AGLI Recortes de Prensa   Sábado 13  Enero 2018

El Gobierno y el PP, en la espiral autodestructiva
No hay autocrítica en el Gobierno ni en el partido, se persiste en el error y emergen las banderías en el PP. Si no hay cirugía de por medio, uno y otro quedarán en una espiral autodestructiva
José Antonio Zarzalejos elconfidencial 13 Enero 2018

Los partidos políticos no desaparecen por extinción natural sino tras un proceso, a veces lento, otras acelerado, de autodestrucción. Tal sucede cuando renuncian a la autocrítica ante el fracaso electoral; cuando persisten en el error porque se consideran inmunes a cualquier culpabilidad y cuando incurren en el faccionalismo o las banderías. Estas tres circunstancias concurren ahora en la acción del Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular.

La debacle de los conservadores en Cataluña el pasado 21-D requería una reacción que se hace esperar. El Ejecutivo y el partido han fracasado sin paliativos en una comunidad autónoma estratégica y lo han hecho hasta el punto de que sus electores no han creído que votar la opción popular gobernante en España fuese útil. 170.000 de sus anteriores votantes apostaron por Ciudadanos que se llevó —según sus cálculos, muy verosímiles— 95.000 del PSC. Ante esta situación, seguramente premonitoria de lo que podría ocurrir a nivel nacional, el 22 de diciembre pasado, en la junta directiva nacional del PP, nadie tomó la palabra salvo el presidente del Gobierno que luego, ha echado balones fuera en un confuso discurso sobre la tópica necesidad de "comunicar mejor". Silencio lanar.

En Cataluña se han mostrado todos los problemas del Gobierno y del PP: ausencia de discurso, deficiente candidatura y falta de políticas eficaces que le correspondía implementar a una desaparecida vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, que tampoco se ha asomado a la balconada de los medios desde la jornada electoral. Ella es la titular del ministerio de Administración Territorial, la responsable política de los servicios de inteligencia y la que comandó la inútil "Operación diálogo". Ni por un momento se ha barajado la procedencia de su renuncia al cargo. Quizás porque la culpa la tenga Ciudadanos por haber ganado. Absurdo.

La persistencia en el error se demostraría, no solo por la ausencia de autocrítica y la facundia con la que los responsables del desastre siguen en sus puestos, sino en el modo general de gobernar. Para muestra algo más que una anécdota: el comportamiento desavisado del ministro del Interior a propósito del colapso por nevadas de algunas carreteras los días 6 y 7 de enero —él, en Sevilla, en el palco de un estadio de fútbol, mientras miles de ciudadanos quedaban varados en las carreteras— abunda sobre la falta de competencia de Juan Ignacio Zoido que es tan buena persona como inidóneo para el puesto que desempeña, como ya se demostró el 1-O en Cataluña y con el desastroso despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad allí. El hecho de que, hasta el momento, haya permitido que Gregorio Serrano, Director General de Tráfico, siga en su cargo, sugiere que el Gobierno, por una parte, y el partido, por otra, están desconectados de la realidad.

La comparecencia de Rodrigo Rato en la comisión de investigación del Congreso el pasado martes es uno de los ejemplos de faccionalismo o bandería. Cuando un exvicepresidente del Gobierno del PP con Aznar —igualmente alejado del partido— acusa en la Cámara baja al Ejecutivo de su propia formación de haberle querido meter en la cárcel, es que se está produciendo un ajuste de cuentas histórico en el PP que va mucho más allá de lo que podría interpretarse como una venganza del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional. La intervención de Rato —tan diferente a la de otros imputados que han protegido al partido— demostraría que no hay freno de mano en las guerrillas populares para evitar la catástrofe. El asturiano ha olido debilidad en la organización de la que formó parte durante treinta años.

El Gobierno, de no ser por Cataluña que es un grave problema que ralentiza la acción de una oposición muy mejorable, estaría ahora dando las últimas bocanadas. Su producción normativa se acerca a la nada, no tenemos presupuestos generales —y es posible que no los tengamos— y renquean pilares del Estado como el sistema de pensiones o la financiación autonómica. En el CIS la corrupción sigue apareciendo como la segunda preocupación de los españoles mientras el informe del Grupo de Estado contra la Corrupción del Consejo de Estado (GRECO), de reciente publicación, sigue detectando graves insuficiencias en los fielatos del sistema ante las malas prácticas y los delitos perpetrados por la clase política.

El PP, además, ya no es el partido canterano de otros tiempos. Está teniendo dificultades para encontrar candidatos con perfiles ganadores en las próximas municipales y autonómicas (2019) y va a celebrar, al parecer, una Convención este año para renovar ideas y estrategias. Falta le hace, aunque no será suficiente —si no hay cirugía de por medio— para evitar quedar absorbido por la energía de la espiral autodestructiva en la que se ha introducido. Las encuestas se confunden en los detalles pero clavan las tendencias. La del PP no puede tener peor cariz.

El euro, un dolor de cabeza para el BCE
Daniel Lacalle elespanol 13 Enero 2018

“Cash Rules Everything Around Me, C.R.E.A.M.” Wu-Tang Clan

A cierre de este artículo, el euro se situaba en su cotización más alta de los últimos tres años contra su principal cesta de monedas. Un movimiento que sorprende cuando el Banco Central Europeo está llevando a cabo la política monetaria más agresiva del mundo tras el Banco de Japón.

Un euro fuerte no es un problema para ningún ciudadano europeo. Los hogares europeos mantienen una gran parte de su riqueza financiera en depósitos. En el caso español, más del 41%. Adicionalmente, un euro fuerte hace que la inflación sea menor en los productos importados, principalmente materias primas energéticas y alimentos, generando un efecto riqueza importante. Si miramos el índice de materias primas entre el 6 de enero de 2017 y el 12 de enero de 2018 podemos comprobar que ha bajado en euros más de un 12%, mientras que se ha revalorizado en dólares. Para el ciudadano medio, un euro estable o fuerte es una bendición, y uno de los factores esenciales para la recuperación de la renta disponible.

La recuperación del euro no ha supuesto un problema tampoco para las exportaciones, a pesar de lo que intentan venderles los del Club de la Impresora. España ha aumentado un 53% el peso de las exportaciones en el PIB en los últimos cinco años y las exportaciones españolas en 2017 marcaron un récord, creciendo más que la media de nuestros socios, aumentando cuota de mercado global y, además, con un déficit comercial moderado.

Pero un euro fuerte es una mala noticia para los planificadores centrales, los estados endeudados y los sectores obsoletos o de bajo valor añadido que necesitan la subvención encubierta de la devaluación. Un euro fuerte destruye las expectativas de inflación –el impuesto de los pobres- del Banco Central Europeo, el aumento de beneficios de los sectores de baja productividad y pone en peligro la reducción de la deuda de los estados ineficientes, que hayan sido incapaces de reducir su déficit. La política monetaria, que se convierte en un asalto al ahorrador y eficiente para subvencionar al ineficiente, no funciona –buena noticia para las familias- en un mundo globalizado y economías abiertas.

A pesar de que el Banco Central Europeo mantiene tipos ultra-bajos y recompras mensuales de 30.000 millones de euros, no hay manera de devaluar como les gustaría.

El planificador central europeo debe rascarse la cabeza pensando por qué. La economía norteamericana acelera su crecimiento, las expectativas de inflación suben en EE.UU., el déficit comercial a mínimos de una década, la Reserva Federal subiendo tipos…. Y el dólar no se revaloriza. Muchos hemos errado en la evolución de la moneda norteamericana. Lo que no hacemos es decir que “hubiera sido peor” y que “hay que repetir”.

Un dólar contenido con una economía creciendo como es la norteamericana y, encima, reduciendo el déficit comercial, es una oportunidad para la Reserva Federal. Puede subir tipos y fortalecerse de cara a una ralentización global sin preocuparse por la moneda.

El problema para la Unión Europea es que si el BCE sigue intentando crear inflación por decreto no lo consigue, y además, pone la economía en mayores desequilibrios. Si se lanza a intentar contener el euro, mete a Europa en desequilibrios tan graves que generarán mayores problemas a medio plazo. Y si se propone contener el aumento de los riesgos, el euro subirá más. Y adiós expectativas de inflación.

Las estimaciones apuntan a que doce meses consecutivos con el euro/dólar por encima de 1.21 llevarían las expectativas de inflación en la Eurozona a 1,3% comparado con el 2% deseado, a que el aumento de los beneficios del Eurostoxx 100, estimado en más de un 8%, se vaya a 0%, ya que los exportadores de bajo valor añadido sufrirían en sus ventas y los bancos en sus márgenes por menor inflación y tipos demasiado bajos.

En medio de todo está China, que intenta fortalecer su posición mundial vendiendo dólares. Algunos piensan que si debilita el dólar y fortalece el oro solventarán sus desequilibrios financieros, pero es una entelequia. China ha aumentado su deuda en 2017 en una cantidad superior al PIB de Reino Unido, y su superávit comercial sufre con un dólar débil y un yuan artificialmente alto.

Todo esto nos lleva a la demostración empírica de que la guerra de divisas es una sandez en economías abiertas. Los planificadores centrales y sus baterías de analistas keynesianos se sorprenden de que las economías no funcionen como dictan sus hojas de Excel. Cambian la celda de aumento de masa monetaria, y no pasa lo que esperan que ocurra. Pero ellos no admiten sus propios errores. No lo achacan a que sus correlaciones y estimaciones están obsoletas y equivocadas, sino a que “no se hizo suficiente” y “hubiera sido peor” (lean a Paul Romer) y su fe religiosa en el intervencionismo se mantiene intocable.

Manteniendo el salvaje desequilibrio monetario, todos se equivocan en lo que esperan conseguir, y mientras tanto la deuda global se dispara, más de $16 billones en 2017 hasta máximos históricos, la inversión de capital es cada vez más pobre y en sectores de bajísima productividad, y la burbuja que crean es cada vez más peligrosa.

El BCE se debería preocupar de lo que realmente puede hacer, que no es crear inflación por decreto, sino monitorizar los riesgos de exceso de deuda, burbujas y desconexión con la realidad. Se debería preocupar por ejemplo, de que el bono a dos años de Grecia “cotice” a menor riesgo implícito que el 2 años de EEUU, lo cual es una monstruosidad.

No se preocupen. Si explota, nos dirán que fue por falta de regulación.

Cumplir la Ley no es una opción sino una obligación
“Seamos esclavos de la Ley para poder ser libres” Cicerón
Miguel Massanet diariosigloxxi 13 Enero 2018

Cuesta creer en la clase de Estado que quieren, para Cataluña, todos estos revolucionarios que han decidido saltarse las leyes de una nación democrática, integrada dentro de un conjunto de naciones también democráticas y formando parte de una estructura formada por países que han decidido juntarse para ser más fuertes tanto en el aspecto económico, como en el social y en el industrial, con unas instituciones comunes capaces de defender a Europa de cualquier agresión que nos llegue de fuera, con la colaboración de todas las FF.AA de las naciones que integran la UE. Unos funcionarios elegidos democráticamente, de acuerdo con las leyes y la Constitución española, que deciden por su cuenta pedir al Estado español que les permita abandonar, como país independiente, su ligazón de siglos con la nación española de la que han venido formando parte integrante, argumentando que, menos de la mitad del pueblo de Cataluña se ha manifestado dispuesta a asumir la aventura. Se apoyan en unas elecciones autonómicas en las que, el ganador absoluto ha sido un partido constitucionalista (Ciudadanos) que, no obstante, no ha alcanzado la mayoría de escaños precisa para controlar el Parlamento catalán.

Nadie les puede negar su facultad de crear sus propias alianzas, ni el derecho a gobernar el país de acuerdo con las facultades que les otorgan sus estatutos autonómicos o, incluso de establecer las normas internas que las leyes del Estado, en virtud de la delegación de competencias, les permitan promulgar, siempre dentro de los límites constitucionales del Estado de derecho. Sin embargo, lo que está sucediendo en Cataluña se basa en una serie de incumplimientos de las leyes, las sentencias de los tribunales, los autos del TC, cometidos precisamente por quienes debían, por la responsabilidad que habían asumido, velar para que este tipo de infracciones no se produjesen y, máxime cuando en el caso que nos preocupa formaba parte de toda una estrategia organizada para chantajear al Estado. Una serie de actos ilícitos que se han ido reproduciendo a través de los años, cada vez con más virulencia, más impunidad, más enfrentamiento a los poderes del Estado hasta llegar a un punto en el que se ha puesto al Gobierno democrático de país y al propio Estado ante la necesidad ineludible de acudir al remedio del Artº 155 de la Constitución, para intentar cortar por lo sano una deriva que amenazaba con acabar en un enfrentamiento a cara de perro entre los propios catalanes.

Lo que no somos capaces de entender, por mucho que los independentistas arguyan razones sentimentales para sus ambiciones de segregación de Cataluña de España, es ¿qué tipo de Estado están pensando crear cuando lo que, desde las escuelas ( ante la absoluta permisividad de los sucesivos gobierno de la democracia), fruto de una bien organizada colaboración de los enseñantes, se les ha ido inculcando el odio hacia España, los españoles y todo que pueda venir de más allá de las fronteras de la comunidad catalana; se ha estado, durante años, generación tras generación, creando el caldo de cultivo para la revolución que en estos momentos estamos presenciando en toda Cataluña? ¿Acaso han pensado que, la falta de respeto por las leyes, que les han imbuido a las nuevas juventudes, no puede dar lugar a una falta de respeto por las mismas y la tentación de seguirlas incumpliendo cuando se consiguiera la independencia, como algo normal que se les ha enseñado a hacer?

La misma esencia de la democracia ¿seguimos hablando de ella o las nuevas tendencias que nos han traído de Venezuela estos comunistas bolivarianos, dirigidos por el señor Pablo Iglesias, ya consideran poco avanzado esto del “gobierno del pueblo por el pueblo” y han decidido pasar directamente al sistema del clásico “gobierno popular”, tal y como se aplicó en España gracias al pucherazo en las elecciones de febrero de 1936, por aquellos grupos de salvajes que se apoderaron de las calles de Madrid y Barcelona para implantar en aquellas capitales la ley de la selva, inundando sus calles y rincones de personas a las que se les quitaba la vida por el mero hecho de ser de derechas o católico. No sé por qué, estas mozas tan desinhibidas que acompañan en el Parlamento al señor Iglesias y al señor Iñigo Errejón, como la espabilada Irene Montero, por su gesto displicente, su evidente desprecio por sus adversarios políticos y la cerrazón mental que le impide discutir con la mente abierta de cualquier problema de los ciudadanos españoles; nos recuerdan a aquellas mujeres, milicianas, que salieron a las calles armadas de enormes pistolones, para colaborar en la captura de “facciosos” a los que conducían para “refrescarles la memoria” a aquellos centros de tortura importados de la KGB (chekas) en la que verdaderos especialistas se recreaban creando todo el dolor del que eran capaces, aunque la pobre persona que caía en sus manos fuera inocente de todo lo que se le acusaba. Para que luego vengan estos ignorantes de ahora a hablar de las represalias de terminada la guerra, como si todos los que fueron fusilados entonces tuvieran un historial impoluto. Curioso que, cuando se juzgó a los nazis en el juicio de Núremberg, un juicio a todas luces carente de las mínimas garantías legales (todos estaban condenados de antemano) ninguno de estos que se rasgan las vestiduras ante los juicios franquistas, movió un dedo para protestar ante aquella muestra de venganza colectiva de los vencedores de la guerra.Es que, señores, estamos asistiendo a un retorcimiento tal de los argumentos, a una retractación tan vergonzosa de aquellos que fueron encarcelados en “olor de santidad”, al parecer de una gran parte de los catalanes; a unos comportamientos tan poco consecuentes con las ideas que decían sostener los que entonces galleaban, creyendo que acabarían venciendo al Estado español y que ahora, reblandecidos por unos pocos meses de estar en prisión, parecen dispuestos a renegar de sus ideas, con tal de que se les permita regresar a casa. Haría mal el juez del Supremo, Pablo Llarena, en aceptar ahora que, los tres inculpados, como Carme Forcadell, Jordi Cuixart o Jordi Sánchez, hayan manifestado que “nunca aceptarían una declaración de independencia unilateral” como argumento para que se los deje en libertad porque, entre otras razones, ellos no han ocupado cargo público y si han sido verdaderos impulsores de las algaradas en contra de la Guardia Civil, en los registros del despacho de Junqueras y de las agresiones que, en tales ocasiones, tuvieron lugar contra los representantes de la Ley.

