AGLI Recortes de Prensa   Jueves 11  Enero 2018

La cara del jefe de gobierno de España
Antonio García Fuentes Periodista Digital 11 Enero 2018

Últimamente para mí su cara ha cambiado mucho, “refleja un poema trágico” y sus colores no anuncian bonanza alguna; por mucho que quiera enmascarar las realidades que se le han acumulado, “la procesión que lleva por dentro debe ser de aúpa”; no refleja “calor alguno”, ni él ni ninguno de sus secretarios, que parecen contagiados de “lo que le pase al jefe”; da la sensación de que todos han dado ya lo que son capaces de dar, aunque aparenten el “estar ilusionados por la continuidad”, que de darse no podrá ser otra que, “la de más de lo mismo”.

Y como el viejo y sabio dicho afirma… “la cara es el espejo del alma, aviados estamos”; el progreso no es otra cosa que más deudas para todo el aparato estatal, que no levanta cabeza, desde la mayoría de ayuntamientos, que están endeudados hasta la quiebra, llegándose en algún caso extremo, a que ya no hay quien quiera ser alcalde de “una ruina municipal que no tiene salida”, hasta llegar a la más importante de todas, la nacional, cuya deuda se mantiene en tan monstruosa cifra, que de lograr equilibrarla, será “en el próximo siglo”; y ello contando con que aparezcan buenos estadistas que sepan encauzar la marcha de la nación española, única que de verdad existe como tal, pese a la sarta de mentiras que los políticos irresponsables han querido inculcarnos con aquello de que, “España es una nación de naciones”.

Ejemplo máximo de todo lo contrario es Cataluña, que según oí días atrás, ya tiene “voceado” el que necesitará, alrededor de otros diez mil millones de euros para afrontar el gasto que piensa consumir en 2018; teniendo en cuenta que debe al resto de España, más de setenta mil millones más, de los que no ha pagado ni un céntimo y seguro que lo que pretende es el que le perdonen, “tan monstruosa losa”, todo lo cual repercutirá en el aún más empobrecimiento de toda España y por ende, la falta enorme de recursos a optar por el resto de “nacioncillas o autonosuyas y virreinatos”, que de ese fondo que según el gobierno hay para repartir, ya Cataluña se quiere llevar la mitad o más para su subsistencia, puesto que “sus empleados” como los de los vascos (que también se llevarán la parte del león de esos recursos a repartir y que debieran llegar a zonas verdaderamente ya calamitosas, no recibirán ni un ochavo) ya que “las nacioncillas de primera categoría tienen que tener todos sus enchufados, mucho mejor pagados que los del resto de España (reciente está “la guerra de salarios” entre policías vascos, catalanes y resto de España, donde unos cobran, “un güevo de pava y otros sólo se lo dan de codorniz”).

De los jubilados mejor ni hablar, puesto que yo mismo, que a mis ochenta años y llevando ya quince jubilado, ahora me pagan 673 euros, con lo que ni me llega para pagar “la chacha”, que viene a cuidar mi casa; y ahora con las vergonzosas subidas de “un cuarto de euro”, ni me llegarán “para el Netol, Sidol o Brasso, para limpieza de los dorados que aún puedan quedar en la casa”.

Todo ello y muchas, muchísimas cosas más, que el jefe de gobierno y sus ministros (supongo que también las sabrá el rey) son más que suficientes como para tener la cara que presenta hoy el señor Rajoy y todos sus subordinados, salvo que algunos la tengan tan dura y acorazada, amparada en los pingues emolumentos que cobran, que cerrando ojos y oídos, digan lo que aquel fraile del convento; aunque a muchos se les acabarán “las alegrías”, tan pronto nos llamen a votar en las elecciones generales, que aunque las tenga blindadas el jefe, como el tiempo es inexorable, han de llegar y llegarán, sin ninguna ilusión para la masa de españolitos que vinimos a este mundo, puesto que aquí, los cambios suelen ser siempre a peor y de ese peor, se suelen beneficiar siempre… “los de siempre”… ¡¡Y viva España, sus vinos y sus jaranas y siga la eterna juerga en las Españas de siempre!!

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

Conexión colapso AP-6 y agujero pensiones públicas
Juan Laborda vozpopuli.es 11 Enero 2018

Un hecho y una noticia como botones de muestra de la realidad patria. El hecho, el colapso por un temporal de nieve en las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61, que comunican Madrid con Castilla y León y el noroeste de la península. En nuestra querida España las concesiones y los contratos de colaboración público-privados han supuesto un empeoramiento y encarecimiento de los servicios públicos, además de otras prácticas viciosas dignas del Clan de los Corleone. La noticia, el Tesoro tendrá que emitir un nuevo préstamo de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones en 2018. ¿Pero no somos los campeones del mundo mundial en la generación de empleo? ¡Cómo nos toman el pelo!

Pero hecho y noticia están relacionados. Permítanme argumentarlo con una serie de preguntas sencillas. ¿Qué carajo han estado haciendo quienes nos gobiernan con nuestros impuestos?¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué lúgubre futuro espera a nuestros hijos y nietos? Es muy sencillo, cual aves de rapiña, unos cuantos espabilados, con el apoyo y colaboración de los políticos de turno, han saqueado la cosa pública. Y no pasa nada. Los medios de comunicación, el otrora cuarto poder, muy debilitado él, no analiza lo relevante. El negocio y la pasta detrás de todo. Porque donde hay un corrupto hay un corrompedor. Y esto último parece que no queda nada claro.
¿Qué pasa con las concesiones?

Qué casualidad que el día en que se produce una fuerte nevada, los problemas aparezcan, como siempre, en una autopista de peaje, la AP-6, cuyo mantenimiento corresponde a un empresa privada; y no en los tramos de autovía A6, cuya conservación incumbe al Estado. Permítanme una anécdota personal. Ese mismo día regresaba desde Zaragoza a Madrid y había una intensa nevada desde Medinaceli hasta llegar casi a Guadalajara, y al menos las quitanieves, sin mucho alarde eso sí, evitaron el colapso la A-2. Por si acaso, decidimos no coger la radial R2, simplemente porque sabíamos que ante una intensa nevada no habría quitanieves y nos quedaríamos atrapados. El problema es que en el caso de la AP-6 no había una autovía alternativa, forzosamente había que cogerla, sí o sí.

Este ejemplo de la concesión de una autopista se puede extender a otros ámbitos de servicios públicos donde se ha cedido la gestión pública del agua, la recogida de basuras o la gestión de hospitales a la iniciativa privada, sin que ello suponga ninguna mejoría del servicio y en la mayoría de los casos un encarecimiento del mismo. Ya ni entro a hablar de las privatizaciones de los otrora monopolios naturales o del coste final que supone una obra civil respecto al presupuesto inicial. Pero no se preocupen, no va a pasar nada. Los ciudadanos pagaremos como siempre los platos rotos; y si hace falta, más deuda soberana que financie éstos desaguisados. En todos estos casos han actuado los buscadores de rentas, lícitas o ilícitas.

Por eso debemos incorporar en cualquier análisis el papel de las instituciones, lo que Douglas North denominó las "reglas del juego" o las limitaciones derivadas de esa estructura que surge de la interacción política, económica y social. En particular, la discusión sobre el papel desempeñado por las instituciones (formales e informales) que dan origen y soporte a la búsqueda de rentas o apropiación de la riqueza por parte de ciertos grupos (los buscadores de rentas) a través de mecanismos no competitivos. Joseph Stiglitz en El Precio de la Desigualdad (2012), especifica como la búsqueda de rentas que ahogan el crecimiento toma muchas formas, desde transferencias ocultas, pasando por subsidios del gobierno a grupos de presión, leyes que favorecen los oligopolios y una aplicación laxa de leyes de competencia.

El colapso AP-6 y el agujero pensiones públicas
Permítanme relacionar el colapso de la AP-6 y el agujero de las pensiones. España es un ejemplo de libro donde los buscadores de rentas campan a sus anchas. No solo en la búsqueda de concesiones administrativas, o la recogida de basuras, por citar dos ejemplos. Por encima de todos, destacan aquellos que se apropian de las rentas de la tierra y demás recursos naturales -espacio radioeléctrico, yacimientos mineros, aguas…- y que han marcado nuestro modelo de crecimiento económico. Porque éste, especialmente en las últimas cinco décadas, ha primado en exceso la especulación con el suelo, con su traslado a los precios de los pisos y locales comerciales, generando una de las mayores burbujas inmobiliarias de la historia. Mientras tanto distintos monopolios y oligopolios se frotaban las manos bajo la connivencia de las autoridades políticas.

Y de aquellos barros estos lodos. Porque los problemas asociados al actual sistema de pensiones público de reparto, y que obligan ya a financiar las pensiones con deuda, tienen que ver con nuestro modelo productivo: el estancamiento del crecimiento de los salarios, el problema demográfico, la desigual distribución de la renta, y la caída de la productividad. Remediar el estancamiento de los salarios y la desigualdad salarial, unido a un crecimiento de la productividad serían, por lo tanto, partes intrínsecas que permitirían solucionar los problemas de las pensiones públicas bajo el sistema de reparto. Pero parece que no van a ir por ahí los tiros. Se requieres tiempo, y de ello parece que ciertos políticos no disponen.

Todos los problemas relevantes que afectan a España (deuda, salarios, productividad, vivienda, empleo, pensiones…) se derivan de un injusto sistema económico basado en la especulación y el control de vastos sectores de la economía por oligopolios, como los bancos; y monopolios como las eléctricas y otros, así como por un sistema fiscal que castiga a los productores de riqueza y premia a los que viven del trabajo ajeno y se apropian de la plusvalía del suelo y otros recursos creada por el progreso social, violando la letra y el espíritu de nuestra Constitución. La única forma de mejorar la situación de los que viven de su trabajo es modificando este sistema. No queda otra.

Dulce demagogia
Soluciones Sánchez: Los bancos son malos, ¡que paguen las pensiones!
Luis Ventoso ABC 11 Enero 2018

Se puede reconocer el problemón... o se puede hacer el avestruz y meter la cabeza en un hoyo, como las huestes del Partido Infantil de Iglesias. Pero a día de hoy, y pese a la severa devaluación interna acometida tras la crisis, España sigue viviendo por encima de sus posibilidades. O se acometen ajustes o no nos podremos permitir conquistas sociales que damos por descontadas. El mayor riesgo estriba en las pensiones, que se meriendan 40,7 euros de cada cien en los presupuestos. Actualmente el sistema ya no se sostiene. Se está aguantando a golpe de puro crédito y vaciando la llamada «hucha» de los jubilados (el Gobierno ha laminado el 90% desde 2012). El panorama empeorará, porque cada vez vivimos más y porque comienza a incorporarse a la jubilación la generación más nutrida, los «baby boomers». La pirámide demográfica de España es una película de la Hammer, pero no hemos tenido jamás un Gobierno que haya acometido una política familiar para tratar de mitigarlo a medio plazo. En algunas regiones del Noroeste ya hay solo un trabajador activo por pensionista. Tierras sin futuro.

El envite de las pensiones es tremebundo. Pensar que Fátima Báñez va a arreglar un embolado así es como pretender que Bustamante dirija a la Filarmónica de Viena. En cuanto a Rajoy, el verbo reformar no figura en su código genético, es un preservador. Sánchez, que había enmudecido tras su batacazo en Cataluña con el nacionalista Iceta, ha salido de su silencio para aportar su solución. Pero se ha quedado en dulce y facilona demagogia: como los españoles hemos costeado el rescate de la banca, ahora toca que los bancos se chinchen y ayuden a pagar las pensiones, vino a decir el Pericles de Ferraz. La propuesta, digna del hit-parade del Partido Infantil al que ahora imita Sánchez, gustará a muchos españoles que se vieron vapuleados por la crisis, o a los miles que perdieron sus ahorros en la debatible maniobra del Popular. Pero la idea chirría. En primer lugar fallan, como siempre, las matemáticas. Con su propuesta de gravar los beneficios de la banca y sus transacciones, el PSOE calcula que recaudaría unos 1.800 millones. Tal cifra es una micción en el océano de las pensiones, que se llevan cada año 140.000 millones del erario público. Además, los bancos harían lo lógico: repercutir de inmediato el rejón a sus clientes.

Asombra que siendo economista, Sánchez no repare en que los bancos son la savia vital de una economía de libre mercado. El rescate bancario no fue un capricho neocón. Tras la galerna de 2008 lo acometió el Reino Unido con el laborista Brown, también Suiza (UBS), Holanda (ING), Alemania (Hypo Real), Francia y Bélgica (Dexia)… Todos sabían algo básico, que Sánchez se fuma: si naufragan sus grandes bancos un país se va al garete. Castigar a la banca supone también una temeridad cuando los tipos de interés por los suelos han dificultado enormemente su negocio y cuando el riego del BCE, que se acabará, los sostiene con respiración asistida.

Federalismo y «nación de naciones» para luchar contra el separatismo y para las pensiones, recetas que parecen salidas de una tarde de cañas con Monedero. Qué bien le sentaba el silencio.

La violencia izquierdista generará más violencia
Ramiro Grau Morancho.  latribunadelpaisvasco.com 11 Enero 2018

Abogado. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Hemos asistido en los últimos meses a varios asesinatos y atentados contra personas particulares, por el único “delito” de ser de derechas, o miembros de grupos identitarios, llevar tirantes con la Bandera Nacional o portar con orgullo la citada enseña.

Han aparecido miserables que amparándose en el supuesto anonimato de las redes sociales, han hecho manifestaciones celebrando esos asesinatos y lesiones, basándose en que los agredidos eran “fascistas”, falangistas, o de grupos identitarios.

Incluso en algún caso se ha llegado a reprochar al muerto que traficara con drogas, lo que es rotundamente falso, pero no por parte de particulares, sino de todo un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza…, lo que nos demuestra claramente qué miserables ocupan escaños curules.

Algún profesor de la Universidad del País Vasco ha justificado en las redes ese asesinato, lo que evidencia, una vez más, que cualquier imbécil, e incluso delincuente, puede ser profesor en universidades públicas.

