AGLI Recortes de Prensa   Lunes 19  Febrero 2018

La traición de Pedro Sánchez en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 19 Febrero 2018

La tímida aplicación del artículo 155 en Cataluña, que permite seguir fuera del orden constitucional a gran parte de la administración autonómica, no ha tenido hasta el momento ninguna función práctica en el terreno educativo, precisamente el ámbito donde la desobediencia de los golpistas a la Constitución, las leyes y las sentencias de los tribunales es más grosera y contumaz.

Ante la proximidad de importantes citas electorales, y acuciado por su desplome en las encuestas, el Gobierno dice ahora que va a poner remedio a esta infamia, perpetrada durante décadas por el nacionalismo contra el derecho de los niños a ser escolarizados en la lengua común de todos los españoles.

Está por ver que Rajoy tenga verdaderas intenciones de poner coto al infame adoctrinamiento nacionalista en la educación, sobre todo a la vista de cómo se ha conducido el PP en algunas comunidades con lengua propia (especialmente Valencia y Galicia) cuando ha ostentado el poder. Pero si caben todas las sospechas sobre la sinceridad del Gobierno en esta empresa concreta, de lo que no hay ninguna duda es de la deslealtad del PSOE en un asunto crucial para millones de familias españolas y para la vertebración presente y futura de nuestra Nación.

El Comité Federal de los socialistas de este pasado fin de semana ha sido un buen escaparate para ver hasta qué punto un asunto como la defensa de este derecho esencial despierta una agria polémica en el seno de un partido en el que destacados dirigentes, sobre todo catalanes, apoyan decididamente al separatismo en esta infamia. Así, frente a las protestas de los secretarios generales de Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura que, aunque tímidamente, piden la implantación del español como lengua vehicular de la enseñanza, se alzan las voces de los socialistas catalanes partidarios de la inmersión lingüística, engendro aberrante, adoctrinador y liberticida sin parangón en el resto de países desarrollados.

El PSOE sigue siendo la gran formación nacional de izquierdas y, como tal, tiene una responsabilidad fundamental no solo con sus votantes, sino con todos los españoles. La tragedia es que es un partido poco digno de confianza, en manos de un advenedizo que solo atiende a su propia ambición personal. Sin embargo, el combate en Cataluña por el derecho al uso del español no es una cuestión retórica, sino un asunto político de un profundo calado. Así lo han entendido otros partidos nacionales como Ciudadanos y, aunque a regañadientes, también el PP. En el PSOE, sin embargo, Pedro Sánchez ha optado por cerrar los ojos y no enfrentarse a sus socios del PSC, aunque esa sea una opción suicida para sus siglas en el resto de España.

Lengua, escuela e independentismo
Francesc Moreno cronicaglobal 19 Febrero 2018

Las declaraciones del ministro de Educación señalando que el Gobierno está estudiando cómo implementar el castellano, junto al catalán, como lengua vehicular en las escuelas catalanas ha reabierto un debate que viene de lejos pero que en esta ocasión lo hace con más fuerza debido a que, por primera vez, un Gobierno español parece determinado a que se cumplan las sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo.

Para comprender el motivo de la furibunda reacción de independentistas​ contra dicho anuncio, conviene explicar adecuadamente lo que está en juego. Más difícil se hace entender el seguidismo de la izquierda, pero sobre este tema volveré más adelante.

La estrategia independentista consiste en alcanzar la mayoría social en Cataluña a través de expandir la denominada conciencia nacional o, dicho de otra forma, moldear ciudadanos localistas que sean votantes cautivos. Los dos instrumentos para lograrlo, además del control de los medios de comunicación, son el contenido de la enseñanza y la lengua.

Conviene tener muy presente que ambas patas se retroalimentan. Desconexión con la historia, la geografía y la cultura comunes, criminalización de la globalización ignorando sus aportaciones al conjunto de la humanidad e identificándola con el ultraliberalismo, fomento del victimismo y del supremacismo, y aislamiento del conjunto de España, no por fomentar el catalán​, sino mediante el tratamiento del castellano en la escuela como una lengua extranjera.

Se trata de sumar a la base identitaria del nacionalismo el temor a una globalización que deja numerosos perdedores en todas las sociedades occidentales incluida la catalana. Ningún ejército mejor para esta tarea que un profesorado debidamente purgado y seleccionado.

Porque, digámoslo alto y fuerte, la exclusión del castellano como lengua también vehicular en Cataluña no pretende defender la enseñanza del catalán, más que protegido aunque se cumplieran las sentencias que establecen un 25% de materias en castellano --tampoco pasaría nada si otro 25% fuera en inglés--, sino fomentar un sentimiento de pertenencia exclusivamente catalán entre la población. Se trata de cambiar una realidad social bilingüe y todavía mayoritariamente con sentimiento de pertenencia catalán y español y, en muchos casos, europeo.

Para conseguirlo, no se tiene el menor miramiento en perjudicar a los catalanohablantes, sobre todo los que viven en un entorno en que sólo se utiliza esta lengua. Se les esta negando movilidad territorial y oportunidades laborales. Porque estas personas saben un castellano rudimentario, con escaso léxico y numerosas carencias ortográficas que hacen que tengan graves problemas para trabajar, sin una formación adicional, en empresas​ en las que el castellano sea la lengua vehicular.

Y que no me vengan con la cantinela de que con dos horas a la semana los alumnos catalanes son los mejores de toda España en castellano. Para desmentirlo sólo hace falta oír a algunos de los lideres nacionalistas o preguntar en muchas empresas.

La negación del castellano como lengua vehicular, además de perjudicar a los catalanohablantes, atenta contra el derecho de los castellanohablantes a recibir educación en su lengua materna, y condena al abandono escolar a muchos niños de familias de nivel socioeconómico y cultural bajo. Hacerlo implica considerar a los castellanohablantes como extranjeros​.

 Como catalanes de segunda.
Así pues, para construir un pueblo moldeado al gusto del imaginario nacionalista se atenta contra derechos y se perjudica el ascenso social de muchos catalanes. Y no me vale el argumento de que introducir el castellano es dividir a los alumnos por su lengua. Todos los niños catalanes deberían poder tener un 25% de asignaturas en castellano y, en la medida de las disponibilidades presupuestarias, otro 25% en inglés. Con el 50% de las materias en catalán, su supervivencia esta más que asegurada.

Vivir en una sociedad bilingüe es complejo y tiene sus inconvenientes, pero es un gran activo en un mundo globalizado ya que, además del conocimiento de una lengua hablada por 500 millones de personas, permite aprender idiomas con mayor facilidad. Perder esta ventaja competitiva por intereses políticos es una inmoralidad. Y la izquierda, incapaz de responder a los problemas de la globalización, que son muchos, confundiendo castellano con franquismo, abandona sus señas de identidad y se refugia junto a la extrema derecha y los nacionalistas en el localismo antiglobalizador. No es extraño que su peso sea cada día más irrelevante.

Sabemos que el nacionalismo se ha precipitado pero que no renunciará a la independencia. Se aferrará a gobernar la denostada autonomía para continuar la construcción nacional. Pero su objetivo ha quedado al descubierto. ¿Seguirán los gobiernos españoles y los partidos no secesionistas como si aquí no hubiera pasado nada? Esperemos que no. Hacer cumplir las sentencias en materia de lengua nos mostrará su firmeza y si han aprendido algo de lo ocurrido en Cataluña.

El independentismo no se debe sólo al adoctrinamiento escolar y la lengua. Existía agazapado bajo el nacionalismo autonomista. La transformación de CDC en independentista, la agitación y propaganda desde el poder, la crisis económica, los problemas derivados de la globalización y la identificación entre el Gobierno del PP --en horas muy bajas en Cataluña-- y España, son razones fundamentales. Pero la escuela y la lengua siembran el terreno para que crezca el independentismo. Actuar sobre ello no es sólo por oponerse al independentismo. Es imprescindible para que nuestros hijos tengan un formación veraz y competitiva. Para que no se adultere la historia y se respeten los derechos de todos. Y, a partir de ahí, que cada uno sea lo que quiera.

La irresponsable inmersión balear
 Libertad Digital  19 Febrero 2018

La experiencia demuestra que la inmersión lingüística acaba siendo contraproducente para la lengua que se quiere apoyar. Sobre todo cuando supone desfavorecer el uso de otra que no es precisamente minoritaria. La lengua «oficial», la usada por todos los estamentos de poder –político, económico, cultural y élites sociales–, acaba convirtiéndose en la expresión sólo de una parte de la sociedad.

El argumento de que la inmersión favorece la cohesión es puramente político –es decir, se trata de tomar conciencia de que el catalán y ninguna otra lengua es la propia de Cataluña o de Baleares–, pero ningún indicador aceptado por sociolingüistas avala esta tesis. Cuando los defensores del monolingüismo dicen que en un sistema de inmersión en catalán los resultados son mejores en los alumnos que tienen el catalán como lengua materna puede que estén en lo cierto, pero lo que nunca dicen es que esto es así porque es aceptado que el estudio en la lengua materna ayuda al aprendizaje. Es decir, los alumnos que estudian en catalán pero en el ámbito familiar hablan castellano están desfavorecidos.

También la experiencia indica que las políticas de uso obligatorio de una lengua, en este caso del catalán, acaban aplicando medidas coercitivas: en Cataluña se hizo con la rotulación obligatoria de comercios. Baleares sigue los mismos pasos, incluso dando una vuelta de tuerca aún más radical. No de otra manera puede entenderse que el gobierno socialista de Francina Armengol –con apoyo de Podemos y los nacionalistas– obligue a los médicos a saber catalán para ejercer y optar a traslados. Esta medida cuenta con el rechazo de la mayoría de la comunidad sanitaria, que considera que va en contra de la igualdad para el acceso laboral.

Este «decretazo» sitúa el conocimiento del catalán como un requisito, sin tener en cuenta el artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía balerar que deja claramente expresado que la lengua catalana es «propia» de las Islas Baleares «junto con la castellana» y ambas son oficiales. Legalmente no tendrá mucho recorrido, pero de entrada ha conseguido introducir un elemento de discordia, que no es el último en la política lingüística emprendida por el gobierno socialista balear.

A la espera de una nueva ley educativa, los padres no podrán escolarizar a sus hijos en castellano, norma que, además, será blindada. Hay más medidas que se están poniendo en marcha bajo el mismo espíritu de romper con el bilingüismo –como que se libren de participar en concurso público aquellas empresas que lo hagan en catalán– y el trilingüismo –incluyendo otra lengua internacional– que quiso poner en marcha el anterior gobierno del PP. Y, por supuesto, acabando con la Ley de Normalización Lingüística de 1986 que impulsó el primer gobierno popular y que establecía que al menos un 50% se impartiese en catalán.

Si la decisión de Armengol tiene que ver con sus equilibrios de poder y condiciones de los nacionalistas, sus medidas son doblemente injustas e irresponsables, porque introducen un elemento de discordia en una sociedad que, además, tiene una gran movilidad laboral provocada por ser una potencia turística. En definitiva, se trata de un error inmenso que abona un conflicto puramente identitario. Si los defensores de la inmersión lingüística argumentan que su aplicación es la clave de la cohesión social, ahora vuelve a ponerse encima de la mesa su carácter conflictivo. Después de todo, el monolingüismo estricto es una anomalía cuando existen dos lenguas oficiales, algo sobre lo que los expertos han llamado la atención. Entrar en una guerra de lenguas es un retroceso.

La desaparición del PSOE
Vicente Torres Periodista Digital 19 Febrero 2018

No cabe duda de que a mucha gente le debe de parecer imposible que el PSOE desaparezca, pero precisamente ese pensamiento es lo que mejor puede facilitar que ocurra. Lo ocurrido en Francia debería servir de aviso.

Por otra parte, el primigenio PSOE ya desapareció, puesto que fue engullido por el invento de Felipe González, aunque al nuevo partido resultante se le colaron dos malas hierbas a las que habría sido mejor cortarles el paso radicalmente. Pero el otrora conocido como dios por sus compañeros del partido siempre ha tenido más soberbia que talento.

Esas dos malas hierbas son el sectarismo y el nacionalismo. Ambas pueden acabar con el partido en menos que canta un gallo y con Pedro Sánchez a los mandos el peligro es máximo.

Todo el mundo pudo ver que con tal de acceder a la presidencia del gobierno estaba dispuesto a lo que fuera. En la primera ocasión, sus propios compañeros del partido le tuvieron que apartar de la Secretaría General para evitar males mayores, puesto que estaba dispuesto a pactar con Podemos y los nacionalistas. La segunda tuvo lugar el 2 de octubre, cuando se lanzó con todo al cuello de Rajoy, en apoyo de los nacionalistas y secundando a Podemos. Esta vez fue el Rey, con su discurso del 3 de octubre, el que salvó los muebles.
Desde entonces está más callado, porque al contrario que Podemos, que se ha lanzado a erosionar la monarquía, porque es el baluarte más firme del sistema que quieren derruir, un Secretario General del Partido Socialista no se puede permitir ese lujo.

Pero en Pedro Sánchez se destacan su sectarismo, puesto que todo el bagaje ideológico que exhibe es el odio a la derecha, y el sectarismo es inequívocamente antidemocrático, y la sumisión al nacionalismo, que es incompatible con la democracia. Por esos caminos se dirige hacia la nada.

Nuestra libertad, amenazada
Santiago Abascal. gaceta.es 19 Febrero 2018

Ayer, el partido semiviejo Ciudadanos arremetía en redes sociales contra una conferencia en Melilla del cristiano perseguido de origen iraquí, Raad Salam, acusándole de “islamófobo” por señalar la incompatibilida del Islam con Occidente y recordando su paso por las listas de VOX al Congreso. Sin olvidar, por supuesto, dejar sentada muy claramente la posición de Ciudadanos en favor de la censura para este tipo de ideas.

El pasado jueves el Ateneo de Santander suspendió una conferencia de Alicia Rubio, miembro de la dirección de VOX, contra la totalitaria ideología de género. Tales fueron las presiones de Podemos y del resto de la mafia izquierdista que el ateneo santanderino, -no lo edulcoremos-, se acojonó y dejó documentada su infame cobardía en una penosísima nota de prensa cuyos autores nunca mostrarán a sus nietos.

Nuestra pisoteada Constitución es especialmente garantista con el derecho a la libertad de expresión. Y esto es así porque sin libertad de expresión, sin libertad de conciencia, sin libertad de cátedra, sin libertad de educación, sin libertad, en definitiva, no existe el pluralismo político, que es, junto con libertad, la justicia y la igualdad uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico.

Por desgracia, durante estos últimos años, la libertad de expresión y de conciencia, en España, están cada vez más amenazadas. Primero fueron las leyes LGTB de las diferentes comunidades autónomas que, con el pretexto de evitar la discriminación por identidad u orientación sexual, instauran una verdad oficial en materia de género y castigan a todo aquél que trate de discutir sus postulados. Unas leyes LGTB, que fueron impulsadas por la izquierda pero a las que se sumaron gustosos los acomplejados políticos del PP y Ciudadanos, que han aceptado todas las premisas ideológicas de la peor izquierda, tratando de conseguir, inútilmente, la bendición del establishment progre cuando no directamente el perdón del rojerío patrio.

Por eso la izquierda les ha tomado la medida. El siguiente paso es imponer su particular visión sobre lo ocurrido en nuestra desgraciada guerra civil, que por cierto iniciaron en 1934, y a pesar de ello, el PSOE áun sin cambiar de siglas. Para la izquierda, la guerra civil fue exclusivamente responsabilidad del bando nacional, obviando que ellos mismos asesinaron al líder de la oposición Calvo Sotelo días antes del 18 de julio. Y ocultando que ellos mismos se alzaron violentamente -y en armas- contra la república rosa que ahora describen. La verdad da igual. Para ellos, la derecha actual no tiene legitimidad democrática para gobernar, pues es heredera del régimen de Franco, y este la encarnación de todos los males.

Con este objetivo, el sectario presidente Zapatero promovió la Ley de Memoria Histórica. El acomplejado presidente Rajoy, al llegar al poder, no derogó la ley socialista. Era de esperar. Ahora, diez años después, el PSOE de Pedro Sánchez no se conforma y quiere ir aún más lejos pretendiendo una nueva Ley de Memoria Histórica que apriete más las tuercas a la libertad.

Si la Ley socialista sale adelante, se organizará una Comisión de la Verdad (ni siquiera se han tomado la molestia de disimular los tintes orwellianos) para determinar la verdad oficial sobre lo que pasó en la guerra civil. Una Verdad Oficial que será la que tendrá que ser enseñada en los colegios y la que los medios de comunicación tendrán obligación de difundir. Y la que los historiadores habrán de asumir. Y los líderes políticos jurar.

Ahí no para la cosa. La verdad se cincela con el código penal. Serán acusables y acusados todo aquellos que se atrevan a decir cosas como que los partidos marxistas fueron total o parcialmente responsables del colapso de la República o que en la zona republicana tuvieron lugar algunas de las masacres más salvajes de la guerra. O que si el alzamiento triunfó fue, simple y llanamente, porque hubo media España que no se resignaba a morir.

No contentos con todo esto, el proyecto de Ley otorga al Gobierno la posibilidad de secuestrar publicaciones y de destruir libros que vayan contra la verdad oficial. Y los profesores que se atrevan a discrepar, podrán ser inhabilitados.

