AGLI Recortes de Prensa   Martes 30  Enero 2018

Repetición, pesadilla
Gabriel Albiac ABC 30 Enero 2018

La repetición nos desazona. Necesariamente. Porque es un imposible metafísico. Nada retorna. Nunca. Bien que quisiéramos que así no fuera. Detener el tiempo es la añoranza que tiñe de pérdida nuestro presente, siempre en fuga. Retornar a lo perdido, hacer girar atrás la rueda del tiempo es la exigencia imposible que las más distantes geografías recogen en sus leyendas. En todas ellas, la repetición, la vuelta al punto de partida, es algo que los dioses vetan a los humanos. Toda repetición es ficticia. Toda repetición degrada la grandeza -positiva o negativa, no importa- de lo que pone en una escena cada vez menos creíble, en un teatro cada vez más apolillado. La tragedia retorna en farsa.

El triste clown de un circo desvencijado despliega hoy, bajo el cielo gris de Flandes, gestos grandilocuentes que le hagan evocar el único instante épico de su vida, aquel en el que fantaseó ser alguien: la noche del Parlamento Autónomo Catalán, en la que proclamara la independencia, justo antes de poner pies en polvorosa. La repetición, lo de ahora, no es el recuerdo, es la taponadura de un básico remordimiento ante lo hecho y ante lo no hecho: ante el gesto heroico llamado a convertirlo en padre de una nueva patria; también, ante la viscosa textura del demasiado pusilánime para cargar con el coste que un gesto de tal dimensión arrastra.

En octubre, Puigdemont y los suyos pusieron a España al borde de la guerra civil. Sin retórica alguna: declaración unilateral de independencia y guerra civil son sinónimos. En el momento crítico, resultaron ser demasiado cobardes para afrontar el coste. Por asombroso que parezca, tan convencidos estaban de su absoluta superioridad sobre un pueblo de cafres norteafricanos, que ni pareció pasárseles por la cabeza que aquellos subdesarrollados españoles pudieran hacer frente al dictado soberano de unos supremacistas catalanes. El choque con la realidad fue duro. Se vinieron abajo. Los menos dados a sentimientos de vergüenza huyeron lo más lejos posible del alcance de la ley. Y Puigdemont dio el ejemplo primoroso del capitán que, desde puerto salvo, entona la elegía por los hombres a los que abandonó a bordo del navío que ve hundirse en altamar. Desde lo del Capitán Schettino con el «Costa Concordia», no se había visto una cosa igual. El espectáculo de una presidenta del parlamento catalán, llorando a lágrima viva por pasar una noche en la cárcel, no fue muchísimo más edificante.

¿Por qué repetir otra vez aquel mismo bochorno ahora? Cualquier lector de Freud conoce la respuesta: para no recordarlo. Porque el recuerdo de tanta villanía moral cuanta se acumuló en ese octubre es algo a lo cual ni aun el menos moralmente escrupuloso podría sobrevivir: el jefe huido, sus lugartenientes encarcelados y procesados, Mas lloriqueando por el embargo de su piso… No hay sainete, por extremo que sea, capaz de dar escena a tanta ignominia. Repetir les salva ahora de pensar; trueca en presente el pasado. Es la lógica de las pesadillas.

Encaje de bolillos
Ignacio Camacho ABC 30 Enero 2018

Ingeniería jurídica. Los magistrados del Constitucional han hecho una filigrana de diseño para construir puentes sobre un río revuelto. Las aguas las había agitado el presidente del Parlamento catalán en sumisa complicidad con Puigdemont, y el Gobierno se lanzó a ellas a ciegas, obnubilado por un ataque de nervios. El recurso preventivo contra el pleno de investidura, descartado pocos días antes por Rajoy en Onda Cero, era una medida a la desesperada que ponía a prueba los límites del Derecho. Pero si en cualquier litigio de política convencional una sentencia en contra representa un revolcón del Gabinete, en el conflicto catalán supone un fracaso del Estado entero. Para eludirlo, los miembros del Alto Tribunal han tenido que echar mano de todos sus recursos de expertos. Se han ganado el sueldo; tras ocho horas de debate no sólo han evitado que los independentistas saboteen las instituciones desde dentro sino que han logrado preservar su propia unanimidad con un dictamen de consenso.

El fallo del TC es un paradigma de arbitraje creativo. Un encaje de bolillos para evitar que el nacionalismo agrandase su delirio. La investidura delegada o a distancia es un sindiós, un despropósito, un desvarío, pero jurídicamente estaba, o lo parecía, en el vacío legal de un supuesto imprevisto. Un limbo. La solución encontrada impide a Puigdemont aprovecharse de la ambigüedad de la letra de la norma para retorcer su espíritu. Le cierra todos los resquicios: o acepta presentarse ante el juez, y con seguridad ir a la cárcel, o tendrá que continuar huido. Ni desaira al Consejo de Estado ni otorga al Gabinete la solicitada del pleno pero evita sus efectos nocivos y, sobre todo, salva el riesgo de que las garantías de la Constitución sirviesen para dejarla inerme ante sus enemigos.

Los nacionalistas tienden a olvidar que el Estado no consiste sólo en el Gobierno. Que existen otras instituciones -la Corona, los tribunales, los partidos, el Congreso- con energía y determinación suficientes para afrontar su reto. Se han acostumbrado a impostar lealtad a unas normas que luego ha ido pacientemente subvirtiendo. Han desoído sentencias desfavorables, han tergiversado las favorables y por último han tratado de construir su propio ordenamiento, bien mediante la desobediencia abierta, como en otoño, bien tratando de explotar ciertas lagunas legales para refugiarse en ellas como si fuesen agujeros negros. La candidatura telemática era algo más que eso: se trataba de una nueva humillación, una burla, un flagrante desprecio. No podrá ser porque el Constitucional ha parado el golpe a base de estrujarse el cerebro. La Moncloa rozó el descalabro con una iniciativa poco madurada, improvisada a destiempo; durante 24 horas de zozobra y de choque de legitimidades hubo peligro de gol en propia puerta pero el portero, que para eso está, ha reaccionado con reflejos.

‘Puchi’: GAME OVER
Alfonso Merlos okdiario 30 Enero 2018

Está más muerto que vivo, sin ser del todo consciente. El oxígeno político artificial que ha recibido de las secuelas del 21D lo ha confundido con el futuro que le depara la presunta comisión de una pila de delitos, de los más extremos que un representante público puede perpetrar “en” y “contra” la democracia: pura y obscena agresión. Va de suyo que un rebelde de su calaña con causa enteramente perdida agote todos los instrumentos propagandísticos y partidistas para encaramarse al sitio al que nunca podrá llegar; está en bastante más que su pueril recurso a la pataleta y al rechinar de dientes, sin duda. Pero es de nivel de parvulario pensar en paralelo que, en medio del pulso que le está intentando jugar al Estado de derecho, prevalecerá y no terminará aplastado por las leyes y achicharrado por el calor sofocante de un ordenamiento jurídico que con su implacable calor —a veces aplicado a fuego demasiado lento— abrasará a los sediciosos y los reducirá a brasas hasta su irrevocable consumo.

Seguramente si metepatas como el señor Iceta no hubieran lanzado la peregrina idea de que los golpistas merecían algún tipo de amnistía, no hubiese cuajado con tanta fuerza en los separatistas la convicción absurda —por impracticable— de que merecen inmunidad e impunidad y, lo peor, que la tendrán. Porque es cierto que el informe del Consejo de Estado se convirtió de forma inesperada y aislada en un auténtico balón de aire en favor de los insurrectos y en puro veneno para los intereses y el plan del Gobierno, aunque a veces parezca que carece de él. Pero el conjunto de las instituciones más altas y decisivas en su actual papel, incluido y casi empezando por el Tribunal Constitucional, no han hecho sino desplegar toda la fuerza del sistema contra sus burladores: episódicamente pero sin tregua y con escasas reservas.

Game Over. El juego ha terminado para un Puigdemont que no encuentra la salida del laberinto porque él mismo, en su cobarde fuga, cerró la puerta y se comió la llave. Sólo así, en una ultimísima tentativa a la desesperada, se entiende la presión de corte chantajista que está introduciendo en quienes gobiernan el Parlamento de Cataluña para que prevariquen, para que no se separen de la senda de la desobediencia que alumbró aquella Forcadell que —antes de abrazar la rojigualda en presencia del juez— había dado con sus huesos en la cárcel, porque era el único destino posible y merecido derivado de sus gamberros actos.

El nacionalismo es una inflamación del egoísmo colectivo. Pero especialmente cuando sus postulados son llevados al paroxismo y a la más absoluta, irreversible e innegociable radicalidad, se transforma en una suerte de autismo suicida. Da igual que ‘Puchi’, como el mono de wasap, se tape los oídos, o los ojos, o se frote las manos delante de la boca soplando y ufanándose de que sus pintorescas triquiñuelas y cómicas argucias están avanzando frente al retroceso del adversario. Es un espejismo, una ilusión del momento. Cuando llegue el final de esta crisis de Estado, baje la marea, remita la fuerte marejada y el oleaje ceda frente a la calma chicha, se verá, para su propia desgracia, que nadaba desnudo. El ridículo será aún mayor que el que hoy apenas aflora.

Rajoy debe reaccionar
OKDIARIO 30 Enero 2018

El toque de atención de Francisco Fernández Marugán al Gobierno es muy pertinente. El Defensor del Pueblo denuncia de manera congruente la imposición ideológica que los independentistas están efectuando en Cataluña. Ante eso, Fernández Marugán pide más implicación por parte del Ejecutivo. Algo que, a tenor de la reiteración de los golpistas en el ponzoñoso adoctrinamiento, tanto el presidente Mariano Rajoy como su equipo deberían considerar muy en serio. Cataluña no puede estar abandonada a su suerte mientras unos pirómanos de la política intoxican, mienten y manipulan a través de las instituciones de la comunidad autónoma y a pesar de la aplicación del artículo 155. No es de extrañar que este economista y observador social muestre una gran “preocupación respecto de la objetividad y neutralidad de las autoridades públicas en Cataluña”.

El problema en la región no es nuevo. El independentismo ha hecho del lavado de cerebros la dinámica civil habitual durante las últimas décadas. No obstante, y tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, ciertos vicios han aflorado ante la mirada del gran público hasta provocar un grandísimo estupor en toda España. En la larga nómina de agravios, la manipulación de menores es sin duda lo más lacerante. Así lo expresa también Francisco Fernández Marugán, preocupado especialmente por el hecho de que se haga “en el ámbito educativo”. Algo que hemos condenado repetidas veces en OKDIARIO. En la falta total de escrúpulos por parte de los sediciosos, el nivel más alto de perfidia se alcanza cuando los niños son utilizados como meros reclamos electoralistas y propagandísticos.

