AGLI Recortes de Prensa   Jueves 18  Enero 2018

Juicio al clientelismo
ELISA DE LA NUEZ El Mundo 18 Enero 2018

La tradicional negativa de nuestra clase política a depurar sus responsabilidades por fenómenos de corrupción institucionalizados antes de que se pronuncien los tribunales de Justicia -avalada en gran medida por el electorado, todo hay que decirlo- nos va a proporcionar el espectáculo del primer juicio oral en España en el que se juzgará nada menos que a dos ex presidentes de una comunidad autónoma acusados no de haberse enriquecido personalmente con prácticas irregulares, (como sería el caso del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González) sino de haber consentido y tolerado una forma de hacer política que inevitablemente lleva consigo el fraude y la corrupción. Nos referimos al caso de los ERE y al fenómeno del clientelismo político.

Lo primero que hay que señalar es que es todo un logro el que se haya conseguido abrir juicio oral contra personas tan relevantes. Efectivamente, las vicisitudes de la instrucción del caso de los ERE iniciada por la juez Mercedes Alaya en 2011 son ilustrativas de la resistencia numantina de los partidos políticos implicados -y de las Administraciones por ellos controladas- cuando se pretenden depurar las responsabilidades penales de políticos de primera fila. Y dado que el mantra es que no hay responsabilidad política sin responsabilidad penal lo suyo es intentar evitar como sea que se investiguen los posibles delitos cometidos. En el caso de los ERE resulta que la supuesta responsabilidad penal afecta a la ex cúpula del Gobierno andaluz: nada menos que 20 ex altos cargos (entre ellos la ex ministra Magdalena Álvarez) y a dos personas que lo han sido todo en la política andaluza, como Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán, que es además el padrino político de la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

La propia Alaya ha explicado en alguna conferencia de la Plataforma por la Independencia para el Poder Judicial cuáles son los mecanismos que utiliza el poder político para obstaculizar y ralentizar una instrucción incómoda y para intentar quitarse de encima al juez instructor. Seguramente algo muy parecido podría contar el juez Ruz en su instrucción del caso Gürtel o el juez de la Mata como instructor del caso Lezo, o tantos y tantos jueces de instrucción que han topado con el poder de los partidos y con la maquinaria de las Administraciones Públicas al tratar de investigar la corrupción política. Desde ocultar información relevante para el caso o remitirla incompleta o con mucho retraso hasta racanear los medios humanos y materiales para llevar a cabo instrucciones complejísimas todo vale. Mención aparte merecen las escaramuzas utilizando a la Fiscalía General del Estado (cuya subordinación política al Gobierno de turno la convierte en un instrumento especialmente potente) o incluso a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado si se tercia. Para completar el cuadro, las filtraciones de las diligencias que lleva a cabo el juez instructor son una práctica habitual que permite a los medios -públicos o privados- llevar a cabo sus particulares juicios paralelos, en un sentido u otro.

En definitiva, la dañina colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos tradicionales convierte a la Administración en una poderosa maquinaria que se pone en marcha no para defender los intereses generales de los ciudadanos, sino para defender a los altos cargos imputados del partido, labor que deberían llevar a cabo sus abogados. Episodios tan chuscos como el de las acusaciones particulares que ejercen algunas Administraciones supuestamente perjudicadas por los presuntos delitos cometidos que, en la práctica, se comportan como celosísimos abogados defensores de los políticos investigados con cargo al dinero público ponen de manifiesto este problema.

Claro está que peor es cuando las Administraciones ni siquiera se molestan en disimular y renuncian directamente a la defensa de los intereses de los ciudadanos. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, la Junta de Andalucía ha renunciado a ejercer de acusación particular y a exigir la responsabilidad civil (es decir, la compensación económica) que lleva aparejada la comisión de los delitos en el caso de los ERE. El problema es que si la Junta no lo hace, nadie más lo puede hacer dado que es ellala ofendidapor los delitos supuestamente cometidos. Cierto es que la Administración alega que se reserva la posibilidad de pedir esa compensación más adelante, cuando termine el proceso penal, pero se admiten apuestas sobre si un Gobierno del mismo color político lo hará. O incluso de otro color político, habida cuenta de que estamos hablando de mucho dinero y al final hoy por ti y mañana por mí. En fin, como suele suceder, el que previsiblemente pagará la factura volverá a ser el sufrido contribuyente, aunque siempre podrá consolarse pensando en las posibles penas de prisión para los responsables. O no.

Pero más allá de las vicisitudes procesales y de las sentencias que finalmente se dicten la gran pregunta que podemos hacernos es si este juicio al clientelismo y a la corrupción va a tener consecuencias políticas. Y no nos referimos a las consecuencias políticas hacia el pasado -al fin y al cabo los políticos encausados en el caso de los ERE ya estaban bastante amortizados- sino, sobre todo, hacia el futuro. O para ser más exactos, si va a ser servir para cambiar la forma de hacer política en España en general y en Andalucía en particular acabando con prácticas institucionalizadas como las que se han destapado en el caso de los ERE que se fundamentan en la falta total de controles de manera que altos cargos de la Junta de Andalucía pudieron disponer sin cortapisas de una enorme cantidad de dinero público que entregaron a quienes les pareció más oportuno. En este sentido, conviene recordar que también está acusado el ex interventor general de la Junta de Andalucía dado que, aunque alertó en diversos informes de la existencia de irregularidades en el sistema de concesión de ayudas públicas, no hizo nada más al respecto y siguió en su puesto. Quizás tenga algo que ver con el hecho de que se trataba de un alto cargo nombrado discrecionalmente por el Gobierno al que tenía que controlar, situación en la que por cierto se encuentran ahora mismo todos los interventores generales de las distintas CCAA, así como el interventor general del Estado o los de los ayuntamientos de mayor población.

Porque claro está, es importante reprimir conductas como las que se ponen de manifiesto en el caso de los ERE, pero mucho más importante es prevenirlas. En este sentido, existe abundante literatura especializada que explica que los controles preventivos -administrativos, básicamente- en manos de funcionarios neutrales y profesionales que cuentan con las necesarias garantías para desempeñar su tarea de controlar al poder político sin arriesgar su carrera profesional son los más eficaces para luchar contra la corrupción. Pero pese a las enfáticas declaraciones de políticos con responsabilidades de Gobierno lo cierto es que el día a día sigue desmintiendo que hayan aprendido gran cosa de los errores pasados. Por poner un ejemplo, el PSOE acaba de presentar en el Congreso una enmienda tendente a dejar sin efectos la propuesta incluida en la «ley ómnibus anticorrupción» presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos para dotar de mayor independencia a los funcionarios nacionales de habilitación local (tesoreros, interventores y secretarios municipales) que son los principales responsables del control de la legalidad en la actuación de los Ayuntamientos. Lo que pretende la norma es algo tan sencillo como que el controlador deje de depender del controlado aunque se ve que para el PSOE la lección andaluza no ha sido suficiente, dado que considera que no hay ningún problema en que un interventor dependa del político al que tiene que controlar. Otro tanto puede decirse de las enmiendas presentadas por el PP a otros artículos de este mismo proyecto de Ley que intentan laminar la independencia del organismo (denominado Autoridad de Integridad) que debe de velar por los denunciantes de la corrupción. Y podríamos poner otros muchos ejemplos en que se incurre en una manifiesta contradicción entre lo que se proclama (hay que luchar contra la corrupción) y lo que luego se hace (dejemos las cosas como están).

Conviene insistir: existe una relación directa entre menor corrupción y la existencia de una función pública neutral y profesional que es capaz de garantizar la aplicación de los controles preventivos de carácter técnico que están previstos en nuestras leyes. No basta con advertir de que algo es ilegal y que todo siga igual otra década. Hay una relación directa entre menor corrupción y buen gobierno, y el buen gobierno no es posible sin contrapesos efectivos al poder político que, inevitablemente, tiende a ocupar todos los espacios. Para devolver al baúl de la historia los extremos de clientelismo y corrupción que revelan los ERE de Andalucía es preciso que entendamos que necesitamos políticos sujetos a controles profesionales en manos de funcionarios neutrales. Ya decía Tocqueville que los que tienen el privilegio de dictar las leyes no pueden pretender tener también el privilegio de desobedecerlas. Esperemos que cuando dentro de unos años recordemos esta época de cambios podamos decir que 2018 desterró el clientelismo y la corrupción por considerarlos impropios de una sociedad democrática moderna y avanzada.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora de ¿Hay Derecho? y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Los retos económicos de España (I)
José María Gay de Liébana okdiario 18 Enero 2018

Resulta fundamental establecer los grandes retos económicos que tiene España en este 2018. Tal vez, la pregunta clave sería si hemos sabido aprovechar lo bonancible de los vientos de cola que han empujado a nuestra economía para que ésta sea más competitiva. Tal y como en una colaboración anterior apuntábamos, la respuesta es negativa. Veamos. De un lado, bajos tipos de interés con una política monetaria acomodaticia y unas relajadas condiciones financieras que han ayudado a hacer más soportable el pesado endeudamiento público y privado, templando, gracias a las compras masivas por parte del Banco Central Europeo —60.000 millones de euros mensuales que serán 30.000 millones a partir de enero de 2018—, los rebrotes de pagar más precio por el dinero prestado.

De otro lado, un precio del petróleo asequible y que pese a los aumentos experimentados durante 2017 todavía se mantiene en unas cotas aceptables, aunque está por ver hasta qué punto no acaban repercutiendo en el precio del crudo las limitaciones de producción que la OPEP ha impuesto durante los últimos meses. No obstante, la producción no convencional en Estados Unidos, prácticamente convertido en el primer productor, a través del fracking, contrarrestaría las alzas en el importe de “oro negro”. Y, en tercer lugar, hemos vivido unos años de precios baratitos ya sea a causa de una inflación nula, negativa o, incluso, deflación, con el índice de precios al consumo muy tímido, cuando no negativo y que ha permitido, pese a que los sueldos estuvieran contenidos, mantener capacidades adquisitivas.

Ese bonito paisaje, coloreado con el tsunami turístico que dejó en 2016 más de 125.000 millones de euros, equivaliendo al 11,2% de nuestro PIB y generando 2,56 millones de puestos de trabajo —13% del empleo total en 2016— ha imprimido brío a la economía española. Al propio tiempo, nuestra economía se ha beneficiado de la energía exportadora de nuestras empresas, donde hay que subrayar el papel de nuestras pymes que al ver cercenado el mercado nacional en los años en que la demanda interna aflojaba supieron lanzarse a la aventura de salir hacia el exterior. Queda patente ese esfuerzo empresarial al comprobar que nuestras exportaciones de bienes y servicios que en 2011 sumaron 310.000 millones de euros, suponiendo el 28,9% de nuestro Producto Interior Bruto, en 2016 crecieron a 368.000 millones de euros, 32,8% del PIB, y en 2017 previsiblemente habrán sido de algo más de 400.000 millones de euros, representando casi el 35% del PIB.

El tirón exportador, por consiguiente, es encomiable y el elogio a tantas y tantas empresas que han dado este paso, buscando nuevos mercados allende nuestras fronteras, es unánime. Un sector concreto que se ha abierto camino por otros territorios ha sido el agroalimentario, con la calidad de nuestros productos consolidándose en el mercado europeo, asomando por el norteamericano, introduciéndose en el chino y sacando la cabeza por el japonés. Sin embargo, pese a esos factores que han inyectado positivismo a nuestra economía, algunos desafíos acucian.

Grandes desafíos
El primero de esos desafíos es el de nuestras cuentas públicas. No se ha sabido sacar rendimiento a esa coyuntura favorable a la que nos referíamos para poner en orden y concierto las finanzas públicas españolas. Seguimos por la senda del déficit público, que cerró con más de 55.000 millones de euros negativos en 2015, repitió en 2016 con más de 50.000 millones teñidos de rojo y en 2017 no estará lejos de los 40.000 millones negativos por más que hasta el tercer trimestre de 2017 el déficit equivalga al 1,5% del PIB, con 17.465 millones de euros.

El mérito de ese ajuste en el déficit no viene dado porque el gasto público se haya recortado con mano dura, sino a causa de varios factores que han propiciado la mejora de los ingresos y un freno en los gastos. Así, de una parte, el aumento en los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, ha provocado un alza en los ingresos tributarios. De otra parte, la mayor recaudación del IVA gracias al impulso de la actividad económica, empujando igualmente a una mayor recaudación tributaria.

