AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 3  Enero 2018

España y Grecia: la crisis sigue ahí
Juan Carlos Bermejo vozpopuli.es  3 Enero 2018

Coincidiendo con el anuncio de la publicación en español del libro de Yanis Varoufakis, titulado “Comportarse como adultos”, no puedo hacer otra cosa que dar la razón a este controvertido personaje en su contenido, ya que sin duda alguna ha tomado muy bien la medida a todos estos burócratas que acabarán por reventar el euro y la Unión Europea con sus disparatada política de encubrimiento de deuda, expansión monetaria descontrolada y absoluta falta de control de transacciones de divisas, donde las organizaciones criminales campan a sus anchas y que está provocando una ficticia fortaleza del euro sobre el dólar.

Acabo de volver de Grecia, dónde he pasado varios días con mi familia. Desde las instancias oficiales de la Unión Europea nos venden que el país está saliendo de la crisis y que todo funcionando adecuadamente, con un Alexis Tsipras, a semejanza de Mariano Rajoy, totalmente sometido al dictado de Angela Merkel y de sus títeres, que no son otros que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Sin embargo, la realidad es bien distinta, y doy fe de ello porque lo he vivido en primera persona.

Grecia, un país empobrecido de jubilados viviendo literalmente en la miseria tras una rebaja brutal en sus retribuciones. El paro se sitúa por encima del 26%, con sólo el 8% de los parados recibiendo alguna ayuda del Estado.

Los trabajadores han visto como sus salarios se han reducido, en algunos casos, hasta un 70%. Los jóvenes menores de treinta años no superan los 500 euros brutos al mes. Como ejemplo les diré que la maître (allí les llaman capitana) del restaurante del hotel donde me alojé, que es uno de los mejores de Atenas, cobraba, por ser el día de nochevieja y doce horas seguidas de trabajo, 32 euros brutos.

Ahora bien, algún lector podrá pensar que la vida en Grecia es más barata y se pueden apañar con salarios más bajos. Pues nada más lejos de la realidad. Todo lo contrario, ya que en Grecia se paga un IVA del 24% por los productos y servicios básicos, en lugar del 10% que pagamos en España. Esto hace literalmente que, por ejemplo, las familias no puedan salir a cenar fuera de casa, y lo que usualmente hacen es pasar toda la tarde en terrazas tomando un único café y multitud de vasos de agua, que es la bebida más popular y que la sirven sin ni siquiera preguntar.

En cuanto al sistema bancario sigue pendiente de un hilo y totalmente sometido al control de salida de capitales por parte del Banco Central Europeo. Los griegos tienen prohibido sacar más de 400 euros en efectivo a la semana, lo que hace les obliga a usar la transacción electrónica. En los comercios, las comisiones que pagan a los bancos por el uso de tarjetas varían entre el 5% y el 8%, por ello los comerciantes aplican grandes descuentos por el pago en efectivo, además de hacerles más llevadera la restricción del control de capitales.

En opinión de los griegos, su presidente no existe, no hace nada, es sólo una figura y además “poco decorativa”. Fíjense en este detalle. Todos los domingos a las 11h, frente al Parlamento griego, se realiza el desfile de “El Cambio de Guardia”. Al preguntar a los ciudadanos qué supone ese acto, contestan: “Los soldados hacen el cambio de guardia en honor del soldado desconocido, no en honor ni en salvaguarda a los miserables que hay dentro del edificio. Esos no son importantes”.

España, según los datos de que disponemos a final de 2017, se encamina sin remedio a soportar los mismos efectos que hoy están sufriendo los griegos, ya que hay elementos totalmente coincidentes que han llevado al país a esta situación, y que hoy se dan en España.

Sin ánimo de ser exhaustivos y según los datos del Banco de España, el Gobierno de Mariano Rajoy ha incrementado la deuda en 626.000 millones de euros desde el rescate de 2012, la mayor conocida en toda la historia, mientras que el incremento de riqueza ha sido de 70.000 millones. ¿Es esto recuperación? No, es todo lo contrario, y cualquiera que sepa sumar y restar puede deducirlo.

La deuda real, si hacemos que nos creemos la cifra oficial de PIB, se sitúa en el 140%, y si consideramos la cifra que hemos calculado el grupo de economistas independientes, y que nadie nos ha dicho que no sea correcta, la deuda pública real española sería el 170% del PIB, es decir, muy próxima a la que provocó el colapso en Grecia.

La Comisión Europea, en complicidad con el Gobierno, puso un objetivo de déficit público para España en 2017 del 3,1% para no salir, aún, del Protocolo de Déficit Excesivo, que se aplica a aquellos países que tienen déficit público mayor del 3%. De esta forma se maquillan más de 400.000 millones de euros de deuda ante el mercado de colocación de bonos, y muy pocos españoles son conscientes de la gravedad que esto supone, ya que es la coartada que permite seguir endeudando sin freno al país y la que mantiene toda la estructura de industria política intacta.

Ahora bien, ¿va a cumplir el Gobierno el objetivo de déficit? A pesar de que presumen a bombo y platillo de que las cifras de recaudación van viento en popa, los datos indican que Montoro tendrá que volver a hacer “contabilidad creativa” para cuadrar el déficit a martillazos.

El último dato proporcionado por la Agencia Tributaria a noviembre de 2017 sitúa la recaudación en 180.335 millones de euros. Dado que sólo queda un mes del año y hay muchos expedientes de devolución tributaria sin ejecutar y que deben hacerse el último mes, la recaudación se irá en el mejor de los casos hasta los 195.000 millones, haciendo prácticamente imposible llegar a los 200.963 millones de euros presupuestados por Montoro.

En cuanto a la Seguridad Social, el tema es más preocupante. A noviembre de 2017, la recaudación era de 126.947 millones de euros, y eso habiendo recibido un crédito extra de 10.222 millones de euros. Esto indica que terminará el año no más allá de 138.000 millones de euros, muy lejos de los 149.006 millones presupuestados para llegar al punto de equilibrio.

La recaudación en las Comunidades Autónomas hasta octubre de 2017 era de 143.627 millones de euros, lo que nos lleva a estimar que no terminará el año más allá de los 173.000 millones de euros, sin alcanzar los 176.685 millones presupuestados.

Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Economía, la deuda del Estado en circulación ha crecido en el último año en 47.000 millones de euros. Respecto a la ejecución presupuestaria del Estado en términos de Contabilidad Nacional, los recursos no financieros a noviembre de 2017 presentan un déficit de 18.207 millones de euros sobre lo que Montoro había presupuestado. En términos de cotizaciones sociales, los ingresos a noviembre fueron de 99.885 millones de euros frente a los 123.773 millones de euros de gastos, es decir, presenta un déficit de 23.888 millones de euros. Esto es nada más y nada menos que un 50% más de lo previsto por el Gobierno, y también muy superior al que pronosticaba la coartada del sistema llamada AIReF.

Con estos datos, como antes dije, los ciudadanos españoles tenemos todos los mimbres para acabar como nuestros colegas griegos. Seguir manteniendo en el poder a este Gobierno no parece ser lo más adecuado. En nuestras manos está impedirlo.

Feliz año 2018, que a buen seguro no será mejor que 2017.
PD: Hoy les dedico el tema “Qué hace una chica cómo tú en un sitio cómo este” de Burning con la colaboración de Antonio Vega https://youtu.be/veSPlR972Rk

El amor de Junqueras
Pablo Sebastián republica  3 Enero 2018

En un mensaje tuit de primeros de año el cínico y preso Oriol Junqueras, imputado de los delitos de rebelión, sedición y malversación, dice a sus seguidores que hay que empezar el curso político fomentando los valores de ‘la paz, la concordia, el diálogo y el amor’. Vamos, todo un poeta candoroso que pretende con sus lánguidas palabras que la Sala Penal del Tribunal Supremo lo ponga en libertad, desautorizando a su compañero instructor el juez Pablo Llarena que lo mantiene en prisión.

Y por motivos obvios, porque Junqueras es el lugarteniente del golpe de Estado del 27-O en Cataluña y en consecuencia el que violentó la Ley, el Estatuto y la Constitución, desobedeció a sabiendas las decisiones del TC y se opuso a que Puigdemont convocará elecciones el 26-O para evitar así la declaración de independencia del día después.

Y su clara participación en el golpe fue fundamental en el desvío de dinero público desde su vicepresidencia económica donde una y otra vez prometió a los catalanes que la secesión no tendría consecuencias económicas para Cataluña, lo que resultó falso.

Puigdemont está loco, como un cencerro, y deambula errático por Bélgica, pero Junqueras está cuerdo y quiere reincidir en los delitos ya cometidos por él, de los que no reniega y por ello está y debe continuar en prisión.

Pudo Junqueras felicitar a los suyos el arranque del año 2018 diciendo que ahora hay que respetar la Ley, el Estatuto y el orden constitucional, gobernar para todos los catalanes y no sólo para los que apoyan la independencia, buscar la reconciliación política y social y tomar medidas para recuperar la economía, la financiación y el empleo.

Además Junqueras debe de reconocer que fue Arrimadas quien ganó el 21-D las elecciones catalanas y que los votos de secesionistas fueron menos que los de los partidos españolistas, y menos de los anunciados durante el referéndum fraudulento del 21-O, lo que prueba su manipulación.

Pero de todo esto, que es así, Junqueras no dice ni una sola palabra y ni una sola verdad. Sabe que ha fracasado, mentido a los catalanes y que el 21-D quedó en tercer lugar detrás de C’s y PDeCAT cuando creyó que él sería el vencedor.

Y también lo saben los jueces del Tribunal Supremo y la gran mayoría de los españoles por lo que cabe esperar que nadie, desde la alta y oculta política de las promiscuidades entre poderes del Estado, esté moviendo hilos para torcer lo único firme y seguro que hoy tenemos en la crisis catalana que es el imperio de la Ley. Y eso lo deben aprender Junqueras, Puigdemont y los que todavía en Cataluña se les llena la boca con palabras de negociación y diálogo, algo imposible de practicar con los prófugos y con quienes, eso sí con mucho amor, insisten en hacer política fuera de la Ley.

Los votos no amnistían los delitos
Ramiro Grau Morancho www.latribunadelpaisvasco.com  3 Enero 2018

Las elecciones autonómicas catalanas del pasado día 21 de diciembre de 2017 han puesto sobre la mesa un resultado electoral de imprevisibles consecuencias.

Contra todo pronóstico, el pueblo catalán ha reaccionado herido, igual que el hijo pequeño al que le das un bofetón y al poco rato le preguntas si te quiere… Ni que decir tiene que te manda al carajo, y dice que no.

La estulticia de los estrategas gubernamentales, al convocar las elecciones a solo dos meses de la intervención de Cataluña, han hecho que dos millones de catalanes se hayan sentido heridos en su orgullo, dignidad, historia, etc., y hayan votado de nuevo a los partidos separatistas, quiero suponer que más como reacción visceral que otra cosa.

Ahora, el cesado Puigdemont, a pesar de no ser el ganador de las elecciones, dicho sea de paso, reivindica su “derecho” a volver a la presidencia de la Generalidad, de la que nunca debiera haber salido, según él mismo, claro.

Parece ignorar que nuestra Constitución de 1978 prescribe cualquier amnistía de futuro, y que incluso los indultos deben de ser posteriores a las condenas, y no previas, como decía el bailón de Iceta, con la ignorancia que le caracteriza.

Los delitos son delitos, sea uno presidente del gobierno o presidente de la Generalidad. Y es a los fiscales y jueces a quienes les corresponde formular las acusaciones correspondientes, y juzgarlos, en su caso.

Y da igual que te voten dos millones de personas, como cinco.

El derecho penal son las normas mínimas de convivencia ciudadana, y lo que el legislador ha considerado que es delito, debe de ser perseguido, si de verdad queremos vivir en un auténtico Estado de Derecho, y no de desecho, como el catalán, desde el 6 y 7 de septiembre de 2017, hasta su intervención, vía artículo 155 de la Constitución.

Las leyes no están pasa pisotearlas, o pasar de ellas, sino para ser obedecidas y cumplidas, con independencia de que se pueda discrepar de las mismas, o intentar su derogación o modificación, por los cauces legales pertinentes…

Esto lo sabe todo el mundo, quiero suponer, pero por lo visto Puigdemont todavía no se ha enterado.

