AGLI Recortes de Prensa   Viernes 16  Febrero 2018

Rajoy falta el respeto a Sociedad Civil Catalana
EDITORIAL Libertad Digital 16 Febrero 2018

El Gobierno de Rajoy es el responsable directo de la ilegal inmersión lingüística mientras Cataluña no tenga un Gobierno regional.

Está muy bien que el presidente del Gobierno se reúna, por fin, con representantes de las víctimas de la independencia de facto que –desde hace décadas y especialmente en el ámbito educativo– disfruta la Cataluña nacionalista. Pero no lo está, de hecho es una vergüenza, que lo haga para mentirles, crearles falsas esperanzas o desvincularse de la ominosa ilegalidad en que está instalada la inmersión lingüística y la educación pública en el Principado, hecho del que Mariano Rajoy era y sigue siendo el máximo responsable, con independencia de la aplicación del artículo 155.

Afirmar, tal y como ha hecho Rajoy en su encuentro de dos horas con el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, que el Gobierno "estudiará la posibilidad" de que los niños catalanes que quieran puedan matricularse en español para el curso que viene es una auténtica tomadura de pelo. Para empezar, porque el derecho a estudiar en español es un derecho constitucional respaldado por múltiples sentencias... que los Gobiernos regionales de Cataluña no han respetado jamás. En segundo lugar, porque hacer cumplir la ley no es una opción sino una obligación... que el Gobierno de Rajoy –como antes sus predecesores– no respeta. En tercer lugar, porque las vagas esperanzas que brinda Rajoy a las víctimas de la inmersión lingüística y del adoctrinamiento nacionalista se esfuman en cuanto se repara en su vergonzosa forma de aplicar el artículo 155, orientada exclusivamente a la celebración de unas elecciones y a la vuelta inmediata a una independencia de facto que aparque –eso sí– el delirio separatista de convertir Cataluña en un nuevo Estado soberano.

Lo que sucede es que el empecinamiento de los separatistas en hacer presidente de la Generalidad al golpista prófugo Carles Puigdemont está retrasando, paradójicamente, el traspaso de poderes a los propios separatistas; poderes sin los cuales estos no podrán volver a ser los responsables directos de la expulsión del español de las escuelas catalanas, tal y como lo eran antes de la aplicación del artículo 155.

Así las cosas, mientras no se produzca ese traspaso, el Gobierno de Rajoy seguirá siendo el máximo responsable no sólo de la ilegal inmersión lingüística, sino del adoctrinamiento antiespañol en las escuelas y de la propaganda subversiva perpetrada por los medios de comunicación públicos catalanes. Eso es lo único que Rajoy está "valorando" en estos momentos, junto a su ministro de Educación –que ejerce además las funciones del consejero catalán del ramo–, Íñigo Méndez de Vigo: cómo juzgará la opinión pública el hecho de que, bajo la supuesta aplicación del 155, el español siga marginado de la enseñanza en Cataluña como en tiempos de Puigdemont.

Los generosos
No hay país que haya sido más dadivoso con sus enemigos
Luis Ventoso ABC 16 Febrero 2018

Hoy lo sabemos. Con una tenacidad digna de la homérica Penélope, Jordi Pujol dedicó su larguísimo mandato a tejer pacientemente las estructuras para un futuro Estado catalán. El plan era sencillo: tener todo el tinglado armado por si algún día España flaqueaba y era posible lanzar el gran envite. Ese instante de zozobra española llegó con la tremebunda crisis de 2008. El malestar por la devastación económica supuso el abono perfecto para que los populismos pudiesen sembrar sus semillas. Ciudadanos golpeados por la crisis buscaban desahogarse políticamente dando una patada en la espinilla al sistema. Hubo dos movimientos que lo entendieron y echaron queroseno al fuego: el populismo separatista, que inició su escalada justo cuando España lidiaba con primas de riesgo de 500 puntos; y el populismo radical de izquierdas de Podemos, lanzado por el tándem televisivo Roures-Iglesias.

El nuestro es un país singular. No existe otro en el orbe más generoso con sus enemigos. Mientras se aplicaba con astucia a ir demoliendo España, Pujol era saludado por cronistas y políticos de la Villa y Corte como «un hombre de Estado». El «honorable» recibía homenajes en Madrid y hasta lo condecoraban. En lo que hoy parece un sangrante sarcasmo, llegó a ser distinguido con la Orden del Mérito Constitucional. El «establishment» que tira de un país -su clase política, su intelectualidad y sus empresarios- no ha sabido defender a la nación. Unos flaquearon con silencios ominosos. Otros directamente le tendieron la alfombra roja al enemigo. Duele evocar que hasta anteayer mismo en TVE, la televisión pública española, se le hacían amables entrevistas al golpista Junqueras, con sonrisas y preguntas abiertas, para que diese su mitin sin réplica.

El trato que recibió Jaume Roures es un ejemplo más de lo que un castizo llamaría «un Estado tontolaba». En 2005, con un dedazo sectario y arbitrario, Zapatero otorgó a Roures, conocido por sus filias comunistas, la última concesión de un canal analógico en abierto. Posteriormente, en julio de 2012, el Gobierno de Rajoy flexibilizó las condiciones que había fijado Competencia y facilitó la fusión de La Sexta y Antena 3, estableciendo así uno de los dos pilares del oligopolio televisivo español, una anomalía europea. Con esas dádivas, Roures se hizo multimillonario (siendo troskista). Se convirtió en el rey del fútbol de pago en España (siendo proseparatista). Un mes antes del 1-O, ejerció de anfitrión en su domicilio de una cena conspiratoria con Junqueras e Iglesias. Mientras remaba en el núcleo duro del golpe separatista, tal y como destapó ayer la Guardia Civil, jamás recibió un solo reproche alto y claro de PP, PSOE o Ciudadanos, porque los políticos temen a esas televisiones.

Terrible pieza de nuestra historia reciente. El único Estado del mundo que hace multimillonarios a sus enemigos. Y el PP, el único partido del planeta que ha dado alas a la televisión que lo machaca. Pero no se preocupen. Rajoy y Santamaría ya andan vigilantes: han denunciado a ABC, peligroso enemigo de España, por poner en una portada a Inés Arrimadas, conocida agente separatista. Valle-Inclán igual se quedó corto…

El Gobierno quiere usar el 155 para ofrecer el español en las matrículas de los alumnos catalanes
El Gobierno estudia dejar a los padres elegir la lengua vehicular en los colegios catalanes.
OKDIARIO 16 Febrero 2018

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado este jueves que el Ejecutivo va a aprobar nuevas medidas sobre educación y función pública en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución, y estudia si puede introducir el idioma español en las matrículas de los alumnos catalanes como lengua vehicular.

La vicepresidenta no ha concretado si éstas verán la luz en el Consejo de Ministros de este viernes o en las próximas semanas.

En declaraciones en el Congreso, la también ministra para las Administraciones Territoriales ha explicado que en las comunidades autónomas en los meses de febrero y marzo se tienen que adoptar “un conjunto de decisiones importantes” en ámbitos como la enseñanza o la función pública, que están “muy marcados por el calendario”.

“El Gobierno, con el 155, va a cumplir con su obligación de servir a los catalanes”, ha asegurado Santamaría, quien ha rehusado especificar qué tiene en mente el Gobierno y no ha querido detallar si alguna de estas medidas va a afectar a la enseñanza en catalán.

Sin embargo, las declaraciones de Sáenz de Santamaría coinciden con el anuncio que ha hecho el secretario de Estado de Educación, Marcial Martín, quien este jueves ha anunciado que su departamento está estudiando si al amparo del 155 puede intervenir en los impresos de matriculación, después de saber que el sindicato de profesores AMES (Acción para la mejora de la enseñanza Secundaria) haya lanzado en change.org una recogida de firmas para que “el castellano también se pueda elegir como lengua vehicular en la enseñanza” en Cataluña.

De hecho, Martín ha decidido ampliar la investigación sobre el posible adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña y ha pedido ayuda para ello a la Real Academia de Historia.

A partir de ahora, no solo está examinando los textos de Secundaria sino que también lo hará con los de Primaria, motivo por el cual se está retrasando la publicación del informe urgente anunciado ya hace nueve meses.

Así, el Ministerio de Educación está comprobando si en aplicación del artículo 155, por el que asume la Consejería de Educación de Cataluña, le corresponde publicar la resolución con las normas para la matriculación de los alumnos catalanes el próximo curso.

“Estamos en ello, va a estar dentro de unas semanas” pero “también tenemos que saber si esto es materia que nos corresponda en aplicación del 155”, ha destacado Marín.

“En cualquier caso somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos alguna decisión“, ha asegurado Marín, que ha añadido que “aun quedan semanas para decidir al respecto”.

AMES ha enviado la siguiente petición al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y a la Consejería de Educación catalana: “pedimos que en el modelo de preinscripción se introduzca una casilla de opción lingüística, para que los padres, madres o tutores legales puedan indicar si quieren que su hijo o hija curse sus estudios utilizando también el castellano como lengua vehicular”.

Ningún catalán perjudicado
La vicepresidenta ha hecho hincapié en que “Cataluña no se puede paralizar” porque sus dirigentes “no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley”. “Los ciudadanos merecen que se sigan gestionando los servicios públicos y nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación de que esa administración funcione”, ha incidido, antes de subrayar que Cataluña ha venido “funcionando muy bien” porque “los funcionarios catalanes son unos profesionales de primer nivel”.

“Ahora, por calendario hay que tomar decisiones para que ningún catalán se vea perjudicado sencillamente porque ese Parlamento parece que está cerrado por vacaciones y nadie hace nada”, ha concluido.

Hoy no se fía
Nota del Editor 16 Febrero 2018

Si al des gobierno de lo que queda de España hubiera tenido en algún momento la más mínima intención de defender los derechos humanos y constitucionales de los español hablantes en las regiones donde ha dejado que el español sea lengua impropia, habría quedado alguna señal, algún indicio, pero lo único que hay y queda reflejado en este almacén de información www.libertadidioma.com es un absoluto desprecio por esos derechos, empezando por Galicia donde Núñez tiene mayoría absoluta.

Y en este saco de ignominiosos están el PP, por supuesto el PSOE, el defensor y todos los tribunales de justicia españoles y europeo.

La traición de los intelectuales
Eduardo Arroyo gaceta.es 16 Febrero 2018

Me entero de que Jaume Roures dice que la Guardia Civil “tiene bajo nivel intelectual”. Sin duda cree que él habla desde las atalayas de su “pensamiento”, un pensamiento que está en el origen de casi toda la basura mental que se produce en España. Que Roures no sepa hacer la “O” con un canuto ni sea capaz de articular algunas ideas sobre casi nada importante no le resta un ápice de arrogancia y él cree que por el hecho de ser empresario de éxito –con todo lo que hoy día eso puede significar de turbio y rastrero- eso le faculta para hablar de cosas de las que, en realidad, no tiene ni idea.

