AGLI Recortes de Prensa   Lunes 15  Enero 2018

2018: desgobierno general o elecciones
Roberto Centeno elconfidencial 15 Enero 2018

El nefasto régimen del 78 nos robó la democracia imponiéndonos una oligarquía corrupta sin separación de poderes y un Estado autonómico que es la ruina política y económica de España. Durante 40 años nos ha llevado a crecer por debajo de nuestro potencial, empobreciéndonos respecto a las naciones de nuestro entorno —del 8º PIB mundial hemos pasado al 14º; de una renta per cápita en 1975 del 83% de la media de los nueve países de la entonces CEE al 72%; o de un sector industrial que era el 36% del PIB al 15%—. Ese régimen ha culminado en 2017 en un desgobierno general donde los grandes problemas del país —burbuja de deuda, sistema de pensiones, lideres europeos en desigualdad o empleos de miseria— fueron totalmente abandonados. Pretender agotar la legislatura con un BCE a punto de cesar las compras de deuda y subir tipos sería un desastre sin paliativos. Resulta asombroso el apego enfermizo de Rajoy al poder para no gobernar. Cara a 2018, su única obsesión es frenar a Cs, para lo que ha ordenado concentrar todo el esfuerzo del Gobierno, bloqueando así cualquier transformación.

Rato y Solbes en la comisión de Crisis del Parlamento han probado con hechos y cifras la desastrosa gestión de la crisis financiera en España y la manipulación masiva de la realidad para tratar de ocultarla. Lo que han explicado es de cárcel y ¡nadie ha respondido de nada! Y, además, en contra de las mentiras de Rajoy sobre la recuperación, esta no solo no ha acabado, es que nos llevará a suspensión de pagos en cuanto el BCE cambie el rumbo de su política expansiva por una razón sencilla: porque hemos acumulado una burbuja de deuda imposible de devolver (1,58 billones); porque el sistema financiero debe 367.000 millones al Eurosistema (¡el doble que en 2014!) y, cargado de deuda, entrará en crisis; y porque crece a base de deuda —para crear 70.000 millones más de PIB, Rajoy nos ha endeudado en 630.000—. Esto no es superar una crisis, es ir a la quiebra.

Los grandes perjudicados de Rajoy
Rajoy ni tiene ni ha tenido nunca plan ni proyecto alguno de país. Con el doble de asesores que Trump, el triple que Merkel o el cuádruple que Theresa May y sueldos de hasta 80.000 euros, sus 623 asesores —de ellos 245 a dedo, de los que solo 78 tienen estudios superiores— han sido incapaces de definir la menor estrategia de futuro. Desde que tomó el poder, ha vivido en la improvisación, el día a día y en la traición a los valores históricos del PP, lo que ha permitido la mayor ola de corrupción conocida y la casi destrucción de la unidad nacional.

Rajoy es además un gestor desastroso. Ha expulsado a los mejores y, a los ineptos, cuanto más lo son mayor cargo tienen. Por no hablar del equipo económico, otro desastre de improvisación, de manipulación y de mentira. De Guindos arruinó a miles de inversores vendiéndoles bonos basura a precio de oro y es el responsable del rescate bancario más desastroso de Europa. Juró que no costaría un euro y superará los 100.000 millones, y lo que es peor, destruyendo el sistema financiero más competitivo en Occidente, convirtiéndolo en el más monopolístico en grave detrimento de los ciudadanos. Solo el dinero de Draghi les ha permitido sobrevivir.

En el orden de perjudicados, ocupa el lugar de honor Felipe VI, al que Rajoy juró odio eterno desde que ofreció a Pedro Sánchez el encargo de formar Gobierno, al negarse él a hacerlo aunque el PP fue el partido más votado. Los siguientes perjudicados son los parados. Cuando Rajoy llega al Gobierno, la tasa de cobertura alcanzaba al 70,7% de los parados; hoy es solo del 55,6%. Medido por la EPA y no por los datos del servicio público de empleo, dos de cada tres parados amanecen cada día sin ningún tipo de prestación o subsidio. En 2016, de los 4,5 millones de parados estimados por la EPA más de tres millones no recibían prestación o subsidio alguno; están literalmente tirados en la cuneta. Y el tema va a peor porque la temporalidad de los empleos creados y los contratos a tiempo parcial hace que millones de jóvenes no tengan derecho a nada.

Luego vienen los 9,5 millones de jubilados actuales y, peor aún, los millones de jubilados futuros. El sistema de pensiones está quebrado y ha necesitado un endeudamiento de casi 11.000 millones en 2017 y más de 15.000 en 2018 mientras el despilfarro político sigue intacto —36.000 millones en duplicidades entre AAPP, 15.000 millones en empresas públicas inútiles, 13.000 millones del cupo vasco y cientos de miles de enchufados públicos con sueldos un 54,8% superiores a los del sector privado (1)—. El plan del PP es: reducir el poder de compra de las pensiones actuales, Ley de Sostenibilidad a partir de 2019 —se reparte lo que haya en función de la esperanza de vida—, un recorte del 30-40% en las nuevas pensiones y la gran fechoría: preparan la supresión de las pagas extra.

La clase política no está en resolver los problemas. A Rajoy solo le interesa frenar a Cs
Y luego estamos todos los demás pero, sobre todo, nuestros hijos, que por primera vez en siglos vivirán peor que sus padres. Haber elevado la presión fiscal sobre la clase media y trabajadora al mayor nivel de la historia ha generado una deuda tan brutal que arruinará sus vidas. Gobierno y medios engañan a los españoles con la deuda (una ficción contable de Bruselas), que es del 99% del PIB. Pero la deuda total —1,58 billones de euros a junio— es del 138% del PIB oficial, o el 166% del PIB real. Si como exige Jens Weidman, presidente del Bundesbank y candidato de Merkel para suceder a Draghi en el BCE, “hay que poner fin a la compra de deuda”, España tendrá que suspender pagos porque no hay mercado para nuestra deuda. ¿Cómo puede mantenerse el disparate de que el interés del bono español a dos años sea del -0,17% y el de EEUU del +2,0%?

Pero, para nuestra desgracia, la clase política no está en resolver los problemas de España. A Rajoy solo le interesa frenar a Ciudadanos y seguir mofándose de los cientos de miles de banderas que aún cuelgan en toda España. Rivera, con los poderes fácticos volcados a su favor y con cuatro puntos de ventaja en las encuestas, parece querer esperar (¿a qué?) y no forzar elecciones. Sánchez, que jugó a dos barajas en Cataluña y con la “España plurinacional y federal”, no remonta. E Iglesias, que carece de proyecto de España y es tan antiespañol que no se olvida de que sus gobiernos protectores, Venezuela, Bolivia o Irán, son profundamente patriotas, desaparecido en combate. Si Rivera no mueve ficha, 2018 será un año más de desgobierno absoluto. Si él cree que puede esperar, España no puede.

(1) Según las cifras publicadas por el INE el pasado noviembre, los salarios medios del sector público en 2016 fueron de 2.623 euros al mes, frente a 1.649 los del sector privado, un 59% mas, una diferencia tan escandalosa que no existe en ningún otro país desarrollado. La causa son los dos millones de enchufados que ganan un 35% más que los funcionarios profesionales. El caso más sangrante son los 20.000 asesores cuyos sueldos medios son de 80.000 euros anuales o los 425.000 políticos 'profesionales', el triple que en Alemania.

La ruleta rusa está girando (8)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 15 Enero 2018

SEGÚN JUAN LUIS CEBRIÁN HAY QUE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN PARA ADAPTARLA A LAS EXIGENCIAS DE LOS GOLPISTAS.

Desde su tribuna en EL PAÍS digital, Juan Luis Cebrián ha escrito un artículo en el que se pregunta eso de ¿Vuelta a la normalidad en Cataluña? Asegurando que “España necesita cambios estructurales en contra de lo que el Presidente del Gobierno presupone y de la parálisis de los principales líderes del arco parlamentario”. A continuación, pasa a desglosar ese concepto asegurando que tras la intervención de la autonomía aprobada por el Senado “ha sido unánime el clamor en demanda del regreso a la normalidad en el antiguo Principado”. Esa vuelta a la normalidad que aclara diciendo “Si por normalidad se entiende el ajustarse a la norma, que es la ley en el Estado de derecho, las decisiones judiciales y la propia aplicación de la Constitución lo garantizan”, considerando que casi todos piensan que esta se producirá tras la constitución del Parlamento de Cataluña salido de las urnas del 21 de diciembre. Claro que aquí la interpretación de esa “normalidad” discrepa diametralmente entre lo que piensan los independentistas y lo que piensan los llamados constitucionalistas. Los primeros ven los resultados de su mayoría parlamentaria como un aval a recuperar lo perdido tras la intervención del 155, mientras que los segundos, desde su minoría, ya se ven en la misma oposición estéril que tenían previa a la Declaración Unilateral de Independencia y la posterior intervención.

Considera la democracia como “un método, una formalidad que garantiza entre otras cosas que el fin no justifica los medios. Y si sus reglamentos no sirven para atajar los problemas de fondo es preciso reformarlos”. Es esta una visión bastante miope de lo que realmente es una democracia representativa, porque también las hay asamblearias. Se refiere a ese tercio de españoles que “otorgan su voto a formaciones políticas abiertamente beligerantes contra ese sistema, al que consideran culpable de las desigualdades e injusticias, de la agresión a las identidades de todo género y de la privación de derechos (algunos llegan incluso a hablar de libertades) a amplias capas de la población”. Los identifica como “los indignados” tanto de extrema izquierda como derecha y afirma que la crisis institucional de este sistema que en España tiene sus tintes singulares, pero al que se le pueden aplicar remedios universales.

A continuación, pinta un cuadro desolador y realista de la situación política actual con un Gobierno en minoría empeñado en destruir a su socio y competidor, una izquierda fragmentada y desorientada, un calendario judicial que afecta directamente a la Monarquía, a ex miembros del Gobierno del PP, (se olvida de los casos que afectan a representantes destacados del PSOE sobre todo en Andalucia), a los miembros del exGobierno de la generalidad en prisión o fugados, etc., para concluir que “hablar de volver a la normalidad en Cataluña supone un empeño loable y una asignatura obligatoria, cuyo aprobado final nos puede exigir una década de esfuerzos y evaluaciones permanentes”. Y aquí creo que se queda otra vez muy corto en su apreciación, ya que recomponer el daño causado al menos necesitará tanto tiempo como el que se gastó en producirlo. Y eso contempla varias décadas y generaciones de ciudadanos adoctrinadas en el nacionalismo más excluyente y el fomento del odio a España y a la cultura común de todos los españoles.