En este periódico hemos denunciado en numerosas ocasiones que los niños han sido utilizados para vender lazos amarillos a favor de los golpistas, cantar consignas en los colegios e incluso como escudos humanos en manifestaciones o cortes de carreteras. Una realidad perversa en la que debe intervenir el Gobierno extremando las inspecciones y vigilancias, pero no sólo ellos, también la Fiscalía de Menores. Por desgracia, y a pesar de ser el sector más débil, los menores de edad no son los únicos adoctrinados. Dicha práctica tiene como objetivo a todos los catalanes. TV3, pagada con el dinero de los contribuyentes, sirve de altavoz y pantalla para promocionar las veleidades golpistas. Cuando no queman un ejemplar de la Constitución en directo, aparece una presentadora con una camiseta con la cara de un huido de la justicia como Carles Puigdemont. Ejemplo de lo que nunca se debería hacer con un organismo público. Algo que el Gobierno tiene que controlar, inspeccionar y sancionar en el caso de que, como hasta ahora, transgredan y violen los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Desafío separatista: desastrosa gestión de Soraya Sáenz de Santamaría
EDITORIAL  Libertad Digital 30 Enero 2018

Es indudable que Soraya Saénz de Santamaría ha desempeñado un papel fundamental en la gestión gubernamental de la crisis separatista. Todo lo que se ha hecho en relación con el proceso golpista ha tenido el impulso directo o el aval de la vicepresidenta, convertida jurídicamente y por la vía de los hechos en presidenta de la Generalidad hasta la constitución de un nuevo Ejecutivo regional.

La número dos de Rajoy, que pasa por ser poco menos que una fuera de serie en el ámbito jurídico-administrativo, ha quedado completa y bochornosamente en evidencia en los últimos días. Reacia, al igual que, por supuesto, Mariano Rajoy, a tomar decisiones políticas de calado y gravedad, las dos figuras más importantes del Gobierno han dejado al Estado al albur de las circunstancias y dejado a los golpistas llevar la iniciativa; hasta que la Justicia, no el Gobierno, ha comenzado a ponerlos en su ominoso lugar.

Con su dejación de responsabilidades, su inacción y su delegación en jueces y fiscales, el Gobierno de Santamaría y Rajoy ha convertido al PP en una fuerza muy poco fiable para quienes lo han votado alguna vez: no es de extrañar que se desplome en las encuestas. A pocas horas de que el Parlamento regional de Cataluña vuelva a ponerse fuera del orden constitucional, el Gobierno de la soberbia e implacable con quien y cuando no debe Santamaría fía toda la respuesta del Estado a los magistrados del Alto Tribunal, a los que se somete como último recurso y tras recibir una sonora bofetada del Consejo de Estado. Qué patético espectáculo del Gobierno de los Abogados del Estado.

En el seno del Partido Popular encuentran cada vez más eco las críticas a la gestión de Santamaría, especialmente por la crudeza de los pronósticos electorales. El batacazo del PP en Cataluña, que puede anticipar una futura debacle en el resto de España, es algo que el PP tiene que agradecer a la vicepresidenta por su infausto manejo de la crisis separatista. Una crisis que, a partir de mañana, y a la vista de la ejecutoria de Santamaría y Rajoy, puede perfectamente agravarse.

El PP de hoy no está a la altura de sus muertos
Pedro de Tena  Libertad Digital 30 Enero 2018

Se cumplen veinte años del miserable asesinato de Alberto Jiménez Becerril, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y su esposa, Ascensión García Ortiz cuando volvían a su casa tras estar reunidos con compañeros y amigos en un bar del centro próximo a la Giralda. Temprano madrugó la madrugada del día 30 de enero de 1998. Seguramente el objetivo de los sicarios no eran ellos, pero se trataba de matar a gente del PP, a quiénes fuera y cómo fuera. Era el partido del gobierno. Representaba en el País Vasco y Cataluña una bandera nacional de una estatura moral considerable con Jaime Mayor Oreja, María San Gil, Carlos Iturgáiz…y muchos otros no tan relevantes pero dispuestos a morir si hacía falta. Los mataban y mataban, los volvían a matar y su convicción democrática y su sentido de España no decaía ni exigían ni perpetraban la ley del Talión ni se arrodillaban. Los criminales sabían que el PP andaluz era el consuelo y el refugio de muchos militantes y dirigentes del PP vasco. Se trataba de intimidarlos vía Andalucía.

Veinte años después, el asesinato de Alberto y Ascen sigue siendo una referencia identitaria de aquella actitud íntegra, noble y decente que por entonces representaba aquel PP. Pero ni en Andalucía ni en el resto de España, el PP es lo que era y hoy, cuesta decirlo, no está a la altura de sus muertos. Me refiero al PP oficial, a la estructura de partido, al inmenso bubón burocrático y aparatista que ha terminado degenerando su causa y sus fines. Debe dejarse al margen a un electorado y a unos afiliados que, en Andalucía han sido crecientemente resistentes, valerosos y respetuosos con los valores y comportamientos democráticos. Camino llevan de estar casi cuarenta años en la oposición al régimen implacable del PSOE andaluz que les ha llamado de todo, desde fascistas y franquistas a señoritos y capitostes y que los han dejado fuera de todo lo que han podido. Lo único que va a lograr desvencijarlos es el comportamiento de sus prebostes.

Aquel PP era admirable. Tanto que llegó a conseguir que muchas personas que en nuestra juventud estuvimos en la órbita intelectual y sentimental de las izquierdas, hartos de mandonismo y corrupción de un PSOE incapaz de regenerarse y regenerar nada, depositáramos nuestras ya tísicas esperanzas en su gobierno de 1996. No fuimos ni dos ni tres. Fuimos muchos. El libro de Javier Somalo y Mario Noya, Por qué deje de ser de izquierdas, es un buen resumen de aquel clima de cambio, de aquel atreverse a las claras, superando calumnias y falacias sin cuento, a apoyar a un PP honorable, decoroso y con altura de miras como forma de reconducir la ya bastante enferma democracia española. Y lo hicimos.

Pero, al borde inminente del veinte aniversario del asesinato de Alberto y Ascen, puedo certificar, por mi mismo y por las personas que hicieron lo que yo en aquellos años, que el nuevo PP, el PP que siguió a los atentados del 11-M de 2004, fecha crucial, ya no está a la altura ni de España ni a la de sus propios muertos. No podría describir con precisión cómo ha ocurrido, pero estoy completamente seguro de que el aquel PP moderado, reformista y digno, con sus defectos y tics, que los tenía, ha sido suplantado por un PP paralítico, inmovilista y, ya en demasiadas ocasiones, indigno y corrupto.

Descansen en paz, Alberto y Ascen, con todas las víctimas, y volvamos a atrevernos, por todos ellos, los asesinados por los enemigos de la nación y de la democracia, a encontrar nuevas vías para la regeneración que necesitamos.

El Defensor del Pueblo denuncia la pasividad del Gobierno ante el adoctrinamiento en Cataluña
Borja Jiménez okdiario 30 Enero 2018

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy a que acentúe su actividad inspectora y supervisora en Cataluña dada la falta de neutralidad y politización por parte de las autoridades públicas de la Comunidad en sus celebraciones populares.

En una misiva del diputado del Parlamento Europeo Enrique Calvet, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el organismo ha respondido condenando el uso político de las Instituciones catalanas en distintos actos públicos, como la Cabalgata de Reyes, y dando ‘un tirón de orejas’ al Ejecutivo por su pasividad.

Calvet envió una carta al Defensor del Pueblo el pasado 9 de enero en el que expresaba su “preocupación respecto de la objetividad y neutralidad de las autoridades públicas en Cataluña”, haciendo mención de “la utilización política y partidaria de varios municipios catalanes en la organización de la Cabalgata de Reyes”.

El Defensor del Pueblo, en su respuesta, expone que “el servicio objetivo a los intereses generales, la neutralidad exigible en la organización de las celebraciones populares ajenas a la acción política y el respeto al público infantil (…) deberían bastar para impedir” la utilización de celebraciones “con fines políticos por parte de las autoridades organizadoras”.

“Las posibles acciones de adoctrinamiento dirigidas a menores por parte de autoridades o administraciones públicas en Cataluña, especialmente en el ámbito educativo, han dado lugar a la intervención de esta institución”, condena el Defensor del Pueblo, que ha instado al Gobierno a acentuar “su actuación inspectora y supervisora para garantizar la objetividad en la prestación de los correspondientes servicios y los derechos de los ciudadanos”.

Así, la carta de la institución, órgano de relevancia constitucional, concluye agradeciendo al eurodiputado Enrique Calvet su advertencia y con la ‘amenaza’ de que cumplirán con su “misión de garantía de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución”.

Francisco Fernández Marugán sucedió a Soledad Becerril, como Defensor del Pueblo el pasado verano. Nacido en Cáceres el 6 de octubre de 1946, fue nombrado Adjunto Primero en julio de 2012 y ha sido diputado en ocho legislaturas. Es economista por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Economía Pública y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y de Inspectores de Hacienda.

Ja, ja, ja. ¿Defensor ?
Nota del Editor  30 Enero 2018

Se preocupan de la Cabalgata de Reyes, y ni mu de la inmersión lingüística, o sea de la conculcación de los derechos humanos y constitucionales de los español hablantes. Hay que tener mucha cara y una absoulta falta de venguenza. Hace ya muchos años que en estas páginas decíamos: ¡ A las armas, que viene el defensor del pueblo !.

EN ZARAGOZA
Atacan la tienda de Víctor Laínez, asesinado por lucir la bandera de España
La Gaceta  30 Enero 2018

Los antifascistas pintaron en la puerta la palabra ‘Antifa’ y ZGZ (Zaragoza).

Un grupo de radicales de izquierdas atacó este fin de semana un negocio que tuvo abierto en Zaragoza Víctor Laínez, el hombre asesinado, presuntamente, por Rodrigo Lanza el pasado 8 de diciembre por el mero hecho de lucir unos tirantes con la bandera de España.

La tienda, que se dedicaba al mantenimiento e instalación de aires acondicionados, había cerrado meses antes de su muerte, pero aún conserva un cartel con el nombre del asesinado. El ataque, que se ha difundido a través de las redes sociales, dejó secuelas en la fachada y en la cristalera, pues los radicales pintaron en la puerta la palabra ‘Antifa’ y ZGZ (Zaragoza).

Desde su detención, Lanza ha recibido apoyos de los sectores más radicales del panorama nacional. Hace unos días, los Bukaneros colocaron en las inmediaciones del estadio de Vallecas una pancarta a favor del presunto asesino.

Lanza es un viejo conocido de las autoridades policiales. El hombre de 33 años fue condenado a cinco años de cárcel por arrojar una piedra a un agente durante un desalojo okupa en Barcelona en 2006.

Los sucesos por los que fue condenado tuvieron lugar durante una pelea tras una fiesta okupa. Entonces Lanza, de nacionalidad chilena, arrojó una piedra que dejó al agente en estado vegetativo.

Mariana Huidobro, madre del violento antisistema de origen chileno, grabó un documental sobre los disturbios en Barcelona en 2006. Huidobro y Lanza trataron de defender la inocencia de este último a través del corto asegurando que se trataba de un montaje policial y judicial. También acusaron a los agentes de haber torturado a los presos.

‘Quiero venganza’
En el citado documental, que fue emitido por TV3, Lanza no tiene reparos en admitir sus deseos de venganza y su odio hacia las fuerzas del orden. “Yo busco venganza, yo lo tengo claro. La justicia ha perdido sentido y yo me voy a vengar de todo esto. Voy a hacer algo para volver a sentirme bien y lograr algo de equilibrio”.

