AGLI Recortes de Prensa   Sábado 20 Enero 2018

Ideas para una reforma de la Constitución
Jesús Laínz Libertad Digital 20 Enero 2018

Así se titula el documento elaborado por un grupo de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, entre ellos Santiago Muñoz Machado, Eliseo Aja y Francesc de Carreras, fundador e ideólogo de Ciudadanos. Merece la pena echarle un vistazo para ir vislumbrando el futuro constitucional de España tras las elecciones catalanas.

Ya desde las primeras líneas sus autores parten de un gravísimo error: constatar la "existencia de un conflicto político que debe ser abordado". Exactamente la misma idea y las mismas palabras con las que ETA y sus acompañantes llevan más de medio siglo justificando sus crímenes: un conflicto político previo (la invasión del País Vasco por Franco y la subsiguiente presencia de fuerzas de ocupación) que les obliga a asesinar a los enemigos de la patria. Dar por cierto el trampantojo del conflicto demuestra una sorprendente confusión entre los conceptos de causa y consecuencia: el conflicto no es la causa de la aparición de unos separatistas que habrían llegado para resolverlo, sino la consecuencia del régimen totalitario instaurado en Cataluña por esos separatistas gracias a la parálisis de los tres poderes del Estado durante cuarenta años. La aparición de los separatistas a finales del siglo XIX respondió a causas variadas y complejas que no tenemos tiempo de tratar aquí, pero desde luego no se debió a la existencia de ningún conflicto entre España y Cataluña.

A continuación afirman que no se puede mantener el statu quo. Es cierto: la permanente inestabilidad de España, provocada por la inagotable presión de los separatistas, tiene que ser resuelta de una vez. Pero ¿por qué no empezar por aplicar con todas las consecuencias una Constitución inaplicada y vulnerada desde su mismo nacimiento? ¿Por qué modificarla sin haber podido comprobar cómo funciona, incluido ese artículo 155 aplicado maliciosamente por Rajoy precisamente para engañar a los españoles evitando su aplicación de verdad?

Y como no se puede mantener el statu quo, los autores de este documento deducen que hay que introducir cambios en el modelo territorial. Cierto también. Pero ¿por qué ha de ser necesariamente en la dirección marcada por los minoritarios separatistas y no en la marcada por la mayoría de los españoles? ¿Acaso nos encontramos ante un clamor popular en toda España para descentralizar aún más la administración? ¿O más bien ante unos españoles crecientemente hartos del Estado de las Autonomías?

Afirman después que "el movimiento secesionista en Cataluña, como antes en el País Vasco con el Plan Ibarretxe, se refuerza por los problemas no resueltos del Estado autonómico". Pero ¿se puede sostener seriamente que las quejas de los separatistas provienen del funcionamiento defectuoso de las instituciones? Aunque funcionaran a la perfección, ¿desaparecería el ansia de secesión inoculada totalitariamente a los catalanes desde el parvulario hasta la tumba? ¿Acaso esos "problemas no resueltos" no son más que las aspiraciones todavía no satisfechas de los separatistas? Lo que éstos desean no es modificar la técnica de reparto de las competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, o las condiciones financieras y tributarias, o cualquier otra reforma del Estado autonómico, sino romper para siempre su carné de identidad español. La hinchazón identitaria no se baja con detalles administrativos.

Los autores del documento tienen por axioma que "la reforma del modelo territorial deberá hacerse en la línea de los sistemas federales". Pero ¿en qué texto, sagrado o profano, humano o revelado, está escrito que tenga que ser necesariamente así y no pueda hacerse en la línea de los sistemas unitarios? Por ejemplo, ya que hemos experimentado durante cuarenta años con el descentralizadísimo Estado autonómico, con las gozosas consecuencias por todos conocidas, ¿por qué no experimentamos ahora con otro tipo de organización, por ejemplo limitando las competencias regionales a las meramente administrativas y eliminando los carísimos, superfluos y feudales gobiernos y parlamentos autonómicos?

También hacen hincapié en las reformas constitucionales que habrán de centrarse en Cataluña, destinadas a cuestiones identitarias: en concreto, la lengua llamada "propia" y el derecho civil catalán. Pero, como ellos mismos admiten pocas líneas después, estos "hechos diferenciales" ya están reconocidos en la Constitución, y concretados y desarrollados estatutariamente. No se comprende bien, por lo tanto, que haya algo más que reivindicar por parte de los catalanes o que reconocer por parte del Estado. ¿Hay más singularidades catalanas necesitadas de proclamación y reconocimiento? ¿Cuáles? ¿De qué tipo? ¿Moral? ¿Espiritual? ¿Antropológico? ¿Metafísico? Es más, lo que no está reconocido en Cataluña es tanto el hecho de que la lengua materna de la mayoría de los catalanes es la española como los derechos lingüísticos de esa mayoría, escandalosamente pisoteados contra todo tipo de legislación nacional e internacional.

Pero lo más preocupante de todo es que, sabedores de que la mayoría de los españoles no aprobarían estas reformas constitucionales con su voto, los catedráticos proponen realizarlas mediante la incorporación de una disposición adicional específica para Cataluña, lo que evitaría modificar el artículo 2º de la Constitución y, por lo tanto, el paso por las urnas. Es decir, un sigiloso robo a la soberanía nacional.

Finalmente, no hay que olvidar que todo esto, al igual que otras propuestas y declaraciones en la misma dirección, se plantea tras haber perpetrado los gobernantes separatistas un golpe de Estado queno acabó a hostias por milagrito del Niño Jesús. Por lo visto, ahora toca premiarles.

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¿Quién defiende hoy en día los valores?
Gonzalo Duñaiturria okdiario 20 Enero 2018

Reconozco que no tengo muy claro si la educación se encuentra ideologizada. Pero igualmente reconozco lo que entiendo debe ser la educación de nuestros jóvenes. Frente a la progresía, entusiasta en educar en igualdad, en libertad, en diversidad, en género, en tolerancia, en educación sexual, pública, laica… yo soy menos original y más directo. Todo lo anterior es puro mensaje ideológico con el objetivo de captar adeptos, de conseguir individuos encolerizados y sumisos al “mensaje del Estado”. Por el contrario entiendo la educación de nuestros herederos sobre la base del esfuerzo, del mérito, de la autoridad, del ejemplo. La educación no es sólo instrucción ni transmisión desapasionada de contenidos académicos, de fríos programas que hay que asimilar como “verdades incontrovertibles”. Se debe buscar el desarrollo pleno e integral de la persona, por lo que no es posible una buena educación sin la transmisión de unos buenos valores, especialmente a través del ejemplo, de la fuerza frente a la debilidad, de la historia. La falsa lucha de clases “educativa”.

Para la izquierda, el alumno debe ser su propia autoridad en materia de aprendizaje. Transmite los “valores” de una presunta “democratización”, manteniendo a todos los jovenes dentro de la misma estructura. Es la utilización ideológica de la educación que supone una clara tensión entre conocimientos e igualdad social. La consecuencia de ello es considerar que es más importante el igualitarismo que la elevación del nivel de conocimientos. La falsa premisa de la “igualdad”, tan antihumana. “Igualdad”, santa palabra para deslumbrar incautos. El igualitarismo educativo viene acompañado de un acentuado y radical rechazo a la autoridad. Para esta izquierda, la educación no es un medio para hacer crecer la excelencia profesional y la conciencia crítica en libertad para la búsqueda de verdades. No pretenden que los alumnos conozcan críticamente todo el universo de verdades. Solo pretenden que nuestros jóvenes no piensen. Que piensen como les ordene el Estado.

Para determinados progres, para la izquierda, la educación es puro adoctrinamiento. No hay más que ver como hacen ostentación de la falta de cualificación de las personas que incluyen en sus listas electorales, personajes bufos, chocarreros, burlescos. Sí, Ada Colau, eres su mentora. La progresía progre decimonónica no se da cuenta de que la sociedad tiene y necesita otros valores sociales, como la pertenencia a una nación, a una religión, a una familia. Se trata sencillamente de la existencia de una serie de valores comunes que todo ser humano reconoce como buenos de forma natural. Ya es hora de pregonar, frente a la izquierda y a gran parte de una “falsa derecha” que no todo es relativo. Que existen valores que están muy por encima de lo que la izquierda, desde su desdén y objetivo primordial, pretenden conseguir. Quizá ya lo hubieran conseguido. La pertenencia a una nación históricamente fermentada en sufrimientos y victorias comunes, el esfuerzo, la defensa de la verdad, la libertad responsable de espíritu, la erudición y el respeto al otro conforman una infinita lista de virtudes que forman la buena educación en valores.