En fin, conociendo al PP, y su cobardía y corrupción congénita, me temo lo peor. ¡Dios quiera que me equivoque!

Y nada más, que me esperan la familia, los amigos y las uvas. Feliz Año Nuevo a todos.

La nueva 'treta' de Montoro para cumplir con el objetivo de déficit en 2017
El superávit de las corporaciones locales servirá para enjuagar el desvío fiscal del Gobierno central y las CCAA.
Libre Mercado Libertad Digital  3 Enero 2018

El pasado 14 de noviembre, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, compareció en el XXII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Durante su intervención, ratificó su compromiso de cerrar el ejercicio 2017 con un déficit público equivalente al 3% del PIB.

Mes y medio después, los datos de la Intervención General de la Administración del Estado permiten escudriñar el grado de cumplimiento presupuestario de las distintas capas del Estado: nacional, regional y local. Esta fuente estadística muestra que, de enero a noviembre, el principal incumplimiento fiscal ha sido perpetrado por el gobierno central, que ha gastado 5.000 millones más de lo planteado y cerrará 2017 con un desfase del 1,56% del PIB, equivalente a 18.200 millones de euros.

El cierre de año será especialmente ajustado para las comunidades autónomas. La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local ha contactado a finales de ejercicio con diez regiones para pedir a sus Ejecutivos que congelen sus gastos hasta final de año para evitar incumplimientos. Las misivas fueron remitidas a los Interventores Generales de las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra. Los datos disponibles, para enero-octubre, apuntan a un leve superávit del 0,11% del PIB, una leve mejoría frente al déficit del 0,3% que se registró en el mismo período del año durante 2016.

También mejora el saldo de la Seguridad Social, gracias a un aumento de los ingresos por cotizaciones que resulta cinco veces mayor que el crecimiento de los gastos por el pago de pensiones (5,4% vs 1,4%). En cualquier caso, persiste un déficit de caja. Entre enero y noviembre, el déficit acumulado fue de 7.000 millones, 3.000 millones menos que un año antes. Cabe recordar que la célebre hucha de las pensiones ha quedado reducida a menos de 6.000 millones, por lo que los 9.500 millones de la paga extra que cobran los pensionistas en diciembre fueron abonados con cargo al Tesoro, que emitirá deuda.

Las cifras del ajuste
El buen desempeño presupuestario de las corporaciones municipales, sujetas con éxito a las limitaciones que impone la Regla de Gasto, servirá para maquillar el mal desempeño fiscal que arroja la Administración en el ámbito central y regional. Y es que, a falta de las cifras presupuestarias definitivas que confirmen lo ocurrido durante el último trimestre, el conjunto de los Ayuntamientos acumulaba hasta septiembre un superávit cercano a los 6.000 millones de euros. Un año más, los gobiernos locales compensan la falta de ajustes a nivel nacional y regional.

Los datos de la Intervención General apuntan que el ajuste del déficit observado en 2017 se ha volcado principalmente por el lado de los ingresos, que han subido casi un 4% apoyados en la mayor recaudación que genera la recuperación económica. Además, se ha producido un descenso del 2% en los gastos de las Administraciones, si bien esta reducción no obedece a medidas estructurales de austeridad, sino a caídas coyunturales del gasto en ámbitos como la prestación por desempleo, que va a menos gracias a la recuperación laboral, o los intereses de la deuda, que caen un 6%.

Reescribir el contrato social: el borrón del cupo vasco
El autor, militante socialista, pide al Defensor del Pueblo que recurra el cupo vasco ante el Tribunal Constitucional, y analiza el potencial de la comisión de evaluación del estado autonómico.
Víctor Gómez Frías elespanol 3 Enero 2018

El pasado viernes se publicó en el BOE la ley que establece el cálculo del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021. Pese a la amplia mayoría parlamentaria que la había respaldado unas semanas antes, esta ley ha suscitado –por su contenido y por las condiciones de su trámite– la crítica de muchos expertos y las dudas de numerosos ciudadanos, entre los que me cuento, por ahondar en la ruptura en la igualdad de acceso a los servicios públicos y otros derechos entre comunidades autónomas. Además, dentro del PSOE, muchos militantes opinamos que se trató de una posición incoherente y desacertada, que no se debatió suficientemente.

El monto del cupo se negoció a nivel exclusivamente político entre PP y PNV, anunciándose con meses de antelación a cualquier pretendida justificación técnica de su cálculo. Aunque el Gobierno había excluido el régimen del País Vasco y Navarra del estudio sobre la financiación del sistema autonómico que encargó a un grupo de expertos, al ser necesario calcular el presupuesto disponible para la solidaridad interterritorial se puso de manifiesto que estas dos comunidades reciben recursos de la Hacienda central en lugar de aportarlos, pese a encontrarse entre las más ricas de España. Fue también la conclusión de otros expertos a los que el Gobierno encargó anteriormente el cálculo de las balanzas fiscales y es notoriamente la opinión mayoritaria de especialistas académicos y profesionales.

En el texto de la ley, se pretende que el cálculo del cupo surge de los flujos financieros resultantes del régimen de concierto económico con el País Vasco, pero las administraciones responsables de esta negociación bilateral no han publicado el detalle que permita su escrutinio, limitándose a proclamar unas cifras agregadas que totalizan el monto predeterminado políticamente. Ni siquiera el trámite parlamentario pudo ser la ocasión para contrastar esas cifras, ya que se convino su aprobación en lectura única

Las fórmulas para el cálculo del cupo, que están pues desvirtuadas para que sumen el insolidario resultado pactado para 2017, son las que se aplicarán además hasta 2021, previendo incluso un mecanismo adicional en el caso de la balanza del IVA para inclinarla adicionalmente en favor del País Vasco según evolucione la recaudación de este tributo.

Diversos datos oficiales muestran que las importantes ventajas en la prestación de servicios públicos en el País Vasco no pueden explicarse solamente en una posible eficacia de gestión por parte de la comunidad autónoma, sino sobre todo en el injustificado desequilibrio en los mecanismos de solidaridad interterritorial del que se beneficia. Es por ejemplo el caso del superior sueldo –con frecuencia del orden del 30%– de muchos empleados públicos vascos respecto a sus homólogos en otras comunidades autónomas o en la administración central, que no se puede considerar una mejora fruto de la buena gestión cuando el propio coste de esa masa salarial se ha incorporado íntegramente en la balanza del cupo a beneficio del País Vasco.

