AGLI Recortes de Prensa   Sábado 10  Febrero 2018

La multiestafa
Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Febrero 2018

LA ESTAFA PIRAMIDAL DE LAS PENSIONES Y DE LOS FONDOS. LA ESTAFA DE LA LEY ELECTORAL.

Es incuestionable el que los españoles estamos siendo sometidos a grandes estafas en todos los órdenes de nuestra vida por los diferentes Gobiernos de turno y los partidos PSOE y PP, con la complicidad de aquellos que les secundan en el Congreso de los Diputados y Senado, y que han sido los que se han alternado en el poder. Tenemos la gran estafa del trabajo que es precario, con salarios tercermundistas y horarios esclavistas. Sufrimos una estafa en la procreación en el mantenimiento del relevo generacional, poniendo dificultades y trabas sin ayudas, dignas de tal mención, a las familias ni acceso real a la conciliación familiar. Sufrimos estafa en la educación, desde preescolar con unas guarderías que resultan onerosas y deben ser suplidas por el apoyo dentro de la propia familia. Proseguimos con la gran estafa de la educación con la enseñanza obligatoria, donde se sigue subvencionando a la enseñanza privada con sospechosos baremos de calificación en las pruebas de evaluación que benefician a esta respecto a la pública violando el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad. Proseguimos con la gran estafa de la educación universitaria con una demencial planificación de licenciaturas y diplomaturas descoordinada con las necesidades del tejido industrial y empresarial de España, llegándose a la sobre oferta de titulaciones, algunas sin salida laboral real y obligando a los jóvenes a emigrar. Sufrimos una estafa en dobles y triples imposiciones sobre nuestras rentas del trabajo y obligados a soportar un sistema de previsión social ejemplo de estafa piramidal, por la que nuestras aportaciones a lo largo de la vida laboral solo nos conceden el derecho a percibir unas futuras pensiones.

Y en este piélago de estafas, los gobernantes aún tienen la desfachatez de señalar a los ciudadanos como culpables de haber provocado esos problemas. Nunca es culpa de una mala gestión ni de una mala planificación, sino de nuestro deseo de querer vivir una vida digna donde se hagan realidad nuestros derechos constitucionales, sobre todo porque nosotros, el pueblo, de mejor o peor grado, cumplimos con nuestros deberes pagando impuestos y no precisamente pocos, ya que España está en el puesto de honor de tener los impuestos mayores de la UE, lo cual no tiene su correspondencia con la calidad de los servicios que los ciudadanos reciben a cambio. Y aquí incluyo a una Sanidad que ha sufrido un deterioro brutal lastrada por políticas suicidas de universalización de la asistencia y de la mentalidad del “gratis total” a colectivos que nunca han cotizado y son amparados en un derecho utópico de "razones humanitarias y derechos humanos" que esconden auténticas mafias de la salud.

Y es en este contexto de quiebra del sistema, cuando este Gobierno por voz de su Presidente, Mariano Rajoy, lanza un mensaje de advertencia apocalíptica aconsejando a los actuales y futuros trabajadores cotizantes, que el contrato ha cambiado de forma unilateral y ya no se puede garantizar una pensión en las mismas condiciones de hoy en cuanto a remuneración. Y si se quiere tener algo similar se hace imprescindible la creación de una hucha personal, un fondo de pensiones, con el que poder complementar la pensión. Eso sí, se mantiene el actual sistema piramidal de aportaciones para poder mantener ese derecho. Una estafa que supera a las que ya he enumerado anteriormente y que demuestra el cinismo y la hipocresía de una clase política que no ha sabido ni querido afrontar el problema con la suficiente antelación. Porque además es indigno el que se señale a los ciudadanos de los graves delitos de tener una esperanza de vida envidiable, la segunda en el mundo después de Japón; de haber tenido una larga vida laboral y optar a cobrar pensiones en el rango máximo; de haber contribuido al crecimiento demográfico de España en una época de desarrollo económico tras una larga etapa de depresión posguerra; de haberse confabulado para envejecer todos al mismo tiempo y acceder a las pensiones creando un desequilibrio de caja y financiero, etc.

Y esa propuesta de fomento del ahorro esconde otra gran estafa, la de la doble imposición y las limitaciones para el uso libre de nuestro ahorro. Se indica que a partir de ahora los fondos aportados se podrán recuperar pasados diez años, en vez de cuando accedamos a la jubilación. Se mantiene sin embargo el tema de la imposición fiscal en el momento de la recuperación total o parcial de esos fondos, que en las aportaciones de cada año fiscal estuvieron exentos en el impuesto de la renta hasta un límite máximo. Lo anterior lleva a que en el año de la recuperación, lo recuperado se vea sustancialmente mermado al sumarse a la renta normal de ese año, subiendo de forma descomunal el gravamen. Y a eso le llaman fomentar el ahorro, cuando a la hora de romper la hucha, Hacienda se lleva la mitad. Una estafa que se une en el momento de la trasmisión de nuestro patrimonio cuando ya nuestra existencia llega a su fin, por la que el Estado vuelve a exigir a los legítimos herederos el pago del impuesto de sucesiones y trasmisiones patrimoniales, una triple imposición confiscatoria y expoliadora propia de regímenes dictatoriales.

Y ¿qué podemos hacer los ciudadanos para luchar contra todo esto? Pues simplemente no dejarnos estafar por la gran mentira de la representación democrática, que ni es representativa ni democrática. No es representativa porque incumple uno de los principios fundamentales, el de conocer a aquél que nos representa. Y no lo digo en el sentido personal, sino de aquello que representa y defiende al ofrecerse como candidato. Son listas cerradas elaboradas por la ejecutiva de los partidos políticos. Y eso dentro de una concepción enrevesada de la estructura de la nación, dividiéndola en circunscripciones con un reparto de escaños desproporcionado con los ciudadanos que la integran, donde los votos necesarios para conseguir un escaño difieren radicalmente entre unas circunscripciones y otras, o lo que es lo mismo no todos los votos tienen el mismo valor, incumpliéndose la igualdad de derechos. Porque unas elecciones democráticas, sobre todo a nivel nacional, deberían tener una única circunscripción y que todos los votos tuviesen el mismo valor.

Lo que no sé si realmente somos tan inocentes si tenemos conciencia de estar siendo constantemente estafados y no hacemos nada por evitarlo. No podemos dejar que sean los que gobiernan los que decidan lo que es o no democrático. Debemos ser nosotros, el pueblo, los que impongamos las reglas de juego y obliguemos a nuestros representantes a cumplir con sus compromisos adquiridos. No podemos aceptar que mientras limitan nuestros derechos ellos mantengan sus prebendas y se blinden mientras nos exigen sacrificios. Simplemente debemos evitarlo Y eso pasa por presionar y obligarles a rectificar y si no lo hacen, echarles. Somos el pueblo, pero debemos demostrarlo.

¡Que pasen un buen día!

Votarles sí que es perjudicial para la salud
Gonzalo Duñaiturria okdiario 10 Febrero 2018

No sé si con estupor o sin él, esta semana hemos conocido la noticia de que el Ayuntamiento de Zaragoza, en un folleto financiado con fondos públicos equipara el paracetamol, la cocaína y —por si faltaba poco para demostrar la infinita necedad de algunos cargos públicos de la izquierda progre— incluye el café. Asómbrense. Asemejan medicamentos como el paracetamol o el diazepam con las drogas.

Es una demostración más del relativismo con el que se engalana la izquierda y su construcción ideológica sobre argumentos falaces. Para los prebostes progres, la realidad histórica del capitalismo y la esclavitud que éste ejerce sobre los pobres oprimidos demuestra que el problema no es la droga en sí, sino el entorno histórico en el que viven las “clases oprimidas” que se ven abocadas a su consumo. Para estos ortodoxos anclados en su pasado funesto, es la modernidad la responsable y es la sustancia el único medio del sojuzgado pueblo para sobrevivir al yugo de la tiranía.

En esta época de la llamada postverdad, de la mentira, la realidad se encuentra ciega por el hacer de una progresía izquierdista y radical que, usando herramientas de control de todo tipo y desde su falsa “supremacía moral”, entiende la droga, la maldita droga —a su vez cadalso de millones de vidas arruinadas—, no como un daño letal a la salud individual y pública, sino como un trebejo de diversión y esparcimiento del individuo para olvidar la dominación capitalista. Promover la cultura de la droga emborrega y aletarga a nuestra sociedad, especialmente a nuestros jóvenes, generando campos de concentración mentales que facilitan el control, el dominio y la “reeducación política”.

Es nuestra obligación moral advertir sobre el peligroso relativismo de la izquierda que oculta una desgraciada realidad. El alcalde de Zaragoza, responsable de semejante insensatez, así como sus “aliados ideológicos” —adalides de tamaña “invitación”—, deben ser conscientes de que los problemas asociados al consumo de drogas son brutales, despiadados y devastadores. Problemas de carácter social, que hacen jirones el entorno de los que en ella caen. Familias rotas y hundidas. Individuos mutando sobre lo que es la antítesis de la vida. Marginación y delincuencia y la aberrante realidad de que quien sucumbe ante semejante monstruo desemboca en una percepción diferente de la realidad y con unos niveles de motivación y voluntad disminuidos al extremo.

Ese pernicioso relativismo moral, vacuo, fútil. Y ello desde la sempiterna radicalidad, la interesada “lucha subversiva”, el pensamiento único, los ataques a la iglesia y al pensamiento propio, a la libertad individual. La invitación a ese falso hedonismo y la preferencia obligatoria por “el colectivo” frente a lo personal. Y para mantenerse en el ‘privilegiado’ y bien remunerado poder, los líderes de la izquierda radical ‘trafican’ alimentando al oprimido pueblo con pequeñas dosis de su ortodoxo y “progresista” mensaje.

Es nuestra obligación pregonar de forma tajante, firme y contundente que no existe “consumo responsable” en el mundo de las drogas. No es ni progresista ni liberadora. Supone la más grande y decrépita de las esclavitudes y ataduras. Es la antítesis de la libertad por lo que jamás puede ser amparada ni justificada. Es una necesidad desenmascarar ese relativismo ‘de careta’ que todo lo ampara, justifica y, como es el caso, alienta. Vendido e impuesto como dogma y norma moral, este relativismo ‘progre’ sustituye la propaganda, falsa y adulterada, por la verdad, sin preocuparle la vida de millones de personas. Una vez más, pero esta vez en el dramático tema de la droga, nos encontramos ante el relativismo de la izquierda radical que tan infaustas consecuencias nos ha mostrado.

Porque, como afirmó el Papa Benedicto XVI: “Cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre de la tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta al totalitarismo”.

Nuevo manifiesto por la libertad
Pío Moa gaceta.es 10 Febrero 2018

Me dicen que el manifiesto antes propuesto sobre la mentira histórica por ley encontraría poco apoyo en mucha gente que no se atreve todavía a decir lo que realmente es el PSOE. Y rechazo en otros al provenir de mí. Por mi parte no hay inconveniente en cambiar las palabras y abreviar lo del PSOE siempre que el contenido esencial sea el mismo. En cuanto al rechazo a mi persona, lo explicaré al final. Me proponen este texto.

“No se puede imponer por ley un único relato de la historia. No se debe borrar por ley la cultura e historia de un pueblo, por razones ideológicas. El “historicidio” viene perpetrándose en España, con total impunidad, desde 2007. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos, en las circunstancias en que se produjeron. Ninguna ley variará los hechos de la historia. La verdad interpretada de unos hechos, cualquiera que sea, no puede ceder a ninguna interesada propaganda política. Resulta del más puro estilo totalitario legislar sobre la historia o contra la historia.

La nueva ley de memoria histórica propuesta por el PSOE, consecuencia y empeoramiento de la anterior, pretende ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista contrarios a los de ese y otros partidos sobre la historia reciente de España. Y amenaza con penas de cárcel y elevadas multas a quienes sostengan opiniones o estudios favorables a la figura de Franco y a su régimen. Intenta asimismo expropiar, destruir o transformar el patrimonio histórico y artístico procedente de aquel régimen.

Esta proposición ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (sólo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación ideológica, de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la constitución).

El proyecto de ley viola asimismo el artículo 19 del Pacto de Naciones Unidas sobre derechos cívicos y políticos, suscrito por España, que en su apartado 49 especifica: “Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes en lo tocante al respeto de las libertades de opinión y expresión. El Pacto no autoriza las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados”.

Se trata por tanto de un proyecto radicalmente antidemocrático, por cuanto pretende decidir desde el poder la realidad de la historia. Esto solo ocurre en regímenes totalitarios tipo Cuba, Corea del Norte, Venezuela y similares, hacia los que no estamos dispuestos a transitar.