Parece claro que Podemos y los separatistas apoyarán la iniciativa del PSOE. ¿Qué harán Ciudadanos y el PP? ¿Se atreverán a votar en contra para defender nuestra libertad de expresión? ¿O se abstendrán cobardemente para evitar ser tildados de franquistas?

No podemos confiar en ellos, bien porque la ideología izquierdista ha penetrado en sus filas, o bien porque la cobardía se ha hecho constitutiva en sus dirigentes. Ya han demostrado su rendición en muchos campos. Es la sociedad civil la que una vez más tiene que reaccionar ante la inacción política, como lo ha hecho en toda España ante el golpe separatista.

Si no lo hacemos, pronto circularemos en sentido único por las aceras sin motos de las calles marxistas de Manuela Carmena, entonando la internacional, recitando de memoria la desmemoria histórica, haciendo gala de la islamofilia obligatoria, ocultando nuestra religión, y jurando, por si acaso, con fe impostada en la ideología de género, que Pablo Iglesias puede tener vulva y Manuela Carmena más huevos que Rajoy y Rivera juntos.

Rajoy no aclara su plan para Cataluña y se revuelve contra "el debate sobre las lenguas"
Isabel Bonig alerta a Rajoy, cara a cara, sobre el modelo educativo en Valencia: "Te pedimos que nos ayudes".
P. Montesinos Libertad Digital  17 Febrero 2018

Isabel Bonig advirtió de que en las escuelas de la Comunidad Valenciana puede ocurrir lo mismo que en Cataluña. Ante Mariano Rajoy, explicó que esta semana las Cortes de la comunidad aprobaron la ley de plurilingüismo que, a su juicio, "coarta la libertad" de los padres a la hora de escoger la lengua vehicular de sus hijos. Y se dirigió directamente al presidente, en un acto del PP en Elche: "Te pedimos que nos ayudes a que se respete ese derecho constitucional".

"Los prejuicios ideológicos de Ximo Puig están impidiendo dar a los valencianos los mejores servicios públicos", denunció la líder de los populares valencianos. Mentó la cuestión educativa, una de sus principales batallas políticas. Recordó que su partido ya acudió a los tribunales para intentar frenar al Ejecutivo autonómico, y se comprometió a seguir trabajando por "la libertad de los padres". "Agradeceríamos ayuda, toda ayuda es buena", insistió, no sin criticar la "sobreactuación" de Ciudadanos.

Rajoy no se refirió expresamente a la ley de plurilingüismo del Ejecutivo de Puig. Tampoco a la situación educativa en Cataluña, después de que Íñigo Méndez de Vigo se comprometiera el viernes a garantizar "la libertad de los padres" para elegir el castellano como lengua vehicular en esa comunidad, aunque sin aclarar cómo lo llevará a cabo. Pero se lamentó públicamente: "Es verdaderamente increíble, atenta contra el progreso y supone situarse en el peor pasado, el estar haciendo debate sobre las lenguas, imponiendo a la gente lo que no quiere que se le imponga".

El presidente no dio ningún detalle sobre los planes de su ministro de Educación para recuperar la "libertad" en Cataluña. De hecho, aseguró que "la verdadera política de educación" es dedicar sus recursos "a la revolución digital que se está produciendo en todo el mundo". "Hay muchas cosas, hay que enseñar en valores, sin ninguna duda, pero la clave hoy está en la revolución digital, con 475.000 puestos de trabajo en el último año. Éste es el futuro, el futuro imparable que no lo va a detener nadie", argumentó.

A partir de ahí, se centró en la economía y en criticar a Ciudadanos. Tal y como recoge EFE, anunció que el Ejecutivo prepara una regulación para garantizar que los negocios digitales tributen por la actividad y beneficios que obtengan en España aunque su domicilio fiscal esté en otro país. Y, ante el avance del partido naranja en las encuestas, reivindicó su "hoja de servicios y de ruta". "Las ofertas líquidas y los inventos gaseosos se los dejamos a otros", afirmó, y habló de "oportunismos" y "ensoñaciones". "Somos el principal partido de España y no unos aficionados", remató Rajoy.

Carta abierta para Albert Rivera
Pablo Mosquera  latribunadelpaisvasco.com 19 Febrero 2018

De verdad. Además de sospechosos como corruptos, les sobra chulería. Me estoy refiriendo a ese PP de rancios abolengos en la derechona. Me estoy refiriendo a esos pijos que son 'la nueva imagen del PP cuando comunica' para la televisión o cuando completa los dicterios del ocurrente portavoz Rafael Hernando.

Hoy se puede leer a un ex alcalde de Vitoria, con ínfulas madrileñas: "Con el corrupto, tolerancia cero, ni media broma, echarlo fuera y a por él". ¡La sartén le dijo al cazo...!. Y es que el papel lo aguanta todo, y los discursos de algunos suenan como letanías del sapo cancionero.

Están serenamente preocupados, que dijo sabiamente Aznar. Están ocupados en mantener el tipo, el sillón, el sueldo y el poder. Pero no se les ha olvidado usar el ventilador para hacernos creer que todos los políticos son iguales, pendientes de su nómina y dedicados a buscar fórmulas mágicas para financiar campañas electorales.

Una observación. El problema de la Ley Electoral no es tanto la relación votos-escaño como la falta de representatividad para la ciudadanía. Así que daría lo mismo que convirtieran España en circunscripción única, como en las elecciones al Parlamento Europeo. A estos políticos de provincias grandes o pequeñas, el paisanaje, les importa un comino. Y además, si no hay segunda vuelta, seguimos corriendo el riesgo de coaliciones contra natura para tocar poder.

Tiene usted razón. Mientras ellos, los partidos nacionales, que han hecho de su capa un sallo, dándole al nacionalismo patente de corso, y a las comunidades "históricas" todo cuanto se les antojaba a cambio del plato de lentejas preciso para mandar desde la Jefatura del Gobierno de España, sucedían desmanes y caminaban hacia un país -el suyo- que fomentaba el odio a España. Es más, no sé si la Real Academia de la Lengua lo ha tenido en cuenta, pero durante muchos años ser español y comportarse como tal era sinónimo de fachas.

El partido con sede en la calle Génova, o el de la sede en la calle Ferraz, se han disputado los favores -de ahí viene favorita- del PNV y de la fenecida CIU. Es más, no le quepa a usted la menor duda, si en próximas legislaturas hubiesen de precisar sus escaños en el Congreso de los Diputados, volverían a tomarlos a cambio de más madera.

Le apuesto una caja de butifarras o de Rioja Alavesa, a que de lo firmado con C's para la investidura de Rajoy, procurarán o se olvidarán para no cumplir absolutamente nada, ya que tan sólo aceptan las reformas que consisten en mantener el poder, o pequeñas cosas para que todo siga igual. Este país que a usted, por juventud, cultura y vergüenza ciudadana, no le gusta, y hay que darle varias manos de pintura, a ellos, los que mandan y eligen a sus acólitos, les encanta.

Lo mismo que no es posible ejercer de nacionalista y progresista, tampoco es posible ser del PP y querer regenerar la democracia, entre otras razones por sus antecedentes poco democráticos, internos e históricos.

¡Atrévase!. Deje claro que tienen ideas, gentes preparadas, y deseos para tomar el poder. España necesita abrir las ventanas, volver a ventilarse, recuperar la esperanza y el orgullo, para ser un gran país, pero de paisanos que ejercen la ciudadanía, no la finca de esas élites cochambrosas con las que Montoro no se atreve, entre otras razones por haber comprado la voluntad de los legislativos y ejecutivos en el Estado de las autonomías. Además, ¿cuál es la salida laboral de aquellos mandarines gubernamentales que dejan despachos y cargos ?, ¿Usted cree que se van a poner serios con los que les van a dar de comer en la mesa del señor...?

Tiene usted un aguante que algunos interpretan como debilidad. Yo prefiero señalarlo en clave de señorío por el bien de España. Me refiero a esa comparecencia en el Senado para que los críticos de C's apuntalen sospechas de financiación irregular. ¡Qué poca vergüenza!. ¿Se imaginan una comisión de investigación con capacidad de hecho y derecho que investigue al PP con presencia de todos aquellos que son críticos con la autoridad que viene de Dios?. Por cierto, una vez más el Senado da muestras de vergonzosa inoperancia. Y, teniendo en cuenta el historial de cementerio para viejos dirigentes, algunos deberían estar serenamente preocupados no sea que en esa torpeza infinita de algunos, se equivoquen de papel y descubran quienes robaban y quiénes eran los robados.

Ahora resulta que la corrupción, el blanqueo, la caja B, las mordidas, era una trama organizada por un hombre al que un proceso neurológico le ha convertido en persona con grave trastorno cognitivo, por tanto sin posibilidades ante la justicia. Así que ya lo sabemos todos los españoles. ¡Somos gilis!. Es palabra del creador que secretarios generales y presidentes del PP ignoraban la máquina de hacer dinero que funcionaba en otros pisos de las sedes del gran partido fundado por Don Manuel.

Supongo que usted, con su magnífica preparación en ESADE, es consciente de cómo usan el problema de Cataluña, cada vez que conviene desviar la atención sobre la trama de corrupción, con algún cabreado por abandono, con el que no se ha podido llegar a un pacto -¡Luís, sé fuerte!-. La última hazaña de estos malndrines: abrir la caja de Pandora con el problema de la inmersión lingüística en catalán. Por un momento pensé que volverían recurrir al debate mediático sobre el aborto.

Hágame caso, ciudadano Rivera. España necesita una generación de gentes preparadas y decentes. Usted tiene en su mano el Renacimiento. Pero debe proceder, mejor pronto que tarde, a enterrar esa Edad Media política y social, con todas las prácticas feudales dirigidas por un partido político al que debemos arrebatarle ese poder que pertenece al pueblo.

Se difumina la pista del dinero en el caso ERE: dudas sobre la recuperación de los 741 millones de euros en litigio
Pedro de Tena (Sevilla) Libertad Digital 19 Febrero 2018

Este lunes se reanuda, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán incluidos, con la declaración de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez (agosto 1994-febrero de 2004). Si finaliza este lunes tal declaración, le seguirá en el orden el viceconsejero de Economía entre 1990 y febrero de 2004, José Salgueiro.

Pero en las primeras sesiones del juicio, que comenzó el pasado 13 de diciembre, ya se han dejado claras dos cosas. La primera, que las defensas se han unido y que eso del tirar de la manta es cosa del pasado. La segunda, que las acusaciones están deterioradas por sus propias decisiones -la Junta, perjudicada máxima, dejó de serlo voluntariamente abriendo un agujero negro a favor de los acusados-, y por los límites de las acciones que pueden ejercer Fiscalía y el PP.

Tras la declaración de Francisco Javier Guerrero ha quedado claro que las hazañas bélicas con las que comenzó su andadura judicial el ex director general aludiendo a la cúpula de la Junta y el "fondo de reptiles" ha quedado suplantado por la mentira, a que tiene derecho, de negar que dijera nada de tal fondo y por reelaborar ahora el papel de la Junta como algo no arbitrario sino legal y justo. Tras él, las demás declaraciones han seguido la vía de la concordia.

Hay cuatro frentes principales de consenso. Uno, que todo fue legal en la Junta de Andalucía y que todo tuvo su origen en la orden ministerial de 1995 que permitía las ayudas sin consulta al Gobierno ni a la Junta. El gobierno de España hizo siempre lo mismo que la Junta. Dos, que el Interventor General de la Junta advirtió de boquilla que el procedimiento era irregular pero nunca emitió un informe de actuación, lo que hubiera sido de obediencia debida.

El tercero de los argumentos es que las ayudas estaban consignadas en los Presupuestos de la Junta que aprobaba el Parlamento y que, por tanto, eran políticamente correctas. Y el último, que aún no se visualizado, es desacreditar el demoledor informe de la Intervención General de Estado que se verá en las sesiones de primavera o verano.

Consecuentemente, la tesis de las defensas es que la Junta hizo lo que debía para ayudar a los pobres perjudicados por las crisis. Dado que esas ayudas se tramitaban como subvenciones o de otras maneras y un camino lento y fiscalizado, inventó un atajo, que se ajustaba a la legalidad, y gracias a ello, pudo atender a miles de necesitados.

No se responde por qué a algunos sí y no a otros y por qué hay casi 250 causas por irregularidades de las ayudas. Tampoco por qué el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo están reclamando el dinero de algunas de las ayudas, por ahora.
La Junta parece querer perder la pista del dinero

Estamos hablando, cuando menos, de 741 millones de euros que constan en las actuaciones como el dinero presuntamente defraudado en origen por las decisiones políticas adoptadas en el caso de los ERE. La Junta de Andalucía, gestora y garante del dinero público, era y es la principal perjudicada por este desmadre. Pero, como subraya hoy El Mundo, ha bloqueado la posibilidad de que la Fiscalía pueda reclamar ese dinero y el PP no puede hacerlo porque el tribunal así lo ha decidido.

Pero ¿cómo lo ha hecho la Junta? Pues sencillamente se ha apartado de la pieza principal de los ERE dejando de ser acusación, pero reservándose en exclusiva las acciones para reclamar las responsabilidades civiles. O sea, no acusa a ninguno de los 22 ex alto cargos a los que considera inocentes de los cargos de prevaricación y malversación, y sólo ella puede exigir el dinero defraudado cuándo y cómo quiera.

Como la Audiencia Provincial, Sección Primera, que es la que juzga el caso, dijo al PP que "la acusación popular no está legitimada para solicitar responsabilidad civil» y, por ende, pedir fianzas a los acusados, sólo pueden hacerlo la Junta y la Fiscalía.

Por poner un ejemplo clarificador. El expresidente Griñán debió haber hecho frente a una fianza de 4.214.000 euros por la responsabilidad civil implicada, pero en febrero de 2016, cuando la Junta de Andalucía se apartó de la acusación en el proceso, quedó eximido de pagar. Esto se aplica todos los demás que ya no tienen que hacer frente a garantías cautelares.

La actitud de la Junta obligó a la Fiscalía y al PP a renunciar a las fianzas exigidas, pero cuando se vio claramente el objetivo de la maniobra de la Junta, que no ha hecho nada sobre la recuperación de todo el dinero y no se conoce decisión alguna sobre ello, el PP quiso volver a exigirlas, algo que no admitió el Tribunal.

Recuérdese que la Junta de Andalucía sólo ha reclamado 135,3 millones de euros salidos como ayudas de la partida 31 L, el famoso 'fondo de reptiles'. Esa cantidad es una pequeña parte, la sexta aproximadamente, del dinero calculado por la Fiscalía Anticorrupción, que elevó el fraude a 741 millones de euros y que el juez instructor, Álvaro Martín, elevó a 854,8 millones de euros.

¿Y la Fiscalía? Tampoco puede hacerlo porque la Junta se reservó "expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar" y porque el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que "si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables". O sea, de dinero, nada.

O sea, se está diluyendo la pista del dinero y los 22 ex altos cargos se han librado de la responsabilidad civil y las fianzas debidas gracias a la Junta.

Contrasta esta situación con las decisiones del Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas que andan exigiendo el dinero percibido por ayudas evidentemente irregulares.

Igualmente, mientras la juez Núñez Bolaños sienta el criterio de los beneficiarios de las ayudas son "víctimas" de la mala conducta de la Junta de Andalucía al conceder las ayudas, el Consejo Consultivo emitió más de cien informes subrayando ilegalidades en 124 de 138 casos ya en 2013.
El Consejo Consultivo bajo sospecha

Es conocido el golpe de mano dado por el gobierno de Susana Díaz eliminando a la oposición política de los sillones del Consejo Consultivo cuando siempre se había practicado la política de cuotas políticas: tantos diputados, tantos puestos en el Consejo. Desde la renovación impuesta este año 2018, todos los consejeros son propuestos por la Junta y dirigidos por el socialista Juan Cano Bueso.

Sorprendente fue el que el Tribunal que juzga el caso de los ERE se viera sorprendido por una sentencia del Tribunal Supremo del pasado día 6 de febrero en el que se aludía a un informe negativo del Consejo Consultivo sobre una ayuda de 3,8 millones a una empresa de la Sierra Norte sevillana que está obligada a devolverlos.

Cuando el Tribunal que juzga el caso ERE en Sevilla examinó los informes que tenía del Consejo Consultivo vio que tenía un índice de los informes con fecha, casos y demás, pero en el que faltaban los contenidos de los informes emitidos. El Tribunal ha tenido que volver a pedir al Consultivo la documentación, pero ahora completa.

Por si fuera poco, la pasada legislatura terminó sin que el Parlamento andaluz lograra que el Consejo Consultivo informara sobre los expedientes de revisión de oficio dictaminados desfavorablemente en relación con las ayudas sociolaborales y a empresas que la Junta otorgó con cargo al denominado 'fondo de reptiles' de los ERE.

Lo pidió en cuatro ocasiones, pero no obtuvo respuesta. La Razón, que las contó, dijo que la petición inicial tuvo fecha de 8 de abril de 2013. Ante la falta de respuesta, el PP le pidió al Parlamento que reiterara la petición de información. Y así lo hizo la Cámara. La primera vez, con fecha 10 de abril de 2013; la segunda, el 25 de septiembre del mismo año; la tercera, el 2 de abril de 2014; y, la última, el 11 de junio de 2014. Luego llegaron las elecciones y no se pidió más.

