AGLI Recortes de Prensa   Sábado 17  Febrero 2018

¡Qué espanto cumplir la ley!
Por el derecho de todos los españoles a estudiar, trabajar y vivir en español en toda España
Hermann Tertsch ABC 17 Febrero 2018

¡Horror, terror y pavor! El Gobierno de España amenaza con cumplir la ley. Y toda la tropa nacionalista pone el grito en el cielo. Es la falta de costumbre. Resulta casi cómico cómo cundió ayer el pánico entre los dirigentes separatistas catalanes por el mero anuncio por parte del Gobierno de que estudia aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional y el TSJC en la enseñanza en aquella región. La referida sentencia del Constitucional, que establece que la lengua española también ha de ser vehicular en la educación en Cataluña, data de 2010. Es decir, el Gobierno no se ha dado demasiada prisa. En otros países habría tenido serios problemas legales y políticos por no aplicar la ley y permitir a otros, a la Generalidad, violarlo de forma obscena, sistemática y continuada. Los gobiernos de España no se toman muy en serio su juramento de hacer cumplir la ley porque siempre genera conflicto con los violadores. Eso es una lata cuando los violadores son socios. Los gobiernos, no solo Hacienda, suelen ser implacables y crueles con los pequeños infractores. No con los grandes. Menos aún con los grandes en partidos que les proporcionan favores y mayorías. Esta perversión genera monstruos.

Esto ha sido así hasta que los delincuentes políticos habituados a la impunidad han perpetrado el crimen de la rebelión con un golpe de Estado. Hoy es evidente que erraron en su cálculo al creer que dicha impunidad les ampararía también en este delito supremo. Si llega a ser solo por el Gobierno puede que hubiera salido bien el cálculo. Pero había otras instituciones del Estado, a su cabeza el Rey y la Justicia, que desencadenaron la reacción que los han parado. Con dicha reacción, la nación española ha demostrado tomar consciencia de la amenaza y exige enmienda y castigo a los agresores. Se exige respeto a la nación y a la lengua común en toda España. Los partidos perciben el peligro de ser castigados si no atiendan a tal demanda.

Ahora el Ministerio de Educación estudia incluir la llamada casilla lingüística en los folletos de preinscripción de colegios en Cataluña. Esto devolvería a las familias su derecho constitucional y la libertad de elegir la lengua vehicular para estudiar en aquellas regiones con dos lenguas oficiales. La única lengua oficial que todos los españoles tienen el derecho y la obligación de saber y usar en todo el territorio español es la lengua española o castellano. La Generalidad, y no solo ella, viola sistemáticamente la ley con políticas de inmersión que han marginado y sometido a persecución el uso del español. Ayer se sugirió que el Gobierno podría restablecer directamente ese derecho en virtud del artículo 155. Se preguntó al secretario de Estado, Marcial Marín, por esta posibilidad en la preinscripción que se abre en marzo. Respondió que «estamos en ello». Terrible conmoción. «Estamos en ello», en cumplir la ley. Gran indignación de dirigentes de partidos culpables de la violación permanente de leyes y sentencias. Hace pocas semanas el ministro Íñigo Méndez de Vigo provocó estupefacción general al decir que no existe mayor problema en la educación en Cataluña. Cuando es obvio y lacerante este caso criminal de privación de derechos a millones de españoles. Se verá cuántos serán los que en libertad y sin amenaza de represalias elijan catalán o español como lengua vehicular. Es inexcusable e inaplazable este paso de restablecer la libertad en todas las autonomías en que se viola el derecho de libre elección de lengua vehicular, por citar algunas con Cataluña, Valencia, Baleares, País Vasco, Navarra y Galicia. Como paso previo para restablecer el derecho de todos los españoles a estudiar, trabajar y vivir en español en todos los rincones de España.

España país de necios y locos
Antonio García Fuentes Periodista Digital 17 Febrero 2018

La mayoría de españoles y por cuanto aquí ocurre, no tienen ni la más somera idea de el por qué aquí nació un idioma, cuyo nombre es el ESPAÑOL, que no “castellano”, por cuanto en su momento fue confeccionada su gramática, que contenía palabras, de todos “los reinos” que ya controlaban unos “bastante inteligentes” monarcas, que precisamente por ello y la gran extensión de sus dominios, que seguían creciendo; vieron la necesidad de dotar a todos sus súbditos de un idioma común, necesario para todos por el mejor entendimiento en un común idioma; y más aún para ellos controlar sus territorios, cosa lógica por demás y no nueva en la humanidad, puesto que por ello mismo, existió antes el Imperio Romano, cuyos más de dos milenios de existencia, se debió a unas leyes y un idioma común para todas las provincias de aquel gran imperio, “del que aún nos nutrimos”.

Así, los denominados “Reyes Católicos” (hace ya más de 500 años) encargan al más destacado intelectual de su tiempo, un andaluz que se llamó, Elio Antonio de Nebrija; la realización de su famosa gramática, que aceptada por estos, fue la madre del idioma español, que así fue denominado desde aquella época y que se nutrió hasta por palabras que del recién descubierto “Caribe” ya trajo Colón en su primer viaje (“cacique, canoa, hamaca”) amén de la gran cantidad de palabras o voces musulmanas que contiene, es por lo que “lo de castellano huelga aunque los reyes de entonces representaran a Castilla como mayor territorio peninsular e hispano”.

Pues bien, como aquí y de siempre, “hay más papistas que el papa”, los habitantes de territorios con lengua a dialectos vernáculos, han ido “jodiendo” todo lo que han podido (y así siguen) esa gran obra, que debiéramos respetar todos por cuanto es y significa (y dejo a cada cual que con su caletre sepa valorarlo, “pues mejor ir en avión o el ferrocarril moderno, que en burro o mula castellanos”) incluso ya en ámbito mundial, puesto que el español es el segundo idioma más hablado; por todo ello mejor usar este gran vehículo comunicativo, que, “voces de andar por casa y que tan pronto sales del escalón de la vivienda, para poco o nada sirven al vernaculandés de turno”.

Y no añado más pudiendo hacerlo y dejo a la inteligencia de quién esto lea, que profundice en ello, ya que hay tema de una amplitud enorme; aunque sirva para ello otra reseña importante; y es que el idioma español y común en casi todas las que fueron colonias del imperio español, las que al lograr la independencia, tuvieron que por pura necesidad, agarrarse a idioma español como lengua común, para entenderse entre ellos mismos… ¿Imagina alguien a México buscando en sus cientos de lenguas autóctonas una para aglutinarlos a todos?: y cito a tal país, por cuanto hoy es el más numeroso de los de habla española y la que generalmente, hablan mejor que nosotros; “los orgullosos poseedores de la primera gramática hispana”.

Recuerdo por otra parte, que aquí en Madrid y en el denominado Senado, que no nos sirve nada más que para “retiro de elefantes” y para gastar capitales enormes “en no hacer nada”; sin embargo hay un departamento de traductores, de los leguajes de “Vernaculandia”, para que esos inútiles políticos, puedan hablar en sus “lenguas madre” y no en el español que tienen la ineludible obligación de hacerlo y que incluso en la Constitución se escribe como UN DEBER. Sólo ese hecho ya dice el que “debieron estar borrachos o drogados”, cuando nos cargaron con ese absurdo gasto al indefenso contribuyente español; “pero por lo visto la borrachera o el mono de la droga que fuere sigue en la barriga de los tales, los que el cerebro lo tienen sin deshollinar”.

Y al final digo lo que me motiva este artículo: “En el diario ABC del 03-02-2018 viene un titular que dice: “Baleares se replantea el decreto que exige el catalán al personal sanitario”; luego le sigue un suelto donde hay protestas y ya 36.000 firmas, pidiendo simplemente que se “hable español”; y esto ocurre en las islas baleares, donde no se habla el catalán, sino un dialecto del mismo; o sea de locura. Aumentemos ya de paso, los abusos que del idioma “vernaculandés” han hecho y siguen haciendo, en detrimento del idioma nacional, que dicho sea de paso y que como españoles son dueños también; aumentemos el “follón”, de nombres en todos los ámbitos donde sobrarían, de la denominación de nombres generales o “vernaculandeses”, tales como Lleida-Lérida y cientos y cientos más, en gran parte de la geografía que sigue siendo “española y no vernaculandesa”; sí, de locos, borrachos, drogados o de la simple y maldita, “mala leche española que también se dá y con abundancia en todas las latitudes de la Vernaculandia hispana, que terminará por sumirnos en una nueva e idiota Babel”.

Sres. Del gobierno, padres o padrastros de la patria, a ver si van solucionando, todos estos añadidos inútiles y que como tales son prescindibles. Y no nos hagan reír más, ya tenemos bastante con los “lloros y lamentos”, que nos producen sus malos y costosísimos mangoneos. Y a ver si van aprendiendo a gobernar y dejen de presumir, con la enorme cantidad de carencias en que nos tienen sumidos.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

Casilla sonda
TADEU El Mundo 17 Febrero 2018

El amago del PP de activar por la vía excepcional del 155 la casilla del castellano en las preinscripciones escolares catalanas de primavera persigue, probablemente, dos finalidades: darle a Cs donde más duele (Cs se ha sumado raudo al grito en el cielo de los partidos inmersos, traicionando así a sus padres fundadores), y mentarles la bicha a los indepes recalcitrantes que siguen deshojando la margarita bruselense a bofetones: con lo de comer, la lengua, no se juega. Triste que algo tan necesario y sano (ofrecer el español como lengua vehicular: mandato judicial acorde con las directrices UNESCO sobre el derecho a cursar en lengua materna) se convierta en un "u os portáis bien, u os castigaré a comer fruta y verdura". La inmersión ha sido el motor del Proceso desde el primer bautista Pujol: una manera de ir cohesionando ein pueblo en torno a eine lengua en pos de ein panimperio.

Urge reducir la deuda, que sigue disparada
EDITORIAL El Mundo 17 Febrero 2018

ESPAÑA ha cumplido por la mínima el objetivo anual de deuda pactado con Bruselas para 2017, que se había fijado en el 98,1% del PIB. Nos hemos quedado en el 98,08%, es decir, en la mareante cifra de 1,144 billones de euros. La mala noticia es que no lo hemos cumplido porque hayamos reducido lo que adeuda el conjunto de las administraciones públicas, sino por el crecimiento del PIB. Sólo en el último año, la deuda ha aumentado un 3,4%, y sube en todos los niveles: tanto en la Administración central como en las comunidades autónomas y en la Seguridad Social, cuya tasa interanual se ha disparado. De hecho, cerramos 2017 con la deuda marcando récords históricos.

En los diez años que ha durado la crisis, España ha triplicado su volumen de deuda hasta arrojar una losa de unos 25.000 euros sobre el bolsillo de cada español, o el de sus hijos. El Gobierno explica que ésa ha sido la única manera de enjugar el déficit generado por el sostenimiento de los servicios públicos en lo más duro de la recesión, pero lo cierto es que semejante política nos deja en una posición muy vulnerable ante un previsible escenario de subida de tipos, como se espera para finales de año o principios del próximo ejercicio.

Tan irresponsable sería caer en el alarmismo como en la pasividad. Urge afrontar una política de contención del gasto, y abstenerse de mensajes contraproducentes a los tenedores de deuda -en su mayoría extranjeros- como el de las quitas. España debe recuperar la máxima calificación en los mercados y para ello es imprescindible empeñarse y mantener la disciplina financiera.

Méndez de Vigo promete "libertad" en las escuelas catalanas pero no aclara cómo: "¿He hablado de casilla?"
El Gobierno renueva 1.956 conciertos educativos en Cataluña y Hacienda pagará a los funcionarios de la región el 20% de la extra de 2012.
P. Montesinos Libertad Digital 17 Febrero 2018

El Gobierno se comprometió a garantizar "la libertad de los padres" para elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos en los centros educativos catalanes. Íñigo Méndez de Vigo, que en virtud del artículo 155 de la Constitución es el consejero del ramo, empeñó su palabra en este sentido. Si bien, no aclaró la fórmula después de que Marcial Marín, su secretario de Estado, deslizara el jueves que se incluirá la opción de elegir castellano en la preinscripción escolar.

En un primer momento, el portavoz y ministro de Educación parecía confirmar ese plan. "El cómo lo hagamos, lo estamos estudiando" pero "sin duda lo haremos", proclamó, preguntado por dicho extremo. Explicó que en las próximas semanas tendrá lugar la preinscripción y que, ante el bloqueo político e institucional de la comunidad, el Ejecutivo tomará nuevas decisiones en aplicación del 155. Recordó, en este sentido, que en los últimos tres cursos el Gobierno "no ha estado de acuerdo" con sistema de la Generalidad, que es contrario a las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y enfatizó que hay que cumplir con la ley. "La libertad es muy importante", subrayó.

El anuncio, pues, parecía hecho: el Gobierno "sin duda" incluirá la casilla para poder estudiar en castellano en Cataluña. Pero, ante la reclamación de los periodistas de más detalles, Méndez de Vigo se revolvió: "No he hablado de casilla para nada", afirmó. "No me he pronunciado por ningún modelo concreto", dijo en otro momento. "¿Yo he hablado de casilla?", repitió ante la insistencia de los informadores.

La cuestión monopolizó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con Méndez de Vigo tratando de explicarse una y otra vez. Fue una de sus comparecencias más incómodas desde que tomó las riendas de la portavocía de Moncloa. Defendió "más libertad" en las aulas pero, a renglón seguido, apuntó que esto no tendría por qué suponer "ningún cambio" en el modelo educativo catalán. "Lo estamos estudiando", contestó una vez más.

Según el ministro, el objetivo es "garantizar" el derecho de los padres y, a su vez, la "normalidad" del sistema. Después, expuso que él no puede cambiar una ley aprobada por el Parlamento autonómico pero "en la ejecución de esa ley hay espacio para cumplir con la ley". Las sentencias hablan de al menos un 25% de las asignaturas impartidas en castellano. "Es bastante sencillo", exclamó ante las dudas de los medios de comunicación.

En síntesis, el Gobierno no aclaró qué va a hacer pero aseguró que tomará una decisión antes de la preinscripción escolar, prevista para marzo. "Esto no es un globo sonda", avisó Méndez de Vigo ante las críticas del PSOE y del mundo independentista. El jueves, Mariano Rajoy aseguró a representantes de Sociedad Civil Catalana que estudiará la implantación de la casilla. "Se trata de una cuestión técnica" y lo vamos a hacer "de la mejor manera que sepamos", remató este viernes su portavoz.

Medidas por el 155
Sobre Cataluña y también en materia educativa, el ministro anunció la renovación de 1.956 conciertos educativos para las etapas de Infantil y Secundaria de los centros escolares de Cataluña para el periodo de cuatro años. Durante los próximos días se elaborará la memoria económica de esta medida para que, una vez superados los trámites administrativos correspondientes, se firme la resolución y se publique posteriormente en el Boletín Oficial de la Generalidad.

En el plano económico, el Consejo de Ministros autorizó al ministerio de Hacienda a pagar a los funcionarios de Cataluña el 20 por ciento de la paga extra de 2012. Una cantidad que no se pudo abonar en su momento porque hubo que tomar medidas extraordinarias para hacer frente al déficit "desbocado" del Gobierno catalán anterior, según la explicación de Méndez de Vigo.

"Son especulaciones". El Gobierno asegura que garantizará la elección del español en los colegios de Cataluña
Nacho Doral okdiario 17 Febrero 2018

El Gobierno asegura que “garantizará” el derecho de los padres a poder elegir la enseñanza en español para sus hijos en Cataluña, pero no ha aclarado cómo lo hará. Ha negado que vaya a incluir una casilla en los formularios de preinscripción. El portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación , Iñigo Méndez de Vigo, se ha limitado a reiterar ante las insistentes preguntas de los periodistas que: “Se está estudiando. Cualquier especulación sobre cómo se va a hacer no tiene sentido porque estamos trabajando”.

El portavoz ha avanzado a continuación: “Pero haremos que las preinscripciones escolares se hagan según las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que garantizan el derecho de los padres a elegir que sus hijos puedan estudiar en castellano“.

Y eso que en un primer momento, parecía confirmar ese plan y con la inclusión de una casilla a rellenar por los padres. “Estamos estudiándolo pero seguro lo haremos” aseguraba en su primera intervención. Y lo hacía recordando que el Gobierno “no ha estado de acuerdo” con el actual sistema, contrario a varias resoluciones judiciales. Pero en el turno de preguntas ha reculado y renunciado a despejar dudas sobre cómo hacerlo.

La casilla es “una especulación”
El portavoz ha negado que se vaya a incluir una casilla para que las familias puedan elegir esa opción. “Yo no he hablado de casilla. Sólo he dicho que se está estudiando y cualquier otra cosa son especulaciones“. Y ha desmentido que el castellano pueda convertirse en lengua vehicular en la enseñanza catalana.