La educación y la instrucción sin duda deben ser compartidas, pero el protagonismo debe residir en la familia, como primera educadora, como eminente y correcta formación en valores y donde a nuestros vástagos los conformemos en individuos libres, autónomos, responsables y críticos. La familia es el mejor ámbito para educar en valores, especialmente a través del ejemplo de los padres. Es la familia quien tiene el derecho a que el Estado no violente ni impida la transmisión de los valores reales e históricamente reconocidos. Fuera de odios y enfrentamientos. Fuera de una ortodoxia sangrante. Porque como dijo el filósofo chino Confucio: “Donde hay educación no hay distinción de clases”.

BAROMETRO ELCANO
Aumenta el número de partidarios de la recentralización del Estado
La Gaceta  20 Enero 2018

Según el Instituto Elcano, los que admiten el independentismo han bajado del 9 al 5 por ciento en dos años.

La crisis catalana, no sólo a partir del referéndum de 1 de octubre, sino desde los últimos años, ha alentado una tendencia ideológica a favor de la recentralización del Estado en el conjunto de los españoles, quienes además se han hecho más europeístas por la respuesta que la UE ha dado a este conflicto.

Son las principales conclusiones sobre el impacto sociológico del desafío soberanista a las que ha llegado el último barómetro del Instituto Elcano, el cual constata una disminución significativa del apoyo a la opción “continuista”, es decir, dejar el Estado Autonómico como está, y un notable aumento de la opción centralista, que del 9 por ciento de hace dos años ha pasado al 21 por ciento.

Tanto es así que la encargada de presentar el muestreo, Carmen González Enríquez, investigadora principal del Instituto Elcano, ha dudado de que ahora pudiera salir adelante una reforma de la Constitución que diera más autogobierno a las autonomías, porque “no es eso lo que quieren los ciudadanos”, sino más bien lo contrario, y no sólo a tenor de sus encuestas, sino también por las del CIS.

El informe presentado -confeccionado a partir de un millar de entrevistas ente noviembre y diciembre de 2017, en el momento más álgido del conflicto catalán- ha incluido las mismas preguntas que el CIS hace sobre el modelo autonómico, que van desde el apoyo a un Estado que reconociese a las comunidades la posibilidad de independizarse hasta un Estado centralizado sin autonomías.

Según el Instituto Elcano, los que admiten el independentismo han bajado del 9 al 5 por ciento en dos años, los que abogan por dar más autonomía a las comunidades también han pasado del 20 al 15 por ciento, y quienes ven con buenos ojos mantener el “statu quo” actual pasan del 40 al 34 por ciento.

Bajan un punto, del 16 al 15 por ciento, los que piden menos autogobierno para las comunidades, y se disparan del 9 al 21 por ciento los centralistas, de manera que la tendencia centralizadora pasa del 25 al 36 por ciento, la que quiere dejar todo como está baja del 40 al 34 por ciento y la que reclama descentralizar disminuye del 29 al 23 por ciento.

Eso sí, los datos varían por comunidades, porque casi un tercio de los catalanes (el 32 por ciento) exige la posibilidad de la independencia, mientras que en el País Vasco este porcentaje desciende al 14 por ciento, al 4 en Andalucía y al 3 por ciento en Madrid.

También ha preguntado el Instituto Elcano sobre el futuro de Cataluña, que para un 79 por ciento seguirá formando parte de España y sólo se habrá convertido en independiente para el 11 por ciento.

González Enríquez ha llamado la atención sobre el hecho de que ante esta pregunta un 61 por ciento de los encuestados de Cataluña admite que seguirá integrando España, lo cual prueba que la mayoría de los independentistas han asumido que no habrá independencia y se han convencido de que esta idea “era una utopía”, ha afirmado, como era utópico que pudiera formar parte de la UE.

En este sentido, la investigadora ha atribuido a cómo la UE ha rechazado el intento secesionista el hecho de que el muestreo revele que el “europeísmo” de los españoles -definido por quienes prefieren aumentar las competencias de la Unión o continuar con las actuales- haya pasado en sólo un año del 57 por ciento al 70, mientras bajan al 21 por ciento lo que apuestan por devolver a los gobiernos nacionales las competencias ahora en manos europeas.

Además, ha apuntado que, al contrario de lo que ocurre en Europa, los más soberanistas nacionales son los que están más a la izquierda y los más europeístas los ubicados ideológicamente a la derecha.

El concierto valenciano de los ‘tres tenores’
Pablo Sebastián republica 20 Enero 2018

En la sede central del PP de la calle Génova 13 de Madrid dicen que todos los investigados en la Audiencia Nacional por Gürtel valenciano ya no están en el partido, y que la tarjeta que tenía Alvaro Pérez (El Bigotes), para entrar y salir en la sede central y madrileña del PP como Pedro por su casa, ‘está caducada’. Y sobre Camps, Costa, Rita, Castedo, Fabra, Rus, Cotino, etc y las campañas electorales regionales y nacionales, cuyos pagos y comisiones confirman empresarios que están imputados en el juicio, silencio sepulcral.

Las confesiones de Correa, Crespo y Pérez sobre la trama valenciana han colocado, por fin, a Camps como el jefe y el inventor de esa organización para delinquir, como no podía ser de otra manera. Y cabe esperar que, muy a pesar de las prescripción de sus posibles delitos, Camps acabe sentado en el banquillo de acusados por la malversación continuada de caudales públicos, que no prescribe. Para empezar debería renunciar al cobro de su sueldo público, secretaría y coche oficial como ex presidente valenciano.

Pero sobre todo el cante de los ‘tres tenores’ de Gürtel en Valencia empieza a llegar a la sede central del PP y al proceso completo y nacional de toda esta trama y veremos si, continúa el concierto desesperado de los tenores y si entran en la escena el ex secretario general del PP Paco Álvarez Cascos, la doble contabilidad del PP (donde figura un tal PAC) y por supuesto Luis Bárcenas -que ha sellado un pacto de silencio con el PP- y a quien Rajoy le envió un relevante SMS, tras conocerse su fortuna oculta en Suiza: ‘Luis sé fuerte’.

Nos espera un intenso año judicial entre corruptos y golpistas y alguien en el PP debería asumir toda esta inmensa responsabilidad política, pero ese ‘don alguien’ que todos sabemos quién es y que se llama Mariano Rajoy no hará lo que debería hacer, y ahora tiene como escudo y parapeto a Puigdemont y el retorno del desafío catalán.

Pero vamos a ver si como los enredos de las cerezas en el cesto Camps, Costa y los ‘tres tenores’ hablan del PP de Madrid, y si Cascos canta sobre Rajoy, y Rajoy sobre Aznar y Agag -de los que El Bigotes tiene datos por lo de la boda de El Escorial- y reconstruimos todo el puzzle que en Baleares y Madrid tienen sus propios procesos (Palma Arena, Púnica, Lezo etc).

Es verdad que los ‘tres tenores’ de la Audiencia Nacional cantan tarde y con la soga al cuello de la posible condena que pretenden rebajar colaborando con la Justicia. Como también es cierto que todo el mundo conocía la gran corrupción valenciana, pero ahora tenemos las pruebas y confirmaciones por una parte de los protagonistas, pero ahora hace falta que los políticos también se pongan a cantar. Y empiecen a asumir sus responsabilidades sin más dilaciones y tiempo que perder. Y en el PP a ser posible mucho antes de su Convención del mes de marzo, lo que resulta difícil de imaginar y lo que explica por qué en las encuestas Ciudadanos aparece como el primer partido nacional.


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Cuando los independentistas se ponen "estupendos"
Vicente A. C. M. Periodista Digital 20 Enero 2018

¿PODRÁ ESTA VEZ EL GOBIERNO DE ESPAÑA CUMPLIR CON SU DEBER Y EVITAR UN NUEVO FRACASO?