El proyecto vulnera asimismo la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que su versión quiera imponerse por la fuerza y la violencia del estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate e investigación libres e  independientes. Sus argucias invocando la dignidad de las víctimas o equiparando el franquismo al nazismo y similares son solo el envoltorio sentimental y falso de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y la verdad histórica. E incita además al odio contra cuantos no compartan la opinión del PSOE sobre estas cuestiones.

Es obvio que un proyecto de ley semejante no puede provenir de un partido democrático. La historia del PSOE no es democrática. Muchos esperaban que después de la transición ese partido hubiera cambiado su trayectoria anterior, pero comprobamos que muchas tendencias antiguas siguen en él peligrosamente arraigadas. Además es bien sabido que ese partido no hizo prácticamente oposición al régimen franquista, en el que medraron muchos de sus líderes posteriores, lo que hace especialmente grotesca su pretensión de derrotar a aquel régimen cuarenta años después de su desaparición. Y que su virulento antifranquismo actual le exija atacar la libertad de los españoles y la democracia.

Esta propuesta debe ser rechazada radicalmente por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en ella.
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Dos palabras sobre el rechazo a mi persona. Se trata de un rechazo lógico en la izquierda y los separatismos, porque mis libros han demolido a conciencia la mayoría de las ideas que intentan imponer a la sociedad con gran acopio de dinero que no es suyo. Su método ha sido el ataque personal, el silenciamiento y en la medida de lo posible la muerte civil. Esto es lógico, como digo. Para esta gente la verdad de la historia simplemente no tiene importancia. Lo importante para ellos es poder etiquetar los trabajos que les desagradan como “franquista”, “fascista” “reaccionario”, “tradicionalista” o cualquier otro termino parecido, y seguir disfrutando de impunidad en sus negocios.

Menos lógico, en cambio, es que otros muchos intelectuales, políticos y periodistas que no comulgan con las tesis y actitudes mencionadas, compartan abierta o solapadamente ese intento de muerte civil contra mí. ¿Por qué lo hacen? Por un factor común a lo que convencionalmente llamamos derechas en España: por una profunda cobardía y vileza moral. Cobardía ante el matonismo intelectual (y ahora político) de izquierda y separatismos, en un intento de congraciarse con los matones. Y vileza porque la inmensa mayoría de ellos, antes de publicarse mis obras, apenas osaban hablar con alguna claridad y disculpándose, pero han aprovechado los caminos que yo he abierto para avanzar un poquito… tratando al mismo tiempo de hacerme a un lado, de ningunearme evitando citarme, como si yo no existiese o no hubiera escrito nada.

Procuro ser realista y ver las cosas como son. Pero afortunadamente aun me queda energía para enfrentarme a toda esa farsa y no dejaré de ponerlos en su sitio. Porque la historia también demuestra que todo cambia, y esta situación también cambiará.
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Los manejos de Companys en París y Londres, traicionando a Azaña y a sus aliados del Frente Popular: https://www.youtube.com/watch?v=BXEMHPIlC7M

El comodín
Incómoda ante el problema catalán, que activa sus complejos, la izquierda apela a la memoria histórica para abrirse hueco
Ignacio Camacho ABC 10 Febrero 2018

A la izquierda española le ha pasado factura el conflicto catalán -la unanimidad de las encuestas es irrebatible al respecto- porque siempre se ha movido ante el nacionalismo con cierto complejo. En el pulso independentista contra el Estado se ha quedado sin iniciativa y sin hueco; o no ha encontrado un discurso con el que abrirse paso, que es lo que le ha sucedido al PSOE, o simplemente se ha equivocado de bando en el caso de Podemos. El resultado es una patente incomodidad en la que sólo Susana Díaz, por tener liderazgo institucional, se desenvuelve sin contradicciones internas como ariete socialdemócrata contra el «proceso». Para salirse de tan desfavorable contexto, Sánchez e Iglesias han decidido apartar el problema de su agenda, como si eso fuera posible, y recuperar un discurso ideológico con su propio acento. Y ante la dificultad de hacer propuestas económicas solventes en pleno crecimiento, han apelado al comodín de la memoria histórica, el antifranquismo retroactivo que dice Leguina, en busca de un espacio donde pisar sin que ceda bajo sus pies el terreno.

El revisionismo de la Guerra Civil da pocos votos nuevos pero al menos mantiene a las huestes de izquierda movilizadas, genera un debate antipático para la derecha y en términos de opinión pública arma un ruido que siempre surte efecto. Por eso le gustaba tanto a Zapatero, autor intelectual de la política de tumbas removidas que el nuevo programa socialista propone reactivar a falta de mejores argumentos. Así que ahí andan las llamadas fuerzas de progreso dispuestas a seguir reinterpretando el pasado, sacar los restos de Franco de su mausoleo y culminar la victoria sobre la dictadura con una heroica depuración del callejero. Sólo que, purgado hasta Pemán, en el nomenclátor urbano apenas debe ya quedar algún erudito local de remotas veleidades falangistas o algún expedicionario de la División Azul con rango de cabo primero. A menos que, igual que Kichi le ha quitado el nombre de Ramón de Carranza al estadio de Cádiz, Carmena se atreva con don Santiago Bernabéu.

Esto es lo que el sedicente progresismo ofrece ante el futuro y sus retos. Un salto atrás de ochenta años y una especie de Plan E funerario que en vez de construir rotondas genere jornales trasladando muertos. Una reconstrucción sesgada de la Historia que trata de levantar una falsa legitimidad moral a base de identificar a la derecha moderna -como hace el separatismo catalán- con el franquismo y sus herederos. La liquidación del pacto de concordia de la Transición mediante el retorno a la España hemipléjica de Ortega, al relato cernudiano de los caínes sempiternos. Lo que queda de la izquierda que transformó España con un pujante y renovador proyecto no es más que una simbólica excavación retrospectiva en las tapias de los cementerios. Para venir de gente joven no podía tratarse de un modelo más añejo.

Vergüenza de España
Zapatero intriga, maniobra y presiona para cimentar la dictadura de Maduro
Hermann Tertsch ABC 10 Febrero 2018

Hay situaciones en las que la corrección en el trato se hace incorrecta por obscena y radicalmente inapropiada. Como inapropiada es la cortesía otorgada a quien brutalmente la niega. El vienés Karl Kraus, gran defensor y virtuoso practicante del insulto procedente, consideraba una falta de respeto a la verdad y a la justicia mostrar respeto hacia quien había demostrado no merecerlo. Esta reflexión se impone a la hora de hablar de un expresidente del Gobierno de España que vuelve a protagonizar un vergonzoso y envilecedor capitulo de su larga, tóxica y deplorable trayectoria. José Luis Rodríguez Zapatero ha escrito una carta a los partidos de la oposición venezolana en la que demanda que se plieguen a las exigencias de Nicolás Maduro y acudan a unas elecciones el 22 de abril para legitimar al dictador, caudillo de la mafia narcocomunista que gobierna hoy Venezuela. Para gran vergüenza de España, porque el Gobierno de Mariano Rajoy le otorgó expresamente un apoyo que jamás le ha retirado, Zapatero lleva ahora años de intrigas, maniobras y oscuras operaciones con el único objetivo real de fortalecer y cimentar la dictadura. Al principio aun se podía creer que pretendía mediar honradamente y buscar una salida democrática al país. Pero pronto quedó claro con quién estaba y para qué. Muchos de los dirigentes de la oposición le han exigido que se vaya del país y no vuelva. Son cada vez más explícitos en mostrarle el desprecio a su conducta y el rechazo total a su mediación. Ni se ha inmutado. Sus viajes a Venezuela y sonrientes apariciones televisadas con Maduro son un sangrante insulto para un pueblo que se muere de hambre, falta de medicinas, desesperación y terror de policía política y sicarios del régimen.

Los españoles saben bien lo tóxico que es el personaje. En ocho años hizo daño a España como nadie nunca en tan poco tiempo. Su trágica irrupción en la historia de España propulsado al poder por un rosario de bombas, 191 muertos y mil heridos, abrió grandes heridas, hizo rezumar artificialmente un odio largo tiempo superado y generó discordia, resentimiento y mala fe como no conocía este país desde los peores momentos de sus guerras fratricidas. Y todo ello continúa como su siniestro legado. Zapatero ha sido una tragedia para España. Su obcecación en la mentira hizo dispararse el coste y el sufrimiento de los españoles en su crisis más larga desde la guerra. La catástrofe cultural del rebrote del más virulento revanchismo y la dramática escalada del odio a España, el propio golpe de Estado con la rebelión institucional en Cataluña son impensables sin él. Él generó el resentimiento que lleva a jóvenes a querer vengarse hoy de una guerra de hace 80 años de la que no saben más que mentiras.

Para desdicha del pueblo hoy más desgraciado de la tierra, que es el venezolano, Zapatero apareció por allí nadie sabe bien cómo ni por qué, allá hace ya casi tres años. En la embajada española sugirió en 2015 que tenía un mandato de Obama. Yo estaba allí. Nada más se supo. Muchos barruntaban ya entonces oscuros intereses. Hoy más. Recuerdan al Hugo Chávez triunfante en Madrid, primer jefe de Estado que celebró a Zapatero en el poder, apenas disipado el humo del 11-M. Lo cierto es que ahora Zapatero defiende con ahínco y celo los intereses de un dictador, cabecilla de una banda de delincuentes narcotraficantes, que dirigen aquel régimen. Mientras no se distancie el Gobierno de Rajoy de ese Zapatero al que avaló, la vergüenza por el daño que ocasiona Zapatero a Venezuela es vergüenza de España.

Stanley Payne: "Fui un autor prohibido por el franquismo y podría ser prohibido por la izquierda"
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 10 Febrero 2018

De aprobarse la proposición de ley para ampliar el contenido de la ley de memoria histórica, Payne pasaría a ser perseguido por la izquierda.

Cuando era un joven doctorando que estaba especializándose en historia de España, Stanley George Payne (1934) vino a nuestro país por primera vez en el otoño de 1958. Se entrevistó con docenas de personas que habían intervenido en la guerra en ambos bandos, con falangistas adictos a Franco y contrarios a él y su régimen, con carlistas, con izquierdistas, con generales retirados… Nadie le puso entonces ninguna pega. Sin embargo, la Policía elaboró un informe sobre él (1959) y sus primeros libros traducidos al español los publicó la editorial Ruedo Ibérico en Francia para no tener que someterse a la censura oficial.

En una sorprendente paradoja, de aprobarse por las Cortes la proposición de ley presentada por el PSOE para ampliar el contenido de la ley de memoria histórica de 2007, Payne pasaría a ser perseguido por la izquierda 60 años después de haber sido vigilado por la Policía franquista. "En mi juventud fui un autor prohibido por el franquismo y podría ser prohibido por la ley de memoria histórica y las izquierdas" fueron sus duras palabras.

"Una cheka nacional" para perseguir a los historiadores
El profesor Stanley Payne, doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los historiadores más leídos en España, pronunció este jueves una conferencia en el Club Financiero Génova organizada por la sociedad Kosmos-Polis titulada 40 años de constitucionalismo.

Abandonó sus modos académicos, sus análisis y sus palabras moderadas cuando se ocupó de la memoria histórica. Ésta "es una falsedad fundamental, un oxímoron". Explicó que "la memoria es individual y subjetiva", mientras que la historia se hace con documentos, es colectiva, la van elaborando muchos investigadores a lo largo de décadas y está en continua revisión.

Payne no ahorró ataques contra el proyecto socialista, del que leyó los castigos que propone para los herejes: procesos administrativos y judiciales, penas de cárcel y multas, así como la destrucción de material, archivos, monumentos… (cosa que no sucede en Italia con el régimen fascista). "Es una ley sovietizante" y "criminaliza la discusión histórica".

A la Comisión de la Verdad que prevé el proyecto del PSOE la calificó como una "cheka nacional", que vigilará a los historiadores y los escritores. Lamentó que "la pusilanimidad" de muchos políticos, en especial de derechas, les lleve a no enfrentarse a la memoria histórica y a aplicar la ley vigente.

Fue entonces cuando dijo que en su juventud había sido "un autor prohibido por el franquismo" y que con más de ochenta años de edad "podría ser prohibido por la ley de memoria histórica y las izquierdas".

Reconoció que la nueva ideología de la izquierda, "el progresismo", constituido por elementos como lo políticamente correcto, el multiculturalismo, el feminismo y el sentimiento de ofensa, son una amenaza para la libertad de expresión y de investigación. Aunque "en Estados Unidos tenemos la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión", dijo, en muchas universidades del país existe "la autocensura".

