AGLI Recortes de Prensa   Lunes 8  Enero 2018

El virus nacionalista amenaza la estabilidad de la Unión Europea
El precedente de Cataluña podría contagiarse a innumerables regiones
Enrique Serbeto ABC 8 Enero 2018

Córcega, Bretaña, Padania, Flandes, Escocia o hasta Baviera. Pocos países europeos se libran del virus del nacionalismo regionalista y probablemente incluso en estos no se puede excluir que acaben sufriendo algún tipo de contagio. La Unión Europea contempló con mucha inquietud el referéndum sobre la independencia de Escocia en 2014 con la esperanza de que podría servir para poner fin al debate de lo que el Rey Alberto II de Bélgica definió como «subnacionalismo». Pero ha sido al revés.

Después de Escocia se ha producido la ruptura de todo el Reino Unido con la UE y a la efervescencia independentista en Cataluña están siguiendo movimientos en Córcega, donde los nacionalistas han tomado el poder en las elecciones locales, o la región de Bretaña, lugares donde se creía que el centralismo francés lo haría imposible. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya advirtió en un discurso ante universitarios luxemburgueses las consecuencias catastróficas de esta evolución. «Si Cataluña se independiza, otros harían lo mismo. Y no quiero una UE de 98 Estados».

Hasta el belga Michael R Lupant, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Vexilológicas (FIAV), ha resaltado el incremento del uso de banderas con base más o menos histórica para representar el creciente número de movimientos nacionalistas que intentan fomentar en el seno de la Europa democrática lo que Benedict Anderson, uno de los grandes estudiosos del nacionalismo, define como «comunidades políticas imaginarias».

De alguna manera, la Unión Europea se creó con la idea de superar a los estados-nación y es posible que esa tendencia los haya debilitado hasta el punto de que ello haya favorecido la profusión de movimientos regionalistas.

Romain Pasquier, miembro del CNRS francés considera que la situación es especialmente visible en Francia, que es el modelo de Estado jacobino, centralista y monolíngüe. «En Córcega, los autonomistas han logrado éxitos espectaculares en los últimos años: gobiernan la región, la ciudad de Bastia y tienen tres diputados en la Asamblea Nacional, de cuatro posibles.

En Alsacia, también, los autonomistas están creciendo fuertemente. Los ciudadanos se quejan de no haber sido respetados en la reforma territorial».Para algunos, el fin de la violencia por parte de los nacionalismos más emblemáticos (en Irlanda del Norte, el Pais Vasco español o incluso en Córcega) habría servido para proporcionar una pátina de legitimidad a los nacionalismos con los que los terroristas comparten objetivos.

Pérdida de legitimidad
No todos los movimientos regionalistas se deben a cuestiones étnico-lingüísticas. En el norte de Italia, por ejemplo, se trata sobre todo de una reivindicación económica de las zonas más ricas para limitar su grado de cooperación fiscal con las del sur. En otros lugares, como en las provincias de Rumanía pobladas por húngaros, puede llegar a haber incluso reivindicaciones territoriales.

Para Frank Tétart, del Instituto Francés de Geopolítica, la situación tiene mucho que ver con la pérdida de legitimidad de los propios Estados. «Los movimientos separatistas que surgen dentro de la Unión Europea, ya sea en Cataluña, Flandes, Escocia, el norte de Italia, el País Vasco español o en Córcega son distintos del regionalismo y pueden definirse como nacionalismos regionales.

No solo porque su demanda de autonomía cuestiona a veces la legitimidad de los Estados de los que dependen, como lo demuestra por ejemplo las dificultades de las instituciones belgas para responder al deseo de una creciente autonomía exigida por los flamencos, sino también porque la referencia de su reclamaciones es la del estado-nación.

Es decir que lo que hacen es poner sobre la mesa la posible fragmentación del espacio político europeo».Frente a ello su pronóstico es que lo que está en juego es «el riesgo de dilución y disolución de los antiguos estados europeos, en beneficio de la sustitución de las entidades estatales por otras con limitada viabilidad económica y que serían fuente de inestabilidad».


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Ineficiente Estado de las Autonomías

Pablo Mosquera  latribunadelpaisvasco.com 8 Enero 2018

¿Cómo aún no se han dado cuenta?. Hay tres problemas básicos a estas alturas del siglo XXI. España tiene un Estado ineficiente. España arrastra una deuda brutal que obliga a una política fiscal confiscatoria. España mantiene un sistema electoral vergonzoso.

Prometo dedicarle otra reflexión a la "fórmula" partitocrática de elegir y representar la voluntad popular. Prometo dedicarle otra reflexión a esa injusta y desincentivadora manera de generar ingresos a inventario del endeudamiento.

Lo que en 1978 fue una fórmula de encuentro entre Territorios Históricos (¿?) y resto de España, con aquella manera de dar "café con leche para todos", hoy es un lastre insostenible. El conjunto, municipios, diputaciones, comunidades, cabildos, administración central, representa el más claro ejemplo para enseñar en cualquier escuela de dirección empresarial sobre lo que se entiende por ineficiencia.

Un gasto de personal creciente que provoca una política clientelar consistente en emplear a futuros votantes del que manda. Una manera de duplicar funciones, o ejercer la perversa tentación de capacidad que lleva a ejemplos como las embajadas de cada "nuevo reino de taifas". Un desequilibrio insoportable entre salarios de uno a otro fragmento de Estado. Un ciudadano atendido con desigualdad, según el territorio en el que habita. Un gasto que no soporta las más elementales fórmulas auditoras que se usan en la empresa privada, dónde hay que dar cuentas anuales en el consejo de gobierno y accionistas.

No sólo seguiremos sin enmienda en 2018, es que la borrasca puede ser perfecta. El Cupo vasco; las presuntas deudas de y con Cataluña; la atención a la insularidad canaria para lograr el apoyo de sus Diputados a los presupuestos generales del Estado.