Cataluña y "el coño de la Bernarda"
Antonio García Fuentes Periodista Digital 18 Enero 2018

Hoy se reanuda esa ya serie interminable, de hechos deleznables y que en realidad a quienes más perjudican, es a la propia Cataluña y los que allí viven “y laboran”; amén de las plagas de parásitos que allí proliferan y que viven o aspiran a vivir (algunos incluso hacer su bienestar de por vida) del dinero público de la españoles todos, puesto que si bien España ya está arruinada, pero Cataluña lo está aún mucho más, puesto que ya su insolvencia llega a grados, que la posible deuda pública que pudiera emitir, no es aceptada por cuanto la consideran financieramente como basura y es el resto de España, la que lleva tiempo cargando con su falta de dinero y a la que debe ya tal cantidad, que se estima que con sólo esa deuda, se podrían cubrir dos veces y media los presupuestos anuales de otra importante autonomía (“o autonosuya”) cual es Andalucía.

Hoy 17 de Enero, “día de San Antón” (Santo varón y que a años luz de lo que hoy comento es lo opuesto de “este coño de la Bernarda que yo sitúo en el devenir desastroso de los hechos que he sintetizado arriba) y que coincide en que en ese día, se reúnen todas “las fuerzas políticas” en el “gallinero-parlamento” catalán, para tratar de nombrar nuevo presidente autonómico, en ese desastre ya comentado; y en el que quieren imponer, nada menos que al cesado, por rebelde, sedicioso e incluso proclamador de una república catalana, que por la fuerza quisieron imponer; lo que motivó su huida a Bélgica, puesto que de haberse quedado aquí, seguro que estaría en la cárcel, como lo están muchos de sus seguidores.

O sea toda una “ibera odisea”, de la que en los próximos carnavales van a ser abundantes las rechiflas y cachondeos, que le van a dedicar los aficionados a esas juergas carnavalescas, que aquí en España y sobre todo en Cádiz, suelen “hacer sangre intelectual de forma brutal pero inteligente sobre hechos mucho menos importantes que el que hoy me ocupa”.

Puesto que… ¿Cómo valorar la pretensión de reentronizar a un reyezuelo, huido y perseguido internacionalmente por la justicia española y el que pese a los desastres económicos que dejó tras de sí, desde el extranjero no ceja de reírse y rechiflarse de la nación a la que legal y políticamente pertenece? ¿Qué tipos de deleznables políticos aplauden y arropan estos y tantos otros hechos, por los que debieran estar encarcelados simplemente por “sanidad política” que cualquier país debe tener prevista para su propia integridad, prestigio y amor propio? Sí, España sigue siendo algo inenarrable y que bien dejo “retratada va para dos siglos, el denominado Canciller de Hierro, Otto von Bismark, el unificador de la Gran Alemania, y el que ya entonces, sentenciara lo siguiente… España es el país más fuerte de los de todo el mundo, los españoles llevan siglos tratando de destruirla y no lo han conseguido”.

Prosigamos por tanto en esa desgracia cual es “el reírnos de nosotros mismos” y hoy los catalanes mucho más; pobrecitos todos.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

¿Es España un Estado fallido?
Ramiro Grau Morancho.  latribunadelpaisvasco.com 18 Enero 2018

Abogado. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Se denomina estados fallidos a aquellos que desde un punto de vista formal tienen las estructuras propias de un Estado, pero que, en la práctica, funcionan al margen de las Instituciones, que realmente no son independientes, y están colonizadas u ocupadas por los poderes fácticos, que son los que realmente mandan.

Son aquellos países donde el presidente del Gobierno dice que “estoy seguro de que a la Infanta Cristina le va a ir bien”, como así sucedió, y donde el Fiscal y la Abogado del Estado, en lugar de defender el interés público, se dedican presuntamente a defender el interés particular de los delincuentes y defraudadores fiscales y económicos, por ejemplo.

O donde las instituciones destinadas a defender a los consumidores y usuarios, como la CNMC y la CNMV, en lugar de hacer su trabajo se dedican a amparar a los grandes bancos y empresas del Ibex 35, una buena parte de las cuales actúan en régimen de oligopolios, abusando de su posición dominante: grandes bancos, compañías eléctricas, del gas, etc.

Un estado fallido es aquel donde los sucesivos presidentes del Gobierno y ministros actúan siempre en beneficio de los poderes económicos, que una vez cesados o dimitidos, tras haber acreditado sobradamente su incompetencia, son “recompensados” con la sinecura de un asiento en los consejos de administración de esas empresas a las que tanto han favorecido durante su mandato, con retribuciones de varios cientos de miles de euros al año…, a cambio de asistir a dos o tres reuniones, obviamente sin enterarse de nada…

España, o la ex España, es un estado fallido, pues hay dos regiones en las que se obliga a todos los españoles, nativos o forasteros, a “sumergirse” en el idioma vernáculo, puesto que prácticamente se persigue la hermosa lengua española, que es la segunda del mundo, después del inglés, o la tercera, si incluimos el chino, aunque todos sabemos que no hay quien pueda estudiar, entender y aprender ese idioma.

España es un estado fallido, pues hay cinco policías distintas, por ahora, y vamos camino de posibles enfrentamientos con las armas en la mano entre alguna policía autonómica, o más bien separatista, y la Policía Nacional y Guardia Civil, o incluso el propio Ejército, o lo que queda de él, tras haber sido triturado y convertido en poco más que una ONG.

España es un estado fallido, pues los extranjeros tienen más derechos que nosotros, los españoles de origen, de pura cepa, ya que ellos solo tienen “derechos”, mientras que nosotros solo tenemos obligaciones y deberes…

En definitiva, la ex España es un estado donde cuando hay un temporal, la máxima autoridad del estado tiene los cojones de decirle a los ciudadanos “que no haber salido de viaje”, como si ellos no tuvieran competencia o responsabilidad alguna.

¡Bienvenido a la ex España, nación de naciones y país de gilipollas, donde ya no cabe un tonto más!
www.ramirograumorancho.com

La Inquisición no fue lo que le han contado
Pío Moa gaceta.es 18 Enero 2018

La Inquisición, que subsistiría más de tres siglos, con desigual actividad, ha sido inmensamente criticada, primero por la propaganda protestante, después por la ideología ilustrada del siglo XVIII, y sigue siéndolo desde los más diversas ideologías, comunista, liberal, anarquista, alguna fascista, etc. Se le ha achacado un número descomunal de víctimas, hasta como causa de una supuesta despoblación de España (J. A. Llorente); el uso masivo de las torturas más refinadas; una “extraordinaria crueldad” (Gabriel Jackson)… Se la ha acusado de haber paralizado el pensamiento y la cultura, de ser un embrión de las policías políticas del siglo XX, del racismo nazi o del Holocausto (C. Stallaert), “germen del moderno totalitarismo” (Joseph Pérez); de ser un aparato de robo y opresión gratuitos, de haberse cebado en judíos auténticamente cristianizados debido a un complejo de inferioridad de los cristianos viejos, causante del “anormal y horrendo placer que sentían en sus malvados actos” (Benzion Netanyahu). Y un largo etcétera. Hasta a Rusia llegaron estas versiones, como muestra Dostoyevski en un capítulo de Los hermanos Karamázof. Importa por ello situar la cuestión en la historia real. Otros historiadores como M. A. García Olmo, e investigaciones sobre los archivos inquisitoriales, como los de G. Henningsen o J. Contreras, en parte R. García Cárcel, demuestran que más del noventa por ciento de esos juicios acusatorios se basan en una propaganda sostenida durante siglos y en falsas analogías con fenómenos actuales.

Se ha dicho, y es verdad, que las persecuciones religiosas fueron comunes en toda Europa durante siglos, y exacerbadas por la revolución protestante y las guerras civiles que desató, de era entusiasta Lutero. Pero debe señalarse que el número de víctimas en España fue significativo no por lo numerosas, sino por lo contrario. Así, el número total de muertes documentadas y atribuibles a la Inquisición durante tres siglos están en torno al millar. Faltan archivos del período desde la fundación hasta 1560, lo que permite, como en el caso de los inicios de la Reconquista, toda suerte de especulaciones y estimaciones, de acuerdo con las simpatías ideológicas del autor, aunque no es probable que pasen de otro millar. Se los tiene por años de intensa actividad, y algunos hablan de hasta 4.000 ejecuciones, mientras otros, como el investigador Tarsicio de Azcona limita a unos cientos los ejecutados durante el reinado de Isabel la Católica.

Nueva historia de España
Y ya que las acusaciones provienen principalmente de fuentes protestantes, no sobran algunas comparaciones (saco parte de los datos de M. E. Roca Barea Imperiofobia y leyenda negra). Aunque los protestantes no crearon un órgano sistemático como la Inquisición, funcionaron de hecho muchas inquisiciones parciales, cuyas víctimas multiplican las de la Inquisición española en mucho menos tiempo. Se ha calculado que en solo diez años Calvino hizo quemar o ejecutar de otros modos a unas 500 personas (entre ellas a Miguel Servet) en una ciudad de 10.000 habitantes como Ginebra. Las persecuciones protestantes no se dirigían solo contra los católicos, sino también se producían entre las diversas confesiones luteranas o calvinistas. En los mismos tres siglos de la Inquisición, en Inglaterra se produjeron 264.000 condenas a muerte, una cifra gigantesca, según los cálculos de James Stephen, parte sustancial de las cuales se deberían a persecuciones religiosas. Solo en el período isabelino fueron asesinados unos mil católicos, sin contar los irlandeses, contra quienes continuó durante siglos una represión brutal. No hablemos de los asesinatos y confiscación de bienes extrajudiciales. El número de protestantes quemados en España entre 1520 y 1820 fue de doce. No hace falta incidir aquí en las víctimas de las policías políticas, comunistas y otras, en el siglo XX y ahora mismo. Regímenes todos muy “antiinquisitoriales”.

Las víctimas más numerosas de la Inquisición fueron conversos judíos y moriscos. Su actuación más intensa transcurrió entre su fundación y 1530, remitiendo después durante más de un siglo para recrudecerse entre 1640 y 1660. Desde esa fecha, su actividad decayó mucho.

También queda claro hoy que la Inquisición empleó la tortura en mucha menor medida y con menor dureza que los tribunales laicos en toda Europa, y que la abolió cien años antes de lo que se hizo común en Europa… o no tan común en realidad, como demuestran las persecuciones ideológicas del siglo XX. Por ejemplo, de los 7.000 procesos en Valencia solo se empleó la tortura en un 2 por ciento de los casos, nunca más de quince minutos y nadie fue torturado dos veces. En Inglaterra, Francia o Alemania la tortura podía llevar a la mutilación, la ceguera o la muerte, e incluía métodos como el desollamiento en vivo. La Inquisición abolió los azotes y argollas para las mujeres y limitó a cinco años la pena de galeras, que solía ser perpetua en los tribunales civiles. Sus cáceles eran mejores que las comunes y los presos podían recibir visitas de familiares y practicar su oficio; a menudo solo sufrían arresto domiciliario.

Muchas descripciones crean la imagen de un clima generalizado de denuncias y temor, pero los datos conocidos no abonan tal impresión. A lo largo de tres siglos hubo un máximo de 150.000 procesos, quizá menos de 100.00, pues se conservan las actas de los 50.000 ocurridos entre 1560 y 1600, casi un siglo y medio: los procesos posteriores a 1700 fueron pocos, y resulta difícil creer que los de los ochenta años anteriores a 1560 duplicaran a los posteriores Aun aceptando la improbable cifra máxima, da un promedio de 420 procesos por año, no muchos para una población que fue subiendo de 5 a 12 millones de habitantes e insuficientes para crear ese presunto clima de terror. Por el contrario, abundan los testimonios del aplauso popular al tribunal.

Otro dato muy relevante es que, tras algunos casos puntuales, la Inquisición descartó la “caza de brujas”, considerando su existencia como un mero fenómeno supersticioso. Por el contrario, en los países protestante como gran parte de Alemania o de Francia, Suiza, Escandinavia Escocia, también en otros católicos, la quema de brujas se hizo obsesiva e histérica durante los siglos XVI y XVII, y hasta entrado el XVIII. El episodio de “las brujas de Salem” se produjo a finales del siglo XVII, y la última víctima fue una niña, ejecutada en la parte protestante de Suiza, en 1783. Se ha calculado la mortandad total por “brujería” entre 50.000 y 100.000 personas. No hay forma de conocer cifras correctas, pero sin duda superaron en decenas de veces a las atribuidas a la Inquisición, la cual fue precisamente el valladar contra la plaga, de la que salvó a España.