Afirma Cebrián que las últimas encuestas indican que el problema de Cataluña ya no figura entre las principales preocupaciones de los españoles. Y personalmente opino que los encuestados no son conscientes de la situación de especial gravedad a la que nos estamos enfrentando y además consideran que, con la intervención fugaz y contenida, todo se solucionará con el nuevo Parlamento. Nada más lejos de la realidad. Los golpistas están dispuestos a recuperar todo lo perdido y restituir lo que el Gobierno de España ha suprimido como es el caso de las llamadas “embajadas”, o el despido masivo de asesores. Los golpistas intentarán hacer valer su mayoría para retomar las exigencias de autonomía plena y la creación de estructuras de Estado. O lo que es lo mismo, alcanzar un nuevo estatus de Estado libre asociado, como paso previo a una reivindicación futura de independencia avalada por un referéndum pactado.

A continuación, se lanza a la yugular del sistema de autonomías y avisa de que “nuestro modelo de convivencia se ve ahora amenazado por una corriente de nuevo centralismo, como acto reflejo frente a las revueltas populares alentadas por los líderes de la sedición en Cataluña”. Culpa de todo a la renuncia de los Gobiernos de España de cumplir con su responsabilidad, a la radicalización de los nacionalistas y “a la ausencia de un poder federal que garantice la solidaridad y lealtad mutuas entre los diversos componentes de ese Estado”. Y aquí vuelvo a discrepar de la existencia de ese nuevo centralismo que, de existir, sería de forma muy minoritaria. La verdad no veo a los “barones” ni del PP ni del PSOE, ni preocupados ni dispuestos a devolver ni una sola de sus competencias. Al contrario, todo en las CCAA indica que lo que se acrecienta es precisamente el sentimiento de disgregación, el de la reivindicación de la exclusividad y reclamaciones históricas. Basta ver a comunidades como Baleares, claramente pancatalanista y anti española, o a la de Valencia con una izquierda abrazada al separatismo y aplicando las mismas fórmulas de adoctrinamiento y de relegación de todo lo que sea español. O incluso Asturias con su reclamación del Bable como lengua cooficial. No existe más amenaza que la de aquellos que quieren destruir España. Un nacionalismo trasnochado incompatible con el mundo en el que estamos comprometidos, una UE que debe avanzar hacia una mayor integración.

Tras ponerse flores de unas supuestas conversaciones con Artur Mas y avisarle del devenir futuro de los acontecimientos si se echaban al monte, concluye su artículo diciendo que “El regreso a la normalidad en la política catalana y en la española exige por todo ello cambios estructurales, en contra de lo que la abulia del presidente del Gobierno presupone y de la parálisis de iniciativas que atenaza a los principales líderes del arco parlamentario”. Afirma que la reforma de la Constitución de 1978 no es una opción, sino una necesidad. Entre los asuntos a tratar incluye:

"• Robustecer el Estado de las autonomías reconociéndole su carácter federal y proporcionándole las fortalezas e instrumentos que garanticen a un tiempo la solidaridad y la eficacia de su acción.

• Refundación del Senado, cuya mejor contribución a las autonomías de este país ha sido paradójicamente la suspensión de una de ellas, y una eliminación de la protección constitucional a la provincia como circunscripción electoral."

Resume que esas modificaciones “permitiría en un futuro no lejano la revisión del Estatuto de Cataluña y de otros si así lo quisieran, y la convocatoria en un referéndum legal a los ciudadanos a fin de que pudieran expresar su apoyo al modelo de relación con el resto de España”. O sea, todo lo hecho se justifica exclusivamente para dar un “encaje” a Cataluña y calmar sus aspiraciones independentistas, que vía referéndum pactado podrían optar por no aceptar las condiciones de ser uno más de los Estados federales y proclamarse como República independiente en igualdad con lo que quede de España e integrados en la UE como miembros de pleno derecho.

Pues no, Sr. Cebrián, no acepto pulpo como animal de compañía, y mucho menos un escorpión con su aguijón dispuesto a atacar en el momento en que se vea mínimamente en riesgo. El tipo de República Federal a la que puede aspirar España sería mucho mejor que el de las actuales autonomías, verdaderos reinos de taifas donde la insolidaridad inter territorial se impone sobre el interés general y los derechos de los españoles que los ven violados de forma sistemática en comunidades como Cataluña y las pancatalanistas de Baleares y Valencia. Y lo que se echa en falta no es una vuelta a un centralismo obsoleto, sino el sentimiento de orgullo de ser y sentirse español. Y mucha culpa de ello la tiene la izquierda y sobre todo el PSOE que, en su intento de señalar al PP como herederos del franquismo, ha contribuido a asociar la imagen de símbolos nacionales como la bandera o el himno, como expresiones del más rancio fascismo, enarbolando otras como la bandera tricolor pretendidamente republicana. Usted y Pedro Sánchez se pueden quedar con su reforma de disgregación e insolidaridad, y por mi parte pueden tirarla directamente al vertedero más cercano para que sea incinerada.

¡Que pasen un buen día!

TV3 censura a 'El País'
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 15 Enero 2018

El buque insignia de PRISA, que durante tres décadas largas ha sido el escudo mediático de la inmersión lingüística, de la impunidad judicial de los Pujol y de todas las tropelías del separatismo catalán, ha sido objeto de lo que, en mi opinión, es uno de los atropellos más escandalosos que ha padecido la libertad de expresión, a manos de un juzgado de Barcelona. No he visto muestras de apoyo a El País en los demás medios, porque cada uno recoge lo que siembra, y quizás yo debería ser el último en salir en su defensa, porque he padecido como nadie la corrupta utilización prisaica de los tribunales de justicia para acallar a sus enemigos ideológicos o rivales profesionales, EL MUNDO entre ellos. Sin embargo, al ojear la noticia de la condena a El País me quedé realmente estupefacto. Una cosa es desear el mal al malo y otra no ver que el mal está en todas partes y afecta a todos.

Desde que empezó el golpe de Estado en Cataluña, que este miércoles inaugura nueva temporada de soponcios y sorpresas, porque gracias a las elecciones adelantadas sigue intacto, varios medios nacionales hicieron la prueba de seguir durante un día o dos, sin interrupciones, la programación de TV3. La razón, aparte de la libertad de expresión que se supone nos asiste, era la denuncia de los partidos no separatistas pidiendo su cierre o un cambio radical de dirección, por la escandalosa manipulación informativa y el descarado apoyo al Golpe. El resultado fue el habitual: la denuncia de la parcialidad de un medio público convertido en abogado del odio a España y al régimen constitucional. El País, lento ballenato rajoyano, lo había hecho el último, pero lo hizo. Y contra él ha ido TV3, no sé por qué, exigiendo el derecho de rectificación por una opinión adversa a algunos de sus programas.

Pero una jueza, en vez de recordar a TV3 que como medio público debería respetar, primero, la democracia, y luego, el derecho a criticarla de los que pagan sus derroches, ha ordenado la inserción de la crítica de TV3 a El País... en El País. Y lo hace, literalmente, «sin entrar en si la información es veraz o no». ¿En qué queda la libertad de expresión? ¿Y el artículo 2 de la Constitución? ¿Permitirá la juez que, a base de rectificaciones, los medios defensores del orden constitucional, enmendemos toda la programación de TV3?

Batacazo a la vista
Luis Herrero Libertad Digital 15 Enero 2018

A veces llamo de oficio a los pocos amigos que aún se me ponen al teléfono en el PP y les pregunto con rutinario desinterés cómo ven las cosas en su partido. Las respuestas suelen ser de dos clases. Primero están las que siguen el guión del argumentario. Suelen ser conversaciones aburridas: generalidades autoexculpatorias, predicciones buenistas y razonamientos poco aristotélicos. Hay algunos, no sé si incapaces de pensar por sí mismos o temerosos de hacerlo para no caer en depresión, que se creen lo que dicen y porfían durante las réplicas como esforzados proselitistas del buen juicio de Rajoy, a quien Dios debe guardar muchos años por el bien de España. Otros cumplen el trámite sin ningún convencimiento movidos por el interés superior de no meterse en líos, tan propio del estilo de la casa.

La segunda clase de respuestas, minoritarias pero con tendencia a crecer exponencialmente desde la debacle catalana, proceden de criterios personales críticos con los mensajes que destilan los alquimistas del pensamiento oficial. La mayoría de esa gente está horrorizada. El futuro les aterra. Dan por segura la catástrofe electoral y no descartan que el futuro les confine en la irrelevancia. Es gente lúcida, pero resignada. A la pregunta de por qué no se animan a abrir un debate interno que pueda promover soluciones cautelares la respuesta es demoledora.

Mi último interlocutor me dijo que Rajoy fulmina a los pesimistas y que no hay nadie en su sano juicio que quiera inmolarse por una causa imposible. "Ni conseguiría abrir el debate, porque hay una ley no escrita en este partido que los prohíbe bajo amenaza de ostracismo, ni tendría la más mínima posibilidad de torcer la voluntad de Rajoy. Aquí todo el mundo dice amén a lo que dice el de arriba". Le miré con ganas de darle el pésame y él, agradecido por el gesto caritativo, me regaló el rumor de que se estaba preparando un cambio de ministros para los próximos días. "Parece ser -me aclaró en tono confidencial- que le han convencido para que anuncie en la Junta Directiva del lunes la incorporación al Gobierno de algunos pesos pesados de la estructura territorial del partido. Necesitamos un impulso. O despertamos o nos vamos a la mierda".

La hipótesis de la mierda no es descartable, desde luego. La encuesta de Metroscopia que conocimos el viernes marca ese camino. Y la del ABC que acabamos de conocer, también. Y la de El Español de hace unos días, lo mismo. Me contó mi amigo que hasta Pedro Arriola maneja datos, en su laboratorio de probetas demoscópicas de doctor Bacterio, que ponen los pelos como escarpias. Ante ese cúmulo de predicciones catastróficas no cabe duda de que Rajoy debería atender la demanda de darle a la acción del Gobierno un nuevo impulso político. En ese razonamiento se basan los más optimistas para pronosticar la crisis ministerial. Sin embargo, yo no creo que la haga.

En primer lugar porque a Rajoy el Gobierno siempre le ha parecido una institución, como todas las colegiadas, manifiestamente irrelevante. En segundo lugar porque no se me ocurre -más allá del socorrido nombre de Núñez Feijoo- ningún recambio que pueda darle al banco azul la solvencia política que se le reclama. El PP es un partido que renunció hace mucho a la excelencia de sus líderes. Y en tercer lugar porque el presidente del Gobierno no cree, en el fondo, que haya ninguna necesidad de impulsar políticas renovadas. Lo suyo es el trantrán, la resistencia y las debilidades ajenas.