He presentado una petición al Defensor del Pueblo para llamar la atención sobre estas cuestiones e interponga, si lo estima oportuno, recurso de inconstitucionalidad. Resulta muy improbable que los demás poderes habilitados para presentar este recurso se decidan a hacerlo, pese a que existen probablemente millones de españoles con legítimas dudas sobre su constitucionalidad.

No comparto pues el sentido de esta ley ni en el plano español ni en lo que dificulta una progresiva armonización europea. No obstante, con mi petición no he buscado restar legitimidad a la negociación política, ni pretender que el Defensor del Pueblo sea su árbitro ni siquiera partícipe, tampoco defender ingenuamente que cuestiones complejas como el nivel de prestación de los servicios públicos sean reducibles a meros cálculos técnicos.

Además, ha reiterado el Tribunal Constitucional que la igualdad a lo largo del territorio español no puede reducirse a una total uniformidad que sería incompatible con la autonomía de las distintas comunidades, que incluso puede ser un aliciente para la mejor gestión de los recursos. Sin embargo, las evidencias que he intentado resumir –y que han ilustrado ampliamente muchos expertos– creo demuestran que con el cálculo del cupo vasco (quizá no solo en esta ocasión, aunque nunca antes llegara a denunciarse tan ampliamente) no nos encontramos en ese margen de diferencias aceptables o incluso convenientes, sino ante una asumida ruptura de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, que no pueden ser moneda de cambio para una pretendida estabilidad gubernamental.

Una vez más, un partido nacionalista logra cobrarse de la solidaridad territorial la continuidad de un gobierno en La Moncloa. La novedad ha sido que, desde la oposición, el PSOE del estéril “no es no” que no supo aportar condición alguna a la investidura de Rajoy –o incluso lograr que el PP cambiara de candidato–, entregue ahora un “sí” tan obsecuente como anticipo de lo que costarían los votos del PNV en una hipotética moción de censura. Más aún cuando este partido se ha permitido sabotear la comisión de evaluación del estado autonómico, que es la principal iniciativa política de Sánchez, como antesala de una posible reforma constitucional.

Si queremos evaluar el reparto de competencias entre nuestros administraciones de distinto nivel territorial, es necesario un discurso general (que bien pueden trazar las personalidades invitadas a la comisión) pero es necesario también convocar a expertos para analizar los principales sectores, estableciendo en grandes líneas el “nivel de servicio”, los problemas de coordinación y, por supuesto, el coste y su financiación. En consecuencia, lo coherente con la atención y margen de acción que merece esta comisión es que, a partir de sus conclusiones, se hubiera negociado la financiación de todas las comunidades autónomas (no urgía especialmente la del País Vasco, puesto que las de régimen general también tienen pendiente su actualización).

Denunciar el abuso que supone el monto del cupo y las formas de su negociación no supone ni cuestionar el concierto ni atacar a los vascos. Algunos expertos proponen un concierto amplio pero no completo (tampoco lo es el actual del País Vasco y técnicamente es casi imposible que llegara a serlo) para todas las Comunidades, que recaudaran directamente buena parte de los recursos que van a gastar, pero manteniendo siempre suficientes ingresos en la administración central para sus propias competencias y para distribuir la solidaridad interterritorial.

En cuanto a los habitantes del País Vasco, no hay duda de que actualmente se benefician de estos ingresos adicionales. No obstante, más allá de los valores intrínsecos que tiene la solidaridad, a medio plazo acabará no siendo rentable intentar ser el hijo pródigo de un Estado débil que no logra sumar fuerzas en una Europa que necesitará mayor igualdad, si quiere resistir unida la amenaza de otras potencias a nuestro modelo de progreso y bienestar.

La encrucijada en la que se encuentra España –y en la que estoy convencido el PSOE debe volver a ser un actor decisivo en su resolución– es reescribir, probablemente en papel europeo, el contrato social que nos liga. Pasará posiblemente por una reforma constitucional pero requiere sobre todo de un debate y un acuerdo mucho más amplios sobre qué significan la libertad, la igualdad y el progreso.

***Víctor Gómez Frías es militante del PSOE.

El persa inconveniente
La UE calla, pero Trump y Netanyahu animan a liberar Irán del yugo clerical islamista
Hermann Tertsch ABC  3 Enero 2018

Otra vez están los europeos metidos en el lío de la lucha entre sus alardes de buenismo y probidad moral y su envilecedora obsequiosidad ante socios nada probos. En Irán la población sale a la calle a pedir democracia y el fin de la dictadura. En Bruselas todos miran hacia otra parte. Otra vez la UE con curiosos distingos y ominosos silencios. No puede atribuirse solo a la representante de la política exterior europea, Federica Mogherini. Aunque ella es todo un síntoma. Solo el «pensamiento puré» socialdemócrata explica que la política exterior de los 27 la represente una señora, devota de Cuba, que no puede evitar la lagrimita con la muerte de Fidel. Llora por el dictador, pero no llora por los asesinados en Venezuela. Y no es capaz de asistir a la entrega del premio Sajarov del Parlamento Europeo a la oposición venezolana. Porque Maduro no es sino un pelele cubano. Sobre Irán, la UE guarda silencio. Con lo rápido que condena Bruselas lo que no le gusta de Trump, presidente de la mayor y mejor democracia del mundo.

Resulta que en Irán se han extendido las protestas contra la dictadura de los ayatolás. Lo que hace días eran manifestaciones menores contra subidas de precios, abandono y corrupción son ya grandes concentraciones en las que se pide la caída del máximo líder religioso Jamenei, la disolución de la Policía secreta y la Guardia Revolucionaria, el fin de la ayuda -al terrorismo- en Gaza o Líbano y, ni más ni menos que el fin de la República Islámica. Que es el régimen teocrático de terror que instauró el Ayatolá Jomeini hace 40 años con la necia, cobarde y ciega ayuda de los europeos y de un presidente de EE.UU. tan fallido y tan dañino que aún goza de prestigio en la izquierda occidental. Ya hay muertos. No se sabe cuántos. Nunca se supo de las protestas sofocadas a tiros en 2009. Oficialmente unos 40. Extraoficialmente, cientos.

