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La Constitución, desactivada
ANDRÉS BETANCOR El Mundo 31 Enero 2018
Se está convirtiendo en un lugar común hablar de la reforma de la
Constitución. Cuando entramos en su cuadragésimo aniversario,
numerosas propuestas se están presentando. La organización
territorial está en el centro de los análisis. Se denuncian las
insuficiencias, los problemas y los defectos; se ofrecen
alternativas y soluciones. Sin embargo, pocos se están ocupando en
mostrar aquello que, estando contemplado en la Constitución, los
políticos se han entretenido en marginar. Me refiero a la Alta
Inspección educativa del Estado.
La Constitución establece, en el artículo 27, que los poderes
públicos deben inspeccionar el sistema educativo. El reparto
competencial hizo posible que a las comunidades les correspondiese
la inspección ordinaria, mientras que al Estado la denominada Alta
Inspección. Los Estatutos de Autonomía recogieron expresamente la
competencia del Estado. Así, los del País Vasco (art. 16), Galicia
(art. 31), Andalucía (art. 84), Asturias (art. 18), Cantabria (art.
28), La Rioja (art. 10), Murcia (art. 17), Valencia (art. 53),
Canarias (art. 32), Navarra (art. 47) y Madrid (art. 29).
En coherencia con la distribución de competencias, todas las leyes
estatales de Educación han contemplado la Alta Inspección. Desde la
Ley orgánica 5/1980, pasando por las Leyes orgánicas 8/1985, 1/1990,
10/2002, hasta llegar a la vigente Ley orgánica 2/2006, de
Educación. Las dos últimas leyes, la 10/2002 y la 2/2006, son
ilustrativas de lo que quiero decir. La primera, obra de la mayoría
del PP, especificó en qué consistía la Alta Inspección (art. 104).
La segunda, fruto de la mayoría socialista con el respaldo de los
nacionalistas vascos y catalanes, asume lo dispuesto en la anterior
y detalla que a la Alta Inspección le compete comprobar, velar y
verificar el cumplimiento de la legislación del Estado en cuanto a
modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza; la
inclusión e impartición de los aspectos básicos de los currículos;
las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes y
de sus efectos académicos o profesionales; y la adecuación de la
concesión de las becas.
A la Alta Inspección se le atribuye, además, una competencia
singularmente relevante: «velar por el cumplimiento de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de
educación, así como de sus derechos lingüísticos» (art. 105). El
elenco de competencias debería ser suficiente para evitar los abusos
denunciados en las escuelas. El Estado no ha hecho nada para
impedirlos cuando tiene reconocidas las competencias adecuadas por
una la ley fruto de la mayoría socialista, que el PP no ha
reformado.
Los políticos saben perfectamente cómo desactivar las competencias
incómodas: se les encarga su ejercicio a un enano organizativo, sin
medios, sin recursos y aplastado por una jerarquía que no está
interesada en lo que investiga, descubre y denuncia. La versión
moderna «Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento» (Álvaro de
Figueroa y Torres, primer conde de Romanones): ponga en la
Constitución lo que quiera, que ya me encargaré de hacerlo inviable.
Este proceder lo vemos en distintos ámbitos: ¿cómo es posible que el
órgano encargado de velar por el respeto del régimen de
incompatibilidades y de conflictos de intereses de, por ejemplo, el
presidente del Gobierno, los ministros y los secretarios de Estado
tenga rango de dirección general? ¿Es razonable, en relación con la
Educación, que las competencias de la Alta Inspección estén en manos
de una jefatura de servicio inserta en las delegaciones de Gobierno
en cada una de las comunidades autónomas? Salvo en la Biblia, David
no puede ganar al Goliat organizativo.
La Constitución es objeto de críticas, algunas merecidas. Menos son
las que se vierten contra los políticos que han decidido desactivar
sus determinaciones con fines no precisamente confesables. ¿De qué
sirven unas competencias si quien las ejerce no cuenta con la fuerza
y naturaleza organizativa adecuadas? Desde 1980 no se ha querido
regular la organización y el régimen de personal de la Alta
Inspección. La inactividad es, también, una forma de hacer política,
en este caso, además, a complacencia de los nacionalistas.
La Alta Inspección debe estar en manos de aquél que quiera y pueda
ejercerla porque disfruta del estatus organizativo apropiado. Una
fórmula organizativa que garantizaría su despolitización sería la de
la autoridad administrativa independiente, regulada y con carácter
general en la legislación administrativa. Es la propuesta presentada
por Ciudadanos y cuya toma en consideración fue rechazada por el
Congreso, impidiendo que pudiera ser objeto de discusión y debate en
el seno del correspondiente procedimiento legislativo. Ni discutirla
quieren. No es sorprendente.
Los distintos Gobiernos del PP y del PSOE han renunciado a regular
la Alta Inspección para evitar incomodar a las comunidades con la
desagradable tarea de supervisar el cómo cumplen con la legislación
de Educación y, en particular, con las condiciones básicas que
garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus
derechos y deberes educativos, así como de sus derechos lingüísticos
en la enseñanza. La Constitución ofrece un instrumento que está
contemplado en la legislación desde 1980 y que, por razones
políticas, ha sido desactivado. El resultado es la impunidad con la
que se violentan los derechos más básicos de los españoles. No se
garantiza la igualdad en el ejercicio de sus derechos y deberes, así
como tampoco el disfrute de los derechos lingüísticos. Es la ley, es
la Constitución, no es la ensoñación de utopistas revolucionarios.
Que la Constitución necesita reformas, no lo dudo. Pero la más
importante es que se cumpla. Y para cumplirla no necesitamos
reformarla. Necesitamos la voluntad decidida de que sus
determinaciones no sean piezas de escaparate, sino las reglas
básicas que ordenan nuestra convivencia y, sobre todo, garantizan la
igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier rincón del
territorio nacional.
Andrés Betancor es catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Pompeu Fabra.
Circo interminable
EDITORIAL Libertad Digital 31 Enero 2018
Estaremos condenados a un 155 desnaturalizado que no lleva a
Cataluña de vuelta al orden constitucional.
Una cosa es que el presidente del Parlamento regional de Cataluña,
Roger Torrent, no se haya atrevido a desobedecer el auto del
Tribunal Constitucional por el que se suspende cautelarmente la
investidura de Puigdemont, mientras esté activa la orden de búsqueda
y captura e ingreso en prisión del golpista, y otra muy distinta que
se haya puesto final al desafío de los separatistas –el propio
Torrent incluido– al Estado de Derecho.
Desgraciadamente, tanto el desafío separatista como el circo al que
ha dado pie la aplicación del artículo 155 de la Constitución sólo
para convocar elecciones autonómicas parece que van a tener un
larguísimo recorrido.
Para empezar, resulta esperpéntico que quien preside el Parlamento
regional catalán sin quitarse de la solapa un lazo que revela su
solidaridad con prófugos de la Justicia o con quienes están en la
cárcel acusados de las más graves vulneraciones del orden
constitucional se permita, tras ignorar a los letrados del propio
Parlamento que preside, dar lecciones de Derecho Constitucional a
los miembros del TC, a los que Torrent ha acusado de perpetrar una
"chapuza jurídica". Torrent parece ignorar que el TC todavía no ha
resuelto la impugnación del Gobierno y se ha limitado a tomar una
oportuna medida cautelar que, obviamente, y dada su naturaleza
jurídica, tiene un carácter necesaria y encomiablemente preventivo.
El esperpento abarca también las movilizaciones callejeras, las
acampadas ante el Parlamento regional y las disensiones que el
aplazamiento de la investidura de Puigdemont ha provocado en las
filas separatistas. Dado que tanto el presidente de la Cámara
catalana como el golpista huido dicen no contemplar otra investidura
que no sea la del propio Puigdemont, habrá que tener presente que no
es posible la celebración de nuevas elecciones regionales sin que
previamente se haya celebrado una votación de investidura. Así que,
mientras los separatistas se empecinen en investir presidente al
golpista y mientras los constitucionalistas no presenten una
candidatura alternativa, aunque no vaya a salir adelante, estaremos
condenados sine die a un 155 desnaturalizado que no lleva a Cataluña
de vuelta al orden constitucional.
La juez Lamela, a Rosell: "Esto es España,
¡hable castellano!"
La magistrada de la Audiencia Nacional que ordenó la prisión para
'los jordis' se muestra intransigente ante el expresidente del
Barça, a quien investiga por blanqueo
Carlos Quílez El Espanol 31 Enero 2018
Ocurrió a finales del año pasado. La juez de instrucción número 1 de
Andorra, Canolic Mingorance, y el fiscal general del país, Alfons
Alberca, se trasladaron a Madrid para interrogar al expresidente del
Barça Sandro Rosell y al gestor andorrano Joan Besolí. Ambos se
encuentran en prisión preventiva por orden de la juez Carmen Lamela
(la misma que ordenó prisión para los Jordis por sedición), que les
investiga por blanqueo de capitales.
Justamente Mingorance y Alberca dirigen una investigación por
idénticos hechos contra ambos en Andorra. En el marco de esa causa,
la juez y el fiscal se trasladaron a la Audiencia Nacional para
recabar información de Rosell y Besolí, quienes estaban siendo
investigados en el Principado desde hacia dos años sin que,
paradójicamente, nunca, hasta el momento, se les tomara declaración.
Ambos fueron trasladados desde Soto del Real esposados en una
furgoneta de la Guardia Civil que compartían con presuntos
terroristas de Dáesh citados por otros jueces de la Audiencia
Nacional.
Esposados
Entraron esposados en la sala de vistas de la audiencia, donde les
esperaban Lamela (la anfitriona), Mingorance y Alberca. Estaba a
punto de comenzar un acto jurisdiccional de Andorra. Rosell fue
preguntado por Mingorance y se dispuso a hablar en catalán. Lamela,
que en principio no jugaba papel alguno en aquel trámite judicial,
interrumpió a Rosell y le conminó a hablar en castellano.
Rosell y sus letrados le recordaron airados a la juez que aquel era
un acto jurisdiccional andorrano y que el catalán es idioma oficial
en Andorra. La Juez respondió mal humorada: “¡Esto es España, así
que responda usted en castellano!”.
A Rosell y Besolí, que llevan ocho meses en la cárcel, la Audiencia
Nacional les ha denegado hasta en cuatro ocasiones? la libertad
provisional bajo fianza.
"La Fiscalía me pide 25 años de prisión por
denunciar la corrupción en España, empezando por la Infanta Cristina
y Urdangarín"
Miguel Bernad Remón, jurista y secretario general de Manos Limpias
latribunadelpaisvasco 31 Enero 2018
Tengo 75 años, y “disfruto” de los achaques propios de la edad,
aunque no me quejo.
Agradezco mucho a la fiscalía española, tan experta en mirar para
otro lado cuando le conviene, que me pida 24 años y 10 meses de
prisión, es decir, casi 25 años de cárcel, ya que ello me hace
suponer que piensan llegaré a los cien años, y ese detalle es muy de
agradecer…
He dedicado los últimos 22 años de mi vida, desde 1995 hasta la
fecha, a luchar contra la corrupción en España, y prueba de ello son
más de un millar de denuncias y querellas presentadas por el
sindicato Manos Limpias, del que soy fundador y secretario general.
Del Rey abajo nadie se ha librado de nuestra persecución, siempre
que viéramos indicios de corrupción, prevaricación, cohecho, etc.,
empezando por la propia hija y hermana de reyes, Cristina de Borbón
y Grecia, y su marido, Urdangarín.
Y por eso debo enfrentarse a esa enorme, desproporcionada y, sobre
todo injusta, acusación y petición fiscal, que además de ser un
disparate jurídico, supone una auténtica intimidación.
Es una acusación sin la más mínima base probatoria para acusar. El
Ministerio Público, en una clara huida hacia adelante para
justificar mi ingreso en prisión preventiva, y la estancia en la
cárcel ininterrumpidamente durante ocho meses y medio (unos 255
días), solicita que s eme imponga una pena de 24 años de prisión y
10 meses más, intentando así amedrentarme para que mi abogado pacte
una sentencia de conformidad, en la que reconozca habrá cometido
algún delito, intentando así criminalizarme y acabar con mi
prestigio y el de Manos Limpias, un referente Español y mundial en
la lucha contra la corrupción política.
Pero no lo van a conseguir. Prefiero morir en la cárcel que vivir de
rodillas, y más ante un gobierno de traidores, cobardes y corruptos
como el que tenemos la desgracia de sufrir actualmente en lo que
queda de España…
No contento el instructor, el juez Pedraz, que tenía que haberse
abstenido de intervenir en este asunto, ante la enemistad manifiesta
que profesaba y tiene al que suscribe, tras haberle denunciado en
varias ocasiones ante el Consejo General del Poder Judicial, el
Fiscal actuante prevarica en su petición de ingreso en prisión
preventiva, no habiendo causa para ello. Sigue prevaricando al
mantenerme durante ocho meses y medio en la cárcel, pese a mi edad,
y no tener antecedente penal alguno, y vuelva a prevaricar ahora,
con esta infumable petición de 24 años y diez meses de prisión.
El Ministerio Fiscal ha vulnerado todas mis garantías
constitucionales y procesales, de manera grosera, flagrante,
clamorosa y hasta delictiva.
La fiscalía oculta y desprecia las manifestaciones en sede judicial
de los presuntos extorsionados, todos y cada uno de los cuales han
dicho que no habían tenido relación alguna conmigo, ni, por
supuesto, habían sido objeto de extorsión alguna, por parte del
sindicato Manos Limpias.