Hay un dicho que afirma que “no existe el terrorista moderado”, ante la tendencia que hay en algunos políticos a aplicar eso del “buenismo” a la hora de encontrar resquicios ante comportamientos como el terrorismo que no distingue entre víctimas a la hora de hacer del terror su medio de presión social. La experiencia ha demostrado que esa figura utópica es inexistente y que intentar aplacar a las fieras no es una táctica eficaz y no les despoja de sus instintos primarios. En esa adulación y aplacamiento se ha llegado al absurdo de otorgar el premio Nobel de la paz a terroristas manchados con la sangre inocente de sus víctimas. Y de eso tampoco se libra España que tiene sobrados ejemplos de haber intentado aplacar a la fiera de ETA, a base de indultos camuflados, huidas consentidas y reuniones discretas de negociación en aquello que se llamó “paz por territorios”. Y es que, salvando las distancias, existe una similitud entre esa estrategia y la que lleva décadas practicándose con los nacionalismos independentistas en El País Vasco y en Cataluña, con ese nacionalismo al que inapropiadamente se ha calificado de “moderado” tan solo porque han puesto una ralentización temporal a sus exigencias, hasta que han considerado oportuno acelerar.

Y es que el nacionalismo catalán lleva al menos cinco años acelerando el paso en eso que llaman hoja de ruta del proceso soberanista. Un cambio de ritmo propiciado por las nuevas energías aportadas por las sucesivas muestras de vigor en manifestaciones independentistas como durante las jornadas de las Diadas y el progresivo aumento de la representación a nivel local y autonómico. Un cambio que coincide con la mayor crisis económica de España y un Gobierno del PP, que aunque disponía de mayoría absoluta parlamentaria tanto en el Congreso como en el Senado, estaba alejado de la política y enfocado en la urgencia de luchar contra esa crisis. Su miopía y desdén a la hora de evaluar el desafío secesionista del nuevo Gobierno de la Generalidad, fue un gravísimo error de apreciación en la creencia que, como era costumbre, todo se solucionaba con llenarles las arcas y no rebatir los nuevos mantras como el de “España nos roba”. Y no ha sido hasta que han comprobado la determinación de los golpistas cuando se han convencido de que calmar a la fiera nacionalista era una misión inútil.

No obstante, a la hora de adoptar medidas se ha vuelto a caer en la inseguridad y en el terror escénico de no estar haciendo lo correcto y lo necesario para revertir una situación de claro desafío a la legalidad y a la Unidad de España. Una prevención plasmada en la debilidad de esas medidas y en la sensación de actuar de modo forzado. Recuerden aquello de “no queremos hacerlo, pero si nos obligan no tendremos más remedio que hacerlo”. Una precipitación a la hora de convocar unas elecciones autonómicas en el plazo mínimo posible tras haber procedido al cese del Gobierno de la Generalidad en pleno, asumir sus funciones y disolver el Parlamento autonómico. Y todo ello tras meses de haber consentido constantes violaciones de la legalidad, permitir desobediencias de sentencias de los Tribunales de España con la edición de leyes inconstitucionales llamadas “de desconexión”, ser incapaces de evitar la realización de un referéndum ilegal, a pesar de haber afirmado que no se realizaría, y esperar a que se produjese una declaración “sui géneris” de independencia para reaccionar con la intervención, limitada y azorada.

No, no existe terrorista moderado, ni nacionalismo que no sea radical en sus objetivos y, como se ha demostrado, en los medios usados para conseguirlos. De hecho, los partidos políticos nacionalistas históricos tienen sus raíces en formaciones trasnochadas nacidas en un ambiente social de auge de ese sentimiento y que hoy en día, en un mundo global carece de sentido. Su fuerza radica precisamente en fomentar ese sentimiento implantado a fuerza de adoctrinamiento a las nuevas generaciones de ciudadanos, educados en la mentira y en el odio a aquellos que consideran represores de su libertad como pueblo. Más que el “España nos roba”, el sentimiento es el de “España nos reprime, nos humilla y nos encarcela”. Unas palabras que fueron las usadas por el Presidente de la Mesa de Edad, Ernest Maragall, el hermano radical del expresidente de la Generalidad Pascual Maragall, militante de un partido, ERC, que tiene sus raíces en formaciones terroristas como Terra Lliure.

Y ya tenemos al joven Presidente de la Mesa del Parlamento, Roger (pronúnciese ruyé) Torrent, pillado en su primer renuncio cuando responde al asunto de la investidura telemática, pasando de afirmar que se respetaría lo que informasen los Servicios Jurídicos del Parlamento, al será algo a analizar por la Mesa, a sabiendas de que el Gobierno de España ya ha avisado de que impedirá la investidura telemática. Y no solo esto, sino que este radical independentista, que en su cargo llegó a multar a un ciudadano por el “delito” de exhibir la bandera de España, no aclara si está dispuesto a mostrar sumisión ante el fugitivo Carles Puigdemont y accederá a desplazarse hasta Bruselas para reunirse con él y acordar la forma en que se realizará la investidura. Un viaje que tendrá que justificar, ya que si lo hace de forma oficial estará desobedeciendo conscientemente y malversando fondos públicos, teniendo constancia de la situación procesal de ese sujeto por muy Diputado electo y candidato que sea. El hecho es que si vuelve a España será detenido y llevado ante el juez para que decida. Roger Torrent debe saber que todos sus pasos están siendo mirados con lupa y que no se va a permitir una burla de la Ley, ni actos de desafío ni desplante al Estado de Derecho. Su radicalismo militante le puede llevar también ante los Tribunales como a su antecesora en el cargo, Carme (pronúnciese Karma) Forcadell.

Pero para ser sincero, no tengo ninguna esperanza en que esta vez el Gobierno de España cumpla con su deber de impedir un nuevo agravio, una nueva burla y un nuevo desafío a la legalidad. La única forma de evitar una investidura telemática es impedir la colocación de las pantallas de plasma antes del comienzo de la sesión desplazando a las FFyCCSE e impidiendo que los Mossos se interpongan. Hay que evitar que la ANC vuelva a convocar ese día una concentración de apoyo a la investidura y mantener al Parlamento libre de interferencias. Porque que nadie dude de que el golpismo intenta subvertir este acto y mostrar una imagen de conflicto del mismo impacto mediático que el que forzaron en el día del referéndum ilegal. Son alimañas que no dudan en movilizar a sus masas de fanáticos y que solo esperan tener mártires para su causa, y como llegaron algunos a reconocer, incluso con muertos que exhibir.

Hay que estar muy atentos a los movimientos de esta nueva Mesa independentista, cuyo Presidente no es en absoluto de fiar. Al contrario, sus primeras declaraciones ya indican con claridad que tomará el mismo camino de desobediencia que su antecesora, amparándose en que los informes son no vinculantes y no tener constancia fehaciente de la ilegalidad, tanto del voto delegado de los prófugos, como la inviabilidad de una investidura vía telemática, basada en conceptos tan etéreos como “la esencia del debate”, la inmediatez del “cara a cara” y de la réplica y contrarréplica. De hecho, no existe ninguna sentencia del Tribunal Constitucional sobre este inusual e insólito planteamiento. El debate podría perfectamente ser válido e incluso original. Sin embargo, el tema espinoso está en la toma de posesión del cargo una vez investido, momento en el que necesaria y obligatoriamente se requiere la presencia personal corporal y no vía plasma. Así que Carles Puigdemont, para volver a ser Presidente del Gobierno de la Generalidad y formar su equipo de Gobierno deberá volver a España y exponerse a ser detenido y encarcelado antes de que pueda jurar o prometer su cargo. Pero esto es política ficción, ya que el Gobierno de España dice que no va a permitir que sea investido por vía telemática. ¡Ojala! (expresión de origen árabe que como todos saben quiere decir “Dios lo quiera”).

Lo que está claro es que el Gobierno de Mariano Rajoy se juega algo más que su credibilidad en este nuevo envite del separatismo golpista liderado por un fugitivo de la Justicia.

¡Que pasen un buen día!

Fanáticos razonables

Marcello republica 20 Enero 2018

Una excelente viñeta de Andrés Rábago, El Roto, publicada hace pocos días en el diario El País dice mucho, o casi todo, sobre la hipocresía y doblez de los peores soberanistas catalanes.

Esos aparentes ‘biempensantes’ de pacotilla que hablan bajito y que se llenan la boca de vocablos como ‘diálogo’ o ‘negociación’. Los que nunca llaman delincuentes a los flagrantes delincuentes, los que lloran por sus ‘presos políticos’, y los que ocultan y no denuncian alto y claro mentiras como puños y fascistadas como la de utilizar a los niños en las huelgas, colegios electorales, adoctrinamientos repugnantes o con reprimendas en los colegios si son hijos de miembros de la Guardia Civil.

