ni Puigdemont ni Junqueras han renunciado al victimismo. Tampoco a embarrar el campo. Tal como reveló EL MUNDO, los cargos de ERC han instruido a más de 10.000 apoderados en tácticas de presión mafiosa que delatan el carácter puramente retórico de sus alardes de democracia. Esperamos del Estado que garantice la pulcritud del proceso electoral. No hay motivo para pensar lo contrario, pese a los ridículos intentos del independentismo por extender la sombra del pucherazo.

Cataluña se la juega hoy, y con ella España entera. No se dirime sólo la completa restauración del orden estatutario, la vuelta de las empresas, el bálsamo de la herida social. De la mano de cada ciudadano de Cataluña pende hoy el derecho a gozar de lo que no ha tenido jamás desde que Pujol asumió el poder: el derecho a no ser discriminado nunca más por su origen. El derecho a decidir su libertad y a conservar su igualdad.

Elecciones autonómicas catalanas : Hacia el último golpe de Estado de ERC

La Verdad Ofende  latribunadelpaisvasco.com 21 Diciembre 2017

Pocos españoles conocen el pasado sangriento y golpista de los comunistas de ERC, en cuyas filas van asesinos o terroristas, quienes desde la muerte de Franco solo hablan de él.

La explicación es que fue Franco quien, harto de golpes y pucherazos marxistas hacia un régimen bolchevique y tras el magnicidio de Calvo Sotelo por sicarios del PSOE, se levantó en armas con mi abuelo y acabó con aquella “opereta democrática” hacia una criminal tiranía sovietica, que hoy parece que pretenden repetir (la fuga de empresas es ya un cataclismo económico).

Los golpes más sonados (hubo cinco) fueron octubre de 1934 (Companys, ERC) y el pucherazo de 1936. La astracanada de Companys apenas duro 10 horas. Costó más de 200 vidas catalanas y los jefes del golpe o se rindieron o huyeron por las alcantarillas (no a Bruselas, sino a Francia) travestidos como Dencas y dejando tirados a sus 3.000 milicianos, los escamots.

Las memorias del presidente de la II República, Alcalá Zamora, detallan con profusión cómo se consumó el otro golpe que les refiero; el pucherazo de 1936.

En febrero de 1936, los comunistas de ERC fueron parte esencial de la violencia en las calles y de la posterior manipulación de votos en el recuento de la comisión de actas, que hoy pretenden repetir. El historiador Pedro F. Barbadillo relata con claridad cómo se consumó aquel golpe:

“En esa comisión, el Frente Popular, con el respaldo del PNV, robó un puñado más de escaños a la derecha: la CEDA pasó de 101 diputados a 88 y el PSOE subió de 88 a 99. Así cambiaron de siglas 32 actas, que fueron en su mayoría a la izquierda. Se anularon las elecciones en dos provincias donde la derecha había ganado, Cuenca y Granada, y se ordenó que se repitieran en mayo. Ante la violencia de las bandas socialistas y comunistas, las derechas renunciaron a presentarse en Granada, donde los milicianos detenían en las calles a sus adversarios, y el Frente Popular ganó en Cuenca.

Al final del proceso, el Frente Popular, unido al Frente d’Esquerres catalán, superaba los 280 diputados.

Una vez construida una mayoría absoluta con fraudes y tiros, la misión de esas Cortes ilegítimas fue la destitución de Alcalá Zamora por un mecanismo inconstitucional.”

Todos vimos la burla electoral que organizo ERC el pasado 1 de octubre, tal y como ilustra la foto de esta columna, donde el golpista ya preso Junqueras tira a la basura votos que extrae de la urna (hay un vídeo clamoroso).

Lo que pocos saben es el plan de ERC para reventar el resultado de estas nuevas elecciones del 21 de diciembre, buscando pervertir y deslegitimar los votos.

Han anunciado y diseñado un recuento paralelo, que aunque no es ilegal, busca desacreditar la fiabilidad de nuestro sistema de escrutinio que ofrezcan datos paralelos que pingan en tela de juicio la claridad del resultado.

En paralelo, y lo mas grave de este nuevo asalto a la democracia es la estrategia de acoso a las mesas constituidas en todos colegios donde se vota. Las instrucciones ya se han dado a los apoderados para esta nueva perversion comunista de la democracia.

Las instrucciones dadas buscan la intimidación, la coacción, la imposición y la cortupción del escrutinio como estrategia. Y si finalmente no logran la victoria, recurrirán a su recuento paralelo para proclamar otra vez que “España les roba“, en este caso las elecciones. Es “el pucherazo del ladrón que piensa que todos son de su misma condición...” Comunismo.

Copio textual parte de las grabaciones que ha publicado "El Mundo” a los miembros de ERC:
“Si veis que el presidente de la mesa no se aclara para hacer el recuento, llamad a vuestro responsable [una suerte de coordinador de los apoderados de ERC] y el ya hará recomendaciones para que cuadre.”

Quien dice esto se llama Silvia Sendra, comunista de ERC, instruyendo a los interventores que estarán en los colegios electorales.

“Legalmente, no podéis hacer nada, pero con mano izquierda podéis hacer todo. Podéis colocar papeletas, podéis participar en el recuento... En teoría no podríais participar, pero el presidente de la mesa puede ser vuestro vecino o el frutero. Y si os ofrecéis...".

