AGLI Recortes de Prensa   Viernes 26  Enero 2018

La insoportable incompetencia del Gobierno
EDITORIAL Libertad Digital 26 Enero 2018

El Gobierno de Mariano Rajoy prometió solemnemente que no se votaría el 9 de noviembre de 2014, y el proceso consultivo de Artur Mas se llevó a cabo. El Gobierno de Mariano Rajoy aseguró por activa y por pasiva que no habría referéndum el pasado 1 de octubre, y de nuevo se votó en toda Cataluña. Ese mismo Gobierno, aún capitaneado por Rajoy y Sáenz de Santamaría, impuso posteriormente un artículo 155 prácticamente inoperante y unas elecciones cuyo resultado no ha hecho sino prolongar la inestabilidad en Cataluña.

Todo esto ocurre después de unos años en los que Rajoy se ha mantenido en la más completa inmovilidad, mientras el nacionalismo se echaba al monte e iba cumpliendo una por una todas sus amenazas, sin que en ningún momento saltase alarma alguna que motivase algún tipo de respuesta política desde Moncloa o el Congreso de los Diputados.

En el último episodio de este gravísimo esperpento, el Gobierno ha presentado un extraño recurso ante el Tribunal Constitucional que acaba de recibir una sonora bofetada del Consejo de Estado: y es que el referido órgano consultivo estima, con toda lógica, que no se puede impugnar aquello que todavía no ha ocurrido.

Por mucho que mantenga su intención de recurrir, es inconcebible que un Gobierno serio adopte una iniciativa de tal calado sin haber sondeado previamente qué respuesta podría obtener de un órgano que, además, preside un amigo personal del presidente. Inconcebible y muy grave: se está dando a los separatistas munición de primera para su victimismo, y es imprevisible el impacto que puede generar en el exterior.

Una y otra vez, un Ejecutivo cobarde, de vuelo bajísimo, que se resiste a tomar decisiones políticas y que se escuda en los órganos judiciales en lugar de asumir sus responsabilidades está agravando un problema que debería haberse atajado hace tiempo y que se podría haber gestionado mucho mejor.

Con Cataluña en el caos y a punto de nombrar a un president prófugo de la Justicia, con los Presupuestos Generales del Estado por aprobar y sin una agenda política que merezca tal nombre, cabe preguntarse si este Gobierno y el partido que lo apoya son una garantía de gestión y estabilidad, tal y como repiten una y otra vez, o una rémora de la que España debería desprenderse lo antes posible.

El 'garbuglio' de lo deambulatorio
Emilio Campmany Libertad Digital 26 Enero 2018

La noticia es breve: el Gobierno se propone impugnar la candidatura de Puigdemont a la investidura porque carece de libertad deambulatoria. Naturalmente, el Gobierno trata de evitar el esperpento de que un prófugo de la Justicia sea el próximo presidente de la Generalidad. Pero el argumento deambula hacia lo parajurídico. Para empezar, no existe la libertad deambulatoria. Lo que puede uno perder es la libertad a secas, por haber sido privado de ella por medio de una condena o gracias a la prisión preventiva. Si el Gobierno hubiera reflexionado bien acerca de cómo encarar este asunto, habría evitado convocar elecciones hasta que hubiera habido sentencia firme y todos los cabecillas del golpe de Estado separatista hubieran sido condenados e inhabilitados. Eso habría impedido que pudieran aspirar a ningún cargo. Se prefirió convocar inmediatamente elecciones con el fin de no alargar más de lo indispensable la intervención de la autonomía. A cambio, asumieron el riesgo de que encarcelados y fugados se presentaran a las elecciones y ganaran, que es exactamente lo que ha ocurrido. Ahora es tarde para dar marcha atrás. Se puede recurrir una investidura hecha sin la presencia del candidato o puede impedirse ésta deteniéndole mientras intenta ser investido. Lo que no cabe es negarle al propuesto el derecho a ser candidato con el ridículo cargo de que carece de libertad deambulatoria.

A tener que hacer las cosas de esta bananera manera ha contribuido no poco la negativa del Tribunal Supremo, representado por el juez Llarena, a cursar la orden europea de detención. Si Puigdemont estuviera detenido en Bélgica a la espera de ser extraditado, aunque sólo fuera para ser juzgado exclusivamente por malversación de fondos, no habría habido necesidad de que el Gobierno deambulara como lo está haciendo hacia lo grotesco.

Lo peor de todo es que ahora la otra gran instancia, el Tribunal Constitucional, cuyo prestigio ya ha sido bastante minado, tendrá que sentenciar que un aspirante privado de libertad deambulatoria no puede aspirar a ninguna investidura. De esa forma, Gobierno, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional habrán finalmente accedido a descender a jugar en la extravagante pista circense a la que el payaso Puigdemont les ha querido arrastrar. No faltarán quienes aleguen que todo vale con tal de defender la unidad de España. Olvidan que nunca puede ser eficaz una defensa a base de que las instituciones tuerzan las leyes de la nación cuya unidad pretenden defender. Porque son sus leyes las que hacen a una nación libre y democrática. Y no hay nación digna de tal nombre si en ella las leyes se pueden retorcer tanto como políticamente convenga, por elevado que sea el fin. No es justo para España ni para los españoles que su defensa esté en manos de leguleyos que afrontan los problemas al modo de Don Bartolo, el abogado de Las bodas de Fígaro, que garantizaba la solución apetecida a un inconveniente jurídico augurando que qualche garbuglio si troverá. La nación no se salvará con triquiñuelas basadas en libertad deambulatoria alguna. Su salvación sólo puede resultar de la rigurosa aplicación de sus leyes, para lo que convenga y para lo que no.

Impacto y causas de la ‘doctrina Llarena’
Juan Gonzalo Ospina okdiario 26 Enero 2018

Sábado 20 de enero de 2018: la Fiscalía anuncia que, si Puigdemont decide salir de Bélgica, activará nuevamente las órdenes europeas de Detención y Entrega para su puesta a disposición de las autoridades españolas. Lunes 22 de enero: Puigdemont toma un vuelo dirección Copenhague y la Fiscalía insta al magistrado Pablo Llarena la detención del denunciado. Motivo: el conocimiento del nuevo paradero de Puigdemont y la legislación vigente danesa, más automatista que la belga, y por tanto, con mayores probabilidades de ejecutar la entrega.

Sin embargo, el magistrado Llarena emite un fallo contra de la detención del denunciado, aduciendo entre otros tres motivos: la falta de doble tipicidad; el momento procesal, que podría producir una situación de “peor derecho” para los demás investigados frente a Puigdemont, ya que podría abrirse juicio oral contra los demás por delitos diferentes que el del ex presidente catalán; y por último, evitar la “instrumentalización de la prisión”, esto es, impedir que se cometa una especie de fraude de ley o reiteración delictiva, y no permitir que de ser detenido y llevado a España el sujeto pueda ser investido presidente desde prisión.

Desde el respeto que merece toda decisión judicial y la dificultad que supone administrar justicia desde la aplicación de la ley, no dejan de llamar la atención los argumentos de Llarena en su auto de 22 de enero. La cuestión es: ¿se trataría de igual manera a cualquier otro ciudadano investigado por la justicia? No son pocos los supuestos relacionados con el crimen organizado en los que las penas en abstracto son menores que a las que pudiera enfrentarse Puigdemont, y en los que un tercer país, conociendo del paradero de un presunto delincuente, insta su inmediata detención con los hechos y motivos que en ese momento hubiera. Por ejemplo, a un reclamado por un presunto delito de blanqueo de capitales, una vez entregado al país que lo solicita, se le podría imputar un nuevo delito —fiscal o de organización criminal—, y si el país que acordó la orden inicial lo acuerda, nada impediría juzgar al sujeto por el nuevo delito. Es más, ésta es práctica habitual en los procedimientos internacionales donde las disputas judiciales pueden acabar en EUROJUST.

El magistrado Llarena aduce como motivo para proceder como ha procedido la falta de doble tipicidad entre España y Bélgica, en algunos de los delitos atribuidos a Puigdemont. Sin embargo, parece que tal criterio no existe entre Dinamarca y España en donde ambos países sí recogen el delito de sedición. Ello tampoco impide al magistrado acordar la detención de Puigdemont, como ya hizo la jueza Lamela de la Audiencia Nacional, y si en su caso aparecieran nuevas figuras delictivas no incluidas en la Orden Europea de Detención inicial, se solicitaría una ampliación de la misma posteriormente. Otro de los argumentos de Llarena es la posible instrumentalización de Puigdemont, pudiendo ser investido presidente desde prisión. Sin embargo, ¿es tal argumentación estrictamente jurídica o se atribuye una intención fáctica que desvela que la lentitud es otro de los grandes problemas de la administración de justicia? Nos encontramos en la tesitura de tener diputados en sus cargos políticos, esperando la firmeza de una hipotética sentencia que les inhabilite… o no. El hecho es que la disparidad de criterios jurídicos y la dificultad legal de este rocambolesco caso sientan un debate de enrevesadas aristas sobre una causa judicial que apenas ha sido alumbrada.