Cuatro ciclos de 65 años
En su intervención distribuyó la historia de la España contemporánea en cuatro ciclos de unos 65 años de duración -tiempo necesario para integrar acontecimientos y tendencias tanto sociales como internacionales- cada uno en los que la fuerza impulsora es el deseo de instaurar un régimen nuevo; dos veces esos períodos han concluido en revolución y catástrofe. En Francia, esos ciclos no son tan homogéneos como en España: "Franco reinó 39 años y Juan Carlos reinó 39 años".

El primer ciclo comienza en 1808, pretende construir un Estado liberal y se cierra en 1874, con el caos de la república federal. El segundo se abre con la Restauración monárquica, la primera democracia moderna, y se derrumba en 1939 con la derrota de la II República, controlada al final por otra generación de revolucionarios. El tercer ciclo se extiende de 1939 a 2004; se define, según Payne, por una nueva estabilización posrevolucionaria y unas definitivas democratización, estabilidad y desarrollo. Este ciclo termina con el Gobierno de José María Aznar, al que calificó como "el más eficiente de la Transición", por su gestión del Estado, su "política exterior vigorosa" y sus planes de reforma educativa anulados luego por el PSOE.

El cuarto ciclo, en el que nos encontramos, nació "bajo los signos de la disgregación y de la destrucción", con los atentados del 11-M, que hicieron tanto daño a la sociedad porque "España conserva cierta capacidad de autodestrucción". El Gobierno de Rodríguez Zapatero fue una calamidad: estaba obsesionado por la sexualidad y el anticristianismo, introdujo la memoria histórica (un punto de "inflexión" en la sociedad española), eliminó la reforma de la educación preparada por Aznar…. Y le guió un "proyecto deleznable": "formar un nuevo Frente Popular en el que el PSOE tuviese como aliados a los catalanistas y los vasquistas" de derechas, para lo que impulsó el nuevo Estatuto catalán.

La amnistía la pidió la izquierda
Luego defendió la Transición como "un gran logro civil" de la España contemporánea y subrayó que fue un ejemplo para todo el mundo, porque fue "un proceso único", "sin parangón" hasta entonces: una dictadura que se convierte en una democracia sin golpe de Estado ni sublevación. "La nueva leyenda negra española" puesta en circulación por la izquierda en el siglo XXI "consiste en negar el éxito de la Transición".

El historiador estadounidense subrayó que era lógico que esa transformación la realizasen los hombres del franquismo (el primero el sucesor de Franco a título de rey), y mediante la legalidad del régimen, porque eran los que estaban en el poder.

Arremetió contra dos mitos sobre la Transición. El primero de éstos, que fue pacífica. Payne recordó el terrorismo practicado por la extrema izquierda, los separatistas vascos y catalanes, y la extrema derecha. A diferencia de lo ocurrido en la II República, los grandes partidos no generaron violencia política. Como contraste dijo que en los años 30 "el PSOE se había convertido en un partido terrorista a fin de derrocar la República burguesa", pero en los años 70 y 80 practicó una oposición pacífica.

El segundo mito fue el del "pacto del olvido", en el que insiste la extrema izquierda. "No existió nunca". Lo que sí hubo, prosiguió, es un pacto para no usar la historia con fines políticos, pacto que rompió Felipe González en la campaña electoral de 1993, ya que, ante el miedo a perder las elecciones frente al PP de Aznar, afirmó que, de ganar éste, volvería el franquismo.

También recordó que la amnistía, aprobada por las Cortes elegidas en las elecciones de 1977 y que la extrema izquierda la presenta como una maniobra del franquismo para obtener impunidad, "fue una exigencia máxima de las izquierdas".

Cataluña, crispada salvo en el siglo XVI
Sobre Cataluña, con cuyo principal historiador, Jaume Vicens-Vives, tuvo amistad desde 1958 hasta su temprana muerte en 1960, resaltó que "es la región más convulsa de España". "Del último milenio de historia de España, el único siglo sin convulsiones en Cataluña fue el XVI". Y añadió que en el siglo XIX "Barcelona tuvo fama de ser la ciudad más revolucionaria de Europa"; a finales del XIX cambió su apodo a "la ciudad de las bombas". Aunque la masa del anarquismo era de origen murciano o levantino, los anarquistas que arrojaban esas bombas, los dados al terrorismo, "tenían apellidos catalanes". En un toque de ironía dijo que si, la violencia fuera un rasgo esencial de lo español, los catalanes serían entonces los más españoles.

Ya más como politólogo que como historiador, Payne aseguró que "los catalanistas y los vasquistas nunca, nunca aceptarán un Estado federal", porque el federalismo supone igualdad entre las partes políticas. Según él, en su respuesta a varias preguntas del público, el modelo de Estado instaurado por la Constitución de 1978 ha sido una equivocación, sobre todo su extensión a toda España. El plan original, dijo, era un sistema como el italiano, donde sólo unas regiones tienen autonomía.

Los españoles, concluyó, se encuentran en una situación bloqueada, porque en un régimen democrático, para realizar una modificación tan importante como es en España el sistema autonómico haría falta "un consenso político que ahora no existe".

Fábula de la vaca y la mosca
Jesús Laínz Libertad Digital 10 Febrero 2018

Mil gracias sean dadas a Dolera, vocera audaz del feminista nabo, por visibilizar a España entera a las doncellas que despliegan rabo ​​​​​​​en la celebración titiritera.

Mil gracias sean dadas a Dolera,
vocera audaz del feminista nabo,
por visibilizar a España entera
a las doncellas que despliegan rabo
en la celebración titiritera.

Siempre es buena noticia que cualquiera
denuncie por escrito o vía oral
la dictadura facha, patriotera,
falócrata y heteropatriarcal
que impide progresar a nuestra era.

Sumarme a este jolgorio yo quisiera
con ésta mi pequeña aportación.
¡Qué mundo jubiloso nos espera
ahora que ya es libre la elección
de ser o macho o hembra o lo que fuera!

Llegose ya mi musa volandera
para soplarme en la derecha oreja
la fábula ejemplar y verdadera
sellada con muy sabia moraleja
que hay que memorizar a la primera.

Venid todos y todas a mi vera,
seáis todas y todos bienvenidos,
sentarvos bien, mancebos y mancebas,
que una fermosa historia yo vos digo
para avivar las vuestras pensaderas.

Un rosa atardecer de primavera,
cuando los mirlos vuelven a sus nidos,
rumiaba una rumiante, placentera,
ajena a sensaciones y sonidos,
perdida su mirada en la pradera.

Habiendo olfateado a la lechera,
un díptero braquícero bialado
(vulgaris: una mosca cojonera)
habíase a su vez aposentado
en eso que se dice posadera.

Nuestra heroína diola a la primera
con un ligero toque del plumero,
lo que obligó a la negra picadera
a el vuelo alzar de aquel negro agujero
y salvación buscar rauda y ligera.

Posose más allá de la cadera,
a medias, ni en el culo ni en la frente,
pero menospreció lo largo que era
el rabo que cayó tan de repente
que la obligó a salir a la carrera.

Geómetra avezada como era,
moviose al otro fin del espinazo,
al morro, do riose jaranera.
Pero un más que certero lengüetazo
finó con nuestra mosca cojonera.

He aquí la moraleja con que acabo:
cuando el vigor decae, flaquea y mengua,
seas varón o fémina con nabo,
habrás de terminar, sí, con la lengua
lo que acabar no puedas con el rabo.

www.jesuslainz.es

El bloqueo político y la justicia tributaria
Francisco de la Torre Díaz elespanol 10 Febrero 2018

Si hay algún problema en España que no se ha solucionado, y usted le pregunta al Gobierno, la respuesta será que no se ha podido resolver por la situación en Cataluña. Por supuesto, si le pregunta al PP, el culpable de todos los males es Ciudadanos. Ambas cuestiones tienen su relación, ya que Ciudadanos es el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña, en las que el Partido Popular ha obtenido el peor resultado de su historia.

Por otra parte, es cierto que el golpe a la democracia en Cataluña ha tenido graves efectos colaterales, casi todos ellos negativos. Si bien, no es menos cierto que también se ha convertido en una excusa perfecta para un gobierno que no tiene ganas de reformar nada, ni de enfrentarse con los problemas de España, porque eso no es cómodo. Sin embargo, a un gobierno se le elige para gobernar, y no para que critique a los partidos de la oposición, aunque sea por el grave delito de ser el único que apoya a ese gobierno en los casos en que consideramos que es lo más conveniente para los intereses generales.

Esto se aplica a casi todo: no sólo a la evidente ausencia de proyecto del gobierno del PP, sólo paliada por los acuerdos con Ciudadanos, cuando los han cumplido, sino también a los asuntos ordinarios y normales de gestión. Así recientemente, el Gobierno me justificó que todos los vocales del Tribunal Económico Administrativo Central llevasen seis meses destituidos y en funciones, en que "los acontecimientos de los meses de septiembre y octubre de 2017 han dificultado contar con un marco de reflexión adecuado para tomar una decisión tan trascendente sobre la cobertura de las vocalías del Tribunal Económico-Administrativo Central".

Traduciendo, a finales de julio, el Gobierno aprovechó para suprimir la totalidad de las vocalías del Tribunal Económico Administrativo Central, y dejó en funciones a la totalidad de los vocales. Esto significaba que doce de los catorce votos que deciden los asuntos fiscales más relevantes, actas de decenas o centenares de millones de euros, por ejemplo, no tienen un nombramiento válido y en vigor. Para más inri, el Tribunal Económico Administrativo Central el órgano administrativo que fija doctrina vinculante para toda la Administración Tributaria, tanto en materia de los grandes impuestos que gestiona el Estado, como el IRPF, Sociedades o IVA, como también en materia de impuestos que gestionan las Comunidades Autónomas, como Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones y Donaciones.

Todo esto es aún más grave porque existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera que los actos realizados por funcionarios de la Administración Tributaria, sin un nombramiento válido y en vigor, pueden ser nulos de pleno derecho. Además, los contribuyentes tienen derecho a que el órgano económico administrativo que resuelva sus reclamaciones sea independiente funcionalmente, es decir que no reciba instrucciones de ningún otro órgano. Esto no sólo es un desiderátum, es un mandato de la Ley General Tributaria. Cuando en un Tribunal, a doce de los catorce vocales se les ha suprimido su vocalía, y no se han nombrado sustitutos para las vocalías que se han creado, existe un riesgo claro y evidente para los intereses generales.

Ésta es una cuestión que desde Ciudadanos hemos advertido reiteradamente, en público y en privado, a los responsables del Ministerio de Hacienda, incluyendo al propio ministro Montoro en varias ocasiones. En el ámbito político, nos hemos quedado solos: al resto de las fuerzas políticas, esto no parece preocuparle lo más mínimo; o si les preocupa, todavía no conocemos ninguna iniciativa al respecto. Sin embargo, los inspectores de Hacienda hace meses que vienen manifestando su enorme preocupación por una situación lamentable y simplemente kafkiana.

Lo peor de todo es que esto se podía haber evitado: bastaba con no destituir a doce profesionales si no se tiene a doce sustitutos. Seis meses después de haber procedido a una decisión absurda, sigo teniendo la duda de cuál era el objetivo. No sé si la idea era sustituir a buenos profesionales por amigos, o si se pretendía nombrar comisarios políticos, o qué se pretendía. Algunos funcionarios me han comentado que había "instancias" enormemente preocupadas con el elevado porcentaje de estimaciones que otorgaban los Tribunales Económico Administrativos. Las estimaciones son las resoluciones que dan la razón a los contribuyentes, y que por tanto recuperan su dinero. Esto, evidentemente, reduce la recaudación, pero es esencial que a los contribuyentes se les cobre lo que legalmente proceda, y ni un euro más, porque España es un Estado de Derecho.

Sería mucho pedir que este Gobierno tuviese un proyecto de reforma de la justicia tributaria, y en general de la administrativa, que en buena medida están colapsadas. De hecho, un proyecto de una ley de garantías y derechos de los contribuyentes, como propone Ciudadanos, sería un indicativo de tener un proyecto, del que carece tanto este gobierno, como la oposición populista de izquierdas del PSOE y Podemos. Aún así, lo que sí se le puede pedir al Gobierno del PP es que gobierne y no cree problemas donde no los había.

Para los que presumen de "buena gestión", como los populares, la regla es sencilla, como le comenté al ministro Montoro en el Congreso hace unos días: no destituir funcionarios honestos si no se tiene sustituto. Esto contrasta con la resistencia feroz a pedir el acta a los políticos imputados en graves casos de corrupción. En estos casos, aunque haya una sustitución evidente, Rajoy prefiere poner en riesgo la estabilidad y los Presupuestos antes que cumplir el acuerdo de investidura con Ciudadanos. No es una sorpresa, ya pasó en Murcia. Y eso sí, no hay presupuestos por la situación en Cataluña, y la culpa es de Ciudadanos, como en casi cualquier otra tema. Pero de ese otro bloqueo, hablaremos otro día.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos e inspector de Hacienda.