Los datos anteriores y otros fueron recogidos en 1994 en un documental de la inglesa BBC titulado The myth of the Spanish Inquisition, señalando que el 99% de lo que se ha dicho sobre ella es mito. Un documental tan extraordinario debió de ser un “gol” que alguien coló a la BBC. Pero la verdad histórica resultaba demasiado indigesta para mentes demasiado dadas a la propaganda, de modo que, recuerda Roca Barea, seis años después la misma cadena reparó el desaguisado con otro documental, Spanish Inquisition: the brutal truth, Ahora, la “truth” consistía precisamente en la serie de mitos mencionada. En las imágenes se hacía ondear la actual bandera de España entre hogueras y desfiles hitlerianos, y la Inquisición resultaba no solo “el primer ejemplo de policía del pensamiento”, sino también “el más terrorífico” de la historia. ¿No responde el reportaje, precisamente, a una manipulación del pensamiento de tipo totalitario? Este episodio ilustra bastante bien sobre la persistencia fanatizante de ciertos mitos. Se comprende en otras épocas de lucha entre España y los protestantes, en la que los intereses mitificadores eran obvios, pero cabe preguntarse a qué intereses puede responder hoy una propaganda tan radicalmente falsaria e hispanófoba.

No menos interesantes son disquisiciones como las de Joseph Pérez (premio Príncipe de Asturias) contra las investigaciones que ofrecen una imagen en algún modo favorable del Tribunal, atenuando sus horrores; pues, con más o menos víctimas, en él estaría la fuente del totalitarismo moderno al “confiar al Estado el control de lo que piensan los súbditos”. Aquí es preciso aclarar un par de cosas: los súbditos españoles eran católicos de modo casi unánime, lo mismo que en el resto occidental del continente. Y no lo eran porque lo decidieran los príncipes sino por otras razones más profundas y de muy largas raíces históricas. Por consiguiente no había necesidad ni intención de controlar su pensamiento desde el estado. El control se dirigía a un pequeño número de herejes que se presentaban como cristianos sin serlo, pues la Inquisición solo se ocupaba de los bautizados. Los totalitarismos modernos siguen precisamente la vía opuesta: no tratan de defender la opinión tradicional y mayoritaria de los pueblos, sino de imponerles una ideología novedosa, controlando su pensamiento por medio de la propaganda y la represión. La diferencia es central, porque, vistas así las cosas, el origen del totalitarismo podríamos hallarlo más bien en el principio protestante cuius regio eius religio, que autorizaba a los príncipes a imponer sus nuevas creencias a sus súbditos. Y realmente las imponían mediante persecuciones y confiscaciones mucho más vastas que las de la Inquisición, según hemos observado.

Los métodos de la Inquisición han sido muy denostados, en particular la denuncia anónima. Pero el anonimato de los denunciantes buscaba evitar venganzas de las familias de los denunciados, muchas de ellas poderosas. Y la prevención contra los falsos testimonios era muy rigurosa: “Los inquisidores –explican las instrucciones de Torquemada—deben observar y examinar con atención a los testigos, obrar de suerte que sepan quiénes son, si deponen por odio o enemistad o por otra corrupción. Deben interrogarlos con mucha diligencia e informarse en otras personas sobre el crédito que se les pueda otorgar, sobre su valor moral, remitiendo todo a la conciencia de los inquisidores”. A un falso acusador podía caerle la pena reservada a su víctima. De hecho, la Inquisición fue el tribunal más garantista de su época en todo el continente, y sus minuciosos protocolos de actuación buscaban celosamente evitar las falsas acusaciones. Aquellas precauciones impedían de entrada las cifras fabulosas de víctimas que se le han achacado, pero tenían la contrapartida de la lentitud de los procesos, que en sí misma no dejaba de ser una injusticia que podía amargar la vida a los inocentes.

Tampoco se sostiene la acusación al Tribunal de haber paralizado el desarrollo intelectual de España con su represión e índices de libros pues estos, aún más rigurosos, estaban en boga por gran parte de Europa; y, casualmente, los siglos XVI y XVII, de mayor actividad inquisitorial, fueron los de mayor florecimiento de la cultura superior (arte y pensamiento sobre todo) y popular en toda la historia de España. Lope de Vega, Calderón de la Barca, Juan de Mariana, entre tantos, pertenecieron a la Inquisición, y otros como Cervantes estuvieron próximos a ella. Es a finales del siglo XVII, con débil actividad inquisitorial, cando desciende el nivel creativo de la cultura española, lo cual prueba la nula relación de causa a efecto ente ambos fenómenos.

Entender la Inquisición obliga a evitar extrapolaciones ideológicas a la actualidad. Por entonces las sociedades, europeas y no europeas, daban importancia central a la religión, y los estados buscaban la homogeneidad religiosa, máxime cuando en los siglos anteriores el continente había sufrido invasiones y amenazas externas que volvían a hacerse inminentes con el auge otomano. Por ello, la herejía no se entendía como un simple “pensar de otro modo” sin consecuencias prácticas, sino como un ataque al núcleo mismo de la propia cultura y a la estabilidad social. La relegación de la religión tradicional a un segundo plano solo se desarrolló mucho más tarde a partir de Inglaterra, para evitar las persecuciones entre grupos protestantes (excluyendo de la tolerancia a los católicos). A partir del siglo XVIII las religiones tradicionales fueron sustituidas –parcialmente— por las ideologías, basadas presuntamente en la razón. Entre las ideologías tampoco ha dejado de haber persecuciones, y los totalitarismos propiamente hablando aparecen históricamente en relación con ellas. Los regímenes demoliberales actuales toleran las más contrarias tendencias políticas a ideológicas, pero solo en cuanto no amenacen seriamente al sistema establecido (al final la tolerancia se ejerce siempre con los afines), y con la esperanza de que la confrontación de ideas dé lugar a una evolución pacífica, lo que no siempre se cumple. Teniendo en cuenta estas cosas, la Inquisición consistió en la institucionalización y regulación de un espíritu defensivo presente en todas las sociedades de modo más o menos difuso y arbitrario. Y se entiende su carácter mucho más moderado de lo que se pretende, y el absurdo de emparentarla con totalitarismos y regímenes policíacos propios del siglo XX.

La Inquisición tuvo un doble papel presionando por la expulsión de los judíos y luego en la persecución de los falsos conversos. Como es sabido, la expulsión valió a los Reyes Católicos la felicitación y el beneplácito de los demás estados europeos, los que indica una actitud muy común hacia ellos. De hecho habían sido expulsados también de Inglaterra, Francia y algún otro país, pero no del mismo modo. En Inglaterra y Francia la expulsión fue repentina para apoderarse de sus bienes, mientras que en España se les dio oportunidad de bautizarse y tiempo para vender sus pertenencias.

De siempre, la política hacia los judíos en Europa alternaba entre la tolerancia (en el sentido estricto de ser tolerados, no queridos), la persecución y la expulsión. Solian protegerles monarcas y nobles, por las ganancias que obtenían de ellos, y, de modo ambivalente el papado; y les odiaba el pueblo llano. Esa aversión nacía, según Sánchez Albornoz y otros, de los préstamos usurarios del 100% anual y más, necesitados por la gente humilde para subsistir en años de sequías y miseria. El rey Fernando señaló: “Hallamos los dichos judíos, por medio de grandísimas e insoportables usuras, devorar y absorber las haciendas y sustancias de los cristianos, ejerciendo inicuamente y sin piedad la pravedad usuraria contra los dichos cristianos (…) como contra enemigos y reputándolos idólatras, de lo cual graves querellas de nuestros súbditos y naturales a nuestras orejas han prevenido”. Denuncia que retomaría, entre otros, Lutero con verdadera furia. La identificación de los judíos como usureros era casi general en toda Europa, aunque realmente solo una parte de ellos se especializaba en tal práctica, así como en préstamos a la oligarquía y a los monarcas, siempre inclinados a gastar más de lo que ingresaban; aunque en este caso la usura era menor, y con riesgo de perder el dinero si el deudor hacía uso de su poder para no pagar. Por otra parte, muchos judíos participaban en el cobro de impuestos, lo que no aumentaba su popularidad.

Tales prácticas resultaban más humillantes para los cristianos por cuanto consideraban a los prestamistas “el pueblo deicida”, un grupo inasimilable, extraño y dañino por el efecto corrosivo de su religión; en España, la aversión se extendía a la memoria de su colaboración con la invasión islámica. Por supuesto, el odio era mutuo, si bien impotente en los judíos, salvo por medios indirectos como la usura. De hecho habían intentado sofocar el cristianismo en sus orígenes y cuando habían tenido ocasión, como en la rebelión antirromana del “mesías” Bar Kojba, habían aplicado una brutal represión a los cristianos. Aplastados por Roma y dispersados en débiles minorías, todavía cuando tuvieron ocasión, como en 614 y en alianza con los persas, tropas judías cometieron la matanza de Mamilla asesinando a decenas de miles de cristianos indefensos, sin importar edad ni sexo, en la ya cristiana Jerusalén, como recuerda M. A. García Olmo. Por lo demás, la Biblia ofrece bastantes pasajes de conducta similar hacia los “no elegidos”. Precisados de protegerse como “pueblo elegido” contra los “no elegidos” en un ambiente hostil, practicaban formas de solidaridad que a ojos de los gentiles les convertían en una sociedad opaca dedicada a ocultos manejos, acusación ya presente en Roma y entre los visigodos.

Es indudable que el odio antiijudaico ha llegado a alcanzar grados de auténtica paranoia en Europa, y originado crímenes terribles, bien recordados –que no tienen nada que ver con la expulsión de España en el siglo XV– pero no debe olvidarse que la hostilidad era mutua, y ejercida de forma indirecta por al menos una parte de los hebreos. Entender los hechos obliga a evitar las versiones simples de “buenos y malos”.

Doble y triple imposición o cómo los españoles acaban pagando 600.000 euros a Hacienda durante su vida
El contribuyente medio destina 456.000 euros al pago de impuestos cuando trabaja, pero otros 128.000 cuando se jubila.
Libertad Digital 18 Enero 2018

España se sitúa entre los países de la OCDE en el que los contribuyentes se ven sometidos a un mayor esfuerzo fiscal -porcentaje de impuestos en comparación con la renta per cápita-, superando incluso a algunas economías escandinavas, que cuentan con los niveles impositivos más altos del mundo, según destaca un informe del Instituto Juan de Mariana. Pero, ¿cuánto dinero pagan realmente los españoles a Hacienda y de qué forma hacen frente a semejante factura?

Una de las razones de esta elevada tributación radica no solo en la fijación de tipos marginales superiores a la media de los países ricos, sino en la doble, triple y hasta cuádruple imposición que establece el Estado sobre ciertas rentas o activos. Se entiende por doble imposición el hecho de que sobre una misma fuente de riqueza -sueldos, por ejemplo- incidan varios impuestos en un mismo periodo fiscal y, aunque, en teoría, el sistema tributario prohíbe su aplicación, la trampa aquí es que el Estado grava varias veces lo mismo -o sus frutos- solo que en etapas diferentes.

Para empezar, cabe tener en cuenta el volumen total de impuestos que sufraga el contribuyente medio. Así, tal y como revela un estudio del think tank Civismo, una persona que empezase a trabajar a los 16 años y falleciese a los 83, habría obtenido una renta bruta total de casi 1,47 millones de euros -incluyendo el cobro de la pensión-. Sin embargo, Hacienda se embolsa unos 585.000 euros de dicha cuantía entre IRPF, cotizaciones sociales, IVA, Impuestos Especiales e IBI, de modo que la renta neta se reduce a cerca de 883.000 euros durante su vida.

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Esto significa un esfuerzo tributario del 39,86%. Hacienda se queda con el 40% de los ingresos reales que percibe un trabajador medio en España. Así pues, desde que entra en el mercado laboral, con 16 años, hasta que fallece, con 83, este contribuyente habrá destinado un total de 27 años de sueldo al pago de impuestos. O, dicho de otro modo, trabajará íntegramente para el Estado hasta la edad de 43 años, momento a partir del cual todo lo que gane será íntegramente suyo

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En este caso concreto, el contribuyente en cuestión ingresaría 1,22 millones de euros durante su período en activo, hasta los 65 años, habiendo abonado en impuestos unos 456.000 euros, el 37,3%, con lo que su renta neta bajaría a poco más de 767.000. Es decir, 18 años de su salario se irían al pago de tributos.

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Pero es que, una vez jubilado, la mordida fiscal incluso aumenta. Así, partiendo de una pensión media de 968 euros al mes en 14 pagas, con unos ingresos totales de 244.000 euros durante sus 18 años como retirado, la factura fiscal asciende a algo más de 128.000 euros (52,7%). Los ingresos íntegros de 9 de sus 18 años como jubilado se irán al Fisco

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¿Cómo es posible semejante coste tributario? La doble tributación tiene parte de culpa. Muchos trabajadores desconocen, por ejemplo, que con un salario bruto de 25.000 euros al año, el pago real de impuestos entre IRPF y cotizaciones sociales (a cargo de la empresa y del empleado) ronda los 12.900 euros, casi el 40% del coste laboral.