Nos costaría mucho entender que se haya retenido en la cárcel al señor Junqueras (algo que nos parece bien), al fin y al cabo, de todos los procesados, el más consecuente con sus actos y, no obstante, que se dejara en libertad a estos dos verdaderos agitadores de masas que, como es evidente, reincidirían a la menor ocasión de que se les presentase de hacerlo. En realidad, es preciso que el respeto por la Ley se convierta en algo que, nos guste o no, con independencia de que, por medios permitidos, se pudiera luchar contra algunas que nos parecieran injustas, nunca ha de depender del estado de humor de los ciudadanos, de su conocimiento o su desconocimiento o de los estímulos que induzcan a uno a desobedecerla. Mientras no se demuestre lo contrario un Estado democrático dispone de leyes encaminadas a mantener el orden, a ocuparse del bienestar de los ciudadanos, a evitar los enfrentamientos entre ellos, a dar seguridad al ciudadano y a garantizar que cada español tiene derecho al ejercicio de sus libertades lo que, a la vez, comporta que cumpla con todas las obligaciones inherentes a un Estado de derecho. No estamos muy seguros de que la pretensión de ir alargando los problemas, de dejar transcurrir los plazos y de prolongar situaciones irregulares, como la que en estos momentos sigue manteniendo el señor Puigdemont en su destierro voluntario de Bélgica, sea lo que más convenga al Estado español sí, de lo que se trata es de recobrar la normalidad, que se forme un nuevo gobierno que se comprometa a dejar apartado, para otra ocasión, la reivindicación de la independencia y que se pueda dejar sin efecto la aplicación del 155, sin que ello impida que, de producirse un nuevo intento de alteración de la legalidad vigente, se volviera a implantar y, en tal caso, con la máxima rotundidad y energía.

Un país que no respeta las leyes es un país que carece de perspectivas de futuro ya que todo sistema de gobierno precisa de ciertas normas que todos se deben comprometer a aplicar. Para eso existen en todas las democracias posibilidad de acudir a las urnas para pedir cuentas, a los que nos fallaron, por su comportamiento o para confiarles, un nuevo plazo para que puedan seguir gobernando si es que consideramos que lo han estado haciendo bien.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, queremos hacer hincapié en este pasotismo que cada vez se nota más respecto a que los ciudadanos sólo vienen actuando por miedo al castigo y no por propio convencimiento, por ello, cuando se trata de crímenes pasionales, por mucho que el legislador intente poner límites, al no existe el freno del autocontrol debido a que estamos sufriendo un tipo de enajenación mental transitoria, el miedo a los resultados de la acción punitiva que se lleve a cabo, está por debajo del impulso emocional que induce al sujeto a actuar sin comedimiento para vengarse de su víctima. Por ello, pese a las asociaciones feministas, a los grupos de protección a las mujeres o las medidas preventivas que pudieran adoptar las instituciones policiales, vemos como, cada día, se cometen asesinatos de tipo sentimental sin que el freno que debería suponer el inmediato ingreso en prisión del delincuente, quedara ampliamente superado por el instinto de venganza de aquel que se considera traicionado, con razón o sin ella, por su pareja.

Telepresidencia
Iván Vélez Libertad Digital 13 Enero 2018

En medio de la deserción de muchos de los integrantes profesionales de las cada vez menos prietas filas del secesionismo catalán, la brumosa figura del huido Carles Puigdemont mantiene una presencia cimentada en las tecnologías vinculadas a la imagen. A través de las diferentes telepantallas, el verbo del gerundense llega puntualmente a sus más arriscados seguidores, aquellos capaces de ver heroicidad en el abandono de la patria oculto en un maletero, los mismos que entienden como penitencia la regalada vida del expresidente en Bruselas.

En este contexto, mientras el plazo para constituir el nuevo gobierno de Cataluña se va agotando, don Carles maniobra para conseguir ser investido presidente in absentia. O lo que es lo mismo, sabedor de que si se personara en el hemiciclo barcelonés para postularse como candidato al más alto cargo político de Cataluña sería detenido, pretende revestirse de su antigua autoridad sin pasar por tan delicado trance. Tal posibilidad ofrece, no obstante su evidente oportunismo, un interesante motivo de reflexión en relación a los parlamentos, muchos de los cuales se alojan en arquitecturas decimonónicas de aromas clásicos. Concebidos para el ejercicio de la elocuencia, con la tribuna de oradores como foco principal, los escalonados salones han ido convirtiéndose, fieles reflejos de la partitocracia reinante en España, en un lugar en el cual los diversos bandos exhiben su sectarismo, también llamado "disciplina de voto". Una obediencia tan obscena, que a menudo ofrece la imagen de un maestro de ceremonias que, brazo en alto, indica a los autómatas de su parcialidad el botón que han de pulsar para sacar adelante la iniciativa de turno.

Teniendo todo esto en cuenta, el planteamiento de Puigdemont, más allá de los objetivos personales y programáticos que esconde –el medro personal y el proyecto de voladura de la Nación española mediante el robo de una parte de su territorio-, sirve para poner en cuestión algunos de los principales rasgos de la democracia de mercado pletórico que funciona razonablemente en España tras las décadas de acumulación capitalista posibilitadas por el franquismo. En definitiva, el sistema puesto de largo en 1978 funciona razonablemente para amplios sectores, hasta el punto de que las alternativas ensayadas, apoyadas en aventuras personales o en la interpretación de la sacrosanta voz del pueblo, sencillamente no han podido. Cimentada sobre una calculada ambigüedad favorecedora de determinadas regiones y oligarquías económicas e ideológicas, la Constitución española ha dado frutos tan logrados como el del compatriota Puigdemont, imaginativo y desleal, pero en ningún caso despreciable políticamente, por cuanto representa a muchos españoles deseosos de dejar de serlo para, dicen con candorosa ingenuidad o altas dosis falsa conciencia, "decidir su futuro".

Enfrentado a otras facciones del catalanismo unidas por su hispanofobia, superviviente a su quema en efigie por parte de algunos de sus compañeros de viaje cada vez más ansiosos de sustituirle, Puigdemont representa una alternativa a la opción plañidera y sentimental del beato Junqueras que consume sus días en Estremera enviando epístolas transidas de cursilería. Lejos del tedioso patio de la cárcel mesetaria, el de Amer encarna la esperanza de una internacionalización del conflicto, todavía precaria, cuyo futuro pasa forzosamente por mantener la tensión gracias a un mundo digital que ha sustituido al vegetal, representado por los ya inexistentes pasquines y carteles cuya pegada nocturna es más bien simbólica y, en todo caso, ecológica. Sin embargo, y a pesar de que todos sean conscientes de tal desplazamiento tecnológico, la presencia corpórea sigue siendo manteniendo cierto prestigio, acompañado de cierto fetichismo, entre las gentes de la política, tan pendientes de los finis operantis como de los finis operis. No en vano los atributos personales de cada candidato constituyen a menudo algunas de sus mayores fortalezas en un mundo político cada vez más homologado en lo discursivo. Ante las enormes semejanzas programáticas de las diferentes marcas, un flequillo, un bigote, una coleta o un color de piel particular, siguen operando, ya para atraer ya para repeler, en el momento en el cual el elector acude a escoger su mercancía en un escaparate político a menudo tallado bajo el canon demoscópico. Pese a todo, y pues los candidatos, en su pulcritud o desaliño, son cada vez más producto de una estudiada mercadotecnia, la opción barajada por Puigdemont plantea oportunamente una pregunta: ¿es imprescindible su presencia en carne mortal o basta con una presencia virtual?

Pregunta que corre pareja a las acciones realizadas durante años por el aparato paradiplomático de la administración catalana, aquel, invisible en el Principado, al que se destinaron ingentes cantidades de dinero que buscaban comprar voluntades, encontrar cómplices avecindados muy lejos del Parque de la Ciudadela, algunos de los cuales han podido colaborar con el bando golpista gracias a sutiles plataformas digitales. En estas circunstancias, la posibilidad de que se llevara a cabo una teleinvestidura, por más extravagante que parezca, cobra fuerza una vez agotados los subterfugios legales para excarcelar a Junqueras. Convertido en El Ausente, el empecinado Puigdemont ha propiciado una pugna en relación a la confección de una mesa, la del Parlamento de Cataluña, que soporta el tapete sobre el que se desarrolla el sordo juego de tahúres previo a una eventual telepresidencia, sólo sería posible tras un cambio de reglamento que colmaría los anhelos de Puigdemont quien, a 1.400 kilómetros de distancia del escenario de su acción de gobierno, convertiría en institución aquella tan criticada aparición en plasma de Mariano Rajoy.

Acaso el mayor valor del propósito de Puigdemont, más allá del mesianismo que siempre albergan los proyectos liberadores, por más delirantes que estos, como es el caso, sean, es mostrar la verdadera naturaleza de la democracia representativa, tan dada a la reelaboración de la geometría electoral en virtud de los pactos de gobernabilidad que suceden a las urnas. Un sistema que, pese a sus límites, se enfrenta a la pretendida pureza del asamblearismo, tan facilitada en la actualidad gracias a los dispositivos electrónicos que acercan a la yema de los dedos la posibilidad de participar en política, pero cuyo vigor se desvanece en el momento en el que los ciudadanos deciden no involucrarse constantemente en las tomas de decisión. Frente al influjo democrático ofrecido por una tecnología que permite al elector mostrar inmediatamente sus preferencias con la simple incorporación de su firma, corre paralelo el desistimiento forzado no sólo por el tedio, sino por la ignorancia ante cuestiones cada vez más técnicas y sofisticadas. Un dilema que, como el viejo Platón supo ver, tan sólo lo deshace la vanidad. Desengañado con la democracia ateniense que suministró cicuta a su maestro Sócrates, el de Atenas escribió:

Yo opino, al igual que todos los demás helenos, que los atenienses son sabios… Cuando nos reunimos en asamblea, si la ciudad necesita realzar una construcción, llamamos a los arquitectos… si de construcciones navales se trata, llamamos a los armadores… pero si hay que deliberar sobre la administración de la ciudad, se escucha por igual el consejo de todo aquel que toma la palabra… y nadie le reprocha que se ponga a dar consejos si no ha tenido maestro.

El rotativo se enfrenta a una sanción entre los 100 y los 1.000 euros
¿Estarás contento, Mariano? La Junta Electoral, pasiva contra TV3, empapela a ABC por su entrevista a Arrimadas

La televisión pública catalana emite encuestas electorales en plena jornada de reflexión y los del PP, a por uvas
Manuel Trujillo. Periodista Digital 13 Enero 2018

Es para miccionar y no echar gota. En este país, en plena jornada de reflexión, la separatista TV3 puede emitir sin atisbo alguno de vergüenza ni de advertencia gubernamental, una encuesta electoral previa a las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 y donde, claramente, se daban datos muy favorables a los partidos soberanistas -¡Qué 'grande' eres, Soraya! TV3 revienta la jornada de reflexión con un sondeo favorable a ERC-.

Sin embargo, si a ABC se le ocurre llevar una entrevista a la candidata de Ciudadanos y posterior vencedora de los comicios en Cataluña, entonces desde el PP se ponen como monos amazónicos y cargan contra el diario -ABC le sacude una buena tunda editorial a un inoperante, resentido y censor Partido Popular-.

Lo cierto es que la Junta Electoral Central (JEC) ha acordado abrir un expediente sancionador al diario ABC por haber publicado una entrevista con la candidata de Ciudadanos en las elecciones autonómicas catalanas, Inés Arrimadas, en la jornada de reflexión previa a los comicios celebrados el 21 de diciembre de 2017.

El rotativo se enfrenta a una multa de entre 100 y 1.000 euros por haber cometido supuestamente una infracción electoral contemplada en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Fuentes de Vocento han declinado comentar a la agencia EFE esta decisión de la Junta Electoral Central y se han limitado a indicar que no harán declaraciones para "no interferir en el trámite" de este expediente.

El expediente se incoa porque la publicación de la entrevista el 20 de diciembre de 2017, anunciada en la portada de ABC junto a una gran fotografía de la presidenta catalana de Ciudadanos, "podría conculcar la prohibición de difundir propaganda electoral o realizar acto alguno de campaña electoral una vez ésta haya legalmente terminado", explica la JEC en su acuerdo.

La posible vulneración de la normativa electoral fue denunciada por el PP, y ha sido estudiada en la última reunión del máximo intérprete de la normativa electoral, celebrada este jueves.

El responsable de los hechos sería el director del rotativo, Bieto Rubido, según apunta la Junta Electoral, quien recuerda que cabe la posibilidad de que el expedientado reconozca voluntariamente su responsabilidad, lo que le permitiría reducir la sanción a 800 euros, siempre y cuando renunciara a recurrirla.

En caso contrario, ABC dispone de un plazo de diez días para aportar "cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes en su defensa y, en su caso, para proponer la práctica de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse".

La secesión suspendida y el futuro económico de Cataluña
Libertad Digital 13 Enero 2018

Cataluña ya no será la Fábrica de España tras la ruptura del marco institucional que han protagonizado los separatistas.

La proclamación de la independencia de Cataluña constituye un hecho irreversible, no desde el punto de vista político -pues su suspensión, primero, por quienes la proclamaron y por el Estado, después, al aprobarse en el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, han supuesto una vuelta, al menos provisional, al statu quo autonómico-, sino desde la perspectiva de la determinación de los límites que están dispuestos a traspasar los partidos nacionalistas.

Éstos señalaron con nitidez que no sólo eran capaces de plantear retos al Estado, sino de romper con ese mismo Estado, desbaratando así el marco institucional en el que se ha desenvuelto durante siglos la sociedad catalana y, con ella, su economía. Esto es lo que constataron desde el día siguiente a la celebración del referéndum de independencia las miles de empresas que, durante tres meses siguientes a ese acontecimiento -remachado cuatro semanas más tarde con la declaración del Parlamento regional-, decidieron deslocalizar su sede y su domicilio fiscal de Cataluña.

