AGLI Recortes de Prensa   Viernes 2 Febrero 2018

Secuencia de un derrumbe
El proceso ha muerto. A manos del periodismo
Carlos Herrera ABC 2 Febrero 2018

En periodismo no siempre quien la sigue la consigue, pero es muy improbable que quien no la siga consiga alguna pieza. La historia de muchas exclusivas es la historia de la paciencia, del aburrimiento, de la insistencia, de las horas acumuladas esperando la prueba documental que certifique nuestro esfuerzo. La historia del periodismo está llena de fracasos en la espera y aciertos en la precipitación, pero la mayoría de las veces el embrujo se produce al revés. Los cámaras que trabajan para mi querida Ana Rosa llevaban tres meses en Bruselas yendo detrás de Puigdemont así fuera a comer, a dormir o a orinar. Como era previsible, se desplazaron a Lovaina para registrar sus supuesta intervención horas después de la negativa del presidente del parlamento catalán a proceder a su investidura. No acudió, pero sí lo hizo el consejero que le queda más a mano en el bosque de la ausencia: Toni Comín. Filmaron el acto desde las espaldas y marcharon al hotel. Ya de noche, al parecer, repasaron las imágenes y se dieron cuenta de que el exconsejero de Sanidad repasaba mensajes telefónicos que, una vez acercada la imagen, mostraban mensajes de un tal Carles en los que decía lo que hoy conoce toda España.

Es en ese momento cuando se aperciben del material que tienen entre manos. Lo ponen en conocimiento del programa para el que trabajan y de la cadena que lo alberga. Realmente, a pesar de la textualidad de los mensajes, solo figuraba el nombre de Carles como remitente, lo cual no significaba necesariamente que fueran originarios de Puigdemont. Podían ser de cualquiera que se llamara así. La cadena estableció los protocolos necesarios para confirmar que ese teléfono pertenecía a Puigdemont y, una vez confirmado, lo lanzó al aire, con lo cual se curó en salud y trabajó con pies de plomo. Ana Rosa tenía un scoop que ya quisiéramos los demás: nada menos que el niño bonito del independentismo reconociendo que La Moncloa había triunfado y que ellos habían naufragado en el más absoluto de los ridículos. A partir de ahí caben todas las interpretaciones que queramos dar al hecho de visualizar los pensamientos en privado del pretendiente a la Generalidad a distancia: traición de ERC, descuido del más tonto del baile o maniobra de autoafirmación del Hombre Elegido Por El Destino. Los periodistas hubieron de salir pitando de Bélgica antes de que el abogado de los afectados interpusiera una querella, lo cual habría significado quedarse en la muy entretenida Bruselas hasta que se resolviera el caso (al poco de la confirmación estaban ya en la frontera francesa).

Podemos aventurar cualquier escenario conspirativo: Comín, que no es precisamente el más listo del grupo, tuvo un descuido; Comín formó parte de un complot para descabalgar a Puigdemont; Puigdemont diseñó un lamento en varios actos con tal de ganarse de forma victimista el arrobo de sus seguidores. Da igual. Lo importante debe ser desligado de lo interesante: es interesante saber por qué los mensajes se acumulan sin una respuesta del receptor, siquiera un «tranquilo, todo se arreglará», pero lo importante es lo que dicen unos mensajes que clarifican lo que a todas luces ha sido una monumental estafa. Será interesante saber si los movilizados peones del independentismo se dejarán seguir tomando el pelo, pero nadie les quita la demostración palmaria de que acaba de derrumbarse la colosal chapuza en la que han creído a pies juntillas y que ha acabado a manos de la inusitada capacidad de autodestrucción del independentismo catalán.

Es evidente que sigue habiendo un nutrido grupo de setenta diputados independentistas en el parlamento, pero a la mayoría de ellos les interesa dedicarse al gobierno de las cosas y al reparto del suculento presupuesto catalán. El proceso ha muerto. A manos del periodismo.

¿Golpistas sí o golpistas no, Tajani?
OKDIARIO 2 Febrero 2018

La credibilidad de la Eurocámara no se puede permitir un acto como el de este jueves en Bruselas. Resulta incomprensible que la casa de todos los europeos haya consentido un acto a mayor gloria de los golpistas y con un documental de Jaume Roures que enaltece el referéndum ilegal del 1-O. A este aquelarre de la ilegalidad se han sumado ínclitos como la ex consejera de Educación Clara Ponsatí, huida de la justicia en Bruselas al igual que Carles Puigdemont. También Roger Español, un hombre que acosó, provocó y agredió a la Policía Nacional en varias ocasiones. “Espero que Europa reconozca lo que pasó el 1-O”, ha tenido la desfachatez de argumentar.

Europa se ha pronunciado varias veces a través de las palabras de Antonio Tajani: “El independentismo es el pasado, no el futuro”. El presidente del Parlamento Europeo ha dicho también que “cualquier acto contra la Constitución es un acto contra la propia UE”. Unas palabras loables que, sin embargo, se tienen que refrendar con hechos. Actos apadrinados por los secesionistas no deberían tener cabida en las sedes comunitarias. Esa conferencia, llamada ‘Derechos civiles y fundamentales en la Unión Europea: el caso catalán’, no era más que una excusa encubierta para seguir perseverando en la ponzoñosa propaganda secesionista. Esa que trata de convencer a los europeos de que España es “un Estado opresor”.

El nivel del evento y sus participantes se resume en la figura de Alfred de Zayas. Un viejo amigo de los independentistas catalanes que destaca por su afinidad con el nazismo, el castrismo y su perfil antisemita. Zayas ha llegado a decir que Churchill y Roosevelt se unieron en “una forma de genocidio” contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso ha sugerido a los separatistas que sigan saltándose la ley, ya que “el ‘apartheid’ también era legal”. Personajes de este calado definen la deriva absoluta que ha tomado el desafío de Puigdemont y sus adláteres. Europa no puede dar cabida en sus instituciones a estos actos esperpénticos. Antonio Tajani es un hombre de probado prestigio, pero tiene que aplicarle a los hechos la contundencia de sus palabras.

Arritmias nacionalistas
Manuel Peña Díaz Cronica Global 2 Febrero 2018

En un coloquio en Madrid sobre Hispanofobia, y ante un auditorio completo, un señor interpeló a Elvira Roca Barea sobre el momento en que comenzó la crisis de la identidad española, lo hizo parafraseando a Vargas Llosa y el "cuándo se jodió el Perú". La respuesta de la profesora fue contundente: "España es un país maravilloso, es una gran nación, no se ha fastidiado nunca". Las casi setecientas personas que abarrotaban la sala prorrumpieron con un prolongado e intenso aplauso.

El acto fue una muestra más de que el nacionalismo español ya existe, aunque hasta hace poco tiempo estuviese prácticamente desaparecido. El franquismo lo dejó en los huesos de tanto usarlo, y encima en la Transición fue uno de los grandes derrotados. Ni siquiera la larguísima ofensiva asesina de ETA y sus cómplices lograron reactivarlo, aunque le insuflaran el oxígeno imprescindible para que la agonía no fuese efectiva. Debemos al desafío catalán el impulso extraordinario que están tomando las actividades y diversas manifestaciones de las asociaciones españolistas. Véase la labor que está desarrollando la Fundación Civilización Hispánica. Pero ni siquiera esta reactivación españolista se está produciendo con el mismo método ni con los mismos fines, que tan cuidadosamente ha programado el catalanismo soberanista. Ambos nacionalismos son arrítmicos.

La primera de esas arritmias es conceptual. Aunque para los independentistas todo el monte es orégano, no es lo mismo nacionalismo español que patriotismo constitucional español; mientras en el primero prima la identidad y el sentimiento de pertenencia a la nación española, el segundo aboga por una concordia cívica que promueva la cooperación responsable y democrática entre los ciudadanos. Se entiende que el movimiento nacionalista catalán confunda interesadamente uno y otro, puesto que necesita de un enemigo lo más grande posible para justificar la imaginaria opresión del pueblo catalán y su manido victimismo.

De ese modo, se puede intuir que el impacto del nacionalismo catalán está siendo más negativo aún entre los ciudadanos españoles de lo que la clase política imagina. Si desde 1978 la evolución del patriotismo constitucional ha sido muy débil y guadianesca, el desafío catalán ha frenado en seco dicha progresión, y ha impulsado el españolismo identitario justo en el momento que el independentismo abandona el etnicismo para reivindicar el republicanismo como eje vertebrador de su proyecto secesionista. De ahí que pensadores equidistantes como Josep Ramoneda hagan de altavoz de parte del discurso que está elaborando el camaleónico nacionalismo catalán, al afirmar que el independentismo abarca bastante más que el nacionalismo. Esa es la consigna que están divulgando en foros de todo tipo: soltar el lastre identitario --supremacista y etcnicista-- que no les permite superar el 47% del electorado, y apostar por el patriotismo cívico constituyente. Curiosamente la misma estrategia que tímidamente impulsó lo que ellos denominan peyorativamente el Régimen del 78.

La segunda arritmia reside en el uso de la historia para despertar emociones. No creamos que interesa la historia por lo que aporta al conocimiento, en todo caso la historia es el vehículo para alcanzar las emociones porque generan conmociones somáticas colectivas. En estos momentos en el nacionalismo español está calando un relato historicista de exaltación de la nación y de la civilización hispánica, que pretende abonar la débil autoestima identitaria que tienen de sí los españoles. El éxito del libro de Roca Barea es el mejor ejemplo; para muchos, poseerlo es un símbolo de españolidad, leerlo es otra cosa.

Entre los ideólogos del nacionalismo catalán esa vía historicista se da ya por amortizada. A la historia la han exprimido tanto que ya no da más de sí. El éxito de este manoseo es evidente, la idea de la nación histórica ha calado lo suficiente como para mantener bien despiertas las emociones identitarias. Hace tiempo que el historiador Junqueras viene predicando que hay que dejar de mirar al pasado para construir el futuro. Es decir, el independentismo está superando el ser nacionalista para incorporar a los patriotas. Ya no insisten tanto en la dimensión mítica de la identidad colectiva sino en la defensa de un nuevo Estado republicano que preserve los derechos de los catalanes y sus bienes. Esa es la nueva versión de la legitimidad independentista que quieren convertir en dogma. En ambos nacionalismos el espectáculo continúa, aunque sea a paso cambiado.

Dime con quién andas…
OKDIARIO 2 Febrero 2018

Dime con quién andas y te diré quién eres. El refranero español tiene sentencias para todo. Algunas de ellas definen perfectamente la catadura ética y moral de los independentistas catalanes. Los golpistas tienen una particular tendencia a contar con abogados que poseen currículos cuanto menos cuestionables. Es el caso de Oriol Junqueras y los Jordis. Los tres presidiarios han contratado al británico Ben Emmerson, especialista en defender a criminales de guerra y yihadistas. Con él pretenden comparecer ante la ONU por “violación de derechos humanos”. Habría que preguntarle al letrado cómo va a defender a unos pirómanos de la política que desobedecieron al Tribunal Constitucional durante el 1 de octubre o que declararon una república fantasma en lo que supuso un ataque frontal contra la Carta Magna.

Un marco legal, el español, que como ha dicho el propio presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, es compartido y respaldado por la Unión Europea. Hay que reconocer, no obstante, que en una asepsia total de escrúpulos, Ben Emmerson es capaz de lidiar con casos muy complicados. Por sus manos ha pasado la defensa del clérigo yihadista Abu Qatada al-Filistini, considerado el principal líder espiritual de Al Qaeda en Europa. También ha prestado sus servicios al actual ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, procesado por el Tribunal Internacional debido a crímenes de guerra. Y sin embargo, salió absuelto.

Ben Emmerson también ha llevado de manera exitosa la defensa de gente tan poco ejemplar como Julian Assange, acusado de violación y agresión sexual. Incluso representó al cuñado de Muamar el Gadafi, acusado de asesinato. Una ristra de nombres polémicos a los que ahora se unen tanto Junqueras como los Jordis. Tendencia que ya inició el prófugo Carles Puigdemont cuando contrató a Paul Beckaert, letrado experto en obstaculizar la extradición de terroristas de ETA a España. Siempre al borde de la ley, y siempre retorciéndola hasta el último recodo, tal y como han hecho los separatistas. Hasta la segunda línea de los golpistas, caso de Toni Comín, se puso en manos de Gonzalo Boye, condenado por colaborar con ETA. En definitiva, contratados que retratan a los contratantes.

Reforma de la ley de Memoria Histórica
El PSOE prevé incentivos para los libros de texto que hablen de la “represión franquista”
Luz Sela okdiario 2 Febrero 2018

La reforma de la ley de Memoria Histórica que planea el PSOE recoge importantes implicaciones en materia educativa. Sin duda, uno de los aspectos más controvertidos.

