AGLI Recortes de Prensa   Martes 9  Enero 2018

Obsesionados con sangrar a los españoles
OKDIARIO  9 Enero 2018

Dice el refrán que nadie escarmienta en cabeza ajena. Pedro Sánchez no es una excepción, pues parece ajeno al valor de la experiencia como manera de aprendizaje. Algo que debería ser inherente a un hombre de Estado o, en su defecto, al líder de la oposición de cualquier país serio y que, sin embargo, resulta imperceptible en el secretario general del Partido Socialista a tenor de sus acciones. Desafiar a Susana Díaz eligiendo Granada para el inicio de su defensa de las pensiones a base de subir los impuestos es un doble error. En primer lugar, porque crea un cisma en uno de los principales graneros de votos de los socialistas. No olvidemos que detrás de cualquier éxito del PSOE está el apoyo que otorgue Andalucía. Poner en riesgo ese valor es poner en riesgo la viabilidad de la propia formación. En segundo lugar, porque aumentar los gravámenes es la propuesta más nociva que se puede hacer dado el contexto de recuperación casi definitiva que vive nuestro país. La excusa de las pensiones suena a electoralismo superficial más que a una medida de aplicación real.

En el PSOE parecen obsesionados con sangrar a los españoles ahora que sus bolsillos empiezan a recuperar el pulso tras superar la crisis global en la que ahondó de manera decisiva y particular para nuestro país la ineficacia gestora del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras el descalabro reciente del PSC en Cataluña con el segundo peor resultado de su historia, Sánchez está empeñado en seguir la desastrosa senda económica que eligió Miquel Iceta para su campaña. Iceta pretendía que una subida de impuestos a nivel nacional cubriera las exigencias independentistas con más de 15.000 millones de euros. Una locura para favorecer a los que quieren romper España en dos y que sólo era una parte del impuestazo que tienen en la cabeza los socialistas con un incremento de cuatro puntos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de 12 sobre los del ahorro, amén de una persecución a las empresas, generadoras de empleo y factor esencial en el hecho de que España continúe a la cabeza de los países que más crecen dentro de la Unión Europea. Con ese panorama, y en vez de elegir la opción de crear empleo para generar más cotizantes, la idea de los socialistas pasa por una “cesta de nuevos impuestos” como solución para combatir el déficit de la Seguridad Social.

Esa subida fiscal supondría un retroceso en el poder adquisitivo de los españoles y, por lo tanto, una merma para nuestra economía. Además, la propuesta es vaga, ya que sólo han especificado la cantidad: 2.800 millones de euros, pero no en qué impuestos sería aplicable. Así no se arreglará el problema de las pensiones. Éstas dependen de los cotizantes y sin una economía a pleno rendimiento no habría creación de empleo y, por lo tanto, España se quedaría sin contribuyentes. Pedro Sánchez debería tener más memoria para no repetir los errores del pasado. Recordar, por ejemplo, su periplo por el purgatorio de la política, cuando se vio obligado a dimitir tras cosechar de manera consecutiva los dos peores resultados en la historia de su partido. Con estas medidas iría por el mismo camino. Sus provocaciones a Susana Díaz generan una división interna innecesaria y dañina para los intereses del partido que dirige. Además, en lo relativo a la pura materia económica, no ha de olvidar que el dinero de los españoles está mejor en sus respectivos bolsillos que en la hucha del ministro de Hacienda de turno.

La pregunta prohibida de 2018: ¿somos más libres hoy que hace diez años?
Javier Benegas vozpopuli.es  9 Enero 2018

Predecir el futuro es imposible, sin embargo, sí podemos adelantar uno de los hitos que 2018 traerá consigo: en este año se cumplirá una década del crack financiero de 2008 y el inicio de la Gran recesión. Diez años, que se dice pronto, han transcurrido desde el principio de la crisis. Y lo que es más relevante, tuvimos que esperar nueve para recuperar la cifra del PIB de antes del estallido de la burbuja, que en nuestro caso no fue sólo inmobiliaria, sino también política.

Estos durísimo años no sólo han evidenciado los excesos del ladrillo, sino que, sobre todo, han puesto de relieve el agotamiento de nuestro modelo político-económico. Y emparejo ambos con toda la intención, porque en España, en efecto, política y economía, es decir, lo público y lo privado, están entrelazadas de manera inextricable.
PP

La crisis puso de manifiesto esta realidad, pero también hizo aflorar las ineficiencias de unas administraciones decimonónicas, en muchos casos sobredimensionadas; en otros tantos, manifiestamente derrochadoras e irresponsables; y en todos, politizadas, esto es, infiltradas por las omnívoras familias políticas.

Con todo, lo peor fue descubrir que, cuando más libertad y agilidad necesitábamos a la hora de emprender, de hacer, de crear, de reinventarnos, más conscientes fuimos de las enormes barreras que el modelo político y administrativo había ido generando, sin prisa, pero sin descanso, alrededor del ciudadano común. No era sólo la rigidez del mercado de trabajo, ya de por sí disparatada, era mucho demás.

No es la globalización, es el Estado
Crear una microempresa, establecerse como trabajador por cuenta propia, compatibilizar otras actividades para obtener ingresos añadidos más necesarios que nunca, invertir, donar, transferir bienes, incluso ejercer de mecenas, eran por definición acciones penalizadas por una burocracia loca y una Agencia Tributaria insaciable, siempre presta a apuntarse incluso a un bombardeo de mierda para llevarse su parte y, lo que es peor, para la que el contribuyente siempre es culpable hasta que, con la ayuda de Dios o, en su defecto, de un piadoso juez, demuestre lo contrario.

En los momentos más álgidos de la Gran recesión, las promesas de cambiar este estado de cosas y emprender reformas ambiciosas se sucedieron. Nos prometieron que la Administración sería modernizada, generalizándose los procesos telemáticos (la famosa y, a lo que parece, utópica “ventanilla única”), que se simplificarían procedimientos, se establecerían numerosas exenciones y se eliminarían infinidad trabas.

En cuanto a los trabajadores autónomos, que la crisis por fuerza disparó en número, se les prometió un estatus mucho más benigno. Y respecto de la espinosa cuestión de racionalizar el aparato administrativo en general, se lanzaron numerosos globos sonda, promesas voluntaristas y declaraciones de intenciones que, como era de prever, no cristalizaron. A lo sumo, quienes trabajaban para las administraciones, sufrieron una pérdida de poder adquisitivo muy alejada de los enormes padecimientos del sector privado.

Visto con la perspectiva de estos años, el balance general en cuanto a la transformación del modelo burocrático español es simplemente desolador. Por más que se afirme lo contrario, hoy sigue siendo tan penoso como lo era en 2008 crear una empresa. Y lo que es todavía más denunciable, las trabas y barreras del día a día no sólo siguen estado donde solían, sino que se han incrementado. Si acaso, las modificaciones legislativas, así como el establecimiento de nuevas exenciones discrecionales sin ton ni son, promulgadas con un marcado carácter propagandístico, más que con un criterio racional, han venido a complicar el ya de por sí inescrutable marco legal.

Dos realidades muy disntintas
Por si esto no fuera suficiente desdicha, en términos absolutos, la presión fiscal es hoy mucho mayor que en 2008. Por el contrario, las Administraciones, lejos de sufrir el necesario proceso de racionalización, tras un breve periodo de congelación salarial, han vuelto a elevar las retribuciones por encima del IPC, han engordado sus plantillas, han aumentado sus costes estructurales y han seguido vomitando a través de sus numerosos boletines oficiales más y más regulaciones.

En realidad, los supuestos intentos por facilitar el emprendimiento han devenido en una complicación mayor del ya imposible sudoku burocrático español, de tal suerte que, por ejemplo, adivinar las supuestas exenciones a las que hoy uno se puede aferrar, en función de si cumple o no determinadas condiciones, resulta más difícil que desentrañar las enrevesadas ofertas de los operadores móviles. Y eso sin mencionar las amplias zonas de indefinición legal, totalmente intencionadas, donde, salvo que se recurra a los tribunales (pleitos tengas y los ganes), la Administración aplica su criterio a voluntad.

La liquidación del espacio privado
Pero aún hay más. No sólo es que la burocracia y su larga mano recaudadora parezcan no tener la menor intención de enmendarse, es que, además, en los diez años transcurridos desde el inicio de la Gran recesión, se ha acelerado la transferencia de competencias morales hacia el Estado; es decir, el marco de entendimiento común, cuyo núcleo troncal son los valores, ha dejado de pertenecer a la sociedad para pasar a ser administrado desde el Poder. Es la consecuencia lógica de un Estado que, para eludir el impacto de la crisis, recurrió a su papel de benefactor social, otorgándose así una prevalencia moral que ha ido en perjuicio de la libertad y la responsabilidad individual.

Hoy, desde el conjunto de administraciones, es decir, desde los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado, y todo su entramado, no sólo se recaudan los tributos y se gestionan servicios básicos, -muchos no son en absoluto ni básicos ni pertinentes-, sino que se establecen regulaciones, normas, reglamentos y leyes con la orwelliana aspiración de que los políticos y expertos separen el bien del mal.

Los cada vez más prolíficos aparatos del Estado han sido capturados por psudoideologías y grupos de interés que pretenden construir un “mundo nuevo”, supuestamente ecológico, diverso, sostenible, inclusivo, igualitario… Se trata en realidad de una corriente neopuritana, más intransigente y temible que el viejo y olvidado puritanismo del pasado, que, bajo su talante beatífico, oculta una violencia soterrada, además numerosos intereses particulares y de grupo.

Quizá, de todas las amenazas, ésta sea la más inquietante, en tanto que combina la manipulación empírica con las motivaciones morales, engendrado un nuevo sistema de expropiación, tanto material como inmaterial, es decir, tanto de la riqueza como del pensamiento.

Así pues, la conclusión a la pregunta que planteo en titular, en mi opinión, no puede ser más que negativa. No, no somos más libres que hace diez años, al contrario, somos mucho menos libres. Y esta indeseable deriva es lo que, desde esta modesta columna, he tratado de denunciar con más o menos lucidez y acierto. De hecho, la principal motivación para promover en su día la fundación de este diario fue poder hacer visibles los problemas de fondo, yendo, siempre que fuera posible, más allá de la noticia de corto plazo, de la confidencia del momento. No sé si en algún momento lo conseguí, pero esa ha sido la intención.

Hasta pronto, querido lector
Hoy, mi etapa como firma de Vozpópuli llega a su fin. Y la próxima semana abandonaré el resto de mis atribuciones. Quiero aprovechar el espacio de este post para agradecerle a usted, querido lector, haberme acompañado durante todos estos años y, también, por sus desinteresadas aportaciones en los siempre interesantes comentarios. Ha sido un honor contar con su atención. Le deseo la mejor de las dichas; lo mismo a los que han sido mis compañeros de trabajo, tanto a los que están como a los que ya no están en Vozpópuli; también le deseo lo mejor a Jesús Cacho, como no puede ser de otra manera. En definitiva, gracias a todos por haberme admitido como compañero de viaje durante estos años apasionantes.

No diré que me marcho satisfecho, porque eso nunca sucede con ningún proyecto, siempre queda demasiado por aprender, por lograr, por demostrar, por rectificar. Si acaso, me voy con un desencanto estimulante, porque el desencanto es una forma irónica, melancólica y aguerrida de la esperanza. Nada termina, todo empieza otra vez.

DENUNCIA DE VOX
2018, ¿autonomías o pensiones?, usted elige
Juan E. Pflüger gaceta.es  9 Enero 2018

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha denunciado la imposibilidad de mantener el coste de las autonomías mientras que el Estado es incapaz de pagar las pensiones y pide un préstamo de 15.000 millones para afrontarlas

Santiago Abascal ha vuelto a poner el dedo en la llaga. En su perfil de la red social Twitter ha denunciado que el Gobierno no tiene dinero suficiente para pagar las pensiones y ha decidido pedir un préstamo de 15.000 millones para hacer frente al coste y no dejar a cero la ya maltrecha hucha de las pensiones, de las que ha retirado casi 60.000 millones en los últimos 5 años.

