AGLI Recortes de Prensa   Martes 23  Enero 2018

10 años de crisis, 10 años de engaños
Juan Laborda vozpopuli.es 23 Enero 2018

Durante la burbuja inmobiliaria, la deuda de las familias españolas no dejaba de subir. Cada mes, con un nuevo dato disponible, se alcanzaban nuevos máximos históricos mensuales. Y así hasta que todo reventó, y con ello las esperanzas y anhelos de muchas familias. El final de la fiesta fue de todo menos agradable. Por eso, la comparecencia de los últimos ministros de Economía -Rato, Solbes, Salgado y Guindos- en la comisión de investigación de la crisis bancaria en el Congreso de los Diputados, produjo ya no solo un cierto sonrojo, sino hastío.

Siguen sin entender el papel de la deuda privada y de la banca en la generación de las crisis económicas más dañinas de la historia. Siguen sin entender qué es eso de un control ex-ante del crédito. Siguen sin entender qué es una burbuja financiera y/o inmobiliaria, y cuáles son las consecuencias cuando estallan. Educados en la teoría neoclásica, se creyeron a pies y puntillas las chorradas liberales, social-liberales o neoliberales de que el mercado es soberano, u otras teorías absurdas, como el carácter exógeno del dinero o la neutralidad de la deuda privada.

Las hipótesis de eficiencia de los mercados o de las expectativas racionales son una quimera, falsas. Y la evidencia a favor de la naturaleza endógena del dinero se amontona. Pero no se preocupen, nunca pasa nada. Al final todo se olvida y volvemos a las andadas.

En las facultades de económicas de medio mundo, sin novedad, se siguen enseñando teorías falsas. En las escuelas de negocios, más de lo mismo, aún se adoctrina en una de las ideas más estúpidas de la historia reciente, la maximización del valor de la acción. Y en nuestra vida cotidiana ya se encargan los acreedores de los mass media patrios de echar tierra de por medio y adormecer a las masas. Y si no, siempre nos quedan las veleidades nacionalistas para alzar banderas y hacernos olvidar lo que realmente es importante.

La resaca de la Gran Recesión ya va por su décimo aniversario sin que se atisbe ningún síntoma de mejora y esperanza para la inmensa mayoría de los hogares patrios, tanto peor cuanto más joven es el principal sustentador del hogar. Han sido las familias, especialmente de jóvenes y trabajadores, quienes han pagado a escote las consecuencias de la última juerga. Las condiciones de vida de jóvenes y trabajadores han empeorado. También las de los autónomos, pequeños empresarios y todos aquellos cuyos beneficios se derivan de su trabajo y no de la extracción de rentas. Los salarios siguen sin subir. ¿Y qué me dicen de la carga impositiva que tienen que soportar las familias en nuestro país? Simplemente es escandalosa, mientras que los extractores de rentas se van de rositas. ¡Si levantara la cabeza el gran Henry George!

Nos han engañado, no hay recuperación alguna
Nuestro modelo de crecimiento económico sigue estando controlado por grupúsculos dedicados a la búsqueda de rentas y/o apropiación de riqueza. Éstas toman muchas formas, desde transferencias ocultas, pasando por subsidios del gobierno a grupos de presión, leyes que favorecen los oligopolios -memorable el impuesto al sol-, y una aplicación laxa de leyes de competencia. Por mucho que en la CNMC su presidente y algunos de sus consejeros trabajen a destajo para evitar ciertos desmanes, la realidad se acaba imponiendo.

Por eso, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria el gobierno de turno no debía dedicar un solo euro a rescatar a la ciudadanía. Había que disponer de fondos públicos suficientes para salvar bancos y cajas, autopistas y demás negocios rentistas. Es lo que vulgarmente se conoce como socialización de pérdidas privadas. Pero ahora, además, se empieza a emitir deuda pública para pagar las pensiones. Las élites han entendido que se puede jugar con el salario y el pan de jóvenes y trabajadores, pero no con el de los jubilados, porque representan esa franja electoral clave para mantener el actual statu-quo.

Pero todo tiene un coste. Al final, si no se cambia el modelo productivo, todo el esfuerzo, absolutamente todo, recaerá en las espaldas de nuestros hijos y nietos. Como corolario de todo ello, la deuda pública se ha disparado hasta niveles insoportables. Pero lo peor es que pretenderán cobrarla cuando los mercados se desplomen y eso será un imposible.

Nuestro modelo productivo no ha cambiado, sigue siendo el mismo, a pesar de la heroicidad de ese fantástico tejido industrial de pequeñas y medianas empresas familiares exportadoras. Somos una población endeudada hasta las cejas, envejecida, con empleos precarios, donde la desigualdad aumenta hasta límites insoportables. Si a eso unimos la pésima calidad de nuestra democracia, donde solo medran los adláteres, los oportunistas, el futuro es sombrío.

Todos los problemas relevantes que afectan a España (deuda, salarios, productividad, vivienda, empleo, pensiones…) se derivan de un injusto sistema económico basado en la especulación y el control de vastos sectores de la economía por oligopolios, como los bancos; y monopolios como las eléctricas y otros, así como por un sistema fiscal que castiga a los productores de riqueza y premia a los que viven del trabajo ajeno y se apropian de la plusvalía del suelo y otros recursos, creada por el progreso social, violando la letra y el espíritu de nuestra Constitución. La única forma de mejorar la situación de los que viven de su trabajo es modificando este sistema. No se fíen ustedes de esos nuevos políticos a los que se pretende encumbrar desde el deep state con la ayuda de los mass media. Son puro humo, mensaje vacuo, vacío, para que todo siga igual.

La fabricación del español global
Es necesaria una política de prestigio del idioma, su vinculación con la innovación, empresas, industrias culturales, mejora del capital social y tecnología
MANUEL LUCENA GIRALDO ABC 23 Enero 2018

Cuando el formidable Elio Antonio de Nebrija escribió en el prólogo de su Gramática sobre la lengua castellana, publicada en 1492, «que siempre la lengua fue compañera del Imperio», no estaba pensando en España, sino en Roma. El libro salió de la imprenta salmantina de Juan de Porres el 18 de agosto de aquel año. Un par de semanas antes, Cristóbal Colón había partido hacia Asia por la ruta del oeste. A pesar de que fue dedicado por el cortesano Nebrija «a la muy alta y esclarecida» reina Isabel, esta no entendió «para qué podía aprovechar».

Es preciso tener cuidado con los anacronismos. Las «islas de nuestro mar» a las que se refirió Nebrija en la dedicatoria a la reina fueron las Canarias, no las Antillas. Hasta el 6 de septiembre, Colón no se dirigió hacia el oeste. Para colmo de paradojas, es posible que Nebrija y Colón se conocieran en Salamanca en 1486, cuando este defendía la viabilidad de su atrevido proyecto. En cuanto a la referencia a un imperio, Nebrija remitió al esplendor de la antigua Roma y al clasicismo que todos los humanistas querían imitar. Sin un latín perfecto en calidad y unido en sus formas dialectales, no hubiera habido imperio romano, eso es lo que quiso expresar, y viceversa, cuando se corrompió y fragmentó, vino una inevitable decadencia.

El escenario global del español actual permite reflexiones que enlazan con ciertos presupuestos de Nebrija. En primer lugar, hace siglos que el peso del español en el mundo tiene que ver con el hecho indiscutible, como ha señalado Fernando R. Lafuente, de que es una lengua americana. El peso demográfico del español de España es de menos de un 10% del total de hablantes del idioma. Estamos perdiendo población y nuestro envejecimiento no permite aventurar grandes cambios en las próximas décadas. Además, esto es lo novedoso, en los países iberoamericanos que tienen el español como lengua oficial, comenzó tiempo atrás la transición demográfica, la reducción de la mortalidad infantil y general, de la fecundidad y la bajada abrupta de la natalidad. Los 680 millones de habitantes calculados en la América hispana para 2025 quizás serán 779 en 2050. Muy lejos de los incrementos de las últimas décadas. Residirán en metrópolis gigantes como lo son ya México, Buenos Aires, Bogotá, Lima y Santiago.

Declive demográfico
Las urbes intermedias crecerán. Pero el declive demográfico continuará. Baste un ejemplo: en México DF había 46 nacimientos por cada mil habitantes en 1960, que se redujeron a 21 en 2000 y serán solo 11 en 2050. Las dinámicas migratorias no cambiarán previsiblemente este escenario, así que quien confíe en un aumento del número de hablantes de español por dinámica endógena carece de argumentos.

Lo cual nos lleva a un segundo asunto, la estabilización o el crecimiento de hablantes del español solo puede producirse por atracción de personas, como segunda lengua. Ello conduce a una cuestión clara, la necesidad de una política de prestigio del idioma, su vinculación con la innovación, empresas, industrias culturales, mejora del capital social y tecnología. Tampoco en este aspecto se puede caer en optimismos infundados.

En los departamentos de lengua y literatura de español de Estados Unidos, por ejemplo, en años recientes la presencia de los llamados «estudios chicanos» se ha multiplicado. Las contrataciones de profesores de español en ocasiones han primado allí que los candidatos no hablaran español de España, presentado de manera torticera como un fósil imperial. Este planteamiento ha llegado ya al español como activo empresarial y se puede extender en el futuro de manera preocupante una tácita imposición de lo que algunos llaman «español latino», a fin de cuentas dominante en términos de demanda.

El excelente proyecto, ya culminado, «Valor económico del español», dirigido por José Luis García Delgado y patrocinado por Fundación Telefónica, así como el estudio del Grupo de Investigación sobre el Libro Académico dirigido por Elea Giménez Toledo en el CSIC, entre otros estudios, configuran un diagnóstico impecable y claro.

Sin políticas del idioma español que lo asocien a clases medias emergentes y crecimiento económico, si no se vincula a los sueños de personas concretas e instituciones sociales, en cualquier lugar del mundo en que se hallen, su futuro a largo plazo estará comprometido.

Segundo idioma
Aunque el español como segundo idioma de la globalización mantiene un gran atractivo, por detrás del inglés, ni en el ámbito de las empresas ni en el de las industrias culturales y educativas ha desarrollado todo su potencial. La promoción, reconocimiento y certificaciones de empleabilidad profesional del español son contempladas por poderosos grupos económicos de otros países como su próximo escenario de negocio. La invasión de anglicismos innecesarios y patéticos muestra la pérdida de prestigio de nuestro idioma. Los atentados constantes contra su unidad en la diversidad, la hostilidad ocasional hacia la homogeneidad y eficacia de la magnífica red de academias de la lengua que mantienen y cuidan su normativa de uso, se hace visible también en toda una serie de pequeñas y grandes intrusiones y agresiones.

Existe en España y en Iberoamérica, digámoslo claro, una descalificación del legado simbólico histórico y cultural que mantiene unida la lengua española. A largo plazo, sin políticas de prestigio que incidan no solo en espacios donde es segunda lengua, sino también lengua oficial –incluso en España, donde la persecución a sus hablantes en ocasiones toma aspecto de limpieza étnica- cabe la posibilidad de que nuestro idioma español, la mayor inteligencia colectiva que –todavía –poseemos en común, pierda la batalla de la globalización.

Manuel Lucena Giraldo es historiador y miembro de Academia Europea, organismo consultivo de la Comisión Europea

Puturrú de foie jurídico.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 23 Enero 2018

DELEGACIÓN DEL VOTO POR INCAPACIDAD O CÓMO PERVERTIR LA INTENCIONALIDAD DEL LEGISLADOR.

Para comprender todo este “pollo” que hay montado judicialmente en relación con Cataluña, lo primero que hay que hacer es apartar la lógica y el sentido común y admitir un nuevo plano de pensamiento irracional, o mejor decir de la elucubración sobre otras esferas del razonamiento. Un nuevo mundo que se rige por sus propias leyes universales. Solo así podemos adentrarnos sin caer en lo absurdo en estos debates kafkianos de supuestos conflictos entre derechos fundamentales. Y es que el problema que se ha planteado y que tiene en vilo y sorprendida a toda España es precisamente comprobar que tras un enrevesado camino lleno de obstáculos e incertidumbres donde hemos empeñado todos nuestros esfuerzos, en vez de llegar a nuestro destino previsto, volvemos inexplicablemente al punto de partida donde comenzamos nuestra andadura en una especie de burla del destino o venganza de “los dioses” por nuestro orgullo.

Y lo primero que hay que analizar es el papel que en todo esto ha desempeñado el Gobierno de España, que a la vista está que no ha sabido estar a la altura del reto al que se enfrentaba. Y aquí podríamos entrar en discutir si ese comportamiento ha sido causado solo por la personalidad abúlica y pusilánime del máximo responsable, Mariano Rajoy, o de su equipo de Gobierno plagado de incompetentes plegados a su liderazgo, o de esos “avispados” asesores y gurús de cámara cuya perspicacia, análisis de la situación y augurios han sido un cúmulo de errores y desaciertos propios de lo que son: farsantes y charlatanes de feria. Porque la primera regla para tomar una decisión es la de analizar hasta la extenuación las consecuencias de ese movimiento. Es como en una partida de ajedrez donde un simple error nos puede llevar al fracaso. Pues eso es precisamente lo que este Gobierno no ha hecho, ha actuado de forma precipitada e irreflexiva, despreciando la sensatez y aquella máxima de mantener la calma y la prudencia. Aquello del “vísteme despacio que tengo prisa”.

Nada de lo que ha pasado en estos últimos seis meses tiene sentido si se mira desde la perspectiva de lo que es el Estado de Derecho. Y lo que sí que se ha demostrado es que éste no está preparado para enfrentarse al desafío que el secesionismo le ha planteado de forma abrupta. Y un Estado que es incapaz de defenderse está condenado a su desaparición. Y aquí la única arma que dispone el Estado es la Ley, en el caso de España la Constitución de 1978. Y lo primero que hace aguas es precisamente la falta de firmeza en la definición de conceptos esenciales en la propia constitución del Estado, lo que denota la debilidad del compromiso en el proyecto común y la imposición de excepcionalidades que contradicen el espíritu de Unidad, igualdad y de solidaridad. Un texto que se contradice a sí mismo y que define al pueblo español a la vez que admite la existencia de nacionalidades. Un engendro que santifica la desigualdad al reconocer “comunidades históricas y derechos forales”, frente a un sistema autonómico basado en un concepto trasnochado de antiguos reinos reagrupados o diferenciados de forma totalmente absurda e irracional sin base alguna de coincidencias socio culturales.