Julien Benda en “La Trahison des Clercs” (publicado en 1927 pero reeditado en España en 2008 por Galaxia Gutemberg como “La traición de los intelectuales”), decía que esa “trahison” radicaba precisamente en que los intelectuales habían abdicado ante el mero historicismo y por tanto ya no había valores ni supratemporales ni eternos. No es que Roures sea un “intelectual”, claro. Pero su figura, muy lejos de eso, evidencia un par de cosas sobre las que merece la pena reflexionar.

Primero, permitir toda la mierda mediática de Roures no tiene nada que ver con la cantinela de la “libertad de expresión”. De hecho, difundir entre la población todos los libelos, majaderías y embustes de Roures solo por el hecho de que es millonario no tiene nada que ver con ejercer un derecho si no con el ejercicio de un poder. Roures adquiere con su dinero una parcela de poder y se dedica a dinamitar el Estado del que todos vivimos. No entiendo pues por qué hemos de defendernos de la droga y no de los programas televisivos de “La Sexta”. El problema es que Roures, desde su poltrona estilo cacique sudamericano, contribuye a esa corriente avasalladora de lo contingente y lo efímero que tiene predicamento en nuestra sociedad solo porque sirve al dinero.

En segundo lugar, el “caso Roures” se repite en todas partes: un estudio de hace unos años titulado “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens”, a cargo de Martin Gilens y Benjamin I. Page, aparecido en la revista “Perspective on politics” (Volume 12, Issue 3, September 2014 , pp. 564-581) dice que “el análisis indica que las élites económicas y los grupos organizados en representación de intereses comerciales tienen impactos independientes sustanciales en la política estadounidense, mientras que el ciudadano medio y los grupos de interés con base en las masas tienen poco o ninguna influencia independiente. El estudio proporciona un apoyo sustancial a las teorías de la dominación por parte de élites económicas y a las teorías del pluralismo sesgado pero no a las teorías de la democracia electoral mayoritaria o pluralismo mayoritario”. Una manera de ejercer ese poder económico es desposeer a la gente de sus referentes y sus valores, heredados en el curso multisecular de las generaciones. Por todo ello los EEUU, como España, son una plutocracia de la que Roures forma parte activa. ¿Es esto un problema exclusivamente económico? Desde luego que no. Detrás de toda mala práctica hay una mala teoría. No hay lo uno sin lo otro y el núcleo de este problema no es otro que el desprecio a la verdad, único valor eterno e inmutable por el cual los intelectuales deberían de apostar y que el pobre Roures ni siquiera barrunta ni en su trascendencia ni en sus consecuencias. Este problema está por todas partes y no excluye a casi nadie del mundo “homologado”, de ese mundo donde hay enemigos pero que no tiene que pedir perdón por existir.

Reconozco que me da pereza entrar en el pensamiento “mainstream” , de uno u otro signo, y acabar ejerciendo mi crítica en términos en el fondo bastante melifluos. Es el caso, por ejemplo, del debate sobre si hay o no que reformar la constitución, de si lo que importa es “la unidad de los demócratas frente a los violentos”, de los “delitos de odio”, de “la memoria histórica”, etc. En todos esos temas me siento totalmente fuera del terreno de juego porque en todos ellos empezaría por negar la mayor, hasta el punto de que al menos en un principio el diálogo se haría imposible. Me da pereza discutir sobre Tabarnia y sobre Puigdemont porque no me adscribiría jamás ni a las “sociedad abierta” de Tabarnia ni al delirio del cretino de Bruselas. Me causa una indescriptible pesadez de estómago escuchar a Jiménez Losantos denunciar los crímenes del comunismo y no escucharle jamás explicar cómo las democracias liberales occidentales cometieron un crimen cualitativamente mayor porque precisamente fueron quienes proporcionaron al comunismo una formidable plataforma geopolítica en medio mundo, sin la cual el marxismo y sus derivados hoy serían nada más que curiosidades arqueológicas para unos cuantos frikis. Algo parecido me sucede con las quejas lastimeras de una Iglesia católica que protesta de aquello que ha contribuido a traer y que está todo el día apelando a la “libertad religiosa”, como si el mantra sirviera para conjurar a sus seculares enemigos.

Y es que a medida que uno estudia y profundiza de manera libre y rigurosa, lo establecido cae como una tramoya de cartón que, sin ninguna solidez, pretende aportar las referencias que necesitan los hombres de nuestra época. Es un deber moral ineludible de los intelectuales no contribuir a esta obra de apuntalamiento consciente de la mentira, porque precisamente en esto, y no en otra cosa, consiste la traición de los intelectuales.

Aquellos fusilados en las tapias
Los socialistas quieren ser los que decidan la realidad de la historia

Carlos Herrera ABC 16 Febrero 2018

A ver, Sánchez, ¿propondrías que me multaran o me metieran en la cárcel si pongo una placa en la puerta de la casa de mi abuelo recordando que fue secuestrado y asesinado por milicianos anarquistas en el año 1938? No es una pregunta retórica, responde a la realidad histórica. Ya le escribí en su día a Rodríguez Zapatero, a quien por otra parte tanto aprecio, que no es el único al que le han matado a un abuelo en la guerra: los que rondamos mi edad almacenamos algún recuerdo de las cicatrices de nuestros mayores, que tanto hicieron por que olvidáramos años de cainismo exacerbado. ¿Sólo se puede recordar a unos abuelos y no a otros?

La reforma que prepara el PSOE –de mano de un sujeto llamado Andrés Perelló– de la malhadada Ley de Memoria Histórica que este Gobierno acomplejado no se ha atrevido a desmontar, contempla algunos aspectos delirantes que responden no exactamente al deseo de hacer del pasado un argumento esencialmente histórico sino, antes bien, un agresivo elemento de resentimiento ardoroso. Así fue presentada en el conocido como Paredón de Paterna, donde fueron miserablemente fusiladas más de dos mil personas una vez acabada la Guerra Civil. ¿Cómo no sentir indignación por la suerte de aquellos desdichados que vieron acabar su vida apoyados en una tapia? España se llenó de tapias con impactos de bala, y en ellas se apoyaron por última vez muchos seres humanos (hasta el final del franquismo, por cierto), desde Valencia hasta Paracuellos. Pero recordar los asesinados en Paracuellos puede ser delito si prospera este engendro que preparan Sánchez y Perelló, con la esperanza de aprobarlo en el Congreso, y que consiste en ilegalizar a quien sostenga un punto de vista diferente al del PSOE. Los socialistas quieren ser los que decidan la realidad de la historia, y el debate en torno a ella queda prohibido. Han leído a Orwell, se lo han creído y lo han interiorizado.

La Historia, que debe ser estudiada detalle a detalle, es tarea de los historiadores, no del Congreso, y menos pretendiendo establecer la Verdad Única eliminando cualquier discrepancia. Pretender establecer un Manual de Estilo para medios de comunicación en materia histórica es totalitario. Pretender la destrucción de libros que «den soporte» a delitos tipificados por esta ley es totalitario, pretender multar o encarcelar a quien recuerde con una Cruz a los religiosos que fueron asesinados antes y durante la Guerra es totalitario. Sólo falta que reinventen algún tipo de checa para apresar a los disidentes.

¿Creen de verdad que el desafío de la España que están construyendo nuestros hijos ha de estar basada en regurgitaciones de hechos ocurridos hace noventa años? ¿Está seguro Sánchez de que sus hijos o los míos van a perder un minuto en debatir cómo ganar la Guerra que se perdió o se dejó de ganar cuando vivían –o morían– sus bisabuelos? La Ley de Memoria Histórica no nació para ayudar a los españoles que querían legítimamente recuperar los restos de sus familiares muertos durante la guerra, sus previos y la posterior represión, cosa tan razonable como necesaria: nació como elemento de rencor trasnochado para reestablecer pugnas históricas que los propios españoles que participaron en ellas demostraron estar dispuestos a olvidar. Todo pasaje histórico debe de ser estudiado, debatido, analizado mediante el estudio de los profesionales: yo soy el primero que quiero conocer las acciones de Largo Caballero o de Calvo Sotelo, pero sin necesidad de tirárselos a nadie a la cabeza merced al agresivo panfleto, absolutamente innecesario, que preparan estos sujetos; siendo como son, por demás, miembros de un partido que tampoco puede estar orgulloso de todos los pasajes que protagonizó.

¿O nos ponemos a estudiar quién le debe más a quién? ¿La Democracia al PSOE o el PSOE a la Democracia?

El PSOE rechaza la iniciativa del Gobierno para proteger el castellano en las aulas catalanas
José Luis Ábalos advierte a Mariano Rajoy de que el 155 debería limitarse a garantizar la prestación de servicios y a regular la administración
EP ABC 16 Febrero 2018

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido este jueves al Ejecutivo de Mariano Rajoy que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña debería limitarse a garantizar la prestación de servicios y a asuntos relativos al funcionamiento ordinario de la administración.

El número dos del PSOE ha rechazado así la iniciativa que estudia el Gobierno para que los impresos de preinscripción de la matrícula en los colegios e institutos catalanes incluyan una casilla de opción lingüística.

«La aplicación del 155 debe mantenerse exclusivamente en la prestación de los servicios y en el funcionamiento ordinario de la administración. No cabe aprovechar eso para elaborar políticas», ha incidido el dirigente socialista en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha subrayado que incluso cuando se aprobó la aplicación del 155 en Cataluña el Gobierno admitió que tenía una vocación «temporal» y ha recalcado que lo que urge acabar con la situación de bloqueo en la formación de Gobierno en Cataluña –hay que poner el énfasis en esta cuestión– que es «el que tiene que enfocar estas cuestiones».

En cualquier caso, ha defendido que se debe garantizar el derecho a usar tanto el castellano como el catalán, aunque ha declinado indicar cómo se tiene que instrumentar para lograrlo. «No se trata de desterrar ninguna lengua, ni el castellano ni el catalán. Respeto el derecho a usar ambas lenguas», ha indicado Ábalos, quien ha admitido que desde el Ejecutivo no les habían comunicado que estaban estudiando esta iniciativa.

DECLARACIONES DE RIGAU
El separatismo admite que ‘fomenta una realidad nacional’ en la escuela
La Gaceta  16 Febrero 2018

El Ejecutivo estudia la posibilidad de que los padres puedan elegir el español como lengua vehicular de sus hijos.

El Gobierno estudia la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluya una casilla en la que los padres puedan elegir el español como lengua vehicular de sus hijos, después de que se lo haya solicitado el sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana (SCC).

Así lo manifestaron este jueves fuentes del Ministerio de Educación después de que el presidente de la Sociedad Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, se reuniera con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La posible decisión ha soliviantado al separatismo y el prófugo Carles Puigdemont ha opinado el Ejecutivo “intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua, pero el catalán resistirá y la verdad se impondrá”.

La exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha asegurado en una entrevista en TV3 que la inmersión “forma parte de la voluntad de anular todo lo que ha hecho una realidad nacional en Cataluña”. “Y la escuela ha ayudado a esta realidad nacional. Como consideran que Cataluña no debe ser una nación, sino puramente una región, la escuela para ellos es un objetivo político”, ha asegurado.