El dirigente de VOX asegura que sin tener que soportar el coste extra de las Comunidades Autónomas, se podría hacer frente al pago de las pensiones y reponer la hucha para garantizarlas en el futuro. Según el político es “La elección que habremos de hacer los españoles tarde o temprano es otra: ¡O Autonomías o Pensiones!”.

Las comunidades autónomas cuestan 90.000 millones de euros al año en gastos corrientes, a los que hay que sumar las partidas de subvenciones, inversiones, obras y servicios, con lo que la cantidad asciende a casi 165.000 euros. Frente a ello, las pensiones en España suponen un coste total de 125.000 euros. Es decir, que para garantizar el sistema y mejorar la cantidad que cobran los pensionistas con menos ingresos hay un margen de 40.000 millones de euros al año.

Una cantidad que sería algo inferior dado que el Gobierno Central debería asumir una parte del coste de los servicios que dan las comunidades autónomas y que no están cubiertos por los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

El Gobierno, lejos de plantearse reformas de amplio calado, decide endeudar más a la Seguridad Social y anuncia, por medio de la secretaria General de la Seguridad Social, Emma Navarro, que tiene previsto solicitar uno 15.000 millones de euros para no ser quienes dejen a cero la hucha de las pensiones. Una decisión que se toma incluso antes de haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, sin saber la partida presupuestaria que irá destinada al pago de pensiones.

Abascal ha hecho pública la denuncia solamente dos días después de conocer una encuesta que sitúa a la formación que preside, VOX, en el Congreso de los Diputados con el 1,7% de los votos. Obtendría más sufragios que el PNV y tantos como PdeCat, pero menos diputados como consecuencia del sistema electoral vigente.

TEXTO DE MATEO REQUESENS
‘Romper España conforme a Derecho’
La Gaceta   9 Enero 2018

En realidad, frente al positivismo de Kelsen, toda constitución implica un poder preexistente a ella, que viene instituido por la voluntad de la Nación.

Ni el intento golpista, ni la posterior huida de empresas de Cataluña han conseguido alterar el equilibrio de fuerzas de los partidos independentistas y los denominados partidos constitucionalistas. Las elecciones catalanas convocadas vía art 155 CE, sólo han servido para confirmar lo que ya sabíamos, que la sociedad catalana está dividida.
Pero lo que más desasosiego provoca, es la falta de proyecto nacional de esos partidos llamados constitucionalistas. Las sucesivas declaraciones de sus líderes, aludiendo a una reforma constitucional que ninguno es capaz de concretar, pero, sobre todo, aceptando que con tal que vuelvan a la legalidad, los separatistas podrán seguir persiguiendo sus fines, que no lo olvidemos, son los de romper España, desde luego no anticipa buena solución al problema. Ya causa bastante estupor que las organizaciones políticas que han gestado y respaldado la sedición y rebelión en Cataluña, con sus líderes investigados a la cabeza, puedan presentarse como si tal cosa a unas elecciones democráticas. Que pueda barajarse la investidura como presidente de la Generalidad del fugado Puigdemont o del preso Junqueras es un vergonzoso esperpento, pero si además nos anuncian que podrán seguir campando por sus respetos manejando recursos públicos, con tal que respeten las formas, la zozobra que nos invade es total.

“La Nación precede a cualquier constitución”
Parece entonces que sería conveniente adivinar qué es lo que se designa realmente en este contexto político con esa denominación de partidos constitucionalistas. En una primera aproximación, si con ello se quiere expresar que en el respeto a la Constitución encontramos la salvaguarda contra cualquier intento de romper la unidad de España, no podríamos estar más tranquilos. Dice el art. 2 de la Carta Magna que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Acierta de pleno este precepto porque la Nación precede a cualquier constitución, y por tanto, proclamarse constitucionalista sería proclamarse, al fin y a la postre, en favor de la defensa de la Nación española.

Pero claro, cuando desde ese bloque constitucionalista surgen voces a favor de entender España como un Estado plurinacional, no sólo se está perseverando en una política que, desde la creación del Estado de las Autonomías, ha demostrado ser nefasta a la hora de reconducir las ansias del separatismo, sino que se está renegando de ese primer párrafo del art. 2 CE, porque en vez de una sola comunidad nacional soberana, existirían unas cuantas, agrupadas bajo la forma de Estado, es decir, España dejaría de ser una Nación. Y es que mucho nos tememos que el significado de “constitucionalista” cuando es usado para aludir a PP, PSOE y C,s, tiene más que ver con el normativismo constitucionalista de Kelsen, que con la idea de defensa de la Nación española.

Para Kelsen todo orden jurídico concreto y toda comunidad en el que se inscribe, se disuelven en una serie de normas vigentes, que adquieren sentido y validez a través de la norma fundamental que es la Constitución. De esta forma, el Estado es un fenómeno puramente normativo y la Nación no es algo que antecede a la ley, es el marco territorial en que se aplica, renunciando a concebir la Nación, la soberanía y la legalidad en términos de una relación causal sucesiva, para pasar a entender la Constitución dentro de la teoría pura del derecho como la ley suprema que faculta el ejercicio soberano de la autoridad en el territorio nacional.

Las consecuencias de abrazar esta concepción son radicales. El problema del separatismo constituiría una cuestión de mera legalidad, de suerte que la celebración de un referéndum de autodeterminación, la creación de una Nación catalana, o vasca, o gallega o las que sea menester crear a capricho de nuestra clase dirigente, sería perfectamente legítimo si se ajustara a los trámites legalmente previstos, porque la Constitución ampararía “la defensa de concepciones ideológicas que, basadas en un determinado entendimiento de la realidad social, cultural y política, pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediando la oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica” (STC 31/2010 FJ 12).

Es decir, paradójicamente, la Constitución formal, ampararía la destrucción de la Nación que como sujeto constituyente le sirve de fundamento y le da significado, porque, por muchos malabarismos jurídicos que se quieran hacer con los conceptos de comunidad nacional y Nación para encajarlos con el polémico y discutible término “nacionalidad” que introdujo la Constitución de 1978, lo cierto es que no hay más Nación y comunidad nacional que la española, y la creación de nuevas comunidades nacionales en su seno supone reconocer un poder constituyente en potencia, incompatible con la soberanía nacional.

La Nación precede a cualquier constitución
En realidad, frente al positivismo de Kelsen, toda constitución implica un poder preexistente a ella, que viene instituido por la voluntad de la Nación. Carl Schmitt lo comprende perfectamente al distinguir entre el poder constituyente (Verfassung) y la constitución escrita (Verfassungsgesetz). El poder constituyente no viene representado por un supuesto consenso social, que será relevante en la redacción de una constitución concreta en un tiempo concreto. El poder constituyente previo viene determinado por los principios básicos inamovibles que conforman la unidad política en torno a la Nación. El ethos nacional no está subordinado al derecho positivo, sino que lo fundamenta, supone un telos común que implica un límite infranqueable, que ninguna ley positiva, incluida la Constitución, puede transgredir a riesgo de desvirtuar la legitimidad del sistema político y su sustantividad misma.

Si el epíteto “constitucionalista” sólo se refiere al respeto por la actual Constitución escrita, realidad jurídica contingente, no tiene más interés que desde el punto de vista de la eficacia del Ordenamiento Jurídico, cuestión no baladí, desde luego, pero insuficiente, al ser sólo una consecuencia del orden objetivo en que se sustenta la sociedad de ciudadanos españoles libres e iguales. Lo que verdaderamente merece mayor consideración y atención política es la salvaguarda del poder constituyente, que sólo reside en la voluntad de la Nación española. La Nación, como realidad superior transcendental, se basa en la necesaria permanencia de una sola comunidad nacional, la ruptura de esa realidad común, implica la desaparición del poder constituyente originario y legitimador del mismísimo Estado. Por ello, entender que cabe un derecho de autodeterminación para Cataluña, o cualquier otra región española, con tal que se reconozca a través de los trámites constitucionalmente previstos, es lisa y llanamente aceptar que España se puede romper, lo que seguirá siendo ilegitimo, por mucho que se realice conforme a la legalidad formal y sea aprobado o no por una mayoría, porque dichas decisiones vulnerarían el punto de partida esencial a partir del cual nace el nomos socialmente establecido y por tanto impediría la continuidad de su orden jurídico, político y cultural.

Es solo maldad
Fernando Paz gaceta.es  9 Enero 2018

Miguel Maura, que sentía una visible admiración – crítica – hacia Manuel Azaña, anduvo largo tiempo dándole vueltas a la causa por la que este acompañaba sus decisiones políticas de la irrefrenable “manía de herir por herir” a sus adversarios, hasta que, finalmente, cierto día se atrevió a preguntarlo.
“Lo hago porque me divierte” respondió el alcalaíno.

Maura, estupefacto, llegó a sospechar que para Azaña la política era, en realidad, la necesaria catarsis que le permitía sobrevivir sin ahogarse de rencor. Y no andaba desencaminado. Azaña, de quien Giménez Caballero gustaba decir que le faltaba una hache en el apellido, era cruel, como todos los débiles y los cobardes. La crueldad de los cobardes – la cobardía física de Azaña era legendaria – la confesaba el propio Maura, y la de los débiles la tomo prestada del Curzio Malaparte de Kaputt.

Y es que, como señalaba Pareto, con frecuencia la ideología no es más que el ropaje del que se revisten pulsiones más oscuras, algo que ya desnudaba Foxá en sus abracadabrantes escenas del “Madrid, de corte a checa”, donde el resentimiento agita a las turbas que sueñan una igualdad que haga de todos mancos, ciegos y cojos.

La crueldad es causa de muchas desdichas. En primer lugar para quien la sufre, claro, al que desquicia, irrita, y subleva; pero también para quien la ejerce, a quien degrada y degenera. Y de los dos, a quien más envilece es a este último.

Es fácil sentenciar, salomónicos, que la política de la crueldad no es patrimonio de nadie. Y, sin embargo, aunque puedan encontrarse ejemplos de esa crueldad en cualesquiera latitudes, en España esta es un monopolio de la izquierda, como el egoísmo lo es de la derecha.

Conste que, en el fondo, lo esencial de las políticas que propone el conjunto de fuerzas políticas no difiere gran cosa de lo que impulsan los radicales izquierdistas, estando, como están, empapadas de una misma filosofía nihilista y hedonista y atentos todos a los dictados transnacionales.

Existen, con todo, dos diferencias: una primera, y es que cuando la izquierda impone sus políticas lo hace con plena convicción ideológica, mientras que el PP o Ciudadanos desarrollan esas mismas políticas en absoluta ausencia de toda convicción; y una segunda: la crueldad. Lo más censurable de la extrema izquierda allá donde gobierna no es su bochornosa incompetencia, ni su sonrojante corrupción, ni siquiera su sectarismo enfermizo, condiciones sobre las que nadie puede alegar ignorancia alguna que no sea voluntaria; lo peor de todo es su cinismo y, sobre todo, su permanente intención de zaherir aladversario.

Herederos de la vieja tradición guerracivilista de raíces progresistas que elaboraba las constituciones para hacérselas tragar al “carlistón”, adobaron una mala leche ibérica más o menos consuetudinaria con la protervia internacionalista del milenarismo proletario, en una fórmula de irresistible perversión: no existe en Europa izquierda más depravada que la que a nosotros nos ha tocado en suerte.

Para esa izquierda radical, sus objetivos no son solo un programa, son más bien un estilo. Mejor: un contraestilo, carente de la menor galanura moral.