Según la proposición de ley que será debatida en los próximos meses, todos los programas educativos deberán incluir “la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”. Pero la imposición que se prevé sobre el currículo educativo no queda ahí. Los socialistas pretenden, además, “incentivar” la elaboración de material didáctico sobre la Guerra Civil y la “represión franquista”. Este extremo abunda la posibilidad de subvenciones o ayudas editoriales para la producción de material con su visión de la historia.

Esa visión vendrá determinada por lo que denominan ‘Comisión de la Verdad’, un “órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido”, según se recoge también en el texto.

Esta comisión estará integrada por expertos de distinto tipo- juristas, historiadores, expertos en violencia de género o miembros de asociaciones de derechos humanos- y se encargará de elaborar un estudio sobre el período comprendido entre la Guerra Civil y la aprobación de la Constitución (1936-1978), a través de la recogida de testimonios y otros materiales. El objetivo, dicen los socialistas, será denunciar “las violaciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra” y contribuir “a la construcción colectiva de la memoria democrática española”. Las conclusiones serán remitidas al Congreso de los Diputados para su aprobación y tendrán carácter vinculante, con lo que vertebrarán todo el discurso del Gobierno en torno a la memoria histórica.

También en la Universidad
La inclusión de la “memoria democrática”, como denomina, no se limita a los niveles de primaria, secundaria o bachillerato. Afecta también a los estudios universitarios, según estos planes. Así, se contemplan convenios de colaboración para incorporarla en estudios de Grado, e incluso, de Master.

Además, se promoverán las investigaciones “sobre la represión padecida por las mujeres durante la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista”. De nuevo, una orientación de la actividad educativa en base a factores ideológicos.

La intención de los socialistas es sumar a Podemos, los independentistas y Ciudadanos para sacar adelante la iniciativa.

Penas de cárcel e inhabilitaciones
Los socialistas prevén además duros castigos para quienes la incumplan. Por ejemplo, penas de hasta cuatro años de cárcel o quince de inhabilitación para el empleo o cargo público para autoridades y funcionarios, y de cuatro años para particulares o profesionales de comunicación, que exalten el franquismo, entre otros.

“Aunque el espíritu de la ley de Memoria se basa en unos principios humanitarios, el tiempo ha demostrado la necesidad de introducir sanciones y plazos contra todos aquellos que, aún tras 40 años de democracia, no han asumido su deber de cumplimiento con las leyes y la Memoria Histórica”, se lamentan en el texto de la iniciativa.

Entre las sanciones más duras están las que afectan a la autoridad o cargo público cuando, “por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado en contra de medidas que supongan la aplicación y desarrollo de leyes o disposiciones normativas de carácter general relativas a la memoria democrática y a la reparación de víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas”.

Manifiesto contra una ley bolivariana
Pío Moa Gaceta.es 2 Febrero 2018

Mañana en “Una hora con la Historia” trataremos las maniobras de Companys y los suyos con Londres y París, a espaldas de sus aliados y traicionándolos.
Anterior: Companys y Azaña: https://www.youtube.com/watch?v=C123_LXuroE&t=15s

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La nueva ley de memoria histórica propuesta por el PSOE, consecuencia y empeoramiento de la anterior, establece la ilegalización de cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista contrarios a los de ese partido con respecto a la historia reciente de España. Y amenaza con penas de cárcel y elevadas multas a quienes sostengan opiniones o estudios favorables a la figura de Franco y a su régimen. Pretende asimismo expropiar, destruir o transformar el patrimonio histórico y artístico procedente de aquel régimen.

Este proyecto ataca directamente la más elemental libertad de opinión, expresión, investigación y cátedra, y ataca por ello directamente la Constitución, que en varios artículos empezando por el título preliminar establece “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Esa ley, de llevarse a la práctica, anularía por completo la Constitución o lo que queda de ella.

Es asimismo un proyecto radicalmente antidemocrático, por cuanto en ninguna democracia decide ningún partido desde el poder cuál ha sido la realidad de la historia. Esto solo ocurre en regímenes totalitarios tipo Cuba, Corea del Norte, Venezuela y similares, hacia los que quieren llevarnos los autores de ese texto inicuo.

Y es un proyecto contra la verdad histórica como demuestra el mero hecho de que su versión quieran imponerla por la fuerza y la violencia del estado, siendo incapaces de sostenerse en un debate e investigación libre e independiente. Sus argucias sobre la dignidad de las víctimas o igualando el franquismo al nazismo y similares son solo el envoltorio sentimental y falso de una ofensiva contra la democracia y la libertad de los españoles.

Nos hallamos, así, ante un ataque en toda regla contra las más elementales normas de convivencia social en libertad, mediante una ley de tipo bolivariano o soviético. Y ello nos obliga a plantearnos el origen ideológico de quienes pretenden tales cosas.

Es muy preciso, por tanto, que la opinión pública conozca la ocultada historia de ese partido, hoy bastante bien estudiada, aunque todavía pocos la conozcan. Muy en breve, en los años 30 el PSOE quiso, buscó y organizó la guerra civil, textualmente, para imponer en España un régimen de tipo soviético. La preparación de la guerra incluyó abundante uso del terrorismo. Fracasado el intento en octubre de 1934, volvió a la violencia tras las elecciones de febrero de 1936, demostradamente fraudulentas, para destruir la legalidad republicana, con uso abundante de un terrorismo que culminó en el asesinato del líder de la oposición Calvo Sotelo; y ya durante la guerra fueron actos suyos el terror de las chekas, el envío de las reservas de oro a Moscú — haciendo de Stalin el jefe real del bando llamado republicano– y el robo sistemático de bienes nacionales y particulares, que suscitaría luego peleas sórdidas entre sus líderes en el exilio.

Si hay alguien responsable de la guerra civil, es el partido que ahora intenta arruinar del todo la democracia mediante la violencia del estado combinada con lo que definió Besteiro como un “Himalaya de falsedades”. Besteiro fue el socialista demócrata que denunció los proyectos del PSOE de empujar al país a un baño de sangre, y que por eso fue aislado y calumniado en su partido. Lo dicho aquí sobre el PSOE no es un panfleto del tipo de los de la memoria histórica, subvencionados con dinero que nos obligan a pagar a todos. Es un resumen de hechos abundantemente investigados y documentados.

Luego, durante el franquismo, el PSOE no hizo la menor oposición digna de reseña, al revés que los comunistas. Y es ahora, ochenta años después de la guerra y cuarenta de la transición a la democracia, cuando este partido intenta derrotar a aquel régimen a base de derrotar al mismo tiempo la libertad de los españoles e instalar en la sociedad los mismos odios que llevaron a la destrucción de la república.

El PSOE se ha venido presentando como partido democrático, cuando la verdad es que solo se ha resignado a una democracia llegada históricamente desde el franquismo, “de la ley a la ley”. La democracia no debe nada al PSOE, sino que, al revés, ese partido debe todo a una democracia a la que en cambio ha aportado grandes dosis de corrupción, “comprensión” hacia los separatismos y los crímenes de la ETA, y leyes siniestras como las de su fantástica memoria histórica. Por falta de fuerza ha tenido que aceptar un régimen de libertades, pero manteniendo su ideología contraria en espera de ocasión, que parece creer llegada ahora.

Estamos, por tanto, ante un proyecto de ley orientado directamente contra los derechos de los españoles, contra las libertades más elementales y contra la verdad mejor documentada sobre nuestro pasado. Un proyecto hecho, como no podía ser menos, por un partido de historial e ideología radicalmente antidemocráticos.

Y contra estas derivas nos toca movilizarnos muy en serio a cuantos amamos la libertad, la verdad y a España. Es preciso demostrar a los totalitarios que no somos un pueblo de borregos que se deje embaucar por su turbia charlatanería ni amedrentar por sus amenazas.
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Den máxima difusión a este manifiesto, pues es preciso crear la más amplia opinión pública.

AMENAZA CON ABANDONAR EL PACTO
Hungría, a la ONU: ‘No aceptamos que la inmigración sea algo imparable’
La Gaceta  2 Febrero 2018

El Gobierno de Hungría advirtió de que abandonará el Pacto Mundial sobre la Migración de la ONU, que se espera sea aprobado el próximo septiembre, si el texto final no se adecúa más a sus intereses.

Según el ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, la Declaración de Nueva York, el texto que sirve de fundamento al futuro acuerdo, “describe la inmigración como algo bueno e imparable. No estamos de acuerdo con esto”.

“La Declaración de Nueva York es contraria a los intereses húngaros”, afirmó Szijjártó ante la prensa en relación al documento firmado en septiembre de 2016 en el que 193 países se comprometían a negociar una serie de medidas para garantizar movimientos migratorios más “seguros, ordenados y legales”.

Recordó que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, defiende la inclusión de los refugiados en los lugares de acogida, lo que, a juicio de Szijjártó “limita la soberanía de los países miembros de la ONU”.

Hace dos semanas, Guterres recomendó a los Estados ricos abrirse a la inmigración, pues de lo contrario, advirtió, sufrirán un retroceso de población y económico y no conseguirán impedir la entrada de inmigrantes, ya que estos lo seguirán haciendo de forma irregular.

Estas recomendaciones figuran en un informe presentado por el secretario general a la Asamblea General y servirá de base para la negociación este año del Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada.

Pese a que funcionarios de Naciones Unidas subrayaron que el pacto no será vinculante, Szijjártó afirmó: “Si un país es miembro de la ONU debe cumplir lo aprobado, y nosotros no queremos eso”.

“Si el proyecto que se presente (el 5 de febrero) sigue siendo proinmigración, abriremos el proceso de salida” de las negociaciones, enfatizó.

El pasado diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya anunció su abandono del pacto, con el argumento de que el proyecto no concuerda con las políticas de Washington sobre inmigración y refugiados.

Ahora los países miembros elaborarán el texto del acuerdo cuyo objetivo es establecer una serie de principios comunes, más allá de las leyes nacionales, que garanticen los derechos de los migrantes y la responsabilidad compartida entre diferentes gobiernos nacionales, regionales y locales.

El Ejecutivo de Hungría se opone categóricamente a la inmigración masiva y rechaza el sistema de reubicación de refugiados entre los países miembros de la Unión Europea, por lo que Bruselas lo ha denunciado ante el Tribunal Europeo.

NUEVO MAPA ESTRATÉGICO
Norte de África y Sahel: escenarios emergentes para el terrorismo islámico
AICS Gaceta.es 2 Febrero 2018

El cesto del escenario no puede considerarse emergente, pero sin embargo insisto en etiquetarlo de esta manera porque sus dos tercios occidentales no han estado tan expuestos a esta espiral de violencia, por lo menos hasta ahora.

Siguiendo esta serie de escenarios emergentes del terrorismo islamista, y aunque no debería considerarse como tal sino que bien podría denominarse renaciente, nos encontramos con el norte de África y la Franja del Sahel.

Para Europa en general, y para España en particular, este escenario es bien conocido porque los diferentes grupos terroristas que en él operan, en algún momento han dejado sentir su presencia entre nuestros compatriotas. Los ataques al Museo del Bardo y el complejo turístico al-Kantaoui, ambos en Túnez; anteriormente el ataque y toma de rehenes de la refinería de gas natural de In Amenas, en Argelia; o el secuestro de tres cooperantes españoles en Mauritania; sin olvidar el derribo del avión de Metrojet sobre la Península del Sinaí, son algunos de los momentos más trágicos para Europa. Sin embargo, desde finales de 2016 y casi durante todo 2017 la actividad terrorista en la gran mayoría de esta parte del continente africano ha estado bajo mínimos. Obviamente, esta reducción de actividad no incluye a Egipto, Libia o los países que se extienden más al sur de la virtual Franja del Sahel, Mali, Niger o Burkina Faso, entre otros.

Con estos mimbres, el cesto del escenario no puede considerarse emergente, pero sin embargo insisto en etiquetarlo de esta manera porque sus dos tercios occidentales no han estado tan expuestos a esta espiral de violencia, por lo menos hasta ahora.

Concretando, ahora sí, en los países que conforman esta parte de África, se vislumbran dos grupos. Por un lado, los que se encuentran al oeste de Libia, y por otro la misma Libia y Egipto.

De los primeros, destacan Túnez y en menor medida Argelia, como los escenarios más potencialmente peligrosos.

El pequeño Túnez, es muy probable que sea el primero que note el regreso de los voluntarios que hace tiempo marcharon a Oriente Próximo a guerrear en su yihad. De hecho, hace dos semanas ya desde AICS dimos la alerta de movimientos detectados de individuos que regresaban, precisamente a Túnez. Para los islamistas, especialmente al-Qaeda, esta llegada de combatientes puede ser muy interesante, por cuanto en un porcentaje significativo pueden unirse a sus grupos, tanto en Túnez como en el resto del Sahel. Obviamente siempre teniendo en cuenta la posibilidad, más que importante, de que buena parte de ellos decidan unirse a los grupos afiliados a Estado Islámico que han vuelto a la acción en Libia.