"Si al lado de la papeleta de Junqueras pone 'libertad presos políticos' hay que defender la validez de ese voto. El apoderado de Ciudadanos defenderá que el voto es nulo. Yo pensaré que es un cabrón y diré: 'El señor Junqueras está en prisión y el votante manifiesta que quiere que salga, por tanto es un voto válido'".

En febrero de 1936, el frente Popular de ERC hizo correr la consigna de que habían ganado, sin esperar al escrutinio, igual que en abril de 1931 impusieron la Republica habiendo ganado por mayoría absoluta los monárquicos, y tomando así el poder.

En aquel entonces, la izquierda. entre algaradas, tomó los gobiernos civiles y centros de votación. El gobierno de Mariano Rajoy, conocedor de la historia de ERC, ha trasladado a Cataluña excepcionalmente un refuerzo de casi quince mil efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que complementan a los traidores Mossos.

España asiste a la mas grave agresión a su unidad desde aquellos golpes de Estado que nos abocaron al conflicto civil, protagonizado por los herederos ideológicos de los mayores crímenes conocidos en nuestra historia contemporánea. Que nadie se llame después a engaño.

"Franco no se sublevo contra la II Republica, se sublevo contra la chusma que se habia apropiado de ella" (Manuel Azaña)

Cuenta atrás para la traición a España (-1)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 21 Diciembre 2017

GUERRA DE LEGITIMIDADES EN UNAS ELECCIONES ANORMALES. LA ACTITUD MAFIOSA DE ERC PARA INFLUIR EN EL RECUENTO. ¿SEGURO QUE PUIGDEMONT NO VA A VOLVER HOY?

Ya estamos en la jornada electoral de unas elecciones autonómicas anormales en todo. La primera anormalidad se produce en cómo se convocaron tras el cese del Gobierno de la Generalidad y la disolución del Parlamento autonómico dentro de las medidas de intervención de la Autonomía, amparadas bajo el artículo 155 de la Constitución, aprobadas por el Senado por una amplia mayoría tras el golpe de Estado con la declaración unilateral de independencia y la proclamación de la República de Cataluña. Unas medidas que coincidieron en el tiempo con una denuncia de la Fiscalía, la citación de todos los componentes del Gobierno de la Generalidad cesante y de los miembros de la Mesa del Parlamento que habían sido responsables de haber facilitado de forma ilegal la comisión de esos delitos de rebelión, de sedición y de desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional. La consecuencia fue el encausamiento de todos los citados y su inicial encarcelamiento en el caso de los miembros del Gobierno cesado que se presentaron ante la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, -algunos huyeron de forma patética a Bélgica-, y la libertad bajo fianza de los miembros de la Mesa del Parlamento que se presentaron ante el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, alguno/a de los cuales aún permanece en el cargo hasta que se renueve dicha Mesa tras las elecciones de hoy, donde se decide el número de escaños por circunscripciones que cada fuerza política obtenga en el recuento de votos.

La segunda anormalidad es el que la totalidad de los encausados por su participación directa en el golpe de Estado, al no haber sido ni enjuiciados ni condenados a penas de prisión ni a la subsidiaria de inhabilitación, mantienen intactos sus derechos constitucionales en el que se incluye el derecho al sufragio pasivo. O lo que es lo mismo, se da la paradoja de que personas que siguen en prisión o en libertad condicional ,forman parte de listas electorales de partidos que han participado de forma activa en el golpe de Estado a través de sus representantes en el disuelto Parlamento, pero que no han podido ser imputados por haberse realizado la votación con voto secreto y no poder ser identificados de forma incuestionable por la opción elegida votando a favor o en contra de la declaración unilateral de independencia. Y esa anormalidad se agrava por las medidas disciplinarias impuestas a los que siguen encarcelados a los que se les ha impedido realizar una campaña no ya normal y en igualdad de condiciones con el resto en libertad, sino limitada al máximo por razones de reglamento interno de Instituciones Penitenciarias dependientes del Ministerio de Interior.

Otra anormalidad ha sido el culebrón de la fuga de parte de miembros del Gobierno de la Generalidad cesado, con un expresidente, Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros, con una Euroorden de detención y puesta a disposición de la jueza Carmen Lamela, que fue anulada, e por el juez Pablo Llarena, manteniendo la orden en España, en un intento de forzar a los fugados a optar por mantener su fuga o regresar y declarar ante el juez. Y aquí es donde entra de lleno el tema de la guerra de legitimidades que mantienen tanto los golpistas como el Gobierno de España y lo que llamamos el Estado de Derecho con las fuerzas políticas que aprobaron o se opusieron a las medidas de intervención. Porque la legitimidad no siempre está avalada por la legalidad vigente y tiene un importante componente de subjetividad. Desde el primer momento se ha hablado de legitimidades. Y los primeros han sido los golpistas fugados donde Carles Puigdemont se sigue presentando como el Presidente legítimo del Gobierno de la Generalidad y niega la capacidad del Estado Español y al Tribunal Constitucional para revocar una decisión democrática del pueblo de Cataluña tomada a través de sus representantes. No admite su cese ni el de su Gobierno y está dispuesto a restituirlo si gana las elecciones. Por ello, él y el resto de formaciones golpistas consideran estas elecciones como ilegítimas, aunque se presenten para devolver la legitimidad.