¿Alguien de veras cree que en el ayuntamiento de Madrid no han medido su decisión de incluir una “drag queen” en las carrozas del desfile del día de Reyes? ¿Alguien duda de que su intención es, precisamente, provocar el malestar y la irritación en una mayoría católica de madrileños que lo que quieren es celebrar en paz una alegre e inocente fiesta de adoración al Niño Jesús? ¿Quién quiere ignorar que la intención no es sino pervertir lo que de inocente tiene, precisamente, esta fiesta? A estas alturas nadie, con los quince años cumplidos, puede dudar del carácter premeditadamente ofensivo de tales resoluciones sin sentar plaza de imbécil. Es maldad, solo maldad.

Ese es el hilo de su política. Una crueldad que quizá satisfaga su ansia de diversión, sí, pero que puede costarle muy caro, si se cumplen los augurios de los arúspices demoscópicos.

Valga esto como advertencia práctica, dado que cualquier consideración moral sería vana.

Los ERE y la margarita de la corrupción
Javier Caraballo elconfidencial  9 Enero 2018

El PSOE deshoja la margarita de la corrupción y no se aclara, no tiene una decisión, ahora es sí, ahora es no. Van cogiendo pétalos, la tienen en sus manos, y unas veces les sale que sí, y otras les dice que no. ¿Qué fue lo que ocurrió en Sevilla con el escándalo de los ERE, fue o no fue corrupción? Los titubeos han sido tantos, el cinismo ha calado tan hondo, tanto se han enredado en los amagos de condena y las justificaciones de exculpación que ahora la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas desde hace cuatro décadas, hasta se puede quedar fuera del juicio.

Lo que no se puede pretender en un proceso penal es mantener, al mismo tiempo, la acusación y la defensa. Y eso es a lo que ha jugado el PSOE andaluz. Con lo cual, lo que le faltaba a la presidenta Susana Díaz es que después del ‘annus horribilis’ de 2017, este nuevo año comience con un revés judicial que deje a la Junta de Andalucía fuera del proceso de los ERE. ¿Cómo va a repetir otra vez la presidenta que ella es la primera indignada con lo sucedido y que exigirá “responsabilidades hasta el final, caiga quien caiga, para que se devuelva hasta el último céntimo” defraudado? Con el extremo cuidado que ha tenido, desde el principio, para no verse salpicada por el fraude, al final, de tanto deshojar la margarita, Susana Díaz puede caerse de bruces en ese charco en el que ya están todos los demás.

La última palabra está en manos del Tribunal Constitucional y, para explicar cómo ha acabado el PSOE andaluz envuelto en este patético y absurdo enredo, hay que remontarse casi al principio, los primeros pétalos de la margarita. Cuando estalló el escándalo, comenzaron las contradicciones. Superada la primera fase en la que todo consistía en desacreditar el escándalo mismo, “cosa de tres pillos; un chicle que no se puede estirar más”, Manuel Chaves y José Antonio Griñán empezaron a zancadillearse con sus argumentos. Lo que decía Chaves, la explicación que le daba a todo lo sucedido, es que él era el primer sorprendido por el escándalo. “Me he enterado por la prensa”, dijo en su línea de ‘el imperturbable hombre que nunca sabía nada’.

Lo único que ha añadido siempre es que, en cualquier caso, sus gobiernos, a lo largo de casi dos décadas, jamás han actuado mal: “La gestión ha sido positiva, razonable, útil y eficaz (…) Si ha habido fraude, ha sido muy pequeño y contra la Junta de Andalucía”. El argumento se lo desmontó su predecesor, José Antonio Griñán, cuando dijo, en su comparecencia ante el Tribunal Supremo, que se había cometido “un gran fraude”, “una barbaridad” por la inmensa cantidad de “ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control que merecen una responsabilidad política e incluso penal”. Evidentemente, luego añadió que su actuación como consejero de Hacienda y luego como presidente había sido “irreprochable”. Y como Chaves, sostenía que la principal víctima era la propia Administración andaluza.

Con esos mimbres, lo que intentó Susana Díaz es tejer un cesto que le sirviera, al mismo tiempo, para defender a Chaves y a Griñán, y para acusar a otros que estaban bajo su mando, sentados en el mismo Consejo de Gobierno. Es decir, tenía que defender la inocencia absoluta de ambos, pero no podía negar la existencia del fraude ni renunciar al discurso de víctima y de justiciera: “Devolverán hasta el último céntimo”. Es sabido que en los cestos no se puede guardar el agua y en los procesos penales la indefinición, las dudas y las contradicciones son volubles como el agua. Y el problema se produjo cuando, al dividirse la causa, se aglutinó a todos los responsables políticos en una misma pieza, la llamada ‘pieza política’ que ha sido la primera que ha llegado a la vista oral. ¿Y qué hacer si, en esa pieza, están Chaves y Griñán, a los que considera inocentes, pero también otros dirigentes políticos, a los que considera culpables? ¿Y cómo justificar que en el fraude de los ERE no había una ‘trama política’ y acusar luego a algunos responsables políticos?

Hace más de un año, lo que decidieron los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía fue retirar la acusación en esa pieza política y pedir el archivo de esa parte, con la idea de descargar toda la acusación más adelante, en las otras piezas (hasta 160) en las que sí están imputados los responsables políticos a los que señala como culpables, pero ni Chaves ni Griñán. Lo que no esperaban ni los letrados de la Junta de Andalucía ni Susana Díaz es que, con posterioridad, la Audiencia de Sevilla iba a decidir que, siguiendo el principio penal de ‘non bis in idem’ (no se puede juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos), todos los responsables políticos se iban a sentar una sola vez en el banquillo, solo en el procedimiento del que la Junta de Andalucía decidió retirarse. ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a seguir diciendo Susana Díaz que persigue el fraude, si se le ha venido abajo toda la estrategia judicial?

En noviembre pasado, los servicios jurídicos pidieron amparo al Tribunal Constitucional al entender que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva como acusación particular. Para justificar su petición, han acabado incluso asumiendo algo que procuraban eludir antes, que la corrupción de los ERE puede quedar impune si no se les permite actuar contra los responsables políticos a los que sí señala como responsables del “enorme quebranto a la Hacienda pública”. Pero ¿cómo seguir defendiendo sus derechos como acusación particular si, en el primer juicio de los ERE que se celebra, quien se considera víctima principal ha decidido excluirse y solicitar el archivo?

En todos estos años, varios autos judiciales han censurado "las contradicciones" en las que incurría la defensa de la Junta de Andalucía, el imposible penal de acusar y defender al mismo tiempo. “Su estrategia es más propia de una defensa que de una acusación particular, lo cual llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía", llegó a escribir en un auto la jueza Alaya con su habitual rudeza. Así que lo normal es que ocurriera esto, que la margarita se quedara sin pétalos y que Susana Díaz, con el tallo en la mano, mandara a sus abogados al Tribunal Constitucional para que no la engulla ese enorme cenagal que fueron los ERE de sus mayores.

El Estado recortó 10.000 empleos en 2017 mientras los municipios crearon 18.000
El personal público aumentó un 0,47% el año pasado, por el incremento de regiones y ayuntamientos
Javier Tahiri ABC  9 Enero 2018

El distinto grado de saneamiento de las administraciones se deja sentir en el aumento de plantillas de cada subsector. El Estado recortó sus plantillas un 2% en 2017 frente a un año antes, según publicó ayer el Registro central de personal de las administraciones de julio del año pasado. La Administración Central emplea a 514.372 personas, por lo que entre julio de 2016 y de 2017 redujo su plantilla en 10.536 empleados. En este mismo período comunidades y ayuntamientos aumentaron sus trabajadores, lo que provocó que el conjunto de las administraciones elevara sus plantillas un 0,5%, 12.080 personas más, hasta los 2,535 millones de trabajadores. Las cifras del registro de personal que publica el Ministerio de Hacienda no incluye el personal de entes y empresas públicas.

De esta forma, los municipios fueron el gran motor de creación de empleo público el año pasado, al elevar su personal un 3,3%, es decir, 18.316 trabajadores más. Las corporaciones locales emplean a 567.295 trabajadores, un 22% del total. Si se compara con enero de 2017, han aumentado sus empleados en 23.031 trabajadores, mientras que el Estado los ha reducido en 8.040. Este año, al igual que el pasado, los ayuntamientos contemplan cerrar con un excedente récord en sus cuentas. El año pasado los ayuntamientos alcanzaron un superávit récord de casi 7.000 millones de euros, es decir, un 0,62% del PIB, lo que cubrió el déficit del resto de administraciones.

La mayor parte de los trabajadores públicos, el 51% en concreto, engrosan las plantillas autonómicas que cuentan con 1,3 millones de empleados. Las comunidades elevaron su personal un 0,4% en 2016, en 5.509 personas, si bien los datos del registro central de personal, al ser de julio, no incluyen a los profesores que las comunidades contratan una vez arranca el curso escolar. Por ello, las cifras bailan considerablemente con la estadística de enero: desde entonces, las comunidades pierden 3.717 trabajadores por este efecto. Las universidades también redujeron sus empleados en 1.261 personas frente a 2016, un 0,82% menos.

Curiosamente, el Gobierno aprobó el año pasado la mayor oferta de empleo público desde 2008. Además, ha ampliado el número de colectivos de la Administración que pueden reponer todas las bajas, con una tasa del 100% e incluso superior en ámbitos como la Agencia Tributaria. Estas convocatorias entran con retraso: muchas de las de 2017 se registrarán este año.

Como sea, pese al repunte de personal de este año las corporaciones locales son las administraciones que más plantilla han perdido desde que estalló la crisis en 2008: desde entonces han recortado un 8,7% de personal, 53.806 empleados. Comunidades autónomas son las que más cerca se encuentran del nivel de 2008, tienen un 1% menos de empleados (13.042 menos), mientras que el Estado los ha reducido un 7,7% (42.991)

Precisamente, en los peores años de la crisis el Gobierno tenía previsto ceder funciones de ayuntamientos a diputaciones y comunidades autónomas y fusionarlos, con la Ley de reforma local, ante las presiones de que había demasiados ayuntamientos (8.126 en concreto).

Finalmente, sin embargo, los ayuntamientos le dieron la vuelta a la tortilla: ya en 2012 salieron del déficit y desde entonces han acumulado superávit año a año. Ahora mismo son la administración más saneada, aunque hay unos 700 ayuntamientos que tienen una deuda no sostenible, y en conjunto acumulan más de 21.871 millones en cuentas bancarias y depósitos. «No tenían razón los que decían que había que cerrar miles de ayuntamientos», presumió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace unas semanas en la Cámara Baja.

Podemos, en caída libre
EDITORIAL Libertad Digital  9 Enero 2018

Podemos está claramente en crisis. Todos los sondeos le vaticinan un retroceso fenomenal en votos, y todo parece indicar que el rechazo de los votantes a la formación ultra comandada por Pablo Iglesias no es momentáneo o fruto de una mala decisión puntual, sino que se trata de una tendencia que viene de atrás, que no deja de cobrar fuerza y que puede adquirir dimensiones de auténtica catástrofe para los neocomunistas.

En la formación morada cunde el desánimo y crece el estupor. Sus dirigentes, acostumbrados a dogmatizar en representación del pueblo desde tribunas mediáticas puestas a su servicio con tremenda irresponsabilidad, ven que una gran parte de ese pueblo que no se les cae de sus bocas charlatanas está definitivamente identificando a Podemos con lo que siempre ha sido: un movimiento liberticida con una agenda política letal, especialmente para quienes menos tienen.

Pablo Iglesias, que no es precisamente el político más valiente del panorama nacional, lleva tres semanas desaparecido. El cabecilla de la formación ultra, en su día presentado sin vergüenza por buena parte de la casta mediática como una suerte de sencillo genio posmoderno y venerado por sus fieles poco menos que como un estratega político sin parangón, está llevando a Podemos, de fracaso en fracaso, al desastre total. Suya fue, por ejemplo, la decisión de poner el partido al servicio del separatismo catalán, que se ha traducido en un sensible descenso electoral de su marca catalana y en la consideración de Podemos en el resto del país como un partido traidor a la Nación. La sabia estrategia de Iglesias, en esta cuestión tan sensible, no ha podido ser más nefasta: pierde en Cataluña y pierde más aún en el resto de España.