La crisis protagonizada por el nacionalismo catalán no sólo se ha resuelto tarde y mal, es que ni siquiera ha servido para hacer balance de los múltiples errores cometidos en el diseño, mantenimiento, crecimiento e instalación de los vicios para un Estado asimétrico, que derrocha en casi todos los capítulos presupuestarios, con una deuda a pagar por varias generaciones, y con un modelo laboral incapaz de promover ingresos fiscales o sociales, más allá de una política de corto recorrido a base de ahogar a las clases medias que son la inmensa mayoría del tejido social de la nación. Por cierto, no me puedo contener. ¿Cuál es el motivo para perseguir el presunto fraude de autónomos, pequeños ahorradores e inversores, mientras se trata de usía a los que han construido su imperio económico aprovechando la coyuntura de la crisis y las nuevas ingenierías fiscales?

Tengo que reconocer, pues conozco el lugar, que Navarra y Euskadi, tienen una buena relación entre coste y eficacia, y que ya nos gustaría a los demás ciudadanos españoles disponer de sus recursos por habitante, pero también de unos administradores como los que desde hace años han cambiado el panorama económico, social y laboral en tales territorios del norte peninsular. Lo que no es óbice para que a estas alturas de vigencia Constitucional (Constitución y Estatutos) nos sintamos injustamente y comparativamente maltratados en el auténtico norte, mi histórica Galicia. Aún recuerdo mi etapa en el Parlamento vasco, cuando presupuesto tras presupuesto de las instituciones comunes, comprobaba el magnífico trato que se dispensaba al sector primario vasco, mientras en mi Galicia natal, la miseria, la desertización, la dispersión y la emigración, eran la constante para los seis mil kilómetros de costa, desde el Miño hasta el Eo, o cómo vivían lucenses y ourensanos de la Galicia profunda.

Pero volvamos al núcleo de la cuestión. ¿Cómo es posible haber recortado plantillas en sanidad y educación, mientras crecían las plantillas de paniaguados en ayuntamientos, diputaciones y autonomías?. ¿Dónde se han quedado los propósitos de simplificación -ventanilla única- en la relación entre administración y ciudadano?. ¿Para qué sirve el Senado, amén de votar a favor de la aplicación del 155-este año pasado sólo con tal esfuerzo, ya se ganaron la soldada-?

¿Qué causa justifica la ingente cantidad de televisiones públicas autonómicas?. ¿Cuál es el grado de eficacia de las policías locales y autonómicas, en comparación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?. ¿Son de fiar, amén de cobrar mucho más que nuestros queridos beneméritos guardias civiles?

¿Cómo se ha permitido la creación de organismos de toda índole para enchufar con sueldos de máximo nivel, que luego quedan consolidados, a todos los que forman parte de aparatos fontaneros de los partidos políticos?. Lo de Cataluña es grave. Pero no menos grave que en otras comunidades en las que se han creado mastodónticas administraciones, con la particularidad de su opacidad, de tal desgracia que, una cosa son los presupuestos aprobados y otra bien distinta, los presupuestos ejecutados. Y es que sigue vigente la anécdota de Romanones. "Ustedes hagan las leyes, pero yo haré los reglamentos".

Este país está pidiendo a gritos del contribuyente, algo similar a lo que hizo Don Manuel Azaña. Reformas y regeneración. La reforma de la administración es como aquella Ley de Azaña con el ejército. Requiere adelgazar, modernizar, sustituir a vagos emboscados, sumar espacios para eliminar "michelines", reflexionar sobre el reparto competencial y controlar la inmensa capacidad de fomento que ejercen con espíritu clientelar todas las administraciones públicas. Necesitamos gobernantes cultos, decentes y valientes, para salvar al Estado de la bancarrota.

La peor pesadilla del separatismo
EDITORIAL Libertad Digital 8 Enero 2018

La apuesta de Tabarnia es por más España y más libertad, por las sociedades abiertas que repudian a los golpistas y a los miserables que hasta utilizan las cabalgatas de Reyes para hacer apología de los peores delitos y de quienes los perpetran.

La emergencia de Tabarnia en la zona más poblada, próspera y dinámica de Cataluña, naturalmente comandada por Barcelona, ha puesto en ridículo y de los nervios a los separatistas catalanes. Y es que Tabarnia, que ya ha dado el salto a los medios de comunicación internacionales, pone a ese hatajo de liberticidas frente al espejo de sus manipulaciones y mentiras. Patéticos, estupefactos, están siendo zaheridos con la misma clase de argumentos que vienen utilizando para justificar su deseo de romper España y dinamitar Cataluña.

Jugando con el fuego de las secesiones, los separatistas anticatalanes que tienen actualmente por referentes a sujetos como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Gabriel Rufián se podrían encontrar con una Cataluña liliputizada sin Tabarnia y otros territorios similares (piénsese, por ejemplo, en el Valle de Arán, o en algún próspero enclave de Lérida y Gerona), brutalmente empobrecida cultural, social y demográfica y por supuesto económicamente, sin capacidad de financiarse ni de pagar a sus pensionistas. Y es que resulta que la Cataluña profunda de la que se alimenta el separatismo es ultradependiente de la actividad económica y de todo tipo que genera Tabarnia. Como para que Rufián y demás paniaguados que no han dado un palo en su vida se queden de pronto sin chistes sobre el PER.

Tabarnia se ha convertido en la peor pesadilla del separatismo. La movilización creciente de los catalanes que se niegan a seguir sometidos a los dictados de una banda de liberticidas dispuestos incluso a perpetrar golpes de Estado y prostituir las propias instituciones catalanas ha encontrado en la iniciativa tabarnesa una herramienta extraordinaria.

En el peligrosísimo juego de las independencias, Tabarnia también quiere independizarse, pero de los que están devastando Cataluña. La apuesta de Tabarnia es por más España y más libertad, por las sociedades abiertas que repudian a los golpistas y a los miserables que hasta utilizan las cabalgatas de Reyes para hacer apología de los peores delitos y de quienes los perpetran. ¿Cómo no van a estar los ridiculizados separatistas cada vez más asustados?

