AGLI Recortes de Prensa   Sábado 30  Diciembre 2017

El abandono de la razón
Jesús Laínz Libertad Digital 30 Diciembre 2017

La célebre opinadora Karmele Marchante ha declarado hace unos días que ella ya se considera ciudadana de la república catalana presidida por Puigdemont desde el exilio:

–¿Y qué te ha cambiado al vivir en una república catalana? –inquirió su imperturbable entrevistador.

–Ha cambiado lo que es la afectividad y lo que son las emociones y la emotividad. Y para mí lo que tenía ilusión era estar en una república catalana libre, independiente, feminista y laica.

No hace falta acudir a la célebre sentencia de Churchill para advertir que el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio. Ni a las de tantos que, en toda época y lugar, han advertido del grave problema con el que se encuentra la Humanidad desde que, para tomar decisiones políticas, se pasó de pesar las opiniones a contarlas.

Ortega y Gasset, por ejemplo, aconsejó a sus contemporáneos no hacer caso de la opinión de la gente, pues la razón no suele tener mucho que ver con ello: "Fijaos y advertiréis que la gente no sabe nunca por qué dice lo que dice, no prueba sus opiniones, juzga por pasión, no por razón". Y el insigne representante del liberalismo español de la primera mitad del siglo XX, Gregorio Marañón, señaló en la misma dirección:

La multitud ha sido, en todas las épocas de la historia, arrastrada por gestos más que por ideas. Una idea, es decir, un razonamiento lógico y frío, jamás ha movido a la masa humana. La acción de un hombre aislado sí puede tener por motor una idea. Mas la muchedumbre no razona jamás. Es un hecho fundamental de su psicología el que, en ella, lo es todo la emoción.

En pocas ocasiones se ha podido comprobar este emotivo fenómeno con tanta claridad como en las últimas elecciones catalanas. Vaya por delante la evidencia de que las elecciones no son el terreno de los argumentos, sino el de los eslóganes, los gestos y las emociones. Los argumentos hay que desarrollarlos antes, todos los días que median entre votación y votación, y en mil lugares y ocasiones. Y la desigualdad de condiciones para argumentar existente entre los separatistas y los que no lo son es precisamente lo que ha definido la Cataluña de los últimos cuarenta años. Pues el régimen totalitario construido por el honorable Pujol ha conseguido que los medios de comunicación, la escuela, la universidad, la iglesia y prácticamente cualquier ámbito social estén monolíticamente entregados y alineados con los gobernantes separatistas. ¡Milagros de las modas ideológicas y de la subvención! Por eso han vuelto a vencer en las urnas: con educación y medios monopolizados durante cuarenta años se forjan mayorías que no se desmontan en dos meses de articulitos descafeinados y dos semanas de campaña electoral, sino en muchos años de libertad.

Dadas estas condiciones, aberrantes en un régimen que se tiene por democrático, la razón, la mesura, el conocimiento, los argumentos no tienen el camino fácil en la Cataluña clónica. Pero, aparte de este mínimo común denominador, permitido e incluso alimentado por todos los Gobiernos del PP y el PSOE, estas últimas elecciones se han distinguido por su excepcional irracionalidad. Recuérdese simplemente el Icetatón, portentosa imbecilidad elevada a la categoría de argumento político. Aunque la palma se la lleva indudablemente la sentimentaloide maniobra de los lacitos amarillos –y mil gestos más, como el del votante disfrazado de plátano– para protestar contra el encarcelamiento de unos presos políticos inexistentes. He aquí una prueba irrefutable de la inutilidad de los argumentos: a quienes su pasión nacionalista les ha convencido de que los Jordis y compañía son presos políticos no habrá manera humana de explicarles que están entre rejas por haber cometido delitos tipificados en el Código Penal, no por sus ideas. Patología de larga tradición en España: ¿acaso el mundo nacionalista vasco no sigue teniendo por presos políticos a quienes están en chirona por extorsiones, secuestros y asesinatos?

La irracionalidad también se ha manifestado, y sigue manifestándose, en las curiosas interpretaciones que cada uno hace de los resultados de la votación. Unos dicen que a ellos les han votado los cultos y a los otros, los iletrados. Otros, que han acumulado el voto urbano frente al rural de los adversarios. Otros, que los jóvenes están con ellos y los viejos se agolpan con los de enfrente. Y otros, que a ellos les han votado los catalanes de pata negra mientras que a los partidos enemigos les han votado ésos a los que llaman "colonos". Estos dos últimos argumentos, por cierto, llevan a los separatistas a prometérselas muy felices para próximas votaciones, sabedores de que los jóvenes están mayoritariamente de su lado y confiados en que, una vez fallecidos los llegados de otras partes de España en la gran emigración de hace medio siglo, sus charneguísimos hijos y nietos, ya nacionalistizados, votarán por dejar de ser españoles. ¡Hermosa confesión del proceso de lavado de cerebro al que les han sometido! Sólo este dato bastaría para suspender cualquier votación en Cataluña mientras no se haya extirpado hasta el último tentáculo del régimen totalitario que ha provocado semejante aberración.

Además, ¿qué sentido tienen, en un régimen democrático, esas jerarquizaciones de votos por estudios, comarcas, barrios, profesiones, edades o proveniencias? En los réprobos reaccionarios como servidor, que confiesa maldecir 1789 todas las mañanas antes de desayunar, quizá pudiese responder a cierta lógica. Pero entre fanáticos demócratas es indignante. ¿No habíamos quedado en el sacrosanto principio igualitario de "un hombre, un voto"? ¿A qué vienen ahora tantas ínfulas, tanta distinción, tanto aristocratismo, tanto desprecio?

Y para terminar, una sinrazón económica. Algunos se sorprenden de que los catalanes, tras el éxodo empresarial, insistan en el separatismo. Por ejemplo, unos vecinos de San Sadurní de Noya, capital del cava, votando mayoritariamente a unos partidos separatistas cuyo triunfo no parece convenir a la prosperidad económica de la comarca. Pero, tras cuatro décadas de envenenamiento nacionalista, ¿cabría esperar de los catalanes una traición a la patria por treinta monedas? Ábrase un libro de historia y échese un vistazo a la reacción de los proletarios socialistas franceses, rusos y alemanes, aparentemente confabulados para negarse a ir al frente a defender las patrias de los burgueses, cuando estalló la gran tragedia de 1914. ¿Prestamos atención a las enseñanzas de la historia o a las de Mariano Rajoy, insigne ideólogo marxista y autor de la inmortal "Lo importante es la economía"?

Porque, lamentablemente, ya no nos encontramos ante un intercambio de argumentos, sino ante una lucha de vísceras.
www.jesuslainz.es

LA CAJA B DE LA CORRUPCIÓN
Corrupción olvidada, ¿por qué hay un código de silencio para algunos casos?
Juan E. Pflüger gaceta.es 30 Diciembre 2017

Llama la atención que no todos los casos de corrupción tengan la misma atención mediática, judicial y política. En La Gaceta nos preguntamos ¿por qué pasa esto?