“No hay cambio educativo ni se puede tocar la Ley que aprobó el parlamento catalán en 2009, eso sólo puede hacerlo el propio parlamento. No se cambia la ley ni el modelo educativo. Pero sí estamos estudiando una fórmula para que en esas preinscripciones se cumpla con las resoluciones judiciales que establecen que se debe cumplir el 25 % de horas lectivas en castellano. Y el Gobierno entendía que algunas la aplicación de esa ley no se hacía de forma adecuada en algún punto concreto“.

El portavoz del Gobierno, ha asegurado que: “No es es más que garantizar una obligación de cumplir con las sentencias judiciales y queremos hacerlo con la máxima corrección y afectando lo más mínimo al modelo educativo de Cataluña. Se han dicho cosas, y algunas son peticiones de algunos, pero se trata de garantizar derechos y normalidad”.

“No es un globo sonda”
Méndez de Vigo ha negado que sea un globo sonda, “esta resolución se adopta cuando toca tomarla, y la preinscripción es en los meses de febrero o marzo”. El ministro portavoz ha esgrimido además su condición de responsable de la Educación en Cataluña como consecuencia de la aplicación del 155. “Esa aplicación que cesó a los consejeros de todo el gobierno catalán atribuyó la responsabilidad a los miembros del Gobierno en cada consejería, y a quien le habla, la de Educación”.

Finalmente, el portavoz subrayaba: “El Ministerio de Educación no ha estado de acuerdo y ha recurrido estos tres últimos años las decisiones de la Generalitat porque ha entendido que no se garantizaba el derecho de los padres a elegir la lengua en que quieren educar a sus hijos. Y para este Gobierno es muy importante la libertad”.

¿Ley de memoria o sed de venganza?
Jesús Laínz Libertad Digital 17 Febrero 2018

Dados sus borrascosos horizontes electorales, refrescan los socialistas su recurso favorito: el guerracivilismo. Pues con la modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 pretenden disputar a un Podemos en bajamar los votos de la izquierda más malintencionada, ésa que se mueve a golpe de vísceras. En una España con un paro insoportable y un golpe de Estado encima de la mesa, lo urgente es reactivar la malhadada ocurrencia del venenoso ZP para volver a enfrentar a los españoles ochenta años después.

Ya en la exposición de motivos se desvela el fraude totalitario: "La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos", clama el texto. Pero de lo que aquí se trata es, precisamente, del silenciamiento de los vencedores. Y también menciona el deseo de hacer un "esfuerzo reparador a favor de quienes comprometieron su vida y su libertad en la lucha por la democracia y las libertades", y entre ellos menciona expresamente a los brigadistas internacionales, chiste digno de los hermanos Marx.

Como argumento de autoridad, esta exposición de motivos apela a la de su antecesora, en la que se afirmaba con rotundidad: "Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos". Estamos de acuerdo. Pero ¿se estaría refiriendo, por ventura, a lo que hizo el PSOE en 1934?

El proyecto socialista propone declarar el 31 de octubre, fecha en la que se aprobó la Constitución en el Parlamento, día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura. Es decir, proclama que la Constitución de 1978 es la plasmación política de la venganza sobre los vencedores del 39. ¿Ignoran nuestros desmemoriados socialistas que dicha Constitución está fundamentada precisamente en lo contrario, en la ausencia de victorias y derrotas y en la reconciliación de todos los españoles de todas las opciones políticas?

Más adelante proclama el "derecho inalienable de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes". ¿Y la mejor manera de conseguirlo es que el Estado establezca unilateralmente esa verdad? Verdad que, como se señala, será incluida en los programas educativos de todos los niveles, incluida, naturalmente, la formación de los profesores.

Para construir esa verdad, los socialistas desean la creación de la "Comisión de la Verdad". ¿Cabe algo más totalitario, más despótico, más asfixiante? ¿Cómo se articula semejante aberración soviética en un régimen democrático como el español? La realidad siempre supera a la ficción: si Orwell hubiera conocido al PSOE, no habría tenido que inventar nada para su 1984.

Detalle muy revelador es el de que "el lapso temporal del trabajo de la Comisión de la Verdad abarcará el periodo histórico que se inicia con el comienzo de la Guerra Civil Española en julio de 1936 y termina con la aprobación de la Constitución española el 6 de diciembre de 1978". Es decir, lo que sucedió entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 no tiene importancia: ni el caos, ni la desaparición del Estado, ni los tres mil muertos por violencia política, ni los muchos miles de heridos, ni los infinitos atentados, huelgas, saqueos, incendios, destrucciones, palizas, detenciones arbitrarias, robos, asaltos y todo tipo de desmanes ocurridos durante aquel régimen homologable a cualquier otro régimen democrático. Nada de eso cuenta. Lo único que cuenta es que una mañana de julio Franco y los demás, odiando como odiaban tanta libertad y tanta democracia, decidieron dar un golpe de Estado para pasar el rato.

Otra prueba de que no se trata de sembrar la concordia sino de bendecir maniqueamente el bando republicano y maldecir el nacional es el artículo 28-1, en el que se prohíbe "la exhibición de simbología de exaltación de la Guerra Civil y Dictadura en cementerios públicos", pero nada se dice de los muchos monumentos que en dichos cementerios exaltan el bando contrario. Y se instalarán placas explicativas en los llamados "lugares de Memoria", es decir, allí donde el bando nacional hubiera cometido "crímenes de lesa Humanidad o contrarios a los Derechos Humanos". Todo ello, claro está, tras cuarenta años de minuciosa eliminación de todo recuerdo de los crímenes cometidos por los republicanos.

Uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta es que serán declaradas ilegales las asociaciones que realicen apología del franquismo, el fascismo y el nazismo. En primer lugar, ¿qué pintan aquí el fascismo y el nazismo? Y en segundo, ¿por qué no se incluyen otras ideologías que llevan sobre sus espaldas muchos millones de muertos, como el socialismo y el comunismo? ¿De ésas sí se puede hacer apología? Si alguien menciona, por ejemplo, la violencia insostenible de 1936 o el desarrollo económico experimentado por España durante el régimen franquista, ¿estará enalteciéndolo y habrá de dar con sus huesos en la cárcel de seis meses a dos años? Y si encima se le ocurre pronunciar tan tremendas palabras en un aula, ¿habrá que añadirle la inhabilitación de tres a diez años? ¿Dónde quedan la libertad de expresión y la de cátedra? Es decir, ¿dónde queda la Constitución de 1978? Y, por si fuera poco, los tribunales de la nueva Inquisición socialista ordenarán la destrucción, borrado o inutilización de los libros pecaminosos. Y de las páginas de internet en caso de que el contenido hubiera sido colgado en el ciberespacio. La dictadura total.

Uno de los argumentos esenciales en defensa de esta sinrazón es la equiparación del régimen franquista con los de Hitler y Mussolini, de lo que se infiere el envío de aquél al Averno en compañía de estos últimos. Interminables discusiones ideológicas aparte, la damnatio memoriae de Hitler y Mussolini se decretó, por parte de los vencedores extranjeros, en el mismo momento en el que perdieron su guerra; y en España se pretende lo mismo, por parte de un régimen democrático español sin vencedores ni vencidos, ochenta años después de que Franco ganara la suya. Premio para el que encuentre las cuatro diferencias.

Pero de nada valen los argumentos, pues los aplicantes de la Ley de Memoria Histórica, en todos los niveles gubernativos y administrativos, se caracterizan por su fétida mezcla de ignorancia, incapacidad, fanatismo y resentimiento. El que suscribe sabe bien de lo que habla: los ha sufrido en primera persona en la comisión del Ayuntamiento de Santander para el cambio de nombres de las calles, comisión que abandonó tras la segunda reunión dada la delicadeza de su estómago.

Finalmente, la propuesta socialista proclama, con inalcanzable hipocresía, su interés en "adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos". Pero, muy al contrario, lo que se consigue con toda esta agitación del odio por motivos electoralistas es que quien, como el que suscribe, no es ni franquista, ni falangista, ni carlista por los mismos motivos por los que no es ni alfonsino, ni jaimista, ni isabelino, ni cristino, ni fernandino, ni austracista, ni borbónico, ni isabeliano, ni beltranejista, ni rodriguista, ni witizano, ni leovigildista ni hermenegildista, proclame solemnemente su satisfacción con efectos retroactivos por la victoria de Franco sobre la barbarie, el caos y la peste bolchevique de la Segunda República, victoria que salvó a España para la civilización y dio origen al régimen que, con todas sus virtudes y todos sus defectos, construyó el bienestar y el progreso que hicieron posible la llegada pacífica y consensuada del actual.

www.jesuslainz.es

ANTE ETA
El coraje de los Pagaza y la vergüenza de Estrasburgo
La Gaceta. 17 Febrero 2018

Maite Pagazaurtundua edita una “crónica” política que recoge el “ecosistema del terror” de la banda terrorista de ultraizquierda ETA.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado esta semana a España a indemnizar con 30.000 y 20.000 euros a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola en una nueva injerencia en la política nacional.

La decisión fue criticada por la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara, que señaló que “la sentencia es discutible tanto en la forma como en el fondo” y que “queda demostrado que en ningún caso hubo ningún exceso en el uso de la violencia y que los agentes se limitaron a cumplir con su obligación y evitar que se fugaran”.

Desde Podemos, sin embargo, no la cuestionaron y se mostraron “avergonzados”.

La compensación irá previsiblemente destinada a pagar la deuda que los terroristas tienen con sus víctimas. A la pena de 1.040 años de prisión a los etarras como autores del atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre 2006 en el que perdieron la vida dos ciudadanos ecuatorianos se le sumó 46 millones de euros en indemnizaciones.

La “vergonzante” sentencia contrasta con la valentía de la familia Pagaza, merecedora de la ovación de La Gaceta de la semana tras editar una “crónica” política que recoge el “ecosistema del terror” de la banda terrorista de ultraizquierda ETA en Andoain.

En su páginas, se pueden ver copias de notas manuscritas por Joseba Pagazaurtundua, en las que expresaba su convicción de que iba a ser asesinado.

Quince años después del asesinato de su hermano, Maite sigue exigiendo una condena del terrorismo de ETA, de toda su historia, sin cesiones y sin maquillaje y que el fin de la banda terrorista “se haga sin circos mediáticos”. En este sentido, reclama que “no se ceda en las palabras porque es “algo crucial” y un relato con vencedores y vencidos.

Todo un ejemplo de coraje y memoria.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Acabar con la discriminación del castellano

EDITORIAL El Mundo 17 Febrero 2018

Desde que se comenzó a configurar como alternativa teórica y política a mediados del siglo XVIII, el nacionalismo ha utilizado la lengua como una de las principales herramientas de identificación nacional en torno a una idea excluyente de la cultura. El nacionalismo es lingüístico por definición, porque es en la lengua donde se encuentra el genio del pueblo, tal y como especularon los teóricos alemanes. Una idealización explotada también por los independentistas en Cataluña, cuyas pretensiones de secesión pasan por imponer una pretendida cultura propia que habría existido desde tiempos legendarios, y cuya actualización conduciría a la emancipación de un pueblo también teóricamente reprimido. Mitología que, aunque insustancial y falsa, ha resultado bastante efectiva para que el poder haya permanecido en Cataluña en las mismas manos desde la Transición.

Por eso no es de extrañar que el bloque soberanista haya reaccionado unánimemente ante el anuncio del Gobierno de hacer que se respeten los derechos de los castellanohablantes y se revoque de facto la inmersión lingüística. El idioma ha sido utilizado en Cataluña como una forma de rechazo a todo lo español y como un instrumento para la segregación. Invento del pujolismo, la inmersión lingüística ha sido mantenida de forma impune por todos los gobiernos que le sucedieron, incluidos los del tripartito. A pesar de la sentencia del Constitucional de 2010 sobre el Estatut, las del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -dando la razón al menos en cinco ocasiones a los padres que denunciaron el incumplimiento de la ley- y de la inclusión del «mínimo indispensable» del 25% de asignaturas impartidas en castellano en la Lomce y en la Ley de Educación catalana, el Estado se ha visto impotente a la hora de impedir que el catalán sea exclusivamente la lengua vehicular utilizada en los colegios. Por eso, aunque llega tarde, hay que felicitarse de la voluntad del Gobierno, que ahora puede utilizar la legitimidad que le otorga la aplicación constitucional del 155 para acabar con la impunidad lingüística del nacionalismo. Porque la conciencia independentista empieza a gestarse en la educación y se consolida gracias al abuso de instrumentos de propaganda tales como la televisión y la radio públicas.

Méndez de Vigo se comprometió ayer a garantizar el derecho de todos los alumnos a elegir la lengua vehicular que quieran en la enseñanza, aunque no explicó cómo lo hará. Sorprende que, después de tantos años, el Gobierno esté buscando desesperadamente la forma de hacer que se cumpla la ley en una comunidad autónoma. Porque se trata de eso, de hacer que se cumplan las sentencias y se apliquen las normas educativas. Hasta la formación de un nuevo Govern, hay margen para articular algún mecanismo efectivo que acabe con la segregación del alumnado por idioma. No se puede tolerar por más tiempo que desde las instituciones catalanas se vulnere la ley y se desprecie la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que avala el derecho de los padres a elegir la lengua en la que deben estudiar sus hijos. La sediciosa política de hechos consumados aplicada desde hace décadas por la Generalitat está degradando la educación en Cataluña. No se trata sólo de un grave acto de deslealtad institucional, sino del futuro de varias generaciones a las que se les está privando de una educación de calidad, libre de sectarismos ideológicos.

El Gobierno debe evitar la tentación de utilizar esta batalla con fines electoralistas y ha de buscar el apoyo de los principales partidos constitucionalistas. Es mucho lo que está en juego. Es cierto que en pocas semanas no puede revertirse una política segregadora aplicada deliberadamente durante décadas, pero pueden darse pasos para que la situación vaya cambiando. La historia del siglo XX está plagada de ejemplos de ingeniería social camuflada de fomento de la identidad cultural propia. Ninguna cultura vernácula vale más que los derechos y las libertades del individuo.

La verdad del 'procés': una alocada banda criminal organizada
Editorial esdiario 17 Febrero 2018

La Guardia Civil ha revelado la última infamia del independentismo: el uso de un sistema de comunicación propio de organizaciones mafiosas. La guinda de un pastel lamentable y ya caduco.

El último informe de la Guardia Civil, cuyo trabajo para reconstruir todo el 'procés' golpista en Cataluña está siendo formidable, viene a confirmar lo que ya han atestiguado ingentes cantidades de pruebas, documentos y audios aportados de unos meses para acá: los cabecillas del desafío se sirvieron de las instituciones, de sus presupuestos y de sus atribuciones para actuar, como una auténtica organización criminal, contra la ley y el sentido común más elemental.

Pero además lo hicieron de una manera que, siendo muy grave, es además bochornosa, tal y como lo describe la Benemérita: hablaban en clave, utilizaban jergas y destruían las comunicaciones a los pocos segundos de enviarlas o recibirlas. Como una auténtica mafia consciente de los delitos que estaba cometiendo.

Pero en este caso los responsables se servían de las competencias que les confiere el mismo Estado de Derecho que querían aniquilar. Y del mismo modo que malearon las leyes autonómicas, en especial las del Parlament, para intentar legalizar sus despropósitos separatistas; se sirvieron de todos los recursos públicos para imponerlo por la fuerza: la escandalosa utilización de los Mossos de Escuadra, la delegación en las subvencionadas Óminum y ANC de la agitación callejera o incluso la creación de unas Fuerzas Armadas propias forman parte de la hoja de ruta ya demostrada del separatismo.

El delito de rebelión está justificado, por mucho jurista sobrevenido que lo rechace para apoyar al golpismo
Y justifican, sin la menor duda, la imputación de rebelión, por mucho que la pléyade de juristas sobrevenida de repente en España considere un exceso el enjuiciamiento por ese delito. La violencia no es un sólo una manifestación física en un momento determinado -en este caso la proclamación oficial de la DUI-, sino también la adopción de decisiones y medidas a lo largo del tiempo sustentadas en la fuerza y su concreción en acontecimientos como el cerco a la Guardia Civil en la consellería del propio Junqueras.

Usar un lenguaje mafioso denota la catadura de sus objetivos y la manipulación de los recursos públicos

El desvarío que preside toda la secuencia tiene además, por epílogo, el vergonzoso enfrentamiento entre los propios secesionistas, fracturados y enemistados desde antes del 21D, cuando decidieron no presentarse en coalición en clara prueba de que primaban los intereses de cada partido por encima de los supuestos objetivos generales que perseguían.

Esa división se mantiene, pese a los intentos por disimularla forzando una investidura de Puigdemont en la que nadie cree y además es imposible: se trata de que parezca una nueva imposición del Estado 'opresor', aunque en realidad es una consecuencia de la fuga del dirigente político y de la negativa de ERC y del PdeCat a prestarse a su enésima impostura.