Todo eso al fiscal le da igual, pues seguramente obedece órdenes
superiores, dada la estructura jerárquica de la fiscalía, o pretende
que la realidad no le impida construir un relato de ficción, que es
pura invención suya, como el argumento de una novela, en las que
cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia…
El Ministerio Fiscal ha sido incapaz de construir un andamiaje
jurídico basado en indicios racionales de criminalidad contra mí,
pese a lo cual me mantiene durante ocho meses y medio en prisión
preventiva, y solo cuando empiezan a llegar quejas al Consejo de
Europa, al Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, e incluso
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y suponemos que estos
organismos piden explicaciones a España, me dejan en libertad.
La fiscalía retuerce torticeramente los hechos, para darles encaje
penal “sí o sí”, aunque sea con calzador, y ello a pesar de la total
y absoluta inexistencia de indicios de criminalidad, el fiscal acusa
con la más absoluta desvergüenza.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los fiscales son de “servicios
mínimos”, deben de pensar que es absurdo que un señor que no tiene
interés económico alguno, a diferencia de ellos, que cobran su buen
sueldo, pueda dedicar más de dos décadas de su vida a interponer más
de 1.000 (mil) querellas y denuncias contra diversos estamentos del
Estado, la Judicatura, los gobiernos autonómicos separatistas de
Cataluña y el País Vasco, otras autonomías totalmente corruptas y
corrompidas como la andaluza, con el caso de los ERES, etc.
El fiscal pasa olímpicamente de los requisitos que establece el
Código Penal para incardinar los hechos en los delitos de
organización criminal y extorsiones…
La fiscalía pide además la disolución de Manos Limpias, pues por lo
visto no quieren competencia, habida cuenta de que nuestro sindicato
ha hecho más por la lucha contra la corrupción en España que los
alrededor de 3.000 fiscales que los españoles tenemos en nómina…,
con muy magros resultados.
Resulta curioso ver que nunca se ha pedido la disolución de UGT, por
ejemplo, con su famoso PSV, un timo al por mayor, o de la propia UGT
y CC.OO. en el caso de los ERES andaluces, que callaban a cambio de
“generosas” subvenciones, o las numerosas cajas de ahorros y bancos
que han estado estafando –literalmente- a sus clientes, colocándoles
productos que eran un auténtico timo.
Por no hablar de la primera organización delictiva que existe en
España, que es el PP, involucrado en cientos de casos de corrupción
y latrocinio del dinero público, mordida, comisiones, etc.
La fiscalía nunca ha pedido la disolución de ninguna de esas
organizaciones delictivas, pero sí de Manos Limpias, ya que, al
parecer, en un país de corruptos un sindicato que lucha contra la
corrupción es un peligro público, y debe der erradicado de la faz de
la tierra.
La irrupción en los procesos penales de la figura del fiscal
defensor del acusado, cuyo máximo valedor y representante es el
fiscal Horrach, es la guinda de una Institución sumida en el
descrédito y desprestigio de una de uno de los pilares fundamentales
del Estado de Derecho, o, en el caso de España, y por desgracia, del
estado de desecho…
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Sainete de la república catalana
Emilio Campmany Libertad Digital 31 Enero 2018
Si algún día Puigdemont pretendiera volver, habría que cerrarle el
paso en la frontera y obligarle a volverse a Bélgica.
En el sainete de la república catalana, el papel que le ha tocado a
Torrent es el de un oficial fatuo y petulante. Está muy bien
recordar la chapuza jurídica perpetrada por el Constitucional porque
efectivamente lo es. Como no está de más acentuar que tiene su
origen en la necesidad de proteger al Gobierno de la metedura de
pata de su marisabidilla vicepresidenta. Pero el caso es que lo que
ha hecho es suspender la investidura hasta que esté asegurado que el
debate será "efectivo y con garantías". ¿Qué significa esto más allá
de que se suspende la investidura sine die? Seguramente, nada. Una
de las cosas más reconfortantes de tener que escuchar cómo se
dirigen a su parroquia los líderes independentistas es comprobar que
toman a sus seguidores por tontos tanto como el resto de políticos
españoles toman a los suyos por idiotas. En eso, como en tantas
otras cosas, como la corrupción o el apego a las bicocas del cargo,
demuestran los independentistas ser tan españolazos como el que más.
La cuestión es que Torrent pertenece a la Esquerra y la Esquerra no
quiere a Puigdemont de presidente. No porque sea prófugo de la
Justicia, que eso no deja de ser un valor en el activo del
expresidente, ni porque no tenga la más mínima intención de volver a
Cataluña mientras haya una orden de detención contra él, sino porque
no es de su partido. El problema que tienen es que, una vez que el
necio ha sido elevado a la categoría de mártir de la causa, no hay
más remedio que esperar a que sea el Gobierno o el Tribunal
Constitucional quienes se carguen su candidatura. Y el problema de
la Esquerra es más grave de lo que parece porque la torpeza innata
del Gobierno y la inducida del Tribunal Constitucional hacen que,
aunque lo intenten, no consigan cargárselo. Con lo fácil que habría
sido esperar a un conato de investidura por vía telemática que el
Constitucional podría haber anulado en un pispás. Y Torrent, con
lágrimas de cocodrilo, habría podido buscar y encontrar sin
remordimiento otro candidato del gusto de la Esquerra.
Pero ahora el Gobierno y el Constitucional han decidido combatir el
proceso armados de una suerte de justicia preventiva, que diría el
Consejo de Estado, poniendo recursos contra actos no realizados y
dictando autos de arúspice con los que atajar el hecho ilícito antes
de que se produzca. Con tanta incompetencia, pensará Torrent, no hay
manera de cargarse a Puigdemont. De forma que ha hecho lo único que
podía hacer, posponer ad calendas graecas y esperar a ver si alguien
le da una solución más eficaz con la que desahuciar de una vez al
prófugo bobalicón y testarudo empeñado en ser presidente legal en el
exilio. Si algún día pretendiera volver, habría que cerrarle el paso
en la frontera y obligarle a volverse a Bélgica. Aquí no cabe un
tonto más.
Lo que no puede ser
Alejo Vidal-Quadras Gaceta.es 31 Enero 2018
El problema del pobre Puigdemont es que ha alcanzado el punto en su
huida hacia adelante en que es un estorbo para todos los
participantes en el disparatado “procés”.
Es célebre la rotunda afirmación del diestro Rafael Gómez Ortega “El
Gallo”: “Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible”,
espléndido pleonasmo que une a su carácter de verdad absolutamente
indiscutible el colocar a todos aquellos que la ignoran en el ámbito
de la idiotez o la locura. Por lo que hemos visto en las últimas
horas el actual Presidente del Parlamento de Cataluña, a diferencia
de lo que se pudo pensar de su predecesora hasta que los jueces la
devolvieron a la realidad, no es ni un demente ni un imbécil. La
prueba está en que ha pospuesto sine die el pleno de la Cámara
autonómica en la que los grupos separatistas pretendían investír
como primera autoridad de Cataluña y máximo representante del Estado
en ese territorio a un huido de la justicia sin que éste se dignase
personarse en el hemiciclo para defender su programa y ser votado.
Si Roger Torrent hubiera cedido a las presiones de Junts per
Catalunya y de la CUP y hubiera consentido que el discurso del
ausente hubiese sido pronunciado por un sustituto o que el
bruselense temporal se hubiese aparecido ante los diputados
transportado por las ondas electromagnéticas, su desobediencia
pública y notoria al Tribunal Constitucional hubiera significado un
delito que muy posiblemente le habría acarreado como mínimo la
inhabilitación y como máximo una larga temporada entre rejas. Además
de estas molestas consecuencias, la investidura de Puigdemont
hubiera ido en contra de la estrategia del partido en el que milita
el Presidente del Parlament, que consiste precisamente en que el
fugado desaparezca del mapa por incómodo, por patético y por pesado,
y quede el camino expedito para la candidatura de alguien sin
cuentas pendientes con la ley, de tal manera que Cataluña pueda ser
debidamente gobernada. La prioridad para ERC no es ya a estas
alturas de la tragicomedia secesionista la proclamación de la
República catalana -entelequia sólo comparable a la isla de Nunca
Jamás-, sino el volver a disponer de las palancas del poder y del
sustanciosos presupuesto que el ministro Montoro ha ido alimentando
generosamente, inasequible al desaliento y a las fechorías de los
separatistas. Al final, si no se puede alcanzar la soñada
independencia, no son mal consuelo las prebendas, gabelas y
privilegios de sentarse en la silla curul del palacio de la Plaza de
Sant Jaume. Hay mucho correligionario que mantener colocado, mucha
subvención que repartir y mucho ego que colmar como para perder el
tiempo con las payasadas de un ex-alcalde de Gerona.
Las protestas retóricas ante las instrucciones dictadas por el
supremo intérprete de la Constitución y la sutil distinción entre
desconvocar y aplazar, así como la insistencia en que no hay otro
candidato posible que no sea Puigdemont, son volatines circenses
para ganar tiempo e ir consolidando entre los diputados afines y la
masa independentista que ruge airada en la calle la certeza
inapelable de que el ex-President no lo volverá a ser. No
descartemos por otro lado, teniendo en cuenta la naturaleza
esencialmente perversa de la actividad política, que la musa y
sostén moral del exiliado esté velando armas para reemplazarle como
aspirante al trono nacionalista convenciéndole de que, si no es él,
mejor una leal colaboradora que le mantendrá puntualmente informado
de todo lo que suceda y que no dará un paso sin consultarle, que un
Muy Honorable que le olvide en el mismo instante en que se cubra con
la púrpura. El hecho de que eso es exactamente lo que hará ella tan
pronto tome posesión no es algo que, por sabido, tenga demasiada
importancia dadas las circunstancias.
El problema del pobre Puigdemont es que ha alcanzado el punto en su
huida hacia adelante en que es un estorbo para todos los
participantes en el disparatado “procés”, el Gobierno, los
Tribunales, sus aliados políticos, los funcionarios de la
Generalitat que quieren regresar a la placidez del trabajo
cotidiano, los Mossos hartos de hacer de mortadelos de pacotilla y
de arriesgarse a expedientes disciplinarios y la mayoría de la
población catalana, tabarneses o tractorianos, que tienen negocios
que atender o puestos de trabajo que conservar.
Hay otra expresión menos conocida de “El Gallo” que también viene al
caso: “Cada cual es cada cual”. Efectivamente, cada uno somos lo que
somos y desde luego lo que no somos, salvo contadas excepciones, es
masoquistas. Por tanto, la hora del sufrimiento por Cataluña ya ha
terminado y se impone que la vida siga. Si los tres golpes
anteriores del pasado siglo fracasaron con el más espantoso de los
ridículos, se superará también el naufragio del el primero del siglo
XXI y habrá que esperar mejores tiempos. Forma parte del alma
catalana el que un sector de su sociedad desvaríe de vez en cuando y
se dedique a perder el tiempo, las energías y el dinero en aventuras
grotescas. Son las cosas de la identidad.
Cataluña: una broma de mal gusto
OKDIARIO 31 Enero 2018
El independentismo catalán vuelve a dar una imagen paupérrima. Los
disturbios en los alrededores del Parlament, la apología de la
ilegalidad, el enfrentamiento constate y el caos continuado son
propios de un país bananero, no de una de las regiones más
importantes de España. Lo peor es que de seguir con esta broma
pesada, nadie tomará en serio Cataluña a nivel internacional. Algo
que dañará las inversiones y el empleo y que, por consiguiente,
puede lastrar gravemente la economía. Punto por punto, el día a día
en la región es un caos insostenible. Este martes hemos tenido la
última prueba. En primer lugar, por la insistencia de Roger Torrent
en la investidura de Carles Puigdemont a pesar de que lo ha
prohibido el Tribunal Constitucional (TC). Si fuera responsable y
pensara en el bien de todos los catalanes, el presidente del
Parlament optaría por otra fórmula y no insistiría en un imposible.
Sobre todo porque es ilegal. Puigdemont es un prófugo de la
justicia. El expresident ni puede gobernar desde Bruselas ni lo
puede hacer en España, ya que de pisar suelo patrio el único camino
posible desemboca en la cárcel de Estremera después de pasar por el
Tribunal Supremo para rendir cuentas ante el magistrado Pablo
Llarena. Esta inestabilidad política e institucional provoca que las
calles estén al albur de los más radicales y que la inseguridad
jurídica sea el plato principal de cada jornada en Cataluña. Así,
hemos visto al líder de la CUP, Carles Riera, alentar a los
violentos que pasarán la noche en el Parlament. La irresponsabilidad
política es gasolina sobre la visceralidad de los más radicales.
Lejos de buscar una solución que pase por la legalidad, arengan a
sus acólitos como si en vez de estar en un país democrático
estuviéramos en un campo de batalla.
El peligro de una turba descontrolada ha sido evidente cuando los
Mossos no han podido detener el empuje de los distintos grupos en el
Parque de la Ciutadella. Una incapacidad que contrasta con el
trabajo férreo y escrupuloso que Guardia Civil y Policía Nacional
hacen en la frontera. No obstante, y a pesar de la beligerancia de
la CUP y los CDR, lo cierto es que la imposibilidad de que los
independentistas rijan en Cataluña por encima de la ley está
provocando que la unidad del bloque separatista cada día se resienta
más. Como si se tratara de una película de Luis García Berlanga,
diputados de la antigua Convergència han llamado “cagados” a los de
ERC. Una prueba más de que el esperpento es el estado permanente al
otro lado del Ebro. Cataluña necesita a la España
constitucionalista. De otra manera, los ciudadanos seguirán
padeciendo sine die esta broma pesada.