Ante esta llegada, no masiva pero si relevante en número, de individuos con una amplia experiencia de combate y una radicalización extrema, las Fuerzas de Seguridad tunecinas no se considera que estén preparadas, no al menos técnicamente. Pero además, el país se encuentra sumido en una oleada de protestas de una parte importante de la población contra las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, que están produciendo importantes choques entre manifestantes y Fuerzas de Policía en las principales ciudades del país. Este hecho, que puede parecer normal en una sociedad occidental, en el entorno del norte de África, y en especial en países como Túnez, es importante por cuanto facilita el movimiento de elementos desestabilizadores radicales y, especialmente, los procesos de captación entre las capas más desfavorecidas de la sociedad. No es la primera vez que se explica la manera que los islamistas tienen de aprovechar la inestabilidad política para expandir sus tentáculos en cualquier país.

Más hacia occidente se extiende Argelia, uno de los países más desarrollados de todo el norte de África, y que durante los últimos años se ha preocupado mucho en remozar su imagen, mostrando unas Fuerzas de Seguridad muy eficientes en la lucha contra el terrorismo islamista, pero que en el fondo, cuando se rasca un poco esa capa de pintura brillante, aparece una arquitectura de seguridad con importantes deficiencias.

Si hacemos caso a las informaciones distribuidas por el aparato de propaganda estatal, por cierto con abundante material gráfico aunque no siempre de acertado uso, podríamos llegar a la conclusión de que Argelia es el país más seguro de toda la franja mediterránea de África. Durante el pasado año, casi todas las semanas aparecían reportajes de almacenes de armamento encontrados por patrullas del Ejército (vamos, lo que viene a ser un zulo de toda la vida), pero que, visto en detalle, solo guardaban armamento en muchos casos de dudoso funcionamiento, obsoleto y despiezado. Sin embargo, puestos en una balanza los depósitos de armamento descubiertos y los terroristas neutralizados, el brazo del primero pesa 200 veces más que el segundo. De hecho, al mismo tiempo que las Fuerzas de Seguridad argelinas alardeaban de sus éxitos, células pertenecientes a al-Qaeda en el Magreb Islámico se permitían el lujo de lanzar andanadas de cohetes sobre refinerías de petróleo y grabarlo en vídeo para que, y cito textual, “luego las autoridades argelinas no nieguen el ataque”.

El tercer país en discordia en esta mitad oriental de la costa mediterránea africana es Marruecos. Cierto es que el Rey Mohamed VI, quien realmente gobierna el país, ha sabido capear de forma admirable la amenaza islamista, precisamente en un entorno, el marroquí, que ha suministrado un significativo número de voluntarios a las filas terroristas que operan en Siria. De hecho el Kharakat Sham al-Islam es un grupo formado casi en su totalidad por marroquíes que, incluso, dirige un campo de entrenamiento en la región de Latakia, en la parte más occidental de Siria. Y es que Marruecos ha proporcionado cerca de 1800 voluntarios a las filas islamistas. De todos ellos, más de la mitad pueden iniciar el regreso y eso implicaría un grave problema de seguridad.

Pero como decía, es de reconocer la habilidad de mantener al país la margen de la actividad terrorista que la Corona alauita ha demostrado. Sin embargo, esta situación corre un serio peligro de revertirse. La permeabilidad de la frontera de Marruecos, en particular en su parte sur es preocupante, más cuando no es la primera vez que grupos afiliados con al-Qaeda en el Magreb Islámico han entrado en el país, e incluso cometido acciones armadas. Por otro lado, tampoco, las últimas avalanchas de migrantes que intentan entrar a la fuerza en Ceuta o Melilla, también demuestran un control más que cuestionable de estos movimientos humanos y que bien pueden servir de cobertura para terceros individuos más peligrosos.

Dejados para el final tenemos a Libia y Egipto. Del primero poco que decir. Quizá que las cosas se hicieron no demasiado bien hace un año, y ahora vamos a sufrir las consecuencias. Cuando comenzó la operación militar para retomar el control de Sirte y sus localidades circundantes, ya adelantamos en un Informe de Inteligencia de la necesidad de impermeabilizar las fronteras y de no circunscribir la operación a la franja costera. Sin embargo, ninguna de las dos situaciones se materializó. Para las autoridades de Trípoli, cualquiera de ellas, lo importante y crítico, más allá de retomar el control de la segunda ciudad más importante del país, era hacerse con los pozos de petróleo de la cuenca de Sirte, objetivo principal de la operación militar, y a su vez del estratégico puerto de Ras Lanuf (uno de los más importantes para exportación de petróleo). Eso se consiguió, pero para ello se dejó la operación militar sin acabar. Se expulsó a los islamistas del norte de Libia, pero no se les derrotó ni se les eliminó. De hecho, estos se retiraron hacia el sur, casi hasta la frontera con Chad, y esperaron su momento. Hace unos meses que ese momento llegó y ahora están de nuevo a las puertas de Sirte.

Egipto, por su lado, sigue sufriendo las políticas erráticas de Abdel Fateh al-Sisi, el otrora Jefe de la Junta Militar, y azote de la formación islamista Hermanos Musulmanes, y ahora reconvertido en demócrata convencido, más preocupado de su imagen exterior que de solucionar los problemas reales del país. Para al-Sisi ha quedado demostrado que es más importante hacerse un hueco como estadista de postín entre el mundo árabe (en 2017 donó una isla en el mar Rojo a Arabia Saudí), que poner freno al avance islamista protagonizado por la franquicia de Estado Islámico, Ansar Bayt al-Maqdis. De hecho, los asesinatos repetidos de católicos coptos en el norte del Sinaí, los ataques a iglesias católicas al norte de El Cairo, o el avance de los terroristas hacia el oeste, acercándose peligrosamente a la rivera oriental del Canal de Suez, no han sido suficiente para que decida cambiar su estrategia militar en la Península del Sinaí, donde Ansar Bayt al-Maqdis ya controla más de la mitad el territorio. Prueba de esto son los check-points que los terroristas montan en los alrededores de al-Arish (capital de la Gobernación del Sinaí Norte), o los asesinatos que diariamente llevan a cabo de presuntos colaboradores de las autoridades egipcias, debidamente grabados en vídeo y publicados en sus canales mediáticos.
Futuro incierto

Con todos estos datos puestos encima de la mesa, la situación que se avecina no es precisamente muy halagüeña. En Mali la crisis de seguridad tiende a agravarse (por cierto España acaba de tomar el control de la misión internacional en el país). Como ya adelantamos hace casi un año, al-Qaeda en el Magreb Islámico, y en particular su nueva formación dependiente de esta, iba poco a poco a ampliar su zona de operaciones en el país africano, usado hasta ahora como campo de entrenamiento para establecer las medidas de coordinación entre los cinco grupo que forman esta sub-franquicia. Esta valoración se está cumpliendo, como todos sabemos, y las previsiones son de un progresivo avance hacia el norte, para establecerse en el sur de Argelia, objetivo final de la organización terrorista.

Por otro lado, Europa no parece estar preparándose para un problema que se aproxima de manera imparable, los retornados.

Los riesgos para la seguridad en este momento, y en el futuro más inmediato, no se considera que residan en que individuos incontrolados puedan llevar a cabo acciones hostiles, no al menos en España, sino en los retornados que viajan a sus lugares de origen.

Ya se ha hablado en anteriores ocasiones de este asunto, y los hechos poco a poco van confirmando esas proyecciones. La salida a través de Turquía es más que difícil (hace poco más de un mes se detuvo en la frontera turco-siria un grupo de cerca de 150 personas, entre combatientes islamistas y familiares de estos, que pretendían entra en el país para regresar a centro Europa). Por ello, reitero que la única opción sigue siendo la vía española. Los puertos que unen el norte de África con la costa mediterránea de España, con ciudades tan importantes como Almería, Alicante o Valencia, es muy probable que adquieran un rol crítico para estas mafias de tráfico ilegal de personas que se ha vuelto a reactivar.

Es necesario cambiar ligeramente los procedimientos y pasar a ser más proactivos, antes que reactivos, adecuando los procedimientos a la nueva amenaza, o a la nueva operativa de esta amenaza. Para ello, es necesario ampliar la zona de interés de Inteligencia, y en particular la zona de obtención de información de los Servicios de Seguridad.

Si no somos más rápidos y más inteligentes que ellos, tienen las de ganar. Otra vez.

Salvador Burguet
CEO AICS
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Si España financió el Golpe de la Generalitat, el Gobierno tendrá que explicarlo
esdiario 2 Febrero 2018

El juez cree que la Generalitat financió el 1-O y el procés con el rescate que España hizo en Cataluña, similar al de Europa con Grecia. Montoro debe dar explicaciones detalladas urgentes.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha puesto letra a lo que era una sospecha a voces: la más que probable utilización de dinero público de todos los españoles, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para subvencionar el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña y, en alguna medida, todo el procés separatista.

España ha dedicado a la Generalitat un rescate como el de Europa a Grecia. ¿Para ser atacada con ese dinero?

El responsable del auto viene a decir, con una lógica inapelable, que es más que probable que una parte indeterminada de los más de 53.000 millones que España ha dedicado al rescate financiero de Cataluña desde 2012 se hayan destinado a costear el Golpe de Estado impulsado por la institución receptora de esos fondos, la propia Generalitat.

Y lo hace desde una razonamiento incontestable: existan o no apuntes concretos que visualicen la cantidad exacta del FLA desviada a abonar la factura precisa del tal o cual hito del procés; la mera transferencia de tantos recursos a una institución en ruinas que sin embargo pudo financiar el desafío al Estado atestigua los hechos.

Que luego todo se pueda demostrar y que tenga una u otra resolución judicial es importante a efectos penales; pero ya tiene un valor político de enorme envergadura: España ha estado armando económicamente a quienes han hecho lo imposible por acabar con ella.

La intervención de las cuentas catalanas en 2017 desde Hacienda, antes incluso de que se aprobara en el Senado el artículo 155 para frenar el pulso, prueba además que se podía haber controlado este abuso si hubiese habido voluntad política para hacerlo. Lo mismo que decidió Montoro al vincular recientemente la habilitación de transferencias a la presentación semanal de facturas desde la consejería de Junqueras, podía haberse hecho desde que se puso en marcha el FLA.

¿Qué control, ministro?
Y no se hizo. El titular de Hacienda no puede conformarse ahora con decir que, en sus controles habituales, jamás detectaron el empleo de dinero reservado para el desarrollo competencial de la Generalitat en el procés, pues obviamente el Govern se cuidaba mucho de simularlo. Pero era obligación del Ministerio establecer otros mecanismo de control que sortearan la creatividad contable de una institución volcada en la independencia desde hace seis años.

Montoro no puede conformarse ahora con un par de frases ingeniosas: debe dar explicaciones muy detalladas

¿No se detectó o se miró para otro lado? ¿Se pensó que hacer la vista gorda era una buena manera de calmar las aguas, al final convertidas en maremoto? Sea cual sea la razón, el auto judicial obliga al Ministerio de Hacienda a dar explicaciones muy detalladas de por que mientras España dedicaba a Cataluña lo mismo que Europa a Grecia; un Govern golpista tenía todos los medios económicos a su disposición para acabar con la Constitución y deformar la realidad democrática española.

A Montoro no le vale ya con un par de frases ingeniosas o ligeras, típicas de quien está acostumbrado a tratar su Ministerio como un brazo político antes que como una garantía institucional colectiva. Su caprichoso globo sonda sobre la quita de deuda autonómica pertenece al mismo tipo de política que explicaría el bochornoso auto judicial sobre el FLA.

Ni por acción ni por omisión
Si ya es discutible la gestión de un ministro de Hacienda que obvia al sector productivo de este país más abandonado -pymes, autónomos y pequeño comercio- y sólo tiene recetas para el sector público o las Comunidades Autónomas; la constatación de que el Golpe en Cataluña se hizo con su complicidad, por acción u omisión, entraría de lleno en la categoría del escándalo.

La impunidad como plan
Guillermo Dupuy  Libertad Digital 2 Febrero 2018

El Plan Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel, porque si no el ridículo es histórico, histórico.

No sé si los mensajes de Puigdemont a Toni Comín son posados o robados; si dicen la verdad o son un engaño. Pero, con o sin plan Moncloa de por medio, todos deberíamos recordar cosas como la bochornosa sentencia de conformidad en el caso Pallerols; o la excarcelación masiva de etarras a raíz de una derogación de la Doctrina Parot negociada con la propia banda terrorista; o la escandalosa retirada de cargos –previa dimisión del fiscal general del Estado Torres Dulce– para que los golpistas del 9-N no tuvieran que ingresar en prisión; o las ofertas de mejora de financiación autonómica –incluso de reforma constitucional– que el Gobierno hizo a los golpistas tras haber ya perpetrado su segunda consulta secesionista del 1-O.