Una debilidad que se ha evidenciado en uno de sus artículos, el 155, una cosa ambigua y arcana convertido en ariete contra aquellos que han desafiado el orden constitucional. O en la incongruencia y contradicción entre lo que dice el artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y lo que dice el artículo 71 en sus apartados 2 y 3:

“2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.” Un aforamiento que en vez de aplicarse de forma excepcional se lleva a la universalidad en los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el legislativo y el Judicial a todos sus miembros.

O lo que dice taxativamente el artículo 145 en su apartado 1 “En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas”. Mientras que esa posibilidad se incluye en la disposición transitoria 4 respecto a la integración entre las Comunidades de El País Vasco y Navarra. Además, se permiten partidos políticos que en sus programas contemplan la federación de autonomías en la creación de unos llamados Países Catalanes y que intentan conseguir la independencia de sus territorios usando las Instituciones del Estado y los fondos públicos para sus fines secesionistas, no dudando en desobedecer en franca rebeldía, violar la Constitución y los derechos de los españoles en su comunidad autónoma.

Pero es en el artículo 23 relativo al derecho de participación en asuntos públicos donde dice que:
“1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

Un derecho que solo puede ser suspendido por Ley cuando exista una condena en firme que contemple la “inhabilitación”. Y es precisamente ese el verdadero quid de la cuestión por la que ahora nos encontramos en este laberinto de conflicto de derechos. Un espacio pantanoso difícil de sortear mediante argumentos jurídicos que, como los esgrimidos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, podrían interpretarse como discrecionales y sin base. La simple percepción subjetiva no puede ser motivo para supeditar unos derechos que la Ley contempla en el caso de sentencias firmes de inhabilitación temporal. Nada debe impedir a un Diputado electo ejercer su cargo, ni se justifica la permanencia en prisión provisional por simples sospechas de reincidencia en la comisión de delitos. Al fin y la cabo, al tomar posesión de su Acta de Diputado formalmente han acatado el cumplimiento de la Ley. De no hacerlo, existen medios para denunciarlo y exigir responsabilidades penales.

Lo que no es admisible es hacer distinción entre presos o fugados, cuya diferencia estriba en que estos últimos no han comparecido ante el juez a declarar por los delitos que se les imputa. De hecho, aquellos que se presentaron y fueron liberados, y que se pudieron presentar a las elecciones y fueron elegidos como Diputados, ejercen sin problemas sus funciones sin ningún tipo de restricciones, ni tener que delegar el voto acogiéndose a una interpretación irracional del Reglamento del Parlamento autonómico en cuanto a lo que se considera “incapacidad prolongada”. Algo que el legislador interpretaba dentro del ámbito estricto de la salud personal y no de la privación de libertad por estar preventivamente en prisión o en arresto domiciliario. Desde luego que el estar preso es altamente incapacitante para la libertad de movimientos, sobre todo si el juez Instructor no permite salir de prisión por considerar un riesgo de reincidencia en el delito. Lástima que esa doctrina no se aplique siempre en el caso de violadores, pederastas y asesinos en serie o se cuestione lo de las penas de prisión permanente revisable.

La culpa del Gobierno es haber actuado de modo precipitado, sin reflexión alguna y sin evaluar las consecuencias de optar por retornar a una normalidad imposible sin haber resuelto el tema de fondo ni dejar pasar un tiempo prudencial para neutralizar a los responsables del golpe de Estado dejando a la Justicia emitir las sentencias y hacerlas firmes. Se habrían evitado muchos problemas y no estaríamos de nuevo en el punto de partida. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no parece augurarse nada bueno ni para la democracia ni para España.

¡Que pasen un buen día!

El PP es un detritus burocrático
Cayetano González Libertad Digital 23 Enero 2018

Hace tiempo, una persona que ocupó un cargo importante en los Gobiernos de Aznar –aclaro que no fue nunca ministro– le dijo a un amigo común lo siguiente: "El PP ha quedado reducido a un detritus burocrático mal organizado". La definición de detritus que recoge el diccionario de la lengua de la Real Academia Española es la siguiente: "Residuo de la descomposición de una masa sólida en partículas". ¿Puede hacerse, con una sola palabra, una descripción más exacta de en qué se ha convertido el PP en los últimos años?

El partido que refundó Aznar en el Congreso de Sevilla de 1990 y que gobernó con bastante solvencia España durante ocho años, 1996-2004, se encuentra sumido en un proceso de descomposición por mor del desgaste natural del ejercicio del poder, pero sobre todo por su renuncia a ejercer el liderazgo ante la sociedad defendiendo unos valores y unos principios que fueron los que le hicieron ser el único referente del centro-derecha durante bastantes años.

Ahora el PP es eso, un "detritus" sometido a la inacción de una persona, Mariano Rajoy, que es todo menos lo que se entiende por un líder político. Pero los suyos, a fuer de haber renunciado desde hace mucho a cualquier ejercicio de autocrítica, de democracia interna, de debate ideológico, se agarran ahora a la tabla de salvación de un dirigente que cada vez da más síntomas de agotamiento, de falta de ideas, de incapacidad para conectar con amplias capas de la sociedad, empezando desde luego por las más jóvenes.

La actitud mantenida por los casi 500 cargos del PP que el pasado día 14 asistieron a la Junta Directiva Nacional celebrada en la calle Génova lo dice todo. Después del batacazo sufrido en las elecciones catalanas del 21-D, agravado para ellos por el triunfo de Ciudadanos; después de haberse demostrado un grave error una convocatoria tan precipitada de esas elecciones autonómicas; después de haber quedado en evidencia el total fracaso de la denominada operación Diálogo, capitaneada por la vicetodo Soraya Sáenz de Santamaría, resulta que en el máximo órgano del partido entre Congreso y Congreso, y tras escuchar un discurso absolutamente autocomplaciente del presidente del Gobierno y del partido, nadie, absolutamente nadie de los presentes pide la palabra para al menos preguntar algo. ¿Cómo se puede llamar eso? ¿Borreguismo?, ¿sumisión total al jefe?, ¿miedo a que, parafraseando a Guerra, el que se mueva no salga en la foto?, ¿temor a que a uno lo dejen fuera de las listas electorales?

El hecho es que al batacazo en Cataluña, unido a la posición irrelevante del partido en el País Vasco y en Navarra –tres comunidades fundamentales a la hora de hablar de la cohesión nacional–, se añade lo que hasta un ciego puede ver: que, a ojos de un importante núcleo de electores, un partido como Ciudadanos encarna mucho mejor que el PP la defensa de la Nación, la igualdad ante la ley o la lucha contra la corrupción. ¿Cuál ha sido la reacción del PP tras conocerse las encuestas en que el partido de Rivera ya está por delante en intención de voto? Arremeter contra Ciudadanos por tierra, mar y aire. Desde culparles de que el PP tuviera tan pocos votos y escaños en Cataluña, hasta tildarles de oportunistas, aficionados, desleales, por no hablar del portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que, demostrando muy poco respeto al cargo que ocupa, se ha referido a Ciudadanos en las últimas ruedas de prensa del Consejo de Ministros como el partido "Ce Ese".

Los actuales dirigentes del PP, con Rajoy a la cabeza, son los únicos culpables de haber conducido a su partido a esta situación. Unos por acción, otros por omisión. Es lo que tiene el culto a un líder que no es tal y la renuncia a las ideas y principios: al final, efectivamente, te conviertes en un "detritus burocrático mal organizado". La cuestión es que la situación de crisis nacional requiere algo más; y, sobre todo, los españoles se merecen mucho más.

El prófugo Puigdemont y el 'moderado' Torrent, tal para cual
EDITORIAL Libertad Digital 23 Enero 2018

Poco ha tardado el nuevo presidente del Parlamento regional de Cataluña, el republicano y supuestamente "conciliador" Roger Torrent, en demostrar lo que es: un decidido partidario del golpe de Estado perpetrado por su partido y por las demás formaciones separatistas. Su ominosa decisión de saltarse a la torera el reglamento de la Cámara para proponer la candidatura a la Presidencia de la Generalidad del fugitivo golpista Carles Puigdemont –y su proclamada disposición a visitarlo en su refugio bruselense– va mucho más allá del ya de por sí escandaloso hecho de que luzca en la solapa un lazo amarillo en solidaridad con los golpistas prófugos o encarcelados.

La de Torrent es una decisión escandalosamente arbitraria que vulnera el reglamento –totalmente a sabiendas, pues ha hecho caso omiso de la unánime advertencia de los letrados de la Cámara– y que, por tanto, podría constituir un delito de prevaricación, al que, por cierto, se le podría añadir otro de malversación de fondos públicos en el caso de que, con el objetivo de consumar una investidura telemática clamorosamente contraria a Derecho, consumara su lacayesca visita a Puigdemont a cargo del Erario.

Torrent sabe perfectamente que Puigdemont, tanto si para entonces sigue huido de la Justicia como si, por el contrario, se encuentra en prisión preventiva, no asistirá a la sesión de investidura, por lo que el presidente del Parlamento catalán está proponiendo una candidatura nula de pleno derecho a sabiendas de que lo es.

A la decisión de Torrent hay que añadir la enésima provocación del fugitivo Puigdemont, con su parece que fugaz visita a Dinamarca, a donde ha viajado para asistir a una conferencia universitaria a la que previamente había solicitado ser invitado y en la que ha salido malparado.

Aunque el conocimiento de que Puigdemont iba a abandonar Bélgica haya provocado la razonable solicitud de la Fiscalía de reactivar la orden de detención europea, el juez Llanera acertadamente la ha rechazado, eventualmente "para más adelante", si bien con argumentos que, en cambio, no merecen la misma consideración positiva. Así, la sorprendente suposición de que Puigdemont pretendía, en realidad, ser detenido en Dinamarca para poder alegar que su ausencia en la sesión de investidura no respondería a su decisión de huir de la Justicia, sino que sería la consecuencia de una situación que le vendría impuesta, no sólo constituye una rocambolesca e innecesaria explicación del auténtico motivo que haya podido tener Puigdemont para hacer esa visita a Dinamarca, sino que pasa por alto que éste habría podido igualmente esgrimir esa justificación regresando a España, donde ya está activa una orden de detención en su contra. Por otra parte, no hay que olvidar que el reglamento de la Cámara regional catalana no permite la ausencia fisica del candidato en la sesión de investidura, con independencia de que la misma sea voluntaria –para huir de la Justicia– o "impuesta y sobrevenida" –una detención policial–.

Mucho más plausible parece el argumento de Llaneras de no correr el menor riesgo de romper la unidad de la causa, puesto que, si bien el ordenamiento jurídico y la Administración de Justicia daneses no son los belgas y se parecen mucho más a los españoles –en Dinamarca, de hecho, se penan algunos de los delitos por los que están acusados Puigdemont y compañía más severamente que en España–, un proceso de detención y extradición siempre implica tiempo, y el riesgo de que la Justicia española no pueda juzgar a los fugados por los mismos delitos por los que lo serán el resto de los acusados.

La pretensión de Llaneras de que una extradición de Puigdemont no imponga ninguna limitación o rémora a la hora de juzgarlo y la idea –que no comparte el juez– de que el golpista no ha pretendido otra cosa con su visita a Copenhague que jugar al gato y al ratón con el Estado e internacionalizar el mal llamado "conflicto catalán" son lo que justifica que no se haya reactivado una orden europea de detención que bien podría haber estado activa para cuando el golpista ya hubiese regresado a su refugio bruselense.

Con todo, y al margen de las pésimas consecuencias que ha tenido, también en el ámbito procesal, la disparatada decisión de convocar elecciones autonómicas en Cataluña sin esperar siquiera al juicio por el golpe de Estado, ya va siendo hora de que ese juicio se celebre. Con o sin el cabecilla de los golpistas. A diferencia de lo que sucede con los aspirantes a presidir el Gobierno regional de Cataluña, que deben comparecer ante la Cámara catalana, los juicios pueden llevarse a cabo sin que algunos de los acusados estén presentes en la sala.

La reforma que todos piden y nadie concreta
JAVIER LASARTE El Mundo 23 Enero 2018

Una vez más nos encontramos ante el difícil reto de revisar el sistema de financiación autonómica. Se trata de paliar los efectos destructivos de la larga crisis económica. Pero también hay que tener en cuenta la dinámica de la voracidad financiera de las comunidades autónomas frente al Estado surgida del modelo constitucional de 1978, diseñado con la ilusión e inocencia política propias de la primera etapa de toda democracia tras décadas de duro centralismo. Si la reforma se limita a la transferencia de más dinero a las CCAA sin revisión de ese modelo y sin poner en marcha mecanismos efectivos de delimitación de competencias, de control de gastos y de solidaridad interterritorial solo se logrará posponer algunos años el problema de fondo.

En 2017 se creó una comisión de expertos que ha logrado redactar en breve plazo un buen informe para la revisión del modelo de financiación autonómica. En algo más de 20 años este es el cuarto estudio técnico auspiciado por el Ministerio de Hacienda que pretende inspirar una solución convincente a las continuas reivindicaciones autonómicas y resistencias estatales.

Cuando se construyó el modelo de 1996 para las CCAA de régimen común, cuya pieza clave era la cesión parcial del Impuesto sobre la Renta, tres de ellas (Andalucía, Castilla- La Mancha y Extremadura) se negaron a su aplicación por razones estrictamente políticas. Por el contrario el modelo de 2001 fue aceptado sin beligerancia por todos los gobiernos autonómicos, con respaldo de Cataluña, e incluso fue apoyado expresamente por los Gobiernos de los territorios forales (Navarra y País Vasco), a los que no era aplicable. Un rapto de lucidez y la perspectiva del equilibrio de intereses provocaron una extraña convergencia espontánea inusual en nuestro mundo político. Después, comenzaron las tensiones con el Estado y entre las mismas comunidades; hubo que hacer varias reformas que desembocaron en la Ley 22/2009, modificada a su vez por diversas disposiciones, las últimas de ellas dictadas en 2017. El exceso de normas refleja carencias de sabiduría de los legisladores.

Corren malos tiempos para diseñar un nuevo modelo de financiación. La deriva independentista de Cataluña ha roto la baraja. Ya dio un aviso cuando se negó a participar en la comisión de expertos de 2017, en la que por primera vez ha habido representantes de las CCAA de régimen común. Ahora hay políticos catalanes que quieren forzar un modelo específico con un acuerdo bilateral con el Estado que vaya más allá del régimen común. Y el País Vasco, con Navarra al socaire, observan con paciencia si sus votos son necesarios en la agitada política nacional y pueden añadir alguna ventaja a la ya ventajosa posición de sus Haciendas forales.