Las cifras de corrupción en España asustan cuando se analizan en conjunto. Pero asustan más cuando nos damos cuenta del uso partidista que se hace de su “publicidad”. Hay miles de casos de corrupción bajo investigación en nuestro país, sin embargo solamente un reducido número de ellos permanece continuamente en los medios de comunicación. Aquellos que afectan a algunos políticos y a algunos empresarios son objeto de informaciones minuciosas con filtraciones de sumarios incluidas. Son casos en los que los investigados y acusados sufren un linchamiento de la sociedad civil.

Sin embargo, de la mayoría de los casos no se llega nunca a saber nada y de algunos los medios publican escuetas notas explicando el inicio de la investigacion y, después, una mano negra los lleva al olvido. ¿Por qué ocurre esto? Juzguen ustedes, pero todo apunta a que hay intereses detrás de las filtraciones y de que no toda la corrupción sea conocida al mismo nivel.

Corrupción en aumento
Los datos de la corrupción en España son escalofriantes: entre 2010 y 2016 han sido investigadas o detenidas casi 11.500 personas por casos de corrupción. Además, la escalada es innegable. En 2010 fueron investigadas 583 personas por esta causa, un año después el número casi se duplicaba, hasta alcanzar los 1.036 casos. En 2012 la cifra era de 1.124, en 2013 eran 1.341. En 2014 se produjo un salto importante al alcanzar los 2.746 investigados, que en 2015 eran 2.448 y en 2016, 2.126.

No se tienen los datos totales de 2017, pero todo apunta a que los investigados por corrupción se mantendrán en el entorno de los 2.200. Pese a ello, solo un puñado de investigados son sometidos al juicio de la sociedad y condenados por la prensa.

De los más de cinco mil casos de corrupción investigados por la justicia, solamente unas cuantas decenas han merecido la atención de la prensa y la condena social. Aquellos que han sido publicitados por los partidos políticos en sus pugnas de poder, y aquellos que algunas líneas editoriales de medios de comunicación han decidido que merecían su interesada información.

Algunos ejemplos de corrupciones olvidadas
Entre los casos que han caído en el olvido hay algunos muy destacados que en un primer momento fueron publicitados pero de los que no se hizo un seguimiento como en el caso Gürtel, Taula, Eres, Pujol,…

Llama la atención el caso de corrupción denunciado en Asturias y que afectaba al histórico líder de UGT, Justo Rodríguez Braga, y a otros cinco dirigentes y empleados del sindicato socialista en esa comunidad autónoma. Se les acusaba de haber desviado fondos de formación para financiar el sindicato y para enriquecimiento personal. Los delitos a los que se enfrentaban eran graves: contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Se hablaba de decenas de millones de euros desaparecidos.
El tema estuvo unos días en los medios de comunicación, pero ¿alguién ha vuelto a leer algo en la prensa? Se ha saldado con algunas notas en medios locales asturianos. Ni las televisiones nacionales ni los medios de información general ha vuelto a tocar el tema.

En 2015 también fueron detenidos dos tenientes coroneles acusados de corrupción en la tramitación de contratos de Defensa. Según la información hecha pública en su momento, habrían pedido comisiones a las empresas que acudían a la licitación de contratos. Los hechos se habrían producido cuando ambos militares estaban destinados en la Subdirección de Contratación de Defensa. Fueron detenidos y enviados a prisión. Casi tres años después, ningún medio de comunicación se ha preocupado de seguir el caso. No ha habido filtraciones y la sociedad se ha quedado sin saber qué ocurrió y en qué contratos pudieron haber metido mano.

En este caso, jamás trascendió el nombre de los dos tenientes coroneles acusados, a diferencia de otros casos en los que se filtra hasta el menor detalle sobre las personas investigadas.
¿Y el caso Defex?¿Alguien se acuerda de él? La empresa estatal estaba dedicada a la intermediación en la exportación de armas. Les recuerdo el caso que ha sido olvidado por la prensa. En un contrato de venta de armas a Angola en 2012 desaparecieron 70 millones de euros del total de 153 que suponía. Tras la investigación del fiscal anticorrupción Conrado Sáiz, se descubrió una red dirigida por la sobrina de Francisco Paesa, Beatriz García Paesa, a la que se acusó de haber diseñado una trama de sociedades en paraísos fiscales para camuflar estos ingresos.

Seguimos con más ejemplos. Los puertos españoles son una fuente continuada de corrupción. Hay dos puertos del Estado -el de Musel, en Gijón; el de Pasajes, en Guipúzcoa-, en los que se investiga la comisión de todo un catálogo de delitos: prevaricación, malversación, falsedad documental, estafa, cohecho y negociaciones prohibidas. El de Barcelona acumula nueve imputados por estafa y falsedad documental. En Valencia se investiga a tres responsables por un fraude conjunto de 40 millones.

Y seguimos con los puertos: el de Palma deber responder por la desaparición de 11 millones de euros; Mahón e Ibiza deben responder de varios casos que afectan a 13 responsables en una trama conjunta. El puerto de Cartagena debe responder de unos sobrecostes no justificados de 22,5 millones en contratos realizados por el puerto. Por si fuera poco, el puerto de Algeciras ha contratado obras con sobrecostes no justificados de 67 millones de euros.

Otro caso llamativo es el que se destapó en octubre pasado en la Dirección General de Tráfico (DGT) una trama que afectaba a seis funcionarios de ese organismo -al menos cuatro eran agentes- y otras siete personas relacionadas con empresas suministradoras. En un primer momento esa trama ocupó mucho espacio en los medios y fue bautizada como “Operación Grapa”, pero una semana después ya nadie hablaba de ello.

La red había creado, supuestamente, una organización criminal que habría cometido delitos como el fraude a las administraciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Se dedicaban a conseguir contratos de suministros en diferentes sedes policiales como la Academia de la Policía de Ávila, el Complejo Policial de Canillas o la sede del GEO de la Policía.

Estos son solamente algunos casos, hay cientos, hagan ustedes la prueba: busquen un caso de corrupción del que lleven meses sin tener noticias. Después intenten buscar información y verán que la mayoría de ellos han caído en el olvido. Y luego pregúntense ¿por qué de éstos no se habla y de otros sí?

Rajoy se equivoca
Editorial Libertad Digital 30 Diciembre 2017

El presidente del Gobierno ha hecho este viernes el tradicional balance que ofrece año tras año tras el último Consejo de Ministros de diciembre. Como también va siendo tradicional, el análisis de Mariano Rajoy ha sido triunfalista, más que optimista: todo va bien en el mejor de los mundos, parece decirnos exceptuando pequeños ‘detalles’ como la crisis catalana y ‘tropiezos menores’ como el desastroso resultado del PP en las elecciones.

La realidad, por supuesto, es muy diferente: la situación de España es hoy mucho más complicada que al inicio de este 2017 y lo es porque Mariano Rajoy y los suyos –aquí merece una mención especial Soraya Sáenz de Santamaría- han demostrado una inoperancia política inaudita.

Tras no saber encauzar la situación en los meses precedentes, el propio Rajoy y su vicepresidenta nos prometieron repetidas veces que no habría referéndum el 1-O, que no habría urnas ni votantes en las calles. Y al final hubo urnas, votantes e incluso un resultado absolutamente fraudulento, por supuesto, pero que servía para mantener en marcha el desafío separatista a la legalidad.