Hace varios años se crearon unas fiscalías especiales contra el odio y los delitos ideológicos, de las que tenemos pocas noticias de su actividad. No es de extrañar, pues lo único que han hecho ha sido actuar contra grupos de derechas, o personas caracterizadas por la defensa de unos determinados valores y principios, es posible que equivocadamente, pero con toda honestidad, y dando siempre la cara. Es el caso del librero, escritor y editor don Pedro Varela, por ejemplo, con cuya amistad me honro, a quien han reducido prácticamente a la indigencia, a la muerte civil, cerrando su editorial, clausurando la librería "Europa" de Barcelona, de su propiedad, e impidiendo que siga escribiendo y publicando libros. ¡Todo en un alarde de democracia…!

¿Se imaginan ustedes que pasaría si alguien se atreviera a pedir la clausura de algún diario abiertamente separatista, o de la TV3, por ejemplo, una televisión al servicio de la dictadura nazi separatista catalana…? No quiero ni pensarlo.

Pues bien, a lo que íbamos. Lo cierto es que cuando se han denunciado comentarios ofensivos, vejatorios y delictivos contra doña Inés Arrimadas, por ejemplo, las penas que se han impuesto han sido realmente irrisorias, como si los hechos no fueran extremadamente graves.

Dice la Biblia que quien siembra vientos, recoge tempestades.
Y esta situación en la que estamos, de extrema violencia contra quienes no pensamos igual que lo que opinan los grupos mayoritarios, o sus amos, puede acabar degenerando en un clima de extrema violencia, con asesinatos incluidos.

Supongo que nadie pensará que los grupos “fascistas” (según ellos), falangistas, identitarios etc., van a seguir poniendo la otra mejilla. Eso está bien para los curas, pero no para la sociedad civil.

Toda acción lleva aparejada una reacción, y conviene no olvidarlo.

De cualquier forma, ¿qué vamos a esperar de un ministro del interior absolutamente inútil, y de un gobierno más preocupado por tapar sus muchas vergüenzas que otra cosa…?

PÉREZ-LLORCA, PADRE DE LA CE
La cesión de la Educación ‘fue el pecado original de la Constitución’
La Gaceta  11 Enero 2018

El ponente de la Constitución José Pedro Pérez-Llorca ha considerado que en este momento no se dan las condiciones para abordar una reforma constitucional y que habría que “limpiar un poquito la atmósfera” porque en la España actual hay “mucha ira”.

En su comparecencia ante la Comisión sobre el modelo autonómico del Congreso, Pérez-Llorca ha coincidido con el otro ‘padre’ de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que también ha comparecido también este miércoles, en que la vía para mejorar el sistema territorial sería la reinterpretación del texto a través de leyes y no una reforma.

Ha considerado que esta sería un técnica “políticamente muy fecunda” frente a los “grandes problemas” que plantearía la estrategia de un texto refundido.

Al rechazar expresamente cambiar la Carta Magna, ha comparado la idoneidad de una eventual modificación con las condiciones “de presión y temperatura” que son imprescindibles para que llueva, “y que ahora no se dan”.

Y ha recordado que los ponentes constitucionales tenían claro “un proyecto común” de avanzar hacia la democracia pacíficamente, como decía una canción popular de entonces ‘Libertad sin ira’. “En España, ira hay mucha ahora” ha explicado.

Reconoce los fallos en la redacción constitucional
Este “padre” de la Constitución ha advertido sobre una posible “solución concesiva” para el conflicto en Cataluña y ha reclamado que, por el contrario, se tomen medidas de integración para España, puesto que la amenaza es “la desintegración”, en diversos ámbitos como en la lengua y la educación.

“La enseñanza fue el pecado original de la Constitución, fue nuestro gran error”, ha reconocido Pérez-Llorca, porque en este ámbito o en el de la lengua la actual Carta Magna fue “más autonomista y liberal que la de la República”.

Así, ha dicho que lo ponentes de la Constitución fueron “algo ingenuos”, lo que fue aprovechado con “cierta deslealtad” por el nacionalismo.

En este sentido, ha apuntado que si se produjese la independencia de una parte de España, en concreto de Cataluña, supondría “un extraordinario fracaso histórico que traería males sin fin” porque “descalificaría toda la época de la Transición y la Constitución”.

Ha advertido a los diputados que una reforma constitucional van a sufrir una enorme “presión concesiva” para ir más allá en la autonomía catalana, y dar “la llave” para un referéndum pactado, algo que él considera erróneo.

Apuesta por más autogobierno de España
En su intervención, ha asegurado que “el tema” ahora es “cómo mejorar el autogobierno de España” y ha empezado haciendo “autocrítica” sobre el Estado de las Autonomías que, aunque ha sido “un gran éxito”, tiene “defectos de diseño conceptuales”.

Además de ser un sistema complejo y conflictivo, por la cantidad de recursos ante el Tribunal Constitucional, es “lujoso, costoso, e incluso caro”, ha concluido.

A preguntas de los portavoces de los grupos, Pérez-Llorca ha apostado por aprovechar el potencial de la Conferencia de Presidentes, que ha considerado un “magnífico instrumento” que debe reforzarse sin necesidad de incluirlo en la Constitución.

También ha descartado implantar en España el modelo de la Cámara Alta alemana (Bundesrat) porque “no creo que aportara ninguna solución” dados los conflictos ideológicos que existen en España y más bien se ha inclinado por utilizar recursos reglamentarios del actual Senado para darle mayor sentido territorial.

Aldi también contenta a los independentistas: sólo usa el catalán en Casteldefells
Borja Jiménez okdiario 11 Enero 2018

La cadena alemana de supermercados de descuento Aldi también prefiere contentar a los independentistas antes que rotular en castellano. Y es que, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, la compañía sólo rotula en catalán y en inglés en sus establecimientos de Castelldefels.

Y lo cierto es que no está Aldi como para juguetear con el politiqueo, toda vez que la cadena de supermercados alemana, que ha invertido casi 500 millones de euros en España (con más 250 establecimientos), no logra el retorno esperado en el mercado español. De hecho, Aldi es, de las principales cadenas asentadas en nuestro país, la que menos factura por metro cuadrado, según los expertos.

Fuentes del sector han confirmado a este periódico que el objetivo de Aldi, empresa con la que nos ha sido imposible hablar, pasa por seguir en España, donde está desde el año 2002, pese a lo que les está costando asentarse en el país.

Cabe recordar que la Agencia Catalana del Consumo (ACA) vigila desde 2010 a los comercios que no utilizan el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios. Este organismo, encargado de imponer el catalán (y, en la práctica, la erradicación del español), lo hace en cumplimiento del Código de Consumo de Cataluña, aprobado mediante la Ley 22/2010, de 20 de julio y redactado en la era Pujol, que han mantenido los siguientes gobiernos desde el tripartito nacionalista que lideraba el PSC a los ya abiertamente independentistas de Artur Mas y Carles Puigdemont.

Desde el punto de vista legislativo, no se puede imponer ninguna de las dos lenguas cooficiales y el TC, que ha declarado constitucional el derecho de los consumidores a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua que escojan en sus relaciones con la administración, recuerda no obstante que en el ámbito de las relaciones entre particulares no se puede imponer “el uso de cualquiera de las dos lenguas”.

La propia Ley catalana establece la regulación lingüística “de acuerdo con el régimen de cooficialidad de lenguas establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, reformado mediante la Ley orgánica 6 / 2006” y que “la lengua propia de Cataluña es el catalán que, también, es la lengua oficial en Cataluña junto con el castellano”.

En el artículo 4 de la Ley sobre la rotulación y cartelería dice que “cualquier elemento informativo de carácter fijo deberá estar redactado al menos en catalán con independencia de su soporte (por ejemplo los carteles o rótulos de las empresas o establecimientos que contengan información relacionada con la actividad comercial desarrollada, siempre y cuando tengan carácter permanente)”.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
La financiación estatal del golpe separatista
EDITORIAL Libertad Digital 11 Enero 2018

Lo peor es que la tan tardía aplicación del 155 sólo ha tenido como objetivo una nueva y precipitada convocatoria electoral que va devolver el poder a las mismas formaciones secesionistas que perpetraron el golpe.

A nadie debería sorprender a estas alturas saber que el ilegal proceso secesionista, oficialmente iniciado en la Diada de 2012 y bajo el que tuvieron lugar las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, fue financiado con dinero público. El hecho de que el Gobierno de Rajoy auxiliara desde el primer momento a la Administración golpista a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), a pesar de sus públicas y acreditadas pretensiones inconstitucionales y su continuado delito de malversación de fondos públicos, era justificado por el Ejecutivo del PP –sin la menor critica por parte de ningún partido de la oposición– como una forma de evitar la suspensión de pagos de la autonomía más endeudada y de garantizar que los ciudadanos catalanes no se resintieran en servicios tan esenciales como la sanidad o la subvención de productos farmacéuticos.

De esta forma, sin embargo, el Gobierno central financiaba, de manera indirecta e involuntaria pero absolutamente decisiva, el procés, por cuanto venía a cubrir los agujeros que dejaba el desvío de fondos propios de la Generalidad destinados a cosas tales como la creación de un Consejo Asesor para la Transición, la subvención a entidades separatistas, la apertura de embajadas catalanas en el extranjero, la financiación de una radiotelevisión pública al servicio de la sedición o la de los propios referendos de 2014 y 2017.

Ahora se ha sabido que los mandatarios catalanes utilizaron directamente parte de los fondos del FLA para pagar –junto con fondos de la propia Generalidad– la consulta del 1-O. Aunque a efectos del delito de malversación resulta irrelevante que los fondos públicos provengan de una Administración u otra, lo que deja de relieve esta noticia es hasta qué punto el Gobierno central –y el ministro de Hacienda muy en particular– tiene en este asunto una tremenda responsabilidad in vigilando. Recuérdese que Montoro, hasta una fecha tan próxima al 1-O como el 31 de agosto, tuvo la desfachatez de afirmar rotundamente que la Generalidad no había gastado "ni un euro público en el referéndum", para poco después asumir, supuestamente, el control directo de los fondos de la Generalidad.

No es lo más grave en la noticia que ha publicado El País citando fuentes próximas a la investigación judicial por el 1-O. Sino el hecho de que el descubrimiento de esos tres millones de euros procedentes del Estado y desviados al proceso separatista lo han desvelado los papeles –30 cajas llenas de documentos en un furgón– que los Mossos d’Esquadra se disponían a quemar en una incineradora de la ciudad barcelonesa de Sant Adrià de Besòs, documentos que fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional.

Resulta increíble que los agentes de la Policía autonómica no fueran conscientes de la naturaleza de los documentos que se les ordenó destruir, por lo que cabría exigir una investigación destinada a averiguar su responsabilidad en ese delito de encubrimiento y destrucción de pruebas. Con todo, nada es comparable con la responsabilidad de los delincuentes que estaban a su mando y que ostentaban la máxima representación del Estado en Cataluña gracias a la irresponsable renuencia del Gobierno y de la clase política, que no se dispusieron a suspenderlos en el cargo en aplicación del artículo 155 de la Constitución hasta que los golpistas terminaron de perpetrar todos los delitos que con tanta antelación habían anunciado, incluida la declaración de independencia de Cataluña.

Lo peor es que la tan tardía aplicación del 155 sólo ha tenido como objetivo una nueva y precipitada convocatoria electoral que va devolver el poder a las mismas formaciones secesionistas que perpetraron el golpe. Qué grotesco espectáculo.

El Gobierno sigue muy perdido en Cataluña
Gabriel Sanz. vozpopuli  11 Enero 2018

A Mariano Rajoy le gusta señalar que, en la vida, siempre acaba imponiéndose la sensatez y no lo que él denomina "líos" y "espectáculos"... Debe de ser que en Cataluña no tienen su misma visión de la vida porque, si uno analiza la secuencia de los acontecimientos, comprueba que el independentismo no solo no da pasos atrás sino que en estos cuatro años ha ido imponiéndonos su lío, por más abracadabrante que parezca.

El último episodio es el de la investidura "telemática" de Carles Puigdemont, en la que el Gobierno, una vez más, da sensación de ir a remolque de unos acontecimientos delirantes (más aún): Que el prófugo de Bruselas haya logrado instalar en Junts per Catalunya, su plataforma, ERC y la CUP, que es president "legítimo" de la Generalitat y como tal tienen que reponerle en el cargo, tiene lógica... entre ellos. Pero que el resto de las fuerzas políticas se limite a decir que no lo apoyaran, es de traca. ¡Faltaría más!

Todavía nadie de La Moncloa, de los ministerios, o de los partidos constitucionalistas, ha salido a decir algo así: "¡ojo!, si vuelven por donde solían, con el añadido de provocación que supone para el Estado de Derecho investir a un huído, que sepan que no lo vamos a tolerar digan lo que digan los letrados del Parlament. Recurriremos al Constitucional o al Vaticano; y si en lugar del discurso en plasma desde Bruselas, resulta que ponen a Jordi Turull o Josep Rull de candidato, sepan que el elegido, no Puigdemont, será el presidente legítimo y legal de la Generalitat para los próximos cuatro años. Nuestro interlocutor. Punto y final".

El problema es que el Gobierno sigue de perfil, convencido de que la aplicación del 155 ha ido bien y de que, cuanto menos ruido organice, menos protagonismo le da a Puigdemont. Pero alguien debería recordar que sin ruido el independentismo ha vuelto a ganar el 21-D, y que si la intervención de la Generalitat ha resultado indolora es porque el funcionariado, y la ciudadanía catalana en general, rechaza jugarse nada en aventuras suicidas, no porque sus dirigentes hayan dado un paso atrás; solo hay que ver las disquisiciones que nos entretienen en estos días sobre si hay que reformar el artículo 146 del Reglamento de la Cámara, o no, para que Puigdemont pueda poner un plasma en su escaño y empezar allí a debatir con los portavoces desde Bruselas.

Pero un Gobierno que admite ese debate sin cortarlo de raíz está dando a entender que lo toleraría... ¿Después de la investidura -en el supuesto de que el Rey firme el decreto de nombramiento, que esa es otra materia de discusión legal-y Puigdemontvuelva a España, el Ministerio de Economía le va a dejar gobernar con mando a distancia desde la prisión de una economía catalana que ha sufrido uno de los mayores shocks de los que se recuerdan?.