Por otra parte, la Federación de AMPAS de Cataluña (FAPAC) ha comunicado que defenderá “siempre el modelo de escuela catalana y la inmersión lingüística” y “trabajará por la igualdad de oportunidades de todos los niños sin segregarlos según su lengua”.

Cabe señalar que fuentes de Educación han explicado que en la actualidad no existe una casilla de español aunque por la aplicación de la LOMCE todos los alumnos tienen derecho a elegir el castellano como lengua vehicular en su educación. De hecho, incluye la disposición adicional 38 que fija que “las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”.

“El español es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable”, sigue la disposición.

Además, dice que si la administración educativa competente “no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, el Ministerio de Educación, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos y alumnas en centros privados en los que exista dicha oferta”.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
¡A buenas horas!

Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Febrero 2018

LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA COMO ADOCTRINAMIENTO SOBERANISTA.

Dice el Gobierno de Mariano Rajoy que está analizando actuar contra la inmersión lingüística en la enseñanza en Cataluña, incluyendo una casilla en el formulario de acceso al preescolar donde se marque la preferencia porque esta enseñanza se realice en español (lo de castellano suena como otro idioma autonómico de Castilla la Mancha y Castilla y León). Porque la dolorosa realidad es que hace ya casi cuatro décadas que en Cataluña, aprovechándose de las transferencias competenciales en el área de la educación, se impuso lo que se llamó el modelo de “inmersión lingüística”. Una norma por la que, con la excusa de salvaguardar el idioma catalán de la presión del idioma español, se dejaba el catalán como única lengua vehicular y no solo en la enseñanza, sino en casi todos los ámbitos de la vida en esa comunidad. Era una auténtica emersión lingüística impuesta. Lo que empezó como un acto cultural igualitario se ha transformado en un acto de doctrina totalitario.

El nacionalismo separatista catalán de CiU con el apoyo del PSOE y la connivencia del PP, ha ido avanzando en esa inmersión hasta imponer el modelo de enseñanza donde el catalán es, de hecho, la única lengua oficial vehicular en la autonomía, relegando al español a una segunda lengua, incluso en inferioridad de tratamiento con otras extranjeras como el inglés. La realidad es que se ha querido hacer de la lengua un instrumento más en el proceso del separatismo para “ir creando país” e inculcar el sentimiento de pueblo diferenciado del resto del pueblo español. Un adoctrinamiento planificado complementado por la manipulación y tergiversación de la historia de España, alimentando la fantasía de que Cataluña fue algo más que un condado al servicio de la Corona de Aragón y posteriormente integrada en la reunificación de los reyes católicos constituyendo lo que es la moderna España en el siglo XV. Su quimera se basa en la guerra de sucesión al trono de España por la pugna entre las dinastías reales europeas de los Habsburgo y los Borbones, donde Cataluña se alineó con la postura foralista defendida por Aragón y por el aspirante Carlos de Habsburgo, que culminó en 1713 y el Tratado de Utrecht con la coronación del nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, como Felipe V, tras inmensas pérdidas territoriales, como fue la soberanía del peñón de Gibraltar, el reino de Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Un conflicto en que se ganó un reino pero se perdió un imperio.

Esa efeméride ha sido adoptada y adaptada por el nacionalismo catalán, circunscrito en un principio a una clase rica y media acomodada y elitista, como inicio de su reivindicación independentista y como símbolo de la lucha por la libertad de un pueblo al que han inculcado la idea de estar siendo oprimido y reprimido por España. Un movimiento que tuvo sus momentos de auge coincidentes con los movimientos revolucionarios en toda Europa y que dio paso en el siglo XX a la primera república en España. Y el idioma catalán, al principio considerado por esas élites de la sociedad catalana como una lengua del mundo rural, del típico inculto payés, fue tomando cuerpo como signo identitario. Y podemos analizar la historia y ver los diferentes intentos de Maciá durante la primera República y de Companys en la segunda, donde hubo unas declaraciones de República en plan federal en principio y de independencia en la segunda República, con el resultado de todos conocido de la respuesta contundente de los Gobiernos de España.

Parece que el anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de parchear el tema de la inmersión lingüística con la inclusión de una simple casilla donde se manifieste la intención de recibir la enseñanza en español no va más allá de un intento de buscar una reacción del separatismo para obligar al desbloqueo del Parlamento de Cataluña y se inicie la investidura de un Presidente y el Gobierno de la Generalidad. Sin embargo, lo realmente vergonzoso es la impunidad con la que este derecho constitucional ha sido ignorado y violado por los diferentes Gobiernos de la Generalidad, incluyendo las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional y con la pasividad cómplice del Gobierno de España. Así que este aviso no es sino un hipócrita “postureo” que solo busca la reacción de los separatistas y no persigue devolver la legalidad a un área tan sensible como es la enseñanza. Se habla incluso de investigar si existe además un adoctrinamiento separatista en los libros de texto, como si ello no dependiera de la labor docente de la mayoría del profesorado encargado de impartirla. Se puede controlar un texto, pero no a quien puede interpretarlo y tergiversarlo a su conveniencia e ideología. Desde luego no en materias como física, matemáticas, química, que no admiten sesgos ideológicos, pero sí en otras materias como historia, geografía, ciencias sociales, etc.

Porque la Constitución es clara en cuanto a la cooficialidad junto al español de las lenguas reconocidas y su uso en las autonomías donde radican. Y al respecto se dice que:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.”

Como tales lenguas autóctonas están reconocidas el euskera, el catalán, el Valenciano y el gallego. De hecho, en el Senado de España como supuesta Cámara territorial, el papanatismo ha logrado que se haya creado un equipo de traductores para que sus Señorías puedan expresarse en la lengua que prefieran. Una ridiculez y un gasto innecesario que equipara esta cámara a una especie de Organismo internacional como la ONU, cuando la lengua oficial del Estado, es decir de España, es el castellano al que yo prefiero referirme como español, ya que el castellano se refiere al idioma propio del reino de Castilla, y que se extendió adoptando múltiples dialectos y entonaciones en todo el mundo y que recibe el nombre genérico de español. La cooficialidad significa que está en el mismo grado de prelación, es decir que no debe existir una imposición de la una sobre la otra, en aquello tan famoso del “tanto monta, monta tanto”. Una relación de igualdad que no ha sido respetada especialmente en Cataluña y ahora tampoco en Baleares o Valencia, estando el español en fase de exclusión en El País Vasco y Navarra.

Y este es un tema que no se puede solventar de esta manera tan chapucera y que requiere ir más allá, empezando por la suspensión de la transferencia en Educación, el control de los libros de texto y la vigilancia de la docencia impartida por un profesorado ideológicamente contaminado y parcial por el independentismo. Ha sido especialmente bochornoso ver cómo alumnos de escuelas e Institutos eran manipulados para participar de forma activa en manifestaciones y concentraciones de índole política a favor del proceso independentista en las semanas previas a la declaración de independencia.

Hay que ser serios y afrontar los problemas, aunque sea tarde, con firmeza y determinación a la hora de devolver la legalidad allí donde ha sido violada.

¡Que pasen un buen día!

Un abuso tolerado
España es el único país del mundo donde se ha permitido el acoso desde la administración a la lengua más hablada
Luis Ventoso ABC 16 Febrero 2018

Oh sorpresa. España se despierta perpleja en este viernes 16 de febrero de 2018. Resulta que las sentencias sobre la enseñanza del español en Cataluña se incumplen sistemáticamente. Resulta que estudiar en uno de los dos idiomas oficiales allí, que además es el más hablado en la región, es imposible de facto por la sublevación sistemática de las autoridades nacionalistas contra la ley (una burla apoyada siempre por el PSC, por supuesto, pues a nacionalista no le van a ganar a Iceta, o antes a los hermanos Maragall). Resulta que descubrimos que los sucesivos inquilinos de La Moncloa se encogieron de hombros, pasaron de todo y se inhibieron olímpicamente ante la vulneración sistemática de la legalidad en las escuelas catalanas (incluido, por supuesto, Aznar, quien hoy tanto predica en sus lecciones magistrales). Tampoco hicieron nada el TC o la Fiscalía General del Estado ante el flagrante incumplimiento de la ley, que servía además para convertir las escuelas en fábricas de futuros independentistas. Un Estado rendido y acomplejado. Y es que hasta que llegó el golpe del 1-0 imperaba de facto este despreciable principio: a los nacionalistas catalanes ni tocarlos aunque pisoteen la normas; mejor mirar para otra parte; allí debe imperar la prudencia, no vaya a llegar “el choque de trenes”. Cuando se cede toda la cancha de juego al rival solo ocurre una cosas: pierdes. Así se fue escribiendo la historia del españolismo en Cataluña.

Ahora el Gobierno, agobiado electoralmente por la crecida de Ciudadanos, asoma la patita: tal vez apliquemos la ley aprovechando el 155, tal vez ofrezcamos la casilla para los catalanes que quieran que sus hijos tengan como lengua vehicular el español. Esa oferta no es más que hacer cumplir la ley. Es una perogrullada, lo mínimo que se puede hacer. Pero aun así es dudoso que al final se atrevan. Si lo hacen tendrán enfrente al PSOE de Sánchez, siempre pusilánime ante el nacionalismo –así le va en las urnas-, y tal vez habrá reticencias de Ciudadanos, partido de matriz catalana cuyas opiniones oscilan cada mañana al albur de la demoscopia.

España es el único país importante del mundo que ha permitido que las administraciones regionales acosen de facto en la escuela y en la calle el idioma más hablado en ellas. ¡Se ha permitido hasta que el dueño de un bar o una peluquería catalana no pueda poner su rótulo en español so pena de multa! Como comentaba hace unas semanas, vasco y gallego son sin duda tres tesoros de España (y por extensión del mundo). Pero vayamos con una verdad incómoda: al final, y pese al enorme y oneroso esfuerzo en su contra por parte de los gobiernos nacionalistas, la lengua más hablada en el País Vasco y Cataluña es el español. El Ejecutivo vasco, según publicó ABC en fecha reciente, se gasta 107 millones de euros anuales en fomentar el euskera. Niños que jamás lo hablan en el recreo ni en sus casas son escolarizados en ese idioma. ¿Ha funcionado tan abrumador programa de ingeniería social? Según el Clúster de Sociolingüística, centro de referencia sobre el uso social del euskera, en Bilbao, la mayor ciudad vasca, lo habla a diario el 2,5% de la población. En las calles bilbaínas se escuchan más los idiomas extranjeros (3%) que el vasco. ¿En qué hablan entonces los bilbaínos? Pues en lo mismo que los murcianos, en español.

Todo esto no supone despreciar el vasco, el gallego y el catalán, lenguas maravillosa, que por supuesto deben ser enseñadas en las escuelas, sino simplemente decir la verdad y respetar lo que nos separa de la jungla: las leyes y el sentido común.