Mariano y Rajoy no hablan entre ellos
María Jamardo okdiario 26 Enero 2018

Mariano y Rajoy no hablan entre ellos, casi nunca se ponen de acuerdo y rara vez consultan a Brey. El presidente Rajoy, que lidera con puño de acero a los populares —mientras asegura ignorar lo que sucede en las filas de su partido— abandona de vez en cuando el perfil bajo para dejar que Mariano haga el trabajo sucio de enfrentarse a los medios de comunicación. Fuera de su hábitat de parlamentario natural, el Rajoy de réplicas brillantes se siente descaradamente incómodo frente a los micrófonos. Mariano balbucea incapaz de responder a lo más elemental simplemente porque a Rajoy le incomoda dar explicaciones. Simpatías o antipatías al margen del anecdotario propio, lo que no admite discusión es la crítica a un presidente del Gobierno que reniega de operativos policiales —habiendo sido Ministro del Interior— o confiesa haberse preparado las películas de los Oscar para una entrevista pero no hace lo propio, ni sabe improvisar, con la reivindicación de un principio básico como la igualdad salarial.

“Indiciariamente” a Rajoy le aburre la política fuera de la gestión. Por eso, cuando se siente asediado activa el modo indolente. No le interesa hablar de lo que no quiere. Y no lo hará. Rajoy es el político eternamente convencido de que la mejor palabra es aquella que queda por decir. Corredor de fondo a piñón fijo, Mariano confiesa su deseo de repetir como candidato y Rajoy advierte a todos que lo será. A ver quién es el valiente que sea atreve a rechistar. Ni la crisis económica, ni los escándalos de su partido —Bárcenas, Guateque, Gürtell, Lezo… y hasta 65 más que vuelven cíclicamente a escena sin inmutarle demasiado— ni Podemos, ni un par de secretarios generales del PSOE han sido capaces de tumbar a Rajoy. Como buen gallego Mariano sabe —y ya lo decía su paisano Cela— que “en España quien resiste, gana” y Rajoy tiene querencia a quedarse. No va a soltar el maillot amarillo con facilidad. Ya ha sobrevivido a muchas conspiraciones.

Curiosamente cuando peor estaban las cosas, cuando perdió en dos ocasiones consecutivas las elecciones generales contra Zapatero, cuando todos daban por amortizada su multidisciplinar carrera de fondo, sería el PP valenciano —el de Rita y Camps— el que le permitiría atrincherarse en Génova y salir por fin a botar en la azotea cuando, a la tercera, llegó la vencida. De aquello, nada de nada. Nada sobre la financiación irregular. Nada sobre esas “personas” de las que no habla pero a quienes confió entonces las convocatorias más adversas y complicadas. Mariano atesora una extraña colección de destierros. Rajoy se encomienda a lo judicial con auténtica devoción para esquivar responsabilidades, lo hizo con los propios y lo mantiene con Puigdemont.

Cada uno a su manera tratan de interiorizar que Ciudadanos no es la amenaza que todos advierten. Rajoy apuesta por el buen camino de recluirse en Moncloa en plena fiebre aritmética electoral y Mariano apura las caladas de un puro frente al televisor. No se dejen engañar por su aparente indecisión. Rajoy es un superviviente nato y un perfecto escalador. Mariano, gallego profesional.

LO NIEGA TODO
Rajoy, el presidente que nunca sabe nada
Agustín Benito gaceta.es 26 Enero 2018

Si bien será la Justicia la que dictamine las responsabilidades penales, el actual jefe del Ejecutivo y líder del partido nunca ha asumido responsabilidades políticas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que intentará repetir como candidato en las próximas elecciones generales porque van “en la buena dirección”. Una declaración que anula toda esperanza de renovación en el seno del partido.

Además, ha vuelto a tirar balones fuera sobre la corrupción. Muy lejos de hacer autocrítica ha señalado que “no sabía nada” sobre la corrupción en Valencia y ha restringido a “siete, diez o quince” personas el número de personas implicadas en casos de corrupción, “todas ellas ya fuera de las filas del PP”.

Lo ha hecho el mismo día en el que el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que todavía es militante popular, ha reconocido que la formación en la región se financió con dinero negro procedente de empresarios en las elecciones municipales de 2007. “Sí, es cierto”, ha dicho en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel en relación a esos comicios, si bien luego ha extendido la práctica a las autonómicas de ese mismo año y a las generales de 2008. Y un día después de que el exdirector de El Mundo Pedro J. Ramírez le señalara como “la X de la trama corrupta del partido”.

El actual máximo mandatario de El Español explicó además que fue el mismo Bárcenas el que le dijo que “el PP era una maquina de delinquir”, que la relación entre Rajoy, Bárcenas y Ana Mato, por ejemplo, era la de “un grupo de amigos y no solo una relación estrictamente política o profesional” y recordó que la publicación de su artículo “Cuatro horas con Bárcenas” le costó el puesto de director.

Subestima la corrupción
Son muchas las veces que Rajoy se ha desvinculado de la corrupción de su partido y la ha subestimado asegurando que son “casos aislados”, aunque es el líder del PP desde 2004. Si bien será la Justicia la que dictamine las responsabilidades penales, el actual jefe del Ejecutivo nunca ha asumido responsabilidades políticas. Ni se lo ha planteado. En su declaración como testigo en el juicio de Gürtel dijo que “jamás” recibió donativos en efectivo de empresarios y reiteró hasta en siete ocasiones que nunca se había ocupado de cuestiones económicas sino únicamente de las políticas. En este sentido, negó también los sobresueldos en B que el extesorero del partido Luis Bárcenas apuntó a su nombre entre 1990 y 2004. “Son absolutamente falsos: cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas tenían un complemento que abonaba el partido y que se declaraba a Hacienda”, dijo.

Cabe señalar que la “estrecha y familiar” relación entre Bárceas y Rajoy empezó a resquebrajarse en enero de 2013, cuando se hizo público que el primero manejaba una supuesta “contabilidad B’ del PP”. Él pidió respaldo a Rajoy y este le respondió con el ya famoso “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”.

Las mismas palabras utilizó para respaldar a la exministra de Sanidad, Ana Mato, cuando dimitió por un auto de la Audiencia Nacional que señalaba que fue “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exesposo y exalcalde de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda. El pasado mes de octubre, la Fiscalía Anticorrupción destacó que “hubo cobros en efectivo y en especie de los que se beneficiaron Mato y el partido”.

En los últimos seis meses, Rajoy apoyó a Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia, hasta que se hizo insostenible su situación por el miedo a una moción de censura del PSOE apoyada por Ciudadanos tras ser investigado por dos supuestos casos de corrupción política: Púnica y Auditorio.

Futuro… ¿negro?
El futuro que le espera a Rajoy puede ser negro, aunque se empeñe en lo contrario y crea que ya ha superado en las urnas el examen de la ciudadanía por los escándalos de corrupción. Las encuestas son desfavorables para los intereses de Génova 13 y auguran un mal resultado del PP con él como candidato. Ciudadanos sería, a día de hoy, la opción más votada, según el barómetro de enero de GAD3 para el diario ABC, el PP perdería la hegemonía del centro-derecha -teórico- en España y Rivera podría gobernar con Sánchez. Y como a perro flaco, todo son pulgas, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha exigido el cese de la senadora Pilar Barreiro, imputada por la trama Púnica, si quiere contar con el apoyo de CS para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Aunque ha recalcado que esta condición “sine qua non” le tiene que haber llegado al Gobierno, porque “Maillo -el coordinador general del PP- lo sabe muy bien”, el presidente de CS se ha dirigido expresamente al jefe del Ejecutivo y le ha pedido que “cumpla su palabra”.

En esta línea, ha recordado que en el acuerdo para la investidura el PP se comprometió a que los imputados por corrupción política abandonen su escaño y se defiendan en primera instancia. “Si cumple su compromiso, habrá presupuestos”, ha dicho Rivera, que ha asegurado que podrá contar con, al menos, los 32 escaños de Cs, insuficientes en cualquier caso para sacar adelante las cuentas puesto que sumarían 169 de los 175 que suponen la mayoría absoluta del Congreso.

El ADN del Ayuntamiento radical e hispanofóbico de Sabadell
Mnemósine okdiario 26 Enero 2018

El Ayuntamiento de Sabadell, manejado a su antojo por los radicales de la CUP en coalición con ERC y otros grupos de izquierdas del entorno de Podemos, sigue su estrategia de acoso a las empresas privadas y todo aquello que pueda oler a “español”. Su historia reciente es un ejemplo claro de su afán por convertir a Sabadell en la ciudad emblemática de los más extremistas. A lo largo de los últimos meses, entre otras cosas han sido noticia por un informe que apostaba por cambiar el nombre de las calles de personalidades de la cultura española como Quevedo o Antonio Machado al entender que son excesos fruto de un “modelo pseudocultural franquista”. A esta “peculiar” iniciativa le siguió la decisión de retirar las banderas de España y de Europa, situación que se prolongó durante un largo período de tiempo dando lugar incluso a una masiva manifestación de rechazo a dicha decisión convocada por Sociedad Civil Catalana (SCC).

La última ocurrencia de los radicales busca municipalizar servicios públicos que desde hace años han venido siendo gestionados bajo un modelo externalizado. Caso de los servicios de limpieza y recogida de residuos y la gestión del agua, entre otros. Para tal fin cuentan desde hace ya un buen tiempo con el “gurú de las municipalizaciones”, Jordi Colomer, cuyo paso por diversas poblaciones ha levantado múltiples suspicacias. Una de sus últimas apariciones se ha saldado con el archivo de la denuncia contra la empresa FCC por parte de la fiscalía y una demanda, cifrada en más de 1 millón de euros, contra el “famoso” asesor, autor del informe municipal que dio origen a la denuncia contra la empresa por el Ayuntamiento de Badalona “por los daños reputacionales ocasionados a la empresa”.