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Y lo grave aquí es que, una vez que el contribuyente en cuestión recibe su sueldo neto, libre ya de impuestos, una nueva retahíla de tributos se mantiene a la espera de seguir esquilmando el mínimo atisbo de rendimiento que genere dicho dinero. Más allá del consumo, gravado al 21% del IVA, si la renta se destina al ahorro, el contribuyente deberá pagar entre un 19% y un 23% en IRPF en caso de obtener beneficios. Esto es, Hacienda aplica un nuevo tributo sobre la rentabilidad que generan las rentas que ya abonaron los correspondientes IRPF y cotizaciones sociales.

Asimismo, si el sueldo neto se destina a la compra de una vivienda -el 80% de las familias poseen un inmueble-, ya sea acumulando ahorro o bien contratando una hipoteca, el inmueble en cuestión deberá afrontar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el impuesto de plusvalías en caso de ser vendido, o bien el polémico Impuesto de Sucesiones y Donaciones en caso de herencia o cesión a un tercero, con lo que tampoco se libra del golpe de Hacienda.

De hecho, incluso una vez jubilado, el contribuyente en cuestión tendrá que seguir tributando por IRPF, a pesar de haber cotizado durante años para recibir la citada prestación, lo cual también constituye un doble sablazo fiscal, tal y como denuncian ahora numerosos jubilados. En las últimas semanas, una petición con más de 250.000 firmas en change.org pretende ser remitida al Congreso de los Diputados para solicitar la anulación del IRPF a los pensionistas. Dicha eliminación ahorraría buena parte de los 128.000 euros que, en total, abonan los jubilados en materia de impuestos durante su etapa de retiro. Sus argumentos son los siguientes:

  • La pensión no es un rendimiento del trabajo.
  • Estas pensiones actuales se fueron generando durante la vida laboral que con el cobro de los salarios mensuales/anuales fuero sometidas ya al IRPF. Es decir ya tributaron por el impuesto.
  • Por lo tanto al ser sometidas en la actualidad al IRPF están siendo gravadas nuevamente por el mismo impuesto, cayendo claramente en la figura de "doble imposición", que se debe corregir.
  • La pensión podría tener cabida como rendimiento de capital mobiliario, con una fiscalidad mucho menor y que va disminuyendo progresivamente de manera notable con la edad del jubilado.
  • Tendría sentido esta figura toda vez que el jubilado fue acumulando ese capital a lo largo de su vida laboral y (otra vez) pagando el correspondiente IRPF para cobrar al final de ella la pensión.
  • Esta figura está contemplada en la Ley de la cual se benefician las entidades financieras privadas con el producto de Renta Vitalicia Inmediata aplicada a un capital del cliente (que en nuestro caso sería el capital acumulado por nosotros durante la vida laboral).

******************* Sección "bilingüe" ***********************
El procés no ha hecho más que empezar
Jorge Vilches. vozpopuli  18 Enero 2018

Un día, allá cuando había crisis de régimen, una más, y la Monarquía se quitaba para que cupiera la República, el gran Josep Pla se encontró con Joan Estelrich, diputado catalanista que defendía la “nación de naciones”. El político llegaba atolondrado al Madrid del Himno de Riego. No era para menos. La campaña electoral en el Ampurdán le había obsequiado con un “apedreamiento democrático”; esto es, unos jóvenes nacionalistas le habían tirado piedras en un mitin.

Estelrich relató a Pla el mal momento, al que el escritor respondió: “gajes del oficio”. Sorprendido, pero consciente de que la nueva política consistía en envolver con palabras relucientes las prácticas anteriores, preguntó “Entonces, ¿qué debemos hacer?”. Pla, con la vejez que dan a un joven las lecturas adecuadas y la observación inteligente, contestó: “Vender la casa e irse de alquiler”.

La sesión del Parlamento de Cataluña que ha sentado en su presidencia a un político profesional, a un enragé aburguesado de 1793, a uno de esos jóvenes que habría tirado piedras a Estelrich en 1931 en nombre de la democracia, ha mostrado que el procés, lejos de terminar, está en su siguiente fase. Los golpistas han iniciado el nuevo periodo envolviendo con palabras grandilocuentes las viejas prácticas, envalentonados por la torpeza de unos, y el partidismo y el cálculo electoral de otros.

La torpeza del gobierno del PP ha sido triste, como el suspiro final de un proyecto político que no sabría resucitar ni el científico de Mary Shelley. La fuerza de un partido de gobierno se mide por su capacidad para generar una ilusión calculada, tranquila, que consiga la atracción de las nuevas élites profesionales, la adhesión de la población activa, y que cree redes de interés, no clientelares, en los ámbitos vanguardistas de la sociedad. Ha de ser capaz, como escribió Pareto, de establecer una circulación de dirigentes no forzada por los fracasos, sino por la costumbre y la valía de los nuevos. Esto da vida a un partido.

Sin embargo, el PP se ha dejado morir. Languidece. No infunde temor ni amor, sino que se ha convertido en objeto de befa política incluso para Ciudadanos, su socio de gobierno. La respuesta del gobierno al golpe de Estado en Cataluña mostró su debilidad: en la búsqueda del consenso con el PSOE y Ciudadanos cedió a su pretensión partidista de hacer un 155 corto y ligero, solo para convocar elecciones. La cuestión catalana ha mostrado que el PP está en la UVI a la espera de una transfusión que quizá venga de Galicia.

Ciudadanos se está convirtiendo en el Rafael El Gallo de la política, aquel torero que combinaba genialidades con gloriosas espantadas. Claro que, preguntado por sus “espantás”, el matador respondía con un derroche de realismo: “Las espantadas es no poder con un toro”. Ahora, el partido de Rivera y Arrimadas prefiere excusar su negativa a una investidura diciendo que no le salen las cuentas, que una derrota parlamentaria deterioraría la imagen de doña Inés. Es una pena que no dijeran eso en la campaña electoral, cuando suplicaron a la gente que saliera de su armario político y les votara para detener el golpe de Estado supremacista y mostrar al mundo que Cataluña no es solo tractores y Puigdemont. No han comprendido el valor político y emocional que habría tenido la imagen y el discurso de Arrimadas en su candidatura a presidir el Govern.

Hoy, Ciudadanos, embriagado de marketing electoral, cae en cálculos de la vieja política, aquella que mercadeaba con puestos y números, que muñía acuerdos en función de los intereses del partido. Es demasiado pronto, creo, para que el patriotismo de partido haga sombra al prometido regeneracionismo, al espíritu del Ortega de 1914 que clamaba por una renovación completa, a la soledad sonora de la mayoría silenciada.

Los de Rivera y los de Sánchez forzaron al gobierno de Rajoy, débil y dependiente, consciente de sus flaquezas, a que adelantara las elecciones en Cataluña. Ni siquiera en enero de 2018, como se le escapó a Margarita Robles, sino un mes antes. Las encuestas electorales, esas que les invitan ahora a descorchar vinos achampanados, aconsejaban precipitar los comicios para conseguir el voto útil, absorber al PP y fortalecer su posición dentro de sus propios partidos.

Ahora, tras los comicios y la elección de la presidencia del Parlamento, el mundo entero cree que quienes han ganado el 21-D son los independentistas, los mismos que dieron el golpe de septiembre y difundieron imágenes del 1-O. La nueva Mesa, dirigida por el republicano Roger Torrent, ya está preparando la elección de Puigdemont sin detenerse en reglamentos ni normas, y menos en las indicaciones de los letrados. El discurso del presidente del Parlamento no ha dejado lugar a dudas: más procés.

Empiezo a creer al escritor Eugenio d’Ors, nacido en Tabarnia, cuando decía a Pla que el filósofo debe hacer profecías. “¿Cuáles?”, preguntó el otro. “Si la República es orteguiana, si la República es catalana –contestó el barcelonés-, se hundirá fatalmente”. Eso sí, con la ayuda inestimable “de los camelos Madrid”. Un calco.

Un delincuente no puede ser eurodiputado
OKDIARIO 18 Enero 2018

La Unión Europea no puede permitir que un delincuente como Carles Puigdemont ocupe un escaño en su Parlamento. Sería un desprecio intolerable a un país miembro tan importante como España. No obstante, y después del caso omiso de Bélgica a la euroorden que lanzó el magistrado Pablo Llarena, se puede esperar cualquier cosa. Gracias a la incomprensible inacción del país centroeuropeo, Puigdemont mantiene su derecho a concurrir a los diferentes comicios. Así ha sucedido en las autonómicas catalanas y así sucedería, si no cambia nada, en las próximas Elecciones Europeas que tendrán lugar a finales del mes de mayo de 2019, tras la ejecución total del Brexit. La presunción de inocencia se mantiene por encima de la imputación aunque esta venga derivada de delitos tan graves —y claros— como rebelión, sedición y malversación. Un exceso de garantismo que protege a huidos de la ley como el expresident y que daña la imagen de la propia Unión.

Por momentos, el gran proyecto continental ni es unión ni es nada. No dejaría de ser paradójico que la UE, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017, diera asilo en sus instituciones a un individuo que ha tratado de subvertir la legalidad vigente en España con un golpe de Estado. Especialmente cuando el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha dicho en repetidas ocasiones que nadie en Europa aceptaría una declaración unilateral de independencia. Por lo tanto, menos aún deberían aceptar a quien la promulga y la fomenta a través de ataques constantes a la ley. Este mismo miércoles, Puigdemont ha comparado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Francisco Franco y Adolf Hitler. El proyecto europeo no puede permitirse a un persona así, por mucho que lo posibilite el limbo legal que ahora ocupa. Carles Puigdemont pretende seguir viviendo del dinero público a pesar de su desprecio confeso tanto por las instituciones españolas como por las europeas.

El expresident se ha convertido en un jarrón chino para los planes independentistas. Una vez que el bloque separatista cuenta con la mayoría de escaños en el Parlament, un huido de la justicia como él supone un freno para los planes secesionistas. Si permanece en Bélgica, su investidura es imposible. El Gobierno se querellaría contra Roger Torrent si intentara investirlo de forma telemática. Si tuviera la decencia y la valentía de volver —palabras sin significado para Puigdemont— iría directo a la cárcel. El exmandatario no puede seguir escondiéndose eternamente tras las faldas de Europa y su laxitud jurídica. La UE, por mucho que lo permitan las normas, no debe ni puede aceptar una nueva jugarreta de alguien que sólo entiende la ley para vulnerarla. El sitio de Puigdemont está frente al juez Llarena y no en un escaño del Parlamento Europeo. Paso previo para que pague de una vez por todas por poner en jaque el Estado de Derecho en España.

Cataluña siempre será suya
Miquel Giménez. vozpopuli  18 Enero 2018

Así se expresaba Ernest Maragall, presidente de la mesa de edad, en la sesión de constitución del Parlament. Con un discurso impropio para un demócrata, pero perfecto para un separatista, dejaba clara la voluntad de estos: Cataluña ha sido, es y será siempre suya. Lo triste es que, visto lo visto, va a resultar que tiene razón.
Nada ha cambiado, salvo que todo va a peor

Tras el laborioso y complejo parto del 155, la actuación de la justicia, detenciones entre significados miembros de la cúpula separatista, ingreso en prisión de unos, fuga a Bruselas de otros, libertad bajo fianzas onerosos de una parte, elecciones autonómicas y triunfo de Ciudadanos en las mismas, lamentable y curiosamente, nada ha cambiado en mi tierra. Los independentistas han vuelto a demostrar en la sesión de constitución del nuevo Parlament que siguen a lo suyo, es decir, que van en la misma dirección que sus antecesores. El flamante President de la cámara catalana, Roger Torrent, ha manifestado que se siente uno más al servicio de la República Catalana. Para que luego algunos finos analistas digan que su discurso ha contenido aspectos positivos en aras del diálogo y la moderación.

Este político de treinta y ocho años puede decir lo que quiera, pero más cosas nos dice su currículum. Como todos lo jóvenes cachorritos de Esquerra, partido al que pertenece, su experiencia de la vida es perfectamente definible: desde 1999 ha sido concejal, y luego alcalde, de su municipio natal, Sarriá de Ter, además de diputado al Parlament desde el 2012. Es decir, todo su periplo laboral se limita a ser cargo público. Punto. ¿Qué le vamos a contar a este President acerca de la vida diaria de cualquier mortal, que no goza de sueldo público ni coche oficial? Nada. Pura casta política como lo son los Rull, Turull, Puigdemont y demás. El cristal de las antiparras con el que miran las cosas está distorsionado, es mendaz, y, para más inri, lo pagamos todos.