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La cuestión lingüística: ¿se trata de educación o de la patria?
No deja de ser chocante que se defienda el derecho de los padres a decidir sobre la formación de sus hijos en todos los aspectos… excepto en el más básico, que es la lengua
Ignacio Varela elconfidencial 19 Febrero 2018

Hay muchas formas de abordar la cuestión lingüística en la educación en Cataluña. La peor de ellas es prender fuego a un debate altamente combustible porque las encuestas nos tienen asustados. Este problema es demasiado serio y demasiado explosivo para dejar que jugueteen con él asesores de comunicación y especuladores demoscópicos.

El Gobierno jamás habría provocado esta polémica si no sintiera la urgencia de defenderse de la invasión por Ciudadanos de su espacio electoral. Pertenece al mismo género de reacción que aprovecharse del caso Diana Quer y similares atizando el debate sobre la prisión permanente revisable (eufemismo de la cadena perpetua). Una forma atolondrada de agitar el gallinero para espantar al zorro. Me temo que para salvar al PP del declive electoral se va necesitar algo más que el manido recurso de excitar los instintos primarios de su clientela tradicional.

El problema de fondo es complejo donde los haya. Duran i Lleida suele repetir que el nacionalismo catalán no tiene, como otros, una base étnica, ni racial ni religiosa: su raíz y su razón de ser son fundamentalmente culturales y lingüísticas. En consecuencia, afirma, hay que tratar ese tema con extrema mesura, porque se está tocando la fibra más profunda y sensible. Tiene razón, siempre que se exija la misma prudencia a todas las partes. Y en la historia reciente de esta cuestión, la cautela ha sobrado en el Estado y ha brillado por su ausencia en los gobiernos nacionalistas de la Generalitat —en todos, incluido el tripartito—.

La lógico es que en una sociedad oficialmente bilingüe la educación lo sea también. No puede sostenerse que se trate a una lengua oficial como una de las antiguas 'marías', despachándola con un par de clases a la semana. Eso, además, choca con la realidad social de Cataluña: el propio Centre d'Estudis d'Opinió (el CIS catalán) nos ofrece el autorretrato perfecto de una sociedad lingüísticamente mestiza:

Si el sistema educativo rompe ese equilibrio natural, es que estamos ante una operación, sostenida durante años, orientada a trasformar progresivamente a un colectivo legal y espontáneamente bilingüe en monolingüe, utilizando la escuela como herramienta. No es un problema de origen social que la política deba resolver, sino lo contrario: un venenoso conflicto político programadamente inoculado en la sociedad desde el poder.

Espero que algún día se explique el alcance del inquietante término 'inmersión' aplicado a la política educativa. Pero no deja de ser chocante que se defienda el derecho de los padres a decidir sobre la formación de sus hijos en todos los aspectos… excepto en el más básico de todos, que es la lengua.

Otra cosa es la legalidad y la oportunidad de la iniciativa del Gobierno. Ya he dicho que, a mi juicio, su motivación inmediata es bastarda y torpemente electoral. Aparentemente, tienen razón quienes sostienen que es abusivo prevalerse de una circunstancia excepcional y transitoria como la aplicación del 155 para cambiar el modelo educativo en Cataluña; máxime cuando se sabe que en cuanto se solucione el quilombo de la investidura, el Gobierno nacionalista tardará cinco minutos en revertir esa decisión.

Pero aparentemente (en la política española ya todo es apariencia) también tiene razón el Gobierno cuando explica que el 155 fue necesario precisamente porque en Cataluña no se respetaba la ley ni se obedecían las sentencias del Tribunal Constitucional. Y la medida que ahora se propone no contiene un cambio legal del marco educativo vigente en Cataluña, sino una actuación administrativa para cumplir un mandato del alto tribunal sistemáticamente ignorado por los sucesivos gobiernos de la Generalitat. No hacerlo, sostiene Moncloa, sería reincidir en el desacato, y ahora seríamos nosotros los responsables.

Todos esos enfoques son pertinentes. Lo asombroso es que casi nadie ponga el foco en la dimensión más trascendente, que es la académica. Estamos ante una gigantesca batalla política, legal, electoral, identitaria. Pero apenas se habla de quienes deberían ser los máximos protagonistas del debate, los jóvenes escolares de Cataluña; interesa poco o nada dilucidar qué modelo lingüístico sería mejor para su formación, su enriquecimiento personal y su capacitación para el futuro.

Además del catalán y el español, está el inglés. Cada uno puede desear que sus hijos usen más o menos una de las dos lenguas oficiales, y en eso es determinante lo que escuchen en sus casas. Pero no conozco a nadie dispuesto a renunciar a que se expresen perfectamente en la que ya es lengua franca en el mundo entero, y eso solo se logra si el idioma inglés es tan vehicular en los colegios como el que más. No soy experto en la materia pero, precisamente por ello, me interesa mucho la opinión de los pedagogos sobre las ventajas e inconvenientes de que un niño sea educado simultáneamente en tres idiomas. Por lo que conozco, la cuestión no es precisamente pacífica entre los educadores.

Aquí no están principalmente en juego el ser y la esencia de Cataluña o de España, o una guerra de competencias entre administraciones, o la conquista de un espacio electoral, o la autoridad política de un Gobierno. Todo eso debería palidecer ante lo único nuclear, que es dar la mejor formación posible a las personas cuya edad les impide elegir por sí mismas, que sería lo ideal.

Estoy hasta el gorro de discusiones de política educativa en las que importa todo menos los educandos, de sesudos textos sobre política sanitaria en los que nunca se habla de los enfermos ('usuarios' los llaman), de diseños urbanísticos en los que parecen no existir los urbanitas… En definitiva, de políticos que fingen hablar de nosotros pero, en realidad, cualquiera que sea el tema de conversación, solo hablan de ellos y entre ellos.

Si yo viviera en Cataluña y tuviera que decidir sobre la educación de mis hijos, pensaría únicamente en su mejor futuro; y me importaría un higo si tal medida del Gobierno central es un insulto a la identidad nacional de Cataluña o si la sospechosa política de inmersión lingüística de los nacionalistas debilita la unidad de España. Quizá por eso nunca seré un buen patriota.

Prietas las lenguas

RAFA LATORRE El Mundo 19 Febrero 2018

El liberticida sólo es un tipo que defiende su derecho a negarle a otros sus derechos. Esto se entiende muy bien cuando se refiere a las cuestiones morales. La oposición al matrimonio homosexual es un buen ejemplo. Aunque en España, donde la perversión liberticida despliega toda su maldad es en la inmersión lingüística en Cataluña. Todos los liberticidas presentan rasgos comunes -todos se parecen una barbaridad- pero los que se oponen a que dos hombres se casen al menos han doblegado su personalísima superstición, protectora de trascendentales abstracciones, a la fuerza de la ley. No es una cuestión menor. Es, más bien, un abismo ético. En su favor.

Cataluña no es una anomalía en el mundo desarrollado únicamente por la marginación de una de sus lenguas oficiales sino sobre todo por haber conseguido disfrazar de progresista y avanzado algo tan reaccionario como la cohesión nacional. Y por haber conseguido cautivar con este cebo marcial a la izquierda, si bien se trata de la izquierda menos ilustrada de todo el continente.

Lo sorprendente es que los obispillos de la inmersión no han necesitado un esfuerzo discursivo. Les ha bastado con la pura imposición. Prueba de ello es que después de haber invertido tanto dinero público todavía se presentan con un argumentario desarrapado cuando alguien pregunta -casi siempre muy tímidamente- por la razón por la que se niega a los padres el derecho -reconocido por los tribunales- a elegir para sus hijos el castellano como lengua vehicular en la escuela.

Oponen el argumento de la cantidad, pues son dos o tres quienes lo demandan; pero eso se contradice con el de su carácter destructivo, pues también aventuran que logrará la extinción del catalán; pero eso se contradice con la justificación de que con unas cuantas horas de Lengua a la semana ya se aprende un castellano más que correcto; pero eso se contradice con su anunciado apocalipsis de la cohesión, pues advierten que el que unos padres elijan para sus hijos algo menos de catalán condena a la guetización de la sociedad; pero eso se contradice con la letanía del derecho a decidir, según el cual el valor de la identidad es tal que compensa el coste de fracturar una comunidad... Y así, en un bucle interminable, un delirium tremens de justificaciones que se destruyen unas a otras y bajo las que apenas se oculta la primordial y única: el derecho a negarle a otro sus derechos, la única manera posible de construir esa pesadilla que resumen con el siniestro adagio de un sol poble.

La demencia lingüística institucionalizada
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 19 Febrero 2018

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que el conocimiento de las lenguas cooficiales, es decir aquellas de ámbito autonómico, no sea requisito inexcusable en el acceso al empleo público en comunidades con lengua específica y solamente pueda ser considerado como mérito.

No es sorprendente esta proposición de ley. Lo sorprendente es que Ciudadanos se quede solo ante esta propuesta y ni tan siquiera el PP la apoye. A mí que me lo expliquen porque no lo entiendo.

Por una parte, el principal partido de la oposición se muestra favorable a la dictadura nacionalista de la inmersión lingüística y al monolingüismo en catalán, sacando al español del mapa de Cataluña. Sorprendente esta izquierda antipatriota y antiespañola.

Por otra parte, el PP dice que está estudiando la posibilidad de impedir el monolingüismo y la inmersión lingüística. Yo me pregunto si no han tenido tiempo de estudiarlo hasta ahora en 40 años. El Gobierno del PP manifiesta que igual no pueden porque con el 155 no tienen capacidad administrativa y de modificación de normas. Perplejo me quedo. ¿No tienen capacidad para cumplir las sentencias judiciales que dicen que al menos el 25 % del currículo debe ser en lengua vehicular española, es decir en castellano (me garrapatea decir castellano cuando en todo el mundo se dice español menos en España, curioso)? ¿Y si tan incompetente, impotente, es el Gobierno de nuestra nación, qué hace ahí, para qué sirve?

Además, los de la “cosa nostra”, es decir los de la secesión, en cuyo saco meto al resto, dicen que de cumplir las sentencias y lo que determine el Gobierno, nada de nada, es decir que no se someten. Como ejemplo tenemos la posición anunciada por el sindicato mayoritario UCSTE, a cuya familia pertenece el sindicato abertzale independentista STEE-EILAS, afirmando que si se introduce el “castellano” en las aulas desobedecerán.

¿Alguien puede creer que con esta caterva incendiaria de letras PSOEUCSTEPSCPdCATPODEMOSERCICVCUP, y demás ensalada de puerros y zanahorias es posible que España vaya a algún puerto que no sea de algún país del tercer mundo? Yo lo dudo, con toda sinceridad.

Parece obvio lo siguiente:
1.- Que las lenguas autonómicas, cooficiales, se utilizan como filtro para impedir así la libre movilidad de los ciudadanos españoles y la igualdad de estos ante la ley, es decir, en el acceso a los bienes públicos; perteneciendo todos ellos a un mismo país, España. Esto no sucede en ningún lugar del mundo civilizado o sin civilizar.

2.- Que las lenguas autonómicas se utilicen como instrumento para despedir del sistema a funcionarios no adictos a las tesis soberanistas, es decir a la ingeniería social que aboga por procesos de desgajamiento territorial y ruptura de la unidad de España; y que, por tanto, sean herramientas al servicio de la formación del espíritu nacionalista. Esto es un aserto que está demostrado por la experiencia empírica y es incontestable.

3.- Que las lenguas autonómicas lleven implícito el adoctrinamiento educativo, y no sean meros instrumentos de comunicación y bienes patrimoniales culturales que es lo que deberían ser.

4.- Que esas lenguas se usen para erradicar la utilización y aprendizaje culto de la lengua de todos los españoles, el español; que es una lengua en expansivo crecimiento en todo el mundo salvo en España. Paradojas de la vida.

5.- Que se impide el ejercicio de derechos fundamentales teóricamente salvaguardados por la Constitución, como es la elección del tipo de educación que quieren los padres para sus hijos, el propio derecho a la educación, pues está demostrado el desastre provocado por la inmersión lingüística generalizada, el cumplimiento del principio de los convenios internacionales de protección de los derechos del niño que dice que el “superior interés del niño” deberá estar por encima de cualquier otra condición o interés de los gobiernos y poderes públicos, etc. Lo cual significa la desnaturalización de la propia Constitución. Quienes debieran velar por su cumplimiento contribuyen a su adulteración.

6.- Que aquellos partidos que deberían tener entre sus objetivos parar los pies al nacionalismo le dan gasolina para que siga por el camino de la ruptura de España, lo cual es inaudito.

7.- Que se desoigan las recomendaciones de la UNESCO y demás organismos internacionales que abogan por la conveniencia de utilizar la lengua materna de los escolares como vehículo de aprendizaje.

En consecuencia, yo demando al PP y al PSOE que expliquen su postura y las razones ocultas que llevan a esta posición suya de dar cuerda al desmán lingüístico y fomentarlo, porque no se les entiende. ¿Qué hay detrás de todo esto? Deberían explicarlo.

Despótica deriva catalanista del Govern balear
EDITORIAL El Mundo 19 Febrero 2018

La desmedida ambición de poder de Francina Armengol, que tiene el dudoso mérito de haber obtenido el peor resultado histórico del PSOE en Baleares, ha convertido a los ciudadanos de las islas en rehenes del nacionalismo catalanista radical de Més y Podemos, las dos formaciones políticas que la mantienen al frente del Govern. Ayer, sin embargo, miles de esos ciudadanos salieron a la calle para oponerse al decreto que prepara el Ejecutivo balear, en el que se antepone el conocimiento del catalán a la preparación profesional y académica de los aspirantes a una plaza en la sanidad pública. Según un proyecto legislativo delirante y excluyente, los médicos y enfermeros que no tengan un determinado nivel de conocimientos del idioma tendrán restringidos los traslados, la promoción interna y el acceso a la carrera profesional. Algo que ni siquiera Puigdemont se atrevió a legislar en Cataluña. De ahí que Mos Movem, la plataforma organizadora de la protesta, eligiera como lema Los idiomas no salvan vidas para denunciar que la obsesión identitaria de Armengol no puede estar por encima de la calidad de la sanidad pública y de las necesidades reales de los habitantes de las islas.

Desde que accediera al poder en 2015, la líder socialista ha dedicado sus mayores esfuerzos políticos a convertir la comunidad autónoma en parte subsidiaria de esa ficción cultural, histórica y jurídica denominada Països Catalans. Y está dispuesta a ceder ante sus socios de gobierno, aun a costa de pisotear los derechos civiles de la mayor parte de la sociedad balear.

Con el apoyo de Més y Podemos, Armengol ha vuelto a exigir el catalán como requisito indispensable para ser funcionario, y a las empresas que quieran contratar con la administración pública les obliga a que presenten su documentación en catalán; ha cambiado el día de la festividad de la Diada de Mallorca para hacerla coincidir con el 31 de diciembre, una fecha simbólica para el independentismo catalán; ha suprimido la edición en castellano de los Premios Ciutat de Palma, ha gastado miles de euros en ayudas para medios de comunicación afines y ha restablecido las emisiones de las cadenas catalanas TV3 y Canal 33. Pero con ser grave todo esto, el mayor atentado contra los derechos de los mallorquines ha sido la derogación del trilingüismo que intentó aplicar el PP y la imposición de facto de la inmersión lingüística en los colegios, en los que es casi imposible la elección del castellano como lengua vehicular educativa.

Pedro Sánchez debería reaccionar ante esta deriva despótica y catalanista del socialismo balear, que no hace sino romper la convivencia e instaurar el enfrentamiento social. La identidad cultural ni debe imponerse ni sustituir a la gestión de los asuntos que preocupan a los mallorquines.

Gracias al tercer poder, los separatistas han sido frenado
Las críticas feroces de los nacionalistas contra lo que ellos definen como judicialización de la política, no son más que la expresión del desencanto por su fracaso gracias a la acción de los tribunales, únicos que han conseguido frenar el intento de romper la unidad de España
Miguel Massanet diariosigloxxi 19 Febrero 2018

Choca escuchar a aquellos que se han puesto las normas constitucionales españolas por montera, que han ignorado los artículos de nuestro Código Penal y que se han declarado como objetores de la legislación española, que se opone a sus intentos separatistas que, según ellos, vienen avalados por lo que ellos intentan vender como un derecho democrático cuando, toda democracia, se basa precisamente en el cumplimiento de las leyes que el pueblo, en este caso todo el pueblo español, decidió darse por una gran mayoría, mediante la aprobación de la Constitución de 1978 felizmente vigente hasta la actualidad. Cualquier intento de incumplir sus normas viene condenado al fracaso, si es que no se siguen los procedimientos que la misma Constitución contiene para su modificación o, incluso, para total renovación. Como siempre, se trataría de respetar la voluntad expresada en las urnas por una mayoría cualificada de los ciudadanos españoles.

Se equivocan, por tanto, todos aquellos que dicen que la política debe quedar al albur de los políticos y que sus deficiencias, errores, distorsiones o formulaciones ilegales deben corregirse mediante la misma política. Los que piensen así se olvidan del principio general que estableció Montesquieu, cuando estableció los tres poderes independientes que todo estado moderno debía respetar: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La verdadera misión que se les dio a cada uno de ellos consistía en la mutua vigilancia, establecida entre los tres de modo que cada uno de ellos se convierte en el vigilante de que los otros dos no puedan actuar sin someterse a las leyes que rigen el funcionamiento de una sociedad democrática. Las actuaciones del ejecutivo deben cumplir con las leyes del legislativo y quien se encarga de que así sea le corresponde al judicial; el legislativo, cuya función es legislar queda controlado por el ejecutivo y, en su caso por el judicial y, finalmente, los tribunales deben acatar las leyes constitucionales que promulga el legislativo y que corresponde al ejecutivo preocuparse de que sea así.