Puigdemont está muerto
José García Domínguez Libertad Digital 8 Enero 2018

Decía Mao que todo lo que un buen comunista debe saber es que el poder nace de los fusiles. En el caso de los comunistas eso era verdad. Pero lo que todo buen nacionalista catalán contemporáneo comprende ya desde la cuna misma es que el poder brota única y exclusivamente del manejo, y de un modo cuanto más nepotista, clientelar y arbitrario mejor, del erario público. De ahí que Puigdemont, un hiperventilado don nadie de Geronaelecto in extremis por atrabiliaria imposición de los sans-culottes de la CUP, el figurante de reparto que todos suponían llamado a ejercer de simple ayuda de cámara del gran Artur Mas, se hiciera con el control absoluto del partido de los tenderos en poco menos de un año. El don nadie resulta que manejaba cada fin de mes los fondos de una Administración con hechuras de Estado informal que abona más de 200.000 nóminas repartidas en 14 pagas a sus probos servidores. Y el Poder, con mayúscula, resulta que es eso. Quien mejor sabe a estas horas que bajo ningún concepto puede permitirse el lujo de tolerar que se designe a otro como presidente de la Generalitat es precisamente el don nadie cesante. No obstante, no le quedará más remedio que hacerlo.

Pese a sus innúmeras argucias de campesino astuto, Puigdemont comprende bien que su única posibilidad real a estas horas de sobrevivir como figura política pasa por convertirse en un problema crónico de Estado para España. Y esa imperiosa necesidad tan suya, la de devenir piedra estructural en el zapato de la gobernanza, solo se podría consumar de dos modos. O impidiendo de entrada que se constituya el nuevo Parlament por falta del quórum legal inexcusable, lo que forzaría una nueva repetición de las elecciones. O provocando que la mayoría separatista del Hemiciclo viole (otra vez) de forma expresa y obscena el reglamento para así lograr que el Papa Luna de Bruselas sea ilegalmente proclamado presidente. De optar por la primera vía, algo que al parecer aún no está descartado, simplemente resultaría imposible que siquiera se llegase a constituir la nueva Mesa del Parlament, pues no se cumpliría la exigencia legal de que estuviese presente en la sesión la mayoría absoluta de sus miembros. Recuérdese que los separatistas disponen de 70 escaños sobre un total de 135. En consecuencia, si ellos no comparecieran, no habría sesión.

De optar por la segunda, ergo por desoír y desafiar de nuevo al Tribunal Constitucional, el presidente del Parlament, que esta vez no se apellidará Forcadell, podría terminar con sus huesos en la cárcel tras una ulterior sentencia por desacato. Y mientras tanto, el 155 volvería por sus fueros. Sea como fuere, decantándose por la una o por la otra, plegarse de grado al desvarío solipsista de Puigdemont significaría un suicidio anunciado para la comunión catalanista. Porque esa tropa no es nada sin el presupuesto. Y lo saben. Así que marearán la perdiz del orgullo herido hasta el último segundo del último minuto. Y cuando la luz roja de los plazos reglamentarios se encienda amenazadora, el Payés Errante designará magnánimo a un presunto (o presunta, mejor) testaferro. Como Mas, el otro gallito de corral, hiciera con él mismo en similar trance. Ya se sabe, a la fuerza ahorcan. Y la historia, testaruda, se volverá a repetir. El testaferro (o mejor, la testaferra) querrá volar solo. Y lo hará. Claro que lo hará. Puigdemont, ¡ay!, ya huele a juguete roto. Sic transit.

Lecciones del quinquenio independentista catalán
Xavier Salvador cronicaglobal 8 Enero 2018

Tenemos ante las narices un panorama político desolador --por inconcreto, abierto y lubricado para la sorpresa--. Las elecciones del 21D no han resuelto el problema de fondo y la sociedad catalana camina tan lenta como inexorablemente al empobrecimiento. Esos son hechos ya incuestionables. Los cinco años transcurridos desde que Artur Mas arrancó en 2012 con la presión soberanista, en forma de la llamada hoja de ruta del procés, nos dejan enseñanzas suficientes para hacer una lectura posibilista de los desgraciados acontecimientos vividos y preventiva a futuro.

El PP del diletante Mariano Rajoy ha conseguido interiorizar que el problema político de la estructura territorial no es asunto baladí. El silencio o la actitud estaférmica, que tan buen resultado ofreció ante la eventual intervención de la economía española en plena crisis, ha sido insuficiente e, incluso, ha exacerbado los ánimos de aquellos ciudadanos españoles que viven instalados en posición de permanente rebeldía, tanto da si con posturas secesionistas en Cataluña o de confrontación populista con el propio sistema para el resto de España. Perder las elecciones a la derecha nacional en territorio catalán ya no se compensará como vasos comunicantes más allá del Ebro con resultados positivos. La amenaza creciente de Cs sobre el PP es una de las constataciones de la encuesta publicada ayer por El Español y la mayor amenaza que enfrenta sobre su desalojo del poder político español en breve.

Las posiciones ambiguas, por más razonadas o equidistantes que se pretendan, no tienen cabida en el marketing político actual. Le ha pasado a Podemos y sus filiales territoriales con el asunto de la independencia, pero en parte ha sido una de las desconfianzas que ha truncado las posibilidades electorales del proyecto transversal del PSC? en Cataluña. Los claroscuros, la gama de grises, los espacios intermedios y las posiciones tibias han quedado sepultadas en aras de la claridad de los posicionamientos y, en parte, de su radicalidad expositiva.