Ni siquiera entonces el presidente o Sáenz de Santamaría estimaron que era necesario actuar y sólo tras el esperpento de preguntar a Puigdemont si había o no declarado la independencia -una independencia que habían firmado más de 70 diputados- se aplicó un 155 que, acto seguido, se desactivó con una convocatoria electoral inoportuna, equivocada y que ha supuesto desechar una oportunidad histórica de afrontar por fin el problema del separatismo.

Lo más preocupante es, probablemente, el distanciamiento de la realidad que sigue reflejando un presidente que no parece ser consciente que todo ha cambiado tras lo ocurrido en Cataluña y que, tal y como indican todas las encuestas, podemos estar ante un cambio del panorama político que acabe con un desplome generalizado del PP.

Todo parece indicar que el presidente del Gobierno ha decidido creer que no pasa nada y que confiar en su habitual inmovilismo -y en un equipo que es a todas luces incapaz de afrontar los retos pendientes- le servirá para afrontar con garantías el nuevo ciclo electoral que se abre en poco más de un año. No es así y negarlo sólo hará que el descalabro sea aún peor. Si algo nos han enseñado las últimas elecciones catalanas es que los suelos de los partidos han dejado de ser tan sólidos como pensábamos.

Starbucks rotula en catalán y no en español: “Es el idioma oficial en Cataluña”
OKDIARIO 30 Diciembre 2017

La cadena internacional de café Starbucks ha levantado una nueva polémica lingüística en Cataluña. Lo ha hecho por no haber incluido el castellano en sus carteles de prevención de robo colocados en sus tiendas. Para la marca rotular en catalán e inglés es suficiente. ¿Su excusa?: “La cartelería está en catalán porque se trata del idioma oficial en Cataluña”.

Todo ha comenzado por la denuncia de un usuario de Twitter su cuenta personal: “Si eres español y estás de vacaciones en Cataluña, que sepas que a Starbucks le es indiferente que te roben la cartera o el móvil”.

Ha sido entonces cuando el community manager ha respondido que los carteles que la cafetería tiene colgados son en catalán por “ser el idioma oficial de Cataluña”.

La respuesta, lejos de calmar la crispación, ha provocado más reacciones entre los usuarios de las redes sociales que han aprovechado para recordar que los dos idiomas oficiales en Cataluña son el español y el catalán. El denunciante de esta discriminación del español en un local comercial en Cataluña es Carlos Silva, miembro del Consejo de Dirección de UPyD.

Al observar que las quejas no cesaban en su aumento, Starbucks ha rectificado asegurando que los rótulos deberían de estar en ambos idiomas por lo que se “ha pasado el aviso” para que se corrijan.

Tampoco han faltado los comentarios humorísticos acerca de lo ocurrido. Varios tuiteros han recordado el alto precio de los cafés de la cadena: “Esta respuesta demuestra que los 5€ por un café aguado no es la única forma de considerarnos imbéciles”.

TRAS LA MUERTE DE CARMEN FRANCO
Corrupción antifranquista
La Gaceta  30 Diciembre 2017

El presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, ha comentado en el editorial multimedia de este sábado el fallecimiento a los 91 años de edad de Carmen Franco, única hija de Francisco Franco. “Muy pocos españoles vivos la han conocido y saben muy poco de ella y poquísimos han conocido a Franco o saben algo de su acción política, probablemente conocen más la cantidad de mentiras y estupideces que algunos pseudohistoriadores han hecho correr y donde los militantes de la izquierda han depositado toda su sed de revancha ante una guerra que perdieron, pero que habían montado ellos previamente”, dice, antes de tildar de “esperpéntico” ver hablar de Carmen Franco a “todos aquellos que representan lo más corrupto del sistema político español”.

“¿Ustedes creen que alguien relacionado con Franco han robado un millonésima parte de lo que han robado y siguen robando esos que hoy dicen representar al antifranquismo? No tienen ni idea de cual es la diferencia de moral, de principios… que hay entre estos antifranquistas que garantizan que España va a ser un país corrupto y lo que hizo Franco y sus más allegados. Esa es estrictamente la verdad. Franco no fue un corrupto, fue un hombre dictador que se puso muchas limitaciones a su propio poder, cosa que los actuales dirigentes en España y en Europa no creo que piensen hacer”, señala.

Además, pide ver toda la información que no sale sobre cantidad de cosas. “¿Recuerdan que la DGT detuvo a algunos guardia civiles por corrupción… saben algo? Pues de los Franco van a saber todo, pero muy poco sobre corrupción”.

‘Y LA INCITACIÓN AL ODIO’
El PSOE cede un teatro en Mallorca para promocionar el ‘golpismo separatista’
La Gaceta  30 Diciembre 2017

Círculo Balear (CB) ha anunciado que denunciará la gala ante la Fiscalía.

El PP balear ha criticado este viernes que el Departamento de Cultura del Consejo de Mallorca, gestionado por el PSOE, haya cedido el Teatro Principal de Palma para un acto “orientado al enaltecimiento del independentismo”.

Los populares denuncian la gala de este jueves de los Premios 31 de Diciembre de la Obra Cultural Balear (OCB), que reconoció entre otras personas y entidades a los Jordis y cuyo premio fue entregado por la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que, previamente, había hecho una visita institucional a la Cámara balear.

El PP ha echado en cara a los partidos del Pacto de Izquierdas de Baleares, al frente del Ejecutivo autonómico y los consejos insulares de las cuatro islas, el “uso partidista de las instituciones y las infraestructuras públicas para fines orientados a fomentar el rupturismo y la apología del independentismo”.

El PP también ha rechazado la audiencia del presidente del Parlamento, Baltasar Picornell (Podemos), a la presidenta del Parlamento catalán, investigada en relación al proceso separatista y que está en libertad provisional tras pagar una fianza.

Sobre este mismo asunto, la entidad Círculo Balear (CB) ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía la gala por promover “el golpismo separatista y la incitación al odio”.

CB afirma que este acto fue un “homenaje a los golpistas encarcelados por graves delitos -en alusión a los Jordis- que contó con el apoyo del Gobierno balear, el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma”.

La gala, denuncia CB, fue un acto político en favor de la independencia de los “países catalanes” y la negación de la identidad cultural de Baleares.

Además, durante este acto retransmitido por la televisión autonómica IB3 se insultó a la Justicia y se apoyó a los separatistas encarcelados, lamenta la entidad presidida por Jorge Campos.

La presidenta de la Cámara catalana asistió a esta gala y realizó una visita institucional al Parlamento balear, donde defendió la inocencia de los Jordis, que -a su juicio- están en “prisión por sus ideas”.

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Cuentas públicas
Las autonomías han disparado su gasto corriente en más de 1.200 millones en solo un año
Cataluña, a la cabeza: Puigdemont elevó el gasto ordinario en 679 millones en los meses previos al golpe independentista
Roberto Pérez ABC 30 Diciembre 2017

Los gobiernos autonómicos han dado carpetazo a los tiempos de apretarse el cinturón que les vinieron impuestos por la crisis. De octubre de 2016 a octubre de 2017 han disparado su gasto corriente en más de 1.200 millones de euros. Y todo eso en un contexto de gastos crecientes que empezó en 2013 y que, lejos de encontrar freno, paulatinamente va cada vez a más.