Ahora parece ser que los radicales han concentrado todos sus esfuerzos antes que se agote el actual mandato municipal en poder controlar el servicio de limpieza y recogida de residuos, que gestiona la empresa SMATSA desde 1976. Ya hace más de un año, el pasado 18 de enero de 2017, hicieron una rueda de prensa a bombo y platillo denunciando supuestos sobrecostes de más de 6 millones de euros. Transcurrido el tiempo, el informe del asesor nunca vio la luz, y las múltiples peticiones de los partidos de la oposición por obtener documentación que respaldase dichas acusaciones jamás fueron atendidas. Hace unos días, el grupo municipal de Ciudadanos en Sabadell anunció la presentación de una moción en la que solicitaban la dimisión del Regidor de Espacio Público, Xavier Guerrero de ERC, por su desastrosa gestión en diversos asuntos, entre los que destacaban las acusaciones no probadas a la empresa concesionaria SMATSA, así como el caos circulatorio en la ciudad fruto de la nula planificación de obras importantes que se están acometiendo en Sabadell.

La respuesta del equipo de Gobierno dirigido por el alcalde de la CUP no se ha hecho esperar y, justamente un día antes del pleno en que se ha de tratar la citada moción, vuelven a convocar a los medios de comunicación haciendo nuevas acusaciones contra la empresa SMATSA. Lo increíble del tema es que, transcurrido un año, los más de 6 millones se han reducido prácticamente a la mitad y lo que antes eran sobrecostes, ahora resulta que son redistribuciones de partidas. Y todo ello, repitiendo el guion de la lógica estrategia radical, primero acusar y lanzar la piedra y luego, si no se acredita, da igual que siempre de la difamación algo queda. Igualmente, como en enero de 2017, ni la oposición ni la propia empresa han tenido acceso a información alguna sobre las supuestas irregularidades.

El comunismo existe
Javier Somalo Libertad Digital 26 Enero 2018

Sí. Sí hay mal que cien años dure. Y millones de cuerpos –otros cien– que lo soportaron y perecieron: es el Comunismo. Aquí está –esta vez para no perderla– su Memoria.

En casi todos los libros que han abordado el comunismo con intención crítica –salvando a Soljenitsin– queda siempre algún rinconcito para la disculpa; que un inoportuno guijarro no rompa la quietud del estanque porque, a fin de cuentas, si no se hubiera matado tanto no estaría tan mal, y porque ya se sabe que toda revolución conlleva sacrificio aunque sea (sólo) ajeno. Como si aquello hubiera sido un accidente o desviación de una aplicación práctica. Como si aquello hubiera sido criminalmente malinterpretado. Como si la muerte industrializada, diseñada para erradicar la propiedad no implicara el asesinato del propietario –de las personas–, por poco que posea, apenas grano para subsistir. Como si el comunismo caminara por un lado y la muerte por otro. En definitiva, hasta ahora se ha escrito del comunismo como si jamás hubiera existido.

Memoria del Comunismo, de Federico Jiménez Losantos, rompe la sagrada costumbre de respetar al monstruo y lo encara de forma definitiva en una erudita historia crítica que guarda muchas sorpresas al lector. La primera, el papel de los socialistas franceses (SFIO) como auténticos padrinos, no de la revolución sino del Terror leninista. Desde los escombros de su Terror doméstico –amortizado hoy en cualquier libro de texto– no tardaron en ahogar las voces de auxilio de los rusos que enseguida vieron en la hoz el filo que habría de segar sus gargantas. Desde el primer momento de la revolución bolchevique llegaron amargas noticias de la oscuridad y la muerte que se cernían sobre el mundo. Violencia, represión y muerte se denunciaron en tiempo y forma, con tanto detalle como urgencia y angustia. Ahí están las crónicas de 1917 del corresponsal Boris Kritchevski –socialista ruso– para L’Humanité, cabecera de la SFIO, que Federico rescata de Christian Jelen y su estremecedora obra La ceguera voluntaria. Tales crónicas son la demostración de que la revolución era sólo aniquilación. Tan explícito y público drama terminó siendo censurado, se cortó el hilo. Los que gritaban se quedaron a solas con la muerte. Merece la pena leer cómo sucedió y quién fue el culpable.

Otra sorpresa, al menos para mí, es la verdadera dimensión de Lenin, el gran exculpado de la matanza comunista. Jiménez Losantos consigue un doble objetivo nada fácil: por un lado, desmitifica al líder mostrando al Lenin vago, cobardón, caprichoso, desequilibrado por una dolencia vascular, envidioso. Pero, por otro, nos enseña al verdadero muñidor del genocidio ruso, al alma mater de los cien millones, enormemente imbuido por las ideas de Bakunin del que toma todo lo necesario para crear un Partido con mayúsculas y del que aprovecha también la idea de que una guerra exterior puede convertirse en un conflicto civil interno que deje paso a una liberadora revolución. Marx no fue tan importante para Lenin; sí lo fue Bakunin.

Una tercera novedad –lo dejaré en tres para no extenderme pero hay más– es que España no necesitó a Stalin para sacarle todo el venenoso jugo al comunismo aunque Stalin se sirviera de nuestra guerra para ordenar piezas en su tablero de juego y aunque nuestros comunistas se beneficiaran del apoyo logístico del georgiano. El comunismo español era la CNT, la FAI y la facción del PSOE que se creía a las puertas del Palacio de Invierno y quería traer 1917 tal y como cayó a plomo sobre Rusia. Si, como recuerda Federico, Largo Caballero era el "Lenin español", que llegó a reprochar a Stalin un exceso de parlamentarismo, es por algo. Otra cosa es cómo le saliera la jugada. Que se lo pregunten a Negrín.

Prepárese el lector inmediatamente después de estas consideraciones para asistir a la dictadura personal y sangrienta de Lluis Companys, ese héroe rojo al que rinden homenaje los catalanes amarillos. Un depredador. La mera lectura de algunos de sus decretos rescatados en este libro ofrece una idea de cómo fue el Terror comunista de Companys, a la altura del que denunciaron, antes de la asfixia francesa, los rusos bajo el yugo de Lenin.

El libro está repleto además de pequeñas historias aledañas a la memoria general del comunismo, como una sorprendente y desconocida versión sobre la muerte de Durruti o valiosos detalles de la personalidad de Valentín González "El Campesino", personaje ignorado pese a ser mencionado con simpatía por Alexandr Soljenitsin –o quizá, entre otras cosas, por eso– en su imprescindible Archipiélago Gulag.

Memoria del Comunismo es también compendio crítico de casi todo lo dicho sobre el comunismo por oculto que estuviera. Prueba de ello es la ingente bibliografía expuesta en cada página y recopilada en el habitual –y, en este caso, tan útil– anexo bibliográfico. Por eso, el libro de Federico ahorra a los vagos bienintencionados la lectura de un centenar largo de libros de iniciación y anima a los incrédulos a tratar de encontrarlos en librerías de viejo.

Es sana costumbre en Federico extraerlo todo de un autor, lo mejor y lo peor, porque sólo usándolo todo se sirve a la razón. Todas las luces y cada sombra hasta de uno mismo. Así que también las de Richard Pipes –que Federico califique su Revolución rusa de "monumental" no quita para que el polaco-americano incurra de vez en cuando en esas disculpas por alterar la calma chicha del estanque–, o las de George Orwell, el excelso autor de 1984 o Rebelión en la Granja pero también, y por desgracia, de Homenaje a Cataluña, anterior a las citadas y tan maligno; o las de aquel Libro Negro del comunismo, revolucionario trabajo coral que casi acaba en reyerta y del que ya sólo queda íntegro su coordinador, Stephane Courtois, entrevistado recientemente por Federico. Sólo desde la arriesgada verdad se puede denunciar y acaso frenar lo que, sin duda, hemos consentido durante un siglo… y lo que quede.

Porque, ¿se puede escribir un libro sincero sobre el comunismo de forma desapasionada? Por supuesto, hay cientos, pero no es de recibo. Si se editara un volumen limitado a citar los nombres de los muertos y cada uno ocupara sólo una línea, tendría casi tres millones cuatrocientas mil páginas. De todas formas, tamaña enciclopedia no sería posible porque cuando la muerte se industrializa, se camufla en hambrunas planificadas o se pierde en pueblos sin censo, ni los muertos tienen nombre. ¿Sería desapasionado el mero registro, el simple inventario de la muerte? ¿Alguien sería capaz de publicarlo sin dar una explicación sobre su causa? Ni aun así. La pasión y la indignación son irrenunciables. Eso, o el negacionismo, del que nunca se habla cuando se aborda con intenciones aviesas la historia de la hoz y el martillo o cuando, sin tapujos, se sigue manteniendo la mentira que conduce al elogio y de ahí al crimen. Asistir a la muerte indiscriminada como base ideológica necesita adjetivos. En Memoria del comunismo aparecen todos casi en el momento en el que al lector se le vienen a la cabeza tras leer un párrafo descriptivo o una cita textual y, por tanto, desapasionada. Cada hecho –tan cruel– lleva al autor a emitir su opinión para alivio del lector.