La no investidura
Teresa Freixes okdiario 31 Enero 2018
Al haber fijado Rajoy el 17 de enero como día para la constitución
del Parlamento de Cataluña ejerciendo las atribuciones que el art.
155 CE le atribuye al respecto, la sesión de investidura, que tiene
que tener lugar en los 10 días hábiles después de la constitución,
debe haberse realizado como máximo el 31 de enero. Pero no parece
previsible que ello suceda, ya que el presidente del Parlamento de
Cataluña, que había fijado la realización del pleno de investidura
para el 30 de enero a las 15.00 horas, ha desistido de la
realización del mismo, suspendiéndolo sine die y anunciando que no
piensa presentar a otra persona que no sea el prófugo Puigdemont
como candidato a la investidura, resistiéndose a presentar al Pleno
cualquier otra candidatura. Recuerdo aquí que únicamente pueden ser
consideradas las candidaturas oficialmente presentadas por el
presidente de la Cámara, tras las correspondientes consultas a los
partidos políticos con representación parlamentaria.
El Tribunal Constitucional, que ha dejado en suspenso por diez días
la aceptación —o no— a trámite el recurso del Gobierno contra tal
designación de candidato, pero ha admitido la personación del
Parlamento, de Puigdemont y de los diputados que también presentaron
petición en este sentido, en el trámite previo a la admisión a
trámite precitada, ha dictado ya resolución inadmitiendo las
alegaciones realizadas por Puigdemont, puesto que, para el TC: “La
autonomía parlamentaria no puede erigirse en razón para soslayar el
cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional”. Se
mantiene, pues, la necesidad de que, si Puigdemont quiere ser
investido, tenga que contar con autorización judicial para asistir
al Pleno. Lo que equivale a decir que tiene que entrar en España,
presentarse ante la justicia o ser detenido para ser puesto a su
disposición, ingresar en prisión y solicitar un permiso
penitenciario, que el juez resolverá si concede o no. Los
precedentes existentes en el caso de Junqueras, los Jordi’s y Forn,
parecen indicar que, como máximo, lo que podría suceder es que
Puigdemont, al igual que el resto, pueda solicitar a la Mesa del
Parlamento una delegación de su voto en otro diputado, que la Mesa
tendrá que resolver si acepta o no, pero no parece probable que
pueda obtener el permiso para desplazarse a Barcelona para asistir
al Pleno.
Esta situación ha tenido indudablemente que pesar en el ánimo del
Sr. Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, además de la
consideración de que negarse a acatar la decisión del Tribunal
Constitucional y facilitar una investidura telemática, por
representante o mediante delegación, cuando el TC las ha considerado
contrarias a Derecho, le conduciría a la aplicación de
responsabilidades penales sobre su persona, tal como sucedió con su
antecesora, Carme Forcadell. Caben varios escenarios ante esta
situación insólita. Tan insólita que ningún reglamento parlamentario
que conozca la prevé. Porque normalmente las democracias se
fundamentan en el principio de lealtad institucional y, también
normalmente, ese principio se respeta, porque es la base del
correcto funcionamiento democrático del Estado de Derecho. De ahí
que se puedan prever distintas situaciones, al margen de que
hipotéticas o reales rocambolescas reacciones de Carles Puigdemont
puedan provocar quien sabe qué consecuencias.
Por una parte, se podría interpretar que al estar todavía pendiente
la resolución del Tribunal Constitucional sobre la admisión a
trámite del recurso del Gobierno contra la designación de
Puigdemont, admisión que suspendería, en principio, por hasta 5
meses el acto impugnado —aunque podría existir prórroga—, el Pleno
del Parlament quedaría automáticamente suspendido hasta que el TC se
pronuncie sobre esa admisión a trámite —no sobre el fondo de la
cuestión—. Pero no es la única interpretación posible, puesto que el
propio Sr. Torrent, haciendo uso de sus facultades como presidente
de la cámara catalana, ha interpretado que, aun habiendo convocado
el Pleno, tiene potestad para suspenderlo sin haberlo iniciado, les
guste o no les guste a los grupos parlamentarios. Y para suspenderlo
sine die, sin plazo alguno establecido, hasta que, según su
criterio, se den las condiciones para elegir a Puigdemont “con
garantías”. Cabría pensar también que, al finalizar el 31 de enero
el plazo reglamentario previamente establecido para que tenga lugar
el inicio de la sesión de investidura, si el día transcurre sin que
ello haya acaecido, la autoridad que lo estableció tendría que decir
algo al respecto, es decir, tendría que tomar alguna decisión. Y
aquí aparecen, a su vez, escenarios diferentes.
El lío de los plazos
Uno sería el que he apuntado en primer lugar: el Pleno queda
suspendido por efecto del auto del TC que se auto-otorga 10 días
para admitir a trámite el recurso del Gobierno y da posibilidades a
que las partes efectúen alegaciones. No acabo de verlo claro porque
existen razones, fundamentadas básicamente en el principio de
seguridad jurídica, a favor de entender que quien decidió el inicio
de los plazos para la formación del Gobierno, tendría que dictaminar
explícitamente que el plazo para el inicio del Pleno de investidura
se prolonga hasta que el TC tome la pertinente decisión, ya que el
Tribunal nada ha dispuesto al respecto. Otro podría ser que dado que
el presidente del Gobierno es quien, en ejercicio de las funciones
que la Constitución y el acuerdo del Senado le han conferido en
aplicación de la coerción federal propia del art. 155 CE, ha fijado
la fecha del calendario que condiciona todo el proceso de la
investidura, puede apreciar que el presidente del Parlamento de
Cataluña no ha cumplido con las obligaciones que como tal tiene para
que la investidura se lleve a buen término. Lo que equivaldría a
constatar que ha existido resistencia a la aplicación de las
previsiones y mandatos derivados de la aplicación del art. 155 CE.
En principio, el art. 155 CE mantiene su vigencia, según los
acuerdos previamente tomados por el Senado y desarrollados en la
guía sobre su aplicación emitida posteriormente de acuerdo con los
partidos políticos que dieron su apoyo a la aplicación de este
artículo, hasta que la normalidad constitucional se reponga en
Cataluña mediante la formación de un gobierno que se sitúe en el
marco de la ley. Por ello, creo hay que entender que se está todavía
dentro de los mandatos establecidos al respecto, pero que, como se
ha podido comprobar, aunque el art. 155 ha surtido ciertos efectos,
su aplicación ha provocado una resistencia, parlamentaria y
callejera, que va a ser difícil de contrarrestar si no se toman otro
tipo de medidas. Me refiero a que, según cómo evolucionen las cosas,
no es descartable que, una vez constatada la continua oposición a
los mandatos constitucionales, estatutarios y reglamentarios, el
Gobierno decida volver a convocar al Senado y solicitar autorización
para volver a disolver el Parlamento y convocar elecciones de nuevo.
Porque al no haberse efectuado votación alguna, el plazo de dos
meses que el Estatuto de Autonomía establece para la disolución
automática del Parlamento no se ha activado, pues sólo comienza a
correr después de la primera votación fallida.
Tal como han transcurrido los últimos meses, parecería quizás más
adecuado, y ahora ya me sitúo no tanto en las disposiciones
estrictamente legales sino, dentro de ellas por supuesto, en otro
plano, que si se disuelve el Parlamento, no volviéramos a realizar
las elecciones en otros 54 días y con las estructuras
administrativas de la Generalitat prácticamente incólumes, pues ya
hemos visto los resultados que ello produce. Quizás se podría
pensar, teniendo en cuenta lo que acabo de decir —y al margen de una
continuidad, con variaciones o no, del art. 155 CE— en la aplicación
de la Ley de Seguridad Nacional, en los sectores que fueran precisos
para garantizar que, por poner un ejemplo —aunque hay otros,
especialmente relativos a la educación y la comunicación—, los
secesionistas de los “Comités de Defensa de la República”,
descontentos con la decisión de aplazar el Pleno tomada por Roger
Torrent, no tomen por asalto el Parlamento, o conviertan el Parque
de La Ciudadela en un Maidán a la catalana. Ciertamente, esta Ley
permite operar sobre la administración, esa que se está resistiendo
también a regresar al orden constitucional, con precisión de
cirujano.
Incapacidad
Aunque también cabría pensar que, dado que el presidente del
Parlamento de Cataluña no ha sido capaz de organizar una investidura
plausible, tal como sucede normalmente en democracia cuando los
políticos fracasan tan estrepitosamente, se echara a un lado y
presentara su dimisión. Es al Gobierno de España a quien corresponde
ahora responder a esta enésima provocación del secesionismo. Tendrá
que ponderar los intereses en juego y decidir sobre la aplicación de
los instrumentos que el Estado de Derecho pone a su disposición para
hacer frente a la situación. Porque, aunque ello es necesario y así
se ha demostrado, no todo debe fiarse a la labor de la justicia.
Quiero recordar, al respecto, que poco consciente es el secesionismo
del jacobinismo que encierra la crítica que continuamente realiza a
la función jurisdiccional en su control sobre el legislador y el
ejecutivo. Cuando Lambert, en 1921 publica su obra ‘El gobierno de
los jueces’ lo hace para criticar el control de constitucionalidad
en los Estados Unidos, ya que en la concepción jacobina francesa la
ley lo puede todo y el juez debe ser únicamente la boca que
pronuncia la palabra de la ley. Sin embargo, recordemos también que
la Historia demuestra que el juez crece en su función cuando el
político se revela como infructífero, ya sea en cuanto a legislador
o en tanto que ejecutivo. No olvidemos que un repaso atento a los
períodos de la Historia de Estados Unidos en los que los jueces han
destacado por la “orientación política” que han ejercido mediante la
jurisprudencia, muestra claramente que el grado de influencia
judicial es directamente proporcional a la torpeza política.
Y la ley prevaleció
EDITORIAL El Mundo 31 Enero 2018
Y el independentismo acató la ley. Por primera vez desde que
adoptaron la vía unilateral, los dirigentes separatistas -con el
presidente del Parlament al frente- experimentaron un rapto de
realismo que les aconsejó detenerse antes de estrellarse, y no
después. Bien es verdad que Roger Torrent no decidió acatar la orden
del Tribunal Constitucional porque le hayan convencido las bondades
del Estado de derecho y el respeto a la pluralidad social de
Cataluña representada en su Cámara autonómica, sino por miedo a la
cárcel que desde hace ya casi tres meses padece el jefe de su
partido, entre otros. Pero eso sólo demuestra que el Estado, cuando
es desafiado, no tiene más remedio que ejercer la pedagogía de la
fuerza legítima, acordada por un tribunal.
Es cierto que el Gobierno forzó los límites de la interpretación del
Derecho al insistir en su recurso preventivo contra el criterio del
Consejo de Estado, y que con ello quebró la unidad de acción
institucional frente al separatismo, que lo celebró como una
victoria. Pero el TC avaló la arriesgada estrategia gubernamental y
la investidura fraudulenta de Carles Puigdemont quedó suspendida.
Faltaba saber si Torrent bajaría la cabeza o pasaría a engrosar el
martirologio. Sucedió la primero.
Para camuflar la claudicación eligió la fórmula del aplazamiento,
que mantiene la candidatura del prófugo al tiempo que cumple con la
Justicia, todo ello al precio de cronificar el desgobierno de
Cataluña. Pero las bases, no en vano fanatizadas por años de
adoctrinamiento y engañadas con promesas de república inminente, no
perdonan que se dé un paso atrás. "O investís al president o tomamos
el Parlament", gritaba un puñado de radicales congregados en el
Parque de la Ciudadela, algunos de los cuales lograron romper el
cordón policial merced, de nuevo, a la hospitalaria pasividad de los
Mossos. Encarnan una expresión callejera y menor del
independentismo, ciertamente, pero también son el síntoma de una
fractura política mayor entre ERC y JxCat. Si Roger Torrent se
mantiene del lado correcto de la ley, la candidatura de Puigdemont
entrará en vía muerta y la frustración subsiguiente podría deparar
consecuencias indeseables, entre ellas la repetición electoral.
Pero el caos por el que se despeña la comunidad catalana, a cuyo
horizonte de excepcionalidad no se le ve el final, tiene un máximo
responsable. Un pícaro egoísta, mentiroso y cobarde que tiene
secuestrado el presente político de Cataluña porque sus
correligionarios se lo permiten, aterrorizados ante la reacción de
sus votantes cuando descubran que nunca hubo arena bajo los
adoquines ni independencia posible bajo la Constitución. Para esos
catalanes, verdaderos avalistas de la sinrazón, Puigdemont es una
mezcla de ídolo tribal y excitante catalizador de odio a España. Por
eso le disculpan que exija a los demás diputados el sacrificio
procesal que él evade en Bruselas.
Siempre defendimos que la ley prevalecería. Cuanto antes lo acepte
el secesionismo, más dinero, tiempo, energías y dignidad ahorraremos
todos.