Los que han actuado fuera de la ley o, al menos, hayan sido imputados (ahora investigados) por los tribunales de haberlo hecho, no pueden ser considerados, como los nacionalistas intentan hacer creer, como políticos que cuando han actuado como lo han hecho, nada más pueden ser corregidos desde el ámbito político; precisamente porque en el Código Penal español están contemplados como delitos, algunos de gravedad extrema, aquellas acciones u omisiones que los ciudadanos, especialmente los que ostentan cargos públicos, cometen en el ejercicio de sus funciones, que estén tipificados como delitos en el mentado código. Cualquier intento de confundir a la ciudadanía, información tergiversada y maliciosa que pretenda justificar los intentos de dividir a la nación española o la sola propuesta de desobedecer las leyes estatales o los preceptos constitucionales a la que se de publicidad ya es un delito de incitación a delinquir, igualmente castigado por nuestras leyes penales. ¿Qué los separatistas han desobedecido en incontables ocasiones las sentencias de los tribunales, las leyes estatales y las resoluciones del TC, sin que, aparentemente, nunca se les haya encausado como debiera haber sido? Sí señores, y esto merecería un estudio detallado de los fallos de la acción de la Justicia en cuanto a la obligación de los fiscales de pedir la ejecución de las sentencias, las intromisiones políticas en cuanto a la acción de la justicia y las evidentes anomalías que han permitido que comportamientos que deberían de haber llevado a quienes incurrieron en ellos ante los tribunales, por componendas de tipo político, por querer encubrir actos en los que varios partidos políticos saldrían perjudicados o por simples conveniencias económicas, han dejado de denunciarse, se los ha dejado pudrir entre los montones de legajos de los juzgados y tribunales de Justicia o han sido objeto de misteriosas desapariciones, sin que haya quedado rastro de ellos. Sin embargo, el que haya habido funcionarios corruptos, gobiernos corruptos o instituciones corruptas, no debe ser óbice para que los ciudadanos honestos, las autoridades decentes o el resto de funcionarios, a los que les compete vigilar que la Justicia se aplique, deben esforzarse en que los que no cumplan con su deber reciban su correspondiente castigo.

¿Judicializar la justicia? Esta es la excusa que hoy en día se utiliza, no sólo por las izquierdas, que son las más interesadas en que los jueces no actúen, sino por algunos partidos políticos que siguen interesados en que la inestabilidad siga siendo la principal preocupación de todos los españoles que desean que, el tema catalán, se solvente de una vez y que todos aquellos intentos que han tenido lugar en la comunidad catalana de desobedecer la normativa estatal, sean analizados y, si fuere conveniente para el bien de España y de todos sus ciudadanos, se proceda a corregirlos, enmendarlos y pedir responsabilidades a aquellos que hayan sido responsables de tales irregularidades. Podemos decir que, al menos desde el punto de vista de la ciudadanía, todos los expedientes judiciales que se han ido incoando contra personajes que han formado parte activa de la organización de la revolución catalana en contra de la unidad de la nación, lo han sido justificadamente por la sospecha, casi siempre evidente, de que los inculpados han llevado a cabo evidentes actos en contra de las leyes penales del Estado; han infringido la normativa constitucional y, por si fuera poco, han alardeado, se han ufanado y han declarado públicamente su intención de ir en contra del orden constitucional y a favor de sus intentos de separar a Cataluña del resto de la nación española.

No sabemos cómo calificarían estos defensores de la “República Independiente Catalana” las acciones de su líder el señor Carles Puigdemont, huido con la ayuda de los mossos de escuadra, refugiado en una nación, Bélgica, en la que ejercer la extradición es complicado, al que las autoridades belgas en lugar de imponerle silencio mientras se refugiara en su territorio, han permitido que se ultrajara a la nación española, se injuriara a los jueces, se pusiera en cuestión la higiene y habitabilidad de nuestras cárceles y se le haya acogido con las atenciones más propias de un embajador que de un prófugo que ha cometido el peor delito que se puede cometer en un país: el de secesión y revolución para buscar la independencia de una parte importante de la nación española. Lo que sigue siendo un misterio (aunque cada vez salen más nombres que pueden explicar de dónde salen los euros que financian toda una operación que, evidentemente, debe costar al país cientos de miles de euros) es saber de dónde proceden las ayudas cuantiosas que vienen recibiendo

¿Cientos de miles o millones de los impuestos que pagan los ciudadanos catalanes desviados para subvencionar al expresidente en el exilio? Se habla de que, constituir un gobierno fantasma en el exilio supondría un apoyo de 190.000 euros al mes aparte de los sueldos de los que formaran el nuevo gobierno de la Generalidad, en realidad meras marionetas al servicio y subordinados al control y dirección del señor Puigdemont desde Waterloo, donde está ubicada la costosa vivienda que ha decidido alquilar, con un coste de 4500 euros mensuales, este sujeto que, al parecer no se detiene ante nada, sabiendo que tiene las espaldas forradas por la generosidad de aquellos burgueses catalanes a los que la Guardia Civil viene siguiendo los pasos y que esperamos que pronto sean conocidos de todos los españoles, para que sepamos con quien nos estamos jugando los cuartos. Mientras haya la más mínima probabilidad de que el separatismo catalán o de cualquier otra parte de España pueda volver a intentar lo que han pretendido hacer algunos catalanes, la Justicia española debe permanecer vigilante y dispuesta a agostar el más mínimo intento de volver a las andadas por quienes ahora aparentan reconocer la legalidad de las leyes españolas pero, mucho nos tememos, que se trata simplemente de un truco para reorganizarse y volver cuanto antes a intentar, como han venido haciendo durante los años que llevan en sus intentos desestabilizadores, la jugada que les ha salido mal en esta ocasión. No olvidemos que, lo que están pretendiendo en estos momentos los separatistas, según se desprende de la visita a Suiza de la miembro de la CUP, que debía declarar el miércoles próximo en el TS, la agitadora profesional Anna Gabriel, es internacionalizar los juicios que se celebrarán contra ellos, con el fin de preparar su recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Núremberg.

Hasta ahora se ha conseguido que todos los países europeos y americanos, menos algunas naciones como Venezuela, hayan apoyado la postura del gobierno español. Todos sabemos de la fragilidad del actual gobierno del PP pero ¿estamos seguros de que el PSOE, bajo la batuta de Pedro Sánchez, un sujeto del que no nos deberíamos fiar, muy capaz de que, en un momento determinado provoque el hundimiento del actual Gobierno y, juntamente con Ciudadanos o formando coalición con el resto de la izquierda y los separatistas, consiga formar un gobierno alternativo, en cuyo caso nadie podría asegura que, él que se declaró partidario de una España federal, no llegara a un acuerdo con los catalanes por el que se les atribuyera los traspasos de la Justicia y de una fiscalidad propia con lo que, prácticamente, quedarían en condiciones de dar el siguiente paso consistente en crear su propio ejército y dar el paso definitivo hacia su completa independencia de la nación española.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vista la actitud contemplativa de nuestro gobierno, la falta de iniciativa en el tema catalán, su evidente distanciamiento de su apoyo de legislatura el señor Rivera de Ciudadanos, su obsesión por conseguir recuperar a los millones de votantes que abandonaron el partido descontentos, precisamente, por su incompetencia ante el problema catalán , la corrupción que se ha venido tolerando entre sus ejecutivos y el incumplimiento flagrante de sus promesas cuando pedía los votos de los españoles, el 20N, que le fueron concedidos de modo que obtuvo la mayoría absoluta y que, no obstante, no supo aprovechar cuando tuvo la ocasión de reformar las leyes y las instituciones para devolverle al país todo aquello que el gobierno del señor Zapatero se había ocupado de cambiar, como fue el caso del aborto y del matrimonio y adopción de los homosexuales y lesbianas.

Es obvio que el tiempo se le acaba al señor Rajoy si quiere tomar las decisiones que pudieran servir para la revitalización del PP, descargando todo el peso de la corrupción que afecta a los actuales dirigentes, aunque sólo fuera en su obligación “in vigilando” y poniendo al frente del partido y del Gobierno a personas capaces, honestas y sin cuentas pendientes con la Justicia, que pudieran devolver la ilusión a todos los que han abandonado el partido molestos por la inmundicia que se escondía en las letrinas del mismo.

El PSOE de Pedro Sánchez avergüenza.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 19 Febrero 2018

PEDRO SÁNCHEZ NO ES FIABLE DEFENDIENDO LA CONSTITUCIÓN

Para ser lunes empezamos la semana con muchos temas de calado político que están retratando a algunos como es el caso de Pedro Sánchez. El asunto ha sido el revuelo que se ha montado en Cataluña en las fuerzas independentistas y de izquierda como los podemitas y los socialistas del PSC, por el solo anuncio del Gobierno de España de hacer que se respete de una vez el tema de la cooficialidad de las lenguas y no se maltrate al español con la impunidad que se está haciendo. Y eso que se trataba de incluir una casilla en el formulario de acceso a la enseñanza primaria donde los padres pudieran marcar su preferencia de que su retoño fuese educado en la lengua oficial de España, el castellano, lo que no significa que en paralelo no se le enseñase la lengua cooficial, en este caso el catalán, para que al final de la enseñanza obligatoria tuviese el dominio de ambas lenguas, la materna y la autonómica reconocida. Eso con independencia de una tercera lengua a elección como el inglés, el francés, alemán o cualquiera otra.

Ha sido tan radical y visceral la respuesta de algunos dirigentes que causa sonrojo ver con qué sectarismo defienden lo indefendible, ya que no se trata de una opción sino de un derecho constitucional sobre el que ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, el Supremo y hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en su momento estableció en el 25% el porcentaje de materias lectivas que se deberían impartir en castellano. Una sentencia que no se ha respetado salvo contadas excepciones: solo en cuatro colegios se respeta de los miles existentes en Cataluña. Una realidad que evidencia el maltrato a una lengua que se quiere excluir y proscribir de la vida de los catalanes y residentes en esa comunidad. Un esperpento cuya excusa se basa en el punto 3 del artículo 3 de la Constitución que dice “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Y aquí, los independentistas han interpretado que para ganarse ese respeto la protección debe ser máxima arrinconando al castellano e imponiendo el uso de la lengua cooficial como única vehicular en todos los aspectos de la vida de los catalanes: Administraciones públicas, Educación, Sanidad, y otros como Fuerzas de Seguridad, etc.

Como todo movimiento secesionista se trata de resaltar las diferencias y aquello que consideran que ayudan a lo que llaman “construcción de país”. Se trata de identificar un sentimiento nacionalista con diferentes simbologías: bandera, himno y crear una identificación de pertenencia, de pueblo, basado en la lengua. Es por ello por lo que la lengua del Estado, el castellano, debe ser perseguido y erradicado. Una labor titánica que requiere tiempo y esfuerzo, Para eso se han creado Instituciones censoras y de corte punitivo como el CAC, que se dedica a perseguir a aquellos que usan solo el castellano en cosas tan nimias como el rótulo de su negocio, por ejemplo LIBRERIA, y no poner “LLIBRERIA”. Una labor de zapa que ha ido incrementando los requisitos oficiales para acceder a puestos de las diferentes administraciones de la Generalidad, donde el conocimiento del idioma catalán pasa a ser determinante debiendo acreditar el nivel 5 de conocimiento y manejo del idioma. Lo ultimo ha sido esa exigencia en el área de Sanidad, donde se valora más el idioma que los conocimientos médicos, bajo la excusa de que un catalán tiene el derecho a ser entendido en su idioma.

Una lucha identitaria clara en la que el PSOE, por medio de su líder Pedro Sánchez, no ha tardado en posicionarse del lado de los del PSC y de los golpistas que ven una intromisión inaceptable del Gobierno de España en temas competenciales de la Generalidad. Pero es que una cosa es tener transferida la educación y otra muy diferente usarla como instrumento discriminatorio y de adoctrinamiento de los ciudadanos desde la infancia. En ese caso la intervención no es solo aconsejable para devolver la normalidad y la legalidad, sino un deber para con los ciudadanos en defensa de sus libertades. Las transferencias competenciales no son como un cheque en blanco, sino que están sujetas al estricto cumplimiento de la ley para salvaguardar los derechos de todos los españoles con independencia de su lugar de nacimiento o residencia. Unos conceptos que los golpistas y la izquierda quieren ignorar y despreciar al establecer unos inexistentes derechos como el de decidir y el de reconocimiento de pueblos diferenciados del único que la Constitución de España reconoce, el pueblo español sin distinción alguna entre topónimos como vascos, catalanes, gallegos, andaluces, murcianos y el resto de los de las diecisiete comunidades autónomas reconocidas, de las que solo cuatro, además poseen una lengua reconocida como cooficial con el castellano.

La posición de Pedro Sánchez y esa parte del PSOE que representa no es nada confiable en la defensa de la Constitución. Y eso quedó ya perfectamente claro en las múltiples trabas y exigencias a la hora de dar su voto a las medidas de intervención de la autonomía de Cataluña, en respuesta al golpe de Estado en forma de declaración unilateral de independencia perpetrado por el Gobierno de la Generalidad y los diputados independentistas del Parlamento de Cataluña. Porque si no es capaz de defender algo tan esencial como es la lengua de España ¿Qué se puede esperar que defienda en temas como la Defensa nacional, la solidaridad entre territorios, la igualdad de derechos, etc? Alguien que, al contrario, propugna la división de España reconociendo pueblos diferenciados y su derecho a decidir su futuro y un Estado plurinacional, no puede presentarse como candidato a nivel nacional, ya que no cree en la nación española. Incluso ha superado al impresentable de José Luis Rodríguez Zapatero que llegó a decir que “nación es un concepto discutido y discutible” y que ahora se encuentra vergonzosamente apoyando a Maduro en su estrategia de anular a la oposición democrática.

Un socialismo que es mucho más receptivo de las ideas secesionistas que de mantener la unidad nacional y que condiciona su apoyo a la defensa del Estado de Derecho, limitando el ámbito de actuación, la profundidad de las medidas de intervención y el tiempo de su aplicación. Unos condicionantes que han hecho ineficaces esas medidas al permitir que los golpistas estén ahora en condiciones de recuperar el poder y anular las medidas adopatadas volviendo a la situación previa al golpe de Estado. Han dejado al Gobierno de España con una mano atada a la espalda y con los ojos vendados dando palos de ciego. Aunque el Gobierno de Mariano Rajoy, con su precipitación y actitud cohibida, ha tenido mucha parte de culpa de que ahora estemos donde estamos. Pero eso no excluye el comportamiento desleal y traicionero de este PSOE de Pedro Sánchez radicalizado desde su último Congreso.

Un país donde el principal partido de la oposición comparte las tesis de los separatistas y de los enemigos de España, no puede tener futuro. Y esta vez, no parece haber esperanza para que, como en otras ocasiones, sea el pueblo español el que asuma la defensa de la nación. Porque ese pueblo ya se han encargado los políticos de que no sea una realidad. Los nacionalismos han emergido como setas venenosas en todas las autonomías, con las mismas fórmulas y métodos de los ya arraigados, usando himnos, banderas e incluso dialectos o giros lingüísticos del castellano como símbolos identitarios y concienciación de pueblos con derechos inalienables.

Unas mentiras permitidas como expresiones folclóricas pero que van adquiriendo entidad y representan una amenaza para la supervivencia de España, debilitándola. Y este PSOE está siendo cómplice de que hayamos llegado a esta situación al demostrar su falta de firmeza en asuntos tan esenciales como la defensa de la Unidad de España. Lejos queda aquél PSOE de la primera República y su actuación frente al separatismo. En este caso sí se puede decir que cualquier tiempo pasado fue mejor.

¡Que pasen un buen día!

Rajoy abre la batalla lingüística contra el PSOE y Puigdemont
Pablo Sebastián republica 19 Febrero 2018

Desde que Mariano Rajoy asumió el control de la Generalitat el pasado 27 de octubre no había tomado en Cataluña más decisión importante que convocar las elecciones autonómicas del pasado 21-D. Pero ahora, como de repente, Rajoy ha desenterrado el debate de la inversión lingüística en Cataluña y ha propuesto que el castellano se incorpore allí como lengua vehicular catalana en la educación aunque sin precisar cómo y cuando lo hará.

¿Por qué abre Rajoy este debate precisamente ahora y no lo hizo antes? Pues porque la corrupción del PP lo debilita, el ascenso electoral de C’s le indigna, no logra que le aprueben los Presupuestos de 2018, y cree que el debate de la recuperación del castellano en Cataluña por la vía del 155 va a obligar al bando soberanista a pactar la investidura urgente de un candidato que no sea Puigdemont. Y eso se considerará una victoria en La Moncloa y el final de Puigdemont como presidente de la Generalitat.

Y todo ello en la semana en la que el juez Pablo Llarena del Supremo va a iniciar los interrogatorios de los dirigentes del PDeCAT y ERC que junto con Junqueras, Puigdemont y los Jordis orquestaron el golpe de Estado catalán. Y ahí están las ‘Martas’ Rovira y Pascual, Elsa Artadi, Artur Mas y la jefa de la CUP Anna Gabriel que anda escondida en Suiza sopesando no acudir al Tribunal y darse a la fuga como Puigdemont.