Ya se ha visto que de nada ha servido este compás de espera que un tibio y débil Mariano Rajoy había marcado con mano indecisa y titubeante. Convocar unas nuevas elecciones a pocas semanas del intento de golpe de estado separatista era estúpido, sino algo peor. Con su política de chichinabo solo ha conseguido…nada. Porque el mal sigue existiendo, y en el camino se ha llevado por delante un buen puñado de gente válida. Hablo de Xavier García Albiol, uno de los mejores políticos catalanes, valiente, honesto y con el coraje democrático de llamar a las cosas por su nombre, lejos de los eufemismos cobardes de los rojos de salón; hablo también de CelestinoCorbacho, ex alcalde y ex ministro socialista, que ha decidido dejar el PSC, tras toda una vida de militancia, básicamente por no compartir el rumbo político de su partido. Los conozco a ambos y estoy convencido que personas como ellos son más necesarias que nunca en esta Cataluña paniaguada, que vive dividida entre los tibios que dicen defender la Constitución y los aulladores fascistas que solo aspiran a limpiarse el trasero con las leyes para hacerse unas a medida.

Se ha podido comprobar en ese Parlament que, siendo nuevo, tiene el mismo olor a putrefacción y decadencia moral que el viejo. Las mismas palabras vacías, las mismas consignas sectarias, en suma, los mismos perros con diferentes collares. Rectifico: incluso los collares son los de antes.

La cobarde izquierda
Que en una sesión en la que los separatistas, sin tener la mayoría de votos, aunque sí en escaños, sigan actuando como si el cien por cien de los catalanes fuese de su propiedad demuestra que la izquierda catalana es una porquería; que encima, los podemitas de Comuns les faciliten el gobierno despótico de la mesa del parlamento, es una vergüenza; que el voto que faltaba haya salido de vaya usted a saber dónde, aunque todo indica que ha sido del PSC, es para ciscarse en el fielato social demócrata. No es raro que, con un personal así, Corbacho se vaya, como se han ido cientos de dirigentes socialistas – por cierto, la mayoría a Ciudadanos -, igual que se ha ido el votante del PSC de Barcelona, del Área Metropolitana, toda la gente que se horroriza viendo contemporizar a Miquel Iceta con los niños pijos de Junts per Catalunya. Normal.

Que el voto en blanco misterioso, cómplice necesario en el atropello de la constitución de la mesa del Parlament, el primero de los muchos que han de venir en los próximos tiempos, tenga un origen socialista no es que sea probable, es que es verdad. Tanto el PSC como los Comuns tenían el mismo objetivo: que Ciudadanos no obtuviese la presidencia. La izquierda ilustrada, la que pone siempre cara de perdonavidas, la misma que se pasa el día acusando a todo quisqui de machismo, xenofobia, déficit democrático, insolidaridad o explotación, curiosamente incumple el primer precepto en una democracia: respetar las mayorías. Su odio a la formación naranja es tal, la rabia que les reconcome al ver que les han ganado en barrios y ciudades que ellos consideraban “suyas” es tan enorme, tan gigantesca, que harán cualquier cosa para impedirle a Inés Arrimadas y a sus diputados que ejerzan de oposición. No les importa entregar el control parlamentario a los separatistas, los mismos que nos han llevado al momento más triste y grotesco del Cataluña democrática en las últimas décadas.

El cainismo de estas gentes ha permitido construir el primer escalón de la trama separatista, la nueva que es, a su vez, la de siempre. El bloque del golpe de estado secesionista ya puede decir que vale y que no vale, habida cuenta que los dictámenes de los letrados del Parlament se los pasan por el forro. Y como sea que Esquerra parece haber dado su visto bueno a la investidura de Puigdemont, el siguiente acto de esta pésima función de teatro pánico indigna de Arrabal ya sabemos cómo se desarrollará. Harán President a un fugado de la justicia, volverán a sacar de sus carpetas las leyes de Transitoriedad para la República, volverán a proclamarla, el gobierno central hará ver que vuelve a ser contundente, seguirá el 155, TV3 continuará vomitando basura a diario financiada por los contribuyentes, y así hasta el Juicio Final, porque ni estos van a bajarse del burro ni hay lo que se tiene que tener en Madrid para hacerlos apear.

Hoy nadie lo decía, pero en el Parlament se respiraba un aire de interinidad, de ocupar provisionalmente los escaños. Un diputado le decía a otro, de un grupo diferente, “No le cojas mucho cariño – al escaño – porque vamos a durar poco”. “Si, noi – replicaba su interlocutor – esta va a ser una legislatura tan corta como la proclamación de la república”. Tanto no, porque aquello fue un gatillazo político sin parangón, pero por ahí andará la cosa. Unas nuevas elecciones – y van… - como vía de salida al impase político siguen siendo la única carta que, incluso los de Esquerra, contemplan como plausible.

Estas son las consecuencias de un cerril Puigdemont, unos temblorosos dirigentes del PDeCAT, unos oportunistas como los de Esquerra, unos traidores a su ideología como la mal llamada izquierda, esa que se queja de la poca presencia de mujeres en la mesa del Parlament cuando su candidato era un hombre, y, en fin, de unos conservadores que tienen pánico cerval a abandonar su zona de confort y cumplir con su deber. Con tales ingredientes no es extraño que la escudella catalana tenga un gusto amargo. Muy amargo.

Rajoy podría, si todo va tal y como parece, prolongar el 155, hacerlo durar varios meses, que es lo que le pedía Albiol con toda la razón del mundo, aprovechar el impasse para limpiar TV3, los diferentes departamentos de la administración autonómica, en fin, trabar alianzas con aquellas fuerzas que quisieran cooperar en recuperar el pulso normal de la vida política en Cataluña.

Me apresuro a decir que esto no va a ser posible. Primero, ni Rajoy ni el PP tienen el coraje necesario para acometer tal cosa, ni la vida catalana ha sido nunca normal. Es debido a lo último que se ha llegado hasta aquí, con la complicidad de PP y PSOE. Efectivamente, tenía razón Ernest Maragall, con esta tropa, Cataluña siempre será suya.

«Sus» ladrones
Ignacio Camacho ABC  18 Enero 2018

En todo lo que se refiere al conflicto catalán, llevar razón está sobrevalorado. Desde que el procés entró en su fase de clímax, las evidencias o los hechos objetivos carecen de importancia en un estado de ánimo social dominado por la emocionalidad primaria, la mitología barata o el pensamiento mágico. Contra la oleada de sectarismo iluminado no han funcionado argumentos, ni demostraciones, ni pruebas, ni ha habido modo de que lógica alguna se haya podido imponer a la enajenación colectiva del sentimentalismo barato. Incluso la corrupción del nacionalismo ha rebotado sin apenas efecto en la moral de sus partidarios, blindados en un búnker coriáceo de victimismo y agravio. Si no les ha hecho efecto la fuga de empresas, ni el declive turístico, ni la subida del paro, poca mella les va a causar en su determinación fundamentalista una condena como la del «caso Palau». Ni siquiera los manejos palmarios del clan Pujol incidieron en la cohesión de un delirio que se ha revelado invulnerable al escándalo.

Lo único que ha conseguido el afloramiento de las mordidas del tres por ciento, que al final era al menos un cuatro, ha sido acelerar el desgaste del antiguo nacionalismo moderado. El partido alfa del autogobierno catalán se ha ido deshaciendo entre su propia deriva separatista y la brusca apertura judicial de sus armarios. El tráfico de comisiones era un secreto a voces que la burguesía fingía ignorar con desdén pragmático. Desde la época pujolista, Convergencia cimentó su hegemonía en una suerte de silencioso pacto que proporcionaba cierta estable prosperidad a las élites y a cambio les cobraba un porcentaje de los contratos. Como todo el mundo lo sabía, la revelación oficial de la trama ha tenido poco impacto; a cierto nivel de responsabilidad política o civil, la clase dirigente se dividía entre los que pagaban y los que ponían la mano.

Lo que sucede ahora es que el magma convergente se ha disuelto. Ya en la revuelta de octubre quedó demostrado que su menguante poder se desplazaba hacia los radicales y los activistas callejeros. La burguesía se ha quedado sin interlocutores institucionales; el PDCat tiene un liderazgo difuso, con Mas retirado y Puigdemont en fuga, y Junqueras no puede heredar su representación porque está preso. Pero ese vacío en la cúpula no frena ya el desvarío independentista porque dos millones de ciudadanos se han tragado sin objeciones la milonga del destino manifiesto. También eso se equivocó el Gobierno, incapaz de prever que en una comunidad razonablemente instruida prendiera tan llamativa falta de discernimiento.

Por eso la sentencia del Palau no va a remover en el soberanismo ningún cimiento. Robaban, sí, pero eran sus ladrones y todo quedaba dentro. Sólo los (demás) españoles, siempre tan avinagrados y tiesos, se escandalizan de haber descubierto ahora lo que en Cataluña eran veteranas reglas de juego.

La mitad de Cataluña se suicida con esmero
Cristina Seguí okdiario 18 Enero 2018

La mitad de la sociedad catalana merece tatuarse a Puigdemont en la nalga y ser gobernada por su perniciosa calcomanía. Desde Bruselas, desde uno de los ciber pakis que inundan El Raval. Desde su posición de “mascota del mundial”, o desde un frenopático de Milos Forman como si éste fuera MCMurphy, en su versión aislacionista. Con independencia del avatar del prófugo, 2 millones de catalanes volvieron a votar el 21D por el garito repintado de Convergencia. Y con ellos arrastraron inexorablemente a 5 millones de la resistencia que, obligatoriamente, seguirá pagando el diezmo a su intendencia. El 22D iba sentada en el tren pensando en ellos. De camino al oasis hispánico que significaba para mí Madrid tras casi tres meses de colonias periodísticas en una Cataluña mucho más extranjera que Flandes. Y recordé barrios plagados de lazos amarillos, luces de cuaresma indepe con la palabra “lliures”, perros paseados con vestidos amarillos y capotas ictéricas de infantes.

La prédica indepe llegaba hasta el plato de menú que logré comer en horas de cierre de cocina en el barrio de Gracia: “Guisantes con jamón corriendo LIBRES”. En medio de esa realidad social que implica al 47% de Cataluña, la investidura de Puigdemont o de cualquiera de sus secuaces de idéntica naturaleza, se antojaba de todo menos loca o extravagante. En su trascendencia internacional, recordé algunos casos parecidos a los de las aspiraciones independentistas muy alejados del conflicto de Kosovo y de otras manidas alusiones a los conflictos bélicos y pactos alcanzados en románticos armisticios tan aludidos por sus portavoces: el fatal suicidio epifánico de Waco protagonizado por la secta de los Davidianos liderados por David Koresh. O la masacre de Kanunca en la que mil personas ardieron voluntariamente en un averno casero improvisado bajo la promesa de su líder de que serían llevados al cielo por la Virgen.

El perpetuo rito exorcista del independentismo por liberarse del demonio del Estado, la oligofrénica liturgia de los curas catalanes dando la comunión a las urnas, y el mesianismo en el que los independentistas se erigen, habla de parte de una población mucho más constituida como organización de milicia que como sociedad. Habla de una masa mórbida y ofrecida al suicidio masivo y a las homilías de líderes que logran que sus seguidores se sacrifiquen ante la creencia de que después de la muerte les espera un cielo infinito y 100 vírgenes de La Garriga y Girona. Nada cambiará en el cuartel faccioso que es el Parlamento catalán desde hace más de 37 años y que hoy ha vuelto a inaugurar una nueva legislatura de quirúrgica batalla a la legalidad, a los derechos civiles de más de la mitad de la población y a los derechos políticos de la oposición.

La elección de Roger Torrent para presidir la mesa se consumó gracias a la atracción incluso carnal de Podemos hacia las tesis soberanistas. Confirma que, la urgencia de Ciudadanos, la falta de autoestima del PP y la prisión preventiva de Junqueras no macerará un inaudito respecto al orden constitucional. Éste ha sido absolutamente despreciado por Ernest Maragall que, en su efímero discurso de ayer, volvió a demostrar que el PSC es la más ferviente cantera de la depredación nacionalista que está a la altura de los racistas ex presidentes de hemeroteca Heribert Barrera, Carmen Forcadell y Núria de Gispert. Quizá podríamos afrontar con sinceridad el debate reconociendo que los auténticos responsables de lo que ocurre en Cataluña no son únicamente los políticos, cómplices empresariales y mediáticos de Cataluña, sino esos 2 millones de personas que está decidida a llevarse por delante a la otra mitad superviviente en la menestralía de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Cataluña durará el tiempo que ésta resista.

Los "funcionaris" se mofan del 155
Pablo Planas Libertad Digital 18 Enero 2018

El Gobierno permite exhibir propaganda separatista en la consejería de Economía.