En este escenario ninguna comisión de expertos puede solucionar los problemas de fondo. Cuando se constituyeron las CCAA y hubo que aplicar el Título VIII de la Constitución las cuestiones fundamentales parecían solo problemas técnicos: cómo iban a financiarse, insertadas entre el Estado y los entes locales, qué márgenes se permitirían a su posible endeudamiento, y cómo se podía materializar la solidaridad para corregir desigualdades territoriales. Cuarenta años después, tras el duro aprendizaje de la realidad, las cuestiones fundamentales han cambiado de signo y se han convertido en graves problemas políticos que laten bajo un complejo entramado financiero, silenciados o pospuestos por gobernantes cuyo primer objetivo es seguir gobernando. Casi han perdido sentido los debates técnicos sobre recursos fiscales propios de las CCAA, cesión de tributos estatales o fórmulas de funcionamiento de los fondos de garantía de servicios públicos, de convergencia autonómica o de compensación interterritorial. Los árboles no nos dejan ver el bosque.

Hay cuestiones que debemos solucionar antes de hacer otra reforma. La determinación de funciones estatales y autonómicas exige una formulación clara de las competencias; el texto constitucional necesita una revisión. Los controles de su cumplimiento tienen que existir y ser eficaces y la vana grandilocuencia que se viene dando desde hace tiempo a la palabra autonomía no debe impedirlos en un Estado democrático. No hay que esperar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para paralizar partidas de gastos indebidos, e incluso anticonstitucionales, mediante instrumentos de aplicación directa regulados por la ley. La canalización generalizada hacia jueces y tribunales de conflictos políticos institucionales por carencia o deficiencia de esos instrumentos no es admisible; daña al buen gobierno y al funcionamiento de la Justicia. Habrá que vigilar la deuda pública e insistir en la solidaridad interterritorial, valor irrenunciable. El España nos roba con el que han pretendido cubrirse políticos inmersos en procesos judiciales nos obliga a una labor de educación democrática sobre el significado social y moral de un Estado de derecho.

En resumen, no podemos olvidar el artículo 156 de la Constitución, que reconoce a las CCAA autonomía financiera "para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles". Si de este mandato se hubieran deducido las debidas consecuencias políticas y jurídicas no estaríamos donde estamos.

Por último, sigue pendiente la equiparación de niveles de recursos de comunidades forales y de régimen común. El informe de 2017 se ha atrevido a llamar la atención sobre algunos de estos asuntos. Son tareas necesarias aunque difíciles. Y esa dificultad explica que quienes están en el poder tiendan a minusvalorar su necesidad y a seguir navegando en contextos normativos ambiguos. En cambio, quienes desean acceder al poder proponen soluciones simples pero también cargadas de ambigüedad, como el anuncio de que todo se arreglará en un futuro Estado federal, cuyo diseño permanece oculto. Se abre la temporada de caza de ideas sobre Sucesiones, Patrimonio, Renta, IVA, Impuestos Especiales y unos cuantos fondos; pero no se afronta una reforma de mayor alcance.

Y el pueblo soberano refleja esa situación en preguntas elementales sobre ingresos, gastos, deuda, disparidades regionales, desigualdades fiscales y comportamiento de dirigentes políticos. Preguntas que no deben quedar sin respuesta.

Javier Lasarte es catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario.

FAES: “PP y PSOE se hunden por su pérdida de identidad a marchas forzadas”
OKDIARIO 23 Enero 2018

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha atribuido en un editorial la pérdida de votos del PP y PSOE a que han abandonado sus señas de identidad y roto los vínculos con sus electores para adentrarse “a marchas forzadas” en una senda de una “supuesta modernidad impostada”.

Ambos partidos, según FAES, “se han despeñado juntos, abrazados el uno al otro en una larga caída” y no han sabido reaccionar de forma adecuada a los continuos avisos de las urnas.

“Ni el PSOE ni el PP han perdido los votos que han perdido por ‘ser’ el PSOE y el PP, sino, más bien, por dejar de serlo sin dar explicación alguna de ello”, apunta la fundación, para la que ambos han dejado a la “intemperie” a una parte muy significativa de su electorado, lo que han sabido aprovechar los partidos emergentes.

Asegura que no han sido ni la “juventud”, ni la “frescura”, ni la “novedad” lo que ha permitido a las nuevas formaciones hacerse rápidamente un hueco en los parlamentos, sino la recuperación “sin ambages” de algunas de las señas de identidad que los dos grandes partidos han abandonado.

Según argumenta, fue un lenguaje “clásico” de izquierda lo que impulsó a Podemos frente a la “neolengua zapaterista”, aunque puntualiza que “el contagio con el lenguaje nacionalista lo ha hundido en Cataluña”.

Respecto a Ciudadanos, dice que, con un lenguaje y una “agenda de clásicos” del centroderecha, ha conectado “masivamente” con un electorado que no se dio por aludido ante la propuesta de “una zigzagueante agenda ‘chic’ que hoy ha pasado a un prudente segundo plano”.

Y es que, para FAES, la enseñanza más notable de las novedades políticas españolas de los últimos años es que “el éxito se obtiene donde siempre se obtenía, y que las cosas, en lo fundamental, no han cambiado tanto”.

Ni con ellos ni sin ellos
No obstante, advierte de que sólo con los dos grandes no hay salida para España, pero tampoco la habrá sin ellos, sea cual sea su evolución inmediata.

Por eso, y “dada la evidencia de la fractura de los espacios electorales”, cree que “el momento reclama con urgencia actitudes y propuestas capaces de operar con carácter contracíclico“.

En este sentido, concluye que la mejor agenda para un tiempo de cambio no es alimentar procesos de radicalización, de atomización, de “desintermediación” o de sustitución de los elementos propios de la cultura política española en los que los electores se reconocen.

El presidente de Asturias alerta de los «riesgos» que supondría la cooficialidad del bable
Reivindica su posición contraria y advierte de que algunos sectores lo utilizarán como «factor de identidad»
Víctor Ruiz de Almirón ABC 23 Enero 2018

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, se ha reivindicado hoy en su posición contraria a la cooficialidad del bable en su región, como defiende ahora la federación socialista asturiana.

Y lo ha hecho de que «conlleva riesgos» porque algunos sectores «van a pensar menos como lengua y más cómo factor de identidad».

Fernández ha reconocido que «esa pulsión ha existido» tradicionalmente en el socialismo asturiano y que «hemos estado en contra», desmarcándose de «la nueva dirección que lo ha considerado oportuno».

Ha advertido que «cooficialidad significa misma protección legal» del castellano y «genera obligaciones» a la Administración. Ha dicho que quiere pensar que el planteamiento irá por la potenciación lingüística y cultural. Se ha desmarcado-«Yo no voy a ser candidato»-, pero ha reconocido que el PSOE asturiano «lo llevará en su programa» y que el que lo sea «tendrá que asumirlo».

La nueva dirección sanchista que lidera Adrián Barbón ha incorporado esta reivindicación a su proyecto. Ferraz lo respalda como una «oficialidad amable». La propuesta requeriría de una reforma del Estatuto de Autonomía que demanda también Podemos. Fernández no abordará la cuestión mientras sea presidente, pero a partir de 2019 la cuestión se planteará como elemento central de la nueva legislatura.

EL 17 DE FEBRERO
Marcha contra Merkel: ‘No podemos permitir la introducción de la Sharía’
La Gaceta  23 Enero 2018

“En ciertas áreas de las grandes ciudades ya no puedes moverte de manera segura y sin que nadie te moleste”, dice AfD.

Mujeres alemanas se manifestarán contra la canciller Angela Merkel el próximo 17 de febrero bajo el lema “La libertad de las mujeres no es negociable”.

“La libertad de la mujer alemana es cada vez más limitada en la República Federal”, dice la organización de la marcha impulsada por la diputada de Alternativa para Alemania Leyla Bilge.

Señala que cada mujer es “necesaria en ese día”, denuncia que “en ciertas áreas de las grandes ciudades ya no puedes moverte de manera segura y sin que nadie te moleste” y añade que “en el siglo XXI no pueden permitir la lenta introducción de la sharia“, antes de llamar a la participación: “Todos son bienvenidos independientemente de su origen e ideología política”.

“No queremos las condiciones suecas en Alemania y necesitamos políticas contra los asaltos sexuales, el matrimonio infantil y la utilización a la fuerza del velo islámico”, asevera.

Cabe señalar que Suecia ha logrado una dramática “subida en los crímenes sexuales” tras la crisis migratoria y la llegada masiva de inmigrantes” y que cuentan con unos dirigentes favorables a la inmigración ilegal y descontrolada, y con diputados que señalan que es “normal que los refugiados tiendan a querer violar a las mujeres porque es algo cultural en sus países”.

Es el caso de Barbro Sörman que en 2016 -en plena crisis migratoria- criticó a los medios de comunicación por informar de las violaciones de los refugiados y dijo que los hombres suecos “si violan lo hacen por una elección activa” y que “es peor que lo hagan ellos a los refugiados porque son criados en una sociedad que cree en la igualdad de género y deben cumplir por lo tanto con estándares más altos que los inmigrantes”.

AfD culpa a la política de puertas abierta de la canciller, Angela Merkel, del aumento de la criminalidad en el país. Y con ello de la inseguridad y falta de libertad de las mujeres. “La seguridad interna ha sido erosionada como consecuencia directa de la política de las fronteras abiertas”, sostiene la formación de derecha alternativa.

Serafín Fanjul: «Al-Andalus no es un modelo aceptable hoy para Europa»
Un ensayo que cuestiona la idealización de al-Andalus como paraíso multicultural es un éxito en Francia. Su autor, Serafín Fanjul, levanta ampollas entre otros arabistas
Miguel Ángel Barroso ABC 23 Enero 2018

El libro de historia que triunfa estos momentos en Francia es obra de un prestigioso arabista español, habla de la presencia musulmana en España y es políticamente (muy) incorrecto. Al-Andalus, l’invention d’un mythe, de Serafín Fanjul (Madrid, 1945), reúne en un volumen dos ensayos de este académico: Al-Andalus contra España. La forja del mito y La quimera de al-Andalus (ambos publicados por Siglo XXI), que desmitifican ese paraíso multicultural vendido por la historiografía romántica que permeó los manuales escolares y los discursos políticos y que, en realidad, no fue muy distinto a cualquier territorio islámico medieval.

«El éxito del libro en Francia se explica porque el islam se ha convertido en un problema acuciante allí», comenta. «Al-Andalus es uno de los pretextos que se utilizan para presentar como benéfica la llegada de musulmanes a Europa. Pero lo que pretenden sus líderes no es integrarse, sino un estatus especial, que es lo que había en al-Andalus. No una convivencia exquisita. Eran comunidades que vivían opuestas y no se ponían de acuerdo salvo en asuntos económicos y administrativos. Cristianos y judíos estaban sometidos por una casta despótica y no tenían valor jurídico. No me parece un modelo aceptable en una Europa de igualdad de derechos y obligaciones».

Generaciones de españoles se han educado en la creencia de un al-Andalus culto, refinado y tolerante.

Es una construcción que comienza a finales del XVIII, si bien en Francia, un par de siglos antes, ya se había desarrollado la imagen literaria del noble moro. España contribuye a esta idealización rayana en la novela pastoril. Eso fue muy dañino, aunque hay autores, como Lope de Vega, Góngora y Quevedo, que no participan de este entusiasmo. En muchas obras de Lope los musulmanes salen escaldados, lo cual no me parece justo, porque suponía la persecución a una minoría. Si aplicamos un criterio moral a los episodios históricos la verdad es que no se salva nadie. Francia, como decía, empieza a edulcorar, pero cuando la cosa estalla es a partir de Herder, Goethe y otros autores del romanticismo alemán que surge en torno a 1770. Herder habla de «árabes ennoblecidos que iluminan la cultura europea». Después los viajeros ingleses, franceses y americanos del siglo XIX inventan la imagen de charanga y pandereta, pero ni había flamencas y toreros paseando por las calles ni dábamos garrote vil a quien nos parecía. Chateaubriand e Irving insisten en un al-Andalus maravilloso, donde todo el mundo se entretenía componiendo versos y las lavanderas seducían a los califas. A esa idea se sumaron los arabistas que querían contrarrestar la animadversión popular a los musulmanes por la Guerra de África de 1859, y no digamos por la Guerra del Rif del primer tercio del siglo XX.

¿Tenía color político esa hostilidad?
En contra de lo que se cree, la izquierda española ha sido muy antiárabe (sobre todo antimarroquí) hasta hace cuatro días. Eran los moros de las guerras de África, pero sobre todo de la Guerra Civil. Hay documentos del Partido Comunista muy despreciativos, algo que no era extraño en el resto de Europa. Ahora los tiernos talibanes a la violeta (que, por cierto, no han pasado más de diez días seguidos en un país árabe) quieren entregar la mezquita de Córdoba a la comunidad musulmana.

¿Existía un concepto de nación en al-Andalus?
El concepto de nación es muy posterior, del siglo XVIII y relacionado con la Revolución Francesa, y el de nación española se debe a los liberales que la oponían a la monarquía absoluta. Lo que había era un estado basado en el predominio cultural y religioso de la casta árabe. Y tensiones muy fuertes y luchas por el poder. Los bereberes, por ejemplo, cobran mucha importancia con Almazor. Esa división resultó ser una debilidad que favoreció la Reconquista.

No me diga que andalusíes como Abderramán III o Averroes no representan un florecimiento cultural.
La cultura andalusí es muy importante, pero se ha exagerado. Al-Andalus es un fenómeno histórico que dura casi ocho siglos y no podemos verlo de manera homogénea. Las tribus árabes que entran en la península en 711 tienen un bajo nivel, y los bereberes ni siquiera están islamizados, se apuntan a una conquista de rapiña. El error es pensar que estos tipos son iguales que los poetas sevillanos del siglo XI. Cuando empieza el declive político y militar se ve una base cultural más sólida. Al-Andalus era un país árabe de religión musulmana, y así lo ven los árabes y tienen razón. La mistificación de Américo Castro y de ciertos escritores como Blas Infante, ideólogo de la nación andaluza, no tiene sentido. Como no hay una burguesía nacionalista al estilo catalán ni una lengua propia hay que buscarse un origen mítico en la historia.

