AGLI Recortes de Prensa   Jueves 4  Enero 2018

Todavía falta un millón de empleos
Primo González republica 4 Enero 2018

La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado de forma ininterrumpida durante los cuatro últimos años hasta sumar en este periodo 2,013 millones de personas de nuevas incorporaciones, elevando la cifra actual de cotizantes a 18,46 millones de personas. Es una cifra respetable pero todavía inferior a la máxima, que se produjo a mediados del año 2007, con 19,50 millones de personas, Es decir, la distancia que ahora mismo nos separa del momento más elevado en cuanto a nivel de empleo o de cotizantes a la Seguridad Social es de un millón de personas.

La crisis económica ha destruido, en efecto, 3,016 millones de puestos de trabajo, entendiendo por tal los cotizantes a la Seguridad Social, todo ello a lo largo de los seis años más crudos de las crisis, los que abarcan el lapso comprendido entre 2008 y 2013. En el año 2014 empieza la recuperación del empleo y se prolonga, de momento, hasta la fecha, con la particularidad de que el cuarto año de este nuevo ciclo, el ejercicio recién finalizado de 2017, ha sido el más generoso con la creación de empleo traducido en número de cotizantes, 611.146 personas.

Queda, por lo tanto, menos terreno para llegar a la meta. Se entiende que la meta está en los 19,5 millones de cotizantes, es decir, un millón de personas por encima del volumen actual. Si las cosas ruedan como está previsto en el año 2018 no sería difícil que el millón de nuevos cotizantes se sumara a lo largo de este año y el próximo, por lo que a finales del año 2019 estaríamos de nuevo, en materia de empleo, en el punto de partida, antes del inicio de la crisis.

España ha sido posiblemente el país que más tiempo ha necesitado para recuperar el empleo destruido, ya que otras economías grandes de nuestro entorno han logrado alcanzar sus mejores niveles de ocupación hace ya algún tiempo. El hecho de que España haya tardado más responde a una mezcla de razones, entre las cuales destacan el insuficiente volumen de exportaciones en relación con otras economías europeas, además de una cierta rigidez en las condiciones laborales, que la reforma de hace unos años para haber limado en alguna medida.

En cambio, el impacto del turismo, con su espectacular aumento en el número de visitantes extranjeros en los últimos años, ha contribuido en gran medida a añadir empleo a una de las ramas del sector servicios más dinámica de la economía. Los cambios de estructura que se han producido en la economía española a lo largo de esta crisis, con un sector inmobiliario y de la construcción muy sobredimensionado que está lejos de alcanzar en la actualidad las cifras de empleo del año 2006, también explican la caída de la afiliación en estos años y la dificultad en recuperar las cifras de hace un decenio. Por ejemplo, en el sector de la construcción llegó a superarse la cifra de 2,7 millones de afiliados a la Seguridad Social allá por el año 2006 y en la actualidad no alcanza los 1,4 millones de personas, a pesar de que su ritmo de crecimiento en los últimos meses muestra un considerable vigor. Solo este sector explica más de un millón de cotizantes menos. Su recuperación no es probable pero desde luego aporta un margen que puede contribuir, junto con otros sectores dinámicos de la economía, a recuperar ese millón de empleos que todavía necesita el país para alcanzar la velocidad de crucero.

Cataluña lastra la lucha contra el paro
EDITORIAL Libertad Digital 4 Enero 2018

Elnúmero de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar diciembre en 3,41 millones, tras bajar en 290.193 en el conjunto de 2017, el quinto descenso anual consecutivo. Aunque esta bajada del paro esté por debajo de la registrado en 2015 y 2016, constituye, sin duda alguna, una excelente noticia, coronada además por el aumento medio de 611.146 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta desde 2005, año que se vio artificial y positivamente afectada por la regulación masiva de trabajadores extranjeros llevada a cabo por el anterior Gobierno socialista.

Frente a este indiscutible logro cabe señalar la pírrica –por no decir engañosa– victoria alcanzada en la lucha contra el déficit público. Hace tiempo que el Gobierno de Rajoy renunció a su promesa de reducir a cero el desequilibrio presupuestario, mientras que su renegociado compromiso con Bruselas de reducirlo al 3% este año sólo parece poder ser alcanzado mediante la treta de utilizar el superávit de las corporaciones locales para enjugar el desvío fiscal del Gobierno central y las CCAA.

Mención especial merece el impacto que el proceso separatista en Cataluña haya podido tener en los dos ámbitos macroeconómicos mencionados. Aunque el Gobierno no haya informado del coste que para el contribuyente ha tenido el inmenso despliegue policial llevado a cabo para tratar de impedir la ilegal consulta secesionista del 1 de octubre, y aunque tampoco haya datos definitivos del déficit público por autonomías, todo parece indicar que la Administración regional de Cataluña seguirá liderando el endeudamiento de las manirrotas autonomías. A eso hay que añadir la noticia hecha pública este mismo miércoles de que Cataluña ha pasado del segundo al undécimo puesto en reducción del paro en 2017. Nada de lo que extrañarse si se tiene presente la incesante fuga de empresas que huyen de la inseguridad jurídica creada por un proceso secesionista cuyos impulsores no parecen querer darlo por acabado. La estabilidad institucional y la situación económica no son compartimentos estancos sino ámbitos estrechamente interconectados que convierten en ilusa toda pretensión de que España supere definitivamente la crisis sin fortalecerse al tiempo como nación y como Estado de derecho.

Y es que el persistente proyecto de ruptura que defiende la renovada mayoría secesionista surgida de las elecciones del 21 de diciembre no es sólo una amenaza a la legalidad, a la convivencia y a la paz social en Cataluña, sino un peligro para su prosperidad ypara la del resto de España.

La sangría de empresas catalanas prosigue
Xavier Salvador cronicaglobal 4 Enero 2018

Ni un día sin que nos desayunemos con un nuevo grupo de empresas catalanas que han decidido cambiar su sede social y sacarla fuera de la comunidad autónoma. Ayer fue el gigante químico Dupont, anteayer la inmobiliaria Habitat y así un no parar de sociedades que deciden trasladar su domicilio sobre todo a Madrid.

Ese goteo constante ha sido presentado por el independentismo como una consecuencia mínima. Hablan de los centros productivos que continúan en Cataluña como si eso fuera lo importante del asunto, mientras que los cambios en el centro de decisión fueran un asunto menor. Hubo un tiempo en el siglo pasado en el que se acuñó la idea de que Cataluña era la fábrica de España, pero lo cierto es que en el último cuarto de la pasada centuria Barcelona y su área de influencia ganaron en capacidad decisoria en el mundo empresarial con el alumbramiento de un coloso de las finanzas y la industria como ha sido el grupo La Caixa.