La hija del edil de C’s a la que los separatistas destrozaron el coche: “Me quieren callar y señalarme”
Raquel Tejero okdiario 30 Enero 2018

María es hija de uno de los concejales de Ciudadanos en Gerona, además es militante del partido naranja. Por ello, radicales independentistas han atacado tres veces su coche. Siempre de noche.

OKDIARIO ha hablado con ella para conocer su historia.

P. ¿Qué es lo que te ha pasado, María?
M. El día 22 por la noche, sufrí un incidente. Me di cuenta por la mañana cuando fui a llevar a la niña al colegio de que me habían hecho una inscripción en la puerta del copiloto con las siglas ‘CAT’. Lo tenía aparcado cerca de mi casa. Al día siguiente, voy a llevar otra vez a la niña y amanece el coche lleno de pintadas de lazos. Seis lazos amarillos por todo el coche. En la otra puerta, las siglas de CAT. Esta mañana, las dos ruedas las tenía rajadas…de 10 a 12 cm.

P. Es hija de un concejal de Ciudadanos ¿Crees que esto es consecuencia directa de ello?
M. Totalmente. Además, en campaña yo estuve trabajando para Ciudadanos y yo llevaba la furgoneta de Ciudadanos. El primer día me rayaron la furgoneta. Me insultaban y me llegaron a escupir.

P. ¿Te tenían localizada?
M. Sí. Este coche lo llevo hace quince días porque es de mi madre y no lo llevo habitualmente, o sea que es alguien que me tiene localizada. Una vez puede ser por un calentón, dos veces…¿pero tres? Ahí hay un motivo.

P. ¿Cómo te sientes ahora?
M. Preocupada porque son tres veces y me preocupa porque dedicarse tres veces a hacer eso es mucha molestia y ya me preocupa porque es algo más que hacer una gamberrada. Me quieren callar y quieren señalarme y que coja miedo.

P. ¿Qué pretenden con este tipo de acciones?
M. Quieren que me calle y no hable. Quiero defender la unión y la democracia y que cada uno tenga la libertad de expresarse. Eso no gusta. Aquí solo se puede pensar de una manera.

P. Recuerda un poco a los peores momentos del País Vasco, donde se perseguía no solamente a los políticos sino a sus familiares.
M. Totalmente. El símbolo de los lazos en el coche…Es como un símbolo para señalarme. De momento han sido daños materiales y esperemos que no vaya a más

P. ¿Se te ha pasado por la cabeza abandonar Gerona?
M. No me voy a ir . Si nos pasa esto y nos escondemos…No puede ser. Hace mucha falta seguir luchando.

Un partido de ladrones y asesinos
Pío Moa Gaceta.es 30 Enero 2018

Con ruego de máxima difusión:

En 1917, el PSOE se estrenó contra un régimen liberal que le permitía organizarse, hacer propaganda, presentarse a las elecciones generales y haber ganado ya algunas municipales. Y se estrenó en compañía de anarquistas y republicanos radicales, mediante una huelga insurreccional en la que ya practicó actos de terrorismo. Juzgados sus dirigentes, al poco estaban en las Cortes despotricando contra quienes les permitían tales cosas.

El PSOE aprovechó la desgracia de Annual para volverla, sin reparar en demagogias, contra el régimen liberal, contribuyendo, en alianza de hecho con los separatismos vasco y catalán, y el terrorismo anarquista, a destrozar un sistema de libertades. El resultado inmediato fue la dictadura de Primo de Rivera, y dentro de esa dictadura, el PSOE no solo fue permitido, sino que colaboró a fondo con ella.

Llegada la república, el PSOE pasó pronto de una posición reformista a otra revolucionaria, lo que en la práctica fue esto: terrorismo y preparación de la guerra civil (textualmente en sus palabras) y finalmente lanzamiento de la guerra, en octubre de 1934, con propósito reconocido de implantar un régimen de estilo soviético y ocasionando 1300 muertos en solo dos semanas. Detenidos varios de sus dirigentes y puesto en libertad el principal de ellos, Largo Caballero, por “falta de pruebas”, organizó una gigantesca campaña internacional de falsas acusaciones de torturas y terror, inventadas casi todas ellas, contra quienes habían defendido la legalidad republicana frente a su asalto.

Y poco después, en 1936, después de unas elecciones manifiestamente violentas y fraudulentas, los golpistas revolucionarios salieron en libertad convertidos en héroes. Y nuevamente volvieron a las huelgas salvajes que destrozaron en pocos meses la economía elevando el paro a más de un millón de personas, al paso que practicaban un intenso terrorismo que causó cientos de muertos y de incendios en solo cinco meses, culminando con el asesinato del jefe de la oposición, Calvo Sotelo, que desencadenó la continuación de la guerra civil empezada por el PSOE en 1934. Todo ello, como siempre, en nombre de “los intereses del proletariado” que afirmaba defender.

Durante la guerra, el PSOE se distinguió por tres cosas: la entrega de las reservas de oro de España a Moscú (lo hizo el PSOE, no los comunistas), con lo que convirtió a Stalin en árbitro y jefe de hecho del Frente Popular; la proliferación de chekas o cárceles de partidos (las había también anarquistas, comunistas y separatistas) en las que fueron torturadas, robadas y asesinadas miles de personas; y el robo organizado y sistemático de bienes nacionales y particulares, con saqueo del patrimonio histórico-artístico, de las cajas de seguridad de los bancos y hasta de las alhajas de la gente humilde en los montes de piedad. Por cierto que la destrucción de obras de arte valiosísimas y de bibliotecas y archivos fue otro rasgo de estos apóstoles de “la cultura”.

Me gustaría señalar que todo lo dicho hasta ahora y lo que continuará, no son acusaciones de panfleto, como los de la “memoria histórica”, sino hechos plenamente documentados, que he investigado y analizado en mis libros sobre la guerra civil, sin poder ser desmentido por ningún “memorioso histórico”.

Al terminar la guerra, los líderes socialistas, con alguna mínima excepción, huyeron al exterior con el producto de sus saqueos, dejando que se las compusieran como pudieran sus sicarios, muchos de los cuales fueron capturados por los nacionales y fusilados. Caerían algunos inocentes, pero la gran mayoría habían cometido crímenes realmente sádicos.

Después de la guerra, el PSOE dejó de hacer oposición significativa al régimen de Franco, salvo intrigas de sus jefes exiliados (y algunos enriquecidos con el botín sacado de España, que motivó agrias polémicas entre Prieto y Negrín) en otros países. Es ahora cuando “luchan” contra el franquismo a base de calumnias e invenciones.

Cuando el pueblo español decidió en referéndum la transición a la democracia, de la ley a la ley, contra el deseo de la oposición de enlazar con la “democracia” y las “libertades” del Frente Popular, el PSOE se presentó, con un descaro absoluto, como el partido de los “cien años de honradez y firmeza”. Ni un solo año de honradez, y su firmeza consistió en la cobardía ante el franquismo. La oposición real a Franco siempre fue comunista y/o terrorista. El PSOE solo ha sido capaz de ejercer su demagogia delictiva en regímenes de libertades, corroyéndolos.

–Un momento, usted no puede decir que todos los socialistas son ladrones y asesinos
–Ni puedo decirlo ni lo digo. En el PSOE ha habido personas decentes un tanto ingenuas, que creían la retórica marxista, o eso de que el partido defendía a los obreros, y similares. Un ejemplo típico fue el de Besteiro, que pasó de una actitud de energúmeno en 1917 a otra moderada y democrática en la república. Y que por esa razón fue apartado de toda influencia real por los nuevos energúmenos guerracivilistas de 1934, sin tener el coraje de marcharse de semejante partido, lo que motivó su condena al terminar la guerra. Besteiro reconoció al final que el PSOE había sido el gran culpable por dejarse arrastrar al bolchevismo.

La demagogia típica de ese partido consiste en presentarse como defensor de los obreros o de “los de abajo”, ahí, de la mujer, de los jóvenes o de quien se tercie. Su defensa de los obreros la marca el desempleo masivo: en el Frente Popular, más de un millón de parados, con Felipe González, tres millones; con Zapatero, cinco millones. Pero estamos acostumbrados a que los datos de la realidad no digan nada a muchas personas. Y ha habido y quizá siga habiendo en ese partido iluminados y gente bienintencionada. Pero los hechos reales del PSOE son los que he resumido aquí brevísimamente, lo que prueba que la línea ha sido marcada siempre por los más violentos y totalitarios. Solo podría excluirse la época de la dictadura de Primo de Rivera, cuando adoptaron una posición moderada y colaboradora, o el franquismo, cuando simplemente tuvieron la decencia de no hacer casi nada; incluso, hasta cierto punto, la de Felipe González. Es muy triste decir que uno es un socialista honesto y bienintencionado y al mismo tiempo negarse a conocer la historia real del propio partido.

–¿Dice usted que el PSOE no ha cambiado en la democracia?
–No ha cambiado en lo esencial. En primer lugar, porque nunca ha hecho la menor autocrítica de su terrorífico pasado, sino que se jacta de él; y en segundo lugar porque pronto inundó la democracia de corrupción, practicó al mismo tiempo el terrorismo de gobierno y la connivencia con la ETA y con los separatismos, hasta que, con Zapatero, creyó posible volver al Frente Popular, es decir, a las amenazas totalitarias y de disgregación del país, amenazas siempre combinadas y hermanadas. Uno de sus aspectos fue la ley de memoria histórica, una ley de exaltación de los chekistas como “víctimas” llenas de “dignidad” y necesidad de reparación moral y económica, y no sé cuántas cosas más, ley de falseamiento totalitario de la realidad histórica, de destrucción de la democracia, porque en ninguna democracia la historia es decidida por un partido en el poder: solo puede atreverse a tal cosa un partidos de ladrones y asesinos. Y hay que decir que el PP lo ha secundado muy activamente, fingiendo al principio una oposición de chiste malo.

Pues bien, ahora ese partido presenta un proyecto de ley que retuerce aún más la nefasta ley anterior. Un proyecto de tipo bolivariano o soviético, anticonstitucional porque vulnera el más elemental derecho, reconocido en la Constitución, a la libertad de opinión y expresión, de investigación y de catedra; antidemocrático, porque pretende que los votos le dan derecho a decidir la realidad de la historia e imponerla por la fuerza a la población, con amenazas de cárcel y multas a los discrepantes; antihistórico, porque su visión de la historia es la falsificación sistemática de ella. ¿Qué partido podría atreverse a proponer semejante ataque frontal a la libertad de los españoles y a las normas más elementales de respeto a la verdad y a la convivencia? Pues justamente un partido con el historial totalitario, hispanófobo, de violencias y robos como el que lo ha hecho. Hay que decir esto porque es la verdad, y cuando la verdad evidente se oculta con eufemismos y divagaciones, la política se convierte en una farsa y la convivencia en paz y en libertad se evapora.