¿Existe una identidad hispana anterior a los Reyes Católicos?
Me adjudican que soy seguidor de Sánchez Albornoz y no lo soy en este punto. Él se agarra a un espíritu hispano que viene casi de la cueva de Altamira y se mantiene a lo largo de los siglos. Para «salvar» al-Andalus dice que sus habitantes eran españoles. Pues no. Ni Séneca ni Trajano lo eran. Eran romanos nacidos en la península Ibérica. Cuando la noción de España aparece a finales del siglo IX es más geográfica que identitaria.

Hay una moda española de no sentirnos españoles. ¿Falta un relato que no sea de autoflagelación?
No falta, pero es necesario difundirlo. Hay historiadores que han producido estudios serios que no son conocidos por el gran público. Títulos como Imperiofobia y leyenda negra, de Elvira Roca Barea, deberían ser de lectura obligatoria para los alumnos de Secundaria y para los políticos. Aunque me molesta el concepto de «defensa de España» de Stanley Payne. ¿Nos tenemos que defender? ¿Por qué? No podemos reescribir la historia, pero sí entenderla.

Desnudar el mito
Que un libro sobre la realidad histórica de la España de las tres culturas triunfe en Francia es todo un hito. Se publicó en octubre pasado y lidera la lista de los más vendidos en categoría de ensayo histórico. Serafín Fanjul se sitúa lejos de la ingenuidad idealista de Sánchez Albornoz y Américo Castro, así como de arabistas que suelen destacar la riqueza y el avance cultural de al-Andalus. Una realidad histórica que, según Fanjul, se caracterizó por el despotismo, el esclavismo y la guerra civil casi perpetua. «Es imposible probar que el flamenco se deba a raíz árabe ninguna o que la chumbera proceda del norte de África», dice, provocador.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
Gregorio Ordóñez sabía que ETA le iba a matar
Román Cendoya. gaceta.es 23 Enero 2018

San Sebastián quedó paralizada y silenciada. ETA había cometido un asesinato cuya repercusión social y política supuso un antes y un después en la sociedad. Gregorio Ordóñez representaba algo que lamentablemente los ciudadanos consideramos hoy antitético: la ética en la política.

Veinte años después sigo convencido de que su asesinato pudo haberse evitado si, desde la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, bajo el liderazgo de Atutxa y Martiarena, hubieran hecho caso a los temores y dudas que Gregorio, sus colaboradores y amigos sintieron y transmitieron después del asesinato de Alfonso Morcillo, en Lasarte, el 15 de diciembre de 1994. Para los gobernantes del PNV Goyo no era objetivo, según la información discreta que hicieron llegar a Mayor Oreja y al propio interesado en los primeros días de enero de 1995. Diez días más tarde fue asesinado. Una vez más el PNV no hizo política contra terrorista sino política con los terroristas. Hasta ese día resultaba más sencillo “preguntar al otro lado” que investigar y proteger.

Está todo escrito acerca de cómo fue el asesinato, de la irreconocible capilla ardiente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, inundada por ciudadanos que, venciendo el miedo, hicieron largas –y muy silenciosas– colas que atravesaron los jardines de Alberdi Eder o del goteo de amigos y militantes de toda España. De lo que ha supuesto para su viuda Ana Iríbar y para su hijo Javier –huérfano desde los seis meses– están los valientes y contundentes testimonios de Ana junto al emocionante relato del video “Éste es mi padre” que narra Javier. No merece la pena contar el vacío que nos dejó a sus amigos. Nuestro sufrimiento y dolor es un motivo de alegría y regocijo para los asesinos y sus cómplices. Por eso, algunos hemos decidido que a los malos no les vamos a conceder, ni siquiera, nuestro dolor.

Para mí, después del dramatismo del asesinato y del momento en el que Ana tuvo que responder a la pregunta de su hijo Javier, con cinco años, ¿por qué mataron a mi padre? es profundamente descorazonador hacer un análisis de qué es lo que ha sucedido respecto a ETA y el nazionalismo vasco veinte años después.

El éxito de los terroristas de la mano de Zapatero y Rajoy
No quiero engrandecer su éxito, pero hoy el brazo político de los terroristas ostenta la Alcaldía de San Sebastián, preside las Juntas Generales y la Diputación de Guipúzcoa, manejando un mil millonario presupuesto en euros. Además, están sentados con voz y voto en las distintas instituciones del Estado. Veinte años después ya no nos asesinan o nos exilian, porque no les hace falta.

Esta situación no es el fruto de su derrota ni de su generosidad. Ha sido el resultado de la claudicación de Zapatero ante los terroristas, siendo cómplice necesario Jesús Eguiguren. Además, ha sido imprescindible que Mariano Rajoy haya asumido plenamente esa negociación respetando los compromisos y gestos pactados. Así, hemos tenido que aguantar atónitos cómo el presidente del Gobierno y del partido de Gregorio Ordóñez tomaba la decisión política del cambio de situación penitenciaria de Bolinaga para facilitar su excarcelación.

Rajoy mantuvo al hombre de Zapatero en Estrasburgo para que se anulara ladoctrina Parot. No recurrió la sentencia y la aplicó con carácter generalizado y masivo con una celeridad vergonzante. Ha oficializado la Vía Nanclares para la excarcelación de presos y no ha instado a la Abogacía del Estado ni a la Fiscalía a iniciar la legalización de Bildu y su entorno –punto 04. pág 187 del programa electoral– entre otras cosas por su reiterada apología del terrorismo.

La muerte inútil. La traición a sus principios
Una de las frases más utilizadas en la condena ante cualquier atentado fue siempre: “es una muerte inútil porque el Estado no cederá ante el chantaje y nunca será derrotado”. Lamentablemente, 20 años después, me duele escribir que efectivamente el asesinato de Gregorio Ordóñez fue absolutamente inútil para la libertad y la defensa de los ciudadanos. Su muerte está claro que no empujó a los dirigentes políticos a un compromiso de mayor persecución y firmeza frente a los terroristas. Fue inútil porque no sirvió para que los políticos sellaran el firme compromiso de la derrota de los terroristas. El asesinato de Gregorio fue inútil para las libertades y la democracia y muy útil y eficaz para sus asesinos y sus cómplices.

Repasar la vida de Gregorio Ordoñez a través de sus declaraciones, sus escritos y sus discursos y compararlos con lo que dicen las personas que hoy ocupan su puesto en su partido, su silla en el Ayuntamiento y su escaño en el Parlamento Vasco es la mejor prueba de la utilidad de su asesinato para los terroristas. Desapareció su discurso. Y veinte años después se ha instalado otro que no solo no tiene nada que ver con él sino que es radicalmente opuesto.

Es muy difícil explicar cómo aquel Partido Popular del País Vasco de Ordóñez, Mayor Oreja, San Gil, Damboriena y poquitos más, presidido en Madrid por José María Aznar, ha podido travestirse en el Partido Popular de hoy de los Borja Semper, Arantza Quiroga, Maroto, Iñaki Oyarzabal y compañía presidido en Madrid por Mariano Rajoy. Sólo se puede entender como la degeneración más absoluta de una realidad y de un proyecto. Es un viaje repugnante que partió de la firmeza, la contundencia, la claridad de valores y de principios y ha terminado en la cobardía, la complacencia, la laxitud y la pusilanimidad.

Del asesinato de Ordoñez a la felicitación a Semper
Begoña Garmendia, portavoz de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián, en un atisbo de humanidad que le costó ser apartada del brazo político de ETA, condenó el asesinato de Gregorio Ordóñez “a título personal, cumpliendo con lo que me exige mi conciencia humana y mi dignidad política”. Así aseguró que: “Gregorio Ordóñez era probablemente el adversario más contundente de cualquiera que fuese abertzale o progresista en el marco de la institución del Ayuntamiento y del Gobierno de la ciudad, pero como adversario político debía de ser combatido con armas políticas y en el marco de una confrontación política”. Ordoñez era “el adversario más contundente” que “debía ser combatido”.

Veinte años después, Laura Mintegi, portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco, en una entrevista concedida al Diario EL MUNDO ha dicho respecto de Borja Semper y Maroto frases como: “La verdad es que en las pocas ocasiones que he tenido que estar con esas personas me he sentido muy cómoda”. “Tengo una relación muy natural con ellos”. Y para dejar claro hasta dónde han llegado a ser dúctiles y cómodos para el brazo político de ETA ha dicho: “Les felicito y les digo que yo estoy en esa misma sintonía. La única manera de acercar las ideologías es acercar a las personas. Por lo tanto, sí, creo que debería haber más personas como las que menciona (Semper y Maroto)”. En 20 años los representantes del PP han pasado de ser asesinados por ETA a ser felicitados por sus portavoces políticos y a que el entorno de la organización crea que “debería haber más personas” como ellos.

Esta transformación sin asesinatos habría sido algo obsceno pero se convierte en repugnante cuando por el camino han caído tantos compañeros. La sociedad vasca ha sido la principal testigo de esta mutación aberrante. El Partido Popular en 1995 fue la fuerza más votada en San Sebastián y llegó a ser la segunda en el País Vasco con Mayor Oreja que consiguió 326.993 votos (23.12%). Hoy es una fuerza intrascendente sin ninguna capacidad de influencia. Alguno puede interpretar este análisis como el arrebato de un amigo cabreado, pero la realidad es tozuda. Veinte años después el Partido Popular está por debajo de los 130.000 votos y del 12,00% y sigue cayendo.

Veinte años después nos queda la satisfacción de saber que Gregorio Ordóñez es para muchos ciudadanos un referente como político y como persona. Para muy pocos compañeros representa el modelo a seguir en la forma de hacer y entender la política. Está claro que Mariano Rajoy no es uno de esos. Esta degeneración del Partido Popular comenzó cuando Mariano Rajoy accedió a la presidencia de su partido, que ahora solo se parece al de Gregorio en las siglas. Por cierto, Mariano Rajoy sigue sin tener tiempo –ni ganas– de acudir a un homenaje a Gregorio Ordóñez veinte años después.

VÍCTIMA DEL TERRORISMO DE ETA
Gregorio Ordóñez, cuando el PP ganaba en San Sebastián
La Gaceta  23 Enero 2018

Gregorio Ordóñez había nacido en Venezuela, que es un sitio magnífico para que nazca un español, como en ese tiempo en que nacían españoles en varios continentes y en los dos hemisferios, y que pone de relieve algo de lo absurdo y lo miserable que tiene el separatismo. Su familia se había ido hasta Caracas por culpa de una epidemia de odio peninsular, porque a su abuelo lo habían asesinado los socialistas de los años treinta. No es algo que sepamos porque Gregorio Ordóñez lo fuera pregonando, qué va. Él estaba muy lejos de vivir obsesionado por guerras antiguas, pero es que resulta que su hermana Consuelo no pudo contenerse cuando el presidente Zapatero recibió a las víctimas de ETA en la Moncloa y les espetó ese estúpido y famoso “a mí me mataron al abuelo”, como si así justificara su rendición. Consuelo Ordóñez supo sobreponerse al estupor del auditorio para replicar: “y a mí también al mío, pero los rojos”. Y si ZP hubiese tenido un mínimo de decencia habría pedido perdón. En vez de eso, metió a los asesinos en los ayuntamientos.

La madre de Gregorio Ordóñez, por tanto, ha perdido a su padre y a su hijo en el panteón gigantesco del odio socialista. Y aunque en esas lápidas todos son merecedores de memoria dignidad y justicia, algunos sobresalen porque no fueron objetivos elegidos al azar, ni víctimas colaterales, sino auténticos héroes que se jugaban el tipo para dificultar los movimientos de la bestia. Por eso, porque les molestaba mucho, a Goyo Ordoñez lo asesinaron.

Había llegado a la política después de un paso muy corto por la prensa, en un periódico fallido por llevar una línea editorial sin complejos. Después se afilió a Alianza Popular, en el peor momento, cuando muy pocos se atrevían a oponerse al camino de sangre con el que los separatistas estaban cimentando su mito nacional. En 1983, con apenas 24 años, ya ocupaba un sillón de concejal en Donosti. Desde entonces se convirtió en un incordio permanente, porque llamaba a las cosas por su nombre, sobre todo basura a la basura, algo extremadamente peligroso cuando se vive en una ciudad en la que opera la mayor mafia de Europa.

Quizá le hubiesen soportado si la fuerza de Gregorio se acabase en sus palabras, pero es que al discurso romántico -heroico- de “esta tierra es mía”, era capaz de sumarle una magnífica gestión, crear equipos, ocuparse de verdad de los problemas de la gente, que es lo que debe hacer un político en vez de tratar de desarrollar sus paranoias ideológicas. Su trayectoria fue en ascenso tanto en el partido como en las urnas, y llegó a ser teniente de alcalde. En 1994, la lista del Partido Popular fue la más votada en San Sebastián, y algunas encuestas pronosticaban un triunfo de Ordóñez en las municipales que se avecinaban.

El 23 de enero del 95 le siguieron hasta La cepa, un conocido restaurante de lo viejo, donde por supuesto no hay una mísera placa que le recuerde. Allí lo mataron a balazos, por la espalda, delante de sus colaboradores. Después han destrozado su tumba en varias ocasiones, como si quisieran matarle más veces. Pero la verdadera profanación la hicieron los magistrados del Tribunal Constitucional, amparando a sus asesinos para que ocupen el sillón en el que él se sentaba. Y por supuesto los votantes, todos esos que metieron en la urna la papeleta del odio, y que piensan que pueden construir su nación criminal con la sangre heroica de los nuestros. Al ver ahora a los mercaderes del plomo más fanfarrones que nunca, volando en aviones militares a Venezuela, casi parece que la muerte de Gregorio Ordóñez no ha servido para nada. Pero no es cierto, porque su lápida, y la de centenares de víctimas, son las piedras sobre las que se reconstruirá la unidad nacional.

Los seis imposibles de la reforma constitucional
Carlos Gorostiza vozpopuli.es 23 Enero 2018

No va a reformarse la Constitución de 1978. Al menos no en un plazo cercano, como podrían hacer pensar movimientos y declaraciones recientes. Sin poner en duda la buena voluntad de quienes promueven su revisión, a día de hoy las dificultades y escollos son insalvables. Por tanto, esta expresión tan horrenda de “abrir el melón constitucional” seguirá asaltando los discursos cada cierto tiempo, pero no irá más allá de hacerlos más feos, previsibles y aburridos.