La apología consentida del Terror llega hasta hoy, estampa sus iconos en camisetas y acaba con cinco millones de votos en España a un partido orgulloso de cada uno de los cien años de su sangrienta historia. El silencio, la ceguera y la mentira descubierta no han encontrado obstáculo de Lenin a Podemos, subtítulo de este libro y cierre circular de la tragedia. El comunismo existió aunque se escondiera en los libros y ya ha superado el siglo. El comunismo sigue existiendo y es, como señala Federico en una de las muchas frases que tienen la virtud del resumen y piden subrayado, ni más ni menos que "la búsqueda deliberada del Mal en nombre del Bien". Merece la pena recordarlo y nunca más perder la memoria.

España suma 2 millones de ocupados en cuatro años, el 54% del empleo destruido por la crisis
Los cinco gráficos que resumen la 'década perdida' de España en materia laboral
Hay que crear 1,7 millones de empleos y que el paro baje en más de 1,9 millones de personas para recuperar el nivel laboral previo a la crisis.
M. Llamas Libertad Digital 26 Enero 2018

España cerró el pasado año con un total 18.998.400 ocupados y 3.766.700 parados, los mejores datos desde 2008, tras crear 490.300 puestos de trabajo (+2,6%) y bajar el número de parados en 471.100 personas. De este modo, la tasa de paro cayó hasta el 16,55%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada el jueves.

El país encadena ya cuatro años consecutivos de creación de empleo y cinco de reducción del paro, pero aún queda mucho camino por recorrer para regresar a la situación que registraba el mercado laboral justo antes del estallido de la crisis. En concreto, España está a medio camino, de modo que restarían otros cuatro años al actual ritmo de creación de empleo para superar por completo la lacra del paro.

Desde el tercer trimestre de 2007, momento en el que se registró un récord histórico de ocupación, con algo más de 20,7 millones de trabajadores, hasta el principios de 2014, cuando se alcanzó el mínimo, la crisis se llevó por delante 3,8 millones de empleos, siempre tomando como referencia la EPA. Sin embargo, desde ese momento, el país ha recuperado 2,05 millones, el 54% del empleo destruido por la crisis. Faltarían, por tanto, 1,75 millones de puestos para recuperar el nivel de ocupación previo al estallido de la burbuja.

La destrucción laboral se concentró, básicamente, en el sector privado, con más de 3,7 millones de puestos desaparecidos hasta el primer trimestre de 2014, lo que supone el 21% del total de empleo privado. Pero, gracias al impulso del crecimiento económico, se han recuperado casi 1,9 millones desde entonces, el 50,7%.

La situación del sector público es muy diferente. A pesar de las constantes quejas de partidos y sindicatos acerca de los recortes de plantillas, lo cierto es que el número de trabajadores al servicio de las Administraciones, lejos de caer, ha aumentado. Tras crecer de forma muy sustancial en los primeros años de la crisis, el empleo público se redujo hasta finales de 2013, pero el recorte apenas ascendió a 80.000 efectivos en comparación con el volumen registrado a mediados de 2007, un descenso de tan sólo el 2,7%.

Además, a partir de ese momento, la contratación pública aumentó en 165.000 personas, de modo que, hoy por hoy, el sector público cuenta con 84.400 empleados más que antes de la crisis.

El paro, por su parte, se disparó en casi 4,5 millones de personas desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primero de 2013, cuando superó la barrera de los 6 millones, para, luego, bajar en 2,5 millones, con lo que el paro ha caído un 56% desde su nivel máximo. Así pues, el desempleo todavía tendría que reducirse en 1,96 millones de personas para recuperar el nivel precrisis.

Por último, la tasa de paro creció del 8% al 27% hasta principios de 2013, un aumento de 19 puntos porcentuales, tras multiplicarse por más de tres. Desde entonces, ha caído en 10,5 puntos, hasta situarse en el 16,5% a cierre de 2017.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
La corrupción del PP como tapadera del golpe de Estado.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 26 Enero 2018

ACUSACIONES SIN PRUEBAS EN PACTOS CON LA FISCALIA. EL PRESIDENTE DE LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA LLAMA “PRESIDENT” AL FUGITIVO CARLES PUIGDEMONT Y NADIE LE REBATE NI LE CRITICA.

Algunos comentaristas tertulianos de clara ideología radical de izquierda no cesan en sus programas televisivos de esas cadenas como la CUATRO o la SEXTA donde son tratados con cariño por unos presentadores todo menos imparciales, de recriminar el que el tema de Cataluña cope la información y eso sirva de tapadera para otros temas como el de la corrupción del PP, o el escándalo de la subida de los recibos de electricidad, o la precariedad de los empleos, o las consecuencias de los recortes de este malvado Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Una actitud hipócrita que coincide con la de los líderes de los dos partidos más representativos de esa izquierda, Pedro Sánchez por el PSOE reconstituido y Pablo Iglesias por esa amalgama de PODEMOS y sus cada vez menos confluencias. Sin embargo, nunca reconocen que ese tema de la corrupción no es exclusivo de un partido, sino que por desgracia afecta a todos los que en algún momento han ostentado el poder y han dispuesto de la oportunidad para hacerlo. Pronto se olvidan casos como el de FILESA, el de los falsos ERE’s aún en fase judicial, el de la financiación irregular por parte de potencias extranjeras a un partido de corte bolivariano , el entramado clientelar de Andalucía tras décadas de gobierno monocolor, etc.

Porque realmente lo que se intenta en esos medios de comunicación es precisamente distraer la atención y desviarla del mayor riesgo al que se enfrenta la democracia en España que es el desafío secesionista en Cataluña, con un fugitivo de la justicia que campa a sus anchas amparado por los golpistas de esos partidos que participaron de forma activa en el golpe de Estado del pasado mes de octubre y que siguen incomprensiblemente legalizados como si fuesen honestos y leales demócratas. Un empeño de esos medios de comunicación en usar el monotema de la corrupción que asola al PP para tapar las tropelías que los golpistas siguen perpetrando. Y no solo eso, sino que además contribuyen a publicitar las comparecencias del fugitivo Carles Puigdemont en una crónica continua de sus andanzas, declaraciones injuriosas contra España y planes para seguir avanzando en el golpe de Estado y burlarse del Estado de Derecho y de la Justicia de España en una actitud de quien se sabe arropado por una amplia parte de la sociedad en Cataluña y unos partidos políticos cuyo objetivo es lograr la independencia de España.

Es simplemente bochornoso ver con qué facilidad estos tertulianos y esos medios de comunicación otorgan credibilidad total a las acusaciones de unos delincuentes confesos, que en su desesperación por minimizar sus condenas, no dudan en pactar con la Fiscalía para obtener beneficios. Para ello no tienen inconveniente en mostrar un repentino arrepentimiento y acusar a quienes engañaron y usaron para sus fines criminales de enriquecimiento ilícito en días de "vino y rosas", sin aportar la más mínima prueba que sustente esas difamaciones, injurias y falsas acusaciones. Se trata de decir aquello que corrobore las hipótesis acusatorias que la Fiscalía estableció como línea argumental desde el principio, donde puso en duda la no participación de los responsables del PP en ese entramado de supuesta financiación ilegal del partido. Porque es muy fácil decir que se hicieron facturas falsas por trabajos ficticios, o que se produjeron donaciones opacas para campañas electorales o presuponer una "Caja B". Acusar sin pruebas y difamar es fácil sobre todo si el que escucha está dispuesto a darles credibilidad y publicidad. Pero son precisamente esos que no se cansan de apelar a la presunción de inocencia para aquellos imputados que son de su cuerda y de su partido, los que no dudan en acusar al oponente político sin bases probatorias en una clara presunción de culpabilidad. Y los hay además que se pasan en su papel de justicieros, como es el caso de CIUDADANOS que cree que su listón de comportamiento ético debe ser aceptado por el resto de las formaciones políticas como las tablas de la Ley. Un listón que han puesto en la simple fase de que alguien esté siendo “investigado”, antes “imputado” por un juez Instructor en una causa determinada que huela a corrupción. Una actitud que como en el caso de la Senadora Pilar Barreiros del PP, o anteriormente con la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, se usa como “casus belli” nada menos que para bloquear el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Un partido que no dudó en presionar al Gobierno de España a la hora de limitar las medidas de intervención derivadas de la aplicación del artículo 155, y de forzar el adelanto de unas elecciones autonómicas por la errónea apreciación de unas supuestas expectativas electorales, basadas en encuestas tendenciosas, que podrían dar un vuelco electoral y conseguir que los independentistas perdiesen la mayoría parlamentaria. Un craso error al que contribuyó también de forma determinante la precipitación del Gobierno de Mariano Rajoy acelerando aún más la convocatoria y propiciando lo que ha sido a la postre un fracaso monumental en el que el independentismo ha vuelto a imponerse y está en disposición de continuar con su hoja de ruta del proceso secesionista. Porque para los golpistas sigue siendo válido el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia, que es virtual o real dependiendo de si está en libertad condicional o no, considerando que Cataluña es ya una República constituida en la que el cesado Presidente Carles Puigdemont será restituido a su cargo y recuperadas todas las Instituciones que el Gobierno de España intervino o clausuró.