El quinquenio de sainete soberanista ha aflorado la Cataluña dual que convivió durante décadas entre renuncias y resignaciones. La cantidad de ciudadanos que han abandonado sus respectivos armarios ideológicos es estratosférica y pocos quedan que no se hayan pronunciado con claridad sobre el tipo de comunidad a la que aspiran, o únicamente catalana o la tierra mestiza e integradora que durante siglos ha sido su definición principal. José Álvarez Junco lo analizaba ayer en El País, en clave del análisis tradicional del eje izquierda-derecha: "En esta era de globalización imparable, cuando se resquebraja la noción de soberanía absoluta, desaparecen fronteras y monedas y cualquier problema serio se plantea en términos transnacionales, los enemigos de la unidad europea, única utopía viva que aspira a superar el Estado-nación, son las derechas nacionalistas, defensoras de las viejas identidades soberanas. La izquierda española, caso raro, las acompaña en las trincheras de los excepcionalismos y las mitologías autorreferenciales. Lo cual rompe con su internacionalismo de raíz ilustrada. Y no es coherente con La internacional, ese himno que sigue aún cantando en sus mítines y manifestaciones y que clama por la unidad del género humano para su emancipación final".

La clerecía catalana que ha cantado las excelencias del independentismo gracias a los recursos económicos de todos, esa a la que el profesor Benito Arruñada considera responsable de dividir a la histórica burguesía catalana, ha quedado señalada por el procés y difícilmente podrá mantener en el futuro próximo el mismo nivel de actividad en cualquier época posterior. Tanto da que sean empresarios y productores de comunicación, como Jaume Roures, Toni Soler, los Carulla, Oriol Soler..., que profesores y académicos como Agustí Colomines, Joan B. Culla, Joan Queralt..., empresarios como los dueños de Bon Preu-Esclat, las pequeñas patronales de micro y pequeñas empresas, como los profesionales independientes que han hecho del nuevo discurso nacionalista un modus vivendi en el cual el generoso reparto institucional de los recursos de todos ha sido la fuente única de financiación. Se han quemado en este quinquenio, aunque hayan sido bien retribuidos.

Como se antoja difícil que en muchos años los catalanes lleguemos a contarnos de nuevo con tal nivel de participación electoral como la registrada el 21D, los 2,3 millones de ciudadanos que no optaron por propuestas secesionistas son más que los 2,1 millones que sí lo hicieron. La ley electoral favorece determinados territorios y genera un agravio respecto al valor del voto, pero ese era el marco de juego en el que se desarrolló la votación y mientras permanezca así serán los independentistas quienes tengan más facilidades para alcanzar mayorías de gobierno si siguen renunciando como prioridades políticas al resto de cuestiones diferentes a la archisantificada cuestión nacional. De ser así muestran con diáfana claridad cuál es el acento que más les importa colocar en su peculiar interpretación de la sociedad que dicen servir.

Existe en Cataluña una masa social que, sin ser la mayoritaria, sí que dispone de una gran presencia e implantación en determinadas zonas del territorio. Son fundamentalistas de la fe nacionalista y tienen escasa predisposición al diálogo entendido como se conoció antaño (renuncia, transacción y peix al cove). El quinquenio les ha llevado a pensar que sus planteamientos máximos pueden obtenerse con tenacidad y constancia, aunque para ello sea necesario saltar las barreras legales y democráticas establecidas. Esa franja de población no depondrá sus intenciones, seguirá estimulándolas y trabajando para la ampliación de la base social que las apoya. Sólo una política más fundamentada en la finezza que en el as de bastos permitirá que se entretengan un tiempo largo y se dediquen a seguir la evolución del Barça en la Liga o en la Champions.

Las leyes están para cumplirse, sin excepciones. No hacerlo tiene consecuencias y por más que se empeñen en presentar a los electos huidos y a los electos apresados como una irregularidad del sistema, su existencia y sus circunstancias son la mayor y más clara muestra de la normalidad y supervivencia de un sistema democrático. Todo lo demás es poesía soberanista inservible para la política.

Hay dos Cataluñas. Claras, diáfanas, divisibles y hasta mesurables. El divertimento de Tabarnia? muestra a las claras que la comunidad metropolitana de la Gran Barcelona, urbana y más progresista a lo largo de la historia y en el comportamiento de su ciudadanía, está comóda en el marco español, mientras que el resto, la Tractolandia, como se la ha bautizado en las redes sociales, muestra un entorno más rural, conservador, hispanofóbico, de raíz carlista, y claramente volcado al secesionismo. Coinciden, curiosamente, con la Cataluña rica, la española, y la más pobre, la que podríamos denominar la Cataluña catalana.

En las próximas semanas podremos comprobar si el independentismo, acuciado como está por sus propios problemas nominales, es capaz de bajar el diapasón y tomar nota de algunas de las lecciones emanadas de los últimos cinco años de locura política. Si así fuera podrían, disponerse a gobernar de manera tranquila, tranquilizar a sus estómagos agradecidos y dependientes y obtener alguna gracia del Estado. ¿Qué? Sea mediante una nueva financiación autonómica o el inicio de algún proceso de reforma constitucional de rango menor, cualquier cesión controlada permitiría calmar las reivindicaciones, todavía calientes y con las heridas sin cicatrizar, y esperar a otra generación para su siguiente envite.

Porque, no lo olvidemos, una de las principales lecciones que debemos extraer del quinquenio independentista es que sus promotores no se amilanarán en el futuro próximo por más Unión Europea que se construya, por más globalización que se extienda por el planeta y por más límites internos que se impongan. Es algo que quienes no conviven en este territorio han demostrado comprender con alguna dificultad en los últimos tiempos. Cuando la ideología vive tan próxima a la actitud de creencia religiosa del nacionalismo catalán, lo que sucede es que se adapta y confunde con el terreno y el sentimiento se adecúa a los tiempos para sobrevivir entre generaciones. Y, periódicamente, quiere evangelizar y convertir a su religión de nuevo. Vamos, que los púlpitos han cambiado y resulta ya más peligroso Oriol Junqueras sin necesidad de enfundarse una casulla o portar un báculo (pese a lo bien que le sentaría) que el obispo de Solsona o el arzobispo de Tarragona.