En Cataluña solo ríen los payasos del
escenario
Carlos Gorostiza. vozpopuli 31 Enero 2018
Los partidarios del “candidato inviable”, saben más que de sobra que
Puigdemont no puede ser president, pero les da igual. Lo que quieren
es continuar con el espectáculo de vamos a hacer como si nos
fuéramos a independizar
En los sistemas democráticos las elecciones se convocan para
determinar quiénes serán los gobernantes y la forma en que estos
actuarán. Sin embargo, en Cataluña ya no es así. Esta tarde se
supone que se celebrará, no se sabe aún bien cómo, un pleno de
investidura en el Parlament que no tiene ninguna posibilidad de
servir para formar un Gobierno que se ocupe con normalidad de las
funciones que le corresponden. Pero lo peor es que ni hay
posibilidad ni tampoco intención alguna. Hoy lo único que importa es
cómo se desarrollará en la Ciutadella un capítulo más, el más
notorio, pero ni el único ni el último, de la entretenida pero
inútil serie de ficción en que se ha convertido la política
catalana.
Sabiendo que hace días, los hombres de Zoido estuvieron registrando
las alcantarillas en torno al edificio del Parlament, era posible
imaginar incluso un desenlace aún más rocambolesco, con el candidato
avanzando por los pasadizos y apartando con la palmatoria las
telarañas para acceder al pleno burlando a los guardias. En fin…
Los partidarios del “candidato inviable”, sea por subterráneo,
digital o recluso, saben más que de sobra que Puigdemont no puede
ser president, pero eso les da igual. Lo que les importa es
continuar con ese espectáculo, tan emocionante, de que vamos a hacer
como si nos fuéramos a independizar. Ya no se trata ni de gobernar
la Comunidad Autónoma ni tampoco de crear una imposible república,
sino de seguir pedaleando a ver hasta donde llegamos, a ver en
cuántos aprietos ponemos al Gobierno de España y así demostrar lo
listos que somos. Se trata de continuar con el juego de ver quién
sabe utilizar mejor los recovecos de la Ley, algo que les debe
parecer muy gracioso y que, de paso, distrae a la gente de la, para
ellos, insoportable realidad de que en Cataluña los independentistas
han perdido las elecciones del 21D y las ha ganado Ciudadanos, un
partido clara y nítidamente contrario al nacionalismo catalán y, por
supuesto, a la secesión.
Para, entre otras cosas, tapar esa realidad, necesitan que el
espectáculo no decaiga. Los partidarios de la ruptura de Cataluña
con España (y consigo misma) jaleaban la semana pasada la resolución
del Consejo de Estado de no admitir el recurso del Gobierno, porque
señalaban -con tanta razón como cinismo- que jurídicamente no se
puede actuar contra quien aún no ha hecho lo que se ha hartado de
decir que va a hacer. No aplaudieron tanto la resolución del
Constitucional. Y es sorprendente, porque llegados a este punto, la
ocasión de conseguir una foto de la policía llevándose detenido a un
President recién elegido resulta tentadora para dar lustre al
relato. Nada menos que crear un mártir para la causa, lo que todo
nacionalismo anhela. Aunque se comprende que a un miembro de la
acomodada y extractiva burguesía catalana no le atraiga pasar por un
furgón policial y puede que por una cárcel, encima sin garantías de
que el juez le permita después acudir al Pleno previsto para esta
tarde, que ya veremos si se celebra o no.
La oportunidad de conseguir una foto de la policía llevándose
detenido a un president recién elegido resultaba harto tentadora
para dar lustre al relato
Así es el pasatiempo en que se ha convertido todo este lío de
Cataluña. Porque se trata ya únicamente de un juego. Un juego
frívolo y ventajista, además, porque los independentistas que tanto
se escandalizan ahora con el Constitucional, son los mismos que
vienen ignorando olímpicamente todas las resoluciones de los órganos
jurídicos catalanes (letrados del Parlament y Consell de Garanties
Estatutàries) que, sin excepción, han resuelto que cada paso del
independentismo era ilegal, desde el pleno del 27 de octubre hasta
el de la posible o imposible investidura de hoy.
Lo terrible es que en Cataluña la ingeniería jurídico-política ha
sustituido a la realidad. Ya solo importa demostrar quién es más
astuto (como recomendaba Artur Mas) aunque sea para ganar unas horas
durante las que seguir en la carrera hacia la nada.
La irresponsabilidad política del candidato solo es comparable al
miedo a parecer tibios de todos los que le han apoyado, miedo que
les impide bajarse del escenario de esta tragicomedia en la que solo
ríen los payasos del escenario mientras el pueblo de Cataluña va
abandonando la sala, porque tiene que ir a ganarse la vida con más
dificultades que antes de que comenzase la función.
Cerco violento al Parlament
Marcello Republica 31 Enero 2018
Que se despida Jordi Sánchez de lograr su salida de la cárcel
después de la manifestación de cerco y acoso al Parlament de
Cataluña que convocó la ANC que él preside, y que acabó con actos de
violencia y de insultos a los diputados como consecuencia de la
suspensión por el presidente Torrent del Parlament del pleno
convocado para la investidura de Puigdemont.
La violencia secesionista vuelve a confirmar el delito continuado de
rebelión por el que están siendo investigados y serán juzgados todos
los líderes del PDeCAT, ERC, Omnium, ANC y CUP, y todos aquellos que
colaboraron en la ‘organización criminal’ del fallido golpe de
Estado catalán que culminó con la declaración de la independencia de
Cataluña el pasado 27 de octubre en el Parlament.
Ayer, de la mano de la ANC, la violencia ha vuelto a las calles de
Barcelona. Violencia física y política porque hubo empujones a los
Mossos y cargas de la policía autonómica, rotura de puertas y
candados de la Ciudadela donde entraron a la fuerza decenas de
manifestantes, cerco del Parlament y gritos y acoso a los diputados
que debieron salir escoltados por los Mossos de Escuadra mientras
eran insultados por los manifestantes.
El único que no vio nada de violencia en todo esto fue el
presentador de La Sexta TV Antonio García Ferreras (imaginamos que
inspirado por Roures) quien negó que hubiera habido violencia por
parte de los manifestantes en el informativo de las 20.00 horas de
de esta cadena de tv, que le desmintió con imágenes y noticias de
sus propios compañeros.
Violencia y cerco al Parlament que se quiere completar con una
acampada para forzar la investidura ilegal del prófugo Puigdemont,
una posibilidad que pierde apoyos por parte de ERC y una parte del
PDeCAT y que ya veremos cómo acaba. Porque si Torrent y sus
compañeros de la Mesa del Parlament deciden obedecer a Puigdemont y
rechazar el mandato del TC todos ellos acabarán imputados ante la
Justicia como sus predecesores y Forcadell.
Me niego a escribir de Cataluña
Fernando Baeta El Espanol 31 Enero 2018
Rompo la baraja y me niego a escribir de Cataluña. Barcelona no es
la capital del mundo, ni tan siquiera de España. La vida y la muerte
no pasan por el Parlament, ni por la plaza de Sant Jaume. El futuro,
desde luego, tampoco deberían. Y la libertad y la democracia no
están hechas para el uso exclusivo de quienes las quieren constreñir
a sus exclusivos intereses; libertad y democracia son palabras
libres, abiertas, desencadenadas; palabras con las que todos podemos
jugar y deletrear con la misma intensidad.
Me niego a escribir de Cataluña. Puigdemont no es nadie, una mota de
polvo, un estornudo, una equivocación, una nota a pie de página, un
lastre, un puto lastre. Y el Gobierno de la nación, por desgracia,
no parece ser mucho más. Hartos ya de estar hartos del tema catalán
que se nos viene encima día si día también sobrevivimos a duras
penas. Las ramas nos están impidiendo ver el bosque y hay mucha más
cera que la que arde.
Ya está bien de estar más pendientes de Bruselas que de Extremadura,
Aragón o Galicia. Ya está bien de ser víctimas de las declaraciones
de cartón piedra con las que políticos y periodistas (o periodistas
y políticos) envenenamos los sueños de una ciudadanía mustia que ya
no aguanta más, que cree que todo es una bazofia, que le gustaría
borrarse de este mapa, irse, esconderse; una ciudadanía entristecida
que le gustaría arrancarse de la piel esa costra de podredumbre que
a todos nos empapa.
Qué país de mierda somos que no logramos salir de este bucle
melancólico al que llevamos tanto tiempo encadenados que ya no somos
capaces de recordar lo que debe de ser la vida sin este aire viciado
que nos ahoga sin remedio y sin esperanza. ¿Qué hemos hecho para
merecer esto? ¿Cómo era la vida antes de esto? ¿Cómo será la vida
después de esto?
Tenemos un Gobierno pusilánime, cobarde y corrupto que ni ha sido ni
será capaz de dar respuestas a una sociedad que las necesita con más
urgencia que nunca. No han sabido hacer su trabajo, no han logrado
ser esa bandera –recuerdo a Charlie Chaplin en Tiempos Modernos– que
todos deberíamos seguir, incluso con los ojos cerrados, incluso sin
querer como el propio Chaplin, incluso con estos mangutas al frente
del país.
Los perros ladran pero, en contra del dicho, la caravana no
continúa. Estamos atascados, agarrotados, esclerotizados; nos
estamos perdiendo en los márgenes de nuestros pecados, de nuestra
incompetencia.
Cataluña nos está ganando, no por argumentos sino por cansancio.
Tabarnia versus Celtiberia
IVÁN VÉLEZ El Mundo 31 Enero 2018
"Una nación se hace lo mismo que cualquier otra cosa. Es cuestión de
15 años y de un millón de pesetas. Con un millón de pesetas yo me
comprometo a hacer rápidamente una nación en el mismo Getafe, a dos
pasos de Madrid. Me voy allí y observo si hay más hombres rubios que
hombres morenos o si hay más hombres morenos que hombres rubios, y
si en la mayoría, rubia o morena, predominan los braquicéfalos sobre
los dolicocéfalos, o al contrario. Es indudable que algún tipo
antropológico tendrá preponderancia en Getafe, y este tipo sería el
fundamento de la futura nacionalidad. Luego recojo los modismos
locales y constituyo un idioma. Al cabo de unos cuantos años, yo
habría terminado mi tarea y me habría ganado una fortuna. Y si
alguien osaba decirme entonces que Getafe no era una nación, yo le
preguntaría qué es lo que él entendía por tal y, como no podría
definirme el concepto de nación, le habría reducido al silencio".
El manual de uso para la construcción de una nación, en el que
todavía suenan ecos frenológicos, se debe a Julio Camba. Leído hoy,
mantiene plena vigencia en una España pródiga en protonaciones y
estructuras políticas admisibles dentro de su, al parecer, eterna y
nunca atendida, condición plurinacional. Como respuesta a esta
tendencia balcanizante exacerbada gracias al bisturí lingüístico y
un racismo transformado en supremacismo, ha nacido Tabarnia,
proyecto tan nutrido de ironía como cumplidor de los principales
requisitos que establece la Constitución de 1978 para la
configuración de una comunidad autónoma, pues es evidente que
Tarragona y Barcelona son "provincias limítrofes con características
históricas, culturales y económicas comunes".
Adelantándose a Puigdemont, no por casualidad huido en la misma
Bruselas que erigió una estatua a Francisco Ferrer y Guardia, Albert
Boadella ha tomado posesión desde Madrid de una Tabarnia hoy tan
imaginaria como la sedicente República Catalana que cree presidir
Puigdemont, quien, investido de tan borrosa autoridad, se permite
enmendar la plana a la comunidad europea que hasta hace poco era la
tierra prometida de su secta, obsesionada por trocar los Pirineos
por un Ebro tras cuyas aguas acecha la siempre intolerante España.
Virtualidades aparte, Tabarnia ha conseguido lo que no han logrado
los catalanistas, replicantes terminológicos y a menudo estéticos
del mundo abertzale: internacionalizar el conflicto. Un conflicto
cuyo resultado más visible es la quiebra, o por mejor decir, las
quiebras, de Cataluña, plenamente visibles cuando los representan de
la mitad de la comunidad autónoma, crecidos en su localismo,
declararon una independencia que en presencia de los togados quedó
reducida a una mera cuestión simbólica. Al margen de cuestiones
penales, el daño ya estaba hecho, y la reacción de gran parte de la
ciudadanía, multitudinariamente visible el día 8 de octubre de 2017,
ha dado paso a operaciones como la que encabeza Boadella, perfecto
conocedor de los tópicos propios de quienes le empujaron a abandonar
su tierra. El neologismo, Tabarnia, da cauce a una estrategia
especular que devuelve a los catalanistas, representados por la
fantástica Tractoria en la cual los vehículos agrícolas roturan el
terruño del que emanan telúricos aromas identitarios, sus propios
argumentos. Si para los sediciosos la oposición se establece entre
la oprimida Cataluña y la oscura España, para los urbanitas
habitantes de Tabarnia, Tractoria representa la mutilación de las
libertades e incluso el expolio económico. Si para los primeros
España, olvidados ya de la confesión de Pujol, es quien roba los
frutos de un incomprendido y laborioso pueblo; para los segundos, es
la Cataluña financiada y rural, semillero de votos independentistas,
quien lo hace. Tabarnia, en suma, no es sino el uso, a escala y en
sentido contrario, de la estrategia seguida por quienes han
parasitado a la Nación española invocada por Boadella tras su sonoro
corte de mangas.
Más allá de lo paródico, la metropolitana Tabarnia, a la que se
sumarán muchos por puro oportunismo, desvela uno de los grandes
problemas que aquejan a España, sus graves desequilibrios
poblacionales que, unidos a la grave crisis demográfica, producirán
resultados imprevisibles en un futuro no muy lejano. La abigarrada
Tabarnia sustenta a una Tractoria mucho menos densa, hecho que se
repite en amplias áreas de España cuyos habitantes se concentran en
puntos muy concretos. Lo que Barcelona es para Cataluña, Madrid lo
es para Castilla, amplísimo territorio en el que hace años arraigó
un proyecto que tiene algunas semejanzas, pero también notables
diferencias, con el que ahora protagoniza la actualidad mediatica.