No es de extrañar que el radical militante de ERC y Presidente de la Mesa del Parlamento, Roger Torrent, estuviese ayer con el fugitivo de la Justicia de España Carles Puigdemont criticando el que el Gobierno de España les hubiera negado usar la “embajada de Cataluña en Bruselas” para mantener una reunión formal, normal y protocolaria entre el representante máximo del Parlamento y el candidato a Presidente de la Generalidad. Algo que el mismo Torrent definió como una reunión entre las dos máximas "autoridades" de la Generalidad, claro con el permiso del que sea el próximo Presidente investido y el que se designe como vicepresidente en el pacto de reparto del poder entre JxCAT y ERC. Lo que no aclaró es de qué modo se va a proceder a la investidura. Sin embargo, Puigdemont dentro de su burla general no descartó nada diciendo que “lo ideal” es la investidura presencial. Y no dudó en volver a pedir al Gobierno de España que le garantizase inmunidad jurídica y poder presentarse en el Parlamento a ser investido, evidenciando una no separación de poderes del Estado.

Y es que lo de este tipejo no tiene ya freno a su descaro y desfachatez. No solo injuria a España y su sistema democrático desde su cobarde exilio, sino que pretende burlarse, bien presentándose de forma virtual o quizás atreviéndose a personarse en el Parlamento y obtener la protección del Presidente de la Mesa, Roger Torrent, impidiendo la entrada de las FFyCCSE al Parlamento para obstaculizar su detención y lograr su investidura presencial. Eso después de una reforma exprés del orden del día en la que la Mesa admitirá en su caso la delegación de voto de los otros cuatro diputados fugados en Bélgica. Una vez investido y nombrado Presidente de la Generalidad solo queda controlar el impacto mediático de si a su salida, salvo que sea de modo rocambolesco y estrafalario por ejemplo en helicóptero, se produzca su detención y sea llevado a prisión a la espera de su comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Veo inevitable lo que tuvo que hacerse desde el principio: mantener la intervención de la Comunidad autónoma hasta que las circunstancias lo aconsejen y se garantice una vuelta a la normalidad y sobre todo a la legalidad constitucional.

¡Que pasen un buen día!

Cortar por lo sano

Manuel Marín ABC 26 Enero 2018

La propuesta de Roger Torrent de investir a Carles Puigdemont deberia decaer. La pretensión del Gobierno es que sea suspendida por el Tribunal Constitucional y cortar por lo sano cualquier esperpento político en Cataluña que aumente una espiral de incertidumbre sin final conocido. La ofensiva jurídica de Moncloa, apoyada por el PSOE, es transparente, pero cuenta con una diferencia sustancial respecto a otras ocasiones: tiene la virtud de anteponerse a cualquier hipotética decisión de la Mesa separatista del Parlament, cortocircuitando preventivamente cualquier posible maniobra que impidiese a la justicia actuar a tiempo y regalar al independentismo la victoria estética que supone «ir siempre por delante».

La base de actuación del Gobierno es simple. Puigdemont no va a ser investido presidente de la Generalitat salvo que el Parlament se rebele contra el Tribunal Constitucional. De eso ya son conscientes JxC y ERC. La advertencia de las consecuencias penales de una desobediencia similar a la cometida en su día por Carme Forcadell, es el núcleo de esta estrategia del Gobierno, orientada específicamente contra Torrent como nuevo presidente del Parlament. Mariano Rajoy no quiere conceder al separatismo ni siquiera la oportunidad de convertir al Parlament en un circo de tres pistas con más hipótesis y desvaríos sobre el modo en que Puigdemont puede burlarse de todo el mundo para ser investido. En esta ocasión, se busca amputar antes para cortar la gangrena de otra burla al Estado… y que Torrent decida sobre su propio futuro. O un confortable escaño de presidente parlamentario que le proporcionará en el futuro una lujosa jubilación de 160.000 euros anuales… o la inhabilitación por perpetuar la bufonada del presidente depuesto.

Desde ayer, Torrent ya es consciente de que su propuesta de investidura puede llegar a suponer una desobediencia al TC con consecuencias penales, en el supuesto de que el Tribunal prohíba la iniciativa de investir a un presunto delincuente huido de la Justicia. Además, se trata de empujar al PdeCat y a ERC a proponer otro candidato si quieren evitar la repetición de elecciones. Que a ese otro candidato lo apoyen la CUP o Podemos ya es adelantarse demasiado a los acontecimientos.

El Consejo de Estado sugirió ayer al Gobierno que no impugne preventivamente, pero refuerza la idea de recurrir cualquier pleno de investidura sin la presencia física del candidato. En cualquier caso sería determinante que el Estado tuviera un asidero legal para adelantarse a los tiempos-trampa de la mayoría separatista de la Mesa, impedir otra estafa política y permitir que la justicia tenga tiempo material de impedir a priori un delirio telemático para Cataluña.

Ni una concesión a los golpistas
OKDIARIO 26 Enero 2018

La respuesta del Consejo de Estado da vida a los golpistas. Por mucho que sus argumentos sean coherentes y legítimos, es innegable que su opinión negativa al respecto de inhabilitar la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat alimenta el victimismo secesionista y da vida a su propaganda falaz. El Gobierno debe seguir con su plan de recurrir la candidatura de Puigdemont al Tribunal Constitucional aunque sea sin el aval del Consejo —que además no es vinculante—. Como bien ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría: “Lo primero que tiene que hacer si entra en territorio español es ponerse a disposición de la justicia”. No tiene derecho a la “libertad deambulatoria”.

Carles Puigdemont es un huido de la justicia que no sólo ha dado un golpe de Estado desafiando una resolución del propio Tribunal Constitucional, sino que además ha creado una profunda división en la sociedad catalana que está derivando en violencia callejera, represión contra los constitucionalistas y una preocupante deriva económica que puede llevar a la región hasta un contexto nefasto y, por extensión, arrastrar a todo el país. Motivos de sobra para que nuestras instituciones sean inclementes con él. En este caso concreto, y por mucho que la ley tenga que prevalecer siempre, cualquier consideración —aunque los actos no sean consumados— da fuerza a los que quieren debilitar España hasta destruirla por completo. El Ejecutivo tiene motivos y razones de sobra para impedir que el expresident no se persone en la Cámara autonómica.

Supondría un esperpento que dañaría nuestra credibilidad como país y proyectaría una imagen de chapuza en el extranjero. La Cataluña de hoy, carcomida por la sinrazón separatista, es un factor de riesgo para las inversiones internacionales. En la propia comunidad autónoma ya se han resentido en algunos de sus sectores esenciales: turismo y comercio. A nivel nacional, el efecto contagio sería dramático ahora que nuestra economía da muestras de asentada recuperación. Puigdemont no puede disfrutar de una suerte de bula a expensas de los hechos que estén por venir, sino que ha de ser vigilado muy de cerca por los que ya ha hecho. Y esos impiden que concurra a investidura alguna. En primer lugar, porque no está en España; en segundo lugar, porque de entrar en el país sólo tendría un destino posible: una celda en Estremera. Todo lo demás, sería una absoluta tomadura de pelo.

No hay acercamiento posible para esta gentuza
OKDIARIO 26 Enero 2018

Sea cual sea el partido que ostente el Gobierno de España, ahora o en el futuro, deberá recordar siempre el testimonio del terrorista David Pla: “No lamentamos lo que hicimos”. Lo tiene que recordar cada vez que un partido político vasco incluya en una negociación el acercamiento de los presos de ETA o, a lo peor, su excarcelación. En ese momento, ya tendrán la respuesta adecuada: no. Resulta imposible dar ni siquiera el beneficio de la duda a los pistoleros, torturadores y asesinos que durante 58 años mataron a casi 1.000 personas, dejaron 16.000 heridos, quemados o mutilados y trastocaron para siempre la vida de 42.000 seres humanos que han tenido que sobreponerse —los que han podido— a la perdida de sus seres queridos, a la angustia física y psicológica que les ha provocado, y a las constantes extorsiones y amenazas.

Víctimas del terrorismo a las que hay que proteger ahora y siempre de manera inexcusable. El caso concreto de David Pla es un ejemplo más de la espiral de ignominia que ha caracterizado a ETA durante toda su existencia. Pla fue detenido en el año 2000 acusado de preparar un atentado contra el alcalde de Zaragoza de aquella época, José Atarés. Con sus palabras, insulta al sistema democrático que nos cobija, pero, sobre todo, insulta a todas esas víctimas que lejos de oír un arrepentimiento o una capitulación, tienen que asistir periódicamente a dislates como éste, a que les digan que “no hubo consideraciones morales en la decisión de detener la lucha armada”. Si no hubo moral ni ética, tampoco pueden esperar ninguna concesión por parte de los políticos que representan a todos los españoles.

¿Cómo se sentirían las víctimas de estos salvajes si les dieran cualquier beneficio? PNV, Bildu y Podemos se han afanado en las últimas fechas en presionar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que modifique la ley penitenciaria. Una trampa en la que no debe caer jamás Rajoy ni cualquier otro presidente que pueda venir en el futuro. Algo que sí sedujo al líder del PSOE, Pedro Sánchez, cuando se comprometió con Iñigo Urkullu a defender en Madrid el traspaso de Prisiones. La unidad de España y el respeto por las víctimas es sagrado. De lo contrario, el mandatario en cuestión no sería digno de llevar las riendas de nuestro país.

Otro PP es posible
Mariano Rajoy es el político español que más años de poder efectivo ha acumulado a lo largo de su trayectoria
Isabel San Sebastián ABC 26 Enero 2018

Mariano Rajoy pretende poner nuevamente a prueba el título del discurso con el que su paisano Camilo José Cela recibió el premio Príncipe de Asturias en 1987: «En España, el que resiste, gana». En aquel momento, el actual presidente del Gobierno ya ocupaba un escaño de diputado en el Congreso, después de haber presidido la Diputación de Pontevedra. Desde entonces, nunca se ha bajado del coche oficial. Y es que don Mariano Rajoy Brey acaba de alcanzar un récord del que a buen seguro se sentirá profundamente orgulloso: es el político español que más años de poder efectivo ha acumulado a lo largo de su trayectoria. En democracia, se entiende.