La deriva nacionalista del PSOE en Baleares
EDITORIAL El Mundo 8 Enero 2018

El Gobierno de Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol en coalición con los ecosoberanistas de Més, acredita la deriva soberanista del PSOE en un territorio marcado por el influjo del pancatalanismo independentista. La dependencia de Armengol del nacionalismo de las Islas le ha llevado a implantar los canales de televisión de Cataluña, a abrazar una reforma constitucional que reconozca "la pluralidad cultural de Baleares" y a aplicar un modelo lingüístico que prima el catalán sobre el castellano, si bien la educación en catalán se remonta a un decreto del popularJaume Matas en 1997.

El sesgo identitario en las políticas públicas -emulando a la Generalitat de Cataluña- está copando el conjunto de las instituciones dependientes del Ejecutivo balear. Armengol fue una de las pocas dirigentes territoriales que apoyó a Pedro Sánchez en el regreso de éste a la Secretaría General del PSOE. Ahora, en cambio, ambos se han distanciado tras el respaldo socialista a la aplicación del artículo 155. En todo caso, la deriva nacionalista de los socialistas de Baleares refleja la incapacidad de Ferraz, más allá de la pregonada e inconcreta reforma federal de la Constitución, para tejer un proyecto nítido y coherente para el conjunto de España.
 
Elecciones contra el aburrimiento
Pedro de Tena Libertad Digital 8 Enero 2018

No somos vasallos sino ciudadanos de a pie y en pie y vamos a terminar con este aburrimiento insoportable.

Menos mal que los Reyes Magos siguen ganado su peculiar batalla contra los invasores del Norte de diversos nombres y los embozados del solsticio de invierno. Es, con la erección de Tabarnia, lo único que nos ha aliviado de este mal del aburrimiento que asola a los españoles. Hemos constatado que los Magos de Oriente son los únicos capaces de alimentar la ilusión en los corazones de niños y mayores desde que nacemos hasta que morimos, sea con muchos o pocos posibles. Es una de las cosas que el socialismo ha hecho bien en Andalucía: no meterse ni con la Navidad, ni con los Reyes ni con la virgen ni con las cofradías ni con tradiciones en general. Hasta querían seguir tirando pavas desde la torre de Cazalilla, la patria chica del pretoriano Zarrías que mañana vuelve a la silla de los acusados del caso ERE junto con los 21 coprocesados. Hasta el Kichi se da cuenta del peligro. No, Carmena no.

Aburrimiento es una palabra interesante porque, aunque ha concretado su significado en el cansancio ante lo mismo, en el no tener ganas de nada, en el fastidio de vivir siempre las consecuencias de un Día de la Marmota de despertares y dinosaurios que allí siguen, en origen significaba otra cosa. Aburrirse procede –Corominas y Pascual dixerunt- de ab horrêre y horrêre significaba "erizarse" (el pelo, de miedo, de horror). O sea, que aburrirse tiene que ver con aborrecer, con sentir aversión a algo. Sí, los españoles estamos aburridos en todos los sentidos. Aborrecemos el que una y otra vez se ponga en cuestión la nación española y sentimos aversión por quienes, con sus chalaneos, enjuagues, indecencias, recovecos legales varios y subterfugios politiqueros impiden que salgamos de una vez de ese bucle melancólico que nos tritura lanzándonos una y otra vez desde la Constitución al siglo XIX y a la guerra civil y vuelta. Unos por activa y otros por pasiva, pero ahí están cuando nos despertamos todos los días.

Por eso nos hacen falta elecciones; no para salir del paso, sino para salir del caso, de este caso casi incurable que es España de una puñetera vez. Las personas sensatas, que son la mayoría de los ciudadanos, saben que hay que terminar con algunas cuantas cosas que ya han demostrado que no funcionan y poner en marcha otras nuevas que necesitamos para que finalmente esta España nuestra se reencuentre, se quiera sin complejos y se sienta orgullosa de ser lo que es y puede ser. Por eso hacen falta elecciones, unas elecciones que se tomen en serio, a nivel estatal, autonómico y municipal, la necesaria reforma de la vida nacional. Podemos combinar muy bien la libertad con la justicia, pero debemos corregir un rumbo que casi nos hace descarrilar. Menos políticos, menos chiringuitos regionales, menos adoctrinamientos, menos impuestos y más sociedad civil, más información veraz, más solidaridad real, más educación de calidad y más ciudadanos.

No es todo, pero todo va en la ola que viene desde el fondo sentimental de muchísimos españoles y que va a crecer en los próximos meses y años. El que sepa traducir este movimiento en un programa político va a terminar con los restos de quienes han tenido en sus manos las llaves de los cambios y no tuvieron el coraje de hacerlos. El pesimismo servil de "qué buen vasallo si oviesse buen señor" se ha acabado. No somos vasallos sino ciudadanos de a pie y en pie y vamos a terminar con este aburrimiento insoportable. Elecciones ya para cambiar de una vez la tradición malsana de maltratarnos sin misericordia, que esa sí es una tradición indeseable.

Silencios y silenciados
Carlos Rivadulla cronicaglobal 8 Enero 2018

"Os merecéis perder las elecciones por cobardes", con estas palabras me expresaba su frustración el corresponsal de un prestigioso medio de comunicación internacional por no encontrar un empresario que hubiera deslocalizado su empresa fuera de Cataluña dispuesto a hablar con él.

Durante los agitados meses de septiembre de 2017 hasta el famoso 21D, en Empresaris de Catalunya hemos participado, literalmente, en más de 300 intervenciones en medios de comunicación nacionales e internacionales para explicar la situación económica y empresarial en Cataluña provocada por el procés separatista. Esa es y ha sido nuestra misión desde que en octubre de 2014 nos constituimos como asociación para agrupar y dar voz a todos aquellos empresarios y profesionales a favor de la convivencia, la colaboración y la unidad de mercado con el resto de España. Es nuestro trabajo y así lo hemos aceptado siempre.