Saltarse todas las líneas
En ese escenario, parecen más sólidas las certezas jurídicas que las políticas: el futuro penal de todos los encausados es merecidamente tétrico; pero el horizonte institucional de Cataluña sigue lastrado por esta combinación de ilegalidades y esfuerzos por disimular la quiebra del nacionalismo. No es descartable, por ello, una repetición electoral que dependerá en exclusiva de si a ERC le parece más rentable desechar a Puigdemont con otro candidato a president o celebrar nuevos comicios para mejorar sus resultados.

En ambos casos, quedará claro que quienes más hablan de un imaginario pueblo en realidad sólo piensan en sus intereses gremiales. Por mucho que en ese viaje se hayan saltado todas las líneas rojas, aunque a la hora de reafirmarse en sus postulados ante los tribunales casi nadie sea capaz de hacerlo. Los mismos que utilizaban el lenguaje encriptado de los mafiosos para comunicarse entre ellos, delante de un juez se limitan a reconocer que todo era una obra de teatro simbólica. Las condenas, previsiblemente, serán bien reales. Penoso.

Lengua y patria
José García Domínguez Libertad Digital 17 Febrero 2018

El problema era cómo dar con el modo de extirpar el uso social del castellano a fin de expulsarlo de las laringes de los catalanes.

Josep Benet, aquel pío catalanista montserratino de misa diaria que acabaría siendo el candidato de los comunistas del PSUC a la Presidencia de la Generalitat restaurada cuando Pujol aún era apenas un turbio banquero local con alguna ínfula mesiánica pero a quien nadie suponía capaz de desbancar electoralmente a la izquierda doméstica, escribió, allá por 1977, lo que sigue: "Se tortura a nuestros niños durante los primeros años de la escuela aprendiendo en una lengua que no es la suya". Martirio que en el mismo texto, un librito muy celebrado en su momento que llevaba por título Combat per la Catalunya moderna, era calificado de "crimen" y de "hecho inhumano". Un horrible crimen inhumano que, huelga decirlo, dejó de serlo en el justo instante en que el mismo Benet, ya reconvertido en otro ferviente servidor en nómina del pujolismo con mando en plaza, comenzó a torturar a la mayoría de los niños catalanes, quienes como es tan sabido como silenciado aún hoy siguen teniendo por lengua materna el castellano.

El problema, pues, no eran los niños y sus derechos y necesidades pedagógicas, asunto que ha resultado siempre indiferente a los catalanistas, sino la presencia ingrata del castellano en el territorio que quieren suyo. Más concretamente, el problema era cómo dar con el modo de extirpar su uso social a fin de expulsarlo de las laringes de los catalanes. Porque su gran obsesión desde siempre no es proteger el catalán, sino perseguir al castellano. Por eso se oponen con iracundo fanatismo recurrente al bilingüismo, su particular bestia negra. Por lo demás, todo es mentira. Mentira es que aquí, en Cataluña, exista consenso ninguno en torno a esa cuestión, la de las lenguas legítimas y las lenguas perversas. De ahí que los catalanistas de todos los partidos lleven más de 30 años negándose en redondo a efectuar la menor consulta a los ciudadanos sobre el asunto. Acabamos de verlo, la simple conjetura teórica de que los padres catalanes pudieran sugerir cuál es su preferencia particular a ese respecto les suscita auténticos brotes psicóticos. Los saca literalmente de quicio.

Mentira es que, aquí, en Cataluña, el dominio de las dos lenguas esté garantizado por el sistema de inmersión. Basta reparar en el precario, elemental, tosco manejo de la lengua nacional por parte del grueso de los diputados y senadores catalanistas para certificar la matriz fulera de ese aserto interesado. Mentira es que, aquí, en Cataluña, se aplique un modelo lingüístico homologable a los que rigen en otras naciones plurilingües. Porque también faltan a la verdad cuando citan el ejemplo de Quebec. El sistema escolar de Quebec no es, por mucho que insistan en seguir engañando a su audiencia, como el catalán. Y no lo es porque, a diferencia de lo que aquí ocurre, la inmersión en idioma francés resulta ser voluntaria, sí voluntaria, para los niños cuya lengua materna sea el inglés. Nada que ver, pues, con la aberración catalanista. Pero es que tampoco en Finlandia, la tan loada Finlandia, existe nada remotamente parejo. Allí, la población de habla sueca recibe la instrucción escolar en su propio idioma, el sueco. Mentira es, en fin, que la proscripción del castellano en nuestras aulas haya favorecido cohesión social alguna. Salvo que los catalanistas y sus colonias intelectuales de Vallecas llamen ahora cohesión social al feroz enfrentamiento casi físico en que andamos enfrascados los moradores de Cataluña por culpa de su maldito procés, de su maldito fanatismo indigenista y de su maldito racismo latente. Y Méndez de Vigo haciéndose el gracioso con la casilla del impreso.

Escolarizar en español en Cataluña, un derecho exigible con o sin 155
Editorial esdiario 17 Febrero 2018

Estudiar en español en España no puede estar prohibido ni considerarse una agresión. El despropósito del nacionalismo catalán ha de ser corregido, con 155 vigente o sin él.

Escolarizarse en español en los colegios públicos de Cataluña debiera ser una obviedad, pero ahora mismo es un indignante imposible: cualquier padre que quiera hacer algo tan simple en estos momentos, tiene que conformarse con inscribir a su hijo en un colegio privado, a cargo del erario público. Es decir, confinar al chaval en un gueto educativo, en lugar de integrarle en su espacio natural.

Ese contrasentido nunca tuvo que consentirse: no hay inmersión lingüística ni protección de ninguna lengua ni identidad cultural que justifique la exclusión de una lengua tan propia de los catalanes como el catalán; y quienes quieren hacerlo demuestran la intención política que está detrás de la simple defensa de un patrimonio ciertamente valioso.

Escolarizarse en español en España, como en francés en Francia o en italiano en Italia; nunca puede ser una agresión. Y quien lo vea así, confiesa sus objetivos funestos: transformar una lengua, que siempre es un puente, en una trinchera y una plataforma de construcción de una identidad nacional excluyente y enfrentada a la compartida.

Las lenguas son puentes, no trincheras. El soberanismo quiere que el catalán excluya parte del patrimonio de los catalanes

La educación pública en Cataluña ha sido, junto a los bochornosos medios públicos de la Generalitat, el trampolín del secesionismo, la lanzadera de un mensaje destructivo de agravio que conviene frenar: no para desproteger el catalán, una lengua rica que en sí misma carece de intenciones y merece amparo, sino para evitar que se manipule como arma arrojadiza.

Libertad individual
Ni siquiera hace falta explicar por qué alguien querría escolarizar a sus hijos en español. Y mucho menos es necesario recurrir a cifras sobre la supuesta escasa demanda para defender ese derecho: como todos, nunca dependen de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo y de una concepción democrática de la libertad individual.

Que se estudie en español dentro de España no puede depender del 155: con o sin él es un derecho

Por eso hay que esperar que el Gobierno, a propuesta de Sociedad Civil Catalana, permita para el próximo curso que los residentes en Cataluña elijan en qué idioma quieren que sus descendientes estudien en la escuela. Y no es preciso vincular esa reforma, tan elemental, a la vigencia del artículo 155: si éste declina por la investidura de un nuevo Govern respetuoso con el marco constitucional, seguirá teniendo todo el sentido defender ese derecho.

Basta con acabar con la estigmatización del español y de quienes quieren estudiar en español sin salir de centro público de su entorno. Y para lograr tan razonable objetivo han de adoptarse cuantas medidas oportunas y reactivar la Alta Inspección Educativa, desmovilizada en exceso incluso para hacer cumplir las reiteradas sentencias desoídas sobre el número de clases en castellano que ya son obligatorias en la educación catalana.

Contra el supremacismo
No se trata de menospreciar el catalán ni de buscar su debilitamiento. Algo así sería empobrecedor y propio de sociedad mediocres. Pero es ése mismo razonamiento el que respalda el estatus del español en Cataluña. Un idioma que es propio y además hablan casi 500 millones de personas en todo el mundo no puede ser hurtado a los niños catalanes ni señalado como emblema de un inexistente españolismo anticatalán.

Que el PSOE muestre reticencias o llegue a oponerse a esta obviedad es lamentable y demuestra los endémicos problemas que tiene este partido para enfrentarse sin complejos al supremacismo separatista, que tiene en la lengua una de sus principales herramientas. El PP y Ciudadanos, únicos partidarios claros de esta medida, han de prosperar en ella con o sin el respaldo de dos partidos que se dicen nacionales pero nunca saben medirse al nacionalismo excluyente. Quizá si los electores toman nota de las extravagantes reacciones del PSOE y de Podemos en este tipo de debates, comiencen a hacerlo.

La cara dura del supremacismo
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 17 Febrero 2018

Aquí todavía no ha llegado la anarquía, pero hemos estado al borde. Hay tiempo para evitarla.

El supremacismo agrupa a las personas que se creen superiores y que, por consiguiente, miran con desprecio a quienes conviven con ellas o habitan en su entorno. Cuando disponen de fuerza suficiente, intentan dominar y explotar a quienes consideran inferiores, y cuando no disponen de ella, se conforman con practicar la discriminación y segregación. Su vocabulario los delata: gira en torno del Nosotros y el Ellos. El rasgo distintivo puede ser racial, étnico, religioso, lingüístico, territorial, social o un etcétera infinito porque el ser humano es muy creativo a la hora de ejercitar sus bajos instintos.

Paranoicos reaccionarios
Los movimientos supremacistas aparecen, en la mayoría de los países, montados sobre la ola de racismo y xenofobia impulsada por la marea populista. Pero en general se asocia el término a los grupos militarizados de la ultraderecha estadounidense que, proclamándose arios o nazis, denuncian la existencia de una conspiración encabezada por el gobierno de Washington, financiada por Wall Street, y ejecutada por liberales, comunistas, negros, judíos, católicos e inmigrantes, cuyo objetivo es arrebatar el país a los legítimos herederos de los colonizadores blancos, anglosajones y protestantes.

¿Existen similitudes entre esos paranoicos reaccionarios y los secesionistas catalanes? Francesc-Marc Álvaro no soporta que se insinúe semejante parentesco y reacciona indignado ("¿Quién es supremacista?", LV, 8/2):

Felipe González es una de las personalidades referentes que no ha tenido manía alguna en utilizar esta palabra [supremacista] para referirse a los independentistas, aunque ha tenido que añadir con la boca pequeña "no es supremacismo tan explícito como el de Donald Trump.

Escandalizado, Álvaro hace un inventario muy veraz de las perversiones del supremacismo y pregunta: "¿Tiene algo que ver el independentismo catalán con todo eso? Evidentemente, no. Decir lo contrario es mentir". Y con la cara dura que ya es la marca de fábrica de todos quienes quieren vendernos el secesionismo hispanófobo y hoy eurófobo como un dechado de virtudes, nos pinta un Estado catalán idílico:

Una República basada en la igualdad y en los derechos de ciudadanía y no en la prevalencia de ninguna supuesta etnia. Ni Puigdemont, ni Junqueras, ni Sánchez, ni Cuixart, ni ningún dirigente de la CUP han dicho o hecho algo que pueda considerarse supremacismo, todo lo contrario. (…) ¿Hace falta que recuerde que en las listas de todos los partidos independentistas hay personas nacidas dentro y fuera de Catalunya? ¿Hace falta que recuerde que los apellidos del mundo independentista son tan variados y plurales como lo son en todo el país?

El chirrido de la mentira
El chirrido de la mentira es ensordecedor. La república en gestación está basada en la desigualdad y en la violación de los derechos de los 3.500.000 ciudadanos que deben someterse a las arbitrariedades de los jerarcas elegidos por el voto de los otros dos millones que completan el censo. Minoría esta que hace valer la supremacía del Nosotros autóctono sobre la devaluada mayoría del Ellos mestizo. Sencillamente, para la minoría supremacista esta mayoría no existe. O solo existe para pagar los impuestos con que la Generalidad financia las campañas goebbelianas de odio fratricida.

Mencionar los apellidos es el colmo de la desfachatez, aunque para encubrir la marginación de los plebeyos los supremacistas utilicen como fachada a algún Sánchez o Rufián colaboracionista. El experto en demoscopia Carles Castro desnudó la discriminación flagrante en el mismo diario donde escribe Álvaro (LV, 21/2/2016):

Solo 32 de los 135 diputados del Parlament llevan algún apelliido de los más frecuentes, frente a casi el 40 % de los ciudadanos de Catalunya (…) Junts pel Sí es de los que menos miembros tienen con apellidos que figuren entre los más numerosos.

Los apellidos más frecuentes en Cataluña son aquellos veinticinco que también lo son en el resto de España, empezando por García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González, y terminando por Serrano, Ramírez y Gil. Prosigue Castro:

En el caso de JxSí, la falta de correspondencia con la realidad de Catalunya es abismal. Solo cinco de los 62 diputados (…) tienen algún apellido que figure entre los 25 más usuales. (…) La situación contraria se produce en el caso de Ciutadans, que es el grupo con más diputados (14 sobre 25) cuyos apellidos aparecen entre los más numerosos de Catalunya. (…) Sin embargo, en proporción, es el grupo popular el que cuenta con más apellidos comunes entre sus diputados: siete sobre once. (…) Por su parte, los socialistas catalanes tienen solo cuatro parlamentarios entre 16 que exhiben apellidos muy comunes. (…) En cuanto a la CUP, la formación anticapitalista solo cuenta con uno de los 10 diputados (Gil) cuyo apellido figura entre los 25 más frecuentes. (…) Por ello, la pregunta es inevitable:¿es representativa la clase política de la población real del país?

No, no lo es. Y por si quedara alguna duda, el 21-D confirmó que el supremacismo endógamo es una minoría social que sigue teniendo la sartén por el mango. Álvaro podría haberlo leído nuevamente en el diario donde escribe. Lo explicó Lluís Amiguet ("Votando por apellidos", LV, 9/12/2017):

En la [lista] de Puigdemont, 9 de cada 10 candidatos tienen dos apellidos catalanes; en ERC son 8 de cada 10; y en la CUP también 8 entre 10. En los comunes es menor el sesgo, pero los primeros cinco son apellidos catalanes, que también dominan, aun sin ser hegemónicos, en el PSC.

Embrutecimiento subvencionado
El componente étnico de la tribu secesionista ha quedado claro. Descansa sobre el mito de que en el territorio de Cataluña impera una atmósfera peculiar, forjada a lo largo de mil años, que imparte al árbol genealógico rasgos distintivos –unos positivos, otros negativos– que apartan a los pura sangre del resto de los mortales: seny, rauxa, iniciativa, tacañería. Estereotipos que sirven tanto para justificar el supremacismo como para denigrarlo.

Pero hay más. En Estados Unidos la mayoría de los militantes supremacistas son habitantes blancos e incultos de las zonas rurales del Sur que formaron parte de la Confederación esclavista durante la Guerra de Secesión. Una de sus banderas fue la segregación de los niños negros en las escuelas hasta que el fiscal Robert Kennedy puso fin a esta aberración. Aquí, donde el supremacismo también predomina en las zonas rurales, una de sus conquistas es la proscripción de la lengua común de los españoles en las aulas. La vigencia del artículo 155 puede servir para que se cumplan las sentencias judiciales que rescatan a los niños y adolescentes víctimas del abuso provinciano.

Este abuso es inseparable de los apetitos del supremacismo que se encarnan en la anexión de los igualmente míticos Països Catalans, utilizando la lengua como arma.

Un arma que todos los supremacistas acarician: así como Hitler se valió de la lengua alemana para incorporar Austria al Tercer Reich, hoy la ultraderecha de Austria enarbola el proyecto de otorgar su pasaporte a los germanoparlantes del Alto Adigio italiano. Y Rusia mira con codicia a los rusófonos de los Países Bálticos y los Balcanes.

Pero hay aun más. El supremacismo llevado al extremo desemboca en el ridículo. La Academia de Ciencias de la URSS sostenía que ni Edison había inventado la bombilla eléctrica, ni los hermanos Wright el avión. En ambos casos los pioneros habían sido rusos. Más esperpénticas son "Las teorías independentistas que convierten en catalanes a personajes históricos" (El Confidencial, 30/6/2014). Este artículo de Antonio Fernández pasa revista a los disparates que es capaz de fraguar la cara dura del supremacismo para apropiarse de fragmentos de historia y cultura ajenos. Aparecen como catalanes, con apellidos y orígenes desfigurados, Colón, Cervantes, santa Teresa de Jesús, san Ignacio de Loyola, Erasmo, Leonardo da Vinci, Hernán Cortés y muchos otros. Colón salió de Pals, en la Costa Brava, y no de Palos. Sirvent, no Cervantes, escribió el Quijote en catalán, lengua en que también fueron escritos La Celestina y El Lazarillo de Tormes. Embrutecimiento subvencionado por la Generalidad.