1) La imposible lealtad constitucional
Algunos piensan en una modificación constitucional para tratar de “solucionar” el problema territorial. Inútil esfuerzo. Está en lo más profundo de los nacionalistas identitarios reivindicar que catalanes y vascos son diferentes al resto de los españoles que, estos sí, constituirían una unidad más o menos exitosa en sí misma pero, en todo caso, ajena a los primeros. Es así como lo ven y lo defienden; legítimamente, además, mientras se exprese con respeto.

Es por eso que no pueden aceptar participar como un miembro más en foros decisorios con altos representantes de otras autonomías. Por eso faltan cuidadosamente a citas que no sean extraoficiales. Porque acudir, por ejemplo, a un Senado que realmente fuese una cámara territorial efectiva y decisoria sería aceptar que un President o un Lehendakari estarían al mismo nivel que los presidentes de Castilla, Aragón o Extremadura y eso, puede que usted lo piense, y yo, pero ellos no.

2) El imposible cierre de competencias
En los estados federales está bien claro cuáles son las atribuciones concretas de las instituciones nacionales y cuáles las de las Administraciones regionales. En España no. Se intentó con la LOAPA en 1982 y la escandalera fue mayúscula, hasta el punto de que se llegó a vender con éxito que aquello era un peaje a los golpistas del 23F.

La indefinición competencial y el mantenimiento de listados de transferencias supuestamente pendientes viene al pelo a los grandes partidos nacionales para negociar acuerdos parlamentarios puntuales con las minorías vasca y catalana de las Cortes, pero para los nacionalistas, esa provisionalidad, esa indefinición, no es que sea ventajosa, es que les resulta absolutamente imprescindible e irrenunciable, ya que, de otro modo, sus reivindicaciones tendrían un techo insalvable y eso les resulta, desde su lógica, inaceptable. Por si fuera poca dificultad, les recuerdo que aquella ley orgánica fue declarada inconstitucional por entrar en colisión con los Estatutos, que también son leyes orgánicas.

3) La imposible recentralización
Por mucho que el papel de calco y las xerocopias de cuando se aprobó la actual Constitución hayan sido sustituidos por Internet, y aunque hoy una simple App pueda controlar el funcionamiento de servicios diarios para millones de personas, sigue en plena vigencia la idea de que un traspaso competencial solo es aceptable si es para cederlo de las instituciones comunes a las autonómicas y nunca al revés.Las opiniones que, también legítimamente, se expresan en favor de que las instituciones del Estado recuperen algunas decisiones hoy autonómicas encontraría muros insalvables y seguramente ruidosos, no solo en materias tan sensibles como la educación, sino en casi cualquier cosa. La resistencia a ceder la más leve competencia (que siempre es un espacio de poder) a órganos comunes a toda la nación, será tan enorme como previsible; y en todas las autonomías, las gobierne quien las gobierne.

4) El imposible acuerdo sobre los derechos subjetivos
La salud y la educación son derechos que van a más allá de los relacionados con la libertad individual de los ciudadanos porque requieren para su ejercicio no solo de la no intromisión del poder sino, por el contrario, de una considerable inversión económica por parte del erario público. Una nueva negociación constitucional abriría sin duda el debate sobre la oportunidad de introducir en su texto el reconocimiento expreso de otros derechos, también económicamente relevantes, precisamente con objeto de que, figurando en la nueva Carta Magna, quedasen fuera de la discusión política para siempre. Podría ser el caso de la vivienda, la dependencia, el salario universal y otros. Introducir tales costes económicos como obligaciones el Estado, en un documento pretendidamente intocable, desde luego que no haría de la negociación un camino de rosas.

5) El imposible rescate de soberanías cedidas a la UE
Salvo para quienes piensen que Europa no tiene ya futuro y va camino de desaparecer, otro de los flancos abiertos en una modificación constitucional sería ajustarse a nuestra pertenencia a una Unión a la que hemos cedido importantísimas cuotas de soberanía: monetarias, económicas, regulatorias, ambientales, etcétera, de ahí que nos multen a veces o nos obliguen a transponer normas y leyes aprobadas en Bruselas.

La modificación del artículo 135, que tan a menudo se presenta como una traición de Zapatero a España y los españoles, solo sería una muestra de los cambios a los que nuestra futura Carta Magna se vería sometida. La cesión de soberanía, puede que incluso fiscal, no tiene pinta de remitir, por lo que nuestra nueva constitución del Siglo XXI tendría que tener permanente abierto el portillo por el que entrasen las modificaciones decididas por nuestros socios. Nada fácil.

6) El consenso imposible
Sobre todos los puntos ya citados, y sobre muchos otros, como la propia forma de Estado, si monarquía o república, que enciende corazones y despierta pasiones, el desacuerdo entre los partidos actuales es enorme, sean estos grandes o pequeños, nuevos o viejos, nacionalistas o constitucionalistas. De forma que un consenso como el que protagonizaron hace cuatro décadas los dirigentes políticos de la España que salía de la dictadura, se antoja hoy inalcanzable en plena democracia.

Demasiados imposibles para que de verdad estemos ante el inicio de una modificación constitucional. Por eso no la habrá.

Torrent vuelve a las andadas

EDITORIAL El Mundo 23 Enero 2018

Pocos días le ha durado la templanza al nuevo presidente del Parlament. Roger Torrent pronunció un discurso de investidura contemporizador. No renunció a la cantinela de los presos políticos, pero soslayó las frecuentes amenazas de su antecesora y apeló en varias ocasiones a la necesidad de "volver a la normalidad". Pues bien, la primera ocasión que ha tenido de convertir sus palabras en obras se ha saldado de forma decepcionate. La segunda autoridad de Cataluña propuso ayer a Puigdemont para presidir la Generalitat. Es una decisión profundamente equivocada que no cabe más que deplorar, máxime teniendo en cuenta que el ex presidente parece decidido a profundizar en su papel de showman del procés -o lo que quede del mismo-, en aras de una patética y ridícula internacionalización del desafío planteado por el independentismo.

Arguye Torrent que Puigdemont dispone de legitimidad y de apoyos suficientes para ser investido de nuevo. La realidad es que un prófugo de la Justicia, acusado de cinco delitos, que ha perpetrado el mayor golpe a la democracia española no puede volver a ser president. La fuga a Bruselas, tras la aplicación del 155, le ha reportado a Junts per Catalunya pingües réditos electorales, en detrimento de sus ex socios. Pero ello no exime a su cabeza visible de la obligación de responder ante el Estado de derecho de los delitos por los que ha sido imputado. En cambio, lejos de asumir su responsabilidad, Puigdemont se fue ayer de excursión hasta Dinamarca. Bajo el subterfugio de dictar una conferencia, lo que pretendía era forzar su detención para "burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria" -en justa apreciación del juez Llarena- y garantizarse así su derecho a delegar el voto en el Pleno de investidura. Resulta insólito que la Fiscalía anunciara sus intenciones antes del viaje del ex president a la capital danesa, pero la decisión del Supremo de no reactivar la orden de detención nos parece acertada e inteligente. No se trata de amparar la impunidad de Puigdemont, sino de proteger la causa sin caer en la celada procesal ni justificar la "jactancia" del investigado, que sabe que mientras siga huido no tiene modo legal de posibilitar su investidura.

Tretas jurídicas aparte, lo relevante es la irresponsabilidad demostrada por Torrent. La contumacia de Puigdemont en volver al Palau fuerza a Esquerra a no apartarse del relato de la "restitución de la legitimidad". Sin embargo, la batalla entre ERC y JxCat no hace sino agravar la fractura social, el deterioro económico y la inseguridad jurídica. La Generalitat no puede dirigirse desde Bruselas ni desde la cárcel, pero sí desde Madrid, aunque no sea la mejor opción. Si el independentismo no quiere seguir hundiendo a Cataluña en el bloqueo, debería zafarse de la esfinge de Puigdemont y formar un Gobierno respetuoso con la legalidad. Lo contrario conduce a alargar el 155.

Torrent, el moderador extremista
Alfonso Merlos okdiario 23 Enero 2018

Sucede en política y en la vida. Abres el armario y lo encuentras lleno de cadáveres. Algunos aún frescos, de tiempos recientes. Y en estas nos encontramos a Torrent, Roger. El nuevo presidente del Parlamento de Cataluña siempre ha sido lo que ha parecido, aunque hoy haga impostados, tímidos y vanos esfuerzos por aplicarse la ley del olvido, blanquear su expediente y, por tanto, reclamar la impunidad sobre reiterados y encendidos actos de amenazas, injurias, acoso y hostigamiento contra los adversarios del ilegal ‘procés’ de los que ha sido protagonista. Porque nos hallamos ante quien hasta hace cuatro días ha estado en primer tiempo de saludo cuando Puigdemont y cía tocaban a rebato para proteger los ilegales numeritos que con especial virulencia se desarrollaron desde los pasados 6 y 7 de septiembre, en la calle y en las instituciones, con gravedad repartida.

Torrent tiene hoy el deber y la responsabilidad de actuar como relevante cargo del Estado español, bajo las leyes españolas, dentro de la Constitución española. Se ponga patas abajo o patas arriba. Y el marcaje a sus acciones y omisiones deberá ser puro ‘catenaccio’, especialmente incisivo y férreo, eficaz cerrojo. No se trata de una actitud discriminatoria ante quien ha sido nombrado moderador de la Cámara, se ignora si para imprimir un nuevo rumbo a la travesía de la sedición o para replegar velas y volver a puerto; o incluso para dejar el barco de los presuntos malversadores y prevaricadores —algunos aún prófugos— a garete.

Se trata simplemente de actuar con celosa cautela, de forma ineludiblemente anticipatoria y preventiva contra quien hasta hace tres telediarios se ha despachado en actitud provocadora y desmelenada: desafiando el ordenamiento jurídico a pecho descubierto; acusando a esta España nuestra de 2018 de vivir bajo la sombra y los tics del franquismo; señalando a los españoles por ser alérgicos a la democracia; presentándose como un fervoroso y acreditado agitador que cuando el propósito ha sido hacerle la vida imposible a la Guardia Civil, ha actuado a bocajarro contra la Benemérita, y a mucho orgullo de acuerdo con sus credenciales.

La peripecia del radical Torrent es el vivo retrato del desafío que hoy encaramos, en el que hay un aplastante componente de incertidumbre. ¿Cómo se va a resolver la prisión preventiva de quienes pretenden jugar al ratón y al gato con los jueces del Supremo? ¿Qué alternativa se le va a dar al depuesto jefe del ejecutivo catalán cuando se disponga a abandonar su bufanda amarilla para regresar —nada es inevitable salvo la muerte y el pago de impuestos— de su confortable madriguera belga? ¿En qué decretos se va a concretar la estrategia de resucitar el ‘zombie’ de la independencia a la que los epígonos de la corrupta CiU, a pachas con la muy dividida Esquerra, no tendrán más remedio que aferrarse? El extremismo, más que en un partido político o en un movimiento, se sustancia en el temperamento de las personas. Y al que lo lleva consigo no le resulta fácil anularlo por completo y para siempre. Ahí lo dejo, señor Torrent.

El fiscal y el juez han hecho lo que tenían que hacer
OKDIARIO 23 Enero 2018

Tanta razón ha tenido Julián Sánchez Melgar para solicitar que se active la euroorden contra el fugado Carles Puigdemont como Pablo Llarena a la hora de no ejecutarla. Pocas veces, hacer una cosa y la contraria tiene tanto sentido al mismo tiempo. Y pocas veces, posturas que en principio parecen alejadas poseen tanta relación entre sí. El fiscal general del Estado, Sánchez Melgar, ha cumplido con su deber al señalar a Puigdemont como lo que es: un delincuente que debe ser trasladado a España para que sea juzgado por su máxima implicación en el golpe de Estado de los independentistas catalanes. No obstante, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no podía aplicarla. Su postura, además de comprensiva, es coherente.

En primer lugar, porque podría haber incurrido en un fraude de ley si la hubiera activado durante su estancia en Dinamarca tras haberla desactivado cuando estaba en Bélgica. Un error que hubieran alimentado la propaganda falaz de los secesionistas y hubiera sido un pretexto para recrudecer sus ataques contra nuestro Estado de Derecho. Por otra parte, podría haber sido peor el remedio que la enfermedad, ya que de volver a España ahora, una persona como Puigdemont, que siente un profundo desprecio por nuestro sistema democrático, se hubiera presentado a la investidura con casi todas las posibilidades de haber salido president. Además, y quizá es lo más grave, Dinamarca lo habría entregado sólo por el delito de desobediencia —malversación como mucho—, pero nunca por rebelión.

Algo que no justificaría una petición de prisión incondicional en España y que rebajaría mucho la factura pendiente que el exmandatario tiene con la justicia. Todo ello hubiera fortalecido el discurso victimista de los sediciosos y a un coste muy bajo. Alejado, completamente, de los 30 años de cárcel a los que se podría enfrentar por los delitos de rebelión y sedición. Puigdemont dará cuentas ante el Supremo antes que después. Es sólo cuestión de tiempo, ya que no puede pasar toda la vida escondido tras la laxitud legal de Bélgica. Mientras tanto, sus propias acciones lo delatan. El viaje a Dinamarca sólo le ha supuesto el enésimo rechazo por parte de un gobierno europeo.

Vikingos y cerdos de oleaje
RAÚL DEL POZO El Mundo 23 Enero 2018

La saga nórdica de Puigdemont ha tenido su apoteosis en la universidad de Copenhague proclamando que los catalanes quieren ser vikingos y que la sombra de Franco sigue siendo alargada en España. Pronunció una sucesión de consignas en las que afirmó que, hoy, la soberanía es un referéndum diario y que lo que pasa en Cataluña es decisivo para Europa como como lo fue el Brexit. Con todo el Estado siguiendo su sombra, el fugitivo de la justicia se apoderó del día. El Tribunal Supremo no activó la eurorden para evitar que se consumara el fraude de ley que urdía para acceder al voto delegado que lograron los otros presos. Así será, pero se tuvo la impresión de que las democracias se desacreditan por la falta de líderes incapaces elegidos por unos ciudadanos que les votan a pesar de despreciarlos. Los gobernantes de esta democracia consintieron durante mucho tiempo que el Estado dejara de existir en Cataluña. Los políticos separatistas se creían intocables, y ahora ya no lo son, pero no lo saben.