Y la verdad es que el meterse en estos vericuetos jurídicos es algo en lo que no debemos caer y debemos confiar en que el legislativo, Congreso y Senado, corrijan estas anomalías que cuestionan la prelación de la Constitución sobre cualquier otra ley o norma que la contradiga, siendo el Tribunal Constitucional el encargado de dilucidar las discrepancias y el único intérprete reconocido por la propia Constitución para esa labor de árbitro. No se trata de proclamar falsas o perversas legitimidades para justificar la comisión de delitos como los que dieron lugar a la intervención de la autonomía de Cataluña para restaurar la legalidad ante la violación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Tras la recuperación de la legalidad será la hora de emprender el largo camino a la recuperación de una normalidad, o al menos de aquella que respete los cauces constitucionales democráticos previstos y no intentar usurpar derechos fundamentales de los españoles robándonos nuestra soberanía y acabar con España como la nación única e indivisible que establece la Constitución.

Mucho se ha hablado de la desconfianza mutua sobre la pulcritud del recuento insinuando la posible comisión del típico “pucherazo” con la manipulación de los votos emitidos. Esta desconfianza es la que ha llevado a formaciones como ERC a adoctrinar a sus representantes en las mesas electorales con un código de actuación para influenciar sobre los componentes de la mesa y favorecer a su opción electoral. Algo que se podría comparar con el constante acoso al cuarto árbitro de un partido de fútbol protestando acciones del juego que considera el entrenador y su banquillo como lesivas e injustas para su equipo. Lo que se conoce como “mojarle la oreja al árbitro”. Pues algo parecido es lo que ha hecho ERC con sus delegados de mesa electoral mediante consejos de cómo influir en la fase principal de la votación que es el recuento de votos. Una de las frases más características ha sido la de “Legalmente, no podéis hacer nada, pero con mano izquierda podéis hacer todo” y otra mucho más explícita “Si veis que el presidente de la mesa no se aclara para hacer el recuento, llamad a vuestro responsable y el ya hará recomendaciones para que cuadre. No os preocupéis. Hay cosas que no os puedo explicar“.

No creo que hagan falta más explicaciones y los comportamientos anti democráticos de estos elementos, que no olvidemos proceden de la extrema izquierda radical tan dada a no respetar ni la ley ni la democracia, donde en sus antecedentes cuenta aún en sus filas con militantes del grupo terrorista Terra Lliure. Una formación que sigue increíblemente legalizada, al igual que la CUP, que ya han confirmado su nulo respeto por la democracia en sus actuaciones en el Parlamento autonómico.

Solo queda una incógnita y es si Carles Puigdemont se presentará de forma sorpresiva a votar y arriesgarse a ser detenido o preferirá aparecer en plasma para dar su impresión sobre los resultados. Solo el tiempo lo dirá, aunque parece probable que siga en su madriguera belga esperando su oportunidad de regresar en loor de multitud.

¡Que pasen un buen día!

Cada voto cuenta
DANIEL GASCÓN El Mundo 21 Diciembre 2017

"Es difícil hacer predicciones, sobre todo del futuro". Es una frase que se atribuye a Niels Bohr, y resulta especialmente oportuna hoy, cuando Cataluña celebra unas elecciones anómalas. Son anómalas porque quieren ser una salida a una situación excepcional: la declaración ilegal de una República catalana independiente y la posterior activación del artículo 155. Son anómalas también porque el Gobierno destituido tiene causas pendientes con la justicia. El presidente depuesto de la Generalitat y candidato por Junts per Catalunya es prófugo en Bélgica y va esparciendo mentiras como uno de esos falsos aristócratas que timan a los turistas en las películas de Ernst Lubitsch. El ex vicepresidente, Oriol Junqueras, está en prisión preventiva y encabeza las listas de Esquerra Republicana.

Son unas elecciones decisivas para Cataluña y para el resto del país. Una de sus peculiaridades es que han representado la nacionalización de unos comicios autonómicos, como ha ocurrido con la política catalana en los últimos meses. Y al mismo tiempo es una votación normal: una elección con garantías, democrática, cuyo objetivo es devolver a Cataluña a la senda estatutaria.

Una de las claves será la participación. En 2015 alcanzó un 77%: se espera que hoy sea incluso más alta, por la movilización del electorado no independentista. Otro elemento importante será el efecto de que los comicios se celebren en un día laborable.

La descomposición del sistema de partidos español empezó en buena medida en Cataluña, y ha sido especialmente profunda en la comunidad. Desde 2010 ha habido en Cataluña cuatro elecciones autonómicas, tres generales, unas europeas y dos municipales. Los partidos tradicionales han perdido mucho terreno. CiU, que fue la formación hegemónica, ha dejado de existir como tal. El PSC, que tenía 52 escaños en 1999, consideraría un éxito llegar a la mitad. Ciudadanos, que se fundó en 2006, encabeza algunas encuestas. El Partido Popular parece haberse resignado a ser una presencia residual, y eso es tan malo para Cataluña como para España.

Los nacionalistas llevan al menos cinco años en campaña constante. La novedad de los últimos meses es la movilización de los catalanes que también se sienten españoles. La división es socioeconómica y etnolingüística, y también muestra diferencias llamativas entre las zonas rurales y las ciudades.