Los beneficios de la independencia
Enrique Arias Vega  latribunadelpaisvasco.com 10 Febrero 2018

Los independentistas catalanes han puesto en circulación una decena de artículos, opiniones e informes internacionales según los cuales Cataluña ganaría económicamente si se independizase de España. Es decir, si deja que otros, como Orense o Cáceres, se las compongan por sí mismos.

Es un buen argumento de egoísmo insolidario. Como si Texas decidiese que le importa un pito lo que suceda en Nebraska o Carolina del Norte y se ahorrase de paso colaborar con un ejército que defiende las libertades de Occidente, incluidas las suyas.

Se trata del mismo razonamiento supremacista que podrían utilizar todas las regiones ricas —ricas, a costa de las inversiones, infraestructuras y recursos humanos recibidos en detrimento de otras comunidades menos favorecidas—, desde Zurich, en Suiza, a Groningen, en Holanda.

De ser cierto, no les faltaría razón. Es la misma justificación que emplean minúsculos paraísos fiscales, cuya independencia política les permite blanquear el dinero del narcotráfico o del terrorismo, sin ningún control internacional. También es la razón del ostentoso bienestar de los emiratos del Golfo Pérsico, que si tuviesen que compartir su fabulosa riqueza con las regiones árabes desfavorecidas solucionarían muchas de las tragedias humanas que secularmente existen en Oriente Medio.

En el fondo, se produce una lógica perversa de supremacismo en la insolidaridad: “es que nosotros somos superiores y nos lo merecemos; que hubiesen hecho como nosotros los demás y veríamos qué les habría pasado”.

Éstas son, pues, las coordenadas en las que se enmarca la escasa decena de estudios abstractos sobre la ventaja de una teórica independencia de Cataluña, si ésta existiese ya o se alcanzase de forma natural y armónica.

Pero tales supuestos no se dan. Nadie, pero nadie, ni en Europa ni en ninguna parte, estaría dispuesto a que unos pocos viviesen mejor a costa de los demás, ni que los ricos decidiesen pagar menos impuestos que los pobres, ni que los beneficios de la solidaridad interterritorial fuesen barridos por el egoísmo excluyente de quienes aspiran a ser superiores.

Y, como esto no se da, no hay pues ventaja que valga, aún en el caso de que fuesen ciertos esos reduccionistas y falsos estudios sobre los presuntos beneficios de una idílica situación de independencia.

El artículo de la embajadora de Hungría que El País se negó a publicar
Construyamos Europa en lugar de destruirla

Enikő Győri.  latribunadelpaisvasco.com 10 Febrero 2018

La Embajadora de Hungría en España pidió recientemente al diario El País la publicación de este artículo en respuesta a dos artículos publicados en el periódico que ofendían a Hungría, así como al pueblo húngaro. La petición de la embajadora quedó sin respuesta.

as criticas fundamentadas y tener una línea editorial políticamente marcada, entran en el marco de la libertad de opinión y del periodismo moderno. Etiquetar e insultar a un gobierno, y más aún a un pueblo, sin embargo, está fuera de este margen. En los últimos días se han publicado dos artículos en El País, uno de Xavier Vidal-Folch y otro de Juan F. López Aguilar. El primer artículo denomina como representantes del nacionalismo más racista a los gobiernos de Hungría y Polonia, y el segundo hace una comparación entre la toma del poder de los Nazis en Alemania en los años 30 y la elección democrática por tercera vez del gobierno húngaro dirigido por Viktor Orbán.

Estas ya son acusaciones tan sumamente graves, que sencillamente no las puedo pasar por alto. Mencionar el racismo y la Alemania de Hitler en Europa Central es algo muy serio. Aquel entonces se estableció un sistema totalitario que provocó una conflagración universal, causando la muerte de seis millones de judíos, además de los cientos de miles de víctimas de guerra. Por tanto, estas palabras no se pueden lanzar al aire y no se pueden utilizar tan a la ligera. Los mencionados señores desgraciadamente tampoco justifican estos argumentos en absoluto, los tratan como si fueran axiomas, evidencias más que obvias, lo cual considero totalmente inaceptable. El Sr. Vidal-Folch es un periodista cuyas convicciones políticas se reflejan de forma evidente en sus artículos. El Sr. Aguilar es un eurodiputado socialista que tuve el honor de conocer bien en el Parlamento Europeo, en su calidad de antiguo Presidente de la Comisión LIBE, y como tal fue testigo cercano durante largos años de varios asuntos en los que el Gobierno Húngaro fue puesto en entredicho. Precisamente él debe saber que el Gobierno húngaro siempre demostró un comportamiento constructivo a lo largo de los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea, mostrando su disponibilidad para responder a las críticas y por consiguiente, logrando que la mayoría de estos debates llegaran finalmente a un punto de inflexión.

No hay otro país miembro de la Unión Europea cuyas normas sobre las instituciones democráticas, la prensa y el sistema judicial, hayan sido examinadas, tan hasta el último detalle por tantas instancias europeas, como Hungría. Y nuestro planteamiento no va a cambiar, ni siquiera en caso de los expedientes recientemente abiertos, a pesar de ser conscientes de que la mayoría de estos nacieron por motivos más bien políticos que jurídicos. Estamos abiertos a cualquier diálogo o debate razonable, si se trata de ONGs, universidades o el tema que sea. Es decir, quien cuestiona la calidad democrática de Hungría, lo hace porque no conoce la realidad, o porque miente intencionadamente, o por simples motivos políticos. En el caso de los dos artículos mencionados, la intención política es más que clara. Pero ni esto legitima los insultos dirigidos a un país, ni mucho menos a su pueblo.

Hungría fue invadido por los nazis y luego por los soviéticos. Ambos causaron tremendos sufrimientos. Por tanto, hacer cualquier tipo de comparación en esta dirección en el Centro de Europa y calificar a cualquiera como racista, sin evocar ejemplos concretos, es más que intolerable.

Y ahora permítame preguntar a los autores: ¿Dónde están las víctimas, los presos políticos, la quema de libros, la estigmatización y criminalización de otros pueblos en la Hungría actual? ¿Se puede lanzar acusaciones infundadas de este modo, solo porque no nos gustan ciertas decisiones, el sistema de valores, o incluso la forma de comunicar de un gobierno? ¿Hasta qué nivel es europeo pensar que solo existe una única verdad o una única interpretación de los hechos? y ¿por qué solo se puede dar una única respuesta salvadora a los problemas más graves de nuestra realidad de hoy (la inmigración, el terrorismo, el futuro de la UE, la gestión de la crisis)? ¿Por qué se cree que acallar los problemas es la solución, en vez de decir la verdad y llevar a cabo un diálogo sincero?

Lo que los autores de los artículos escriben es ofensivo para Hungría y también para toda Europa Central, pero a la vez es despreciar a todos los ciudadanos europeos. ¿Por qué no consideran que ellos también merecen un debate razonable donde sea necesario usar la cabeza en lugar de decir a todo el mundo de antemano lo que deben pensar y creer sobre el mundo? Estos señores con sus artículos no hacen más que ampliar más la distancia entre la parte oriental y occidental del continente, lo que es todo, menos un planteamiento europeo. Con su actitud, precisamente ellos mismos están cavando la tumba de la Unión Europa.

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Nacionalismo sensato, ji ji

Rosa Cuervas-Mons gaceta.es 10 Febrero 2018

“Lo que se hace entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco es lo que se debe hacer, construir juntos defendiendo los intereses de todos”, decía no hace mucho el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Ji, ji.

Conocidas ahora las propuestas del Gobierno vasco -un nuevo estatus político y una relación singular y bilateral con España-, esto del nacionalismo sensato, esto de poner como ejemplo de normalidad a Urkullu frente a Puigdemont nos produce sólo una enorme carcajada.

El PNV, que ha testado la debilidad del Gobierno de la nación en referéndum ajeno, amenaza con dejar a España sin Presupuestos, quiere “una nueva forma de vinculación con el Estado” y aboga por el “derecho a decidir” y el reconocimiento como nación. “El pueblo vasco es nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado y porque, además, así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía”. Lean la información al completo, las apelaciones a Navarra y al País Vasco francés…La próxima vez que nos hablen de nacionalismo sensato, carcajada por respuesta.

Lección de sensatez
Seguimos con los nacionalismos. Este jueves conocíamos la carta el CEO de la empresa Agrolab enviaba a los trabajadores de su marca en Tarragona y en la que explicaba por qué invertiría en Burgos y no en la provincia catalana. “No podemos entender que una región tan próspera de España cree inestabilidad en el país y, por tanto, en la economía”, dice, antes de asegurar que “si Cataluña se independiza de España, la comunidad europea no lo aceptará y nunca será miembro de la UE”. “Este escenario es una catástrofe para nuestro negocio”.

Más claro, agua. Pero, a pesar de todo, veremos a algún iluminado del procès afirmar que esto de Agrolab no es más que un detallito menor para hundir un proyecto, el de la república catalana, que hará las delicias de miles, qué miles, ¡millones! de empresas que desean invertir en la fecunda Cataluña independiente.

Lo importante
Para terminar con algo serio y, de verdad, importante, les contamos que el Consejo de Ministros aprueba este viernes el anteproyecto de ley orgánica sobre registro de pasajeros, lo que permitirá cruzar los datos de millones de viajeros con las bases de datos policiales a fin de controlar los movimientos y entradas en territorio europeo de posibles sospechosos terroristas. Con esta medida, las aerolíneas estarán obligadas a dar a las autoridades de cada país datos de pasajeros de vuelos con origen o destino en la UE: identidad del viajero que ha aterrizado en España, fecha de la reserva, itinerario de su viaje o modalidad de pago del billete son algunos de los datos que ofrecerán.

En parte asusta esa sensación de estar absoluta y completamente monitorizados por ese Gran Hermano tecnológico que todo lo sabe. Pero sólo en parte. En este caso, ceder en privacidad para ganar en seguridad es, a nuestro juicio, un buen trato.

Pelele simbólico
LUIS MIGUEL FUENTES El Mundo 10 Febrero 2018

A Puigdemont, siniestro como un ventrílocuo, le pega manejar un Gobierno de guante desde su Waterloo de recortable, desde su casa como un castillo de guiñol, plisado igual que los de los cuentos desplegables. Incluso tras su vahído, aún es posible un "acuerdo creativo" (Ferreras): una presidencia operativa y otra simbólica. Pero hay que preguntarse, como hacía Vicente Vallés, cuál sería cuál. Quién mandaría y quién obedecería, Waterloo con soldaditos de plomo o Barcelona con el poder a la mano. Puigdemont, que puede hablar, reírse y llorar desde el estómago; que tiene algo de feriante con nostalgias y glorias de maletón, que domina ya esos aires de emperador o faraón de pega en un casino de Las Vegas, podría hacer los dos papeles, de titiritero y de pelele. A mí me gustaría que Puigdemont mandara, por ver cómo queda en la Generalitat un Gobierno saltando con él, un Gobierno pianola, unos consellers con tutú, con la leve asincronía de la obediencia, la duda o la traición. Sí, porque alguien podría darse cuenta de la chorrada histórica y planear una salvadora traición.

Al presidente de aquí lo investirían por lo legal, un aburrimiento. A Puigdemont, sin embargo, lo investiría la Comunidad del Anillo: enanos con garrota, elfos de sangre transparente y magos vestidos de saco, traídos de comarcas, ayuntamientos y setas del país. Comunidad de Electos, se llaman. Joan María Piqué, jefe de campaña de Puigdemont en Bruselas, argumentaba con tino en TV3 que Canarias está más lejos que Bélgica y no pasa nada. Yo añadiría que no hay distancia para la imaginación y la magia. Puigdemont mandaría como un hechicero vudú, y sería curioso y muy étnico de ver. Pero ERC maniobrará para que Puigdemont sea el muñeco, para dejarlo en Bélgica como un heredero carlista, con una legitimidad de sangre aguada, antigua y filatélica, con chochera heráldica, aunque un sueldo nada simbólico, como un amante florero. Así, iría languideciendo en su gloria melancólica y goda de armadura vacía. Pero, eso sí, con el mito vivo. Y el ejemplo. O alguien, un traidor o un héroe, o la ley o el Gobierno si están, podría encender la luz en el teatro, como cuando te echan de un bar o de una cama, y que se termine de una vez la fantochada.