Estos ignorantes separatistas han visto la colosal estatua que tiene César Augusto en Tarragona. Hacen castellers delante de la efigie del emperador sin caer en la cuenta de que desde que los romanos estuvieron por aquí la ley es sorda e inexorable, incapaz del ablandamiento. Esto lo dijo precisamente Tito Livio que llamaba a los de Tarraco amigos del pueblo romano. No les entra en la cabeza que sus políticos hayan infringido los códigos y tengan que ser juzgados. Una profesora de la universidad le recordó al sofista que democracia no es solo votar sino cumplir la ley. Pero Roger Torrent, el president del Parlament, en vez de acatar la ley, propone a Puigdemont candidato para ser investido. Le pregunto a Margarita Robles por qué estos obtusos personajes, fanfarrones e insignificantes, se consideran intocables. "Cataluña y los catalanes -responde- no se merecen a alguien como Puigdemont, que en todo momento está intentando eludir la acción de la justicia, intentando organizar unos shows que avergüenzan a cualquier demócrata. No entiendo por qué ERC y otros dirigentes del PDeCAT están consistiendo este espectáculo lamentable".

Me gusta menos esta Dinamarca que da bola a los enemigos de Europa que la que ideó el Centro Borges, dedicado al que estuvo fascinado por lo escandinavo y mandó poner en su tumba un dibujo de una nave vikinga. Los kenningar reemplazan los sustantivos por metáforas o semejanzas. Llaman al mar camino de las velas y a las ballenas, cerdos del oleaje. El ejemplo canónico de kenningar está en un verso de la Sagade Grettir: "El héroe mató al hijo de Mak; hubo tempestad de espadas y alimentos de cuervos".

La sirenita Wind vapuleó a Puigdemont
Pablo Sebastián republica 23 Enero 2018

Mal le ha salido a Puigdemont su viaje a Dinamarca con el que pretendía favorecer su investidura y el debate sobre la situación política de Cataluña en la Universidad de Copenhague porque la profesora Marlene Wind, con la solidez del bronce de la emblemática ‘Sirenita de Copenhague’, dejó en franca evidencia al ex presidente catalán al que acusó de: no respetar la Ley y la Constitución Española, despreciar el alto nivel de autogobierno de Cataluña y las regiones más pobres de España y de buscar la balcanización de la Unión Europea rompiendo la UE en más de doscientas naciones.

En realidad la profesora Wind le quitó a Puigdemont parte de su máscara e impostura democrática. Y lo ha dejado con un mal sabor de boca porque Puigdemont estaba acostumbrado a los monólogos y en esta ocasión se ha encontrado con preguntas que no le gustaron. Hasta el punto que, después de sacar de paseo el fantasma del franquismo, acabó descalificando a la profesora para decirle, con descortesía, que ella no sabía mucho de España.

Ahora bien, el político catalán sigue con su propaganda internacional. Pero si con su viaje a Dinamarca Puigdemont pretendía burlar a la Justicia española favoreciendo su investidura con derecho al ‘voto delegado’ si lo detenían se ha vuelto a equivocar. Y ello una vez que el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo desechó la imprudente petición de la fiscalía de relanzar otra vez la euroorden para detener en Dinamarca a semejante botarate político.

Al que se le está acabando su aventura de prófugo famoso y su pretensión de volver a ser presidente de Cataluña. Algo que empieza a cansar a sus compañeros y sus aliados, tanto de ERC como del PDeCAT. Y algo que de momento todavía no acaba de entender el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, el que parece no entender que fuera de la Ley, y Puigdemont está fuera de la Ley, no tiene nada que hacer.

Por ello y aunque lo pidieran PDeCAT y ERC Torrent nunca debió proponer como candidato a presidente de la Generalitat a un Puigdemont huido de la Justicia. Y ¿de verdad espera Torrent que lo reciba el Presidente Rajoy para hablar sobre la investidura del delincuente Puigdemont?

Ahora bien si Torrent continúa por ese camino e intenta investir por la vía telemática a Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña no logrará que eso ocurra, porque el Gobierno de España mantendrá el artículo 155 y seguirá al frente del gobierno catalán. Además Torrent corre el riesgo de acabar imputado, como Forcadell, si el Tribunal Constitucional echa por tierra las maniobras con las que se pretende burlar de nuevo la legalidad.

En cuanto a la última propuesta de Puigdemont de celebrar un referéndum en toda España sobre Cataluña conviene advertir que esa es otra trampa con la que los secesionistas pretenden legalizar un referéndum catalán una vez que ellos solo contarían los votos de Cataluña para desentenderse de todos los demás.

La miseria y las mentiras separatistas y el atentado de las Ramblas.
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 23 Enero 2018

El separatismo catalán y su lacayo policial Trapero ignoraron el aviso de EE.UU de un atentando en las Ramblas, negaron su existencia cuando lo publicó El Periodico y utilizando sus voceros mediáticos llenaron de basura a los periodistas, ordenaron luego a los Mossos destruir el documento, junto a miles más reveladores de sus fechorías, lo que logró impedir la Polícia Nacional en la puerta misma de la incineradora. Ahora El Periodico logra la exclusiva del documento original.

Antes de la matanza a los yihadistas les reventó la propia casa donde preparaban la matanza. Los Mossos no dieron importancia a las 500 bombonas y otros componentes en prepararación para causar una masacre (no deejaron ni actuar a los TEDAX) ni a quien eran los muertos ni los supervivientes, que fueron quienes perpetraron finalmente el atentado, cuyo autor principal rompió su cerco con un cadaver de otra victima en el coche. Pero fueron convertidos en héroes por el AGITPROP secesionista. Y condecorados, todos menos la policía nacional y la guardia civil, por Colau que se había negado a poner bolardos, como Interior le había pedido, que hubieran evitado o minimizado la acción terrorista.

¡Miserables!. Mentirosos compulsivos en aras de su fanatismo que culminaron su infamia utilizando el atentando y los asesinatos en aquella manifestación convertida en delirante propaganda para acusar e insultar a España y el propio Rey que acudió a ella.

PD. Hoy las teles no hablaran de ello sino de las piruetas circenses de Puigdemont y entrevistaran, con alfombra y palangana, a varias docenas de separatistas y a otra media de sus complices Podemitas. Y le llamarán periodismo y análisis

Recentralización
Manuel Molares do Val Periodista Digital 23 Enero 2018

El daño que le ha hecho el independentismo catalán a la idea socialista de la España federal es tan enorme que, en lugar de facilitar la transformación de la estructura del país hacia esa definición, ha incrementado el deseo de recentralizar el Estado.

La federalización, que debería hacer más lógica la organización del autonomismo actual, está ahora más lejos que hace dos años, cuando el 25 por ciento de los españoles deseaba que el Estado ejerciera la mayoría de los poderes y servicios.

Ahora ese porcentaje es del 36 por ciento, y quienes apoyan mantener la actual relación Estado-Autonomías baja del 40 por ciento al 34, según una reciente encuesta del Real Instituto Elcano.

Teóricamente la federalización debería reordenar con claridad las atribuciones del Estado y de las CC.AA., pero muchos ciudadanos temen que sus promotores terminen convirtiendo España en un Estado confederal.

La transformación de las Autonomías en una Confederación de ex Autonomías convertidas en pequeños Estados les daría un poder casi total, incluso sobre la justicia.

Es lo que ya trataron de ejecutar con el Estatuto de 2006 los hoy independentistas de CiU y el gobierno Zapatero, con su mayoría de izquierdas y los demás nacionalistas.

Cuando el pasado octubre el Parlamento catalán se declaraba independiente los españoles respondían en la encuesta del Elcano que ya bastaba de excesos regionales, de manera que los partidarios eliminar totalmente las Autonomías pasaba del 9 por ciento de hace dos años al 21 de ahora.

Estos cambios en la percepción de las CC.AA. van mucho allá que las encuestas y son visibles en el nuevo patriotismo de las banderas nacionales, o en las manifestaciones españolistas.

Incluso en la transformación de Tabarnia, argumento dialéctico para enfrentar a los independentistas a sus contradicciones, en un proyecto viable constitucionalmente, al contrario que el independentismo catalán.

Una tozudez digna de estudio
Ramón De España cronicaglobal 23 Enero 2018

Tras su discurso (supuestamente) conciliador como nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent ha vuelto a lo suyo, que no tiene nada que ver con aquello tan bonito que dijo de que había que recoser la sociedad catalana. Proponer la investidura del fugado Puigdemont no recose nada, más bien amplía la superficie a zurcir, pero Torrent se debe a su partido y a su público, lo cual le permite decir un día una cosa y hacer otra al siguiente. Y no contento con eso, le solicita al trepidante Rajoy un encuentro para comentar los flecos de la investidura del fugitivo. Todo parece indicar que el señor Torrent es de los que creen que la aclamación popular limpia de golpe el abultado expediente judicial del candidato a la presidencia, ya que el pueblo está por encima de unos jueces insensibles que, para colmo, obedecen órdenes del Gobierno español.

A cualquiera se le ocurre que un huido de la justicia no puede ser ni presidente de su comunidad de vecinos. A no ser, claro está, que te pases esa justicia por el forro y la sustituyas por una propia, dado que consideras que ya no vives en el Reino de España, sino en la República catalana (cosa que, por cierto, es prácticamente una realidad en montones de pueblos de la Cataluña profunda, donde España ni está ni se la espera). El empecinamiento en nombrar presidente a un (presunto) delincuente solo puede traer problemas y alargar hasta la náusea la aplicación del artículo 155.

Contra lo que dicen los nacionalistas, el Gobierno español no se opone a que la Generalitat la presida un independentista, sino un independentista en concreto, el principal responsable de un conato de golpe de Estado que llevaría unos meses en el trullo si no se hubiese dado el piro, dejando tirados a sus colaboradores. Puchi tiene un problema de caudillismo que sus partidarios no han sabido (o querido) controlar. Bastaba con elegir a otro candidato que no estuviese perseguido por la justicia para poder formar gobierno en un santiamén y afrontar los principales problemas de la sociedad catalana. Pero Puchi y muchos de sus seguidores prefieren el cuanto peor, mejor, el sostenella y no enmendalla. Porque se resisten a dar por muerto el prusés y a entender que ya no se trata de implementar la república, sino de recuperar la autonomía.

El nuevo pulso con el Estado que ha iniciado el señor Torrent acabará tan mal como la proclamación de la república. A Puigdemont le da igual, pues está muy a gusto en su papel de héroe-víctima-mártir. Lo realmente triste es que cuente con dos millones de seguidores a los que no se les ocurra nada mejor que hacer que tirarse los meses que haga falta dándose de cabezazos contra la pared.

Algo huele a podrido en Dinamarca
Miquel Giménez vozpopuli.es 23 Enero 2018

El viaje a ninguna parte que lleva a cabo el ex President de la Generalitat lo ha llevado hasta Dinamarca. Como todo lo que emprende, ha sido un fracaso absoluto.
No habrá detención para los malvados

Si Carles Puigdemont buscaba que lo detuvieran al pisar suelo danés se ha llevado un chasco. En la compleja partida jurídica que mantiene el fugado de Bruselas con el juez Pablo Llarena, Puigdemont está perdiendo por goleada. Su señoría le ha privado de montar un revuelo mediático al no cursar la euro orden que podría haber supuesto la detención del cesado President, que era lo que este buscaba. Además, detenido, podría delegar el voto en la próxima sesión de investidura, cosa que en su actual situación le resulta totalmente imposible. Triste destino el de aquel que solo aspira al golpe de efecto.

Descartado el más que posible objetivo del desplazamiento a Copenhague, a Puigdemont solamente le quedaba acudir al Centro de Política Europea del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague con la sonrisa forzada e intentar allí reivindicarse como un líder político exiliado, víctima de un tremendo atropello. Tampoco esta jugada le ha salido como esperaba. Alguien debería decirle que, o cambia de asesores, o se dedica a otros menesteres. Es imposible obrar de manera más chapucera y torpe en todos los sentidos.

Porque si lo que pretendía era ser aclamado como un mártir, las lanzas se le han vuelto cañas. Se ha encontrado debatiendo, con lo poco que le gusta, con la académica y directora del Centro, Marlene Wind. Decir que lo ha dejado KO sería un pálido reflejo del vapuleo dialéctico al que lo ha sometido. Repasemos el combate. La primera en la frente: le ha dicho si tenía bolígrafo, porque iba a preguntarle varias cosas y eso era lo que ella recomendaba a sus alumnos. Pam. Primera cuestión, le ha preguntado si consideraba que la democracia se limitaba solo a convocar referéndums y, en cambio, acatar el Estado de derecho no lo era.

Mientras Puigdemont se mostraba visiblemente nervioso ante la señora Wind, que tiene mucho poderío, ciertamente, la académica no lo dejaba respirar. Aún no repuesto del primer ataque, la danesa le lanzaba un directo al mentón al recordarle que la mayoría independentista era estrechísima, un cincuenta por ciento, o que el independentismo no había conseguido ningún apoyo internacional, para acabar la tanda de golpes asegurándole que muy pocos políticos daneses se reunirían con él.

El ex President, farfullando tópicos que bien pueden hacer ensalivar a sus paulovianos seguidores en Cataluña, pero que dejan frío a cualquier persona mínimamente objetiva, y ya no digamos a los daneses, se ha refugiado en la tesis de siempre: el Estado no quiere negociar, la represión del 1-O fue terrible, Rajoy es heredero de Franco, España no es una democracia y ellos solo quieren acordar una pregunta. Ah, o sea ¿ya no se trata de implementar la República Catalana? La actitud de Puigdemont era la del niño repelente que discute con la profesora el cero que le acaba de poner en el examen y, de verdad, provocaba vergüenza ajena. Como catalán he sentido un tremendo sonrojo pensando que en Dinamarca puedan pesar que todos los que vivimos en este territorio somos iguales que ese pazguato.

El chorreo no ha terminado aquí. La señora Wind, pedagógica como corresponde a cualquier enseñante, al ver que el zangolotino que tenía delante no entendía la lección ha decidido proseguirla. Ahí ya ha sido el acabose.

Cuando a uno le acusan de insolidario y se ofende
Como Puigdemont confunde las cosas en su profunda locura - cada vez me reafirmo más en mi artículo en el que decía que este hombre estaba aquejado de una profunda enfermedad mental – y no sabe ni donde está ni delante de quien habla, ha proseguido con las mismas mentiras de siempre. La diferencia estriba en que a nosotros nos suenan a viejo por oídas, pero escuchadas por una politóloga de la categoría de Wind han debido parecerle auténticas barbaridades, lo que en realidad son. Ella misma ya le ha dejado claro al inicio de su intervención que ni era política ni le movía otro interés que no fuese el académico, rogándole que no la interrumpiese y le dejara explicarse. Ha obrado santamente, porque a los del proceso lo que les va es, o bien hablar ellos solos, o no dejar hablar a nadie mediante la técnica de la constante interrupción o el menosprecio con frasecitas tipo “no se ponga usted nervioso” o “cálmese”.