Castellano en Cataluña, ahora y siempre
ABC 16 Febrero 2018

El Gobierno se está planteando incluir una casilla en la documentación para la próxima preinscripción escolar en Cataluña que permita a los padres de alumnos escoger la escolarización en lengua castellana para sus hijos. La medida está prevista desde 2014 en la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) y el Ejecutivo de Mariano Rajoy baraja impulsar la iniciativa al amparo de las competencias que en materia educativa le otorga la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Es decir, que un problema crónico -el de la imposibilidad real de muchos padres en Cataluña para matricular a sus hijos en castellano- encontraría una salida en virtud de la situación de excepcionalidad surgida tras la suspensión del Gobierno de la Generalitat a raíz de la proclamación unilateral de independencia.

Lo que viene a demostrar que durante mucho tiempo el derecho constitucional a recibir educación en castellano ha sido flagrantemente violentado por el nacionalismo catalán ante la pasividad de los poderes del Estado. Esa es la triste realidad. Que haya que haber esperado a que el Ejecutivo tomara las riendas de la Generalitat para acabar con una situación que supone un agravio y una discriminación lacerantes revela la gravedad del problema.

Bien está que se haga cumplir la ley en Cataluña, pero la pregunta que cabe hacerse es qué pasará cuando deje de estar en vigor el artículo 155 y las competencias en materia educativa vuelvan a manos de las formaciones separatistas. La respuesta debería ser sencilla: en adelante, el Gobierno debería garantizar el cumplimiento sin matices de la Constitución y velar porque se respeten y cumplan las decisiones de los tribunales de justicia. Y como -tristemente- no siempre ha sido así, la duda es cómo obligar al independentismo a cumplir la ley cuando cesen las medidas excepcionales. Porque lo que no puede ser es que miles de familias en Cataluña solo encuentren amparo en situaciones de anormalidad institucional

Un farol del Gobierno que sólo creará frustración
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓNelespanol 16 Febrero 2018

El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, ha amagado este jueves con la posibilidad de cambiar el modelo educativo en Cataluña e incorporar la casilla del castellano en las preinscripciones escolares. Inmediatamente el separatismo ha tocado a rebato para reactivar el Parlament, restituir el Govern y poner fin al 155.

Habrá quien aplauda la audacia del Ejecutivo por abrir el melón de la inmersión después de treinta años de apartheid lingüístico. Habrá quien ingenuamente celebre que, en el peor de los casos, este anuncio servirá para desbloquear la situación en Cataluña, dar puntilla política a Puigdemont y devolver la grey independentista al redil de la Constitución. Pero la realidad es que el Gobierno hace un brindis al sol sin reparar en las consecuencias políticas y emocionales.

Un farol y una frivolidad
En Cataluña se coacciona y margina a los castellanohablantes. Hace décadas que los padres no pueden elegir la lengua vehicular en la enseñanza, que las sentencias que obligan a respetar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos se convierten en papel mojado ante el rodillo nacionalista y que se adoctrina a los niños en los libros de texto y en la televisión pública.

El Gobierno no ha movido un dedo para corregir estas anomalías cuando tenía mayoría absoluta para hacerlo, así que divagar ahora sobre la posibilidad de incluir en los formularios de las matrículas la casilla del castellano sólo puede interpretarse como un farol y como una frivolidad. Primero porque la gran mayoría de los docentes defienden la inmersión y no se ha tocado el entramado que les da cobertura. Y segundo porque quienes reclaman el castellano en la escuela no van a querer señalarse públicamente en un momento de fractura social como el actual.

Sobreactuación independentista
Rajoy optó por aplicar un 155 exprés en su versión más light, así que ahora resulta muy poco creíble que esté dispuesto a convertir en vehicular el castellano ahora que los nacionalistas acaban de ganar las elecciones. El PP ni siquiera respaldó la iniciativa de Ciudadanos para crear un cuerpo específico contra el adoctrinamiento en la Alta Inspección.

Si de verdad Rajoy estuviera dispuesto a meterle mano a la inmersión no habría dejado el anuncio de una iniciativa de ese calado a un secretario de Estado. Los independentistas sobreactúan al interpretar las divagaciones de Marín como el inicio de la liquidación del modelo educativo catalán. Es decir, con su ligereza, el Gobierno sólo ha conseguido unir al separatismo y crear falsas expectativas en algunos padres que pronto se verán frustradas.

Dictadoras del lenguaje
OKDIARIO 16 Febrero 2018

La Real Academia Española, tan nombrada últimamente debido a la fútil expresión “portavozas”, califica una dictadura como “el régimen autoritario en cualquier ámbito que reprime las libertades individuales”, entre otras acepciones. Siempre está bien acudir a la institución que cuida del lenguaje, especialmente cuando se trata de precisar el campo semántico de la dictadura lingüística. El separatismo catalán ha conseguido que se expanda como una pandemia y sea utilizado por nacionalistas e independentistas para tratar de secuestrar la voluntad mayoritaria de varias comunidades autónomas. Es el caso de Navarra y Baleares, donde Uxue Barcos y Francina Armengol —sus respectivas presidentas— son un claro ejemplo. Ambas actúan como dos auténticas dictadoras del lenguaje para tratar de erradicar el español de esas regiones.

Tanto una como otra se desentienden de la realidad y desoyen el interés general de los ciudadanos para defender su verdad y la de sus socios de gobierno, que no es otra que el constante e incansable odio a España. Barcos se apoya en podemitas y proetarras para hacer de Navarra una colonia del País Vasco. Lo ha intentado de todas las maneras posibles: imponiendo la ikurriña, concediendo prebendas a los amigos de Otegi e incluso falseando los datos del uso del euskera para justificar el yugo educacional y propagandístico con el que intenta aplastar el español en la Comunidad Foral. Armengol, por su parte, no tiene nada que envidiarle cuando se trata de perseguir la lengua principal del Estado. Aliada con los nacionalistas radicales de Més, la presidenta balear trasciende el engaño en el que se escuda Barcos para llegar incluso a penalizar sin promoción ni posibilidad de traslado a los médicos que no consigan sacarse el título que acredite un sólido conocimiento de catalán. ¿Se puede permitir Pedro Sánchez comportamientos así en su partido?

Una medida que encuentra en el adoctrinamiento su fin real. Los datos objetivos suelen ser muy tozudos ante la demagogia. En este caso dejan dicha medida en evidencia: sólo cinco de las 7.000 quejas en la sanidad balear fueron por no atender en catalán. Lo que denota la persecución que se le hace al español también en Baleares. Lamentablemente, la estupidez, al igual que el universo, es infinita. El diputado de En Comù Podem Joan Mena ha exigido la comparecencia de Méndez de Vigo por querer que el español sea vehicular en Cataluña. Ver para creer, no cabe un esperpento más. Ante este tipo de dislates, resulta fundamental la unidad formal y efectiva de los partidos y asociaciones constitucionalistas. La estabilidad de España no puede estar a merced de advenedizos con este nivel.

La ley educativa bien vale el 155
EDITORIAL El Mundo 16 Febrero 2018

Lentamente, porque la realidad tarda en imponerse tras un fracaso traumático, el independentismo va asumiendo lo que todos los demócratas del país sabían desde antes del 21-D: que por mucho que en el bloque separatista ganase la lista encabezada por Carles Puigdemont, y por mucho que la suma con ERC y CUP arrojase mayoría absoluta, un prófugo de la Justicia jamás podría presidir la Generalitat. Porque ni las urnas lavan los delitos ni la voluntad de votantes impenitentes o engañados tuerce la letra de la ley, que en democracia es igual para todos. También para el hombre de Waterloo.

Primero fue Roger Torrent, que decidió no celebrar la investidura telemática expresamente suspendida por el Tribunal Constitucional, y después se ha negado a retorcer el reglamento para intentarla. Es decir, ha acatado la Constitución, a diferencia de su predecesora Carme Forcadell. Con ello indujo en Puigdemont aquel estado anímico de honda desmoralización que expresó por mensaje a Toni Comín. A partir de ese momento, la brecha entre ERC y Junts per Catalunya se ha ido agrandando hasta desembocar en el marasmo actual, en que buena parte del separatismo tiene interiorizado que Puigdemont no será investido pero nadie se atreve todavía a expresarlo en voz alta. Les atenaza el pavor a ser acusados de traición por la parte más fanatizada de su electorado. Cuando la facción más posibilista deslizó el nombre de Elsa Artadi, los portavoces oficiales se apresuraron a desmentir su candidatura. "Cataluña necesita un Govern estable dentro de la legalidad", afirma ya en público Marta Pascal. Una reclamación tan obvia aún causa escándalo en la conversación política catalana.

En paralelo a la encallada negociación política, el proceso judicial sigue su curso al objeto de clarificar las tácticas de «delincuencia organizada» que, según la Guardia Civil, urdió el golpe de septiembre y octubre. La investigación señala ya a la propia Artadi, lo que complica aún más la búsqueda de alternativas a Puigdemont.

Entretanto, Mariano Rajoy, tras reunirse en Moncloa con el presidente de Sociedad Civil Catalana, ha anunciado que estudia servirse del 155 para hacer que se cumpla la norma que contempla la matriculación en castellano. No hay nada que estudiar. Ya en el fallo sobre el Estatut de 2010, el TC señaló que el castellano debe "disfrutar de la condición de lengua vehicular". La vigente Ley de Educación de Cataluña estipula que se imparta al menos un 25% de horario lectivo en castellano. Nada de esto se ha cumplido jamás. Bien está que Rajoy reaccione ahora en asuntos lingüísticos. Lo lamentable es que dude tanto. Lo lamentable es que hasta ahora no haya aprovechado las posibilidades legales del 155 para estrenar de una vez el cumplimiento de las sentencias en materia educativa. Falta saber si los derechos de los castellanohablantes serán respetados pronto en Cataluña.

Rectificar el error escolar habido durante la Transición
José Javaloyes republica 16 Febrero 2018

Permite la activación del Artículo 155, entre otras muchas cosas, dotar de apoyos jurídico-políticos suficientes a la subsanación del error cometido durante la Transición en la materia crítica de la Enseñanza, al transferir a las Comunidades Autónomas capacidades inseparables de las competencias del Estado, cometidos inherentes a la tutela última de las referencias de fondo que articulan las claves diferenciales del ser nacional. Ninguna de estas claves tan clara como la del idioma de quienes lograron articular, fundar y construir la entidad nacional.

Prueba de ello, en nuestro caso, fue la sentencia del Tribunal Supremo de Cataluña sobre el Estatut, al referirse al rango de atención escolar sobre el castellano. Corresponde a éste la condición vehicular junto al Catalán, con un porcentaje del 25 % de las horas lectivas en las tareas escolares. Una proporción estimada como estrictamente indispensable. Otra cosa ha sido, en la práctica política posterior a 2010, año al que corresponde tal resolución del TS catalán, la desviación sistemática de tal criterio hermenéutico. Una praxis de desviación que explica hasta la saciedad la fermentación soberanista que en estas horas agita de forma crítica la normalidad política de Cataluña.