La cuestión primordial es cómo quedan los dos bloques, pero también es importante la disputa entre las fuerzas principales del independentismo y el constitucionalismo. Se prevé que los comunes no logren un buen resultado en votos, pero aun así podrían tener la llave del Gobierno. No hay ninguna razón ni precedente para pensar que vayan a actuar de forma sensata.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que tantas veces mostró lentitud durante esta crisis, fue ágil al convocar elecciones nada más activar el 155. Mostraba que el propósito no era constreñir el autogobierno catalán, sino recuperarlo. Pero posiblemente la idea de reconstruir la normalidad de inmediato sea demasiado ambiciosa. Si en un primer momento los secesionistas admitieron errores o la falta de una mayoría social que legitimara sus acciones, en campaña han dado pocas indicaciones de querer volver al cauce constitucional.

La campaña tampoco parece un buen momento para la separación de poderes. Los independentistas prometen la liberación de los encausados, aupada por la presión del voto de gente decente y de orden que entiende que se persiga penalmente a un pequeño delincuente pero no a quien desvía fondos públicos para preparar las estructuras de un nuevo país, utiliza las instituciones estatales contra el Estado o intenta destruir el orden constitucional mientras se burla de las advertencias de los tribunales.

Entretanto, el Partido Popular, asustado por el ascenso de Ciudadanos, trata de hacer de poli duro. Regala un argumento a los independentistas y socava el prestigio de las instituciones al reclamarse responsable de que las fuerzas secesionistas estén descabezadas: gracias a nosotros, dicen quienes estos meses argumentaban defendiendo el Estado de derecho y la separación de poderes, los insurrectos están ante la justicia. Pero, por desgracia, que el Partido Popular se erija en campeón de las instituciones democráticas y después las degrade a cambio de un posible puñado de votos es uno de los elementos más previsibles de la política española. Sus mentiras no solo se vuelven contra ellos, sino que nos afectan a todos.

La lógica de la competición hace que los partidos busquen maximizar las diferencias, también dentro de su propio bloque. Y el frenesí propagandístico tampoco facilita una visión crítica y autocrítica entre los votantes independentistas: complica el examen de una vía unilateral e ilegal que ha producido pérdidas económicas, descrédito institucional, deterioro de la convivencia, retroceso en el autogobierno y desprestigio de Cataluña. La independencia no es solo divisiva, anacrónica o empobrecedora: es todas esas cosas al mismo tiempo, y a la vez es imposible.

Es difícil que se produzca el regreso a la realidad de muchos catalanes que confiaron en la promesa de la independencia: una independencia, les dijeron y creyeron contra toda evidencia, que sería reconocida de inmediato por la comunidad internacional, que resultaría beneficiosa económicamente y que no generaría ningún sobresalto social. El narcisismo identitario condujo a una incomprensión del Estado (que despreciaron), del mercado (cuyo funcionamiento no entendieron), de la Unión Europea (no cayeron en que su proyecto no solo tenía dificultades de estatus, sino de concepción: se parecía sobre todo a aquello contra lo que se había creado la Unión) y de la identidad (que consideraron su patrimonio exclusivo). Algún día habrá que preguntar a los expertos de primera fila, desde la filosofía a la politología, que hicieron -hacen- de cheerleaders en esta aventura.

Pero no es tampoco el momento del regreso a la verdad, como han mostrado los candidatos de Esquerra y de Junts per Catalunya, que han renovado con nuevas tergiversaciones su viejo repertorio de falacias. Quienes no quieren rendir cuentas por una gestión antidemocrática y desastrosa han planteado las elecciones como un plebiscito sobre el 155. Pero si pierden en votos y ganan en escaños, ayudados por la ley electoral, como sucedió en 2015, también les servirá. Siempre juegan con al menos dos barajas. El Gobierno legítimo, dicen, está exiliado en Bélgica, pero por si acaso se presentan a las elecciones. Nunca hubo unilateralidad y si la hubo fue culpa del Gobierno de España. No hubo pérdidas económicas y si las hubo fueron culpa del Gobierno de España. No lleva mucho entender el mecanismo. Sugiere que el procés salió casi de la nada, o como mucho de la incomprensión de España, y afirma que el 155 fue un abuso de Madrid, que en el imaginario nacionalista es un enemigo paradójico, al mismo tiempo inepto e infinitamente ingenioso para aplastar a "Cataluña". "Hay una cierta posverdad", dijo el ex consellerRull en un debate. La cuestión no es tanto si aceptarán la legalidad y desde allí intentarán defender la opción de la independencia, que el TC consideró legítima, o si prolongarán la estrategia que nos ha llevado hasta aquí. La duda es si alguna vez habrá verdad, o si quedaremos atrapados en una fábrica de mentiras aparentemente inagotable.

Las encuestas sugieren que puede ser difícil formar Gobierno, no digamos encontrar soluciones. Esto último exigirá renunciar a la política de máximos y mentiras que ha lanzado el procés. La fractura se tendrá que ver claramente, para trazar acuerdos que aspiren a repararla. Del desastre salimos con algunos elementos claros: el hecho de que el catalanismo tiene que volver al camino de la Constitución y el Estado de derecho, y reconocer a quienes no comparten sus opiniones; la visibilización de un sector muy importante de la población catalana que hasta ahora no se había articulado; los riesgos de encerrarse en una identidad única, cuando la identidad es siempre azarosa, compleja y cambiante. Cada voto cuenta.

Daniel Gascón es escritor y autor de Entresuelo (Literatura Random House).