El nombre escogido fue Celtiberia, y no iba referido a una España de
tintes esencialistas. Tampoco al estridente mundo, con el show por
apellido, que tan bien supo retratar Luis Carandell. En este caso se
trató de una serie de comarcas de Teruel, Cuenca y Soria,
pertenecientes a tres comunidades autónomas diferentes. Un
territorio que anhela obtener la categoría de Eurorregión, que
siempre es Europa el lugar donde se buscan las soluciones a los
males nacionales. La Siberia española, así llamada por su extremo
clima, pero sobre todo por la bajísima densidad de su envejecida
población, ha ofrecido más materia editorial que resultados en las
instancias europeas.
Sea como fuere, Tabarnia y Celtiberia vuelven a poner sobre el
tapete político hispano el secular problema de todos y partes que
con tanto cálculo -nacionalidades y regiones- se incluyó en una
Constitución, la de 1978, cuyos redactores escribieron sobre una
falsilla territorial y económica marcada por la existencia de
puntuales focos industrializados y regiones humanamente
descapitalizas. Un problema, el de la compartimentación de la
nación, que históricamente cuenta con un precedente, el cantonalismo
decimonónico de tintes anarquistas y espiritualistas que todavía
permanece alojado en muchos de los llamados movimientos antisistema,
siempre dispuestos, por otra parte, a arrimar el hombro en la causa
catalanista. Si la senda historiográfica nos lleva a dichos
antecedentes, el prisma, a menudo empañado, de la sociología de los
pueblos, nos conduciría a un individualismo, el típicamente hispano,
solo reconducible a través de instituciones locales, de radio corto,
garantes de la máxima, pueblo pequeño, infierno grande, del que
toman prudente distancia los de la parcialidad tabarnesa.
Tabarnia y Celtiberia, al tiempo que muestran algunos de los más
genuinos resultados de la España constitucional, transformación de
un franquismo que trató, con éxito desigual, de introducir dinamismo
industrial y económico a golpe de polos de desarrollo, se insertan
dentro de un fenómeno de más amplia escala, el de la convivencia de
grandes ciudades, resultado de la fusión de los centros históricos
con sus coronas metropolitanas, con enormes espacios vacíos. Sin
embargo, pese a sus semejanzas, la Castilla y la Cataluña vacías han
dado productos ideológicos contrapuestos. Si en la Cataluña interior
se custodian las esencias nacionalistas de resabios carlistas, el
páramo celtibérico ofrece únicamente desolación. Si en Celtiberia
los deshabitados pueblos y sus cumbres marcan tan sólo cotas de
nieve, las montañas catalanas, Montserrat o Tagamanent, son el punto
de llegada de viajes iniciáticos. Siendo hoy impensable,
afortunadamente por innecesario, un movimiento parecido al de
Tabarnia en Castilla, es oportuno recordar las palabras de Sócrates,
hoy plenas de actividad dentro de la controversia suicida y cainita
que se vive en Cataluña: "Los campos y los árboles nada me enseñan,
y sólo en la ciudad puedo sacar partido del roce con los demás
hombres".
Iván Vélez es autor, entre otros, de Sobre la Leyenda Negra
(Encuentro, 2014) y El mito de Cortés (Encuentro, 2016).
Sólo la ley frena la candidatura fantasma
de Puigdemont
La Razon 31 Enero 2018
La situación de bloqueo político en Cataluña viene de un hecho
básico que los estrategas del «proceso» no calibraron o no quisieron
tener en cuenta para que no decayese el fervor: el choque frontal
con el Estado desencadenaría una batalla política y judicial de la
que, en ningún caso, podían salir victoriosos los que han vulnerado
la legalidad. Es un principio democrático. Con la Ley en la mano, el
Estado ha frenado lo que era el último asalto del independentismo,
que vuelve a reproducir los mismos errores que ha llevado a la
aplicación del artículo 155.
La investidura prevista para ayer se aplazó en el último momento,
tras el anunció del presidente del Parlament, el republicano Roger
Torrent. Aunque no ahorró los ataques al Gobierno y al Tribunal
Constitucional por haber recurrido la candidatura de Puigdemont si
este no acudía a la cámara y finalmente haber sido prohibida por el
Alto Tribunal, acabó reconociendo la evidencia de que dicha sesión
no se podía celebrar si no se desobedecía el auto, lo que tendría
graves consecuencias.
De haberse celebrado el pleno con el fin de votar la candidatura de
Puigdemont, la presidencia de la cámara hubiera incurrido en un
delito penado con la inhabilitación. Todo indica que no estaba
dispuesto a correr este riesgo y que, como militante de ERC, era
partidario de conservar las cuotas de poder conseguidas, pero, sobre
todo, que la decisión del Gobierno de impedir que Puigdemont sea
investido de forma telemática, por delegación o burlando la orden de
detención vigente contra él ha sido eficaz.
La facción independentista que se ha hecho fuerte en Bruselas no
tiene más objetivo ni más futuro que bloquear las instituciones y
desafiar al Estado. Es una estrategia destructiva que no tiene más
recorrido que los límites que le ponga las leyes. Torrent propuso al
cabeza de lista de JxCat, aún estando huido de la justicia, en un
movimiento que sabía que no podía salir adelante, como ahora se ha
demostrado, que le ha permitido poner en marcha el proceso de
investidura –debía hacerse a los diez días de la constitución del
Parlament– y comprobar que la derogación del 155 sólo es posible
desde el estricto cumplimiento del orden constitucional.
Hay un hecho evidente: Puigdemont es ahora el gran problema para que
Cataluña recupere un mínima normalidad institucional. Es decir, que
se elija a un presidente contra el que no haya causas penales
abiertas y se nombre al gobierno. Fue el entonces presidente de la
Generalitat quien provocó la aplicación del 155 y quien persiste en
su perpetuación. El aplazamiento sin día de la investidura permitirá
a los independentistas ganar tiempo para presentar alegaciones,
aunque el TC ratificó ayer las medidas cautelares contra la
investidura del candidato prófugo, pero sobre todo para resolver el
enfrentamiento abierto que JxCat –o el sector afín a Puigdemont–
mantiene con ERC.
La situación de Cataluña es de absoluto bloqueo. Por un lado,
Puigdemont quiere ser entronizado como el único líder y gobernar
aunque sea por delegación. Por otro lado, el aplazamiento paraliza
el reloj, dado que no se ha votado, pero deja el futuro en un limbo
legal que será difícil sortear, dado que la presidencia del
Parlament mantiene el mismo candidato, por lo menos verbalmente y
para no agudizar el conflicto interno dentro del separatismo. Si ha
descartado otra ronda de contactos entre partidos, la situación se
agrava aún más. Cataluña se ha puesto al servicio de las guerras del
independentismo.
Secesión: ¿desafío en la tercera fase?
Roberto L. Blanco Valdés La voz 31 Enero 2018
Seguir llamándole problema catalán a lo que viene sucediendo en
Cataluña desde hace varios meses es una forma como otra cualquiera
de vaciar de significado las palabras, introduciendo en el debate
político mucha más confusión que claridad. Desde la transición hasta
que los nacionalistas decidieron finalmente echarse al monte,
llamábamos problema catalán al derivado de la existencia en una
parte del territorio nacional de una pluralidad de formas de
entender las relaciones que aquella debería mantener con el conjunto
del Estado. Esa fue la razón por la que la Constitución contempló la
posibilidad de descentralizar España. Y la razón por la que Cataluña
acabó teniendo una autonomía equivalente, cuando no muy superior, a
la de muchas regiones federales.
En su primera fase, el problema catalán era uno más de los varios
del país que, como otros, ganaba o perdía protagonismo dependiendo
del momento. Pocos sospechaban entonces -por más que algunos lo
avisaron de forma reiterada- que tras aquel tira y afloja entre los
nacionalistas -que jamás se mostraban satisfechos- y las
instituciones del Estado -que toreaban como podían la permanente
reivindicación de «más de todo»- se estaba atizando el fuego de un
incendio que iba a declararse con inusitada virulencia. A eso los
nacionalistas le llamaban «fer país». ¡Y vaya si lo hicieron!
Tanto avanzaron que, cuando el nacionalismo consideró llegada la
hora de sacar el hacha de guerra secesionista, habían conseguido
tener una base social de cientos de miles de personas dispuestas no
solo a exigir la independencia, sino también a apoyar a quienes
habían decidido violar todas las leyes que se les pusieran por
delante para conseguir sus objetivos. En esa segunda fase, el
problema catalán pasa a ser, por tanto, algo muy distinto: un
esperpento, un espectáculo grotesco protagonizado por unos
facinerosos dispuestos a patear la democracia, hundir a Cataluña,
destrozar la convivencia y retorcer el derecho hasta convertirlo en
un adefesio extravagante.
La suspensión del pleno del Parlamento catalán debería indicar que
entramos en una tercera fase del desafío nacionalista, marcada ahora
por la evidencia de que en el Estado de derecho no se puede violar
la ley impunemente. Roger Torrent sabía que, de haber seguido la
estrategia diseñada en su propio beneficio por el delirante
Puigdemont, hubiera acabado como su predecesora: imputado
penalmente. Y sabía también, como otros muchos diputados
independentistas, que con un presidente elegido ilegalmente la
vigencia del 155 se habría mantenido.
Por el bien de Cataluña y el de España en su conjunto, confiemos en
que el secesionismo (¡más vale tarde que nunca!) aprenda la lección:
que las leyes están para cumplirse y que no hay Estado democrático
en el mundo dispuesto a tolerar la chulesca provocación sin fin de
quienes creen que ellos tienen patente de corso para delinquir por
el simple procedimiento de proclamarse patriotas.
Cataluña profunda
Javier Barraycoa Gaceta.es 31 Enero 2018
Comparemos los programas políticos de los partidos separatistas y
constitucionalistas en cuestiones de bioética, familia, la llamada
salud reproductiva o rechazo de ciertas herencias históricas, y
veremos que no hay prácticamente diferencias.
En mi infancia, vi la película que aquí titularon muy
apropiadamente, Raíces profundas, protagonizada por un espléndido
Alan Ladd que hace de un pistolero. Desarraigado de todo, encuentra
a una familia de campesinos amenazados de ser desalojado de sus
tierras por unos arrogantes ganaderos. De esa película, y a esa
edad, sólo me quedé con la escena final con la que el hijo de los
campesinos llama a Shane, el pistolero, mientras este se aleja a
ninguna parte. Unos años más tarde, revisitando la película, empecé
a entender la trama de fondo y las claves simbólicas. En ella se
dilucidaban varios tipos de vida: el pistolero solitario, los
ganaderos que sólo querían beneficios inmediatos o los campesinos
que buscaban asiento donde arraigar sus vidas, tener una familia y
formar una comunidad. Hay una escena impresionante cuando el
pistolero asesino ayuda al campesino a arrancar el tocón de un
enorme árbol con sus profundas raíces que se agarran
desesperadamente a la tierra que le dio la vida.
Esta película me ha venido a la mente por lo acontecido en las
últimas semanas en Cataluña. A raíz del mapa electoral de las
últimas elecciones autonómicas, se ha producido una catarsis
imaginaria y no precisamente positiva. Se nos ha querido presentar
una Cataluña cosmopolita frente a una Cataluña profunda. De golpe,
de la nada han surgido multitud de artículos (en medios nacionales)
identificando la Cataluña profunda, actualmente separatista, con el
carlismo intransigente. Por ende, el resto de Cataluña, la urbanita,
moderna y progresista, se la ha identificado con el mal llamado
unionismo. Esta dicotomía es a mi entender perversa.
Lo que empezó hace muchos años a modo de juego simbólico, Tabarnia,
ha eclosionado en entusiasmo unionista. Pero los símbolos los carga
el Diablo y según qué se entienda por Tabarnia, el nacionalismo
habrá conseguido su mayor e insospechado logro: que el unionismo sea
una réplica de la estructura psicológica que sustenta el
separatismo. Muchos hemos coincidido y concedido que la agitación
tabernense es una forma de obligar al separatismo a mirarse en el
espejo de su estupidez. Pero querer convertir este Deus ex machina
en un proyecto político real, es una locura sin par.
Personalmente, explico este fenómeno unionista como la necesidad
psicológica por remedar la ofuscación producida por una victoria
electoral que no se transformará en victoria política. Y ahora, como
los nacionalistas, muchos necesitan ilusiones a las que agarrarse.
Pero la política no se trata de gestionar ilusiones, sino de ordenar
realidades hacia sus fines sin violentarlas. Cierto que Tabarnia es
el espejo en el que el nacionalismo queda ridiculizado. Pero el
nacionalismo, despreciado bajo la figura de una mundo rural,
cerrado, intransigente y carlista, también es un reflejo donde el
cosmopolita puede contemplar sus miserias.