Fruto podrido
Si el supremacismo fue el fruto podrido de la Guerra de Secesión, es terapéutico remontarse a aquella época para encontrarle remedio. Suenan muy actuales los pasajes del discurso que pronunció Abraham Lincoln al asumir la presidencia de Estados Unidos, del cual Alejandro Blanco Faraudo reproduce fragmentos en "El proceso y Abraham Lincoln" (LV, 21/5/2017):

Inicia recordando que ese día ha jurado respetar la Constitución, la cual establece que la Unión de los Estados ha de ser perpetua y se pregunta: "¿Puede anular el pacto una de las partes sin el consentimiento de las demás? (…) Se sigue que ningún Estado puede separarse legalmente de la Unión por su propia iniciativa y que todos los acuerdos en este sentido son nulos. (…) La Unión es inquebrantable y no ahorraré esfuerzos para que se cumpla la ley (…) Seamos francos, la separación implica la anarquía.

Aquí todavía no ha llegado la anarquía pero hemos estado al borde. Hay tiempo para evitarla. Ni Nosotros, ni Ellos. Ciudadanos libres, iguales y solidarios, unidos bajo el amparo de la Constitución, como proclamaba Lincoln.

El castellano, lengua de Cataluña
 larazon 17 Febrero 2018

La reacción frontal y un punto excitada de los partidos independentistas y catalanistas contra el anuncio del Gobierno de que garantizará que se cumpla la cuota de enseñanza en castellano en Cataluña, que es del 25 por ciento según la Lomce, ejemplifica que la lengua ocupa en el ideario y estrategia nacionalista un lugar central. O, como dijo un portavoz independentista, «sagrado». Pero aquí no estamos hablando de dogmas teológicos, sino de principios civiles marcados por el derecho y mucho de sentido común.

Si la sociedad catalana es bilingüe, como así lo es en la calle –aunque no en el mundo oficial, el que va de la administración de la Generalitat a TV3–, las dos lenguas deberían compartirse con equilibro. No ha sido así y todo indica que no será fácil.

Todo arranca con la Ley de Normalización Lingüística de 1983, que contó con el apoyo del conjunto de los grupos parlamentarios. Sin duda eran otros tiempos marcados por la lealtad mutua, sin vislumbrarse un hecho que luego resultaría clave: Pujol consideró la lengua como el elemento desde el cual dar forma y articular su proyecto político de nacionalización, con una marginación absoluta del castellano en el ámbito oficial y en la educación, en contra de todas las sentencias dictadas sobre esta discriminación. El nacionalismo lingüístico ha cometido la mayor atrofia que se podría hacer a una lengua: convertirla en una herramienta política representación de una ideología.

El catalán es patrimonio de todos, por encima de si se es o no nacionalista. No de otra manera puede entenderse que desde los sucesivos gobiernos de la Generalitat se hayan desobedecido –sin consecuencia alguna–las sucesivas sentencias. La primera y fundamental, la dictada en 2010 por el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía: «Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición vehicular en la enseñanza». Una sentencia equilibrada y justa que no se ha aplicado. En junio de 2012, el Tribuna Supremo anuló varios artículos del decreto sobre el segundo ciclo de la enseñanza infantil bajo el criterio de que para ser constitucional debe reconocer el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano. Tampoco se cumplió.

La Ley de Educación de Cataluña de 2009, aprobada bajo el mandato del tripartito, consagra al catalán como lengua vehicular en la escuela y evita que tenga que aplicarse el decreto estatal sobre la tercera hora de castellano en las escuelas al decir con toda claridad que primarán los futuros decretos de la Generalitat sobre este punto. A la Generalitat le pareció inaceptable que el Ministerio de Educación le instara a dar tres horas semanales de Lengua y Literatura castellana (la mayoría de las escuelas catalanas están impartiendo dos horas semanales de castellano, y gracias). Y, por supuesto, tampoco estaban dispuestos a cumplir la Lomce de 2013, en la que se decretaba una cuota del 25 por ciento de horas lectivas en castellano. Con estos antecedentes, que el Gobierno se proponga asegurar la enseñanza de castellano es justo y necesario, aunque es una medida que llega tarde. Pese a que ha advertido de que no quiere cambiar el modelo lingüístico catalán, esta iniciativa debe ponerse en marcha no sólo porque el artículo 155 lo permite, sino porque la Generalitat está incumpliendo la Ley, todas las sentencias y en nada perjudica al catalán. Confiamos en que no sólo sea una iniciativa para presionar y que se acabe constituyendo un gobierno legal en Cataluña, porque de nuevo estaríamos en el uso político de la lengua que ha impuesto el nacionalismo.

Normalización lingüística
ANTONIO MORENO El Mundo 17 Febrero 2018

Era cuestión de tiempo que la onda expansiva del procés terminara por alcanzar a la política lingüística catalana. Es obvio que el fracaso del independentismo ha dado al discurso más combativo con el nacionalismo una legitimidad de la que carecía. Hay que subrayarlo: sin el delirante procés, fruto podrido de un catalanismo incapaz de resistirse a los cantos de sirena del independentismo, este debate no tendría lugar. O lo tendría, mejor dicho, en los términos que eran habituales hasta que el doble salto mortal de la secesión unilateral ha dado a las palabras viejas un nuevo significado.

Ahora vemos con mayor claridad que la política lingüística, sobre la que se ha cimentado la política de identidad de nuestros nacionalismos, tenía distintas connotaciones a uno y otro lado de la frontera autonómica. Durante los años de la vigencia tranquila de la Constitución de 1978, su naturaleza cuasi-federal hizo posible la recuperación oficial de las lenguas vernáculas en las nacionalidades históricas por ella reconocidas. De ahí la naturalidad con la que se desplegaron las políticas constitutivas de la denominada normalización lingüística. Sin embargo: lo que se contemplaba desde la perspectiva constitucional como un proceso de reparación histórica de carácter federalizante fue asumido por el nacionalismo y sus aliados coyunturales como parte esencial de un proceso de construcción nacional destinado, tarde o temprano, a colisionar con el ethos del Estado autonómico. La inmersión, en fin, tenía algo de ahogamiento.

Eso es lo que explica que el encendido debate de las últimas semanas no pueda verse solo como el resultado de la estrategia política de Ciudadanos a corto plazo, sino como la ruptura de un tabú político que solo se mantenía en pie gracias al prestigio, hoy perdido, del nacionalismo catalán. Porque, además, no se trata de poner en peligro el catalán ni de atentar contra la identidad cultural de sus hablantes, sino de corregir los excesos cometidos en su nombre. Normalizar el castellano en Cataluña mediante una enmienda parcial a la inmersión, facilitando de paso la movilidad de los funcionarios allí donde sea posible, no es ningún ejercicio de españolismo. Do ut des: se trata del presupuesto para que el catalán y las demás lenguas españolas, pues todas lo son, puedan a su vez normalizarse sin resistencia en el resto de España. Y así deberían reconocerlo los federalistas de todos los partidos.

Lengua vehicular
Lorenzo Silva elespanol 17 Febrero 2018

La historia de la gestión de nuestra diversidad lingüística es la historia de un despropósito constante. A las épocas en que la pulsión centralizadora promovía el insensato ninguneo de las lenguas distintas del castellano o español —insensato porque negarle a alguien su propia lengua es empujarlo al desafecto y al encono, con las nefastas consecuencias que nuestros siglos XIX y XX atestiguan sobradamente—, han sucedido, como reacción, arrebatos de reivindicación de la lengua propia de cada territorio como enseña nacional, en descrédito o como mínimo ignorancia de la lengua común y sus hablantes, sometidos a un avasallamiento de signo contrario pero no menos inconsecuente.

No sólo por reproducir el esquema frente al que se reaccionaba, sino porque la apropiación de la lengua por el nacionalismo acaba haciéndola inhóspita al que no lo comparte, lo que a la postre menoscaba su potencial de difusión fuera de ese espacio.

Es posible, muy posible de hecho, que la rigidez militante con que en Cataluña se ha promovido la utilización exclusiva del catalán como lengua vehicular en la enseñanza haya producido a estas alturas disfunciones dignas de consideración: lo es, sin duda, que españoles que residen en España no puedan educar a sus hijos en su lengua de elección y oficial del Estado —salvo que tengan la faltriquera llena, privilegio clasista groseramente incompatible con una Constitución que define a España como Estado social y democrático de Derecho—; y lo es, también, que entre el alumnado cuya lengua materna es el catalán, y que vive en zonas catalanoparlantes, la competencia lingüística en español sea cada vez más frágil, con mezcla continua del léxico de las dos lenguas y dificultades en la expresión oral y sobre todo escrita.

Y no es algo que se inventen los que no conocen Cataluña: muchos que la conocemos, y que hemos trabajado con catalanes, lo hemos constatado una y otra vez, y el que dude puede darse un paseo por las redes sociales, donde hay, claro que sí, catalanoparlantes que se expresan en castellano con suficiencia, pero abundan desde los que desconocen la existencia de la 'y' como conjunción copulativa hasta los que padecen carencias gramaticales severas. Lo mismo que se observa, por cierto, en algún líder independentista, de cierta edad para abajo.

Ahora bien, siendo todo esto digno de tenerse en cuenta, lo que parece extremadamente dudoso es que quepa enmendarlo a través del ejercicio excepcional de la competencia de educación, por la vía del 155 y con el impulso de un partido que sólo tiene cuatro diputados en el Parlament de Cataluña. No sólo porque ayuda a resucitar fantasmas del pasado, sino porque el problema es mucho más complejo. El reto es conseguir que todos los españoles puedan sentir tan suyo y tan digno de respeto el catalán (o el euskera, o el valenciano, o el gallego) como los habitantes de comunidades bilingües la lengua común de todos. Hasta entonces, la lengua seguirá siendo vehículo… de rencor.

en plena polémica por la inmersión
Textos manipulados, carnavales políticos... ¿Se adoctrina en la escuela catalana?
El independentismo ha protagonizado un cierre de filas ante un tema que siempre se ha considerado crucial: la enseñanza
Antonio Fernández. Barcelona elconfidencial 17 Febrero 2018

La reacción soberanista al anuncio del Gobierno español de estudiar si incluye la 'casilla del castellano' en los impresos de matriculación no se ha hecho esperar. El independentismo ha protagonizado un cierre de filas ante un tema que siempre se ha considerado crucial: la enseñanza. Ahora vuelve la tradicional sospecha del adoctrinamiento de los niños en los colegios catalanes. ¿Existe o no el adoctrinamiento?

Respecto a lo que se enseña en las escuelas, lo cierto es que los libros de texto llegan hasta el extremo de preguntar sobre los actos organizados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y por Òmnium Cultural, las dos entidades independentistas. Uno de los textos de historia que se enseñan en los colegios catalanes explica que el 11 de septiembre, la Diada de Cataluña, conmemora la caída de Barcelona ante las tropas de Felipe V. "Cataluña, que había sido hasta aquel momento una nación soberana, perdió las libertades nacionales, las leyes propias del país y padeció la prohibición de la lengua y la cultura catalanas". Lo cierto es que Cataluña nunca había sido una "nación soberana", como dice el libro de texto. A continuación, explica que el himno de 'Els Segadors' es una llamada firme "a la defensa de la tierra y en favor de la supervivencia de un pueblo que proclama su realidad nacional”.

En un examen de principios de otoño del año 2017, entre las actividades que se proponen al alumno, figuran dos preguntas de marcado cariz político: “¿Recuerdas qué acto se hizo el año pasado, a nivel de país, para conmemorar el 11 de septiembre?”, es la primera. “¿Y este año?”, es la segunda. La respuesta correcta es la manifestación o concentración promovida por la ANC y Òmnium Cultural. En la segunda respuesta, el alumno debía contestar: “Una cruz. Había más de un millón de personas”. Se refiere a la concentración en forma de cruz convocada por las entidades soberanistas. Lo curioso del caso es que este cuestionario fue el primer ejercicio… de la clase de Música de quinto de primaria en un colegio de Cassà de la Selva.

Esta misma semana, en el carnaval de un centro de Vilablareix (Girona), los niños se disfrazaban con pañuelos amarillos y de papeletas del 1-O. En un discurso carnavalesco leído por un niño, el mensaje no puede ser más impactante: “El Estado no sirve para presidir. Ni tampoco para investir. A la Soraya la nombran presidenta y Puigdemont no lo acepta. Rajoy convoca elecciones y García Albiol saca cuatro escaños. El independentismo gana (…) Dicen que adoctrinamos y que castellano no hablamos, pero esto no es verdad, porque aprendemos todas las lenguas". Y continuaba: "El Rey de España saluda el día de Navidad, en un discurso que siempre acaba y comienza igual…"

Lo cierto es que las escuelas catalanas se han convertido en una trinchera más de la guerra ideológica abierta en esta comunidad en los últimos años. Son la inquietante plasmación de que la brecha social avanza peligrosamente creando “buenos” y “malos” catalanes.

El año pasado, la consejera de Educación, Clara Ponsatí (actualmente en Bélgica), abrió expediente al inspector Jordi Cantallops porque este funcionario había denunciado, en uno de sus informes, que en las escuelas catalanas se adoctrinaba a los niños. En noviembre, tras la aplicación del artículo 155, el ministro Íñigo Méndez de Vigo cerró ese expediente. Pero lo cierto es que ya entonces había denuncias de padres quejándose de la situación.

Instrumentalización
La situación se tensó más en las fechas del referéndum: la inmensa mayoría de los colegios se sumaron al mismo y se explicó a los niños la situación desde el punto de vista independentista. En el colegio Angeleta Ferrer, de Sant Cugat, un letrero colgado en la puerta de entrada rezaba: “Spain, the shame of Europe” (España, la vergüenza de Europa). En el colegio Ramón Llull de Barcelona, se colgó otro letrero impactante: “España es aquel maltratador que te pega porque te quiere”. Una carta del colegio Can Puig, de Banyoles, a los padres, explicaba que “debido a los hechos que se han producido últimamente en nuestro país, los sindicatos mayoritarios de Cataluña, incluidos los de Enseñanza, así como un gran abanico de asociaciones y organizaciones han convocado un paro general que ha de durar todo el día”. La misiva avisaba a los padres que no debían llevar a sus hijos al colegio porque no habría clase ni servicio de comedor ni ninguna actividad extraescolar. Ese mismo día, el IES Ramon Casas, de Palau Solità i Plegamans envió otra misiva similar.

El rectorado de la Universidad Autónoma fue más duro: convocaba a la huelga “como muestra de rechazo y de condena a la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado contra la ciudadanía durante la jornada del 1 de octubre”. Avisaba, también, de que en la universidad no habría actividad académica ni administrativa. Y añadía: "Por todo esto, con el acuerdo de las direcciones de los centros docentes, la UAB se suma al paro de país previsto para mañana día 3 de octubre". Y hubo también algo inaudito: un escrito firmado por todos los sindicatos avisaba de que esa jornada “se suspenden las actividades laborales y académicas para facilitar la asistencia a las convocatorias de movilización. El equipo [de la UAB] se ha comprometido a que las personas trabajadores podrán ausentarse de su puesto de trabajo sin perjuicio de su salario y no se hará ningún tipo de retención por huelga”.

Y no solo eso: una comunicación de la dirección de un instituto barcelonés detalla que el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) les hizo llegar "un comunicado, después de haber dado al alumnado la información por escrito, en el que el paro general, a diferencia de una convocatoria de huelga, no prevé servicios mínimos”. En otras palabras: el organismo oficial que depende de la Administración es el que convoca el paro general del 3 de octubre, una acción meramente política que acabó con una participación sensiblemente más baja de la esperada. La decisión de no descontar el día de huelga de los salarios y de no establecer servicios mínimos, sin embargo, desprende un inconfundible aroma de instrumentalización.

Incitación al odio
En septiembre pasado, un padre del colegio Ramón Llull, de Barcelona, se quejaba de una nota de apoyo del centro al referéndum e interpuso denuncia por alentar a los niños a apoyar el referéndum ilegal del 1 de octubre. "Esta manera de actuar es un adoctrinamiento de los niños en el colegio y además un menosprecio a las instituciones que velan por la legalidad y el estado de derecho", explica la denuncia. Además, considera que no sólo se llama a la desobediencia a las leyes españolas, sino que también tiene connotaciones de incitación al odio.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, presentó, en septiembre pasado, un escrito ante la Fiscalía de Menores denunciando la “instrumentalización” de niños. La denuncia detallaba que se utilizó a los niños para mantenerlos en los centros bajo la excusa de realizar "actividades para los alumnos y sus familias" pero con el verdadero objetivo de mantener abiertas las escuelas como colegios electorales.