¿Y si no vuelve, recurrirá Rajoy ante el TC todas y cada una de las decisiones que emanen de ese gobierno en el exilio bruselense? ¿Hasta que sima bajará la valoración de la monstruosa deuda catalana? ¿Quedará para entonces empresa que no haya huido a otra zona de España o, directamente, se haya vuelto a su país?... ¿Hay alguien ahí?

La cínica estafa del referéndum
EDITORIAL El Mundo 11 Enero 2018

Si el dimitido Artur Mas tuvo la desfachatez de encubrir el simulacro del 9-N como un proceso participativo financiado por las bases independentistas, Carles Puigdemont impulsó el 1-O al amparo del respaldo económico de su Gobierno. Puigdemont y sus socios ejecutaron la operación con la mayor opacidad posible, conocedores de la ilegalidad de un proceso suspendido por el Constitucional. De ahí la ocultación a Hacienda de la compra de urnas o del abono de la web y el anuncio del referéndum. Sin embargo, la investigación alrededor del 1-O acredita que las autoridades catalanas tuvieron el descaro de recurrir a las ayudas del Estado para costear una votación que vulneraba el marco constitucional.

Según el juez que indaga el 1-O, el Govern desvió hasta tres millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiar la consulta. El gasto habría sido descubierto gracias a la documentación incautada por la Policía Nacional a los Mossos cuando éstos intentaban llevarlos a una incineradora. Este último extremo, de confirmarse, sería particularmente grave en la medida en que corroboraría la implicación de la policía catalana en la hoja de ruta insurreccional del depuesto Govern. En todo caso, los avances en la investigación revelan el cinismo mayúsculo con el que actuó la Generalitat. El FLA es uno de los mecanismos establecidos por Hacienda para inyectar liquidez a las comunidades con las cuentas sin sanear. Cataluña es la autonomía más endeudada, ya que arrastra unas ayudas de 77.000 millones de euros. En este contexto, Puigdemont se permitió el lujo de desviar fondos estatales para organizar una consulta cuyo objetivo último es, precisamente, separarse del Estado del que depende económicamente. Un temerario e impresentable ejercicio de hipocresía que desnuda la endeblez financiera de quienes aspiraban a fundar una nueva república.

El uso de dinero procedente de Hacienda para la consulta refuerza la argumentación para sustentar el delito de malversación de fondos públicos -incluido en las querellas de la Audiencia Nacional y el Supremo-, pero también deja al descubierto la debilidad de los mecanismos de fiscalización del Gobierno para controlar el FLA. Que los hechos investigados se produjeron antes de la aplicación del 155 no puede servir de subterfugio. Primero porque Hacienda comprometió un control estricto del destino final de estas partidas. Y, segundo, porque el 155 no parece haber frenado la propaganda del procés, tal como muestra el reciente documental sobre el 1-O emitido por TV3. Una producción sesgada, al más puro estilo del NO-DO, que perpetúa el manipulador relato con el que el independentismo disfraza de democracia lo que fue en realidad un intento de liquidar la soberanía nacional. El colmo es haberlo hecho con fondos públicos gestionados por el Gobierno central.

La ruleta rusa está girando (4)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 11 Enero 2018

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO CONTRA EL 155. EL VIDEO PLASTA DE PUIGDEMONT QUIERE IMPONER SU INVESTIDURA VIRTUAL.

Sin duda la noticia de ayer fue la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por PODEM y por el Parlamento de Cataluña contra las medidas de intervención aprobadas por el Senado a petición del Gobierno de España. Dice el TC que la admisión no supone posicionarse sobre el fondo de la cuestión recurrida y que no implica ninguna medida cautelar de suspensión. Prevé que la sentencia sobre el fondo de la cuestión se produzca a finales de este año. Es decir, a falta de una interpretación rigurosa y fundamentada sobre si debe ser el Tribunal Constitucional el que delimite el alcance de las medidas que de forma genérica inespecífica recoge la Constitución, u opta por dejar esa labor a quien realmente le corresponde, al poder legislativo, el Parlamento de España, Congreso y Senado. Porque la literalidad del texto recoge lo siguiente:

“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”

Es más que evidente que la gravedad del desafío secesionista plasmado en una declaración unilateral de independencia, tras la celebración de un referéndum ilegal y la violación de la legalidad vigente con la aprobación de leyes suspendidas por el tribunal Constitucional, “afectaba al interés general de España” y esas medidas eran las necesarias para “garantizar la protección del mencionado interés general”. Es así que la forma más eficaz de proteger el interés general es apartar a los golpistas del poder y evitar que siguieran delinquiendo haciendo uso de las Instituciones, como fue el caso del uso de los Mossos en apoyo al plan soberanista, o la malversación de fondos públicos para consumar la rebelión con el referéndum ilegal, o el uso perverso del Parlamento autonómico como soporte legislativo de la secesión, ya que se llegaron a aprobar resoluciones para el inicio de la desconexión y la implantación de la República proclamada y avalada por el referéndum del 1 de octubre.

Porque si se trata de que el TC dilucide sobre si existió o no rebelión, sedición y proclamación de una República independiente y que eso afectaba gravemente al interés general de España, esa no es de su competencia sino del Tribunal Supremo. Y si se trata de dilucidar sobre la idoneidad de las medidas adoptadas, eso ya tuvo lugar por quien debía opinar, el Senado de España en sesión plenaria que aprobó por mayoría absoluta amplia las medidas propuestas por el Gobierno de España para garantizar una vuelta a la legalidad. En ningún caso se puede considerar como inconstitucional ya que el artículo 155 habla de “las medidas necesarias” sin poner limitaciones, y aquí es donde se debe aplicar aquello de cuando la letra es clara no puede haber lugar a interpretaciones. Porque entonces no estaríamos hablando de la literalidad de la ley, sino de una interpretación de lo que quiso el legislador contemplar Y aquí vuelve a aplicar el principio de “donde la ley no distingue no debemos distinguir”. Parece claro que el espíritu es garantizar el interés general retomando el control de la autonomía con las medidas que sean necesarias para asegurar ese fin. No se trata de una falta de desobediencia, ni de disparidad de criterios sobre competencias transferidas, sino de un plan de secesión perfectamente estructurado con reparto de papeles y una hoja de ruta que culminó con ese referéndum ilegal y la declaración de independencia de una parte del territorio de España.

Haber admitido a trámite este recurso supone una clara intromisión al cuestionar la propia Constitución de España, al considerar como posible la inconstitucionalidad de uno de sus artículos. Literalmente no existe ambigüedad sino inespecificidad en la mención de medidas concretas, limitándose a decir de forma genérica “las necesarias para la protección del interés general”. Es evidente que el Senado consideró en su conjunto las medidas propuestas como las “necesarias”, sin entrar si eran además suficientes o debían haber ido más allá para conseguir una garantía de su eficacia. Así que la falta de desarrollo en ese aspecto del artículo 155 no puede considerarse como inconstitucional y como mucho, debe ser el legislador el que considere si debe reformarse y contemplar una mayor especificidad de situaciones que se consideran de interés general y de las medidas a adoptar en cada caso, algo así parecido a las famosas tablas de posibles averías y soluciones de los manuales de instrucciones de equipos.

El caso es que en pocas semanas quedarán sin efecto las medidas de intervención con la vuelta a la legalidad tras la constitución del Parlamento de Cataluña y la formación del Gobierno de la Generalidad con el Presidente o Presidenta que finalmente sea investido. O bien se debería disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones autonómicas, caso de que se cumpliese el plazo sin haber sido investido ningún candidato. En este caso, es indudable que el Gobierno de España debería seguir asumiendo en funciones el control del Gobierno de la Generalidad. No parece que esa situación vaya a producirse y que finalmente tendremos un Gobierno de la Generalidad salido del pacto de las mismas fuerzas políticas que gobernaron en coalición parlamentaria y participaron en el golpe de Estado. Una situación que puede volver a repetirse al persistir posicionamientos como el de la CUP de apostar por la vía unilateral de declaración de independencia en forma de república. Falta saber si el resto de fuerzas: ERC y PDeCAT (ahora Junts per Catalunya) insistirán en su plan secesionista al margen de la legalidad vigente., en cuyo caso será inevitable adoptar medidas de intervención mucho mas contundentes a fin de garantizar el interés general de España.

Mientras tanto, Carles Puigdemont mantiene abierto su circo particular en su refugio de Bélgica donde sigue interpretando su papel de payaso en la pista central. Y muy mal debe andar el bloque independentista para que este individuo haya sido aceptado como el candidato indiscutible a presidir la Generalidad, a sabiendas de su situación pendiente judicial y de estar fugado sin posibilidad de ejercer el cargo de forma normal. Su empeño en querer ser investido de forma telemática es solo un esperpento más de una mente desquiciada por la certeza de no obtener la inmunidad que reclama para regresar y no ser detenido, ni juzgado por los delitos de rebelión, sedición y demás cargos a los que se enfrentan también sus ex camaradas de Gobierno, algunos en prisión y otros de la parte social civil del golpe de Estado. Andan todos como locos buscando un resquicio legal en el Reglamento del Parlamento de Cataluña para legitimar esa investidura virtual telemática, algo insólito en el sistema parlamentario mundial. Pero Carles Puigdemont no desiste e insta a los demás a solucionarlo desde sus cargos y escaños en el Parlamento. Y lo sorprendente es que le están haciendo caso, lo cual es un síntoma del desquiciamiento de estos golpistas y su nula voluntad de respetar la ley.

No tengo ninguna duda de que la determinación de los golpistas sigue siendo la misma que obligó al Estado de derecho a adoptar medidas de intervención. Y es que unas elecciones no han servido nada más que para confirmar lo que se sabía, la fractura de una sociedad abandonada en manos de los separatistas y sometida a su dictadura ideológica. Y eso solo tiene una solución, ilegalizar a estas formaciones políticas que no abandonan la vía de la violación de la legalidad vigente para conseguir e imponer sus objetivos. NO se lo debemos permitir.

¡Que pasen un buen día!

Tabarnia y los bobos
Raúl Vilas Libertad Digital 11 Enero 2018

En ninguna sociedad libre y abierta tiene cabida una ideología como la que votan la mitad de los catalanes, por muchos que sean.

Tabarnia no es una broma. Es una idea bastante más seria que el 99 por ciento de lo que dicen y escriben sobre Cataluña y el nacionalismo los mismos que despacharon esta genial iniciativa como si fuese una bobada. Lo que sí es estúpido, por ejemplo, es decirle a Arrimadas que tiene que presentarse a la investidura de un Parlamento que tendría que estar disuelto, elegido en unas elecciones que no tendrían que haberse celebrado y después de un golpe de Estado promovido por unas instituciones que tendrían que estar suspendidas en sus funciones sine die. Puestos a hablar de chorradas, plantear que ‘ganar’ un debate en ese pseudoparlamento para perder la investidura va a cambiar algo en Cataluña se lleva la palma.

Después de cuarenta años de despotismo racista y cinco de abierta rebelión golpista resulta incomprensible que se siga planteando el futuro de Cataluña en términos de pacto y no de combate. Precisamente el maldito apaciguamiento que se ha practicado desde Madrid en estas décadas ha permitido al separatismo engordar de tal manera que hoy en día es inviable que Cataluña se convierta en algo distinto a lo que es. No se puede llegar a ningún acuerdo con un movimiento supremacista absolutamente enloquecido que no responde a ningún criterio de racionalidad.

La ficción no es Tabarnia, es Catalunya. Lo que se opone a la razón no es Tabarnia, es una nación catalana cuya existencia es indefendible desde la racionalidad y un estudio minimamente riguroso de la historia. Lo que hoy es la autonomía catalana se ha asentado sobre una despreciable doctrina etnicista que parte de la idea de que la raza catalana está en peligro de extinción por la invasión de inmigrantes españoles. Busquen algún dirigente o diputado separatista, en los últimos cuarenta años, que se apellide García, el apellido más común en Cataluña y no lo encontrarán. Francisco Caja en ‘La raza catalana’ aborda esta cuestión y cierra cualquier debate: la Catalunya actual y oficial se funda sobre una base puramente racista y un ejercicio totalitario del poder. Punto.

El argumento más 'elaborado' que he leído contra Tabarnia es que supone hacer lo mismo que se critica de los separatistas. Es de un infantilismo bochornoso. Sería algo así como criticar el uso de la fuerza contra los nazis, porque ellos también la empleaban. En estos términos, Tabarnia sólo podría entenderse como legítima defensa. Pero además es falaz. Cataluña y España no son equiparables. La nación española es una realidad histórica, cultural, social y política indiscutible desde la razón. Su unidad es, por tanto, un valor en sí mismo. La ‘nación catalana’ es una ficción folclórica y racista. Las instituciones catalanas tienen una legitimidad de origen, cierto, pero ésta les fue otorgada por el cuerpo soberano, el pueblo español, que es la única fuente de legitimidad en nuestro Estado de Derecho. Y en el ejercicio despótico y liberticida del poder los separatistas han despojado a la autonomía catalana y sus instituciones de cualquier atisbo de legitimidad. No caben paralelismos.

Una vez que el separatismo ha optado por el golpismo y la convivencia ya ha saltado por los aires no se me ocurren más alternativas, que no supongan seguir mareando la perdiz o rendirse, que romper esta Catalunya construida por los tractores del racismo y el odio. Más allá de su configuración territorial o su futuro estatus político dentro del Reino de España, la gran aportación de Tabarnia es abandonar de una vez esa idea buenista y estúpida, valga la redundancia, que tanto gusta a periodistas y periodistos de Madrid, de que hay que pactar con los nacionalistas para lograr "una Cataluña en la que todos quepan". Pues no. Claro que no. Ni es deseable ni en ninguna sociedad libre y abierta tiene cabida una ideología como la que votan la mitad de los catalanes, por muchos que sean. Yo no quiero convivir ni compartir nada con ellos. Los españoles que viven en Cataluña no tienen que negociar su libertad ni pactar sus derechos con esa horda de energúmenos tractorizados. Ya existe una nación abierta en la que cabemos todos y se llama España. Lo que toca es pasar al ataque y defenderla sin complejos y para eso Tabarnia es una herramienta mucho más eficaz, en las circunstancias actuales, que ganar unas elecciones autonómicas.