Y lo que apreciaron los millones de ciudadanos que, por precaución, decidieron rebajar su propensión al consumo, los miles de españoles que reprogramaron sus vacaciones para disfrutarlas en otros lugares de la costa mediterránea, los miles también de extranjeros que, alertados por la inseguridad, desviaron sus viajes hacia destinos alejados de Cataluña y los inversores internacionales que suspendieron o aplazaron sus operaciones de capital en Barcelona o en otros destinos del Principado.

No sorprende, por ello, que todos los indicadores de la actividad económica que hemos ido conociendo durante el último trimestre de 2017 muestren un comportamiento en Cataluña netamente inferior al del resto de España. Entendámoslo bien, de lo que se trata es de que, mientras el crecimiento de la economía española iba revalidando su excelente resultado del ejercicio, en Cataluña todo era mediocridad, aunque no decaimiento.

No es que Cataluña, como algunos precipitadamente anunciaron con profusión de resultados econométricos inventados, por ajenos a la realidad, vaya a entrar en recesión, sino que ha visto rebajado, casi de manera instantánea, su potencial de crecimiento precisamente porque la ruptura institucional que los nacionalistas están dispuestos a llevar hasta sus últimas consecuencias reduce drásticamente, para los de dentro y de fuera -empresarios, financieros, consumidores, trabajadores, turistas-, la apreciación de su ventaja como región privilegiada, tanto por su estrecha relación con el resto de España -no se olvide que, de acuerdo con la estimación de un modelo de gravedad realizada por Ghemawat, Llano y Requena, la intensidad del comercio entre Cataluña y las demás regiones españolas es 55 veces mayor que con cualquier otro país del mundo, a igualdad de tamaño económico y distancia geográfica- como por su inserción en el marco de la Unión Europea.

Cataluña es, de momento, España y es Europa, pero puede dejar de serlo. Y esto no es una hipótesis más o menos especulativa, pues ha sido un hecho real, frustrado por las circunstancias, pero potencialmente peligroso en un futuro si el nacionalismo -como el resultado electoral reciente ha mostrado- continúa siendo hegemónico, pues los partidos nacionalistas, sencillamente, han dejado de ser fiables por sus propios méritos.

El futuro declive de Cataluña

Sin duda, el aspecto más llamativo y de mayor relieve en todo esto ha sido el de la deslocalización, pues ha afectado a una parte muy importante de las grandes y medianas empresas, de modo que se habla, aunque los datos aportados son incompletos, de más del 40 por ciento de la actividad financiera, industrial y comercial de Cataluña.

No se trata de un fenómeno singular, pues ha sido observado en otros casos de esta naturaleza, como los del País Vasco, en el período de la presidencia de Ibarretxe, y muy especialmente el de Quebec. Y por ello podemos esperar que tenga un carácter irreversible para la mayor parte de las empresas que la han emprendido, así como que a ella vaya asociada una progresiva descatalanización de sus actividades.

Esto no ocurrirá porque se vayan a trasladar fuera de la región las instalaciones productivas actualmente en funcionamiento -aunque no sea descartable en algunos casos, sobre todo si el proceso de secesión tiene continuidad- sino porque esas empresas acometerán sus nuevos proyectos de inversión en las regiones españolas donde cuentan con mayor estabilidad institucional, redes de proveedores, clientes estables y apoyo de los gobiernos regionales.

Con ello, Cataluña perderá oportunidades para seguir expansionándose, como lo ha hecho hasta ahora durante toda la etapa simultáneamente constitucional y autonómica, al mismo ritmo que el conjunto de España, y se situará entre las regiones cuya tasa de crecimiento del PIB se ubica sistemáticamente por debajo de la media nacional. Las secuelas de tal fenómeno sólo se verán a largo plazo y se moverán dentro de un círculo vicioso de bajo dinamismo, poca creación de empleo y, seguramente, saldo migratorio interior negativo, con la consiguiente pérdida de capital humano. Cataluña no será ya un polo de atracción para los españoles de otras regiones -como no lo ha sido durante décadas el País Vasco- y, aunque se mantenga con un PIB per cápita relativamente alto, perderá su posición de liderazgo en la economía española.

Se puede ilustrar este fenómeno mediante un ejercicio de proyección -no de previsión- del futuro de la economía catalana bajo el doble supuesto de que la economía española seguirá creciendo al mismo ritmo que en los últimos 36 años -es decir, el 2,3 por ciento en promedio- y la catalana lo hará medio o un punto por debajo de esa media. Estas hipótesis pueden ser consideradas razonables si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la economía quebequesa creció, después del primer referéndum de independencia, a una tasa una cuarta parte inferior a la de la economía canadiense.

Reitero por otra parte que, desde 1980 -o sea, con la autonomía-, Cataluña creció de la misma manera que el conjunto de España, manteniendo así a lo largo del tiempo, con muy pocas variaciones, su participación del 18,9 por ciento en el PIB español. No es un pasado muy brillante si tenemos en cuenta que hay otra región española de alto nivel de renta -la Comunidad de Madrid- que en el mismo período lo hizo al 2,7 por ciento anual, desplazando a Cataluña de la primera posición dentro de España, en cuanto al tamaño del PIB, desde el año 2012.

Vayamos entonces a los resultados de la referida proyección, tal como se muestran en los escenarios A (crecimiento igual a la media española), B (crecimiento medio punto por debajo de la media española) y C (crecimiento un punto por debajo de la media española) de los gráficos adjuntos.

En el primero se puede comprobar que, al cabo de dos décadas, el PIB de Cataluña estará por debajo del nivel que habría podido alcanzar de no haber sufrido la alteración independentista, cifrándose la pérdida correspondiente entre 30.000 y 58.000 millones de euros. Esta diferencia implicaría una menor creación de empleo situada entre 530.000 y 1 millón de puestos de trabajo y, por consiguiente, una menor capacidad de la región para atraer inmigrantes.

El segundo gráfico muestra el mismo fenómeno desde la perspectiva de la importancia relativa de Cataluña dentro de España, de manera que ésta pierde fuerza al caer, también después de veinte años, entre 1,8 y 3,4 puntos porcentuales. Recordemos a este respecto que, en el caso de Quebec, durante el cuarto de siglo que transcurrió entre 1981 y 2006, esa pérdida fue de dos puntos porcentuales.

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En definitiva, lo que este ejercicio muestra es que las consecuencias de la secesión suspendida de Cataluña no son irrelevantes en el terreno económico, aunque su materialización sólo podrá apreciarse en el largo plazo, de manera que el Principado acabará ocupando un lugar secundario entre las regiones españolas. Cataluña ya no será la Fábrica de España, pues una parte relevante de su potencial económico se habrá desparramado sobre otros lugares donde los empresarios no tendrán que temer las alteraciones institucionales que son fruto de los monstruosos sueños del nacionalismo.

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Sharia para el Año Nuevo
Bruce Bawer  latribunadelpaisvasco.com 13 Enero 2018

Artículo publicado originalmente en la web del Gatestone Institute

El pasado mes de septiembre, un hombre llamado Mark Feigin publicó cinco comentarios en la página en Facebook de un centro islámico. No eran amables hacia el islam. "CUANTOS MÁS MUSULMANES DEJEMOS ENTRAR EN AMÉRICA, MÁS TERRORISMO TENDREMOS", escribió. Dijo que el islam era "peligroso" y que no tiene "lugar en la civilización occidental". En dos de sus comentarios empleaba lenguaje vulgar u obsceno. El 20 de diciembre, el estado de California demandó a Feigin, acusándolo de infringir un código penal que dice, en parte:

Cualquier persona que, con la intención de molestar u hostigar, haga llamadas telefónicas constantes o contacte repetidamente a través dispositivos de comunicación electrónica [...] a otra persona es [...] responsable de un delito menor.

Según la oficina del fiscal general del estado, Feigin era culpable de un delito por "hostigar repetidamente" a personas de cuya religión pretendía "ridiculizar o despreciar".

Eugene Volokh, profesor de Derecho de la UCLA, cuyo blog Volokh Conspiracy es una popular web donde se tratan y debaten temas jurídicos, escribió sobre el caso de Feigin el 29 de diciembre, señalando que, siguiendo la lógica del fiscal general, el estado podría demandar a los ciudadanos que hubiesen escrito comentarios igualmente críticos en, por ejemplo, la web de la Asociación Nacional del Rifle o una página pro Trump. "Esto no puede ser de ninguna manera coherente con la Primera Enmienda", dijo Volokh.

No, ciertamente no lo es. Pero es concienzudamente coherente con la ley islámica, la sharia. La pura realidad es que hoy en día sería extremadamente improbable que, en Occidente, el gobierno enjuiciara a alguien por ridiculizar y despreciar a una organización que defiende la posesión de armas o a un político cristiano. No: estas extraordinarias acciones legales están casi exclusivamente reservadas para castigar a quienes han criticado al islam.

Veamos el caso del escritor danés Lars Hedegaard, condenado por discurso del odio en 2011 por decir, en una conversación privada en su propia casa, que muchas mujeres y niñas musulmanas son violadas por los miembros de su propia familia. (Su condena fue después revocada por el Tribunal Superior danés). O al político holandés Geert Wilders, juzgado tres veces en los Países Bajos —la tercera vez con éxito— por "discurso del odio" contra los musulmanes. O a la difunta escritora italiana Oriana Fallaci, juzgada en Francia y en Italia por "incitar al odio religioso" y "difamar al islam", respectivamente. O a la política finlandesa Terhi Kiemunki, hallada culpable de "calumniar e insultar a los adeptos de la fe islámica" porque había "afirmado que todos los terroristas de Europa son musulmanes".

Cada día, en el mundo occidental, se expresa un amplio abanico de opiniones sobre cualquier tema habido y por haber en libros, periódicos, revistas, discursos y entrevistas de televisión y radio. Una muy diminuta porción de esas opiniones declaradas acaban en demanda por calumnias o difamación personal. Y muy rara vez un fiscal del gobierno acusa a un ciudadano por criticar a un grupo o religión de "discurso del odio".

Invariablemente, el tema en cuestión es el islam. Los políticos y comentaristas justifican estos enjuiciamientos sobre la base de que los musulmanes de Occidente son una minoría vulnerable y que hablar mal de su religión podría fomentar los prejuicios e incluso la violencia contra ellos. Al contrario: parece obvio que la verdadera razón de estos enjuiciamientos es que los que están en posiciones de autoridad temen la violencia de los musulmanes si no se silencia a sus críticos.

Lo que dichos enjuiciamientos representan es la introducción de un elemento clave de la ley de la sharia en Occidente. Es irónico, pues, que el día después de que Volokh publicara sus comentarios sobre la demanda contra Mark Feigin en California, The Guardian publicara un artículo de Ed Pilkington en el que informaba de que, en EEUU, en el transcurso de 2017, se han presentado proyectos de ley en 18 parlamentos estatales que prohíben la ley de la sharia. "Los expertos jurídicos señalan que las leyes son innecesarias —escribió Pilkington— ya que la Constitución de EEUU es la ley suprema de la nación y cualquier ley extranjera está subordinada a ella".

Según un tal Elsadig Elsheij, decía Pilkington, la verdadera razón de las leyes contra la sharia era propagar el temor a los musulmanes americanos. "Aun en el caso de que estas propuestas no se convirtieran en leyes, contribuyen a someter a los musulmanes a vigilancia y a otras formas de exclusión y discriminación", dijo Elsheij, que hace seguimiento de estas iniciativas legislativas contra la sharia en representación de un tal Hass Institute. Pilkington citó después a otros "expertos" —desde el execrable Southern Poverty Law Center (SPLC) y el Council on American-Islamic Relations (CAIR), que tiene vínculos con el terrorismo— en el sentido de que las leyes contra la sharia "marginan y excluyen aún más a la comunidad musulmana", normalizan la "islamofobia", y demás.

En ninguna parte del artículo de Pilkington se insinuaba siquiera que la sharia está en auge en Occidente, marginando a los demás, y no menos en su país, Reino Unido, donde, como hemos visto, la policía parece a veces menos dispuesta a perseguir a los verdaderos criminales que a atormentar a los que ellos consideran culpables de delito del odio. (El pasado junio, por ejemplo, fueron arrestados tres hombres en Irlanda del Norte por exhibir "material antiislámico", y dos personas fueron detenidas en West Mercia por quemar un Corán). Pilkington no hacía mención alguna a los juicios al estilo de la sharia contra Wilders, Hedegaard y otros. Lo mismo que la fiscalía en el caso de Mark Feigin en California. Pilkington no hacía ninguna referencia al tribunal alemán que, el pasado junio, "autorizó a una autoproclamada policía de la sharia a seguir aplicando la ley islámica en la localidad de Wuppertal".

Pilkington tampoco daba cuenta de una ley alemana sobre discurso del odio que obliga a las redes sociales a eliminar publicaciones ofensivas. La ley, que entró en vigor el 1 de enero, no especifica qué constituye una publicación ofensiva, pero no le hace falta: a estas alturas, todo el mundo sabe de qué tipo de prohibiciones se trata. Fue por esta ley por lo que las publicaciones en Año Nuevo de Beatrix von Storch y Alice Weidel, funcionarias del partido Alternativa para Alemania (AfD) fueron eliminadas de Facebook y Twitter. Der Spiegel aplaudió estas acciones supresoras, pero lamentó que ponerle una mordaza a Storch y Wiedel les permitiera "presentarse como una [sic] víctima". Der Spiegel rechazaba altivamente las declaraciones de un funcionario de AfD respecto a que la nueva ley significa "el fin de la libertad de opinión", aunque sin duda sea, como mínimo, un alarmante y significativo paso hacia la supresión de la libertad de expresión. (Al diario Bild le honra haber reconocido el peligro de la nueva ley, y publicar un titular que decía: "¡Por favor, líbrennos de la policía del pensamiento!", y pedir que la nueva ley "se aboliera inmediatamente").

La siniestra cuestión de fondo aquí es que, en realidad, los mismos periodistas y opinadores que siguen insistiendo en que es absurdo preocuparse por que la sharia llegue a Occidente, van de la mano ideológicamente con aquellas autoridades que están introduciendo agresivamente leyes al estilo de la sharia en Occidente, enjuiciando agresivamente las opiniones que vulneran esas leyes y lanzando oscuras advertencias —en un tono que no se corresponde al de unos funcionarios públicos en un país libre— de que más te vale aprender a cumplir con la sharia, o lo lamentarás. La verdadera lección de todo esto es, por supuesto, que más nos vale aprender a ser agresivos en nuestra resistencia ante esta proliferación de prohibiciones influidas por la sharia o, ciertamente, acabaremos lamentándolo mucho, muchísimo.

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Vox, acusación popular, denuncia que "el juez Llarena recibe presiones directas del Gobierno"

El abogado de Vox en el proceso contra el golpismo en el Supremo explica en qué punto está la causa en Es la Mañana de Federico.
esRadio Libertad Digital 13 Enero 2018

Javier Ortega es el abogado que está ejerciendo la acusación popular en nombre de Vox en el proceso que se desarrolla en el Tribunal Supremo contra el golpismo en Cataluña, un proceso que, de hecho, se inició con una denuncia del propio partido en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, tal y como el propio abogado ha recordado.

Ortega ha asegurado que los acusados que prestaron declaración este jueves, el exconsejero Forn y los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium, "están a la desesperada para ver cómo salen de prisión y dirán lo que sea", pero que esos testimonios "no son creíbles" y, sobre todo, "no se compadecen con las pruebas, que son pruebas incriminatorias gravísimas".