La cara de pocos amigos que mantenía Puigdemont se le ha acabado de descomponer cuando la politóloga le ha espetado, al escucharle enhebrar el discurso de la identidad nacional catalana que tanto rédito le ha dado al nacionalismo catalán, que si lo que pretendía el cesado era que solamente existiesen países europeos de una sola identidad, añadiendo que, si al final, la UE se componía de doscientos estados, Vladimir Putin estaría encantado al ver ante sí a una Europa fragmentada. Al escuchar el nombre de Putin, Puigdemont ha dado un respingo. Algún día deberemos ahondar en las relaciones que han mantenido los separatistas con algún servicio secreto extranjero. De igual modo que ahora se sabe que los servicios norteamericanos alertaron a los Mossos del peligro con respecto a un posible atentado yihadista en Las Ramblas, y que estos hicieron caso omiso, intentando destruir los documentos que probaban tal comunicación, igual cualquier día aparece alguna factura, algún dossier que vincule a los miembros del Govern con agentes del SNV, el servicio de inteligencia exterior ruso. Igual a alguno de los colaboradores de Puigdemont le suena el nombre de Serguei Naryshkin o conoce a qué se dedica la Офис I, Oficina I, de dicho servicio.

Volviendo a lo sucedido hoy en el Centro de Política Europea de Copenhague, la señora Wind ha acabado por rematar al cada vez más atribulado Puigdemont con un argumento que no admite réplica posible. La politóloga lo ha mirado a los ojos y le ha dicho que tenía entendido que Cataluña era la región más rica de España y, siendo así, ¿la independencia no es una manera de querer quitarse de encima a los pobres? Aún más, tanta insistencia en la identidad catalana, tanto discurso acerca de los buenos catalanes, ¿no indica que lo que pretenden es crear un nuevo estado “limpio”, haciendo una limpieza étnica, separando a todo los que no acepten sus postulados?

Ha sido una derrota en toda la línea, política e intelectual. El moderador del acto y jefe del Departamento, profesor Mikkel Vedby Rasmussen, asistía con mirada severa al dantesco espectáculo de ver como quien se autoproclama líder no tiene mi media bofetada intelectual a la hora de debatir sus ideas. Es algo totalmente lógico en una persona que encarna un movimiento que no atiende a razón alguna, obedeciendo solamente a impulsos emocionales, racistas, de menosprecio a todo lo que no se ajuste a su manera de ver las cosas.

Sin embargo, en algo se ha equivocado la profesora Wind. Puigdemont sí va a verse con algún político danés. Tiene previsto reunirse con Magni Arde, del Partido Republicano, que defiende la independencia de Dinamarca de las Islas Feroe, hoy por hoy un territorio autónomo danés. Arde declaraba que al encuentro se sumarían algunos políticos más, sin especificar. Probablemente uno de los asistentes sea el primer ministro de las Feroe, Aksel Johannesen. Cabe añadir que la economía de las islas depende de la subvención que paga Dinamarca: 650 millones de coronas danesas o, lo que es lo mismo, 68 millones de dólares. ¿Les aconsejará el de Bruselas que utilicen lemas como “Dinamarca nos roba”? ¿O serán los independentistas de allí los que le digan que se deje de historias, revise los cálculos llorones separatistas y compruebe como es el Estado quien está asegurando que la Generalitat no cierre por quiebra?

Algo huele a podrido en Dinamarca estos días, pero no son las conjuras palaciegas que se urdían alrededor de Hamlet. Se trata de un fantasma que deja un olor a podrido allá por donde pasa. Y no, tampoco es el fantasma del padre del príncipe de Dinamarca que inmortalizó Shakespeare. En fin, ya se verá. Permítanme finalizar con un piropo a la señora Wind y la universidad en Dinamarca: ¡lev dansk efterretning! ¡Viva la inteligencia danesa!

Daneses y tabarneses del año
Pablo Planas Libertad Digital 23 Enero 2018

Como no hay mal que por bien no venga, el viaje del Cocomocho a Copenhague ha servido para constatar que no todos los profesores de Ciencias Políticas son como Pablo Iglesias y su tropa de indigentes mentales. En Dinamarca hay al menos dos politólogos que no tienen nada que ver con el espécimen generalizado en las universidades españolas, en las que arrasa el primitivismo mental, indumentario y conductual.

Se esperaba el expresidente regional el típico acto académico a la catalana y topó con los profesores Christian F. Rostbøll y Marlene Wind, quienes en calidad de ponentes de la sesión titulada ¿Cataluña y Europa, una encrucijada de la democracia? propinaron al legítimo una soberana paliza que difícilmente habría sido posible en una universidad catalana o del resto de España.

Rostbøll y Wind se mostraron implacables en la denuncia de las mentiras proferidas por Puigdemont en su mitin inicial y le acorralaron con preguntas que sólo se atreverían a hacer en España los medios y entornos intelectuales vetados y represaliados por las Administraciones de los separatistas, que son todos aquellos, pocos, que no babean con un exalcalde de Gerona devenido en mojón a la investidura presidencial de las elecciones catalanas de Rajoy. Si el señor Rostbøll fue duro en su denuncia del criminal ingrediente populista del separatismo catalán, la señora Wind se mostró aún más inclemente, al punto de lanzar sobre el Cocomocho una cascada de preguntas que culminó con la siguiente cuestión: "¿Están intentado hacer una limpieza étnica?".

El bofetón sonó hasta en Ripoll y propició que el expresidente catalán incurriera en una incriminatoria defensa del sistema lingüístico y educativo del régimen nacionalista que contribuyó a poner aún más de manifiesto los propósitos racistas del separatismo. En su biliosa réplica a Wind, el candidato a la investidura propuesto por el apaciguador (según el Gobierno) nuevo presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, llegó a decir que el futuro Estado catalán permitirá a quien así lo pretenda mantener la nacionalidad española. De lo que no habló el supremacista catalán fue de las consecuencias que tamaña osadía podría tener en la república balcánica catalana.

Contra todo pronóstico, Rostbøll y Wind convirtieron la excursión del radovan Puchimón a Copenhague en un alegato internacional contra el racismo catalanista. Pese a la pavorosa incompetencia del Gobierno de Rajoy, ellos dos, Wind y Rostbøll, han demostrado a las claras el peligro implícito en que un tipo como el candidato del bello Torrent a la investidura continúe disponiendo de cuartelillo en Madrid y Bruselas. Ya que no se los disputarán como profesores de intercambio en la universidad autónoma de Barcelona, no estaría de más que las autoridades tabarnesas reconocieran a estos dos profesores daneses como compatriotas del año en los premios de la primera gala Freedom for Tabarnia.

¿Quién ordenó quemar el aviso de atentado?
Cristina Losada Libertad Digital 23 Enero 2018

El último día de agosto, el jefe máximo de los Mossos, Josep Lluís Trapero, dio junto a su jefe político, el conseller Joaquim Forn, una de aquellas ruedas de prensa, tan celebradas por los medios independentistas, sobre los atentados yihadistas perpetrados dos semanas antes en Barcelona y Cambrils. Esos días, el Govern y sus corifeos se afanaban en presentar a Trapero como el intachable jefe de una fuerza policial que se había demostrado modélica en su reacción al atentado y en su manera expeditiva de acabar con los terroristas. Al mayor se le llenaba de elogios por su competencia profesional, pero no se le alababa menos como comunicador. Según decían, exhibía una capacidad de informar y de lidiar con los medios infinitamente superior a la de la Policía y el Ministerio del Interior del "Estado". Trapero estaba, en fin, en su apogeo mediático.

Sólo un diario de Cataluña se atrevió o tuvo la oportunidad de poner algún pero en aquella apología del jefe de los Mossos, que fue común y prácticamente obligatoria después de los atentados. Ese diario fue El Periódico, y su noticia perturbadora, la publicación de un documento con el aviso recibido por los Mossos, de fuentes antiterroristas americanas, sobre un posible atentado islamista en Barcelona durante el verano en zonas turísticas como Las Ramblas. El diario había dado la noticia de la existencia del aviso el mismo día del ataque y el 31 de agosto publicó el documento. Desde su pedestal de superstar policial del Gobierno separatista, Trapero se dirigió entonces al director de El Periódico con estas palabras: "Que explique sin disimulos quién le dicta todo esto". Esto también era un aviso. Era el aviso del jefe de una fuerza policial al director de un periódico.

Ahora, El Periódico ha sabido que aquel documento, un "montaje" según Trapero y Forn, fue uno de los muchos que los mandos de la policía autonómica ordenaron llevar a una incineradora a finales de octubre, y fueron rescatados in extremis por orden judicial. El documento que ambos negaron que existiera existía. El documento que, según Forn, era sólo una pieza de la "campaña de intoxicación y desprestigio de la labor de los Mossos" existía tanto que mandaron que se destruyera. Por lo tanto, mintieron. Primero, mintieron sobre la existencia del aviso de atentado. Después la reconocieron, pero mintieron sobre la existencia del documento.

La cuestión que abre la aparición de ese papel entre los rescatados de la quema no remite a la conjetura y la especulación. No es si de haber dado los Mossos e Interior credibilidad a aquel aviso se hubiera podido evitar el atentado. La cuestión que abre es la de la mentira. Flagrante. Porque si hubo una mentira flagrante sobre un asunto de crucial interés para la seguridad de los ciudadanos, que se sostuvo además con un intento de intimidar a la prensa, no es posible dejarla pasar como se dejó pasar la fáctica amenaza de Trapero, pistola al cinto –así comparecía– al director de un periódico.

Los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils fueron utilizados por el Gobierno de Puigdemont de la manera más miserable. Los utilizaron para hacer de la manifestación de repulsa de los atentados un acto masivo contra "España", con estratégica ubicación de banderas separatistas, carteles contra el Rey y batahola de abucheos. Y los utilizaron para elevar a Trapero a los altares, enalteciendo su figura de cara a una eventual mutación de la policía autonómica en fuerza de apoyo al golpe. Por este motivo, tan inquietante, no toleró el Gobierno separatista ninguna de las dudas razonables que surgieron sobre la actuación de Trapero ante los atentados. Por eso se atrincheró en la mentira flagrante y llegó a intimidar a los versos mediáticos sueltos. Y por eso, una vez instrumentalizados los atentados para el procés, los atentados y sus víctimas dejaron de interesarles. Como si nunca hubieran existido. Como nunca existió el documento que alguien, ¿quién?, ordenó quemar. Dígalo, Trapero, sin disimulos.

CONSUELO ORDÓÑEZ
‘El proyecto totalitario de ETA sigue más vigente que nunca en el País Vasco’
Agustín Benito gaceta.es 23 Enero 2018

Se cumplen 23 años del asesinato a manos de la banda terrorista ETA de Gregorio Ordóñez, un referente moral y político para millones de españoles. Su hermana reivindica su legado en declaraciones a La Gaceta.

La presidenta de COVITE ha reivindicado el legado de su hermano, Gregorio Ordóñez, cuando se cumplen 23 años de su asesinato a manos de la banda terrorista de ultraizquierda ETA. “Siempre defendió el Estado de Derecho sin complejos para acabar con el terror de ETA y decía que esto se acababa no solo encarcelando y con la Justicia sino también con la actitud activa de la sociedad frente al terrorismo”, asevera Consuelo Ordóñez a La Gaceta, antes de recordar que “él logró revolucionar esa sociedad vasca corrupta y moralmente enferma”.

El 23 de enero de 1995, Ordóñez fue asesinado de un tiro en la cabeza en el bar La Cepa -en la parte vieja de la ciudad- días después de haber sido proclamado cabeza de lista en San Sebastián para las elecciones municipales y con las encuestas a favor. Dejó huérfano a un niño de catorce meses, Javier, que hoy lamenta que ETA no solo asesinara a su padre, sino que le robara la posibilidad de tener recuerdos de una vida con él. A lo largo de su trayectoria política defendió con claridad la idea de España y condenó sin complejos la negociación con terroristas -exigió que los asesinos de ETA pagaran sus culpas sin privilegios”, y se convirtió en un referente moral y político para millones de españoles.

“Hay reinsertados con las manos manchadas de sangre, goteando (…) se les recibe con banda y con música. Lo que tendrían que hacer es guardar sus vergüenzas. Hay que ser caritativo, hay que ser generoso, pero no puede ser que los asesinos de repente tengan trabajo a dedo en la administración local y les reciban con banda. Eso es demasiado para el cuerpo”, decía. Esta declaración podría ser de ayer mismo si no fuera porque ya nadie se atreve a pronunciarla. Sobre todo en el PP.

La exdirigente del PP y amiga del edil, María San Gil, que estaba presente en el momento del asesinato, le definió en declaraciones a este diario cuando se cumplía el veinte aniversario como una persona valiente y muy vital, y un referente de cómo no ponerse de perfil, de defender todo con vehemencia”. “Por eso le mataron”, apostilló.

Su hermana, 23 años después, pide al PP se “empape” de como vivió su hermano y de su forma de hacer política. “Tienen un archivo con miles de documentos audiovisuales y escritos, deberían montar una escuela de esas que organizan dedicada a él y enseñar a las nuevas generaciones como era. “De hacerlo antes, otro gallo habría cantado”, dice.

Además, tilda de “deprimentes” las manifestaciones por la excarcelación de los asesinos como la que tuvo lugar hace dos semanas en Bilbao y a la que acudieron, entre otros, el diputado de ERC Joan Tardá o la socialista Beatriz Talegón y declara que el hecho de que acudan miles de personas para respaldar la impunidad demuestra que “en el País Vasco tenemos todos los españoles un cáncer terminal y no estamos haciendo nada por cambiarlo”.

Ordóñez recuerda que la segunda fuerza en el Parlamento autonómico -Bildu- sigue “apoyando a ETA y su proyecto nacionalista, totalitario y excluyente que sirvió para asesinar a nuestros familiares”, y que está más vivo que nunca en las instituciones, y pide “autocrítica” a los constitucionalistas asegurando que “la situación es para que se la hagan mirar”.