Él sabe, porque tonto no es, que si sigue en el poder no es por su capacidad de ilusionar a los votantes, sino por el miedo que despierta en un amplio sector de la sociedad la alternativa sociocomunista de Iglesias y Sánchez. Cree que le basta con sacudir ese espantajo para ahuyentar a los descontentos de la tentación de dejar de votarle. A su juicio no se trata tanto de sumar nuevos apoyos a su proyecto político, sino de evitar que los sume el adversario. Por eso lo ha fiado casi todo a promover el voto del miedo favoreciendo a Podemos.

Lo que me cuentan mis espías paraguayos es que Rajoy sigue convencido de que la estrategia que le ha traído hasta aquí sigue siendo válida y que sería un error cambiarla por otra. Cree que el efecto Ciudadanos es coyuntural en el tiempo y en el espacio -hoy y en Cataluña- y que se desvanecerá como un espejismo cuando que haya que votar en los municipios y las comunidades autónomas del resto de España. Sin embargo, yo creo que se equivoca.

Si leyera de otra forma los datos electorales -tanto los que se han verificado en Cataluña como los que barajan las encuestas que se están publicando estos días- se daría cuenta de que los españoles están muy descontentos con el modelo bipartidista que ha imperado hasta ahora en la política española y que el núcleo duro del electorado del PP, el de los fieles pensionistas de la España rural, ha comenzado a migrar al partido de Rivera.

El PSC no se benefició en Cataluña del bajón de Podemos, lo que significa que las ganancias que obtuvo por ese lado no compensaron las pérdidas que cosechó por el otro. No es solo el PP quien se está quedando sin votantes moderados. Al PSOE le pasa lo mismo. Por eso el bipartidismo está seriamente amenazado. Los problemas actuales no se perciben como la consecuencia directa de la gestión de populares o socialistas, sino como resultado de la sucesión de alternancias que se han producido desde el 77 hasta ahora. Ni unos ni otros han sido capaces de resolver los problemas estructurales a los que nos enfrentamos. Ha llegado el momento de cambiar de apuesta. Las anteriores apenas dejan sitio para la esperanza.

Rivera no era percibido hasta ahora como un recambio razonable porque su base electoral, urbana, joven y culta, aun no había logrado romper lo que los expertos llaman la barrera digital -la de las nuevas tecnologías- y extenderse entre los ciudadanos de más edad y menos estudios, agrupados en poblaciones pequeñas, que dan y quitan las mayorías parlamentarias. Pero eso ha empezado a cambiar. Una lectura medianamente atenta de las últimas encuestas así lo demuestra. El PP se está quedando sin la tarima del suelo que le ha sostenido en los momentos difíciles.

¿Será capaz Rajoy de darse cuenta a tiempo para evitar el batacazo que se avista? Para eso sería necesario que aprendiera a escuchar. A escuchar a todos. Incluso a los pesimistas. Y que éstos, por supuesto, le perdieran el miedo a decir lo que piensan. Vamos, que sería necesario un partido democrático y un líder autocrítico. ¡Casi ná! Rivera puede dormir tranquilo.

El PP y la ceguera voluntaria
EDITORIAL Libertad Digital 15 Enero 2018

La subida espectacular de Ciudadanos en todas las encuestas representa un serio toque de atención a la dirección del PP, a pesar de que Mariano Rajoy y la camarilla que controla el partido cada vez menos popular –en ambos sentidos– pretendan ignorar el vaticinado sorpasso. En esta burda estrategia para quitar importancia a la fortísima subida de la formación capitaneada por Albert Rivera destaca, por su ridícula puerilidad, la reacción del portavoz del Gobierno, el pedante burócrata estupendo Íñigo Méndez de Vigo, que el mismo día en que los sondeos colocaban a Ciudadanos como la opción electoral preferida de los españoles jugó a despreciarlo llamándolo "el partido ce-ese". Verdaderamente, no ofende quien puede.

En vez de hacer el ridículo de esta manera que abochorna a sus electores, lo que deberían preguntarse los dirigentes populares es por qué su partido no deja de bajar y por qué Cs no deja de subir. ¿Qué está haciendo, o dejando de hacer, el PP para que sus votantes estén dándole la espalda y aupando a Ciudadanos?

La respuesta está, en buena medida, en la cuestión nacional. En el poderoso lema España y Libertad.

Sin lugar a dudas, los votantes españoles están teniendo muy en cuenta la respuesta de los distintos partidos a la intentona golpista del separatismo catalán. Y todo parece indicar que la defensa de la Nación y de su Estado de Derecho, de la igualdad en deberes y derechos de todos los españoles, son asuntos cruciales que cada vez en mayor medida el votante de centro-derecha prefiere confiar a Ciudadanos que al Partido Popular.

Sin quitar méritos a la formación de Rivera e Inés Arrimadas –la candidata que más votos obtuvo en las elecciones en que Xavier García Albiol quedó último entre los partidos con representación en la Cámara regional catalana–, la augurada subida de Ciudadanos y el batacazo de los populares son las dos caras de una misma moneda. ¿De verdad se creen en Génova que el desplome nacional del PP es un imposible? ¿Por qué no se ponen en lo peor? ¿Quizá porque el PP no sabe ya lo que es perder tres millones de votos en apenas un lustro (2011-2016)? ¿Quizá porque en el mismo tiempo el PP ha pasado de gobernar media España con cómodas mayorías absolutas a sólo poder hacerlo en Galicia?

Qué asombrosa es la ceguera voluntaria. Y qué demoledora para los cobardes que se aferran a ella.

EL DISPARATE DE HACER EL BABLE COOFICIAL
En la España autonómica ya no cabe un gilipollas más
Nuevo despropósito autonómico: la oficialidad del bable en Asturias
Periodista Digital 15 Enero 2018

Como a perro flaco todo son pulgas y todo lo que va mal es susceptible de empeorar, no teníamos bastante dosis de separatismo panvasquista, pancatalanista y pangallegista que en Asturias cada vez va teniendo mayor resonancia un separatismo asturiano minoritario de baja intensidad, embrionario pero latente.

Solo faltaba que el PSOE, IU y la versión postmoderna de ambos Podemos se hicieran eco y hagan de caja de resonancia/tontos útiles de los separatistas asturianos para crear un nuevo problema donde hasta hace bien poco plantear cuestiones como la oficialidad del bable en el Principado no hubiera pasado de chiste de tercera.

El argumento utilizado por los separatistas asturianos y los "tontos útiles" que les ríen las gracias para imponer la oficialidad del bable asturiano siempre se basa en dos coordenadas: el derecho de los hablantes del idioma/dialecto en cuestión y la necesidad de preservar la "riqueza lingüística".

En realidad lo que pretenden es construir una identidad paralela para, una vez haya triunfado ésta, separarse del resto y así disfrutar de esa realidad "nacional" creada de manera artificial.

Que Podemos, IU o un partido separatista promuevan el separatismo no engaña a nadie; pero que partidos teóricamente "nacionales" como PSOE y el PP en Galicia o Valencia fomenten directa o indirectamente la imposición lingüística, la construcción de una realidad nacional o el cambalache asqueroso con los separatistas, resulta cuanto menos una estafa. Que cada cual saque sus propias conclusiones.

España se asienta en una nación culturalmente diversa, pero vertebrada por la historia y el idioma -el castellano- comunes.

Es evidente que esta realidad no ha sido bien defendida ni explicada en el desarrollo del Estado autonómico, porque en parte fue sacrificada en aras del consenso constituyente de 1978. El resultado no ha sido, precisamente, un armonioso bilingüismo.

El problema nunca ha sido el derecho individual de cada ciudadano a hablar una u otra lengua, sino la transformación del bilingüismo en un arma política que ha acabado con la invención del derecho del idioma sobre el derecho del ciudadano.

La lección de estos perjuicios no parece haber sido aprendida y, por eso, PSOE (corriente sanchista) y Podemos, con el apoyo inefable de Foro Asturias, pretenden implantar en el Principado de Asturias la cooficialidad del bable con el castellano.

En un tiempo que obliga a los estudiantes a manejar el inglés como condición casi obligatoria para encontrar un trabajo de calidad, una propuesta de cooficialidad allí donde no hay el más mínimo rastro de demanda social en tal sentido constituye un ejemplo de irracionalidad política y de manipulación sociológica.

Los asturianos se entienden bien en castellano y los que quieren hacerlo en bable, lo hacen. El socialismo sigue travestido de fotocopia nacionalista, a pesar de los reveses que esta opción le ha deparado.

El bable cuenta con una protección legal suficiente para que lo aprenda quien lo desee. Los experimentos localistas ya han dejado suficiente huella de división y confusión.

La propuesta de PSOE y Podemos es absurda, pero no gratuita. Responde a ese prejuicio de la izquierda extrema de seguir asociando con la derecha el valor de la unidad nacional entre españoles.

Y con iniciativas así sólo consiguen que muchos ciudadanos dejen de ver al PSOE como un partido nacional.

Las CCAA tienen 43.000 empleados públicos más que antes de la crisis
Extremadura, Navarra y Asturias son las regiones con más empleados públicos por cada 100.000 habitantes.
Patricia Malagón Libertad Digital
15 Enero 2018

El Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por el Ministerio de Hacienda, recoge los datos de empleados públicos con los que cuenta el Estado a nivel nacional, autonómico y local. Las Comunidades Autónomas son las que más empleos aglutinan, con un total de 1.303.641 a fecha de julio de 2017.

En este informe, se hace un balance del crecimiento del empleo público en los últimos años. En enero de 2007, poco antes de que estallara la crisis financiera internacional, el número de funcionarios y empleados autonómicos era de 1.260.575, unos 43.000 menos que en la actualidad. Con respecto al año 2005, el crecimiento ha sido todavía más llamativo, puesto que el personal al servicio de las autonomías ha crecido en 113.000 efectivos.

En 2012, el año de los recortes, fue, curiosamente, el que más funcionarios y empleados públicos tenían las CCAA. Hace cinco años, la cifra era de 1.351.883 trabajadores, de modo que su volumen apenas se habría reducido en unos 48.000 empleados desde entonces, si bien ha comenzado a repuntar en los últimos años.

fungr1.jpg

Tan sólo cuatro regiones tienen menos empleados públicos que en 2007. Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha recortado, llegando a reducir un 8,4% el número de trabajadores autonómicos en la última década. Valencia, Andalucía y Castilla y León son las otras tres autonomías que han reducido esta cifra, 6,3%, 4,5% y 1,8%, respectivamente. En la otra cara de la moneda se encuentran Navarra, Baleares y Aragón, que han visto aumentar sus plantillas un 34%, 24,3% y 15,2%, respectivamente, en los últimos diez años

fungr2.jpg

A fecha de julio de 2017, la comunidad con mayor número de empleados públicos fue Andalucía, que acumula 239.971 trabajadores a cargo de la Junta. En segundo lugar, Cataluña con 168.681 y cerrando el podio Madrid con 155.647.