A los gobiernos europeos les viene ahora mal que los iraníes exijan dignidad, libertad y derechos. Terrible inconveniencia será que la dictadura islámica, que pintaban como un alumno aventajado en buenas maneras, se muestre como la brutal dictadura que es. Irán no solo aplasta a los suyos. Dirige la inmensa organización terrorista Hizbolá desde el Líbano en todo el mundo, con la que lleva a cabo la penetración en Iberoamérica con una red mafiosa que trafica con la cocaína de las FARC y del régimen de Maduro, con armas y otros bienes. Manda en Siria, interviene en el Golfo, controla a las bandas terroristas de Hamás en Gaza. Tiene un programa de armas nucleares que el acuerdo con Obama retrasa pero también legitima. Y tiene como razón de Estado la destrucción de Israel. Los europeos se unieron al saliente Obama para presentar a Irán como un país impecable en marcha hacia la democracia. Obama necesitaba aquel acuerdo para adecentar un pésimo balance. Los europeos para hacer negocios con quien, sin sanciones, vuelve a tener dinero. Una auténtica lata para Europa que los iraníes se levanten ahora para exigir libertad y derechos, eso que tanto defiende la UE.

El ministro alemán Sigmar Gabriel ha pedido a Teherán que no se exceda matando. Pero en general todos callan. Salvo Trump y Netanyahu, que han hablado y bien. Se han visto reafirmados por los iraníes en las calles, no desautorizados como los europeos. Han animado a los iraníes a liberar a Persia, una nación antigua, sofisticada y articulada, de la dictadura de los clérigos islámicos y unirse al mundo libre. Imaginen qué glorioso cambio. En principio nadie decente debería tener algo en contra.

El buque insignia de Inditex guarda silencio
Zara excluye el español en las tiendas de Barcelona y rotula sólo en catalán e inglés
  okdiario  3 Enero 2018

La cadena de tiendas de moda Zara, la principal marca del grupo Inditex, ha levantado la polémica en internet tras la divulgación de la cartelería con que anuncia sus productos y secciones en Cataluña, y que sólo figuran en catalán e inglés. Los usuarios de las redes sociales han reaccionado criticando por qué no usa el español (como idioma oficial que es, junto al catalán) en esta comunidad autónoma.

El establecimiento objeto de críticas es concretamente el situado en la Avenida Puerta del Angel, en la Ciudad Condal. Aunque no es el único centro donde sucede. Todo comenzaba con un tuit del exdiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, en el que junto a una foto de los rótulos se formulaba la siguiente pregunta: “Los castellanoparlantes no necesitamos indicaciones comerciales, evitando rotular en uno de los idiomas oficiales en Cataluña. ¿Es una cuestión puntual o una norma en la empresa?”. El mensaje era rápidamente contestado en la red social.

Este periódico se ha puesto en contacto con los responsables de comunicación de Zara, no habiendo obtenido respuesta hasta el momento. Un silencio, el del gigante textil (Inditex cotiza en el IBEX y posee más de 1.700 tiendas en España de las 7.000 que tiene en todo el mundo) por el que los internautas se han estado preguntado toda la tarde. Y con mensajes como estos, recordando que el castellano es el idioma oficial en toda España y cooficial junto al catalán en la comunidad de Cataluña.

Entre las críticas también ha habido mensajes de apoyo a que no se pongan carteles en español, obviando lo que establece Constitución española.

Y también llamando al boicot, lo que podría llegar a repercutir en la cuenta de resultados de la compañía de Amancio Ortega, como ya sucedió con la llamada dejar de comprar en la cadena de joyerías catalanas Tous:

Una controversia, la del buque insignia de Inditex, que recuerda a la que ha obligado esta campaña de Navidad a rectificar su política de rótulos a otra multinacional de la hostelería, la cadena internacional de café Starbucks . La compañía norteamericana se vio obligada a pedir disculpas después de que OKDIARIO informase el pasado 29 de diciembre de que los carteles de sus locales en Cataluña también obviaban el idioma español.

El gigante de las cafeterías, que en un inicio aseguró que rotular en catalán e inglés era “suficiente, porque se trata del idioma oficial en Cataluña” se ha comprometido a revisar los rótulos de sus tiendas en esta región de España como consecuencia de las protestas y la llamada a un posible boicot por parte de sus clientes hispanohablantes.

Francia: Más de 500 detenidos y 1.000 autos quemados en las celebraciones de Año Nuevo
lagaceta.eu 3 Enero 2018

Las celebraciones de Año Nuevo en Francia fueron eclipsadas por más de mil autos incendiados por delincuentes y el arresto policial de al menos 500 personas. Entre tanto, dos agentes del orden público, una mujer y un hombre, resultaron gravemente heridos como resultado de un asalto en Campigny-sur-Marne, París.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, el total de autos incendiados el 31 de diciembre fue de 1.031. El número "superó ligeramente" las cifras del año pasado, cuando 935 autos resultaron devastados por las llamas.

Asimismo, el texto informó que 510 personas fueron detenidas, cifra que se consideró como "aumento significativo" en comparación con las 454 detenciones del año pasado. El número de personas acusadas de delitos varios también saltó ligeramente: de 301 a 349, indicó la dependencia.

Al menos 11 agentes del orden público, tanto de la policía como de la gendarmería, resultaron heridos en diversos incidentes ocurridos en la víspera de Año Nuevo.

Un caso en particular provocó la indignación pública y llamó la atención del presidente Emmanuel Macron: el de dos agentes policiales, una mujer y un hombre, que resultaron gravemente heridos como resultado de un asalto en Campigny-sur-Marne, París.

Según algunos analistas, la práctica de incendiar coches en Nochevieja como símbolo de protesta se originó en la década de 1990 en las zonas más pobres del este del país. Desde entonces ha sido utilizada como expresión del descontento social, que se repite casi todos los años.

Islamistas radicales llamaron a aprovecharse de los independentistas catalanes para tratar de implantar la ‘sharia’
www.latribunadelpaisvasco.com  3 Enero 2018

Según ha podido saber La Tribuna del País Vasco de fuentes policiales, hace ya casi una década, a finales de 2009, que se detectaron las primeras evidencias de cómo los islamistas más radicales habían diseñado una estrategia para expandir por Cataluña, aprovechándose de los independentistas, el salafismo ‘wahabi’ (una de las corrientes más radicales del Islam) y la ‘sharia’ o ley islámica.