Los neocomunistas se creyeron llamados a gobernar España cuando, en lo peor de la crisis económica y con el PP y el PSOE enfangados permamentemente en escándalos de corrupción, las encuestas los señalaron como un nuevo actor político fundamental. Iglesias se veía ya presidente, aunque en su primera cita con las urnas no pudo superar a un PSOE zombificado. Desde entonces, Podemos no es que haya ido casi siempre cuesta abajo: es que Iglesias es el líder político menos valorado hasta por sus votantes, que, para mayor bochorno, valoran más al igualmente descalificable Alberto Garzón, otro que no ha demostrado nada en la vida pero se presenta como el gran salvador de la clase trabajadora, esa gran desconocida para él y para tantos de sus semejantes con acta de diputado.

Frente a un Podemos felizmente diezmado, el otro nuevo actor político, Ciudadanos, no sólo se afianza en sus posiciones, sino que aparece ya en las encuestas disputando al Partido Popular el primer lugar en las preferencias de los españoles con derecho a voto.

Superados los peores tiempos de la crisis económica y con el creciente respaldo a Ciudadanos entre los votantes que aspiran a un cambio sensato en la política nacional, lo cierto es que las perspectivas para Podemos no pueden ser más negras. Su desaparición por falta de adeptos sería, de hecho, una magnífica noticia. Pero lo cierto es que los neocomunistas aún pueden hacer mucho daño, como saben de sobra los sufridos habitantes de Madrid. No cabe bajar la guardia ni darles la menor oportunidad de que vuelvan a coger aire: su gran fuelle, el impresentable Partido Popular empeñado en convertir en su peor enemigo a la formación que le ha permitido seguir gobernando en casi todos los lugares importantes donde aún conserva el poder, no está como para hacerle demasiados favores.

Trump frena el tsunami burocrático: tres medidas desregulatorias por cada norma aprobada
El Gobierno de EEUU aprobará 3,4 desregulaciones por cada 1 regulación generada.
Libre Mercado Libertad Digital  9 Enero 2018

El gobierno de Donald Trump acaba de publicar un informe que repasa el desempeño del Ejecutivo en clave regulatoria. Se trata de la Agenda Unificada de Medidas de Regulación y Desregulación (Unified Agenda of Regulatory and Deregulatory Actions), un documento preparado por la Oficina de Gestión Presupuestaria, instancia que cuelga directamente de la Casa Blanca.

Dicho informe subraya que "la Administración Trump está comprometida con una reforma integral de la regulación que persigue reorientar el paradigma hacia la reducción de las cargas normativas soportadas por los estadounidenses. A base de enmendar o eliminar aquellas instancias que son inefectivas, que están obsoletas o que introducen dictámenes contradictorios, la Administración Trump busca promover el crecimiento económico, favorecer la innovación y proteger las libertades individuales".

La Agenda Unificada va más allá y añade que "la Administración Trump está aplicando los principios tradicionales de revisión y reforma de las regulaciones existentes, lo que tiene como resultado la eliminación o reconsideración de numerosas reglas. Los distintos ministerios se han comprometido a analizar cuidadosamente el coste y el beneficio de cualquier acción regulatoria y desregulatoria. La idea es priorizar la maximización del beneficio neto de la regulación".

El gobierno de Estados Unidos añade también que "esta Agenda Unificada reconoce que lograr una reforma integral requerirá tiempo y un trabajo de análisis muy riguroso, así como una consulta continuada con el ámbito privado y una necesaria consideración del marco legal y de los valores sociales más relevantes. Es por ello que, con toda transparencia, se publica un documento de este calado, en el que se ofrece más información sobre los cambios que se están introduciendo".

La regla 3 a 1
Aunque la Administración Trump habló explícitamente de introducir dos medidas desregulatorias por cada nueva norma creada, lo cierto es que los planes de los ministerios para 2018 contemplan una ratio aún más liberal, con un compromiso de elevar esta ratio para conseguir que se tomen tres medidas desregulatorias por cada regla introducida. Si se cumple este anuncio, en 2018 se introducirán 131 instancias regulatorias, pero se aprobarán otras 448 de carácter desregulatorio (medidas de liberalización, flexibilización de normas vigentes, eliminación de decretos, etc.), de modo que se aprobarán 3,4 desregulaciones por cada 1 regulación generada.

Según la Agenda Unificada, "a lo largo de 2017 se han retirado o retrasado 1.579 normas que habían quedado pendientes de aprobación". Unas 635 reglas han sido completamente retiradas, otras 244 han sido suspendidas y 700 han pasado a la nevera regulatoria, quedando aplazadas hasta una revisión futura. La consecuencia de estas modificaciones es una desregulación neta que supone al sector privado el ahorro de 560 millones de dólares y el recorte de 15 millones de horas anuales en trámites y papeleo.

La mayor tienda de Disney en España sólo rotula en catalán
Borja Jiménez okdiario  9 Enero 2018

Disney rotula únicamente en catalán en la tienda que tiene en la Avenida Puerta del Ángel de Barcelona, la más grande que la compañía norteamericana tiene en España, inaugurada en 2014. Hablamos, según explicó la empresa el día de la presentación del local, de “la primera sede icónica de Disney en el país”, un palacio del siglo XVII de más de 500 metros cuadrados.

La tienda vende más de 1.500 referencias de productos de Disney, Marvel, Pixel y Star Wars, además de las líneas especialmente tematizadas de la ciudad y ediciones de coleccionista. Sin embargo, estos productos parecen estar destinados única y exclusivamente a los catalanes, toda vez que los castellano parlantes están totalmente discriminados en el establecimiento.

“Este es sin duda un espacio icónico y estamos seguros que en breve se convertirá en uno de los destinos de compra de referencia de catalanes y turistas”, afirmó el director general de Disney Store para España y Portugal, Carlos Garaboa, en un comunicado emitido el día de la inauguración de la tienda.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la compañía, que ha preferido no hacer declaraciones al respecto, ni explicar el motivo por el cual se olvidan del castellano en la tienda más grande de la firma en España.

Cabe recordar que la Agencia Catalana del Consumo (ACA) vigila desde 2010 a los comercios que no utilizan el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios. Este organismo, encargado de imponer el catalán (y, en la práctica, la erradicación del español), lo hace en cumplimiento del Código de Consumo de Cataluña, aprobado mediante la Ley 22/2010, de 20 de julio y redactado en la era Pujol, que han mantenido los siguientes gobiernos desde el tripartito nacionalista que lideraba el PSC a los ya abiertamente independentistas de Artur Mas y Carles Puigdemont.

Desde el punto de vista legislativo, no se puede imponer ninguna de las dos lenguas cooficiales y el TC, que ha declarado constitucional el derecho de los consumidores a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua que escojan en sus relaciones con la administración, recuerda no obstante que en el ámbito de las relaciones entre particulares no se puede imponer “el uso de cualquiera de las dos lenguas”.

La propia Ley catalana establece la regulación lingüística “de acuerdo con el régimen de cooficialidad de lenguas establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, reformado mediante la Ley orgánica 6 / 2006” y que “la lengua propia de Cataluña es el catalán que, también, es la lengua oficial en Cataluña junto con el castellano”.

En el artículo 4 de la Ley sobre la rotulación y cartelería dice que “cualquier elemento informativo de carácter fijo deberá estar redactado al menos en catalán con independencia de su soporte (por ejemplo los carteles o rótulos de las empresas o establecimientos que contengan información relacionada con la actividad comercial desarrollada, siempre y cuando tengan carácter permanente)”.

MRW permite a sus empleados en Cataluña llevar los lazos amarillos de apoyo a los golpistas presos
Raquel Tejero y Borja Jiménez okdiario  9 Enero 2018

La compañía de transporte urgente de paquetes MRW permite a sus empleados llevar el lazo amarillo de apoyo a los golpistas presos. Así lo ha podido comprobar este periódico, que ‘cazó’ a uno de sus trabajadores en Barcelona con el polémico símbolo y, ante nuestra curiosidad, el hombre explicó que su jefe “se lo permite”, ya que “me ve todos los días y nunca me han dicho nada”.

El empleado en cuestión vestía el uniforme de MRW, llevaba un paquete a un domicilio, y se metió en su furgoneta, también con el logotipo de la empresa. Todo ello, con el lazo amarillo de ‘los Jordis’.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con la compañía para darles la oportunidad de defenderse. “Nosotros somos apolíticos, no nos posicionamos ni en un lado ni en el otro”, señalan desde la firma de transporte, desde donde creen que el trabajador grabado por este medio es “de algún franquiciado”.

El grupo de mensajería MRW decidió trasladar su sede de Barcelona a Valencia fruto de la incertidumbre generada tras la celebración del referéndum independentista. Apenas una semana después del 1-O, la compañía ya había anunciado el traslado. Un movimiento, que choca frontalmente con el permiso que da la compañía a sus empleados de poder llevar símbolos como el lazo amarillo.

Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el envío tradicional (cartas, postales, publicidad, certificados y notificaciones) cayó un 6,5% en 2016, mientras que los envíos de paquetería crecieron un 18%. Además, cerca de la mitad de los encuestados en el Panel de Hogares de este mismo organismo (CNMC) reconocieron haber realizado alguna compra online en el primer semestre de 2017.

Pues bien, casi nueve de cada diez de esas compras conllevó la recepción de un paquete. Según dicho informe, Correos (incluyendo Correos Express) lidera el sector, gestionando el 42,6% de los envíos, por delante de Seur (17%), MRW (13,1%) y DHL (5,6%).

El estado del bienestar gasta casi 60.000 millones más que antes de la crisis.
  Libertad Digital  9 Enero 2018

Salvo sorpresa de última hora, España cerró 2017 siendo el único país de la UE que todavía supera el límite máximo de déficit que establece Bruselas, fijado en el 3% del PIB. Pese a ello, la mayoría del arco parlamentario, empezando por PSOE y Podemos, defienden aumentar de forma sustancial el gasto público para, según ellos, revertir los profundos recortes que asestó el Gobierno del PP a los Presupuestos, especialmente en las materias más sensibles, como la sanidad, la educación y la protección social (donde se incluyen las pensiones).

Sin embargo, esta tesis nada tiene que ver con la realidad. La evolución del gasto en términos nominales refleja tres fases muy diferentes desde el estallido de la burbuja crediticia: de 2007 a 2012, cuando el gasto no financiero se disparó de 422.000 millones a 500.000 millones debido a la combinación de recesión, medidas de estímulo (Planes E) y el rescate de las cajas de ahorros; de 2012 a 2014, momento en el que se concentran los famosos recortes, hasta dejar el presupuesto en 465.000 millones; y a partir de 2014, cuando el gasto recupera su tendencia al alza

En 2016, último ejercicio cerrado del que se disponen cifras oficiales, el gasto rondó los 472.000 millones de euros. De este cuantía, el 63,5%, unos 300.000 millones, se destinaron a los tres pilares básicos del llamado estado del bienestar: sanidad, educación y protección social. Esto supone unos 57.500 millones de euros más que en 2007, cuando comienza la crisis, un incremento del 23,6%.

En concreto, el gasto público en sanidad ha crecido en 6.400 millones desde entonces, un 10,5% más, hasta alcanzar los 67.600 millones; la educación pública emplea 44.900 millones, 1.600 millones más que en 2007 (+3,7%); mientras que la protección social consume 188.300 millones, casi 50.000 millones más (+35,7%), debido, sobre todo, al sustancial incremento que ha registrado la partida destinada a pensiones.