El 'Duce dels Països Catalans'
José García Domínguez Libertad Digital  10 Febrero 2018

Esa muy obcecada pretensión del Payés Errante por ser investido in phantasma como máxima autoridad del Estado (español) dentro de las muy precisas y acotadas lindes de la región catalana solo tiene, que yo sepa, un precedente conocido en la era contemporánea: el del Mulá Omar en Afganistán. Recuérdese que, a fin y efecto de legitimarse como supremo mandatario de aquellos montes y planicies, el jefe de los talibanes también decidió convocar una magna junta de notables de las tribus, algo no demasiado distinto a esa asamblea de tres o cuatro mil cargos electos a la que ahora apela el ido Puigdemont, para luego hacerse cubrir con el manto presunto de Mahoma ante todos ellos. Pero lo que nunca se le pasó por la cabeza ni tan siquiera al propio cap de colla de los otros talibanes fue eso de designar a un florero para que ocupase su sillón vacante mientras él vagaba con su Vespino célebre por la frontera con Pakistán. Eso solo se le ha ocurrido al Papa Luna de Bruselas. Pero querer proclamarse Duce dels Països Catalans reuniendo a unos miles (¡miles!) de concejales, para más inri oriundos en su gran mayoría de remotas aldeas de la Tractoria profunda, en Bruselas –o en Disneylandia, tal como dice el negro que ahora le escribe los gags a Inés Arrimadas–, supone asunto que plantea algo más que algún pequeño contratiempo administrativo.

Y es que hay a estas horas algo así como una docena y media de probos padres de familia separatistas que podrían acabar con sus muy soberanistas huesos en Estremera o en Soto del Real en caso de empecinarse en llevar a la práctica esa fantasía solipsista del Payés Errante. Porque, entre otros inconvenientes procesales, ocurre que la Ley de la Presidencia de la Generalitat, huelga decir que una norma catalana aprobada por el Parlament, exige para su eventual modificación de una mayoría cualificada de 90 votos sobre 135, los escaños totales que hay en el hemiciclo del Parque de la Ciudadela. Y esa mayoría, hoy por hoy, está lejos del alcance del bloque separatista. Al punto de que ni contando con el sufragio de los adanistas de Colau podrían siquiera rozar los 90 votos necesarios. Ergo, cualquier conato de chanchullo leguleyo para investir al prófugo en Barcelona implicaría la previa comisión de varios delitos tipificados por parte de los diputados que se prestasen a participar en la comisión correspondiente.

Diputados que, con Torrent a la cabeza, podrían acabar en la cárcel. Porque la cuestión es muy simple. La Ley del Presidente de la Generalitat, más allá de que exista un mandato expreso al respecto por parte del Tribunal Constitucional, exige al tácito modo que la investidura sea presencial. Y resulta que esa ley no se puede modificar so pena de incurrir en un supuesto penal tipificado. En consecuencia, todo conato parlamentario de reconocimiento, incluidos los simbólicos, de la persona de Puigdemont como presidente legítimo de Cataluña está abocado al fracaso, primero, y al patio de Estremera, después. En desolador resumen (para ellos), si Torrent y el resto de la Mesa del Parlament no quieren terminar haciendo compañía a los Jorges y al Oriol solo les queda una única vía: abstenerse de acusar recibo de cuanto haga o deje de hacer el Mulá Puigdemont en esa asamblea bruselense de la Unió de Pagesos Karlistas y proponer a un candidato limpio de polvo y paja para ocupar el cargo. Alguien que, por cierto, no va a ser chica tan risueña y pizpireta, Artadi. Pero de eso escribiremos mañana.

Cuando lleguen los lazos vascos
Javier Somalo Libertad Digital 10 Febrero 2018

Aprovechemos el éxito del libro de Federico –Memoria del comunismo. De Lenin a Podemos– para extraer una lección que sirve ante cualquier totalitarismo, y el nacionalismo lo es: la ceguera voluntaria. Además del carácter colaboracionista que concede el adjetivo –no surge por obligación– la ceguera voluntaria es el mejor vehículo para extender la mentira haciéndola pasar por nueva.

Cuando se luchaba contra el nacionalismo vasco –se llegó a hacer de veras y la muerte se cruzó mil veces en el empeño– se quiso perder de vista el catalán. Ahora los separatistas vascos pretenden distinguirse del "problema" catalán como hacían los catalanes cuando el "conflicto" era el vasco. Pero el drama es de ida y vuelta, el mismo de siempre, y nadie puede hacerse el nuevo. Unos eran violentos mientras los otros tenían seny y, de pronto, unos son rebeldes golpistas y los otros, moderados.

Que a nadie sorprendan las consignas en las pizarras de las ikastolas, las pastorales de parroquia en parroquia, el Eusko Gudariak o las nubes y claros en "Euskal Herria". Siempre han estado ahí, como las escolas, las urnas en los altares, Els Segadors y los chubascos en los "Països catalans". Que nadie olvide que ambos separatismos pactaron o recibieron a Franco bajo palio. Qué pocas novedades y cuánta amnesia también voluntaria.

Puede que se repita todo, sí. Sin embargo, en el País Vasco el miedo sigue vigente: una factura extraoficial en el buzón, una diana en un muro, tu nombre en una lista. Avisos que presagiaban un temblor de cristales a primera hora de la mañana, un encuentro mortal al doblar la esquina o una vida rota al pisar el freno del coche. En las calles del País Vasco no resulta ajeno el olor a sangre y pólvora, tampoco el del incienso que no ardía en memoria del muerto. El miedo está amortizado y permite presentar en sociedad vías supuestamente nuevas. Si se torcieran, siempre habrá una pintada, un cajero o un autobús que sirvan de ayudamemoria.

Leer hoy las anotaciones manuscritas de Joseba Pagazaurtundúa es tan sobrecogedor como indignante. Siendo policía sabía que acabarían con él y que, como él, lo sabían muchos. Sucedió, lo mataron. Y todos lo lamentaron pero pocos se extrañaron. Ahora ya no hacen falta escoltas y entonces se puede hablar de naciones, de derechos nuevos y distintos –privilegios–, de consultas y de esa democracia que instala urnas funerarias.

No harán falta Traperos en la Ertzaintza ni consignas en la ETB o acoso a guardias civiles. No será preciso distinguir entre marxistas republicanos y católicos de derechas, ni entre mezclas al estilo Tardá, que no las inauguró. Nunca fueron cosas distintas los nacionalismos. Para mayor burla, el separatismo vasco y el catalán se vieron en Perpiñán para pactar los cotos de caza. Contra el olvido, recuérdese que el impunemente evaporado Carod Rovira no habló sólo con la ETA porque, desde Estella, el PNV unió sus fuerzas a la banda contra el ahora maltrecho Espíritu de Érmua.

Algunos jóvenes –los veteranos ya fueron apartados– reclaman una reacción que ni siquiera requiere el esfuerzo de lo inédito, sólo volver a la época en la que los principios contra el separatismo unían a los dos principales partidos que hoy se miran el desagüe en las encuestas. Pero no habrá herriko-tabarnias. Sólo se repetirá lo malo.

Cuando se aparta la vista es por dos razones que suelen ir juntas: cobardía y colaboración. Ninguna de las dos es actitud propia de una inevitable ceguera funcional. No hubo desconocimiento en el policía que avisó a un terrorista de que la Policía iba a por él. No es ceguera, sino algo peor, sacar pecho por la prisión permanente revisable habiendo excarcelado a etarras, no sólo al pobre Bolinaga que tanto peso había perdido según el presidente del Gobierno. Es ceguera –y muy voluntaria– saber dónde se encuentra el terrorista De Juana Chaos y silbar mirando al techo. Por acción y por omisión o por los presupuestos generales del Estado aunque sea libre y asociado, mancomunado o desarticulado, nada de lo que vaya a suceder es nuevo. No cabe sorpresa y necesariamente habrá que dudar de quien se asombre. Si llegan los lazos vascos es porque las pistolas hicieron su labor. Así en Cataluña como en el País Vasco.

Todo esto ya había pasado y, como en la Memoria del comunismo, lamentablemente sigue pasando.

ETA debe entregar todas las armas y disolverse
EDITORIAL El Mundo 10 Febrero 2018

Coincidiendo con el anuncio realizado por el PNV sobre la intención del Gobierno de Macron de acercar a unos pocos presos etarras a la frontera, Francia ha entregado a España más de medio millar de armas incautadas y varias toneladas de documentos. Según publicamos hoy, se trata de unos 40.000 folios y soportes digitales con información sobre la estructura de la banda, grabaciones con testimonios de algunos secuestrados, los archivos de Mikel Antza y datos de acciones de la organización desde 1998 que podrían ser clave par esclarecer los 379 asesinatos que quedan por resolver.

Es lógico que entre las víctimas se haya recibido la noticia con cierta esperanza, sobre todo entre los familiares de los casos sin solucionar, que esperan que a partir de ahora exista una mayor disponibilidad de la Fiscalía a reabrir causas archivadas por falta de nuevas investigaciones. En cualquier caso, hay que felicitarse de esta colaboración histórica y sin precedentes del país vecino que se gestionó durante la estancia de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

Pero con ser valiosa esta aportación de material documental, se echa en falta la colaboración de los propios etarras encarcelados, que pretenden lograr beneficios penitenciarios sin ofrecer nada a cambio. No hay que olvidar que, aunque no cometa atentados, la banda terrorista sigue viva, ya que se niega a disolverse por completo y mantiene una mínima estructura organizativa. Además, aún no ha hecho entrega del armamento que conserva, tal y como anunció, esperando el momento propicio para que su disolución no aparezca como una derrota a manos de las Fuerzas de Seguridad. Hasta que estas dos cuestiones no se solventen, los encarcelados no podrán esperar del Gobierno ningún trato de favor.

Los humanos no se blindan
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 10 Febrero 2018

La recuperación de la concordia dentro de la sociedad catalana consumirá mucho tiempo y exigirá grandes dosis de madurez y racionalidad.

La recuperación de la concordia dentro de la sociedad catalana consumirá mucho tiempo y exigirá grandes dosis de madurez y racionalidad. Las ofensivas de discriminación identitaria han dejado heridas profundas que tardarán en cicatrizar, sobre todo porque los patrocinadores del choque siguen hurgando en ellas.

Campaña insidiosa
Han transcurrido treinta y siete años desde que el venerable Josep Tarradellas pronosticó, con pelos y señales, en su extensa carta al director de La Vanguardia, Horacio Sáenz Guerrero (16/4/1981), los efectos nefastos de la plaga nacionalista que se estaba incubando bajo la tutela del intrigante Jordi Pujol. El presagio se ha cumplido y las llagas que supuran ahora son el producto de esa larga campaña insidiosa de fragmentación social. Releer aquella carta en internet es hoy indispensable para entender el origen de la decadencia que estamos viviendo.

Ha llegado, por fin, la hora de la reconciliación entre las fracciones de la sociedad catalana desmembradas por dicha campaña insidiosa. La terapia será larga y difícil, y su éxito dependerá de muchos factores. Entre otros, de que sepamos apartar a los cabecillas del estado mayor insurreccional, cargados de culpas imperdonables, por un lado, de los cientos de miles de ciudadanos circunstancialmente subyugados por la demagogia cainita y cautivos del proceso que los devoró gradualmente, por otro. Todo el peso de la ley sobre los primeros para sancionarlos por los inmensos y a veces irreparables daños morales y económicos que causaron, y toda nuestra solidaridad y comprensión con los segundos, víctimas de la perversidad ajena y la candidez propia.

La reconciliación honesta y perdurable no puede convertirse en un coladero por donde se infiltren los perpetradores de la fractura, preparados para reincidir en sus delitos. La justicia castigará con la cárcel o la inhabilitación a quienes encuentre culpables, pero la sociedad también emitirá su sentencia.

Rivalidades mafiosas
La estulticia de los sembradores de odio no tiene perdón. Tan desmesurada era su falta de escrúpulos que no se conformaban con abominar de España y de más de la mitad de la Cataluña que no consentía sus sevicias, y les sobraban fuerzas para intercambiar traiciones, insultos, acusaciones, calumnias, sarcasmos y puñaladas traperas con quienes aparecían en público como sus aliados más próximos. Los prófugos se jactaban de haber eludido sigilosamente el brazo de la justicia que, poco antes, había alcanzado a sus compañeros de fechorías. Burlas típicas de rivalidades mafiosas: "Quiero ser presidente, no presidiario", fue el mensaje que el sibarita libre le envió al penitente preso. Ambos, eso sí, turnándose en la depredación de Cataluña.