Concretamente, fue el imán de la mezquita de Lérida, Abdelwahab Houzi, quien en sus encuentros con los fieles animó entonces a los musulmanes a utilizar como tontos útiles a los independentistas. "Hay que aprovecharse de los independentistas pues ellos se apoyan en nosotros para conseguir votos, pero lo que ellos no saben es que cuando nos dejen votar, todos votaremos a los partidos islámicos pues nosotros no pensamos en izquierdas y derechas. Esto nos hará ganar alcaldías y a partir de ahí, con las grandes competencias de las autonomías, empezará a implantarse el Islam.”, afirmo en numerosas ocasiones Houzi según varios testigos que en su momento hablaron con las Fuerzas de Seguridad.

Los mismos testigos informaron a la Policía de que Houzi había instaurado una auténtica “policía religiosa” que solamente permitía la entrada en su mezquita a los fieles más radicales, al mismo tiempo que trabajaba intensamente para que las mujeres utilizaran el burka. “Quieren fomentar que las mujeres se pongan el burka y que hagan declaraciones a los medios de comunicación de que se lo ponen por voluntad propia”.

Abdelwahab Houzi, que en su momento ya consiguió de Artur Mas la promesa de que la Generalidad incluiría la enseñanza del árabe en horario escolar, abandonó en 2014 la primera línea de la enseñanza coránica tras ser investigado por varios presuntos delitos de apología del terrorismo. Pero hace unas semanas volvía a la primera línea de la actualidad al regresar a Lérida n uevamentecomo responsable de la principal mezquita de esta capital catalana. La presidenta del PP en esta localidad, Marisa Xandri, no dudó en expresar su malestar por este hecho: “Es una muy mala noticia para la libertad y la democracia. Conocemos a Houzi y sabemos lo que representa; de hecho, algunos musulmanes de Lérida ya denunciaron en su anterior etapa una especie de brigada de la moral que, supuestamente, activó él mismo”.

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Las amnistías en el “procés” catalán
José Luis Manzanares republica  3 Enero 2018

Se nos han dado motivos suficientes para sospechar que la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña por el propio Gobierno de la Comunidad no sólo habría evitado la aplicación del artículo 155 de la constitución, sino que habría beneficiado también a los responsables penales de los delitos cometidos durante el proceso soberanista. Contamos con los socorridos bálsamos de “aquí paz y después gloria”, “lo pasado, pasado” y otros ungüentos por el estilo. Esta posibilidad sería, sin embargo, muy difícilmente compatible con el margen de maniobra del Ejecutivo español en lo que afecta al derecho de gracia, pues, para empezar, se trata de delitos perseguibles de oficio.

Ninguna objeción jurídica suscitaría la concesión de indultos, pero estos requieren la previa condena en firme del inculpado y no borran los antecedentes penales. Los indultos generales del franquismo, que se anticipaban a las condenas, están hoy prohibidos por el artículo 62 i) de una Constitución que silencia significativamente la amnistía. Con esta segunda manifestación del derecho de gracia, no sólo el Estado renuncia a la imposición y cumplimiento de las penas por determinados delitos, sino que los delitos mismos dejan de ser considerados como tales o como no cometidos.

Quiere decirse que la política y el derecho penal tienen diferentes tiempos y que el ejercicio de aquella ha de contar con las limitaciones y exigencias del segundo. A no ser que, como en el “siempre nos quedará París” de la película “Casablanca”, nos saquemos de la manga alguna nueva doctrina con nombre propio. La doctrina Parot o la doctrina Botín, por ejemplo, para constitucionalizar una Ley de Amnistía.

Rompamos Cataluña para que no se rompa España
Cristian Campos elespanol 3 Enero 2018

Es difícil encontrar una sola prosperidad del presente que no tenga su origen en un pecado del pasado analizado desde la moral de hoy en día. Lo único que diferencia en este aspecto a las naciones modernas es su mayor o menor disposición a afrontar los hechos vergonzosos de su historia. Mayor en las democracias maduras y menor, o inexistente, en las inmaduras.

La esclavitud estadounidense, el imperialismo japonés o la conquista española son hechos históricos largamente estudiados y documentados. No hay facultad de Historia en alguno de esos tres países que no cuente con un puñado de cátedras dedicadas al análisis crítico de sus mitos. Un síntoma de una sociedad sana por más que ese análisis crítico, convenientemente simplificado y descontextualizado, sirva también como munición para los populismos de izquierda y derecha en su guerra contra la democracia liberal.

En Estados Unidos, Japón y España el revisionismo, al alza o a la baja, está a la orden del día. En algunos casos (Estados Unidos), como ejercicio postmoderno de venganza cultural tardía en manos de sus minorías históricamente oprimidas. En otros casos (España), como trabajo de limpia y desinfección de una leyenda negra propagada por enemigos históricos y popularizada por y entre los propios españoles por motivos que sería demasiado largo de explicar aquí. Mejor leer Imperiofobia y leyenda negra de María Elvira Roca Barea, sin duda alguna el mejor libro de 2017 en su género, para entender el porqué y el cómo de ello.

Las sociedades débiles no suelen sin embargo ajustar cuentas con su pasado porque no pueden permitirse la más mínima duda de sus ciudadanos acerca de una historia mitificada y maniquea que justifique el statu quo actual. Lo de maniqueo va por la creación del imprescindible enemigo interno u externo al que culpar de todos los males, reales o inventados, de la nación.

Cataluña es un caso particular de sociedad débil. Siendo formalmente una democracia avanzada dada su pertenencia a España y, en consecuencia, a la UE, continúa comportándose en 2017 como una sociedad del siglo XIX. Es decir como una sociedad cerrada, endogámica y estancada, a la búsqueda desesperada de un pasado épico, grotescamente falso y manipulado, que oculte su verdadera realidad: la de una región europea sin historia ni mayor interés.

Una sociedad en la que una casta de catalanes de origen continúa comportándose en pleno siglo XXI como la única con derecho a decidir en un territorio en el que el resto de los ciudadanos, aquellos que no cuentan con el sello de la denominación de origen, deben ser integrados y asimilados como si fueran alienígenas. Frecuentemente a costa de sus derechos civiles, entre ellos el de ser educados en su lengua materna, y previo rechazo de su propia cultura de origen, que se considera incompatible con la catalana. El caso de Gabriel Rufián es paradigmático de ello.