El abogado ha asegurado que "fue a preguntas de nuestra acusación popular" cuando se le inquirió por el operativo para el 1 de octubre "y ahí empezó a largar balones fuera y a decir que no entraba en cuestiones operativas, que eso se lo dejaba a Trapero".

Ortega ha asegurado que "hemos tenido la suerte de tener al gran fiscal Maza", tristemente fallecido, y que "su posición ha sido determinante" y que "ha habido una coincidencia total" en la línea que debería seguirse, ya que "sin ese apoyo de la Fiscalía estaríamos en una posición muy difícil".

También ha asegurado tener "muy buena opinión del juez Llarena", del que ha dicho que "conoce muy bien la instrucción" y "tiene en la cabeza los más de 8.000 folios de la causa".

Presiones del Gobierno
Javier Ortega ha criticado al Gobierno "por no dar la cara frente a un golpe de Estado institucional hecho desde la Generalidad". Una cara que sí han dado "hasta ahora el Poder Judicial, el pueblo español, saliendo a manifestarse y poniendo la bandera española en el balcón, y el Rey con el que todos nos sentimos identificados".

Además ha reprochado al Gobierno de Rajoy "haber aplicado tarde y mal el 155, sin controlar las instituciones catalanas y metiéndose en unas absurdas elecciones que no tenían sentido". Y lo que es más importante, "sin controlar los medios de comunicación en Cataluña que están haciendo un daño terrorífico de odio, ni la Educación, donde se sigue adoctrinando a los niños y no está garantizado poder estudiar en castellano".

El abogado de Vox ha dicho que no le preocupa de ninguna manera la actuación del juez Llarena ni de la Fiscalía teniendo en cuenta "sus sólidas resoluciones" y las preguntas por ejemplo de Ministerio Público este jueves a los Jordis y Forn "buscando las contradicciones en el teatro que nos estaban montando estos pacifistas" .

Sin embargo, ha subrayado que "lo que nos preocupa" es "la parte de la negociación con los indultos". Según Ortega, "nos consta que han intentado presionar a la Fiscalía y no lo han conseguido, así que intentarán la vía del indulto". Además ha añadido que "fuentes directas nos han dicho que el juez instructor, como en su día el señor Maza, recibe presiones directas importantes del Gobierno".

Financiación del golpe
Ortega ha explicado que la documentación que la Policía Nacional evitó que los Mossos destruyeran "todavía no nos ha llegado completa" pero "es muy importante porque trata sobre la financiación y de cómo se habían desviado fondos públicos". De esta forma, ha destacado que "además de los delitos de rebelión y sedición hay delitos de malversación de caudales públicos" que pueden tener penas de hasta 12 años. El desvío de dinero público para el procés se estima que "es de unos 400 millones de euros". Como muestra ha nombrado Ortega el dinero para "fianzas, viajes a Bélgica…"

También son importantes para la investigación el documento llamado EnfoCATs, la hoja de ruta del procés, y la agenda privada de Jové, mano derecha de Junqueras. Papeles que demostrarían, según Ortega, "que ANC y Òmnium Cultural forman parte del entramado golpista por mucho que ahora se presenten como pacifistas". Por ello "les recordamos todos los tuits en los que animaban a impedir una actuación judicial". Actuación que "ellos sabían que era fundamental porque sabían que en la Consejería de Economía era donde estaba toda la documentación que demuestra la financiación: contratos, urnas…".

Ortega ha explicado que también están investigando las cuentas de ANC y Òmnium porque "no es creíble todo el dinero que dicen que han conseguido vendiendo pins y camisetas y el famoso fondo de la solidaridad, del que salen las fianzas, por ejemplo, que parece que es un fondo ilimitado". A sus preguntas de si es dinero público, ha dicho, "los dos lo niegan, sabemos que no se lo dieron directamente pero encontraremos la forma en que lo hicieron".

La muestra de que "tocamos materia sensible" es que "cada vez que preguntamos por el tema económico se ponen muy nerviosos". Ortega ha acusado a ANC y Òmnium de ser "organizaciones muy peligrosas que están creadas para ser el golpismo en la calle" ya que "esas grandes manifestaciones que dicen ellos que se forman de manera espontánea sabemos que hay detrás televisiones, fondos económicos..."

El abogado de Vox ha explicado que van a presentar dos iniciativas legislativas populares. Una encaminada "a evitar que haya indultos para delitos graves como rebelión, sedición, terrorismo...", y la otra "para modificar la ley de partidos para que no pueda haber en España partidos secesionistas". Ante los críticos de esta segunda propuesta ha respondido que "la legislación alemana deja claro que cualquier partido que atente a la unidad federal será un partido ilegal, o la portuguesa, que habla de partidos que no defiendan el interés general". Sin embargo, en España "no sólo soportamos estos partidos, sino que los financiamos".

La ruleta rusa está girando (6)

Vicente A. C. M. Periodista Digital 13 Enero 2018

METIDOS DE LLENO EN DISQUISICIONES JURÍDICAS: DELEGACIÓN DEL VOTO. SI HUBO REPARTO DE PAPELES ENTRE FUGADOS Y PRESENTADOS, YA SABEMOS A QUIENES LES TOCÓ EL DE PANOLIS.

Otra cosa no pero el “pollo” que ha montado otra vez Carles Puigdemont con su investidura telemática es de campeonato. Y es que no hay nada como plantear un tema absurdo como para que todos se lancen a opinar que si podencos o galgos. Y no hay nada que cause más debate que los vacíos legales y la discrecionalidad a la hora de reconocer derechos constitucionales a quienes se encuentran en el limbo legal de estar encausados en una interminable Instrucción, e incluso privados de libertad, como es el caso de los exconsejeros del exGobierno de la Generalidad cesados en virtud de las medidas de intervención del artículo 155 de la Constitución, que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene en prisión. Porque la primera incongruencia en esta causa, que contempla graves delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, es que los encausados, mientras no fueran inhabilitados en sentencia firme, pudieran mantener intactos sus derechos constitucionales al sufragio pasivo, hayan podido figurar en listas electorales en puestos de relevancia para asegurar su reelección como diputados y haber sido elegidos y tomado posesión de sus Actas de Diputado. Una aberración que permite ahora que los mismos encausados puedan, en teoría, volver a sus puestos de responsabilidad y formar parte del futuro Gobierno de la Generalidad con toda las garantías legales y la legitimidad de unas urnas. Los mismos cargos de los que fueron cesados, denunciados y detenidos por haber dado el golpe de Estado.

Una incongruencia que el juez Pablo Llarena, en mi opinión de forma bastante discutible e infundada en derecho, ha querido delimitar en el caso de aquellos encausados que mantiene en prisión. El asunto es que les niega el ejercicio libre de su cargo de representación impidiéndoles la asistencia a los plenos del nuevo Parlamento. En su lugar, sugiere a la Mesa del Parlamento que estudie la forma en que estos encausados puedan delegar el voto en otro diputado, algo que no está contemplado en el actual Reglamento, al igual que tampoco lo está lo de la presencia virtual telemática para la investidura. Porque hay que partir de la base de que hoy por hoy, también existe la incongruencia de que los escaños se reparten por orden correlativo de las listas de las candidaturas que presentaron los partidos y formaciones políticas en las elecciones y que figuran en las papeletas que los votantes depositaron en las urnas. Como ya saben, esas listas son cerradas y esa prelación de orden es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos. Por otro lado, las Actas de Diputado son personales e intransferibles contemplándose solo la renuncia como paso a que “corra la lista” y la obtenga el siguiente correlativo en la lista.

El Parlamento ya sea el de España como cualquiera de los de las diecisiete autonomías, es el foro donde se legisla y se debaten las ideas y propuestas para la gobernabilidad de la nación o de la región autónoma. No es en ningún caso ni una asamblea de socios accionistas de una Sociedad Anónima, ni una reunión de vecinos, donde es práctica común la delegación de voto y presentarlos como avales a la hora de las votaciones asamblearias. Un Diputado debe ejercer su cargo de forma honesta e independiente y teniendo en cuenta que representa a todos los ciudadanos, sean o no de su circunscripción y no solo a los que le votaron. Una realidad democrática que la mayoría suele despreciar, llegándose a la perversidad de lo que se conoce como “disciplina de voto”, o lo que no es sino la expresión de la supeditación personal a los intereses del partido y no a los generales de los ciudadanos. El caso es que el voto es indelegable y los plenos se constituyen con los Diputados presentes y con las condiciones que los Reglamentos establezcan en cuanto al mínimo de asistencia necesario. Negar la asistencia, como hace el juez Pablo Llarena, es negar el derecho a participar en las mismas condiciones que el resto de los Diputados electos. Sugerir que se acepte la delegación de voto, es pervertir lo que es la esencia de la democracia, el debate y el posicionamiento ante el tema planteado. Y ya sé que todo esto es utópico, que no estamos en una democracia idílica y que estas miserias de la hegemonía de los partidos, desvirtúa y descalifica al sistema, pero también se sabe que mal de muchos, consuelo de tontos, y esta democracia en España no se diferencia mucho de las homologables de nuestro entorno geopolítico. Hay mucho que mejorar, pero falta voluntad real para hacerlo, sobre todo por los partidos políticos que así controlan el cotarro y favorecen sus intereses.

Solo faltaba que un juez del Tribunal Supremo abra el melón de la delegación del voto y permitir que a los partidos y grupos parlamentarios les baste con una asistencia de compromiso llena de avales de cotos delegados como si fueran un cheque en blanco para cualquier cosa que se debata en el pleno. De aquí a la teleasistencia virtual y el voto por medios telemáticos de dudosa fiabilidad hay solo un paso. Eso sí, nos ahorraríamos en dietas de desplazamiento. Podríamos estar en el esperpento de que el número de asistentes presenciales fuese ridículamente inferior al de votos emitidos. Estaríamos a que un Diputado podría votar por él mismo y los de los votos delegados que acreditase. Eso exigiría una votación diferente de la de pulsar un botón de SI, NO o ABSTENCiÖN, ya que la Mesa debería validar los mismos en cada votación. Un procedimiento que entorpecería de forma notable el desarrollo de los plenos alargándolos de forma tediosa. Supongo que existen además otros inconvenientes que ahora no es el momento de entrar en el detalle. Y eso quiere el juez Pablo Llarena que se articule antes del 17 de enero, solo porque anda enredado en su disquisición de limitar unos derechos constitucionales incuestionables en el momento procesal actual. Otra cosa es que la ley procesal sea tan pazguata que permita esta aberración en casos como este donde el tema de la representatividad y responsabilidad de los cargos electos se ve afectada por comportamientos delictivos que atentan contra la propia democracia. Claro que esto no anda muy lejos de l idea de la "República en la nube" con todas las estructuras de Estado en la red. Ya tenemos la moneda virtual, podemos tener igualmente un Estado virtual.

El sueño de cualquier defraudador avispado.
No hay duda de que Carles Puigdemont ha demostrado saber muy bien lo que se hace y aprovechar los vacíos legales y las facilidades de algunos países de la UE como Bélgica, para haber elegido el papel que teóricamente pactó con el resto de su ex Gobierno de la Generalidad en el reparto equilibrado de riesgos a la hora de enfrentarse a la Justicia que, a través de la Fiscalía, tuvo el detalle de avisarles con tiempo de sus futuros movimientos de denunciar por unos delitos que conllevaban posibles penas de prisión provisional, como así sucedió. Carles Puigdemont eligió el papel de Presidente legítimo del Gobierno de la Generalidad en el exilio, el de mártir de la represión del anti democrático Estado español usurpador de Instituciones democráticas y de la perseverancia en la proclamación de la República. El discurso victimista de siempre envuelto en la bandera estelada y con una euroorden de detención y extradición. Y aquí ya se ha visto qué papel les tocó a Oriol Junqueras y al resto de exconsejeros, el de pagafantas, panolis o palomos. Porque hay que ser muy sufrido y comprometido con la causa para soportar los largos tres meses de prisión, mientras sabían de la vida de lujo, comidas y promoción mediática de héroe nacional que llevaban Carles Puigdemont y el resto de los fugitivos en Bélgica, con visitas de apoyo y pleitesía de diferentes grupos sociales, alcaldes y partidos políticos a quien no dudó en rebelarse contra su propio partido e impuso una nueva formación y su propia lista electoral.

Sí, panoli es lo más suave que se me ocurre para calificar a estos compromisarios que han llegado al extremo de dar la cara y ser relegados a la inanidad política más absoluta mientras el fugitivo Carles Puigdemont impone condiciones desde su refugio seguro, pidiendo que todos se adapten a sus deseos de ser investido por vía telemática, en holograma, que otro lea su discurso de investidura y escenificar en Bruselas la constitución de su Gobierno. No solo incumple sin rubor su promesa de volver a Cataluña si era el ganador para ser investido por el miedo a ser detenido, sino que se atreve a exigir que todo y todos se acomoden a su necesidades despreciando cualquier traba legal y lo insólito e irracional de su propuesta, que ya sabe que nunca podrá ser aceptada, ni por el resto de parridos, ni por el Gobierno de España en lo que sería una burla de la Ley en quien se encuentra en situación de fugitivo de la Justicia.

Pero todo lo anterior no sería posible si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio, porque la prudencia exigía no dar pistas a los golpistas de las intenciones y haber tomado medidas para evitar esa fuga masiva y rocambolesca. Y eso me recuerda otros casos de “chivatazos” oportunos que perseguía oscuras intenciones en una especie de guerra sucia donde se apretaba, pero no se ahogaba al enemigo, aquello de la política de la zanahoria y del palo. Lo que se llaman cloacas del Estado en toda su suciedad y podredumbre. No sé por qué me barrunto que en este caso de rebelión ha existido una indisimulada intención de aplicar esa política, incluyendo una especie de amnistía mediante indultos, siempre que los golpistas se avinieran a someterse a la legalidad vigente y abandonasen la de vía de la unilateralidad. El que ahora estén esos golpistas en disposición de volver a formar el Gobierno de la Generalidad, es una prueba de esa intencionalidad al no haber tomado medidas legales para evitarlo. Y ahora debe ser muy a su pesar el juez Pablo Llarena el que resuelva el entuerto, y al hacerlo cae en graves contradiciones a la hora de evaluar derechos.

¡Que pasen un buen día!

El imán del poder
Ignacio Camacho ABC 13 Enero 2018

Las fuerzas independentistas acabarán armando un Gobierno legal en Cataluña por tres razones. La primera, porque tienen mayoría aritmética para hacerlo, con el apoyo de las CUPs o sin él. La segunda, porque de ninguna manera les conviene -salvo que Puigdemont sufra un agravamiento agudo de su ya desmedido ataque de ego- ir a unas nuevas elecciones bajo el artículo 155 y con Ciudadanos crecido en las encuestas. Y la tercera, no menos importante sino más, porque el nacionalismo es, antes incluso que un movimiento de independencia, un proyecto de poder. Y lo primero que requiere un proyecto de poder es... tener el poder. Ejercerlo. Controlar la maquinaria política de toma de decisiones y de distribución de recursos. Esa apetencia resulta incompatible con las sugestiones testimoniales y las legitimidades abstractas. Exige, en el caso concreto de la situación catalana, levantar el 155, recuperar el autogobierno y acceder de nuevo a las instituciones forzosamente desalojadas.