Pero la mecha del polvorín lingüístico que Rajoy acaba de encender tiene también consecuencias en el PSOE porque ya ha provocado las críticas del PSC, lo que abre a Pedro Sánchez una dura batalla interna porque está claro que la mayoría de sus barones regionales son favorables al castellano y se están sublevando -se empezó a ver en el Comité Federal del sábado- contra el silencio ‘plurinacional’ de Sánchez. El que la alcaldesa de Hospitalet Nuria Marín interpreta como posición a favor de la inversión lingüística catalana y a Miquel Iceta y el PSC.

Lo que traerá cola en el seno del PSOE, máxime cuando su dirigente en las Baleares Francina Armegol quiere imponer el catalán en la Sanidad y en la Administración balear, mientras en Asturias los socialistas desean resucitar el ‘bable’ como lengua vehicular, y en el País Vasco Patxi López calla sobre la deriva independentista del PNV y su pretendida reforma soberanista del Estatuto.

Oportunismo o provocación de Rajoy, lo cierto es que el castellano debe ser lengua vehicular en toda España y un derecho irrenunciable de todos los españoles tal y como lo garantiza la Constitución. Y al PSOE y a Sánchez les toca acatar ese principio y clarificar ante su partido y todos los españoles su posición.

Cataluña: La guerra del castellano y el miedo de Rajoy a enmendar la plana a Aznar
José Oneto republica 19 Febrero 2018

¿Postureo? ¿Intento de quitarle a Ciudadanos una bandera muy popular en España, cuando Cataluña se ha convertido en el campo de batalla en el que ha empezado a despegar el partido de Rivera, ante el hundimiento del Partido Popular? ¿Deseo verdadero y sincero, de que se cumpla la legalidad de ese 25% de enseñanza en castellano, y que, en toda Cataluña, solo cumple un Instituto de Castelldefels? ¿Medida de presión a los independentistas para volver a la normalidad, con la investidura de un candidato sin ningún tema judicial pendiente, que permita el levantamiento del artículo 155 de la Constitución que impediría, por el momento, hacer frente al modelo de enseñanza en catalán, cumpliendo con las obligaciones para el castellano?

Este seria el mejor resumen de lo que esta pasando en lo que, los mas radicales observadores y analistas, cercanos al independentismo ya han definido como el traspaso de la guerra de la Lengua al “frente de las escuelas”, acostumbrados como están en utilizar, incluso a los niños, en su guerra contra España. Cuando, en realidad, se trata simplemente de que sean los padres los que elijan en qué lengua quieren que se eduque a sus hijos y, que se apliquen las diferentes sentencias judiciales, entre ellas una del Tribunal Constitucional, que garantiza que el castellano también sea lengua vehicular en Cataluña para las familias que así lo soliciten y no sólo catalán.

Anunciar Rajoy que está estudiando la posibilidad de aplicar el 155 para hacer cumplir la ley sobre la matriculación en castellano y hablar de ofensiva anti catalana, todo ha sido una. Como están acostumbrados a no cumplir las leyes (y, ahí está el golpe de estado con la Declaración Unilateral de Independencia, (calificado por la Guardia Civil de “delincuencia organizada”), no hay por qué cumplir el fallo del Constitucional del Estatut de 2010, que señala que el castellano debe “disfrutar de la condición de lengua vehicular”, ni por supuesto, la decisión de los Tribunales que han dictaminado que se imparta, al menos, un 25% de horario lectivo en castellano.

La simple propuesta del Ministerio de Educación de estudiar la inclusión de la llamada “casilla lingüística”, en los folletos de inscripción escolar, que permita a las familias elegir la lengua vehicular que quieren para sus hijos, ha provocado una autentica rebelión, sabiendo como saben, que la educación es fundamental para la formación de ese nuevo independentismo que comenzó a resurgir en Cataluña cuando José María Aznar, para poder gobernar, le dio a Pujol todo lo que pedía.

Un Aznar sin mayoría absoluta le dio a Pujol (los Pactos del Majestic) el 33% de la recaudación por IRPF, el 35% del IVA (antes era cero) y el 40% de los impuestos especiales. Transfirió competencias de Tráfico, Justicia, Agricultura, Cultura, Farmacia, Sanidad, Empleo, Puertos, Medio ambiente, Seguros, Vivienda y, por supuesto, Educación. Pero el líder popular incluso fue más allá. Tras la aprobación de la autonómica Ley de Política Lingüística de 1998, que establecía una clara discriminación hacia los castellanohablantes -especialmente en el ámbito de la educación y del comercio-, evitó recurrirla ante el Tribunal Constitucional e hizo todo lo posible, y más, para que el Defensor del Pueblo tampoco recurriera.

De hecho, fue incapaz de garantizar el derecho de los padres a que sus hijos recibieran la enseñanza en español (junto al catalán), como ordenó el Tribunal Constitucional en 1994, y permitió que se siguiera aplicando el sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán. Tampoco consiguió implantar los contenidos educativos comunes a nivel nacional que pretendía la fracasada reforma de las Humanidades impulsada por la entonces ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, que también se sumó a las cesiones en Educación cuando como responsable máxima, tenía mucho que decir.

El propio Pujol, en sus Memorias, agradeció públicamente al expresidente del Gobierno las facilidades que le dio: “Aznar, hombre de palabra, cumplió los compromisos del pacto y creó las condiciones para que las relaciones con el PP de Cataluña fueran más cordiales y de mejor colaboración. Pudimos pasar de la actitud agresiva de Aleix Vidal-Quadras, su líder en Cataluña durante los últimos años, a la de Josep Piqué y Francesc Vendrell”. Ahora pretender que se cumpla la Ley es, dicen, llevar la guerra al frente de las escuelas… Es la gran oportunidad de Rajoy de enmendar la plana a Aznar, aunque son muchos los que piensan que quizás no se atreva.

El escarmiento del Estado y la barricada lingüística
Antonio Casado elconfidencial 19 Febrero 2018

El Gobierno tira la piedra y esconde la mano. Como depositario provisional del autogobierno de Cataluña, se compromete a garantizar el uso del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, junto al catalán. Incluso ya para el curso que viene. Pero no explica cómo piensa hacerlo. El anuncio de Moncloa, ratificado en el Consejo de Ministros del viernes, ha conseguido dos interesantes efectos colaterales.

Por un lado, abre una vía de apremio entre los independentistas, justo ahora que el Estado se ha venido arriba. Si no se apresuran en la formación de un Gobierno 'efectivo', Mariano Rajoy les puede reventar el modelo de inmersión lingüística, que es su obra predilecta.

Por otro, siembra la discordia en las filas del PSOE, ya de por sí cuarteadas desde la vuelta de Sánchez. Es doctrina oficial que el 155 no debe servir para tocar una viga maestra del autogobierno. Discútase cuando Cataluña lo recupere —se dice—, no ahora, con un 'conseller' llamado Íñigo Méndez de Vigo. O sea, discrepancia de oportunidad, no de fondo. Argumento de patas cortas sabiendo que el PSC de Iceta y la presidenta balear, Francina Armengol, defienden y defenderán el actual modelo.

Lo cual no ha impedido que otros 'barones' socialistas denuncien las “barricadas lingüísticas” (Fernández Vara) o defiendan que el castellano sea vehicular, como manda la ley. Quien mejor lo ha expresado es el presidente aragonés, Javier Lambán, al hablar del castellano como “lengua ilegal e injustamente postergada”. En mi opinión, acierta plenamente al reclamar que “el Estado regrese a Cataluña en materia de educación, antes de que el problema se haga irresoluble”.

Eso es dar en el clavo. Y me explico.
Hasta las piedras de la Sagrada Familia saben que el nacionalismo catalán utiliza la lengua como elemento de cohesión 'nacional' en el proceso educativo. Está en su naturaleza. Como el descaro del sablista, los trucos del mago o el picotazo del escorpión. Y quien lo niegue se está haciendo trampas en el solitario.

No hace falta recurrir al sociólogo británico Anthony D. Smith (1939-2016), creador de la corriente etnosimbolista como estudioso de los nacionalismos contemporáneos. Por si acaso, lo cito: “Solo una educación basada en la lengua común puede proporcionar la unidad ideológica y social necesaria para convertir a los individuos en ciudadanos obedientes a la voluntad nacional”.

En eso está el nacionalismo catalán desde que en 1990 el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, encargó a un grupo de intelectuales la 'Estrategia de la catalanización'. Los capítulos centrales del documento se dedican al uso predominante de la lengua catalana en la enseñanza, el pensamiento, la universidad, la investigación y los medios de comunicación.

Lo ocurrido hasta la república independiente del 27 de octubre, fallida por aplicación del 155, se ve desde la orilla no nacionalista del conflicto como efecto indeseable de la incomparecencia del Estado. El diagnóstico no puede estar más vigente. Apostar por una mayor presencia es la forma de dar a entender a este lado de la barricada política y mediática que el Estado ha aprendido de sus errores. El escarmiento ya se plasma en la intervención de la Generalitat, decretada pocas horas después de que el Parlament declamase la desconexión con España.

Sobre este telón de fondo anunció Moncloa que va a cumplir el mandato constitucional de que el castellano sea tan lengua vehicular como lo es el catalán. Para que la diversidad lingüística sea de verdad objeto de “especial respeto y protección”, teniendo en cuenta que lo que hasta ahora ha gozado de especial respeto y protección no es la diversidad lingüística sino la preeminencia del catalán, en clamoroso y reiterado desprecio de la doctrina del Tribunal Constitucional y las sentencias judiciales. A mi juicio, claro.

¿Todo por culpa de los sorianos?
ROBERTO VILLA GARCÍA El Mundo 19 Febrero 2018

Por mucho que nos admiremos del triunfo de Ciudadanos en las últimas autonómicas de Cataluña, fruto de su probado coraje en la defensa de las libertades civiles de todos los españoles y de la nación que las garantiza y protege, su discurso no pocas veces se contagia de ese victimismo nacionalista ocupado en blandir un espantajo al que llaman Espanya, y al que hay que destruir con buenos golpes de hoz para llegar a esa tierra promisoria, "rica y plena", que imaginaron els segadors. Lo digo por la polvareda que ha levantado Albert Rivera respecto de nuestra Ley Electoral. Ahora resulta que la LOREG es la responsable subsidiaria de que la clara y persistente mayoría no nacionalista quede infrarrepresentada en el Parlamento catalán. El argumento es que la normativa catalana, copia de la española, otorga un mínimo de diputados a las provincias menos pobladas, que son bastiones nacionalistas. Ese mínimo sería la prima que habría permitido sumar una mayoría parlamentaria a la plataforma pro-Puigdemont, Esquerra y la CUP. Una injusticia de la que, encima, no podemos quejarnos. ¿Acaso no ocurre lo mismo en toda España? ¿Es que Soria -ejemplo recurrente- no tiene más escaños por habitante que Madrid?

Y hete aquí que, como la normativa catalana parece fotocopia de la ley nacional, los constitucionalistas seríamos responsables de los desequilibrios que han permitido esa mayoría nacionalista. Ergo, antes de tocar la normativa catalana, habríamos de dar ejemplo embarcándonos en una reforma de la LOREG que nos traería, trocando D'Hondt por Sainte-Laguë, mucha justicia electoral y, me atrevo a predecir, muchos parlamentos ingobernables, parálisis legislativa (¿nadie se apercibe de que seguimos sin Presupuestos?) y mayor dependencia de los nacionalistas. Y todo el lío para que disfrutemos el lujo de tener unos pocos diputados más de Cs y Podemos, y de paso purguemos, especialmente los sorianos, el pecado de haber fabricado el predominio nacionalista en Cataluña.

Es frustrante que, tras casi cuatro décadas de Estado autonómico, las normas e instituciones comunes sigan teniendo la culpa de todo. Y ello, después de haber dotado a las autonomías de inmensos recursos y capacidad de legislar en un amplísimo abanico de competencias -incluidas sus propias reglas electorales-; y también después de haber renunciado a aquella aspiración de nuestros añorados abuelos liberales de culminar un Estado de derecho con plena unidad legal y jurisdiccional. Una renuncia para integrar a los nacionalistas en el pacto constitucional. Juzguen para qué ha servido. Lo que nos faltaba era, ahora, que la cantinela de la culpabilización la asuman los partidos que deberían preocuparse por potenciar esas leyes e instituciones de todos.

Como todos los expertos hablan de Soria como ejemplo máximo de la injusticia electoral, no me queda otra que volver a mentarla, siquiera para desagraviar a sus electores. Soria, en efecto, elige dos diputados al Congreso, el número mínimo que se atribuye a todas las provincias españolas. ¿Por qué se requiere un número mínimo? Porque sin él sería imposible cumplir el artículo 68 de nuestra Constitución, que establece que en las circunscripciones provinciales -Ceuta y Melilla no lo son- el reparto de los escaños del Congreso entre las diversas candidaturas atienda criterios de representación proporcional. ¿Puede repartirse proporcionalmente un escaño? No. Hablando de justicia electoral: ¿es más justo que Soria tenga un solo diputado y que todas las listas que no sean la más votada, con independencia de toda proporción, se queden sin escaño? Tampoco.

Vámonos a la sufriente normativa catalana, tan imperfecta por el contagio mesetario. Sus elementos se contienen en la Cuarta disposición transitoria del Estatuto de 1979 que, por arte de birlibirloque, el Parlamento catalán decidió mantener vigente cuando mudó de Estatuto en 2006. Los nacionalistas y sus adláteres han estado tanto tiempo pico y pala con los Països que les faltó tiempo en 38 años para aprobar una ley electoral. Si nos centramos en el párrafo segundo que, entre otras cosas, establece el reparto previo de los escaños entre las cuatro provincias catalanas... voilá, encontramos que el número mínimo de escaños de cada una de ellas no es de dos, como en Castilla y sus colonias, sino de... ¡seis! ¿Pero es que con un mínimo de cinco, cuatro, tres o dos no puede aplicarse el escrutinio proporcional? En la Cataluña nacionalista no. El fet diferencial ha establecido arbitrariamente la barrera en seis, sustrayendo 16 escaños, cuatro por provincia, al reparto por criterios estrictamente demográficos.

Pero agárrense, que hay más. No contenta con esta notoria injusticia, a mayor gloria del pujolismo y sucesores, el Estatuto ¡fija el número exacto de escaños que debe tener cada provincia catalana! Es decir, que Barcelona ha permanecido desde 1979 a 2017 con los mismos 85 escaños, con independencia de sus habitantes. Es más, Gerona siempre ha tenido 17; Lérida, 15; y Tarragona, 18. Mientras en las elecciones generales, con ese mínimo de dos escaños, el cupo de cada provincia ha variado con los movimientos de población, la Dinamarca del Sur, emulando a la Inglaterra de los burgos podridos, ha mantenido 38 años inmóvil -y porque sí- el número de escaños por provincia. Ni en la España de la Restauración, tan caciquil como la pintan, ni en ningún otro periodo de nuestra historia electoral general, desde la Guerra de la Independencia, ocurrió nada parecido.

Si para criticar los desafueros del nacionalismo, como lo es indudablemente éste, los que defendemos este espacio de libertades llamado España necesitamos hacer previa penitencia y asumir culpas que no nos corresponden, habrá que admitir que tenemos un grave problema. Espero y deseo que no acabemos convirtiéndolo en una cuestión de legitimidad del Estado-Nación y de la Monarquía constitucional, en beneficio de quienes proyectan arrumbarlos. Como dijo hace años Jean-François Revel, los demócratas no podemos pasarnos la vida considerando a los nacionalistas como los hijos pródigos, unos mal aconsejados a los que no hay que hacer rabiar con nuestras críticas por si algún día se les ocurre arrepentirse. Y menos debemos perder el tiempo fustigándonos con el "algo habremos hecho" para que esta gente sea así. Esta gente, mayor de edad, responsable y con plena capacidad de obrar, ha asumido una doctrina política muy difícil de avenir con la democracia. Los demás también tenemos nuestros problemas y aspiraciones, y no por ello nos abonamos a destruir la sociedad política que nos hace libres.

Asumo el escepticismo con el que Elie Kedourie tomaba expresiones tan incongruentes como "nacionalismo moderado". Los nacionalistas nunca han dejado de ser independentistas. La única diferencia que cabe hacer en punto a supuestas moderaciones es el tiempo que aquéllos necesitan para crear la "conciencia de nación", adoctrinando a quienes administran en la pertenencia al volk de su invención, y la coyuntura que les permitirá parir el nuevo Estado. Siento mucho anunciar a pacatos y a biempensantes que el pacto constitucional fue para los nacionalistas una fórmula con la que sacarnos el instrumento que les permitiría perseguir su objetivo último. Y nunca abdicarán de éste, por muy virtuosos que seamos los españoles y nuestros gobiernos, porque sus partidos no tienen previsto renunciar a sus doctrinas. No podrán hacerlo mientras no se convenzan verdaderamente de que ni por las buenas ni por las malas lograrán jamás su objetivo.

Por ello, legitimamos sus falsedades cuando asumimos, frente a toda justicia y razón, sus ataques contra nuestras leyes e instituciones. Con todas sus fallas, el sistema electoral español ha sido un mecanismo vital para estabilizar nuestra democracia y, por cierto, una apreciable forma de combinar, como nos reconocen en el extranjero, dos principios tan poco compatibles como la representatividad y la gobernabilidad. Si pensamos reformarlo, debería ser para construir sobre sus elementos, no para abolirlos. Así no arruinaremos lo mucho que nos ha hecho ganar desde 1977.