Igualmente, la crisis interna del contubernio secesionista crea un nuevo clima favorable a la reconciliación entre los ciudadanos iguales, emancipados de los rencores y prejuicios que los supremacistas les inculcaron deliberadamente. Ya aparecen, sin embargo, las primeras tentativas de incluir en el abrazo del reencuentro a los gestores de la discordia para que vuelvan a las andadas. Quien tomó la iniciativa fue el volatinero Miquel Iceta con su obsecuente consejo de indultar a los procesados. Luego, Roger Torrent se estrenó como presidente del Parlament anunciando su intención de "coser" a la sociedad catalana al mismo tiempo que secundaba los planes atrabiliarios de quienes la habían desgarrado, con el Terminator Puigdemont a la cabeza.

Diploma de impunidad
Los mediadores sesgados aportan, desde los medios de comunicación, su grano de arena para asegurar el retorno de los encausados con un diploma de impunidad. Es revelador el caso de Antoni Puigverd, quien inició su pedido de clemencia con una dura reprimenda a los confabulados ("¿Águilas o palomas?". LV, 18/1):

Siempre he sostenido que el independentismo ha cometido errores como la copa de un pino. Errores que deben pagarse. La fractura interna catalana; la vulneración de la ley, sin cuyo concurso desaparece la democracia bajo el peso del más fuerte; la destrucción de la cultura de la reconciliación y el pactismo interno y externo que caracterizó a la Catalunya antifranquista. Por si fuera poco, se han programado grandes trampas al solitario. Se ha abusado del propagandismo, de la buena fe de la gente, de la opereta. Se ha mentido sobre las consecuencias del proceso (particularmente del 1 de octubre). Todo esto debe juzgarse. En los tribunales y en la arena política. Pero también debe superarse.

Superarse, ¿cómo? Aquí la astucia se acopla a la misericordia para salvar a los reos:
Las conclusiones del magistrado [Llarena] y las claudicantes declaraciones de los acusados dejan en el ambiente un aire enrarecido. Indicios claros de humillación. (…) la democracia no puede alzarse sobre la humillación de una impactante minoría de más de dos millones.

El articulista confunde, sutilmente, los papeles. El magistrado Llarena no ha humillado a nadie. Quienes humillaron a más de dos millones de ciudadanos fueron los transgresores empedernidos que hoy están presos o prófugos por haberlos embarcado en una gigantesca operación de suicidio colectivo, para lo cual emplearon las tácticas arteras que el mismo Puigverd describe con precisión.

A la vez, el título explícito de un artículo del habitualmente equidistante intelectual católico Josep Miró i Ardèvol delata una imprevista empatía con los trileros: "¡Los presos a la calle!" (LV, 20/1).

Con la ayuda de estos misericordiosos, los timadores incorregibles encontrarían despejado el camino para reincidir en sus alzamientos contra las leyes. Que es precisamente lo que el juez Llarena quiere evitar.

Aquelarre identitario
Capítulo aparte merecen las concesiones con que los más timoratos creen que podrán apaciguar a los insumisos. La más retrógrada y contra natura es, a mi entender, la promesa de permitirles blindar las competencias de Cataluña en la enseñanza, la cultura y la lengua. Entiendo que este sea el objetivo de los guardianes totalitarios de las esencias étnicas, pero cuando los socialistas y la casta frívola que presume de progresista se suman al aquelarre identitario, recuerdo una vez más la definición de Horacio Vázquez Rial sobre la izquierda reaccionaria.

Blindar la enseñanza, la cultura y la lengua equivale a castrar la libertad de pensamiento. Ya en la época de las cavernas los brujos celosos de su poder cuidaban que los trogloditas, aislados en tribus dispersas, solo se comunicaran por señas. El lenguaje hablado y escrito es el vehículo del pensamiento libre que, enriquecido por los contactos entre pueblos con ideas, instituciones y costumbres distintas, se condensa en la cultura, que es la peor enemiga de los déspotas, sean estos hechiceros primitivos o dictadores modernos. Por eso los enajenados con delirios de omnipotencia conjugan el verbo blindary sacan la pistola, como Goering, cuando oyen el sustantivo cultura.

Es inútil, los humanos no se blindan y por eso salimos de las cavernas y de sucesivas etapas de servidumbre. Por eso, también, preferimos vivir en el Reino de España integrado en una Europa sin fronteras y no en una república mostrenca rodeada de barreras infranqueables y gobernada por discípulos de aquellos brujos picapiedras.

La inercia de los timoratos
La Generalitat ensayó un remedo de blindaje que abarcaba –y sigue abarcando por la inercia de los timoratos– desde la inmersión lingüística inconstitucional hasta las multas ilegales a los comercios que no rotulan en catalán. Pero las placas del blindaje de los mitómanos son arcaicas y herrumbrosas, y la civilización global y poliglota las perfora un día sí y otro también. Apenas abro el diario del domingo 4 de febrero encuentro un anuncio a toda página de CaixaBank (¿por qué no Banco?) con el eslogan "Family now". Más adelante una inmobiliaria me ofrece "All in members club" y "Home staging". Pero me entero de que ha caído la venta de smartphones. Y no son fake news.

El blindaje contra natura y contra cultura forma parte de la cosmovisión etnocéntrica de los hispanófobos y xenófobos que viven de espaldas al mundo. Si no les paramos los pies terminarán proscribiendo la jerga cibernética, el Black Friday y el Halloween, la Navidad y el Papá Noel (para sustituirlos por el solsticio de invierno y el caga tió), el cuscús y la pizza, el rock y el pop y el Primavera Sound. En fin, todo lo que choque por su origen cultural o su lengua con la coraza de la mítica nación milenaria.

Marabunta golpista
¿Cuál es la última novedad del blindaje de lo nacional? Es la ley aberrante aprobada en Varsovia que prohíbe mencionar la participación de ciudadanos polacos en el Holocausto. Aunque aquí no les vamos a la zaga. Es tabú referirse a las familias de las clases media y alta catalanas -hoy con muchos conversos envueltos en la estelada- que apoyaron a la dictadura franquista y se enriquecieron con el beneplácito del Caudillo. Mientras que ahora las clases baja y media se empobrecen trituradas por las mandíbulas aún activas de la insaciable marabunta golpista.

Los humanos no se blindan. Con una excepción: es virtuoso el blindaje cuando deja fuera a los indeseables que amenazan nuestras libertades, nuestro bienestar y nuestra convivencia. Y ese blindaje con rostro humano, que neutraliza a los entreguistas y les impide hacer concesiones embrutecedoras a los maniáticos, se llama Ley.

La Generalitat gastaba 2,3 millones anuales en cargos dedicados a difamar a España en el extranjero
Carlos Cuesta okdiario 10 Febrero 2018

La Generalitat gastaba 2,3 millones anuales en altos cargos dedicados a difamar a España en el extranjero. No había dinero para pagar los bonos patrióticos o para reducir las listas de espera en la sanidad, pero sí para acumular un listado de 33 altos cargos que, cada año se gastaban casi dos millones y medio de euros en trabajar, exclusivamente, al servicio de vender en medio mundo las bonanzas de una Cataluña independiente y las maldades de España. Este gasto se debería sumar al avanzado ayer por OKDIARIO, el del propio ex presidente Puigdemont, ahora fugado, que destino buena parte de su 1,6 millones de euros de derroche anual a viajes en el extranjero para denigrar la imagen de una España unida.

Se trata de los datos a los que está accediendo la Justicia tras la aplicación del 155 y el inicio del volcado de información para determinar cómo financiaron los golpistas el avance de su plan de ruptura y el 1-O.

En esos datos se puede observar que solamente en el denominado por ellos Departamento de Exteriores, había siete nóminas de altos cargos. La de Raül Romeva, con un sueldo de 109.663 euros anuales; la de Aleix Villatoro (84.920 euros); Ivan Altisent (74.379 euros); María Badía (84.920 euros); Manuel Vila (81.396 euros); Marina Borrell (81.396 euros); e Isidre Sala (81.396 euros). A este departamento estaban adscritos otros 273 funcionarios (42 en el exterior) cuyos sueldos no llegaban al nivel de altos cargos pero que sumaban al coste general de la Generalitat otros 15,6 millones de euros.

Por debajo de este departamento central se encontraban en el organigrama las famosas ‘embajadas’ -Delegaciones del Govern en el exterior-. Allí se encontraban directivos como Amadeo Altafaj, Martí Anglada, Sergi Marcén, y otros nueve responsables de cada sede en un país extranjero. Los territorios con presencia directa eran Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México, Austria, Eslovenia, Italia, Cerdeña, Portugal, Dinamarca, Polonia, Croacia, Marruecos y Santa Sede. Además, había otra en Ginebra para mantener presencia en “Naciones Unidas y otros organismos internacionales”.

Luego aparecían las fundaciones, consorcios y demás entes donde se ubicaban otros once altos cargos. Y, por último, representantes de asociaciones de la sociedad civil que, en teoría, no cobraban dinero. Entre ellas se encontraba, por supuesto, una representante de la Asamblea Nacional Catalana -Montserrat Daban, persona sobre la que OKDIARIO ya ha avanzado que estaba, además, contratada por otra fundación-.

Un ejército de funcionarios
En cada uno de estos niveles, de nuevo, se iban sumando un ejército de funcionarios que, no eran altos cargos, pero que sumaban de forma conjunta nada menos que 1.717 puestos de trabajo y una partida de costes laborales total de nada menos que 74,1 millones de euros anuales. Y todos ellos con un objetivo: triturar la imagen de España en el exterior y sembrar el mensaje del “España nos roba”. Porque, como ellos pretendían hacer creer por medio mundo, “Cataluña sería independiente”.

Con los costes de los viajes, de las embajadas en el extranjero, de las comidas, dietas, protocolo y funcionamiento diario, y del personal, los gastos de la maquinaria exterior ascendían cada año a la locura de 265,6 millones de euros. Y todo ello, mientras se afirmaba que no tenían dinero y necesitaban de rescates permanentes de toda España año tras año.

El Tribunal Supremo ha sentenciado ya que la disolución de esta tremenda plataforma de gasto y difamación debe mantenerse y avalarse. Con lo que ha mantenido la liquidación del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, acordada por el Gobierno de España en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha denegado la medida cautelar solicitada por la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) para que quedara en suspenso la supresión del Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), porque, como argumenta en su escrito, el Gobierno goza de capacidad más que suficiente para cerrarlo y desmantelarlo. Especialmente a la vista de su organización y del fin del 155: zanjar los comportamientos contrarios al interés de España.

Rodríguez Zapatero: La impostura estándar
Antonio Escohotado Libertad Digital 10 Febrero 2018

Borrar el nombre José Antonio Primo de Rivera (1903-1936) en múltiples vías públicas de todo el país devuelve actualidad al engendro amnésico y tergiversador llamado Ley de Memoria Histórica (2007), que se quedó sin fondos pero no ha sido derogada. En los albores del siglo XXI, cuando la experiencia de regímenes comunistas en cuatro continentes no puede ser más unívoca, dicho precepto se ha permitido dividir España en los buenos ("víctimas del franquismo") que perdieron la guerra civil, y los malos ("bando sublevado") que la ganaron, como si hubiese sido un conflicto entre partidarios y enemigos de los derechos civiles, y resucitar parte de sus horrores fuera ecuánime en vez de canallesco.

Ateniéndonos a la concepción del mundo de Rodríguez Zapatero, promotor de dicho precepto, el planeta seguiría escindido en progresistas y fascistas, aunque el fascismo fue la divisa de Mussolini, el menos criminal con mucho de los mesías totalitarios inspirados por Lenin. En efecto, los archivos de su régimen demuestran que entre 1927 y 1945 no hubo un solo ejecutado sin juicio, y los tribunales dictaron 10 penas de muerte por sedición. Compárese esa cifra con los millones de ejecutados durante el mismo periodo en la URSS, bajo el cargo "enemigos del pueblo". Tampoco hay duda de que la Gestapo nazi mató a miles de disidentes ideológicos, y a muchos más por higiene racial; pero recuérdese que Himmler calcó su reglamento del de la Cheka soviética, y sus campos de concentración calcaron también los del sistema gulag, montado veinte años antes.

Según Zapatero y sus émulos, el fascismo no sería un fenómeno derrotado estadísticamente nulo desde mediados del siglo XX, sino la peor amenaza para el actual Estado de derecho. De ahí su inclinación a dialogar con integristas islámicos, castristas, chavistas, etarras y demás adversarios del "Imperio", como si reeditar experiencias coloniales no fuese el destino de países como la URSS, la China de Mao o Cuba, obligados a ello por su incapacidad para producir bienes y servicios competitivos, mientras el resto establece alianzas comerciales en vez ideológicas y militares. Progres de esa naturaleza no se han enterado aun de que Norteamérica sigue siendo el campeón del aislacionismo, y confunden democracia con poner primeros a los últimos, la más violenta y ruinosa de las metas, nacida de trasladar al reino físico el "benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos".