De hecho, el catalanismo surgió en la gran Barcelona, a la que
acudían desde los pueblos hombres como Prat de la Riba en busca de
modernidad. Él mismo, en La nacionalitat catalana, reconoce que la
entrada de los hombres del campo en la ciudad permitió el despertar
de la “conciencia nacional”. El nacionalismo se gestó entre la
putrefacta burguesía catalana que se entusiasmaba con los mitos
liberadores y redentores de la ópera wagneriana, mientras que
amasaban fortunas vendiendo esclavos en las Antillas. El
nacionalismo se gestó también desde Madrid, nombrando obispos para
Cataluña afines al catalanismo, y así poder desarticular el clero
tradicionalista y en consecuencia el carlismo catalán. Las raíces
tradicionalistas de la Cataluña interior eran tan profundas que,
como el tocón de la película que mencionábamos, se tardó un siglo y
medio en arrancarlas desde Barcelona y Madrid.
Lo que vemos en el espejo de los que algunos han llamado Tractoluña,
no es el viejo mundo carlista, sino la esterilidad y el esperpento
de los principios cosmopolitas aplicados a una sociedad tradicional.
Ni Convergencia, ni ERC ni la CUP son herederos del tradicionalismo.
Todos ellos en sus programas e intenciones defienden los principios
de la modernidad con tanto entusiasmo como los partidos
constitucionalistas. Comparemos los programas políticos de los
partidos separatistas y constitucionalistas en cuestiones de
bioética, familia, la llamada salud reproductiva o rechazo de
ciertas herencias históricas, y veremos que no hay prácticamente
diferencias.
Qué revelador resulta releer la Nova Oda a Barcelona de Joan
Maragall. En ella se refleja todo el drama de la dualidad que
estamos viviendo. Algunos versos rezan: “perquè vull Catalunya tota
a dintre el meu cor” (“porque quiero toda Cataluña en mi corazón”,
en referencia a Barcelona). Esto es lo que reclaman algunos al
querer imponer un desarraigado cosmopolitismo barcelonés en toda
Cataluña. Y sigue la Oda: “Tal com ets, tal te vull, ciutat mala, …
Barcelona! i amb tos pecats, nostra! nostra! Barcelona nostra! la
gran encisera!” (Tal como eres, tal te quiero ciudad mala …
¡Barcelona! Y con todos tus pecados, ¡nuestra!, ¡nuestra! ¡Barcelona
nuestra! ¡La gran seductora!”. Sí, la Cataluña separatista es fruto
de la idolatría de la “ciudad mala … con sus pecados”.
Querer dividir Cataluña en función de unos porcentajes de votos
identitarios y la capacidad productiva de unas poblaciones sobre
otras, es no haber entendido nada. Sí, hay dos Cataluñas, pero no
las que nos quieren hacer creer. Hay una residual, la tradicional,
que se encuentra tanto en campos como en ciudades. Es la Cataluña
profunda, pero profunda por sus raíces y entronque con una
cosmovisión tradicional que ha perdurado durante generaciones y
generaciones; y hay otra Cataluña, actualmente omnipresente, que
tiene dos caras el cosmopolitismo barcelonés y el reduccionismo
nacionalista. Ambas en el fondo son la misma. Son el doble espejo de
una modernidad mal digerida y sin raíces. Por mi parte, si no puedo
echar raíces en esta tierra casi estéril, haré como el pistolero
Shane, seguiré cabalgando solo e incomprendido hacia un ignoto
destino. Sé que es una huida, pero huyo de la idiotez desando
refugiarme en mi Cataluña profunda, esté donde esté.
Torrent: contra el TC y el Estado viviremos
mejor
Andrea Mármol. vozpopuli 31 Enero 2018
La jaleada ‘judicalización de la política’, siempre en boca de
quienes tienen reservas a denunciar la gravedad y las consecuencias
de situarse al margen de la ley cuando se es representante público,
ha vuelto a protagonizar las crónicas de la temporada dos del
‘procés’. En España, curiosamente, que la Justicia actúe para poner
coto a las arbitrariedades que pueden derivarse de la actuación de
políticos irresponsables, lejos de tomarse como muestra del ejemplar
funcionamiento del Estado de Derecho, da alas a la mirada indulgente
con el incumplidor. Así, desde el inicio del desafío
independentista, ha parecido como si el saltarse las leyes fuese un
efecto colateral del siempre bondadoso e inocente 'hacer política'.
Son precedentes importantes, sobre todo durante los últimos días en
que las noticias las han poblado la impericia del Gobierno para
frustrar los planes del prófugo y su decisión -¡política!- de desoír
las recomendaciones del Consejo de Estado. La convicción de que
existía la obligación moral de hacer todo lo posible para impedir la
enésima burla de Carles Puigdemont a la democracia española ha visto
cuestionada su justificación en la opinión pública. La consecuencia
conocida es la coincidencia temporal entre las críticas a la
‘judicalización’ y las disertaciones a cuentas de las
extralimitaciones de la razón de Estado.
Para ello ha sido indispensable la fría hemeroteca y el traer a
colación los reiterados desplantes de Puigdemont y compañía a los
letrados de la cámara catalana. Con ello sobre la mesa, ha bastado
para que algunos establezcan la simetría perfecta entre el móvil de
las fuerzas separatistas, empeñadas, hoy como siempre, en buscar las
grietas del Estado de Derecho que le permitan perpetrar su desafío
al orden constitucional y la labor de quienes tratan de evitar la
reiteración de ilegalidades dirigidas a vulnerar la unión y la
igualdad de los españoles. En esa equiparación encuentran aliento
los primeros.
Esa es la razón que explica que el nuevo presidente del Parlament
Roger Torrent, de ERC, iniciase ayer su comparecencia con una
beligerancia contra las instituciones del Estado que tuvo poco de
tono conciliador: “El Estado ha mostrado una de sus caras más
oscuras”. Una fuerza nítidamente separatista como ERC puede
permitirse todo el margen de comodidad al realizar esas críticas, en
las que encuentra la complicidad de sectores de Podemos, así como de
la antigua Convergència. Ayer, ese discurso capaz de articular una
mayoría distinta, al menos en la opinión pública catalana, se abrió
paso.
Conviene no perder de vista que es el resultado electoral y no otra
cosa lo que ha colocado a Torrent y a ERC en esta posición que
algunos tardarán poco en alabar como adalid de la moderación"
“Qué malvadísimo y arbitrario es el TC y qué remedio nos queda que
obedecer”, podría haber sido un buen resumen de las palabras de
Torrent. Se intuye la vuelta a la vieja matraca victimista contra la
democracia española que esta vez persigue el objetivo de obligar a
los tribunales a constatar lo que ellos no pueden: que Puigdemont no
será presidente de la Generalitat. En su comparecencia, no
comunicada previamente a los socios de Junts Per Catalunya, se
intuía una petición velada de que el expresidente huido abandone sus
planes. Que las culpa es de España pero hasta aquí hemos llegado,
una afirmación que subyace en el acto de ayer de Torrent y que en
Podemos ya “aplaudieron”. Y esa sí es una primera escisión
reveladora entre las filas independentistas.
Sin embargo, conviene no perder de vista que es el resultado
electoral y no otra cosa lo que ha colocado a Torrent y a ERC en
esta posición que algunos tardarán poco en alabar como adalid de la
moderación. Es pertinente recordar que el actual presidente de la
cámara fue el encargado de solicitar, en aquella infame sesión
plenaria del 27 de octubre, una votación secreta para privar de sus
derechos a todos los catalanes. No hay nada de convicción en sus
denuncias a las carencias democráticas del Estado de Derecho que él
mismo ha intentado derrocar desde las instituciones con gestas como
aquella.
Sus críticas a la democracia española hay que interpretarlas, además
de como algo inherente a todo proyecto que busque liquidarla, dentro
de la batalla interna que los republicanos mantienen con Puigdemont.
El amago de rectificación de Torrent no tiene que ver con el nuevo
rumbo del independentismo, sino con una posición que han tenido que
adoptar a la fuerza porque su actual adversario más cercano,
Puigdemont, es quien ha hecho la apuesta más grande. Todo hace
pensar que nada le hubiese gustado más a Torrent que llegar al día
de ayer con esos papeles cambiados.
¿Hasta cuándo España se dejará humillar por
el separatismo?
“Los cobardes mueren muchas veces antes de morir” Mahatma Gandhi
Miguel Massanet diariosigloxxi 31 Enero 2018
¿Qué está sucediendo en este país que parece que nadie reacciona de
una manera eficaz y “proporcional” como decía que haría el señor
Rajoy cuando hablaba de la rebelión catalana? Se ha aplicado el
artículo 155 de nuestra Constitución y todo sigue igual. Los
separatistas, una y otra vez, están infringiendo las leyes y,
contrariamente a lo que se podría de esperar de una comunidad
intervenida por el Estado y presidida por la señora vicepresidenta
del Gobierno, no hay quien pueda encontrar diferencia sustancial en
el comportamiento de aquellos que llevan años enfrentándose a la
legalidad, a los tribunales y a todo aquello que provenga de España,
respecto a cuándo no se aplicaba. Siguen ocupando las calles cuando
les da la gana; utilizan los medios de comunicación como arietes en
contra del legítimo gobierno de la nación; siguen haciendo
propaganda de sus intenciones separatistas y reniegan de cualquier
actuación de los tribunales para restaurar la legalidad y evitar que
Cataluña se convierta en algo más que un problema enojoso para los
españoles algo que, probablemente, lleva visos de empezar a suceder
si tenemos en cuenta la forma vandálica como se están comportando
aquellos que fueron, precisamente, los causantes de que se tuviera
que recurrir a los remedios que proporciona la Constitución para
salvaguardar la integridad del territorio nacional.
Lo cierto es que, el que los Mossos d’Esquadra, otra vez, se hayan
visto superados y hayan tenido que ceder cuando una masa de
separatistas ha entrado por la fuerza en el recinto de la Ciudadela,
para plantarse ante el Parlamento de Cataluña para quedarse, según
han dicho. ¿Y si el señor Puigdemont se hubiera encontrado
disfrazado entre la multitud, hubiera podido ser descubierto y
detenido antes de que pudiera entrar en el Parlament? Puede que no,
pero también puede que sí. De todos es sabido lo que sucedió con los
mossos cuando tenían la obligación de impedir que se abrieran los
colegios electorales y, no obstante, no lo consiguieron: los unos
porque estaban confabulados con los que pretendían votar en aquel
referéndum declarado ilegal y otros porque obedecían consignas de
sus jefes, algo que todavía se está intentando averiguar en los
procedimientos iniciados contra algunos de ellos. Se han roto
candados de algunas puertas y los convocados en el paseo de Luis
Companys por la ANC, cuando han visto que se suspendía la sesión
parlamentaria que debía investir al señor Puigdemont, han decidido
ocupar a gritos de “El pueblo manda, el Gobierno obedece”,“Fuera las
fuerzas de ocupación” y “Libertad presos políticos”, el Parque de la
Ciudadela para quedarse instalados ante las vallas que la policía
tenía instaladas ante el Parlament. Seguramente con la pretensión de
quedarse allí manteniendo la presión. La ANC (curiosamente una
entidad que debiera de haberse ilegalizado dado su historial de
infracciones de la ley y de inductores a la desobediencia en contra
de la Constitución y el Gobierno de la nación) proclamó lemas en los
que se amenazaba: “Si no hay investidura entraremos en el
Parlament”. En un alarde de incompetencia parece que, a lo que se
han limitado los mossos ha sido a intentar cerrar de nuevo las
puertas para que no entren más manifestantes ¡dejando que los que ya
se habían colado dentro siguieran ocupando el lugar!
Este nuevo personaje que ha ocupado el lugar de la señora Forcadell
al frente del Parlamento Catalán, Roger Torrent, en el que algunos
insensatos habían confiado en que mantendría la legalidad, ha
resultado ser de la misma pasta que Puigdemont y compañía y parece
decidido, lo ha dicho públicamente, a mantener al candidato elegido,
Carles Puigdemont, sin que las advertencias del TC ni del propio
Gobierno de la nación parezca que le vayan a hacer apearse del
burro. En resumen, señores, nos encontramos ante una situación
similar o peor a aquella del 1.O en la que, por unos instantes, se
proclamó la república catalana. Entendemos que se haya querido
resolver este contencioso acudiendo a la Justicia y, continuaríamos
aceptándolo, si ésta fuera respetada por ambas partes; sin embargo,
aquí existe una clara anomalía: una de las partes en este pleito no
está dispuesta a aceptar los veredictos de los tribunales, como se
ha venido demostrando haciendo caso omiso de todas las
disposiciones, autos y advertencias que les han llegado de parte de
los más altos tribunales de la nación, incumpliéndolos
sistemáticamente y con la agravante de que se han jactado de ello.
¿Hasta cuándo está dispuesto, el señor Rajoy y su ejecutivo, a
consentir que los revolucionarios, las hordas independentistas y
todos aquellos que forman parte de este desafío, ya de carácter
tumultuoso y evidentemente peligroso, se salgan con la suya, vayan
dando alas a los miles de ciudadanos catalanes que apoyan el
proceso, proporcionen materia a la prensa para que en Europa se
admiren de que el Estado permita semejantes comportamientos en
contra de la Constitución y del orden establecido? Mucho nos tememos
que si siguen confiando en los mossos catalanes las situaciones como
la que hoy se ha producido con la invasión del Parque de la
Ciudadela se van a repetir cada vez que a los del Omnium Cultural o
de la ANC lo consideren oportuno.