Por tanto, el recorrido del sainete se está acabando. La Justicia ha puesto diques a las operaciones absurdas de ingeniería parlamentaria y los pondrá a la estrambótica idea de una investidura telemática. Los presos van a seguir en la cárcel y el soberanismo está a pocos días de aceptar la evidencia de que no podrá elegir a un presidente por plasma. Antes estirará el sainete para perfilar de victimismo las emociones de sus huestes más arriscadas, pero más pronto que tarde se empezará a abrir paso la necesidad de buscar soluciones pragmáticas. Eso significa designar un candidato que pueda sentarse en la Generalitat sin riesgo de que una condena le obligue a desalojarla.

Cuando termine el numerito de las piruetas imposibles, al líder fugado le ofrecerán una presidencia simbólica, abstracta, que poco a poco irá quedando en nada. A Puigdemont le surgirá otro puigdemont, un dirigente encontrado entre las cortinas palaciegas que, según el «efecto Claudio», se sentirá cómodo al mando e irá arrumbando a su mentor en la práctica. Siempre sucede así; el poder tiene su propia dinámica, que empuja a no compartirlo ni supeditarlo a otras instancias. El nacionalismo tiene que reconstruirse, en el sentido que sea, y no lo va a hacer en Bélgica con sesiones folclóricas de una presunta cúpula exiliada.

Es cuestión de tiempo. Habrá tentativas retóricas y algún numerito extravagante para aparentar voluntad de esfuerzo. Luego se impondrá la realidad cruda y surgirá una fórmula que permita volver a aterrizar sobre el presupuesto, sea para negociar con el Estado -en el supuesto de que éste pique el anzuelo- o para diseñar el Procés 3.0. Todo con mucha parafernalia legitimista y el aire desolado de quien no tiene más remedio. Pero la alternativa consiste en renunciar al poder que está a su alcance y, aunque en ese mundillo se han vuelto todos orates, no parece que tanto como para eso.

RECONOCEN LA CONSTITUCIÓN
La cobarde desbandada de los separatistas tras arruinar Cataluña
Agustín Benito gaceta.es 13 Enero 2018

Las declaraciones del exconsejero de Interior Joaquim Forn y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart asumiendo en el Tribunal Supremo que las vías constitucionales son las únicas válidas para defender la independencia son la últimas muestra de la cobardía de los dirigentes separatistas, capaces de ilusionar a dos millones de personas con un ‘procés’ imposible y en el camino empujar a tres mil empresas a trasladar su sede fuera de la región, fracturar la sociedad y no asumir sus consecuencias.

“Reconozco la Constitución y las resoluciones judiciales”, señaló Forn, que también dijo al juez que renunciará a su escaño si el futuro Govern mantiene la vía unilateral. Cuixart, por su parte, aseveró que “el único referéndum con validez sería el que convocara el Estado” y Sánchez confeso que existía una hoja de ruta independentista y que “nunca había sido partidario del enfrentamiento con el Estado”. Algunos internautas en Twitter señalaron que solo les faltó arrancarse por Manolo Escobar y ataviarse la bandera de España. Todo para demostrar, aparentemente, su nula voluntad de reincidir en el delito. Ese riesgo fue el argumento usado por el magistrado que sigue el caso por el proceso independentista, Pablo Llarena, para mantenerles en prisión provisional.

El pasado día 4, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, reiteró que “nunca defendió ni optó por la violencia en el camino hacia la independencia” -“soy un hombre de paz y busco el diálogo”, dijo a los magistrados del TS, antes de asegurar que creía en una “solución bilateral al conflicto”- y que la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que asumió el 155 que conllevó la disolución de la cámara y matizó las consecuencias jurídicas que a su juicio tenía la declaración de independencia unilateral (DIU) que fue aprobada el pasado 27 de octubre, y a la que se refirió como “simbólica”, no se postulará para revalidar el cargo y ha sugerido que su sucesor debe ser una figura “libre de procesos judiciales”.

La cobardía forma parte de la estrategia judicial de un movimiento en desbandada, cuyo jefe está huido en Bruselas y quiere ser investido presidente por Skype, una ocurrencia surrealista.

Tildan de “presos políticos” a los golpistas, pero sus abogados lo niegan ante el juez. Es preciso señalar que alguien es preso político si la detención viola alguna de las garantías recogidas en la Convención Europea de Derechos Humanos, es discriminatoria con respecto a otras personas, es impuesta puramente por razones políticas, las condiciones de la condena no son proporcionales al delito cometido o es el resultado de un proceso judicial claramente injusto. Los ‘Jordis’, Junqueras y Forn no cumplen estos requisitos.

Con todo, el ejemplo palmario de la cobardía es Artur Mas, que después de llevar a Cataluña al abismo busca marcharse sin consecuencias. El delfín de Jordi Pujol e impulsor de la consulta separatista del 9N de 2014 por la que fue inhabilitado y de la que responsabilizó a los “voluntarios” ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, anunció esta semana su dimisión como presidente del PDeCAT.

Justificó su decisión por el calendario de sus causas judiciales y la necesidad de dar margen a nuevos liderazgos después de los resultados electorales de Junts per Catalunya, aunque dejo claro que “no se retira de la política, porque la vida es muy larga y el futuro dirá”, aunque sí abandona “la primerísima línea”

Hambre
David Gistau ABC 13 Enero 2018

De entre los consejos que Vito dio a Michael durante su periodo de aprendizaje, y que tanto nos sirven para manejar nuestra propia cotidianidad familiar, hoy destacamos ése según el cual es necesario formular sólo las amenazas que uno esté dispuesto a cumplir: nada hay más devastador para la reputación de un profesional de la intimidación que una amenaza incumplida. En ciertos juegos, no se debe ir de farol.

Este periódico titulaba ayer en portada con una palabra que, colocada entre puntos de exclamación, podría servir para una película de aventuras africanas -«¡Hatari!»- protagonizada por John Wayne: «¡Desbandada!». En las actualidad, sólo el chándal fosforescente nos permite distinguir un «runner» de un prócer del independentismo. En estas ocasiones, siempre me viene a la mente la feliz metáfora del novelista Eduardo Saccheri que, para describir la dispersión de una pandilla de jóvenes atorrantes en el preciso momento en que compareció la Policía, escribió que parecían «cucarachas al prenderse la luz».

Estaría tentado de volver a reprochar al independentismo la estafa personal que nos hicieron al no cumplir la promesa de aderezar nuestras carreras de cronistas con un Maidán en Barcelona. Casi siento vergüenza al recordar ahora la cena entre amigos en la que nos hicimos el chiste de proponernos cubrir la guerra urbana, en cuanto empezaran a entrar tanques por Diagonal, concentrados todos en un mismo hotel y con cascos de Vespa en los que fuera visible la palabra «Press». Era cuando los indepes hacían alarde de disposición al sacrificio, cuando iban a entregar en el altar de la patria sus vidas y sus haciendas, cuando las cosas aún no habían derivado a un festival autoparódico que postergará la independencia dos o tres generaciones más a poco que las hordas mesiánicas conserven un ápice de sentido del ridículo. Que está por ver.

Más allá de esta estafa que nos obliga a rebuscar de nuevo sucedáneos de argumentos épicos en el «fúrgol» -falsas pasiones con las que ejercitarse-, y más allá, también, de que la amenaza que se dejaron sin cumplir arruinó para siempre la reputación de estos profesionales de la intimidación -feroces cuperos incluidos pese a tanto nudillo tatuado-, en realidad supone un alivio encontrar a semejantes autómatas ideológicos el más primario de los rasgos humanos: el instinto de conservación. Durante los años de plomo, ETA, una banda terrorista que inoculaba disposición ideológica a asesinar en un territorio próspero y libre, refutó el tópico marxista de que sólo el hambre engendra violencia. Los burguesotes del independentismo, con su estómago incapaz de soportar el rancho carcelario, con su aversión real al sacrificio de vidas y haciendas, con sus propias falsas pasiones pensadas sólo para ejercitarse, han devuelto prestigio a este axioma. Sobrados de ideología, les faltó hambre para la violencia y para desafíos al Estado con fuego real. Pase lo que pase, esto ya lo sabemos.

De roedores y catalanistas
José García Domínguez Libertad Digital 13 Enero 2018

Es universalmente sabido que en España nunca hubo franquistas, ni uno solo, y que los 35 millones de habitantes que constaban registrados en el censo en la época se pararon los ocho lustros que duró aquello corriendo todos ellos, sin excepción conocida, delante de los grises. Esa historia, la de la heroica resistencia del pueblo español contra la dictadura, constituye materia que a día de hoy no ofrece discusión ninguna. Lo que, sin embargo, no es aún del dominio público, si bien comienza ya a difundirse entre amplios segmentos de la opinión, especialmente de la catalana, es que tampoco nunca hubo nadie que propugnase, y mucho menos tratara de poner en práctica, vías ilegales y unilaterales, valga el pleonasmo, para lograr romper la unidad constitucional de España durante el muy animado otoño de 2017. Pues, de creer al Jordi de Òmnium, al otro Jordi que también gustaba en su día de dar gozosos brincos soberanistas sobre el capó de un vehículo oficial de la Guardia Civil y al jefe máximo de los 17.000 guardias locales de la porra (y de las pistolas automáticas y los fusiles ametralladores), en Cataluña jamás se produjo una declaración formal de independencia. Qué va.

Al parecer, todo fue un malentendido por parte de los simples que no fuimos capaces de comprender que se trataba de una simpática broma para pasar el rato. Un divertimento inocente, apenas eso. Son revolucionarios de pan untado en aceite. Su indignidad personal solo resulta equiparable a su cobardía colectiva. Ese bochornoso espectáculo crepuscular de las últimas horas, el de los roedores y roedoras que integraron la dirección coral que dio forma a la asonada mintiendo, negándose y desdiciéndose sin el más mínimo asomo de pudor, ni el más mínimo, todo con el único afán de librarse de cargar con la responsabilidad de sus actos en la cárcel, es ilustrativo de la calidad moral de esa tropa. Visto lo visto, no va a quedar más remedio que darle la razón al viejo Pla, el autor de aquella sentencia célebre dirigida al cómico de Els Joglars: "Vaya con cuidado Boadella, con mucho cuidado, que Cataluña es un país de cobardes". Conocía bien al paisanaje.

Y los de ahora aún son peores. Mas, Junqueras, Puigdemont, los hijos bienamados del Gran Ladrón, Rull & Turull (qué gran pareja artística hubieran hecho en las comedias de Ozores), Forn, la Forcadell… gente que ha tenido una vida regalada desde la cuna, tipos y tipas a los que todo capricho les había sido concedido sin mayor esfuerzo, seres criados entre algodones que han alargado el cuadro psicológico profundo de la adolescencia hasta las lindes mismas de la cincuentena. ¿Cómo entender, si no, ese insólito diagnóstico emocional tan suyo, esa desconcertante mentalidad de niños mimados que se asombran, y de un modo bien real y sincero, de que a ellos, nada menos que a ellos, los intocables reyes de la casa, se les pueda aplicar algo llamado Ley? Iban a dar un golpe de Estado con la esperanza cierta de ser recibidos entre mimos y carantoñas por parte de sus víctimas. ¿Se podrá ser más imbécil? Si el catalanismo político, en tanto que movimiento indigenista con vocación hegemónica y autoritaria, vale poco, su élite dirigente, y ahora ya lo sabemos con certeza absoluta, no vale nada. Esos tigres y tigresas de papel que se iban a comer el mundo se han venido abajo con apenas un soplido y quince días en la trena. Definitivamente, no tienen lo que hay que tener. Por eso perderán siempre. Siempre.

IMDV y el partidillo ese
Javier Somalo Libertad Digital 13 Enero 2018

El Ministro de Cultura y Portavoz del Gobierno, IMDV, ha sido el primero en reaccionar a la encuesta que, por primera vez, coloca a Ciudadanos como primera fuerza política nacional. Desde la caída del PP (Partido Popular) a la Fosa de las Marianas en Cataluña, los miedos en el partido, tan habituales y siempre tan anónimos, han llegado a oídos del líder. Le piden que haga algo. Un contraataque, una reacción. Algo.

¿Sacamos a Soraya Sáenz de Santamaría como candidata a la alcaldía de Madrid? ¿O funcionaría mejor Pablo Casado si deja de ir a saraos liberales? ¿Y si asomamos al propio IMDV? ¿Qué tal Esteban González Pons en la castigada Valencia? ¿Ponemos a los ministros de gira a explicar algo o esperamos a que Rodrigo Rato termine la suya por si acaso?

Todo se andará y Pablo Montesinos será el primero en contárnoslo. De momento, lo urgente es frenar a Ciudadanos porque el susto de Metroscopia ha sido morrocotudo por mucho que el Gobierno y el PP no se crean las encuestas cuando huelen a desahucio. Así que, como portavoz, IMDV ha encendido la mecha de la solicitada reacción refiriéndose a Ciudadanos como "el partido ce ese", usando la abreviatura con la pueril –y tan habitual– intención de no nombrar el problema y con la pretensión de que la marca rival salga perjudicada.

No es la primera vez que el PP trata de menospreciar al partidillo ese jugando con su nombre. Una vez fue "Chutatans", burdo intento de circunscribirlo, con una mala y exagerada pronunciación, al marco exclusivamente catalán. La jugada, vista en perspectiva, no ha podido salir peor: han ganado las elecciones en Cataluña relegando al PP al Grupo Mixto formado por ellos mismos y sólo ellos, así que ni mixto siquiera. Hasta esto ha llorado Rafael Hernando, el que baila con Montero, como agravio del partido de Arrimadas. Resulta que los chutatans han cumplido su papel aunque no puedan gobernar y el PP ha desaparecido en Cataluña. Se intentó hace aún más tiempo que el votante tuviera una imagen del partido como grupo de amigotes imberbes y sin futuro. Fue entonces cuando el propio Mariano Rajoy dijo que el PP era cosa sólida y que no necesitaba "en fin, mireusté, buscar candidatos en cafeterías". Con la minoría del PP tras varios abortos legislativos inducidos se calmaron algo las relaciones con "el socio" aunque Mariano Rajoy siempre haya considerado a ese partido –o al partido ese– como un círculo de buitres sobrevolando su cabeza. Pero un sorpasso en el centro derecha es ya intolerable así que toca volver a la guerra.

Todos en Génova 13 creen que Rajoy agotará –nunca tan literal– la legislatura porque si convocara elecciones ahora, el harakiri de las cortes franquistas con la Ley para la Reforma Política (1976) quedaría relegado a un paseo en barca por el estanque del Retiro. No cabe tanta generosidad aunque el resultado del 155 electoral sólo dejara esa salida. Pero el año que viene hay elecciones municipales y autonómicas y de su resultado podría salir el segundo encefalograma plano previo al acta de defunción del Partido Popular (PP). Así que, por mucho que el presidente quiera agotar(nos), a lo mejor no puede. Queda por ver si Ciudadanos sabe consolidar su fuerza política en cada comunidad y cada ayuntamiento, si es capaz de conservar una línea política convincente, en definitiva, si de verdad están dispuestos a ser decisivos en España con un programa sin concesiones a la estéril corrección política.

El elogio debilita y a nadie se le escapa que la encuesta de Metroscopia publicada por El País puede encerrar no gatos sino tigres de Bengala. El País dispara a Ciudadanos en las encuestas titulaba Libertad Digital. Lo harán, políticamente, en todos los terrenos. El País y el PP.