Por ello parece lo propio esperar que la puesta en juego del Artículo 15 se constituya en el marco de actuación preferente para embridar la réplica al presente estado de cosas. La escuela en Cataluña, como campo cedido a la base del soberanismo, habría de tener los días contados. No debe permanecer como origen último del “Procés”.

Ellos solos se delatan
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 16 Febrero 2018

La única ventaja de llevar cuarenta años pagando a los separatistas de toda laya y condición el impuesto revolucionario que los Gobiernos han inscrito en los Presupuestos es que están muy mal acostumbrados y cuando alguien critica o amenaza sus privilegios, se ponen como fieras, y atacando disparatadamente al crítico, se delatan. Los últimos en demostrarlo han sido el portavoz del PNV y la nota de prensa de Roures, al que la Guardia Civil ha señalado -no son ciegos- como clave del golpe de Estado en Cataluña.

Ortúzar había dicho: "El mayor problema que tiene la política española es de color naranja y se llama Ciudadanos" (...) ¿Para esa España que hay que construir entre todos y que hay que hacerla de forma participada, es bueno gente tan talibán como esta para dirigirla? Yo creo que no". Y Rivera replicó: "Los de Sabino Arana y los del cuponazo vasco dicen que el mayor problema de España es Ciudadanos. Para mí, el problema es el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas".

Que Rivera no exagera lo muestra el proyecto adelantado por EL MUNDO de un nuevo estatuto de autonomía para el País Vasco pergeñado por el PNV y que contaría, sin duda, con el respaldo de bildutarras y podemitarras. En el texto destaca el derecho vasco a decidir la destrucción de España. Pero como el PNV es el socio favorito del Gobierno del PP, ayer, el Diario Independiente de la Mañana pero Dependiente de Soraya cambió el orden de agresión y defensa y tituló: Ciudadanos extiende su batalla al PNV, cuando era el PNV el que había declarado la guerra.

Designar como socio deseable del Gobierno al partido de Arana es tradición cebrianita: entre el pupilo de todas las Moncloas y Mr. X se cargaron el acuerdo PP-PSOE en el País Vasco: "No te equivoques de enemigo, Nicolás", dijo González en un mitin. Y el artículo de CebriánEl discurso del método, precisó: "Con el PNV, mal que bien, íbamos tirando". La que tiraba -a matar- era la ETA, mientras el PNV recogía las ensangrentadas nueces. Pero entre los dos acabaron con Redondo Terreros y la resistencia cívica al separatismo. Dos partidos difuntos -PP y PSOE- son el resultado.

Lo de Roures es más simple: la nota de ayer explica el alcance de su actividad golpista, nacional e internacional. Al juez Llarena le da el trabajo hecho.

Peligra la inmersión, tiembla la patria
Onda expansiva del amago de un 155 escolar. La prensa soberanista pone el grito en el cielo por el anuncio de tanteo de incluir una casilla con la opción del castellano en la preinscripción
Pablo Planas cronicaglobal 16 Febrero 2018

"Educación aún duda si aplicar la ley sobre el español en las escuelas catalanas" es la versión de El Mundo. En El País, el Gobierno "planea poner fin a la educación sólo en catalán". La falta de acuerdo entre los soberanistas, la humorada belga de Puigdemont, ese prurito del expresidente en la ingle del cargo, el yo o yo del pastelero desatado cierne sobre el sistema de la inmersión la sombra de una refutación. El 155 afilado podría determinar que aparezca la casilla del castellano al lado de la del catalán (o incluso debajo) en los papeles de la preinscripción escolar. El horror, un puro sacrilegio desde la perspectiva de los talibanes de Ensenyament, esos hombres y mujeres entregados al desasne de la canalla y la introducción de los deficientes en las armónicas reglas de Pompeu Fabra, no Farra, como dicen los estudiantes.

La brigada de opinión de La Vanguardia ya está en pie de guerra, prestos y dispuestos sus miembros a defender la exclusividad del catalán en la educación. Antes muertos que aceptar el más leve conato de bilingüismo. Les escoles seran sempre nostres i per un país de tots, l’escola només en català. Los carteles en las puertas de los centros no han decaído con el 155. Francesc Marc Álvaro toca a rebato en el diario godosino. El enemigo acecha y el gran periodista, profesor y gurú del proceso titula "Vida bajo el 155", ese yugo: "El mismo día que trasciende que el Gobierno estudia si modifica (gracias al 155) las normas de matriculación de los escolares para hacer posible que los padres que quieran eludan la escolarización en catalán empiezan a salir artículos que afirman rotunda y solemnemente que la inmersión lingüística debe ser eliminada por la vía de la reforma constitucional. ¿La razón? Según el gurú de turno, esa es la manera de desactivar el independentismo. Que el análisis del sociólogo de trinchera esté repleto de falsedades, errores y tópicos rancios no tiene importancia: la parroquia del “¡a por ellos!” aplaude con entusiasmo. Y la amenaza se extiende fácilmente, aunque el secretario de Estado del ramo ha remarcado que no hay, de momento, ninguna decisión".

Alude el opinador al magnífico texto del sociólogo por Harvard José Luis Álvarez, una pieza publicada el jueves en El País que aboga por eliminar la inmersión para evitar que la escuela en Cataluña siga consagrada a la formación de patriotas.

En El Nacional, José Antich alerta de las consecuencias colaterales de la intentona bilingüe y pide calma: "Dudo mucho de que se llegue a producir ya que por aquellas fechas (la preinscripción) estoy convencido de que ya habrá Govern en Catalunya y, aunque el 155 continúe en parte vigente, la comunidad educativa no permitirá una astracanada como esta. Aunque Ciudadanos nació, fundamentalmente, para tumbar el modelo educativo catalán y su discurso ha contagiado y acomplejado al PP y parcialmente al PSC, no hay nada como la defensa de la lengua propia que aglutine a sectores más diversos de la sociedad catalana. Hasta el extremo de que cualquier ataque que pueda producirse acabaría siendo un bumerán para quien lo llevara a cabo".

Si es por eso, el Gobierno mariano es especialista en tiros en los pies.
Destaca en El Periódico la nota de Francina Martí titulada "Ataque al corazón de la escuela", desgarrador relato de cómo el Gobierno malayo se quiere cargar la paz catalana: "Sería un ataque directo a la concepción del país que hacemos y queremos hacer desde la escuela: un país que queremos cohesionado, donde todo el mundo se exprese en la lengua que quiera, y que tenga competencias lingüísticas plenas en las dos lenguas oficiales". O sea, que la lengua de culto sea el catalán y el español, la de esnifar pegamento.

Cerrada defensa del bloque digital soberanista al modelo de la inmersión, que es un dogma sagrado, esencia y sustancia del sistema "un sol poble". El cedazo lingüístico lleva en vigor casi cuarenta años. La interpretación más ponderada es que el amago de maniobra desencallará un acuerdo indepe. Así titula Nació Digital: "L'amenaça del 155 sobre la inmersió urgeix a l'independentisme a entendre's". Chatos, está claro. O acuerdo sin Puigdemont o artículo en las escuelas. Depende del fugado.

Las deposiciones ante los tribunales siguen dando juego. Carles Viver Pi-Sunyer dijo ante el juez del 13, Ramírez Sunyer, que él sólo era un técnico, que nadie le consultaba nada y que la Transición Nacional era papel mojado, una leyenda. Otro gran jurista, Santiago Vidal, aseguró en la misma instancia que "trasladé a los mítines una realidad que no existía". De hecho, Vidal ya habría presentado su solicitud de reingreso en la carrera judicial puesto que el próximo mes se cumplen los tres años de inhabilitación que le cayeron por redactar la "Constitució" en horas perdidas.

Nadie hizo nada ni hubo jamás un comité estratégico del referéndum. El propio Roures, a quien retratan en El País como alegre votante de la CUP, es una víctima de los infundios, del Estado tricornio. Miquel Gimeno también le hace un traje a medida al magnate comunista en Voz Populi: Las personas como Roures, que se ríen de la policía, desprecian la justicia, creen tener todos los derechos y ninguna obligación y se pavonean creyéndose terribles revolucionarios son el paradigma del momento presente. Su capacidad de generar pensamiento es nula, su empatía con la gente, cero".

16 de febrero, santoral: Juliana de Nicodemia y san Maruta.

Las leyes de la política
Rosa Cuervas-Mons gaceta.es 16 Febrero 2018

No hay mejor forma de medir el alcance de un gesto político que ver la reacción de la oposición…

No hay mejor forma de medir el alcance de un gesto político que ver la reacción de la oposición. Y no hay mejor forma, al parecer, de obligar a moverse a una formación política que ponerle cerca a un enemigo que le haga sombra. Y de esos dos fenómenos de las leyes de la política hablaremos hoy.

El presidente del Gobierno -y en virtud del 155 presidente, también, de Cataluña- anuncia que estudia incluir en el formulario de matriculación escolar una casilla para que los padres puedan elegir como lengua vehicular el castellano. El castellano, ese idioma que todo español tiene el deber de conocer y el derecho a usar, según nuestra querida y respetada Constitución.

Bien. Pues la medida parece provocar un sarpullido en el separatismo, acostumbrado a 40 años de campar a sus anchas y de relegar el castellano -y con él a la ley- al rincón del olvido. La reivindicación planteada por el sindicato de profesores AMES (Acción para la mejora de la enseñanza Secundaria) al Gobierno es sencilla: “Que en el modelo de preinscripción se introduzca una casilla de opción lingüística, para que los padres, madres o tutores legales puedan indicar si quieren que su hijo o hija curse sus estudios utilizando también el castellano como lengua vehicular”. Pero, ya decimos, para el separatismo la petición es algo así como mentar al diablo. Conclusión del experimento: si molesta al independentismo radical es que es bueno… para el resto de españoles.

Vamos con la segunda parte del estudio, la de comprobar cómo un cuerpo político reacciona a la fuerza de otro de similar tamaño: llevamos décadas de cesiones al nacionalismo; asistimos desde hace lustros al adoctrinamiento de cientos de miles de escolares en las aulas catalanas y a la contaminación de las mentes desde estandartes como TV3. Pero para el ministro de Educación, Méndez de Vigo, todo esto parecía no ser suficiente. “No hay adoctrinamiento en las escuelas catalanas”, nos decían desde el PP.

Entonces llega Ciudadanos. Barre al PP en las elecciones catalanas, amenaza con erigirse en fuerza principal en las nacionales y aprieta las tuercas al partido de Rajoy con la cuestión de la corrupción… y, ¡tachááááán!, se obra el milagro: la pesada maquinaria del PP se mueve. “Esta casilla es una obligación de la Generalitat, anterior a la aplicación del artículo 155, por lo que no debería ser una noticia ni una excepción, es la norma”, decían los populares tras el anuncio de la medida de Rajoy. Pues eso, almas de cántaro, pues eso… Si no debería ser noticia, si de lo único que se trata es de aplicar la ley… ¿no valdría la pena haberlo hecho antes? ¿No nos habríamos evitado algún llanto y rechinar de dientes?