Hicieron mal en devolver a sus destinos a la policía nacional y la
Guardia Civil, cuando creyeron, equivocadamente, que destituyendo a
los miembros del gobierno de la Generalitat y a los componentes del
Parlamento Catalán todo iba a quedar resuelto. Estamos entrando en
una fase en la que los nacionalistas parece que ya no se van a
conformar con regresar a la situación anterior a la ofensiva del
señor Mas y los suyos y parecen dispuestos a seguir en su lucha por
conseguir un estatus especial que les permita continuar aspirando a
la independencia que ahora no van a conseguir. Lo malo es que, esta
resistencia, parece que ya han conseguido trasladarla a muchas
personas de ideas nacionalistas, pero que nunca pensaron en una
rebelión en contra del Estado español. Si no se toman medidas
enérgicas (ahora ya no valen los paños calientes ni las ofertas de
una mejor financiación), si no se da un golpe de fuerza y se dejan
aparcados los tribunales y todas estas políticas rastreras con las
que parece que quieren seguir negociando por las alcantarillas de la
política, dejándose de preocupar por las críticas que podamos
recibir de algunas naciones como Bélgica o de las izquierdas de la
UE, es evidente que la solución a este grave problema del
separatismo catalán lleva visos de durar durante años, durante los
cuales los que más van a sufrir el desgaste van a ser, lógicamente,
los distintos gobiernos que tengan que seguir bregando contra los
mismos individuos que seguirán sosteniendo en alto su odio hacia el
resto de España.
Se ha pecado de ingenuidad cuando se pensó que la sola mención del
155 bastaría para que, lo que han mamado varias generaciones de
catalanes desde que entraron en los centros de adoctrinamiento que
instaló la Generalitat para que, en las escuelas, todos los niños
fueran convenientemente instruidos en su odio a una España
“invasora” y a unos españoles que “robaban a Cataluña y que vivían
sin dar golpe a expensas del trabajo de los catalanes”; dejara de
tener efecto entre los actuales ciudadanos catalanes. Los sucesivos
gobiernos que han pasado por la Moncloa, unos por intereses
partidistas y los otros por no darle la importancia que, en
realidad, tenía el problema catalán, han contribuido a que, lo que
hace unos años se hubiera podido solucionar de una forma menos
traumática y sin tanta presión social; ahora, en el peor momento de
las relaciones del Estado con el separatismo catalán, ya no sea
posible pensar que se va a solucionar amigablemente. En
consecuencia, deberían nuestros gobernantes y todos los partidos
constitucionalistas que no están de acuerdo con la deriva
nacionalista ( no olvidemos que en el País Vasco siguen atentamente
el desarrollo de lo que sucede en tierras catalanas dispuestos a
reclamar, en el momento en el que los catalanes pudieran sacar algún
beneficio de su enfrentamiento con el Gobierno, su parte del
pastel), empezar a pensar en elevar el listón, bucear en las
posibilidades que encierra el de por sí amplio abanico de un
artículo que, ya fuera por esperar un posterior desarrollo o aposta
para que quien lo tuviera que utilizar, no quedara limitado por unas
barreras legales que hicieran insuficiente su aplicación para acabar
con las amenazas que motivaran su puesta en práctica; tiene muchas
posibilidades de ser interpretado con gran amplitud.
Si la policía y el resto de fuerzas de orden público no fueren
suficientes; si España se viera precisada a defender su unidad ante
una región que intenta torcer la voluntad del resto de los
españoles; si aquellos que pretenden convertirla en terreno donde
los buitres de la política pudieran devorar la carroña que han
sembrado separatistas y comunistas en sus respectivos intentos de
acabar con la nación española; deberemos recordar que la
Constitución tiene otros medios previstos para acabar, de raíz,
cuando no hubiera otra opción para hacerlo, con cualquier peligro
que pudiera poner en cuestión a nuestra patria, poniendo en marcha
el Artº 8º de la Carta Magna que, cuando se creyó oportuno
establecerlo fue porque, el legislador, quiso contemplar la
posibilidad de que, en un momento determinado podría ser necesario
poder valerse de él.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,
vemos como, en lugar de que disminuyan las tensiones existente en
España, especialmente en cuanto a este grave problema existente en
Cataluña, lo que está sucediendo es que todo lleva a pensar que,
este negro panorama que viene marcando el independentismo catalán,
lleva camino de prolongarse más de lo que cualquier país puede
soportar cuando, un problema identitario como es el que se discute
en este caso, es capaz de detener, pausar, congelar y destruir todo
el resto de temas que un gobierno tiene la obligación de solventar,
no solamente en cuanto a decisiones de orden político sino también
económico, financiero, laboral, comercial, administrativo, docente y
logístico que, como es evidente, no se pueden tener en barbecho sin
que exista el peligro de que todo acabe colapsado. No creemos que
sea conveniente, ni para España, ni para Cataluña ni desde el punto
de vista de nuestras relaciones con Europa, que el desafío catalán
se convierta en algo endémico con el peligro latente de que, en un
momento determinado, pudiera peligran gravemente la propia
pervivencia de nuestra nación.
¿ESTÁ PODEMOS CUESTA ABAJO?
Ascenso y caída del populismo en España
Roberto Granda. El Club de los Viernes esdiario 31 Enero 2018
¿Está en caída Podemos? ¿Puede remontar o es definitivo? ¿De dónde
nació su éxito y por qué puede llegar su fracaso? Un análisis sobre
el auge y el fracaso del populismo en España.
La tribu de los asmat la forman veinte mil miembros que viven en las
costas de Papúa Nueva Guinea y son el terror de las tribus vecinas,
a las que someten con implacable crueldad.
Asmat es el término que utilizan, que en su lengua significa “la
gente”, y al referirse a ellos mismos como los únicos seres humanos
dignos de tal definición, relegan al resto a un estatus menor, lo
que los hace, literalmente, comestibles.
Podemos y el populismo necesitan lograr el poder rápido. Si no lo
hacen, terminan hundidos
Como sabemos, grupos un poco más sofisticados que esta tribu de
Oceanía se han proclamado valedores de “la gente” aunque no para
comérselos, sino para exprimirlos con fines electorales y de poder.
En España, para asimilar en toda su envergadura lo inadecuado y
dañino que habría sido para los movimientos cívicos y el conjunto de
los derechos ciudadanos una llegada de Podemos a la cúpula de poder,
hay que entender de dónde vienen y cuáles son sus características.
Los miembros de Podemos tienen su origen ideológico y militante en
varias vertientes. Son, al menos sus fundadores, profesores de la
Universidad provenientes de la Fundación CEPS, de Contrapoder y de
Izquierda Anticapitalista.
Hasta De Juan Chaos
Contrapoder era una corriente dentro de la propia Universidad, de
corte totalitaria, que se dedicaba a boicotear conferencias y llenar
los pasillos de carteles de ideología proetarra, como aquellos
famosos de apoyo de De Juana Chaos, al que calificaban, tal vez les
suene, de preso político.
Si pensamos en el germen del populismo en la mayoría de países donde
tuvo un éxito completo o parcial, estos movimientos surgen en
sociedades cuyas élites políticas están señaladas de lleno con la
mácula de la corrupción, y el sistema empieza a dar graves muestras
de desgaste, con la consiguiente pérdida de la confianza ciudadana.
La doctrina neopopulista suele tener más éxito en los países en
desarrollo, aunque España presentaba unas características bastantes
proclives a que alguien intentara realizar la acometida.
Estas tendencias penetran fácilmente en las partes de la sociedad
intelectual y culturalmente más desfavorecidas, y no por titulación,
puesto que estar en posesión de un título universitario no es hoy en
día garantía de nada, sino por tratarse de una franja sin el poso
necesario para poder evadir los mensajes televisivos de agitación y
propaganda, al carecer de las herramientas críticas para poder
identificar a un telepredicador o a un vendemotos, y tener
probablemente una bajo perfil de personalidad que los hace más
propensos a sentir cierta fascinación por el caudillismo y la
grandilocuencia discursiva.
Pero un requisito necesario para el triunfo absoluto de las modas
populistas es que deben acceder rápido al poder, para así eliminar
todas las cortapisas democráticas y asegurar su permanencia en el
mismo. La constituyente de Chávez es el ejemplo más diáfano.
Sin disidencia
Si una vez instalados allí, aplacan las posibles vías de oposición,
silencian a la disidencia y reprimen a los medios de comunicación no
afines, garantizan una continuidad aunque luego haya el número de
elecciones que se quiera, como excusa para legitimar su posición.
Si no consiguen ese asalto a los cielos en un plazo más o menos
corto de tiempo, su efecto se diluye. Podemos tuvo su match point en
el acuerdo que casi logran cuando esperaban pactar con el PSOE del
insustancial Sánchez y conseguir ese disparate de cargos que
reclamaban (desde la vicepresidencia al control de Interior y de los
medios).
Podemos se retrató en su simpatía repulsiva hacia los brotes del
radicalismo vasco y por su apoyo a Alsasua
Al haber fallado aquella inmejorable oportunidad (entre otros
motivos, por los barones del PSOE, conscientes del peligro
acechante, que se opusieron taxativamente a ceder esos cargos a las
huestes de Iglesias) su momento es probable que haya pasado, tal vez
para siempre.
Como toda moda, Podemos es un movimiento de efecto efímero, ya no
cuenta con el revolucionario factor sorpresa, y su idea de querer
barrer los estamentos de poder ha quedado sin fuelle al ver lo
cómodos que se encuentran asentados en los mismos.
Con el subidón electoral de las europeas ya lejos y las mareas
retirándose (así como el otrora incombustible apoyo de los medios de
Roures), parece que incluso aquellos electores que fueron víctimas
más fáciles de los trileros de la Complutense están dándose cuenta
de la verdadera cara de los próceres.
Personalismo y represión
Sus trazas de partido personalista, con la eliminación despótica de
las voces discrepantes y la desastrosa gestión como tercera fuerza
política, han precipitado su hundimiento en las encuestas y el
batacazo en Cataluña, sin olvidarse, por supuesto, del factor más
importante: el apoyo sin ambages al proceso soberanista del
nacionalismo catalán, además de su simpatía descarada y repulsiva
hacia los brotes aún presentes del radicalismo vasco, como la mano
tendida a las familias de los abertzales unineuronales que
agredieron a dos guardias civiles y a sus novias.
Y es que los ciudadanos pueden estar hastiados del bipartidismo,
pero nunca perdonarán que se haya puesto en jaque la soberanía
nacional, jugando peligrosamente con los derechos de todos.
El viento 'latino'
Con Podemos perdiendo fuerza y aire, de las iniciativas políticas
que llegaron como remplazo del bipartidismo, es Ciudadanos la que
parece estar mejor posicionada para desbancar a Rajoy de la Moncloa,
siempre que no copien sus vicios y errores y no obtengan el lastre
que los populares tienen al haberse convertido en tan evidente foco
de corrupción institucionalizada.
Mientras el fantasma del populismo del “cálido viento
latinoamericano” se aleja, la sociedad española debe invertir en
educación, armarse de cultura y sentido común para que en el futuro
no se cometan los mismos errores.
Tenemos que parar la reforma de la Memoria Histórica
Liberal Enfurruñada okdiaio 31 Enero 2018
Si no eres comunista y sectario vas a tener que quedarte mudo,
porque como se te ocurra hablar te van a meter cuatro años en la
cárcel, tus opiniones serán borradas, tus libros, escritos,
documentos y archivos serán destruidos y el portal de Internet que
te difunda será bloqueado. La Comisión de la Verdad tendrá poder
para eso y para mucho más. Suena a la película ‘Fahrenheit 451’ de
François Truffaut, o a la novela ‘1984’ de George Orwell, pero es
algo mucho más cercano y real. Se trata de la Proposición de Ley
para la reforma de la Memoria Histórica que el PSOE presentó a
finales de diciembre pasado. Con la excusa de dotar
presupuestariamente la búsqueda de fosas por las cunetas de España
pretenden crear una Comisión de la Verdad que asiente de una vez por
todas en el BOE la Verdad Oficial, sobre lo que pasó entre el 18 de
julio de 1936 y el 6 de diciembre de 1978.
Así se dictaminará de forma definitiva que los malos fueron muy
malos y jamás hicieron nada bueno y que los buenos siempre fueron
muy buenos y nunca hicieron nada malo. Y quien discrepe de esta
Verdad Oficial ya sabéis, o se queda mudo, o se va a la cárcel y se
queman sus libros y artículos. Estas comisiones se dedican a cosas
como la que le han hecho al pobre Juan Jara, un panadero de Zalamea
de la Serena (Badajoz) al que un socialista asesinó por sus ideas
políticas. Un mes antes de su asesinato, la CEDA había ganado las
elecciones de noviembre de 1933, así que los socialistas estaban
enrabietados. Jara era fundador de la Falange en su pueblo, un
partido tan legal como los demás que en dichas elecciones consiguió
un escaño para José Antonio Primo de Rivera, quien posteriormente
fue también asesinado.
Cuando lo mataron, Juan Jara estaba pegando pasquines de Falange, lo
que provocó que lo increpase un militante del PSOE que le pegó un
tiro en la cabeza por la espalda. El ayuntamiento de Badajoz (PP)
tiene una pequeñísima calle de extrarradio con su nombre y la
comisión de expertos de la diputación (PSOE) exige que se elimine,
porque dicen que su nombre es una “exaltación del franquismo”. La
Ley de Memoria Histórica permite poner el nombre de esa calle al
socialista que asesinó a Juan Jara, como las tienen Carrillo y la
Pasionaria, pero obliga a que se quite el de su víctima, asesinado
casi tres años antes de la Guerra Civil y que seguramente nunca
escuchó hablar de Franco.