Tras el referéndum, la situación se agravó: en el instituto El Palau, de Sant Andreu de la Barca, donde van hijos de guardias civiles (en esta localidad se encuentra el cuartel), hubo problemas porque los profesores criticaron con dureza a los guardias civiles. Hubo lloros de niños y una situación tensa, hasta el punto de que algunos de ellos llamaron a sus padres para que los pasasen a buscar. Desde la dirección del colegio, echaron la culpa a "dos o tres profesores".

En La Seu d’Urgell se siguen procedimientos judiciales por el trato de los menores. Un auto de un juez de esa población investiga aún la denuncia de un alumno que "habría sufrido humillaciones, insultos e incluso agresiones al ser su madre miembro de la Guardia Civil, y ser este hecho conocido por el resto de alumnos y profesores". Un total de 8 profesores de tres colegios pasaron ya por los juzgados para prestar declaración tras las denuncias de varias familias. Normal: decían a los pequeños de 9 años que "la Guardia Civil es mala y pega a la gente". El mundo docente se volcó en crear una plataforma de ayuda a los profesores y una comisión de apoyo fue incluso recibida por el alcalde de La Seu, el independentista Albert Batalla.

Los Maristas se sumaron a la protesta política "por la violencia que se vivió en la jornada del 1 de octubre”. Esta congregación aseguraba que sus escuelas “fueron víctimas de una violencia intolerable. Se vivió con miedo y angustia una jornada que los ciudadanos de nuestro país habrían querido que fuese una expresión de libertad y de democracia”. El escrito (que luego fue firmado también por la Escola Pía, La Salle, la Fundación Vedruna, la Fundación Educativa Corazón de María, por las Dominicas Anunciata Pare Coll y por la Escola Vicenciana) terminaba dando el apoyo de estos colegios "a todas las personas que sufrieron actos de violencia, tanto física como moral" y su "apoyo a las instituciones el país".

Llamamientos a la protesta
A mediados de noviembre, tras el encarcelamiento de 'los Jordis', un anuncio en otro colegio barcelonés detallaba que "los profesores que quieran manifestar su rechazo a la detención de personas por motivos políticos, nos encontraremos en la puerta principal a las 12. Los que tengan clase, bajaremos con nuestros alumnos al patio de los campos de fútbol (el interior) y permanecerán allí durante 15 minutos con un par de profesores de guardia (serán profesores que quieran participar en el paro). El resto de profesores se concentrarán afuera durante quince minutos. Pasado este tiempo, volverán todos al aula. Los profesores que no quieran participar, harán clase normal".

El decano de la Universidad de Girona, Albert Ruda-González, también llegó a enviar un mensaje a los alumnos que decía: “Para protestar contra el encarcelamiento de los presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la ANC, Jordi Sànchez, os convoco hoy a las 12 horas ante la entrada de la Facultad de Derecho”.

La líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, denunció adoctrinamiento en las aulas y se ansiaron querellas en su contra. La dirigente política se mantuvo en sus trece en que a los alumnos de quinto de Primaria de la escuela Montserrat se les hizo expresar quién había ido a votar o no el 1 de octubre y quién había asistido a la manifestación de SCC del 8 de octubre. Luego, se les recriminó que no votasen y se les convocó a “un minuto de silencio en honor de las 900 heridos por la Policía el 1 de octubre”. Ante el alud de protestas, el centro envió una carta explicando que se convocó un minuto de silencio “en nombre de la paz sin ningún ánimo de ofender ni herir ninguna sensibilidad” y desmintiendo “las afirmaciones que se han divulgado sobre actuaciones de algún docente pudiendo a los alumnos información sobre las opiniones de sus padres”. En realidad, no había sido así: sólo se les hizo una pregunta y se les señaló con el dedo.

Un profesor, Eduardo González Palomar, ha recogido en un álbum más de 1.300 fotos que, a su parecer, “reflejan el adoctrinamiento en las escuelas”. En ellas se recogen desde pintadas a favor de Terra Lliure hasta esteladas en los patios u ondeando en los tejados, carteles de entidades políticas o independentistas en recintos escolares, amenazas a políticos antiindependentistas, letreros y murales separatistas o incluso pancartas de la ANC y de Junts pel Sí. Parafraseando a Lluís Llach: ‘No és això, companys, no és això’.

Política. CONSECUENCIAS DEL 155
El Gobierno recula y se limita a decir que obligará a la Generalitat a cumplir las resoluciones judiciales
Méndez de Vigo estudia la fórmula que obligará a todos los centros escolares a dar el 25% de las clases en castellano. Ciudadanos le pregunta ya cómo lo hará.
Ana I. Graciaelespanol 17 Febrero 2018

El Gobierno se comprometió el jueves a "garantizar la libertad de los padres" para elegir como lengua vehicular de sus estudios el castellano en los centros educativos de Cataluña. El secretario de Estado de Educación,
Marcial Marín, revelaba incluso que el objetivo era incluir una casilla nueva en la preinscripción escolar para que se pudiera hacer. Un cambio significativo en la forma de estudiar de los niños catalanes que ha generado una gran polvareda y que el propio ministro de Educación se ha visto obligado a desdecir.

Íñigo Méndez de Vigo aseguró tras el consejo de ministros de este viernes que el Gobierno "no ha estado de acuerdo" con el sistema de Generalitat, contrario a las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sin embargo, se limitó a decir una vez más que obligará a la Generalitat a cumplir las resoluciones judiciales que se llevan incumpliendo tres años. El TSJC fijó en un mínimo de 25% las clases en castellano dentro del aula.

Ciudadanos entró rápido a la polémica y este mismo viernes solicitó a la Mesa del Congreso cambiar una pregunta en la sesión de control del miércoles. De hecho, el partido de Albert Rivera es el único que ha pedido al Gobierno que entre en este terreno e "implante el trilingüismo para el curso escolar 2018-2019. Contarán con nuestro apoyo", aseguró el líder de la formación en Twitter. Está previsto que el diputado Juan Carlos Girauta pregunte al propio Méndez de Vigo "cómo piensa el Gobierno garantizar que el castellano sea lengua vehicular, junto al catalán, a partir del curso 2018/2019 en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña".

El Gobierno garantizará el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de sus hijos

Méndez de Vigo quiso aclarar que el objetivo de Mariano Rajoy no es "cambiar el modelo lingüístico" del sistema educativo en Cataluña porque éste se aprobó a través de una ley votada en el Parlament y el Gobierno central carece de esas competencias. Además, recordó que durante las próximas semanas tendrá lugar la preinscripción de los alumnos que quieran estudiar el próximo curso en un colegio de Cataluña. Ante el bloqueo político y con el 155 en vigor, le toca a él como responsable de la consejería de Educación tomar una decisión.

Por ello, aseguró que debe ser "coherente" con sus principios y hacer cumplir la ley que él mismo impugnó ante los tribunales. La preinscripción en los centros escolares se harán dentro de unas semanas y por eso el Gobierno no tiene mucho margen para tomar una decisión reposada y consensuada.

El ministro quiso remarcar el mensaje de que el único objetivo del Gobierno es "garantizar" el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos a la vez que el sistema de educación funcione "con normalidad".

Gran rechazo
El asunto ha provocado un gran rechazo en Cataluña, desde sindicatos a asociaciones de padres y partidos políticos de todo el arco parlamentario. El mismo PSC se ha mostrado contrario a que se "segregue a los niños por lengua" y el PSOE se ha desmarcado de apoyar al Gobierno en esta fórmula. Los independentistas han utilizado este mensaje para intentar que el bloque llegue a un acuerdo cuanto antes y enterrar por fin el artículo 155.

De momento, Méndez de Vigo no ha sabido dar ni una sola pista sobre cómo conseguirá que todos los centros educativos cumplan con sus obligaciones. Así que de momento solo queda esperar hasta que el Ejecutivo concrete hasta dónde está dispuesto a interpretar las resoluciones judiciales

Educación aún duda si aplicar la ley sobre el español en las escuelas catalanas pese al artículo 155
ÁLVARO CARVAJAL. OLGA R. SANMARTÍN. El Mundo 17 Febrero 2018

Ahora sí está en manos del Gobierno decidir si aplica la ley y las diferentes sentencias judiciales, entre ellas, una del Tribunal Constitucional, para garantizar que el castellano también sea lengua vehicular en Cataluña para las familias que así lo soliciten, y no sólo el catalán. Pero todavía tiene dudas. Al menos, sólo reconoce estar pensándose si le "corresponde" hacerlo efectivo.

El Ministerio de Educación afirmó este jueves que está estudiando la posibilidad de introducir la llamada casilla lingüística en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña. Una medida obligatoria según la ley educativa que aprobó el PP en 2013 -la Lomce-, que nunca se ha hecho real, y que de respetarse permitiría por primera vez a las familias elegir en qué lengua reciben la educación sus hijos: catalán o castellano.

La decisión depende tan sólo del Gobierno porque en virtud de la aplicación del artículo 155, las competencias en educación en Cataluña recaen por el momento en el Departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo. Y será sólo hasta que haya un nuevo presidente de la Generalitat. Algo que hoy en día parece que va para largo dada la parálisis política y el enfrentamiento entre las fuerzas independentistas.

Así, el tiempo ha ido transcurriendo y el Gobierno se encuentra ahora con que en su papel de Consejería de Educación de Cataluña tiene que publicar en las próximas semanas una resolución con las normas de preinscripción y matrícula de alumnos para el curso que viene en los centros educativos catalanes sostenidos con fondos públicos. Por lo tanto, se le ha presentado la oportunidad para cumplir una histórica reivindicación, que se negaba a acatar la Generalitat, que es respetar y aplicar las sentencias judiciales que avalan la capacidad de los padres para decidir la lengua vehicular de sus hijos en la escuela.

Pese a ello, el Gobierno duda y aplaza la decisión a comprobar si le "corresponde" publicar la resolución con las normas para la matriculación del próximo curso. "Estamos en ello, va a estar dentro de unas semanas", pero "también tenemos que saber si esto es materia que nos corresponda en aplicación del 155", dijo el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, en declaraciones recogidas por EFE. "Somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos una decisión", señaló, sin dar un plazo concreto.

La posibilidad de elegir la lengua vehicular está blindada en el ley de educación, aunque no se respete este tema en Cataluña, y es también un derecho protegido por las sentencias de los altos tribunales.

En 2010, el Tribunal Constitucional sentenció que el castellano debía "disfrutar de la condición de lengua vehicular" junto al catalán, pero dejando claro que las competencias eran autonómicas. Sin embargo, la Generalitat entró en una batalla de recursos judiciales y siguió apostando por el modelo de inmersión lingüística, limitando las horas lectivas en castellano.

Algo que tampoco cambió a pesar de la aprobación de la Lomce -la llamada Ley Wert- por el PP en 2013. Entre otras cosas, porque el PP estableció un sistema poco práctico en el que los alumnos que pidieran escolarizarse en castellano acababan en colegios privados.

La batalla judicial de los padres llevó en 2014 a una de las sentencias de referencia en el conflicto lingüístico. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña interpretó la sentencia del Tribunal Constitucional y sentenció el derecho a aprender el 25% de las horas lectivas en castellano. Esto significaba que, además de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura -que es la única que suele impartirse en castellano-, las aulas de sus hijos debían recibir una materia más, normalmente Matemáticas.

Ahora, con el artículo 155, los colectivos que reivindican la posibilidad de estudiar en castellano en las escuelas han presionado al Gobierno para aplicar las sentencias judiciales. Lo ha hecho en los últimos días el colectivo Ames y, ayer, Societat Civil Catalana, que se reunió con Mariano Rajoy en La Moncloa.

Al salir, su presidente, José Rosiñol, defendió que habilitar casilla lingüística es una "obligación de la Generalitat, anterior a la aplicación del artículo 155", por lo que no debería ser una noticia ni una excepción, "es la norma".

El Ejecutivo no puede cambiar ninguna ley catalana ni hacer una normativa nueva, porque se encuentra en funciones, pero estos colectivos consideran que sí puede aplicar la ley y las sentencias.

Educación busca contra reloj la forma de aplicar el español en las escuelas de Cataluña
OLGA R. SANMARTÍN El Mundo 17 Febrero 2018

No lo va a tener nada fácil Mariano Rajoy para cumplir la ley y garantizar que el castellano sea, junto al catalán, la lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. Además del grueso muro de oposición política que tiene enfrente, se le presentan muchas dificultades técnicas que lo ponen entre la espada y la pared y hacen casi imposible articular en tan poco tiempo un cambio que supone, en la práctica, poner fin al actual modelo de inmersión lingüística. Hay bastantes posibilidades de que la resolución que será publicada en las próximas semanas con las normas de preinscripción y matriculación para el próximo curso no aluda a la famosa casilla lingüística que permite a las familias escoger en qué lenguas aprenden sus hijos.

Fuentes educativas sostienen que "no es tan sencillo" incluir esta casilla en las hojas de preinscripción escolar de los centros sostenidos con fondos públicos. También lo admiten los propios colectivos cívicos que defienden a los padres que piden más castellano. "No es la solución, porque la casilla no tiene amparo judicial", dice Pepe Domingo, de Impulso Ciudadano, explicando que, hace 10 años, hubo sentencias que sí les dieron la razón en esta vieja reivindicación, pero, "más recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado los impresos de la Generalitat sin casilla, y ha dicho que bastaría con que, en el momento de la matriculación, los padres pudieran expresar verbalmente el deseo de escolarizar a sus hijos en su lengua habitual".

La solución más acertada, según Domingo, sería introducir una fórmula generalista en las instrucciones de la Generalitat que dijera, sin hacer mención a la casilla, que "los proyectos lingüísticos de los centros deben adaptarse a la ley e incluir una proporción razonable de castellano y catalán como lenguas vehiculares que en ningún caso podrá ser inferior al 25% en cada una de ellas".

Podría olvidar la 'casilla' y ordenar a los centros adaptar sus planes a la ley

Porque la ley no permite ir más allá. La Lomce estableció el uso del castellano en una "proporción razonable" junto al catalán, y luego el TSJC concretó esa proporción en un mínimo del 25%. Según los colectivos cívicos, sólo hay un colegio público en toda la comunidad autónoma que haya cumplido e imparta esta proporción del 25% de forma generalizada en todas las edades. Se trata del Josep Guinovart de Castelldefels, que este curso comenzó a dar dos asignaturas en español (Lengua Castellana y Matemáticas), entre seis y siete horas semanales.

El resto de los centros públicos ofrece sólo en español la asignatura de Lengua Castellana, así que, si Íñigo Méndez de Vigo finalmente se decidiera a blindar el castellano en la resolución que tiene a su cargo, lo primero que tendría que hacer es redactar un reglamento en el que se dictaran nuevas instrucciones a los colegios, ya que deberían modificar de arriba abajo sus proyectos educativos para adaptar a las nuevas normas los proyectos lingüísticos.

"Es una bola muy grande, el Gobierno se está metiendo en un berenjenal", opinan las fuentes consultadas, que dudan de que, a estas alturas de curso, vaya a dar tiempo a hacer todos los cambios para tener en septiembre un nuevo modelo educativo alternativo a la actual inmersión lingüística.

Lo dice hasta Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe: "A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Si se hace mal, podemos tener muchos problemas. No podemos poner en marcha una medida populista que genere un incendio y no esté bien articulada".

Las fuentes consultadas opinan que el Departamento de Enseñanza de la Generalitat debería dar instrucciones concretas y detalladas a los centros para que modifiquen sus proyectos lingüísticos, pero esto supone cambiar los libros de texto y también las programaciones didácticas de los profesores, algo que tendría que estar listo antes del próximo junio. Las editoriales tendrían, por su parte, que actuar "contra reloj" para preparar los nuevos materiales "en un tiempo récord".

Y todo esto en un contexto en el que el Gobierno se encuentra en funciones en Cataluña. Porque, aunque Méndez de Vigo ejerza a la vez como ministro y conseller, ha ido hasta ahora con mucho tiento para no pisar callos y, salvo con el adoctrinamiento, se ha limitado a hacer lo imprescindible. Es consciente de que tiene a toda la maquinaria nacionalista preparada para saltar. El sindicato mayoritario de profesores, USTEC, ya ha anunciado que desobedecerá las órdenes de escolarizar también en castellano. Y, si los docentes y los directores no quieren cambiar, no hay 155 que se haga efectivo en la escuela.

El debate lingüístico vuelve a enfrentar a ERC y PDECat con Puigdemont y su gente
El expresidente da largas mientras los partidos ven ya urgente formar Gobierno
Cristian Reino. lavoz  17 Febrero 2018

Nada escapa hoy en día en Cataluña a la embarrada negociación que mantienen Junts per Catalunya y Esquerra para la investidura del presidente de la Generalitat. Tampoco la defensa de la inmersión lingüística, un sistema que rige en Cataluña desde los años ochenta y que viene a ser una especie de joya de la corona del autogobierno catalán, junto a TV-3 y los Mossos. Los dos principales grupos secesionistas, que no acaban de encontrar una salida al laberinto de la elección presidencial, salieron este viernes en tromba en defensa de la escuela catalana, que ven amenazada por los anuncios del Gobierno central, al amparo del 155, pero, en cambio, neoconvergentes y republicanos no fueron capaces de transmitir un mensaje de unidad, a pesar de que ambos rechazan la iniciativa del Gobierno y ambos se sumaran a la protesta de la ANC y Òmnium por los cuatro meses en prisión de los Jordis.