Ni el banco Caixabank, ni la Fundación Bancaria que lo administra, ni las participadas en mayor o menor medida (Abertis, Gas Natural, Agbar, Vidacaixa...) han mantenido su sede social en Barcelona. Sólo Saba, donde su consejero delegado, Josep Martínez Vila, y su presidente, Salvador Alemany, tienen fama de soberanistas), parece resistirse en su territorio fundacional, aunque sus negocios se extiendan por doquier.

Lo que está sucediendo convierte Barcelona y su área metropolitana en un espacio económico en vías de empobrecimiento. La marcha de las sedes sociales incorpora la salida automática de los servicios de valor añadido (jurídicos, contables, de auditoría, consultoría diversa...) hacia el lugar en el que se acaban tomando las decisiones. De poco nos servirá mantener puestos de trabajo en una primera instancia si de la decisión de salida se irá derivando una progresiva traslación, también, del empleo cualificado hacia otras zonas de España donde recalan los grupos societarios que ahora marchan.

El impacto económico de la sangría es todavía un intangible difícil de mesurar, pero algunas aproximaciones en términos de PIB, recaudación fiscal, empleo cualificado y nuevas inversiones hacen presuponer lo peor. Y lo peor, le guste o no al independentismo, es la transformación en una calidad de vida inferior para los ciudadanos afectados por las medidas cautelares adoptadas ya por el mundo empresarial y económico.

En la medida en que Cataluña es vista por sus propios empresarios como un lugar inestable en términos de seguridad jurídica, ya podemos imaginar qué pensarán los inversores exteriores que antes hacían negocios en este territorio sin pestañear. ¿Cómo van a venir ellos si saben que los emprendedores e industriales locales huyen despavoridos ante la situación política?

Lo peor de todo es que en el nacionalismo sigue existiendo una especie de resignada admisión de los hechos. Saben que esto que contamos cada día es así, pero también consideran que es el tributo a un bien mayor, la ilusoria utopía del Estado propio. Que entre el independentismo abunden las clases pasivas, el funcionariado y otras tipologías de empleados no dependientes del todo del libre mercado es la única forma de entender que los sindicatos catalanes, tan altivos ellos en defensa de algunos derechos, están viendo atravesar las empresas sin lanzar una voz de alarma desesperada para llamar a la cordura y frenar el desvarío en el que nos hemos sumergido. Por no citar a las patronales, que mientras la mayoritaria parece animar a los suyos a seguir el camino de cruzar el Ebro, las pequeñas Pimec y Cecot parecen no enterarse de la desertización empresarial a la que asistiremos en los próximos años.

Con su actuación, algunos independentistas han querido que Cataluña sea la fábrica de España. Curioso que eso sea alentado por quienes aspiraban a convertir su tierra en un espacio más próspero y rico. Cuando veamos que por la comunidad autónoma sólo circulan batas y monos azules y que para decidir la continuidad de un centro fabril aquí será necesario desplazarse a Madrid u otros puntos de España, quizá los incrédulos de hoy empiecen a darse cuenta del destrozo al que nos han llevado en el futuro.

Pero estén tranquilos, que en las tertulias de las radios y televisiones públicas seguiremos hablando de presos políticos y en los medios subvencionados se seguirá alentando cabalgatas de reyes de color amarillo. Cualquier cosa menos admitir los errores y tratar de lo importante, que eso es cosa de los colonos españoles...

Bienvenidos al agujero infernal que es Bruselas
Drieu Godefridi  latribunadelpaisvasco.com 4 Enero 2018

Artículo publicado inicialmente en la web del Gatestone Institute

Cuando el entonces candidato Donald Trump dijo en enero de 2016 que, gracias a la inmigración masiva, Bruselas se estaba convirtiendo en un agujero infernal, los políticos belgas y europeos formaron un frente unido en las barricadas (mediáticas): ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? Bruselas, capital de la Unión Europea, la quintaesencia misma del mundo posmoderno, la vanguardia de la nueva "civilización global", ¿un agujero infernal? Por supuesto, asimilar a los recién llegados no siempre es fácil, y puede haber fricciones de vez en cuando. Pero no importa, dijeron: Trump es un bufón de todas formas, y tiene cero posibilidades de salir elegido. Este tipo de cosas pensaban los ávidos lectores de la edición internacional de The New York Times y los espectadores habituales de CNN internacional.

Sin embargo, Donald Trump, con su estilo inconfundible e impulsivo, tenía razón: Bruselas está descendiendo rápidamente al caos y la anarquía. Exactamente dos meses después de esa radical trumpada, Bruselas quedó desgarrada por un terrible atentado islámico que dejó 32 muertos. Y eso era sólo la punta del monstruoso iceberg que se ha formado a lo largo de tres décadas de inmigración masiva y locura socialista.

En Bruselas, sólo en el último mes, hubo tres estallidos distintos de revueltas y múltiples saqueos.
Primero, fue la clasificación del equipo marroquí para la Copa del Mundo de fútbol: entre 300 y 500 "jóvenes" de origen extranjero salieron a las calles de Bruselas a "celebrar" el acontecimiento a su manera, saqueando decenas de tiendas en el centro histórico de Bruselas, causando estragos en las desiertas avenidas de la "capital de la civilización" y, en los disturbios, hirieron a 22 policías.

Tres días después, una estrella de rap en las redes, apodado "Vargass 92", ciudadano francés de origen extranjero, decidió organizar otra "celebración" no autorizada en el centro de Bruselas, que derivó enseguida en nuevos disturbios. De nuevo, hubo destrozos en tiendas y agresiones a personas por la simple razón de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Algunos vídeos publicados en las redes sociales muestran al mundo (y a los belgas) la verdadera cara de Bruselas sin el maquillaje de los políticos. No sorprende que la élite política europea odie las redes sociales con todo su alma; prefieren la higienizada (y, tanto en Francia como en la francófona Bélgica, fuertemente subvencionada) prensa tradicional.

Por último, el 25 de noviembre, las autoridades socialistas al frente del Ayuntamiento de Bruselas tuvieron la brillante idea de autorizar una manifestación contra la esclavitud en Libia, que rápidamente degeneró otra vez en disturbios: se destrozaron tiendas, se incendiaron coches y 71 personas fueron arrestadas.