Dice El Roto con su dama de mirada azul: ‘Los peores fanáticos son los fanáticos que parecen razonables’. Escuchen a Junqueras diciendo al juez que él es ‘un hombre de paz’, que son ‘buena gente’. Lean con cuidado a soberanistas camuflados -Juliana o Ramoneda- de derecha a izquierda, para los que el Estado de Derecho no es lo fundamental sino eso que ellos llaman la ‘política’ adaptada a su particular visión de la realidad.

Sobre todo una vez que dan la impresión que lo importante en esta crisis catalana no es ni mucho menos la Ley y el orden constitucional. No, nada de eso, lo importante es que hay un ‘problema político’ dicen ellos sin mirar que ese problema ahora tiene como cuestión previa el Código Penal’.

‘Hay que buscar soluciones negociadas e imaginativas’, dicen algunos de esos ‘fanáticos razonables’ dando a entender que el Estado debe renunciar a la Ley y sentarse a hablar con delincuentes, o con quienes los amparan y protegen con su lacito amarillo con el que se presenta a los golpistas como víctimas de España.

A unos golpistas cobardes y escurridizos que no han tenido la gallardía de decir: ‘sí, yo fui, yo violenté el Estatuto, el reglamento del Parlament, la Ley, la Constitución, desobedecí al TC y voté y luego declaré la independencia de Cataluña’.

No, nada de eso, ellos pasaban por casualidad por allí, no usaron fondos públicos, lo de violar la legalidad no es así porque entonces había ‘dos legalidades’ (sic), y aquello de la declaración de independencia no fue tanto, solo fue una ‘declaración virtual’, o política y sin consecuencias, etcétera.

Y unos huidos en Bélgica y otros consternados en prisión a ver si logran engañar al juez Llarena y los deja salir un rato a votar en el Parlament del que ellos mismos se mofaron para refugiarse en la Cámara ‘inviolable’ o escapar con Puigdemont.

Con los ‘fanáticos razonables’, que son muchos en Cataluña y no sólo en el periodismo sino sobre todo en el mundo económico, cultural y empresarial, solo se debería hablar de legalidad. Porque sin Ley no hay Democracia y a partir de ahí solo queda la fuerza y la Ley de la selva. Y lo demás son ganas de perder el tiempo y de dejarse enredar.

El independentismo asume la estrategia del 'marianismo'
Manuel Cruz elconfidencial 20 Enero 2018

Entretenidos como andábamos en adivinar qué imaginativa fórmula acabaría discurriendo Carles Puigdemont para conseguir ser investido 'president' de la Generalitat sin que ello comportara necesariamente acabar dando con sus huesos en la cárcel, terminamos por olvidar la cuestión que más debería habernos preocupado desde el principio, que no es otra que cuál es la hoja de ruta (o el programa, o los planes, o de cualquier otra forma con la que quiera designar sus propuestas de futuro) que tiene pensado materializar el Govern independentista de Cataluña en la próxima legislatura.

Lo primero que hay que decir es que los representantes de los partidos que componen el bloque independentista no le han puesto fácil a la ciudadanía catalana conocer dicha hoja. Durante la reciente campaña electoral, tanto ERC como Junts per Catalunya no parecían tener más objetivo en el supuesto de que gobernaran que, por utilizar sus propias palabras, restablecer el Govern cesado por Rajoy, sin especificar para qué propósito (a no ser que "reparar los estragos del 155" se considere una especificación). Pero en todo caso, y a pesar de que quienes deberían informar de todo ello permanezcan en silencio al respecto, alguna cosa podríamos aventurar, echando mano de la lógica y de la experiencia acumulada.

Por lo pronto, hay algo que debe quedar descartado, y es lo que podríamos llamar una reconciliación con la realidad o, si se prefiere, alguna variante de la afirmación con la que José Luis Rodríguez Zapatero inició el discurso con el que ganó la Secretaría General del PSOE en julio de 2000, aquella célebre "pues no estamos tan mal". Una afirmación de semejante estilo —como en el fondo implicaría el regreso a una cierta normalidad política en el marco de la legalidad vigente— sería leída con toda seguridad como una autoenmienda a la totalidad por parte de quienes han llevado a Cataluña al borde del abismo. A fin de cuentas, estos lo hicieron con el argumento de que peor que con la autonomía no se podía estar.

Pero si, tras haber persuadido durante estos últimos cinco años a la mitad de la ciudadanía catalana de que la situación era literalmente insoportable, a continuación sucediera que, sirviéndose de las herramientas de las que ya se disponía con anterioridad (o, como mucho, mejorándolas en algunos aspectos como el de la financiación, el blindaje de competencias, el reconocimiento de las singularidades de Cataluña, etc.), los problemas pendientes se van pudiendo solucionar, la magnitud del engaño perpetrado alcanzaría dimensiones colosales, incluso para el más incondicional de los independentistas.

Pero que esta vía esté cegada no implica que, necesariamente, el nuevo gobierno independentista persevere y reincida en los procedimientos y vías que intentó en el pasado reciente, con los desastrosos resultados sobradamente constatados, pero sí que continúe en la estrategia de mantener un clima social de permanente crispación a base de buscar la confrontación continuada con el gobierno central en cuestiones sensibles (para unos o para otros). Un anuncio, tal vez no importante pero sí significativo, de dicha intención lo proporcionaba este mismo diario hace algunos días al informar del proyecto del futuro Govern de incautar la sede de la Policía Nacional de Vía Laietana.

Otra variante, tal vez más importante, de esta misma estrategia de crispación es la ya ensayada, con notable éxito publicístico (hasta el punto de que fue un argumento recurrente del independentismo en la última campaña electoral), durante la anterior legislatura con leyes como la de pobreza energética entre otras, planteadas técnicamente de tal manera que estuviera casi asegurado el recurso por parte del gobierno central ante el Tribunal Constitucional y su consecuente suspensión cautelar.

La estrategia —por no decir estratagema— le resultaba ciertamente rentable al Govern de la Generalitat desde el punto de vista político al alcanzar un triple objetivo: en primer lugar, se esquivaba, a base de presentar leyes y propuestas que de antemano se sabían inconstitucionales (por invadir competencias estatales o por cualquier otra razón), la responsabilidad de gobernar y de tener que adoptar decisiones impopulares o costosas desde el punto de vista presupuestario; en segundo, se podía presentar a la carta y sin el menor coste la imagen política que el Govern deseara en cada momento (por ejemplo, muy a la izquierda —a pesar del conservadurismo en lo social del PDeCAT— si ello le convenía para obtener apoyos como los de la CUP) y, por último, se proporcionaba a los afines el necesario combustible para mantener viva la llama del victimismo.

Ahora bien, el empeño en buscar a toda costa la prohibición, empeño supuestamente de baja intensidad, sobre todo si se le compara con la DUI y similares, es de consumo exclusivamente interno (ya solo cabe seguir engañando a los previamente autoengañados), pero no está claro que carezca de contraindicaciones, del mismo modo que no queda garantizado que no vaya a dar lugar a efectos no previstos.

La situación actual ya no es la del pujolismo, ni siquiera la del primer post-pujolismo. El independentismo no puede hacer como si no hubiera mostrado sus cartas, como si todavía apenas nadie se hubiera dado cuenta de que sus reclamaciones tienen prácticamente siempre doble fondo o, enunciado a la inversa, como si la atribución de determinadas intenciones secesionistas fuera solo cosa de unos pocos recelosos españolistas mal pensados, o de recalcitrantes centralistas incapaces de asumir con normalidad las demandas de más autogobierno por parte de las comunidades autónomas. Definitivamente, ya no estamos ahí. Y no lo estamos porque el vínculo de la confianza, si no se ha quebrado por completo, ha quedado severamente dañado. No cabe minimizar, mirar hacia otro lado o cambiar de conversación ante un caso de deslealtad tan flagrante como el perpetrado por el independentismo en los últimos meses, y menos cuando dicha deslealtad fue objeto de una rotunda y explícita denuncia por parte del jefe del Estado en su intervención televisiva del pasado 3 de octubre.