Roberto Villa García es profesor de Historia Política en la URJC y autor de España en las Urnas. Una historia electoral (Catarata, 2016) y de 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa, 2017).

DESDE SOMATEMPS
La lucha real contra el separatismo (desde la trinchera)
Javier Barraycoa gaceta.es 19 Febrero 2018

Hay momentos en los que uno siente la necesidad de decir las cosas tal y como las piensa y son, sabiendo que dejará unos cuantos “amigos” por el camino; o a sabiendas no se interpretarán bien las ideas expuestas. Pero en estos momentos puede más la conciencia que la falsa prudencia y callar para “evitarse líos”.

Esta semana ha ocurrido algo insólito y se querrá justificar con historias de prudencia política, el bien de la ciudad, etcétera. Pero no por ello deja de ser sorprendente y penoso si lo enmarcamos en lo que ha venido ocurriendo los últimos años en el asociacionismo antinseparatista. Se trata de la desconvocatoria de la participación en una manifestación, por parte de Sociedad Civil Catalana (SCC), que previamente había convocado Tabarnia y que ya la está anunciando como su fuera suya. Aunque este artículo disgustará a algunos, alguien debe dejar plasmado lo que que está pasando y lo que nos estamos jugando.

Dicho esto, aprovecho y agradezco a Dol ça Catalunya un valentísimo post que me ha despejado las dudas sobre la conveniencia de perder esta noche unas horas de sueño escribiendo estas líneas. El título del artículo está más que claro y me consta que a algunos les ha sentado como un tiro: El misterioso aplazamiento de la manifestación por Tabarnia. Tengo que agradecer también a Dolça Catalunya que pese a mis boutades siempre me ha tratado desmerecidamente bien. E incluso ha puesto a prueba mi humildad (broma) publicando posts sobre “profecías” políticas que había escrito en artículos y que todos tomaban como locuras. Pero al final se han cumplido: como el sorpasso de Puigdemont sobre ERC o los resultados del 21D.

De tantas “profecías” de las que he dejado constancia en artículos y se han cumplido, empiezo a tener miedo de mí mismo. Pero jocosidades aparte, en octubre de 2017, tras la manifestación del 8 de octubre -de la que hablaremos-, no tuve más remedio que escribir el siguiente artículo: “Del espíritu de Ermua, al espíritu de Barcelona: ¿Quién lo matará ahora?”.
En este artículo, si tienen la paciencia de leerlo, ya avisaba de que ante el aparentemente triunfo del “unionismo” (término que siempre he aborrecido), corríamos grave peligro de que la movilización histórica de la Cataluña hispánica cayera en manos de los partidos y la fueran manipulando, ahogando y matando. Ya lo sé, nadie lee los artículos. Pero de vez en cuando a mí me place releer y mis artículos y ver si acierto o estaba en la luna de Valencia. Por desgracia éste parece que se está convirtiendo en otro de mis artículos que me harán ganar fama de “gurú” (broma de nuevo).

Como en este artículo que se prevé largo saldrá alguna asociación en la que participé en su fundación -sí, lo han adivinado, es SCC-, debo hacer una previa. A raíz de una entrevista en el digital separatista El Mon, desde SCC requirieron al digital que retiraran mi afirmación de que había sido co-fundador de SCC. Ante la requisitoria de aclaración por parte del digital El Mon, escribí un artículo que levantó ampollas, lo sé a ciencia cierta, aunque nadie de los mencionados ha tenido arrestos para desmentir una sola línea del mismo. El título era suficientemente significativo: Matar al padre o los orígenes de SCC: ¿por qué no quieren reconocer que fui co-fundador?

Insisto que nadie tuvo narices de rebatir una línea. ¡Nada más faltaría! pues tengo todas las pruebas que atestiguan lo que afirmo. Con el tiempo, muchos me han agradecido este artículo. Un consuelo saber que escribir tochos, al menos sirve de algo. Aunque también me debí ganar muchos enemigos, como se verá más abajo.

Repasemos brevemente los últimos meses de convocatorias que han sido históricas en Cataluña y dejaron “knoqueado” al separatismo, al conseguir llenar las calles de Cataluña -y especialmente Barcelona- de catalanes con sus cuatribarradas y bicolores. Nada hubiera sido posible sin el esfuerzo de muchas pequeñas asociaciones, hombres y mujeres de una constancia homérica que durante décadas han estado luchando contra el separatismo. Ellos saben quienes son y que se lo he reconocido muchas veces. Han sido nuestros referentes y no los olvidamos, al igual que algunos lo somos, en menos medida, para otros mucho más jóvenes. Pero, sin los esfuerzos de cuatro años nada se hubiera conseguido. La calle y el espacio público era monopolio absoluto del independentismo. Por desgracia alguna asociación supremacista-constitucionalista cree que sólo con ella se inició este combate. Y ha intentado borrar el vestigio de asociaciones y personas.

No quiero alargarme más de la cuenta y seré sintético. SCC, (en la que yo ya no participaba, pues para salvar su fase fundación, y ante la publicación de ataques contra mi persona, di un paso al lado), vivió momentos de constantes tensiones internas (lo digo sin acritud, pues ocurre en todas las asociaciones). El 21 de enero de 2016 quiso convertirse en una asociación de masas convocando una gran Manifestación en la Plaza San Jaime a la que anónimamente y sin afán de protagonismo acudimos muchas asociaciones. La gran frustración colectiva se produjo al final del acto cuando, en vez de sonar el himno de España que es lo que todo el mundo esperaba, nos chirriaron los oídos con el Himno de la alegría, versión cutre-Miguel Ríos. Las redes saltaron y SCC sufrió su primer baño de realidad, al ver que la gente no estaba por tonterías de izquierdismo-retro. Y que renegar del himno de España porque a los socialistas no les gustaba era un precio demasiado alto a pagar. De hecho uno de los males de SCC ha sido su anormal obsesión por complacer a los socialistas. Y los socialistas los han ninguneado siempre.

Desde entonces, y recojo una frase literal de uno de los miembros de la Junta de SCC, “la asociación se dedicaría a actos pequeños y en espacios cerrados”, pues así su actividad sería más eficaz. A mí me daba que el miedo grupal de SCC a hacer el ridículo y recibir la lluvia de críticas como las por no poner el himno nacional, les llevó a tomar esa decisión. Y así lo hicieron. Si uno recopila los actos que durante meses realizaron verá que la asociación se alejó totalmente de las calles.

Pero ocurrió algo inesperado. Ante los ataques de Ada Colau contra la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona, esta asociación y otras como SOMATEMPS, convocaron una impresionante marcha. Era el 28 de mayo de 2016. Sólo habían pasado cinco meses desde que SCC abandonara la “política de masas”. La afluencia masiva sorprendió a propios y extraños. Desde entonces fueron innumerables la veces que salimos a las calles -durante meses- asociaciones como España y Catalans, Convivencia Cívica o Somatemps entre otras muchas.

Poco a poco el asociacionismo antinacionalismo se iba posicionando en el mapa y más o menos todos tenían claro que SCC contaba con grandes recursos y eternas promesas de compartirlos con otras asociaciones. Pero todo era fuego de artificio y palabras que se llevaba el viento. SCC no dejaba de afirmar que era un paraguas que cobijaría a todas las asociaciones, pero en realidad acabó siendo un bastón que las atizaba si ponían en duda su supremacía. Como ya tengo ciertas partes del cuerpo curtidas por el humo de tantas batallas, me permití el lujo de decirle a algún miembro de la junta de SCC que Somatemps ni quería dinero, ni lo necesitábamos. Nuestra fuerza era -y es- nuestra coherencia y la militancia admirable y desinteresada de muchos. Otras asociaciones siempre soñaron que el gobierno central a través de SCC les ayudaría con subvenciones, como la Generalitat regaba diariamente a las suyas. Vana esperanza.

Cuando todos creían que las asociaciones sin recursos estaban muertas, alguien respiró y debió dar orden de que la lucha contra el nacionalismo no se podía hacer desde la calle, sino desde los despachos. Y se puso en marcha el gran plan del gobierno: traer a Cataluña a Soraya a dialogas … con nadie. ¡Menudo ridículo y fracaso!

Se acercaba el 1-O de 2017. La Generalitat retaba al Estado. Nadie parecía querer hacer nada. Las asociaciones, pobres, y miserables, llenas de “piojosos” (un artículo que parece que ha hecho mella entre algunos lectores, para bien), decidimos que había que movilizarse ya que los que tenían medios no querían mover un dedo. Se realizaron reuniones diversas, tras el 11 de septiembre, para preparar una respuesta en la calle al reto independentista del 1 de Octubre. Con buenas palabras. SCC miró para otro lado y dijo que no era conveniente. Esto evidentemente no es invención mía sino que quedó recogido en portadas incluso de la prensa separatista. Como la que aquí se muestra. Nosotros habíamos convocado una manifestación para el 30 de septiembre de 2017, el día anterior al referéndum y SCC se desmarcaba (lo que le han hecho a Tabarnia ya se ve que no es nuevo).

Los dirigentes de las otras asociaciones, las pobres, miserables y despreciadas, para colmo tuvimos que sufrir la presión del delegado de Gobierno en Barcelona. Este, una semana antes del 30 de septiembre, fue llamando a los presidentes de las asociaciones para que desconvocáramos la manifestación protesta. Ante la presión, el miércoles anterior al 30 de septiembre de 2017, en una reunión celebrada en el Círculo ecuestre, se decidió por unanimidad mantener la manifestación, costara lo que costara; presionara quien presionara. Me llegaron a decir que el señor delegado de Gobierno había afirmado que había que evitar confrontaciones y que el 1 de octubre era mejor “ir a la playa” (no puedo garantizar que dijera esas palabras exactas). Pero la tesis de no manifestarse para evitar confrontaciones fue recogida y transmitida por SCC que mantenía su postura de antinacionalismo de pequeños actos de salón.

Éxito rotundo
Pero la manifestación del 30 de septiembre se celebró. Fue un éxito aplastante. Sin medios Sin un euro salvo el puesto en las redes para promocionar el acto, nunca se había visto tan a “petar” la Plaza Cataluña. Eso era pueblo, eso era la labor del asociacionismo de verdad.

Y entonces ocurrió el “milagro” y la conversión de San Pablo. Si los titulares de unos días antes eran que SCC no participaba en la estrategia de grandes manifestaciones, ante el inesperado éxito de la del 30 de septiembre, y tras el referéndum del 1 de octubre, SCC anunció a bombo y platillo una macromanifestación para el 8 de octubre. ¡SORPRENDENTE! La conversión se produjo en menos de dos días. Ahora la tesis de la Junta de SCC es que había que sacar a la gente a la calle, cuando una semana antes habían mirado por encima del hombro a todas las asociaciones que pedíamos su apoyo para el 30-S.

Para disimular y ocultar la realidad a las buenas gentes que deseaban salir a las calles, convocaron en su sede a varias asociaciones incluso a SOMATEMPS. El proceso de negociación del acto UNITARIO consistió que no dejaron a las asociaciones tomar ninguna decisión (de risa por no llorar). No obstante, por el bien de Cataluña y España, nos callamos una nueva humillación de SCC y acudimos y volcamos nuestros esfuerzos y publicitamos el acto. Cuando se llegó al estrado y vimos que las estrellas invitadas eran Borell y Vargas Llosa, casi nos da un ataque de risa. Tanto “ninguneo” en las reuniones preparatorias por fin se explicaba: era para controlar que los oradores no fueran de otras asociaciones, sino los farolillos que trajo SCC. Y lo más divertido es que el dinero para la organización llegaba por cauces inconfesables del gobierno central. Pero luego Borrell, semanas más tarde, pedía el voto para el PSC y Vargas Llosa para C´s. Reconozco que me reí bastante en silencio durante la campaña. Así le fue al PP en las elecciones.

Como el lema de la manifestación era algo idiota -“recuperem el seny”, como si los catalanes de verdad lo hubiéramos perdido alguna vez, SOMATEMPS lanzó su manifiesto: TENIM SENY, TENIM RAUXA! (¡Tenemos sentido común, tenemos furia!)

La vergüenza de la organización del 12 de octubre de 2017
Las asociaciones con años de lucha en nuestras espaldas, callos en las manos y agujeros en los bolsillos, íbamos a sufrir otro acto de prepotencia de SCC. Llegaba el 12 de octubre y había que dar una respuesta al referéndum ilegal del 1 de octubre. El gobierno central -aterrorizado por su pésima gestión del 1-O, y las escenas de independentistas aporreados- dio instrucción a SCC de que el 12 de octubre debía ser una acto masivo y unitario. Y así nos lo comunicaron una vez más a las asociaciones desde SCC. Ellos pondrían recursos y nosotros oradores y nuestras organizaciones. A mí ya me dolía el “trasero” de tantas veces que habíamos perdido la dignidad por esa parte del cuerpo en las reuniones. En este caso tuvimos dos encuentros surrealistas. Para empezar, teníamos que convocar nosotros, pues SCC no movía pieza (luego, claro, descubrimos que estaba conspirando contra el carácter unitario del 12 de Octubre y lo estaba organizando a nuestras espaldas).

Me acuerdo perfectamente de esas dos reuniones. Nos atendió en el local de SCC, Sixto Cadenas, uno de los agentes del PP en SCC y el organizador de eventos para la organización con costes más que elevados. En ambos encuentros se hizo el tonto diciendo que no tenía capacidad para tomar decisiones políticas sobre el acto. Preguntamos entonces dónde estaban los responsables de SCC para tomar decisiones sobre manifiesto, oradores, etc… Simplemente dijo que no podían asistir y que no sabían donde estaban. ¡Menuda reunión de trabajo! Uno era el señor Gomá, buena persona, pero carente de toda capacidad de liderazgo. El otro era Pepe Rosiñol –actual presidente de SCC- que en poco tiempo ya brilla mesiánicamente como una brea. Como no había ningún anfitrión-responsable de SCC que se hubiera dignado a recibirnos, nos fuimos humillados y cabreados. Yo esa noche escribí a la junta de SCC un “acta” de lo que había pasado. Como salen nombres y hechos demasiados comprometidos para algunos amigos o personas conocidas (y quedan como mentirosos o ignorantes), de momento me guardo hacer pública esa carta que mandé.

La segunda reunión “preparatoria” del 12 de octubre de 2017 en la sede de SCC fue más vergonzosa si cabe. Sixto Cadenas se rió de todos nosotros diciendo que no acudiría nadie con capacidad de tomar decisiones políticas sobre el acto. Ante lo vergonzoso de esta actitud de SCC y nuevamente lo humillante y la prepotencia, he de reconocer que di un golpe en la mesa de reuniones, solté un improperio (o varios) y me largué -la bajeza moral no va conmigo- los representantes de otras asociaciones también abandonaron la reunión. ¡NOS HABÍAN CONVOCADO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA DECIRNOS QUE NADIE NOS RECIBÍA!

Faltando pocos días para el 12 de octubre, apenas tres. SCC convocó una reunión de las asociaciones en el Ecuestre, para reafirmarse en que sería un acto UNITARIO y que eran muy generosos con el resto de asociaciones (ni que fuéramos refugiados). Pero en un aparte, Pepe Rusiñol que ya se perfilaba como el próximo presidente de SCC(Habían decidido dar un golpe de mano y apartar al pobre Gomá. basta leer los comunicados de prensa y digitales de ese día para ver que al pobre Gomá lo dejaban fuera de juego), indicó a uno de los representantes de las asociaciones que SCC costearía el acto. Pero había una condición innegociable: SOMATEMPS y especialmente el “piojoso” Javier Barraycoa no podrían intervenir como oradores ni siquiera como organizadores. Como mucho como adheridos. Incluso enviamos el logo para el banner oficial, y no lo colocaron arguyendo que no lo podían poner porque era de mala calidad (Les prometo que me estoy riendo solo mientras escribo esto. Hasta dónde llega la necedad humana). SCC amenazó de que si las asociaciones no aceptaban el veto se retirarían y todo el acto quedaría en el aire y sin recursos económicos (¡A MENOS DE TRES DÍAS DEL 12 DE OCTUBRE!). Vive Dios que todo lo que cuento es Verdad.

Al enterarme del veto a mi persona, que había participado como he escrito más arriba -junto a Josep Alsina- como orador y organizador hasta quemarme las pestañas en las organizaciones de los respectivos 12 de octubre de 2015 y 2016, no pude menos que enviar un correo a la junta de SCC. Quería “agradecerles” que me hubieran vetado y mostrado tan generoso espíritu de colaboración. Como este correo se filtró, no tengo reparos en reproducirlo aquí: CARTA A JUNTA SCC

Hemos de pensar que durante 2015 y 2016, apenas con 15.000 euros se organizaron actos a los que acudía tanta gente como los que los que organizó SCC en 2014 y 2017 con unos presupuestos que multiplicaban por 10 a los nuestros. Y lo más grave, tanto en 2015 como en 2016, SCC intentó contraprogramar con actos el mismo 12 de octubre a la misma hora en lugares distintos como Estatua de Colón o Arco de triunfo. Pero todo les falló. En 2016, contraprogramaron con un ridículo acto de Can Dragó, donde el dinero corrió a espuertas para una lograr asistencia ridícula. Y para colmo, como amenazaba lluvia, lo trasladaron a la semana siguiente.
Otra tomadura de pelo: la manifestación del 29 de Octubre de 2017

Pero volvamos al tema, que ya vemos que da mucho de sí. el 27 de octubre el Senado aprobó la aplicación del 155 y ¡oh, sorpresa, ya había preparada otra macromanifestación para dos días después. SCC también la vendió como unitaria (en su lenguaje debe significar que sólo se aprovechan UNOS).