A ver cuántos votos nulos
ARCADI ESPADA El Mundo 21 Diciembre 2017

Una victoria del separatismo, dios no lo quiera, sería interpretada por separatistas y asociados en términos similares, aunque agravados, a los que enfrentaron en el pasado la votación sobre el referéndum del Estatuto de 2006 y la decisión del Tribunal Constitucional de suspender algunos de sus artículos. Una suspensión, by the way, que fue hasta tal punto decisiva para la herida fundacional de Cataluña y su insurrección posterior que sería difícil juntar una docena de catalunyenses capaces de concretar en qué artículos y competencias concretas Cataluña fue de nuevo humillada. Igual que entonces se dijo que el Constitucional no había respetado la voluntad del pueblo (expresada, by the way two, en menos de la mitad de los votantes), como si fuera una fracción del pueblo y no la ley lo que el Constitucional tiene obligación de respetar, hoy se dice que una victoria independentista supondría la obligatoria derogación del artículo 155 que, desde Salses a Estremera, tanta paz ha traído a las tierras catalanas. Y hay quien dice, incluso, que esa victoria supondría la evidencia del profundo error en que incurrió Rajoy aplicando un 155 electoral y limitado, y que ya veremos el grave reto que ha de encarar el presidente si ese resultado se produce.

No.
No puede ser tan frágil la memoria. Hace unas semanas, ¡unas semanas!, el presidente Rajoy disolvió un parlamento que tenía 72 escaños ocupados por diputados partidarios de la insurrección. Lo disolvió, sí. Y la Justicia envió a la cárcel al gobierno de la Generalidad en pleno. A la cárcel, exactamente. Y todo eso pasó porque, afortunadamente, la ley democrática es una emanación de la voluntad popular y no de una fracción interesada de la misma. Otra de las concesiones lingüísticas y conceptuales que se han hecho a los separatistas ha sido admitir, con demasiada ligereza, que una cosa es la voluntad popular y otra la ley. Naturalmente que son dos cosas tan distintas como la electricidad y la luz, pero la decisión del Constitucional sobre el Estatuto y la suspensión de la autonomía decretada por el Gobierno son expresiones de la ley de la voluntad popular. Como son asaltos a la ley, pero también a la voluntad popular, la actividad insurreccional del gobierno felizmente destituido.

Hoy los ciudadanos catalanes ejercen, gracias a la ley española, su derecho al voto. Y también, faltaría más, su derecho al voto nulo, que puede que algunos cientos de miles concreten introduciendo papeletas por la Independencia o República en la urna. Es decir, ocurrencias que anularán el voto y cuyo efecto sobre la realidad será, como indica la ley electoral, no válido.

Es su problema
No hay enemigo exterior, todo depende de la propia Cataluña
Luis Ventoso ABC 21 Diciembre 2017

ES difícil volverse famoso disertando sobre economía, y más si se hace con conocimiento académico. Probablemente el economista más mediático y multimedia hoy en España sea el profesor José María Gay de Liébana, un barcelonés de 1953, doctor en Economía y Derecho, auditor y autor de interesantes publicaciones. Afable y ameno, el profesor Gay es el Phileas Fogg de nuestra divulgación económica, un viajero infatigable, siempre de congreso en plató, de estudio de radio en cumbre empresarial. Un ejemplo, como tantos otros, de catalán valioso al que Madrid y el resto de las regiones españolas han abierto sus puertas de par en par. Muchas barreras no debe poner el pérfido «Madrit» a los catalanes cuando reinan en sus mañanas televisivas, dirigen periódicos madrileños o presentan programas radiofónicos de gran eco desde la capital. Sé que Forcadell, Junqueras y el holograma de Flandes jamás mienten, pero me estrujo las meninges y no acabo de descubrir en qué ha perjudicado a Cataluña formar parte de un país donde siempre fue piedra angular.

Tenenemos al profesor Gay por uno de los nuestros, un español cabal y moderado, un estudioso que habla con conocimiento. Pero ayer leí un artículo suyo sobre el jaleo separatista y me apena decir que me decepcionó. En su pieza el profesor aboga por el regreso del «nacionalismo moderado» (nacionalismo al fin). Lamenta también los daños que ha provocado el conflicto, pero según su equidistante diagnóstico este delirio es culpa a partes iguales de «nacionalistas exaltados» y «centralismos impermeables e insensibles». También se queja de aquellos que imponen la ley a la política, en alusión no explícita al Gobierno y al 155. Mucho me temo que el profesor no acierta esta vez en su análisis e incurre en un error endémico en Cataluña: culpar de los propios problemas a un quimérico enemigo exterior. No, profesor, no ha existido ni existe ningún «centralismo impermeable» ni «insensible». Salvo el País Vasco con el cuponazo foral, no hay comunidad española que haya disfrutado de mejor trato y más atención que Cataluña (por ejemplo, la financiación autonómica se ha dibujado siempre a su medida, la última con Mas y Zapatero). También es un enigma que padeciendo un centralismo tan férreo la Generalitat lograse armar sus célebres estructuras de Estado, acogotase a los catalanes que se sienten españoles, convirtiese TV3 en una fábrica de separatismo, utilizase las aulas para inculcar el odio a España, montase una red planetaria de embajadas y finalmente declarase a la brava la independencia.