Esta anarquía, que no tiene ni la más remota justificación política, es ahora lo normal en Bruselas. A los políticos no les gustará esa realidad, fruto de su lamentable negligencia, pero es un hecho general e inevitable. La nueva Bruselas se caracteriza por los disturbios y los saqueos por parte de personas de origen extranjero, así como la fuerte presencia militar en las calles de Bruselas, desplegada desde el 22 de marzo, el día que islamistas europeos asesinaron a 32 personas e hirieron a otras 340 en el peor atentado de la historia de Bélgica.

Uno se podría preguntar por qué estos buenos soldados belgas que patrullan las calles no hacen nada para parar los disturbios. Por la simple razón de que eso está fuera de su jurisdicción; si un soldado llegara a herir a un saqueador, probablemente sería flagelado públicamente, puesto en la picota por los medios, llevado a juicio y despedido de forma deshonrosa.

Sería cómico si no fuese grave. Tras los dos primeros disturbios recientes, la televisión pública belga (RTBF) organizó un debate con políticos y analistas de Bruselas. Entre los participantes estaba el senador Alain Destexhe, del Movimiento Reformista, de centro derecha (el partido del primer ministro de Bélgica).

Destexhe es una figura interesante de la política belga. En la Bélgica francoparlante, ha sido uno de los pocos que ha dicho públicamente que la inmigración masiva que los belgas se están infligiendo a sí mismos es insostenible, que quizá el islam no sea una religión tan pacífica y que las aulas donde el 90 % de los niños son de origen extranjero, que no hablan francés o neerlandés en casa, no son una receta para el éxito. Eso podría ser una obviedad en el mundo occidental, pero en la parte francoparlante de Bélgica, fuertemente influida por la cosmovisión francesa, se le consideraba de derechas, si no un extremista o un racista u otras lindezas que la Izquierda suelta a menudo.

Cuando, en el transcurso del debate, Destexhe intentó exponer sus argumentos —que hay una conexión entre la no integración de muchas personas de origen extranjero en Bruselas y el alto nivel de inmigración sostenido durante décadas—, el moderador le gritó, literalmente: "¡La inmigración no es el tema, señor Destexhe! ¡LA INMIGRACIÓN NO ES EL TEMA, PUNTO!", antes de darle la palabra a una "poeta de slam", una joven que explicó que el problema era que las mujeres que llevaban el velo islámico (como ella misma) no se sentían bien recibidas en Bruselas. Entonces se dio la instrucción al público de que la aplaudiera.

En el plató estaba también una persona del Partido Verde que afirmaba que "nadie sabe de qué origen eran los causantes de los disturbios". Una pista: estaban "celebrando", a su idiosincrásica manera, la victoria de Marruecos. ¿Se trataba de un gran momento de surrealismo belga? No, sólo era un "debate" político típico en la Bélgica francoparlante, salvo que normalmente no invitan a Destexhe.

La imagen no sería completa sin mencionar que, la misma noche que comenzaron los disturbios, el 11 de noviembre, una asociación llamada MRAX (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie) publicó en su página de Facebook un llamamiento para denunciar cualquier caso de "provocación de la policía" o "violencia policial". ¿Cuál fue el saldo de los disturbios? Veintidós policías heridos y cero detenciones. MRAX no es sólo un puñado de izquierdistas que simpatizan con el islamismo, sino que se financian en gran medida con fondos públicos. ¿También los movimientos de la derecha son financiados por los contribuyentes? Dicho pronto: no. En Bruselas, la tasa de paro es de un asombroso 16,9 %, un estupefaciente 90 % de los que reciben prestaciones sociales son de origen extranjero, y aunque los impuestos están entre los más altos del mundo, las arcas públicas se están desangrando. Es la triste instantánea de otro fracaso socialista.

Pero hay esperanza. Bruselas no es sólo Molenbeek y disturbios, tiene una sólida tradición de emprendimiento, y el Gobierno federal, en especial su componente flamenco, es sumamente consciente de los desafíos que tienen que afrontar. Pero nada cambiará si la gente no reconoce que, en muchos aspectos, Bruselas ha dejado de ser la opulenta ciudad conservadora y "burguesa" que era hace veinticinco años para transformarse en un agujero infernal.

Irónicamente, lo que Bruselas necesita ahora es, obviamente, otro Donald Trump.

50 millones de norteamericanos hablan español
www.latribunadelpaisvasco.com 4 Enero 2018

Hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España

Los últimos cálculos oficiales han revelado que actualmente hay 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Es decir, cuatro millones más que en España, país en el que a día de hoy habitan 46 millones de ciudadanos.

El periódico digital “Al Día Dallas” ha publicado recientemente un amplio reportaje sobre este tema, en el que explica, por ejemplo, cómo en los supermercados de muchas grandes ciudades norteamericanas “hay letreros en español que indican los departamentos de la tienda, como carnicería, panadería, salchichonería y tortillería; así, para quienes hablan el idioma de Miguel de Cervantes, encontrar los artículos es muy sencillo”.

“Estados Unidos emerge como un amplio laboratorio que exhibe la extraordinaria resistencia del español, sin importar el clima político. En una superpotencia donde se habla el inglés, la cadena de televisión en español Univisión pelea con ABC, CBS, FOX y NBC por conseguir los más altos niveles de audiencia”, se explica en el texto periodístico que recuerda cómo “la inmigración desde América Latina ha fortalecido el uso del español en Estados Unidos en las décadas recientes, pero los académicos dicen que otros factores también inciden”.

“Al Día Dallas” explica, en este sentido, cómo, tal y como ya narrara el escritor Carlos Fuentes, en el siglo XIII, “el rey español Alfonso X formó un grupo de expertos cosmopolitas conformado por intelectuales judíos, traductores árabes y trovadores cristianos, quienes promovieron el español como un idioma del conocimiento en un momento en el cual el latín y el árabe todavía eran ampliamente utilizados en la península ibérica. El Monarca y sus sabios forjaron el español en un idioma excepcionalmente bien organizado con estándares fonéticos, convirtiéndolo relativamente accesible para algunos aprendices (…) Aún en la actualidad, el español permanece entendible alrededor del mundo en un nivel notable. La prueba es que, por ejemplo, alguien de las pampas en la Patagonia en Argentina puede conversar con un visitante de la Guinea Ecuatorial, uno de los exportadores de petróleo más grandes de África”.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

La onerosa secuela judicial del 'procés'
EDITORIAL El Mundo 2 Enero 2018

El escenario judicial que arroja el proceso soberanista sólo es comprensible teniendo en cuenta la gravedad del pulso al Estado planteado por las autoridades catalanas cesadas. El desafío a la integridad territorial y a la soberanía nacional ha sido de tal calibre que ha motivado la acción de la Justicia en un total de 46 causas, ligadas a la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Además de 37 causas dirigidas contra políticos independentistas y miembros de los Mossos d'Esquadra, se acumulan otras nueve contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El año que acaba de arrancar, por tanto, deberá sustanciarse la responsabilidad judicial de quienes, desde la Generalitat y el Parlament, instigaron un movimiento político de cariz insurreccional que ha tenido como consecuencia la mayor crisis de Estado de la democracia y la imputación de delitos de rebelión, sedición, malversación y odio.