Pero, además, ya no estamos en ese lugar mental también por otra razón, si cabe más importante. El independentismo sigue actuando como si la mitad de la ciudadanía catalana no independentista fuera el enemigo a batir o, en su defecto, a ignorar. Continúa planteando las cosas como si Cataluña constituyera una unidad de destino en lo universal, enfrentada a otra unidad simétrica, que sería España. Olvida, o se empeña en desconocer, que esa mitad de la ciudadanía catalana, en sí misma heterogénea y plural, que no desea la secesión, ha abandonado la actitud pasiva y silenciosa que venía manteniendo hasta el presente y, una vez que los independentistas han enseñado la patita de sus auténticas pretensiones (renunciando por completo al gradualismo reformista de antaño), ha pasado a manifestarse molesta, cuando no directamente ofendida, por todas las invectivas, desdenes o incluso insultos que aquellos no dejan de dirigir al presunto enemigo español.

Tampoco debería extrañar la reacción airada: esa otra Cataluña nunca sintió a España como algo ajeno, sino más bien al contrario, como algo entrañable. Sin olvidar, a efectos de refuerzo de toda la parte de la sociedad catalana excluida por el independentismo, que uno de los aspectos más destacables de la mencionada intervención real fue, precisamente, la insistencia en que la jefatura del Estado no iba a dejar a esos catalanes abandonados a su suerte.

De ser cierto todo lo anterior, una consecuencia que se desprendería de que el futuro Govern de la Generalitat mantuviera la estrategia de la provocación permanente (con el inequívoco objetivo de que no decayera el voltaje de la crispación en el seno de la sociedad catalana) sería que la fractura social, a estas alturas no puesta en cuestión ya por nadie, se ahondaría más aún. Probablemente sea a este dejar que la situación continúe deteriorándose, a la espera de que el adversario cometa algún error que lo desgaste (tipo actuación policial el 1 de octubre), a lo que algunos independentistas denominan "ensanchar la base social".

Analizada la cosa con perspectiva, no deja de ser curioso constatar la deriva que han terminado por adoptar los acontecimientos. En estos días se han alzado algunas voces desde las filas del independentismo reclamando una legislatura larga. No sé hasta qué punto son las mismas voces que durante estos últimos años repetían con insistencia el eslogan de signo contrario "tenim pressa" [tenemos prisa]. Pero lo más curioso del caso es que, mientras que hasta el presente eran unos los que lo fiaban todo a la expectativa de que llegaría un momento en el que el 'soufflé' empezaría a bajar, ahora son los otros los que parecen esperar que sea también el paso del tiempo el que lo haga subir de nuevo. Quién nos iba a decir que acabaríamos asistiendo al espectáculo de ver a nuestros independentistas convertidos en los más aventajados discípulos de Mariano Rajoy.

Psicoanálisis del separatismo catalán
José García Domínguez Libertad Digital 20 Enero 2018

Ningún dirigente político de Occidente dispone hoy, ni de lejos, de esa capacidad de control absoluto, pétreo, sobre su base sociológica que han acreditado nuestros separatistas.

Al nacionalismo catalán, ese cáncer que arrostra España desde hace algo más de un siglo, se le ha comparado a lo largo del tiempo con una lista que ya comienza a ser interminable de otros indigenismos insurgentes, triunfantes o no, que han tenido un desarrollo más o menos paralelo al suyo. Pujol, un verdadero obseso de esas analogías taxonómicas, llegó a encontrar parentescos en primer grado del separatismo por el apadrinado con varias docenas de movimientos de construcción o destrucción nacional de fuera de nuestras fronteras, desde el sionismo, pasando por las repúblicas bálticas, continuando por Chequia, haciendo parada y fonda en Kosovo, siguiendo por Eslovenia, mirando luego hacia Escocia y girando más tarde hacia Quebec, sin nunca olvidar el lento proceso de suicidio asistido en el que se ha embarcado lo poco que aún queda en pie de Bélgica a estas horas. Por lo demás, a los catalanistas desde siempre les ha complacido creerse los franceses de la Península Ibérica; los hugonotes de este lado de los Pirineos, para ser precisos.

A los catalanistas, es curioso, se les ha comparado con casi todos los nacionalismos en ebullición de la última centuria menos con el que más se le parece desde el punto de vista del gregarismo extremo y la peculiar forma de psicología colectiva a los que dió forma. Aunque acaso resulte chocante a primera vista, me estoy refiriendo al muy singular caso del nacionalismo japonés. Que yo sepa, nunca se ha abundado en esa analogía entre ellos. Pero cuantos vivimos en primera persona los instantes más críticos de la última asonada insurreccional de la Generalitat, con decenas de miles de fanáticos exaltados ocupando las calles de Barcelona y con los llamados comités de defensa de la república desplegados por los barrios de la ciudad, todo en medio de un clímax histriónico que poseía inconfundibles los rasgos de la antesala de una guerra civil, aún hoy no salimos de nuestro asombro. El asombro y perplejidad de certificar la disciplinada, insólita obediencia bobina de la masa nacionalista a sus jefes, el pequeño sanedrín dirigente de la revuelta que rodeaba a Puigdemont y Junqueras. Ya lo habíamos visto cuando las coreografías norcoreanas de las diadas y sus espectaculares estampas de diligente sometimiento por parte de la masa a los guionistas de las representaciones callejeras. Pero, llegada la hora de la verdad (o de la gran mentira, según se mire), la unánime subordinación ciega a los jefes por parte de los de abajo, la carne de cañón acarreada a golpe de pito y de WhatsApp por los agitadores de la ANC y de Òmniun, superó cualquier expectativa racional de asentimiento grupal al mando.

Simplemente, fue asombroso cómo en apenas horas consiguieron desmovilizar por completo a su gente. Una gente entre la que había, nadie lo dude, muchísimos elementos dispuestos a llegar hasta el final. Y estoy hablando de derramamientos de sangre y también de muertos. Algo tan asombroso como la pareja capacidad que acreditaron antes los líderes catalanistas para, casi de un día para otro, convertir al irredentismo más exaltado, y sin la menor disidencia interna, a la totalidad de las clases medias autóctonas antes adscritas al tibio pactismo posibilista de la vieja CiU. Ningún dirigente político de Occidente dispone hoy, ni de lejos, de esa capacidad de control absoluto, pétreo, sobre su base sociológica que han acreditado nuestros separatistas. De ahí la pertinencia de la analogía con el caso japonés, una colectividad imbuida del principio asentimiento ante la jerarquía que se reveló capaz de transitar, y sin solución de continuidad, desde el numantinismo suicida frente al enemigo a la colaboración franca y sin límites con ese mismo enemigo. Y todo por obediencia al mando. Japón se rindió porque se rindió el Emperador. Solo por eso. Y los catalanistas se les parecen como gotas de agua. Si ahora se mantiene la máxima presión penal y carcelaria sobre los dirigentes, su rendición final llevará asociada la de la totalidad de las masas de dirigidos. Su gregaria sumisión lanar nos dará la victoria.

La educación catalana en tiempos del 155, ¿ya no hay casos de adoctrinamiento?
El reférendum ilegal del 1-O en Cataluña tuvo un fuerte impacto en el ámbito educativo y las denuncias contra el adoctrinamiento en las aulas corrían como la pólvora. Hoy, el clima es menos tenso, pero la fragmentación continúa vigente
Marina Alías vozpopuli.es 20 Enero 2018

Los catalanes viven sumidos en la incertidumbre política. Aunque se van despejando dudas sobre quiénes gobernarán la comunidad autónoma, la idea de contar con un presidente de la Generalitat por Skype no ayuda a transmitir seguridad alguna. Sin embargo, en el plano educativo, el clima parece haber mejorado desde el pasado 1 de octubre y los meses posteriores. La celebración del reférendum ilegal -fue suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017 tras su convocatoria- supuso una fractura a todos los niveles y el debate sobre si existía o no adoctrinamiento político en las aulas catalanas resucitó con más fuerza que nunca.

Las denuncias por parte de asociaciones, particulares e, incluso, de algún atrevido inspector eran constantes, pero gran parte de la comunidad educativa catalana se esmeraban en defender que se trataba de "casos puntuales" y no de una práctica extendida a todo el profesorado. Un argumento al que se llegó incluso a sumar el Ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo,con las esperadas críticas de algunos miembros de su propio partido y de quienes creen que el adoctrinamiento es un problema "estructural" que afecta a todo el sistema educativo catalán.

¿Lección aprendida?
Desde que el Senado diese luz verde a la aplicación del Artículo 155 el pasado 27 de octubre han pasado más de dos meses y medio y la cifra de denuncias a centros escolares se ha visto considerablemente disminuida. Determinados agentes de la comunidad educativa, como asociaciones de padres o sindicatos mayoritarios de docentes lo achacan a que, salvo casos concretos en aquellas semanas de agitación, la escuela catalana no lo practica y detrás del boom mediático solo había intenciones políticas.