Pues bien, este artículo que ahora estás leyendo no podrá ser
publicado si se aprueba la propuesta socialista, porque se
considerará que aquí yo estoy justificando el franquismo y
menospreciando a sus víctimas. Yo no lo podría escribir, tú no lo
podrías leer y OKDIARIO no lo podría publicar desde España. Sólo
podremos difundir las mentiras que decida la Comisión de la Verdad
en la que entrarían, enchufados, los comunistas más sectarios que
harán lo que les ordenen para seguir viviendo de tus impuestos. La
reforma la apoyan PSOE, Podemos, ERC, Bildu y seguramente el PDeCat,
que suman 175 diputados. Para que sea rechazada deberían votar en
contra todos los diputados de PP, Cs, Coalición Canaria y el PNV,
que suman otros 175. Como sólo uno de ellos enferme ese día, o se
confunda de botón, la reforma será aprobada. Aunque también puede
ser que algunos tengan miedo a que les llamen fachas si votan en
contra, pero eso ni tú ni yo se lo vamos a consentir, ¿o tú sí?
Baleares
PLIS: "El Gobierno balear infringe las más
elementales normas de la pedagogía"
Asociación de Profesores PLIS Educación latribunadelpaisvasco 31
Enero 2018
La asociación de profesores 'PLIS. Educación, por favor' ha acusado
al Gobierno balear de querer "volcar todo un sistema educativo en la
inmersión lingüística obligatoria", lo que calificó de "atentado
pedagógico". Así se expresó la entidad con motivo de la futura ley
educativa, con la que a su juicio busca "blindar" la inmersión
lingüística.
"Volcar todo un sistema educativo en la llamada inmersión
lingüística obligatoria, con el único objetivo de dominar el
catalán, considerando objetivo secundario el aprendizaje de materias
no lingüísticas, matemáticas, historia, ciencias o filosofía es,
además de un atentado pedagógico, una inmoralidad", advirtió.
Para la entidad docente, las lenguas vehiculares "tienen
justificación sólo si sirven de forma eficaz al aprendizaje de
materias no lingüísticas". Y añade PLIS: "El Govern es refractario a
la evidencia pedagógica, sancionada por las UNESCO y por todos los
pedagogos, de que la lengua materna es la lengua que mejor sirve al
alumno en su aprendizaje, sobre todo en la enseñanza básica. Además,
la libre elección de lengua de primera enseñanza es un derecho
consagrado por una ley superior y el Govern balear no debería jugar
a su supresión. Un alumno debe aprender a leer y a escribir y a
fortalecer su capacidad de aprendizaje en la lengua materna, o en la
lengua elegida libremente. Unas vez consolidada la competencia de
lectura y escritura en su lengua materna se puede pensar en
incorporar como lengua vehicular una segunda lengua y hasta una
tercera lengua. No seguir este proceso infringe las más elementales
normas de la pedagogía"
Entidades de enfermos crónicos de Baleares,
alarmados por la «imposición» del catalán en la sanidad pública
El futuro decreto lingüístico que prevé aprobar en breve el Gobierno
regional sigue generando controversia
Josep María Aguiló. Palma de Mallorca. ABC 31 Enero 2018
La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón
(ALCER) de Baleares y la Asociación de Diabéticos de las Islas
Baleares (ADIBA) han emitido este martes un comunicado conjunto para
manifestar que sus socios, que padecen enfermedades crónicas, están
«muy preocupados y muy alarmados ante la imposición de la
acreditación lingüística como requisito en la sanidad». Ambas
entidades, que reúnen a más de 1.700 miembros en total, se han
expresado de ese modo en relación al futuro decreto autonómico que
regulará el conocimiento de catalán que se exigirá a los médicos y
enfermeros que deseen trabajar en la sanidad pública.
En el citado comunicado se indica también que las dos asociaciones
no han tenido hasta ahora «ninguna queja» por cuestiones
lingüísticas. «Muchos de los profesionales que nos atienden no son
catalanoparlantes, pero, hasta ahora, esto no ha sido ningún
obstáculo, ya que su trato es respetuoso, empático y muy digno»,
señala la nota. «Sabemos que hay carencias de profesionales y que es
muy difícil que las plantillas estén completas y por eso rechazamos
que se imponga un requisito que haga todavía más difícil y
complicado configurar los servicios como se precisa», recalca el
texto.
Tras recordar el rechazo que ha suscitado hasta ahora el futuro
decreto en diversos colectivos profesionales y ciudadanos, ALCER y
ADIBA añaden que están de acuerdo en «la potenciación e integración
del catalán de forma progresiva» en la sanidad balear, pero rechazan
«categóricamente» que se haga en forma de un requisito que podría
tener un «gran impacto» en la atención que reciben sus asociados.
«Como ciudadanos y usuarios defendemos que el derecho a la salud y a
una accesibilidad adecuada a nuestra sanidad pública prevalezcan
sobre todo lo demás», concluye el comunicado.
Tensiones políticas
Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en Baleares la
socialista Francina Armengol, que cuenta con el apoyo directo del
PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval parlamentario de
Podemos y de MÉS por Menorca. La posición de los socialistas con
respecto a la exigencia del catalán ha sido siempre más flexible que
la de sus socios ecosoberanistas. En ese contexto, Armengol ha
vuelto a reiterar este martes que «no quedará ninguna plaza sin
cubrir en la sanidad pública por motivos lingüísticos».
La denuncia de ALCER y de ADIBA llega en un momento en el que el
PSOE balear y MÉS por Mallorca están volviendo a evidenciar sus
recurrentes discrepancias con respecto al futuro decreto del
catalán. Desde la Consejería de Salud, que está en manos de los
socialistas, se aboga hoy mayoritariamente por flexibilizar un poco
las condiciones fijadas en el borrador del citado documento,
mientras que los ecosoberanistas quieren que se apruebe lo antes
posible y que además entre en vigor sin cambios.
La futura norma autonómica establece, en su actual redacción, que la
lengua catalana será un requisito para los auxiliares, enfermeros y
médicos que se presenten a oposiciones. Los auxiliares deberán
acreditar el nivel B1 —básico—, mientras que médicos y enfermeros
deberán tener el nivel B2 —avanzado— para poder optar a una plaza en
la sanidad pública. Los únicos trámites que quedan aún pendientes
para que se empiece a aplicar la nueva norma son su envío al Consejo
Consultivo para que emita el preceptivo dictamen —no vinculante— y
su aprobación por parte del Gobierno balear.
El citado decreto fija, en cualquier caso, varias excepciones. Una
de ellas establece que cuando haya menos aspirantes que plazas a
cubrir, no se exigirá el conocimiento del catalán. Aun así, quienes
finalmente consigan una plaza en esas circunstancias tendrán que
acreditar, en un plazo máximo de dos años, el nivel de catalán
inicialmente requerido en sus respectivas convocatorias. En caso de
que esa acreditación idiomática finalmente no se produzca, habrá una
«penalización» para dichos profesionales sanitarios. En concreto, se
les impedirá participar en los posibles traslados que se convoquen.
Oposición sindical
El borrador del controvertido decreto fue aprobado inicialmente en
la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 17 noviembre
del pasado año, pese a la oposición del Sindicato Médico de Baleares
(Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse), mayoritarios en el
sector. Ambos sindicatos, que defienden que el catalán debería ser
sólo un mérito, anunciaron que impugnarían el mencionado decreto
cuando entre en vigor.
Por otra parte, el Satse de Baleares confirmó el pasado mes de
diciembre la marcha de decenas de enfermeras de Ibiza ante la
inminente aprobación del citado documento. Fue también en diciembre
cuando unas 2.000 personas participaron en Mahón, capital de
Menorca, en la manifestación convocada por la plataforma civil
ciudadana Mos Movem (En Marcha) bajo el lema «Los idiomas no salvan
vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas».
A la espera de la aprobación del mencionado decreto, de momento
sigue rigiendo lo establecido por la Ley de la Función Pública, más
flexible en materia lingüística. Ello ha permitido que recientemente
el Servicio de Salud de Baleares haya podido eximir del conocimiento
del catalán a ocho jefes de servicio del Hospital de Son Espases,
equipamiento sanitario ubicado en Palma y considerado como el de
referencia de la Comunidad.
Una decisión en esa misma línea se había producido ya el pasado mes
de diciembre en el Hospital de Can Misses, en Ibiza, cuando el
requisito del catalán quedó excluido en la convocatoria para cubrir
ocho plazas en el servicio de Urgencias de Can Misses. Fue también
en diciembre cuando el Hospital Mateu Orfila, en Menorca, publicó
una convocatoria para cubrir tres plazas de jefe de servicio.
Inicialmente, sí se había exigido el conocimiento del catalán a
quienes decidieran optar a estos puestos. Sin embargo, al parecer se
habría tratado de una equivocación, por lo que se decidió publicar
una nueva convocatoria, eximiendo finalmente de la exigencia de
dicho idioma.
Una gran ola de frustración
Enfrentamientos entre manifestantes y Mossos en el parque de la
Ciudadela, donde diputados constitucionalistas tuvieron que salir
escoltados
Daniel Tercero ABC 31 Enero 2018
Siempre se ha alertado del peligro de la ola de frustración que
podía generar el pinchazo de la burbuja independentista, y algo de
eso se pudo ver ayer en el parque de la Ciudadela, donde se ubica el
Parlament. Blindado desde primera hora de la mañana por los Mossos
d’Esquadra, una concentración de la ANC a sus puertas reclamaba la
investidura de Carles Puigdemont. Nada distinto, en tono y
paisanaje, a las últimas convocatorias «indepes».
El giro se produjo a media tarde, cuando ya se había asumido que ni
habría pleno ni investidura: fue entonces cuando, bien saltando las
vallas, bien arrollando un cordon policial que se demostró
insuficiente, varios cientos de manifestantes entraron en el parque
y se acercaron al Palacio del Parlament.
Hubo forcejeo con los agentes, cargas, porrazos y tensión cuando los
manifestantes trataron de forzar las vallas del perímetro de
seguridad. Cuando la cosa amenazaba con desbordarse, la ANC lanzó un
«tuit» desconvocando y mandando a la gente para casa: no sirvió de
mucho. Aunque la tensión se fue reduciendo al caer la noche, algún
diputado de ERC fue medio abroncado y los Mossos y los escoltas
tuvieron que proteger la salida de los diputados de Ciudadanos.
No es la primera vez. El pacifismo del que presume el movimiento
«indepe» enseñó ayer su faceta más áspera. Los Comités de Defensa de
la República (CDR) que se hicieron famosos cuando los «paros de
país», propusieron una acampada frente al parque. Frustración
generalizada.
Dos detenidos
Los Mossos detuvieron ayer a dos personas durante los
enfrentamientos entre manifestantes y agentes en el Parque de la
Ciutadella de Barcelona, donde partidarios de Carles Puigdemont
saltaron el cordón policial para protestar frente al Parlament por
el aplazamiento de la sesión de investidura.
Otros 24 agentes fueron atendidos por contusiones o heridas leves,
ha informado a Efe el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El SEM también atendió a tres manifestantes, uno por un traumatismo
leve -que fue dado de alta in situ-, otro con una contusión leve en
la rodilla -trasladado al ambulatorio de urgencias de Peracamps- y
otro menos grave con una fractura de clavícula, evacuado al Hospital
del Mar.
La juez Lamela, a Rosell: "Esto es España,
¡hable castellano!"
La magistrada de la Audiencia Nacional que ordenó la prisión para
'los jordis' se muestra intransigente ante el expresidente del
Barça, a quien investiga por blanqueo
Carlos Quílez El Espanol 31 Enero 2018
Ocurrió a finales del año pasado. La juez de instrucción número 1 de
Andorra, Canolic Mingorance, y el fiscal general del país, Alfons
Alberca, se trasladaron a Madrid para interrogar al expresidente del
Barça Sandro Rosell y al gestor andorrano Joan Besolí. Ambos se
encuentran en prisión preventiva por orden de la juez Carmen Lamela
(la misma que ordenó prisión para los Jordis por sedición), que les
investiga por blanqueo de capitales.
Justamente Mingorance y Alberca dirigen una investigación por
idénticos hechos contra ambos en Andorra. En el marco de esa causa,
la juez y el fiscal se trasladaron a la Audiencia Nacional para
recabar información de Rosell y Besolí, quienes estaban siendo
investigados en el Principado desde hacia dos años sin que,
paradójicamente, nunca, hasta el momento, se les tomara declaración.
Ambos fueron trasladados desde Soto del Real esposados en una
furgoneta de la Guardia Civil que compartían con presuntos
terroristas de Dáesh citados por otros jueces de la Audiencia
Nacional.
Esposados
Entraron esposados en la sala de vistas de la audiencia, donde les
esperaban Lamela (la anfitriona), Mingorance y Alberca. Estaba a
punto de comenzar un acto jurisdiccional de Andorra. Rosell fue
preguntado por Mingorance y se dispuso a hablar en catalán. Lamela,
que en principio no jugaba papel alguno en aquel trámite judicial,
interrumpió a Rosell y le conminó a hablar en castellano.
Rosell y sus letrados le recordaron airados a la juez que aquel era
un acto jurisdiccional andorrano y que el catalán es idioma oficial
en Andorra. La Juez respondió mal humorada: “¡Esto es España, así
que responda usted en castellano!”.
A Rosell y Besolí, que llevan ocho meses en la cárcel, la Audiencia
Nacional les ha denegado hasta en cuatro ocasiones? la libertad
provisional bajo fianza.
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