Hoy es un día muy importante. Digamos la verdad, sincerémonos: los catalanes son los únicos que pueden arreglar el problema catalán, que es exclusivamente suyo, pues ellos lo han creado, alimentado y tolerado. Les toca elegir entre su autogobierno en la democracia española o una chaladura supremacista que solo propone cerrazón, ruina y odio al vecino. Así que, por favor, menos conjuras exteriores, menos milongas equidistantes y den boleta en las urnas al golpismo.

Ladrón, impune y golpista
OKDIARIO 21 Diciembre 2017

Jordi Pujol i Soley. Siempre él. Principio y fin de la Cataluña independentista. Ejemplo de cómo utilizar la política de forma criminal para convertirte en multimillonario hasta el punto de hacer de la mayoría de tu familia una auténtica saga de ladrones. Paradigma de lo rentable que le sale el independentismo a unos pocos mientras embaucan con mentiras e idealizaciones fatuas sobre una Arcadia inventada a aquéllos que sufren el éxodo masivo de las empresas asentadas en la región y la merma económica y laboral que ello conlleva. Jordi Pujol no sólo es el ‘Don’ en su famiglia —la más corrupta de Europa con 3.000 millones de euros escondidos en varios paraísos fiscales— sino que también ha sido el sumo sacerdote del golpe de Estado independentista. Un chamán de la ilegalidad en medio de una tribu de sediciosos.

De hecho, estuvo en las reuniones preparatorias del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Igual que la cabeza de lista de ERC, Marta Rovira, que debería comparecer ante el Tribunal Supremo cuanto antes. La Guardia Civil certifica que Pujol estuvo con los máximos responsables del 1-O y, por tanto, participó en él como organizador. Una jornada donde los golpistas llevaron el desafío a España hasta el extremo de contradecir al propio Tribunal Constitucional. Los agentes de la propia Benemérita sufrieron las consecuencias ante la vergonzosa inacción de los Mossos mandados por el mayor Josep Lluís Trapero. Ahora sabemos que Pujol también participó en el plan junto al huido Carles Puigdemont y al encarcelado Oriol Junqueras.

Esta información exclusiva de OKDIARIO es una prueba más de que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003) ha impulsado este ataque desaforado a la legalidad vigente. Algo que, por otra parte, es una constante en su vida. Imputado por blanqueo de capitales, su nombre y apellido —también por la acción de sus hijos— tiene siempre un porcentaje asociado: el 3%. Comisiones que recibían por contratar a ciertas empresas para que hicieran trabajos bajo el manto de la Generalitat. Ahora que sabemos que en las reuniones golpistas solía opinar sobre los mecanismos más eficaces para ir contra España, cabe preguntarse si, por una vez, la justicia pondrá toda la carne en el asador para desentrañar tantas ilegalidades como guardaran tanto don Jordi como el resto de su prole… Aunque fuera tarde, la justicia sólo estaría haciendo lo oportuno.

El PP recurre la oficina lingüística valenciana, un "cortapega" de la catalana
El organismo pretende controlar el uso de la lengua "en relaciones privadas" y hacer "listas de buenos y malos valencianos".
Agencias Libertad Digital 21 Diciembre 2017

El PP ha anunciado este jueves que va a presentar un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al decreto del Consell por el que se regula el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos, que fue publicado el pasado lunes, para que los tribunales decidan "si se están vulnerando los derechos personales y el ordenamiento jurídico" con un organismo que consideran un "cortapega" del existente en Cataluña.

Así lo ha explicado la diputada popular María José Ferrer Sansegundo, que ha remarcado que el decreto "ni siquiera atiende las observaciones esenciales que formuló el Consell Jurídic Consultiu, que para algo está", y que eran "bastantes".

En concreto, se ha referido al hecho de que el ámbito de aplicación "se extiende a la administración local o la administración general del Estado cuando debe haber un concierto previo" para ello, y ha recordado que "no puede invadir competencias" que no le son propias. "Luego se queja el Consell", ha dicho, de que el Tribunal Constitucional (TC) declare la inconstitucionalidad de algunas de sus normas por este motivo cuando "está legislando a balonazos sin contar con el CJC".

Asimismo, la diputada del PP ha hecho referencia a una cuestión "más grave", el hecho "inadmisible" de que la Oficina de Derechos Lingüísticos pueda tramitar denuncias o reclamaciones sobre el uso de la lengua "en relaciones privadas" como en comercios u oficinas, aunque el decreto lo intente "maquillar" aludiendo a que se abrirán "expedientes informativos" y que su carácter no es sancionador.

"De momento, todos sabemos que las hojas de ruta son así", ha agregado Ferrer Sansegundo, que ha indicado que el hecho de que se elabore una resolución administrativa en la que figure que se han vulnerado derechos lingüísticos "es reprobatorio" y, además, ha lamentado que "esos expedientes se inscriben en un registro", con lo que va a haber "un registro de valencianos buenos y valencianos malos". "Eso es estigmatizar, no es necesario", ha precisado.

Según ha indicado, los populares están "con el bilingüismo" y por la protección y fomento del valenciano, pero "otra cosa es imponer, castigar a quienes pueden usar cualquiera de las dos lenguas oficiales".

"Es un corta y pega de la Oficina de Garantías Lingüísticas de Cataluña, que ha acabado con multas a comercios y no ha traído la convivencia pacífica de las lenguas, sino secesión y fractura social", ha incidido la diputada, que ha agregado: "El tren que en Cataluña ha descarrilado no vamos a permitir aquí, si es posible, ni que salga de la estación".