Pero más allá de nuestras intervenciones, siempre ha sido difícil encontrar a otros empresarios que estuvieran dispuestos a pronunciarse públicamente en contra del procés. Y si bien es cierto que desde octubre del pasado año algunos de nuestros asociados decidieron romper el silencio y aceptar salir en los medios, la gran mayoría de empresarios se han mostrado evasivos. Recuerdo el caso de un conocido al que le propuse hacer unas declaraciones off the record (sin mención de nombre personal ni de su empresa) para un medio japonés sobre por qué había deslocalizado su empresa fuera de Cataluña y cómo rechazó tal propuesta alegando que "nunca se sabe" y que "se podrían enterar". ¿Enterarse, quién? Y hete aquí el problema. El silencio y los silenciados. Sí, mucho se ha escrito ya sobre la espiral de silencio impuesta en Cataluña desde el pujolismo mediante su perverso plan Catalunya 2000 para convertirnos a todos al credo nacionalista o, por lo menos, para no oponernos a él. Calladitos estábamos mejor. Y sí, mucho se ha escrito también sobre cómo desde las instituciones del Estado se ha compadreado con el nacionalismo en Cataluña, permitiéndoles imponernos el silencio.

Siempre ha sido difícil encontrar a empresarios que estuvieran dispuestos a pronunciarse públicamente en contra del procés

Hasta tal punto que, en descargo de los empresarios, en Cataluña ha dominado la sensación de que el nacionalismo tenía libertad de actuación por parte del Estado y que, por lo tanto, estaba todo decidido, estábamos vendidos. Sí, el Estado no siempre ha estado presente, ni mucho menos se ha impuesto cuando debía haberlo hecho. Con la reciente excepción de la aplicación del artículo 155.

Afirmaba Jordi Cañas en el documental Disidentes (Fran Jurado, 2016) que la situación había cambiado, que ahora estábamos mejor que nunca ya que los no nacionalistas habíamos empezado a alzar la voz y a no aceptar más el silencio. Cierto, y el fenómeno Tabarnia o la existencia misma de Societat Civil Catalana, D'Espanya i Catalans, CLAC, Concordia Cívica o Empresaris de Catalunya, entre otras asociaciones, son un buen ejemplo. Pero no suficiente, todavía queda mucho trabajo por hacer, principalmente en la clase empresarial.

Uno puede entender que a ningún empresario le resulte cómodo ni conveniente pronunciarse sobre o en contra del poder político. Aunque de alguna forma ya se haga directa o indirectamente (a través de sus asociaciones y patronales) cuando se trata, por ejemplo, de debatir reformas laborales o fiscales.

Pero lo que se ha vivido y se está viviendo en Cataluña desde el inicio del procés se escapa del debate político ordinario. La gravedad e injusticia del pulso separatista demandaba una mayor claridad y contundencia por parte de la clase empresarial catalana sobre los graves perjuicios que ya se estaban provocando a la economía catalana, a sus empresas y a sus trabajadores.

La tan manida responsabilidad social corporativa (RSC) no puede limitarse a un mensaje vacuo o a una mera declaración de intenciones y bonhomía, a modo estrategia de comunicación y marketing social. La responsabilidad exige acción, determinación y denuncia cuando la situación lo requiera. Y el procés lo requería, y mucho.

La gravedad del pulso separatista demandaba una mayor claridad y contundencia por parte de la clase empresarial catalana sobre los graves perjuicios que ya se estaban provocando

Llámenme soñador, pero pienso que las empresas, ya sean catalanas o riojanas, tienen una responsabilidad social y una obligación real de contribuir de forma activa al mejoramiento social y económico de la sociedad en la que operan. En procurar que el interés general de la sociedad, empezando, por qué no, por sus accionistas, empleados y clientes se vea fortalecido y no amenazado. Y aquí, discúlpenme ustedes, muchas grandes empresas catalanas no han cumplido con esta obligación social.

Se sabe y se sabía que las pulsiones separatistas iban a producir un grave perjuicio a la confianza en la economía catalana, que la iban a ralentizar y que afectarían a la inversión, el consumo, el empleo o a la creación de empresas. Como así está ocurriendo. El coste de oportunidad está siendo incalculable (o de unos 1.000 millones de euros, según el ministro Guindos). El daño era predecible, y aun así, muchos decidieron seguir en silencio, no fuera que "el poder se enterase".

A pesar de lo ya escrito y analizado, cabe esperar que los próximos tiempos vislumbren la publicación de artículos y estudios explicando cómo una sociedad moderna y avanzada, y en concreto su clase empresarial, fue tan pasiva y temerosa del poder político ante una tragedia inminente. Porque más allá del silencio impuesto, a veces agobiante, de acuerdo, subyace la responsabilidad del silenciado de aceptarlo o no, de sucumbir o no la presión del poder político, aún a sabiendas de sus desastrosas acciones.

El peronismo catalán
GABRIEL TORTELLA El Mundo 8 Enero 2018

Para un ingenuo como quien esto escribe, que confiaba secretamente en que en las recientes elecciones catalanas iba a emerger un voto oculto que podría causar un vuelco en el reparto de poder en el Parlament de Cataluña, todo ha resultado una profunda decepción. Y ello no porque no se haya producido la emergencia del voto oculto, que sí se produjo, sino porque ha sido insuficiente para producir el ansiado vuelco. El voto oculto de Ciutadans no ha sido, ciertamente, despreciable: de unos 150.000 votos, ya que esa ha sido, aproximadamente, la diferencia entre los sufragios obtenidos por Ciutadans y los recibidos por el segundo partido, el separatista llamado Junts per Catalunya, ya que las encuestas daban empate técnico entre ambas formaciones. El problema radica en que gran parte de este voto oculto debe haberse nutrido de antiguos caladeros del Partido Popular, porque éste ha perdido, entre las elecciones de 2015 y las de ahora, una magnitud muy parecida a la ganada por Ciutadans. Por tanto este voto oculto ha sido más bien un transvase oculto, dejando a las huestes constitucionalistas en su conjunto en situación muy parecida a la que obtuvieron en 2015. Vencedores en votos, perdedores en escaños.