A pesar de ello, estas tres CCAA no son las que más trabajadores acumulan en comparación con su población. Según publica el think tank Institución Futuro, Extremadura (4.273), Navarra (4.162) y Asturias (3.565) son las regiones con más empleados públicos por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, Cataluña (2.232), Comunidad Valencia (2.359) y Madrid (2.392) registran las cifras más bajas en términos relativos.

fungr3.jpg


******************* Sección "bilingüe" ***********************


El Encuestazo, el Partido Ce Ese y Marisoraya de Godó
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 15 Enero 2018

Aunque estemos a sólo tres días de saber si la fantasmada separatista catalana se concreta en holograma, avatar, piscofonía o cara de cocomocho, el asunto político que trae de cabeza a todos los partidos políticos no es qué hará el fantasmón de Bruselas sino cómo digerir el encuestazo de El País, que probablemente este domingo corroborará el ABC, y que coloca a Ciudadanos como primera fuerza si ahora hubiera elecciones generales, con cuatro puntos de ventaja sobre el PP, cinco sobre el PSOE y doce sobre Podemos.

Por supuesto, una encuesta es la temperatura de un estado de opinión pública en un momento determinado, y puede decirse que ya otras veces ha sido más favorecido en las encuestas que en las urnas el partido de Rivera y Arrimadas. Y cabe hablar ya de los dos líderes de Ciudadanos porque ha sido la excelente campaña de Arrimadas, contra toda clase de canalladas, la que ha marcado el despegue espectacular de su partido. Rivera es el líder, pero a la que llaman "mala puta" es a Inés. Démosle el mérito que tiene.
Lo nuevo en las encuestas

Lo malo del encuestazo del viernes es que corrobora la tendencia de todas las encuestas desde hace dos meses. Cataluña ha supuesto el cambio del "voto útil" de centro-derecha del PP a Ciudadanos, y eso no es un hecho aislado sino la pieza más llamativa de un cambio de tendencia más profundo, marcado por el desafío separatista. Todos se han puesto a hacer cábalas sobre la capacidad que tendría Ciudadanos para elegir socio de gobierno -o gobernar en solitario con independientes de izquierda y derecha, que, a mi juicio, es lo que convendría- pero casi nadie se ha fijado en que lo que marca el encuestazo, anunciado por El Español y corroborado por ABC, es un clarísimo giro a la derecha del electorado.

La clave es la crisis nacional, por la que ha salido la gente a la calle con sus banderas y dando vivas al Rey. Y ante esa crisis que ni el PSOE -pese al certero análisis de Guerra sobre el fenómeno de las banderas- ni, por supuesto, Podemos, contemplan siquiera como problema, salvo para agravarla, el único partido que ofrece esperanza es Ciudadanos. Porque, y esto es lo nuevo, el PP no tiene credibilidad como obstáculo al separatismo.

La izquierda no tiene remedio, al menos mientras en el PSOE siga con la murga del federalismo y la plurinacionalidad, que apenas esconde su plan, que es el del PSC, de desmantelar la soberanía nacional española con los separatistas catalanes y vascos. Lo de Podemos es peor, porque se le ve como una fuerza separatista más, con un liderazgo central cada vez más débil y una dependencia, a la larga insostenible, de grupos separatistas. La vuelta de Iglesias tras hibernar estas Navidades ha confirmado que no es capaz de reconocer lo que le pasa: que nadie lo ve como un líder nacional. Es la única noticia buena para un PSOE condenado a morir de federalismo, cuando lo que la opinión pública pide, cada vez con más fuerza, es unidad.

La crisis del PP es, sin embargo, la más honda y más desconcertante. Por supuesto, Rajoy no ha dejado de bajar en los últimos cuatro años, pero le pasa como a Iglesias, que se niega a reconocer lo que le pasa: que no lo quiere la gente y que gobierna con la respiración asistida de Ciudadanos. Hace dos años que lo anunció Aznar, y lo echaron con cajas destempladas de politburó rajoyano: el PP no es propietario de los votos de la derecha y si sigue actuando como si lo fuera, acabará perdiendo su clásica y sólida hegemonía. Esa opinión consta en la hemeroteca. Ahora, en las encuestas.

No hay peor ciego que el que no quiere ver
Pero si la reacción ante el palizón de Cataluña fue nula, ante el encuestazo ha sido patética. El portavoz del Gobierno se refirió al socio que le permite a él infatuarse y piafar bellacamente cada viernes como "el partido Ce Ese", recordando a Urdaci y su "Cecé Oó" y, sobre todo al hoy desahuciado Floriano, que les llamó en catalufo bellotero "Chutatans". Hace falta ser oceánicamente tonto, con síntomas de falta de riego cerebral, para decir eso el mismo día en que Rafael Hernando, el que bailoteaba con Irene Montero para divertir a Wyoming, se queja de que "el partido Ce Ese" no les presta algún diputado para formar grupo parlamentario en Cataluña. ¿Una orden mendicante se muestra despectiva? ¿Habrá majadería mayor?

Cualquier partido grande tiene rachas buenas y malas, lo que no se puede permitir es la costumbre de negarse a ver lo que está a la vista. Y desde el maldito día en que Rajoy quiso que se votara en Cataluña antes de juzgar a los golpistas, lo que ve cualquiera es una ola de opinión a favor de Ciudadanos. Y la mejor forma de convivir con ella no es combatirla, sino acompañarla. Claro que Rajoy es el que se burló de Rivera después de que éste le hiciera Presidente diciendo que un líder del PP "no se le encuentra en las cafeterías". A este paso, se le va a encontrar en la cola del INEM.

Vuelve la Virreineta del diálogo
Y en vez de amigarse con Ciudadanos, la Moncloa prefiere volver a amancebarse con Godó y el famoso "catalanismo moderado", el de Millo y compañía. Unos días después de las elecciones catalanas, tras cosechar el peor resultado de cualquier partido nacional en unas elecciones regionales o nacionales, el Gobierno del PP habilitó la entrega de nueve millones de euros a la red de medios de comunicación en catalán que conforman la estructura básica del golpe de Estado separatista: 7 millones para el grupo Godó y otras empresas de menor envergadura en prensa escrita, radio y televisión, y 2 millones para los medios de internet, que han sido y son la avanzadilla más violentamente antiespañola del golpismo separatista

La excusa de Moncloa para derramar una lluvia de oro sobre unos medios incapaces de valerse por sí mismos y concebidos para la ruptura con España desde tiempos de Artur Mas, es que si ayudaban a Godó y no a los digitales "podrían acusarlos de prevaricación en los tribunales". Que es donde están los jefes políticos de esa barahúnda de medios adoctrinadores y manipuladores cuyo único fin es destruir el Orden Constitucional. Moncloa prefiere que le acusen de ayuda a la rebelión que ser criticada por Juliana.

Cospedal ha asegurado a su entorno que cuando en la Pascual Militar denunció la campaña de noticias falsas y manipulaciones putinescas contra España a cuenta del desafío separatista no sabía que estaba haciendo el más espantoso de los ridículos porque su íntima enemiga Soraya había decidido seguir financiando la mayor máquina de mentir de Europa, creada por la Generalidad y alimentada con dinero de todos los españoles para insultar a España, burlarse de la Constitución, ciscarse en la Ley y ser una de las pocas empresas que no tienen que salir de Cataluña para sobrevivir. El 'partido Pe Pe' asegura su solvencia financiera. Ninguno de los medios de papel o internet en España recibimos esa ayuda (ni la pedimos), pero de ser en catalán y separatistas ganaríamos mucho dinero, directamente extraído de los bolsillos de los ciudadanos, y , como diría Guerra, ¡Tó p’ar Gorpe!

Otra: pocos días después de tener que devolver las tallas de Sijena, el consejero de Cultura de la Generalidad Méndez de Vigo recurrió ante la Justicia el cumplimiento de la orden judicial por el ministro de Cultura… Méndez de Vigo. El argumento es sorayino... "Si no lo hacemos, podrían acusarnos de prevaricación", los que podrían acusarles son los acusados de delitos tan graves como los de rebelión, sedición y malversación de fondos, por urdir y perpetrar el Golpe de Estado desde la Generalidad y con fondos del FLA (tres millones halló la policía) pero a los miembros y las 'miembras' del Gobierno y la 'Gobierna' del 'Pe Pe' y de la 'Pa Pa', les preocupa más qué dirá Juliana que Llarena "Marisoraya quiere dialogar" -se reirá Godó- "Y yo le sigo y le cobro la corriente…" Hasta que se los lleve a todos la riada.

La desvergüenza de Puigdemont
El Semanal Digital 15 Enero 2018

Sólo Puigdemont y la CUP impiden una cierta normalización en Cataluña. Aislarles es una cuestión de Estado que En Comú Podem y el PSC deben compartir y aplicar sin excusas ni dilaciones.

A pesar de la inmensa fractura en el bloque soberanista, con el propio Junqueras y su predecesor Artus Mas claramente en contra, Puigdemont insiste en ser investido president de Cataluña desde la distancia, sin haber ganado las elecciones, forzando de nuevo la ley y sin personarse en el Parlament.

Aceptado a regañadientes el marco constitucional por la mayoría de los partidos catalanes, que no renuncian a su desquiciada independencia pero ya no se atreven a imponerla por la vía uniltateral, sólo quedan dos escollos al respecto: el inefable president en el exili, y las pintorescas CUP, que pretenden repetir una fórmula de pacto y objetivos que convirtió la pasada legislatura en un despropósito ineficaz, sólo válido para enfrentar a la sociedad catalana y desestabilizar al conjunto de España.

Que ni los protagonistas del procés se creían esa deriva queda reflejado por su negativa a acudir en coalición a las urnas el pasado 21D; y da cuenta de ello también la inmensa tensión y degradación que desde entonces han sufrido: unos están en prisión, otros fugados y todos enfrentados entre sí, con una derrota histórica en las urnas que no disipa ni la posibilidad aritmética de mantenerse en el Govern con un pacto de intereses más que de coincidencias.

Un retroceso
Con ese panorama, la primera obligación de todos los partidos respetuosos con la ley, sean cuales sean sus objetivos político en todo lo demás, debiera ser ayudar a sustituir o al menos aislar a un movimiento capcioso que ha hecho virar a Cataluña desde las posiciones más vanguardistas de Europa hasta las más retrógradas.