Ahora bien, para ajustar estas cifras, hay que descontar la inflación y medir el gasto en función de la población y los usuarios reales de cada servicio. Según el último cálculo realizado por BBVA Research, el gasto total corriente per cápita en 2016 ya era un 4,6% superior al de 2007, y, dentro de éste, el gasto por usuario en sanidad había crecido un 6% y en educación un 5,4%. Es decir, en la actualidad, el gasto sanitario y educativo en términos reales es mayor que en el pico de la burbuja, a pesar de que la renta per cápita todavía no ha alcanzado el nivel precrisis. Y lo mismo sucede con las pensiones, cuyo volumen no ha dejado de crecer.

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El gasto crece un 1,9% desde 2012

Por otro lado, los datos de la Intervención General del Estado demuestran que la manida austeridad de la que tanto se acusa al PP no es tal. Tal y como refleja el siguiente cuadro, el gasto total no financiero bajó un 5,6% entre 2012 y 2016, en términos nominales. Sin embargo, al eliminar el efecto del rescate de las cajas de ahorros, el gasto aumentó un 1,9% durante el citado período, hasta rondar los 470.000 millones

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El gasto en sanidad creció un 4,5%, hasta rozar los 68.000 millones. El 92% de esta cuantía es gestionada por las CCAA. Casi la mitad de este dinero se destina a la remuneración de personal, cuya partida ha crecido un 7,9%. Pese a ello, esta tasa es poco significativa, ya que parte del año 2012, en el que el gasto bajó un 7,7% respecto a 2011 al suprimirse la paga extra, y lo compara con el ejercicio 2016, en el que el gasto se incrementó al devolverse una gran parte de la misma.

Los consumos intermedios se han incrementado un 6,7%, con un importe de 16.528 millones en 2016; la mayor parte, 15.612 millones, se localiza en los servicios prestados a pacientes externos y a los ingresados en hospitales, entre los que se encuentra el gasto en farmacia hospitalaria.

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El gasto en educación se ha incrementado un 3,1%, hasta los 44.640 millones en 2016. El 91% de este gasto lo realizan las autonomías, con un volumen de 40.609 millones, superior en un 3% al gasto de 2012. Además, en torno al 20% del gasto autonómico en educación se destina a diversas transferencias, desde becas y transporte escolar a comedores y libros de texto, cuyo gasto alcanzó los 8.163 millones en 2016, un 8% más que en 2012.

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Por último, la protección social consume cerca del 40% del gasto total. En el período analizado, ha aumentado un 3%, desde 182.605 a 188.154 millones, impulsado por el aumento de las prestaciones sociales.

La partida destinada a Edad avanzada (jubilados) representa más de la mitad de la protección social y ha aumentado un 16,2% desde 2012, hasta los 102.018 millones, debido, básicamente, al mayor número de pensiones de jubilación (+7,3%). Además, el importe medio de la pensión ha subido de 955,41 a 1.050,82 euros al mes (+10%). El factor que más ha contribuido al aumento de la pensión media ha sido el hecho de que en los últimos años los nuevos pensionistas se hayan incorporado en términos netos con pensiones más altas.

También crece el gasto destinado a enfermedad e incapacidad y las pensiones de orfandad y viudedad (bajo el epígrafe supervivientes en el gráfico). La única partida que cae en este ámbito es la destinada a prestaciones de desempleo por la caída del paro.

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Cataluña y el esperpento que no cesa
Guillermo Dupuy Libertad Digital  9 Enero 2018

No contentos con haber llevado a cabo una esperpéntica aplicación del artículo 155 de la Constitución como es la que se ha limitado a la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña –las cuartas en los últimos siete años, y en las que los separatistas han logrado nuevamente la mayoría absoluta–, las formaciones constitucionalistas catalanas parece que quieren ocultar el ridículo con un ridículo todavía mayor como es la presentación de la candidata de Cs, Inés Arrimadas, a la investidura como nueva presidenta de la Generalidad.

No hay más que ver la determinación con la que el PP y el PSOE instan a Arrimadas a presentarse a esa investidura imposible –o la propia disposición de la candidata de Cs a "formar gobierno" sin molestarse en decir con quién– para darse cuenta de lo poco que le importa a nuestra España oficial el hecho de que la pírrica victoria de Cs como fuerza política más votada en Cataluña se deba, única y exclusivamente, al hecho de que los golpistas de PDdeCat y Esquerra han concurrido esta vez en candidaturas separadas.

Claro que no menos esperpéntico y numantino es el empecinamiento por parte de los golpistas por investir presidente a un presunto delincuente huido de la Justicia como Puigdemont, o a uno que está en prisión preventiva como Junqueras. El máximo responsable del golpe de Estado perpetrado en Cataluña pretende ahora que la Mesa del Parlamento autonómico, una vez constituida el próximo día 17 con mayoría secesionista, dé el visto bueno a una modificación del reglamento que pudiese dar validez a un procedimiento sin precedentes , como sería su investidura como presidente de la Generalidad por vía telemática. La segura detención que seguiría al retorno de Bruselas de Puigdemont daría "simbolismo" a la actuación, según fuentes cercanas al líder independentista.

Ni que decir tiene que el único "simbolismo" que debería tener la detención de Puigdemont tras su dudosa investidura telemática"es ese que algunos anhelamos ver hecho realidad, como es el de que nadie está por encima de la ley, incluso si se es presidente de la Generalidad de Cataluña. En cualquier caso, resulta demencial que el Gobierno español, primero, y nuestro sistema de administración de justicia, después, hayan facilitado a los golpistas la posibilidad de reincidir en el delito a la espera de ser juzgados por los delitos que ya han perpetrado: el Gobierno de Rajoy, al convocar unas elecciones que permiten a los golpistas volver al único lugar donde pueden reincidir en el delito, que no es la calle ni su casa, sino la poltrona del poder; y nuestra Justicia, al no habilitar, dada la premura en la convocatoria de dichas elecciones, una medida cautelar atípica como es la privación preventiva del derecho al sufragio pasivo, que hubiera impedido a Puigdemont, Junqueras y al resto de la cuadrilla de imputados presentarse a estas absurdas elecciones autonómicas. Resulta, en este sentido, delirante que nuestros tribunales puedan llevar a cabo algo tan grave como es privar de libertad a unas personas por unos delitos por los que aun no han sido condenados y, sin embargo, no puedan decretar algo mucho menos lesivo para ellos como sería privarles del derecho a presentarse a unas elecciones durante el tiempo que reste hasta la celebración de un juicio que, por cierto, ya tarda.

Así las cosas, todo parece indicar que estamos condenados a que se perpetúe la aplicación de un articulo 155 que ya no sería esperpéntica tan sólo por el hecho de rehuir el objetivo de acabar con una administración autonómica estructuralmente en rebeldía contra nuestro ordenamiento constitucional, como es la catalana, sino también porque se prolonga contra el deseo de las propias formaciones constitucionalistas que lo respaldaron. Ante semejante espectáculo, convendremos en que lo único comprensible es que haya un territorio como Tabarnia, cuyos habitantes quieran dejar de formar parte de Cataluña. Eso, entendiendo cada vez menos por qué no quieren dejar de formar parte también de nuestra esperpéntica España.

Mafia pura y dura
OKDIARIO  9 Enero 2018

Los Mossos dirigidos por el mayor Josep Lluís Trapero actuaban como la mafia. De otra manera no se pueden calificar las escuchas a los altos cargos de Ciudadanos. Curiosamente, la principal esperanza del constitucionalismo en Cataluña ante el golpe de Estado y cuya líder, Inés Arrimadas, ha sido la ganadora en las últimas elecciones autonómicas. Como ya hemos pedido en más de una ocasión en OKDIARIO, este cuerpo policial no puede permanecer activo si no se dan las garantías de que la totalidad de sus integrantes respetan la legalidad vigente. No tiene sentido, ni teórico, ni económico, ni práctico, mantener una estructura pública pagada con el dinero de todos los españoles para que, como han podido comprobar en las numerosas exclusivas que ha publicado este periódico, trabajen en favor de los intereses espurios de los independentistas. Totalmente en contra del Estado de Derecho.

¿En qué tipo de país democrático los agentes se dedican a espiar a sus políticos? ¿En qué clase de comunidad pseudototalitaria se ha convertido Cataluña? Recordemos que, por desgracia, el caso de los responsables de Ciudadanos se ha repetido hasta la vergüenza con otros cargos del Partido Popular como Alicia Sánchez Camacho, el magistrado Ramírez Sunyer —instructor clave de las investigaciones del 1 de octubre y de sus respectivas fases preparatorias—, el ex presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, o con Victoria Álvarez, la garganta profunda del caso Pujol, espiada y presionada por denunciar las infinitas corruptelas del mayor clan delictivo de Europa. Un comportamiento más propio de la Stasi de la Alemania de Honecker que de un país como España, donde, en teoría, se deberían garantizar los derechos de todos sus ciudadanos y en todas las regiones, fuera cual fuera el gobierno autonómico que las rigiera.

La reformulación de los Mossos, por lo tanto, se hace imprescindible. Nuestros representantes públicos, nuestra sociedad, nuestro propio Estado de Derecho, no pueden estar al albur de un cuerpo autonómico convertido en la policía privada de los que quieren acabar con la legalidad vigente. Este espionaje político es intolerable y tanto el Gobierno —el Ministerio del Interior es el ahora máximo responsable de los Mossos— como la Justicia deben tomar cartas en el asunto hasta depurar todas las responsabilidades. Estas grabaciones, además de su inherente ruindad, podrían suponer graves delitos. Incluida una posible intromisión electoral.

Cataluña, entre trileros
Manuel Marín ABC  9 Enero 2018

El independentismo va a dar un millón de rodeos antes de investir a última hora, y cuando vaya a vencer el plazo de una nueva convocatoria de elecciones, a un nuevo presidente de la Generalitat. A priori, la munición política para que los aspirantes con opciones sean Carles Puigdemont y Oriol Junqueras es de fogueo. Ayer mismo, ERC cegó algunas de las vías que maneja Junts Per Cataluña, como la grotesca investidura telemática del huido ex presidente catalán. Parece razonable sostener que, por un puro instinto de supervivencia y por el mantenimiento del negocio del independentismo como forma de vida, los separatistas acabarán logrando algún acuerdo aunque sea de mínimos. No es lógico pensar que disponiendo de una mayoría suficiente de escaños, por ajustada que sea, vayan a arriesgar su patrimonio político dando nuevas opciones a Ciudadanos en unos nuevos comicios, en los que una hipotética resta de escaños del PSC y del PP podría impedir al secesionismo una mayoría absoluta de la que hoy sí goza.

Es factible pensar que finalmente habrá un acuerdo entre trileros, pero la liturgia de esconder la bolita y marear al ingenuo catalán hasta el infinito debe cumplirse metódicamente. El dilema no será el «qué» se negocia –el reparto del poder–, sino el «cómo» y, sobre todo, el «quién», para tratar de resolver el chantaje mutuo al que el separatismo se está sometiendo a sí mismo a través de vetos, exclusiones, odios personales, vendettas y facturas al cobro. Por eso no será fácil que, desde prisión, Oriol Junqueras avale una investidura fallida de Carles Puigdemont mediante un grotesco «multiplex» de plasma, o a través de una sesión dual de Skype que sería el hazmerreír de Europa, amén de ilegal. Los consejos de Gobierno de la nueva Generalitat serían dignos de un guión para José Mota: con el presidente aprobando decretos desde la ópera en Bruselas; con el vicepresidente preso en Estremera apelando al humanismo cristiano mientras su partido amenaza a la mitad de los catalanes; y con parte de los consejeros fugados haciendo los coros. Los consellers reunidos en la Generalitat… no habría quórum ni para un mus.

Alguien surgirá en el separatismo con un criterio negociador plausible y lógico para evitar nuevas elecciones, nuevos desafíos al Estado y nuevos disparates. Un Gobierno de videojuego es la psicotrópica opción que maneja Puigdemont con el único objetivo de pactar cómo eludir las frías noches de Estremera. Pero ese sí es un acuerdo imposible. No es muy común que el Tribunal Supremo se incline por negociar sutilezas de sediciosos.