Y aquí viene una de las grandes lecciones de estos comicios: la claridad, la consistencia, la fidelidad a sus propios principios, le han resultado muy rentables a Ciutadans, mientras que la tibieza, la equivocidad, la indecisión y la intención de ocultar sus señas de identidad, le han pasado al PP una factura muy alta. Quizá el juego de los equívocos le haya dado resultado al PP en otras ocasiones. Yo me permito dudarlo. En todo caso, en Cataluña le ha venido dando pésimos resultados, y lo mismo puede decirse de lo que ha cosechado su ambigüedad en fechas no lejanas en el País Vasco, en Andalucía, en Baleares y en Valencia. Algo parecido se aplicaría al Partido Socialista (que ha ganado un triste escaño, muy por debajo de lo que se proponía) con ese programa consistente en nadar entre dos aguas, las constitucionales y las separatistas, con la esperanza de convertirse en puente, a ser posible, de mando. Pues ni puente, ni mando. Vana esperanza. No estaban los electores para medias tintas, ni para fórmulas absurdas como la de "nación de naciones" y demás majaderías. Más grave aún que la del PSC es la situación de En Comú Podem, que en esta campaña ha dado muestras de adolecer de la misma sequía mental que sus correligionarios de Madrid y ha perdido más de 40.000 votos y tres escaños de 11 que tenía.

Estas eran unas elecciones muy raras por muchas razones: las circunstancias de su convocatoria, incluso su fecha (día laborable) pero, sobre todo, el venir tan seguido tras la fugaz proclamación de la república y la suspensión de la autonomía por el artículo 155 de la Constitución. Quizá sin darse cuenta, Rajoy se colocó en una clara situación de inferioridad al convocarlas tan pronto después de la intervención. Si se hubiera dado tiempo para intervenir a fondo en las trapisondas de los Gobiernos separatistas hubiera podido hacer sentir al electorado catalán los beneficios de una Administración más eficaz y honrada, quizá disminuyendo algunas tasas y aliviando un tanto la presión fiscal que padece el sufrido contribuyente catalán. Hubiera dado tiempo, también, para que los delitos por los que se juzga a los responsables del fraude republicano quedaran claros y refutado el insidioso apelativo de "presos políticos". También hubiera podido ponerse coto a los abusos informativos de las cadenas televisivas dependientes de la Generalidad. Al no dar tiempo para estas cosas, y tantas otras posibles, el electorado catalán lo único que tenía presente era que Madrid y el PP habían intervenido la autonomía catalana y que había que tomar revancha.

No se contó con otro factor que yo llamaría el peronismo catalán. El general Juan D. Perón, uno de los primeros caudillos populistas, tras dominar la política argentina en los años 40 y primeros 50, fue derribado en 1955 por un golpe militar (la revolución libertadora) cuyo objetivo último era restaurar la democracia. Esto era más sencillo de decir que de hacer, porque Perón era muy popular y tenía grandes probabilidades de ganar las primeras elecciones libres. Los libertadores acudieron a toda clase de expedientes. Acabaron impidiéndole la vuelta al país e incluso prohibieron la mención de su nombre. Pero antes le acusaron de malversación y de ser homosexual (su porte y arrogancia militar siempre fueron claves para su popularidad). Demostrar que hubo corrupción en su gestión no era difícil; para acusarle de ser gay hubo que publicar fotografías, probablemente trucadas. Todo fue igual: sus incondicionales se manifestaban en masa gritando: "Puto [gay] y ladrón, queremos a Perón". Los peronistas eran adictos incondicionales.

Así son los peronistas catalanes. Apoyaban el separatismo porque Cataluña se iba a convertir en una nueva nación de Europa, donde iba a ser recibida con los brazos abiertos. La inversión iba a fluir a raudales tras la independencia y las empresas emprenderían una carrera en pelo para instalarse en la nueva Arcadia; a los turistas, por supuesto, habría que ponerles tasas especiales para que no se agolparan en las fronteras. Y así todo. Pero en cuanto los separatistas dieron los primeros pasos para la separación, ocurrió exactamente todo lo contrario de lo que habían prometido: la carrera en pelo empresarial fue para irse; el intento de secesión fue muy mal recibido por los directivos de la Unión, que repitieron por enésima vez que para ellos era primordial la integridad del territorio de los países miembros. Las inversiones extranjeras en Cataluña cayeron en picado y los turistas buscaron destinos menos conflictivos. Hasta las ventas de automóviles y vivienda cayeron. Pues a los peronistas catalanes tampoco les importaba que les hubieran mentido (ni que les hubieran robado): "Falso y ladrón, queremos a Puigdemont", parecen decir mientras escuchan arrobados sus mensajes por plasma desde Bruselas.

Mariano Rajoy y los suyos han operado desde hace años con la premisa de que el catalán era hombre de seny, pactista y apegado al dinero, al que se podía «transigir con plata», como decía Valle-Inclán. Ya va siendo hora de que se desengañen: el separatista es un peronista catalán, que se mueve por impulsos irreflexivos, condicionado por largos años de adoctrinamiento escolar y televisivo, y que a menudo se somete voluntariamente a las consignas de la ANC o del Òmnium acerca de los medios que hay que ver, leer o escuchar, y los que no. Sus líderes siempre están dispuestos a pactar que les den más dinero, porque llevan lustros quebrados, pero es un pacto desigual en que una parte paga y la otra no da ni las gracias, todo lo contrario. La monstruosa deuda del Govern justifica, o, mejor, exige, que se sometan sus cuentas a un escrutinio minucioso para que el dinero del contribuyente español deje de ser, como hasta ahora, la fuente de financiación del separatismo. Con 155 o sin 155. El que paga, manda. Si quiere.