Pero no parece estar pasando eso, sino todo lo contrario. En Comú Podem parece volcada en sostener al nacionalismo, tanto en la composición de la crucial Mesa del Parlament cuanto en la investidura para presidir la Generalitat: quizá Colau e Iglesias no estén del todo de acuerdo en que Puigdemont vuelva a la presidencia desde la distancia, pero sí parecen hacer lo imposible para que lo que representa se perpetúe en las instituciones catalanas.

El silencio
Y el silencio del PSC, secundado por el PSOE de Pedro Sánchez, tampoco es un indicio positivo de cuál es su hoja de ruta. La tentación de gestionar este momento pensando en futuros pactos en toda España es alta para los socialistas, que no han aprendido al parecer de sus propios errores y del desgaste que personalmente tuvo para su secretario general ese coqueteo con un soberanismo que nunca renunciará a sus objetivos por mucho que los edulcore en público.

Estabilizar Cataluña es una cuestión de Estado; librarla del independentismo, una misión que excede del ámbito ideológico para adentrarse casi en el de los derechos humanos. Quizá la derrota total no sea factible en estos momentos, pero dejar que se cueza en su propia degradación y no retroceder ni un ápice en un discurso en contra de él sí supone un gran paso que todos los partidos presentables deben dar. Sin excusas ni dilaciones.

Palau de la Música y de la Generalitat
Pablo Sebastián republica 15 Enero 2018

Artur Mas se va de la presidencia del PDeCAT después de haber fracasado en todo, empezando por el proceso independentista que él inventó y de haber fracturado y hundido Cataluña. Y por su puesto a su partido la antigua Convergencia que hoy será condenada por corrupción en el caso del Palau de la Música. Lo que afecta a Mas porque las comisiones fraudulentas que se gestionaban en ese Palau estaban relacionadas con obras públicas que se concedían en el Palau de la Generalitat.

Vamos pues de un Palau al otro en una semana crucial por la sentencia del golfo Millet y sus colaboradores, y la Constitución del Parlament y la Mesa que ha de decidir el cómo, cuándo y por quién de la investidura del próximo presidente de la Generalitat. Si es que dicha investidura, a la que aspira Puigdemont por vía telemática o colándose en la Cámara -tras burlar a la Justicia y la policía- se llega a celebrar.

Los soberanistas perdieron las elecciones del 21-D en votos y el partido más votado fue Ciudadanos pero tienen mayoría de escaños y pueden gobernar. Aunque su candidato oficioso Puigdemont es un prófugo de la Justicia y pretende ser investido y gobernar desde Bruselas. Algo que no quieren ni ERC ni PDeCAT pero que nadie se atreve a decir con claridad a la espera de que los letrados del Parlament se pronuncien sobre la eventual investidura desde fuera de la Cámara y por vía telemática como pretende Puigdemont.

Un político cobarde, que huyó de su país tras declarar la independencia y mientras sus compañeros de la alta trama golpista permanecen en prisión intentando tomarle el pelo al Tribunal Supremo para salir huyendo también. Y todo ello mientras muchos dirigentes soberanistas abandonan la política o empiezan a renegar del proceso por miedo al horizonte penal, mientras en sus partidos mantienen lo que queda del proceso independentista que aún lidera Puigdemont.

Pero si los soberanistas intentan forzar el reglamento del Parlament, como lo hicieron los pasados días 6 y 7 de septiembre violando la legalidad, esta vez se van a encontrar de frente con el 155 porque además Rajoy está tocado y decepcionado y no dejará pasar la menor sospecha de ilegalidad.

Al contrario pensará que está sería una oportunidad de ofrecer la firmeza de la que no hizo gala a primeros de septiembre pasado. O sea, si Rajoy cree que hay burla de la Ley con la investidura de un Presidente prófugo que ha de representar al Estado en Cataluña en ese caso actuará por la vía del 155 y si tiene que volver a disolver el Parlament lo disolverá.

Porque ni España ni su Gobierno se pueden permitir otro desafío o burla del Estado y de la Justicia. No en vano todo eso no sólo daña la imagen y el prestigio de España sino que arruina la recuperación de la economía y el empleo, y de manera especial en territorio catalán.

Y ello, unido al ascenso imparable de Ciudadanos en las encuestas, es lo que le falta a Rajoy para confirmar su declive y el del PP. Una caída a la que se añaden sus casos de corrupción (esta semana comienza el juicio de la Gürtel de Valencia), que no tienen nada que envidiar a los del Palau musical, y que están por otra parte en muy estrecha relación con lo que está semana ocurra en los Palacios de la Moncloa y la Generalitat.

Félix Millet y los 40 separatistas
José García Domínguez Libertad Digital 15 Enero 2018

"Fui a ver al señor Millet porque unos amigos me dijeron que era un mecenas. Y él me pagó porque me avalaba mi trayectoria nacionalista", depuso en su día ante la comisión del caso Palau en el Parlament Àngel Colom i Colom. El mismo Colom i Colom que fundara la Crida junto con su por entonces inseparable cuate Jordi Sánchez. El mismo que poco después ocuparía la secretaría general de la Esquerra hasta su defenestración por Carod. El mismo que acto seguido pasaría a fundar, en comandita con Pilar Rahola, un efímero Partit per la Independència, submarino instrumental auspiciado por los convergentes aún hegemónicos para tratar de frenar el ascenso imparable de la nueva ERC de sus verdugos en el cargo. El mismo que más tarde devendría asalariado de CDC, ya de forma pública y abierta, en funciones de chico para todo. El mismo, en fin, que ahora ha consolidado una nómina de catorce pagas en el departamento de fontanería y reparaciones de urgencia del PdeCAT. Y es que Colom i Colom, un antiguo seminarista montserratino pronto reconvertido en salvapatrias profesional a jornada completa, también resultó ser, al igual que el nuestro BUP de cuando antes, polivalente.

Así las cosas, el muy desprendido mecenas Millet, solo verlo entrar por la puerta de su despacho, le regaló un talón al portador que cubría la totalidad de las deudas del PI, aquel chiringuito creado por ver de salvar de la decadencia cierta al tardopujolismo crepuscular que ya dirigía el hoy difunto Artur Mas en calidad de valido, delfín, tapado y hereu del Gran Ladrón y familia. A golpe de talonario, es sabido, se construyen las naciones de la Senyoreta Pepis. Pero ahora resulta que nadie en la Ciudad de los Prodigios conocía a Millet. Por lo visto, nunca nadie en la buena sociedad barcelonesa había oído hablar de él. De ahí las riadas de compungidas lágrimas de cocodrilo que inundaron las páginas de la prensa del Régimen cuando la Hacienda (española) y la Justicia (española) destaparon el asunto de la trama catalanista que usaba el Palau para blanquear las coimas del 4% (el 3% ya les parecía poco a los nois del procés). Y eso que Millet, antes incluso de que se hubiese puesto en marcha la cleptocracia africana de la Generalitat restaurada con Pujol, ya era un notorio gángster fichado por la policía (también la de Madrit, huelga decir) que no sólo había estado implicado en estafas financieras de guante blanco, sino que incluso había pasado, allá a finales de los setenta, una temporada larga alojado en una celda de la cárcel Modelo de la calle Entenza.

Tan notorio resultaba para todo el mundo que Millet era un delincuente común, salvo –claro está– para las almas cándidas de la buena sociedad nacionalista y sus palmeros mediáticos, que hasta la mismísima Sindicatura de Cuentas de la Generalitat remitió un informe oficial al Parlament en 2002 alertando de que algo apestaba a podrido en la contabilidad del Palau. Sí, en 2002, ocho años antes de que la Policía española, a las órdenes de un juez español, entrara con una orden de registro también española en la cueva de los muy melómanos salteadores de caminos del PDeCAT. Más perdamos toda esperanza. "Puto o ladrón, queremos a Perón", berreaban siempre los peladitos, la base sociológica del justicialismo, ante su caudillo delante de la Casa Rosada. Y los catalanistas, desengañémonos, son iguales. Patriótica carne de cañón.

La Generalitat engañó al juez: Puigdemont gastó más de medio millón en publicidad del referéndum ilegal
M.A. Ruiz Coll okdiario 15 Enero 2018

Los interventores de la Generalitat engañaron al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, cuando el Ejecutivo autonómico ya estaba bajo el control del Gobierno central en aplicación del artículo 155.

El abogado de Carme Forcadell entregó el pasado 9 de noviembre al juez Llarena un certificado expedido por la Intervención General de la Generalitat, según el cual el gobierno de Puigdemont tan sólo gastó 25.000 euros públicos en la organización del referéndum.

La ex presidenta del Parlament quedó en libertad 24 horas después, tras depositar una fianza de 150.000 euros, recaudados a través de la “caja de solidaridad” de la ANC. Para salir de la cárcel, Forcadell aseguró al juez que acata la Constitución, pero ahora vuelve a decir que trabajará para hacer realidad la “república catalana” vulnerando por tanto la Constitución.

Los informes elaborados ahora por la Guardia Civil demuestran que los interventores de la Generalitat mintieron al juez Llarena. La Policía Judicial estima que el gobierno de Carles Puigdemont gastó más de medio millón de euros públicos, tan sólo en publicidad de su referéndum ilegal de independencia. Algo que acredita la existencia de un delito de malversación de fondos públicos, que se suma a los de rebelión y sedición.

La maquinaria de intoxicación de TV3
En las semanas previas al 1-O, la Generalitat difundió a través de las redes sociales un vídeo animando a los residentes en el extranjero a inscribirse para poder votar en el referéndum. La producción y difusión de este vídeo costó 224.835 euros públicos, según el dictamen de la Guardia Civil.

La Generalitat puso en marcha una segunda campaña de publicidad, animando a los catalanes a participar en el referéndum ilegal. Los principales medios de comunicación se negaron a emitirla, porque el referéndum ya había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.

La campaña sí fue emitida por TV3, con la autorización expresa del entonces conseller de Presidencia Jordi Turull. La Guardia Civil cifra en otros 277.804 euros el coste de la difusión de esta campaña en TV3, si bien especifica que se habría abonado a través del contrato marco suscrito entre la televisión autonómica y la Generalitat.

La corporación de TV3, que sigue actuando como la principal maquinaria de intoxicación y propaganda del independentismo, es completamente deficitaria, por lo que precisa una inyección de dinero público que ronda los 200 millones de euros anuales.

La red de embajadas de Romeva
La Guardia Civil concluye por tanto que el Govern de Puigdemont gastó 502.639 euros públicos, tan sólo en publicidad del referéndum. Pero a esta cantidad hay que sumar otras partidas. Como ha informado OKDIARIO, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat encargó la gestión del voto electrónico del 1-O a la empresa T-Systems, que durante los últimos años ha recibido contratos de la Administración autonómica por importe de más de 310 millones de euros.