Así, mientras Junts per Catalunya pidió que «no se vincule lo que son unas negociaciones políticas a una amenaza muy fuerte absolutamente injustificada que tiene en el punto de mira a uno de los valores sagrados de la convivencia en Cataluña», en ERC no dudaron en relacionar un asunto y otro, lo que molestó a sus socios. «Esta es una prueba más» de que Cataluña necesita un «Gobierno efectivo» cuanto antes, señaló Esquerra, añadiendo presión a unas negociaciones que no fluyen como quisieran los interesados. En la misma línea, el PDECat afirmó que es «imprescindible» formar Gobierno ya para frenar el ataque a la escuela catalana. ERC y el PDECat hicieron justo lo que el portavoz juntero, Eduard Pujol, había pedido que no se hiciera: mezclar investidura con inmersión y 155.

Republicanos y convergentes aprovecharon para arrojar más leña al fuego, tras días de desencuentro independentista, que culminaron este viernes con el abogado de Puigdemont y su grupo parlamentario desmintiendo que vaya a dar un paso atrás.

ERC y el PDECat, de hecho, han alimentado esos rumores, pues el jueves unieron sus fuerzas para pedirle al expresidente que renuncie y en las últimas horas volvieron a exhibir sintonía al reclamar a Junts per Catalunya que se ponga las pilas, en este caso porque lo que está en peligro es el modelo de inmersión del catalán.

«Que quede muy claro que la única responsabilidad de que siga el 155 en Cataluña es de quien lo aplica», aseguró Pujol, defendiéndose ante quienes desde dentro del independentismo acusan a los dirigentes de la lista del expresidente de estar prolongando la vigencia del 155 por su negativa a reconocer que Puigdemont no podrá ser investido. «Tenemos nuestros ritmos; no puede ser que se nos amenace con un artefacto que hace mucho daño a la sociedad catalana», insistió Pujol, cargando contra el Gobierno. «Rajoy no se saldrá con la suya», dijo.

Las críticas contra el Gobierno central fueron unánimes en el soberanismo, desde la CUP, ERC, Junts per Catalunya y el PDECat, pero también desde el catalanismo de Catalunya en Comú y los socialistas catalanes. El más contundente fue Carles Puigdemont. «Mientras el Estado sobrealimenta con la mano derecha el nacionalismo español e intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua, con la mano izquierda esconde como secreto de Estado todas las informaciones sobre el imán de Ripoll», apuntó en la red social Twitter el expresidente catalán.

El juez Llarena rechaza acumular la causa contra Trapero para no hacerla exorbitante
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no quiere ampliar todavía más la macrocausa que instruye contra el procés. Ayer rechazó la petición del exconsejero catalán del Interior Joaquim Forn de acumular a la causa sobre el 1-O, en la que están investigados los miembros del Gobierno de Puigdemont y otros líderes independentistas, el sumario abierto en la Audiencia Nacional y en el que la instructora Carmen Lamela mantiene imputado al entonces mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, entre otros, por un delito de sedición.

Llarena considera que unir ambas causas sería «exorbitante», ya que debería investigar a todas las personas que de una forma u otra colaboraron con el plan estratégico «ideado e impulsado por los responsables políticos y sociales» para conseguir la proclamación de la república. Forn, como en su momento también hiciera sin éxito la Fiscalía, alegó que Lamela está investigando los mismos hechos que Llarena y que se podría producir una «duplicidad procesal». Sin embargo, el juez del Supremo no lo ve así. Recuerda que legalmente solo puede hacerse cargo de los hechos o personas que tengan «una conexión material inescindible» con los aforados investigados. Además, afirma que en la Audiencia se están investigando en esencia la supuesta pasividad de los Mossos en las revueltas frente a la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 y 21 de septiembre, mientras que en el Supremo se indaga la «existencia de una compleja y heterogénea organización» para conseguir la secesión de España.

Por otro lado, el Supremo ha considerado ajustado a derecho que el juez denegara a Jordi Sánchez, en prisión preventiva, un permiso penitenciario para participar en la campaña electoral del 21D.Los obispos catalanes reclaman una «reflexión serena» sobre los presos

Los obispos catalanes reclaman una «reflexión serena» sobre la situación de los dirigentes secesionistas presos. Sin entrar en consideraciones jurídicas, dicen, consideran urgente propiciar un clima de diálogo político en el que es necesario, según ellos, que «no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados». Además, en una carta pastoral aprobada ayer por unanimidad de los miembros de la conferencia episcopal catalana, los obispos defienden «la legitimidad moral de las varias opciones sobre la estructura política de Cataluña». Asimismo, consideran «necesario que, con voluntad de servicio, los parlamentarios elegidos impulsen los mecanismos democráticos para la formación de un nuevo Gobierno de la Generalitat».

El Govern socialista de Baleares excluye a 160 sanitarios por no acreditar el catalán
Cristina Seguí okdiario 17 Febrero 2018

La dictadura lingüística catalanista del Gobierno de la socialista Francina Armengol en las Islas Baleares acaba de mostrarse en toda su crudeza. En la reciente convocatoria de plazas para Técnicos de Radioterapia sólo ha sido admitido el 10% de los postulantes —es decir, 18—, porque 160 de los 162 excluidos se han quedado fuera por no acreditar el nivel requerido de catalán.

El enorme escándalo y la polvareda mediática que ha levantado el caso no arredra al tripartito de socialistas, podemitas y los nacionalistas de Mes, a pesar de que su empeño en primar la lengua sobre la competencia profesional está provocando la fuga de los profesionales lejos de las islas.

Así pasó ya el pasado mes de noviembre cuando el esperpento tomó nombres y apellidos. Ileana Antón, la única neuropediatra de la isla de Ibiza, ejercía su trabajo como interina y pretendía presentarse a las oposiciones recientemente convocadas para ganar la plaza. No pudo. Y no por ser una mala profesional, sino porque no podía acreditar el conocimiento de la lengua catalana al nivel exigido.

Antón tuvo que abandonar su puesto en el hospital de Can Misses por no poder acreditar su conocimiento del catalán de acuerdo al nuevo decreto aprobado el pasado mes de noviembre por la Mesa Sectorial de Sanidad de las Islas Baleares.

En una entrevista concedida al Periódico de Ibiza, la doctora Ileana Antón afirmaba: “Soy interina y la única neuropediatra que hay en Ibiza. Va a haber oposiciones y sin catalán no puedo presentarme al examen”.

Pero estos casos no son los únicos. Según constata en la reciente publicación de la bolsa de empleo de los técnicos de Radioterapia y los técnicos de anatomía patológica de IBSALUT, Servicio de Salud de Ibiza, la isla puede irse vaciando en breve de profesionales sanitarios.

Si los listados provisionales de Técnicos de Radioterapia muestran la citada cifra de que de 162 profesionales excluidos, 160 lo han sido por no acreditar el catalán con sólo 18 admitidos, el caso de la Anatomía Patológica no queda lejos.

Así, los listados provisionales de esa Bolsa Única de Técnicos de Anatomía Patológica presentan unos datos igualmente asombrosos: de 108 excluidos 105 lo han sido por no acreditar el catalán. Los admitidos ascienden a 59.

Una norma inconstitucional
La imposición lingüística del PSOE balear está provocando la fuga de personal sanitario competente y ha sido tachada de tener un claro tinte anticonstitucional: concretamente, choca de frente contra el artículo 14 de la Constitución Española que precisa que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Además, la adopción de esta medida que penaliza a los profesionales médicos está totalmente desacreditada por las ridículas estadísticas sobre las quejas recibidas por el desconocimiento del catalán en el sector, las cuales se resumen en un 0,07%. Sólo cinco reclamaciones de las 7.000 presentadas fueron por pacientes molestos por no haber sido atendidos en catalán.

En declaraciones a este periódico, Jorge Campos, presidente de Actúa Baleares y ex presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, exige explicaciones al Gobierno tripartito nacionalista —liderado por la socialista Armengol y constituido por el PSIB, Mes Per Mallorca y Podem Baleares—.

Además, Campos se muestra preocupado por la inacción y la irresponsabilidad del PP y de Ciudadanos al respecto. Y ha asegurado que su nueva formación sí que atenderá estas denuncias. Actúa Baleares ya ha anunciado su intención de eliminar el requisito del conocimiento de la lengua catalana para acceder a la función pública una vez llegue al Parlamento Balear.

Así, Campos deja clara su postura: “Los nacionalistas nos encontrarán en frente en cada intento de implantar estas medidas que atentan abiertamente contra la libertad”. Y añade: “Derogaremos toda la legislación autonómica que impide la libertad lingüística en la Administración y en la enseñanza pública, donde implantaremos un sistema de libre elección de lengua que garantice el derecho y la igualdad de los hablantes de ambas lenguas”.

El Gobierno garantizará el castellano como vehicular en la escuela catalana
El ministro de Educación explicó que se está estudiando «cómo hacerlo» para cumplir la ley, las sentencias y respetar el derecho de los padres
Mariano Calleja. Àlex Gubern. larazon 17 Febrero 2018

Ciento doce días después de aprobarse las medidas excepcionales para intervenir la Generalitat de Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno de Rajoy confirmó que está estudiando la forma de garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana. Se cumpliría así la Lomce, la ley educativa catalana y las sentencias de los tribunales, pero los independentistas se llevaron las manos a la cabeza y encontraron un motivo importante para acelerar, por fin, la formación de un Gobierno autonómico dentro del marco legal, que desactive el 155.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, asumió la gestión de la Consejería catalana al entrar en vigor las medidas del 155. Hasta ahora se había limitado, como el resto de los ministros, a una función meramente administrativa y aséptica. Pero ayer dio un paso que hizo reaccionar a los separatistas en bloque, al atreverse a tocar la política lingüística catalana en las aulas, uno de los pilares del sistema político nacionalista.

En realidad, la intención el Gobierno de Rajoy es garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua con la que quieren escolarizar a sus hijos, como explicó ayer Méndez de Vigo. Lo que no tiene claro aún el Ejecutivo es cómo hacerlo. «Estamos estudiando cómo, pero sin duda lo haremos porque para este Gobierno es muy importante la libertad y dentro de la libertad es muy importante el derecho de los padres a escoger la lengua vehícular de sus hijos», defendió el ministro.

En las próximas semanas se llevará a cabo el proceso de admisión de alumnos que se incorporan por primera vez al sistema educativo, los que cambian de centro y los alumnos con traslado. Se trata de un proceso lleva a cabo cada año la Consejería de Educación, ahora bajo la batuta del ministro. El Ministerio recurrió en las tres últimas ocasiones esa resolución de preinscripción, al entender que no garantizaba el derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos. La casilla que en las hojas de preinscripción debería permitir a los padres escoger la lengua de la primera enseñanza, entre los tres y los seis años, no existe.
Cuestión «técnica»

Es una cuestión «técnica», según el ministro, para determinar cómo debe ser el formulario. Ahora, lo que está estudiando el Gobierno es cómo presenta esa resolución este año, para adecuarla a lo que dicen los tribunales, la ley catalana y la Lomce. Es decir, el ministro «busca la fórmula que mejor combine el derecho de los padres con el sistema educativo» catalán. Méndez de Vigo negó que se trate de un cambio del modelo educativo, algo que solo puede hacerse con una modificación de la ley, y esta únicamente puede tener lugar en el Parlamento catalán. «Ningún Gobierno puede modificar una ley de un Parlamento autonómico», remarcó.

El ministro no se pronunció sobre ninguna fórmula en concreto, pero insistió en que si el Gobierno ha recurrido las resoluciones de los tres últimos años, «lo coherente» es que, de acuerdo con esos recursos, Educación modifique ahora que puede la preinscripción para garantizar que los padres puedan «elegir la lengua vehicular de sus hijos, y que se haga de forma no individualizada, sino colectiva». En ese sentido negó que esté decidido que sea con una marca en una casilla para elegir la preferencia de cada alumno.

Con la ley catalana actual, dijo, hay «espacio» suficiente para que, en línea con las sentencias de los tribunales, se dé opción a un mínimo del 25 por ciento de clases en castellano tras la etapa infantil. Es el porcentaje a partir del cual se considera que el derecho de los padres a elegir la lengua en las escuelas está ya protegido.

El titular de Educación descartó que la intención de esta medida sea presionar a los independentistas para desbloquear la situación política en Cataluña, y negó que se trate de un «globo sonda». «Es una resolución que se toma en tiempo y forma cuando hay que tomarla», zanjó.

En el Consejo de Ministros de ayer, el Gobierno de Rajoy envió un guiño a los funcionarios catalanes, al aprobar la devolución del 20 por ciento de la paga extra suprimida en 2012. El Parlamento catalán tendrá que convalidar el pago.

Efecto conseguido
Aunque el ministro negó que las medidas en favor del castellano sean para presionar a los soberanistas, lo cierto es que ese fue precisamente, y de manera rotunda, el efecto conseguido. Desde el Parlament, el diputado de ERC Bernat Solé lo dejó claro cuando fue preguntado por las negociaciones para formar gobierno y las intenciones del Gobierno: «Nuestro calendario ahora es el de la preinscripción escolar». La consigna entre el soberanismo es clara, hay que formar Govern cuanto antes para evitar que el 155 comience a ser algo más que un vehículo neutro para gestionar la administración, como advierten que puede pasar en las escuelas.

Todos los elementos se conjugan en este sentido para meter más presión sobre el fugado Carles Puigdemont, la figura que ahora mismo impide la «imprescindible» formación de un ejecutivo, tal y como reclamaba ayer Neus Munté, presidenta del PDECat. Munté, que abandonó el Govern antes del referéndum ilegal del 1-O, sumaba así su voz a la de la líder del partido Marta Pascal, que se ha alineado de manera clara con quienes reclaman a Puigdemont un paso al lado.

Ayer mismo, precisamente, el expresidente reunió en su casa en Waterloo (Bélgica) a los cuatro consejeros fugados y a sus abogados en un encuentro que desde JpC se aseguró que fue para trazar su línea de defensa jurídica. La presión en cualquier caso cada vez es más grande, y las especulaciones sobre una renuncia se suceden. En el PDECat lo ven como inevitable, aunque aún hay un par de semanas de margen, apuntan.


Besos con lengua, pero catalana
Miquel Giménez. vozpopuli 17 Febrero 2018

El anuncio por parte del ministro Méndez Vigo acerca de que el gobierno va a revisar la inmersión lingüística en Cataluña ha puesto de los nervios a separatistas y socialistas. Algo tan normal como que el idioma del Estado no quede reducido al veinticinco por ciento de los contenidos les parece fatal. Ya saben, la República de todos, un país normal y sonrisas, muchas sonrisas. Pero en catalán.

“La escuela ha ayudado a construir una realidad nacional”
La ex consellera de Enseñanza Irene Rigau ha dicho de manera clara lo que opinan todos los separatistas. En TV3 ha declarado que la inmersión ha sido pieza clave de la nación catalana. Según Rigau, el PP y Ciudadanos compiten entre ellos a ver quién es más anti catalán, porque ir en contra de la omnipresencia en las aulas del idioma de Josep Pla, bilingüe de pro, es ir contra Cataluña.

Acompañada por Ernest Maragall, también ex conseller en materia educativa con los Tripartitos – qué pena, Ernest -, el discurso de ambos venía a decir que la inmersión había sido un modelo de éxito. Deberían recordar que, antes de la cosa nacionalera, el catalán gozaba de un setenta por ciento como lengua de uso habitual entre alumnos; a día de hoy, el catalán como lengua de relación entre chavales es de un veinticinco por ciento. En los patios escolares se habla más castellano. Vaya por Dios.

Que la consejería de Educación haya visto cómo se presentaban numerosas quejas contra sus decisiones, que el Tribunal Constitucional – sí, el mismo al que acuden Oriol Junqueraset altri cuando consideran que sus derechos están siendo vulnerados – haya dicho que hay que garantizar el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en la lengua que prefieran, que el español sea el idioma oficial en todo el Estado o futesas similares es algo que se la trae al pairo.

Hablar de modelo de éxito acerca de lo que no es más que una apropiación del ámbito escolar es cinismo. En Cataluña se lleva adoctrinando desde las escuelas públicas hace décadas. Desde la interpretación torticera de la historia de Cataluña a la recuperación de pretendidas o ridículas tradiciones, pasando por el idioma, para terminar con esa cultura progre blandengue que divide al mundo entre catalanes, cívicos, anti militaristas, anti policías y anti España y el resto, que somos unos fachas, todo ha sido una pura delicia. Y muy pedagógico.