Hay otro aspecto en este proyecto criminal, y es el momento en que sale: cuando el golpe del separatismo catalán ha suscitado una fuerte reacción patriótica que ningunos de los partidos actuales esperaba ni mucho menos deseaba. En el programa de ellos es prioritario reconducir a la nada esa reacción, que ven como una amenaza a sus posiciones y privilegios. Y la forma que se la ha ocurrido al PSOE es esa: desviar la atención con una estafa sobre el franquismo que hasta ahora le ha dado buenos resultados. Pero que no debe dárselos más. De todos los que aman la libertad depende que ese ataque, ese nuevo asalto a la legalidad y la democracia fracase. Es preciso movilizarse.
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Companys y Azaña:
https://www.youtube.com/watch?v=C123_LXuroE&t=3s

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Insumisión y vuelta a las hostilidades.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 30 Enero 2018

ES FÁCIL EXIGIR A OTRO QUE SE SACRIFIQUE, LO INCREIBLE ES QUE ACEPTE EL MARTIROLOGIO. EL INDEPENDENTISMO OBLIGADO A ELEGIR ENTRE EL PRAGMATISMO Y LA RADICALIDAD.

En más de una ocasión he acusado a ERC y también a la CUP de ir a remolque de la derecha corrupta de CDC de Jordi Pujol y Artur Mas, y ahora del PDeCAT o JxPC de Carles Puigdemont. Un papel que no dudo en calificar de colaborador útil y fácilmente confundible con el de panoli. Basta ver el declive de un encarcelado, silenciado y compungido Oriol Junqueras, la hipócrita sumisión de su segunda en ERC, Marta Rovira y del resto de su partido en aceptar el liderazgo de un prófugo cobarde como es Carles Puigdemont que solo ha maniobrado para salvaguardar sus propios intereses personales. Yo no sé si la fuga estuvo, como algunos dicen, pactada en una reunión de todo el Gabinete del cesado Gobierno de la Generalidad en aquel fin de semana tras la aprobación por el Senado de las medidas de intervención amparadas bajo el artículo 155 de la Constitución. El caso es que, en ese supuesto reparto de papeles, cinco exconsejeros y el expresidente Carles Puigdemont abandonaron España para ir a refugiarse a Bélgica, siendo conscientes de que era el mejor sitio para eludir la acción de la Justicia, en la previsible orden de detención que la jueza Carmen Lamela emitiría tras su incomparecencia a declarar en la Audiencia Nacional.

No hay que ser muy avispado para deducir la disparidad de las situaciones entre unos y otros. Los que se quedaron para declarar tuvieron diferente destino, desde su ingreso en prisión incondicional y sin fianza, como Oriol Junqueras y Joaquim Forn, a eludirla con medidas cautelares y tras el pago de una fianza variable en función del grado de responsabilidad que la jueza estimó, como fue la Presidenta de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell cuya libertad le ha permitido mantener su cargo hasta la constitución del nuevo Parlamento. Por otro lado los fugados gozaron de plena libertad hasta que una Euroorden de detención y entrega a la Justicia de España les obligó a acogerse a la intermediación de la más que permisiva justicia belga, cuyo juez designado comenzó su dilatado y minucioso estudio de la Euroorden sobre todo en la delimitación de los delitos imputados. Una situación de incertidumbre jurídica que obligó al nuevo juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena a retirar la Euroorden para evitar la posibilidad de unos condicionantes a la hora de imputar delitos no recogidos o interpretados de forma divergente en la legislación belga. Finalmente se partió de que unos estaban presos y con limitados medios para comunicarse y otros gozando de plena libertad de movimientos y de acceso a medios de comunicación.

Una situación muy desequilibrada en la que el líder de ERC, Oriol Junqueras nunca pudo competir en igualdad de condiciones ni de medios con el fugitivo Carles Puigdemont, que además aparecía ante los independentistas como una especie de héroe que defendía la dignidad de las Instituciones de Cataluña y de erigía como el Presidente de la Generalidad legítimo. Y eso no impidió el que se aprovechase de su situación de ventaja para desafiar incluso a su propio partido creando una nueva formación, “Junts per Catalunya”, y elaborando una lista electoral de integración donde incluyó a personajes como el Presidente de la ANC, Jordi Sánchez y otros, relegando a sus camaradas del PDeCAT hasta la posición 28. Y lo que motivaba a Carles Puigdemont se resume en esa frase donde de forma inconsciente desnuda su pensamiento mezquino al decir “es mejor ser Presidente que presidiario”. Y eso dicho desde su lujoso régimen del “todo incluido” de su dorado exilio en Bélgica donde disfruta de una suite presidencial en un hotel de la cadena HUSA, y del espléndido chalet en zona residencial del un magnate del independentismo flamenco belga.

Yo no sé si Oriol Junqueras en estos casi tres meses de prisión ha tenido tiempo para reflexionar sobre este reparto de papeles en el que él no ha salido bien parado. Y no solo se trata de su situación personal, sino de esa sensación de haber sido traicionado por tus más directos colaboradores, cumpliéndose aquello de hacer leña del árbol caído. Es inaudita la actitud de ERC y su acatamiento lacayo y sumiso del liderazgo que exhibe un petimetre como es Carles Puigdemont que ha sabido muy bien aprovechar la debilidad de su principal competidor Oriol Junqueras y su partido ERC. Y con solo dos escaños de diferencia, se impone y exige fidelidad y embarcarse en una nueva desobediencia que solo traerá que se prolongue la intervención y la nulidad de todas las actuaciones. Y esto ya se pasa de seguidismo táctico para entrar directamente en el suicido político cuyas consecuencias se verán en las inevitables nuevas elecciones donde el fugitivo espera mejorar sus resultados y afianzar ese liderazgo.

Y va a ser precisamente la Mesa del Parlamento presidida por un radical de ERC como es Roger Torrent y con mayoría independentista sustentada en dos ERC y dos de JxCAT, la que decida. Y al parecer ya han tomado la decisión de no suspender el pleno y aceptar que el discurso de investidura sea leído por un Diputado de JxCAT, es decir por persona interpuesta, algo expresamente rechazado por el Tribunal Constitucional en sus medias cautelares. Esta nada sorprendente decisión corroboraría en primer lugar lo que ya adelanté estos días de que el cobarde fugitivo Carles Puigdemont no tendrá el valor de volver a España y exponerse a ser detenido y llevado a prisión. Y en segundo lugar la verdadera intención del independentismo en la reiteración a seguir delinquiendo haciendo caso omiso de las sentencias de los Tribunales de España y anteponiendo una legitimidad de la que carecen. Una decisión que, de confirmarse, debería ser recurrida de modo urgente por el Gobierno de España y, en buena lógica, anulada por el Tribunal Constitucional, llegando incluso a la suspensión del pleno convocado para esta tarde.

Estamos en lo que se debe calificar como comienzo de hostilidades entre los independentistas del nuevo Parlamento de Cataluña con el Estado de Derecho. Una situación de extrema gravedad que hace necesario mantener e incrementar la firmeza de la intervención y que debería dar lugar una respuesta contundente como la de proponer la ilegalización de estos partidos que vuelven a intentar recomponer un escenario para relanzar su fallido golpe de Estado y su hoja de ruta hacia la independencia. La decisión de la Mesa del Parlamento requiere acción inmediata y su neutralización con la denuncia y encausamiento de los responsables, con el Presidente de la Mesa, Roger Torrent, como máximo responsable junto a sus tres cómplices de ERC y JxCAT.

Faltan escasas horas para ese pleno y como ya sucedió en aquél otro donde se votó de forma anónima la instauración de la República independiente de Cataluña y que dio lugar a la intervención, el independentismo está dispuesto a proseguir con las hostilidades y montar un espectáculo de rebelión en el que no faltarán las huestes de fanáticos de la ANC usados como escudos humanos mientras transcurre el aquelarre infame en un Parlamento que ha perdido toda legitimidad y que justifica a una obligada intervención del Estado para garantizar la legalidad vigente y el Estado de Derecho. Y en estos decisivos momentos no nos puede faltar determinación y unidad frente a aquellos que quiere destruir nuestra convivencia y nuestra Nación. Ha llegado la hora de presentar batalla contra los enemigos de España. Ha llegado la hora de que la democracia se defienda contra el totalitarismo intransigente de unas minorías. Ha llegado la hora de no eludir las hostilidades, porque somos más y la razón está de nuestra parte.

¡Que pasen un buen día!

Gracias al Constitucional
Guillermo Dupuy  Libertad Digital 30 Enero 2018

Cuando neutralizas el articulo 155 de la Constitución para convocar elecciones, la unica forma que tienes de evitar nuevas ilegalidades es recurrir a la Justicia.

De no ser por el Tribunal Constitucional y su auto plenamente acorde a Derecho, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, podría hoy haber autorizado la ilegal investidura de Puigdemont –y la no menos ilegal e imprescindible delegación de votos del resto de los golpistas prófugos– sin temor alguno a sufrir la más mínima consecuencia penal. Y es que, habida cuenta de que los informes de los letrados del Parlamento catalán no eran ni son vinculantes y se limitaban a oponerse a una investidura no presencial del candidato de Junts per Catalunya, el republicano Torrent no corría hasta ahora riesgo alguno que no fuese el de ver, transcurrido cierto tiempo, cómo la investidura era tumbada por el Tribunal Constitucional.

Ahora, sin embargo, gracias al encomiable auto del TC, que de formar cautelar ha vetado cualquier investidura de Puigdemont mientras esté vigente la orden de busca y captura e ingreso en prisión que pesa contra él, Torrent y los demás miembros de la Mesa del Parlament saben que incurrirían en un delito de desobediencia en el caso de autorizar la votación respecto de la investidura de marras.

Cuando te niegas a aplicar el artículo 155 –o, lo que es peor, lo neutralizas para convocar nuevas elecciones autonómicas–, la única forma que te queda para evitar que desde las instituciones autonómicas se sigan perpetrando nuevas ilegalidades es recurrir a la Justicia. Recordemos que fue el partido de Albert Rivera el autor intelectual del disparate de pedir la aplicación del 155 únicamente para convocar nuevas elecciones, y esta es la fecha en que parece tan poco arrepentido como lo parecen Rajoy y Sánchez.

Así las cosas, por mucho que el recurso del Gobierno al TC haya evitado que los imputados por el golpe de Estado vuelvan a la poltrona –único lugar desde donde podrían reincidir en el delito a la espera de juicio–, las esperpénticas consecuencias de la circense aplicación del 155 no han hecho más que empezar.

Un conejo en la chistera judicial del Constitucional
Margarita Batallas. vozpopuli  30 Enero 2018

Los magistrados del TC eran conscientes de que debían tomar cartas en el asunto y marcar “la líneas rojas” para evitar que España “volviera a ser el choteo en Europa”

Érase una vez un Gobierno sin estrategia que actuaba a la desesperada frente a un político errante que le echa un pulso tras otro y unos jueces que le socorren in extremis para salvar al Estado. Este cuento se repite desde que Catalunya inició la vía de la declaración unilateral de la independencia. El pleno del Tribunal Constitucional se ha visto obligado a parar esta deriva soberanista ante la incapacidad de los políticos de sentarse a negociar una solución. Los togados del Tribunal Constitucional pasaron del drama a la dicha el pasado sábado en las seis horas de debate al examinar la demanda presentada por el Gobierno contra la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

Los magistrados entendían “las razones políticas” del Ejecutivo para recabar su auxilio, pero rechazaban sus argumentaciones jurídicas. La demanda, como afirmaban el Consejo de Estado y los letrados del TC, era “prematura”, ya que se basaba en “el hecho cierto de la futura incomparecencia del candidato propuesto”, es decir, en una mera hipótesis. A pesar de ello, los titulares del alto tribunal eran conscientes de que debían tomar cartas en el asunto y marcar “la líneas rojas” para evitar que España “volviera a ser el choteo en Europa”, según fuentes jurídicas.