La historia de Cataluña, limpia de mitos, es la de una región "endémicamente pobre, básicamente agrícola y en muchos aspectos atrasada" (la definición es de Eduardo Mendoza y la pueden encontrar en su libro Qué está pasando en Cataluña). Una región que sólo a partir de 1714, de su derrota frente a los Borbones y del menospreciado Decreto de Nueva Planta, logra remontar el vuelo y sentar las bases para su posterior industrialización confirmando la obviedad de que Cataluña sólo ha prosperado económica y socialmente cuando ha sido gobernada desde fuera. La burguesía catalana, en definitiva, no ha sabido jamás gobernar y gestionar sus negocios al mismo tiempo y cuando ha debido ocuparse de las dos tareas simultáneamente el resultado histórico ha sido corrupción y conflictividad con España. ¿Les suena?

La riqueza catalana actual se basa en tres hechos históricos que en otros países ya habrían sido objeto de masivas peticiones colectivas de perdón. En primer lugar la esclavitud en las Indias, un negocio en el que los catalanes demostraron una especial pericia y crueldad (fueron los españoles que más se opusieron a su abolición).

En segundo lugar, la permanente concesión por parte de las elites españoles, y a la cabeza de ellas dictadores como Franco y Primo de Rivera, de privilegios y prebendas económicas e industriales, injustificables desde un punto de vista liberal, que le permitieron a Cataluña competir con ventaja contra otras regiones españolas, condenándolas al subdesarrollo.

En tercer lugar, las dos oleadas migratorias que surtieron de carne de cañón las fábricas catalanas y que fueron tratadas de forma despiadada (y de ahí la altísima conflictividad social catalana). La primera oleada, formada por catalanes de las zonas rurales. La segunda, formada por andaluces y extremeños. Los primeros son ahora, ciento cincuenta años después, la principal fuerza de choque del independentismo. Los hijos y los nietos de los segundos empiezan a serlo también gracias a cuarenta años de desprecio y adoctrinamiento mediático. "Mis padres son colonos pero yo soy independentista" se justificaba hace apenas una semana una adolescente en Twitter.

En Cataluña no se habla de lo primero. De lo segundo y lo tercero se habla a diario, pero para explicarlo exactamente al revés.

La historia de Cataluña es la del hijo conflictivo de la familia. La de una región extraordinariamente violenta desde los tiempos de la Busca y la Biga, dividida desde el siglo XV en dos: una Cataluña filosóficamente rural y pirenaica, ultramontana, carlista, beata y refractaria al cambio y una costera, mezclada e impura, sometida a los caprichos de la casta de caciques locales: la burguesía etnicista de las cien familias.

Tabarnia no es una invención: tiene más de cinco siglos de historia. Quizá la solución al eterno problema catalán no sea romper España sino romper Cataluña y abandonar a su suerte a la menos asimilable a la modernidad de ellas. Es de suponer que partidos como PSOE y Podemos, que con tanta mansedumbre aceptan la posibilidad de una España dividida en pequeñas naciones, no tendrán problemas ante la perspectiva de una Cataluña dividida en dos. ¿Por qué España debería poder romperse y Cataluña ser considerada una unidad de destino en lo universal?

El día de la marmota catalana
José García Domínguez Libertad Digital 3 Enero 2018

A nuestros sufridos catalanistas asilvestrados nada les irrita más, y desde toda la vida, que cualquier eventual comparación con Murcia; en concreto, con Murcia. Para ellos, y desde toda la vida decía, el supremo paradigma de lo inaceptable reside en mentar la simple posibilidad de que su Cataluña pudiese ser tratada en un plano de prosaica igualdad teórica, analítica o conceptual con Murcia. "¡Esto no es Murcia!", clamaban por norma, asegurándose antes de que no hubiese algún micrófono abierto en las cercanías, cada vez que se les insinuaba que debían conducirse con arreglo a los principios constitucionales establecidos para el conjunto de las regiones autónomas de España. Bajo ningún concepto quieren ser Murcia, pero, les plazca o no, son Murcia. Si bien con una nada baladí diferencia cuantitativa, a saber: Murcia, su Administración, mueve anualmente unos cuatro mil millones de euros, y Cataluña, por su parte, multiplica por 8,5 esa cantidad. No es moco de pavo.

El dilema que hoy arrostran los separatistas todos, tanto los de Estremera como los de Bruselas, es que renunciar altiva y orgullosamente a ser como Murcia implicaría, ¡ay!, renunciar también a esos treinta y cuatro mil millones de euros anuales, la inmensa chequera hipertrofiada que lleva casi medio siglo echando de comer todos los días hasta al último figurante de su preciada aldea Potemkin, esa bulímica legión de parásitos del erario sin la que la interminable broma de la construcción nacional no se podría mantener en pie ni por espacio de medio año más. Así las cosas del estómago soberanista, su única salvación posible será lograr seguir siendo Murcia, y al precio que sea, al tiempo que insisten en cebar la ficción entre los devotos de ya no serlo. Pues hasta el más lerdo y limitado de sus dos millones de votantes encontraría en extremo arduo llegar a entender que sus líderes se prestasen a destruir un tercio de la economía catalana para que todo siguiese exactamente igual que antes, es decir, para nada. Ni el más idiota de los catalanistas de base lo comprendería. Por eso resulta ahora mismo un imperativo insoslayable seguir alimentando la entonación colectiva del adiós a Murcia.

De ahí que a estas horas ni tan siquiera contemplen como simple hipótesis de trabajo la posibilidad de que los electos sometidos a procesos judiciales renuncien a sus escaños, haciendo correr la lista. Los costes de su demencia para la economía local están llamados a ser tan altos que la propia desmesura del precio a pagar los obliga ahora a no bajarse del burro retórico de la republiqueta non nata, so pena de que los creyentes pierdan la fe. Ese pobre diablo, Puigdemont, es un reo de sí mismo desde el instante en que cedió a la presión de los más locos para que no convocase las elecciones autonómicas que nos habrían ahorrado a todos el 155. sde entonces, ni él ni el resto pueden dar marcha atrás en el guión del cuento. Sin la ficción de la republliqueta sus carreras políticas se desvanecerían al instante en el aire. No les queda más alternativa, pues, que seguir dando pasos en el vacío. Ahora, la Mesa del Parlament, con mayoría absoluta y absolutista de los separatas, pisoteará de nuevo la letra y el espíritu del Reglamento para investir al Payés Errante vía Twitter. El resto de la historia, por lo demás, es un déjà vu: recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, sentencia revocatoria del TC, desobediencia contumaz y chulesca de la Mesa a lo ordenado por el Constitucional, procesamiento de sus miembros rebeldes y condena judicial firme para todos ellos. Luego, vuelta a empezar.