Pero como de todo se aprende, las gracias del ministro portavoz pueden servir como una primera asesoría de imagen al advertir que el apóstrofo para señalar un plural tiene poco de español, lengua común defendida por el partido de Albert Rivera ya casi en solitario. Mejor, "Ciudadanos" y así dejamos que INMDV pase a la historia como mal sucesor de Alfredo Urdaci.

La mendacidad de Méndez de Vigo –IMDV– ha llegado este viernes a cotas estratosféricas al añadir que el partidillo de Rivera, además de ser una porquería, "ha abandonado cualquier voluntad de gobernar en Cataluña". Que el ministro prosopopéyico pregunte al Rey si le ha hecho gracia el chiste. A mí, ninguna, pero quizá yo sea un "caso aislado" como los de adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña.

Cosas de borricos
Francisco Hervás Maldonado. Coronel Médico (r)  latribunadelpaisvasco.com 13 Enero 2018

Estamos viviendo unos tiempos un tanto peculiares. Lo primero que se cumple en ellos es aquella ley física que nos dice que la evolución de la vida conduce al caos, entendido como complejidad inabarcable. Bien, pues eso está sucediendo con la política en nuestro país. Tras varias décadas destrozando el espíritu democrático hemos llegado a lo esperable: el reino de los incultos, de las hordas oclocráticas, que diría Aristóteles. Y como la sandez no se comede, pues ahora resulta que cualquier mindungui quiere ser independiente. Para lucrarse, por supuesto, pero eso se lo calla. Y como las hordas incultas no poseen grandes aspiraciones, con unas monedillas y un trapo estrellado van y los convencen. Desde luego, pierden un disparate, pero el Señor no les dotó de inteligencia ni de perspicacia para darse cuenta de que les están tomando el pelo miserablemente.

Existe un dicho latino que reza así: asinus asino et sus sui pulcher est (el borrico admira la belleza del borrico); o lo que es lo mismo, dicho en Román paladino, Dios los cría y ellos se juntan. Porque es curioso, pero el inculto no suele admirar al culto, porque no lo entiende y al ser de natural gandul, no le apetece esforzarse en comprender lo que dice. Es como un retroceso a las cavernas, aunque, eso sí, al menos con calefacción. Por tanto, para empezar a comprender el problema de los separatismos, lo primero y principal es revisar (ayer mejor que hoy) de forma inmediata el sistema educativo: materias, profesorado, acreditaciones, etc. A partir de ahí, tal vez se pueda mejorar algo el futuro, porque esta es una condición ‘sine qua non’ para establecer una convivencia civilizada.

Porque, volviendo a los adagios latinos, asinus asinum fricat (el burro se restriega con el burro), que quiere decir que los borricos entre sí se admiran. Donde dice borricos, léase incultos. Lo vemos con los podemitas, los cuperos y, en general, todos los independentistas y zánganos diversos que pueblan el solar patrio. Pero es que incluso en los partidos supuestamente serios, los amores irracionales a sus dirigentes incultos e incapaces son una constante. Es por eso que hay que controlar el parné mejor. Menos impuestos, menos políticos y sueldos más reales, de acuerdo con la situación económica que vivimos. Pero no, es mejor machacar a funcionarios y pensionistas, machacar a las FA,s con cometidos pintorescos, machacar a la Guardia Civil y Policía Nacional, y encumbrar a los amigotes – bien es cierto que no en todos los casos, pero si con harta frecuencia – en presuntas policías autonómicas escasamente capacitadas, porque en un mundo globalizado, las instituciones pequeñas son ineficientes, salvo para cobrar. Segunda cosa, por tanto, suprimir las policías autonómicas, o acabaremos teniendo más diversidad de policías que los ingredientes de la paella.

Y para estas cuestiones, lo fundamental es tener voluntad de cambio y simplemente hacerlo. Porque, volviendo a los latinos – en este caso Virgilio – audentes fortuna iuvat (la suerte favorece a los valientes), porque nos enseña la historia, una y otra vez en forma machacona, que los medrosos siempre pierden. Eso lo hemos visto en España muchas veces. No vale decir que no se quiere hacer daño, pues a continuación, los cafres se crecen y entonces si que hay un daño mucho mayor. Tercer punto, por tanto: decisión y valentía, que sin ellos un gobierno no va a ninguna parte. Bueno si, a cargarse su partido ante la tremenda decepción de sus votantes, que podrán ser leales, pero no suicidas. Salvo que se trate de los borricos citados, que esos como no saben ni de donde vienen ni para donde van, se dejan llevar del ronzal de cualquier propaganda baladí.

No nos quepan dudas de que la solución no está en aumentar el número de leyes, pues como dijo Tácito, corruptisima re publica plurimae leges, que viene a decirnos que cuanto más corrupto es un estado, más leyes tiene. Es alucinante la cantidad de legislación española y eso produce una saturación de los tribunales, de tal manera que el estreñimiento es la norma de las instancias judiciales, que ‘obran lento y con dureza’, aunque no siempre, pues les pasa un poco lo que a la guitarra del mesón de Machado: ‘según quien viene y tañe las empolvadas cuerdas’; porque me duele mucho reconocerlo, pero en algunos casos la justicia depende el asinus de turno, ya que está también politizada por falta de motivación o de cultura. Afortunadamente, no siempre es así, aunque… ¿qué se puede esperar de una justicia que se ha dejado ‘colar’ el cuarto turno? Es decir, que habría que replantearse el acceso a la carrera judicial, donde jueces y fiscales lo sean por méritos y no por ideas. Y esto es fundamental.

Y para terminar, a todos esos seguidores independentistas, yo les recomendaría que leyesen los consejos que Don Quijote le daba a Sancho cuando marchaba a gobernar la Ínsula Barataria. Especialmente uno de ellos: no pongas pasión en causa ajena, pues pudieras perder tu honra y parte de tu hacienda. Haz cuentas y mira lo que ganas tu con la independencia y lo que pierdes, así como lo que ganan los políticos independentistas si les haces caso o no. La diferencia es sustancial, querido independentista abducido y engañado, y eso es tan obvio que asusta. En fin, en fin…

El saldo del ‘procés’
Arturo García gaceta.es 13 Enero 2018

Fractura social, pérdidas económicas millonarias y una herida que seguirá abierta por muchos años. Ese es el saldo que arroja el ‘procés’ secesionista en Cataluña. Standard and Poor’s ha publicado un informe que señala que, en el caso de que se materialice la independencia, el riesgo “sería muy alto”. En la actualidad la deuda catalana tiene una calificación de B+ (equivalente al bono basura) con perspectiva negativa, mientras España está con BBB+ (aprobado alto) con perspectiva positiva.

La inestabilidad política en Cataluña ha generado una pérdida de 319 millones de euros de actividad turística 2017, detrayendo 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del PIB turístico español previsto para el conjunto del año del 4,7% al 4,4%.

El secesionismo también ha generado un importante desgarro en las fuerzas separatistas. Oriol Junqueras ha dinamitado la estrategia de Carles Puigdemont y ha hecho públicas sus diferencias con el expresidente: “El voto es indelegable y se necesita la presencia física con el hemiciclo para todas las sesiones del Parlamento de Cataluña que se anuncien”.

Los radicales de la CUP también han avisado de que sólo apoyarán un Gobierno que apueste por la unilateralidad: “No confiaron suficientemente en el movimiento republicano, que estaba dispuesto a defender la república de forma no violenta”. Y todavía vienen por más…
Urkullu y el nuevo plan del País Vasco

Rajoy ha centrado su atención en Cataluña. El Ejecutivo del PP ha puesto fin años después al continuo despilfarro de dinero público que la Generalitat se fundía en la promoción de su fracasado ‘procés’. En el marco del ya difunto Diplocat, tanto Artur Mas como Carles Puigdemont inauguraron ‘embajadas’ y delegaciones diplomáticas en varias capitales del mundo.

Usurpando las funciones del Estado -a quien compete íntegramente la acción exterior-, los separatistas intentaron recabar apoyos fuera de nuestras fronteras. Pero la idea de romper España no cuajó. Sin embargo, mientras el foco apuntaba a Cataluña, ha habido otro movimiento de vocación que ha ido ganando poco a poco más presencia internacional.

En los últimos meses, el lehendakari Íñigo Urkullu sí ha conseguido proyectar la presencia internacional de la región vasca. Además de ofrecerse de mediador entre el Gobierno y el separatismo catalán, en su entrevista con Juncker tuvo la oportunidad de trasladarle las aspiraciones plurinacionales que anhela para España y su deseo de un mayor autogobierno.

En el Partido popular, fieles a su estilo, miran hacia otro lado. El agua debe correr, pues ambas formaciones se necesitan. La filial vasca popular está apoyando los presupuestos regionales del PNV, favor que se cobró el año pasado Rajoy a nivel nacional.

Descolonizaciones toponímicas
Jesús Laínz Libertad Digital 13 Enero 2018

Un diputado filipino de nombre tan poco tagalo como Gary Alejano ha propuesto cambiar el nombre de su país para eliminar los vínculos con el pasado colonial español. Se trata de hacer lo que otras excolonias hicieron antes: Ceilán-Sri Lanka, Guayana Holandesa-Surinam y Rodesia-Zimbabue son casos muy conocidos.

Más cercano es el de Irlanda, donde, tras la independencia, barrieron los topónimos en lengua inglesa. Y al otro lado de la frontera siguen a tortas entre Derry y Londonderry. En cuanto al rompecabezas balcánico, las idas y venidas políticas, sobre todo tras la Primera Guerra Mundial, han provocado mil y un cambios toponímicos. Y tras la segunda hecatombe, media Europa oriental vio cómo desaparecían los nombres germánicos para hacer sitio a sus sustitutos eslavos: Danzig-Gdansk probablemente sea el más famoso.

Pero la descolonización y los cambios de fronteras no son los únicos motivos de sustitución toponímica, ya que los vaivenes ideológicos y religiosos también han tenido gran influencia. Uno de los más contundentes fue el de la milenaria Constantinopla, convertida en Estambul por un Atatürk deseoso de fundar la nueva república turca sobre la extirpación del pasado griego-cristiano hasta en las palabras.

El caso más extremo fue el de una Unión Soviética que sustituyó los antiguos nombres de inspiración religiosa y zarista por homenajes a los dirigentes del nuevo régimen. A Lenin se le adjudicó la guinda del pastel, el San Petersburgo convertido en Leningrado tras un breve paréntesis bélico bajo la forma, menos germánica, de Petrogrado. Pero el principal beneficiario fue un Stalin que prestó su nombre a numerosas ciudades tanto de la propia URSS como de otros países comunistas: Stalingrado es, sin duda, la más conocida. Pero a partir de 1989 se quedó sin ellas. Sic transit gloria mundi.

En España somos maestros en la materia, como lo demuestran cuatro décadas de ingeniería toponímica para sembrar el territorio con marcadores de importancia no pequeña en eso que llaman construcción nacional. Porque no se han cambiado los nombres de lugar para facilitar su identificación, sino para esparcir la semilla separatista. Ningún joven salido de nuestras aulas analfabetizadoras dudará de la no españolidad de unos lugares que tienen unos nombres tan distintos de los de la odiada España.

Nuestros separatistas están convencidos de que mediante el rebautizo de los nombres de lugar se puede cambiar la esencia nacional de las personas. Mediante la eliminación del topónimo en lengua española, la alteración del existente o la simple invención de nuevos términos nunca hasta entonces imaginados, nuestros voluntariosos separatistas avanzan cada día un poco más en su plan de mutación –y de mutilación– nacional. Y lo hacen sin obstáculo digno de mención dada la proverbial ceguera, cuando no el interés, de los políticos españoles de izquierda y derecha.

La primera técnica es la eliminación de los exónimos en lengua española: en todas las cadenas de televisión y radio de ámbito nacional se ha impuesto el uso de los topónimos en las lenguas regionales aunque el locutor esté hablando, evidentemente, en español, absurdo comportamiento que no se extiende a ninguna otra lengua del mundo. Nunca se perpetrará en televisión la cursilería de decir Deutschland, London, Bordeaux o Firenze, sino Alemania, Londres, Burdeos y Florencia, pero las únicas formas posibles de Gerona, Lérida, Fuenterrabía, Orense y La Coruña han de ser, por miedo reverencial a los sacrosantos hechos diferenciales, Girona, Lleida, Hondarribia, Ourense y A Coruña, palabras correctas, propias, naturales, telúricas, auténticas, necesarias, frente a aquéllas, condenadas por artificiosas, por ajenas al espíritu del pueblo, por franquistas.

Pero de un poco antes de Franco, del siglo XIII, nos llega un dato interesante. Pues en el Libre dels feyts de Jaime I el Conquistador, una de las piedras fundacionales de la lengua catalana, su autor menciona la capital del Oñar siete veces como Gerona y cuatro como Girona, lo que demuestra que ambos términos han sido empleados indistintamente desde hace al menos ochocientos años. ¡Y en lengua catalana, sin necesidad de traducción posterior por parte del centralismo madrileño! Lo mismo podría decirse sobre Lérida, también presente en dicha crónica. Lleida, por el contrario, no aparece. Curiosamente, la forma más empleada es Leyda.

En 1720, cinco siglos más tarde de Jaime I y tres antes de nuestros días, el geógrafo Josep Aparici y Fins elaboró el primer mapa de Cataluña organizada en los nuevos corregimientos creados tras el Decreto de Nueva Planta. Los topónimos aparecen, evidentemente, como eran conocidos en la época. La inmensa mayoría de ellos están en la forma que hoy llamaríamos catalana. Pero unos cuantos, y no de los menos importantes, aparecen en la que hoy llamaríamos castellana. Lo que no quiere decir que estuvieran traducidos, sino que los catalanes, hablaran en una u otra lengua, los llamaban así: Rosas (no Roses), Ampurdá (no Empordá), Gerona (no Girona), Lérida (no Lleida) y río Noya (no Anoia), lo que demuestra que hace trescientos años eran topónimos generalmente usados, por lo que no hay ningún motivo histórico ni filológico para hacerlos desaparecer. Solamente político.

En cuanto a la imposición de Ontinyent, Xàtiva, Crevillent y Xàbia como únicas formas oficiales, el atentado contra la tradición toponímica valenciana es igual de escandaloso.

Por no hablar de la juerga que se traen en Galicia, donde la caótica ingeniería toponímica de los imitadores locales del PNV –es decir, el PP– ha provocado que haya localidades en cuyos carteles han convivido varios nombres distintos dependiendo de la carretera por la que se llegase, como la lucense Poboa de San Xulián o Poboa de San Xiao o Pobra de San Xián o Pobra de San Xiao. Aunque los vecinos se empeñen en seguir usando el fascista Puebla de San Julián.

Cabría preguntarse por qué la obsesión por recuperar o inventar toponímicamente un pasado edénico no se ha extendido a la pérfida España castellana, donde a nadie se le ha ocurrido eliminar la palabra Zaragoza para sustituirla por su antecesora Caesaraugusta ni por el primer topónimo de la localidad, el ibero Salduie, ni Cádiz por Agadir, ni Sevilla por Hispalis, ni Castro Urdiales por Flavióbriga.