El Tribunal Constitucional se sacó un conejo de la chistera para impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont después de que el Gobierno forzara la ley para evitar un nuevo esperpento político

Sin embargo, la solución no era fácil. El pleno del TC se dividió en dos bloques que no daban su brazo a torcer. Siete (seis conservadores y el progresista Cándido Conde-Pumpido) se decantaron por aceptar, como hasta ahora, la demanda del Gobierno y suspender la sesión de investidura, y cuatro progresistas (Juan Antonio Xiol, Fernando Valdés, Encarnación Roca y María Luisa Balaguer) amenazaron con un voto particular si se admitía la demanda gubernamental. A la sesión faltó Andrés Ollero, de baja por enfermedad.

El drama se instaló en el salón de plenos ante la posibilidad de que saltara por los aires la unanimidad con la que han resuelto hasta ahora el reto catalán. La elección del nuevo president del Govern es “una de las decisiones más cruciales para la sociedad”, explican fuentes jurídicas. Por ello, el pleno se confabuló para buscar una solución de consenso, y para que los secenionistas no fueran los ganadores morales al haber impuesto en el tribunal la estrategia del emperador romano Julio César de “divide y vencerás”.

El remedio llegó de la mano del progresista Fernando Valdés que fue asumido por Xiol (ponente de la resolución): una “interpretación flexible e innovadora” del artículo 161 de la Constitución que regula la actuación del TC ante las demandas del Gobierno. Hasta ahora, los magistrados han interpretado que para aplicar la suspensión que reclama el Ejecutivo ante actuaciones contrarias a la ley dictadas por las Comunidades Autónomas era preciso admitir previamente los recursos. Sin embargo, Valdés logró convencer a sus colegas de que dicha admisión no está reglada en ninguna norma y, por tanto, al ser una apreciación del TC podía ser modificada.

El remedio, una “interpretación flexible e innovadora” del artículo 161 de la Constitución, llegó de la mano del progresista Fernando Valdés

De este modo, todos ganaban, ya que esa solución evitaba aceptar la demanda del Gobierno, (lo que permitió a los cuatro discrepantes sumarse a la mayoría) y, además, les facultaba para poner deberes a Carles Puigdemont y al presidente del parlamento catalán, Roger Torrent. Los jueces se juramentaron también para bajar el telón a la “vena artística” de Puigdemont por lo que acordaron que solo puede acudir al Parlament si cuenta con la autorización del juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera que ordenara su ingreso en prisión cuando pise suelo español. La sesión de investidura no podrá celebrarse si el político errante accede a la cámara catalana por las alcantarillas de Barcelona, por helicóptero o disfrazado de lagarterana.

No obstante, el TC asumió que el líder independentista no ha perdido sus derechos para ser candidato a la presidencia de la Generalitat porque aún no ha sido procesado ni condenado. Sin embargo, es muy difícil o casi imposible que pueda ejercer su cargo desde la cárcel, pero esta cuestión tendrá que dilucidarla Llarena.

Además, con esta salida, los magistrados han lanzado una advertencia al Gobierno sobre la necesidad de argumentar jurídicamente sus demandas, ya que es la primera vez que adoptan medidas cautelares sin la aceptación del recurso o, lo que es lo mismo, sin que el TC haya iniciado “formalmente” un procedimiento. No obstante, lo más probable es que los togados dejen sin respuesta al Gobierno, ya que evitaran dictar un fallo por “falta de objeto” si Puigdemont es investido o es elegido otro candidato, en un plazo de 10 días, para evitar nuevas elecciones.

Así las cosas, el TC con esta decisión ha logrado sacar un conejo de la chistera, pero también ha hecho cierto el dicho del político estadounidense Alexander Hamilton quien afirmó: “La Justicia es el final del Gobierno”.

Legítima defensa
Isabel San Sebastián ABC 30 Enero 2018

España ha ejercitado un derecho que la Ley de cualquier país reconoce a toda persona amenazada: la legítima defensa. En este caso el sujeto de derecho no era un individuo, sino la nación, atacada en su mismo ser por el secesionismo catalán encarnado en Carles Puigdemont. La respuesta que ha dado a esa agresión el Estado, obligado a proteger la integridad nacional, ha sido necesaria, justa, proporcional, impecablemente democrática e incuestionable desde el punto de vista jurídico. En esta ocasión el Gobierno ha estado a la altura de su responsabilidad y el Tribunal Constitucional ha demostrado pericia en el desempeño de sus funciones. Ahora falta que se mantenga esta línea de actuación firme, porque el abismo al que nos asomamos el sábado, antes de saber si los jueces evitarían o no el ridículo monumental de ver a un presunto delincuente huido siendo elevado a la Presidencia de la Generalitat a distancia, mediante voto telemático o alguna otra triquiñuela, fue la consecuencia de una larga serie de errores debidos a la cobardía más que a la debilidad.

Bordeamos el precipicio, sí. Estuvimos muy cerca de servir en bandeja a los separatistas una victoria que habrían explotado hasta la saciedad dentro y fuera de nuestras fronteras. Eso se les da muy bien. La manipulación de conciencias, ejecutada con el auxilio impagable de políticos y medios de comunicación dispuestos a respaldar la voladura de España con tal de dañar al PP y/o subir sus índices de audiencia, es su especialidad. Han arruinado Cataluña, robado al contribuyente y perpetrado una intentona golpista, pero siguen ganando elecciones gracias a su dominio de la propaganda (una habilidad aprendida del «nazionalismo» con zeta) y a la precipitación del Ejecutivo en la convocatoria de esos comicios. Sobre todo, en lo que a los demócratas respecta, a ese segundo factor, precedido, a su vez, de otros fallos garrafales.

La razón de ser de un separatista es romper España. Va de suyo. Hará lo que esté en su mano por conseguirlo. La de un gobernante español ha de ser impedírselo. ¿Cómo? Con todos los medios legales a su alcance. Para eso están, entre otras cosas, las fuerzas, cuerpos y servicios de seguridad, empezando por el CNI. Impedírselo incluye evitar la celebración de un referéndum prohibido por el TC o la fuga del presidente que acaba de proclamar la «república catalana». En ese empeño fracasaron Mariano Rajoy y su «delegada» para asuntos relativos al «proceso», Soraya Sáenz de Santamaría. Impedírselo incluye aplicar el 155 cuando no queda otro remedio, y ahí el presidente y la vicepresidenta dieron la talla requerida… a medias. Porque la timorata modalidad escogida pronto demostró ser absolutamente insuficiente.

La intervención de la autonomía catalana era una patata caliente en manos de la Moncloa; es evidente. Tampoco el PSOE o Ciudadanos deseaban asumir la corresponsabilidad de una medida semejante más allá del tiempo imprescindible, como si garantizar la vigencia del marco constitucional fuese algo vergonzante. De modo que fraguó un acuerdo unánime para llamar a las urnas en el plazo mínimo posible, antes de dar tiempo a la justicia para depurar las responsabilidades inherentes al golpe del uno de octubre. Antes de que las órdenes de busca y captura o la prisión preventiva se transformaran en condenas firmes. De esos polvos pusilánimes derivan los lodos salvados ahora por el Constitucional «in extremis».

Puigdemont no será «president». Hasta los suyos lo dan ya por muerto. Es un personaje grotesco abocado a la cárcel o la fuga de por vida. Pero ha estado muy cerca de provocar un daño irreparable a la imagen de España. Hemos rozado el desastre.

Los jueces ilegales no caben en la justicia
OKDIARIO 30 Enero 2018

Ágora Judicial es inviable. La justicia española no puede permitir que ocho jueces en activo creen una asociación separatista que defiende a los golpistas catalanes. Sería el mundo al revés: jueces a favor de los que quebrantan la ley y atacan sistemáticamente la Constitución. Es muy respetable que cada uno tenga la visión política que crea oportuna, pero un juez tiene que ser escrupuloso a la hora de mezclar su actividad profesional con dichas pulsiones políticas. Más aún si, como es el caso, las filias radican en la ilegalidad. Estos ocho magistrados son partidarios de la independencia de Cataluña y defensores de aquéllos que han promovido el golpe de Estado. Políticos que, en la cárcel como Oriol Junqueras o Joaquim Forn o huidos en el extranjero como Carles Puigdemont, han desafiado la legalidad vigente hasta el punto de intentar que saltara por los aires.

Por lo tanto, y dada la insistencia de todos estos magistrados en la defensa de los postulados ilegales, —hasta el punto de constituir una asociación separatista— deberían ser apartados de sus respectivas actividades. Un ejemplo de la naturaleza negligente de estos jueces lo encontramos en Montserrat Raga Marimón, fundadora de la plataforma. Llegó a culpar a España de provocar “la regresión de los derechos fundamentales”. Una falacia que a la postre ha servido de argumentación para el expresident fugado a Bruselas, a pesar de que nuestro país ofrece uno de los sistemas con más garantías jurídicas de Europa. Algo que han refrendado la mayoría de líderes continentales. El último en hacerlo ha sido el mismísimo Antonio Tajani. El presidente del Parlamento Europeo ha dicho que “el marco constitucional español es el marco de la Unión Europea”. Raga es la juez del Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona y encargada de juzgar a los mossos leales a la Constitución española. ¿Qué garantías de un juicio aséptico puede ofrecer una profesional así?

De hecho, tanto Montserrat Raga como otros cinco miembros fundadores de Ágora Judicial firmaron en 2014 un manifiesto a favor de la independencia de Cataluña y del referéndum ilegal del 9-N. Los otros dos integrantes han ocupado puestos políticos en los gobiernos autonómicos de Artur Mas y José Montilla. Uno de los aspectos que más pervierte cualquier sistema democrático es la mezcla y el manoseo entre la justicia y la política. Ambas actividades tienen que mantenerse siempre a una distancia de asepsia y respeto, si no, ni la justicia es creíble ni la política limpia. Otra de las fundadoras, la magistrada Maria Josep Feliu Morell, llegó a decir que se estaba produciendo “una clarísima persecución judicial” cuando sólo se estaba aplicando la ley. Esta declaración, además, da alas al sempiterno victimismo independentista. Y lo que es peor, se ven legitimados por la “justicia”. Por lo tanto, estos jueces deben ser cesados si no rectifican y se ciñen con escrúpulo a la Constitución.

El ministro Méndez, con perdón
Cristina Losada  Libertad Digital 30 Enero 2018

Lo que merece crítica no es la actuación policial, sino que el Gobierno no tomara a tiempo el control del orden público y la seguridad en Cataluña.

Hay que regresar al 29 de septiembre de 2017, ahora que el ministro portavoz del Gobierno ha pedido perdón "a las personas que se sintieron maltratadas", el 1 de octubre en Cataluña, por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y hay que regresar a esa fecha por una importante razón. Porque la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado para impedir el ilegal referéndum separatista, esa actuación que ha causado el acto de contrición del ministro, no se puede disociar de lo que ocurrió el último viernes de septiembre en el Consejo de Ministros. Para ser exactos: no se puede disociar de lo que no ocurrió; de lo que el Gobierno de España, en aquel instante, evitó hacer.