En todo caso, y como dice el sabio refranero español: más vale tarde que nunca. Si el próximo curso los padres que así lo deseen pueden escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña, habremos ganado una batalla. Está por ver si la maniobra causa efecto alguno en la particular guerra que libran los de azul y los de naranja.
Presunción de santidad

Para terminar, y antes de sumergirnos en este viernes de frío y Consejo de Ministros, les dejamos un avance del tema que firma hoy Carlos Esteban. ‘Las ONGS y la peligrosa presunción de santidad’: “Es una ley implacable de la historia que cuanto más poderosa y rica es una organización, más probable es que en ella medren los abusos de poder y la ambición de todo, y nuestra época ha hecho aún más fácil que las ONGs -lo que antes se llamaba ‘instituciones de beneficencia’- escapen del escrutinio público por una muy extendida ‘presunción de santidad”. Pero, ya lo saben, casi nunca las cosas son los que parecen.

El Gobierno estudia usar el 155 para convertir el castellano en lengua vehicular en Cataluña
Educación baraja que los padres puedan elegir el español como lengua vehicular el próximo curso.
Belén Tobalina. Madrid. larazon 16 Febrero 2018

Educación está analizando si, en aplicación del art. 155, le corresponde al Gobierno encargarse de la matrícula en colegios e institutos de Cataluña. Así lo manifestó ayer el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín. No es un tema menor. De corresponderle, el Gobierno podría incluir una casilla en la preinscripción para que los padres puedan elegir si quieren que sus hijos estudien en castellano en Cataluña. «Somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos alguna decisión», afirmó Marín. Pero primero, «tenemos que saber si esto nos corresponde», añadió. La iniciativa parte de una propuesta en Change.org para reclamar que «el castellano también se pueda elegir como lengua vehicular en la enseñanza». El sindicato de profesores Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES) es uno de los promotores, junto con la Asociación de Profesores por el Bilingüismo (APB) y la Asociación por la Tolerancia (AT). En sólo un día la petición ya tenía más de 5.000 firmas.

Antes de dicha iniciativa, el presidente de AMES, Antonio Jimeno, había enviado una misiva dirigida al ministro de Educación, y otra a la Consejería de Educación en la que recordaba que, «según el derecho de opción lingüística» de la Lomce, «los padres tienen derecho a que sus hijos dispongan de una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable». Para acto seguido pedir que, «antes de iniciarse el periodo de preinscripción del curso 2018/2019, establezcan la oferta pública de centros donde los alumnos podrán cursar sus estudios utilizando también el castellano como lengua vehicular». Aunque tal y como explicó Jimeno a este periódico, nadie del ministerio le respondió ni se puso en contacto con ellos, la solicitud no ha caído en saco roto. «Somos sensibles con el problema y estamos en ello. Pronto lo anunciaremos, pero quedan todavía unas semanas (para abrir el periodo de inscripción)», concluyó Marín.

No es un asunto baladí. «A los alumnos les es más fácil aprender si estudian en su lengua materna. En Cataluña, como tenemos dos lenguas, es conveniente que el alumno domine las dos lenguas por igual. El sistema de inmersión perjudica muchísimo a la mitad de estudiantes porque todas las materias –menos Lengua Castellana– las reciben en una lengua que no es la suya».

«Hace años que la Generalitat no cumple con la Ley de Educación. Y a pesar de las sentencias no pasa nada. El Ministerio tiene la obligación de cumplir la Ley. Es su obligación, si no estaría prevaricando. Máxime con el artículo 155 en vigor».

El Gobierno estudia recurrir al 155 para proteger el castellano en los colegios catalanes
El Ejecutivo quiere recuperar la casilla del castellano, un requisito que la Generalitat ha incumplido hasta ahora
Àlex GubernÀlex Gubern ABC 16 Febrero 2018

Hacer cumplir la ley, ni más ni menos. El Gobierno anunció ayer jueves su disposición a incluir en la hoja de preinscripción para el próximo curso en las escuelas catalanas la casilla obligatoria con la que los padres tendrían que poder escoger de manera fácil la lengua de la primera enseñanza de sus hijos. Aunque la inclusión de la casilla es obligatoria desde la aprobación de la Lomce, la Generalitat de Cataluña ha incumplido la ley de manera sistemática desde 2005, desoyendo también la catarata de sentencias judiciales -al menos una docena de fallos del TSJC y del Tribunal Supremo- que le instan a ello.

No obstante, la insumisión histórica de la Generalitat en materia lingüística se produce ahora en un contexto político totalmente distinto tras la intervención de la administración autonómica con el artículo 155. «Somos sensibles con el problema y estamos en ello. Pronto lo anunciaremos, pero quedan todavía unas semanas para abrir el periodo de matriculación», anunció ayer en los pasillos del Congreso el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, que aclaró que se estudia también si la vía del 155 lo permite. En medios políticos también se interpretó el anuncio como una sutil manera, o nada sutil según se mire, de presionar a los partidos independentistas par formar ya gobierno dentro de la ley si no quieren que el 155 comience a traducirse en cambios reales en Cataluña.

En cualquier caso, y en la reunión que mantuvo en Madrid con Sociedad Civil Catalana (SCC), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó que la introducción de la casilla, una reivindicación histórica de las asociaciones a favor del bilingüismo, está sobre la mesa del Ministerio de Educación. Frente al aplauso de estas entidades, la reacción de los defensores de la inmersión -partidos, sindicatos, y hasta la alcaldesa Ada Colau- fue absolutamente beligerante ante lo que calificaron de intento de acabar con el «modelo educativo catalán».

Convivencia Cívica Catalana
En realidad, y aunque la medida puede ser un primer paso, la introducción de la casilla no acabaría ni mucho menos con la preponderancia del catalán en los centros. Ahora, si los padres quieren que su hijo estudie en castellano, la Generalitat se limita a proporcionar atención individualizada al alumno y siempre que previamente sus progenitores lo hayan solicitado presencialmente a la dirección de cada colegio. Esa petición vuelve luego a la consejería. Las familias no tienen otra opción que realizar ese peregrinaje, pese a las sentencias firmes que obligan a escolarizar totalmente en castellano durante los primeros años de enseñanza a todos los alumnos que lo soliciten. Por lo que respeta a la etapa de Educación Primaria, las sentencias marcan que el alumno que pida más castellano reciba al menos un 25% de las clases en esa lengua pero no de forma individualizada sino junto a sus compañeros de aula. Lo farragoso de los trámites, y el miedo a ser señalado disuaden a muchos padres de solicitarlo, algo que la introducción de la citada casilla pretende facilitaría.

Entidades como Convivencia Cívica Catalana llevan años reivindicándolo y, de manera más reciente, el sindicato de profesores AMES (Acción para la mejora de la enseñanza Secundaria) envió el pasado 2 de febrero sendas cartas al ministerio y a la consejería de Educación reclamando que se recupere el castellano como lengua vehicular en las escuelas. En declaraciones a ABC, el presidente de AMES, Antonio Jimeno celebró el anuncio del Gobierno: «Es un paso adelante después de muchos años, pero falta ver cómo se concreta este anuncio». En sentido contrario, y también en declaraciones a este diario, Manel Pulido, responsable de Enseñanza de CC.OO en Cataluña, dudó de la «capacidad legal» del Gobierno para adoptar esta decisión, y anunció, como otros sindicatos y partidos, su intención de combatirlo en todos los frentes.

El derecho de los padres a escoger la lengua de escolarización de sus hijos vuelve a estar encima de la mesa. La Cataluña del 155 se replantea el dogma de la inmersión.
Educación pide ayuda a la Academia de Historia

Además de plantear la posibilidad de introducir la casilla lingüística en la preinscripción, desde el Ministerio de Educación se anunció ayer la ampliación a Primaria, no solo a secundaria, del informe sobre posible adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña. Para dicho informe se ha pedido ayuda a la Real Academia de Historia, lo que explica el retraso en su publicación. «Hay que hacerse con todos los textos, estudiarlos y ponerlos en común», apuntó el secretario de Estado de Educació. El informe oficial sobre adoctrinamiento se suma a los dos ya presentados por el sindicato Ames.

La polémica desgasta su posición negociadora
La 'casilla del castellano', el último ariete para forzar la retirada de Puigdemont
Con una clase política abonada al victimismo, nada han tardado ni Puigdemont ni el resto de políticos catalanes a lanzarse contra el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo
Marcos Lamelas. Barcelona elconfidencial 16 Febrero 2018

Una hipotética casilla en los formularios de preinscripción de los colegios en la que los padres podrían escoger el castellano como lengua vehicular en la escolarización de sus hijos se ha convertido en el último ariete para forzar la retirada de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. La polémica, que tiene mucho de artificial, debilita la posición negociadora de JxCAT y refuerza la de ERC. Está por ver si el Gobierno de Mariano Rajoy sería capaz de implementar esta medida por la vía de su control de la Generalitat a través del artículo 155.

Con una clase política abonada al victimismo, nada han tardado ni Puigdemont ni el resto de políticos catalanes en lanzarse en tromba contra el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo. De las críticas del colonialismo a las de intromisión intolerable. Como siempre, la precipitación no es buena consejera porque al primero que no beneficia el debate es al propio Puigdemont. Si tan nefasta es la casilla del castellano, la solución parece fácil: retirarse y permitir una presidencia efectiva de la Generalitat que levante el 155. Así que, de manera insospechada, los intereses de ERC y los PP convergen de manera mágica. O de un modo no tan mágico: los de Mariano Rajoy acabarán haciéndole el trabajo sucio a los de Oriol Junqueras.

La casilla del castellano pone de relieve varias cosas: problemas de la educación en Cataluña, como que los padres que desean que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos no pueden hacerlo. Eso antes era una cuestión que se solventaba con micropolíticas, algo imposible de hacer en el marco del 155. Es significativo el silencio de la conselleria de Ensenyament en este tema, pese a que la mayoría de directores generales que nombró la anterior Generalitat siguen en su cargo y cobrando de las arcas públicas.

Otro de los problemas que resalta es cómo el separatismo está destruyendo todos los logros de la Transición en Cataluña, como el pacto de todas las fuerzas políticas en las que la educación en catalán era un instrumento de integración social, que facilitaba que las clases más desfavorecidas, castellanoparlantes, pudiesen prosperar en condiciones de igualdad con las más pudientes, catalanoparlantes.

Dilema en Bélgica
Ahora, de repente, el dilema se traslada a Bruselas. Si Puigdemont no se retira, será el culpable de que se haya impuesto la casilla, a la que según la Constitución tienen derecho todos los padres. Está acompañado además, de la anterior consellera de Ensenyament, Clara Ponsatí, quien apenas estuvo dos meses y que no desplegó ninguna política educativa, más allá de que los colegios abriesen para el referéndum del 1 de octubre.

La polémica es falsa por varias cosas. Con el actual calendario de preinscripciones casi no hay tiempo material para establecer este cambio, algo que reconocen de puertas para adentro los funcionarios del departamento de Ensenyament.