Sea como fuere, y aun cuando lo del plan Moncloa sólo fuese un engaño o una expresión sacada de contexto, hay que ser conscientes de que cualquier maniobra destinada a librar a los golpistas de la cárcel a cambio de que cumplan la ley sería, en sí misma, no ya sólo una traición a la España que salió a la calle contra el golpe, sino una quiebra de nuestra nación entendida como Estado de Derecho. De hecho sería una vulneración de nuestro ordenamiento jurídico tanto o más grave que los delitos que se hubiesen dejado sin castigar. El Estado de Derecho no sólo se vulnera cuando se cometen delitos; también cuando estos se dejan impunes de forma deliberada.

Algunos objetarán que este supuesto plan puede ser que no contemple tanto la prevaricación judicial destinada a retirar acusaciones o absolver acusados como la destinada aplicar indultos como los que Iceta ya ha reclamado. Tal vez se olvide que el arcaico y privilegiado recurso del indulto es una medida de gracia que no puede brindarse a un preso como contraprestación de nada; menos aun a lo que hagan o dejen hacer sus compañeros de viaje que siguen en libertad.

Lo que está claro es que si los nacionalistas estaban convencidos de su impunidad es porque hasta ahora se les había dado motivos sobrados para ello. Y es que plan como tal no habría, pero disposición… mucho que temo que sigue habiéndola.

El cisma independentista: ERC se sacude el chantaje de Puigdemont
Carles ha descubierto, como delatan sus mensajes, que este Oriol escarmentado ya no está dispuesto a seguirle ni un metro más en su galopada ególatra
Ignacio Varela EC 2 Febrero 2018

“Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia”.

Fue el día en que ERC decidió empezar a sacudirse el chantaje político del 'expresident'. En el plazo de unas horas, Junqueras desde Estremera lo sentenció, Torrent en Barcelona lo desarmó y Comín en Bruselas lo pulverizó mostrando a las cámaras sus mensajes con calculado descuido.

Por una vez, el lunático Puigdemont ha dicho algo realista. Las dos proposiciones son ciertas: que esto (si por 'esto' se refiere a la sublevación secesionista) ha caducado, y que le toca dedicar los próximos años de su vida a defenderse ante lo que le espera.

En realidad, es lo que viene haciendo desde el día funesto en que abdicó de su condición de gobernante: rehusó convocar elecciones, prendió fuego a Cataluña con aquella DUI embustera y suicida y, a continuación, se montó en un coche y huyó, dejando su país enfangado en el 155 y a sus socios del comando central separatista abocados a la cárcel.

Cada paso que ha dado desde entonces se lo han dictado sus astutos abogados, y así seguirá siendo en adelante. Por eso, además de por respeto a la ley y a la razón, este individuo no puede volver a ser ni será presidente de la Generalitat de Cataluña. Todos lo saben, incluso los que de boquilla defienden su candidatura mientras conspiran para librarse de él sin que la plebe los linche.

Puigdemont fue quien provocó el 155 y empujó a sus secuaces a la cárcel. Y si se cumple su plan actual, él será responsable de que el autogobierno siga suspendido durante meses, de que Junqueras y los demás pierdan toda esperanza de salir de prisión antes del juicio y, quizá, de que se repitan en Cataluña unas elecciones convocadas por Mariano Rajoy.

El plan de Puigdemont es bloquearlo todo en defensa propia. Ya sabe que este Parlament no lo investirá, y que nadie más arriesgará su libertad por darle esa inútil revancha frente al Estado. No tiene fuerza para imponerse como 'president', pero sí la tiene para impedir que se vote a otro. Con el puñado de diputados que solo lo obedecen a él y los de la CUP, se necesita su consentimiento para elegir a otro candidato independentista. Y no consentirá, al menos mientras crea que sigue contando con el favor de las masas. Por eso el plan de Junqueras requiere no solo cerrarle el paso a la investidura, sino desmontar el mito. Por eso sus mensajes abochornantes vieron la luz.

El martes estallaron simultáneamente los tres conflictos que corroen al independentismo desde el fracaso de su intentona otoñal, en una intrincada mezcolanza de luchas intestinas, venganzas personales y estrategias contrapuestas:

Por un lado, la eterna disputa entre convergentes y republicanos por la hegemonía del nacionalismo catalán, que quedó irresuelta el 21-D.

Además, la quiebra personal entre sus dos dirigentes, Junqueras y Puigdemont. Oriol está convencido, no sin motivo, de que lleva 90 días en una celda —y lo que le queda— por la cobardía de Carles, que además le ha suplantado como mártir de la causa mientras se pasea por los cafés de Bruselas. Y Carles ha descubierto, como delatan sus mensajes, que este Oriol escarmentado ya no está dispuesto a seguirle ni un metro más en su galopada ególatra.

Y finalmente, la divergencia estratégica de fondo sobre lo que conviene ahora al proyecto independentista: ERC y el PDeCAT oficial dan toda la prioridad a recuperar el poder institucional —y de paso el control de la caja— y librarse del 155, mientras Puigdemont y la CUP apuestan por hacer revivir la insurrección después de derrotada.

De la sublevación frustrada se extraen tres conclusiones políticas para el nacionalismo catalán:

Que el enemigo al que se enfrentan no es Rajoy ni el PP, sino el Estado español; y que este ni se dejará destruir ni se le puede derrotar. Ellos pueden gobernar en Cataluña dentro de la ley —incluso al borde de ella—, pero no mutilar España.

Que la alternativa al autogobierno del Estatuto no es la independencia, sino el sometimiento y la autonomía intervenida por el 155.

Que en un Estado de derecho el delito no es impune por muchos votos que se tengan o muchos manifestantes que se saquen a la calle. Un descubrimiento sorpresivo para quienes, estoy seguro, mientras cabalgaban hacia el infierno nunca sopesaron seriamente las consecuencias de sus actos.

La normalización de Cataluña depende del tiempo que tarden los dirigentes nacionalistas en asumir estas tres realidades, metabolizarlas e incorporarlas a su práctica política. Y también hacérselas comprender a los dos millones de catalanes a los que han engañado consciente y continuadamente durante cinco años de 'procés'.

Desde Pujol, el nacionalismo catalán necesita ejercer el poder para respirar. Fuera de él se asfixia como los peces fuera del agua. Seguir secundando a Puigdemont no les devuelve el poder. Saben, aunque no lo admitan en voz alta, que votar esa investidura ilegal solo sirve a Puigdemont, pero no a ellos, ni a Cataluña ni a la causa independentista. Por eso encomendaron al soldado Torrent, sicario de toda confianza del líder de ERC, la tarea de frenar en seco las pretensiones puigdemoníacas (la resolución del TC les vino de perlas).

Para completar la faena, deben cubrir otras dos etapas. La primera es encontrar y elegir a un candidato presidencial que no esté comprometido en el proceso que instruye Llarena. Si de verdad quieren separar lo judicial de lo político y abrir paso a un futuro diálogo, todos los inculpados del 'procés' deben seguir los pasos de Forcadell. Si obligan al Estado a sentar en el banquillo, encarcelar e inhabilitar al próximo presidente de la Generalitat y a parte de su Gobierno, el camino de la solución política del conflicto quedará clausurado para muchos años y la gangrena seguirá creciendo.

La segunda es no contentarse con alejar a Puigdemont de la investidura. Para librarse por completo de su chantaje, tienen que quitarle también la llave de las elecciones anticipadas, que ahora está en su poder. Una compleja operación de ingeniería, que requerirá cierta complicidad del Gobierno.

Ya se sabe que la política hace extraños compañeros de cama. Esta semana hemos comenzado a atisbar el juego cruzado y próximamente, en sus pantallas, se desvelará con más claridad.

Mientras tanto, el fugitivo de Flandes seguirá enredando lo que pueda, que aún es mucho. Todo, en defensa propia.
 

AUTO DEL JUEZ DE BARCELONA
El saqueo autonómico: Puigdemont pagó el 1-0 con los fondos del FLA
La Gaceta 2 Febrero 2018

El magistrado recuerda que el FLA es una línea de crédito que el Gobierno creó en 2012, en el contexto de la crisis.

El juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum del 1-O cree “evidente” que “todo o parte” de la consulta se pagó con créditos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dado que éstos constituyen una partida importante de los ingresos de la Generalitat.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona desestima el recurso que varias de las defensas de los cargos de la Generalitat investigados por los preparativos del referéndum presentaron contra la decisión del magistrado de aceptar a la Abogacía del Estado como acusación particular en la causa.

En su escrito, el juez recuerda que el FLA es una línea de crédito que el Gobierno creó en 2012, en el contexto de la crisis, para que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y que éstas “no tengan que financiar su deuda en los mercados, ya sea para evitar pagar unos muy elevados intereses, ya sea por tener cerradas o disminuidas las posibilidades de obtener un crédito en función de la calificación concedida por las diversas agencias de rating”.

Ello, sostiene el juez, “obliga a la comunidades que se aferran al Fondo a destinar el dinero, principalmente, a pagar la deuda con los bancos o entidades financieras”.

Teniendo en cuenta que la Generalitat ha recibido desde 2012 fondos del FLA y que el “procés” se desarrolla desde la consulta del 9N o, al menos, desde que se constituyó el Govern de Carles Puigdemont, el juez concluye que es “evidente” que el importe destinado al 1-O “debe atribuirse al crédito obtenido” mediante ese fondo.

Según el magistrado, los créditos suponen “una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat de Catalunya y, ante la imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingreso, es por lo que cualquier gasto deberá imputarse por lo menos y en la proporción en que corresponda, al importe del FLA percibido aquel año”.

El juez concluye que “todo o parte de los pagos” vinculados al “procés” se pagaron con créditos del FLA, tanto si se realizaron directamente por la Generalitat “o indirectamente por personas o entidades interpuestas con la finalidad de desviar el rastro de las partidas, dificultando así la investigación”.

Tras insistir en que la finalidad del FLA “es otra”, el juez cree que está “sobradamente” justificado el interés del Estado en la malversación de fondos, dado que las “numerosas” resoluciones del Tribunal Constitucional “prohibían taxativamente la celebración de consultas y, en consecuencia, cualquier gasto realizado en su preparación y ejecución”.

Por otra parte, el juez sostiene que, por el momento, en la causa consta que “se aplicó dinero público superior a 250.000 euros para los fines de la preparación del referéndum”, por lo que, a su parecer, “los indicios sobre la malversación resultan manifiestos”.

El auto detalla que Cataluña recibió del FLA un total de 6.664 millones de euros en 2012, 10.050 en 2013, 7.912 en 2014, 11.133 en 2015 y 10.090 en 2016.



El juez pide una auditoría para ver cuánto se desvió al ‘procés’ de los 53.000 millones de Montoro
Carlos Cuesta okdiario 2 Febrero 2018

El Juzgado de Instrucción de Barcelona ha reclamado a los Ministerios de Economía y Hacienda que ordenen una auténtica auditoria del gasto en la Generalitat por el uso de FLA y de otros fondos públicos, que superan los 53.000 millones de euros.

Lo ha hecho a través de una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO en la que subraya que, ante la negativa de la Generalitat a proporcionar la información reclamada, pasa a exigirle a los ministerios económicos del Gobierno de España que, “en virtud de las potestades que le confiere el 155” ordenen a los departamentos del Govern entregar toda la información reclamada y necesaria. El objetivo es conocer qué fondos públicos se han empleado para pagar el referéndum ilegal y, especialmente, qué partidas del FLA sean destinado a pagar el golpe.

La providencia explica literalmente que “la respuesta remitida por el departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña al oficio de 30 de octubre de 2017” se ha limitado a una negativa porque, según afirman los responsables de la Generalitat, se ha confirmado el “desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto para la celebración del llamado referéndum, celebrado el pasado día 1 de octubre”.

El juez pide una auditoría para ver cuánto se desvió al ‘procés’ de los 53.000 millones de Montoro

La respuesta del juez ha sido automática y ha decidido “reproducir” la misma solicitud y requerimiento de información, “a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, a los Ministerios de Economía y de Hacienda a fin de que, en virtud de las potestades que le confiere la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española[…] proceda a dar las órdenes oportunas para la exacta y puntual cumplimentación del citado oficio”.

En resumen, que, a partir de esa orden, si la Generalitat no da los datos, el Gobierno debe hacerlo entrando en cada departamento y aplicando el artículo 155. Porque, como también acaba de dejar claro el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, tiene la evidencia del uso de fondos del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) para pagar el referéndum.

Obstáculos a la investigación
El juez ha respondido así a los deseos de la Guardia Civil, que llevan semanas acusando a la Generalitat de obstaculizar la investigación judicial en plena aplicación del 155. La Benemérita, de hecho, ha trasladado oficialmente esta acusación en la documentación remitida al Juzgado número 13 de Barcelona y dentro de un informe fechado el 20 de noviembre, es decir, durante el periodo en el que ya estaba en vigor el mecanismo de intervención del Gobierno central aprobado por el Senado y basado en el artículo 155 de la Constitución -entró en funcionamiento el 27 de octubre del pasado año-.