Actualmente, tal como publicamos hoy, el proceso secesionista se sintetiza en 32 juzgados investigando denuncias, 50 procedimientos abiertos desde el pasado 22 de septiembre -tras el cerco separatista a la Consejería de Economía-, 20 dirigentes políticos imputados -entre miembros del Govern destituido y del Parlament-, además del mayor de la policía autonómica catalana, su teniente y los máximos responsables -Jordi Sànchez y Jordi Cuixart- de la ANC y de Òmnium Cultural, que son las dos principales asociaciones independentistas. A los alcaldes imputados por desobediencia cabe sumar los profesores investigados por delitos de incitación al odio y las cuatro personas que permanecen en prisión incondicional preventiva:el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex consejero de Interior Joaquim Forn y los propios Sánchez y Cuixart, éstos últimos acusados de sedición. Precisamente, Junqueras está citado ante la Sala de lo Penal del Supremo el próximo 4 de enero para resolver el recurso contra el auto que le mantiene entre rejas. Cabe recordar la garantía de independencia del Estado de derecho, pese a las espurias maniobras de propaganda e intoxicación del independentismo sobre la falta de separación de poderes en España, y la necesidad de desligar los tiempos políticos -pese a la inminente apertura de la legislatura en Cataluña- del ritmo que siguen las causas judiciales abiertas.

Lo relevante, al margen de la decisión que adopte el Supremo este jueves, es que la Justicia depure las responsabilidades tanto de Puigdemont como del resto de dirigentes que llevaron a Cataluña al borde del abismo. El Gobierno catalán destituido liquidó el autogobierno, incurrió en desacato al Tribunal Constitucional, vulneró el marco constitucional y alentó la fractura social y económica de la sociedad catalana. El procés no puede quedar impune.

Tabarnia no es Padania
Cristina Losada Libertad Digital 4 Enero 2018

Nada más salir a escena, Tabarnia se ha ganado un montón de enemigos. Los primeros, los separatistas, que oscilan entre tomarla como charlotada o como peligro (¡balcanizante!), y entre no hablar de ella para silenciarla o hablar de ella para atacarla. Los segundos enemigos que ha encontrado Tabarnia son los comentaristas serios. Los comentaristas serios piensan que Tabarnia no es seria y, claro, ellos son los que deciden qué es serio y qué no lo es. Así, para esos comentaristas, la demanda del separatismo catalán es muy seria, proponen muy seriamente tenerla en cuenta y creen obligatorio darle algún tipo de satisfacción. Sin embargo, con el proyecto de Tabarnia son inflexibles, oscilan entre calificarlo de bobada o de peligro (balcanizante), y exhortan muy seriamente a dejar de hacer una bola de nieve con una memez. Qué coincidencias, en fin. El caso es que a mí, no seré la única, cuanto más me exhortan a dejar de hablar de algo, más me incitan a hacerlo. Por lo que vuelvo a hablar de Tabarnia. Y volveré.

Vuelvo a hablar de Tabarnia por la confusión. Hay quien confunde Tabarnia con un movimiento separatista, cuando es lo contrario. Que sus promotores utilicen armas dialécticas similares a las de los separatistas, aunque vueltas del revés, da pie superficial a retratarlo como "el independentismo dentro del independentismo". Pero no. Representa la revuelta contra el separatismo que se hizo visible en las manifestaciones de octubre en Barcelona y otras ciudades, y se propone constituir una comunidad autónoma más. El único separatismo es el de los que pretenden separar a Cataluña de España. Los que no quieren esa ruptura traumática, los que no están por dar golpes de Estado, los que desean evitar los daños que causa el separatismo, no son separatistas. Si mañana se constituyera una comunidad autónoma con las provincias de Barcelona y Tarragona, esa autonomía no estaría separada de nada, del mismo modo que no está separada de nada la Comunidad de Madrid.

Tabarnia no es la Padania. La Padania fue un invento de la Liga Norte de Umberto Bossi, pero un invento para el que preconizaba la independencia respecto de Italia. Era, sí, un movimiento separatista, sostenido por un andamiaje argumental como el de Espanya ens roba de sus amigos nacionalistas catalanes. No querían pagar. No querían contribuir a la solidaridad interregional y llamaban parásitos a los italianos del Sur. Tabarnia no va de eso. Como no se propone separarse de España, no rompe en absoluto la solidaridad interterritorial. Hay quienes sitúan el proyecto en una tendencia global de las zonas urbanas prósperas a dar la espalda a las áreas rurales más pobres. Pero la comunidad de Tabarnia no dejaría de contribuir al desarrollo de las zonas menos ricas. Salvo que las otras dos provincias catalanas se separaran de España, también ellas tendrían ayuda.

Los únicos que quieren dar la espalda a las zonas menos ricas son los separatistas. Son ellos los que quieren romper la solidaridad interregional española. Tabarnia, insisto, no es un proyecto insolidario; ni siquiera con las áreas rurales de la actual Cataluña. Sólo es insolidario con las preferencias políticas de esas áreas. Esas preferencias, que han dominado durante décadas por una distribución de escaños que las favorece, han dado gobiernos autonómicos que dedicaron ingentes recursos a la construcción nacional, institucionalizaron la corrupción, pisotearon la libertad y, en el último acto del delirio, van y provocan una destrucción inédita del tejido económico. ¿Cómo no van a querer salvarse de tales desastres los catalanes que no son separatistas? ¿O tienen que solidarizarse por narices con los obcecados que conducen a la región al precipicio? Sólo quien crea que Cataluña es una especie de unidad de destino en lo universal, en lo nacional o en lo que sea puede decir seriamente a esos ciudadanos que no les queda otra que dejarse llevar al abismo.