Las cuentas de la Generalidad están intervenidas por Hacienda y los altos cargos autonómicos deben justificar, en teoría, cada euro de gasto, pero el control no es estricto ni llega mucho más allá. El visto bueno a todo es la norma bajo la supervisión del Gobierno. Puro trámite. Los funcionarios de la administración regional están sorprendidos ante la nula incidencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en las tareas habituales de agitación, propaganda y manipulación de sus jefes. Los enviados del Ejecutivo de Mariano Rajoy se han avenido incluso a agilizar el pago de las subvenciones a los medios dedicados a difundir el discurso del odio contra España.

Poco ha cambiado en el día a día de la Generalidad. La mayoría de los cargos de confianza colocados por ERC y Convergencia han seguido en sus puestos y han podido compaginar el "trabajo" con los viajes a Bruselas para conspirar contra el Estado sin merma en sus suculentas nóminas ni mayores contratiempos. Si esto es la guerra, que no venga la paz, canturrean. En los Mossos cayó Trapero y poco más. Este miércoles, cerca del "Parlament", un grupo de agentes identificaba y retenía durante casi una hora a cuatro personas por llevar banderas españolas mientras a su lado unos separatistas llenaban las vallas de lazos amarillos. Las instrucciones son las mismas y en algunas comisarías hay carteles separatistas en pasillos y despachos. Igual que en todas las consejerías.

El 155 es la última leyenda urbana. Cuentan los separatistas que en cada cubículo de la Generalidad hay un censor del Estado que se dedica a destruir a conciencia la gran obra del nacionalismo, pero no parece que tan ardua labor tenga efecto. En realidad, aumentan las sospechas sobre la existencia de algo parecido a tal artículo de la Carta Magna. No hay hombres de negro ni chicas de blanco en las curvas.

Una prueba, entre muchas otras, del carácter mitológico de la cifra es la "decoración" de la fachada de la consejería de Economía, aquella de Junqueras en la que estuvo a punto de ser linchada una comitiva judicial que pretendía llevar a cabo un registro y estuvo retenida en el interior durante casi 20 horas. En un balcón, una pancarta contra el 155; en el otro, otra con la cara del antedicho y las palabras "libertad", "presos" y "políticos". ¿Libertad de expresión? ¿Bajo la bota del 155? Raro.

Así es que la consejería de Economía, un edificio público sostenido por el esfuerzo fiscal de todos los ciudadanos, incluso los que no votan a partidos separatistas, es una gran valla propagandística del separatismo, a pesar de que todavía está en vigor el artículo 155, catalogado por los partidos separatistas como un "golpe de Estado". Los carteles llevan en la fachada varias semanas sin que hayan suscitado la más mínima actuación de la Delegación del Gobierno o del Ministerio de Interior, del que, se asegura, dependen ahora los Mossos. El edificio no es difícil de localizar. Está en el centro de Barcelona, en la rambla de Cataluña entre Gran Vía y Diputación.

Los Maragall y Franco
José García Domínguez Libertad Digital 18 Enero 2018

Ernest y Pasqual se hincharon a combatir el franquismo desde los cargazos que les procuró el franquismo.
Siempre hablan los que más deberían callar. Así el sufridísimo y discretísimo separatista de toda la vida Ernest Maragall i Mira, heroico resistente secular contra las fuerzas opresoras del Estat espanyol. Primero, desde un puesto de designación digital como alto asesor, junto con su hermano Pasqual, de un alcalde franquista de Barcelona, el célebre José María Porcioles. Después, una vez difunto el dictador a cuyo valido local con tanta lealtad había servido, como agraciado usufructuario de una lista interminable de cargos públicos, chollos varios y canonjías infinitas, todos ellos logrados merced a la generosidad del socialismo hispano y su delegación franquiciada en la plaza, el aún oficialmente llamado PSC-PSOE. Se entiende, pues, la ira del tete Ernest contra ese malhadado Estat espanyol al que tanto detesta. Porque Ernest Maragall, alguien que dice ser economista pese a que en ninguna de las dos universidades que había en Barcelona durante su época estudiantil –la Central y la Autónoma– resulta posible encontrar su nombre en los registros oficiales de licenciados, seguramente habría llegado muchísimo más lejos en su periplo profesional y vital de no ser por ese funesto Estat. Seguro que sí.

Al tete se lo habrían rifado las principales multinacionales de Europa y América, sin olvidar las japonesas, si no hubiese sido porque ese artero Estat espanyol se empeñó en retenerlo en nómina hasta que le llegó la edad de jubilación, cuando, ya por fin hombre libre y pájaro cantor, pudo escupir a placer contra la mano que le ha dado de comer desde que tiene uso de razón. Al cabo, si alguien tiene motivos más que sobrados para odiar y despreciar a España, esos son los Maragall. De entrada, porque el escudero de Francisco Franco en la Ciudad de los Prodigios forzó a ambos hermanos, tanto a Ernest como a Pasqual, a incorporarse, como ya se ha adelantado ahí arriba, al selecto sanedrín de colaboradores de su máxima confianza, la elite de la elite de su equipo de asesores personales, el genuino Gobierno en la sombra que dirigió el Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa crepuscular del Régimen.

Pero, siendo grave, aquella afrenta no sería la única que la dictadura les tenía reservada.
Porque, poco después, Pasqual fue obligado por Porcioles a continuar cobrando su sueldo mensual íntegro durante los dos años de excedencia voluntaria que pasó en Nueva York, entre 1971 y 1973. O sea, con Franco aún vivito y coleando. Es más, las autoridades de la época tuvieron incluso que violar sus propias leyes para lograr que el dinero llegase puntualmente a Estados Unidos cada primero de mes. Y es que que sacar de España tales sumas hubiera supuesto incurrir en un delito de fuga de capitales según la normativa entonces vigente. Razón por la cual el máximo servidor del Caudillo en Barcelona tuvo que ordenar a más de media docena de altos cargos del Ayuntamiento que remitiesen de forma individual giros periódicos de divisas al hermano de Ernest. Mediante tal argucia, se logró completar los haberes de su nómina sin violar la Ley de Cambios franquista. Ese fue el cruel modo elegido por la dictadura espanyola y sus lacayos para perseguir y atormentar a la muy nacionalista familia Maragall.

"Este país será siempre nuestro", dijo este miércoles desde la mesa presidencial del Parlament. Como toda la vida, le faltó añadir.

Iglesias, el payaso de Leningrado
Javier Somalo Libertad Digital 18 Enero 2018

Duele Tabarnia. Irrita Tabarnia. Desenfoca a los chupópteros habituales y los arroja a la oscuridad. El magistral "no soc aqui" de Boadella da la mano a aquel "ja soc aqui" de Tarradellas demostrando el absurdo y criminal viaje circular en el que nos embarcaron los racistas catalanes. Ahora son ellos los que tienen el problema.

La estricta seriedad del payaso de Tabarnia choca violentamente con el nacionalismo que se creía épico. El nacionalismo de actrices y políticas lloronas, el de los dedos rotos de mentira, el de los cobardes, el de los niños engañados por padres y madrasas, el de las televisiones y radios fascistas que emiten consignas de caza, queman leyes y símbolos pero cobran y cobran de la atolondrada España metrópoli. Un circo, levantado por las víctimas, ha rasgado el velo de la omertá. Empezó haciendo sonar a Manolo Escobar en noches de cristales rotos, colgando banderas inéditas en balcones, siguiéndole al nacionalismo su broma macabra. Y pronto resultó que aquel circo era la dramática realidad de Cataluña, el grito de sus ciudadanos ante décadas de opresión consentida. ¿Suena a broma?

Pero además, la seriedad, la intelectualidad y el coraje del payaso de Tabarnia fulminan también al neopopulismo de extrema izquierda que se desangra a borbotones. Pablo Iglesias, el político que necesita vacaciones para pensar, dice que Tabarnia "es una tomadura de pelo y un circo". El payaso de Leningrado se ha quedado sin pista. Han borrado su nombre de los carteles. Ya nadie quiere ver su núcleo irradiador o el concurso de besos. Ya nadie paga por el numerito de los bebés en el escaño, el de las camisetas, el de las lágrimas ante los bruñidos leones del Congreso o los desfiles de paletos, varas y bastones. Dice el payaso triste y sin taquilla que "en España y en Cataluña, hay gente que quiere que se gobierne en serio" y hasta adivina que "ciertas cosas ya están cansando a algunos ciudadanos". Lo podría haber dicho Boadella –no habría diferenciado España de Cataluña– y tendría razón. Pero Iglesias no. En la carpa de Iglesias ya sólo quedan grúas para homosexuales, burkas y francotiradores en chándal que disparan a la orden de un pajarito. El circo de los círculos cumple cien años de sangre y sus cien millones no murieron de risa.

Tómense su tiempo. Pasen y vean. Yo no compré la entrada el primer día porque la vendía Twitter. Pero cuando un payaso dice "se acabó la broma" no hay más remedio que escucharle. De momento, el de Tabarnia ha echado del circo al de Leningrado porque ahora empieza lo serio.

Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.

Ante el soborno: negar como perros
Fernando González Urbaneja republica 18 Enero 2018

José López Portillo, malhadado presidente de México (1976-82) juró justo durante los últimos meses de su mandato, tras una desastrosa gestión económica, que defendería el peso “como un perro”. México suspendió pagos, y sufrió un derrumbe de la moneda de 28 pesos por dólar a cien. Y a renglón seguido la crisis llamada “tequila” que forzó al tesoro norteamericano a un rescate ante la amenaza a los bancos americanos que estaban muy sobre-invertidos en México. La expresión “como un perro” hizo fortuna como figura del intento desesperado para evitar lo inevitable. Algunos aconsejan al pillado infraganti negar la evidencia, no aceptar como si la obstinación pudiera modificar la realidad. No suele modificarla. Defender “como un perro” no evita el derrumbe.

Los partidos políticos españoles afectados por corrupción evidente, probada se han abonado a la tesis de López Portillo: negar la evidencia, defender la posición “como perros”. No lo consiguen, incluso empeoran lo que pudieron aliviare con una respuesta temprana al problema. Luego la realidad se encarga de colocar las cosas en su sitio. Y la realidad pasa siempre porque alguien confiesa por múltiples razones.

Las confesiones de Millet y Montull en Barcelona, de Marjaliza y Correa en Madrid y Valencia, y antes las del contable chileno del PSC-Filesa, frustrado en sus pretensiones… dejan con el culo al aire a los dirigentes de los tres partidos, que negaron “como perros” las irregularidades; tanto negaron que complicaron la propia defensa de lo que pudo ser un pecado explicable por el que pagar un precio asumible. No lo hicieron, se comportaron “como perros” y están pagando precios incalculables. El PSC no ha levantado cabeza, entre otras razones por su gestión económica propia; el caso de Convergencia es mucho más grave, su modelo del 3% era de soborno sistemático; y en el caso del PP en Madrid y Valencia las evidencias que se van acumulando son abrumadoras; tanto que tendrán que pagar un precio político aunque algunos crean que “negando como perros” y dejando pasar el tiempo vendrán las prescripciones, los olvidos y el perdón aunque sea por aburrimiento.

Las evidencias de los sobornos en la contratación pública para beneficio primero de los inevitables intermediarios-conseguidores, también para muchos (no todos) los políticos implicados y de partidos que han financiado irregularmente sus dispendios son una realidad probada en los juzgados. Peor aún, lo que se va descubriendo y acreditando es parcial, solo la parte más obvia, que deja entrever un volumen mucho mayor. Por ejemplo la financiación irregular de Convergencia a través del Palau (una forma de blanquear el dinero) apunta que hay otros pagadores más astutos que pagaron en negro como el carbón, sin facturas para disimular sin apenas rastro. El 3 o 4% confesados por Millet y Montull no eran casos excepcionales sino que formaban parte de la forma de proceder. Jueces y fiscales no se han atrevido a ir más lejos por pereza o por la dificultad de demostrar hechos sin rastro pero no se pueden negar las evidencias aunque la estrategia de “negar como perros” es la habitual en sobornadores y sobornados; en promotores, intermediarios y víctimas.

Lo que no entiende Podemos del separatismo catalán
Cristina Losada Libertad Digital 18 Enero 2018

Pablo Iglesias reapareció el otro día para hacer algo que los periódicos, muy generosamente, llamaron una autocrítica por los malos resultados en las autonómicas de Cataluña. El líder de Podemos cree que la razón de que les fuera tan mal es que no estaban en su salsa, que es la salsa de la agenda social. Y cree que la manera de sintonizar de nuevo con las clases populares es recuperar esa agenda que se perdió en el torbellino del problema catalán, y pasar de un lío territorial que no responde, según él, a las preocupaciones y necesidades de la gente. En una entrevista posterior lo dijo así: "Es un fracaso que sólo se hable de banderas".