Tabarnia, Alavarreta, Corulandia
Roberto L. Blanco Valdés La Voz  3 Enero 2018

Para los que aún no se hayan enterado, la cosa se resume con gran facilidad: un grupo de catalanes, a los que se supone hartos del delirante procés secesionista, se han inventado una reivindicación en todo paralela a la de los independentistas que, precisamente por ello, saca a luz los embustes, necedad e insolidaridad sobre las que el nacionalismo ha construido esa memez del, supuestamente, sacrosanto derecho a decidir de Cataluña. Los impulsores de Tabarnia promueven la autodeterminación de las comarcas costeras de Barcelona y Tarragona, coincidentes con territorios donde los catalanes contrarios a la secesión tienen mayoría. Y construyen la reivindicación de una Tabarnia independiente de Cataluña echando mano del mismo demencial argumentario que los nacionalistas catalanes utilizan contra España: proclaman que «Tabarnia is not Catalonia»; que Cataluña la expolia fiscalmente, pues Tabarnia reúne la mayor parte de la riqueza catalana («Cataluña nos roba»); que los no tabarneses viven por tanto a cuenta de los tabarneses; y, en fin, que Tabarnia tiene una identidad cultural indiscutible al coincidir sus límites con los del antiguo condado de Barcelona, capital de la nación que surgiría de la secesión. Se trata, según me lo resumía ayer en un mail un buen amigo, de impulsar el esperpento del procés dentro del procés. Aunque, dada la situación en que se encuentra una buena parte del electorado catalán, no hay que despreciar la posibilidad de que la reivindicación tabarnesa acabe movilizando en serio a cientos de miles de personas, los efectos de su simple aparición como humorada han sido más demoledores para el desvarío secesionista que todos los rigurosos argumentos con los que se han combatido hasta ahora sus dislates. Y es que, siguiendo la sabia reflexión de Winston Churchill de que «una broma es una cosa muy seria», los tabernistas han recurrido a la mejor tradición del humor como arma de denuncia y de desmitificación de majaderías que se presentan a sí mismas con la más empingorotada seriedad. La tradición de Thomas de Quincey, Gilbert Chesterton, Lytton Strachey y, entre nosotros, de nuestro inmenso Julio Camba.

Si Cataluña puede ser independiente de España, ¿por que no Tabarnia de Cataluña, o Barcelona de Tabarnia? ¿Por qué el País Vasco de España y no Álava del País Vasco? ¿Por qué Galicia de España y no, cualquiera de sus provincias, de Galicia? La invención de Tabarnia, que podría venir seguida por la de Alavarreta o Corulandia, y de todas las mamarrachadas que una mente humana es capaz de imaginar después de haber compartido con Míster Johnnie Walker una tarde, es un «ben de Dios», que diría mi querido padre, pues pone al descubierto el gran secreto que los independentistas catalanes, vascos o gallegos tratan de ocultar: que lo que se nos presenta como un derecho inalienable no es más que una solemne patochada.

Infame politización de las cabalgatas de Reyes
EDITORIAL Libertad Digital  3 Enero 2018

Se supone que las tradicionales cabalgatas de Reyes, que conmemoran el viaje que, según los Evangelios, realizaron unos magos siguiendo una brillante estrella para llevar regalos al Niño Jesús, constituyen un espectáculo especialmente pensado para una infancia expectante y ardorosa por recibir sus propios regalos navideños. Con todo, está visto que muchos políticos están empecinados en corromper estos desfiles tan entrañables y convertirlos en una herramienta de adoctrinamiento ideológico para el lavado de cerebro de los más pequeños. Buen ejemplo de ello lo tenemos en la campaña Recibamos a la cabalgata de Reyes de amarillo, que la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han lanzado por las redes sociales para que se acuda a ver a Melchor, Gaspar y Baltasar con vestimenta de ese color en señal de solidaridad con los líderes del golpe de Estado separatista que están en prisión provisional, acusados de desobediencia, prevaricación y sedición.

No menos repugnante y bochornosa utilización de esta fiesta infantil de raigambre católica viene haciendo el Ayuntamiento de Madrid desde que está en manos de la comunista Manuela Carmena y su deleznable e incompetente equipo de fanáticos. Esta vez se trata de adoctrinar en la tremendamente liberticida ideología de género. Así, una carroza con la bandera arcoíris llevará a bordo a la drag queen La Prohibida, la cabaretera Roma Calderón y la hiphopera Dnoé Lamiss, que harán las veces de reinas magas en la comitiva que acompañará a Sus Majestades de Oriente en la cabalgata del distrito de Puente de Vallecas.

Semejante espectáculo, más propio de un desfile del Orgullo Gay que de una cabalgata de Reyes, ha tenido el lamentable respaldo del PSOE, que, por voz de Carla Antonelli, ha considerado que la carroza de marras constituye "una representación más de la diversidad madrileña" y algo que "ayuda a visibilizar (sic) a los niños trans y LGTBI".

La presencia de una drag queen en una cabalgata de Reyes es tan impropia como lo sería la presencia de unos niños cantando villancicos en un cabaret o la presencia de Darth Vader u otros personajes de Star Wars en una procesión de Semana Santa. Pero la impropiedad no es lo más grave aquí, sino la aberrante manía de politizar todo con los cada vez más insoportables mantras del buenismo estupendista. El adoctrinamiento disfrazado de festivo compadreo es especialmente repugnante, sobre todo cuando tiene por objetivo a los que menos pueden hacerle frente, los menores de edad.

Por supuesto, no es casualidad que usen y abusen de estas prácticas infames el nacionalismo y el socialismo, grandes artífices del totalitarismo del siglo XX.


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