En cambio, otras asociaciones consideran que muchos profesores que habían tenido "carta blanca" hasta entonces comienzan ahora a actuar con prudencia para no acabar en los juzgados. Eso, sí, unas y otras posturas coinciden en que la aplicación del 155 no ha influido en la enseñanza catalana. Al menos, hasta la fecha.

"No creo que el Artículo 155 tenga que ver en la disminución de denuncias, más que nada porque ha sido una aplicación de mínimos. Si el Gobierno hubiese querido hacer una aplicación de fondo, el 155 hubiese tenido que aplicarse por tiempo indefinido y no plantear elecciones en dos meses, un periodo en el que es imposible hacer cambios significativos. En el plano de la Enseñanza no se ha hecho nada, salvo abrir un expediente al único inspector que se atrevió da denunciar el adoctrinamiento", considera el presidente de la asociación Profesores por el Bilingüismo, Francisco Oya.

Según Oya, los motivos podrían encontrarse en que los profesores más extremistas empiezan a hablar con cierta prudencia. "Viendo que ahora te pueden poner una demanda y puedes acabar en un juzgado, empiezan a andar con pies de plomo", dice. Y añade que, por otro lado, el hecho de que ya tengamos en marcha las instituciones catalanas con un gobierno separatista ha creado cierto desánimo en quienes no son nacionalistas.

"Arma política"
Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Enseñanza Secundaria de Catalunya (Fapaes), en cambio, continúan hoy defendiendo que el sistema educativo catalán no padece de "adoctrinamiento político" y que a lo largo de la crisis política que ha vivido Cataluña en los últimos meses "la educación ha sido utilizada como arma política". "Las asociaciones de padres y madres nunca recibimos denuncias en este sentido, por lo que nos sorprendió el alcance mediático que tuvieron casos puntuales en torno al 1 de octubre", aseguran a este diario. Y añaden que, a día de hoy, siguen sin recibir quejas. "La aplicación del 155 no ha influido en la vida cotidiana de Cataluña y en las escuelas tampoco", aseguran.

Pero según Oya, las asociaciones de padres y madres en Cataluña están "copadas por el separatismo". "El adoctrinamiento en el sistema es estructural, la estrategia del separatismo es copar colegios profesionales, profesores y maestros, pero también las asociaciones de padres, prácticamente no hay ninguna que no esté controlada por la corriente separatista", opina. Y aclara que, aunque los profesores tengan buena fe, es inconcebible que uno pueda dar clase en lengua española o no siga el currículum establecido por la Generalitat o los manuales de Ciencias Sociales fijados, donde Cataluña suele aparecer como un territorio con soberanía apartado de España", explica.

No opina lo mismo la Federación de Educación de CCOO en Cataluña que aseguran que los docentes catalanes están bastante afectados por "haber sido utilizados como arma política". "Adoctrinamiento no ha habido nunca, aunque se hayan dado algunos casos puntuales. Hay bastante resquemor entre los profesores porque la educación se ha utilizado como arma arrojadiza entre independentistas y constitucionalistas", consideran fuentes de la federación.

"Existen denuncias, algunas son falsas y otras están en curso, pero el modelo de sistema educativo catalán funciona y no se puede usar a 120.000 docentes como herramienta. No obstante, el proceso tiene un ciclo vital llegando a su cima más alta el 1-O, momento donde proliferaron las denuncias", recuerdan. "En los patios de los colegios se hablan las dos lenguas sin problemas", señalan.

El rol de los inspectores
Desde Sociedad Civil Catalana (SCC), la vocal y profesora en la UAB, Maribel Fernández, explica a 'Vozpópuli' que los motivos por los que habrían disminuido el número de denuncias en los dos últimos meses pueden deberse a que las escuelas ahora mismo no son "un caldo de cultivo" como lo fueron durante el 1-O : "La tensión fue brutal y todo lo que pasaba se visibilizaba mucho". Por otro lado, la docente señala que el hecho de que se hayan alzado tantas voces sumado a que algunos medios extranjeros hicieran reportajes sobre este asunto, podrían haber generado cierto temor.

Desde SCC, donde están preparando un informe sobre los casos que ocurrieron,aclaran que en ningún caso hacen la denuncia a la totalidad del sistema educativo, pero que algunas de las cosas que han pasado son muy preocupantes y debería revisarse el sistema. "Ante el alud de denuncias que se hicieron, la inspección no dijo nada. Es llamativo que al único inspector que denunció adoctrinamiento en las aulas se le abriese un expediente. No es lógico que la reacción de la inspección ante algunas evidencias sea 'la escuela catalana no se toca'. Tendrían que haber puesto en marcha una investigación y no cerrar filas y demonizar a los denunciantes", argumenta.

Ya asegura que la 'escola catalana' esta vertebrada en torno al nacionalismo. "Tenemos que abrirnos a otras alternativas porque Cataluña somos todos y el modelo actual solo atiende a una parte, no es una fórmula de convivencia si se trata de negar lo que piensan los demás", concluye.

Off the record
CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO  El Mundo 20 Enero 2018

«Siéntate». Obedecí lentamente. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular se mantuvo de pie. Una fiera enjaulada en su propio despacho. Cogió el periódico y lo tiró sobre la mesa. «¿Cómo se te ocurre publicar esto?» No seguí su gesto con la mirada. Para qué. Sabía que mi artículo no iba a gustar a la dirección del partido, pero qué remedio. La Junta Directiva de la víspera -7 de abril de 2015- había sido un despropósito democrático. Unos 500 cargos públicos hacinados en la segunda planta de Génova, todos con el frío de una derrota inminente en el cuerpo. Ninguno había tomado la palabra. Presidentes regionales, secretarios generales, candidatos a unas elecciones locales y autonómicas que pintaban negras... Nadie había sentido la necesidad o la obligación de expresar -de forma leal, constructiva, elegante- la más mínima inquietud o sugerencia. Nada. Y cuando una diputada, atónita ante el mutismo de sus compañeros, había levantado la mano, la habían aplastado. Como se aplasta en los partidos viejos y nuevos: «¡Bravo, presidente, muy bien! Clap, clap, clap, clap, clap...». Al abandonar Génova, la diputada había convertido los apuntes que apretaba en la mano en un breve texto titulado Lo que me habría gustado decir, presidente y se lo había enviado a un periódico. A este. El artículo no decía nada muy original ni que sus colegas no comentasen en privado, mañana y tarde, entre sí y a la propia prensa: «Abandonemos el apaciguamiento, hagamos política de alto perfil, encaremos el desafío separatista con firmeza, ojo con Ciudadanos, está en juego la supervivencia del PP».

Todavía de pie, genuinamente atribulado, Rafael Hernando volvió a sacudir el periódico, como si quisiera reescribirlo. «De verdad, ¡¿cómo pudiste publicar esto?¡ ¡¿Y yo qué hago ahora?! ¡¿Cómo voy a permitir que tú defiendas en el Pleno la proposición sobre los presos políticos venezolanos?!». Lo miré con una mezcla de tristeza y afecto: «Si quieres, hazlo: convoca una rueda de prensa y explica por qué me retiras la iniciativa. Será una prueba más de nuestra deriva».

Recordé este episodio de mi fecundísima vida política al tropezar con un tuit de una periodista lamentando que nadie hubiera tomado la palabra en la Junta Directiva del PP celebrada el pasado lunes para valorar la situación electoral y política en Cataluña. Nada nuevo, pensé. Pero sí, qué drama. Mariano Rajoy resiste mientras su partido se desangra. Los focos apuntan al líder, pero meditándolo bien es evidente que la responsabilidad es compartida. El off the record se ha convertido en el burladero de los dirigentes del PP, que acuden a él como banderilleros de pueblo. Crítica va. Reproche viene. Un festival de filtraciones. Pero en los momentos decisivos, cuando y donde importa, ninguno da la cara. Unos no comparecen: Oh, interpretad nuestra ausencia, qué valientes somos. Los demás callan. Ninguno reconoce públicamente la realidad: el PP es hoy en Cataluña una fuerza residual. Y ninguno plantea el verdadero desafío, que es existencial: su sustitución por Ciudadanos en toda España. Como si la negación de un problema fuera la garantía de su solución. Como si la política del suflé, fracasada respecto del adversario separatista, fuera a triunfar respecto del rival constitucionalista. Y los periódicos, encantados: con estos entrecomillados anónimos y un par de adornos a lo Wolff nos hacemos una portada de fin de semana.