El búnker de Puigdemont
Pablo Planas Libertad Digital  9 Enero 2018

Carles Puigdemont se considera el presidente de la Generalidad, un presidente legítimo y en el exilio. No acató su cese en virtud del 155, pero se presentó a las elecciones convocadas por Mariano Rajoy al cobijo del mismo artículo. Y ahora sugiere que se plantea volver siempre que el Parlamento le nombre presidente primero. Sus propagandistas sostienen que tal audacia obligaría al Gobierno a detener a todo un presidente de la Generalidad. Así es que Puigdemont habría aceptado por fin que ya no es el president, ni siquiera en funciones. O no.

El plan de Puigdemont desprecia la posibilidad de que la Mesa de la Cámara catalana no pueda forzar un cambio de reglamento para convertirlo en el primer molt holograma president de la Generalitat. O que el Tribunal Constitucional, a instancias o de oficio, suspenda cautelarmente la nueva argucia separatista. En el búnker belga se sigue en la idea de que las flatulencias emanadas por una Mesa del Parlamento de mayoría independentista están por encima de toda regla y norma, sea la Constitución o el Estatuto en verso. Para Puigdemont, no ha cambiado nada, salvo en lo relativo a que le ha ganado a Junqueras en su duelo particular y que entre ambos y la CUP retienen la mayoría absoluta.

Que con toda la vaina del supuesto exilio y la gran represión haya más electores que prefieran a Arrimadas es que ni lo contempla; que Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis estén en prisión preventiva en gran parte por su culpa también le da lo mismo, igual que la fractura social, el empobrecimiento y la inestabilidad. Al parecer, nadie en el búnker se atreve a informarle de que para tener una mínima opción de ser elegido presidente de la Generalidad lo primero que debería hacer es dar la cara y regresar a España. Necesita que alguien de su círculo le aclare que cuando sea detenido no será como presidente de la Generalidad sino como prófugo; que todo eso del president legítimo valía en campaña, pero ya no sirve de nada; que nadie, y menos en ERC, compra la parida de la investidura telemática que proponen los fanáticos más alucinados.

Por otra parte, las dificultades de comprensión de la realidad no son exclusivas de Puigdemont. También Junqueras necesita un abogado que le explique que el Tribunal Supremo no es la Santa Inquisición, porque de otro modo no se entiende la propensión del preso a exhibir su fe católica. Y si en realidad el Supremo tuviera algo de inquisitorial, menos se comprende que el preso pida clemencia antes que perdón, que es de primero de catecismo.

La izquierda catalana descubre el supremacismo
Cristina Losada Libertad Digital  9 Enero 2018

Fue por Reyes. Levantó la liebre un artículo titulado "Étnico", en el digital de José Antich, anterior director de La Vanguardia. Lluís Rabell, que fue diputado en el Parlamento catalán por la extinta coalición Catalunya Sí que es Pot, reaccionó en Twitter con este mensaje:

Joan Coscubiela, un veterano de Iniciativa per Catalunya, que fue diputado por la misma coalición, puso una advertencia similar:
No sé si tirar de refrán. ¿Nunca es tarde? ¿A buenas horas? ¿O simplemente "por fin"? Un "por fin" con cautela, pues los dos son ya ex. Mejor, doble cautela, porque ven venir algo que no va a venir: nunca se ha ido. Las posiciones que describía Rabell nos suenan, claro que nos suenan, pero el sonido no nos lleva tan lejos como sugería: nos suenan de siempre del nacionalismo catalán. Tampoco tenemos que esperar a que el estancamiento y la frustración traigan el ascenso de un nacionalismo supremacista, como decía Coscubiela: ese nacionalismo supremacista ya existía. Cosa distinta es que enmascarara esa condición suya, y que parte de la izquierda catalana prefiriera no quitarle la máscara, sino ayudar a mantenerla.

Los primeros vagidos del nacionalismo catalán se acompasaron a una doctrina según la cual en España no se habían fundido las diversas razas que la poblaban. Es Valentí Almirall, a finales del XIX, quien legitima su ruptura con el federalismo de Pi y Margall en una supuesta diferenciación racial y abre el camino por el que transitarán otros padres del catalanismo político. Cosas decimonónicas, podrá decirse, pero el afán de diferenciación en clave etnicista y la afirmación de superioridad no finalizarán con el siglo y alcanzarán un punto de histeria cuando las primeras oleadas migratorias españolas.

"Si Cataluña tuviera fronteras, la presión de fuera llegaría a romperlas y produciría una invasión violenta. Como no tiene, la invasión pacífica tiene lugar cada día y un ejército forastero de 20.000 a 25.000 hombres viene cada año a aumentar el contingente ajeno", escribía Josep Antoni Vandellós, uno de los científicos sociales catalanes más importantes de la época, en su libro Catalunya, poble decadent, de 1935. Vandellós tratará de resolver la contradicción entre la necesidad puramente económica de contar con ese "ejército forastero" y la amenaza que la "invasión" representa para "la continuidad de la población catalana con las características que la han diferenciado de las demás y nos han proporcionado una historia y una cultura que no hemos de dejar que se pierda". En esencia, ese el problema agónico –problema para los nacionalistas, hay que remarcar– que el nacionalismo catalán tratará de resolver hasta nuestros días.

Teníamos un nacionalismo que creía que su "pueblo" estaba en peligro de desaparecer a causa de la llegada de gentes de otros lugares del mismo país. Teníamos un nacionalismo que creía que los rasgos singulares de su "pueblo", un pueblo mejor que otros, se iban a perder por el peso demográfico de los que venían de Almería, Murcia, Lugo o Cádiz. Teníamos y tenemos. El envoltorio cambió. La retórica se adaptó. Desaparecieron términos tabú como raza e incluso consiguió, ese nacionalismo, que fuera tabú decir que tenía un esqueleto etnicista en el armario. Las soluciones al viejo problema se reformularon en un lenguaje aceptable, como la integración: tan dulce y melosa en apariencia, tan generosa ella, que hubo una izquierda que compró el caramelo y lo llamó progresista.

En 1982, el historiador Josep Termes, que fue del PSUC bajo la dictadura franquista, dijo en una conferencia auspiciada por la Generalitat de Pujol:
Con la inmigración, Cataluña ha escogido un camino sin retorno. No hay otra salida que la lucha por la integración de ésta. (...) Es necesario, pues, obligadamente, trabajar por la integración de los emigrantes que, por otra parte, tanto han contribuido al crecimiento de Cataluña y que muchos de ellos –y de sus hijos– quieren más que algunos catalanes, y con más sufrimiento y abnegación. Ésta es la vía y no hay otra. O se produce la integración, o Cataluña se desnacionaliza en una generación. (...) O se combate por la integración y la supervivencia de una Cataluña nacional, o se forma parte del ejército imperial de ocupación.

O se "integran" –se "nacionalizan", se convierten en nacionalistas– o forman parte del "ejército imperial de ocupación". Las paranoias del XIX llegaron a finales del XX. Siguen intactas. No, Rabell y Coscubiela, no empieza a manifestarse un nacionalismo supremacista. Continúa. Cosa distinta es que no quisierais verlo.

Enero de 2016-18: de la autoliquidación de Mas a la de Puigdemont
El separatismo catalán ha amortizado a dos presidentes más por autoliquidación de los propios personajes. Ambos se entregaron a la extrema izquierda. Y lo están pagando
José Antonio Zarzalejos elconfidencial  9 Enero 2018

Tal día como hoy hace dos años, Artur Mas cedió. O le hicieron ceder. Era un sábado. En 24 horas vencía el plazo máximo para intentar la investidura y de no producirse se convocarían nuevas elecciones. En las del 27 de septiembre del año anterior, la coalición entre CDC, ERC e independientes, bajo la denominación de Junts pel Sí, había logrado solo 62 escaños sobre los 135 del Parlamento catalán. A seis de la mayoría absoluta. La investidura de Mas dependía de los votos de la CUP, que irrumpió en la Cámara con 10 escaños. Los antisistema se negaron una y otra vez a respaldar una nueva presidencia del convergente. No hubo modo de convencerlos. Querían su cabeza política y la obtuvieron.

Mas y su partido, en vez de afrontar unas nuevas elecciones, se entregaron a la extrema izquierda. El líder de CDC quedaba descartado y para sustituirle fue llamado urgentemente Carles Puigdemont, alcalde Girona y diputado. Al día siguiente, 10 de enero, mañana hará dos años, el ahora huido a Bruselas fue investido. La CUP tenía la llave del proceso y había logrado que los convergentes y el propio interesado se autoliquidasen y entregasen la presidencia de la Generalitat a un separatista de pedigrí. El político-periodista de Amber lo era de toda la vida. No se trataba de un barcelonés al uso. Era de una menestralía de raíces carlistas, del interior catalán, de familia con oficio comercial, de las que en la Cataluña profunda se encomiendan a diario a San Pancracio.

Autoliquidado Artur Mas, el gran responsable de lo que ocurre (para mal) en Cataluña, la CUP llevó del ronzal a su sucesor hasta el mismo día 27 de octubre pasado, cuando declaró unilateralmente la independencia de la comunidad y, 36 horas después, huyó a Bélgica. Los antisistema, con mando en plaza, no tuvieron excesivas dificultades en encaminar a Puigdemont hacia otra autoliquidación. El expresidente de la Generalitat puso en ese afán todo su empeño. Ahora, en este enero de 2018, dos años después de aquellos acontecimientos, el secesionismo catalán ha devorado a dos presidentes por más que Puigdemont reclame no se sabe qué legitimidades.

A nuestro hombre de Bruselas le está ocurriendo exactamente igual —salvando la coreografía— que a su predecesor. Quiere volver a ser presidente de la Generalitat. Y quiere serlo con los votos, imprescindibles, de la CUP (cuatro escaños que con los 66 de ERC y JxCAT hacen 70) y por el procedimiento más inenarrable de cuantos puedan imaginarse: por vía telemática. El entorno de Puigdemont dice que si es investido así, volvería a España y retaría a la Justicia: “A ver si Llarena se atreve”. La cuestión es que al de Girona le ocurrirá lo mismo que a Mas: no será presidente de la Generalitat porque erró, de distinta forma que el exconvergente, en su alocada carrera secesionista, subestimando al Estado e incurriendo presuntamente en gravísimos delitos.

Escribí el pasado 2 de enero que en “Cataluña se va a cometer un fratricidio”. Junqueras y ERC, 'hermanos' secesionistas de JxCAT, votarán a Puigdemont si regresa, que es tanto como invitarle a que se dirija directamente a Estremera. Alternativamente, saben a la perfección que si invisten telemáticamente al huido, el Gobierno impugnaría de inmediato la designación ante el Tribunal Constitucional, que suspendería la designación. Este asunto, por más vueltas que se le dé, no tiene una salida practicable.

El separatismo catalán, de enero de 2016 a este de 2018, ha amortizado a dos presidentes de la Generalitat mucho más por autoliquidación e insensatez de los propios personajes que por otras razones. Ambos se entregaron a la extrema izquierda. Y ambos lo están pagando.

Cabe una alternativa sugerida con sentido común por el que fuera 'conseller' de Economía con Artur Mas, Andreu Mas Colell, que ha planteado un Gobierno de “carácter técnico” que cubra una legislatura de cuatro años. Es tan razonable lo que esgrime este reputado economista, también secesionista, que excede a la capacidad de comprensión de los partidos del 'procés', entregados a la irrealidad. No aprendieron nada del episodio del 9 y 10 de enero de 2016, cuando empezó la debacle, y es de temer que tampoco ahora reflexionen sobre el disparate telemático para investir presidente a un político definitivamente pasado de vueltas, ideológicas y emocionales. Ni Mas en enero de 2016, ni Puigdemont en este enero de nevadas de 2018.