El decreto publicado este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), establece que esta Oficina "tiene como objeto garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía" y estos derechos "son los que amparan y protegen el uso de las lenguas oficiales reconocidas por el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana".

En cuanto al ámbito de actuación, señala a la Administración de la Generalidad y su sector público instrumental, las entidades que integran la Administración local y los organismos que dependen de esta, la Administración del Estado y los organismos que dependen de esta con sede en la Comunidad Valenciana, incluyendo la Administración de Justicia, y las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada.

Sus funciones son recoger y tramitar las reclamaciones sobre vulneración de derechos lingüísticos y las sugerencias relacionadas con la tutela de estos derechos que presente la ciudadanía, y responder a ellas; atender las consultas que la ciudadanía formule con respecto a los derechos lingüísticos y la normativa que los ampara, para ofrecerles información y asesoramiento legal o sensibilizar a la sociedad valenciana sobre los derechos lingüísticos y la necesidad de garantizarlos.

Asimismo, es responsable de arbitrar un mecanismo de colaboración con los órganos competentes de la Administración de la Generalidad que han sido objeto de las reclamaciones para garantizar los derechos de los hablantes, evitar que se reproduzcan situaciones de vulneración de estos derechos y mejorar la atención lingüística de los servicios públicos, colaborar con los organismos de la Administración de la Generalidad competentes en materia de protección de los derechos de consumidores y usuarios.

Por último, también tiene encomendada la tarea de promover la cooperación con instituciones, organismos y entidades de carácter público y privado para asegurar el ejercicio de los derechos lingüísticos y ofrecer asesoramiento y recursos a las empresas o entidades que sean objeto de reclamación, para fomentar el uso del valenciano en su ámbito de actuación.

El artículo 13, que cuestiona especialmente el PP, regula las reclamaciones y sugerencias en materia de derechos lingüísticos referidos a personas físicas o jurídicas privadas y señala que en el caso de que los hechos constitutivos de vulneración de derechos lingüísticos procedan de actuaciones realizadas por personas físicas o jurídicas privadas, la Oficina enviará las reclamaciones o las sugerencias a estas personas para que tengan conocimiento de ellas y, en su caso, adopten las medidas oportunas para enmendar los hechos mencionados y formulen la respuesta que consideren procedente.

La Oficina, en el momento de trasladar las reclamaciones o las sugerencias a las personas físicas o jurídicas privadas, les adjuntará un informe o una recomendación sobre los hechos objeto de denuncia si lo considera conveniente y promoverá la cooperación con las personas físicas o jurídicas privadas causantes de los hechos constitutivos de vulneración de los derechos lingüísticos con la finalidad de evitar que se vuelven a producir los hechos objeto de denuncia y garantizar así su protección.

Frente común en Baleares contra la exigencia del catalán en la sanidad pública
Las entidades protestantes aseguran que el efecto de la medida se notará en dos años, pero que ha comenzado el éxodo de sanitarios hacia otras regiones de España
Esther Ballesteros cronicaglobal 21 Diciembre 2017

Baleares quiere aprobar próximamente un decreto mediante el que el Gobierno autonómico (PSOE y la formación econacionalista MÉS) exigirá conocimientos de catalán a médicos y enfermeros para que puedan trabajar en la sanidad pública. Ello ha llevado a varias entidades a trasladar, también fuera del archipiélago, sus protestas contra tal medida ante la fuga de profesionales que la misma está provocando y a solicitar la intervención de la Fiscalía antes de que el Ejecutivo isleño dé luz verde a la nueva normativa.

Tal es el caso de la asociación nacional El Defensor del Paciente, cuya presidenta, Carmen Flores, asevera en declaraciones a Crónica Global que, en un sector como el ámbito médico, los trabajadores “tienen que ser profesionales y actuar con respeto y decencia, pero no se les puede imponer la lengua catalana”. Un hecho que, arguye, ha llevado a numerosos sanitarios a emprender su marcha de las islas, principalmente de Ibiza y Formentera, para poner rumbo a otras comunidades autónomas.

En conocimiento de la Fiscalía
Ante esta situación, la entidad ha decidido dirigirse al ministerio público y, en concreto, al fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, a quien ha remitido un escrito en el que apunta incluso a la posible comisión de un delito: “Quienes trabajan en la sanidad no tienen ninguna obligación de hablar catalán porque en el supuesto de que un turista tuviera que acudir a un hospital o centro no entendería este idioma, por lo que es obvio que viola un derecho que creemos fundamental, que es el de decidir qué lengua se habla o practica”.

“Todos tenemos derecho a aprender --cuanto más, mejor--, siempre que la cultura no se imponga de forma dictatorial”, añade, e incide en que especialmente en Baleares se necesitan profesionales del sector que, sin embargo, están optando por irse.

Nivel básico para auxiliares y avanzado para médicos y enfermeros
En concreto, la futura norma, cuyo borrador fue aceptado a finales del pasado verano entre los partidos que forman el Pacto, fija como requisito que los auxiliares acrediten disponer del nivel básico o B1 de la lengua catalana para acceder a una plaza en la sanidad balear, mientras que los médicos y enfermeros deberán contar con el nivel B2 o avanzado.