Hasta el año 2012 se impuso la machacona consigna de la contención del gasto público. El Gobierno central insistió con especial ahínco a las comunidades autónomas, especialmente a aquellas en situación más delicada -con Cataluña al frente-. Sin embargo, a partir de aquel año la situación ha dado un giro en sentido contrario.

Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria recopilados por ABC, desde 2013 el gasto corriente de las autonomías se ha incrementado en un 19%. Es lo que a las administraciones regionales se les va en gastos ordinarios de funcionamiento. Es, junto a la partida de personal, el mayor capítulo del presupuesto no financiero de los gobiernos regionales.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del presente año -últimos datos oficiales disponibles-, los gobiernos autonómicos acumularon un gasto corriente total de 24.047 millones de euros. En el mismo período del año 2013 había ascendido a 20.262 millones. Es decir, casi 4.000 millones menos.

Durante los últimos doce meses -de octubre de 2016 a octubre de 2017-, el gasto corriente de los ejecutivos regionales ha aumentado en 1.213 millones de euros, un 5,3% más. Ha habido comunidades que han seguido conteniendo el gasto -alguna incluso lo había reducido hasta octubre en comparación con 2016-, pero la mayoría lo han incrementado con más o menos intensidad.

Cataluña lidera la lista por volumen de dinero gastado: del 1 de enero al 31 de octubre acumuló un gasto corriente de 6.481 millones de euros, 679 millones más que en el mismo período de 2016. Es decir, de todo lo que se ha incrementado el gasto corriente en el conjunto de las autonomías, más de la mitad ha sido por obra de Cataluña.

Este fuerte aumento del gasto corriente se produjo en la Generalitat en los diez últimos meses de gobierno de Puigdemont, justo hasta que -en aplicación del artículo 155- fue destituido junto al resto del 'Govern' rebelde. Fueron los diez meses en los que el gabinete de Puigdemont y su socio Junqueras prepararon y consumaron su fallido golpe independentista.

ASÍ FUE EL GOLPE SEPARATISTA
2017, el año en el que España pudo desaparecer
La Gaceta  30 Diciembre 2017

La crisis catalana ha monopolizado el debate político en un año que ha encadenado una sucesión de “días históricos”, con un referéndum ilegal, una fallida declaración de independencia o, en aplicación del artículo 155, el cese del Govern y la convocatoria de elecciones

Tras el anunciado “choque de trenes”, el año termina con los partidos catalanes convocados por el Gobierno central a unas atípicas elecciones que se celebran con parte de los candidatos en prisión preventiva, entre ellos el que fuera vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, investigado por sedición, rebelión y malversación de fondos. Otra parte del gobierno catalán cesado, con el propio Carles Puigdemont a la cabeza, se encuentra haciendo campaña desde Bruselas para eludir la acción de la Justicia en España.

Las sucesivas decisiones del Govern y de la mayoría separatista en el Parlamento catalán y la respuesta del Gobierno recurriendo cada una de ellas a los tribunales han provocado una escalada de tensión política, especialmente en el último trimestre del año.

Una tensión que ha tenido importantes repercusiones económicas (caída del turismo, del empleo, la inversión y traslado de la sede social de numerosas empresas fuera de Cataluña) y también sociales, ya que la crisis política ha estado acompañada de una fuerte carga emocional, especialmente en Cataluña, pero también en el resto del país.
El referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, marcó un punto de inflexión en la dinámica separatista, que había acelerado sus planes a la vuelta del verano, apenas unos días después de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Los plenos del Parlamento catalán del 6 y 7 de septiembre, en los que los separatistas aprobaron en solitario, y excluyendo a la oposición, las llamadas leyes de desconexión, así como las protestas del 20 de septiembre contra los registros de varias consellerias y la detención de altos cargos de la Generalitat, permitieron al Gobierno constatar que los secesionistas iban a por todas.

Ya desde el verano, el Ministerio de Hacienda había apretado las tuercas económicas a la Generalitat de Carles Puigdemont para evitar que destinara dinero público a sufragar el referéndum del 1-O, pero a mediados de septiembre dio un paso más y acabó interviniendo por completo las cuentas autonómicas.

“Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”
Por esas fechas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió a los líderes independentistas de que el Ejecutivo también iba en serio. “Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, les dijo desde Barcelona.

Con esos mimbres se llegó a la consulta del 1-O. Y, a pesar de la rotundidad del Gobierno garantizando que no habría ningún referéndum, de que en los días previos se incautaran millones de papeletas y tarjetas censales, y del despliegue de policías y guardias civiles ante el temor de la inacción de los Mossos, 2,2 millones de personas (según los censos separatistas) pudieron votar en medio de un sinfín de irregularidades.

Las cargas policiales fueron lo más destacado de esa jornada en las portadas de medios nacionales e internacionales y aún hoy son exhibidas por los secesionistas para ilustrar la represión con la que el Estado español, según ellos, trata de silenciarlos.

No obstante, las acusaciones más gruesas sobre esa supuesta represión las lanzó la número 2 de ERC, Marta Rovira, al asegurar que el Gobierno amenazó con muertos en las calles si no se frenaban las pretensiones independentistas, afirmación que no ha podido demostrar y por la que ha sido muy criticada.

El punto de inflexión: Habla el Rey
Una muestra de la “extrema gravedad” de la situación fue el discurso de carácter excepcional dirigido a los españoles por el Rey Felipe VI el 3 de octubre, en el que advirtió de que los “legítimos poderes del Estado” deben asegurar “el orden constitucional”, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña.

Aún así, los independentistas otorgaron validez a los resultados de esa consulta, y con ellos y las imágenes de la actuación policial el 1 de octubre intentaron internacionalizar el conflicto que, por unos días, ocupó las portadas de medios de comunicación de medio mundo.

Puigdemont amagó con la independencia el 10 de octubre -llegó a proclamarla y la dejó en suspenso segundos después– y el Parlament la declaró el 27 de octubre aunque sólo en el preámbulo del texto aprobado, una vez más, con la cámara dividida.

Ningún país del mundo ha reconocido a Cataluña como Estado independiente y Puigdemont no ha dudado en arremeter estas últimas semanas contra la UE y sus dirigentes y ha llegado a sugerir un referéndum para que los catalanes decidan si quieren seguir dentro de la Unión, palabras que luego tuvo que matizar.

El Gobierno se despereza e invoca el Artículo 155
Tras las declaración unilateral de independencia en el Parlament, el Gobierno invocó el inédito artículo 155 de la Constitución para cesar a Puigdemont, a Junqueras y a todo el Govern, cerrar las delegaciones de Cataluña en el exterior y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

La aplicación del 155 ha sido mucho menos traumática de lo que el propio Gobierno temía y todos los partidos sin excepción han acabado presentándose a los comicios.
Tanta tensión política ha tenido su reflejo en las calles, con manifestaciones multitudinarias de uno y otro signo en un ambiente tremendamente polarizado.