El plan de Puigdemont y el Gobierno emoliente
Agapito Maestre Libertad Digital 11 Enero 2018

¿Cuál es la estrategia de Rajoy para impedir que un fugado de la justicia sea investido?, ¿qué planea Rajoy para conducir a prisión a Puigdemont?

Puigdemont tiene un plan para ser investido y Rajoy, qué hará Rajoy contra el nacionalismo. Sí, ¿cuál es la estrategia de Rajoy para impedir que un fugado de la justicia sea investido?, ¿qué planea Rajoy para conducir a prisión a Puigdemont? ¡Quién lo sabe! Quizá espere que haga lo de Mas, o sea largarse. La retirada de la política de Mas es interpretada por algunos medios de comunicación, cercanos al poder central, como el primer síntoma de la ruptura del frente independentista y la posible desbandada de su líderes. Ojalá sea así. Quiero pensar que asistimos al último capítulo o desenlace del quinquenio secesionista que va de 2012 a 2017.

En efecto, si la retirada de Mas fuera seguida de la detención de Puigdemont, entonces tendríamos un dato más para argumentar que el Gobierno de Rajoy ha hecho algo más que la aplicación emoliente del artículo 155 de la Constitución. Es obvio que el uso del 155 ha ablandado las terribles durezas del independentismo, pero quizá no sea suficiente para rebajar sus humos totalitarios. Se necesita, sí, algo más para meter en cintura a este personal. ¿Conseguirá Rajoy inventar algo, más allá de la defensa del Estado de Derecho, para que el separatismo se tome en serio a España, es decir, al Estado-nación?, ¿tendrá preparada el Gobierno de Rajoy alguna acción política de envergadura para que los nacionalistas no le tomen el pelo al resto de los españoles en la constitución del nuevo Parlament de Cataluña?

El Gobierno debería repasar las otras intentonas en que quisieron separarse los nacionalistas catalanes de España para aprender qué es lo nuevo del actual proceso independentista. Es cierto que todas esas intentonas acabaron mal para los nacionalistas, pero no todo fueron alegrías para España. No seamos triunfalistas. El golpe de Estado de Lluís Companys, en 1934, fue solucionado con limpieza y encarcelados sus líderes, pero pronto fueron amnistiados y siguieron en la política.

El complot de Maciá, en el pueblo francés de Prats del Molló en 1926, terminó con su condena y expulsado de Francia, se instaló en Bélgica, pero no cesó, como ahora Puigdemont, en llamar a los catalanes a la insurgencia nacional; por cierto, el actual huido en Bruselas recuerda mucho a este Maciá, ex teniente coronel, en sus locuras, extravagancias y desprecio por el erario público a la hora de darse la gran vida en el exilio; sin embargo, ese atolondrado de Maciá ostentó la representación del poder de la autonomía de Cataluña desde 1931 a 1933.

El 19 de julio de 1917, en la ciudadela de Barcelona, se reunía, saltándose todas la medidas policiales del Gobierno, la Asamblea de parlamentarios, que exigía Cortes constituyentes y otra organización territorial de España, pero el mismo día fue disuelta por "el inspector de policía Bravo Portillo y, después, el teniente coronel de la Guardia Civil Riquelme, rodeado de guardias con el tricornio en la mano". La Asamblea de parlamentarios, en efecto, había fracasado, pero, ay, en el Gobierno que poco más tarde presidió García Prieto los nacionalistas tenían una fuerte representación, Juan Ventosa, de la Lliga, era nombrado ministro de Hacienda, y Felipe Rodés, de la Esquerra, de Instrucción Pública.

Sospecho que nada le gustaría más a Rajoy que imitar la solución de García Prieto, pero, por desgracia, hoy eso es imposible, porque el nacionalismo catalán no sólo es más agresivo que en el pasado, sino más torpe y venal. Tampoco Rajoy tiene que ver nada con García Prieto. Todo puede ir a peor, especialmente si de política se trata.

El líder catalán perdido
HENRY KAMEN El Mundo 11 Enero 2018

La prolongada ausencia en Bruselas del ex presidente de la Generalitat de Cataluña ha provocado muchas especulaciones sobre el futuro, pero poco comentario sobre incidentes similares ocurridos en el pasado. Es un hecho muy frecuente en la historia que los líderes políticos desaparezcan en el exilio, perdiendo para siempre lo que más desean, el control del poder. Días, semanas, meses después, regresan e intentan reclamar lo que alguna vez poseyeron, pero para entonces ya es demasiado tarde, porque han perdido el apoyo de sus antiguos seguidores y terminan excluidos de la vida política. Un presidente sin poder legítimo ya no es presidente, un rey sin poder efectivo ya no es rey. Sin embargo, reyes, presidentes y otros líderes se han aferrado implacablemente a la esperanza del poder, siempre con la afirmación de que todavía son el gobierno "legítimo".

Fue el problema que enfrentó al rey Felipe V de España durante sus días de desesperación, cuando huyó de un Madrid desagradable y decidió vivir durante cinco años en Andalucía. Los ministros del Gobierno y cortesanos que le acompañaron tuvieron que adaptarse a los desafortunados humores del rey. Cuando se hallaba inmerso en su caos mental, Felipe se volvía muy susceptible; no permitía que otros decidieran por él, y no toleraban que le contradijeran. En Sevilla, vagaba por el Alcázar repitiendo con insistencia, a cualquiera que encontrase por casualidad en los pasillos, que "je suis le maître" ("soy yo quien manda"). Pronunciando esta frase creía que la gente no haría cosas a espaldas suyas. La obsesión del rey de España, que he estudiado en mi biografía de Felipe V, estaba íntimamente relacionada con los problemas del poder del Gobierno, y finalmente tomó la forma de demencia.

Para alguien que alguna vez ha sido un líder, la posibilidad de perder poder es una privación terrible y puede tener consecuencias graves, incluida la demencia. Esto puede haber contribuido en parte a la condición mental del rey Jorge III de Gran Bretaña. Hace tiempo, los médicos especialistas sugerían que el rey pudo haber padecido porfiria. Más recientemente, su investigación sugiere que el rey sufrió de "manía aguda", una condición hiperactiva excitable que podría parecerse a la fase maníaca de lo que ahora se conoce como trastorno bipolar. Usando un ordenador, los investigadores le enseñaron a identificar las características que diferencian a las personas que tienen trastornos mentales de las personas que no los tienen. Entre estas características se encontraban la forma en que las personas con un trastorno usaban las palabras. El ordenador luego buscó esas características en las cartas del rey, de diferentes períodos de su vida. Cuando comparaba los escritos de períodos en los que aparecía mentalmente sano, con aquellos de períodos en los que parecía estar enfermo, las diferencias eran sorprendentes. El trastorno bipolar fue exactamente la enfermedad que sufrió Felipe V, y quién sabe cuántos otros líderes se han visto afectados de manera similar.

Sin embargo, sigue existiendo para los líderes la necesidad de insistir en su legítimo derecho a gobernar, aun cuando todas las circunstancias muestren que ya no tienen el control de los acontecimientos. En las monarquías hereditarias, a veces ha sido posible evitar la solución extrema de la abdicación. Ni Felipe V ni Jorge III, ambos muy conscientes de su situación personal, tenían confianza en la capacidad de las personas seleccionadas para sustituirlos, y finalmente lograron permanecer en el poder. En sus casos, la monarquía logró sobrevivir, y los reyes también. En la Europa continental a partir de la época de Napoleón, las cosas no fueron tan simples. En un país tras otro, las revoluciones tuvieron lugar, los reyes fueron depuestos, las repúblicas fueron declaradas. En las soleadas costas mediterráneas de Francia e Italia, era normal encontrar ex reyes que no tenían nada que hacer con su tiempo, sino tomar el sol y continuar insistiendo en su legítimo derecho a gobernar el país que los había rechazado. La revolución más sorprendente de todas, por supuesto, fue la que ocurrió en Rusia en 1917.

Sin embargo, ningún país fue tan cruel con sus líderes políticos como España. En el siglo XIX (Isabel II) y luego en el siglo XX (Alfonso XIII), los líderes españoles dieron el extraordinario paso de despedir a sus reyes y optaron por la forma más desastrosa de régimen político: una república. En cada caso, las repúblicas españolas fueron una calamidad, pero la clase política se negó a reconocerlo, y continuó creyendo ingenuamente que la república era la mejor forma de régimen político. Los políticos también insistieron en que solo ellos tenían el derecho legítimo de gobernar el país, y cuando las repúblicas finalmente fallaron y fueron abolidas huyeron al extranjero y establecieron «gobiernos en el exilio», una invención pintoresca que entretuvo a otros europeos y que no tuvo consecuencias beneficiosas de ningún tipo. La burguesía política en el exilio continuó engañándose a sí misma creyendo que ellos eran los líderes naturales del país.

El exilio, es más que evidente, no representa la legitimidad. En la historia ibérica tenemos el curioso caso en el siglo XVI del rey Sebastián de Portugal, que desapareció en el desierto pero que al parecer regresó varios años después, con la afirmación de que era el gobernante «legítimo» del país, cuyo rey ahora era de hecho Felipe II. En realidad, el exilio político no es nada menos que una confirmación del fracaso, de la derrota y de la pérdida de legitimidad.

De todos los ejemplos que uno podría elegir, veamos el caso de la revolución bolchevique de 1917. El gobierno ruso fue reemplazado casi sin derramamiento de sangre por los bolcheviques y sus partidarios. Fue entonces cuando su líder, Alexander Kerensky, huyó del país, reclamando todo el tiempo que representaba al gobierno legítimo. Tuve la experiencia única de coincidir un día con Kerensky, en Oxford. Estaba sentado en otra mesa de la universidad, cerca de mí, y no hubiera sabido quién era si no me lo hubieran dicho. En ese momento, sentí un sentimiento extraño sobre la naturaleza del destino. Aquí había un hombre que podría haber cambiado el mundo, pero de hecho la posibilidad del cambio se le había pasado. Al dejar su país, había abandonado el destino de su tierra y de él mismo. Para mí, fue un encuentro histórico.

Aunque a veces pueden ser víctimas, los exiliados no son héroes. Desde la era de Kerensky, muchos líderes políticos de diversa importancia han intentado adoptar el papel de mártires, pero con demasiada frecuencia son actores del juego obvio, ya no son respetados ni dignos. Trotsky declaró en un momento que Kerensky y sus colegas fueron condenados al «polvo de la historia». Eso no fue del todo cierto. Kerensky fracasó políticamente, pero a la larga sus principios prevalecieron, mientras que Trotsky, otro refugiado fracasado, estaba destinado a ser derrotado en todos los puntos de su increíble carrera.

Esa fue la era de los gigantes entre los exiliados. Desde la apariencia del mundo tal como es hoy, parece que ya no se pueden encontrar gigantes entre nosotros. En cambio, estamos entretenidos hoy en las calles de Bruselas por farsantes y comediantes.

Henry Kamen es historiador británico; su último libro es Los Reyes de España (La Esfera de los Libros)

El espíritu de las leyes
Carlos Esteban gaceta.es 11 Enero 2018

Los directores de Recursos Humanos no acostumbran a acudir a la madre del candidato para hacer su perfil, ni se considera idóneo pedirle al autor que haga la crítica de su obra. Por eso, estemos de acuerdo o no con el fondo, nos parece extraño ese tono triunfal de la portada de ABC en la que aparecen los retratos de Herrero de Miñón, Roca y Pérez-Llorca sobre el titular: ‘Los padres de la Constitución dicen no al PSOE’.

Debajo, “Herrero de Miñón, Roca y Pérez-Llorca desinflan el proyecto federalista y los experimentos constitucionales promovidos por Sánchez”.

Ahora bien, no puedo ser más partidario, en abstracto, de decirle no al PSOE, una costumbre que debería extenderse y perpetuarse en el tiempo, y todo lo que sea desinflar experimentos de Pedro Sánchez cuenta con mi apoyo entusiasta. Quitando eso, el titular es bastante idiota.

Que quienes hicieron la Constitución digan que no la toquemos más, que así es la rosa, y que les ha salido niquelada, no me parece noticia, y quizá convenga advertir al lector que ‘padre’ de la Constitución no es un cargo vitalicio de autoridad formal, sino apelativo figurado. Es decir, que estos augustos patricios de la Transición tienen idéntica competencia para decirle no al PSOE que usted mismo, querido lector.

Viendo a este trío, ajado en la vida como jóvenes en los retratos, he recordado aquellos tiempos que trajeron estos que vivimos, lo que se esperaba y lo que hay. Esos hombres pergeñaron amorosamente el Estado de las Autonomías de tal forma que, para una mente avisada, lo que vivimos estos días tenía que llegar casi irremediablemente.

El Mundo modera su entusiasmo, al menos en el espacio dedicado al augusto veredicto de los padres constitucionales, a quienes reserva, si bien con foto, un espacio secundario: ‘Los padres de la Constitución, contra la reforma federal del PSOE’.

La noticia principal, sin embargo, trata también de la interpretación de las normas por parte interesada: ‘Junqueras considera ilegal que se pueda ser ‘president’ a distancia’. Creo que estamos ante una primicia, esto de que nos llegue una opinión legal desde la prisión de Estremera.

El lío institucional parido por las urnas en Cataluña no puede ser más desconcertante. El partido con más votos, Ciudadanos, es también el que concita más odios de todos los demás, incluyendo muy especialmente el que gobierna en toda España y parece a punto de desaparecer en Cataluña.

Los independentistas dicen haber ganado las elecciones, pero no se ponen de acuerdo en quiénes. El que más votos ha logrado entre ellos, grupo electoral de ocasión, tiene por líder a un prófugo que no se mueve de Bruselas ni atado y que insiste en que sigue siendo ‘president’, lo que haría francamente raro investirle aunque estuviera en Barcelona.

Por otra parte, los segundos, ERC, tienen a su líder y a varios de sus otros prohombres entre rejas, que tampoco es el sitio más adecuado para jurar el cargo. Algún liberado, como Mundó, ha hecho voluntariamente el petate y a la sollozante Marta Rovira pocos la ven en el papel.

En El País se trata el asunto desde el otro lado, abriendo de esta guisa: ‘Puigdemont exige violar otra vez la ley para ser investido’. ¿No sabe El País que la ley mata y el espíritu vivifica? Son malos tiempos para mentalidades jurídicas, que lo que cuenta es la intención, como en los regalos.