La ausencia de un debate abierto y adulto en el PP es especialmente dramática porque se proyecta sobre el primer problema español. Ayer, entre el café y la tostada, escuché a Fernando Martínez-Maíllo en el programa de Alsina. Preguntado por la situación del partido en Cataluña y el silencio muerto de la Junta Directiva, contestó: «Hay que posponer el debate hasta después de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat». Por debate no se refería exclusivamente al futuro de García Albiol, infeliz fusible. Se refería, primero, a la revisión autocrítica de todos los hitos de este vía crucis del ridículo: 9-N, Operación Diálogo, Operación Junqueras, 1-O, 155 electoral... Y segundo -y todavía más relevante- a la articulación de una estrategia frente a nuestro particular Saint Denis, presunto «descabezado» cuyos paseos y sonrisas soportamos un día tras otro. El primer partido español está obligado a debatir y explicar cómo va a evitar que Puigdemont se erija en presidente virtual de Cataluña en una era en la que la confusión entre lo virtual y lo real es generalizada. En la que Twitter y las televisiones influyen tanto como el Boletín Oficial del Estado.

Hasta ahora, y en su línea plana, el Gobierno ha invocado los reglamentos, las leyes y las decisiones de letrados y jueces. La voz de la vicepresidenta: «Puigdemont sólo podrá ser elegido mediante una flagrante vulneración de la ley». Ya. Pero y si establece un Gobierno Bipolar: parcamente legal por dentro, retóricamente legítimo por fuera. Y si acude a un testaferro, como sería propio de una organización criminal. Y si convierte a Bruselas -no a Quito, no a Freetown, no a Moscú, a la capital de Europa- en la primera plataforma política y mediática de la República Catalana, en un efervescente plató antiespañol. Ah, que eso ya lo ha hecho.

El Gobierno sigue sin entender que la responsabilidad de los jueces no deroga la de los políticos. El juez Llarena cometió un error garrafal al retirar la euroorden contra Puigdemont. Pero qué hizo el Gobierno para evitarlo. Y qué ha hecho para remediarlo. Qué presión política explícita, insoportable y como tal eficaz ha ejercido sobre Bélgica para que lo extradite. Qué apoyo concreto y útil ha obtenido de Macron, May o Merkel. Qué ha logrado que declaren o, mejor aún, hagan las instituciones europeas. Y, sobre todo, qué va a hacer el próximo lunes, cuando Puigdemont, según lo anunciado ayer, viaje a Dinamarca con el propósito explícito de redoblar sus agresiones a España. Digieran el comunicado que anuncia su advenimiento en la democracia de Borgen: «El Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague se complace en anunciar la celebración de un debate con el 130 presidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont [...] El debate será moderado por el profesor y jefe del Departamento, Mikkel Vedby Rasmussen [...] Les recomendamos llegar con mucha antelación para asegurarse un asiento». Pas mal para un golpista prófugo. Pero nosotros tenemos Tabarnia. Ja, ja. Y una buena refriega entre constitucionalistas, garantía de entretenimiento. Las peleas entre Ciudadanos y el PP -primero sobre la investidura de Arrimadas, luego sobre la cesión de un diputado al PP, mañana ya veremos- son el síntoma de un país disminuido, desorientado, que ha perdido la noción de lo importante. Y que se empeña en confirmar que el mal prospera cuando el bien descansa.

La inacción del Gobierno explica la supervivencia de Puigdemont. Y el cobarde uso y abuso del off the record explica que Mariano Rajoy pueda ejercer, desde hace años, un hiperliderazgo del vacío. Y que pueda reírse de los suyos y de todos. Esta semana, entre copas y corros en Moncloa, parece que una periodista preguntó al presidente por las críticas internas. Con media sonrisa y toda la razón, contestó: «Yo no he oído ninguna crítica. ¿Usted?».

Lo que escribí entonces: "El martirio de San Sebastián"
Raúl González Zorrilla. Director de La Tribuna del País Vasco 20 Enero 2018

Hace 25 años, en una noche como esta, la banda terrorista ETA asesinaba de un disparo en la nuca al empresario hostelero José Antonio Santamaría. El atentado tuvo lugar en la sociedad gastronómica Gaztelupe, situada en el centro del barrio viejo de San Sebastián. Lo que sigue a continuación es lo que escribí tras este crimen en las páginas de los principales periódicos vascos.

El Martirio de San Sebastián (19 de Enero de 1993)
Atacada en lo más profundo de su corazón social, insultadas sus instituciones más representativas y desprestigiadas hasta la saciedad o la vergüenza sus fiestas más tradicionales, San Sebastián se enfrenta ahora, muchos siglos después de que muriera el santo que dio nombre a la ciudad, a un martirio similar al que sufrió éste, soportando la radical intolerancia, el fanatismo y el terror gratuito de los que nunca han aprendido a vivir en libertad.

Son ya muchos, sin duda siempre demasiados, los años que llevamos en el País Vasco aguantando el salvajismo, la brutalidad y el miedo impuestos por todos aquellos que recurren a la violencia como única manera de imponernos su doctrina absurda y delirante. Son muchos años ya de ver nuestros asfaltos empapados de sangre, de sufrir el chantaje indiscriminado de quienes se ven a sí mismos como los salvadores de este pueblo y de sentir esa impotencia absoluta que te obliga a tragarte las lágrimas, a callarte los insultos y a taparte los oídos para no escuchar a los bárbaros demandar más sangre, más horror y más muerte.

Conocemos como pocos la tragedia que surge cada vez que una nueva persona es asesinada y, a lo largo de los tiempos, hemos ido elaborando un sofistica proceso de autismo social que nos salvaguarda de la esquizofrenia constante que provoca el vivir rodeados de animales humanos que lanzan vivas a los sicarios del tiro en la nuca y del coche bomba.

Así hemos ido pasando el tiempo, condenando atentados, promulgando pésames en serie y repitiendo de carrerilla todas esas lamentaciones estereotipadas que lloran que se produzcan semejantes actos de barbarie y de fácil destrucción de lo más preciado que tenemos: la vida. Pero, paralelamente, entre quejas, lágrimas y politiqueos escasamente efectivos con quienes todavía se atreven a alabar cualquier acción terroristas, nos hemos impuesto a nosotros mismos un pacto secreto que nos garantiza, cada vez que se produce una nueva muerte o un nuevo acto de intolerancia, seguir con nuestra propia vida, con nuestra existencia como cuerpo social que avanza, que se mueve y que no puede detenerse a pesar de todos los pesares.

Este principio falso e hipócrita de "seguir pese a todo" ha cosechado, especialmente en San Sebastián, unos resultados realmente terroríficos y profundamente patéticos. Bajo la cantinela impotente y dolorida de "la fiesta debe continuar" muchos ciudadanos de esta ciudad se han acostumbrado, por ejemplo, a escuchar el ulular de las ambulancias mientras estallan los fuegos artificiales, a mezclar el ritmo de las charangas con el crepitar de los autobuses incendiados por los terroristas de la "kale borroka" (violencia callejera) y, desde el pasado martes 19 de enero de 1993, a ver pasar coches fúnebres por delante de las tamborradas. Ninguna sociedad puede soportar, sin ver alterada su cohesión grupal y su salud colectiva, semejantes escenas, propias de un tétrico y trágico "Twin Peaks" local, autóctono y, desde luego, mucho más sanguinario que el de David Lynch.

En este sentido, el reciente asesinato de José Antonio Santamaría, en una sociedad gastronómica y en pleno centro del barrio viejo de la ciudad, marca un punto de no retorno en este principio básico que antes señalábamos. Además de ser, como todos, un crimen indecente, brutal e inhumano, traicionero como pocos, e injustificable desde cualquier punto de vista, el atentado contra este miembro destacado de nuestra comunidad es un ataque a la ciudad misma, a su historia, a su tradición, a sus costumbres y al trabajo y al tesón de todos los hombres y mujeres que la han construido a lo largo de los siglos. Al producirse en las horas más especiales del día grande de San Sebastián, el asesinato de este ser humano ha conseguido, primero, sembrar el terror eliminando una nueva vida disidente, y, en segundo lugar, convulsionar a una ciudad, nuestra ciudad, insultarla, pisotearla y mancillarla con sangre inocente. Es imposible producir más daño y más dolor en esa inmensa mayoría de ciudadanos donostiarras que solamente desean disfrutar de su ciudad, sentirse orgullosos de ella y recordarla como el lugar donde aprendimos a amar, a reír y a vivir. Desgraciadamente, y este mal ya no nos lo quita nadie, también la recordaremos siempre como el lugar donde aprendimos a sentir la muerte, a palpar el odio y a ver de cerca el rostro demoníaco del fascismo más atroz y más destructivo.