En un portal de Bruselas
Pablo Planas Libertad Digital 4 Enero 2018

El catalanismo es una concentración por reducción de vinagre que lo contamina todo, y más la Navidad, que es tiempo propicio a la confusión del sueño con la vigilia. Hay muchas maneras de celebrar el Nacimiento de Jesucristo. La catalanista arroja dos particularidades: el culto al mojón encarnado en la figura del pastorcillo cagón y el tronco que defeca regalos si le atizan más la conversión de cualquier evento navideño en un acto de afirmación separatista.

En la edición 2017-18, la Navidad en Cataluña es amarilla porque ese es el color con el que el separatismo recuerda a los presos y fugitivos del procés. Y si el año pasado los Reyes Magos se llamaban Referéndum, Unilateral y Vinculante, en este son Junqueras, Sànchez y Cuixart, que traerán muchos regalos a los niños que lleven lazos, gorros, bufandas o guantes amarillos y echarán carbón a los que sólo dejen dulces y zapatos en los balcones.

El adoctrinamiento infantil tiene tan mala prensa como las armas químicas y nucleares, pero eso no es óbice para que el nacionalismo catalán insista en el uso y perfeccionamiento del método, dada su capacidad destructiva. Y este año la Navidad en Cataluña es amarilla y los Reyes Magos se teñirán de amarillo en la amarilla TV3 porque el Mesías del portal Belén no es el Niño Jesús de la Virgen María y San José, sino Puigdemont en un portal de Bruselas o Junqueras en el de Estremeras. Los madelmanes y las señoritas pepis catalanas serán amarillos o no serán en la Cataluña cristiana de los campanarios con esteladas.

Los socios de Òmnium y ANC y los voluntarios de los Comités de Defensa de la República son los pajes y camellos de la mágica comitiva republicana de los reyes majos a la catalana en la enésima reafirmación de la superioridad intrínseca de la catalanidad. Si los niños flipan, las abuelas por la república, más.

De todos modos, convertir la Navidad en política es una chorrada en comparación con la última hazaña de la superyaya por la república catalana, doña Pilar Rahola, que ha aprovechado en Twitter el asesinato de Diana Quer para hacer causa. "Nuestros políticos esposados por la espalda. El presunto asesino de Diana Quer, por delante. Está todo dicho", ha trinado la musa del proceso. Que no respetan ni los Reyes Magos, dicen...

JxCAT y ERC quieren frenar la contratación de profesores hasta poder elegirlos 100% separatistas
Carlos Cuesta okdiario 4 Enero 2018

El Gobierno quiere reforzar la Alta Inspección educativa con el PSOE y C's pero choca con el PNV

La Guardia Civil se ha incautado de los documentos en los que los partidos de Oriol Junqueras (JxCAT) y Carles Puigdemont (ERC) cerraron su compromiso de crear una escuela catalana aún más separatista. Una escuela sin la más mínima supervisión estatal y donde las reglas de selección de profesores fuesen totalmente controladas por ellos. Un modelo en el que no existiría ni la más mínima posibilidad de pelear contra el adoctrinamiento de los niños. Los documentos recogen el compromiso “estratégico” de “no crear nuevas plazas de funcionarios en los próximos 6/8 años”.

En concreto, hasta que consigan desprenderse por completo del más mínimo control de las autoridades españolas. Porque “el sistema”, basado en una escuela absoluta y totalmente adoctrinadora y ultra separatista, “no se puede hacer con el marco español“. Por ello, los golpistas -que establecieron documentos a largo plazo contando ya con que había grandes posibilidades de no lograr la independencia- diseñaron una serie de propuestas para frenar la entrada de nuevos profesores: en concreto, hasta generar un gran agujero de plazas docentes porque, en ese tiempo, “se jubila un 30%”.

Un boquete que sería empleado, ya con plenos poderes separatistas, para sustituir lo que queda de profesorado no nacionalista por auténticos colaboradores del adoctrinamiento político. El boquete, por descontado, supondría un daño tremendo a la calidad del sistema educativo y al futuro de los niños. Pero eso, por lo visto, es lo de menos para ellos.

Su estrategia contaba con las dificultades que encontrarían en el camino de su ataque a la unidad de España y la Constitución. De hecho, en los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, se deja constancia de que el plazo necesario para crear su escuela soñada será de “10 a 15 años”. Los escenarios temporales coinciden con otra de las fechas detectadas por la Guardia Civil en el documento clave de la investigación del 1-O, el denominado Enfocats.

“Imposible con el marco español”
En ese informe -donde se definen las personas que forman parte del Comité Estratégico y del Comité Ejecutivo que comandaban el golpe separatista- aparecía una fecha final como escenario temporal para conseguir la independencia. Esa fecha era 2022 -a cinco años vista de la elaboración del documento-. Porque, lo cierto, es que, desde el primer momento, los separatistas contaban con la intervención del Estado y, por lo tanto, con escenarios plurianuales más dilatados de lo que han hecho creer a sus propios votantes y a la opinión pública. Y porque lo cierto es que, pese a todo y a fecha actual, siguen funcionando dentro del guión del golpe.

Su esquema de trabajo para fabricar la escuela catalana 100% separatista pasaba por sumarse a otra iniciativa rodeada de una aureola de supuesta excelencia: Escola Nova XXI. Porque “Escola Nova XXI suele generar un debate muy grande”, de forma que se pueda usar esa discusión: que “genere una demanda que obligue a las administraciones y partidos a dar respuesta”.

Dentro de ese debate se camuflaría el verdadero propósito: “¿Qué capacidad tenemos de desarrollar el embrión del sistema educativo que queremos?”, anotan en sus deliberaciones. “Cabe determinar el mínimo que ha de tener toda escuela. De aquí podemos tener una red alternativa”, para, desde ahí, “desarrollar competencias, prácticas de cómo implementarlas y evaluación”. Pero todo eso se conseguiría con pleno poderes. Nunca, como destacan en la documentación en manos de la Guardia Civil, dentro “del marco español”.