De hecho, el propio diario de referencia se contradice o, para ser justos, ofrece el contraste a su primera noticia con el entrecomillado que constituye el titular de la segunda y que va con la foto: “Defender la vida no es ningún delito”.

Se trata de Helena Maleno, acusada por la Justicia marroquí de tráfico de seres humanos.

Ahora, si quieren conocer la razón por la que nació esta sección, cambien los titulares de la primera y la segunda noticia y entenderán cómo se manipula sin eso tan ordinario de mentir. Pongan arriba, entrecomillado, el lema que nos hemos tragado diariamente estos días en redes sociales, “Votar no es un delito” o “La libertad no es un delito”, referidos al malhadado proceso catalán, y luego, abajo, ‘Helena Maleno pretende estar justificada para violar la ley”. ¿Ven ya cómo funciona esto? Es fácil hacerlo, si sabes cómo.

Pero, o tiramos por la vía sentimental -Vía Coelho, si quieren-, o por la precisión jurídica. Pero escoger cuidadosamente cuándo ser legalista estricto y cuándo dejar que las decisiones nos lleven donde quiera el corazón está muy feo, señores de Prisa. Y canta, canta mucho.

Como buen ‘miniyo’ del ABC, La Razón abre con Roca y, de fondo, el retrato que campea en la portada del decano de la prensa madrileña. Pero lo dejan en eso, en una foto.

El titular principal es que ‘El Gobierno apelará in extremis al 155 para evitar un president a distancia’. In extremis. Oh, vale.

La burla a la ley también es ilegal
OKDIARIO 11 Enero 2018

Carles Puigdemont no puede ser el presidente de Cataluña sin pisar el Parlament. Si lo pisa, tampoco podrá serlo. Significará que está en España y, por lo tanto, deberá ser detenido inmediatamente y llevado ante el Tribunal Supremo. Su investidura, por tanto, es inviable. Así de sencillo. El golpismo no puede salir gratis en nuestro país. Tampoco podemos permitirnos que su principal precursor pueda ser presidente sin rendir antes cuentas con la justicia. Mucho menos si encima es a distancia. De ahí que la actuación del Tribunal Constitucional sea clave para tumbar una reforma del reglamento que lo permitiría. Los independentistas pretenden burlar la ley retorciéndola hasta el engaño. Algo que también es ilegal. El Gobierno y la justicia deben ser firmes ante esta tesitura.

No se trata de imponer nada, sólo de aplicar la ley de manera aséptica y taxativa. Una ley que no permite un presidente autonómico a distancia, menos aún si con sus actos y sus palabras ha quebrantado una y otra vez la legalidad vigente. Si Puigdemont saliera investido desde Bélgica, supondría un golpe mortal para la credibilidad de nuestra imagen y de nuestro Estado de Derecho. La propaganda independentista utilizaría la palabra “exilio” para vender en Bruselas —donde han encontrado una vergonzosa connivencia por parte de la justicia local y de algunos políticos radicales— que España es un país opresor carente de garantías democráticas. Por eso no se les puede dar la más mínima opción, siempre con la ley como garante de los derechos y deberes de todos los españoles.

Esa sería la mejor manera de demostrar que una Cataluña con Carles Puigdemont al frente es inviable por mucho que el bloque independentista tenga la mayoría en el Parlament. Inviable desde el punto de vista legal, desde luego. Pero inviable también en lo social y en lo económico. Ahora que los catalanes han vuelto a votar mayoritariamente a los separatistas, pueden constatar el futuro de parálisis y bloqueo que les espera. Están otra vez en el punto de partida que originó el golpe de Estado, pero con el agravante de tener 3.208 empresas menos en la región, así como una desinversión internacional galopante y unos datos del paro semejantes a los de la crisis. Un retroceso que, gobernados desde Bélgica, sólo se acrecentaría hasta el esperpento. ¿Qué gran empresa querría negociar con un president fugado de la justicia que dirige la región desde Bruselas? El Constitucional tiene que poner mesura en todo este disparate.

¿Mossos o capos bolivarianos?
Cristina Seguí OKDIARIO 11 Enero 2018

Dos facciones principales componen cada una de las unidades de los Mozos de Escuadra en Cataluña, policía autonómica revelada como uno de los más serviles y bífidos vástagos de la pulsión hormonal y criminal procesista. Una dualidad de lealtades bien distintas que, independientemente de las tribulaciones éticas y morales de muchos de los que la componen, hace mucho que está al servicio del separatismo en obscena exclusiva. La primera la ostenta el quincallero de poca monta que, frente a la enormidad de las FCSE, ha asumido ser un gángster, un machaca o un recadero simplón de golpistas. A la segunda la conocí la semana del 1-O, cuando algunos de los que butroneaban la sentencia de orden de cierre de los colegios del TC como si fueran un caco en lugar de la policía me contaron como la vergüenza les hacía pisotear el uniforme en casa, llorar de rabia en una llamada de perdón a antiguos camaradas de la Policía y la Guardia Civil, o pedir la baja con tal de no firmar la hoja de servicio del Golpe y la intimidación en la calle.

“Si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías”. Esta fue la sentencia del ex consejero de Interior Joaquim Forn, recogida en el auto de Lamela del pasado 11 de octubre, que mejor resume la lóbrega naturaleza del cuerpo autonómico y su más alto servicio al Estado: convertirse en la prueba forense de la rebelión. En el hormigón argumental que enviara a los trileros y analfabetos funcionales a las celdas de 4×4 de los gánsters empurados por el constitucionalismo. Pero también se han constituido como el ejército del Alzamiento, como suscribió uno de los grandes fiscales de España, Ignacio Gordillo. El embrión de un futuro cuerpo militar de unos 22.000 hombres cuya evolución continua en el presente según un informe interno de ERC incautado por la Guardia Civil. En él se detallaba cómo debía ser estructurada la Defensa de la nueva Cataluña independiente y su rol en el más que probable el estallido de un conflicto armado.

En esos mismos términos se expresó la ex presidenta de la mesa del Parlament y de la ANC, Carmen Forcadell, cuando declaró que “la constitución de una fuerza policial encargada de expulsar a los españoles fuera de Cataluña tras la expiración de un tiempo de gracia” era esencial para la proclamación de la nueva República”. A día de hoy, nadie duda de que tras la inminente proclamación de otra mayoría independentista en el Parlamento, e independientemente de la explícita renuncia a una DUI por parte del nuevo presidente, los Mozos de Escuadra jamás volverán a concebirse como un estamento autonómico de lealtad y obediencia a España, sino más bien como la guerrilla latente de una Cataluña mucho más hostil.

Policía autonómica interceptada de camino a la incineradora con las pruebas de los 3 millones de euros procedentes del FLA desviados para el Proceso. Espionaje a la oposición, concubinas, amantes, y las FCSE. ¿Necesitan algo más los partidos para justificar la desarticulación de una banda de vulgares capos bolivarianos que además son los mejor pagados? ¿Por qué Interior firmó un acuerdo con sus sindicatos para subirles el sueldo en agosto? ¿Por qué se siguen convocando plazas, 455 más hace menos de un mes?¿Se ha encontrado ya la furgoneta de los Mozos “extraviada” con el material de espionaje y contrainteligencia para la UCRO, Unidad Central de Respuesta Operativa, procedente de una compra de Interior calculada en más de 15 millones de euros? ¿Qué justifica la existencia de esta Gestapo?

La farsa del nacionalismo virtual
 larazon 11 Enero 2018

Cataluña se dispone a vivir uno de los momentos más grotescos de su histórica política reciente, y eso que el proceso independentista nos ha dado momentos que creíamos inalcanzables. Pues no. El nacionalismo catalán, en este estadio actual dispuesto a culminar la destrucción de las instituciones de autogobierno y situarse en la marginalidad de las minorías europeas supremacistas, prepara algo inédito en una democracia avanzada como la española.

Se trata de investir a su próximo candidato telemáticamente, sin estar presente, con la pretensión de que gobierne desde Bruselas. Si de por sí ya supone una degradación sin retorno del escaso prestigio de la Generalitat, plantea de nuevo una estrategia de confrontación directa contra el estado de Derecho que debe impedirse. Es decir, podemos decir, visto cómo el independentismo ha retorcido las leyes en su propio beneficio o sencillamente las ha incumplido, que no hay más objetivo que bloquear políticamente Cataluña y poner contra las cuerdas al Estado. Es un propósito que anida en la raíz del nacionalismo radical. Otra cosa es que puedan o se les permita hacerlo.

Por más descabelladas que sean sus intenciones para lograr la investidura de Puigdemont, también nos lo pareció cuando en la pasada legislatura cambiaron el reglamento para impedir el debate y aprobar las leyes de desconexión. Ante el escenario de que el aspirante, es decir, Puigdemont, quiera intervenir por videoconferencia, sin que esta posibilidad esté recogida, como es lógico, en el reglamento de la cámara, y ante la posibilidad de que, a través de una interpretación libre de la norma en su artículo 146, sólo cabe impugnar la disposición de la Mesa. En tanto que ha sido presentado por el Gobierno, quedaría automáticamente anulada.

En el caso de que el reglamento fuera modificado para adaptarlo al supuesto de que el candidato pueda ser investido sin estar presente –es decir, desde Bruselas– supondría alterar una norma con rango de ley, por lo que, a través de un recurso inconstitucional, también quedaría anulada. Caben más posibilidades, todas con el único objetivo de plantear una situación de desgobierno y bloqueo institucional, como que un diputado pueda sustituir a otro del mismo grupo en un debate, de investidura en este caso (artículo 83), incluso siendo el candidato.

En la delirante huida del independentismo ni le asiste la razón ni la ley, ni el hecho fundamental de que si el candidato no está presente en la investidura no es por razones mayores, sino porque está huido de la Justicia. Acabar con la investidura en tanto que institución jurídica supondría minar de raíz el sistema parlamentario. Parece que en los cálculos de supervivencia de Puigdemont está acabar con el sistema para salvarse él. En definitiva, el escenario es conocido: aunque los letrados de cámara emitan su dictamen contrario a estos modificaciones torticeras del reglamento, algo que harán colegiadamente y en breve, los independentistas seguirán adelante hasta volver, de nuevo, a crear una doble realidad: una, la real y marcada por la ley; otra, la virtual en la que vive el independentismo. Con la diferencia de que ahora se saben cuáles son las consecuencias legales de saltarse la ley desde las instituciones. Puede que en este escenario catastrófico también contemplen el hecho de que el Rey deba rubricar la investidura de Puigdemont y, de paso, comprometer al jefe del Estado. Tal es su desvarío. Como establece en las medidas de aplicación del artículo 155, «se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat». Sobran las razones para impedir la última farsa del nacionalismo.

Pregúntale a un nacionalista qué piensa de Rousseau
JOSÉ A, ZORRILLA El Mundo 11 Enero 2018

Estaba Puigdemont en Bruselas cuando aparecieron los alcaldes de la patria lejana, alzaron sus varas para aclamarle y le ofrecieron así el triunfo more romano, el que servía para legitimar al candidato al trono imperial.

Carl Schmitt oponía aclamación a elección. Recuerden las muchedumbres de Nüremberg y sus gritos faústicos: Sieg, Heil, Sieg, Heil.

A mi, ese rito no me recordó ni a la Roma imperial ni a Hitler. Evocaba la Udalbitza y las Cortes de Franco. El 18 de Septiembre de 1999, en plena euforia del Pacto de Estella, se constituyó la Udalbitza o Asamblea de Municipios. Acogía a los Ayuntamientos de lo que el imaginario nacionalista define como vasco, las siete provincias. Buscaba así la unanimidad de la patria aunque aseguraba reivindicar a Euskal Herría como nación. ¿Pero qué nación era esa fundada en Ayuntamientos? El paradigma liberal es un ciudadano un voto, no un Alcalde un voto. Por otra parte, la nación no se expresa en Asambleas de notables sino en un Parlamento, lo que excluye la unanimidad.

"No acaban de entender que España puede vivir sin autonomías, tanto legal como efectivamente"

Vayamos ahora a Franco, pues la representación por Alcaldes, Sindicatos, y demás era la del Dictador, a tono con los precedentes de Salazar y Mussolini. En las Cortes de Franco no se sentaban los elegidos por opiniones sino las autoridades "naturales", es decir, las del Régimen. No se aceptaba que la patria fuese un principio espiritual, la voluntad general de sus ciudadanos. Por consiguiente tampoco se aceptaba ni aceptan hoy nuestros nacionalistas que a esa voluntad general la configuren una mayoría y una minoría parlamentaria que suma de manera armónica gracias a la Ley. Pues todo sistema liberal occidental à la Rousseau se fundamenta en regular la administración del poder por la mayoría parlamentaria y en garantizar la existencia de la minoría y su encaje armónico con la mayoría. Caso contrario no estamos en el paradigma de Rousseau sino en el de las naciones étnicas dónde no hace falta Parlamento. La tribu todo lo fía a la lengua y la etnia. El ideal al que Hitler llamó "comunidad popular" (Volksgemeinchaft), expresión política de lo que Herder denominaba el "espíritu del pueblo" (Volksgeist).

¿De dónde viene esa fijación con la unanimidad y la lengua de nuestros nacionalistas patrios?

Cádiz 1812. Nuestra Constitución es distinta de la americana o francesa pues en aquellos días España era la única polis global. Tanto territorio y gentes no arredró a nuestros Padres Fundadores, entre ellos a Don Lázaro de Dous y Bassols, primer Presidente de las Cortes y catalán. Siguieron la doctrina de Isabel la Católica y proclamaron ciudadanos a todos los habitantes de la Monarquía Universal, desde los indios de las praderas del Suroeste americano y la Patagonia hasta el último indígena de Micronesia, sin más requisito que ser hombres libres o libertos. (Art 10). Fernando VII abolió esta condición para devolvernos al status de súbditos, lo que trajo una Independencia sangrienta y con ella el fin de la ciudadanía universal a manos del criollaje. Pero su herencia iba a tener sombra alargada. Pues nada más fallecer el Rey se sublevaron los carlistas para que siguiésemos siendo súbditos en la metrópoli con dos fulcros importantes de facción, País Vasco y Cataluña. Finiquitado este horror dinástico guerracivilista, las élites locales no se rinden y siguen rechazando el principio de ciudadanía por ser liberal. Así es como el carlismo nova en nacionalismo étnico (Beltza). Adobado todo por una xenofobia de manual bendecida por parte del clero, pues ciudadanía española, emigrantes, ateismo y Rousseau venían a ser uno y lo mismo. En fin, Arana quería poner Euskadi a las órdenes de Papa. El Obispo Torras y Bages algo parecido. Corolario natural es renunciar a que toda España sea un país de súbditos. Con que lo sean Euskal Herria y Cataluña hay bastante.