Puestos a husmear raíces, quizá los separatistas vascosdebieran eliminar los topónimos aparentemente eusquéricos pero de origen romano, como las muchas decenas de ellos terminados en -ain, -ano e -iz, derivados de antropónimos latinos, así como otros muchos como Hernani, Ceberio, Orio, Lemona, Laudio, Oyarzun o Bidasoa. No hacerlo sería un insulto a la soberanía originaria de los vascos.

Y, por otro lado, nuestros beneméritos gobernantes deberían estudiar la eliminación de los topónimos medievales que atestiguan la ocupación por vascos y navarros de muchos territorios ganados violentamente a los musulmanes: las decenas de Báscones, Villabáscones, Bascuñuelos, Basconcillos, Bascuñanas, Vizcaínos, Gascueñas, Narros, Naharros y Narrillos esparcidos por doquier.

No hacerlo sería una vergonzosa aceptación de la colonización vasconavarra del Estado Estatal y, lo que es mucho más grave, un intolerable insulto a la Alianza de Civilizaciones.

www.jesuslainz.es

LLUVIA DE EUROS
Rajoy desbloquea las subvenciones a los medios separatistas
Rafael Núñez Huesca gaceta.es  13 Enero 2018

El Gobierno de España, a través del mecanismo del 155, paralizó la asignación de subvenciones a los medios catalanes separatistas. Bermúdez de Castro llegó a hablar de “vergüenza”. Ahora, sin embargo, ha decidido hacer efectivos todos los pagos…

El Ejecutivo congeló las ayudas -que en el último trimestre de 2017 alcanzaron los 1,9 millones de euros- por entender que se concedían, a su juicio, de manera arbitraria. Ahora La Moncloa libera esas ayudas con la excusa de un informe jurídico encargado por el propio Gobierno en el que se advertía de una supuesta prevaricación del Estado en la maniobra.

La causa por la que el Gobierno pagará
El Gobierno autorizó el mes pasado ayudas para los medios de papel, radios y televisiones, pero no autorizó las subvenciones destinadas a los medios digitales por considerar que no concurrían «razones de urgencia y extraordinaria necesidad» para repartirlas. Esto le generó inmediatamente un problema. Los asesores jurídicos del departamento de Presidencia del Govern elaboraron un informe a petición del propio Gobierno en el que concluyeron que no se justificaba la discriminación entre soportes –digitales y no digitales– y que se podría estar rompiendo el principio de igualdad e imparcialidad en la concesión de ayudas públicas.

Así las cosas, el Gobierno de España decidió el pasado 29 de diciembre, dos días antes del límite para hacer efectivas las ayudas.
Bermúdez de Castro: “Lo de TV3 y Catalunya Ràdio es una vergüenza”

Un día antes de liberarse el pago de las ayudas, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, arquitecto de la aplicación del 155, decía lo siguiente:

“Una parte de la sociedad catalana, en gran parte por culpa de la información que reciben de los medios públicos pagados por todos, la única salida buena que ve es que Cataluña sea independiente. Y eso es inviable (…) Lo de TV3 y Catalunya Ràdio es una vergüenza”.

El pasado día diez de enero reconocía que cuando está en Cataluña no puede ver ni escuchar “más de cinco minutos” TV3 ni Catalunya Radio. Medios que “no pueden ser del 50%” de los catalanes “y denigrar, insultar y denostar al otro 50%”. Antes había reconocido que “No había mejor negocio en Cataluña en estos cuatro años que montar una página web para apoyar el procés”.

El Gobierno no ha resistido la presión. El editor de uno de estos medios más beneficiados por las ayudas, el Punt Avui, llegó a anunciar que la empresa se planteaba hacer un ERE “por culpa del 155”.

Lluvia de euros, también en Valencia
Pero no sólo de las subvenciones catalanas viven los medios separatistas, también reciben dinero de la Generalitat Valenciana del PSOE y Compromís. En concreto, 2,8 millones de euros que han ido a parar a medios como Vilaweb o Directe.cat.

La excusa es “el fomento del valenciano”, aunque todos los medios gratificados están escritos en catalán. La consejería de Educación del controvertido Vicent Marzà ha establecido para ello un presupuesto de 2,8 millones entre prensa, radios y televisiones.

Diari La Veu, con 44.286 euros, es el más beneficiado. La edición autonómica de ElDiario.es recibe 24.434€ euros, y Directe.cat, un medio catalán ultranacionalista que pertenece al exdiputado de ERC Joan Puig y que no tiene estructura alguna en la Comunidad Valenciana, 24.085 euros.

Racó Catalá, también catalán y también sin presencia en la Comunidad, recibe 23.193 euros. Es el mismo caso de NacióDigital (22.307 euros), Vilaweb (20.000 euros) y El Punt Avui (8.588 euros). Los cuatro son medios con sede en Barcelona, independentistas, y, a excepción de Vilaweb, sin presencia alguna en Valencia. Reciben el dinero por tener alguna sección informativa dedicada a la Comunidad Valenciana (es irrelevante sin los contenidos son propios o de agencia) y estar escritos “en valenciano”.

Rajoy engrasa la maquinaria del odio independentista con dinero fresco
Rubén Arranz. vozpopuli 13 Enero 2018

Entender la política de comunicación del Gobierno requiere un profundo ejercicio de fe. El pasado 6 de enero, durante la celebración de la Pascua Militar, María Dolores de Cospedal reconocía la existencia de una nueva Guerra Fría en el mundo en la que los atacantes tratan de desestabilizar a sus enemigos a través de la difusión de cientos y cientos de patrañas. De ahí que el Ejecutivo haya anunciado su intención de redoblar esfuerzos para combatir las ‘fake news’. Unos días antes de que la ministra de Defensa pronunciara estas palabras, Moncloa desbloqueaba las ayudas que recibe la armada mediática independentista para la edición de prensa digital en catalán. Es decir, aprobaba el reparto de unas subvenciones que le han servido a los soberanistas durante los últimos años para tener aliados a lo largo y ancho de esta comunidad autónoma. Dispuestos a todo, puesto que su supervivencia depende, en gran parte, de este dinero público.

Las citadas ayudas se convocaron en el primer semestre de 2017 y fueron concedidas provisionalmente el pasado julio. Entonces, se pidió a los beneficiarios que aportaran una serie de documentación para poder hacer efectivo el ingreso. Mientras completaban este trámite, el Ministerio de Hacienda ordenó el bloqueo de esta partida -como parte de las medidas de tutelaje económico de la Generalitat-, lo que puso entre la espada y la pared a una parte de estos medios. Por alguna razón, el Ejecutivo aprobó su distribución el pasado diciembre. En primer lugar, dio luz verde a las subvenciones destinadas a prensa, radio, televisión y a las asociaciones que distribuyen contenidos en catalán. Unos días después, a las que disfrutan los periódicos digitales. Las primeras ascendían a más de 7 millones de euros. Las segundas, a casi 2 millones.

Las asociaciones que representan a los medios de comunicación afectados (APPEC, ACPC y AMIC) habían dejado claro que los beneficiarios “habían cumplido los plazos y los requerimientos” de la convocatoria, que, por otra parte, se ajustaba perfectamente a la ley. Por lo tanto, habían sugerido la posibilidad de tomar medidas legales contra el Ejecutivo si se negaba a abrir el grifo. A la vista de esa amenaza, los responsables de administrar la Generalitat desde que se aplicara el artículo 155 dieron el visto bueno al reparto, según han precisado a este periódico fuentes conocedoras de las conversaciones.
Sin rumbo

Mariano Rajoy aún no se ha dado cuenta del efecto desestabilizador de la prensa indenpendentista. O, aún peor, su Gobierno no está dispuesto -o directamente es incapaz- a combatir con firmeza a este ejército de la intoxicación.

Seis años después de ser investido presidente, todavía no ha entendido la importancia de la comunicación ni ha sabido aplicar el antídoto adecuado para neutralizar el veneno mediático independentista. Desde que llegó a Moncloa, ha sido un presidente metido en la burbuja, aislado y apartado de los focos. El mandatario del plasma. El que no ha tomado plena consciencia del alto precio que paga el país por su desesperante pasividad para con la armada mediática de la Generalitat.

A su mesa llegaron papeles que advertían de que esta bestia se estaba desarrollando de forma preocupante. La crisis impactó con fuerza en Cataluña, qel malestar se apoderó de una parte de la población y la infección del populismo nacionalista comenzó a extenderse de forma epidémica. En estas condiciones, los mensajes de TV3, de Catalunya Ràdio y de los -muy beligerantes- medios clasificados con la etiqueta ‘.cat’ se aferraron como lapas a la piel de los ciudadanos.

Mientras el ‘Arriolismo’ aconsejaba el perfil bajo y la patada hacia adelante, los soberanistas apostaban por tergiversar la realidad. Sabían bien lo que había que hacer. Y lo hicieron bien. En junio de 2011, Artur Mas tuvo que entrar al Parlament en helicóptero porque la multitud –indignada por los recortes del gasto social- le impidió hacerlo por la puerta. Seis años después, en ese mismo lugar, cientos de personas aguardaban ansiosas a que Carles Puigdemont realizara la declaración unilateral de independencia. Es la mejor prueba de su capacidad de dar la vuelta a la tortilla y describir la realidad en función de sus intereses.

Golosinas para la prensa
El expresident ató en corto a TV3 a sabiendas de que es un arma temible. También creó Diplocat, que planificó exposiciones en parlamentos de varios países, sufragó artículos en defensa de la independencia en la prensa internacional y pagó viajes 'a todo tren' a los corresponsales extranjeros para ganarse su corazón. Incluso envió libros y rosas a unos cuantos mandatarios de la Unión Europea por Sant Jordi para demostrar que aquello que se cocía en Cataluña no era algo hostil, sino amable y legítimo. Mientras tanto, Rajoy las veía venir y hacía caso a consejeros que le sugirieron medidas tan disparatadas como evitar que sus portavoces pisaran los platós de televisión.

Tras la multitudinaria manifestación de ‘la Diada’ de 2012, quien más, quien menos, sabía que el tema catalán había entrado en una deriva peligrosa y amenazaba con enquistarse. ¿Cuál fue la reacción del Gobierno para intentar neutralizar a los cañones mediáticos que espoleaban ese movimiento soberanista? ‘Hacer mutis por el foro’. Como diría aquel, el ‘patadón pa’lante'.

Durante estos años, la Generalitat ha repartido cientos de millones de euros entre la prensa afín y ha creado y engordado decenas de pequeños medios digitales que han difundido de forma incansable la postverdad independentista. Sólo el dinero público explica que una parte de esta ‘Brunete mediática’ haya podido subsistir. Es el caso de Nació Digital, un periódico que en 2016 recibió 778.651 euros de la caja fuerte autonómica, que representaron el 92% de sus ingresos. ¿Qué ha hecho Moncloa para evitar que la Generalitat engordara a sus aliados de una forma tan descarada y reprobable?

Las ayudas a la edición en idioma catalán han llegado a medios y asociaciones de todo pelaje. Desde a los grandes grupos como Godó y Zeta, hasta a las gacetillas parroquiales. Esto último no lo digo en sentido figurado. En 2016, la revista Presència Evangélica ingresó casi 3.000 euros en este concepto. En su web, asegura que, por principios, no hace política. Sin embargo, no ha dudado en defender a ‘los Jordis’ y en pedir al Ejecutivo que respete las aspiraciones de los catalanes.

El ínclito Joan Puig escribió en octubre en la web Directe.cat –puro sensacionalismo- que sólo estaba dispuesto a acatar las leyes de la República de Cataluña. Pocas semanas después, el Gobierno daba luz verde a las subvenciones que han ayudado a consolidar este proyecto periodístico. La actuación denota cierto masoquismo.

Castillo de arena
Lo más paradójico es que una buena parte de estos medios se sustentan en un sectarismo fácilmente desmontable. Pero para lograrlo hacen falta argumentos. Los que en Moncloa no han sabido distribuir. Provoca sonrojo escuchar a una parte de los periodistas y portavoces de tertulia que el PP permite que defiendan sus intereses. A Rahola no se le combate con Rahola. Ni a TV3 con la TVE de José Antonio Sánchez. Es necesario un discurso consistente y creíble con el que desinflar la burbuja independentista. Y es necesario neutralizar las fake news separatistas para evitar que el monstruo siga ganando fuerza.

Por eso resulta difícil de entender la decisión del Ejecutivo de desbloquear las ayudas a la prensa digital en catalán. Máxime a pocas semanas de iniciar –sobre el papel- la retirada gradual del ‘155’.

Las fuentes consultadas de los principales grupos mediáticos de esta comunidad autónoma no se explican muy bien el motivo de la decisión. “En un momento del año en el que casi no entra publicidad institucional (el plan 2018 aún no se ha aprobado), servirá para sacar de apuros a los pequeños digitales independentistas”. ¿Cree el Gobierno que amansará a las fieras con esta decisión?

El modelo RDA de la república catalana
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 13 Enero 2018

El Muro de Berlín no cayó en vano, aunque siga figurando, como modelo, en los planos de los arquitectos del odio separador y separatista.

La idea no se me había ocurrido hasta que leí el artículo "Tabarnia no es Padania", de Cristina Losada. Confieso que veía a Tabarnia como una caricatura poco feliz de las patochadas identitarias. Soy refractario a la ruptura de las sociedades cohesionadas por siglos de convivencia civilizada, y si me opongo a la desconexión de Cataluña respecto de España, también rechazo la ruptura entre provincias catalanas. Sin embargo, después de leer a Losada, enfoqué esta reconversión desde una perspectiva distinta, y me remonté a las turbulencias de la RDA, la República Democrática Alemana más conocida como Alemania Oriental o Alemania comunista.

Argumentos de falsarios
Hubo un tiempo en que los embaucadores secesionistas utilizaron la RDA como señuelo para convencer a los poco informados de que una Cataluña independiente ingresaría sin problemas en la Unión Europea. ¿Acaso la RDA no se había incorporado automáticamente a la UE cuando se reunificó Alemania?, argumentaban los falsarios. Muchos observadores nos apresuramos a denunciar la patraña. La RDA no había ingresado en la UE, sencillamente se había reintegrado a la República Federal Alemana, que sí formaba parte de la comunidad europea. La RDA como tal había desaparecido y el territorio satélite de la URSS se había liberado de esta y había vuelto a ocupar su lugar dentro de las fronteras de Alemania.

La fractura que pretenden imponer los secesionistas catalanes produciría exactamente el efecto inverso. El fragmento desprendido de España ya no formaría parte de un país miembro de la UE y por lo tanto quedaría fuera de esta, copiando el modelo de la antigua RDA. La república catalana sería una versión empeorada, por su aislamiento, de la RDA.

Trepadores mediocres
La República Democrática Alemana era una pieza del bloque soviético, dentro del cual tenía asignado un papel relativamente cómodo: formaba parte del complejo subsidiario industrial y químico del imperio. Moscú le reservó un papel de escaparate en la frontera con el mundo occidental -escaparate poco tentador, pero menos lúgubre que el resto de las satrapías bolcheviques- y en su interior se tejía toda clase de tramas de espionaje y negociaciones diplomáticas furtivas. Allí aprendió su oficio de timador en escala internacional el joven Vladimir Putin.

La quimérica república catalana ni siquiera podría soñar con esos estímulos. Nacería huérfana y sin padrinos. Quienes la han gobernado en su etapa embrionaria no han sido militantes políticos fogueados en la resistencia contra el nazismo como aquellos a los que el Kremlin entregó la conducción de la RDA, sino trepadores mediocres, vástagos bobos de una burguesía decadente, desprovistos de los más elementales conocimientos sobre los mecanismos que hacen girar el mundo globalizado.