También cambiarán a un único topónimo: 'Castelló de la Plana'
El bipartito PSOE-Compromís eliminará el español de los rótulos de las calles en Castellón
Nacho Doral okdiario 4 Enero 2018

El Govern catalán riega con 16 millones al pancatalanismo valenciano, el hermano de Ximo Puig incluido
El plan para las aulas valencianas: canciones en catalán y que los profesores lo hablen en los pasillos

El ayuntamiento de Castellón de la Plana, gobernado por el bipartito PSPV-PSOE y Compromís, eliminará el español de las calles de la localidad y dejará sólo el valenciano. La nueva ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías y espacios públicos que acabará con el tradicional rotulado bilingüe, está en período de alegaciones, y será el paso previo al definitivo cambio de nombre de la ciudad: el topónimo oficial de Castellón será sustituido por el único de ‘Castelló de la Plana’.

Así lo establece el apartado 9.4 de la nueva normativa municipal, que avanza que los nuevos rótulos y placas que se vayan reponiendo en las 1.200 calles y plazas del municipio estarán únicamente en valenciano. Se trata de uno de los acuerdos alcanzados por socialistas y nacionalistas en el denominado ‘Pacte del Grau’, firmado por PSPV-PSOE, Compromís y Castelló en Movimient.

La excusa del gobierno municipal de Castellón, que dirige la alcaldesa socialista Amparo Marco es “hacer efectiva la recuperación del ‘valencià‘ y como establece el Estatuto de Autonomía de 25 de abril del 2006, y la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del ‘valencià'”, según recoge en otro de sus artículos.

Una imposición del bipartito que integran socialistas y nacionalistas que ha generado la polémica donde no existía, puesto que Castellón siempre ha vivido con absoluta normalidad la señalización en las dos lenguas.

La excusa: “El bilingüisimo repetitivo”
Desde el consistorio castellonense, que cuenta incluso con una ‘Concejalía de Normalización Lingüística’, aseguran que “no se va a hacer de golpe”, y su responsable, Ignasi Garcia lo argumenta así: “Hay que terminar con el bilingüismo repetitivo y “revisar la corrección ortográfica y gramatical”.

La erradicación del español en placas y rótulos viarios no es la única medida para acabar con el bilingüismo en la señalización de esta ciudad. El siguiente paso es suprimir el topónimo ‘Castellón de la Plana’ y su sustitución por una única denominación: ‘ Castelló de la Plana’, para lo que se han elaborado los pertinentes informes que den fundamento histórico y jurídico a la medida.

Se tendrá que aprobar en pleno por mayoría absoluta (el PSOE tiene 7 concejales y Compromís 4 por lo que necesitarán los 4 que tiene Castelló en Moviment, para lo que se negocia) y luego esperar a su tramitación por la Generalitat Valenciana, lo que no supondrá ningún problema: está prevista la inmediata luz verde dada la política de imposición lingüística emprendida por el gobierno que encabezan el socialista Ximo Puig y la nacionalista Mónica Oltra.

El Ejecutivo valenciano, que tiene la competencia exclusiva en materia toponímica, ya dio el primer paso el pasado junio, cin la aprobación del ‘Decret 69/2017, de 2 de juny de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis’ y que permitirá sustituir el topónimo oficial aprobado en 1982.

Por un importe de 121.570 euros
Puig y Oltra riegan de subvenciones a medios independentistas catalanes sin implantación en Valencia
Agustín de Grado okdiario 4 Enero 2018

Puig y Oltra resucitan la TV valenciana con un presupuesto disparatado y contratos bajo sospecha
Puig y Oltra entregan la nueva TV pública al independentismo: se hablará de 'País Valencià' y 'Govern'

Como agua de mayo han recibido varios medios de comunicación independentistas catalanes el reparto de subvenciones de la Generalitat valenciana. Ahora que la aplicación del 155 está dejando a la prensa separatista sin el pulmón financiero de las ayudas públicas, el gobierno de Ximo Puig (PSOE) y Mónica Oltra (Compromís) acaba de repartir 121.570 euros entre seis cabeceras catalanas partidarias de la secesión que no tienen siquiera implantación en la Comunidad Valenciana.

Así, la editora más favorecida en el reparto es Catmedia Global, propietaria de Directe.cat, una empresa vinculada a Joan Puig, exdiputado de ERC. Le han correspondido 24.085 euros, pese a que no cuenta con estructura en la región valenciana. Sin periodistas en plantilla ni información de la Comunidad que reparte las ayudas, la subvención a Catmedia Global es la tercera más elevada de las que han agraciado a los medios digitales.

La segunda empresa catalana que más se ha beneficiado del reparto es Tirabol Produccions, editora de Racó Català: 23.193 euros pese a no contar con actividad ni personal alguno en el territorio gobernado por Puig y Oltra.

En el listado de empresas informativas subvencionadas figuran también la editora de NacióDigital (22.307 euros) y la productora de Vilaweb (21.885 euros). Este último medio cuenta con una colaboradora en Valencia y sí ofrece información de la región, siempre bajo una línea editorial que defiende al denominado ‘País Valencià’ como integrante de los imaginados ‘Països Catalans’.

Beneficiada ha resultado también la editora de El Punt Avui. Ingresará 8.588 euros a la vez que ejecuta un ERE que acabará con el despido de la mitad de sus empleados y el cierre de la sede del periódico en Barcelona.

100 millones para la nueva televisión
Las subvenciones a los medios de comunicación fueron creadas por el gobierno de Alberto Fabra (PP) para compensar el cierre de Canal 9. Ahora, el gobierno valenciano, en un momento de permanente e insistente reivindicación de un nuevo modelo de financiación autonómica que le otorgue más recursos, ha disparado las ayudas hasta los 2,8 millones de euros. A la vez, pretende resucitar la nueva televisión pública durante el primer trimestre de 2018, para la que ya han presupuestado más de 100 millones de euros.

Entre los afortunados con el reparto aparecen, una vez más, las sociedades editoriales de Francisco Javier Puig, hermano del presidente valenciano, que reciben casi 98.116 euros.

PRESUPUESTO DE 2,8 MILLONES
La Comunidad Valenciana (también) subvenciona medios separatistas catalanes
Rafael Núñez Huesca gaceta.es 4 Enero 2018

No sólo de las subvenciones catalanas viven los medios separatistas, también reciben dinero de la Generalitat Valenciana del PSOE y Compromís. En concreto, 2,8 millones de euros que han ido a parar a medios como Vilaweb o Directe.cat

La Generalitat Valenciana, en manos del PSOE y Compromís, subvencionará a la prensa independentista catalana. La excusa es “el fomento del valenciano”, aunque todos los medios gratificados están escritos en catalán.
La consejería de Educación del controvertido Vicent Marzà ha establecido para ello un presupuesto de 2,8 millones entre prensa, radios y televisiones.