Pero el Gobierno de Rajoy tendría vías para seguir con su proyecto si es algo más que un globo sonda para desestabilizar a Puigdemont. Podría ampliar el plazo de las preinscripciones que acaba en marzo. Aún así, eso convertiría la casilla en algo parecido a una manifestación a favor de España en plena plaza Cataluña. Si miles de padres que votan a Cs en Cataluña marcasen la casilla por una cuestión de militancia política más que de problema académico… ¿cuántos profesores harían falta para aplicar la medida? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Cómo los contrataría una Generalitat con presupuestos prorrogados y a la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene sujeta al mayor de los rigores fiscales? ¿O el Gobierno implementaría la casilla del castellano, pero aparcaría las políticas reales para llevar a cabo estas políticas educativas? ¿Objetarían los profesores independentistas, un colectivo muy numeroso y que, por ejemplo, fue clave para abrir los colegios el 1 de octubre, para no cumplir las órdenes de Madrid? ¿Se segregarían los niños en la escuela por las opciones políticas de sus padres?

Política-ficción
Como en los últimos meses, se trata más que nada de política ficción. Gestos, declaraciones, reacciones huecas alejadas de cualquier problema real de los ciudadanos y de políticas administrativas con algún grado de efectividad. La medida de la casilla del castellano se parece mucho a un mundo distópico que llevaría directo al infierno social. Si en Moncloa se piensa que Puigdemont puede retirarse por eso, es que han olvidado uno de los principios de su candidatura y de todas sus tácticas negociadoras: cuanto peor, mejor.

Sociedad Civil Catalana convoca una gran manifestación el 25 de febrero con Tabarnia
El presidente del Gobierno confirma que Educación decidirá sobre el uso del castellano en las aulas catalanas
Mariano Calleja ABC 16 Febrero 2018

Los dirigentes de Sociedad Civil Catalana se han reunido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa, y le han transmitido su intención de convocar una gran manifestación el día 25 en Barcelona, que confluirá con Tabarnia el mismo día y a la misma hora. El objetivo de la marcha será exigir a los independentistas la formación de un Gobierno dentro de la ley lo antes posible.

El presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, acompañado por los vicepresidentes de la entidad, Miriam Tey, Álex Ramos y Óscar Uceda, se han reunido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa. En la reunión han participado también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el jefe de gabinete del presidente, José Luis Ayllón. La reunión ha durado cerca de una hora y cuarenta minutos, más de lo esperado.

«Nuestros objetivos son desarrollar un escenario de convivencia y concordia, para recomponer la fractura social a la que nos ha llevado el independentismo», ha explicado el presidente de la asociación.

Los partidos independentistas no se ponen de acuerdo, ha recordado, y la asociación ha exigido que vuelvan a la realidad y se hagan cargo de las instituciones catalanas, dentro de la ley. Para ello, ha convocado una manifestación el día 25, para exigir un Gobierno para todos los catalanes. Ese mismo día, se ha convocado una marcha a favor de Tabarnia.

«Hemos hablado con la plataforma de Tabarnia, y hemos coordinado con ellos para hacer una gran confluencia con ellos», ha señalado. «Es necesario e imprescindible para empezar a restañar heridas económicas que sufre Cataluña y todos los catalanes, sean independentistas o no», ha señalado el presidente.

El jefe del Ejecutivo ha confirmado a Sociedad Civil Catalana que el Ministerio de Educación tomará una decisión sobre la matrícula en los colegios e institutos catalanes y el uso del castellano en sus aulas. Rosiñol ha explicado que la matriculación en castellano es una opción que ya está recogida en la ley de Educación de Cataluña y que hasta ahora se estaba incumpliendo.

La Educación en Cataluña, el arma del PP en su lucha contra Ciudadanos
La Gaceta  16 Febrero 2018

Tras cuarenta años de concesiones de los Gobiernos centrales a Cataluña, de alimentar al nacionalismo a base de millones y competencias, la situación parece haberse vuelto irreversible.

La Educación es el principal pilar sobre el que se sustenta el separatismo catalán. Sin su control absoluto -servido en bandeja por gobiernos socialistas y populares- la situación actual podría ser bien distinta. El Ejecutivo de Rajoy tuvo la oportunidad hace unos meses con la aplicación del 155 de intentar poner algún parche al problema. Pero Moncloa desechó la posibilidad.

Hoy, el simple anuncio de cumplir la ley ha enfurecido al independentismo. Este jueves el Gobierno abrió la puerta a que en la matriculación del próximo curso escolar en la región se incluya una casilla en la que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos. Fuentes del Ejecutivo han explicado a EFE esta casilla es una “obligación de la Generalitat, anterior a la aplicación del artículo 155”, por lo que no debería ser una noticia ni una excepción, “es la norma”.

Pero esta medida sí se ha convertido en noticia y excepción porque Cataluña se ha erigido en un auténtico oasis dentro de la legalidad, donde la norma parece haber pasado a ser algo voluntario y no imperativo.

La reivindicación planteada por el sindicato de profesores AMES (Acción para la mejora de la enseñanza Secundaria) al Gobierno es el siguiente: “Que en el modelo de preinscripción se introduzca una casilla de opción lingüística, para que los padres, madres o tutores legales puedan indicar si quieren que su hijo o hija curse sus estudios utilizando también el castellano como lengua vehicular”. Lo grave del asunto es que esto no se estuviese cumpliendo hasta la fecha, como sí ocurre en otras regiones como el País Vasco.

El separatismo se rebela
Y como durante cuarenta años absolutamente nadie ha decidido intervenir, el mero hecho de querer cumplir la ley ha enfurecido al independentismo y sus socios. Estas son algunas de las declaraciones que han seguido al planteamiento -que no decisión- del Ejecutivo:

-“El Gobierno no tiene legitimidad para cambiar el modelo educativo catalán’’. Jordi Xuclá, coordinador de senadores y diputados del PDeCAT.

-“Si el PP, el Gobierno del estado español, decide a través del 155 cargarse el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, para nosotros es una demostración no solo de mala fe, sino de querer hacer daño a Cataluña y a la mayoría de sus ciudadanos”. Teresa Jordá, diputada de ERC.

-“Lo que buscan es recuperar aquella vieja idea de españolizar a los alumnos catalanes aprovechando la suspensión democrática y de nuestras instituciones que ellos mismos aplicaron con el golpe de estado en forma de artículo 155”, Óscar Escuder, presidente de la Plataforma por la Lengua.

–El portavoz del sindicato USTEC, Ramon Font, la central mayoritaria entre los docentes de Cataluña, ha advertido que no descartan nada para detener “el ataque” a la inmersión lingüística en Cataluña.

-“No dejaremos que nadie nos toque nuestro modelo educativo y nuestra apuesta por el catalán como lengua vehicular”. Ada Colau, aldaldesa de Barcelona.

-“El PSC nunca ha sido partidario de segregar niños por razones de lengua”. Meritxell Batet, diputada del PSOE.

Proponer o abrir la puerta a una medida que modifique una coma el modelo de inmersión lingüística supone acabar con el denunciado ‘apartheid lingüístico’, fuente de la que bebe el secesionismo para engrosar sus bases. Pese a las continuas sentencias judiciales, los colegios y las autoridades educativas catalanas se niegan a impartir un modelo educativo con el castellano como lengua vehicular.

¿Por qué el PP se lanza ahora a proponer esta medida?
El editor de La Gaceta, Julio Ariza, explica en su último editorial multimedia que la estrategia popular respondería a su afán por frenar la expansión de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera le está comiendo la tostada a Rajoy, y no sólo en Cataluña -donde el PP está ya en el grupo mixto-, sino a nivel estatal.

Cuando hace unos meses Ciudadanos lanzó una batería de medidas contra el adoctrinamiento en las aulas, el Partido Popular reaccionó en contra. Es más, el ministro de Educación llegó a decir que dicho fenómeno no se daba en las aulas de la región. Este periódico tuvo que hacer un artículo para refrescarle la memoria.

Y ahora, cuando las encuestas ya dan a la formación naranja como primera en intención de voto, el Gobierno ha intensificado tanto sus inversiones en Cataluña como las medidas demandadas por su electorado. Ahora, cuando Ciudadanos está redactando una proposición de ley para que las lenguas cooficiales sean contempladas como mérito y no como requisito en el acceso al funcionariado, el Gobierno responde con la mentada casilla para garantizar el castellano en las aulas.

Los naranjas están rentabilizando en mayor medida la aplicación del artículo 155, y eso no gusta al Partido Popular. Por ello, la Educación en Cataluña parece haberse convertido en el principal arma de Rajoy para derribar a Rivera.

La casilla para estudiar en castellano pone de los nervios al independentismo
M. Blasco esdiario 16 Febrero 2018

El Gobierno está estudiando incluirla en la preinscripción para el curso 2018-2019 en los centros públicos catalanes al amparo del artículo 155, lo que ha causado un terremoto en Cataluña.

El Gobierno está pensándose incluir en la preinscripción para el curso 2018-2019 en los colegios e institutos públicos catalanes una casilla que dé opción a elegir el castellano como lengua vehicular.

Así lo ha confirmado este jueves el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, en una rueda de prensa y después el propio Mariano Rajoy al presidente de Societat Civil Catalana durante un encuentro en La Moncloa.

En vista de que el independentismo no tiene prisa por elegir un presidente que no esté huido de la Justicia como lo está Carles Puigdemont y por tanto por levantar el artículo 155, el Gobierno central sigue decidiendo sobre Cataluña.

"El Gobierno, con el 155, va a cumplir con su obligación de servir a los catalanes", en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría.

Y entre esas decisiones el Ministerio de Educación ha de abordar la preinscripción y matrícula para el próximo curso.

Hasta cinco colectivos, empezando por Ames (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari), le han pedido al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que aprovechando que a día de hoy él es conseller de Educación ponga esa casilla "en coherencia con la Lomce".

De momento fuentes del Ministerio consultadas por ESdiario subrayan que no hay decisión tomada al respecto y que acaban de empezar a trabajar en ello, puesto que la preinscripción no empieza hasta finales de marzo o principios de abril. Pero lógicamente si el 155 sigue en vigor, el Gobierno tendrá que tomar una decisión.

No es un asunto baladí puesto que el adoctrinamiento en los centros catalanes y la marginación del castellano han sido dos de los grandes caballos de batalla de Ciudadanos y el PP. Pero a la hora de la verdad está por ver qué hará Mariano Rajoy.

Por lo pronto el solo anuncio de que se lo está pensando ha soliviantado al independentismo y, por extensión, a los socios de Pablo Iglesias. El diputado de En Común Podemos Joan Mena ha acusado al Gobierno de querer dinamitar la "convivencia lingüística" en Cataluña.

El del PDeCAT Jordi Xuclà ha aseverado que el Gobierno no tiene "legitimidad para cambiar el modelo de enseñanza".

Dictadura lingüistica
Sólo 5 de las 7.000 quejas por la Sanidad en Baleares fueron por no atender en catalán
Raquel Tejero okdiario 16 Febrero 2018

El Gobierno socialista de Baleares penalizará sin promoción y sin posibilidad de traslado a los médicos que no consigan sacarse el título que acredite el conocimiento de catalán. Una medida que choca con los últimos datos de las quejas de los usuarios de la Sanidad balear: sólo 5 de los 7.000 reproches fueron por no ser atendidos en catalán.