La premisa de resistir ha sido, por tanto, faro, brújula y meta de su actividad profesional, desarrollada exclusivamente en el ámbito de lo público. El corolario de ganar ha revelado hasta ahora su carácter inapelable, toda vez que el veterano capitán de las huestes populares ha enterrado más enemigos internos y adversarios externos que cualquier otro actor de nuestro escenario patrio. Donde pone el ojo pone la bala. Le rodea una legión de pretorianos dispuestos a morir políticamente por él, desde la certeza, bien fundada, de que sin él no serían ni habrían sido nunca nada. Quien le planta cara lo paga caro. Sus amigos, por el contrario, medran al calor del Boletín Oficial del Estado o las empresas privadas en las que ejerce influencia. Es maestro en el arte de enfrentar a sus opositores entre sí, a fin de liquidarlos uno a uno, manteniendo sus manos limpias. De ese modo descarnadamente pragmático ha llegado hasta lo más alto del partido y del Ejecutivo, donde se propone permanecer al menos cuatro años más. De ahí que anuncie su intención de volver a encabezar la candidatura de los populares en las próximas elecciones generales.

Mariano Rajoy, suponemos, está muy satisfecho de su labor. En caso contrario, contemplará la posibilidad de dar un paso atrás y dejar que entrara en la dirección del PP savia nueva, ajena a la corrupción; a las terribles revelaciones que vamos conociendo sobre la financiación ilegal del partido y/o el enriquecimiento de dirigentes con cargo a los bolsillos del contribuyente esquilmado. Savia nueva, ajena a los incumplimientos flagrantes de promesas relativas a la defensa de la vida, la lucha contra el terrorismo etarra, incluido su brazo político, la política fiscal o la firmeza en la preservación de la unidad nacional. Savia nueva, ajena a las sucesivas derrotas electorales culminadas el pasado diciembre con la práctica desaparición del PP en Cataluña. Savia nueva, ajena al bochorno que experimentamos los ciudadanos viendo cómo el golpista Puigdemont se pasea por Europa para alardear de su hazaña, después de que el legítimo Gobierno de España se mostrara incapaz de impedir la celebración de un referéndum independentista, la proclamación de una «república catalana» y hasta la fuga de ese criminal que pone en solfa a este país con sus constantes provocaciones. Savia nueva, capaz de recuperar el espíritu de lo que fue y significó en su día el Partido Popular para esos once millones de españoles que depositaron su confianza en él y hoy, en número reciente, proclaman a los encuestadores su firme decisión de votar a otras siglas.

Ese PP todavía existe. Sobrevive a las purgas acogido al silencio de los corderos, rehén de su propia cobardía. Ese PP es posible. O lo sería, si el instinto de supervivencia individual no hubiese prevalecido hace tiempo sobre los principios, las convicciones y la voluntad de preservar un gran legado político.

Marlene, a espadazos en Dinamarca
Karina Sainz Borgo vozpopuli.es 26 Enero 2018

Un oficial de cobranzas de las caballerías reales llega a un pueblo y pregunta por el Gobernador. Él y sus 30 hombres de armas necesitan alojamiento. Nadie le hace caso, qué va. El hombre se marcha por sus soldados y deja al pueblo tal como lo encontró: absorto ante un retablo que los pícaros Chanfalla y Chirinos han decidido montar en la villa. Ese objeto, aseguran, encierra un desfile de prodigios sólo visibles, eso sí, a los ojos de cristianos e hijos legítimos. Ante el temor de ser tomados por conversos o bastardos, los hombres y mujeres dan por mágico el trampantojo, incluso sobreactúan el asombro. De vuelta con su tropa y al ver que nadie repara en su presencia, el furrier descerraja, dirigiéndose al Gobernador: "¿Está usted en su seso? ¿Está loca esta gente? ¿Qué diablos de doncella es esta, y qué baile, qué Tontonello?", grita ante la caja vacía de madera en la que el resto ve las maravillas. Los congregados deducen que este hombre no ve lo que ellos -impuro es, seguro- y deciden acusarlo de converso. Al sentirse insultado, el furrier la emprende a espadazos contra todos.

Escrito a la manera del entremés, aquellas piezas breves que se usaban como pausas entre los actos de una comedia, El retablo de las maravillas de Miguel de Cervantes encierra el juego de ficción y realidad donde reinan las obcecaciones, una especialidad del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, muy dado también a recorrer los caminos, en este caso de Europa, para ofrecer su propia revelación. Hasta Dinamarca viajó esta semana. Llevó consigo, cómo no, su retablo: la república catalana, ese adminículo que va mostrando de periodista en periodista por los bosques belgas, y que ahora quiso ofrecer a los daneses.

Así llegó Puigdemont a Copenhague: arrastrando su maletita. Una vez allí, desplegó su caja de madera y empezó a exhibir su propia colección de maravillas. Aquí, el derecho a decidir. Acá, la república catalana. Acullá los presos políticos. La puesta en escena del bobo elemental, entre ridículo y melancólico, que igual podría viajar en la La nave de los necios, del Bosco, rumbo a la edad media. Pero el líder catalán encontró en Dinamarca su propio furrier, con todo y espadazos. Las luces, el sentido común y la más elemental cordura conducen, ya se sabe, a la frustración y el desengaño. De eso hace ya cuatro siglos y, por qué no, cuatro días. El martes no más.

Instalado en la celebridad de su propio holograma, Carles Puigdemont llegó al salón de la Facultad de Políticas de la Universidad Copenhague cual Chanfalla y Chirinos. Fue recibido con algarabía por un nutrido grupo de jóvenes catalanes que brotaron de pronto como setas de l'Empordà en suelo danés. Dispuesto a poner en marcha su embuste de agravio folclórico, Puigdemont se sentó en un taburete sobre el proscenio. Tras la intervención del director del departamento, Mikkel Vedby Rasmussen, quien aseguró que aquello no sería "un mitin político ni un evento periodístico, sino un acto académico", tocó el turno de palabra -¡ayayai!- a la profesora Marlene Wind, directora del Centro de Política Europea de la UniversidadCopenhague. Es decir, el furrier de esta historia.

Especialista en cambios institucionales y tratados de la Unión Europea, Marlene Wind es una figura de impacto mediático en el entorno danés. Politóloga respetada y de ademanes contundentes, nació en 1963 –un año después que Puigdemont- en el fiordo de Skive, a 300 kilómetros de Copenhague. Ha trabajado el tema de los tribunales nacionales en los procesos de integración europea, ¡ay!, así como el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialidad que alguna preocupación debería de haber suscitado en el entorno de Puigdemont: él viene hablar justo de lo contrario que Wind estudia y defiende. Tras disculparse por su supuesto desconocimiento de la realidad catalana, la politóloga abrió fuego. Y de qué manera. "Gracias por venir, señor Puigdemont. Por favor, ¿podría coger su boli?, porque tengo varias preguntas para usted", dijo, como quien desenvaina una espada para rebanar retablos y demás trampantojos.

"¿Cree que Cataluña será un estado de la UE teniendo en cuenta que se ha quedado sola en su lucha?". "Votasteis a favor de la Constitución. ¿No debe ser respetada? ¿No es eso también democracia?". "¿Democracia es sólo hacer referendos y encuestas de opinión o también respetar la legalidad y la Constitución?". "De dónde viene esta urgencia por la independencia? Cataluña es la región más rica de España, ¿son solo unos malcriados que están intentando librarse de los pobres?", dijo Marlene Wind. Como al furrier de Cervantes, a esta mujer sólo le faltó espetar: ¿Está usted en su seso? ¿Está loca esta gente? ¿Qué Tontonello ni qué doncella? ¿Qué retablo ni qué niño muerto?

Puigdemont titubeó y sonrió, incómodo. "Ha dicho que no es usted experta en asuntos españoles, estoy de acuerdo", dijo. Y aunque se oyó una nube de risitas en el auditorio, el independentista se quedó con aquella sonrisa averiada colgándole del rostro. Wind no sólo no se amilanó, sino que siguió, hasta dejarlo en los paños menores de su propia alucinación. Lo atizó con la linterna, mejor dicho, con el espadazo del sentido común. No hay verdad revelada que se sostenga ante la embestida que la profesora acometió contra su argumentario. Acaso desacostumbrado a las formas o lo de respetar las instituciones, Carles Puigdemont se vio obligado a responder no a las preguntas de un público estudiantil babeado ante el peluche de feria del secesionismo o la mujer barbuda del franquismo español que fue a enseñar, no: le tocó responder a Marlene Wind cuestiones que ya Inés Arrimadas se había cansado de plantearle en el Parlamento Catalán. Esta vez respondería en inglés, pero igualmente desenchufado de toda cordura. Sin la miopía o la sujeción de las multitudes que lo rodean –las que tampoco quieren ser tomadas por conversas-, el ex presidente se queda atascado, atorado. Se le atrofia el gesto pícaro. Así se marchó aquel día de vuelta a Bélgica: a espadazos y arrastrando su maletita.