La enseñanza en catalán, desterrando al castellano a la categoría de asignatura “María”, ha sido una manera sumamente eficaz, en tanto en cuanto que totalitaria de forma y aplicación, para crear generaciones de ignorantes, lobotomizados, dúctiles ante las consignas emanadas del poder nacionalista. La confusión creada ha sido tal que ahora personajes como Rigau puede muy bien tildar de anti catalán a todo aquel que se oponga a esa draconiana manera de entender la enseñanza, y cuela perfectamente. Todo lo que no sea el discurso oficial es anti catalán. A eso hemos llegado. Que haya dicho que el gobierno lo que pretende es utilizar políticamente la enseñanza sería de risa si no fuese por el tremendo daño que se ha hecho con centenares de miles de alumno, educados en una serie de mitos, de imposiciones, de fábulas que va a ser muy difícil de corregir.

Eso sí, los capitostes separatistas llevan siempre a sus hijos a colegios donde lo que se prima son los idiomas. El Colegio Alemán, el Liceo Francés, colegios en Suiza – Rahola, verbigracia -, en fin, lo que niegan a los hijos de los catalanes y catalanas. Porque los únicos que pueden exhibir un dominio de lenguas son los Jordi Pujol o Carles Puigdemont. Los currantes, con que sepan hablar catalán para que sus señoritos puedan pedirles que les limpien los lavabos o les hagan la comida, tienen más que suficiente. Qué menos, como señal de agradecimiento por el pan que, según estos sátrapas, les dan en esta tierra. Manda carallo.
Cuando hablar castellano es señal de rebeldía

Si Cervantes levantase la cabeza, se moriría de vergüenza. Esa Barcelona a la que calificó como archivo de la cortesía se ha convertido en capital de mezquinos sectarios, de provincianos resentidos, de férreos intolerantes, ajenos a nada que no sea su propio ombligo. En los centros públicos todo lo que no sea “pensar”, y no digo hablar, en catalán no tiene cabida. Si en mis tiempos mozos se hablaba de convertir cada mesa de periodista en un Vietnam, de lo que se ha tratado en estos años ha sido de hacer de cada escuela un lugar de adoctrinamiento alrededor del tótem nacionalista. La educación ha sido un instrumento clave en la ingeniería social del pujolismo, auxiliada por los siempre inefables sindicatos de enseñanza, léanse CCOO y UGT.

Sin dichos elementos jamás se habría llegado a donde estamos hoy. Algún día habrá que preguntarse, entre muchas cosas, qué pintan esos aparatos clientelistas subvencionado por nuestros impuestos que son las centrales sindicales. Auténticos viveros de aprovechados, epicentro de infinitas corruptelas y, al menos en mi tierra, seguidistas a macha martillo de las consignas nacionalistas, para lo único que han servido ha sido para ser el modus vivendi de una pléyade a la que eso de trabajar no parece apetecerles demasiado.

Sindicatos y escuelas, amén de periodistas y medios de comunicación, han auxiliado al nacionalismo en la consolidación de un modelo escolar que es un auténtico fracaso, en el que los críos acaban por no saber hablar ni escribir correctamente ni catalán ni castellano, en el que las faltas de ortografía son tan tremendas que en las universidades no son pocos los profesores que aconsejan a sus alumnos la compra de libros de gramática básica (yo soy uno de ellos). Todo esto, claro, no va tan solo en detrimento del conocimiento de los dos idiomas, sino también en el del inglés. Y así nos luce el pelo.

Porque el sistema jamás ha sido bilingüe, sépanlo en toda España. Ni lo quería Pujol ni lo han querido sus sucesores, socialistas incluidos, esos que ahora dicen que uy uy uy, de aplicar el 155 en materia de enseñanza nada de nada. Sus gallináceos miedos a no quedar mal, a no ser tildados de malos catalanes también han sido una extraordinaria muleta en la que se ha apoyado el andamiaje nacionalista. Baste recordar a Marta Mata, la que es considerada en el PSC como referencia pedagógica por excelencia, que era en materia de inmersión lingüística tanto o más radical que sus homónimas en el terreno convergente.

¿Tan difícil sería adoptar el modelo trilingüe español-inglés-catalán? ¿Es irrazonable que se impartan en inglés clases de matemáticas o en castellano clases de biología? Claro que lo es, y les digo por qué. No hay profesorado que tenga la formación suficiente en inglés para poder impartir esas materias en la lengua de Shakespeare. Mucho hablar de modelos de éxito y mucha barretina, pero algo tan imprescindible como sería disponer de profesionales de la enseñanza preparados para tal menester es poco menos que un sueño. En Cataluña eres profesor si tienes la titulación, y, of course, el nivel de catalán exigido por la Generalitat. Se acabó. De forma y manera que no hay ni maestros ni maestras preparados para dar clases de todo en inglés. Ni en castellano, si me apuran.

El atraso que padece el profesorado catalán en lenguas extranjeras, así como en las TIC, las tecnologías de la información, empieza a convertirse en un pesado lastre. Hasta ahora bastaba con saberse el calendario de fiestas como la Castanyada, Sant Jordi, la Diada de Catalunya o Sant Joan, hacer recoger a los chavales hojas secas para absurdos trabajos o emplear la plastilina, mucha plastilina, en manualidades horripilantes. Eso sí, todo en un catalán fabriano puro, ortodoxo, alejando localismos que tanto enriquecen a cualquier idioma. No se te ocurra decirle a uno de esos censores de la filología algo como “popar” en lugar de “mamar” – modismo típicamente leridano – porque te suspenden. Son talibanes hasta con los suyos. Ya decía yo cuando suprimieron el latín que esto iba a acabar mal.

Con lo sugerentes que son dos lenguas intimando de manera retozona. Frígidos.

 

En defensa de la inmersión lingüística
Roger Senserrich. vozpopuli 17 Febrero 2018

La idea del Gobierno central de reabrir este debate y plantear de nuevo la fragmentación del sistema educativo, no es sólo una provocación sin sentido, sino también una medida socialmente excluyente

De todas las ideas salidas de la Generalitat de Catalunya en los últimos cuarenta años, la inmersión lingüística es probablemente la más brillante. Esta política pública, la clave del consenso educativo en Cataluña desde la transición, es uno de los motores de la cohesión social del país.

Con la recuperación de la democracia, todos los partidos catalanes, sin excepción, entendieron que el catalán estaba en problemas. Aunque el idioma seguía teniendo un uso social extenso, un porcentaje significativo de sus hablantes no habían aprendido a leer o escribir en él, debilitando su uso en el ámbito profesional.

El catalán, sin embargo, había conservado su prestigio y estatus social, en no poca medida porque pese a los esfuerzos del franquismo las clases medias y profesionales nunca lo abandonaron del todo (la más alta burguesía se pasó al castellano durante la dictadura, pero recuperó su catalanidad rápidamente). Eso hacía que existiera una sutil pero persistente discriminación social entre catalanoparlantes “de toda la vida” y castellanoparlantes que nunca habían tenido la oportunidad de aprender el idioma y no lo hablaban con fluidez.

El castellano no está en peligro en Cataluña. Tras años de inmersión lingüística, sigue siendo el idioma predominante, y tiene una presencia abrumadora y completa en los medios"

La inmersión lingüística fue la respuesta a estos dos dilemas. Primero, era imperativo que las nuevas cohortes de catalanoparlantes no sólo utilizaran el idioma verbalmente, sino que le dieran uso profesional. La Generalitat hizo un esfuerzo extraordinario de normalización lingüística, revitalizando el idioma como lenguaje de gestión y gobierno. Segundo, y más importante, para evitar que la división social real y notoria entre catalanoparlantes nativos y aquellos que no dominaban el idioma se agrandara, hicieron que el catalán fuera la lengua vehicular y dominante en la enseñanza: la inmersión.

El catalán es una lengua minoritaria y un tanto inusual ya que, a pesar de ser un idioma relativamente pequeño, goza de un mayor prestigio social que el castellano. De un abogado, contable, ejecutivo, arquitecto o profesional de cierto prestigio se espera que hable catalán de forma fluida, y lo hable sin acento. El catalán es el idioma de la burguesía, de la clase social dominante. Es una convención social, no una conspiración o decisión consciente, en parte fruto de la tozudez local, en parte por los años de inmigración del resto de la península. Siempre se asume que los nativos tienen más medios y educación que los recién llegados.

Si Cataluña hubiera apostado por un sistema educativo dual, con sistemas separados por idioma, el resultado probable hubiera sido exclusión social. El catalán es valorado de forma muy positiva en el mercado de trabajo, y hubiera sido exigido para muchas profesiones y la administración. Los participantes del sistema educativo en catalán hubieran tenido acceso a estas oportunidades; aquellos que hubieran elegido el sistema en castellano no, ya que dominarían el idioma del mismo modo. Incluso hoy, tras décadas de inmersión lingüística, ser hablante “nativo” (esto es, de padres catalanohablantes) sigue otorgando ventaja en el mercado laboral en Cataluña. Imaginad cómo sería ese mismo mercado sin trabajar para promover el bilingüismo.

El catalán es el idioma de la burguesía, de la clase social dominante, por eso la inmersión lingüística es una política de cohesión social, y no de identidad nacional"

La inmersión lingüística es una política de cohesión social, no una política de identidad nacional. Si damos libertad de elección a los padres con dos sistemas separados, lo que estaríamos haciendo es perjudicar las oportunidades de movilidad social a largo plazo de sus hijos. Es, a falta de otra expresión, una decisión educativa que las autoridades toman por ellos por su propio bien. Crea oportunidades, no las limita, y lo hace con un coste económico y social mínimo.

El castellano no está en peligro en Cataluña. Tras años de inmersión lingüística, sigue siendo el idioma predominante, y tiene una presencia abrumadora y completa en los medios. Es una lengua con 700 millones de hablantes; no hace falta “defenderlo”. Lo que sí es necesario, paradójicamente, es defender a sus hablantes de una dinámica social que podría dejarles en desventaja en una sociedad bilingüe como es la catalana.

La idea del gobierno central de reabrir este debate y plantear volver a fragmentar el sistema educativo no es sólo una provocación sin sentido, sino que es además socialmente excluyente. La inmersión es una buena idea, no una imposición nacionalfolclórica gratuita.

No es momento para bromas
Nota del Editor 17 Febrero 2018

El Sr Senserrich se ha lucido. Ha pretendido escribir un panfleto humorístico y le ha salido un bodrio de mucho cuidado. En alguna ocacsión, ante tamaña sarta de locuras, me entretenía en machacar cada párrafo con  razones y sentido común. Hoy, paso, como millones de españoles estoy hasta el gorro del montón de peligrosos e irracionales pesados que no paran de molestar porque somos español hablantes y no queremos saber nada de sus lenguas regionales.

POR ORDEN DEL JUEZ
Sólo doce escuelas en Cataluña imparten el 25% de clases en castellano
La Gaceta 17 Febrero 2018 

Una docena de escuelas catalanas están impartiendo el 25 % de clases en castellano, tras solicitarlo las familias y en cumplimento de varias sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La medida de aplicación del 25 % consiste en ofrecer una materia utilizando el castellano como lengua vehicular, “que cada escuela puede escoger en función de sus características y proyecto educativo y que afecta a la clase del niño cuya familia lo haya solicitado ” han informado a Efe fuentes del departamento de Enseñanza.

Las escuelas que desde el curso 2014-15 han impartido o imparten, de forma cautelar, el 25 % de las materias en lengua castellana atendiendo a sentencias del TSJC están en las localidades de Castelldefels, Sant Cugat, Balaguer, Tarragona, Cunit, Salou, Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Barcelona y Sant Fost de Campsentelles.

De hecho, el curso 2014-15 arrancó marcado por las sentencias del 25%, ya que en mayo de 2015, el Tribunal Supremo (TS) hizo pública una sentencia que ratificaba otra anterior del TSJC que obliga a la Generalitat a impartir un 25 % de horas lectivas en castellano en las escuelas de esta comunidad y que ello incluyese una asignatura troncal en esta lengua.

En su sentencia, el TS consideró justificado que el TSJC fijase el citado 25 % porque la Generalitat “había hecho dejación de esa potestad y desatendido los sucesivos requerimientos efectuados para que se ejecutaran las sentencias del alto tribunal que obligaban a dar cumplimiento al carácter de lengua vehicular del castellano”.

La entonces consejera de Enseñanza, Irene Rigau, consideró que el Tribunal Supremo (TS) “no tenía competencias para modificar ni instar un cambio del modelo educativo catalán aprobado por el Parlament” y que afirmó que el 25 % en castellano sólo se aplicaría en los casos en que las familias lo pidiesen.

En el mismo curso 2014-15, entró en vigor la disposición adicional 38 de la Ley de Mejora de la Educación (LOMCE), en la que se reconoce el derecho de padres y madres del alumnado que curse educación básica en Comunidades Autónomas con lengua coofial a obtener una compensación por los gastos escolarización en un centro docente privado en el que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, al no recibirla en un centro público.

Ana Losada: "Tenemos que convertirnos en héroes al pedir más castellano"
GERMÁN GONZÁLEZ El Mundo 17 Febrero 2018

Ana Losada, líder de la Asamblea Escuela Bilingüe
El Gobierno "garantizará" el derecho a escoger lengua vehicular de enseñanza en Cataluña

¿Qué opina de la propuesta del Gobierno?
Me parece muy positivo que el Gobierno preste atención a la educación en Cataluña y la falta derechos de parte de los catalanes para poder estudiar en su lengua materna. Me parece preocupante que cuando estas noticias saltan a los medios de comunicación se generan polémicas y siempre aparecen extremos y no peticiones con sentido común.

¿Qué supone la casilla?
Será válida para saber lo que los padres quieren, ya que nunca nos han preguntado, y ahora se podrá saber lo que nos gustaría que hubiera en la escuela en Cataluña. Pero lo que realmente queremos es que la ley se cumpla. Los padres no podemos elegir entre inmersión lingüística en catalán, en castellano o bilingüe aunque la ley dice que tenemos un sistema educativo bilingüe y que las dos lenguas son vehiculares.

¿Para el curso que viene?
Se lo pediremos al ministro por carta pero es importante que se lleve de forma pausada y tranquila. Es evidente que hay un grupo importante de catalanes que defienden la inmersión lingüística y se toma cualquier opinión contraria como un ataque a Cataluña. Pero muchos queremos una escuela bilingüe como un reflejo de la sociedad catalana.

¿Reciben más peticiones para tener más clases en castellano?
Las hemos duplicado en los últimos meses como consecuencia del procés. En dos centros de Barcelona las han pedido seis familias juntas. Eso demuestra que la gente ahora habla mucho más abiertamente de su posición respecto al independentismo, y el tema de la lengua sale. Cuando te expresas con libertad, llegas a acuerdos con otros padres. Pero sigue siendo un proceso muy difícil, tenemos que convertirnos en héroes para pedir más castellano.

Una televisión "peor que TV3" que victimiza a los verdugos
Rubén Arranz. vozpopuli 17 Febrero 2018
 
Ángel Alcalde no es un jubilado al uso. Su última aparición televisiva podría compararse con las que acostumbra a protagonizar Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Las cámaras de la televisión autonómica vasca mostraron a Alcalde como un anciano tranquilo, de voz calmada, que vive con una pensión raquítica y posee un discurso cargado de humanismo. La realidad es muy distinta, como ocurre con Mujica. En este último caso, la prensa española más sensiblera y menos informada no habla de su considerable historial delicitivo como guerrillero o de su cuestionable gestión. Sólo de su discurso solidario. De sus poses, vaya.

EiTB tampoco se empeña en destacar la relación con ETA de Ángel Alcalde o en señalar su larga etapa de prófugo de la justicia, que explica su precaria situación económica. En ambos casos, se obvia el contexto de forma interesada. Un rasgo típico de los nacionalismos más irracionales. Se preguntará usted cuál es la razón para realizar el paralelismo entre estos dos hombres. Busque usted sobre la opinión sobre ETA de la izquierda uruguaya y comprobará que el ejemplo viene al pelo. Tampoco le hablarán de este medio los medios más demagogos.

El caso de Alcalde ilustra a la perfección lo que ocurre día a día en las televisiones autonómicas, unos instrumentos de propaganda en favor de los barones regionales que engullen anualmente 1.000 millones de euros de dinero público. Aproximadamente, el doble del que posee la Secretaría de Estado de Cultura (540 millones) y del que destina el Ejecutivo a los programas de acceso a la vivienda y fomento de la edificación. El caso de EiTB merece ser analizado por separado, pues en un momento en el que todo el mundo mira hacia TV3, se ha obviado que hay un canal en País Vasco que también protege sin miramientos los intereses del partido que gobierna (PNV), pero, además, acostumbra a invertir los papeles cuando habla del terrorismo de ETA. De tal forma que da la impresión de que los verdugos se han convertido en víctimas.