Según los planes del Govern balear, los candidatos que aspiren a conseguir una plaza fija en la sanidad deben, sin excepción, poseer un certificado que acredite que pueden hablar catalán. Una medida drástica que ha provocado el enfrentamiento de muchas asociaciones contra los dirigentes socialistas y los promotores de la medida.

Las necesidades de los ciudadanos parecen ser muy distintas a las que plantean quienes apuestan por la catalanización: las quejas en el ámbito sanitario sobre este asunto se resumen en un porcentaje ínfimo: un 0,07% del total.

Los ocho gerentes de los hospitales públicos de Baleares hicieron pública una carta oponiéndose al decreto por las graves consecuencias que iba a tener para la gestión sanitaria de las islas la obligatoriedad del conocimiento del catalán.

La medida deja cifras espeluznantes: 340 médicos interinos no tienen el título. Lo mismo ocurre con más de 3.500 enfermeros y 1.000 auxiliares de enfermería, por lo que podría producirse una desbancada general.

El caso de la neuropediatra de Ibiza
El caso más sonado se ha registrado en Ibiza, que dejará de contar con los servicios de su única neuropediatra, Ileana Antón, que trabaja en el Hospital de Can Misses.

“Soy interina y la única neuropediatra que hay en Ibiza. Va a haber oposiciones y sin catalán no puedo presentarme al examen”, afirmaba Antón en una entrevista concedida al Periódico de Ibiza.

Esta pediatra, originaria de Argentina, lleva residiendo en Ibiza desde hace cuatro años. A pesar de entender y tener conocimientos de catalán, no tiene el título que lo acredite, por lo que el decreto aprobado la empuja a perder su puesto de trabajo en el Hospital.

No sólo la oposición se ha mostrado contraria al decreto. Cerca de 2.000 personas se manifestaron el pasado mes de diciembre en Menorca para rechazar la medida impulsada por la consellera de Sanidad, Patricia Gómez.

Decenas de médicos y enfermeros anunciaron que abandonarán las Islas ante esta imposición.

La manifestación fue impulsada por la plataforma “Mos movem”, liderada por la diseñadora Úrsula Mascaró, cuya firma de calzado es una de las mayores empresas de la isla.

No solo en la sanidad
Después de siete años ejerciendo en las brigadas de extinción de incendios forestales, el Institut Balear de la Natura (Ibanat) dejó en paro a un bombero.

Amorós inició una huelga de hambre frente a la Consejería de Medio Ambiente de las Islas Baleares. Con ello sostenía que era uno de los candidatos con más experiencia de los que se han presentado a las 11 plazas convocadas.

La dictadura del catalán arrasa con aquello profesionales que, la mayoría por motivos de procedencia, no cuentan con el conocimiento de esta lengua.

EN BALEARES
Nace Actúa, un partido contra la imposición nacionalista del tripartito de Armengol
Cristina Seguí okdiario 16 Febrero 2018

El auditorio de Palma de Mallorca ha recogido esta mañana la presentación del nuevo partido político ACTÚA, el proyecto capitaneado por Jorge Campos, abogado y ex presidente del Círculo Balear, y Malena Contestí, abogada e hija de Miguel Contestí, ex presidente del RCD Mallorca.

El partido ha anunciado que su intención es presentar candidaturas allí donde ya cuentan con equipos de trabajo. En Mallorca: Palma, Calvià, Lluchmajor, Marratxí, Inca, Manacor y Alcudia. En Menorca. Y en Ibiza y Formentera.

El presidente de ACTÚA, Jorge Campos, ha explicado las razones que le han llevado a transformar el Círculo Balear en partido político: “Hoy nace ACTÚA por la necesidad de dar respuesta al clamor popular y ante la grave situación de deterioro de los derechos y libertades que padecemos por la acción u omisión de los actuales actores políticos. La acción sostenida por todos los gobiernos autónomos, porque no hace falta recordar que todas las leyes en materia de represión lingüística y de imposición del catalán son producto de los gobiernos del PP, PSOE y los sucesivos gobiernos del Pacte se han limitado a aplicarlas hasta sus últimas consecuencias”.

“Y omisión de quienes, como Ciudadanos, -ha añadido Campos- protestan con la boca pequeña, aceptan la discriminación que supone la Ley de Normalización Lingüística y utilizan este tema sólo como trampolín político sin ninguna convicción, por no hablar de su defensa de la “unidad de la lengua catalana” que arrincona y menosprecia nuestra lengua, o de los constantes cambios de opinión fruto de su cambalache ideológico”.
Los principios ideológicos

Campos ha anunciado que “ACTÚA defenderá la libre elección de lengua en todos los niveles de la enseñanza, con derogación de la ley de normalización lingüística, de toda normativa que impida la libertad lingüística en cualquier servicio público, y eliminación del requisito de conocimiento del catalán en el acceso a la función pública”.

También la “defensa de la identidad cultural balear y del mallorquín, menorquín e ibicenco, rechazando los intentos de asimilación por parte de los catalanistas y ratificando nuestra plena integración con España de la que nos sentimos orgullosos de formar parte, haciendo frente al separatismo estéril y a los intentos criminales de dividir nuestra sociedad”.

El nuevo partido balear se compromete a “combatir la inmigración ilegal y las situaciones de delincuencia y de falta de integración que genera. Actuar de manera decidida contra el radicalismo islámico y aplicar el principio de preferencia nacional en el acceso a las ayudas familiares, libros de texto, becas de comedor, a la vivienda, a la exclusión social y la dependencia”.

Hincha incluso los de los nacionalistas
Barcos falsea al alza los datos de uso del euskera para justificar su dictadura lingüística
Nacho Doral okdiario 16 Febrero 2018

El Gobierno de Navarra, que preside la nacionalista Uxue Barcos (Geroa Bai-PNV) con el apoyo de EH Bildu, Podemos e IU, falsea los datos de los ciudadanos de esta comunidad que hablan euskera. Un estudio de la asociación Klusterra Soziolingüístika revela que ese porcentaje de navarros estaría en torno al 6,7%. Muy lejos del 12,9 % que sostiene el cuatripartito que lo habla, y una cifra que está utilizando para vender su proceso de euskaldunización en la sociedad navarra.

Se da la circunstancia de que la asociación que ha elaborado el informe que desmiente al Ejecutivo foral pertenece al ámbito nacionalista, por lo que incluso ese porcentaje también estaría hinchado al alza.

Inflan incluso los datos nacionalistas
El último estudio publicado por Klusterra Soziolingüístika lleva por título “VII medición del uso de las lenguas en la calle” y fue presentado en el Campus de Ibaeta de la Universidad del País Vasco (UPV) en 2016. En él se recoge que “el uso del euskera es del 8,8% en Vizcaya, del 31,1% en Guipúzcoa, y del 4,6% en Álava”.

Esta asociación incluye a Navarra junto a las provincias vascas dentro del ente que defienden los nacionalistas de ‘Euskalherría’ por su orientación política. Pero, con todo, ofrece unas cifras que dejan en la mitad las esgrimidas por el Ejecutivo de Uxue Barcos: “En Navarra el dato de utilización en su conjunto es del 6,7%”.

El estudio establece que en Pamplona capital, los ciudadanos euskaldunes (vasco hablantes) no llegan al 3 %: en concreto, ascienden a un 2,9%. El informe está elaborado en base a datos recogidos en 144 municipios y 187.635 conversaciones en las que participaban 515.260 personas, por lo que el volumen de datos garantiza las condiciones de fiabilidad estadística.

Un instituto para euskaldunizar
Esta investigación desmiente los datos ofrecidos acerca del uso del euskera en Navarra que el gobierno de Barcos aporta tanto en el Parlamento como en la Mesa General de la Función Pública para imponer el euskera en la administración, en la sanidad y en la enseñanza.

La otra singularidad es que el estudio que deja en evidencia al cuatripartito de nacionalistas, proetarras y podemitas ha sido realizado por Klusterra Soziolinguistika, una asociación de la órbita nacionalista y que defiende el proyecto de Euskalhería.

Además, ha sido financiado por el Instituto Navarro del Euskera-Euskarabidea un organismo que depende de la Consejería de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, y que (desde la llegada de los nacionalistas al poder) es el Departamento que lleva la política lingüística.

PETICIÓN DE LA AVT
Las víctimas de ETA piden al Gobierno que recurra la sentencia de Estrasburgo
La Gaceta  16 Febrero 2018

La AVT ha puesto en conocimiento del ministro de Justicia el “sufrimiento” que provoca a las víctimas de ETA el hecho de que el TEDH ponga en duda las sentencias de tribunales españoles.

“Es necesario que los magistrados del Tribunal sean conscientes de que las denuncias de torturas son una práctica sistemática por parte de los miembros de la organización terrorista ETA”. Así se ha manifestado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en una carta remitida al Gobierno de Mariano Rajoy.

En la misiva, las víctimas solicitan al Ejecutivo que presente recurso contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condena a España por el trato recibido por los etarras Igor Portu y Martín Sarasola, autores del atentado contra la T4 del aeropuerto Madrid-Barajas en diciembre de 2006 en el que perdieron la vida dos personas.

Piden asimismo “que los servicios jurídicos del Estado agoten todas las opciones posibles y se realicen todas las labores de pedagogía necesarias en el ámbito del TEDH, aun siendo conscientes de las complejidades técnicas que conllevan este tipo de recursos ante el tribunal con sede en Estrasburgo”, ha reclamado el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, al Ministerio de Justicia.

Fuentes del Departamento dirigido por Rafael Catalá citadas por varios medios habrían asegurado que se está barajando la posibilidad de recurrir la sentencia de Estrasburgo que condena a indemnizar a los dos miembros de la banda terrorista de ultraizquierda con 50.000 euros por el “trato inhumano y degradante” que supuestamente habrían sufrido en el momento de su detención.

No obstante, el martes, nada más conocer la resolución del TEDH, el Ejecutivo informó de que el dinero de la indemnización será bloqueado para saldar la deuda contraída con las dos víctimas mortales del ataque en la Terminal 4.

La AVT ha puesto en conocimiento del ministro de Justicia el “sufrimiento” que provoca a las víctimas de ETA el hecho de que el TEDH ponga en duda las sentencias de tribunales españoles y cuestione la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -en este caso de la Guardia Civil, que fue la encargada de detener a Portu y Sarasola-.

Sánchez recuerda además que los agentes se incautaron de documentación de la propia banda en la que se admite que las denuncias por torturas eran falsas y que, tal y como dictaminó el Tribunal Supremo, las lesiones presentadas por los asesinos eran compatibles con una detención violenta.

“De lo contrario entendemos que esta resolución servirá para los intereses de ETA y para su estrategia de manipulación y victimismo en la que actualmente se afanan, pretendiendo hacer ver que la tortura ha sido una práctica habitual a nuestro país”, denuncian las víctimas.


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