Especialmente crítica al respecto se muestra otra entidad, el Sindicato de Enfermería (Satse) de las islas. Su secretario general, Jorge Tera, lamenta que la situación más grave se vive en las Pitiusas ya que la Bolsa única se ha agotado y ya no hay enfermeras disponibles para contratar “aun sin ser una época de contratación masiva como el verano”. Lo achaca, además de a la escasez estructural de profesionales, al decreto del catalán.

“Se ha confirmado la marcha de decenas de enfermeras de Ibiza a otras comunidades ante la perspectiva de la exigencia del certificado lingüístico, junto a otras que han solicitado el traslado que recientemente ha convocado Andalucía”, apunta la entidad, que considera que tramitar una medida “para excluir a profesionales cualificados del acceso al empleo público en una situación como esta es una irresponsabilidad”.

Los verdaderos efectos, “en dos o tres años”
Desde Satse no son optimistas. Auguran que los verdaderos efectos de la nueva normativa se producirán “en dos o tres años”, cuando lo que hasta el momento ha sido un efecto llamada “se convierta en un efecto rechazo”. Aun así, piden a la presidenta balear, Francina Armengol, que dé marcha atrás y no permita que “el criterio político impuesto por el socio minoritario del Govern [en alusión a MÉS] ponga en peligro la asistencia sanitaria”.

En concreto, se refiere a la decisión inicial, adoptada en verano, del Instituto Balear de Salud (Ib-Salut) de eximir a los profesionales sanitarios de disponer del título del catalán. No obstante, los socios nacionalistas del PSOE consideran, y así lo pusieron sobre la mesa, que conocer este idioma y acreditarlo es “una línea roja innegociable”, por lo que finalmente el Ejecutivo acabó rectificando su postura para terminar estableciendo como requisito tener la titulación del idioma, que en el Estatuto balear posee la consideración de lengua propia de las islas.
Impugnación del decreto

Junto a Satse, el otro sindicato mayoritario del sector es el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), que tampoco se ha quedado atrás en las protestas contra la nueva norma. De hecho, ambas entidades votaron en septiembre en contra del proyecto y anunciaron que acudirán a los tribunales para impugnarlo.

La propia Armengol salió al paso recientemente para rebatir las críticas vertidas contra el decreto, asegurando tajante que “ninguna plaza sanitaria quedará sin cubrir por ninguna razón lingüística” y que, de hecho, la medida se aplicará de forma flexible en áreas con mayor déficit de profesionales y, en caso de que un sanitario procedente de fuera de las islas obtenga plaza fija en Baleares, dispondrá de dos años para acreditar los conocimientos de la lengua catalana.

Bonig: "Hay una hoja de ruta para trasladar todo el proceso separatista a la Comunidad Valenciana"
La líder del PP en Valencia ha explicado en Es la Mañana de Federico el carácter y las consecuencias de la nueva "policía lingüística" en Valencia.
esRadio Libertad Digital 21 Diciembre 2017

Isabel Bonig ha estado en Es la Mañana de Federico hablando de la Oficina de Derechos Lingüísticos que acaba de crear la Generalitat Valenciana. La política popular ha enmarcado "este decreto, por el cual se crea la Oficina de Derechos Lingüísticos dentro de una hoja de ruta que es trasladar todo el proceso separatista catalán a la Comunidad Valenciana".

Como muestra está precisamente "la creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos que es una copia de la Oficina de Garantías Lingüísticas que los nacionalistas crearon en Cataluña". Todo ello con un presidente socialista, Ximo Puig, "que permite y tolera que haya imposición y adoctrinamiento en el sistema educativo valenciano o un control de los medios de comunicación con la apertura desesperada de la nueva TV pública". Una TV pública que será dirigida por "la persona que fue delegada durante 13 años de TV3 en Valencia". A ello hay que sumar "la creación de una estructura paralela a la administración de la Generalitat con una serie de organismos que además de controlar a la sociedad sirven para enchufar a los suyos".

Bonig ha explicado que "le he ofrecido muchas veces a Puig pactos como el educativo para sacar el chantaje de las aulas". Sin embargo el presidente socialista "prefiere avalar estas políticas de imposición antes que pactar la libertad con el PP". La presidenta del PP en la Comunidad Valenciana ha recordado que "el valenciano no ha sido nunca motivo de conflicto entre valencianos, aquí siempre ha habido libertad sobre el tipo de educación o la lengua vehicular".

La nueva oficina, dependiente de la Consejería de Educación, "actúa como una policía lingüística porque parte de una premisa que es mentira, que en esta comunidad se vulnera el derecho de los ciudadanos que quieren expresarse en valenciano". Es "mentira", ha subrayado. De esta forma, "esta oficina no sólo va a interferir en otras administraciones sobre las que no tiene competencia como Justicia o ayuntamientos", sino que va a interferir "incluso en las relaciones privadas entre empresas y particulares".

Así, "cualquiera podrá denunciar a un particular o empresa por hechos que considere que vulneran sus derechos lingüísticos al uso del valenciano". El problema es que el decreto no establece cuándo se vulneran esos derechos y, por tanto, "dependerá del funcionario, pero sobre todo del político, ver cuándo hay vulneración".

Por último se ha referido a Cs en Valencia. "Sabemos que el enemigo no es Cs" pero ha pedido que "tenga una cabeza visible" al mismo tiempo que ha denunciado que "están votando con PSOE y Compromís y le han dado ayuntamientos importantes como Torrevieja".

 


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