La acusación de la Guardia Civil no se basa sólo en el hecho de una evidente ausencia de colaboración con la Justicia, sino también en la confirmación de que el equipo administrativo de la Generalitat cuenta con “argucias” diseñadas para “impedir conocer la trazabilidad del dinero público”.

El documento de la Benemérita –en respuesta a las diligencias solicitadas por Vox– destaca en su argumentación que la Generalitat no está contestando “a los mandamientos” del juzgado. Pero añade que la policía judicial “tiene sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta” y que, además, para lograr estas evidencias, los agentes policiales “han tenido que realizar diversas y costosas gestiones para cuantificar el gasto y tratar de conocer el origen de los mismos y determinar si fue o no dinero público o de un tercero”, precisamente, por no haber contado con ninguna colaboración por parte de una administración autonómica que estaba ya en esas fechas bajo control del 155.

¿De qué estamos hablando?
Vicente A. C. M. Periodista Digital 2 Febrero 2018

SIGUE VIGENTE LA IDEA DE UN GOVERN EN EL EXILIO Y EL “DE PAJA” EN CATALUÑA. PUIGDEMONT NO ACEPTA SER UN PRESIDENTE FLORERO.

Creo que en este esperpento de las trifulcas entre independentistas deberíamos no caer en la trampa de centrar el debate en lo que digan dos futuros convictos con larga condena por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Porque lo principal es que el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo está dispuesto a acelerar al máximo la Instrucción y prevé, quizás de forma muy optimista, concluirla para el mes de abril, en cuyo momento los principales encausados podrían ser inhabilitados para ejercicio de cargo público. Y eso incluye al fugitivo Carles Puigdemont , sus exconsejeros fugados, hayan o no renunciado a su Acta de Diputado y a todos los encausados reelectos que no han renunciado a su Acta de Diputado., como la Sra. Carme Forcadell, la que en su alegato para quedar libre no dudó en apelar a su condición de abuela, como si eso fuera una eximente de los delitos que cometió en el ejercicio de su cargo como Presidenta de la Mesa del Parlamento.

Porque la realidad es que el futuro procesal y penal de los encausados, que puede verse incrementado con otros llamados a declarar en próximas fechas, es de lo más oscuro, principalmente por la cantidad de pruebas demoledoras que se dispone para consolidar la comisión de los graves delitos que se les imputan con penas de prisión que pueden superar los 15 años. Así que es indiferente si en esta parodia que intentan representar, se reparten papeles de presidencias, vicepresidencias y consejerías, o se plantean la coexistencia de una especie de Govern en el exilio con un presidente virtual y un mini Gabinete que sería el que marcase las líneas políticas y actuaciones al Gobierno de la Generalidad que finalmente se acuerde para retomar el poder y cancelar la intervención del Gobierno de España a través del artículo 155 de la Constitución. Y todo ello pasa por la permanencia de Carles Puigdemont en un exilio real, aunque fuese juzgado y condenado en rebeldía y sin posibilidad alguna de personarse en la Instrucción ni en el juicio.

Por lo pronto, el Tribunal Constitucional ha dejado caer que no existe ninguna urgencia para su resolución sobre el recurso planteado por el Gobierno, dándose un plazo de hasta tres meses. Y por otro lado, también ha insinuado que la postura mayoritaria sobre el debate de si el plazo de dos meses ya es efectivo o no desde que se suspendió el pleno de investidura, si esta se considera fallida, es que efectivamente el reloj se ha puesto en marcha y si en ese plazo no se produce la elección de un candidato y se forma Gobierno, se debería proceder a una convocatoria de nuevas elecciones y la disolución del Parlamento. Y una vez más esta soterrada pelea de gallos entre la nueva formación acaudillada por el prófugo Puigdemont que agota sus últimas horas de protagonismo y ERC con un Oriol Junqueras preso hasta su enjuiciamiento penal, obliga a llegar a un pacto o forzarlo antes de verse abocados a unas elecciones que solo parece interesar a Carles Puigdemont y aprovechar su impulso al alza que le auguran las encuestas.

Como diría el desaparecido Pablo Iglesias, que está inmerso en un vano intento de silenciar o desviar la atención de todo lo que tenga que ver con Cataluña y recuerde su estrepitoso fracaso por culpa de su alineamiento con las posiciones independentistas, el tiempo corre “Tic Tac, Tic Tac” , incluido el judicial que puede dar al traste en dos o tres meses con todas las elucubraciones y luchas por el poder y hegemonía en el bloque golpista. Mucho se habla de que deberá imponerse finalmente el pragmatismo y replantearse si se quiere mantener el desafío golpista que encabeza Carles Puigdemont u optar por priorizar el objetivo de retomar el poder y gobernar con unas políticas menos agresivas y excluyentes capaces de integrar a todos y avanzar en el desarrollo de la Comunidad. Y eso incluye el camino más largo que lleve a una autonomía que cumpla si no todos, sí la mayor parte de las aspiraciones. No se puede renegar de la marca España, porque ya se ha corroborado que la marca Cataluña independiente no es aceptada por nadie salvo por pequeños grupos minoritarios o países gobernados por regímenes anti democráticos como Venezuela o enemigos de la UE como la Confederación Rusa.

Lo que no parece sensato es empecinarse en mantener una posición numantina sobre lo que se sabe con certeza que nunca podrá llegar a producirse. Mucho se habla de devolver la dignidad perdida tras la intervención, desde una concepción irreal de no haber cometido ningún delito, justificándolo todo por el deber de cumplir con la “voluntad” del pueblo catalán expresado en las urnas. Una falsa visión que no diferencia entre una mayoría parlamentaria obtenida a través de una ley electoral inaceptable, donde los votos no tienen el mismo valor ni cuentan lo mismo, de un resultado mayoritario de votos desfavorables a la independencia. Y sobre todo cuando se llega a la aberración para conseguirlo de violar no solo la legalidad vigente de la Constitución de España, sino también la del Estatuto de Autonomía. Esta falta de percepción de haber delinquido es lo que llevó a algunos exconsejeros a presentarse ante la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional en vez de fugarse a Bélgica, en ese supuesto reparto de papeles que según OKDIARIO se produjo en un llamado “pacto de Vilopriu”. El resultado ya lo conocemos, unos presos y otros gozando de libertad y viviendo a cuerpo de rey riéndose de todos y reclamando como Carles Puigdemont ser investido de nuevo Presidente de la Generalidad o amenazando con nuevas elecciones.

Ya critiqué el seguidismo que han hecho tanto el partido del fugitivo, PDeCAT ninguneado por la nueva formación Junts per Catalunya (JXCAT) y la imposición de la lista electoral por Carles Puigdemont, como por parte de ERC que se las prometía muy felices en las elecciones y finalmente quedó a dos escaños de JXCAT. Un empate técnico pero suficiente para que Carles Puigdemont se haya erigido como único candidato posible e imponga lo de o él o nuevas elecciones. Un chantaje inaceptable de alguien que no está precisamente en una posición favorable, al menos desde el punto de vista procesal y penal a corto plazo. Su negativa para apartarse solo evidencia que aún mantiene la esperanza de poder regresar y ser amnistiado como cuando aquella vuelta gloriosa de Tarradellas y su célebre frase de “Ciutadans de Catalunya: Ja soc aquí”. Eso sería un triunfo indudable, pero no realista ya que el Gobierno de España quedaría gravemente desprestigiado, no solo por los ciudadanos sino a nivel internacional. Y eso lo hace totalmente inviable.

Así que PDeCAt y ERC deberán buscar pronto otra alternativa mucho más pragmática y viable antes de que se confirme que el reloj está en marcha y tratar de abrir el consenso a otras formaciones de forma transversal y presentar un programa donde la vía unilateral esté descartada y se sustituya por una relación mucho más centrada en resolver los problemas de la autonomía. Eso ya fue posible con aquél tripartito que fue eficaz hasta que se radicalizaron las demandas y se insistió en esa vía unilateral. No deberían caer en los mismos errores.

¡Que pasen un buen día!

Cataluña debe salir del limbo
 La Razon 2 Febrero 2018

Dado el elevado componente de «pensamiento mágico» que parece dirigir la estrategia de los partidos separatistas catalanes se hace muy difícil interpretar qué pretende el presidente del Parlament, Roger Torrent, con una actitud que, una vez más, sólo perjudica a la sociedad a la que dice servir. En efecto, y los hechos se impondrán tozudamente como hasta ahora, no le queda otra salida legítima y razonable a Torrent, si es que piensa en los intereses generales de Cataluña, que permitir que comience a correr el plazo de dos meses previsto en la Ley de Presidencia de la Generalitat para elegir jefe del Ejecutivo catalán o, en su caso, convocar de nuevo elecciones autonómicas. Aferrarse a la letra de un reglamento que no podía prever una situación de esperpento como la que atraviesa el Principado condena a los ciudadanos de Cataluña a un limbo político y legislativo muy perjudicial para todos, que sería aún más grave de no regir las previsiones ejecutivas del artículo 155 de la Constitución, que, al menos permiten gestionar con normalidad el día a día de la Comunidad y afrontar los pagos e inversiones imprescindibles para su funcionamiento.

No es, sin embargo, una solución que deba prolongarse y no fue ésta, ni mucho menos, la intención del Gobierno, como demuestra la rápida convocatoria electoral dictada desde la Moncloa. A la espera de la interpretación jurídica de los letrados de la Cámara autonómica sobre un caso en el que no existen precedentes, conviene recalcar que en el espíritu del legislador las normas siempre priman el mejor servicio público y no el entorpecimiento del normal desarrollo de la sociedad a la que van dirigidas. De ahí que la paralización que pretende Roger Torrent, mientras se alimenta la ceremonia de la confusión con propuestas absurdas de copresidencias simbólicas o se retuerce la realidad exigiendo unas garantías que sí están perfectamente recogidas en el reglamento de la Cámara, no resista el menor análisis.

Pero, por supuesto, el Estado no está inerme a la hora de defender los intereses generales y el debido funcionamiento de las instituciones y, aunque no sería la opción más deseable, el Gobierno que preside Mariano Rajoy podría solicitar del Senado una ampliación de las atribuciones del artículo 155, cuyo alcance normativo estaba tasado pero no cerrado, para conminar a la Cámara catalana a que convoque la sesión de investidura. Por otra parte, la posición de Roger Torrent no es sólo indefendible desde un punto de vista de la racionalidad política, que debe basarse en la realidad de los hechos sobre los que opera, sino que se volverá más insostenible a medida que el juez instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, finalice la fase de investigación y dicte los correspondientes procesamientos por los delitos de rebelión y conexos, que supondrían la inhabilitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para ejercer cargos públicos, entre otros, de Carles Puigdemont.

No parece que el separatismo catalán, –a menos en lo que respecta al presidente de la Cámara, que ayer mismo proclamaba que el proceso independentista seguía en marcha– sea consciente de la gravedad de la actuación judicial, que actúa de manera independiente, y de la comprometida situación personal de sus compañeros incursos en la causa. Sería mejor para todos, especialmente para los catalanes, que se procurara el retorno a la normalidad democrática en el menor plazo posible. Lo lógico es presentar un candidato que no esté sujeto a medidas cautelares ni a las puertas de su procesamiento, pero también vale un adelanto electoral. Todo, menos el limbo esterilizante que busca Roger Torrent.

Puigdemont, Napoleón y Waterloo 200 años después
Arturo García Gaceta.es 2 Febrero 2018

El golpista, como en su día el Emperador francés, busca en los Países Vascos un golpe de efecto inverosímil.

Carles Puigdemont y el resto de líderes separatistas habían preparado concienzudamente el día después en Cataluña. Su plan pasaba por mantenerse a toda costa en el euro -siguiendo la vía Kosovo- y la creación de un Ejército catalán con cerca de 22.000 efectivos para “luchar contra los ataques armados”.

Los correos electrónicos que la Guardia Civil intervino al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó han puesto de manifiesto hasta qué punto estuvo Cataluña al borde del precipicio. Entre tanto, Mariano Rajoy se hacía el remolón para aplicar un artículo 155 que sólo activó cuando no quedó más remedio y cuyos resultados son, cuanto menos, cuestionables: TV3 continúa siendo la máquina propagandística secesionista y las denuncias por adoctrinamiento en las aulas se acumulan.

Puigdemont barajó la posibilidad de mantener el euro como moneda oficial de Cataluña de “forma unilateral y sin ninguna necesidad de acuerdo, como hacen Montenegro y Kosovo”, en el caso de una Cataluña independiente que no fuera reconocida ni por España ni por la Unión Europea (UE). Un plan que choca con las declaraciones públicas del expresidente, que prometió, en repetidas ocasiones, que la “nueva república” tendría un hueco en el espacio comunitario.