Para explicar esta situación, basta con observar su redacción, en la que influyen principalmente dos sindicatos: por un lado, el ELA, es decir, el más cercano al PNV. El que el pasado noviembre culpaba al partido de cuyo seno salió de que el País Vasco no avance hacia la soberanía. Por otro lado, se encuentra el LAB, el abertzale. El que tanto tiene que callar.

“El proceso aquí siempre es el mismo. La gente joven es abertzale y, cuando madura, se vuelve nacionalista. El problema es que esto es una redacción joven”, explica uno de los veteranos de este medio de comunicación. Y añade: “Eso hace que en casos como el de Ángel Alcalde ni siquiera se produzcan por una orden de arriba mediante. Son habituales y surgen de sus periodistas, en una parte, simpatizantes con la causa abertzale”.

Son tiempos en los que la sociedad vasca trata de cerrar heridas tras el fin de la actividad armada de ETA y habituarse a una nueva realidad, en la que se asume que la tensión es imposible de esquivar en ciertos contextos, en los que se pega a la piel, alquitranada, y tapona los poros. Lo cuenta desde diferentes puntos de vista Fernando Aramburu en 'Patria'. Las víctimas buscan aliento mientras la madre del verdugo se cruza con la viuda del ajusticiado en la plaza del pueblo. Las víctimas se ven obligadas a escuchar la propaganda sobre los presos, sobre la independencia o sobre la opresión mientras el entorno abertzale, derrotado, trata de asimilar su frustración. Lo que se ha englobado bajo el abstracto concepto de 'normalización'. Ahora bien, una cosa es mirar hacia el futuro y otra manipular el pasado.

Así lo denuncia Nerea Llanos, coordinadora general del PP vasco y consejera de EiTB, y muy crítica con una actitud que asegura que es habitual en sus programas e informativos: la normalización del terrorismo. Porque está claro que un medio de comunicación no cumple con el servicio público que tiene asignado cuando silencia a las víctimas y convierte en héroes a los niños que, mochila a la espalda, se desplazan a las cárceles que están fuera del País Vasco para ver a sus familiares. Presos etarras. Con delitos de sangre. A eso se le llama blanquear sepulcros.

El exconsejero del Grupo EiTB Gorka Angulo lamentaba recientemente en su cuenta de Twitter la manipulación que esta televisión realiza sobre las víctimas del terrorismo de ETA. “El mismo programa que (mostró el caso de Ángel Alcalde), en septiembre de 2016 incluyó un espacio de más de 7 minutos dedicado al asesinato de Dolores González Katarain, Yoyes, en el que no se mencionaba a su asesino, Antonio López Ruiz, Kubati, para no molestar”, relata.

La directora general de este medio de comunicación es Maite Iturbe, cuya permanencia en el puesto sólo se explica por el apoyo del PNV, su valedor y, a la vez, salvador. En 2015, su mala gestión provocó que la oposición, en pleno, reclamara su cese. El pasado marzo, también surgieron voces en el hemiciclo que reclamaron su dimisión después de la emisión del programa 'Euskalduna naiz, eta zu', que calificaba a los españoles de “paletos', “chonis”, “fachas” o “atrasados”. La polémica se zanjó con una petición de disculpas. Ni Iturbe se fue a su casa, ni el Gobierno la echó.

Por cierto, de su Consejo de Administración ha formado parte hasta hace no mucho Karmelo Landa, antiguo eurodiputado por Herri Batasuna y miembro de la Mesa Nacional del partido que fue condenado dentro del caso de las 'herriko tabernas', en las que se investigaba la financiación a la banda armada desde varias decenas de estos locales.

Se puede decir que Iturbe no ha dedicado un especial esfuerzo a conseguir que esta televisión sirva de órgano de expresión para las víctimas del terrorismo. Tampoco su gestión destaca por su brillantez. Es cierto que los canales autonómicos han visto durante los últimos años caer su audiencia como consecuencia de los recortes a los que han sido sometidos, consecuencia de la crisis económica. Pero desde la oposición parlamentaria le culpan de ser incapaz de remontar la audiencia en franjas fundamentales, como la matinal y la vespertina, en la que se emiten programas realizados por productoras de 'sobrada confianza' para la casa.

Las fuentes internas consultadas por este periódico coinciden en señalar a dos empresas en este sentido. Por un lado, Prime Time Media, surgida en 2013 tras la fusión de 3 Koma e Irusoin. En el organigrama de la primera figuraba hasta febrero de ese año Itxaso Atutxa, actual presidenta de la ejecutiva vizcaína del PNV. Por otro lado encontramos a K-2000, que en 2007 fue adquirida por Mediapro a la entidad bancaria BBK. Es decir, por Jaume Roures. El perejil de todas las salsas.

Ciertamente, no ocurre en EiTB nada que no suceda en otras televisiones públicas españolas (incluida TVE), en las el tijeretazo a su presupuesto, el control gubernamental, los manejos de productoras de confianza, el sesgo de sus informativos y las reprobables maniobras de sus sindicatos han configurado un cóctel que amenaza con hacerlas explotar. Tampoco es muy distinta su estructura jerárquica a la de TV3. Sus altos cargos los avala el PNV -Convergència en TV3-, mientras que en su redacción domina la izquierda abertzale -ERC en TV3-.

Pero en EiTB existe un elemento singular y, a la vez, siniestro. Es la manipulación que se realiza en pos de la 'normalización', que ha provocado que sus canales ofrezcan una imagen distorsionada de la realidad en la que, en no pocas veces, ETA y su entorno aparecen como sufridores. Sin contexto. Sin explicar sus crímenes. Y sin hacer referencia a sus crímenes y a sus víctimas.

Ahora que en el Parlamento Vasco hay abierta una ponencia sobre el autogobierno y desde el PNV comienzan a surgir voces que reclaman la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, quizá convenga mirar de reojo a EiTB. Por anticipar un problema...o por evitarlo.

Plegarias desatendidas
CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO El Mundo 17 Febrero 2018

Nevaba sobre los suburbios de Madrid con saña soviética. Una larga fila encogida bajo paraguas negros esperaba con impaciente devoción frente a la garita. Era ya de noche y no se distinguían sus caras ni su edad ni su sexo. Pensé: son los cadáveres del Gulag ártico, liberados de su sepulcro de hielo. Y me alegré al verles llenar el auditorio, protagonistas como lectores de algo más que un éxito editorial. En apenas dos semanas, Federico Jiménez Losantos ha vendido siete ediciones de su Memoria del Comunismo. Son muchos ejemplares de un libro gordo, denso, académico y también conmovedor por su delicado fondo biográfico y su cruda utilidad social. Federico no sólo guía a los tiernos españoles de la generación instagram por los sótanos del siglo totalitario. Paternal y patriota, también los arma intelectual y moralmente para combatir la amenaza de Podemos: Mal disfrazado de Bien. Para rechazar, sin abstenciones coquetas, la represiva vuelta de tuerca socialista a la Ley de la Memoria Histórica. Y para celebrar que Jaume Roures, el padrino mediático de Podemos y mayor rentista del fracaso español, sea por fin señalado por su apoyo al golpe del 1-O. El resultado es alentador: clic, clic, clic, clic en Amazon y colas en el Corte Inglés.

Escribió Santa Teresa que "se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas". La frase le sirvió a Truman Capote para escribir una novela salvaje, sexy e inacabada; pero no es exacta. Hoy en España son las plegarias desatendidas las que más daño causan. Y las que explican un fenómeno que empieza a extenderse: la movilización espontánea de los ciudadanos y su búsqueda de respuestas al margen de los partidos políticos. El éxito del libro de Federico es un ejemplo. Hay más. Y una frase suya sirve de link.

"La única forma intelectualmente respetable de acercarse al comunismo es a través de sus víctimas". Lo mismo ocurre con ETA, que para algo es marxista. Patria, de Fernando Aramburu, ha vendido más de medio millón de ejemplares en España y ahora arrasa en el Buenos Aires querido y en Berlín. Sin embargo, la costra política y mediática sigue a lo suyo y a la greña. Esto, típico: "Bah, lo de ETA ya no interesa a nadie". Esto, elocuente: el presupuesto del Instituto Gogora, montado por el Gobierno del PNV para diluir la historia de ETA en un potaje de violencias equiparables, es cuatro veces mayor que el del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, creado por el Estado para preservar la verdad. Y esto último, tan lamentable: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos enmendó esta semana la plana al Tribunal Supremo y colocó a España al nivel de Turquía por presuntas vejaciones a los etarras de la T4. ¿Y qué pasó? ¿El Gobierno anunció un recurso ante la Gran Sala? No. ¿Los partidos constitucionalistas interpelaron al desleal López Guerra? ¿Recordaron que la Audiencia Nacional, como el Supremo, no encontró prueba alguna del maltrato? ¿Señalaron que el propio jefe de ETA reconoció la falsedad de la denuncia? Tampoco. Lo que hicieron todos a coro -editorialistas incluidos- es felicitarse de que la Justicia funcione bien.

Siguiente libro, misma brecha. Imperiofobia y leyenda negra, el ensayo que ha convertido a una profesora malagueña de instituto en una conferenciante estrella. Los libros de Elvira Roca no se venden, se ingieren. Prozac para españoles deprimidos. O más bien hartos de la letanía sobre la España corrupta, fanática y fachita. La que ululan no sólo los viejos enemigos de España, externos e internos, sino también referentes de la buena sociedad democrática. El sectarismo es la gasolina de la hispanofobia doméstica. El PSOE prefiere un Guindos derrotado que un compatriota en el BCE. Y Felipe González y Juan Luis Cebrián, que tanta firmeza han demostrado contra el golpe separatista, vuelven a recaer en los tics de El Futuro no es lo que era: ¡Ojo con el león dormido! ¡Que viene el nacionalismo español! ¡Abajo la recentralización! ¿Recentralización? ¿Qué recentralización? ¿La de Mariano Rajoy respecto a Ciudadanos?

Cuarto ejemplo, al frente un genio. En la rueda de prensa de Albert Boadella como presidente de Tabarnia en el exilio no cabía un micrófono más. Y el ambiente era cálido, cómplice, humano. Albert -el humor al servicio de la razón- hacía política grande sin el lenguaje pastoso de los políticos. Con frases limpias. Contra la xenofobia de los rasgos diferenciales. Atiende, Baños. Contra el adoctrinamiento devenido en doma. A favor de un 155 veraz. Y sobre todo por el cierre de TV3 y una educación en libertad. De lo primero nadie habla. De lo segundo nos quedamos de momento en la casilla de salida. Literalmente. El Gobierno balbuceó ayer que "garantizará" el derecho a escoger la lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. No dijo cómo. Y sus palabras desprendían un cierto tufo táctico: jiji, vamos a pillar a Ciudadanos y vamos a animar al independentismo moderado (sic!) a prescindir de Puigdemont... Nada ha sido ni será más decisivo para el futuro de la libertad y la igualdad en España que la movilización de los ciudadanos en defensa propia.

Último caso, para que nos vayamos preparando. Dos días después de su rueda de prensa en Madrid, Boadella estrenó su ópera El Pintor, un homenaje a la belleza y al orden frente al caos. Una sucesión de escenas sublimes, de la danza entrelazada de las señoritas de Aviñón al rito de coronación de los grafiteros, logra el milagro cultural de la desmitificación de Picasso. Alentada, autorreferencial, me acordé del libro de Jordan B. Peterson, 12 Rules for life, an Antidote to Chaos. Consciente de su impacto, pendiente de lo viral, Planeta ha cerrado esta semana la compra de los derechos en español. Lo publicará en septiembre. Ojalá lo hiciera ya. Hasta ahora ningún partido español ha tenido no ya la valentía sino la inteligencia estratégica de combatir la nueva tiranía colectivista que pretende imponerse bajo el rótulo intocable -¡puritano!- de feminismo. Tarde o temprano tendrán que hacerlo. Y si no vean hasta dónde ha llegado la marea. El próximo 8 de marzo habrá "huelga de mujeres". Las convocantes -un abanico rojo, rojo- no sólo pretenden que las mujeres no vayamos a trabajar. También nos exigen una huelga de consumo de productos femeninos: venga chicas, todas cuperas, gabrielas y primitivas. Una huelga de cuidados: que se apañe la vieja con su alzhéimer. Y falta saber si una huelga de celo. No es una huelga pro-mujer sino anti-humana.

El comunismo mató al individuo. Metafórica y literalmente. Cien años, cien millones de muertos. Muchos de esos cadáveres tuvieron una doble muerte: la del comunismo y la del nacionalismo. Las élites españolas, tan posmodernas, han olvidado la lección. Pero algo se mueve bajo la superficie. Como aquel joven de Teruel que en 1976, en un campo de concentración de las afueras de Pekín, ante la mirada de una muchacha condenada, se conjuró contra su biografía y contra la corriente, los españoles empiezan a defender su "derecho a decir que no sin sufrir por ello". No a Podemos. No a ETA. No a la autoflagelación. No al nacionalismo. No a la dictadura identitaria de cualquier género. Y sí a la libertad y a la responsabilidad que la sostiene. Han decidido atender sus propias plegarias.

Infamia pseudojurídica, insulto moral

Gonzalo Duñaiturria okdiario 17 Febrero 2018

Ya casi nada nos extraña. En numerosas ocasiones entramos en un estado de sopor emocional que puede ser muy cómodo, pero es difícilmente justificable. Perdemos la perspectiva de la afrenta y nos amilanamos en la respuesta. España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe la tortura y los malos tratos. Como consecuencia de ello, el Estado debe indemnizar con 50.000 euros a los degenerados etarras Portu y Sarasola, asesinos de dos honrados ciudadanos ecuatorianos una fría mañana de diciembre en el aparcamiento de la T4 de Barajas. En su inaudita sentencia, se resaltan tanto unas falsas carencias en la investigación de los hechos como un trato “inhumano y degradante” que recibieron semejantes despojos tras su detención, y del que el Tribunal hace responsable a España como Estado custodio de los detenidos.

Para mayor escarnio, semejante ‘corrillo’ tiene entre sus filas al sinuoso jurista del PSOE Luis López Guerra, siempre presente en las decisiones que dan cobertura a los intereses de ETA contra el Estado español, regalo envenenado del inefable Zapatero, muñidor y mercader de las cesiones a los terroristas para conseguir una presunta paz sin justicia. Personaje de amoralidad tal, que en vez de aleccionar a sus compañeros sobre el terror etarra durante 50 años da argumentos a los que justifican dicho terror justo cuando la sociedad española pretende evitar que el terrorismo blanquee su historia y ésta sea revisada como un conflicto entre iguales.

Jamás olvidemos que España es una nación libre, moderna y desarrollada que ha sufrido la lacra terrorista durante décadas. Hay que ser miserables, aborregadamente ingenuos o ambas cosas. Quizás estos togados de salón pretendían que nuestros guardias civiles llamaran a la puerta. Que mediante bonitos versos les impetraran e invocaran, en tono suave y delicado, la posibilidad de que amablemente les acompañaran y ya en dependencias policiales, con un café, ‘blue mountain’ a ser posible, declararan sus nimias fechorías.

Qué cicateros desde su púlpito lejano y falso, cuánto daño hacen, qué nueva cicatriz provocan a las víctimas y a la sociedad entera. Han avalado la estrategia de la mafia terrorista sobre la denuncia de falsas torturas y qué perversión jurídica provocan trasladando a nuestro Estado, como acusado, la carga de probar que no torturaron, cuando los brillantes guardias civiles que protagonizaron la detención de estos asesinos fueron absueltos de toda culpa por el Tribunal Supremo. Qué despropósito y villanía. Menudos orates que han usurpado la soberanía de nuestros tribunales.

No todos somos iguales. Siguen existiendo los decentes y los profundamente indecentes. Y entre los segundos se encuentran semejantes cicateros y aquellos voceros y bocazas que los jalean, como Unidos Podemos, que afirma sentir “vergüenza” tras la condena y el PNV y Bildu, al instar al Gobierno a “tomar nota”. Entre los primeros se encuentra aquella sociedad honrada, íntegra y limpia que clama por la verdadera justicia, por un necesario orden moral y por la memoria.

Ya está bien de admitir insultos y desprecios. Ser europeo no conlleva el precio de aguantar el escarnio y el insulto moral a través de una infamia pseudo jurídica. Es obligatorio ser conscientes de la necesidad de un Estado fuerte y soberano. Es indispensable tomar la iniciativa sin miedos ni complejos. Es cierto que las sentencias del TEDH son de obligado cumplimiento, pero no son “ejecutables”, por lo que España puede, y debe, rehuir la aplicación de semejante abyección. No se puede dar carta de naturaleza a la injusticia ni voz a quienes tratan de imponerla.

Como dijo Adolphe Thiers, político e historiador francés: “La injusticia es una madre jamás estéril: siempre produce hijos dignos de ella”.

Recortes de Prensa   Página Inicial