A la sobradamente constatada capacidad de movilización de los separatistas en las calles (la Diada, las concentraciones en los colegios el día del referéndum, las convocatorias en protesta por la actuación policial) se han sumado por primera vez las protestas de quienes consideran que Cataluña es una parte de España y reclamaban el fin del “procès”.
2017 ha sido el año de las banderas, ya que la presencia de esteladas en ventanas y balcones de Cataluña ha tenido como respuesta una nunca antes vista -salvo con motivo de algún éxito deportivo- exhibición de banderas españolas en muchas ciudades del país.

Esa nada habitual expresión del “nacionalismo español” ha sido identificada por los independentistas catalanes como un resurgimiento del franquismo y el totalitarismo en España. En las últimas décadas, el fantasma de Franco nunca había estado tan presente en el debate político como ahora y hasta el cantautor Joan Manuel Serrat ha sido tachado de fascista por criticar el 1-O.

Ficciones
MANUEL ARIAS MALDONADO El Mundo 30 Diciembre 2017

Se ha escrito mucho sobre la eficacia política del humor, pero fue George Bernard Shaw quien sugirió que su empleo podría responder a la necesidad más que a la virtud: si quieres decir la verdad a la gente, dijo, hazles reír o acabarán matándote. Podría alegarse que nuestra época ha dado la vuelta a esa afirmación, porque ahora un chiste puede matarte si con él ofendes los sentimientos del público. Pero, como puede comprobarse en las redes sociales, el humor sigue siendo el código de comunicación dominante de las sociedades posmodermas. No es así casual que el último episodio del procés después del procés haya cobrado fuerza en la esfera pública digital.

Hemos asistido a un insólito experimento psicopolítico. El independentismo ha esgrimido contra la secesión tabarnesa aquellos argumentos que podrían aplicarse, literalmente, contra la secesión catalana. Más aún, los eslóganes soberanistas se han adaptado fácilmente a la causa de esta comunidad imaginaria, mientras sus símbolos eran objeto de apropiación subversiva: de la actriz llorosa que pide ayuda al exterior a los mapas que dibujan esencias históricas en color rojo. Y esta ficción, electoralmente plausible y sociológicamente coherente, ha puesto sobre la mesa el problema de las minorías recursivas: las que demandan separarse de un territorio que a su vez se ha separado de otro. Estamos así ante un dispositivo irónico de indudables virtudes pedagógicas: en el supuesto de que la pedagogía sirva para algo.

Claro que no todo son ventajas. Al poner el foco en las minorías, Tabarnia habla el lenguaje del referéndum pactado: a la manera de un western, los separatistas pueden exigir que salgamos a la calle para ver quién ríe el último. Y el referéndum, como nos dejó dicho el autor de la Ley de Claridad canadiense en una de sus visitas, es el camino equivocado. Máxime cuando esa misma norma otorga a las provincias disidentes una protección menos taxativa de lo que se ha venido diciendo: todo se fía al proceso de negociación que seguiría a una hipotética victoria del separatismo quebequés.

Sea como fuere, estamos ante una ficción que combate otra ficción: la que constituye ese un sol poble que sirve de fundamento al soberanismo catalán. Y es que Tabarnia no existe, pero Cataluña tampoco. O sea: no existe una Cataluña homogénea que clame unánimemente por su independencia. Tabarnia nos lo recuerda con humor. Aunque a algunos, claro, no les haga ninguna gracia.

Dolça Tabarnia
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli  30 Diciembre 2017

Tabarnia ha sido el hallazgo de las Navidades. A falta de otros asuntos de mayor enjundia y con Cataluña asomándose al vacío, de las redes sociales se ha apoderado una nación ficticia que coincide más o menos con las provincias de Barcelona y Tarragona. No es algo nuevo. Fue una ocurrencia de la Plataforma por la Autonomía de Barcelona, que lanzó la idea hace ya tiempo pero que, quizá por lo descabellado de la propuesta, no había cosechado demasiadas adhesiones.

El nombre es un acrónimo de las primeras sílabas de Tarragona y Barcelona al que han colocado un remate que parece sacado de alguna geografía fantástica. Y algo de fantasioso tiene porque Tabarnia no ha existido jamás. Su única base son los resultados electorales de las pasadas elecciones en las que Tarragona y Barcelona fueron los bastiones del voto constitucionalista. Y ese, en definitiva, sería su hecho diferencial.

Hasta hace una semana era algo muy minoritario. Eso es al menos lo que nos cuenta Google Trends. Hasta el día 26 de diciembre pocos se interesaban por ella. Los que lo hacían era más como recurso satírico para ridiculizar el argumentario independentista. Pero de pronto aquel día la cosa se desmadró y, como una bola de nieve, fue ganando volumen hasta convertirse en una avalancha.

Tiene su atractivo, para qué engañarnos. Los que defienden la secesión de Tabarnia del resto de Cataluña emplean idénticos argumentos que los que apoyan la independencia de Cataluña del resto de España. Fundamentalmente dos.

Uno sería el de la voluntad popular, la famosa democracia. Si todo nace del voto hay una serie de comarcas catalanas cuyos votos son mayoritariamente españolistas, empezando por las del cinturón industrial de Barcelona y terminando por el remoto Valle de Arán, enclavado en la cara norte del Pirineo y más cerca de Toulouse que de Barcelona.

Los resultados de las autonómicas del 21-D vinieron a confirmar ese mapa de una Cataluña fracturada territorialmente entre los partidarios de la independencia y los que no lo son. El mapa en cuestión, reproducido extensamente en los periódicos durante la última semana, muestra una Cataluña costera que es constitucionalista y otra Cataluña interior que es independentista. La primera es más pequeña, pero más urbana, cosmopolita y rica.

Esto enlaza con el segundo de los argumentos empleados por los "freedom fighters" de Tabarnia: Cataluña nos roba. Si nos abstraemos de cuestiones políticas y nos vamos al plano estrictamente económico comprobaremos que Tabarnia produce el 70% del PIB catalán y aporta el 73% de sus ingresos. Es decir, desde el punto de vista económico Cataluña es básicamente Tabarnia. Pero el agravio sería todavía mayor si nos fijamos en la población. Siete de cada diez catalanes viven en Tabarnia, pero los tres restantes reciben el 41% del presupuesto autonómico. Traducido todo esto al lenguaje procesista, Cataluña sería Extremadura y Tabarnia Cataluña.

Y es ahí donde reside el éxito de todo esto. Es simplemente un espejo que devuelve a los independentistas la imagen distorsionada de sí mismos. Lo que esgrimen con pasión desde hace años se emplea ahora contra ellos. Un sapo difícil de tragar y aún más difícil de digerir.

Algo tan goloso y comentado en la red era imposible que lo dejasen pasar en Ciudadanos, que es ya el primer partido en toda Cataluña y, por supuesto, en la imaginada Tabarnia. Juan Carlos Girauta fue de los primeros en abrir fuego: "Tabarnia es un despiadado espejo para los nacionalistas, es el reflejo de su insolidaridad y su pesadez". A partir de ahí se abrieron las compuertas. Arrimadas y Rivera no tardaron en sumarse a la verbena recordando que si existe el derecho a decidir debe de estar al alcance de todos.