Qué poco ha entendido Pablo del separatismo catalán. No ha entendido nada. No ha entendido lo esencial. Al contrario de lo que cree, en eso que llama despectivamente "guerra de banderas" se juega una partida trascendental para la prosperidad de España y la igualdad de sus habitantes. Porque la aspiración declarada de los separatistas catalanes es dejar de contribuir al bienestar del conjunto de los españoles. Como diría el propio Pablo si entendiera de qué va esto, los separatistas catalanes no quieren pagar para que los hijos de las clases populares de las regiones menos ricas de España puedan estudiar y disponer de atención sanitaria. Para eso quieren montarse un estadito independiente. Entre otras cosas, sí, pero también y ante todo para eso. ¿O no les ha oído decir Pablo lo de "Espanya ens roba"? ¿O no les ha oído proclamar que su república independiente iba a ser más rica, más próspera y más todo porque habrían soltado el lastre de la atrasada España?

No quiero decir con esto que el único motor del separatismo catalán sea la pela, porque esa es la discusión del huevo y la gallina. En el fondo da igual qué va primero, si el egoísmo material o el supremacismo cultural. Da igual porque los dos elementos van juntos y han ido históricamente juntos. Los patriarcas del catalanismo de hace un siglo, que atribuían la prosperidad de Cataluña a unos rasgos específicos –específicos, según ellos– de los catalanes nativos que los hacían superiores a otros "pueblos" o "razas" de España, se verían perfectamente representados hoy en el modo exaltado con que los independentistas glorifican al "poble de Catalunya", al que adornan de todas las virtudes posibles por contraposición a "los españoles", gentes en las que sólo ven carencias y defectos.

El separatismo catalán no sólo es un separatismo de los ricos porque quiera dejar de contribuir al bienestar de los españoles. Es literalmente de los ricos. Es entre los que tienen mayor renta donde se encuentra el mayor apoyo a la causa secesionista. Y a la inversa, cuanto menos renta, menos apoyo. Esas clases populares con las que quiere volver a sintonizar Podemos, si es que alguna vez gozó de esa sintonía, no están en Cataluña con la bandera estrellada. Si Pablo hubiera estado en las manifestaciones contra el separatismo que se hicieron en Barcelona y en otras ciudades catalanas lo habría visto con sus propios ojos. Pero no estuvo. Y así habla de recuperar banderas sociales, como si eso que ya le aburre y llama "guerra de banderas" no fuera también de banderas sociales y nada tuviera que ver con los problemas de los ciudadanos, con su bienestar, con su igualdad.

Pensar, como piensa Pablo, que el separatismo catalán y la agenda social son asuntos del todo distintos es mucho peor que un error. Es una incomprensión de la que nacen todos los errores. De esa incapacidad para entender de qué va el separatismo catalán viene que les haya ido mal en Cataluña y les vaya mal en toda España. Porque, a diferencia de los dirigentes podemitas, muchos ciudadanos de Cataluña y muchos del resto de España entienden perfectamente de qué va ese independentismo con el que Podemos se siente cómodo. Y como lo entienden, lo rechazan. Lo rechazan por su egoísmo, por su supremacismo cultural, porque quiere separar aquello que está unido y mezclado desde hace mucho tiempo, porque es excluyente. El gran fracaso de Podemos y los comunes es que no han entendido algo que han entendido millones de españoles. Vista su autocrítica, está claro lo que van a hacer: van a seguir prestando buenos servicios a los separatistas. Ya lo acaban de hacer, de nuevo, en el Parlamento catalán. Pues nada, oye.

Cataluña sigue en las trincheras
EDITORIAL El Mundo 18 Enero 2018

La legislatura que ayer arrancó en Cataluña no parece que vaya a coser la brecha que la quimera independentista ha abierto en la convivencia. Ni la elección de Roger Torrent como presidente del Parlament -un independentista alineado durante los últimos meses con la facción más radical de ERC- ni la contumacia discursiva del bloque soberanista en torno a los "presos políticos" preludia un tiempo político capaz de devolver la política catalana a la normalidad institucional.

Lo primero que cabe subrayar es que si el independentismo ha podido situar a uno de los suyos al frente de la Cámara catalana ha sido gracias a la confluencia catalana de Podemos. Su aparato de propaganda se esfuerza por presentar la abstención de los comunes como un ejercicio de exquisita equidistancia; falsa neutralidad desenmascarada por la evidencia de que dicha abstención beneficiaba al candidato propuesto por Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP. De hecho, la seguridad de que la marca controlada por Ada Colau cercenaría el paso a Ciudadanos persuadió a Puigdemont y el resto de fugados de no solicitar la delegación de su voto, tal como sí hicieron Junqueras, Forn y Sánchez. El conglomerado de Pablo Iglesias sigue sin corregir su ruborizante sintonía con quienes quieren romper España, lo que constituye un lastre no sólo para Podemos sino para la unidad nacional y el orden constitucional.

Es cierto que el discurso de Torrent sonó conciliador, y que no escatimó en llamamientos a la necesidad de volver a la "normalidad". Tan es así que se produjo una paradoja: la CUP reaccionó censurando el tono y el PP elogiándolo. El problema de esta retórica es que ya se la escuchamos a Carme Forcadell en el arranque de la legislatura pasada, cuya hoja de ruta derivó en un golpe al Estado de derecho. La intervención de Torrent no casa ni con la estrategia del partido de Junqueras ni con su cerril crítica al 155, ni tampoco con las incendiarias palabras de Ernest Maragall. El dirigente de ERC, que pronunció un discurso partidista e impropio de la función encomendada a la Mesa de Edad del Parlament, no tuvo reparos en sentenciar: "Este país siempre será nuestro". Una amenaza que provoca escalofríos en boca de quienes aún no han hecho una renuncia explícita de la unilateralidad.

El separatismo se ha garantizado el control de la Mesa, pero lo que se espera de Torrent es que sea el presidente de todos y respete la ley, una exigencia democrática básica que debería ir acompañada de un Govern que gestione problemas, no que los cree. Pero el afán de Puigdemont de ser investido telemáticamente sólo alargará el 155 y cronificará el conflicto tras el recurso que el Gobierno presentará al TC. Mientras los secesionistas no aterricen en la realidad, Cataluña seguirá encallada en la fractura política, la división social y la inestabilidad económica.

El ‘procés’ continuará
Alejandro Tercero cronicaglobal 18 Enero 2018

El estrepitoso fracaso del proceso independentista --con los líderes del golpe al Estado huidos o en prisión, sumado a la absoluta indiferencia internacional, a la constatación de que la “construcción de estructuras de Estado” era una falacia, a la incesante fuga de empresas, y a la comprobación de que el 155 se aplica con normalidad-- hizo albergar esperanzas a buena parte de los defensores de la denominada tercera vía.

El secesionismo quedó noqueado, en estado de shock, y la intensidad de las acciones para acercarnos a la Ítaca prometida por los Mas, Rufián, Tardà, Llach, Cucurull, Partal y compañía se redujo sustancialmente. Para muchos de los valedores de la reforma constitucional como fórmula para "encajar" (sic) Cataluña en España, esto era un síntoma --y una oportunidad-- de que el nacionalismo podía volver a posiciones más moderadas y razonables. Sin embargo, hay elementos que apuntan en sentido opuesto. Especialmente tras las elecciones autonómicas del 21D.

El enroque de Puigdemont, empeñado en recuperar la presidencia de la Generalitat a toda costa --de forma telemática o con una aparición por sorpresa en el Parlament en el último momento--, confirma que el frikismo y la extravagancia que ha caracterizado el procés no solo no se ha esfumado sino que se mantiene con fuerza. Además, el entorno del expresident fugado ha conseguido arrastrar hacia la radicalidad a un impotente PDeCAT y a sus exsocios de ERC --haya o no cambio de candidato en el tiempo de descuento--, en quienes algunos analistas habían visto unos síntomas de sensatez.

Unos presuntos indicios de los que no hubo rastro alguno en el discurso de ayer de Ernest Maragall (ERC) en la sesión de constitución del Parlament. El dirigente nacionalista aprovechó su minuto de gloria al frente de la cámara autonómica --como presidente de la Mesa de Edad-- para lanzar una proclama secesionista y un ataque frontal contra el Estado. Habló de una “Cataluña que no se rinde” ante las “agresiones” del Estado “que cada día vivimos”. Aseguró que “el Estado español no sabe ganar, sabe derrotar; no sabe compartir, sabe imponer, humillar y castigar”.

El secesionismo unilateralista no ha desistido en su objetivo de lograr la independencia por métodos ilegales. Tan solo se han tomado un tiempo para recomponerse, reajustar estrategias. Quedan pocas dudas de que el esperpento continuará

Maragall no solo no pidió perdón ni asumió responsabilidades ante sus bases por el tremendo engaño en que ha consistido el procés, sino que se enorgulleció de él y anunció que continuarán adelante: “Nosotros seguiremos, hemos aprendido, conocemos bien nuestras fuerzas y medimos mejor las del Estado, sabemos lo que podemos esperar de Europa y lo que no podemos esperar de sus grandes Estados”. En esa línea, el exsocialista apeló a la “resistencia, firmeza y tenacidad” de la ciudadanía para avanzar hacia la “república”, y se despidió parafraseando uno de los gritos de guerra de la CUP: “Este país será siempre nuestro”.

Tampoco la intervención del nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, augura el fin de la matraca procesista. De hecho, su elección es el resultado de un pacto que implica el apoyo de ERC a la investidura de Puigdemont, contraviniendo lo indicado por los letrados de la propia cámara autonómica. Aunque la nueva estrella del independentismo institucional mantuvo un tono mucho más suave que Maragall, el victimismo fue el leit motiv de su discurso. Un alegato en el que también alabó ampliamente a su predecesora, Carme Forcadell, precisamente por las actuaciones que la han llevado ante la justicia.

En realidad, nada de lo ocurrido es una novedad. El secesionismo unilateralista no ha desistido en su objetivo de lograr la independencia por métodos ilegales. Tan solo se han tomado un tiempo para recomponerse, reajustar estrategias. Como reconocía Maragall, “nosotros seguiremos, hemos aprendido, conocemos bien nuestras fuerzas y medimos mejor las del Estado”. Quedan pocas dudas de que el esperpento continuará. Así las cosas, se abre una cuestión: ¿Cómo es posible que todavía haya constitucionalistas que sostengan que hay algo que negociar con estos personajes?

Según Zoido
El Gobierno gastó 87 millones de euros en el despliegue policial del 1-O
El ministro defiende en el Senado que la Policía y la Guardia Civil priorizaron el "uso mínimo de la fuerza" y culpa a los Mossos de las cargas por no cumplir su "deber"
Alejandro Requeijo vozpopuli.es 18 Enero 2018

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comparecido este jueves en el Senado para dar explicaciones sobre el despliegue policial del 1-0. En su exposición ha cifrado en 87 millones de euros el coste que le ha generado al Estado el desplazamiento policial en Cataluña y ha culpado a la "irresponsabilidad" de la Generalitat.

Según las explicaciones de Zoido, la factura del referéndum ilegal se distribuye entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades. "Es una cantidad muy importante de dinero, otro alto coste que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Cataluña", ha añadido Zoido. A este gasto ha sumado los "mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras".

Por primera vez el Ministerio ha ofrecido datos del dispositivo desplazado a Cataluña: “la cifra no es exacta porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas. Aunque durante tres días, el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, fue de 6.000 efectivos”.

El papel de los Mossos
Se ha referido también a la actuación de los Mossos d’Esquadra aquel día para decir que “si todos hubiesen cumplido con su obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar”. En su exposición inicial ha defendido que la Policía y la Guardia Civil priorizó “la seguridad de los ciudadanos” y el “uso mínimo” de la fuerza.

“Ya la justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos d’Esquadra ese día, y principalmente de sus mandos, de hecho su máxima autoridad en aquellos momentos (Josep Lluis Trapero), como ustedes bien saben, está siendo investigada en la Audiencia Nacional por delitos tan graves como el de sedición, pero quizá si todos hubiesen cumplido con sus obligación, algunos de los hecho que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar”, ha declarado.

En su comparecencia inicial, además, ha censurado la campaña que realizó el independentismo para aumentar la magnitud de las cargas, incluso difundiendo casos de “manipulación” y “noticias falsas” de las que se hicieron eco medios internacionales. También ha dicho que en 149 de los 948 municipios hubo más votantes que personas censadas. Ha puesto de ejemplo el municipio de Polinyà, con un censo de 5.910 personas, llegaron a votar 10.215 (horas antes de la consulta los organizadores abrieron un censo universal por lo que cada persona podía votar en cualquier punto).