Diari La Veu, con 44.286 euros, es el más beneficiado. La edición autonómica de ElDiario.es recibe 24.434€ euros, y Directe.cat, un medio catalán ultranacionalista que pertenece al exdiputado de ERC Joan Puig y que no tiene estructura alguna en la Comunidad Valenciana, 24.085 euros.

Racó Catalá, también catalán y también sin presencia en la Comunidad, recibe 23.193 euros. Es el mismo caso de NacióDigital (22.307 euros), Vilaweb (20.000 euros) y El Punt Avui (8.588 euros). Los cuatro son medios con sede en Barcelona, independentistas, y, a excepción de Vilaweb, sin presencia alguna en Valencia. Reciben el dinero por tener alguna sección informativa dedicada a la Comunidad Valenciana (es irrelevante sin los contenidos son propios o de agencia) y estar escritos “en valenciano”.

La estrategia catalanizadora en la Comunidad Valenciana viene dándose desde que Ximo Puig se aupó a la presidencia de la Generalitat Valenciana con ayuda de Compromís y Podemos. A partir de ese momento, la Comunidad Valenciana dio comienzo a una “reconstrucción de relaciones” con Cataluña. Se sucedieron reuniones de consejeros de Educación de los pretendidos “Països Catalans”, visitas de Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes independentistas a la capital del Turia, se ha diseñado una nueva televisión valenciana dirigida por la antigua corresponsal de TV3 y, sobre todo, una nueva política lingüística creada a imagen y semejanza de la inmersión lingüística catalana.
Compromís, clave en el proceso de catalanización

Hubo un tiempo en que el regionalismo valenciano gozó de cierto músculo político. Unió Valenciana llegó incluso a tener representación en el Congreso de los diputados. Con el tiempo sería fagocitado por el Partido Popular, que asumiría no sólo a sus integrantes, también sus postulados. La versión izquierdista del regionalismo valenciano es, al contrario que su versión conservadora, protocatalanista y separatista. Y así lo reflejan los documentos de sus principales fuerzas: Unitat del Poble Valencià (fundada en 1982), Partit Valencià Nacionalista (en 1990), Nacionalistes d’Alcoi(1994), el Bloc Progressista de Monòver y Grau Unit de Castelló. Todas ellas se unieron en una coalición electoral en 1995 (Unitat del Poble Valencià-Bloc Nacionalista) y en partido en el años 2000. Había nacido el Bloc Nacionalista Valencià, alma del actual Compromís.

La coalición ha revolucionado el panorama político valenciano: han pasado del 7% del voto y 6 escaños en 2011 a más del 18% y 19 diputados, superando a Ciudadanos, a Podemos y quedándose a sólo 4 diputados del Partido Socialista. Han entrado en el Gobierno por primera vez y han desplazado al PP de la capital de la Comunidad después de un cuarto de siglo.

Mónica Oltra, actual vicepresidenta del Govern, es la cara más visible del nuevo pancatalanismo valenciano, mas no la única. El alcalde de Valencia, el catalán Joan Ribó, está llevando a cabo una notable labor ideológica para la causa. Una de sus últimas operaciones ha sido retirar las señales del puerto deportivo que hacen referencia al Rey emérito Juan Carlos I y la denominación en castellano de la Marina de Valencia. Unos cambios que costarán casi 100.000 euros a las arcas públicas.

Fnac también le hace el juego a los separatistas: en su tienda de Barcelona sólo rotula en catalán
OKDIARIO 4 Enero 2018

Starbucks se disculpa y rotulará en español en Cataluña tras decir que “el catalán es el idioma oficial”

La tienda de Fnac ubicada en Barcelona rotula sus carteles de información únicamente en catalán, dejando de lado el castellano. Algunos usuarios han mostrado su disconformidad con la política lingüística de la empresa, que por el momento no ha querido pronunciarse al respecto.

La compañía francesa especializada en la venta de artículos electrónicos, ordenadores, artículos fotográficos, libros, música y vídeo tiene en su tienda de Barcelona (del centro comercial Glòries) numerosos carteles que únicamente informan en catalán, como los que indican las diferentes secciones del establecimiento, los que o incluso las especificaciones de los productos, como el iPad.

Varios usuarios se han quejado en Twitter de que Fnac informe únicamente en uno de los dos idiomas oficiales: “Hola, Fnac, ¿qué tal si rotulamos en castellano y así lo entendemos todos?”, pregunta un cliente a la cuenta oficial de la firma en nuestro país.

Antes de la publicación de esta información, OKDIARIO se ha puesto en contacto con la compañía sin que por el momento haya recibido respuesta al respecto.

No obstante, Fnac no es la única empresa que se ha visto envuelta de forma reciente una polémica por su política lingüística. En los últimos días, la cadena internacional de café Starbucks fue protagonista en las redes sociales por no haber incluido el castellano en sus carteles de prevención de robo colocados en sus tiendas. Para la marca rotular en catalán e inglés es suficiente. ¿Su excusa?: “La cartelería está en catalán porque se trata del idioma oficial en Cataluña”.

Posteriormente, gracias a las quejas de numerosos usuarios, la cadena se disculpó por el hecho de que los rótulos de sus locales de Cataluña sólo estén en catalán e inglés, obviando el idioma español.

Tras la publicación de la noticia Starbucks se ha afanado en explicar que toda la polémica nace de un malentendido “por no habernos expresado correctamente” y, en un mensaje en la red Twitter, la empresa se ha comprometido a buscar soluciones “para propocionar en nuestras tiendas toda la información también por escrito”, lo que supone reemplazar la cartelería física que a día de hoy sólo comunica en catalán e inglés.

El director general de Starbucks para España y Portugal, Álvaro Salafranca, se ha implicado también en la cuestión, y ha difundido una carta en la que lamenta “profundamente el malestar generado por la polémica […] debido a un tweet de contestación a un cliente de uno de nuestros community managers” y dejando claro que dicho tweet “no estuvo correcto al no expresar adecuadamente la situación”.

El Govern desvió casi un millón a su 'lobby' en EEUU y pagó parte tras entrar el 155
José María Olmo elconfidencial 4 Enero 2018

El Govern de Carles Puigdemont desvió casi un millón de euros de fondos públicos a su embajada en Nueva York durante la recta final del proceso independentista. Su objetivo era que Estados Unidos respaldara o al menos tolerara su plan de ruptura con el resto de España. El dinero fue empleado para pagar las nóminas de los trabajadores de la delegación y el alquiler de sus oficinas, pero también para regalar comidas, invitaciones a eventos y otros detalles a influyentes políticos locales. Solo entre junio y noviembre de 2017, los responsables del 'lobby' del Govern se reunieron hasta en 34 ocasiones con asesores de 27 congresistas y senadores federales distintos. En uno de los casos, lograron sentarse directamente con un miembro de la Cámara de Representantes, el republicano Francis Rooney, uno de los apoyos más sólidos que tiene Donald Trump dentro de su partido.