El filón lo están aprovechando al máximo, más si cabe cuando al independentismo (al catalán, no al tabarnés) esto le ha sentado a cuerno quemado. Rufián quiso tomárselo a chiste y tuiteó "Tabarnia: una, grande y libre" para ver si metiendo a Franco en el ajo el temporal amainaba. Pero no, fue a más. Normal, que Rufián saque a Franco de paseo es ya tan habitual que ni llama la atención.

Tras él entraron otros y, estos sí, supurando bilis. Uno de los asesores en Bruselas del inefable Ramón Tremosa, un tal Aleix Sarri, salió con un impagable "Fronteras inventadas, nacionalismo étnico, populismo económico sostenido sobre agravios imaginarios". Estaba retratando al independentismo catalán con una precisión asombrosa. Pero, como dijo Albert Boadella en cierta ocasión, el nacionalismo es como una ventosidad que huele mal a todo el mundo menos a quien la ha soltado.

La cuestión llamémosla tabarnesa, que hoy por hoy no deja de ser una broma propia del día de los inocentes, algo no solo irrealizable sino, además y por muchas razones, indeseable sienta un precedente y añade una figurita más al belén que se ha armado en Cataluña.

En Canadá la Clarity Act, que vino a poner fin al problema del secesionismo quebequés, contempla la posibilidad de que si Quebec se independiza los condados de esa región puedan hacer lo propio. Una autodeterminación ascendente pero también descendente. Incluir algo así en una ley enfrió el asunto en el acto. Ahí tenemos a los nacionalistas de Quebec, que no levantan cabeza desde hace veinte años y que se conforman con mantener el terreno ganado.

El fantasma de Tabarnia, que bien podría ser el del Valle de Arán, aletea ahora sobre un independentismo al que, aunque salió bien librado de las elecciones, se le amontonan los problemas internos. Ellos, que claman desde siempre por la Cataluña irredenta, que viven obsesionados con el territorio, que incluyen en sus mapas a Andorra, al Rosellón francés, a la Comunidad Valenciana, a Baleares y a un pedazo de Aragón, asisten impávidos a como les amputan un puñado de comarcas sus propios vecinos.

No es mala cura de humildad. Al final el humor y algo tan español como reducir las tragedias al absurdo ha terminado dándoles una lección. Solo hay que esperar que la aprendan.

Frente a la mentira, el ingenio
Ramón Pérez-Maura ABC 30 Diciembre 2017

Es bien sabido que el nacionalismo es irracional. Es un movimiento romántico basado en los sentimientos y éstos pueden estar influidos por el raciocinio, pero no siempre lo están. Dos millones de personas votaron por partidos secesionistas a pesar de saber que apoyaban a unos mentirosos. Poco les importó. Unos mentirosos que les habían augurado el inmediato reconocimiento internacional de su independencia, que no les dio ni Somalilandia. Unos mendaces que auguraron que de Cataluña no se iría ni una empresa y ya lo han hecho más de tres mil. Y podemos continuar el enunciado de imposturas, pero eso da igual. Porque, como vimos en el Reino Unido, cuando se intentaba argumentar de forma racional y se explicaban al electorado las graves consecuencias que tendría el Brexit para la economía, la respuesta era sentimental: «De eso ya nos ocuparemos cuando llegue el momento».

Por eso me produce cierta melancolía la genial idea de promover la secesión de Tabarnia. Es absolutamente maravillosa porque implica poner a los independentistas ante sus propias trampas y contradicciones. El argumento es, en teoría, perfecto. Si los secesionistas reivindican el «derecho a decidir», ¿cómo pueden pretender negárselo a parte de los ciudadanos para los que lo están reivindicando? Y aquí no hay mentiras. Aquí sólo hay ingenio. La mentira es omnipresente en el discurso secesionista a la hora de contar la historia de esas tierras. Una mentira que se va extendiendo y el catalanismo intoxica con ella las tierras de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, donde se puede oír a un sacerdote decir en su homilía que fueron los catalanes los que llevaron el cristianismo a Mallorca, cuando es bien sabido que fue el Reino de Aragón. Y uno ya no sabe si se trata de curas iletrados o mentirosos. Y tampoco estoy muy seguro de qué es peor. Pero en Tabarnia no hay mentira histórica ninguna. Hay una constatación de unos hechos y una realidad de votos que se ha manifestado con toda nitidez en las urnas el 21 de diciembre.

La invención de Tabarnia aparece en un momento en que el secesionismo, victorioso en número de escaños, está seriamente enfrentado. La pretensión de emplear su mayoría absoluta para alterar el reglamento es peligrosa porque esta gente es muy capaz de hacerlo. Ningún reglamento les ha constreñido en el pasado. Ellos el respeto por la ley sólo se lo exigen a los promotores de Tabarnia cuando los que están violando la Constitución Española dicen que no se puede violar es Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ellos alterarían el reglamento de la cámara y permitirían intervenir, votar y elegir a Puigdemont por vídeo-conferencia. Les de igual lo que diga ahora ese reglamento. El problema radica en que la aplicación -no tan fracasada- del artículo 155 de la Constitución ha supuesto un cruce de navajas entre los secesionistas. Y desde la misma noche de las elecciones hemos visto a ERC con un discurso bastante coherente. Reivindican la restitución del anterior gobierno. Ellos sí quieren pedir cuentas de sus mentiras a Puigdemont. ¿No dice que han ganado las elecciones? Pues que cumpla su palabra y venga a pasar por prisión. Y mientras él se está un rato a la sombra, tendrá que ser Junqueras, el vicepresidente, el que sea presidente. La «lógica democrática» es perfecta. Con este tipo de pelea, las posibilidades de que los secesionistas se pongan de acuerdo para hacer trampas una vez más y cambiar las reglas de juego en pleno partido son escasas. Pero lo que es indudable es que esto, con perdón por ser tan políticamente incorrecto, se parece mucho a lo que toda la vida se llamó una merienda de negros.

Cataluña les está robando
Ernesto S. Pombo La voz 30 Diciembre 2017

No todos los catalanes se han tomado tan a pecho lo de la creación de la república de la felicidad. Al menos unos cuantos han situado lo acontecido en el plano del absurdo al plantear otra propuesta de similares características, con los mismos argumentos económicos, sociales y étnicos y hasta con el mismo eslogan de «Cataluña nos expolia. Barcelona aporta a Cataluña un 28 % más de lo que recibe», que equivale al manoseado «¡Cataluña nos roba!». No tuvieron que echarle mucha imaginación pero el disparate se antoja efectivo. Porque lo de Tabarnia es un sinsentido y un dispare monumental. Un despropósito y una ocurrencia sin otro fin que el del divertimento, porque que unas comarcas se independicen de quien ya se ha independizado es rizar el rizo de forma que todo supere el absurdo. Pero lo que estos días vemos en periódicos y televisiones, a la vez que sirve para que nos echemos unas risas, que bien necesitados estamos de ellas, lo es también para sacar los colores a independentistas, Govern y al propio Gobierno de Mariano Rajoy, porque denota que unos y otros están haciendo un ridículo espantoso.