Tras la vuelta de Napoleón Bonaparte de su exilio en la isla de Elba, el emperador decidió invadir los Países Bajos y en Waterloo, una población a unos veinte kilómetros al sur de Bruselas, el Ejército francés era fulminado por las tropas británicas, holandesas y alemanas dirigidas por el duque de Wellington y el Ejército prusiano del mariscal de campo Gebhard von Blücher.

Más de 200 años después, Puigdemont se ha asentado en una millonaria mansión de Waterloo en un retrato ideal del trazo que mejor define el proceso separatista en Cataluña: egoísmo.

‘Fue todo una estafa’
La inacción de los Mossos de Esquadra ante los incidentes que se generaron el 1-O y los días previos era parte de un plan superior orquestado por su entonces Mayor, Josep Lluís Trapero, y las fuerzas independentistas.

El coronel Diego Pérez de los Cobos considera seguro que tanto el exconsejero de Interior Joaquim Forn como Trapero no estaban dispuestos a cumplir la prohibición del referéndum dictada por el Tribunal Constitucional.

“Existía una organización coordinada entre entidades separatistas, Mossos y Generalitat para buscar el altercado y la confrontación. Pérez de los Cobos ha dejado claro que si se hubiera puesto toda la voluntad política por parte de la Generalitat, la votación nunca se hubiera celebrado”, explican desde VOX, que ejerce como acusación popular en el caso.

Esquizofrenia
Santiago González El Mundo 2 Febrero 2018

Hay que reconocer a los golpistas la mínima coherencia de predicar con el ejemplo. Querían romper España y se han tenido que conformar con romper las filas del golpismo. Lo que fue Juntos por el Sí ha terminado con el PdeCAT, antes Convergència por una parte, y ERC por otra, dos estrategias distintas para un despropósito verdadero. El canto de la gallina entonado por Puigdemont la tarde que los suyos habían elegido para investirlo en su ausencia, esos tuits en los que confiesa paladinamente su derrota no significan nada, exactamente lo mismo que cualquier otra palabra en boca de esta tropa. Sus mensajes solo tenían un corolario razonable: el desistimiento. No diré la dimisión, porque ya estaba destituido de su cargo en virtud de la aplicación del 155 y porque ya había dimitido moralmente en el momento de hacerse prófugo.

Ahora, el segundo y el tercer partido en las preferencias de los catalanes están divididos por las estrategias con las que piensan buscar una salida. El PdeCAT propugna la repetición de elecciones, una estrategia fantástica para que el tejido empresarial catalán siga deteriorándose, más de 3.200 empresas en fuga de momento. Tampoco parece que todo el bochinche protagonizado por el ex presidente desde su fuga, pueda proporcionarles garantías de mejorar sus posiciones, aunque esto nunca puede saberse. Los dirigentes parecen muy convencidos de la estupidez de sus adeptos, tanto como para aumentar su tirón electoral.

Junqueras ha propuesto una operación igualmente imaginativa: se niegan a repetir las elecciones, pero proponen elegir dos presidentes: uno con carácter simbólico, que sería Puigdemont y otro Ejecutivo, para el que barajan cinco nombres del PdeCAT: Jordi Sánchez; Elsa Artadi; Eduard Pujol, ese fenómeno que se siente perseguido por un señor de edad madura en patinete, un tal Solsona y,-mare de Déu, quina vergonya,-Jordi Turull.

Así está el tema. Uno habría esperado leer alguna rectificación de los que afearon al Gobierno su recurso al Constitucional a pesar del dictamen adverso del Consejo de Estado. Parece evidente que Rajoy acertaba. Baste pensar en cómo estaríamos si hubiese desistido: tendríamos a Puigdemont investido por skype, o por teléfono o por fax. Ahora lo tenemos deprimido y enviando mensajes que hasta Comín pueda entender: "el Plan Moncloa triunfa".

¿Y qué va a ser de Puigdemont? Le espera un futuro como el de Doc Mc Coy, el protagonista de 'La huída'. No me refiero a la magnífica película de Peckinpah, sino a la novela original de Jim Thompson. Tras cruzar la frontera con el botín, Doc y Carol se refugian en un poblado mexicano para fugitivos, una Bruselas tercermundista, para entendernos. Allí todo es muy caro, se gastan enseguida su fortuna y tienen que volver a EEUU, para caer en manos de la ley. Me alegraré de ver ese final para el jefe de los golpistas. Mientras, Inés Arrimadas podría entretenerme la espera parando tanta tontería como líder del partido más votado de Cataluña y explicar al tont Torrent del Parlament que ella es la más votada y que quiere ser designada candidata, que él no es el presidente solo de los diputados presos por golpistas como revela su lazo amarillo, amén.
 
Cataluña, a cobijo de la Constitución
Emilio Campmany  Libertad Digital 2 Febrero 2018

La medio en broma medio en serio comunidad de Tabarnia ha despertado más ampollas de lo que cabía esperar de algo que más que una propuesta seria es una mera reducción al absurdo. En cualquier caso, informa El País de que la amenaza tabernesa no sólo preocupa a los independentistas. En el PP se están planteando aprovechar la reforma constitucional en ciernes para acerrojar las comunidades autónomas e impedir su división. La cuestión es de más calado del que se imagina.

Es bien sabido que el Estado de las Autonomías fue un invento que tenía por objeto dar satisfacción a las ansias de autogobierno de catalanes y vascos. En los demás sitios, tales ansias eran muy minoritarias y, en el mejor de los casos, actos reflejos que, por un lado, imitaban a los movimientos nacionalistas vasco y catalán y, por otro, se beneficiaban del marchamo de legitimidad que adornaba todo lo que se alejara del franquismo y de su centralismo administrativo. Con el fin de evitar que, frente a Cataluña, Castilla tuviera un tamaño insultantemente grande, se decidió que de ella salieran tantas comunidades autónomas como fuera posible. De esa forma se logró que Cataluña fuera la región más rica de España. Lustros de gestión nacionalista han conseguido esfumar esa ventaja comparativa y Madrid, a pesar de haber sido reducida a comunidad uniprovincial, supera a Cataluña tanto en PIB absoluto como en PIB per cápita.

En cualquier caso, tanto miedo tenía el legislador constitucional a que Castilla volviera de algún modo a unirse y pudiera rivalizar con Cataluña que el artículo 145 incluyó un apartado absurdo que reza: "En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas". La realidad es que este peligro nunca ha existido porque, en España, la tendencia no es a unirse sino a cantonalizarse. Y, sin embargo, la Constitución, que tanto teme la posibilidad de una comunidad autónoma más grande que Cataluña, sí favoreció que Ceuta y Melilla pudieran desgajarse de Andalucía para ser autonomías independientes. Pero al hacerlo no se conformó con la Disposición Adicional Quinta, prevista exclusivamente para ellas, sino que incluyó una norma general que es casi un himno al cantonalismo. El artículo 144 dice que las Cortes Generales podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia.

No deja de ser una vengativa paradoja ante tanta pusilanimidad que, aparte las dos ciudades españolas del norte de África, donde primero se haya escuchado ese canto al particularismo haya sido precisamente en la región cuyo peso se quería proteger a base de disolver el resto de España en comunidades cuanto más pequeñas, mejor. Y ahora, claro, cuando quien amenaza con disolverse es Cataluña, hay que ilegalizar tal posibilidad. Y lo que ni siquiera se plantean es permitir que quien quiera unirse para formar una comunidad más grande pueda hacerlo. Y es por ahí por donde deberían empezar.

Cataluña o el imperio de la mentira
Manuel Trallero Cronica Global 2 Febrero 2018

Mientras Puigdemont se proclamaba el único presidente posible de la Generalitat, a través de ese Ministerio de la Verdad, creado por George Orwell en su obra 1984, que funciona como franquicia bajo la marca TV3, el ínclito y abominable Comín recibía un mensaje del primero en que ponía el the end ha todo lo sucedido hasta ahora. La pretensión de la señora Ana Rosa Quintana de que con la exclusiva del mundo mundial de Telecinco se iba a acabar la matraca del proceso demuestra una ignorancia enciclopédica de todo cuanto ha sucedido y sucede en el cuadrante nororiental de la península Ibérica. Ni que decir tiene que los adeptos a la causa separatista han pasado por alto semejante ocurrencia, fruto de un mal momento que lo puede tener cualquiera y a otra cosa mariposa.

Goebbels, el ministro de Propaganda de Hitler, decía que una mentira repetida mil veces se convertía en verdad. No es cierto, claro está. Sin embargo, hacer de la mentira virtud es algo que tan solo ha sucedido, hasta ahora, entre los políticos separatistas catalanes. No llamar a las cosas por su nombre e ir rebuscando entre los eufemismos, de nuevo esa neolengua de Orwell, hasta dar con el sucedáneo adecuado; negar en público aquello que se mantiene en privado; no informar de las consecuencias de las decisiones políticas es una práctica virtuosa, asumida sin pestañear por sus seguidores a quienes la verdad les importa un comino. Una muestra de la superioridad moral de Cataluña sobre España, de la inteligencia de sus dirigentes frente a la cazurrería hispana. Artur Mas se definía como un astuto, es decir alguien que según la Real Academia Española es "agudo, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin".

No es verdad que una mentira repetida mil veces se convierta en verdad, pero hacer de la mentira virtud es algo que solo sucede entre los políticos separatistas catalanes

La mentira es virtud en Cataluña desde antiguo. Desde que Jordi Pujol se inventó su Cataluña y afirmó desde el balcón de la plaza Sant Jaume que, a partir de aquel momento, sobre ética iba a hablar él. Banca Catalana mediante. Ahora a nadie le extraña que otro Pujol, Eduard Pujol, portavoz del PDeCAT, quien parece querer dejar atrás las gansadas de Quico Homs, afirmase que peligraba su integridad física porque le seguía un caballero de mediana edad... en patinete. O que Pilar Rahola se abalance contra un contertulio del PP en un programa televisivo. Y que Quim Monzó afirmase vía Twitter que la señora Arrimadas añoraba a ETA, "un grupo armado para justificar su barbarie". Es lógico porque, cuando ETA mataba al inicio de una campaña electoral en el País Vasco, él hacia sus crónicas sobre la señora que pasaba el mocho antes de los mítines.

Violencia solo hay una. La del 1 de octubre. Ahí están las imágenes. Lo están viendo porque está pasando. Así de sencillo. Mil heridos porque lo dice el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona o el prestigio de la medicina catalana. Igual, igualito que durante las protestas de la plaza de Tiananmén de 1989, en donde las pancartas estaban en inglés. Pero nadie ha visto a ningún político separatista apareciendo junto al cabezal de la cama de los heridos. ¿No resulta raro? Hubiera ido hasta la Reina de Inglaterra. La señora a quien le rompieron uno a unos los dedos y fue víctima de un acoso sexual por parte de la policía española. ¿Alguien la ha vuelto a ver más?

Lo otro, ¿qué quieren que les diga? Pelillos a la mar. El artículo 544 del Código Penal establece que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". Pero mientras que el prestigioso jurista Juanjo Queralt no diga lo contrario, "vamos a contar mentiras, tralará; vamos a contar mentiras...".

DECLARA ANTE EL TS
De los Cobos: ‘El dispositivo de los Mossos el 1 de octubre fue una estafa’
La Gaceta  2 Febrero 2018

El coronel Diego Pérez de los Cobos considera seguro que tanto el exconsejero de Interior Joaquim Forn, como el ex mayor de los Mosos, Josep Lluis Trapero, no estaban dispuestos a cumplir la prohibición del referéndum dictada por el Tribunal Constitucional.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil ante la celebración del referéndum del 1 de octubre, ha declarado en el Tribunal Supremo que el objetivo del cuerpo policial catalán fue siempre facilitar esta convocatoria ilegal.

Desde VOX, que ejerce como acusación popular, han señalado que con la declaración ha quedado acreditado que “el dispositivo organizado por los mandos Mossos el 1 de octubre fue una estafa, que Forn trasladó constantemente instrucciones políticas a Trapero y que los Mossos recibieron instrucciones de los mandos no solo para no colaborar con la fuerza pública sino impedir el legítimo ejercicio de la fuerza pública.

“Existía una organización coordinada entre entidades separatistas, Mossos y Generalitat para buscar el altercado y la confrontación. Pérez de los Cobos ha dejado claro que si se hubiera puesto toda la voluntad política por parte de al Generalitat la votación nunca se hubiera celebrado”, ha añadido.

Fuentes de las defensas han coincidido en este sentido en señalar que De los Cobos considera seguro que tanto el exconsejero de Interior Joaquim Forn, como el ex mayor de los Mosos, Josep Lluis Trapero, que recibía órdenes del primero, no estaban dispuestos a cumplir la prohibición del referéndum dictada por el Tribunal Constitucional.