Rebobinemos. En septiembre, se había llegado en Cataluña a una situación de doble poder en grado extremadamente crítico. El Govern de Puigdemont y Junqueras no sólo se había situado fuera de la ley, como acreditaron las sesiones del Parlamento de principios de mes. No sólo había mostrado que estaba dispuesto a instigar actos de tipo insurreccional, como los que tuvieron lugar contra la comitiva judicial que fue a hacer un registro en la Consejería de Economía de la Generalitat. Además, había dado indicios de que utilizaba a la Policía autonómica para conseguir burlar la ley y las órdenes judiciales, algo que abría la peligrosa posibilidad de una fuerza armada al servicio del golpe. La señal más evidente apareció durante los actos de acoso y violencia del 20 y el 21 de septiembre –ahora parte sustancial del proceso por delitos de rebelión y sedición–, cuando, con las típicas astucias del procés, los mandos de los Mossos dejaron a la comitiva judicial en la encerrona.

Después de aquella experiencia, creer que el major Trapero iba a desplegar un dispositivo adecuado para impedir que el 1 de octubre hubiera urnas y gente votando era un ejercicio de autoengaño. O algo peor. Porque al ver ahora de nuevo la comparecencia del ministro Méndez aquel viernes se tiene la inquietante impresión de que el Gobierno era consciente de que los Mossos no harían lo que tenían que hacer. Se tiene esa impresión al ver cómo Méndez evita responder a las dudas razonables de la prensa sobre cómo se iba a lograr que los colegios no fueran ocupados desde muchas horas antes. Se tiene cuando se le ve contar chistes, que nadie rio, sobre los diez euros que había que pagar para acceder al centro de prensa montado para seguir el referéndum separatista. O sobre las urnas compradas en los chinos. Y se tiene cuando se le oye decir que está completamente seguro de que los Mossos "van a cumplir con la ley".

El 29 de septiembre, el Gobierno tuvo una última oportunidad para cesar a Trapero y poner a los Mossos bajo un mando leal, que no hiciera trampas y tomara las medidas necesarias para que se cumpliera el mandato judicial respecto al 1-O. Sabemos ahora que los agentes de los Mossos fueron enviados a los colegios tarde y sin medios, para que asistieran como meros observadores al intento de referéndum, en ningún caso para obstaculizarlo. Y esa actuación, ordenada por Trapero, no fue imprevisible. Al revés. Sin embargo, el Gobierno no quiso asumir el coste político de intervenir la Policía autonómica antes del 1-O. Fue esa falta de coraje político lo que obligó a una intervención in extremis, con los colegios llenos de gente, de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo que merece crítica no es la actuación policial, sino que el Gobierno no tomara a tiempo el control del orden público y la seguridad en Cataluña. Lo que merece crítica es que el Gobierno, pese a los indicios y los precedentes, dejara el cumplimiento del mandato judicial en manos del major Trapero. Si hay que pedir disculpas por algo es por todo eso, ministro Méndez.

La juez fundadora de la plataforma separatista juzgará a mossos leales con la Constitución
Carlos Cuesta okdiario 30 Enero 2018

La juez fundadora de la plataforma separatista Ágora Judicial, Montserrat Raga Marimón, será la responsable juzgar a mossos leales con la Constitución Española y que han sido expedientados por comentarios públicos en contra de los golpistas.

Raga Marimón, titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona, es una de los ocho jueces que han lanzado Ágora Judicial, una plataforma de magistrados en activo que defiende la puesta en libertad de los presos golpistas. Y la misma que deberá dirimir el futuro de, por ejemplo, Inma, la mosso desde cuyo Facebook se lanzaron descalificaciones contra Carles Puigdemont y que se encuentra expedientada desde aquel momento.

Inma fue expedientada sin sueldo y sin posibilidad de trabajar durante un periodo de 7 meses por Asuntos Internos de los Mossos por un escrito en su Facebook en el que se afirmaba sobre Puigdemont: “Eres un muerto de hambre sin oficio ni beneficio. Desgraciado de mierda te puedes morir de hambre capullo”. Las palabras fueron lanzadas bajo el seudónimo de ‘Inma Cocolea’, y la agente asegura que no fueron escritas por ella.

Montserrat Raga y el resto de impulsores de Ágora Judicial presentaron este pasado jueves en la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña su manifiesto. Y el primer punto de sus reclamaciones se centra, precisamente, en exigir la puesta en libertad los golpistas encarcelados: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Seis de los jueces que han impulsado esta asociación firmaron, de hecho, en 2014, el llamado Manifiesto de los 33 a favor de la independencia de Cataluña y de la consulta del 9-N. Los otros dos han ocupado cargos políticos en los gobiernos autonómicos de Artur Mas (PDeCAT) y José Montilla (PSC).

Montserrat Raga estaba entre los primeros: entre los firmantes del polémico manifiesto que aseguraba que “no admite discusión” que “Cataluña es una nación” y que no se puede poner en duda que ello “comporta, indefectiblemente, el reconocimiento de su derecho a decidir“. Entre los argumentos barajados por esteos juristas se encontraba la apelación al intento de golpe de Estado de Tejero, en 1981, como explicación para justificar que la Constitución no recoja ese reconocimiento de modo “más explícito”. Según los 33 aquello no era “un documento político”, sino “una opinión jurídica“. El polémico Santiago Vidal –por el que Vox presentó la primera querella y se abrieron las diligencias contra los golpistas– y los instructores del caso Palau, estaban entre los firmantes.

Y ella será ahora la que juzgue a una mosso acusada de descalificaciones a Puigdemont y que, evidentemente, forma parte del grupo de agentes autonómicos contrarios al separatismo. De hecho, Inma es una de las impulsores de lo que se conoce como plataforma Pasarela: un grupo de mossos que han reclamado la apertura del mecanismo legal de tránsito desde la policía autonómica hacia la Policía Nacional.

Ágora judicial cuenta ya con 20 miembros
En la presentación de Ágora, el grupo en el que se integra la juez Raga señalaron que se encuentran “preocupados por la regresión de los derechos fundamentales” en España. Aseguraron que la asociación ya cuenta con 20 miembros, todos procedentes de Cataluña, aunque esperan que “se sumen otros compañeros del resto del Estado”.
Ágora Judicial

Los ocho jueces que han fundado la asociación independentista Ágora Judicial.
Otra de las fundadoras es la magistrada Maria Josep Feliu Morell, que entre 2013 y 2015 ocupó el cargo de secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, como número 2 del conseller Germà Gordó, ahora imputado por participar en la trama de financiación ilegal del PDeCAT a través de mordidas del 3%.

En la actualidad, Maria Josep Feliu es magistrada de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona. En una entrevista concedida este fin de semana a un diario regional, afirma que se está produciendo “clarísimamente una persecución judicial” contra los impulsores del proceso de independencia de Cataluña.

Y añade que Oriol Junqueras, Joaquim Forn y ‘los Jordis’ deberían estar en libertad porque, a su juicio, no han cometido ningún delito: ni rebelión, ni sedición. En una entrevista concedida en 2013, habló aún más claro y defendió el referéndum ilegal de independencia convocado por Artur Mas: “La Generalitat pretende que los ciudadanos se puedan pronunciar sobre su futuro. Es un principio de cualquier democracia”.

El portavoz de Ágora Judicial es Xavier González de Rivera, que es titular del Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona y profesor de Derecho del Trabajo en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). También es apoderado del Colectivo de Asesoramiento y Defensa Jurídica (AiDE) que representa, entre otros, a los trabajadores del comité de empresa de TV3.

También forma parte del equipo fundacional de Ágora Judicial Ángeles Vivas Larruy, que fue secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia, a las órdenes de la consellera Montserrat Tura (PSC), durante el Tripartito presidido por Montilla.

Otro de los compañeros de Raga y fundador también de la asociación Juli Solaz Ponsirenas, magistrado de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona y uno de autores de la instrucción del ‘caso Palau’ que se negó a enviar a prisión a Félix Millet, que acaba de ser condenado a nueve años de cárcel tras reconocer que actuaba de recaudador de las comisiones que Ferrovial pagaba al PDeCAT a cambio de la adjudicación de obras públicas. La instrucción del ‘caso Palau’ se cerró sin que se pudiera mandar al banquillo a ningún político del PDeCAT salvo su tesorero, Daniel Osàcar, que finalmente ha sido condenado a cuatro años de cárcel y una multa de 3,7 millones de euros.

Hacer el amor en Cataluña
Pablo Planas  Libertad Digital 30 Enero 2018

Existe la creencia generalizada de que no hay violencia en Cataluña, de modo que al proceso separatista se le llama "la revolución de las sonrisas", nadie ha tirado jamás un papel al suelo en las manifestaciones republicanas y el preso Oriol Junqueras es un campeón del pacifismo que adorna sus cartas con pasajes bíblicos y proclamas tales como que el junquerismo es amor.

Sí, amor del que ha recibido Josep Ramon Bosch, el primer presidente de Sociedad Civil Catalana, que se tuvo que acostumbrar a las pintadas en su casa, a que llamaran "hija de puta fascista" a su hija mayor en las fiestas del pueblo y a ser sometido a seguimientos por parte de los Mossos. La misma clase de amor que reciben las familias que piden clases en español para sus hijos, que consiste en el señalamiento, el insulto y el acoso por poner en riesgo el venerado engendro de la escola catalana.

Amor como el que demuestran las pintadas en la tienda de los padres de Albert Rivera o los martillazos (también con pintadas) en la cristalera de un periódico digital no nacionalista. Tanto amor como el que reciben los políticos del PP, los muertos civiles más muertos de toda Cataluña. Un amor como el de Pilar Rahola, que de milagro no le dio un bofetón al exdiputado popular Sergio Santamaría en un plató de esa tele del amor que es TV3% . Porque se puso en medio la presentadora, que lucía una camiseta con la cara de Puigdemont, otro amoroso.

Mucho más que amor, que decía la canción. Amor como el de los exterroristas Carles Sastre y Frederic Bentanachs, que van por ahí dando vivas a una banda armada y montando huelgas de país de la mano de Joan Tardà y Gabriel Rufián. Amor hasta decir basta, razón por la que algunos jueces han pedido el traslado, el tipo de amor que sintieron los guardias civiles asediados en la Consejería de Economía o el que mostraban quienes se manifestaban a las puertas de las casas cuartel y las pensiones de los policías.

Un amor ciego que no ve a las víctimas porque las víctimas no existen. Son muertos en vida, escoria, purria, minoría, salvo cuando conviene presentarlos como colonos, opresores, secuaces de la represión y peligrosos españolistas. El amor, en fin, de las tietas pasivo-agresivas de los Comités de Defensa de la República, de los jóvenes de la mano que se lían a martillazos contra una cristalera, el mismo amor que el de los encapuchados que asaltaron un autobús turístico a punta de cuchillo, el amor que corta carreteras, el amor que patea a dos mujeres que visten camisetas de la selección española, el amor que nadie condena, el amor amarillo.

Tienen tanto amor los catalanistas que muchos de ellos ya están pensando en volver a hacer el amor en la calle, vuelva Puigdemont o no. Amor, sí, del bueno, del que la mató porque era suya.

Puigdemont ordenó burlar los controles de Montoro para inflar sueldos en sus ’embajadas’
Carlos Cuesta okdiario 30 Enero 2018

Carles Puigdemont ordenó tramitar sueldos inflados dentro de las partidas destinadas a las ’embajadas’ catalanas de Diplocat. Lo hizo pese a los reparos de la Intervención y en contra de las advertencias que remitía Montoro por carta ya en el año 2016.