Por aquél entonces se había empezado a hacer famosos un joven de estética yihadista, gracias a sus vídeos desde el balcón de si casa. Todos le conoce y se llama Jaume Vives. Por esas cosas de la vida lo conozco de antes de que hubiera nacido, y su abuelo es uno de los catalanes más honrados y valerosos que he conocido: catalán hasta los huesos, español hasta el tuétano. En fin, lo apunto porque esto ya nos va acercando a Tabarnia. A esta joven promesa, que en pocos meses se ha consagrado en los medios y como youtuber, le había encargado SCC que clausurara con un show la macro-manifestación del 29 de octubre de 2017.

Pero a ultima hora alguien decidió que ya se había entrado en campaña electoral. El 155 abocaba a elecciones el 21 de diciembre. Y lo que debía ser un acto unitario de las asociaciones, se convirtió en un akelarre pre-electoral. La cabecera fue ocupada por los que siempre había soñado SCC, el delegado de Gobierno y el PP: unir los “constitucionalistas”. Y ahí estaban Albiol, Arrimadas e Iceta. Conseguir esta foto había casi matado al asociacionismo de verdad, el de la gente honrada que no busca cargos, ni sueldos, ni trampolines para la política. La verdad que la cabecera de la manifestación con tanto globito parecía un mitin de C´s

Como yo ya no estoy para akelarres, decidí no acudir a esa manifestación. Unos pocos amigos, pero de esos de los de verdad, de los que mantienen la amistad toda la vida y nunca te traicionan, nos fuimos a Montserrat a rezar a la Moreneta por Cataluña y España. Y solicitamos la intercesión de los catalanes que en la montaña sagrada reposan, habiendo ofrendado sus vidas por España en la Guerra civil. Y tuve la total convicción de estar haciendo mucho más por mi querida Cataluña, que los que les hacían la ola a los políticos constitucionalistas que coparon la cabecera de la manifestación y se daban codazos para salir en las fotos.

Y llegó Tabarnia
Tabarnia tiene algo grande: la frescura, la espontaneidad y la osadía. He de reconocer que me sorprendió el fenómeno y pronto intenté buscar una explicación sociológica: la necesidad de millones de catalanes de mostrar el absurdo de sus planteamientos al nacionalismo. pero también la necesidad de desfogar la frustración de que la mayoría parlamentaria la sigue teniendo el independentismo. En fin, he de ser totalmente, sincero. Escribí un artículo “demostrando” que Tabarnia “demostraba” que se podía inventar una nación en un plis-plas. Era magnífico yo era el primero en sumarme al carro. Pero en un artículo me posicionaba también con la idea que TABARNIA era un repulsivo pero no podía ser un proyecto político, pues no podemos romper la propia historia de Cataluña. Mi tesis es que Tabarnia debe ser parte de una estrategia de movilización de masas y mantener el espíritu que otros intentan apagar. Pero sobre todo un movimiento alejado de los partidos políticos. En fin, era y es mi posición (discutible, claro), y acepto -y envidio- el entusiasmo que ha despertado. Pero TABARNIA para algunos ha cometido un gravísimo pecado: empezar a convertirse en un movimiento social que desbordaba a SCC por todos los lados y a los partidos políticos.

Hubo un momento que a alguno ya se le iba la olla con eso de “tractoluña” y el desprecio hacia la Cataluña interior. Y por lo que me toca, me cabreó que empezaran a salir infinidad de artículos en prensa comparando la Cataluña profunda con los paletos, rurales y carlistas y los de Barcelona con los señoritos bien, cosmopolitas y modernos. Por ahí no podía pasar, claro, y escribí otro artículo sobre el verdadero sentido de La Cataluña Profunda. No sé si la gente los lee, pero yo me quedo más feliz que un niño con un oso de peluche.

Como lo de Tabarnia ha sido algo que ha venido a ser como la eclosión del Vesubio, no he podido analizar claramente los entresijos. Simplemente sé lo que sé. Hay gente magnífica, verdaderamente entusiastas, quizá poco curtidos en las maldades de las organizaciones y partidos; y padecerán por su ingenuidad. Desde la organización de SOMATEMPS quisimos mantener una distancia, entre otras cosas porque n

Pero también, es inevitable, hay que dar a a los movimientos más jóvenes a conocer ciertos recovecos que ya no gustan tanto: y me refiero al trastorno obsesivo-compulsivo de los partidos políticos de controlarlo todo y si no pueden controlarlo … entonces ahogarlo. El éxito mediático de TABARNIA, no me cabe duda, es muy goloso para los partidos políticos, pero también peligroso si no lo controlan. Ahora sólo puedo especular, pero los últimos días, el protagonismo de SCC en los medios, incluyendo visita al Presidente de Gobierno, es desproporcionado y apesta a estrategia partidista. Sobre todo después de unas más que desafortunadas declaraciones del presidente de SCC sobre el tema lingüístico, que ha encendido la cerilla de las redes.

No juzgo al presidente, es un conocido simplemente de la fase fundacional de SCC, nunca hemos sido amigos pues mis amigos los cuento con los dedos de una mano. Y no le guardo rencor por haberme vetado el último 12 de octubre (es como si me molestara que un alumno inverbe pretendiera demostrarme que sabe más que yo de mi especialidad) por haber vetado a SOMATEMPS, que ha pisado la calle cuando otros se reunían en salones cortesanos. No le guardo ningún rencor porque simplemente es un “correveydile”. Pero creo que le falta algo más que un hervor político.

Pero lo que verdaderamente es imperdonable que SCC haya jugado con la ilusión de millares de “tabarnienses” que, aunque nuevos en estas lides, han demostrado más capacidad de militancia y compromiso de los que muchos que llevamos años y años batiendo el cobre. Las estrategias erróneas y supremacistas de SCC, y esta lo es, le acabarán pasando factura. No hago juicio sobre nadie, porque como ya he escrito más de una vez, sino puedo con mi conciencia, cómo voy a juzgar a otros. Pero sí estoy en la obligación en juzgar los actos externos y más si ponen en peligro España.

Si todo esto se trata de que los partidos constitucionalistas, especialmente el PP, salven el culo, y quieran un asociacionismo domesticado y a sus órdenes, entonces mejor que por decreto SUPRIMAN a todo el resto de asociaciones. Porque lo más triste, lo más penoso, es que parece que para el gobierno de España, los enemigos de la Patria no son los separatistas sino los que no queremos subyugarnos a los intereses partidistas.

Y acabo por hoy. Me habré ganado enemigos pero compensa si este artículo sirve para poner las cosas en su sitio y ayudar a discernir a muchos que me vienen preguntado absolutamente desconcertados en su inocencia política. Es imperdonable el maltrato continuado a la ilusión de la gente, los engaños, las traiciones, las miserias, los intereses mezquinos e incluso materiales de los que se las dan de “salvapatrias”.

Como siempre, si alguien se siente ofendido, pido perdón de antemano. Y si se me demuestra que me he equivocado no se me caerán los anillos por rectificar. Pero recordemos que alguien en su día mató el espíritu de Ermua y no quiero volver a sentir lo que entonces viví como un español traicionado por su gobierno.

DEBATE SOBRE LA LENGUA EN LA ESCUELA
El Gobierno rechaza la enseñanza individualizada del castellano
Estrella Digital 19 Febrero 2018

Durante los tres últimos años, el Gobierno de Mariano Rajoy ha esgrimido ante los tribunales las razones que ahora le llevan a modificar la fórmula de inscripción en los colegios catalanes para garantizar que se den más horas en castellano. Junto a la pretensión de que aumenten las asignaturas que se dan en esta lengua, el Ejecutivo tiene otra: que las horas en castellano no se den a los alumnos de forma individualizada, como ocurre ahora en la mayoría de los casos. Considera que así se estigmatiza a lo menores, por lo que quiere que se den de forma colectiva.

Su pretensión, apuntan fuentes del Gobierno central, es que aunque el catalán siga siendo la lengua “normalmente utilizada como lengua vehicular”, el castellano tenga una presencia suficiente como para que también se la pueda considerar de la misma forma. Eso sí, siempre de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que han fijado en un 25% la presencia de las asignaturas en castellano.

En este sentido, en los tres recursos contenciosos administrativos que el Ministerio de Educación presentó contra las resoluciones de las preinscripciones en el 2015, 2016 y 2017, se solicitaba al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya lo que ahora pretende llevar a cabo y para lo que ahora se busca la forma más idónea, aún sin concretar. “La modificación del formulario de preinscripción, que debería contener un apartado en el que los solicitantes pudieran expresar su demanda de recibir enseñanza en castellano como lengua vehicular, en una proporción razonable”, apuntaban los recursos en los que ya se añadía que debía “tenerse presente que tal enseñanza en castellano deberá darse colectivamente, sin que proceda la atención individualizada”.

El debate sobre la lengua en la escuela ha vuelto al escenario político a causa de esta pretensión del Gobierno, y a él se apuntó la presidenta del PP valenciano, que ayer en un acto en Elx con Rajoy, le pidió ayuda para combatir un decreto del Gobierno valenciano, que a juicio de los populares, quiere implantar el mismo modelo “de imposición lingüística de Catalunya”. Rajoy no entró en el debate suscitado sobre la preinscripción, pero sí dejó claro su posición. Considera “increíble” “debates sobre las lenguas imponiendo a la gente lo que no quiere que se le imponga , en lugar de dedicar los recursos de la educación a la revolución digital”. “Atenta contra el progreso y supone situarse en el peor pasado”, remató.

En el mismo acto Rajoy aseguró que “nos estamos tomando en serio” el corredor mediterráneo, “que se hará, y lo hará el Gobierno del PP, que es el que hace las cosas y resuelve los problemas”.

Rajoy, aunque sin citarlo, contrapuso también a su formación frente a Ciudadanos. “Somos un partido moderado y centrado, abierto y dialogante, con principios firmes y valores sólidos”, subrayó. “Las ofertas líquidas y los experimentos gaseosos se los dejamos a otros”. Y volvió a la crítica, velada o no tanto, al hablar del PP como “un partido de oportunidades y no de oportunismos. Un partido con hoja de servicios, y lo que es más importante, con una hoja de ruta”.

Guerra abierta en el PSOE por la educación en Cataluña
La posición oficial de Ferraz de que se solucione desde Cataluña choca frontalmente con lo expresado por alguno de los barones socialistas.
Juanjo Alonso Libertad Digital 19 Febrero 2018

La alcaldesa de Hospitalet de Llobregat y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE ha querido zanjar el debate sobre la educación en Cataluña que hay dentro de la formación. Núria Marín ha asegurado que "Pedro Sánchez está a favor de la inmersión lingüística" y que "no hay ninguna discrepancia entre la posición del PSOE y la del PSC". Nada más lejos de la realidad.

Marín, en consonancia con lo expresado este sábado por Pedro Sánchez, ha lamentado que el artículo 155 se quiera utilizar para cambiar el modelo lingüístico catalán. El secretario general de los socialistas trató de cerrar filas sobre el asunto y defendió ante el Comité Federal que el citado artículo de la Constitución sólo tenía que servir "para que Cataluña recupere su autogobierno, pero para nada más". Oficialmente, la postura de Ferraz es defender que el tema de la educación en Cataluña se resuelva en dicha comunidad autónoma y con un debate en el Parlament.

Dentro del Comité Federal, sólo Francisco Fuentes alzó la voz por la "defensa del castellano" en Cataluña.

La alcaldesa de Hospitalet no quiso dejar pasar la oportunidad que le han brindado los micrófonos de RAC1 para atacar al presidente de Aragón Javier Lambán, entre otros. "Con todo el afecto y respeto, a mí lo que digan Javier Lambán u otros compañeros no me sirve", sentencia Marín.

Varios barones aprovecharon la presencia de los periodistas en Aranjuez para hablar de la inmersión lingüística en Cataluña. Javier Lambán, Emiliano García-Page y Guillermo Fernández Vara defendieron que el español sea lengua vehicular en Cataluña a elección de los padres.

Las palabras del presidente aragonés que han sentado tan mal a Marín fueron su denuncia de que el castellano está siendo "injusta e ilegalmente maltratado y postergado" por la Generalidad de Cataluña y señaló que esta situación "absolutamente inaceptable" debe ser corregida por el Estado "más pronto que tarde". Lambán pidió que Cataluña regresara a la normalidad "y cuando hablo de normalidad no me refiero sólo a la normalidad política, sino también a la normalidad cultural y muy especialmente a la normalidad educativa". Recordó, además, que la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el castellano es una lengua vehicular, al igual que el catalán, así como la sentencia del TSJC que señala que al menos el 25 por ciento de la enseñanza en las escuelas se tiene que impartir en castellano.

El presidente de Castilla-La Mancha, por su parte, señaló que lo que se haga con el castellano en Cataluña debería ser objeto de un pacto de Estado. Por ello, Emiliano García-Page pidió que se abordara el tema con "serenidad" tanto en Cataluña como en las comunidades con lenguas cooficiales y dijo compartir el objetivo de "reflexionar y proteger" el castellano.

Otra voz crítica que tuvo que escuchar Sánchez antes del inicio del comité es la de Guillermo Fernández Vara. El presidente de Extremadura recalcó que lo normal sería que en un país que tiene dos lenguas oficiales se puede estudiar en ambas, pero incidió en que "no es momento de levantar barricadas lingüísticas". "Es obvio que eso en estos momentos más que sumar divide y ahora son tiempos de sumar", concluyó.

El catalán como "centro de gravedad"
Miquel Iceta no se salió del guión habitual y dijo estar "muy de acuerdo" con el PSOE en que el Gobierno "no puede aprovechar la aplicación del 155 para cambiar la política lingüística en las escuelas catalanas".

Este domingo ha "reafirmado" su compromiso con la "unidad civil" de Cataluña y ha dejado claro que los socialistas no permitirán "nunca" que "los niños sean divididos por razón de lengua" y defenderán siempre una escuela en la que el catalán sea "el centro de gravedad".

El PSC ha inaugurado su nueva sede del Casal Socialista Joan Reventós, en una jornada de puertas abiertas a militantes y simpatizantes que ha culminado con la intervención del primer secretario del partido, Miquel Iceta, entre otros.

En su discurso, centrado en rememorar la figura de Reventós, expresidente del Parlament y uno de los fundadores del PSC, Iceta ha recordado la "defensa de la unidad civil" del pueblo catalán que caracterizó al exdirigente socialista durante toda su vida.

"Hoy quiero retomar y reafirmar los compromisos por la unidad civil de nuestro país, que heredamos de Reventós. No permitiremos que los niños y las niñas del país sean divididos por razón de lengua. ¡Nunca! –ha aseverado Iceta–. Defenderemos siempre una escuela catalana en la que el catalán sea el centro de gravedad".

"Pero con el gran objetivo –ha proseguido–, que lo ha sido siempre, de que, al acabar la enseñanza obligatoria, los niños y niñas de nuestro país dominen perfectamente las dos lenguas que mayoritariamente se hablan en Cataluña, el catalán y el castellano".

Iceta ha recordado cómo Reventós y otros dirigentes históricos como Marta Mata o Pepe González trabajaron hace décadas para hacer posible "evitar el desastre" que hubiera significado "la división en una doble red escolar por razón de lengua".

José Rosiñol: «La polémica de la lengua sólo es parte del delirio soberanista»
El presidente de Sociedad Civil Catalana no percibe «tensión» entre PP y Cs y sí un frente contra el soberanismo: «Coinciden en el análisis sociopolítico».
Aurora G. Mateache. larazon 19 Febrero 2018

El objetivo de Sociedad Civil catalana para este año es recorrer los despachos de los principales líderes políticos del mapa para tomar el pulso de las políticas respecto al soberanismo y explicar su «plan de acción»: crear «escenarios de convivencia para acabar con la fractura social catalana». Han sido amenazados por el soberanismo con «oleadas de ataques cibernéticos», pero les preocupa «relativamente»: «Estamos aquí para defender los derechos y libertades de los catalanes». –Viene de reunirse con Rivera y Arrimadas. ¿De qué han hablado? –Somos muy coincidentes con Cs respecto al claro clima de incertidumbre política que no es propicio para una reconciliación social, ni para la estabilidad, ni para la recuperación económica. Están muy preocupados al ver que no existe ningún Gobierno que pueda ayudarnos a salir de este callejón.

–Puigdemont manifiesta su «plena confianza» en los negociadores para que se le invita. ¿Cs y ustedes lo contemplan?
–No, ni ellos ni nosotros. El TC es el que se ha manifestado al respecto y no podemos es continuar con esta gran mentira. Como dice el dicho: lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.

–Arrimadas plantea un pleno extraordinario y que Torrent proponga un candidato. ¿Le ha comentado si podría ser ella?
–Nosotros creemos en la democracia representativa y no nos metemos en las dinámicas de partidos ni de Gobierno. No hemos entrado a profundizar si ella quiere o no quiere. Las asociaciones civiles no son políticas, aunque sí hemos visto como Omnium y ANC se han pegado a partidos políticos nosotros no entramos en esa perversión de la democracia.