Los defensores de independizar Tabarnia esgrimen los mismos argumentos para salir de Cataluña que los catalanes para abandonar España. Con cifras incluso muy superiores. Las nueve comarcas que la conforman representan el 70 % del PIB catalán, el 73,2 % de los ingresos de la Generalitat y el 72 % del censo. Y reúnen el 48 % del voto constitucionalista frente al 42,1 % independentista. Pero es que, además, los habitantes de estas comarcas de Barcelona y Tarragona aspiran también a un país próspero, democrático, moderno, sin empresas que huyen y sin el peaje del 3 %.

Un 20% más
Los partidos debían 233 millones a los bancos al cierre del ejercicio 2015
La Gaceta  30 Diciembre 2017

El Tribunal de Cuentas ha detectado la existencia de varias formaciones que a cierre de los ejercicios 2014 y 2015 presentaban un patrimonio neto negativo.

La deuda con entidades de crédito de los partidos políticos al cierre del ejercicio 2015 ascendía a 233,28 millones de euros, un 20 por ciento más que un año antes, cuando la deuda con los bancos era de 193,92 millones de euros.

Así consta en el informe de fiscalización de los partidos políticos y sus fundaciones elaborado por el Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

Según este informe, una parte importante de esta deuda contaba con garantía hipotecaria, 117,63 millones en 2014 y 130,81 en 2015.

La deuda vencida a 31 de diciembre de 2015 representaba los 11,04 millones de euros, distribuyéndose entre Eusko Alkartasuna -0,81 millones- y Unió Democrática de Catalunya -10,23 millones.

De hecho, el Tribunal de Cuentas ha detectado la existencia de varias formaciones que a cierre de los ejercicios 2014 y 2015 presentaban un patrimonio neto negativo, lo que es causa de disolución, entre las que destacan por su elevada cuantía la propia UDC, la coalición Convergència i Unió e Iniciativa per Catalunya-Verds.

El tribunal tampoco ha podido emitir una opinión en relación con la representatividad de los estados contables de UDC y de Unión Progreso y Democracia (UPyD).

En el primer caso, por su situación concursal y en el segundo caso porque la formación no entregó gran parte la documentación que se le había solicitado.
A ello se suma que el Tribunal de Cuentas ha considerado que las cuentas anuales no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de formaciones como Aralar, Compromís, Bildu, CDC, EA, IU y PAR, en 2014, y también de Ciudadanos, en el ejercicio de 2015.

El conjunto de las formaciones políticas analizadas recibieron subvenciones por funcionamiento ordinario, otorgadas tanto a las propias formaciones como a sus grupos institucionales, por un total de 171,90 millones de euros en el ejercicio 2014 y de 160,75 millones de euros en 2015.
Además, el Estado asignó una cantidad anual para sufragar los gastos de seguridad de 2,71 millones de euros en cada uno de los ejercicios.
Asimismo, las formaciones contabilizaron ingresos públicos por subvenciones electorales ascendieron a 30,86 millones en 2014 y 102,74 millones de euros en 2015, año este último en el que se celebraron elecciones autonómicas, municipales y generales.

Por su parte, los ingresos propios de las formaciones políticas representaron un total de 52,87 millones en 2014 y de 65,29 millones en el ejercicio 2015.
La cuantía más importante, prácticamente la mitad, corresponde a las cuotas y aportaciones de afiliados y después las aportaciones de cargos públicos. Las donaciones privadas ascendieron a 4,49 millones en 2014 y a 6,03 millones de euros el año siguiente.

En el ejercicio 2014 se han identificado seis formaciones políticas con pagos en efectivo por importes superiores a 2.500 euros que ascienden a un total de 289.654 euros.
Un año después, esos pagos en efectivo se han detectado en cuatro formaciones, por un total de 117.450 euros, lo que vulnera la ley de prevención y lucha contra el fraude.
Además, una docena de formaciones políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales o bien las habían publicado de forma incompleta.

No todas las formaciones presentaron sus cuentas anuales en el plazo establecido. En 2014 las presentaron tarde Eusko Alkartasuna, EH Bildu e Izquierda Unida. En 2015, volvía a ser IU la que los presentaba con seis meses de retraso.

Precisamente, IU presentaba por primera vez la actividad económico-financiera del PCE y de Izquierda Abierta; sin embargo, no incorporó la actividad de otras formaciones que la integran, como Izquierda Republicana.

Respecto al activo no corriente, Coalición Canaria, ERC, PNV, PP y PSOE no han presentado el inventario completo y actualizado, al no integrar los bienes muebles e inmuebles correspondientes a todas las sedes territoriales.

Por otro lado, la mayor parte de las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos no han presentado el informe de auditoría de las cuentas anuales en el ejercicio 2014 ni en 2015, lo que, en este último ejercicio, vulnera la ley de financiación de partidos políticos.

Contar votos, no mentiras
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 30 Diciembre 2017

De la mitad más uno con la que se daba por satisfecho Terminator Puigdemont para seguir demoliendo Cataluña, ni rastro.

Cuando se publican los resultados de cada jornada electoral, lo primero que hago es consultar las conclusiones que saca el experto en demoscopia Carles Castro. Después del 21-D analizó la cuota del voto nacionalista en relación con el censo y comunicó los siguientes porcentajes ("El largo adiós", LV, 23/12):

Nacionalistas Resto y blanco Abstención
2015 35,7% 39,3% 25%
2017 38,7% 43,2% 18,1%

Si nos limitamos al recuento de votos emitidos, las cifras que dan todos los medios de comunicación también cantan:
Partidos no secesionistas: 2.150.000 votos.
Partidos secesionistas: 2.057.646 votos.

De la mitad más uno con la que se daba por satisfecho Terminator Puigdemont para seguir demoliendo Cataluña, ni rastro. Menos aún de las mayorías excepcionales con que soñaba el conspirador en la sombra Artur Mas.

Victoria ficticia
Los nacionalistas, en este caso los secesionistas, van, obviamente, a la zaga en votos. Aunque la peculiar ley electoral española, que privilegia al elector rural sobre el urbano, les dé la mayoría de escaños. (En Barcelona se necesitan 46.738,5 votos para elegir un diputado; en Tarragona, 30.405,1; en Gerona bastan 29.154,4 y en Lérida, 19.940,9). O sea que dos millones de ciudadanos secesionistas pueden convertir a otros 3.550.000 que también figuran en el censo en súbditos de una república gobernada por supremacistas que los desprecian.

Los secesionistas y sus lenguaraces prefieren contar mentiras y no votos, y se abrazan a los escaños para jactarse de una victoria ficticia. Alguien tan poco sospechoso de parcialidad españolista como el profesor Josep Maria Carbonell alertó, antes de las elecciones, contra esta trampa ("Para no descender a los infiernos", LV, 20/11):

Además de elegir un gobierno legítimo de la Generalitat, estas elecciones tienen que servir para conocer las posiciones de los catalanes sobre la independencia. Ya es hora. Puede ser la consulta legal que han querido siempre los soberanistas. Pero esta vez no valen las mentiras. Si es un referéndum lo que cuenta es el voto popular y no el número de escaños. Con los escaños se elige un gobierno, con el voto popular se sabrá qué quiere el pueblo catalán.