"Cataluña ni es un conflicto congelado ni los Balcanes étnicos"

Solo que la filosofía de Rousseau es la del Estado liberal español, Staatsrecht, victorioso ya sobre el absolutismo desde 1818, 1836 y 1875. Por lo que jamás podrá admitir dentro de su territorio una nación cultural unánime, una Kulturnation. Esa, y no otra, es la famosa "tensión territorial" de España.

Imaginemos que en los años de la Transición, catalanes y vascos nos dicen que el propósito de los Estatutos es crear bajo su amparo una nación cultural. ¿Qué hubiésemos contestado? Obviamente no hubiese habido Estado de las Autonomías, siguiendo la doctrina de Indalecio Prieto quien ya negó lógica estaturaria a los vascos porque eso hubiese hecho de Euskadi un "Gibraltar vaticanista". Pero los Estatutos vinieron y ya se ve en lo que hemos terminado. En ver reclamar el "derecho" de la mayoría parlamentaria catalana a convertir a la minoría parlamentaria catalana en minoría nacional para devenir totalidad, lo que sería el fin del Estado liberal, con reférendum o sin él. Quedaría además otro obstáculo no menor. El Estado español debería de aceptar que dentro de sus fronteras no rige el Derecho interno sino el Internacional Público corregido por el Derecho de Autodeterminación, para con él remediar una situación de opresión nacional. Es de imaginar posteriormente un Tratado de Minorías entre Cataluña y España siguiendo lo prevenido en la Sociedad de Naciones tras la I Guerra Mundial. ¿Qué podemos hacer ante una reclamación tan aberrante? La respuesta de todos los interpelados ha sido granítica. Estados, UE, mercados nacionales e internacionales, han mandado un mensaje alto y claro: el catalanismo solo puede ser autonomista. Incluso los propios catalanes, liberados ya del yugo mesetario, "celebraron" su independencia con algo nunca visto en tales oportunidades: una corrida bancaria. Sin embargo la estrategia de los partidos del turno es la contraria: ofrecer todavía más concesiones a los facciosos. El PP nueva financiación. El PSC quita de deuda e indulto anticipado. No acaban de entender que España puede vivir sin autonomías, tanto legal como efectivamente. Pero nuestros nacionalistas, sin la Nación española ni serían Estado liberal ni podrían sobrevivir fuera del presupuesto. De ahí se sigue el error del apaciguamiento. La utilidad marginal de lo que ofrece es negativa para quien está apoltronado en un cargo de libre designación. Entre tener un poco más de momio o perder la sinecura, gana el miedo a perder la sinecura.

Por ello el discurso de Madrid ha de ser la firmeza. Al aparatchik catalán hay que decirle: no vas a perder tu cargo por cumplir la ley sino por no cumplirla.

Desde luego si el catalanismo quiere levantar un nuevo Estado puede intentar hacerlo. Pero desde la calle. No como lo viene haciendo hasta ahora, con el dinero y la infraestructura del Estado al que aspira a destruir. Recuerden a ETA. Su lema era "Golpear en los dos frentes". Cuando la ilegalización de HB les dejó sin el frente legal vieron por fin que la relación costo beneficio de entrar en el sistema era muy superior a la del comando en la calle. Fin de la pesadilla.

Pues aquí lo mismo.

Si ya hemos dicho que la solicitud independentista es de imposible satisfacción, Tabarnia peca de lo mismo. Cataluña ni es un conflicto congelado ni los Balcanes étnicos. Es un lugar liberal donde la unanimidad está fuera de lugar. No es ubi unanimitas ibi patria sino ubi lex ibi patria.

Voy a cerrar con un ejemplo histórico. En vísperas del carlismo, la Diputación de Vizcaya mantenía el viejo privilegio foral de disponer de milicias propias. Llegaron a ser la fuerza militar mas importante de España después del del propio ejército del Rey. Se discutió en Madrid si desbandarla o no. Ganaron los partidarios del manejo magistral de los tiempos. Y nada más fallecer Fernando VII la Diputación puso esos efectivos a disposición de los alzados y tuvimos una guerra civil de 7 años. En San Sebastian había Guardia Nacional y en Pamplona guarnición militar. No hubo rebelión. Hoy, hasta el mas abertzale de los abertzales le admitirá que hubiera sido mejor acabar con aquel privilegio foral. Tomen nota.

José A. Zorrilla es escritor.

La Operación Ernest Maragall
José García Domínguez Libertad Digital 11 Enero 2018

Un pronóstico verosímil para el eterno día de la marmota catalana es que las próximas elecciones regionales se tengan que celebrar a finales del mes de mayo. Ocurre que la propia legislación doméstica emanada del Estatut y sancionada por el Parlament establece al imperativo modo que, una vez iniciado el primer debate de investidura en el Hemiciclo, se pondrá en marcha un plazo de dos meses, límite temporal máximo para que sea designado por votación plenaria un nuevo presidente de la Generalitat. En caso contrario, la norma vigente prevé la disolución automática de la Cámara y, en consecuencia, la ulterior llamada a las urnas. Ni tan siquiera haría falta, pues, que el actual presidente la Generalitat en funciones y máximo representante del Estado en la plaza, el Muy Honorable Mariano Rajoy Brey, adoptase la decisión personal de dispersar a los ahora electos mediante la firma del preceptivo decreto.

Considerando, en fin, que la primera sesión de investidura, ya sea la del ectoplasma del Payés Errante, ya la de un tercero presente y tangible, se celebrará el 31 de enero, nos iríamos al 31 de marzo como fecha tope para dar por finiquitado el trámite parlamentario. ¿Ocurrirá? Bueno, lo seguro es que no se puede descartar que vaya a ocurrir. Al respecto, los movimientos de última hora, tanto la inopinada deserción de Carles Mundó, el efímero tapado de la Esquerra, como la espantada preventiva de Artur Mas constituyen pruebas indiciarias de que, primero, ERC no muestra demasiado interés por presidir el Parlament y, segundo, de que el PDeCAT no ha sido capaz de controlar al Papa Luna de Bruselas. Mundó, un separata rural e integrista pero también hombre formado e inteligente, era la persona escogida por la dirección de ERC para inmolarse a lo bonzo desde la Presidencia del Parlament. Descartada Forcadell, criatura poseída por un miedo cerval a la cárcel desde que probó los muelles de un camastro de Alcalá Meco, Mundó, pese a ser padre de tres hijos pequeños y encontrarse también él en situación de libertad condicional, parecía dispuesto a subir de grado al cadalso del Parque de la Ciudadela. Hasta ayer.

Pero atribuir su tocata y fuga a una decisión personal no resulta creíble. Bien al contrario, la lectura de ese gesto suyo que más se podría compadecer con la verdad apuntaría a que los de Junqueras estarían impugnando el acuerdo tácito que les otorga la Presidencia de la Cámara a cambio de que cedan la de la Generalitat a sus socios. Y es que cualquiera que aún conserve un par de dedos de frente dentro de la comunión catalanista tiene claro a estas horas que no se puede dirigir por Twitter una Administración con 200.000 funcionarios a sus órdenes. Cualquiera, incluidos los republicanos. La insólita (por nunca antes vista) petición de la Esquerra para que los letrados del Parlament avalen con un dictamen jurídico la pretensión legitimista del Loco de las Bufandas se inscribe en la misma dirección. Sea como fuere, los separatistas necesitan con urgencia ponerse de acuerdo sobre un nombre, el de alguien lo bastante fanático (o chalado) como para arrostrar con las consecuencias personales del eventual desacato a otra sentencia del Tribunal Constitucional desde la Presidencia del Parlament. Y ese nombre ya circula a estas horas por algunos mentideros de Barcelona. Es el de Ernest Maragall i Mira, el hermano de su hermano.

Gastronomía terrorista
Pablo Planas Libertad Digital 11 Enero 2018

La actualidad política catalana discurre entre el disparate y el esperpento. Uno de los principales culpables de absolutamente todo lo malo que ha ocurrido en los últimos cinco años, Artur Mas, alias el Astuto, se ha dado el piro tras afirmar que en su nefasta trayectoria política siempre puso Cataluña por delante del partido y al partido antes que a sí mismo. ¡Qué tío!

Empujado por una cuadrilla de fanáticos liderada por Oriol Pujol (el delfín de su padre) y encabezada por el multimillonario heredero David Madí (el Paris Hilton del imperio de los masajes de afeitado), Mas desencadenó el proceso que ha enfrentado, fracturado y empobrecido a la sociedad catalana. Llevado en volandas por La Vanguardia, TV3 y El Periódico, Mas fue el capataz de Pujol que activó la última fase del proyecto supremacista labrado en medios, colegios y asociaciones hasta de petanca durante cuatro décadas; el tipo sin criterio ni prejuicios que pasó de Arturo a Artur, de mediocre gestor a mesías de la tierra prometida, de chico de los recados a capitán de un barco rumbo a Ítaca.

Inmejorable noticia. Mas se va o le echan los suyos como lo echó la CUP, el partido de las litronas, pero se queda Puigdemont, que es un niño del Brasil disfrazado de Calimero, engendro convergente de una añada del entorno de Terra Lliure, la banda terrorista.

Puede inducir a confusión que en vez de convocar huelgas de hambre por los "presos políticos", Òmnium y la ANC organicen cenas de lujo. El separatismo es lo que tiene, que protesta con poderío, a ochenta euros el cubierto en el restaurante de una señora cuyo gran mérito culinario es ser socia de las citadas entidades. Cien personas abarrotaron el local y la recaudación fue para la caja de resistencia de las familias de los presos. Dado el éxito, Òmnium y la ANC sopesan montar más sopars grocs (cenas amarillas) en los considerados mejores restaurantes de Cataluña (cuyos dueños o artífices han tenido que pasar o han pasado de grado por el aro separata). El menú inaugural estuvo basado en el color amarillo, gran reto que la chef resolvió a base de colorante, mostaza y huevos.

Tanta tontería pijopera refuerza el mantra pacifista del catalanismo que alega Junqueras para salir de la trena, la especie de flower power que anida tras todas las aberraciones imaginables, la confusión entre la calidad de las chuletas y las intenciones de los comensales, sean Carod Rovira con Josu Ternera o Carles Puigdemont y un condenado por tenencia de armas y colaboración con Terra Lliure.

La trampa de la equidistancia
Roger Senserrich vozpopuli.es 11 Enero 2018

Para muchos observadores, la tentación al hablar de conflictos políticos es echar la culpa a ambos bandos. Sí, los líderes del partido A dicen estas cosas tan feas y polémicas, señalan, pero no podemos olvidar que algunos miembros del partido B estaban diciendo cosas peores. Su punto de partida es que si dos bandos no se están poniendo de acuerdo en algo es porque nadie quiere ser razonable, y que siempre debe buscarse un término medio.

Aunque siempre me he declarado un firme partidario de la moderación y el aburrimiento reformista en política (aderezado con un estado de bienestar enorme, pero ese es otro tema), esta clase de planteamientos lejos de facilitar acuerdos lo que hacen es ofuscar el debate. Lo hemos visto, durante años, en la malograda afición de cierta prensa de cubrir debates científicos como “cuestiones polémicas” (desde las vacunas hasta el cambio climático), y lo vemos también a menudo en la insistencia de algunos de decir que el tema catalán es algo muy complicado donde todos tienen la culpa de que las cosas hayan ido tan mal.

En el primer caso, el resultado ha sido hacernos perder a todos un montón de tiempo discutiendo maguferías. En el segundo, por desgracia, esta insistencia en estar en el medio ha acabado por distorsionar seriamente el debate.

Para muchos comentaristas, el problema de la política catalana es la polarización, la existencia de dos bloques de partidos cada vez más inflexibles, cada vez más radicalizados y cada vez más enfrentados entre ellos. Los soberanistas a un lado, los unionistas al otro, remando en direcciones opuestas. Hasta que ambos se den cuenta de sus errores y decidan pactar, no habrá solución posible.

La cuestión, sin embargo, es que esto no es cierto. Es cierto que el sistema de partidos catalán se ha dividido en dos bloques enfrentados. Lo que es irreal es decir que ambos bloques están moviéndose hacia los extremos.

El procés, como tal, empieza en el 2012, dos años después de la sentencia del Estatut. En el bienio precedente, Artur Mas había pactado los presupuestos con el PP en el parlament sin despeinarse. Aunque él y su partido habían refunfuñado por los (escasos) retoques de la sentencia del constitucional, el entonces presidente catalán había abrazado el salto adelante en autogobierno que la nueva ley fundamental catalana representaba. El PSC y el PSOE habían trabajado con los partidos nacionalistas para expandir los poderes y capacidad fiscal de la Generalitat. El PP, tras varios años de trolleo desafortunado, estaba contento de pactar con CiU implementado las nuevas competencias. ERC, mientras tanto, venía de varios años de gobierno en coalición con los socialistas en la Generalitat, y aunque era formalmente independentista, participaba en el incrementalismo, pacto y negociación con el resto de formaciones.

Seis años después, el escenario político es distinto, pero no todos los partidos se han movido del mismo modo. Los socialistas siguen con su tradicional programa federalista, aunque siguen sin tener del todo claro que quieren decir esa palabra. El PP pacta medidas y financiación con los nacionalistas vascos sin grandes aspavientos. Ciudadanos, un partido casi marginal hace seis años, habla de mejorar la financiación y reformar la constitución. Los partidos unionistas, más que abogar por el centralismo se han vuelto más autonomistas.