La Policía Judicial menciona también el dinero público gastado por la Generalitat para “internacionalizar el proceso” a través del Diplocat y su red de embajadas: en total, 35 millones de euros anuales. Unos fondos públicos que el Govern de Puigdemont ha utilizado (con escaso éxito) para obtener el apoyo de gobiernos extranjeros y de personalidades como Julian Assange o Yoko Ono.

En el caso del fundador de WikiLeaks, parece que ya se le ha acabado el contrato, pues lleva más de un mes sin tuitear sobre Cataluña, tras hacerlo compulsivamente durante varias semanas. Su silencio se produce después de que el diario El País publicara las fotos del empresario de medios de comunicación Oriol Soler (miembro del núcleo duro de los independentitas y beneficiario de subvenciones millonarias de la Generalitat) abandonando la embajada de Ecuador en Londres tras visitarle.

El presupuesto público del Diplocat (del que era responsable el entonces conseller Raül Romeva) también sirvió para pagar los viajes y estancias de los “observadores internacionales” del 1-O. Entre ellos se encontraban representantes de varios partidos de la extrema derecha europea, del Sinn Féin (el antiguo brazo político del grupo terrorista IRA) y de la izquierda abertzale vasca.

El ‘impuesto revolucionario’ de la ANC
En cuanto a la compra de las urnas del 1-O, el informe de la Guardia Civil menciona las informaciones de TV3, según las cuales fueron pagadas por la ANC. El presupuesto de la ANC es uno de los misterios que este proceso judicial va a despejar.

Mientras los independentistas de Òmnium han recibido durante años subvenciones públicas millonarias, con el pretexto de fomentar el uso del catalán, la ANC presume que no ha recibido ni un euro público. Pero la Guardia Civil sospecha que buena parte de las “donaciones” que recibe han funcionado como una suerte de impuesto revolucionario cobrado a grandes empresas de Cataluña. Incluso a las que ahora han trasladado su sede fuera de la región huyendo del procés.

Queda por último el coste de las papeletas del 1-O, que salieron de varias imprentas que han recibido importantes subvenciones de la Generalitat. Sólo un ejemplo: el editor del semanario El Vallenc, Francesc Fa´bregas, que quedó imputado por imprimir material electoral del 1-O, ha recibido desde 2013 más de 411.000 euros en contratos de publicidad de la Diputación de Tarragona, de la que su hija era diputada provincial por el PDeCAT.

El informe de la Guardia Civil deja claro que la Intervención de la Generalitat –cuando ya se encontraba bajo el control del Gobierno con el artículo 155– mintió al juez Pablo Llarena para negar el delito de malversación y facilitar la puesta en libertad de Carme Forcadell y el resto de golpistas.

La Guardia Civil dice que ANC y Òmnium son una “maquinaria de adulteración social para sembrar odio”
M.A. Ruiz Coll okdiario 15 Enero 2018

La Generalitat bajo la Presidencia de Carles Puigdemont, junto a Òmnium Cultural y la ANC, han puesto en marcha “una auténtica maquinaria de adulteración social” que se dedica a “sembrar un sentimiento de odio” a España para alcanzar su objetivo: la ruptura del orden constitucional y la independencia de Cataluña. Y esta maquinaria de odio ha estado alimentada sistemáticamente por la Administración autonómica con dinero público.

Estas son algunas de las conclusiones que la Guardia Civil extrae de la hoja de ruta que Carles Puigdemont ha seguido para conducir a Cataluña a un callejón sin salida, fomentando “un permanente clima de confrontación social e inseguridad jurídica“, que ha provocado la fuga de las 3.200 mayores empresas de la región.

En su informe dirigido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la Policía Judicial destaca que esta situación de inestabilidad y confrontación no ha sido un daño colateral o inesperado del proceso: por el contrario, los estrategas del independentismo la han provocado premeditadamente para obligar al Gobierno de Rajoy a negociar las condiciones de la secesión.

Así se desprende de la “hoja de ruta” conocida como EnfoCATs, que fue hallada el pasado mes de septiembre durante el registro de la vivienda de Josep Maria Jové, quien en aquel momento era el número 2 de Oriol Junqueras como secretario general de la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalidad.

El plan: desestabilizar la economía
El documento establecía la necesidad de provocar un “conflicto político orientado a generar inestabilidad política y económica”, para obligar al Gobierno de Rajoy a negociar. Este guión se ha aplicado al pie de la letra.

“Conflicto que en su hoja de ruta no rehusarían”, explica la Guardia Civil al respecto, “aunque eso esté suponiendo vivir en un permanente clima de confrontación social, de inseguridad jurídica, con fuga de capitales y de empresas, con incertidumbres económicas que en nada han ayudado a atraer inversiones, como la Agencia Europea del Medicamento, con contracción del PIB o con reducción de las tasas de ocupación turística y empleo“. Cuanto peor, mejor, para alcanzar sus objetivos políticos.

La Policía Judicial añade que “esa situación fue contemplada en el EnfoCATs como un escenario de conflicto social y económico perfectamente previsto y deseado en caso de que el Estado no aceptase la declaración unilateral de independencia. Por tanto, cabe imputar la responsabilidad de los líderes independentistas que deliberadamente lo han provocado”, señala el informe entregado al juez Pablo Llarena.

En esta estrategia se encuadran las dos huelgas generales convocadas por los independentistas para “paralizar Cataluña”: la primera el 3 de octubre, alentada por la propia Generalitat para protestar contra las cargas policiales del 1-O, y la segunda (el 8 de noviembre) convocada por el asesino de Terra Lliure Carles Sastre y respaldada por todas las entidades separatistas (desde ERC a la CUP, la ANC y Òmnium).

El propio Oriol Juqnueras había amenazado en noviembre de 2013 con “paralizar la economía durante una semana“, para doblegar al Gobierno y obligarle a aceptar los planes secesionistas. Las consecuencias se comienzan a apreciar ahora.

Pero en esta estrategia también ha sido decisiva la manipulación de la opinión pública, a través de las campañas diseñadas por la ANC y Òmnium, y amplificadas con dinero público por TV3 y toda la constelación de diarios independentistas subvencionados por la Generalitat.

Dañar la imagen de España en el exterior
“Mensajes del tipo España nos roba o España nos agrede“, señala la Guardia Civil, “han ayudado enormemente a sembrar un sentimiento de odio para perjudicar la autoridad del Estado y comprometer la dignidad de España y su democracia, que sistemáticamente se denigra en actuaciones tanto dentro como fuera de España, antes gobiernos e instituciones extranjeras y organismo y asociaciones internacionales”.

Una labor que ahora desarrolla el propio Carles Puigdemont desde Bruselas (cada vez con menos atención de los medios de comunicación internacionales) presentando a España como un Estado opresor que tiene a “presos políticos” por sus ideas. Algo que desmiente incluso Amnistía Internacional.

En este sentido, la Guardia Civil destaca que el Diplocat y su red de embajadas, bajo la responsabilidad del entonces conseller Raül Romeva, ha actuado como “un grupo de presión” con “decenas de actividades destinadas a difundir el ideario independentista en otros países e influir en sus gobiernos”.

“En toda esta actuación ante gobierno extranjeros y organismos internacionales”, señala el informe remitido al juez Llarena, “se perjudicaba la autoridad del Estado y se injuriaba la democracia española con el fin de justificar una sedición o rebelión que lograse imponer, llegado el momento, la independencia de Cataluña del conjunto de España”.


ESTE LUNES
La Audiencia de Barcelona notifica la sentencia por el expolio del Palau
La Gaceta  15 Enero 2018

El fiscal pide 14 años de cárcel al saqueador confeso Fèlix Millet y ocho al extesorero de CDC Daniel Osàcar, acusado de cobrar mordidas de Ferrovial a través de la institución.

La Audiencia de Barcelona notificará este lunes la sentencia del expolio del Palau de la Música, destapado en 2009, por el que el fiscal pide 14 años de cárcel al saqueador confeso Fèlix Millet y ocho al extesorero de CDC Daniel Osàcar, acusado de cobrar mordidas de Ferrovial a través de la institución.

La sección décima de la Audiencia de Barcelona, presidida por la magistrada Montserrat Comas d’Argemir, ha convocado a los acusados, a sus abogados y al resto de partes -38 en total- a las 9.30 horas de este lunes en la sala de vistas del Tribunal del Jurado del Palacio de Justicia para entregarles la sentencia en mano, de forma simultánea.

La resolución judicial por este caso, en el que CDC figura como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse del expolio del Palau, llegará una vez celebradas las elecciones catalanas del pasado 21D y a solo dos días para la constitución del Parlament, prevista para el próximo miércoles, 17 de enero.

La sentencia sobre esta macrocausa se conocerá ocho años y medio después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran, el 23 de julio de 2009, en el Palau de la Música, un auténtico golpe a uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, en un caso que puso bajo la lupa la financiación de CDC.

Un mes después del registro policial del Palau, Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no paró de crecer -hasta los más de 30 millones de euros-, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas y viajes de lujo.

Durante el juicio, que empezó en marzo de 2017, los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull admitieron, en un pacto con la Fiscalía para lograr una rebaja de condena, que hicieron llegar a Convergència Democràtica (CDC), a través del Palau de la Música, comisiones del 4 % de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa en la que la Generalitat estaba presidida por Jordi Pujol.

En sus conclusiones, el fiscal Emilio Sánchez-Ulled, que tras el juicio abandonó temporalmente el ministerio público, sostuvo que el Palau sirvió de “cañería” para canalizar el pago de comisiones ilegales de Ferrovial a CDC, formación reconvertida en el PDeCAT y hoy reconvertida en el grupo parlamentario de Junts per Catalunya.

El fiscal redujo la petición de penas para Millet y Montull, al reconocerles las atenuantes de disminución del daño y de confesión, por haber admitido en sus declaraciones ante el tribunal que el Palau hizo llegar a CDC comisiones del 4 % procedentes de Ferrovial.

De esa forma, Millet y Montull, para quien la Fiscalía pedía inicialmente penas de 27 años y medio de cárcel, afrontan una petición fiscal de 14 años y nueve meses y de 10 años y 10 meses, respectivamente.

Para Gemma Montull, exdirectora del Palau de la Música que afrontaba 26 años de cárcel, el ministerio público solicita tres años de prisión -uno de ellos sustituible por multa, lo que le permitirá eludir el ingreso en cárcel-, tal y como había pactado con la Fiscalía su defensa, la primera en buscar un acuerdo a cambio de incriminar a CDC.