Tabarnia y la rebelión de las ciudades
José Antonio Marina elconfidencial  9 Enero 2018

Con motivo de la aparición imaginaria de Tabarnia, se ha planteado un tema político, social y económico de enorme interés: el protagonismo de las ciudades, su eficacia para resolver problemas, su poder emergente. Me gustaría convencer a los partidos políticos españoles de que uno de los signos de modernidad política es el modo de concebir la ciudad. Desde la Fundación UP puse en marcha una iniciativa denominada Ciudades con Talento porque tengo la convicción de que algunos problemas educativos y sociales solo pueden solucionarse a nivel municipal, por ejemplo, el fracaso escolar, la violencia en las aulas, la violencia doméstica, el vandalismo en las calles, el abuso del alcohol, el consumo de drogas, la transición de la escuela al mundo del trabajo, etc.

La brillante iniciativa de 'ciudades educadoras' no ha acabado de cuajar, por haberse dispersado en actividades inconexas, en vez de hacer planes detallados y evaluables para resolver un problema en un plazo estipulado. Proyectos como el estadounidense Building Assets Communities han mostrado su eficacia. Hay otras docenas de iniciativas que están reseñadas en la web que antes mencioné. Intenté, sin éxito, que la Federación Española de Municipios se interesara por el proyecto, pero fracasé. Carecemos en España de un pensamiento municipalista poderoso, y eso es lo que desearía que algún partido desarrollara.

La noción Ciudades con Talento desborda el nivel educativo, porque afecta a todas las actividades sociales. Una ciudad con talento es la que satisface los tres grandes deseos humanos: el bienestar, la buena convivencia y el aumento de posibilidades. Durante algún tiempo trabajé con mi equipo en la elaboración de un 'test del talento de las ciudades', que midiera esas tres dimensiones, pero tuve que abandonar el proyecto porque no tenía dinero para continuarlo. Hoy me interesa explicar en qué consiste el 'aumento de posibilidades' que define a una ciudad inteligente.

Richard Florida, uno de los grandes expertos en el tema, opina que elegir la ciudad donde se va a vivir es una de las grandes decisiones del mundo actual. Las posibilidades de desarrollo personal, cultural, profesional o económico cambian de una a otra. Annalee Saxenian, que ha estudiado el fenómeno Silicon Valley en su obra 'Regional Advantage', muestra que las comunidades son fuente de creatividad. “El bar Wagon Wheel, en Mountain View, un local popular donde los ingenieros se reúnen para intercambiar ideas y chismorreos, ha sido considerado el centro de la industria de los semiconductores”.

Las ciudades supusieron un cambio radical en la historia de la humanidad, porque fueron centros de innovación y creatividad. El éxito de las redes sociales ha demostrado la posibilidad de comunidades virtuales, pero no han detenido el auge de las ciudades. Edward Glaeser ha titulado su libro 'El triunfo de las ciudades'. Richard Florida ha escrito sobre 'Las ciudades creativas', y así se titula también el libro de Charles Landry: 'The Creative City'. La variedad de intercambios, la fluidez de la información, los terceros espacios informales, la facilidad para colaborar, fundan la creatividad que las ciudades han demostrado a lo largo de la historia.

Municipios que demuestran su talento
Desde el punto el vista político, entre el estatalismo socialista y el individualismo liberal, aparece la ciudad como un intermediario ideal que permite una participación directa en los asuntos públicos, a través de redes de proximidad. Mis lectores saben que defiendo una idea del Estado promotor, que debe fomentar y proteger la creatividad de los demás. Pues bien, los municipios pueden ser los ejecutores inmediatos de esas políticas promotoras. Pueden presentar a sus vecinos 'proyectos sugestivos de vida en común', alejados de las abstracciones nacionalistas. Pueden ayudar a lanzar nuevas empresas, a relacionarse con otros municipios, atraer inversiones, crear un clima de iniciativa y progreso. En el pasado, a la mayoría de ellos solo se les ocurrió mejorar sus ingresos con licencias de construcción.

Hasta ahora, la rebelión la han iniciado las grandes ciudades. Para ser más exactos, las áreas de expansión metropolitana. Según el informe 'Global Strategic Trends - Out to 2045', realizado por el Departamento de Defensa inglés, las grandes urbes se están desarrollando a mayor velocidad que el resto de los países, por lo que acabarán reclamando autonomía y presencia en los organismos internacionales. Lo mismo harán grandes corporaciones. Doce multinacionales están entre las 100 mayores economías del mundo. Apple es económicamente mayor que Ecuador; Ford, mayor que Marruecos.

Esta capacidad de aumentar las posibilidades de acción de sus vecinos es lo que favorece la formación de urbes gigantescas, el secreto de su poder de atracción. Doscientos cuarenta millones de estadounidenses se concentran en el 3% del territorio. En Tokio y sus alrededores, el área metropolitana más productiva del mundo, viven 36 millones de personas. Estas aglomeraciones crecen imparablemente, y plantean problemas muy graves que los estados pueden corregir, ayudando a que ciudades más pequeñas sean también 'ciudades con talento'.

Por primera vez en la historia esto es posible, porque las nuevas tecnologías y los medios de transportes lo permiten. Nada hacía pensar que Arteixo podría ser el centro de una revolución en el negocio de la moda. ¿Por qué ha crecido tanto la oferta cultural de Málaga? ¿Por qué Alcalá de Guadaíra —que era la panadería de Sevilla— ha atraído tantas empresas? Me gustaría que me enviasen información sobre ciudades o pueblos que se han transformado, que han demostrado su vitalidad y su talento. Una ciudad no puede enfrentarse al problema del paro nacional, pero sí intentar reducir el paro en su comunidad. Es mucho más fácil pedir la colaboración a gente que conoces. Pero necesitamos que nuestra clase política no esté enredada en problemas anacrónicos, que genere pensamiento, que esté informada de lo que está ocurriendo en el mundo, de las grandes tendencias, de las grandes posibilidades y de los grandes problemas, que copie a los mejores. España se está convirtiendo en una burbuja provinciana. O peor aún, en un merendero agradable a la vera de la autopista.

EN LOS LIBROS DE TEXTO DE LA ESO
Los andaluces son inmigrantes, las barbaridades que se enseñan en Cataluña
Rosalina Moreno gaceta.es  9 Enero 2018

El material de 2º, 3º y 4º de las editoriales Barcanova, Cruïlla, Edebé, La Galera, Santillana y Vicens Vives contienen adoctrinamiento separatista.

Los andaluces y los extremeños son inmigrantes, ha habido un genocidio cultural catalán, y también una “explotación económica inmisericorde y marginación de los catalanes por parte del Estado español”. Estas son algunas de las falsedades que se enseña a los chicos de la ESO en Cataluña sobre la historia de España.

Así se desprende de un reciente informe del Sindicato de profesores AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria), que preside Antonio Jimeno, y que ha revisado uno por uno los libros de texto de Geografía e Historia de 2º, 3º y 4º de ESO, pertenecientes a las editoriales Barcanova, Cruïlla, Edebé, La Galera, Santillana y Vicens Vives.

Ha encontrado un puñado de planteamientos ideológicos partidistas, que sólo son defendidos por los partidos separatistas, que no son compatibles con nuestra Constitución, y que no se deberían enseñar en los centros educativos.

Socials 3 ( Editorial Barcanova), de 3º de ESO es el libro con más contenidos de adoctrinamiento separatista, hasta quince. En esta información tiene desgranado los despropósitos que difunde entre los jóvenes: Así adoctrinan en Cataluña a los alumnos de la ESO.

Le sigue en el ranking el manual de historia de 4º de ESO, de la editorial Teide, con 12 contenidos de adoctrinamiento independentista, Causan estupor.

Para empezar, AMES informa de que el temario contiene la historia de Europa y Universal y la de ‘Cataluña y España’, por lo que ya aquí “se contrapone Cataluña y España, como si fueran dos realidades separadas y diferentes”.

En el tema 7, titulado ‘Cataluña y España 1899-1931’, “presenta una imagen de la Dictadura y los militares españoles como hostiles al catalanismo y a Cataluña”: “Como ya sabemos, los militares españoles sentían una gran aversión contra el catalanismo (…) La bandera catalana va a ser prohibida y la Mancomunidad de Cataluña va a ser disuelta” (pg. 171) “.

AMES denuncia, además, que no se justifica que un libro para estudiantes de ESO establezca un subapartado sobre La República Catalana, “sólo los deseos y las fantasías de los nacionalistas, a los cuales se pliega el manual”.

Señala que en el subapartado El Estatuto de Autonomía (pg. 210) se dice que “una comisión formada por representantes de varios partidos políticos redactó el Estatuto de Autonomía (conocido como Estatuto de Nuria) porque se elaboró ​​en el hotel del valle de Nuria, que fue aprobado por los ayuntamientos catalanes y por la población de Cataluña en un referéndum (destacado y subrayado en el texto original) el 2 de agosto de 1931”. AMES afirma que “con toda claridad es una alusion a la campaña por un referéndum de secesión para Cataluña, en marcha desde el año 2012″.

Además, explica que el texto del Estatuto de Nuria tuvo que ser adaptado en las Cortes a la Constitución, lo cual es señalado en el manual en un “tono victimista“: “El Estatuto aprobado por las Cortes estaba muy recortado en relación al Estatuto de Núria” (pg 210). Algo que, para AMES, “inevitablemente, trae a la memoria la campaña victimista en relación a los “recortes” que el Tribunal Constitucional realizó sobre el texto del Estatuto de 2006, y que han servido de excusa al actual proceso de secesión.

Este sindicato afirma que se utiliza en el manual expresamente la palabra recorte (retall), aunque en la epoca se hablaba de la discusión del Estatuto o de la modificación del Estatuto, y que “el propósito parece consistir en que el alumno relacione los recortes del Estatuto de 1931 con los recortes del Estatuto de 2006, de la misma manera que antes se le ha sugerido un nexo del referéndum de 1931 con el referéndum que se busca en el momento actual”, “y que asimile los siguientes mensajes subliminales: a) Las instituciones españolas siempre han recortado las legítimas aspiraciones de los catalanes, hoy igual que en 1931. b) Los catalanes conseguiremos hoy un referéndum de la misma manera que lo conseguimos en 1931″.

Por otra parte, informa de que en el tema del Antiguo Régimen y la Revolución Francesa se afirma que “se implantó un nuevo impuesto único, el catastro, muy oneroso”, y que el calificativo oneroso da a entender que supuso una carga insoportable para Cataluña y una dura explotación económica por parte del Estado español, lo cual es falso. Apunta que en la siguiente página se vuelve a insistir en la idea “de explotación económica inmisericorde y marginación de los catalanes por parte del Estado español”.

En el apartado Cataluña 5 ‘Cataluña y España en el s.XIX‘ el Estado español es presentado como “un territorio atrasado y rústico”, y recoge que “la economía española del siglo XIX presenta un retraso que ha llevado a algunos historiadores a considerar que el conjunto de España no hubo una auténtica revolución industrial. La agricultura española, muy atrasada, tenía unos rendimientos muy bajos “(pg 122). En cambio, “en Cataluña, el proceso de industrialización hizo que naciera una burguesia industrial” (pg 124). AMES indica que “da la impresión de sugerir que ese proceso de industrialización fue fruto espontáneo de una situación de progreso y adelanto de Cataluña con respecto a España, fruto de una superioridad natural. Y todo eso a pesar de la gran represión y el enorme perjuicio económico ocasionado a Cataluña por la nueva dinastía borbónica, descritos anteriormente por el manual”.

Además, en el apartado 3 ‘La evolución económica y social’, subapartado 3.1 ‘Los años de la autarquía’ (pg 260) se afirma que “la España de la posguerra era un país extremadamente pobre y atrasado” (en negrita en el original), “dando de nuevo la imagen de la España pobre, atrasada y represiva”. “Una imagen reiterada, por la que es imposible que el alumno puedo desarrollar afecto. Pues a nadie le gusta identificarse con un país así”, subraya AMES.