Los nacionalistas catalanes, sin embargo, han ido en otra dirección. En el 2012, Artur Mas se ve forzado a implementar medidas de austeridad para cuadrar las cuentas de la Generalitat. El PP saca una mayoría absoluta abrumadora en las generales, eliminando cualquier posibilidad de mitigar el golpe negociando con el nuevo gobierno. Una serie de atroces casos de corrupción sacuden a su partido. Sus competidores en el nacionalismo catalán, ERC, se están acercando peligrosamente en las encuestas. Para competir con ellos y buscar una manera de echar la culpa de sus tribulaciones a otros, Mas empieza a hablar sobre “dret a decidir” y mover su partido hacia el independentismo.

Lo que sigue son seis años marcados por la competencia enconada entre ERC y los restos de CiU por la hegemonía del nacionalismo catalán. El conflicto entre republicanos y convergentes trae consigo una escalada de demandas, seguidas de recriminaciones sobre colaboracionismo cada vez que uno de los dos intenta echar el freno. Tras más de un lustro de manifestaciones, el nacionalismo catalán moderado ha pasado de pactar las cuentas de la Generalitat con el PP a intentar investir un tipo que vive en Bélgica como presidente porque un 47% escaso del voto es mayoría suficiente para sacar a Cataluña de España y la Unión Europea por las bravas. Los nacionalistas catalanes radicales, que hace menos de una década pactaban con el PSC, quizás no estén por la labor de investir un holograma, pero su programa político es parecido.

En Cataluña no tenemos una sociedad dividida entre dos bandos cada vez más radicalizados. En un lado tenemos unos cuantos partidos y un 53% del electorado que está más o menos satisfecha con el país donde vive y quiere introducir reformas más o menos ambiciosas. En el otro tenemos tres formaciones que estaban poniendo por escrito en PowerPoint planes detallados para romper el orden constitucional y provocar conflictos civiles, y un 47% del electorado que parece estar intrigado por la idea de volar el país por los aires.

Al hablar de Cataluña, es posible que si Zapatero o Rajoy hubieran actuado de manera distinta el conflicto hoy tendría un aspecto diferente, y quizás sería menos tóxico. Lo que no es de recibo, sin embargo, es culpar a los unionistas del problema político descomunal que tenemos ahora. Los políticos y votantes de este bando están donde estaban siempre, o se han movido hacia el federalismo. Los que se han radicalizado son los nacionalistas catalanes. Pactar sigue siendo la única solución posible, pero la distensión debe venir ante todo de aquellos que han tensado la cuerda, no de los que ya han moderado sus posturas.

El oasis catalán
Josep Ramon Bosch vozpopuli.es 11 Enero 2018

Hasta septiembre del 2015 ejercí el cargo, no remunerado y voluntario, de presidente de Societat Civil Catalana, asociación fundada el 23 de abril del 2014 por 72 catalanes, todos ellos personajes relevantes de la sociedad. La movilización de los constitucionalistas en Catalunya, hartos del proceso rupturista, fue el eje promotor de SCC, complementado con el arduo trabajo de recopilar denuncias de colegios por adoctrinamiento nacionalista, alertar del acoso a que estaban siendo sometidos los empresarios discrepantes del mandato oficial, llamar la atención de la persecución de las personas civiles opuestas a la secesión, la interposición de acciones judiciales para denunciar la presencia de banderas y enseñas separatistas en edificios públicos o las múltiples denuncias contra TV3 y los dirigentes golpistas. Todo ello provocó una enorme dosis de odio del mundo independentista contra Societat Civil Catalana y muy especialmente hacia mi persona.

Un día después de las elecciones autonómicas del 27-S del 2015, anuncié mi dimisión de la presidencia de SCC “por razones de índole personal y profesional”, aunque ciertamente pesó una causa: la interposición de una querella por injurias y amenazas que la asociación de juristas Drets (fundada por el presunto delincuente Carles Mundó, hoy en libertad provisional) me había presentado unos días antes. En la querella firmada por el actor Toni Albà, se me acusaba de haber usado un perfil falso de Facebook para lanzar mensajes insultantes hacia “relevantes figuras del independentismo”. A pesar de la falsedad de la acusación, la campaña mediática emprendida contra mí fue impresionante, con reportajes en prime time en TV3 y Catalunya Ràdio acusándome de amenazar al president Mas, tertulias en las emisoras del subvencionado conde de Godó y Grande de España con graves desprecios hacia mi persona, reportajes insultantes en uno de los medios del monárquico grupo Prensa Ibérica.

La querella recaló en el Juzgado de Instrucción número 3 de Manresa que archivó el caso al considerar que los presuntos delitos, de existir, habrían prescrito. Sin embargo, a pesar de la falsedad de las pruebas presentadas, el objetivo de los investigadores, periodistas, delincuentes y bazofia separatista ya lo habían conseguido. La muerte civil que buscaban en mi persona la obtuvieron. Señalado, amenazado, insultado y vejado, vivir en Catalunya contra el separatismo y sin protección mediática en Catalunya, es un suicidio. Por protección a mi familia y a mi trabajo, decidí dar un paso atrás.

El pasado 17 de diciembre me llamó un periodista para comunicarme que tenía constancia de que la unidad de los Mossos d´esquadra, conocida como UCRO, realizó en mi entorno personal multitud de investigaciones y seguimientos con el fin de encontrar cualquier pasado o presente que pudiese ligarme a algo que sonase a radicalidad o bien extrema derecha, con la espuria finalidad de eliminarme social y públicamente. La información salió en varios digitales el 18 de diciembre, noticia de la que no tengo constancia oficial y sólo la conozco por lo que sale en los medios de comunicación. La información decía que “Los Mossos tenían orden de acabar con la honorabilidad de los principales miembros y líderes de Sociedad Civil Catalana, y con especial intensidad en uno de sus líderes: el que fuera presidente de la organización constitucionalista hasta 2015, Josep Ramon Bosch”.

Así consta en uno de los informes que los Mossos D’Esquadra intentaron destruir en una incineradora el pasado 26 de septiembre, un informe relativo a los datos obtenidos a través de estos seguimientos y que no pudieron ser eliminados por la intervención de miembros del Cuerpo de Policía Nacional. Según se desprende de la información publicada, y recogen los medios, fue durante el mandato del mayor José Luis Trapero cuando se creó la Unidad UCRO, centrada en el espionaje a las personalidades contrarias al golpe de estado y que se dedicaban al hackeo de ordenadores, mails y teléfonos, violando la intimidad de las personas a las que seguían, y especialmente hacia mi persona, con la única finalidad de desacreditar la actuación de Sociedad Civil Catalana, que empezaba a ser francamente molesta al proyecto político creado por Jordi Pujol. Todo ello realizado mediante graves anomalías de funcionarios públicos, que deberían incardinarse en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos, complementado por el odio ideológico que caracteriza al nacionalismo.

De esta forma se utilizó dinero de todos los contribuyentes, para espiarme sin la correspondiente orden judicial, para posteriormente facilitar datos a unos medios periodísticos a fin y efecto de urdir un plan para acusarme de delitos fabricados ad hoc y acabar con la asociación constitucionalista Societat Civil Catalana. Yo dimití para poder defenderme, y no perjudicar el proyecto de defensa de la unidad de España que desde SCC habíamos emprendido.

Decidí marcharme a mi casa, pero tuve que aprender a vivir entre seguimientos y acoso, mi domicilio en Santpedor, a unos pocos kilómetros de Manresa, se convirtió en objetivo habitual de escraches, pintadas, insultos, amenazas y coacciones varias; mi hija fue agredida en una fiesta popular al ser reconocida como la “hija de puta del facha”, perdí amigos, relación social. En mi empresa, de la que ejercía de director general, recibieron miles de e-mails solicitando mi despido por ser persona que acosa e insulta al “pueblo catalán”. Vivir en estas condiciones es muy duro. Se llama “muerte civil”.

Societat Civil Catalana no fue la única asociación o entidad a la que se espío, ni yo he sido el único al que con dinero público se ha intentado destruir la vida. Dirigentes de Ciutadans, personalidades ligadas al Gobierno de España y al Partido Popular, el secretario general del Sindicato de Policíes de Catalunya, David José Mañas, su mujer Sònia Blanch Torrents y su hijo, el abogado Josep María Fuster-Fabra… Seguramente en Catalunya somos legión los catalanes que hemos sido espiados con el consentimiento, conocimiento y colaboración de distintos mandos del cuerpo regional de policía, durante el mandato del mayor Josep Lluís Trapero, de forma sistemática con fondos reservados.

Ahora muchos esperemos que la justicia haga bien su trabajo y depure las responsabilidades emanadas de tantos delitos cometidos en el oasis putrefacto en que han convertido a Catalunya.

Sin embargo, una terrible sensación de abandono y desamparo embarga el ánimo de muchas personas que decidimos emprender batalla contra el separatismo, un estado español capaz de pactar con el enemigo que lo quiere destruir y abandona a quien pretende defenderlo. Un estado que premia al delincuente y persigue al honesto.

Un estado así, no nos merece.

Saturación de Cataluña
Javier Caraballo elconfidencial 11 Enero 2018

Lo sé bien porque has cerrado la pestaña de la noticia que leías en el ordenador y luego, casi al instante, has cambiado el dial de la radio porque hablaban de lo mismo. Lo sé porque ya nadie hace la pregunta repetida mil veces, y luego mil veces más, de “qué va a pasar en Cataluña”; podrían haber hecho bufandas en octubre con esas seis palabras y se hubieran agotado en todas las tiendas de España, como aquella leyenda del “Por qué no te callas” de don Juan Carlos a Hugo Chávez que también acabó en las estanterías de los chinos y en los tenderetes de la Plaza Mayor. Lo sé bien porque, al mirarte, has entendido mi curiosidad y lo has soltado de golpe: “He decidido desconectarme de Cataluña. Estoy saturada”.

Es muy posible que el momento de España sea ese, sobre todo ahora que hemos comenzado un nuevo año tras el respiro mínimo de la Navidad, que nos ha dado para hablar de otras cosas, la familia, el fútbol y la tiesura que no se va. De la preocupación se ha pasado a la saturación, de modo que esa inercia de Cataluña a todas horas, en todas partes, ya comienza a molestar; surge un rechazo interior, instintivo, compulsivo, que es muy fácil de adivinar porque, como tú, hay mucha gente en toda España que se ha empachado ya de tanto tragar con el suflé catalán. ¿El suflé? Ya bajará.

Digo que “mucha gente en España” tiene la misma sensación, el mismo hartazgo, pero lo acertado sería decir que se trata de la inmensa mayoría. Fíjate en la última encuesta del CIS, que en el torbellino de noticias de estos últimos días ha pasado casi inadvertida: “La preocupación por la independencia de Cataluña se hunde tras la aplicación del 155”. Ese era el titular de la noticia en El Confidencial y, si lo analizamos, comprobaremos que dice mucho más de la sociología española que lo que aportan los meros datos de la encuesta.

El sondeo del CIS lo que describía a mitad de diciembre, incluso antes de que se celebrasen las elecciones en Cataluña, es una curva descendente vertiginosa: La máxima preocupación se alcanzó en octubre, cuando todo se desbordó y obligó a la intervención histórica de Felipe VI, y en dos meses, la preocupación ha pasado del 29% a casi la mitad.

Aún habrá de bajar mucho más porque antes de la revuelta de octubre no llegaba ni al 3% el número de españoles que se mostraban preocupados por la independencia. Nada de eso quiere decir, obviamente, que los españoles piensen que ya se ha resuelto el problema catalán y, mucho menos, que confíen ciegamente en la clase política, porque cada vez los primeros lugares de la lista de las preocupaciones lo siguen ocupando el paro, la corrupción, los partidos políticos y la situación económica, que es como repetir dos veces la misma preocupación.

La explicación de por qué ha bajado la preocupación por la independencia de Cataluña no está, por tanto, en una mayor confianza en la situación política española, y mucho menos la catalana, sino en la constatación de algo superior, más importante y sólido: el funcionamiento del Estado de derecho. La incertidumbre de octubre, y el aumento de la preocupación entre los españoles, se correspondía con los momentos en que el conflicto de Cataluña parecía un caos desbocado, una amenaza incontenible, un chantaje que era capaz de romper España, y luego Europa, sin que nadie supiera atajarlo.

La incertidumbre es el abismo de una democracia, y fue eso lo que nos llenó de angustia a todos. Todo cambió el día en que los tribunales comenzaron a encerrar en prisión preventiva a los cabecillas de la rebelión y, de forma paralela, se aplicó el artículo 155 de la Constitución, que conllevaba la intervención de la autonomía de Cataluña y la destitución del Gobierno de la Generalitat. Cuando los españoles comprobaron que el Estado de derecho funciona, dejaron de preocuparse de la independencia de Cataluña como una amenaza inminente. No se ha resuelto el problema, pero ya no es una angustia que se anude en el estómago.

Existe, además, otra razón para entender la saturación que ha comenzado a extenderse por toda España sobre el conflicto de Cataluña, además del evidente cansancio mental que se produce con la reiteración de noticias y la elevación a la primera plana de nombres y hechos perfectamente irrelevantes. La segunda razón es el carácter de los españoles. Hace unos días, cuando repasaba algunos textos de Manuel Chaves Nogales (sublimado por Carlos Alsina en unos magníficos relatos de radio), reparé en una crónica que escribió en 1938, ya exiliado en Londres por la Guerra Civil española. No es que Chaves Nogales acertara lo más mínimo en su pronóstico sobre el desenlace final de la Guerra Civil, pero sí son intachables sus aportaciones sobre la sociología del pueblo español. “El error de las grandes democracias —decía Chaves Nogales— es creer que el nacionalismo español tiene algo que ver con el francés o el inglés. El nacionalismo español no es un defensor de su país, sino un cruzado”.

Y es así, un sentimiento desapegado y persistente. El patriotismo español es más de reacción que de defensa. El español está poseído por un sentimiento negativo de identidad, de forma que se puede pasar la vida hablando mal de España, pero salta como un resorte en su defensa en cuanto se considera atacado o humillado. A lo largo de la historia hay innumerables ejemplos de una reacción parecida y la última bien podría ser esta de Cataluña, cuando los españoles, empezando por más de dos millones de catalanes, se han sentido agredidos, atacados, y han salido a los balcones a colgar más banderas que nunca, ni cuando el Mundial de fútbol que ganamos en Sudáfrica. Luego, cuando ese mismo español ha comprobado que el Estado de derecho funciona y que la Constitución le pone límites al desvarío independentista, se ha vuelto a sus cosas, a sus preocupaciones de siempre. Y cuando ahora le hablan de Cataluña, repite eso que me has dicho: “Me estoy desconectando…”

73 millones anuales a la Administración
La cooficialidad del asturiano costará 10 veces más de lo que aseguran los nacionalistas
Carlos García-Ovies okdiario

En los últimos meses, la posibilidad de que el asturiano se establezca como lengua cooficial en el Principado ha cogido más fuerza que nunca gracias al compromiso del nuevo secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón. Al margen de la legitimidad o no de esta medida, los detractores denuncian que el coste sería de unos 73 millones anuales, unas 10 veces más elevado que el que sostienen los defensores de la llingua.