El panorama postelectoral es desolador. Quedan algunos pequeños consuelos. En primer lugar, el éxito enorme de Ciutadans, que ya hemos comentado. Por fin un partido constitucionalista catalán ha vencido claramente en unas elecciones autonómicas, algo que no sucedía desde hace 37 años. Es una gran victoria, máxime porque es un partido nuevo, moderno, urbano, y por ello penalizado por la ley caciquil electoral vigente. En consecuencia, a pesar de su victoria, no gobernará.

Pero, eso es otro consuelo, porque los separatistas han dejado Cataluña hecha unos zorros económica y socialmente, tras años de opresión, corrupción e incompetencia. Para Ciutadans hubiera sido muy injusto tener que enfrentarse con la situación imposible que deja el independentismo. Que se enfrenten ellos, divididos y perseguidos por la ley, al maremágnum que han creado. Hay una cierta justicia poética en que administre los establos de Augias el mismo que los ensució. Ojalá algún día Cataluña despierte de la pesadilla peronista. Pero, ojo, que Argentina ha pagado muy caro su idilio con Perón y aún no se ha librado totalmente de las secuelas.

Gabriel Tortella, historiador y economista, es coautor de Cataluña en España. Historia y mito, junto a J.L. García Ruiz, C.E. Núñez y G. Quiroga, publicado por Gadir.

El PP valenciano recogerá denuncias por adoctrinamiento escolar y defenderá a los afectados
Carlos Cuesta okdiario 8 Enero 2018

El PP valenciano sí cree que el adoctrinamiento en las aulas por parte de los nacionalistas es generalizado. Y en la Comunidad Valenciana esa práctica avanza sin pausa de la mano del Gobierno regional del Partido Socialista y Compromís. Por eso ha comunicado ya al Gobierno central su intención y decisión de recoger de forma inmediata las denuncias particulares y su firme propósito de defender a los afectados “hasta el final”. Y “hasta el final” significa exigiendo los derechos de padres y niños ante la Inspección educativa autonómica -que es la que tiene transferidas las competencias- y ante la Inspección nacional en caso de que las autoridades regionales, como suele ser habitual, decidan no atender lo que es un derecho constitucional: la libre elección de educación por parte de los padres.

El Gobierno central avanza en esta materia. Acumula ya más cien procesos investigadores por denuncias procedentes de Cataluña. Pero el PP valenciano ha decidido dar un paso más y hacerlo de forma completamente urgente ante la evidencia de que el número de casos de adoctrinamiento escolar se extiende y que los padres y niños afectados no pueden esperar.

La decisión adoptada por la presidenta del PP valenciano consiste en lanzarse a recopilar las denuncias sin esperar a que lleguen a instancias oficiales y, además, impulsar personalmente las reclamaciones ante la Inspección regional y nacional en caso de ser necesario. La decisión del PP regional no ha sido adoptada a espaldas del Gobierno ni mucho menos.

Isabel Bonig, su presidenta, ha anunciado ya su decisión a instancias oficiales. Una decisión que tendrá su plasmación en días: a través de una página web puesta a disposición de todas las personas que en la Comunidad Valenciana se encuentran atrapadas por un sistema educativo con fuerte carga nacionalista y que avanza de forma evidente hacia una expulsión del castellano en las aulas de la mano de los acuerdos de promoción del catalán adoptados por el presidente -el socialista Ximo Puig– y la vicepresidenta Mónica Oltra -Compromís-.

Bonig toma, de este modo, la delantera en un camino en el que el Gobierno ya prepara una oferta de pacto de Estado a Ciudadanos y PSOE para reforzar el papel de la Inspección nacional en el control del adoctrinamiento. Un acuerdo que, sin embargo, resultará difícil de adoptar, especialmente, a la vista de que es el propio PSOE el que impulsa o acepta este adoctrinamiento en cada una de las plazas con tendencia nacionalista -como ocurre en Cataluña, Baleares o Comunidad Valenciana-.

La situación en la comunidad levantina, de hecho, empieza a ser desesperada para muchos padres que ven como el adoctrinamiento se les cuela en las aulas. Sólo el 13% de los escolares de la Comunidad Valenciana pueden estudiar con el castellano como lengua vehicular. 89.510 de 688.542 en cifras absolutas. El último informe de la Fundación Unidad + Diversidad confirma el avance del adoctrinamiento y la imposición lingüística en la Región gobernada por Puig y Oltra.

Prácticamente, sólo los menores residentes en la zona considerada oficialmente como castellanoparlante tienen acceso a educación troncal en esta lengua. El resto de padres o alumnos que quieren acceder a esta educación -a la que tienen derecho constitucionalmente- tiene que renunciar a ella.

El desglose de los datos es revelador del grado de imposición lingüística. “Tan sólo un 12% de los alumnos de la Comunidad Valenciana, estudian íntegramente en castellano con la lengua valenciana como materia (Castellón, 4%; Valencia, 5% y Alicante, 24%)”, señala el estudio. Es decir, que del 13% potencial, sólo un punto porcentual renuncia a estudiar en esta lengua. Pero, pese a ese porcentaje de aceptación, en el resto de zonas no es posible reclamar la educación en castellano.

Es más, el informe subraya que incluso los que pueden estudiar en lengua castellana pueden ir perdiendo este derecho en breve. “Se trata del colectivo de alumnos a los que se les está aplicando el nuevo Programa Plurilingüe Dinámico (PPD) con el fin de ir progresivamente pasando a un modelo de inmersión en valenciano”. Es decir, que, en breve, el porcentaje de alumnos con derecho efectivo a recibir educación en castellano será aún menor.
 


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