Además, en el manual “de forma falsa” difunde que “fue prohibido el estudio y promoción de la lengua y cultura catalanas durante el franquismo”. AMES destaca que “el objetivo de semejante falsedad es que “el alumno interiorice el mito del genocidio cultural catalán”.

Informa también que en el libro “se hace un esfuerzo en presentar al catalanismo político como un movimiento avanzado y de izquierdas”, y que se insiste en la “dura represión de la cultura catalana”: “En Cataluña la represión franquista fue especialmente grave porque también se reprimió duramente la cultura catalana. Así se cambiaron los nombres de muchas calles, se prohibieron las sardanas, el himno y la bandera catalana, y la lengua catalana fue objeto de una represión extrema: se prohibió que se enseñara en la escuela, que se usara en el teatro y en la edición de libros y periódicos, e incluso se prohibió hablar catalán en los lugares públicos”.

En un apartado titulado La resistència política (pg 265) se afirma que “un jove polític, Jordi Pujol, va organizar “diversas actuaciones antifranquistas, como los hechos del Palau”. AMES indica que “no se dice una palabra sobre su implicación posterior, a partir de 1980, en una gigantesca red de corrupción y tráfico de influencias (el famoso 3 %), que le reportó una inmensa fortuna a él y a toda su familia”, sino tan sólo “una críptica alusión, mucho más adelante”, en la página 323, donde se habla de diversos casos de presunta corrupción económica “como el caso Pujol”.

Por otra parte, AMES alerta de que en el tema 6 ‘Cataluña y el franquismo: los cambios sociales y económicos’, en el subapartado 6.1. ‘El crecimiento demográfico y la inmigración’ (pg 266) se dice que “el crecimiento demográfico más espectacular se dio a lo largo de los años 60 gracias a la avalancha inmigratoria. Entre 1961 y 1965 llegaron a Cataluña 683. 000 personas, y entre 1966 y 1970, unas 600.000 más (…) Los inmigrantes procedían especialmente de Andalucía (45%) y de Extremadura (más del 10%). Todo Cataluña verse afectada por un fenómeno de estas dimensiones, pero los nuevos catalanes se concentraron sobre todo en las ciudades y las comarcas más industrializadas”.

AMES critica que “no es muy adecuado calificar continuamente de inmigrantes a ciudadanos que se han trasladado a vivir a otra parte de su país”. El sindicato resalta que este manual “está insinuando una consideración de extranjeros, que suponen un problema, especialmente cuando se les califica de avalancha inmigratoria”. Y apostilla que “esta sensación viene reforzada por una fotografía de los años 60 que sirve para ilustrar el apartado, en la que aparecen dos hombres y una mujer, de modestísima condición, penosamente cargados con maletas y bultos”.

Además, el sindicato de profesores Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria expresa que “es una realidad que tanto este libro de texto como los políticos impulsores del proceso separatista dejan los hechos de lado siempre que les conviene, para poder dar una imagen victimista y falsa de Cataluña y de su situación en el conjunto de España”.

Asimismo, avisa de que en el apartado ‘El auge del separatismo en Catalunya’ (2011-16), concretamente en las páginas 322 y 323, “se justifica el proceso de secesión en la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 que recortaba el Estatuto del 2006, en la negativa del presidente del Gobierno Mariano a Rajoy a la exigencia del presidente de la Generalitat Artur Mas de un pacto fiscal al estilo vasco y en la no aceptación del Congreso de los Diputados de la cesión a la Generalitat de las competencias para convocar un referéndum”.

“Con esta información es evidente que cualquier alumno debería pensar que es perfectamente normal que un gobierno regional desoiga el mandato del gobierno de la Nación y del máximo tribunal del Estado, organice un referéndum ilegal (en la pg 323 se incluye incluso una foto de las papeletas) y promueva un proceso de secesión”, manifiesta AMES.

Apunta que “la culpa la tendría, como en otros momentos de la Historia, el perverso gobierno derechista de España, que no quiere poner remedio al ahogo económico de Cataluña, no permite hacer un referéndum democrático y encima pretende disminuir las competencias de la Generalitat. En definitiva, la misma visión maniquea, victimista y adoctrinadora hasta el final”.

Completan la lista el libro de Santillana de 4º de ESO (10 contenidos), el de Cruïlla de 4º de ESO (9 contenidos), Vicens Vives de 4º de ESO (9 contenidos), Santillana de 3º de ESO (8 contenidos), Barcanova de 2º de ESO (7 contenidos), Cruïlla de 3º de ESO (7 contenidos), Vicens Vives 3º de ESO (7 contenidos), La Galera de 2º de ESO (6 contenidos), Cruïlla de 2º de ESO (6 contenidos), La Galera de 3º ESO (5 contenidos), Vicens Vives de 2º ESO (5 contenidos), La Galera de 4º ESO (4 contenidos), Santillana de 2º ESO (4 contenidos), Edebé de 4º ESO (3 contenidos).

¿Cómo poner coto a esta manipulación?
AMES considera que la mejor solución para enderezar esta situación, -en su opinión, la única-, sería el establecimiento de evaluaciones externas al final de la Primaria y de la ESO, que deberían ser las mismas para todas las comunidades, aplicadas y corregidas por funcionarios dependientes directamente del Ministerio de Educación.

“Esto permitiría valorar si los alumnos están recibiendo los conocimientos adecuados en cada una de las materias y con las orientaciones ideológicas recogidas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía”, apunta este sindicato, e indica que la Alta Inspección debería ser la responsable de organizarlas.

EN EL DIARIO L’EXPRESS
Ciudadano francés sobre Cataluña: ‘Es un nacionalismo de otra época’
La Gaceta   9 Enero 2018

Tabarnia ya es conocida en numerosos medios internacionales. El diario l’Express se hacía eco del asunto la semana pasada. Entre los comentarios, el de un ciudadano francés que, indignado, denunciaba racismo e “insultos horribles”.

El diario francés l´Express publicó el pasado día 4 un texto sobre Tabarnia. Entre las reacciones de los lectores llama la atención la de ‘Michel’, un jubilado francés que ha vivido en Cataluña.

“Soy un joven retirado que adora Barcelona, me instalé en Cataluña en primavera, y he visto crecer un nacionalismo de otra época, insultos horribles contra todo lo que no sea catalán (andaluces, franceses, europeos etc…), he soportado los conciertos de cacerolas durante la noche por parte de algunos vecinos, he sido maltratado pues no hablo catalán, me ha decepcionado profundamente el comportamiento de una minoría muy agresiva, siempre de personas muy a la izquierda, he tenido conversaciones con argumentos que te hacían caer de la silla, cuando me decían que los catalanes son una raza superior…”.

Michel se describe como “descorazonado” y se reconoce sorprendido por “encontrar esto en la Unión Europea”. El pasado mes de octubre el ciudadano francés entregó las llaves, hizo las maletas y regresó a París. Y concluye:

“Pues sí, yo apoyo Tabarnia, incluso si es utópica, por lo menos tiene el mérito de burlarse de los independentistas tan odiosos…jamás olvidaré lo que he escuchado en Cataluña, estoy triste por una región tan bella…“

Una familia catalana: “Nos amenazan de muerte porque fuimos a votar con una bufanda de C’s”
Raquel Tejero y Borja Jiménez okdiario  9 Enero 2018

Mañana de Reyes. Un momento especial para disfrutar con los seres queridos. Sin embargo las ideas radicales independentistas arruinaron ese día a una familia en Linars del Vallès (Barcelona) que amaneció con un crespón negro en la puerta de su casa y en cuyo patio particular entraron para tirar las sillas y las mesas por el suelo. OKDIARIO ha hablado con ellos para que nos cuenten cómo vivieron el incidente y el estrés que esto está provocando en su familia.

Pese a que la persecución a la que se han visto sometidos no viene de ahora, todo empeoró tras las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre. “Fui a votar con una bufanda de Ciudadanos. Me tapé el logo pero aún así al salir una mujer me llamó de todo”, asegura el padre. Entre los insultos, asegura que se incluían algunos como “facha de mierda”. La presencia de sus hijos menores no frenó a la señora.

El crespón negro, del que aún quedan restos de pintura en la acera frente a su casa es considerado por la familia como una amenaza a su integridad física: “He vivido toda la vida en este pueblo y considero que se trata de una amenaza de muerte”, añade el entrevistado.

Ahora la madre afirma no “poder dormir por las noches por estar alerta”. “No sabemos si nos podremos quedar aquí. No tenemos miedo pero queremos vivir tranquilos y en paz”, se lamentan.

Ambos prefieren preservar su identidad especialmente “por sus hijos”. “Son los de las sonrisas, los demócratas…pero a la gente que no pensamos como ellos nos señalan y nos dicen que no somos catalanes”, se quejan. “Nos han llegado a decir que tendríamos que dar gracias porque nos dejasen criar a nuestros hijos en su tierra”, añaden.

Afirman que el ambiente en el pueblo es muy tenso y que se les ha llegado a amenazar con declararles personas non gratas “por votar a Ciudadanos”.

Adoctrinamiento en los colegios
El matrimonio aprovecha la ocasión para denunciar el adoctrinamiento que sus hijos han sufrido en el colegio. Unos niños de nueve y dieciséis años que han vivido el intento de manipulación desde pequeños.

“Cuando mi hija era más pequeña, a mi marido le salió un trabajo para irnos a Algeciras a trabajar y mi hija iba a quinto curso y no sabía escribir castellano”, aseguran.

Respecto a su hijo pequeño el problema ha sido a la hora de recibir las clases de español: “Los niños se van al patio cuando les toca dar castellano, ahora llevan un año o así que están más encima de ellos y sí dan la clase pero…”, denuncian.

Su lucha en contra de todo esto les ha supuesto una identificación con el resto del pueblo que no comparte sus ideas: “El tema del adoctrinamiento sí que existe en los colegios catalanes y nosotros no lo hemos permitido”, sentencian.

EN VIGO
Brutal paliza a un joven por defender la unidad de España
La Gaceta   9 Enero 2018

Un mes después se ha conocido la agresión de un grupo de radicales a un hombre por participar en una marcha contra la independencia de Cataluña.

Cuatro personas fueron detenidas hace casi un mes por agredir a un hombre que había participado en una manifestación por la unidad de España en Barcelona. Los agresores están vinculados a la peña Celtarras, conocido por su largo historial de violencia y de amenazas contra los agentes.

Un diario británico publicó una fotografía en la que aparecía el joven, natural de Redondela, y comenzó a recibir amenazas a través de las redes sociales. Finalmente las amenazas se materializaron el 10 de diciembre a las 6 de la madrugada, cuando los cuatro agresores reconocieron al joven y comenzaron a propinarle golpes.

El hombre quedó inconsciente a causa de la paliza, sufrió múltiples contusiones y tuvo que ser evacuado al Hospital Álvaro Cunqueiro. Según Outono, el pasado 17 de septiembre, se produjo un suceso similar en Orense cuando un hombre fue agredido por colgar la bandera de España en su cuenta de Instagram.

Esta agresión tuvo lugar dos días después del asesinado de Víctor Laínez en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España. Rodrigo Lanza comenzó a increpar a la víctima, un hombre natural de Tarrasa (Barcelona) pero que vivía desde hace años en Zaragoza, por llevar unos tirantes con la bandera de España. Los tres se habían encontrado en una discoteca de la zona de fiesta y comenzaron a increparle llamándole ‘facha’.

Cuando Víctor abandonó el local, los jóvenes corrieron tras él y uno de ellos le golpeó con la barra de hierro. El hombre no tuvo posibilidad de defensa, pues el ataque fue por la espalda y cuando intentó defenderse ya había caído desplomado al suelo. Tendido en el asfalto fue víctima de una despiadada golpiza a merced de sus agresores.


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