La fractura existe
Esta vez Enric Juliana, habitualmente sutil en el ejercicio del engaño, que disfraza con citas históricas y metáforas ingeniosas, vació el contenedor de mentiras descarnadas para coronar a su carlista (de Carles, como él mismo aclara) favorito. En "Un teorema defectuoso" (LV, 23/12) repite ocho veces, a partir de la primera línea, que las elecciones catalanas las ha ganado el independentismo, y califica otras cuatro de "legitimista" la candidatura del prófugo, como si fuera el protagonista de una disputa dinástica en la que tiene –Juliana lo compadece– enemigos muy poderosos: "La Unión Europea, la Secretaría de Estado norteamericana y la OTAN, ya han hecho saber que por ahí, no".También la mayoría de los ciudadanos catalanes les han hecho saber al pretendiente legitimista, al rival cautivo y a los somatenes revoltosos que por ahí, no. Pero Juliana lo calla.

Hablemos con propiedad y no nos adjudiquemos la representación de "los catalanes" o "el pueblo catalán", como hacen los embusteros secesionistas. Tampoco es motivo de regocijo que la necesidad de poner énfasis en la condición mayoritaria del constitucionalismo sea consecuencia de la ancha y profunda fractura que divide a la sociedad catalana. Pero lamentablemente la fractura existe, y la hegemonía en el poder, la enseñanza y los medios de comunicación y propaganda que usufructuó durante décadas la minoría secesionista solo contribuyó a podrirla.

Región de regiones
Los resultados del 21-D han confirmado el diagnóstico que formuló, basándose en los del 2015, Joan Botella, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAB: el secesionismo es mayoritario en Lérida y Gerona, y Ciudadanos, vanguardia del constitucionalismo, en Barcelona y Tarragona (la por ahora imaginaria Tabarnia española). Si se aplicara la hipótesis anacrónica de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre la nación de naciones y la plurinacionalidad, habría que catalogar a Cataluña como una región de regiones donde, además, en cada subregión se diferenciarían entre sí las ciudades y, dentro de las ciudades, los barrios.

¿Barrios con identidades diferenciadas? Qué burrada. Pero si se aplica el criterio torticero de Sánchez e Iglesias, ya podemos empezar a discriminarlos. Leemos, en referencia a Barcelona ("El seísmo catalán hace temblar a Colau", LV, 23/12):

Ciudadanos gana en 37 barrios, Esquerra en 23 y JxCat. en 13; BComú en ninguno. (…) La fuerza que gobierna la ciudad no pasa de la quinta posición.

Peores que infecciosos
Ni plurinacionalidades, ni plurirregiones, ni pluriciudades, ni pluribarrios. Lo que urge es recoser el tejido social desgarrado de Cataluña para mitigar primero, y superar después, el empobrecimiento económico, cultural y moral que es el único producto tangible de la república abortada. Y entre las fórmulas propuestas para recuperar la normalidad sobresale por su racionalidad la de Josep Borrell. Una fórmula con la que discrepa un editorial de La Vanguardia ("Reconocer los errores para superarlos", 20/12):

El expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, manifestó el sábado que antes de coser las heridas [causadas por el proceso independentista] había que desinfectarlas. Creemos que se equivocó, al menos en el tono. El soberanismo interpretó que le comparaban con una infección y se indignó. Hubiera venido bien una disculpa o una matización del socialista. No la hubo.

Cito este reproche porque es una prueba más de que la fractura generada por el secesionismo también afecta la salud mental, hasta el punto de provocar esquizofrenia. Márius Carol, director del diario que publicó esta jeremiada, fue el firmante de una imputación mucho más contundente que la de Borrell ("Salir de la rueda del hámster", LV, 4/12), que no me canso de repetir como un mantra: "O enterramos el procesismo o cavará nuestra tumba". Peores que infecciosos: necrófilos que pretenden aplicar a Cataluña la consigna cavernícola: "La maté porque era mía".

La fórmula completa podría ser:
Después de enterrar el procesismo que estaba cavando nuestra tumba, desinfectaremos las heridas que dejó para cerrarlas definitivamente.

Manos a la obra. Con el 155 siempre en reserva para salvaguardar la convivencia y la prosperidad de Cataluña, todavía amenazadas por los fóbicos compulsivos.

PS: Encuentro una síntesis magistral de lo que dicta el sentido común en la carta de lector que firma C. González Rodríguez (LV, 25/12). Traduzco del catalán:

No han entendido nada. Magnánimo, el señor Puigdemont se ofrece a hablar con el señor Rajoy. No ha entendido que con quien debe hablar es con Arrimadas, y también con Iceta, con Domènech, con Albiol. Con quienes no ha dejado hablar en aquellas jornadas negras de septiembre en el Parlament. Con los representantes de los dos millones de ciudadanos que ya hace tiempo que hemos desconectado emocionalmente de su república. ¿Tiene alguna propuesta ilusionante, señor Puigdemont, para mejorar el encaje de los catalanes en Cataluña?

CRISTIANOFOBIA COMUNISTA
La miseria moral de IU y el genial desafío al separatismo con Tabarnia
Agustín Benito  gaceta.es 30 Diciembre 2017

Ovación de la semana para los impulsores de Tabarnia por desenmascarar el ‘procés’ con sus mismos -absurdos- argumentos y por ser más efectivos que el 155 y mil medidas apaciguadoras.

Izquierda Unida trata de hacer frente a su marginalidad intentado llamar la atención con mensajes deleznables a través de las redes sociales. Esta semana, la formación ha indignado a los internautas al felicitar la Navidad, la conmemoración del nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre, con un árbol de Navidad ardiendo.

Hasta Gaspar Llamazares, excoordinador general de IU, lamentó el comentario, muestra de su odio a los católicos y de sus intenciones si pudieran llevarlas a cabo, asegurando que es “mucho más radical el respeto, la tolerancia y el pluralismo”.

Ellos se amparan en el “laicismo”, pero es cristianofobia. Si fuera laicismo atacarían de la misma forma a la comunidad musulmana y no lo hacen. Se rinden ante ellos. “Ayer comenzó el Ramadán. Desde un espíritu laico, deseo un tiempo de alegría para todas las personas musulmanas”, expresó el líder de IU, Alberto Garzón, el pasado mes de mayo.

La miseria de IU no ha quedado ahí. También se ha burlado del fallecimiento de Carmen Franco, la única hija de Francisco Franco, a los 91 años de edad y a consecuencia de una larga enfermedad. “Otra rata inmunda que muere sin juicio, ni castigo, y sin devolver lo robado”, señaló desde la cuenta de Madrid Centro, seguida por Cayo Lara, exdirigente de la formación.

Si IU merece el máximo desprecio y la bronca de la semana, los impulsores de Tabarnia obtienen la ovación por desenmascarar al separatismo con sus mismos argumentos y por ser más efectivos que el 155 y mil medidas apaciguadoras con los que quieren liquidar la soberanía nacional.

Reivindicar Tabarnia, una zona geográfica distinta a la Cataluña rural que vota al separatismo y comprendida entre las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, ha enfadado a diputados secesionistas porque evidencia el absurdo del “procés” y recuerda al separatismo solo tiene mayoría en la Cataluña rural. Como dice nuestro compañero Rafael Núñez Huesca, “Tabarnia ha conseguido algo inédito en 40 años, y valiosísimo: que los argumentos indepes muevan, de repente, a la risa”.


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