Votantes "pacíficos"
Argumentos como este ha generado en varias ocasiones que senadores independentistas interrumpiesen al ministro tratando de rebatir sus argumentos. En uno de estos casos intervino el presidente de la Comisión para pedir que se respetase el turno de palabra.

“Lamento como el que más que haya habido heridos, pero los responsables son los que con un comportamiento ilegal generaron un clima de desobediencia y no las fuerzas de seguridad que cumplían con un mandato legal”, ha dicho después de destacar que el día de la consulta ilegal anulada por el Tribunal Constitucional fue a votar "mucha gente pacífica", pero que entre quienes se encontraban allí “de buena fe”, había también elementos radicales que se opusieron violentamente a la Policía y la Guardia Civil.

Verdad incómoda
Y al final de tanto rodillo... se habla en español

Luis Ventoso ABC 18 Enero 2018

Estoy de acuerdo. Catalán, vasco y gallego son tres tesoros de España (y por extensión del mundo). El vasco ofrece además la singularidad añadida de su enigma, pues no tiene matriz indoeuropea. En catalán se ha escrito una literatura de hermosas sonoridades y con auténticos clásicos. En gallego radiografió Rosalía la morriña, o fabuló Cunqueiro a su aire. Pero vayamos con una verdad incómoda: al final, y pese al enorme y oneroso esfuerzo en su contra por parte de los gobiernos nacionalistas, la lengua más hablada en el País Vasco y Cataluña es el español. Además se trata de un idioma más rico y universal. Catalán, gallego y vasco tuvieron un esplendor inicial y luego padecieron cierto estancamiento, alejados de la cultura libresca y las grandes corrientes del pensamiento europeo. A finales del XIX resurgen, pero en buena medida hay que reinventarlos. Gallego y vasco, por ejemplo, habían estado restringidos a un mundo rural y arcaico. ¿Pueden poseer lenguas así recursos para traducir la filosofía de Hegel? Permítanme que lo dude, salvo que se injerte a saco léxico de otros idiomas (que es lo que se ha hecho). Lo que hoy llamamos euskera estaba fragmentado en dialectos, que a veces dificultaban que los vecinos de un valle se entendiesen con los de otro. Fue reunificado artificialmente en 1968, con el batua.

Disculpen que les aburra con mis remotas peripecias afectivas. De chaval tuve una novia estupenda, hija de un jerarca del PNV. Había sido educada en euskera, ikastola a tope. Un día le pregunté si solía hablarlo. Su respuesta me dejó desconcertado: «Es demasiado difícil. Si lo has aprendido estudiándolo, como yo, mantenerlo es la obra de una vida, un trabajo constante». El Gobierno vasco, según acaba de publicar ABC, se gasta 107 millones de euros anuales en fomentar el euskera. Niños que jamás lo hablan en el recreo ni en sus casas son escolarizados en ese idioma. ¿Ha funcionado tan abrumador programa de ingeniería social? Según el Clúster de Sociolingüística, centro de referencia sobre el uso social del euskera, en Bilbao, la mayor ciudad vasca, lo habla a diario el 2,5% de la población. En las calles bilbaínas se escuchan más los idiomas extranjeros (3%) que el vasco. ¿En qué hablan entonces los bilbaínos? Pues en lo mismo que los murcianos.

Estimo que sé hablar gallego correctamente. Pero continúo con más verdades incómodas: el castellano me ofrece más sinónimos y términos especializados, y también un universo editorial infinitamente más rico. Visitando una exposición en Londres sobre las incursiones de los holandeses Támesis arriba en el XVII, vi una gaceta española de la época, que daba cuenta de aquellas correrías solo unos días después de que hubiesen sucedido. ¿Por qué ocurría eso? Pues porque el castellano ya era el idioma de un gran país, en concreto del mayor imperio que existía. ¿Había crónicas similares en vasco o en gallego? Pues no. Por entonces se reducían prácticamente a un uso verbal.

Todo esto no supone despreciar el vasco, el gallego y el catalán, lenguas maravillosa, sino simplemente decir la verdad. Pero si lo cuentas en alto te brean en el altar de la corrección política.

(P. D.: y ahora.... ¡el bable!)

Montados en la misma burra
Jesús Salamanca diariosigloxxi 18 Enero 2018

Parece que en Cataluña pretenden seguir jugando a lo mismo que antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Poco ha cambiado, a pesar de que algunos miembros del Gobierno central no se cansan de repetir que el artículo citado ha hecho entrar en razón a los “indepes”. Pero ya nadie de entre los catalanes y de entre el resto de la ciudadanía española se deja tomar el pelo, ni por pelomocho ni por los “Jordis” ni por el “Govern”.

Y para corregir lo que sea preciso, ahí está Tabarnia, bonito neologismo dispuesto a hacer entrar en razón al mundo nacionalista radical. Frente a la insensatez del independentismo, surge con fuerza la intención sana de poner frente al espejo a ese mundo radicalizado, desconcertado y desobediente a la ley. Ni Forcadell ni Forn ni Rull ni Turull ni ninguno de cuantos estaban en prisión y tienen la causa pendiente han hecho lo que prometieron al juez. Lo que no entiendo es por qué el juez no vuelve sobre sus pasos: no tiene más que ver cómo Forcadell lleva toreándole un día sí y otro también; todo un juez --con un caso de la envergadura del catalanismo reaccionario-- no tiene por qué pasar cada día por un cornúpeta más. El odio se corta sin odio y con la ley por delante. Pero cuanto antes.

Albert Boadella ha sabido dar una ejemplar lección a quienes rociaban de sal los sarmientos. ¿Payaso? Sí, claro, pero “aprendiz de payaso al lado de quienes pretenden la investidura telemática de un prófugo de la Justicia”. Quien no sepa reírse de sí mismo es mejor que se aparte de los demás y de la convivencia diaria. En este caso está siendo una lección la broma y el humor profesional frente a las taras de “indepes”, frente al odio a todo lo español y frente al despreciado adoctrinamiento infantil en que sigue incurriendo ese mundo miserable de la “república catalana” a la fuerza y por las bravas.

Ayer no me causó sorpresa ver cómo los líderes de ANC y Ómnium mandaban misivas carcelarias instando a tomar la calle con dureza, viveza, fuerza y fiereza, en un claro desprecio a la Justicia y a los letrados del Parlamento catalán. Mientras no se mate al perro, no se acabará la rabia y esa inquina procede en raíz de esas dos organizaciones procatalanistas y antiespañolas. Con esa salsa deteriorada y corrompida de la independencia, ahora tenemos dos presidentes: Albert Boadella, presidente “legítimo” de Tabarnia, y Puigdemont, trasmisor de su locura presidencial, interpretando papeles distintos y dándose la vidorra en Bruselas, a la vez que se mofa de quienes se quedaron para ingresar en prisión.

Con Tabarnia en escena no es fácil distinguir en Cataluña qué es lo ridículo y qué es lo serio, sobre todo si quien se hace la pregunta es un recién llegado que no conoce las vicisitudes de los últimos meses y las locuras radicalizadas de un sector desestabilizador, dañino y grosero. Pero no perdamos de vista los antecedentes de aquella CiU, ni la herencia que recibió Juntsper3% (ellos hablaban de “Juntspersí”) que es la semilla del ahora JuntsperCat.

¡Viva Tabarnia! ¡Viva España!

La Academia del Bable censura el uso político de la lengua
Roberto Pérez ABC 18 Enero 2018

La Academia de la Llingua Asturiana, la institución creada oficialmente en Asturias en 1980 para proteger y fomentar el bable, considera que sería disparatado implantar en el Principado una cooficialidad lingüística al nivel del catalán, el vasco o el gallego. Así lo ha reconocido el presidente de la Academia, Xosé Antón González Riaño. Defiende ampliar la protección jurídica del asturiano, pero rechaza que el debate de la cooficialidad se instrumentalice políticamente. González Riaño medió así en la polémica desatada en Asturias por la cooficialidad lingüística a la que aspira el sector sanchista del PSOE, Podemos e IU, y que rechazan el PP, Ciudadanos y una buena parte del propio socialismo asturiano, entre la que se incluye el presidente del Principado, Javier Fernández.

El bable está protegido por ley desde finales de los años 90, con la Ley del uso del asturiano aprobada bajo un gobierno regional del PP. A costa del presupuesto autonómico, esta lengua ya se oferta en la enseñanza -asignatura optativa-, se subvenciona en la producción cultural y en los medios de comunicación. Así las cosas, el PP considera que la cooficialidad embarcaría al Principado en una costosa e innecesaria aventura que generaría problemas donde no los hay.

El propio presidente de la Academia de la Llingua, pese a estar a favor de una cooficialidad limitada, reconoce que solo debería salir adelante desde un amplio consenso político. Y rechaza de plano que el bable se imponga como obligatorio en la Administración, entre los funcionarios, en la enseñanza o a la hora de acceder al empleo público. «No tendría sentido», admite.

Desde esas premisas de uso voluntario, sin imposiciones lingüísticas, González Riaño sí cree que la cooficialidad serviría, por ejemplo, para dignificar y regular más adecuadamente al profesorado de asturiano, y para establecer derechos lingüísticos añadidos de fomento del bable. Pero el asunto tiene gruesas aristas políticas.

Frente a la estrategia del sanchismo y de Podemos, el PP insiste en que tras la pretendida cooficialidad hay intereses partidistas. Subrayan los populares que ha quedado demostrado que el bable «ya está eficazmente protegido por ley y respaldado por el presupuesto del Principado». Por eso, rechazan a priori cualquier tipo de cooficialidad. Ley de protección lingüística sí, no reformas estatutarias de incierto y arriesgado futuro, subraya la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández.
Coste multimillonario

Los partidos que abanderan la cooficialidad no han acertado a decir cuánto costaría. Algunos colectivos que rechazan la cooficialidad sí han echado cuentas y dicen que el gasto podría estar entre los 50 y los 73 millones de euros por año. El presidente de la Academia de la Llingua dice que algunas cifras que se están dando son «exageraciones interesadas», pero apunta que la cooficialidad «blanda» por la que aboga la Academia costaría no menos de 20 millones de euros anuales.

Alumnos de 12 años de Gijón obligados a leer un libro sobre Asturias como nación diferente de España
Agustín de Grado okdiario 18 Enero 2018

El nacionalismo asturiano cobra fuerza. Y lo hace mediante el adoctrinamiento de los menores. Alumnos de primero de la ESO de un instituto de Gijón han recibido esta semana el encargo de la lectura obligatoria de un libro que no es sino una auténtica hoja de ruta para el triunfo del nacionalismo y la creación del Estado asturiano.

El libro que deberán leer chavales de 12 y 13 años lleva por título “Faer Asturias” (“Hacer Asturias”), un relato sobre “la política lingüística y la construcción frustrada del nacionalismo asturiano” (según se lee en la portada de la publicación) cuyo autor es Patrick W. Zimmerman.

Las dos primeras páginas del libro lanzan ya sus primeras tesis: Asturias es una nación diferente de España; los asturianos, una etnia; y el que piense lo contrario, un españolista. “Una provincia en el noroeste de España con una historia, cultura, lengua (llamada asturianu o bable), y una base económica diferenciada del resto de España”, se lee en el manual.

En las siguientes páginas ya sale el argumento perenne de Franco y la Policía que oprime a los asturianos: “En el Estado español, la imposición de una visión centralizada de la identidad nacional, del ‘España una, grande y libre’ será la solución de la dictadura de Franco a los conflictos internos violentos…”.

El libro de Zimmermann destaca que Asturias tiene un clima y una geografía muy distinta al quemado y árido sur de España para llevar al lector la idea de que los asturianos son un pueblo diferente: un país celta distinto a los moros españoles. “La romanización de las tribus celtibéricas de Asturias y Galicia fue solo parcial (…) Fue también mínimo el influjo de la España musulmana, siendo la única muestra de presencia significativa de los moros la ocupación del puerto de Gijón”. Y como el hecho histórico de la Reconquista y el nacimiento de España no le viene bien al autor, pues lo reduce a un invento del españolismo.

El libro se atreve con más. Blanquear a ETA, por ejemplo. Explica su autor que “el carácter violento del nacionalismo vasco y el apoyo a ETA entre la población se deben ambos a la persistencia en la región de formas culturales ancestrales”. E identifica las prácticas de caza y los rituales de los jóvenes vascos con la “caza” de la Guardia Civil cuando estos mismos jóvenes crecen y se acercan a ETA.

El libro llega en un momento en que cobra fuerza la presión impulsada por la izquierda política para imponer la co-oficialidad del bable, denunciada por gran parte de la sociedad asturiana como “excusa y herramienta” para introducir un proyecto político de separatismo idéntico al que ya está en marcha en otras regiones españoles como Cataluña, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana.


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