Recientemente, David Rivas, figura importante del nacionalismo asturiano y defensor de la oficialidad, avanzó que el coste de implantación del asturiano como lengua oficial junto al castellano sería de aproximadamente 8 millones de euros anuales.

En esa línea, la ‘Plataforma Contra la Cooficialidad del Bable’ ha encargado un informe en el que se sostiene que el coste de establecer el asturiano como lengua cooficial sería de hasta 73 millones de euros anuales, lo que supondría unos 165 euros por hogar.

La cooficialidad del asturiano costará 10 veces más de lo que aseguran los nacionalistas

El estudio señala que el coste medio por habitante por lengua cooficial en España oscila entre los 46 y los 49 euros, pero advierte de que sólo se refiere a la Administración autonómica. Si se tiene en cuenta que Asturias tiene una población de 1,043 millones de personas, el coste para las arcas del Principado se situaría en la franja de 48 y 51,1 millones de euros anuales.

No obstante, el informe explica que la cooficialidad también afecta a los ayuntamientos, por lo que habría que sumar otros 7,4 millones de euros anuales. Además, “el arranque de un programa de cooficialidad tiene unos costes adicionales que se estiman en un incremento del 25% durante los cinco primeros años.

El montante total pasaría así a situarse entre los 69,2 y 73,1 millones de euros, “diez veces más que las afirmadas por los defensores de la oficialidad”. Esto es, la cooficialidad del asturiano costaría unos 73 euros al año a cada persona residente en Asturias y unos 165 euros por hogar, según el informe.

“Vamos a tratar que la cooficialidad no se establezca en Asturias frente a los que dicen que será poco a poco y los que no quieren que haya ninguna información sobre la repercusión que tendrá esa medida”, aseguró hace unos días la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández. Toda una declaración de intenciones.

El melón de la cooficialidad se abrió en 2017 tras la elección de Adrián Barbón como nuevo secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Cuando Barbón aún era alcalde de Laviana, mostró su compromiso de impulsar la cooficialidad si salía elegido, algo que reavivó las expectativas de los defensores de la llingua.

No obstante, Barbón y su nueva cúpula sostienen que la implantación debe ser progresiva y que hay que respetar los tiempos. Para poder implantar la oficialidad es necesario reformar el Estatuto de Autonomía, algo que sólo ha ocurrido en tres ocasiones (1991, 1994 y 1999). Y para ello se necesita el apoyo de tres quintas partes de los parlamentarios que conforman la Junta General del Principado. Además, las Cortes Generales deben aprobarlo posteriormente, pero tan sólo por mayoría simple.

Traducido, significa que 27 parlamentarios asturianos deben defender la iniciativa. A favor de ella, actualmente, se situarían la FSA-PSOE (14 diputados), Podemos (9), Izquierda Unida (5) y Foro Asturias (3). En contra, tan sólo se encontrarían el PP (11) y Ciudadanos (3). Por tanto, la mayoría de tres quintos estaría asegurada a falta de los tiempos que vayan marcando los socialistas.

Y tendrá pensión vitalicia tras la jubilación
Mas se va pero con prebendas vitalicias: 110.000€ de sueldo, oficina y coche oficial
Gonzaga Durán okdiario 11 Enero 2018

El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, conservará su sueldo de 111.668 euros brutos anuales al seguir manteniendo su estatus de antiguo jefe del Govern y a pesar de renunciar este martes como presidente del PDeCAT. Este sueldo es 30.000 euros superior al que recibe actualmente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Estos privilegios se deben al Estatuto de President que aprobó el ex presidente Jordi Pujol en 2003, que incluye el tratamiento como “Molt Honorable”. Además de esta importante remuneración, Mas sigue teniendo derecho a otros privilegios: una oficina con tres personas, coche oficial con chófer y seguridad. Esta misma oficina cuenta con un presupuesto propio.

Una vez cumpla los 65 años de edad, Artur Mas tendrá derecho a una pensión vitalicia del 60% del salario que perciba el presidente de la Generalitat en ese momento, aproximadamente de 90.000 euros.

La oficina al que tiene derecho el ex presidente del Govern cuenta con presupuestos propios. Según informa el portal Sueldos Públicos, esta misma oficina gastó en 2016 41.723 euros. De esta cifra, 29.881 fueron a aspectos de seguridad, otros 7.710 euros correspondieron a gastos de viaje, otros 3.309 euros en concepto de acciones protocolarias y, por último, 290 euros en otros gastos (transportes, manutención del personal de oficina, etc).

Comparado con otras oficinas de otros ex presidentes, Artur Mas gastó más que José Montilla y que Pasqual Maragall. Montilla tuvo un gasto de 32.337 euros en 2016, mientras que Maragall destinó35.420 euros durante el mismo ejercicio.

Artur Mas anunció este martes su renuncia a la presidencia del PDeCAT en una rueda de prensa, señalando que esta decisión había sido acordada con la ejecutiva del partido desde el año pasado.

Sin embargo, en un documento al que tuvo acceso OKDIARIO, las razones esgrimidas fueron el calendario judicial al que se enfrentará en los próximos meses y al éxito de la lista de Carles Puigdemont en las recientes elecciones del 21-D.

Mas fue uno de los dirigentes que empezó el desafío separatista al Estado de derecho y, por ello, tendrá que lidiar con dos frentes judiciales importantes. El primero es el de la organización y celebración del 9-N, por el cual debe hacer frente junto con Joana Ortega y Irene Rigau a un pago de más de 5 millones de euros por el coste de la consulta ilegal.

El segundo es una futura citación en el Tribunal Supremo, ante el juez Pablo Llarena, para dar explicaciones como investigado por sedición, rebelión y malversación de fondos.

DENUNCIA DE COVITE
Las víctimas cargan contra EITB por poner la tv pública al servicio de ETA
La Gaceta  11 Enero 2018

La cadena emitió un documental sobre hijos de “presos vascos” sin mencionar sus nombres ni sus delitos.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha criticado a EITB por poner la televisión pública al servicio de los intereses de la izquierda abertzale y del blanqueamiento de ETA.

Las críticas de la organización liderada por Consuelo Ordóñez se producen después de que la noche del martes la cadena emitiera un documental titulado ‘Los niños de la mochila’, en el que se aborda la situación de los hijos de los presos de ETA.

Para las víctimas se trata de un documental que asume sin ninguna crítica los postulados de la izquierda abertzale y que evita la deslegitimación del terrorismo, algo que considera “impropio de una cadena pública”. “EITB ha puesto los medios públicos sufragados por todos los ciudadanos en manos de los defensores de un relato edulcorado de la trayectoria criminal de ETA”, han afirmado fuentes del colectivo.

Covite ha hecho hincapié en que el documental se ha emitido a falta de cuatro días para la celebración en Bilbao de una manifestación a favor de los presos de ETA, por lo que considera que “la cadena pública ha optado por entrar de lleno en la estrategia de publicidad de la izquierda abertzale”.

Además ha subrayado que a lo largo de la emisión no se mencionan los nombres de los terroristas, su condición de miembros de ETA ni los delitos que han cometido, a pesar de que al menos algunos de ellos están condenados por asesinato.

Es el caso, por ejemplo, del etarra Igor Solana, cuyo hijo aparece en el documental y que está condenado por los asesinatos del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, el concejal del Partido Popular José Luis Martín Carpena y el doctor Antonio Muñoz Cariñanos.

Las víctimas han advertido que no es la primera vez que EITB trata de “promover una falsa teoría del conflicto inclinando la balanza a favor de los terroristas y sus justificadores” a través de su programación.

El colectivo ha recordado que la cadena se ha negado a emitir los documentales sobre las víctimas de ETA realizados por el director Iñaki Arteta y ha mencionado la emisión el año pasado del programa Euskalduna naiz, eta zu que incitaba al odio contra los españoles, hecho que fue denunciado por Covite ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.

SURREALISTA MEDIDA
Expedientado un mosso que defendió el uso del castellano en los atestados
La Gaceta  11 Enero 2018

Los Mossos d’Esquadra han abierto un expediente disciplinario, por una falta grave de respeto, a un agente que se opuso a utilizar siempre el formulario en catalán de atestados, como le ordenó un superior, alegando que era una instrucción “ilegal” que vetaba derechos de los castellanohablantes.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra acusa al agente de “desafiar” a un sargento, jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del distrito de Sant Andreu de Barcelona, sobre el cumplimiento de la orden que dictó en 2009 sobre el uso de idiomas en la confección de atestados policiales.

En esa instrucción interna se establecía que los atestados, a excepción de los casos de extradición o las ampliatorias instruidas fuera de Cataluña, tenían que hacerse “siempre en catalán” y que, si el denunciante hablaba en castellano, el mosso debía escribir sus manifestaciones en ese idioma, pero no así el encabezamiento de las diligencias, ya que el modelo de atestado debía ser en catalán.

El agente ahora expedientado se mostró en desacuerdo con esta resolución, al entender que era ilegal y afectaba el derecho de uso de las lenguas oficiales porque suponía, a su juicio, un veto parcial a una de ellas.

Ante esta situación, el 18 de octubre de 2016 el sargento recordó al agente las pautas establecidas en su instrucción interna, ante lo que, según Asuntos Internos, éste abandonó de repente la reunión y regresó al despacho del sargento en compañía de dos cabos y otro agente, ante los que, en “actitud desafiante”, exigió a su superior que le repitiera lo que le acababa de decir.

Según Asuntos Internos, esta “postura desafiante” se repitió el 10 de enero de 2017, cuando el agente elaboró una nota informativa en la que expuso que dejaría de obedecer la orden verbal dada por su superior, ya que no había sido motivada por escrito y porque consideraba que era “arbitraria”.

Abierto un expediente por una falta grave
Por este motivo, Asuntos Internos ha abierto al agente un expediente por una falta grave de respeto a un superior, que le podrían acarrear una suspensión de funciones por espacio de entre quince días y un año, con pérdida de las retribuciones correspondientes, la inmovilización en el escalafón por un periodo no superior a cinco años y el traslado a otro puesto de trabajo y cambio de destino.

Por contra, el agente, representado por los abogados Javier Aranda y Sandra Melgar, especializados en material penal y función pública, sostiene que no se negó a redactar en catalán, sino que defendió que en los casos en los que el denunciante usara el castellano se empleara el formulario en este idioma, porque si no el apartado de derechos quedaba en un idioma que podían desconocer.

En su escrito de alegaciones, a que ha tenido acceso Efe, el mosso apunta que, por una cuestión de “capricho idiomático”, la administración está “vetando al ciudadano sus derechos más elementales”.

Un derecho de los ciudadanos
El agente asegura además que el pliego de cargos basado en una supuesta falta grave es “inexistente”, ya que en ningún caso faltó al respeto a su superior, pese a intercambiar opciones diferentes.

A su juicio, el expediente que le han abierto responde únicamente a una “estrategia” por parte de Asuntos Internos para sancionarle por desobedecer una orden interna que considera que es “ilegal e ilegítima”.

En su escrito, el agente explica que la orden impuesta por el sargento le llevó a tener que desobedecer para defender los intereses de los ciudadanos y denunciantes.

“Si no se le está expedientando por no cumplir la orden realizada por el sargento, debemos convenir que la misma era ilegal e ilegítima, así que podía desobedecerla tal y como hizo”, apunta el escrito.

No obstante, el agente alega que, aunque se podía limitar a no realizar la acción que se le pedía, elaboró notas informativas para dejar de forma “clara y meridiana” su postura y, a la vista de que no le respondían, decidió cumplir “estrictamente el ordenamiento legal, aplicando la lógica” y los propios modelos traducidos a cada uno de los idiomas.

Iniciativa en change.org
Un guardia civil logra 10.000 firmas en dos días para que ‘Mossos por la Independencia’ sean cesados
Raquel Tejero okdiario 11 Enero 2018

Un guardia civil ha creado una iniciativa con la que pretende que los Mossos d’Esquadra pertenecientes a la plataforma independentista ‘Mossos per la Independència’ queden fuera del cuerpo. Hasta ahora, la petición ha conseguido más de 10.000 firmantes en tan solo dos días.

“El requisito principal para la creación de una asociación o sindicato es que sus estatutos estén en consonancia y cumplan con la Constitución y la legislación vigente, puesto que Mossos por la independencia promueve y alienta un acto anticonstitucional como es la independencia de Cataluña, es de ley que dicha organización sea considerada ilegal, y sus miembros sean expulsados del cuerpo de los Mossos d’Esquadra”, reza el comunicado de su requerimiento en Change.org.

La asociación de los agentes independentistas ha sido generadora de gran polémica por la implicación que esto supone en la defensa de los valores antidemocráticos y anticonstitucionales por los que se ha regido el independentismo.

OKDIARIO ha hablado con el precursor de la misma para conocer sus motivaciones y sus objetivos. “Pretendo presentarlo ante el Ministerio de Interior para que lo tengan en cuenta”, asegura Ismael Pineda. “A los guardias civiles por ir con los zapatos sucios se les expedienta. No digo que eso sea incorrecto porque hay que guardar las formas pero creo que tendrían que actuar al respecto de la creación de una asociación de Mossos independentistas”, añade.

El guardia civil dice no tener un límite fijo de firmas a alcanzar, simplemente conseguir el mayor número posible para poder hacer algo con ello. “Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado deben ser asépticos y deben ser garantes de la ley”, se queja.

Además, añade que estos Mossos, como el resto de agentes, asumieron “el cargo jurando el acatamiento de la Constitución” y con sus declaraciones “públicas y en redes sociales dejan en entredicho este acatamiento”.
 


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