El coronel Diego Pérez de los Cobos ha comparecido como testigo ante el juez del caso abierto en el Supremo por el “procés” tras la Declaración Unilateral de Independencia, Pablo Llarena, y ha prestado durante unas cuatro horas un testimonio que todas las partes presentes en su comparecencia han considerado incriminatorio para los citados Trapero y Forn.

EN ESCUELAS
El ‘procés’ sigue: denuncian nuevos casos de adoctrinamiento en Cataluña
La Gaceta  2 Febrero 2018

Entidades contrarias al separatismo como Societat Civil Catalana (SCC) y Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) siguen denunciando casos de adoctrinamiento en Cataluña.

Lo último ha sido la presencia de una estelada en el comedor de una Escuela Puigcerver en Reus y lazos amarillos en una clase en la Escuela Patronat Domènech de Barcelona. La imagen ha sido compartida por el propio centro desde su web oficial.

Precisamente esta semana, el eurodiputado Enrique Calvet ha llevado al Parlamento Europeo el problema del adoctrinamiento en Cataluña y ah asegurado que es “un problema europeo” y que “faltan instrum “El adoctrinamiento es un problema europeo, hay que hacer lo posible para combatirlo. La UE tiene que estar vigilante, pero le faltan instrumentos directos”, ha dicho.

En esta línea, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, ha exigido que el Estado recupere la competencia educativa si en las escuelas de determinadas comunidades autónomas persiste la “distorsión de la realidad, la permanente confrontación y la incitación al odio”.


“Si la enseñanza de la Historia, tal y como es hoy impartida en algunas comunidades, supone un riesgo para la convivencia presente y futura, hay que denunciarlo”, ha alertado. Asimismo, ha remarcado que su voluntad no es “usurpar” la competencia de educación a las comunidades autónomas sino implantar los mecanismos que permitan acabar con el “revisionismo incendiario” que impulsan los nacionalistas.

El “banco” independentista Caixa Catalana esquivará la Ley española marchándose a Bruselas
Borja Jiménez okdiario 2 Febrero 2018

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, conocida como Caixa Catalana, es un proyecto de cooperativa de crédito que está, según han señalado a sus socios, a punto de empezar a operar. Lo hará sin la autorización del Banco de España y, por supuesto, sin nada que ver con la Asociación Española de Banca, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO.

Caixa Catalana ha anunciado a sus socios -algo más de cien- que pronto serán una cooperativa de servicios financieros, pero no bajo el paraguas del Banco de España, sino bajo el de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (Febea), una organización sin ánimo de lucro con sede en Bruselas, y que se rige por la Ley belga.

La asamblea fundacional de socios, celebrada el 3 de septiembre de 2016, acordó pedir a los socios donaciones de entre 14 y 17 euros trimestrales. Unas ‘aportaciones’, que el proyecto de Caixa Catalana vende como ‘temporales’. Se pedirán “de forma temporal, mientras vamos consolidando el proyecto y hasta que consigamos un volumen de operaciones de financiación que permita a la cooperativa ir andando sin tener que disponer del capital fundacional aportado por los socios“.

Además, para aquellos que quieran colaborar pero que estén atravesando “situaciones económicas difíciles” podrán darse de alta en la cooperativa “sólo” con la ‘aportación’ inicial de 100 euros.

Pese a que nacerán en Bélgica, en la página web de la cooperativa explican que el objetivo pasa por “conseguir que en Cataluña opere, lo antes posible, una cooperativa de crédito que busque revertir la pérdida de las nueve cajas de ahorro que operaban en Cataluña hasta hace muy pocos años“.

Los objetivos de la cooperativa pasan por incorporar socios para alcanzar un capital próximo a los 5 millones de euros entre unos 50.000 socios, conformar una alianza internacional con entidades de la Eurozona, y negociar con alguna cooperativa de crédito europea ya existente un acuerdo internacional para disponer de la llamada ‘licencia bancaria internacional compartida’.

La furgoneta "bomba" de los Mossos
David R. latribunadelpaisvasco 2 Febrero 2018

El pasado 26 de octubre, la Policía Nacional interceptó una furgoneta de los Mossos d'Esquadra en las puertas de la incineradora de Sant Adría del Bèsos (Barcelona).

La interceptación se produce con gran tensión, porque la furgoneta de los Mossos va escoltada con un vehículo de apoyo; ante la detención de la Policía, los seis mossos se resisten a entregársela esgrimiendo argumentos tales como que la furgoneta transporta documentación clasificada para su efectiva destrucción, pero los más de 20 policías les presentan una orden de la juez Carmen Lamela y les exigen inmediata entrega de los vehículos. Lógicamente los Mossos ceden, sin que la Policía tenga que llagar a usar la fuerza.

La furgoneta contenía miles de documentos, y según se va conociendo, algunos extremadamente comprometedores para el Gobierno de la Generalitat, para la Consejería de Interior y para los Mossos, y para sus actuaciones relacionadas con el proceso secesionista y, en concreto, sobre una alerta ante la posiibilidad de un atentado en "La Ramblas" de Barcelona.

El “Periódico de Cataluña” publicó la primicia de esa alerta después de los atentados (aunque conocía la información desde hacía tiempo) y rápidamente se produjo un radical desmentido por parte de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat (20.08.2017 en La Sexta); de Joaquim Forn, Conseller de Interior (22.08.2017 en RAC-1) y del jefe de los Mossos, el mayor Trapero (28.08.2017 en Radio Cataluña). “Mentira”, “falso” y “montaje” fueron alguno de los calificativos que estos sujetos utilizaron.

A continuación se inició un tremenda campaña contra el medio de comunicación que había publlicado unas noticias veraces, contrastadas, importantes y sensibles, tras los atentados y cuando su publicación ya no podía afectar a ninguna investigación en curso. Llegan a recibir amenzas varias y el señor Trapero señala concretamente a dos periodistas del medio. “El Periódico” fue acusado de desatar una "campaña de deprestigio e intoxicación contra los Mossos".

Estimado lector: el primero de ellos está huído de la justicia española protagonizando un rocambolesco, rídiculo, y falso exilio, el segundo en la cárcel bajo la acusación de haber cometido gravísimos delitos de los que ni siquiera se arrepiente, y el tercero fulminado y procesado. Los tres pendientes de juicio.

El otro día, “El Periódico” publicaba dos de los miles de documentos que contenía la furgoneta, concretamente el aviso por parte de la Central Nacional de Inteligencia de EE.UU. (CIA), transmitido mediante el Mando Único Antiterrorista Estadounidense (NCTC), que llegó al Mando Antiterrorista del Estado (CITCO), y a los Mossos d"Esquadra, con código MOS-0010/17 y con una referencia explícita a la posibilidad de un atentado yihadista en "Las Ramblas" de Barcelona. El código indica que era la décima comunicación del año 2017 a los Mossos, lo que muestra, contra lo que dijo Puigdemont, que la recepción de ese tipo de informaciones por ese canal se encuadra en una relación comunicativa habitual.

La CIA tiene en España una importante "Antena" (ellos llaman así a sus delegaciones en países extranjeros), como la tendrán en cualquier país importante del mundo, y personas trabajando en una ciudad de la relevancia de Barcelona. Sus análisis serán más o menos discutibles, pero sus agentes están sobre el terreno. Trasladaron un análisis al que no solo los Mossos no otorgaron suficiente credibilidad, sino que el día 26.10.2017 lo intentaron calcinar. El análisis resultó ser certero y por eso y por el desmentido de los dirigentes políticos era necesaria su absoluta destrucción.

Los Mossos d"Esquadra iban a destruir pruebas cuya importancia va más allá de su gran valor judicial.
La furgoneta estaba llena de documentos de la comisaría general de información de los Mossos, que dirigía el comisario Manuel Castellví, hombre de la máxima confianza del Mayor Trapero, como no puede ser de otra manera en una estructura jerárquica tan politizada. Castellví en noviembre sale corriendo y pide una jubilación anticipada (pase a 2ª actividad).

Por encima de las barbaridades que contengan los documentos de la furgoneta, que sin duda serán muchas, el operativo de la Policía Nacional nos desvela cosas gravísimas.

1)- El intento de incinerar esos documentos ha requerido de una exhaustiva y previa clasificación, y por supuesto de un proceder que solo se puede llevar a cabo recibiendo órdenes desde "muy arriba", un alto mando no está capacitado para tomar ese tipo de decisiones.

2)- La intención es la destrucción total de documentación que contiene información no solo no caducada, sino comprometedora para los Mossos, sus jefes, sus dirigentes políticos, el gobierno de Puigdemont y el secesionismo en su conjunto. Querian destruir verdades.

3) - Lo que intercepta la Policía Nacional no es simplemente una furgoneta con mucha información, intercepta un operativo de destrucción de pruebas en toda regla (Mi más sincera enhorabuena a la Policía Nacional).

4) - Genera inevitables y preocupantes integorrantes.

Me pregunto: ¿Cuánto tiempo llevan los Mossos d'Esquadra utilizando estos "modus operandi"?, ¿Recibiendo y cumpliendo órdenes políticas de tal calado y tan ilegales?, ¿Cómo están manejando la información que obtienen unos servidores públicos que son la tercera fuerza policial de España?

Sabido es que la "información es poder", y su destrucción también, pero utilizar para su eliminación una incineradora en vez de las clásicas máquinas destructoras de documentos (picadoras) indica una determinación y un propósito muy concreto: destrucción absoluta de verdades para tapar mentiras.

Los resultados de las investigaciones judiciales en curso nos depararán más desagradables sorpresas, y los documentos de la furgoneta de los Mossos ya están siendo determinantes en las instrucciones. La furgoneta de los Mossos fue cargada y preparada por ellos, pero la Policía Nacional la interceptó y les ha estallado en la cara. Una auténtica "furgoneta bomba".

TRAS SU INACCIÓN EL 1-O
Los Mossos denuncian ahora la violencia de los separatistas
La Gaceta  2 Febrero 2018

Tres sindicatos de los Mossos de Esquadra han denunciado la “inseguridad” en la que trabajaron los agentes del dispositivo desplegado en el Parlament el pasado martes, 30 de enero, a quienes ordenaron “no responder” a los ataques de los manifestantes y que se saldó con 24 policías heridos.

De esta manera se han pronunciado el SAP, el SME y el SPC, sindicatos de policías catalanes que coinciden en la denuncia de una mala planificación del dispositivo, escasez de agentes, y la prioridad que se dio a la imagen por encima de la seguridad de los policías.

El Sindicato de los Mossos de Esquadra (SME) ha desvelado que efectivos de la Brigada Móvil (Brimo) y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) pidieron “apoyo urgente” cuando los manifestantes cruzaron el cordón policial para enfrentarse a los policías, pero que como respuesta solo recibieron órdenes de “hacer contención” y “no usar la fuerza ni responder a los ataques”.

Asimismo, el sindicato ha denunciado que estos agentes se encontraban en una situación de riesgo “sin el casco ni otras herramientas”, lo que ha atribuido a “una cuestión de imagen o pensamientos populistas” y a que “se diga que llevar casco es represivo”, tras lo que ha reivindicado que “todos los policías deben trabajar con seguridad”.

El Sindicato de Mossos ha exigido que “prevalga de una vez” la seguridad de los agentes “por encima de conceptos como la imagen” o “si es represivo”, y ha pedido que sean los que están actuando “in situ” quienes decidan “si llevan casco o chaleco”, y no “un intendente que no se encuentra en el lugar de los hechos”.

De la misma manera, el SPC ha reivindicado que los agentes puedan llevar casco desde el principio de un operativo “a pesar de la imagen represiva que algunos piensan que dan”.

El sindicato ha hecho una mención a la puesta en libertad de uno de los dos detenidos por agresiones a agentes, sobre la que ha señalado: “Estamos hartos de ver casos en que estas detenciones se dejan sin efecto”.

Por su parte, el SAP exige a los comandos del cuerpo responsables del dispositivo que “den la cara y expliquen el motivo por el que permitieron” que 24 agentes quedaran lesionados.

Durante los enfrentamientos entre policía y manifestantes, un total de 24 agentes resultaron heridos por contusiones o heridas leves, unas consecuencias que el SME considera “innecesarias” y que atribuye a “las decisiones y la gestión de un dispositivo ineficaz”.

Por último, el sindicato ha pedido al Departamento de Interior de la Generalitat que se presente como acusación contra los manifestantes que llevaron a cabo las agresiones contra los Mossos, unos ataques que “no se pueden volver a repetir”.

ETA arrancó a empresarios al menos 8.100 millones de pesetas para financiarse
El secuestro fue el gran negocio de la banda, seguido de la extorsión y el atraco
L. L. CARO. Madrid ABC 2 Febrero 2018

Para matar, ETA secuestró, atracó y chantajeó a empresarios, pero también asesinó a muchos de ellos con el fin de asustar a otros más y seguir así cobrando.