'Limpieza' en Cataluña
Joaquín Abad cronicaglobal 26 Enero 2018

Los que se resisten a secundar la locura nacionalista catalana lo están pasando mal. Los jóvenes cachorros de Arran, rama juvenil de la CUP, imitando la kale borroka vasca, no paran de ejercitar la violencia contra las organizaciones, empresas y políticos que no se manifiestan a favor de la república.

El nuevo ataque al único periódico que no defiende las tesis nacionalistas, Crónica Global, demuestra cómo la hipocresía de unos partidos que se dicen de izquierda miran para otro lado porque en el fondo aplauden a los cachorros violentos que se dedican, enmascarados, a atacar sedes de partidos, empresas y medios informativos, para alcanzar lo que en otra región de España, en el País Vasco, lograron en las décadas de los años setenta, ochenta y noventa. Que cientos de miles de vascos se marcharan porque no aguantaban la presión de los partidarios de los terroristas de ETA.

Barcelona ya sufrió en la década de los setenta el terrorismo que asesinó a personas representativas, como el empresario José María Bultó, en mayo de 1977, y el exalcalde Joaquín Viola y su esposa, con bombas en el pecho en enero de 1978. Su autor, Jaume Martínez Vendrell, ahora es recordado con honores en TV3, con el cinismo de quieres no pretenden otra cosa que una limpieza en la región donde en las últimas elecciones ganó precisamente quien defendía la unidad en lugar de la secesión.

Si la autoridad competente no frena estos actos de terrorismo, la escalada de las amenazas aumentará un grado, y en cualquier momento pueden pasarse de la raya

En Cataluña hace años que se respira un aire cínico y revanchista cuando se permite, entre otros despropósitos, que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) dedique una calle a dicho asesino, que no a sus víctimas. Cuando el partido de Junqueras?, ERC, se opone a que se retire ese honor al terrorista. Cuando los policías de la Generalitat, los Mossos, miran para otro lado porque de sobra saben quiénes son los doce violentos que hacen pintadas y rompen las lunas de las sedes que no defienden el lazo amarillo.

Si la autoridad competente no frena estos actos de terrorismo, la escalada de las amenazas aumentará un grado, y en cualquier momento pueden pasarse de la raya. Porque de eso se trata, claro, de que se generalicen los actos violentos contra políticos de Ciudadanos, PP, socialistas, empresarios y medios de comunicación que no están a favor de esa limpieza de catalanes no republicanos. Tener muchos votos no justifica la violencia. Por supuesto que no.

LO QUE NOS CUESTA LA CORRUPCIÓN
La factura de la corrupción: Los Gürtel, ERE o Palau que pagamos todos
Pepe Gª Saavedra gaceta.es 26 Enero 2018

Tras las últimas revelaciones del exsecretario general del PP de Valencia, el foco de la corrupción se ha puesto sobre esta formación. Pero no es el único.

Ricardo Costa ha señalado directamente a Francisco Camps y Juan Cotino como cerebros de la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia. Sus palabras en sede judicial han adquirido una importante relevancia porque ya no es un empresario, un concejal o alguien que pasaba por ahí quién reconoce la ‘caja b’ del PP. Se trata, nada más y nada menos, que del exsecretario general de la formación en la región mediterránea.

Ha dicho Costa que el expresidente era quien ordenaba directamente la contratación con las empresas de la Gürtel, y la persona encargada de manejar la financiación irregular. Incluso ha resucitado los famosos trajes que le costaron el puesto a Camps.

El expresidente, por su parte, ha negado todas las acusaciones y ha confesado sentirse ‘enfadado’ tras las revelaciones. Costa jamás había señalado a Camps. Es más, en fase de instrucción había descartado que tuviese conocimiento alguno de la trama.

Las culpas al ‘prescrito’
Camps ha explicado a Efe que tan sólo hace unos días ambos estuvieron compartiendo cena con otros miembros del partido y que Costa no le dijo nada: “Había unos diez testigos, estuvimos tres o cuatro horas hablando del partido y de la Comunitat. Le dimos apoyo. Ninguno de los comensales podía imaginar las declaraciones de hoy“, ha indicado.

Costa recobró la memoria después del pacto con la Fiscalía de los otros encausados en la Gürtel. Absolutamente todos ellos en fase de instrucción rechazaron la implicación de Camps en la trama de financiación ilegal. Todos descargan ahora la responsabilidad sobre el expresidente. Posiblemente juegue en este aspecto el hecho de que, en caso de haber delito, ya ha prescrito, por lo que la Justicia ya no puede perseguirlo.

Cuenta El Mundo la traición del PP a Ricardo Costa. El partido le endosó la responsabilidad de la campaña autonómica de 2007, entregando a la Justicia varios informes en los que constaba como secretario general de la formación. Sin embargo, Costa no accedió a dicho puesto hasta unos meses después. Ese cargo le correspondía a la ahora senadora Adela Pedrosa.

Así deja el PP caer a los suyos
Rita Barberá sola en el Senado | EFEEs de sobra conocido que si a Rajoy no le interesas, el partido te deja caer. Le ocurrió a Costa, a Bárcenas, a Crespo, a Barberá y, en parte, a Francisco Camps. En estos dos últimos casos existe un problema: Rajoy es presidente gracias a ellos y el apoyo de sus fieles.

Y mientras el PP deja caer a sus integrantes, el resto de partidos suele apoyar a sus dirigentes salpicados por la corrupción. Porque la corrupción no sólo afecta al charrán azul -no, el logo del PP no es una gaviota-. Las grandes -sobre todo viejas- formaciones están enfangadas en mayor o menor medida por esta lacra que nos cuesta a los españoles cerca de 87.000 millones de euros al año.

Hace una semana veíamos la condena a Convergencia por el saqueo del Palau. La Audiencia de Barcelona sentenció a cuatro años y cinco meses de cárcel al exresponsable de las arcas de CDC Daniel Osàcar por los 6,6 millones de euros de comisiones ilegales que la formación cobró, a través del expoliado Palau de la Música, a cambio de asegurar a Ferrovial un “flujo constante” de obra pública.

Al conocerse la sentencia, Artur Mas se quemó por su extesorero y mantuvo su defensa hacia él. Lo mismo que hicieron desde el PSOE de Andalucía con los expresidentes Chaves y Griñán. Les pidieron apartarse cuando Ciudadanos puso como condición su salida para aupar a Susana Díaz a la presidencia, pero no hay día en el que la andaluza no defienda la honorabilidad de sus padrinos políticos.

Hablemos de corrupción, hablemos de las cifras
Si bien Pasqual Maragall situaba en el 3% las comisiones que se embolsaba Convergencia, la Audiencia cree probado que las cuentas del Palau de la Música sirvieron de “puente” para que la constructora Ferrovial pagara comisiones ilegales de hasta el 4 %. De ahí que los magistrados hayan ordenado el decomiso de los 6,6 millones de euros robados por el partido de Pujol.

Los 1.200 millones de los ERE
El considerado como uno de los casos de corrupción más voluminosos en cuanto a dinero defraudado de toda España afecta al Partido Socialista. Además de los expresidentes, entre los imputados hay exconsejeros de la Junta y hasta una exministra, Magdalena Álvarez.

Es muy complicado cifrar exactamente la cantidad de dinero hurtada al erario público andaluz. En 2016 la Fiscalía Anticorrupción fijaba en 741 millones el dinero saqueado, algo menos de los cerca de 800 millones que estima el PP. Más modesta es la Junta de Andalucía, que sitúa el fraude (tanto del caso de los ERE como el de cursos de formación) en 284,3 millones. Es la cantidad cuya devolución exigió formalmente la Consejería de Hacienda. Por el momento solo ha recuperado 16,5 millones, lo que supone algo menos del 4%.

Entre la pieza principal y las separadas del caso de los ERE se estima que el saqueo alcanzaría los 1.200 millones, tal y como publicaba hace unos meses El Español. Entre los beneficiados: empresarios, políticos, sindicatos…

El caso de Miguel
El PNV también tiene lo suyo. El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, puso de manifiesto hace unos días que la presunta trama delictiva liderada por el exdirigente del partido nacionalista Alfredo de Miguel reclamaba comisiones ilegales desde correos electrónicos oficiales y contaba con el amparo de “todo el establishment”.

Hay un total de 26 imputados por este caso y se estima que las comisiones ilegales solicitadas por los cabecillas se situaban en torno al 4 %.

Los casos del PP
Ignacio González sale de su casa detenido por varios agentes de la Guardia CivilSi el PSOE gana en cuanto a cifras, el Partido Popular se lleva la palma en número de casos de corrupción.

Resulta también complicado ofrecer una cifra exacta de todo lo defraudado en el marco de la Gürtel. El diario El Plural situó en 2016 la cantidad alrededor de 863 millones en base “las responsabilidades pecuniarias fijadas en los 10 autos de apertura para su celebración”.

La Púnica también ha centrado la actualidad en los últimos días con la declaración como imputada ante el Supremo de la senadora popular Pilar Barreiro. La murciana ha negado haber desviado dinero del Ayuntamiento de Cartagena y de la Región de Murcia para sus campañas personales de imagen.

La Sexta hablaba en 2015 de 500 millones defraudados en la causa que acabó con la presidencia de Pedro Antonio Sánchez y llevó a Francisco Granados a prisión.

Y por último está Lezo. El caso que llevó a prisión al expresidente madrileño Ignacio González y terminó con la imputación de Gallardón, ya amenaza el futuro político de Cristina Cifuentes. En el auto de prisión redactado por Eloy Velasco contra la cúpula directiva del Canal Isabel II se fijaba la cantidad desviada a paraísos fiscales en 23,5 millones de euros.