Además de sumir a su país en bancarrota, y financiar la secesión desde su presidencia del Gobierno central, Zapatero se permitió redefinir los deberes de padres, hijos y esposos como si hacer de Moisés y Solón no fuese abuso del derecho, y está por ver si una discriminación positiva sine die logra evitar la iniquidad sustancial del discriminar, o más bien estimula un clientelismo perverso. También decretó que los jubilados perderíamos la pensión en caso de seguir trabajando, aunque la nueva legislación sobre autónomos haya derogado semejante miseria. Considerando unas y otras cosas, quizá comprenda que si la vida me da salud estudiaré de cerca hasta qué punto los nuevos juzgados y dependencias creadas para combatir la violencia de género están promoviendo justicia, veracidad y honradez.

En cualquier caso, estas líneas se conforman con poner de relieve lo inicuo de la llamada memoria histórica, cuyo punto de partida es educar al estilo Institut Nova História, que sería hilarante si no partiese de malversar fondos públicos, como el resto de las iniciativas tendentes a sustituir la prosaica realidad por un nudo de reflejos condicionados pavlovianos, troquelando un maniqueísmo con anverso victimista y reverso supremacista. Fiel a ello, el Institut declara que la Gioconda tiene Monserrat como paisaje de fondo, pues Leonardo creció allí, y anuncia lo mismo sobre Rodrigo Díaz de Vivar, Colón, Garcilaso, Cervantes (hijo al parecer de Miguel Servet), La Celestina, El lazarillo de Tormes y otros clásicos. Pensar cosa distinta deriva de que "los castellanos" destruyeron originales y falsificaron registros.

Aupado a secretario general en 2000 por los votos del PSC, alguien nacido en Valladolid y formado en León identifica también al Estado español con un opresor de las nacionalidades, y subvenciona magnánimamente el separatismo catalán instando el Estatut de 2006. Por lo que respecta a nuestra guerra civil, la ciencia infusa sustituyó el estudio para alguien nacido en 1960, y tan dedicado desde 1979 a ascender por las lianas burocráticas como para no tener tiempo de aprender inglés. Yo sé de aquello por mis padres, él por sus abuelos, pero estar una generación más lejos no le ha sugerido investigar documentalmente historia de España, como acabé haciendo yo un par de años.

Según sus propias declaraciones, para tomar partido sobre los bandos contendientes le bastó "un fuerte apego al obrerismo minero" y un abuelo paterno fusilado. A mí el nombre propio me viene de un tío carnal falangista muerto coetáneamente, y aunque luego militase en la extrema izquierda -cuando resultaba peligroso en vez de rentable-, nunca me perdonaré la frívola falta de respeto hacia mis padres implicada en dudar de su testimonio. Ellos, que habían votado al socialista Besteiro en el 32, tuvieron sobradas razones para combatir después por activa o pasiva el resultado del frentepopulismo, con Pasionaria de adalid democrático y Negrín velando por el patrimonio común. La ley de 2007 se propuso reparar moral y monetariamente a "quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil", pero excluir a los del "bando sublevado" –que entonces se llamó "nacional", por razones obvias- equivale a velar el núcleo más atroz de lo ocurrido, en función de suposiciones falsas.

La primera es omitir el peso alcanzado aquí por lo que Marat bautizó en 1792 como "agresión defensiva", alegando que exterminar a los detenidos "salvará preventivamente a millones de patriotas". No hay la menor duda de que eso inspiró en noviembre del 36 las masacres de Paracuellos, donde sucumbieron al menos 2.500 presos, entre ellos el comediógrafo Muñoz Seca, un "fascista" que era más bien monárquico. Tampoco hay duda alguna de que Madrid se convirtió en una gigantesca Cheka, con 225 sucursales minuciosamente identificadas por el último libro de Jiménez Losantos, Memoria del comunismo (2018).

Si nos preguntamos qué pasó en la capital entre abril y junio de ese año, una circular del Gobierno fechada el 2 de julio nos informa de que "un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados, y muertos 40 falangistas como represalia por más de 50 víctimas entre las organizaciones de izquierda obrera". No obstante, el detonante del alzamiento llega el 13 de julio, cuando un grupo de policías y parapolicíasasesina de dos tiros en la nuca al diputado jefe de la oposición, José Calvo Sotelo –otro "fascista" vehementemente contrario tanto a la Falange como a Mussolini-, y el Gobierno se opone a investigar el asunto. Como explica Pasionaria a las Cortes, "se lo tenía bien merecido".

Tras esa muestra de respeto por el principio de legalidad, el Gobierno reacciona a la insurrección consintiendo que se generalice el "terror revolucionario", y en noviembre huye en masa a Valencia, dejando Madrid librado a una Junta de Defensa, aunque Franco no tarde en comprender que menos de 20.000 hombres son insuficientes para tomar una urbe defendida por el doble. El mes anterior su ministro de Hacienda entonces, Negrín, regala a Stalin dos tercios de la tercera reserva mundial de oro, que de haberse situado en Londres o París habría permitido sostener la peseta, pero en Moscú solo compra algo de material militar eficaz y bastante chatarra.

En la primavera siguiente comienza la purga del POUM, porque la obsesión de Stalin es Trotsky, y no tanto ganar una guerra donde solo un bando demuestra luchar con entusiasmo. Mientras Nin muere despellejado vivo en los alrededores de Madrid, negándose a "confesar" que está pagado a medias por Wall Street y los nazis, Pasionaria declara en el proceso abierto en Barcelona contra su formación: "Cuando la vida de un pueblo está en peligro, es mejor condenar a cien inocentes que absolver a un solo culpable". Poco después de que Barcelona se rinda sin pegar un solo tiro, Stalin opta por repartirse con Hitler las repúblicas bálticas y Polonia, aun a costa de entrar en guerra con Inglaterra y Francia.

Y entretanto, ¿quién fue José Antonio? Mi padre, que le conoció de cerca, me dijo que fue un señorito andaluz bondadoso, muy católico y obsesionado con la justicia social. Releer su discurso al fundar la Falange lo demuestra, así como su alarma ante los herederos de Rousseau y Marx, para los cuales "la justicia y la verdad no son categorías permanentes de razón". Hasta terminar la guerra los falangistas nunca pasaron de unos pocos miles, y su líder estuvo encarcelado desde el 14 de marzo hasta el 20 de noviembre de 1936, cuando un juicio a puerta cerrada terminó ante el pelotón de fusilamiento.

Un mes después de comenzar las hostilidades, como consta incontrovertiblemente, abogó por la reconciliación​ sin condiciones, declarando que "el triunfo absoluto de un bando, no supervisado por nadie, retrotraerá a las guerras carlistas, arruinando todas las conquistas de orden social, político y económico". A eso añadió: "Sea como fuere, que sea mía la última sangre española vertida en discordias civiles". Ahora la exigencia de que se borre toda referencia a él en vías públicas solivianta a algunos alcaldes, provoca irrisión en otros y tampoco falta quien corre a cumplir la Ley de 2007. Entretanto, el GPS me descubre que hay dos calles en Madrid dedicadas a Margarita Nelken, una cerca de Galapagar (donde resido) y otra en Coslada.

¿De quién se trata? Wikipedia explica que fue condecorada personalmente por Stalin en 1942, y murió en México bastante después, siendo allí "la más influyente crítica de arte". También menciona que formó con Carrillo y Segundo Poncela el triunvirato responsable de las masacres de Paracuellos. Quien se interese por evidencias documentales debe consultar la monografía del historiador inglés Julius Ruiz, Paracuellos, una verdad incómoda (Espasa, 2015). A mí me toca ver cotidianamente la placa celebratoria de alguien sobre cuyas espaldas recaen miles de asesinatos; pero por toda España debe ser maldito el nombre de quien fue asesinado pidiendo ser la última sangre derramada en discordias civiles.

Luego me preguntará alguien por qué pienso dedicar buena parte de mis últimos días a investigar si Rodríguez Zapatero no solo es responsable de la bancarrota, la reviviscencia del guerracivilismo y la financiación de los separatistas catalanes, sino de algo más duradero e insidioso. Me refiero a envenenar las relaciones filiales y maritales, tergiversando el espíritu de la ley para introducir en ese ámbito la pulsión cainita, resuelta a odiar la propiedad, la autonomía y el mérito.

Un eurodiputado acusa a TV3 ante el Consejo Audiovisual de Cataluña de “apología del golpismo”
Borja Jiménez okdiario 10 Febrero 2018

El eurodiputado del Partido Liberal Europeo Enrique Calvet ha enviado una queja formal del ante el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) por “falta de pluralismo político y apología del golpismo en TV3”.

El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, expone que la televisión pública de Cataluña no ha dejado de apoyar el golpe separatista después de la aplicación del artículo 155 (que dejó fuera el control de los medios de comunicación de la Generalitat tras desistir el Gobierno). Para ejemplificar la queja, Calvet recuerda el caso de “Laura Rosel, presentadora del programa estrella de TV3 de la noche de los sábados, ‘Preguntes freqüents’, que moderó la tertulia de la semana vestida con una camiseta del prófugo Carles Puigdemont“.

En el debate, según expone Calvet, se abordó la investidura de Puigdemont y la decisión del Gobierno de impugnarla “mediante un recurso al Tribunal Constitucional”. “El partidismo y la falta de imparcialidad de los presentadores de TV3 con todo aquello que no sean las tesis golpistas es algo habitual”, recuerda el eurodiputado.

“Me dirijo a este órgano en mi condición de eurodiputado y ciudadano español para denunciar formalmente unos hechos que considero graves y que vulneran el derecho de la audiencia de TV3, una televisión autonómica que es pública, a disfrutar de contenidos en los que se fomente el pluralismo político”, expone Calvet.

Y es que, recuerden, el pasado 27 de enero la presentadora del programa Preguntes freqüents, Laura Rosel, lució una camiseta con la silueta de Carles Puigdemont serigrafiada. Ese día, según expone Calvet, en el programa se hablaba de la sesión de investidura del martes 30 de enero, para la que Puigdemont era el único candidato. “La camiseta que portaba la Sra. Rosel fue un guiño simpático y amable a un fugado y presunto golpista. Es imposible que el pluralismo político está garantizado cuando al conductora de un programa muestra su ‘simpatía’ por una de las dos posiciones manifiestamente enfrentadas“, afirma.

Bajo el punto de vista del eurodiputado liberal, “la indumentaria que llevó la presentadora durante la emisión constituye una provocación para todos los ciudadanos españoles que residen en Cataluña y para todos los que vivimos en otros puntos de España y, de una manera u otra, financiamos esa televisión pública. La silueta de Carles Puigdemont es la de un fugado de la justicia que durante años ha hecho todo lo posible para que importantes derechos y libertades de una gran parte de la población de Cataluña sean pisoteados”.

“Me ofende enormemente y me solidarizo con la audiencia de TV3 que tiene que soportar este tipo de provocaciones. Esto es, en resumen, una muestra más de las llamadas a la desobediencia y una forma más de hacer apología del golpismo por parte de organizaciones e instituciones que están al servicio del separatismo en Cataluña”, escribe Enrique Calvet al CAC.

Calvet expone que, tras revisar las reacciones que la indumentaria de esta presentadora ha generado, más allá de las voces de defensa o condena, lo que más le ha llamado la atención han sido “las declaraciones de la propia televisión autonómica pública, diciendo que esa prenda ‘no es ni a favor ni en contra de nada’, sino que alude al ‘tema que se está tratando’, y la comparan con ‘un videowall’ como el que ‘se pone en las noticias’“.

“Es una explicación tan ridícula que da vergüenza hasta su reproducción en esta carta. Imagínense por un momento que el diseño portado por la Sra. Rosel incluyera una soga de ahorcado en torno al cuello de Puigdemont, ¿podría parecer también que sirve para enmarcar el tema del que se está hablando? En mi opinión, hubiera sido igual de desacertado”, concluye Calvet.

El independentismo y el coste de explicar la realidad
Manel Manchón cronicaglobal 10 Febrero 2018

El fenómeno no es nuevo, ni tampoco es singular de la sociedad catalana. Pero su resolución será la clave para poder mirar el futuro, para garantizar el progreso de todos. Se trata de diagnosticar lo que ha sucedido y por qué ha ocurrido. Y resulta que, hasta ahora, se trata de una tarea imposible. La parte más activa de la comunidad catalana que ha apoyado a los partidos independentistas se mueve con soltura en el espacio público.

Y el análisis que realiza es el opuesto al que defiende la otra parte activa de la sociedad catalana que no ha apoyado las tesis independentistas. Se dirá que es una obviedad, que nunca hay una única verdad. Sin embargo, sin un denominador común, sin llegar a consensos sobre los problemas de la sociedad catalana y las posibles soluciones, lo que tenemos por delante son muchos años de angustia, de incertidumbre, de malas prácticas por parte de todos.