La meta del Politburó comunista era la expansión mundial; la de los caudillos secesionistas es la involución provinciana. Representan a la payesía telúrica envidiosa de los pixapins urbanos. Aunque existen dos puntos en común entre aquellos autócratas alemanes y sus émulos catalanes: primero, el afán de ambos por levantar muros para separar a sus súbditos de las sociedades abiertas; y segundo, que tanto aquellos como estos carecían y carecen de escrúpulos a la hora de traicionar a sus aliados y camaradas, condenándolos al piolet, el cadalso, la cárcel, el destierro o el olvido, según sus posibilidades, para encaramarse ellos solos en el poder. Este es el caldo que se cuece en la olla podrida del secesionismo catalán sin llegar, todavía, a la etapa necrófila.

Aislada en una burbuja
Y aquí es donde la utopía de Tabarnia cobra vida. No, a mi juicio, como un proyecto viable, sino como respuesta a la república catalana que los sediciosos han calcado del modelo RDA. Tabarnia es el símbolo de que a la mayoría de los ciudadanos catalanes los mueve la voluntad de no permitir que la minoría totalitaria levante muros para separarla de sus compatriotas. Tabarnia no tendría fronteras con España y por lo tanto tampoco las tendría con la Unión Europea. Pero, mal que les pese a los supremacistas, el posible embrión de Tabarnia tampoco tiene fronteras con el resto de Cataluña. Es Cataluña. La idea de Tabarnia no nació como pretexto para separar sino como instrumento para unir.

Lo mismo sucedió en la RDA. Allí, los movimientos clandestinos democristianos, socialdemócratas y liberales no luchaban para partirla en dos y reintegrar una mitad a la patria originaria sino para reunificar Alemania. En Cataluña, íntegra y sin recortes sociales ni territoriales, los partidos constitucionalistas y la sociedad civil luchan -afortunadamente dentro de la legalidad que garantiza el Gobierno de España- para evitar la partición y desconexión que convertirían a la comunidad autónoma en un triste remedo de la RDA totalitaria: empobrecida, desmembrada y aislada en una burbuja etnocéntrica. O engullida por alguna de las potencias rapaces que acechan en el mundo circundante.

Arquitectos del odio
El ideal de los supremacistas consiste en llevar la batuta, enrocados en los distritos electorales donde circunstancialmente son mayoría, sin dejar de lucrar con la iniciativa de quienes consideran metecos por su condición cosmopolita, emprendedora y urbana. Metecos que seguirían creando riqueza arrinconados en las dos provincias mestizas sujetas bajo el peso del yugo tribal.

La realidad castiga a estos filibusteros. Tabarnia no existe separada de Cataluña y España. Tampoco existe una república catalana con Tabarnia sometida a la hegemonía de Gerona y Lérida. Ni existe, ya, la RDA. Existe Alemania, compuesta por la totalidad de los länder. Existe España, compuesta por la totalidad de sus comunidades autónomas, sin engañabobos plurinacionales. Existe la comunidad autónoma de Cataluña, compuesta por sus cuatro provincias. Recorriendo el camino inverso, Tabarnia se amalgama con Cataluña, Cataluña se amalgama con España, España se amalgama con Europa.

El Muro de Berlín no cayó en vano, aunque siga figurando, como modelo, en los planos de los arquitectos del odio separador y separatista.

El independentismo se deshace, pero Podemos lo sostiene

Editorial El Semanal Digital 13 Enero 2018

El soberanismo está derrotado en las urnas y en los juzgados y ya confiesa todos sus abusos en plena división del bloque. Si Podemos sale al rescate, toda España deberá tomar nota.

Todo lo que le ha sucedido al soberanismo desde su Golpe de Estado fallido ha incidido en su agudo deterioro: primero fue la fractura del bloque para acudir a las elecciones del 21D; después fue su derrota en las urnas ante Ciudadanos y, finalmente, el reconocimiento por la práctica totalidad de sus protagonistas de que incurrieron en gravísimas ilegalidades y que, por si alguien les quiere creer, no volverán nunca a esa hoja de ruta unilateral e inconstitucional.

Los imputados ya reconocen el vandalismo y al agresividad del procés. ¿Cómo van a gobernar de nuevo?

En ese sentido, los testimonios ante el Tribunal Supremo de los Jordis, de buena parte de los consellers y de la presidenta del Parlament constituyen una declaración de culpa que no les librará de las consecuencias penales oportunas pero sí contextualiza el escenario de su derrota: sea por interés personal, convicción política o mera estrategia procesal; todos los cabecillas del golpe a excepción del fugado Puigdemont han asumido lo sustantivo de los hechos imputados y acabado con la ensoñación que durante años han trasladado a la opinión pública catalana sobre los supuestos 'derechos' de Cataluña y la garantía de que el objetivo independentista era estaba asegurado.

Ya no se atreven a sostener esa barbaridad, e incluso reconocen la existencia de brotes de violencia -vandalismo lo llaman-; de una hoja de ruta ilegal planificada desde la instituciones y de la perversa utilización para tan perversos fines de herramientas públicas como los Mossos.

Asumir ante el Supremo que la DUI es ilegal y renunciar a ese camino en adelante no tiene que varias los efectos penales de su vergonzoso desafío, pero ayuda a desactivar el mensaje político que lo soportaba y exhibe el agudo deterioro del soberanismo, derrotado en las urnas y contenido por el Estado de Derecho.

¿El nacionalpopulismo?
Precisamente por eso, es sangrante el auxilio que parece estar dispuesto a darle En Común Podem, la alianza entre el nacionalismo light de Ada Colau y el populismo radical de Pablo Iglesias.

Toda España deberá tomar nota de Iglesias y Colau si salen en auxilio del soberanismo en lugar de ayudar a anularlo

Si la mera constatación de que Junts per Catalunya, ERC y CUP impulsaron y encabezaron un golpe a la democracia debiera ser suficiente para que los 'comunes' ayudaran a desactivarlos definitivamente; las grietas y contradicciones existentes entre todos ellos deberían auspiciar además su colaboración para crear una alternativa.

Ni Junqueras cree en Puigdemont
Para empezar, en la presidencia del Parlament, decisiva para evitar el bochornoso espectáculo ilegal y sectario que Forcadell dio en la pasada legislatura. Y, para terminar, en la propia investidura, que aritméticamente corresponde al bloque soberanista siempre y cuando estén presentes todos los fugados o encarcelados.

Que hasta el propio Junqueras rechace la investidura a distancia de Puigdemont ofrece un último argumento a Iglesias y Podemos para separarse de esos partidos y apostar por cualquier otra opción que contribuya a inocular un antídoto contra el independentismo en la agotada y dividida sociedad catalana.

Tristemente, no parece probable que En Común Podem se comporte con esa altura política e intelectual. Al contrario, todo indica que sus exiguos diputados se prestarán a completar las mayorías que el soberanismo necesita para lograr la presidencia de la Generalitat y del Parlament. Y si esto se confirma, es de de desear que al menos no le salga gratis a Podemos en el resto de España: todo el mundo podrá tomar nota de su indecente decisión.

La mitad de los trabajadores públicos de Galicia cobra más de 2.400 euros al mes

Casi la cuarta parte supera los 3.181 euros - El sector privado copa los salarios más bajos: un 12,5% no llega a 710 euros - El 24% de las mujeres tiene jornada parcial
julio pérez. La opinion 13 Enero 2018

Trabajar en una administración sigue siendo para muchos un maná al que escapar del progresivo deterioro del mercado laboral provocado por la crisis y la cada vez mayor temporalidad que la recuperación deja en los contratos. A pesar de que los empleados públicos fueron uno de los colectivos a los que les tocó soportar directamente la tijera para compensar el desplome de los ingresos y corregir el desfase presupuestario, también es cierto que han ido recuperando las pagas extra perdidas y cuentan con una estabilidad difícil de encontrar hoy en otro sector. La nómina es la guinda del pastel. Hay salarios bajos también, pero son la excepción en comparación con el personal de las empresas privadas. De hecho, la mitad de los trabajadores públicos de Galicia ingresa mensualmente más de 2.400 euros.

En 2016, según el informe sobre salarios publicado ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE), el sector público empleaba en la comunidad a 188.400 personas. Suponen el 23% del total de asalariados gallegos. Prácticamente, por tanto, uno de cada cuatro. De ellos, 181.700 (96,4%) tenían jornada completa y el 3,5% (6.700) parcial. La diferencia con el ámbito privado es rotunda: los contratos parciales rozan el 19%. En el caso de los funcionarios y resto de plantillas públicas, los contratos parciales se redujeron en 2016 un 10,6%. En las empresas, sin embargo, en los dos últimos ejercicios el ascenso se sitúa en el 8%, hasta los 119.500.

Apenas el 1,5% de los asalariados de las administraciones en Galicia percibe menos de 710,7 euros al mes. Unos 2.900 efectivos. Otro 3% (5.600) está entre esa cantidad y los 1.013 euros. El 2,6% (5.000) figura en la horquilla que va de los 1.013 a los 1.200 euros. Un 3% (6.200) está en la siguiente escala, que llega a los 1.370 euros. A partir de ahí, los porcentajes van engordando exponencialmente.

Hay 10.700 trabajadores públicos gallegos (5,7%) entre los que van hasta los 1.536 euros; 15.700 (8,3%) entre esos 1.536 y los 1.739 euros; alrededor de 23.600 (12,5%) que alcanzan como mucho los 2.013 euros; otros 29.300 (15,5%) que llegan a los 2.426. Y por encima de ese umbral está el resto: 45.400 empleados (24,1%) entre 2.426 y 3.181 euros y 44.000 más (23,3%, cerca de una cuarta parte) que reciben más de 3.181 euros.

La situación en el sector privado es justo la contraria. El grupo salarial mayoritario es el más bajo, por debajo de 710,7 euros al mes: casi 80.000 asalariados, el 12,5% del total. Cada uno de los tres siguientes peldaños salariales, hasta los 1.370 euros, aglutina un 12% de los trabajadores gallegos. En los dos últimos, los más altos, el porcentaje cae al 5,8% en el caso de los salarios de 2.426 a 3.181 euros (37.100 ocupados) y al 6% en los que ingresan más de esos 3.181 euros (38.400).

La evolución de los sueldos no puede desligarse de la recuperación económica. La ocupación crece, pero apoyada, sobre todo, en los contratos temporales y medias jornadas, con peor retribución. Es "un factor determinante", como destaca el Instituto Galego de Estatística (IGE) en el análisis. "De esta forma -añade el organismo-, los trabajadores con jornada parcial se concentran con mayor frecuencia en los tramos salariales más bajos". El 59,5% de quienes trabajan menos de 40 horas semanales perciben como mucho 710 euros al mes. En las jornadas completas, son solo el 1%.

Una vez más, queda patente la brecha salarial por sexos. El 6,6% de los hombres tiene jornada parcial frente al 24,2% de mujeres. Cobran menos 710,7 euros el 4,3%, de los hombres y 15,8% de las mujeres.

PRESIDENTA DE PODEMOS
Expulsada una diputada del parlamento de Navarra por defender el español
La Gaceta  13 Enero 2018

El debate en el Parlamento de Navarra suele estar alterado por la presidencia de la podemita Ainhoa Aznárez, protagonista jornada tras jornada de fuertes broncas con los diputados que contradicen sus órdenes. En esta ocasión le ha llegado el turno a la portavoz del Partido Popular (PPN), Ana Beltrán, que fue expulsada este jueves durante una sesión celebrada en la cámara autonómica.

La presidente anunció que iba a dar lectura en euskera de una propuesta presentada por el PPN. Aznárez señaló a la diputada popular y la recordó que suele alternar la lectura de las preguntas parlamentarias en ambas lenguas: “Por si van a seguir insistiendo”.

La presidenta de Podemos en la región hacia referencia a las críticas del PPN por el uso abusivo del euskera en la cámara desde 2015. De hecho, esta práctica obliga a los parlamentarios que no hablan esa lengua a seguir las sesiones con traductores.

Las palabras de Aznárez levantaron ampollas en la bancada popular y Beltrán tomó entonces la palabra: “Se nos falta al respeto”. En ese preciso instante, la presidenta soltó: “La expulsó del salón de plenos. ¡Vaya saliendo!”.

“Pues no me voy a ir porque me lo tiene que pedir tres veces. Cumpla el reglamento por una vez”, sentenció Beltrán. Ante su negativa a marcharse, Aznárez levantó la voz y exclamó: “¡Se acabó. Sale del pleno porque la expulsado y soy la presidenta!”.

Finalmente, tras un breve receso, Aznárez decidió no expulsar a Beltrán como “regalo de Navidad”.

El falso desarme de ETA: Hallan un nuevo zulo en Francia
Un «buscador de tesoros» lo encontró con un detector de metales en un bosque de Tosse
J.M.Zuloaga. larazon  13 Enero 2018

El acto del 8 de abril en Bayona, organizado por los autoproclamados «artesanos por la paz» sobre un desarme total de ETA era una patraña y ayer quedó demostrado. Un zulo de la banda, con detonadores y una pequeña cantidad de explosivos, fue descubierto casualmente por un «buscador de tesoros» con un detector de metales el pasado día 31 de diciembre, en un bosque de la región de las Landas, no lejos de la frontera con España.

La información se ha mantenido en secreto por si algún miembro de la banda, de los que aún controlan la infraestructura clandestina que la organización criminal mantiene en suelo galo, se acercaba al lugar, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas.

Sin embargo, la noticia fue difundida ayer por la emisora «France Bleu Gascogne».

El zulo se encontraba en un paraje de la localidad de Tosse, a una veintena de kilómetros al norte de Bayona.

El hallazgo supone un auténtico jarro de agua fría para los que montaron y, sobre todo, para los que apoyaron el «circo» montado en abril en Bayona. Faltaban armas de todo tipo, explosivos y, lo que era más preocupante, decenas de bombas-lapa, de las que se colocan en los bajos de los automóviles, tal y como adelantó este periódico. Las citadas fuentes subrayaron que no estaría de más una urgente explicación de los «artesanos y sus mariachis».

De momento, la Fiscalía de París ha abierto una investigación por los cargos de terrorismo, posesión y transporte de armas y de municiones e infracciones a la legislación sobre explosivos. La investigación corre a cargo de la Subdirección Antiterrorista de la Policía Judicial (SDAT).

Según la emisora, el zulo lo componían dos cajas de plástico enterradas a varios centímetros de profundidad en las que, además de los detonadores y los explosivos, había mapas de carreteras y topográficos con las insignias de ETA.

El «buscador de tesoros» paseaba por el bosque con su detector de metales que le marcó el lugar del escondite. Al cavar, se encontró con las cajas.

Tras dar la alerta, los gendarmes que acudieron al bosque recurrieron a los artificieros que establecieron un cordón de seguridad.

El material encontrado será objeto de análisis, sobre todo para determinar el tipo de explosivos y evaluar de cuándo datan.

La SDAT advirtió el mes pasado, por boca de uno de sus comandantes que declaró en un juicio de ETA en París, que no ve ninguna señal de que la organización terrorista pueda reanudar la lucha armada, a pesar de que una parte de su arsenal sigue escondido.

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