La ejecución en 1978 del constructor José Legasa, –disparado a bocajarro en Irún tras denunciar ante la policía francesa que los etarras le exigían bajo amenaza 10 millones de pesetas que nunca pagó–, ilustra el comienzo de una sádica dinámica de venganza de los pistoleros contra aquellos que se resistían a la extorsión, que a su vez sirvió a la banda para provocar un miedo creíble que doblegara a más y más víctimas. De eso, de la historia de la violencia de ETA contra empresarios y profesionales para financiarse, va «La bolsa y la vida», (La Esfera de los Libros) una obra multidisciplinar abordada desde un punto de vista objetivo, que cuenta hechos: los que explican por qué, cómo y con qué consecuencias los terroristas no solo robaron dinero a los agentes del mundo empresarial, sino que también les condenaron al dilema moral de «elegir entre sufrir el mal en su persona o contribuir a que lo sufrieran otros». Es decir, les enfrentaron a «comprar su vida pagando con la vida ajena».

Josu Ugarte, fundador y director de la asociación vasca de derechos humanos Bakeaz, ha coordinado la construcción de este documento, un estudio comprometido con una «ética de la memoria al servicio de la verdad sobre el pasado» y –reivindica– en lucha contra el fanatismo, que unas veces es negacionismo, otras manipulación, ocultación o impostura. Son coautores juristas, economistas, politólogos, policías o historiadores, a saber: Martín Alonso Zarza, Pablo Díaz Morlán, Florencio Domínguez Iribarren, Gaizka Fernández Soldevilla, Francisco Javier Merino Pacheco, Borja Montaño Sanz, José María Ruiz Soroa y Doroteo Santos Diego.

Por tratarse de un libro que explora las hasta ahora desconocidas finanzas de ETA, de sus 562 páginas atrae poderosamente la atención la reconstrucción de las cifras, todas respaldadas por fuentes probadas, que revelan que, en su mejor momento, la banda tenía un presupuesto anual de 300 a 400 millones de pesetas (5,01 y 6,68 millones de euros de 2016). El IRA disponía de cinco veces más dinero. De acuerdo con Josu Ugarte, el gran negocio etarra fueron los secuestros, por los que llegó a ingresar hasta 6.415,6 millones de las antiguas pesetas entre 1973 y 1996.

De 10.000 a 15.000 extorsionados
Por atracos se ha documentado que obtuvo otros 555,4 millones de pesetas desde 1977 hasta que abandonaron tal práctica delictiva a mediados de los 80. Ese mismo periodo constituyó «la edad de oro de la extorsión», sobre la que sólo ha podido recuperarse información fragmentada, a veces incluso contradictoria. La más importante es la incautada en el zulo de la empresa Sokoa descubierto en 1986 en Hendaya, en la que constaba que hasta esa fecha la banda se había apropiado por esa vía de 1.1.63 millones de pesetas. También se halló una lista de 117 chantajeados a los que el terrorismo exigía cantidades entre 50 millones y 200.000 pesetas.

En aquel listado fue llamativa la falta de nombres de grandes empresas, lo que deja abiertos interrogantes y la práctica certeza de que los embolsos del terrorismo fueron mucho mayores. Tampoco puede calcularse qué porcentaje de los «entre 10.000 y 15.000 empresarios» que –según papeles intervenidos en Sokoa y en Bidart– recibieron cartas del impuesto revolucionario de ETA cedieron a la extorsión, si bien el coordinador asegura que «sólo una minoría pagó, frente a lo que siempre habíamos pensado». Lo que la investigación sí ha concluido es que sucumbieron más a las amenazas los empresarios de comarcas «de fuerte presión nacionalista radical, donde la atmósfera era asfixiante», caso de la zona de La Barranca, en Navarra, o de Goyerri, en Guipúzcoa.

De los métodos de persecución a los que fueron sometidos los que dijeron «no» y sus familias habla este libro, concebido en 2012 al hilo del testimonio de un chantajeado –que para Ugarte «simboliza la figura del testigo moral»– que se resistió a ETA una década y cuya experiencia es tan traumática que ha pedido que nunca se revele su identidad. No se oculta tampoco la victimización, «el destrozo y la posterior recomposición moral», de los que pagaron, aunque solo una de 68 entrevistados ha reconocido que en su casa pasaron por ese trance. Fue para liberar a un secuestrado. Hubo familias que abonaron rescates a plazos durante años.

SIGUE LA VIOLENCIA
Violentos de Arran escrachean un acto de Societat Civil en Cambrils
La Gaceta  2 Febrero 2018

Una decena de jóvenes de Arran escrachearon este miércoles un acto de Societat Civil Catalana (SCC) sobre el adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña al grito de “fascistas”.

El acto se pudo celebrar, pero con un amplio dispositivo policial dadas las amenazas del grupo radical.

La entidad, que denuncia el acoso que sufren los contrarios al procés en la región, debatió sobre una escuela sin manipulaciones.

SCC presentó el pasado mes de diciembre un informe en el Parlamento Europeo para denunciar la politización de la enseñanza por parte del separatismo en los últimos meses con manifiestos contra la actuación de la Guardia Civil durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, la aplicación del artículo 155 o decisiones judiciales como la prisión preventiva para el exvicepresidente golpista Oriol Junqueras o el exconsejero Joaquim Forn.

Cabe señalar que esta semana advirtió que convocará nuevas movilizaciones en caso de que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat y se “vuelva a vulnerar la ley o a conculcar derechos y libertades de los catalanes”.

En un comunicado, la entidad dijo que no va a “tolerar que se pretenda volver a formar un gobierno que destaca por generar división y enfrentamiento, por actuar al margen de la ley y por ningunear a los catalanes” no independentistas y tratarlos como “catalanes de segunda”.

"En catalán o emigra": habla el primer denunciante de las multas lingüísticas
Rajoy le hizo famoso, pero luego le ignoró. "Por eso me pasé a Ciudadanos", explica Nevot, cuya lucha acaba de ser avalada por el Constitucional
María Jesús Cañizares Cronica Global 2 Febrero 2018

Manuel Nevot (Vilanova i la Geltrú, 1936) saltó cuando Mariano Rajoy le mencionó en una campaña electoral. Le presentó como víctima de la persecución lingüística de la Generalitat, ya que este agente de la propiedad inmobiliaria (API) había sido multado en 2006 porque su oficina no estaba rotulada en catalán. Once años después, el Tribunal Constitucional ha respondido a un recurso del PP contra el Código de Consumo de Cataluña, con una sentencia en la que se cuestionan las multas lingüísticas a los comercios.

Después de aquella mención electoral, Rajoy le olvidó. “Le envié varias cartas para explicarle la situación que se vive en Cataluña, pero nunca me contestó. Finalmente le escribí para decirle que había dejado de ser mi presidente. Y me pasé a Ciudadanos”, explica a Crónica Global.

Nevot abrió su oficina inmobiliaria en enero de 1982 en el número 51 de la Rambla Samà de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), una ciudad, dice, que cada vez “se ha vuelto más independentista”. El rótulo principal rezaba “Fincas Nevot API. Compraventa. Pisos. Solares. Rústicas”, mientras que en el cristal de la oficina estampó, en letra más pequeña, “Finques Nevot”. Nunca hizo caso de la normativa que obligaba a los comerciantes a rotular al menos en catalán. “Me rompieron el cartel, me pusieron pintadas y pegatinas con la frase ‘en catalán o emigra’ o ‘facha”, explica a este medio digital.

Dos sanciones
El 16 de mayo de 2006, una inspectora de la Generalitat levantó acta por no disponer de un letrero en catalán y de un cartel informativo sobre el libro de reclamaciones. “Yo tengo ese libro, pero nunca lo utilicé. Es cierto que no tenía ese cartel. Así que pagué la multa de 400 euros. Pero me negué a pagar otros 400 euros por no tener el rótulo principal en catalán”. Hasta hoy.

Nevot nunca modificó el rótulo escrito en castellano y los inspectores del Gobierno catalán nunca volvieron a su negocio. Pero este API se vio envuelto en un largo proceso judicial que todavía dura. “El juzgado de lo Contencioso dio la razón a la Generalitat. Y entonces acudí al TC”, añade. La sentencia hecha pública el miércoles corresponde a otra causa, porque la suya todavía no ha sido sentenciada.

Satisfacción moral
Manuel Nevot se jubiló hace siete años y cerró su oficina. “Era personal e intransferible”, bromea. Fue el primero en denunciar ante los tribunales lo que considera una atentado a sus derechos. Aunque, por impugnar una multa de 400 euros, se ha tenido que gastar casi 20.000 euros en procesos judiciales.

La sentencia del TC supone, dice, “una satisfacción moral”.

Una concejal señala a un bar por no atenderle en valenciano y recibe una lección
Redacción Valencia esdiario 2 Febrero 2018

La concejal Maria Viu ha mostrado en las redes su disgusto con un comercio local por no atenderle en valenciano y ha recibido una respuesta memorable.

Viu es concejal en Burjassot de Compromís y presidenta de la Comisión de Educación, Patrimonio, Cultura, Deportes y Juventud de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

En su tuit Viu explica que fue a almorzar a una cafetería y acabó no haciéndolo por “problemas lingüísticos”, porque según ella allí no sabían que significaba “pa”.

Las reacciones en la red no se han hecho esperar. Entre ellas la de una persona que asegura que fue ella quien atendió a la concejala, y que ha colgado un comunicado en nombre de la cafetería pidiendo respeto a los políticos y dando las gracias por los apoyos recibidos.

Denuncian a un mecánico de Reus por negarse a arreglar el coche particular de una policía nacional
La pareja de la agente, que es mosso d’esquadra, lo acusa de un delito de odio
Redacción Crónica Global  2 Febrero 2018

Un mecánico de Reus (Tarragona) ha sido denunciado por negarse a reparar el coche particular de una agente de la Policía Nacional. La pareja de ésta, que es mosso d’esquadra, ha presentado la demanda, en la que lo acusa de un delito de odio.

Se trata de Jordi Perelló, que ha explicado en declaraciones a RAC1 que antes del 1 de octubre solía arreglar vehículos particulares de la Policía Nacional de Tarragona y que los aceptaba sin saberlo. Tras el referéndum del 1-O y las cargas policiales que se produjeron durante la jornada, decidió que no repararía más coches ni motos de agentes del cuerpo, ni particulares ni oficiales.

“Le dije a ella que seguramente usted es buena persona pero después del 1-O ustedes son cómplices”, ha relatado este viernes. Después de negarse a atender a la mujer, recibió una llamada de su pareja, que le amenazó: “Eres un mierda y te romperé la cara”, según su versión.

Éste lo acusa de “racista” y le dijo que estaba “hasta las narices de los delitos de odio”. Fue el agente de los Mossos d’Esquadra quien presentó la denuncia y no la mujer discriminada por su profesión. El mecánico se enfrenta a cuatro años de cárcel.

ESTA MADRUGADA
La Cruz vuelve a la plaza de Callosa del Segura
La Gaceta  2 Febrero 2018

Los ciudadanos han colocado una nueva Cruz en el lugar donde se ubicaba la retirada unilateralmente por el consistorio.

Callosa del Segura vuelve a tener su Cruz. Ni el revanchismo ideológico del consistorio, que se ha saltado la ley durante su retirada, ni la presión de los grandes medios han podido con los anhelos de un grupo de ciudadanos que esta madrugada colocaron una Cruz de madera en el lugar donde estaba ubicada la anterior.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó el pasado lunes al Ayuntamiento de Callosa que paralizara la retirada de la Cruz del municipio, que habían retirado de forma unilateral esa misma madrugada.

El letrado de Abogados Cristianos de este caso, Juan José Liarte, afirmó en un comunicado, tras la resolución del TSJCV, que la Cruz de Callosa es “un Bien Patrimonial Protegido sobre el que hay varios procesos abiertos, entre ellos uno relativo a la protección de derechos fundamentales”.

Liarte anunció que “pedirá la restitución del monumento a su localización habitual” e insistió en que en la cruz “no hay símbolos de exaltación al franquismo” y que, “por tanto, no incumple la Ley de Memoria Histórica”.

Aseguró también que “el auto del TSJ de Valencia supone un empujón a la decisión de Abogados Cristianos de presentar una querella contra el alcalde de Callosa, el socialista Francisco Maciá, por prevaricación” por la retirada de la cruz.

También avanzó que “la Asociación pedirá también la inhabilitación del regidor municipal para ejercer cargo público”.

En la nota de prensa, Liarte aseguró que “hay un vídeo de los concejales del municipio silbando un himno republicano mientras los operarios” retiraban este lunes la Cruz, lo que, a su juicio, “demuestra que este Ayuntamiento puede incurrir incluso en un delito de odio”.


 


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