La Guardia Civil ha accedido a nueva documentación que demuestra que la Generalitat y sus responsables se saltaban las indicaciones de control del gasto pese a las advertencias expresas del Ministerio de Hacienda y pese a que la Intervención de la propia Generalitat había mostrado “reparos”.

El documento –al que ha tenido acceso OKDIARIO– puede tener una importancia decisiva en un momento en el que el Tribunal de Cuentas ha acordado ya el inicio de una investigación de las finanzas y gastos de la red diplomática de la Generalitat (Diplocat, las conocidas como ’embajadas’ catalanas) para comprobar el destino dado a los recursos asignados a la política de acción exterior de Cataluña entre los ejercicios 2011-2017.

Los documentos detectados por la Benemérita se refieren a anotaciones de los golpistas sobre reuniones celebradas en el año 2016. En concreto, entre febrero y abril.

Los escritos, que han sido ya remitidos a la Justicia tras la exigencia de diligencias por parte de la acusación popular de Vox, recogen notas en las que se reconocen los problemas para contabilizar y pagar las “nóminas” adscritas al servicio de Diplocat, precisamente, porque nadie se quería “responsabilizar” a causa de la evidencia de que la Intervención había mostrado ya sus “reparos” a las cuantías incluidas.

El informe de la Guardia Civil recoge literalmente lo siguiente: “Figura escrito lo siguiente: nómina, se tramitan jueves (circuito pago). Exteriores no estaba. Sánchez pide info de los informes. IG (posiblemente en referencia a Intervención General) válida nóminas bajo reparo (firmará al amparo del acuerdo de gobierno) que no podía leer”.

El secretísimo de las conversaciones deja constancia de lo delicado del asunto. Y es que la Guardia Civil sospecha ya que no sólo se trataba de sueldos inflados para el personal adscrito oficialmente a este servicio de supuestas embajadas. Sino que, posiblemente, a esas alturas, se estaban ya usando partidas infladas para camuflar gastos que se dirigían a preparar el golpe o las estructuras que los separatistas consideraban necesarias para romper con España.

“Necesario que lo firme alguna persona que no es la interventora general. Tesorería había sentido ‘campanas’ pero no detecta nada”, añaden los representantes del Govern golpista acto seguido. “Es necesario hacer un mapa en circuito para identificar responsables y que todo el mundo sepa que firmas son necesarias”, se añade, porque lo cierto es que crearon un esquema paralelo para eludir los controles. “Nadie asume responsabilidad”, concluyen las notas de los representantes del Govern activo en ese momento, dejando clara la peligrosidad de la labor de engaño que llevaban a cabo ya en 2016.

Unas segundas anotaciones de abril de ese mismo 2016 muestran las referencias a las advertencias directas que ya recibía la Generalitat procedentes del Ministerio de Hacienda: “Carta Montoro”, señala el inicio de un apartado incluido en ese mes de abril. “Constan las siguientes anotaciones ¿se había recibido alguna carta anteriormente? No lo saben bien. Llamadas. Videoconferencias”. Y se añade “carta es muy dura, es clara y contundente. Pero ambigua en las cifras, no podemos decir que no atendemos”, porque se decidió sortear el control de Hacienda, pero sin mostrar la oposición abierta y frontalmente. “Estamos avanzando en equilibrio. Decisiones políticas Montoro, más decisiones políticas de reducción gastos, finanzas, impuestos, reparto déficit, estamos en contacto con el Ministerio. Ahora solicitan recortes”, indican los responsables económicos del Govern, como advertencia ante los controles que imponía Montoro sobre unas cuentas que levantaban ya por 2016 todo tipo de sospechas.

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha emitido ya una resolución en la que señala que inicia su fiscalización sobre las cuentas de Diplocat. El Tribunal, con ese objetivo, ha solicitado información de hasta 29 entidades y de los años entre 2011 y 2017 para poder cruzar los datos del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, liquidado ya por la aplicación del 155 y que era una entidad público-privada al servicio de la Generalitat para el impulso del proceso independentista en la esfera internacional. La documentación en poder de la Guardia Civil deberá ser ahora también revisada en esta instancia ante la evidencia de que puede esconder pruebas del descontrol de gastos de este organismo diplomático.

ETA, ni perdón ni olvido
Javier Caraballo El Confidencial 30 Enero 2018

Aquella madrugada, todos los teléfonos comenzaron a sonar a la vez en las casas y siempre descolgaba una voz encogida y temblorosa, de hombre o de mujer. “Levántate, han asesinado a Alberto Jiménez Becerril y a su mujer”. El frío gris de aquel despertar de enero se hizo sucio, indeseable. La gente se incorporaba a las aceras, camino del Ayuntamiento de Sevilla, y caminaba embobada, impactada, fuera de sí.

Había pocos teléfonos móviles entonces, hace 20 años, ni redes sociales, con lo que la mente, dispersa y bloqueada, vagaba libremente con escenas imaginadas, crueles, escalofriantes o absurdas. El frío de los dos cuerpos tendidos sobre los adoquines de la calle, empapados por el relente o por la lluvia, a 20 metros de las camitas de sus tres hijos pequeños, calentitos bajo sus mantas, sin saber que jamás los volverían a ver; sin saber siquiera que muchos de ellos, entonces de cinco, de siete y de ocho años, crecerían sin un recuerdo nítido de ellos.

Hoy, 30 de enero de 2018, 20 años después, el recuerdo de aquel día, las lágrimas y el dolor se han ido tiñendo de otras emociones, orgullo y valentía, como antídotos del alma, pero se mantiene igual la rabia de entonces que, una y otra vez, se apoderaba del pensamiento, ni olvido ni perdón a esos asesinos.

Un vídeo recuerda a Jiménez Becerril y esposa, asesinados por ETA hace 20 años

Los detuvieron muy rápido. Apenas dos meses después, en marzo, cayeron los tres asesinos del comando Andalucía en el mismo piso de Sevilla, cerca de la estación de Santa Justa, que había alquilado la única mujer integrante de la manada, Maite Pedrosa, que se ganó la hospitalidad de los vecinos contándoles lo mucho que le gustaba Sevilla y su decisión de alquilarse un piso en la ciudad para mantener el trabajo a tiempo parcial que mantenía con una empresa de Madrid. Hasta en el cinismo de esas expresiones de normalidad, para no levantar sospechas en el vecindario, son especialmente despreciables los asesinos, 'un trabajo a tiempo parcial'.

En el juicio, supimos que aquella noche de enero esperaron a que el concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y su mujer, procuradora, Ascen García Ortiz, abandonaran el pub Antigüedades, al que solían acudir todos los jueves con un grupo de amigos, después de cenar con ellos. Pasaban pocos minutos de la una de la madrugada. Cuando estaban a 20 metros de su casa, en la solitaria calle Don Remondo, los dos etarras, José Luis Barrios y Mikel Azurmendi, sacaron sus pistolas, contaron mentalmente hasta tres y asesinaron de dos tiros en la nuca a la pareja. En el suelo quedaron esparcidos unos claveles rojos que la mujer llevaba en la mano.

Era difícil encontrar al día siguiente en toda España una sola crónica de prensa que no reparase en la crueldad de aquel crimen que dejaba huérfanos a tres niños. En esos instantes en los que la mente, incapaz de asimilar la realidad, se dedicaba a vagar entre absurdos y crueldades, intentaba recrear cómo sería el día después de uno de esos asesinos. Si alguno de ellos, en torno a una mesa, mientras repasaban lo sucedido, señalaba el periódico, la crueldad extrema de aquel atentado en la que, acaso, no habían reparado. A lo mejor no sabían que aquella era su mujer ni que tenían tres hijos. No era así, claro, como decía la sentencia que los condenó, “con esa indiferencia cruel se asesina”.

Por aquel juicio supimos que esa noche, al regresar al ‘piso franco’, los esperaba la mujer, Maite Pedrosa, con una cena especial para festejar el momento. Brindaron con sidra y se durmieron. Y en la cárcel, otro más de aquella manada infecta que es ETA, De Juana Chaos, escribió, exultante, una carta para que se filtrara a la prensa española: "Me estoy tragando todas las noticias de la ‘ekintza’ [acción] de Sevilla. Me encanta ver las caras desencajadas que tienen. Sus lloros son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajada limpia. Con esta ‘ekintza’ ya he comido yo para todo el mes. ¡Perfecta!”. Pasaron los años, hubo otro juicio, en 2013, y los tres etarras volvieron a acudir a una sala de Justicia para declarar como testigos en la vista contra Kantauri, jefe de ETA en aquellos años y, por tanto, quien ordenaba las acciones criminales de la banda terrorista. Había pasado el tiempo, mucho tiempo, pero tampoco entonces había cambiado nada, sonreían, burlones, como si todavía siguieran festejándolo con sidra en una mesa camilla. “Han pasado muchos años y no lo recuerdo”, repitieron los tres cada vez que les preguntaban en el juicio.

Nada más ser detenido, a José Luis Barrios Martín lo incluyeron en las listas de Euskal Herritarrok y salió elegido diputado del Parlamento de Navarra. Desde la cárcel, reclamó sus derechos como diputado electo y la Audiencia Nacional le otorgó la razón y dispuso que fuera trasladado del centro penitenciario “para asistir a la sesión de constitución de dicho Parlamento”. Mikel Azurmendi y Maite Pedrosa, que ya eran pareja cuando formaban parte del comando Andalucía, tuvieron una hija en la cárcel y, al nacer, exigieron poder compartir prisión, por el derecho que tenían a comunicarse, y posteriormente solicitaron el traslado a un centro penitenciario con las condiciones adecuadas para poder educar a su hija. La hija de ambos debe rondar ahora los nueve años; ya han estado con ella más tiempo del que Alberto y Ascen pudieron vivir con sus tres hijos.

Ni cuando Barrios solicitó su derecho a acudir al Parlamento de Navarra tras ser elegido diputado, ni cuando Azurmendi y Maite Pedrosa reclamaron sus derechos como padres de una niña, me ha parecido que la decisión de los tribunales de Justicia tuviera que ser otra que respetar sus derechos. Igual que cada vez que se plantea el acercamiento de los presos vascos, por muy controvertido que pueda resultar. Por mucho que cada una de esas decisiones nos pueda remover las tripas, tiene que ser así, aunque jamás hayan dado muestras de arrepentimiento o, siquiera, de compasión por sus víctimas.

El cumplimiento de la ley es nuestro consuelo y nuestra fortaleza; aquello que nunca podrán derrotar. Pero una cosa es la Justicia y otra el perdón. La Justicia no se negocia, el olvido no se cuestiona, el perdón no se regala. Por eso, 20 años después, con el mismo frío en el cuerpo, el mismo escalofrío recorriendo la piel, hago mías las palabras de Enrique Múgica, un mes de febrero, dos años antes de que asesinaran a Alberto y a Ascen, en la casa del pueblo de San Sebastián, mientras se velaba el cadáver de su hermano: "Quiero decirles a ustedes y a todos mis conciudadanos, vivan donde vivan, estén donde estén, a todos los españoles, que, al contrario de frases convencionales, yo ni olvido ni perdono a los asesinos, a los que los han impulsado, a los que han levantado su mano, a los que defienden o exculpan a ETA y la violencia callejera desde determinados medios de comunicación, en cualquier sitio. Quiero decirles eso y quiero decirles que he combatido, sigo combatiendo y combatiré, el terrorismo y la violencia”.