Tras confiar en las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre la negativa del Ejecutivo a acercar a los presos a cárceles vascas y llamar “indigna” a la negociación del Gobierno francés con los interlocutores de ETA, reitera que ellos “jamás van a participar en actos en los que se equipara a víctimas y a verdugos” como el que el Gobierno de Navarra celebrará en marzo de este año.

A su juicio, lo promueve un ejecutivo del que forma parte Bildu, que aún no ha condenado los atentados, y el objetivo es construir una memoria que es una ensalada de violencias para diluir responsabilidades”. En este sentido, se muestra muy crítica con las asociaciones de víctimas que han confirmado su asistencia “a un relato sobre el fin de ETA que es una perversión pues igualan a las víctimas de ETA con las del franquismo o a las de los abusos policiales” y dice que “cada uno se retrata como quiere”. “Las víctimas navarras están que trinan como es lógico y no lo apoyan”, finaliza.

La Guardia Civil acusa a la Generalitat de torpedear la investigación en pleno 155
Carlos Cuesta okdiario 23 Enero 2018

La Guardia Civil ha acusado a la Generalitat de obstaculizar la investigación judicial en plena aplicación del 155. La Benemérita ha trasladado oficialmente esta acusación en la documentación remitida al Juzgado número 13 de Barcelona y dentro de un informe fechado el 20 de noviembre, es decir, durante el periodo en el que ya estaba en vigor el mecanismo de intervención del Gobierno central aprobado por el Senado y basado en el artículo 155 de la Constitución -entró en funcionamiento el 27 de octubre del pasado año-.

La acusación de la Guardia Civil no se basa sólo en el hecho de una evidente ausencia de colaboración con la Justicia, sino también en la confirmación de que el equipo administrativo de la Generalitat cuenta con “argucias” diseñadas para “impedir conocer la trazabilidad del dinero público”.

El documento de la Benemérita -en respuesta a las diligencias solicitadas por Vox- destaca en su argumentación que la Generalitat no está contestando “a los mandamientos” del juzgado. Pero añade que la policía judicial “tiene sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta” y que, además, para lograr estas evidencias, los agentes policiales “han tenido que realizar diversas y costosas gestiones para cuantificar el gasto y tratar de conocer el origen de los mismos y determinar si fue o no dinero público o de un tercero”, precisamente, por no haber contado con ninguna colaboración por parte de una administración autonómica que estaba ya en esas fechas bajo control del 155.

La Guardia Civil alerta de que los movimientos de dinero se basaban en desembolsos “posteriormente repuestos precisamente de fondos públicos”, un paso en el que “entraría o no las actuaciones de la ANC y Òmnium” y en el que “la opacidad de la Generalitat para reconocer qué cantidades públicas efectivas se han destinado al referéndum” sólo puede tener una explicación: “No tener que afrontar las posibles consecuencias que se han visto reflejadas de la anterior consulta ilegal del 9-N”.

Auditoría de las cuentas de la Generalitat
Las referencias en sus informes a la obstrucción por parte de la Generalitat de la labor de investigación judicial son continuas: “Los instructores quieren hacer constar la dificultad que entraña conocer qué cantidades verdaderas han sido empleadas para preparar y finalmente materializar esa consulta”, apuntan en otro apartado los agentes de la Guardia Civil.

La acusación llega al punto de solicitar al Juez de Instrucción del 13 de Barcelona una auditoría general de las cuentas de la Generalitat por un organismo especializado, no exclusivamente por el Gobierno.

La Benemérita, en concreto, reclama la ayuda de cuerpos como la Intervención o el Tribunal de Cuentas para esclarecer los mecanismos de ocultación de pagos con los que cuenta la Generalitat: “Para determinar con exactitud o con una aproximación más real las cantidades malversadas sería necesario realizar una auditoría a las cuentas de la Generalitat y por un organismo con capacidad efectiva para esa tarea como puede ser la intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas”, concretan su mensaje al juez Ramírez Sunyer.

Y, una vez más, los miembros de la policía judicial no se olvidan de mencionar a las organizaciones separatistas habituales: “Tampoco se puede descartar que la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural hayan pagado algunos gastos relacionados con el referéndum gracias a la subvenciones”.

Fuentes policiales destacan que el material probatorio ya detectado apunta efectivamente a fondos públicos gestionados por la Generalitat, todo ello “destinado a unos actos considerados de forma inequívoca contrarios a las leyes que suspenden la ley del referéndum y expresamente hecho saber a los gobernantes de la Generalitat, responsables últimos del empleo de esos fondos”, lo que podría “constituir, al menos, delito de malversación de caudales públicos”, añade la Guardia Civil.

Es en ese momento cuando la Benemérita observa, “ante esta suspensión de la ley del referéndum y su posterior nulidad por inconstitucionalidad”, el principal esfuerzo de la Generalitat por ocultar urgentemente todas sus prácticas “con el convencimiento de que el empleo de sus fondos podía constituir una malversación”. Razón por la que “se han llevado a cabo diversas prácticas por parte de la Generalitat para impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado”.

Así, la policía judicial asegura que uno de los mecanismos detectados para eludir los controles fueron “argucias” que han consistido, por ejemplo, “en la tramitación de contratos por la vía de urgencia”.

Choque de Mossos y Guardia Civil en el Supremo: ambos cuerpos remiten informes acusándose por el 1-O
Carlos Cuesta okdiario 23 Enero 2018

El choque entre los Mossos d’Esquadra y las fuerzas policiales nacionales se acaba de evidenciar en el Tribunal Supremo. El coronel de la Guardia Civil que fue reclamado por la Fiscalía para coordinar el operativo policial de cara al 1-O, el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, debe comparecer en el Alto Tribunal para aclarar lo sucedido en el referéndum ilegal. Y le esperan dos informes radicalmente contradictorios. Uno de los Mossos, culpando de todo lo ocurrido a la Guardia Civil y Policía Nacional. Otro, de los cuerpos nacionales, donde demuestran que los Mossos estaban organizados para eludir el deber de actuar contra los delitos de rebelión y sedición y donde demuestran que, lejos de ayudar a impedir el referéndum inconstitucional, los Mossos optaron por espiarles y boicotear sus actuaciones.

Los Mossos afirman en su documentación que, no sólo colaboraron en el intento de frenar el golpe del 1-O, sino que llegaron a pedir apoyo a la Guardia Civil y Policía Nacional para actuar y retirar las urnas del 1-O. Según ellos, lo consiguieron hacer en 446 centros de votación y que si no lo lograron en más puntos fue por la falta de eficacia de “los sistemas establecidos” de coordinación. La crítica, de hecho, apunta, de este modo, directamente al director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

Los policías autonómicos afirman que no tenían preparado un dispositivo mayor porque la previsión era de que la jornada del 1-O fuese a ser pacífica, por lo que el dispositivo no estaba preparado para estar presente inicialmente en los centros de votación. Y que, en caso de ser necesaria la reacción, fue el propio Pérez de los Cobos el que anunció que la reacción correspondía a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a requerimiento de los Mossos. Según los Mossos, fueron éstos los responsables de actuar por iniciativa propia y sin coordinación, lo que desembocó, según ellos, en los fallos de actuación observados. Una afirmación que apunta, de nuevo y personalmente, a Pérez de los Cobos.

Los Mossos espiaron a Policía y Guardia Civil
Los informes de la Guardia Civil y Policía Nacional, por el contrario, apuntan a que los mossos, lejos de centrarse en atajar el delito del referéndum ilegal, se centraron en espiar e informar de los movimientos de los agentes nacionales.

Los datos recabados por la Policía Nacional demuestran que las consignas de los agentes autonómicos no eran estar atentos al referéndum ilegal pese a las exigencias del TSJC, sino que su obsesión era controlar al milímetro cada paso que daban los agentes enviados desde el resto de España para poder informar a su cúpula y evitar la eficacia del operativo nacional que pretendía paralizar el golpe separatista. En sus explicaciones se recoge, así, parte de la información recopilada en los informes que los agentes del cuerpo autonómico pretendieron destruir el 26 de octubre justo cuando fueron interceptados por una decena de efectivos de la Policía Nacional que impidieron a los Mossos d’Esquadra destruir las pruebas en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

La Policía Nacional concluye, de este modo, que “la prioridad de la Jefatura de Mossos, más que de intervenir o colaborar con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar que se conculcara la ley en centros de votación, era detectar y en algunos casos dificultar los movimientos y la intervención de éstas, llegando a producirse escenas de tensión y algunos enfrentamientos aislados”.

ACTO DE VILLACISNEROS
Rosa Díez: ‘Hoy, ser español es revolucionario, y proclamarlo, arriesgado’
La Gaceta  23 Enero 2018

Rosa Díez reivindicó este lunes el papel de España en la historia y recordó que en pesar que “hoy, ser español es revolucionario, y proclamarlo, arriesgado”. La exlíder de UPyD aseguró que la única manera de superar el nacionalismo en Cataluña o País Vasco era “comenzar a hablar” de la nación española.

“Eso nos ha faltado en España: alguien que reivindique España, que hable de la idea de España. No hemos defendido la nación”, explicó Díez, que añadió que ella era “vecina de Euskadi y ciudadana de España”.

En un debate organizado por la Fundación Villacisneros sobre “La respuesta al siguiente paso del nacionalismo”, Díez reivindicó la nación como “instrumento para garantizar la igualdad”. “En España hemos aplaudido tanto la diversidad que se nos ha olvidado que es una riqueza cuando está garantizada la unidad, porque la unidad es lo que garantiza la igualdad”, mantuvo.

“El problema de España es que parece que no hay españoles. Hay gallegos, vascos, madrileños, catalanes… Ese es el verdadero problema que tenemos para enfrentarnos a los nacionalistas. En Cataluña, Valencia, País Vasco… hay dos naciones: por un lado, la de los nacionalistas, con su mito que les vertebra; en torno a la nación española, no se une nadie”, aseveró la política vasca.

Díez también aprovechó el acto para lanzar un acto de optimismo y pidió a los políticos “hacer las cosas distintas”: “Por ejemplo, mejorar la Constitución a pesar de los nacionalistas, no para darles alguna satisfacción complementaria. Hay que cambiar la Constitución para que la Educación sea competencia del Estado, porque ahí está la madre del cordero”.

Agencia Catalana de Consumo
La Agencia censora que multa por rotular en español apoya a los golpistas con lazos amarillos en su sede
Miguel Ángel Pérez okdiario 23 Enero 2018

El golpismo continúa sumando apoyos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat de Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. OKDIARIO publica en exclusiva un vídeo de la sede de la Agencia Catalana de Consumo, ACC, ubicada en la calle Pamplona de Barcelona, que ha amanecido este lunes repleta de lazos amarillos y carteles en apoyo de los políticos golpistas encarcelados.

La Agencia Catalana de Consumo depende del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat. Actualmente, la directora es Montserrat Ribera y Puig, que anteriormente ejerció como gerente de Coordinación Industrial en la Agencia para la Competitividad de la Empresa. Ribera también ha sido diputada en el Parlamento de Cataluña y alcaldesa de Guardiola de Berguedà (Barcelona) por Convergencia Democrática de Cataluña, CDC.

El antecesor en el cargo de Montserral Ribera, Alfons Conesa, fue imputado por presuntos delitos de prevaricación, falsficación documental y revelación de información privilegiada en un concurso público, al intervenir supuestamente en la adjudicación de un servicio de asesoramiento a un despacho de abogados vinculado a su hijo.

En los últimos días, la sede de la Agencia Catalana de Consumo ha sido adornada con lazos amarillos con el lema “Llibertad presos politics” (Libertad presos políticos)en apoyo del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras; el exconseller de Interior, Joaquim Forn; el expresidente de ANC, Jordi Sànchez o el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Los cuatro permanecen encarcelados en las prisiones madrileñas de Estremera o de Soto del Real.

Los lazos amarillos en apoyo de los golpistas están colgados tanto en el interior como en el exterior de la sede, acompañados de carteles del número 155 tachado, en referencia al artículo de la Constitución aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, proclamada en el Parlamento catalán por el expresident, Carles Puigdemont.

En este edificio de la ciudad condal, conviven 3 departamentos de la Generalitat: el Instituto Catalán de la Energía, la Agencia Catalana de Consumo y la dirección general de Energía y Minas. En esta sede, trabajan funcionarios de los 3 departamentos que participan en ADIC_EIC, “Asamblea de trabajadores y trabajadoras por la defensa de las instituciones catalanas”, de la Consejería de Empresa y Conocimiento.

Según las fuentes consultadas, un grupo de ADIC_EIC , que se reúne para coordinar acciones en el edificio, “estaría detrás de los carteles y los lazos amarillos en la sede de la Agencia Catalana de Consumo”. Estos organizan además concentraciones de 10 minutos un día a la semana para mostrar su respaldo a los golpistas presos.

Ninguno de los máximos responsables de las tres instituciones públicas de la Generalitat mencionadas ha tomado medidas para evitar los hechos descritos. Sin embargo, algunos trabajadores, incluso independentistas, han mostrado su desacuerdo con la ideologización de las instituciones, arrancando alguno de los lazos.

Precisamente, los defensores de los golpistas dedicaban a estos empleados indignados un cartel con ironía: “Si los piensas arrancar (lazos) cuando termines tíralos a la papelera, la República que estamos construyendo también queremos que sea cívica!”

La Agencia multa por rotular en español
Desde 2010, la Generalitat de Cataluña impone sanciones a los comercios que no utilizan el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios, a través de la citada Agencia Catalana de Consumo, ACC, por “incumplir el código de consumo” de esta Comunidad Autónoma.

Sólo en 2016, la Agencia sancionó al menos a 24 compañías de Barcelona por “vulneración de los derechos lingüísticos de las empresas con actividades en Cataluña”. Por sectores, el Gobierno catalán interpuso 7 multas a comercios minoristas en general (5.700 euros en total); 5 de hostelería (2.100 euros); 2 de electrodomésticos, metal y cubertería (2.300 euros); 2 de la industria del material eléctrico, electrónico y óptico (1.800 euros), y otros 2 de telecomunicaciones (1.900 euros).

Además, multó a comercios de otros sectores como el de la industria química (400 euros); la alimentación, bebida y tabaco (600 euros); los servicios personales, culturales, deportivos y asociativos (200 euros); las actividades financieras y seguros (500 euros); actividades inmobiliarias, servicios empresariales (600 euros) y automoción, talleres y estaciones de servicio (300 euros).


Recortes de Prensa   Página Inicial