El sociólogo Richard Sennett tiene entre sus mejores trabajos su análisis sobre los cambios en el mundo laboral, que acaban afectando a la propia personalidad del individuo. Lo plasmó en La corrosión del carácter (Anagrama), una disección de la sociedad norteamericana, con casos concretos, que nos sirven para trasladar ese fenómeno a otras circunstancias.

Rajoy ha decidido externalizar todos sus problemas con Cataluña en el poder judicial

Esa corrosión del carácter ya la estamos viviendo en Cataluña, por la afectación en personas que no pueden entender cómo la percepción de la realidad puede ser tan distante: qué significó la concentración de miles de personas ante el Departamento de Economía el pasado 20 de septiembre; qué ocurrió antes, en el pleno del 6 y 7 de septiembre; qué sucedió y por qué en el referéndum del 1 de octubre;por qué se excedió la Policía, con cargas impresentables; qué se desea realmente, si mejorar el autogobierno de Cataluña o conseguir como finalidad última el reconocimiento del derecho de autodeterminación...

A lo que se ha llegado ahora es a un agotamiento de una estrategia que no podía tener un resultado satisfactorio. Y existen unos responsables, que no pueden esconderse. Al margen de que el Gobierno de Mariano Rajoy no quiere hacer política, y ha decidido, como las grandes empresas, subcontratar el exceso de trabajo, en su caso al poder judicial, el bloque independentista en su conjunto no entendió que generar unas expectativas y una ilusión colectiva tiene un peligro: que no se puedan cumplir.

El exdiputado de ICV Joan Coscubiela --es el símbolo para el bloque constitucional de lo que no debió ocurrir en aquel pleno de septiembre en el Parlament-- asegura en su libro Empantanados (Península) que los dirigentes independentistas Artur Mas, Oriol Junqueras y, luego, Carles Puigdemont, no se inclinaron tanto ante la estrategia rupturista de la CUP como ante "la atracción gravitatoria que ejercía la gran ilusión generada".

Y si se pretendía, de verdad, un proceso que llevara a la gran mayoría de la población catalana a la independencia --no un 40% o un 51%, sino a un 70% o 75%-- era necesario, como aconsejaba el líder independentista escocés Alex Salmond, actuar como un corredor de fondo.

Llegados a la actual situación, nadie quiere ahora asumir el aterrizaje forzoso a la realidad, porque, al margen de las percepciones, sí hay una realidad. El problema --y lo vemos ahora con las disputas entre los diferentes actores independentistas, con Carles Puigdemont de fondo-- es que no se quiere socializar el coste de explicar esa realidad, como señala Coscubiela.

El independentismo admite la crítica, pero siempre que se añada que el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido y es un desastre. Y nadie, tampoco, tiene muchas dudas de que con la carpeta catalana lo ha hecho casi todo mal. Sin embargo, el problema central seguirá en Cataluña. La clave interna es determinante. No se puede despreciar. Y eso no lo quiere escuchar esa parte de la sociedad catalana, que se retroalimenta con sus propios relatos.

Esos elementos están ahí: la incapacidad para gestionar aquellas ilusiones que se alimentaron, la cruda batalla en el campo nacionalista-independentista para lograr la hegemonía (entre Convergència-PDeCAT-Junts per Catalunya y ERC), y el final de la "astucia", de esas artimañas constantes para saltarse la ley, pero sólo un poquito o de forma "simbólica", como argumenta también Coscubiela.

Tardará, será más o menos lento, pero esa socialización del coste de explicar la realidad se acabará produciendo. ¿Quién tiene la valentía y el honor de ser el primero?

Hay que acabar con los mossos golpistas
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 10 Febrero 2018

El aumento salarial que exige la Policía Nacional y la Guardia Civil será atendido. Zoido no mintió a las fuerzas del orden que están bajo su mando, meramente retrasa, en contra de su voluntad, la promesa que les dio, que ahora está en manos de Montoro. Ambos ministros desean tranquilizarles y aseguran que verán acrecentada su nómina, aunque haya de ser resuelta por vía de decreto. Policías y guardias, tras haber soportado el odio separatista con que los golpistas nutren su pútrida idea de España, merecen lo exigido y más.

Queda pendiente acabar con los mossos golpistas. Zoido tendría que hacer una purga urgente entre los traidores y sacar del mapa catalán a los sediciosos, mandándolos en una patera a las costas de África a cobro revertido. Sería una noticia bien acogida por la gente de bien. Los mossos leales que superaran tal purga, que ha de haberlos, se unirían a una aportación de bravos policías y guardias, integrando un nuevo cuerpo, digno donde los haya. ¿O hemos de seguir pagando el sueldo de los catalufos fariseos con el dinero de todos?

Montoro y Zoido no dejarán tiradas a las fuerzas que plantaron cara en la región hostil. A veces hay que creer en los políticos. Subidas de nóminas y reconocimientos obvios aparte, todavía falta liquidar la ignominia. No se puede tolerar que la mayoría de catalanes que se sienten españoles sean tenidos por intrusos en el nordeste, donde la economía y el bienestar social andan en ruinas porque unos ladrones sin escrúpulos y demás catetos fanáticos han activado la catástrofe. Un lúcido Serrat habla de: “La feria de los disparates”.

El autor de tal locura se llama Puigdemont. La cobra escupidora es un animal de compañía comparada con el prófugo que se oculta en Waterloo. ¿Quién iba a imaginar que una fregona de medio pelo podría ser tan tóxica? Menos mal que contamos con un experto en la exterminación de ofidios venenosos como el presidente de Tabarnia, el Excmo Sr. don Albert Boadella, cuyo disolvente humor opera de antiveneno. Un dramaturgo y dos ministros, cada cual a su manera, van a ajustarle los machos a los independentistas.

Imputan a los mossos que mandaron a prisión al catalán que puso la bandera española en su ayuntamiento
M.A. Ruiz Coll okdiario 10 Febrero 2018

Una juez de Manresa ha citado a declarar como imputados a los tres mossos d’esquadra que enviaron a prisión a Raúl Macià, el catalán que puso la bandera española en el balcón de su Ayuntamiento, porque el alcalde de Balsareny (Barcelona) se negaba a colocarla.

En su denuncia, los mossos acusaron a Macià de insultarles y de ser el instigador del boicot a un acto independentista, una procesión de antorchas que la ANC había organizado en Balsareny el pasado 10 de septiembre, víspera de la Diada. Tras recibir esta denuncia, la Junta de Tratamiento envió a Raúl Macià a prisión, pues se encontraba en tercer grado tras haber cumplido condena por una reyerta en la que participó en 2009 junto a unos porteros de discoteca, tal como explicó en una entrevista concedida a OKDIARIO.

A raíz de la denuncia los Mossos, Raúl Macià lleva ya cuatro meses ingresado en el centro penitenciario de Lledoners (Manresa), aunque está a la espera de que en las próximas semanas pueda recobrar la libertad. El pasado 10 de enero acudió a declarar ante la juez y el día 24 lo hicieron una decena de testigos, sobre los hechos ocurridos en la víspera de la Diada.

Tras escuchar estos testimonios, la juez ha imputado a tres mossos d’esquadra, por considerar que han podido incurrir en una falsa denuncia contra Macià. La Fiscalía pidió que se investigara si realmente había actuado como instigador de algún tipo de boicot al acto organizado por la ANC en Balsareny, pero se ha descartado esta acusación porque no se ha encontrado ni una sola prueba que lo acredite.

“Nos trataron como a terroristas”
El propio Raúl Macià había declarado a OKDIARIO que sufría una auténtica persecución por parte de los Mossos d’Esquadra, desde que se hizo viral el vídeo en el que se encaramaba a un coche para colocar la bandera española en el balcón del Ayuntamiento de Balsareny.

En la noche del 10 de septiembre, víspera de la Diada, había salido a pasear con sus amigos por el pueblo junto a sus hijos, entre los que había un pequeño de 18 meses. Pronto les abordó un coche camuflado de los Mossos. Dos agentes se apearon y les obligaron a identificarse. “Uno de los agentes avisó por el pinganillo y en un momento nos vimos rodeados por cuatro coches patrulla“, explica Raúl.

Raúl Macià lleva cuatro meses en prisión, tras ser denunciado por los Mossos.
Tras mantenerles retenidos durante casi 20 minutos, los Mossos les permitieron seguir su camino, pero les prohibieron expresamente acercarse a las dos plazas del pueblo en las que se iban a concentrar los independentistas de la ANC.

Raúl y sus amigos continuaron recorriendo el pueblo, seguidos en todo momento por un coche patrulla de los Mossos. Cuando se encontraban a dos calles de la plaza ocupada por los independentistas, apareció un furgón de antidisturbios de los Mossos. Se bajaron nueve agentes y se dirigieron en formación a Raúl y sus amigos, ordenándoles que se dispersaran.

“Nos trataron como si fuéramos terroristas“, explica Raúl Macià, “se ve que la ANC ya ha comenzado a elaborar listas negras y había facilitado nuestra identidad a los Mossos. Quien daba las órdenes era un mosso independentista que iba de paisano, antiguo compañero mío de clase, que es familiar del actual alcalde independentista de Balsareny”, Isidre Viu (ERC).

Acoso y un presunto delito de odio
Al día siguiente, los Mossos telefonearon a Raúl para informarle de que le habían denunciado y debía acudir a declarar en Comisaría. Le acusaban de instigar un boicot contra los independentistas. Pero además le vinculaban con otro incidente registrado la misma noche, y al que era completamente ajeno: los Mossos habían parado en la otra punta del pueblo a un vecino, que es vigilante de seguridad, y habían hallado en el maletero de su coche unos lunchacos.

El hecho de que los Mossos vincularan en su denuncia a Macià con una presunta falta de “tenencia ilícita de armas” fue precisamente lo que provocó que la Junta de Tratamiento le enviara a prisión. La juez ha podido comprobar ahora que Raúl Macià era completamente ajeno a ese incidente, y ha imputado a tres mossos por falsa denuncia.

Durante los cuatro meses que Raúl lleva en la cárcel, los independentistas de Balsareny han presentado otras tres denuncias contra él, en un intento de prolongar su estancia en prisión. Las tres denuncias han sido archivadas porque carecían de fundamento. Hace tres semanas, Raúl sufrió una agresión en la cárcel, cuyas secuelas todavía padece.

Su abogada, María Juher Layret, estudia pedir que los mossos sean procesados por acoso, falsa denuncia y delito de odio, pues actuaron contra Macià por su ideología. El mosso independentista que dirigió el operativo contra él es familiar director del alcalde de Balsareny, Isidre Viu (ERC), quien anunció en un medio local que pretende echar de la población a “los ultras de extrema derecha”. Varios colectivos han convocado para el próximo día 17 una concentración en Balsareny, con el fin de mostrar su apoyo a Raúl Macià.

Los catalanes hablan más castellano que catalán
Lo hace el 36,8% de la población, mientras que el porcentaje sube cinco puntos ante la pregunta de cuál es la lengua que consideran como propia
Redacción Crónica Global 10 Febrero 2018

El Parlament está literalmente dividido en dos bandos: soberanista y constitucionalista. El reparto cambiaría, sin embargo, si de lengua se tratase: los catalanes que hablan castellano de forma habitual son más que quienes hablan la lengua propia de la comunidad.

Lo dice el segundo barómetro Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO): el 36,8% de los catalanes habla castellano más a menudo que ninguna lengua, mientras que el 26,3% se decanta por el catalán, y el 32,8% dice que utiliza ambas indistintamente. El 4,8% habla otras lenguas.

Preguntados por qué lengua consideran como propia, el 43,6% vota castellano; el 33,2% considera el catalán, y el 14,2% ambas. Por otra parte, sobre cuál fue la primera que habló, el 48,6% dice que el castellano; el 30,8%, el catalán; el 9,8%, ambas y, el 10,3%, otras lenguas.

Son las respuestas de 1.200 personas entre el 16 de octubre y el 9 de noviembre.

Educación
En asuntos relacionados con educación, el 49,6% de los encuestados está muy o bastante satisfecho con la calidad de la educación no universitaria; el 22,8%, poco, y el 9,3%, nada.

El 31,4% de los encuestados cree que el sistema educativo no universitario es mejor que hace cinco años, mientras que el 37,2% considera que no, y un 31% lo desconoce, cuestión que de cara al futuro un 34% cree que será mejor en los próximos cinco años; el 24,1% no lo cree, y el 41,4% no lo sabe.

Preguntados sobre si harían una donación de 100 euros a una institución o proyecto de investigación que se desarrolle en Cataluña si le fueran retornados en un año, el 38,2% lo avala, mientras que el 51,6% lo descarta.

 


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