En memoria de Alberto y Ascen
Cayetano González  Libertad Digital 30 Enero 2018

Este martes se cumplirán veinte años del asesinato por parte de ETA del concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascensión García Ortiz, cuando regresaban a casa de madrugada después de haber cenado con unos amigos en un céntrico bar de la ciudad hispalense. El comando de ETA tenía otro objetivo: la alcaldesa de la capital andaluza, Soledad Becerril, pero Alberto y su mujer eran objetivos más fáciles porque no tenían especiales medidas de seguridad. El doble atentado dejó huérfanos a tres niños que entonces tenían cuatro, siete y ocho años de edad.

Aquellos eran unos momentos en los que ETA había dado un salto cualitativo en sus crímenes: ya no le bastaba asesinar a guardias civiles, policías nacionales o militares; había, según su macabro lenguaje, que socializar el dolor e ir a por cargos públicos del partido en el Gobierno, el PP, y también del PSOE. Cuando ETA asesina a Alberto y a Ascen, sólo habían pasado seis meses del crimen a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco; cincuenta días del asesinato del concejal popular de Irún José Luis Caso y escasos veintiún días del de José Ignacio Iruretagoyena, concejal del PP en Zarauz.

El asesinato de Alberto y de Ascen fue seguido por el de otros de cargos públicos del PP: Tomás Caballero (concejal de UPN –el partido navarro aliado del PP– en el Ayuntamiento de Pamplona), el 6 de mayo de 1998; Manuel Zamarreño (concejal en Rentería), el 25 de junio de 1998; Jesús María Pedrosa (concejal en Durango), el 4 de junio de 2000; José María Martín Carpena (concejal en Málaga), el 15 de julio de 2000; Manuel Indiano (concejal en Zumárraga), el 29 de agosto de 2000; José Luis Ruiz Casado (concejal en San Adrián de Besós), el 21 de setiembre de 2000; Francisco Cano Consuegra (concejal en Viladecavalls), el 14 de diciembre de 2000; Manuel Giménez Abad (presidente del PP en Aragón), el 6 de mayo de 2001, y José Javier Múgica (concejal de UPN en Leiza, Navarra), el 14 de julio de 2001.

Por respeto a la memoria de Alberto y Ascen, conviene recordar que cuando ETA los asesinó, el PNV y EA ya estaban negociando con la banda terrorista, en lo que meses más tarde, setiembre de 1998, fraguó en el Pacto de Estella. Mientras que ETA intentaba aniquilar al PP, el PNV –asustado por la marea social que se produjo a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco: el denominado Espíritu de Ermua– buscó el acuerdo con los terroristas para, entre otras cosas, excluir a los partidos "españolistas", según su jerga, el PP y el PSOE, de las instituciones vascas. Algo por lo que el PNV –ese partido con sentido de Estado, según algunos dirigentes actuales del PP– nunca ha pedido perdón.

Y también conviene recordar que, con los cadáveres de Alberto y Ascen, recién enterrados en Sevilla, el etarra Iñaki de Juana Chaos, entonces preso, escribió lo siguiente:
En la cárcel, sus lloros son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajada limpia (…) Me estoy tragando todas las noticias de la ekintza[el atentado] de Sevilla. Me encanta ver las caras desencajadas que tienen… Con esta ekintzaya he comido para todo el mes. ¡Perfecta! Ahora están empezando a recoger el sufrimiento que desde hace décadas vienen repartiendo entre los presos, y eso que todavía seguimos siendo monjitas de la caridad.

Este es el individuo al que el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba puso en libertad tras una ficticia huelga de hambre, y ahora vive en Venezuela sin que el Ejecutivo de Rajoy haya hecho nada en estos años para conseguir su detención y expulsión. El problema, ya lo dijo con acierto Rosa Díez, es que Rajoy tiene su particular De Juan Chaos: Bolinaga, el carcelero-torturador de Ortega Lara –que se negó a reconocer ante la Guardia Civil que allí, en la nave de Mondragón, mantenían secuestrado al funcionario de prisiones–, que fue puesto en libertad por el Gobierno de Rajoy con la excusa de que padecía una enfermedad terminal, a la que sobrevivió dos años y medio en su casa.

Que este vigésimo aniversario del asesinato de Alberto y Ascen sirva para renovar el propósito de no olvidar nunca a nuestros héroes de los siglos XX-XXI, a nuestras víctimas del terrorismo. Cuando hay muchos que quieren pasar página, falsear la verdad, relativizar el drama sufrido durante tantos años, digamos que no: que aquí hubo 857 víctimas que fueron asesinadas por ser españoles, y que eso nunca se podrá olvidar. Descansen en paz Alberto, Ascen y todas las víctimas del terrorismo.

Jiménez Becerril: "En muchas de las banderas de los balcones está el espíritu de los que murieron defendiendo la unidad de España"
La eurodiputada y hermana de Alberto Jiménez Becerril ha recordado el cruel asesinato que cometió ETA hace 20 años.
esRadio  Libertad Digital 30 Enero 2018

La eurodiputada Teresa Jiménez Becerril ha recordado a su hermano Alberto y su cuñada Ascensión García Ortíz en el 20 aniversario de su asesinato por ETA. "Sevilla reaccionó en la calle, nadie se lo podía creer". Teresa ha contado cómo su hermano "no vivía con la percepción de miedo, yo le pregunté si tenía miedo y me dijo que era el 800 en la lista". De hecho, "él organizó la manifestación por Miguel Ángel Blanco en Sevilla, no tenía ni idea que a los seis meses las manos blancas se iban a levantar por él y su mujer".

Jiménez Becerril ha pedido no olvidar "la bestialidad y crueldad" de aquel asesinato terrorista, "mataron a un muchacho de 37 años y su mujer cuando iban a su casa donde les esperaban sus hijos de 4, 7 y 9 años". Ha lamentado que "mucha gente tiende a olvidar ya que ETA no mata", pero ha subrayado que "mató y tenemos que exigirle que colabore con la Justicia".

Que colabore, por ejemplo, resolviendo los más de 400 asesinatos que cometieron y que todavía están sin resolver, "de hecho llevamos el asunto junto a Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, al Parlamento Europeo porque las familias necesitan descansar". Teresa Jiménez Becerril ha apuntado que "la Paz sólo puede salir de la Justicia". Por ello, ha destacado que "no tenemos que darle las gracias a ETA por que no nos maten, no tenemos que premiarles por dejar de matar".

Jiménez Becerril ha contado cómo mucha gente le pregunta si perdona a los asesinos, ha explicado que "a mí nadie me ha venido a pedir perdón, y no van a venir porque no se arrepienten". Sólo "hay que verlos en los juicios donde muestran una absoluta falta de responsabilidad del dolor que causaron". Y en esa línea se enmarca el intento de algunos por blanquear la imagen de Otegi, "que no es un hombre de paz sino un terrorista". Ha lamentado cómo con dinero público Bildu "hace un mapa de lo que llaman la tortura y ponen como víctima al terrorista que asesinó a Jesús Ulayar delante de su hijo pequeño". A los terroristas "no hay que integrarlos, sino que cumplan íntegramente sus penas".

¿Y para qué ha servido todo ese sacrificio de las víctimas? "No lo sé", ha reconocido Teresa Jiménez Becerril. Sin embargo, se consuela pensando que "en muchas de las banderas que ponen la gente en los balcones, que de vez en cuando resurge, está el espíritu de todos los que han muerto defendiendo nuestra libertad y la unidad de España". Ya que no hay que olvidar que "a mi hermano y cuñada los asesinaron por defender la unidad de España los que defendían la independencia en el País Vasco".

Entre los actos de recuerdo habrá a las 12:00 de la mañana un minuto de silencio "por todas las víctimas de ETA" en la puerta del ayuntamiento de Sevilla y una misa por Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz este martes a las 17:00 horas en la Catedral sevillana. Posteriormente "iremos donde los asesinaron para poner flores". Por último ha pedido que no haya "ni olvido ni perdón".

TRAS EL 1-O
Avalancha de padres que reclaman una enseñanza en español en Cataluña
La Gaceta  30 Enero 2018

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) sostiene que el modelo de inmersión lingüística catalán no respeta el derecho fundamental a la educación en lengua materna.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha asegurado que, tras el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre (1-O), se ha incrementado “considerablemente” el número de padres que han contactado con esta entidad para reclamar más horas de español en la escuela para sus hijos.

La presidenta de la entidad, Ana Losada, ha animado a los padres a “no desfallecer” en sus reclamaciones ante las autoridades educativas catalanas y ha recordado el caso del colegio Josep Guinovart, de Castelldefels (Barcelona), donde unas cuarenta familias pidieron a través de los tribunales enseñanza bilingüe para sus hijos tras una moción municipal en la que se instigaba a desobedecer las resoluciones de los tribunales que declaran el derecho a la educación en español en un 25% de las horas lectivas -al menos-.

En un comunicado, la AEB ha informado de las consideraciones que se han dado a conocer en un encuentro de esta asociación en Tarragona, en la que han participado familias, docentes y representantes de diversas fuerzas políticas. Entre otros, asistieron el diputado del PP en el Congreso Jordi Roca, y miembros de entidades como Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia, Plataforma Ahora, Hablamos Español, Asociación para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES) y Societat Civil Catalana (SCC). La representante de esta última asociación, Nuria Plaza, explicó que están elaborando un informe sobre la “injerencia política en la escuela entorno al 1-O”.

AMES presentó su último informe -del pasado mes de diciembre- en el que compara 16 libros de texto -de 2º, 3º y 4º de ESO- utilizados en Cataluña con los de la Comunidad de Madrid y afirma que existe adoctrinamiento. “Con estas herramientas, en las que abundan las aberraciones históricas y las invenciones, sería milagroso que un alumno adquiera una visión global de la historia de España”, dice.

La jornada concluyó con la lectura del manifiesto ‘Por una escuela cívica y bilingüe’, en el que se reclama un pacto educativo en el que se reconozca “el derecho a ser escolarizado en español en cualquier parte del territorio nacional y en la lengua cooficial en las comunidades autónomas”, entre otras reivindicaciones.

La AEB sostiene que el modelo de inmersión lingüística catalán es una anomalía en Europa, puesto que se trata del único modelo monolingüe en territorios con más de un idioma oficial y no respeta el derecho fundamental a la educación en lengua materna, reconocido internacionalmente como derecho de la infancia y la adolescencia por la UNESCO en 1953 y por la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

Odio en la Universidad
El sindicato de estudiantes SPEC, ligado a los antisistema de la CUP, ha equiparado las actitudes “racistas y machistas” con las “españolistas”, en una publicación de Facebook. En el texto, advierte que en sus fiestas “no admitirían ningún tipo de actitud machista, racista, lgtbifóbica, fascista ni españolista”.

Estas afirmaciones han generado inquietud entre los Jóvenes de Societat Civil Catalana (SCC), que a través de su cuenta de Twitter han criticado “la pasividad del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)” y han reclamado una institución “de todos”.
 


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