Por el contrario, el ministerio público elevó tras el juicio su petición de condena a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, que se exponen a cinco años, así como al extesorero de CDC Daniel Osàcar, que afronta ocho años de cárcel por su supuesto papel clave en el cobro de las comisiones.

En su declaración durante el juicio, estos tres acusados negaron la presunta trama de pago de comisiones de Ferrovial para que el Gobierno catalán adjudicara a la constructora obras públicas, como la Ciutat de la Justicia o la línea 9 del Metro.

En concreto, Osàcar negó las mordidas y afirmó que los convenios de CDC y el Palau a través de los cuales sospecha la Fiscalía que se canalizaban parte de las mordidas de la constructora eran legales y buscaban fomentar la cultura catalana, entre otros motivos para que en las fiestas mayores en Cataluña “no pusieran solo música andaluza”.

El ministerio público también reclama el decomiso de 6,6 millones de euros a CDC como responsable civil a título lucrativo del millonario expolio de la entidad cultural, por el que desde 2015 tiene embargadas quince de sus sedes por orden judicial.

Además, el fiscal Anticorrupción, que presentó su primer escrito de calificación del caso cuando CDC aún no se había reconvertido en PDeCAT, pidió en sus conclusiones que el decomiso se aplique a la antigua Convergència o a la formación “que la haya sucedido”.

En el juicio, que se inició el 1 de marzo pasado y acabó el 16 de junio, tras una cincuentena de sesiones, intervinieron 38 partes procesales: 16 acusados, dos acusaciones públicas, cuatro acusaciones populares y/o populares, cinco responsables civiles a título lucrativo (entre ellos CDC) y once entidades jurídicas como responsables civiles subsidiarias.

El tribunal que notificará en mano la sentencia está presidido por Montserrat Comas d’Argemir y los magistrados José Antonio Lagares y Julio Hernández -que ha sido el ponente-.

EN BILBAO
El entorno etarra vuelve a utilizar a niños para sus miserables fines
Agustín Benito gaceta.es 15 Enero 2018

La hipocresía de los amigos de una banda terrorista de ultraizquierda que mató a más de 20 menores y jamás pidió perdón por ello.

El entorno de la banda terrorista de ultraizquierda ETA utilizó este sábado a niños para pedir el acercamiento de los presos a cárceles vascas.

Precisamente la imagen del evento, cerrado con una manifestación en el centro de Bilbao y con espacios dedicados a los menores en los que podían pintar dibujos con el lema de la marcha “Prest Gaude” (Estamos preparados), era una niña sonriente y saltando.

Aseguran que tienen derecho a verles sin hacer miles de kilómetros y que ellos no tienen culpa de lo que sus padres hicieron. Esta sensibilidad de los amigos de una banda que mató a más de 20 menores y jamás pidió perdón por ello vuelve a mostrar su bajeza moral.

De los ataúdes blancos, a la utilización política. Los niños asesinados por ETA
La primera víctima de la banda terrorista fue una niña, Begoña Urroz Ibarrola, de 22 meses. Fue alcanzada por una bomba incendiaria colocada en la estación de Amara de San Sebastián el 27 de junio de 1960. Sufrió quemaduras en las piernas, en los brazos y en la cara que le provocaron la muerte un día después en un centro médico.

El 29 de marzo de 1980, ETA mató a José María Piris Carballo, de 13 años en Azcoitia (Guipúzcoa).
Cinco años más tarde era asesinado en Pamplona el niño de trece años Alfredo Aguirre Belascoain.

Sonia y Susana Cabrerizo Mármol, de 16 y 13 años, Silvia Vicente Manzanares, de 13 y Jordi Vicente Manzanares, de 9, fueron asesinadas el 19 de junio de 1987 en el Hipercor de Barcelona.

Meses después, en diciembre, la banda terrorista de ultraizquierda acababa con la vida de cinco niñas en el atentado en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, uno de los más crueles de la banda. Un coche bomba cargado con doscientos cincuenta kilos de amonal estalló y acabó con la vida de Silvia Pino Fernández, de siete años; de Silvia Ballarín Gay, de seis; de Rocío Capilla Franco, de 14; de Esther Barrera Alcaraz y de su hermana gemela Miriam Barrera Alcaraz, ambas de tres añitos.

El 22 de noviembre de 1988, ETA asesinó a Luis Delgado Villalonga, de dos años y medio, en Madrid, y el 15 de abril de 1991 a María del Koro Villamudria Sánchez, estudiante, de 17 años. Días después puso como miserable pretexto que la joven quería formar parte en un futuro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En mayo de 1991 tuvo lugar el atentado en la Casa Cuartel de Vic (Barcelona), otro de los más sangrientos. ETA mató a Rosa María Rosa Muñoz, de 14; Vanessa Ruiz Lara, de 11; Ana Cristina Porras López, de 10; María Pilar Quesada Araque, de ocho, y Francisco Cipriano Díaz Sánchez, de 17.

El 7 de noviembre de 1991 acabó con la vida de Fabio Moreno Asla, de 2 añitos, en Eradio (Vizcaya) y el 4 de agosto de 2002 de Silvia Martínez Santiago, de seis años e hija de un agente de la Benemérita, en un atentado contra la Casa Cuartel de Santa Pola (Alicante). “No podía verla, pregunté a mi hermano y me dijo donde estaba. Corrí hacia donde estaba, cubierta de escombros, sólo se le veían los ojos, empecé a quitar escombros desesperadamente”. Son palabras de su madre, Toñi Santiago, que le cantó a su hija al oído mientras la pequeña agonizada durante su trayecto al hospital.

El sanchismo y Podemos meten a Asturias en el caro enredo de las lenguas oficiales
La pretendida cooficialidad de esta lengua regional le costaría a los asturianos decenas de millones al año
ROBERTO PÉREZ ABC 15 Enero 2018

Asturias tiene, desde 1980, su propia Academia de la Llingua Asturianapara cuidar del bable. Además, en 1998, cuando el popular Sergio Marqués estaba al frente del Ejecutivo regional, el Principado se dotó de una específica Ley de Uso y Promoción del Asturiano. Una norma que fomenta el correcto uso de las modalidades lingüísticas conocidas como bable, garantiza su pervivencia y favorece su enseñanza –lo que incluye su inclusión como asignatura optativa en los colegios e institutos–.

Es un marco legal e institucional que, hasta ahora, había servido de amplia base de consenso para dar por convenientemente tratada la política lingüística. Pero, desde hace unos meses, la polémica se ha disparado con la decidida intención del PSOE asturiano de hacer del bable una lengua cooficial a todos los efectos, como el catalán, el euskera o el gallego. Esta postura ha sido impuesta por el sector sanchista que, en septiembre, se hizo con el control del PSOE asturiano. Una idea que comparte Podemos e IU y la órbita del minoritario nacionalismo asturiano. A la oficialidad del bable también se ha unido Foro, el partido que fundó Francisco Álvarez Cascos cuando, tras romper con el PP, sobrevivió en política abrazado al regionalismo.

La bandera lingüística enarbolada por el actual líder del PSOE asturiano, el sanchista Adrián Barbón, ha abierto una confrontación política en un asunto que antes no generaba discordia entre los grandes partidos. Y arrastra a Asturias a un enredo que amenaza con endosar una factura multimillonaria al bolsillo de los asturianos.

Cooficialidad
La dirección del PSOE asturiano, pese a convertirse en locomotora hacia la cooficialidad del bable, reconoce a ABC que no tiene un cálculo del coste que supondría. Eso sí, todos –partidarios y detractores– coinciden en que sería de decenas de millones cada año.

Algunos colectivos sí dan sus cifras, y también se puede comparar con el gasto de otras otras autonomías en lenguas cooficiales. De las estimaciones económicas que circulan al respecto, la más prudente apunta a que la cooficialidad del bable costaría 21 millones anuales. Así lo dice el profesor de Economía y miembro de la Academia de la Llingua Asturiana, David Rivas, firme defensor de la cooficialidad del bable y veterano del nacionalismo asturiano de izquierdas –lideró las listas electorales de Andecha Astur–. Dice Rivas que, en su cálculo, ha tomado como referencia las cifras presupuestarias que se dan en la comunidad vecina con el gallego.

Pero en esto las comparaciones no son sencillas. Lo constató ABC el pasado verano, cuando recabó y publicó lo que las autonomías con lenguas oficiales dedican a promoción lingüística. Las cifras son dispares, hay una extensa nebulosa sobre hasta dónde alcanzan los costes reales de la cooficialidad lingüística, los criterios a la hora de contabilizar esos costes no son homogéneos.

Cincuenta millones
En 2017, en el presupuesto del Gobierno vasco, la parte dedicada al euskera superó con holgura los 100 millones de euros anuales. Y eso sin contar la radiotelevisión autonómica. Es decir, el euskera sale por no menos a 50 euros por habitante y año. Con esa «cuota», a los asturianos la cooficialidad del bable les supondría unos 50 millones de euros por ejercicio.

La Plataforma contra la Cooficialidad del Bable va todavía más allá en sus cálculos. Este colectivo asegura que, entre lo que se gasta la Comunidad autónoma y las administraciones locales, la cifra rondaría los 58 millones al año. Además, afirman que, en los primeros años de implantación de la cooficialidad lingüística, poner toda esa maquinaria en marcha dejaría un sobrecoste que rondaría los 15 millones de euros por ejercicio.

Se tome la estimación que se tome, en mayor o menor medida todas suponen multiplicar con mucho lo que ahora les cuesta a los asturianos promocionar y proteger el bable. En 2017, el presupuesto del Principado dedicó 1,57 millones a promoción del asturiano. Con ese dinero, entre otras cosas, se conceden subvenciones a ayuntamientos y medios de comunicación para la «normalización lingüística», se dan ayudas para música en asturiano y se financia la Academia de la Llingua Asturiana, que recibe anualmente unos 200.000 euros de fondos autonómicos.

La raíz política
Igual que Pablo Echenique flirteó con la cooficialidad de la fabla y del catalán en Aragón cuando dirigía Podemos en esa tierra, su partido alimenta lo mismo para el bable en Asturias. Al frente del Podemos asturiano está un aragonés, Daniel Ripa –nació en Jaca (Huesca) hace 35 años y vive en Asturias desde que tenía 17–.

En cuanto al PSOE, en septiembre el sector sanchista se impuso al del presidente del Ejecutivo regional Javier Fernández, jefe de la gestora que dirigió el PSOE tras aquella accidentada y bronca dimisión de Pedro Sánchez en octubre de 2016. Con esos antecedentes, Javier Fernández era un objetivo a batir por los sanchistas y, el pasado septiembre, lograron el objetivo: Adrián Barbón tomó el timón del PSOE asturiano. Y de inmediato coló la cooficialidad del bable en las bases programáticas del partido, pese al cisma interno que eso genera.