A José Antonio Santamaría le han asesinado y, al mismo tiempo, los criminales nos han matado un poco a todos. Con todos los crímenes ha sido así, pero nunca lo habíamos visto tan de cerca, tan palpable, tan claramente. Por si alguien alguna vez lo había dudado, ahora ya sabemos que los asesinos no solamente quieren matar a los individuos, sino que también quieren castigar a la sociedad vasca que los acoge y donde éstos se sienten orgullosos de sus vidas. Fundamentalmente, los fascistas de ETA y sus cómplices de HB desean destruir lo más preciado que tenemos: nuestros ritos, nuestras músicas, nuestros recuerdos y nuestras fiestas.

San Sebastián, el mártir, murió por no renunciar a sus ideas, a sus principios, a sus creencias. Él estaba en desventaja, no podía luchar. Nosotros, sí. Podemos combatir perdiendo el miedo al chantaje de los violentos, diciendo muy claro que esta ciudad no quiere asesinos en sus calles ni apologetas de la violencia en sus plazas, y, sobre todo, declarando, oficialmente, personas "non gratas" y desterrando de esta urbe a todos aquellos que no respeten las esencias más sagradas de la misma, entre las que, indudablemente, se encuentra la paz. San Sebastián no quiere a los asesinos, Euskadi no les necesita y este pueblo no puede asimilar más ofensas que las que ya ha recibido. Que nunca nadie olvide que una vértice de esta ciudad se levanta una hermosa paloma de la paz y que, en el otro extremo, se alza un "Peine de los Vientos" que da forma a la libertad y la tolerancia que nos son intrínsecas y que nunca vamos a perder. Aunque a algunos les pese.

Barómetro del Real Instituto Elcano
El 'procés' redobla en España el deseo de un Estado más centralista
MARISOL HERNÁNDEZ El Mundo 20 Enero 2018

Elcano, sobre el conflicto catalán: "No tiene solución, es un problema que hay que conllevar"

El hombre que más lejos ha llevado la apuesta por el independentismo en Cataluña es también quien más ha favorecido en la opinión pública el deseo de una España más centralizada. Carles Puigdemont puede atribuirse un nuevo mérito en su carrera política. El último barómetro del Real Instituto Elcano apunta a que ha aumentado notablemente el número de españoles partidario de un mayor poder del Estado frente a las autonomías. Este afán centralizador se ha ido labrando a lo largo de dos años, justo el tiempo en que se ha acelerado el desafío soberanista. En 2015, sólo un 9% de la población defendía una postura recentralizadora. Ahora ha ascendido hasta el 21%.

Este aumento tiene como anverso una disminución del apoyo al Estado de las Autonomías, tal y como funciona ahora. De hecho, por primera vez la apuesta centralizadora es mayoritaria, sobre todo entre las personas mayores, las de menor nivel educativo y la que se declaran de derechas. Quienes piensan que las comunidades autónomas deberían tener menos autonomía o tendrían que suprimirse suman un 36% frente al 34% satisfecho con la situación actual. Un 23%, muy concentrado en Cataluña y País Vasco, quiere que las regiones tengan más autonomía o puedan ser independientes. El barómetro se ha realizado sobre un millar de entrevistas, realizadas entre noviembre y diciembre de 2017.

Carmen González Enríquez, investigadora principal del Instituto Elcano y que ayer presentó los resultados del estudio, defendió que estos datos son "influencia" de la crisis catalana. Esta experta advirtió que cuando se habla de una posible reforma de la Constitución "muchos están pensando en dar mayor autonomía" a las comunidades y subrayó que "no es esto lo que quiere la población española". Por eso, en su opinión, sería "dudoso" un cambio en la Carta Magna en este sentido. González explicó que se ha producido una posición "reactiva" por el "gran rechazo" que ha provocado el desafío independentista. A este razonamiento añadió que los ciudadanos también perciben "algunos elementos disfuncionales del Estado de las autonomías". Un apunte que entroncaría con el malestar que por primera vez se ha evidenciado con temas, antes indiscutibles, como el Cupo vasco.
Euroescepticismo de izquierda

La crisis política e institucional en Cataluña, según el Instituto Elcano, también ha generado un aumento de las posturas europeístas en España. Hace un año, un 57% de los ciudadanos respaldaba dar mayores competencias a la UE o, al menos, mantener el estatus actual. Ahora este apoyo ha escalado hasta el 70%. "Es probable", aseguran desde el centro de estudios internacionales, que la respuesta negativa de Europa a las pretensiones catalanas "sea la causa de esta mayor adhesión de la mayoría de la población española a la UE".

El informe incorpora además un dato que diferencia a España del resto de Europa: mientras que en otros países el euroescepticismo es básicamente de derechas en España las personas más ideológicamente de izquierdas son las que más defienden restar competencias a la UE.

El mapa sociológico dibujado por el Instituto Elcano alerta de la incorporación de nuevos temas a la lista de prioridades políticas de los españoles. Por primera vez la lucha contra el cambio climático se sitúa como el principal objetivo de la política exterior por encima de la lucha contra el yihadismo. La inquietud sobre el futuro del planeta y el calentamiento es especialmente notable entre los jóvenes de entre 18 y 29 años. Pero este asunto empieza a ser transversal porque el 38% de los españoles (ya no son sólo los jóvenes) estaría dispuesto a pagar más en su recibo -sobre 6 euros- para que España invierta más en energía renovable.

Lo confirma también que el cambio climático sea uno de los asuntos que preocupan a largo plazo a los españoles, aunque las principales son que no haya suficientes puestos de trabajo y la sostenibilidad de las pensiones.

El informe desvela también cierto rechazo a la presencia china en España que está sobredimensionada por un cierto "temor· hacia ellos y un "desprestigio" de los EEUU motivado por la "mala imagen" del presidente Donald Trump.

Y SUS TESTIMONIOS
Las víctimas piden introducir la historia del terrorismo en la escuela vasca
La Gaceta  20 Enero 2018

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido este viernes que se introduzca la historia del terrorismo y los testimonios audiovisuales de las víctimas como material didáctico en los centros educativos vascos.

Esta es una de las propuestas que el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, ha trasladado este viernes durante la reunión del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo que ha tenido lugar en la sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico en Vitoria.

Este organismo, presidido por Jose Luis de la Cuesta, director del Instituto Vasco de Criminología, fue creado en 2010 para canalizar las relaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo con las administraciones públicas vascas en todas aquellas cuestiones que les afecten.

En el encuentro de este viernes han estado presentes representantes de la AVT, Covite, la Fundación Fernando Buesa, Zaitu y Aserfavite. Por parte del Ejecutivo Vasco han acudido el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, y la directora de la Oficina de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco, Mónica Hernando.

En una nota de prensa difundida al término del encuentro, la AVT ha explicado que en el encuentro ha presentado una propuesta de modificación al articulado de la ley vasca de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo con “importantes mejoras” para este colectivo.

Así y de carácter educativo, la AVT ha planteado que se introduzca la historia del terrorismo y los testimonios audiovisuales de las víctimas como material didáctico en las escuelas vascas.

También ha pedido la creación de una medalla única y exclusiva otorgada a las víctimas del terrorismo que posean esta condición concedida por el Ministerio del Interior.

Desde Covite han informado de que han llevado a esta reunión su denuncia contra el papel de EiTB por emitir un documental que aborda la situación de los hijos de los presos de ETA sin deslegitimar el terrorismo y blanqueando a la banda terrorista.

También ha denunciado los homenajes a los terroristas de ETA que salen de prisión.

Entre otras funciones, el Consejo es el encargado de proponer al Gobierno Vasco criterios de reparto de ayudas y subvenciones públicas a las organizaciones y asociaciones y de crear cauces de participación para escuchar, atender, orientar y asesorar a las víctimas de un modo personalizado para integrar sus sugerencias y canalizar sus reclamaciones.
 


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