Puigdemont dio 200.000€ al digital que difunde los nombres de los policías nacionales del 1-O
M.A. Ruiz Coll okdiario 26 Enero 2018

Tan sólo durante los 22 meses de Presidencia de Carles Puigdemont, la Generalitat ha financiado con cerca de 200.000 euros al periódico digital independentista Directe.cat que difunde los nombres de agentes de la Policía Nacional que participaron en el operativo del 1-O.

El digital está editado por la empresa Catmedia Global, cuyo responsable es el ex diputado de ERC Joan Puig. El propio Oriol Junqueras –hoy en la cárcel, imputado por rebelión y sedición– dirigió el medio durante un año, hasta que fue elegido eurodiputado en las Elecciones Europeas de 2009.

Durante las últimas semanas, Directe.cat ha publicado varios reportajes en los que desvela todo tipo de detalles sobre el operativo policial del 1-O, en los que identifica a varios agentes de la Policía Nacional con su número de placa, cargo, nombres y apellidos. Algo que prohíbe expresamente la Ley 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana, como ha informado OKDIARIO.

El digital editado por el ex diputado de ERC Joan Puig se pone así al servicio de la estrategia de los independentistas que consiste en señalar, identificar y acosar a los miembros de las fuerzas de seguridad que actuaron bajo las órdenes de un juez para intentar impedir el referéndum ilegal del 1-O.

El 75% de sus ingresos son dinero público
Este medio, Directe.cat, ha recibido casi 200.000 euros de dinero público de la Generalitat durante los 22 meses de presidencia de Carles Puigdemont (desde enero de 2016 a octubre de 2017). Tan sólo en el ejercicio 2016, Catmedia Global recibió 61.881 euros en subvenciones de la Generalitat y otros 57.349 euros en forma de publicidad institucional, según consta en la Memoria de la Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional de la Generalitat. En total, casi 120.000 euros de dinero público en un año.

Esto significa que, en el ejercicio 2016, el 75% de los ingresos de Directe.cat procedieron del presupuesto de la Generalitat. En condiciones normales de mercado, sin esta inyección de dinero público, hace mucho tiempo que el diario independentista habría tenido que echar el cierre.

En 2017, el panorama ha empezado a cambiar, pero no demasiado. El Govern de Carles Puigdemont dejó atada el pasado mes de septiembre una resolución para regar de nuevo con dinero público a los diarios digitales de la región. Su huida a Bruselas para escapar de la Justicia dejó paralizada la tramitación de la convocatoria de ayudas. Finalmente se ha resuelto este mes de enero con un ligero recorte presupuestario, bajo la aplicación del artículo 155. Como consecuencia de ello, la subvención de la Generalitat a Directe.cat en la convocatoria de 2017 se ha recortado hasta los 22.673 euros.

En cambio, no parece que hayan descendido los ingresos del digital independentista en forma de publicidad institucional. Por el contrario, la Generalitat ha disparado progresivamente esta partida de gasto a medida que avanzaba el proyecto independentista, para asegurarse el respaldo de los medios de comunicación dopados con dinero público.
30 millones al año para ‘comprar’ medios

Si la Generalitat destinó en 2013 un total de 20,3 millones de euros a publicidad institucional (todavía bajo la presidencia de Artur Mas), esta cifra subió hasta los 22,7 millones en 2014, se disparó hasta los 30 millones en 2015 y finalmente ascendió a 30,7 millones en 2016.

Mientras la Generalitat acaparaba casi todos los fondos estatales del FLA, dado que su elevado nivel de endeudamiento le impedía obtener financiación en los mercados, seguía disparando el gasto en propaganda para que los medios subvencionados como Directe.cat respalden la aventura secesionista de Carles Puigdemont.

'Crónica Global', el primer sujeto público de la 'kale borroka' catalana
Las acciones violentas de la izquierda radical se suceden contra medios de comunicación, pero también contra partidos constitucionalistas
Manel Manchón cronicaglobal 26 Enero 2018

Un salto hacia adelante que rompe todos los esquemas y que puede conducir a una situación de grave violencia en Cataluña.

Crónica Global recibió en la madrugada de este jueves el ataque de la izquierda radical, con una acción vandálica firmada por Arran, una de las ramas juveniles de la CUP. Los actos se suceden. Es el cuarto en pocos meses. El medio digital es el primer sujeto público de un fenómeno que los dirigentes políticos catalanes no se atreven a diagnosticar ni a condenar, pero que tiene un claro componente de kale borroka, persistente, que se ha repetido contra partidos políticos constitucionalistas, y contra entidades que no defienden la independencia y que han buscado vías de entendimiento.

La acción de Arran, con martillazos que provocaron serios boquetes en los cristales de las instalaciones de Crónica Global, fue condenada por los partidos constitucionalistas, con muestras de solidaridad por parte del PSC, Ciudadanos y del PP. También ofrecieron su apoyo, con muestras de solidaridad, la Cambra de Comerç y Foment del Treball. Pero no sucedió lo mismo por parte de los partidos independentistas, ni tampoco por parte de las entidades soberanistas, aunque desde la dirección de Esquerra se produjeron mensajes de apoyo al medio de forma personal. Sin embargo, ERC no hizo ningún llamamiento público, y tampoco el PDeCAT. Silencio. También de los medios públicos.

Sí condenó el acto de violencia el Grup de Periodistes Pi i Margall, asegurando que se trata de un ataque que pretende "amedrentar" a los periodistas que trabajan por "la libertad y la democracia en Cataluña".

Inspirados en el País Vasco
La kale borroka de Arran, y de otros grupos relacionados con la CUP, sigue impune, con un fenómeno totalmente nuevo en la política catalana desde el inicio del proceso soberanista. Y es que tanto el PDeCAT como Esquerra Republicana han negociado y pactado con los antisistema sin ningún problema, a pesar de esos ataques a medios de comunicación, partidos y entidades, lo que supone una violación frontal contra la libertad de expresión y contra la democracia, que, paradójicamente, dicen defender la CUP y la propia organización Arran.

La rama juvenil pintó en la fachada de Crónica Gobal una supuesta defensa de la democracia: “Il·luminem la foscor, ofeguem el feixisme” (iluminemos la oscuridad, ahoguemos el fascismo), junto a boquetes logrados con martillos, como muestran las propias imágenes que recogieron las cámaras de seguridad del medio de comunicación.

Es decir, los partidos que han formado parte del sistema, dentro del proyecto nacionalista, han incorporado sin rubor a la CUP, que ampara y apoya acciones violentas con una clara inspiración en las acciones de la izquierda abertzale en el País Vasco.

Los ataques de kale borroka se han sucedido contra distintas sedes de Ciudadanos, contra la nueva sede del PSC en el Poble Nou, contra el PP y contra entidades como Empresaris de Catalunya. También se produjeron actos claramente inspirados en el movimiento que tuvo una gran incidencia en el País Vasco contra los autobuses turísticos en Barcelona, el pasado verano.

Las 'gracias' de Quim Arrufat
¿Hay algún tipo de reacción desde la Administración catalana y por parte de los dirigentes políticos independentistas? Apenas nada. Las acciones de Arran o de otros colectivos de la izquierda radical independentista salen gratis, y han comenzado a erosionar el sistema democrático en Cataluña. Tampoco la llamada sociedad civil se manifiesta, conducida por el nacionalismo durante décadas.

En el caso de Crónica Global se trata del cuarto ataque. Mientras las muestras de solidaridad de personalidades y de partidos y entidades constitucionalistas se sucedían, uno de los dirigentes con más ascendencia en la CUP, Quim Arrufat, se permitía el lujo de criticar a los Mossos d’Esquadra por una información en la que se señalaba que los agentes prohíben a los CDR (comités de defensa de la república) de Tarragona protestas en grupos de más de 19 personas.

“No hace gracia, no es ningún chiste. Es franquismo. Su esencia más ridícula, sí, pero franquismo”, aseguraba en su cuenta de Twitter. Pero ni un solo mensaje de condena al acto vandálico firmado por Arran. En cambio, la propia organización, Arran, difundió un comunicado en su cuenta de Twitter reivindicando el acto, y asegurando que actuará en "contra del fascismo".

El interés de Arrufat por los CDR es sintomático. El politólogo Gabriel Colomé asegura que esos comités lo que pretenden es señalar por todo el territorio a los que no defienden las tesis independentistas y de izquierda radical de la CUP, y que, por ello, graban sus acciones, como ha ocurrido en el caso de la acción violenta contra Crónica Global.
Acciones violentas y el silencio cómplice

Ese silencio del mundo nacionalista, de los medios públicos, ha comenzado a ser moneda corriente, con lo que se achica la democracia en Cataluña, aunque se insista en que sólo son actos esporádicos.

La voluntad de una parte de la sociedad catalana de llevar adelante un proyecto rupturista, sin tener mayorías sociales para poderlo hacer, violentando la ley, puede provocar un efecto que ya tiene claros síntomas: una violencia de baja intensidad, por ahora, que puede ir a más en función de la frustración de sectores que han estado muy movilizados durante el proceso soberanista.

Colomé alerta sobre ese peligro: “Es de manual, la frustración provoca irritación, primero, y violencia después, y todo eso está pasando en Cataluña, con una cuestión añadida y es el silencio de todos aquellos que no condenan ni mueven nada para pararlo”.

Hoy es un acto contra una sede de un medio de comunicación. Mañana…


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