El presidente asturiano Javier Fernández ha dejado claro que no se da por aludido, que la cooficialidad del bable no está en su programa de legislatura. Frente a él, Adrián Barbón asegura que «el bable irá en el programa electoral de la Federación Socialista de Asturias» dentro de un año. Y, para rematar la medida, promete promover «una reforma del Estatuto de Autonomía en el período 2019-2023».

Mientras, el PPy Ciudadanos se oponen a la cooficialidad del bable. Los populares están decididos a explicar a los ciudadanos, a pie de calle, «el alto precio» que tendría la cooficialidad lingüística. Sería un «alto precio» no solo por el dinero público que costará, sino también por «los problemas que surgirían en Educación, en Sanidad, las repercusiones en la actividad empresarial, en el acceso al empleo público...», según explica a ABC la líder del PP asturiano, Mercedes Fernández.

El bable en las aulas
La dirigente popular insiste en que no hay un clamor ciudadano que reclame, ni mayoritaria ni prioritariamente, la declaración del bable como lengua cooficial.

«Soy la primera que hablo mucho asturiano, de toda la vida», dice con orgullo. Pero insiste en que la cooficialidad, de forma innecesaria, daría más problemas que beneficios. «Recorro Asturias de punta a punta, y la gente se me acerca a mostrarme su preocupación por muchas cosas, por cuestiones como el Impuesto de Sucesiones, por temas educativos, por los servicios sanitarios..., pero nadie, nunca, me ha reclamado la cooficialidad del asturiano», afirma la dirigente del PP. Y da unos datos: «El asturiano está incluido como asignatura optativa, pero en Primaria sólo lo elige la mitad del alumnado, en Secundaria el 14%, y en Bachillerato el 3,5%».

Suevos: El falso mito del nacionalismo gallego

La exposición «In tempore sueborum», un ejemplo de rigor histórico que se puede ver en tres espacios de Orense, devuelve a la actualidad el tema de la utilización política de este pueblo, contaminado por el etnicismo supremacista
David Hdez. De la Fuente. larazon 15 Enero 2018

Decían los antiguos historiadores romanos que eran un pueblo de temer, la élite de los bárbaros, caracterizados por su gran estatura, su fiereza en combate, sus cabellos de oro o de color zanahoria anudados para aterrorizar al enemigo en una suerte de trenza sobre la frente, el llamado nodus. Así eran los suevos, poderosos guerreros oriundos del norte de Europa, cuya peripecia histórica se sitúa en su comienzos a orillas del Mar Báltico, llamado por Ptolomeo «Mar Suevo», en el actual Bran-demburgo, aunque acaso provenían de más al Oriente aún. Los suevos se configuraron como entidad étnica en aquellos lares y aparecen en la historia por primera vez en las campañas de César, entrando en contacto con los romanos en las riberas del Rin. Fue Tácito uno de los historiadores que describe a este pueblo con cierto detalle, una hueste de nombre parlante de identidad etnónima (seguramente relacionado con la raíz indoeuropea *swe–, que está en el posesivo «suyo»), y con cierta admiración también en el capítulo 38 de su Germania, como uno de los más antiguos y nobles pueblos germánicos.

Abundantes huellas
Su peripecia histórica nos sigue asombrando a día de hoy, con su epopeya desde el Báltico a Galicia y han dejado restos arqueológicos, iconografía y abundantes huellas en la toponimia europea, como se ve en la actual Suabia, región cultural entre los Länder alemanes de Baden-Württemberg y Baviera, pero también han quedado en la actual Galicia, dando fe de la presencia de un reino que, bajo su égida, duró exactamente 177 años. A ellos se dedica ahora la magnífica exposición «In tempore sueborum», patrocinada por la Diputación de Ourense y bajo el comisariado del profesor Jorge López Quiroga (UAM), con piezas excepcionales de 13 museos europeos y un catálogo que reúne textos de diversos especialistas. Todo un ejemplo de excelente tratamiento histórico de esta cuestión que puede verse estos días en el palacio de la diputación orensana.

Todo comenzó cuando en diciembre de 406 un contingente de unos veinte mil suevos, acompañados por huestes de vándalos y alanos, cruzó el helado Rin en las cercanías de la actual Maguncia y se dirigió hacia el oeste, asolando las Galias y después las Hispanias en una invasión cruenta que trastocó para siempre el destino del Imperio de Occidente. En el reparto que se hizo entre los pueblos de esa expedición a los suevos les cayó en suerte la provincia de Gallaecia y establecieron en Braga su capital primera, aunque también tuvieron residencia en la actual Coruña. Glosaron su presencia en la Península Ibérica cronistas como Isidoro de Sevilla, algo posterior a ella, en su Historia Sueborum, y los eclesiásticos que fueron testigos de los acontecimientos que relatan: Hidacio, nacido en Lemica, no lejos de la vieja Civitas Auriensis, y que llego a ostentar la sede episcopal de Aquae Flaviae (Chaves, Portugal), y Orosio, natural de Bracara Augusta. Ellos refieren cómo este pueblo se había enseñoreado de la esquina noroccidental de la Península Ibérica y cómo mantuvo durante largo tiempo la supremacía en aquellos pagos. Hidacio, por ejemplo, encabezó una delegación al representante del Imperio, Flavio Aecio, que intentaba salvaguardar el poder de Roma aprovechando los conflictos entre bárbaros invasores, para quejarse de la opresión de los suevos en Gallaecia. Roma, enormemente debilitada, no pudo hacer nada por ellos y fue Hidacio quien tuvo que hacer de mediador entre la nueva elite dominante sueva y los Hispanorromanos

Desde esa corte rigieron los suevos, desde el primer rey atestiguado, Hermerico, y trataron de mantener su hegemonía sobre el noroeste de la Península Ibérica en pugna sobre todo con vándalos y visigodos. El segundo rey suevo, Reiquila, llegó a conquistar de los vándalos una parte importante de la Bética, con las ciudades de Emérita e incluso Híspalis, que tomó en el año 440. Este monarca representó la máxima expansión sueva, que se extendió por todas las provincias salvo la tarraconense, aun en manos imperiales. Como resultado de esta situación intervinieron los visigodos contra el tercer rey atestiguado, Requiario, y derrotaron a los suevos en la batalla del río Órbigo (456), ejecutando a su rey e imponiendo a Agiulfo como nuevo monarca, lo que provocó una guerra civil entre los suevos. A partir de entonces comienza una edad oscura del reino suevo, con la injerencia continua de los visigodos, que tendrá una breve recuperación bajo Remismundo, que se convierte al arrianismo, y se consolida a mediados del siglo VI, cuando se da un cierto reflorecimiento político y cultural, con el primer rey católico, Teodomiro (559-570), los concilios de Braga o la figura clave de San Martín Dumiense o de Braga, el llamado «apóstol de los suevos», con una obra literaria de primer orden.

Escasez de las fuentes
Pero la ruina del reino suevo no tardaría en llegar, como refiere por ejemplo Isidoro de Sevilla, y sería manos de los visigodos, pues en 575 su rey Leovigildo invade los montes de Ourense e inicia una larga guerra contra los suevos, trufado de cuestiones sucesorias y de conflictos religiosos –los visigodos eran aún arrianos– y cambios de equilibrios de poder en la zona, que concluye con la anexión del reino suevo al visigodo diez años después.

La peripecia de los suevos es apasionante históricamente, aunque su estudio es problemático por la escasez y la oscuridad de las fuentes, tanto literarias como arqueológicas. Se puede seguir, empero, su recorrido en diversas reliquias excepcionales, como el caldero de Musov, decorado con bustos de guerreros, de la república Checa, el del Museo polaco Leborku o el fantástico cráneo de Osterby. Pero los suevos han devenido también uno de esos mitos de la historia que suscitan curiosidad, fascinación y exageración a partes iguales, más allá de lo que científicamente se puede saber de ellos en la investigación histórica, arqueológica o filológica. A ese respecto, es curiosa, en lo moderno, la fijación del nacionalismo gallego por localizar en este pueblo germano algunas de las características idiosincráticas de una pretendida Galicia independiente y ancestral. Por ejemplo, para reivindicar la consideración de la «nación» gallega en el proyecto de nuevo estatuto de autonomía para Galicia que elaboró el BNG en 2005 se decía curiosamente, en el preámbulo, que «la llegada de los suevos consolidó el marco político de un Reino de Galicia», algo muy dudoso en un reino tan remoto y de tan breve trayectoria comprobable (unos 60 años) y más bien fruto de su mitologización a partir del llamado Rexurdimento de la cultura gallega, en el XIX.

Entonces se fraguaron ideas sobre un origen diferente de los gallegos, haciendo énfasis en los elementos étnicos celtas o suevos que los distinguirían del resto de la población de España, especialmente contraponiendo una supuesta raza pura gallega a una raza mestiza castellana, con elementos semíticos y gitanos, como estudia Salas Díaz. Un poeta como Pondal, autor de la hermosa letra del himno gallego, habla de la raza sueva como origen de la gallega y rechaza a los castellanos que serían «de los cíngaros, / de los rudos iberos, / de los vagos gitanos, / de la gente del infierno; / de los godos, de los moros». Y Manuel Murguía, marido de Rosalía de Castro, sitúa en ese pueblo germánico también los orígenes del gallego, «ligado estrechamente a la grande y nobilísima familia ariana» y caracterizado por «no haberse contaminado con la sangre semita».

Otros escritores de los comienzos en nacionalismo gallego, como Brañas o Valladares, citan a los suevos e, incluso en el siglo XX, Castelao insistirá en la diferencia, rechazando con citas diversas la presencia en Galicia de una cultura «mestiza» o «impura»: «Si la raza fuese, en efecto, la determinante del carácter homogéneo de un pueblo, sin que por así creerlo incurriésemos en pecado, bien podría Galicia enfrentar su pureza con el mestizaje del resto de España, atribuyéndole a la sangre árabe la indisciplina, la intolerancia y la intransigencia con que los españoles se adornan». Lástima que este pueblo tan fascinante se haya visto también contaminado por el etnicismo supremacista que indefectiblemente subyace tras todo nacionalismo. En el tratamiento del tema que muestra la citada exposición puede verse todo un ejemplo de rigor histórico ajeno a cualquier motivación política. En los textos clave del nacionalismo se abunda en un uso torticero y manipulador de la historia, para manipular a los pueblos. Es el contraste entre historia y mito.

Recortes de Prensa   Página Inicial