Los gastos de la embajada de la Generalitat, a los que ha tenido acceso este diario, figuran en la declaración correspondiente al semestre que va de junio a noviembre del pasado año presentada por la propia entidad al FARA (Foreign Agents Registration Act), un registro obligatorio de las labores de 'lobby' que desarrollan las instituciones extranjeras en territorio estadounidense.

Según consta en la documentación, la primera transferencia con dinero de los presupuestos catalanes llegó a la embajada del Govern en Nueva York el 2 de junio y ascendió a 184.976 euros (222.302 dólares). La segunda se produjo el 12 de julio y sumó otros 187.576 euros (225.421 dólares). La tercera se formalizó el 9 de agosto y aportó 254.726 euros (306.130 dólares). Y la cuarta y última se efectuó el 11 de noviembre, a pesar de que entonces ya habían transcurrido dos semanas desde que el Gobierno de Mariano Rajoy había ordenado el cierre del 'lobby' en Estados Unidos y de las otras 10 embajadas que tenía abiertas la Generalitat en todo el mundo. El Govern de Junts pel Sí sorteó el bloqueo para enviar otros 196.348 euros (236.006 dólares) al otro lado del Atlántico.

Los movimientos revelan que Puigdemont disparó la dotación económica de su 'lobby' en Nueva York durante las semanas decisivas del 'procés' para intentar que políticos estadounidenses expresaran su apoyo al referéndum ilegal del 1-O y a la posterior declaración unilateral de independencia (DUI). No logró su objetivo, pero el dinero salió igualmente de los presupuestos de la comunidad. Los 823.950 euros (989.850 dólares) gastados por la embajada solo entre junio y noviembre de este año superan lo que desembolsó a lo largo de todo 2016 (657.804 euros, 790.239 dólares) y suponen la mitad de lo que inyectó desde 2014 —año de registro en el FARA— hasta junio de 2017 (1,7 millones de euros, 2.032.015 dólares).

El 'lobby' del Govern asegura haber gastado entre junio y noviembre, en su labor para tratar de lograr el respaldo de los políticos locales al proceso independentista, un total de 907 euros en entradas a espectáculos y otros eventos, 903 euros en pagar comidas, 2.372 euros en facturas de teléfono, 2.614 euros en viajes por territorio estadounidense y 19.422 euros en desplazamientos a Barcelona. Además, habría dedicado al pago de salarios 90.694 euros. El director de la embajada, Andrew Davis, cobraba 131.214 dólares al año, 109.217 euros al cambio actual. Por su parte, el número dos de la oficina, Xavier Vila, tenía un contrato de 70.000 dólares anuales, 58.265 euros. Según consta en esta última declaración, la aplicación del artículo 155 provocó que Davis tuviera que dejar su puesto el 28 de octubre y que Vila hiciera lo propio el 30 de noviembre.

Hasta entonces, ambos hicieron un enorme esfuerzo para tratar de ganarse las simpatías de congresistas y senadores federales. Aunque pusieron el foco en todo el espectro político, la lista de los encuentros que mantuvieron en esos seis últimos meses indica que su prioridad fue tratar de influir en dirigentes del Partido Republicano, algunos especialmente próximos a Donald Trump. Promovieron hasta 34 reuniones en ese periodo con asesores de 27 políticos cargos electos diferentes. La mayoría de citas se concentró en los días previos a la consulta del 1-O y se extendieron hasta el mismo día de la proclamación de la DUI, el 27 de octubre.

Destaca una reunión desvelada ahora de Vila con el congresista republicano por el Estado de Florida, Francis Rooney, gran aliado del presidente de Estados Unidos. Pero los responsables del 'lobby' también se entrevistaron con asesores y jefes de gabinete de otros ilustres miembros de ese partido, como los congresistas Tom Marino, Dana Rohrabacher, Kevin Yoder, Carlos Curbelo, Tom MacArthur, Ted Poe, Jeff Duncan o Jim Sensebrenner; y los senadores James Risch, Marco Rubio y Rob Portman. Las reuniones y el dinero público invertido no sirvieron para mucho. Ninguno de estos dirigentes ni tampoco el propio Trump han expresado algún tipo de simpatía hacia el proceso secesionista.

Nuevo acto vandálico contra la sede de 'Crónica Global'
El ataque a la redacción de Barcelona es el tercer episodio de intimidación contra el medio digital en tres meses
 cronicaglobal 4 Enero 2018

Tercer ataque contra Crónica Global en tres meses. La sede de la redacción de Barcelona del medio digital ha amanecido hoy jueves, 4 de enero, con pintadas que rezaban "peste" y "stop ley mordaza" en su fachada.

El acto vandálico es el tercero que sufre la cabecera editada en Barcelona en apenas tres meses. El primer acto de intimidación tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, víspera del referéndum ilegal de secesión celebrado en Cataluña del 1 de octubre.

Independentistas vinculados a Endavant, una facción de la CUP, pegaron carteles y rociaron con espray la cristalera del medio, dejando pintadas proconsulta.

Ataque al bufete colaborador
Dos meses después, en diciembre, los radicales apuntaron a CHR Legal, el despacho jurídico colaborador de Crónica Global.

En esta ocasión pintaron una estelada o bandera independentista, también con espray, en la cristalera de la sede del bufete con sede en Barcelona.

Carteles
Hoy jueves, individuos desconocidos han escrito con un aerosol negro las expresiones "peste" y "stop ley mordaza" en la fachada de la redacción, situada en la calle Casp de la Ciudad Condal.

Los radicales han respetado esta vez la cristalera de la sede del medio, que ha visto en otras ocasiones como Arran, brazo juvenil de la CUP, pegaba carteles sobre los vidrios que permiten conocer las informaciones que divulga el medio.

Se da la circunstancia de que en ninguna de las ocasiones en las que se han producido los ataques el Colegio de Periodistas de Cataluña se ha pronunciado en contra ni ha mostrado su solidaridad con el medio, como si ha sucedido con otras cabeceras.
 


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