–Pero habrán hablado del pleno.
–Sí, pero insisto: no hemos entrado al detalle.

–Después de haberse reunido con el Gobierno y Cs, ¿Lo ve efectivo?
–Yo creo que dialogar dentro del marco legal es una de las claves que hemos de conseguir en Cataluña. En democracia, respetando el marco de derecho podemos convivir todos.

–¿Y puede haber diálogo con el aparente clima de crispación entre el PP y Cs?
–Pues sinceramente, hemos estado con el sr. Rajoy, con la sra. Santamaría, con la sra. Arrimadas y con el sr. Rivera y, sinceramente, sólo hemos encontrado un clima de cordialidad y mucha coincidencia en el análisis socio político. Entonces yo no he sido consciente de esa supuesta tensión después de la reunión con los cuatro dirigentes.

–O sea, discrepancias electorales pero unión frente al independentismo.
–Sí. Yo creo que el separatismo catalán es un problema de todos los españoles y yo creo que ellos son plenamente conscientes, los análisis con muy coincidentes y el clima de entendimiento con nosotros ha sido bastante elevado.

–Después de su reunión con Rajoy vino la polémica de la casilla para elegir el castellano como lengua vehicular en los colegios catalanes.
–Eso no es cierto. Simplemente se tiene que hacer cumplir la ley. Me sorprende enormemente la polémica creada por los separatistas, que no es otra que una postura victimista. Los que están creando una fractura social son ellos. Lo digo en voz alta y me parece un poco ridículo que haya que aclarar este asunto de forma sostenida. No es sólo el Gobierno el que tiene que tirar con esto adelante, es el Gobierno y el propio Gobierno de la Generalitat que gobierne: hay una sentencia judicial del TC para garantizar que el castellano sea también lengua vehicular. Que dejen de mentir: la polémica de la lengua sólo es parte del delirio independentista.

–¿Esta situación puede favorecer a que los partidos independentistas alcancen pactos entre ellos y gobiernen?
–Como todo lo que sucede en el mundo separatista cada vez me parece más kafkiano, cualquier cosa es posible. Pero le digo una cosa, si al final llegan a formar gobierno por el mero hecho de que alguien pide que se cumpla la ley y por eso forman gobierno, realmente que se lo hagan mirar porque, ¿a qué han estado jugando durante estos meses para no formar gobierno?

–¿Que sería mejor para la unidad de España: que ellos formen gobierno o que se repitan las elecciones?
–Si el bloque separatista, y le digo claramente que no me gusta nada esta expresión porque hablar de bloques me parece que cercena la pluralidad política catalana, alcanza la iluminación de hacer política dentro del marco de la Constitución, bienvenido sea.

–¿Cree que la reforma de la ley electoral planteada por Podemos y Cs ayudaría a cambiar el resultado electoral?.
–Estamos volviendo a bajar el escalón a lo que es una reforma planteada por unos partidos políticos. Yo lo que creo que tienen que hacer los partidos políticos es llegar a consensos para alcanzar el bien común.

–¿El artículo 155 entra en ese bien común?
– Sin lugar a duda el 155 ha conseguido la normalidad institucional. Nadie sabía qué consecuencias tendría, se ha aplicado y está claro que las administraciones públicas están funcionando en Cataluña, dentro de la normalidad institucional, política y social.

–¿Pretenden reunirse con Torrent?
–Aún no hemos concretado la fecha pero sí lo hemos solicitado. Le trasladaremos que la prioridad para nosotros es un clima de concordia y conciliación y esperamos que él también, porque si no lo hace no va a acabar con el hartazgo de los catalanes.

–El martes se verán con Susana Díaz. ¿Me anticipa quién será el siguiente?
–Nos veremos con Feijóo el próximo 26 de febrero. No veremos a todos, pero sí a los más relevantes. Y en cuanto se forme un gobierno solicitaremos una reunión con el presidente/a de la Generalitat, así como con todos los partidos del arco parlamentario catalán.

–Después de que se forme gobierno a Junqueras igual tendrían que ir a verlo a la cárcel.
–Bueno yo iría a ver al representante de ERC en el Parlament, el que decidan ellos. Me parecería algo extemporáneo ir a verle.

–Doy por hecho que Sánchez e Iglesias están dentro de esta ronda de contactos.
–Por supuesto. Cuando estén agendadas las entrevistas lo anunciaremos públicamente.

–¿Alguien les ha declinado la reunión?
–No. ninguno. Es curioso.

–En esta pirámide el vértice es el Rey, ¿también tienen pensado una audiencia con él?
–Pues ni lo hemos pensado, es el jefe del Estado y no lo hemos sopesado, nosotros estamos encantados de hablar con Su Majestad el Rey pero le tenemos un respeto absoluto a nivel institucional como para pedirla explícitamente.

–Urkullu estará también en esa hoja de ruta, entiendo.
–(Risas). Con mi risa ya le he respondido, creo.

–Entiendo que sí.
–Nosotros cuando nos reunimos con el presidente de una autonomía no lo hacemos porque sea de un partido o de otro, si no porque es el representante de una comunidad o de un ayuntamiento.

­–¿Van con el mismo mensaje o varía en función de cada presidente?
­–Tenemos un único mensaje, y es el de la conciliación, la recuperación del cumplimiento de la ley y del Estado de Derecho en Cataluña.

–¿Concilian entre unos y otros?
–No hay tiempo en dos horas para eso. Nos falta tiempo para hablar de lo que pasa en Cataluña.

–Estas «citas» políticas les da mayor visibilidad. ¿Crean también un escenario de presión?
-Más que de presión nuestro objetivo es romper la espiral del silencio. SCC ha ayudado a romper esta espiral de silencio y a normalizar la convivencia democrática, es lo que se visualizó en las manifestaciones del 8 y el 29 de octubre, la Cataluña real pudo dar la cara sin reparos. Y eso permite a que cada uno piense con libertad dentro del marco democrático y del respeto al prójimo.

–Han tenido que suspender la marcha del 25 para no perjudicar al Mobile con una proyección exterior de inestabilidad.
–Tabarnia también lo ha hecho. Miramos la plataforma con simpatía, es un recurso narrativo interesante desde la sátira y la ironía, pone al independentismo frente al espejo y les pone muy nerviosos. La diferencia es que nosotros queremos una Cataluña de todos y para todos, no podremos contemplar una ruptura si acabaran tomándoselo en serio: sería un escenario nefasto para todos los españoles. Pero como fórmula narrativa nos parece muy buena.

–A efectos tangibles, ¿tienen pensadas otras iniciativas, además de las concentraciones?
-Sí, pero no puedo detallar demasiado, lo anunciaremos cuando lo agendemos. El 23 de abril se cumple el cuarto aniversario de SCC, y concederemos el premio al «seny».

–Valls seguro que está entre ellos, se vio buena sintonía en el diálogo sobre posverdad...
–Sólo puedo decir que son cinco candidatos.

–¿Algún acto multitudinario?
–Una presentación de Sociedad Civil Catalana en marzo en Madrid que visualice que el gran conjunto de España está unido en la diversidad, al que evidentemente invitaremos a los líderes de los principales partidos.

”Los idiomas no salvan vidas”
Baleares se rebela contra la imposición del catalán a los sanitarios
La Gaceta  19 Febrero 2018

Unas 2.500 personas se han manifestado este domingo por las calles del centro de Palma para protestar contra el proyecto de decreto que aprobará el Govern balear para exigir a partir de este año la acreditación del conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública de las islas.

La marcha ha sido organizada por la plataforma ciudadana “Mos Movem, En Marcha, Let’s go” y el lema era “Los idiomas no salvan vidas-Por una sanidad sin fronteras lingüísticas”.

La empresaria Úrsula Mascaró, impulsora de este movimiento, ha considerado que esta medida es “excluyente” y “dificulta la captación y fidelización” de profesionales sanitarios y no sanitarios en las islas porque el decreto también afecta al personal de cocina o mantenimiento.

Además, ha recordado que en 2016 solo cinco de las 7.000 reclamaciones presentadas en el ámbito de la sanidad pública se debieron a que los pacientes no fueron atendidos en catalán.

A la manifestación han acudido los presidentes del PP y Ciudadanos (Cs) de Baleares, Biel Company y Xavier Pericay, de Actúa Baleares, Jorge Campos, y miembros de los sindicatos CSI-CSIF y del Simebal, el Sindicato Médico de Baleares, así como el senador autonómico José Ramón Bauzá, del PP.

El futuro decreto contempla que los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería el nivel A2 (básico).

Los que ganen una plaza en las oposiciones sin tener de partida esos grados de conocimiento tendrán dos años para alcanzarlos; si no lo hacen, tendrán restringidos los traslados, la promoción interna y el acceso a la carrera profesional, lo que supone el acceso a pluses económicos.

Con ocasión de la protesta, el médico menorquín Claudio Triay, con 30 años de experiencia y el nivel C de catalán, el máximo, ha advertido de las “mucha dificultades” que existe en su isla para “captar” profesionales y “esto es un obstáculo más”.

Triay ha subrayado que “nunca” ha existido “el más mínimo problema” en Menorca entre pacientes y profesionales, ni por el catalán, el inglés, el francés, el alemán o el castellano. “Están intentando crear un apartheid sanitario”, ha señalado.

La doctora mallorquina Isabel Orlandis, que trabaja en una zona turística, ha señalado que sus 20 años como profesional “jamás en la vida” ha tenido ninguna dificultad para hablar con sus pacientes.

“Intento comunicarme en el idioma que sea, la exigencia del catalán es un absurdo: es una cuestión política, pura y dura”, ha lamentado.

Por su parte, el médico zaragozano Juan Urieta, con quince años de vida profesional en Mallorca, ha dicho que “da mucha pena que pase esto” y ha apostado por “no imponer nada y menos el idioma”, sobre todo porque “jamás” ha tenido ninguna dificultad para comunicarse con sus pacientes que hablaban catalán porque es una lengua “fácil” de entender.

El presidente del sindicato de Médicos de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, ha recordado que Baleares es la única comunidad autónoma donde se exigirá la acreditación del catalán, algo que “ni sucede” en Cataluña, donde los profesionales pasan una prueba oral para comprobar que lo entienden.

Por su parte, la CUP de Palma ha pedido este domingo al Govern balear “valentía” para aprobar el futuro decreto y “asegurar así nuestro derecho a expresarnos en catalán en la sanidad, la justicia, en la calle, en cualquier comercio”.

En un comunicado, la CUP ha calificado la manifestación de hoy de “odio a nuestra lengua”.

Miles de personas se manifiestan en Palma contra el Govern por exigir el catalán en la sanidad
OKDIARIO 19 Febrero 2018

Miles de personas se han manifestado este domingo por las calles del centro de Palma para protestar contra el proyecto de decreto que aprobará el Govern balear para exigir el conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública de las islas.

La marcha ha sido organizada por la plataforma ciudadana “Mos Movem, En Marcha, Let’s go” y el lema era “Los idiomas no salvan vidas-Por una sanidad sin fronteras lingüísticas”.

La protesta la han encabezado las líderes de este movimiento, las empresarias Úrsula Mascaró y Manuela Cañadas y el coordinador de la entidad, Joan Pons, que han defendido que el catalán sea un mérito pero no un requisito en la carrera profesional.

A la manifestación han acudido los presidentes del PP y Ciudadanos (Cs) de Baleares, Biel Company y Xavier Pericay, de Actúa Baleares, Jorge Campos, y miembros de los sindicatos CSI-CSIF y del Simebal, el Sindicato Médico de Baleares.

El futuro decreto contempla que los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería el nivel A2 (básico).

Los que ganen una plaza en las oposiciones sin tener de partida esos grados de conocimiento tendrán dos años para alcanzarlos; si no lo hacen, tendrán restringidos los traslados, la promoción interna y el acceso a la carrera profesional, lo que supone el acceso a pluses económicos.

Aquelarre proetarra en Andoain
Editorial El rugido del león elespanol 19 Febrero 2018

El multitudinario homenaje tributado este domingo en Andoain a los etarras Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, dos terroristas involucrados en el asesinato de Joseba Pagazaurtundua en febrero de 2003, constituye una afrenta inadmisible para las víctimas la ETA que ni el Gobierno ni la Fiscalía deberían haber permitido. También supone una cruel burla para la familia Pagaza, que ha tenido que soportar que quienes pusieron en la diana a Joseba sean recibidos como héroes por más de 300 personas -muchas de ellas menores- en la localidad donde fue acribillado.

La bienvenida que el entorno proetarra ha brindado a Igerategi y Otaño, tras cumplir seis años de cárcel por colaborar en el crimen, se produce sólo diez días después del 15 aniversario de aquel horrible atentado. En este sentido, el aquelarre proetarra de Andoain entraña un mensaje político inequívoco.
Etarras jaleados como héroes

El final de los atentados terroristas no ha ido acompañado ni de la disolución de la banda ni de un arrepentimiento expreso por las atrocidades que cometieron sus pistoleros. Muy al contrario, los terroristas excarcelados son habitualmente recibidos con honores cuando salen de las cárceles, mientras que los familiares de los asesinados, los mutilados, los extorsionados y los amenazados luchan por mantener viva la memoria de quienes sufrieron el martirio de ETA. El año pasado se produjeron 77 actos como el de Andoain -constatados por COVITE- y en lo que llevamos de 2018 cinco terroristas han sido aplaudidos y jaleados tras salir de prisión.

Los homenajes a las terroristas conllevan indefectiblemente la humillación de sus víctimas, por lo que es incomprensible que ni la Delegación del Gobierno, ni los jueces, ni el Ministerio Público hayan hecho nada por impedir la bienvenida a estos dos etarras en Andoain. Más aún cuando era evidente que la alcaldesa, Ana Karrere, de EH Bildu, no iba a mover un dedo para que no se celebrara pese a que así lo había pedido la hermana del asesinado, la eurodiputada Maite Pagaza.

Enaltecimiento del terrorismo
Todos estos actos de exaltación y aplauso de los presos excarcelados deben ser prohibidos y perseguidos como constitutivos del delito de enaltecimiento del terrorismo, según lo estipulado en el artículo 578 del Código Penal. No tiene sentido que por contar un chiste sobre un atentado se abran causas en la Audiencia Nacional y que este tipo de homenajes con paseíllo triunfal y aurresku incluidos a los criminales se normalicen sin consecuencias.

Sólo seis miembros del PP del País Vasco, con Borja Sémper a la cabeza, han protestado contra el homenaje a los etarras Igerategi y Otaño. Su soledad este domingo en Andoain debería avergonzar al conjunto de la clase política empezando por su propio partido.

Dos presidentes del Tribunal Constitucional, víctimas de la furia asesina de la banda terrorista ETA
Juan de Dios Ramírez Heredia  latribunadelpaisvasco.com 19 Febrero 2018

Francisco Tomás y Valiente fue asesinado el 14 de febrero de 1996. Manuel Jiménez de Parga estuvo a punto de ser asesinado el 14 de abril de 1997.

El pasado día 14 de febrero se cumplieron 21 años del horrendo asesinato de don Francisco Tomás y Valiente a manos de ETA. Gran jurista, historiador y excelente escritor, nació en Valencia el día de la Inmaculada del año 1932 y fue asesinado en 1996 cuando el etarra Jon Bienzobas Arreche, de sobrenombre “Karaka”, le disparó tres tiros a bocajarro cuando estaba hablando por teléfono en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. Al otro lado del hilo telefónico estaba su amigo y compañero el profesor Elías Díaz que oyó perfectamente el ruido seco y duro del primer disparo. Elías Díaz creyó que aquel ruido tal vez lo había producido un fuerte golpe sufrido por una caída de Tomás y Valiente. Por eso gritó angustiado:

― ¡Paco! ¡Paco! ¿Qué pasa?

Pero Paco ya no le pudo contestar porque seguidamente resonaron en sus oídos, con la fuerza de dos dardos envenenados, otros tantos disparos realizados por el asesino que quería tener la seguridad de que había acabado con la vida de una de las personalidades más importantes de la reciente historia de España. Tenía 63 años.

Francisco Tomás y Valiente que se licenció en Derecho en el año 1955 por la Universidad de Valencia siempre se consideró un maestro. Su vocación era el aula y por eso opositó en 1964 para conseguir la Cátedra de Historia del Derecho de la Universidad de La Laguna trasladándose aquel mismo año a la Universidad de Salamanca. Fue en 1980 cuando se incorporó a la Universidad Autónoma de Madrid, siendo inmediatamente elegido por las Cortes Generales magistrado del Tribunal Constitucional.

Recuerdo con emoción el momento en que se produjo aquella votación. Yo era diputado por Almería y acababa de iniciarse la primera legislatura de nuestra nueva era democrática. El presidente del gobierno era don Adolfo Suárez y el presidente del Congreso de los Diputados don Landelino Lavilla Alsina. En aquel primer año de legislatura normalizada casi todo era nuevo para nosotros. Y era, además, la primera vez que íbamos a designar a los cuatro miembros del Tribunal Constitucional cuya elección correspondía al Congreso de los Diputados.

Debo confesar ―y esta es una manifestación absolutamente personal― que las formas no me son indiferentes. Antes, al contrario, me gusta que la ceremonia sea respetada, que la gente vaya vestida de acuerdo con el rango de su oficio y que las reglas establecidas para las celebraciones de cualquier índole estén revestidas por el orden y la prevalencia de la autoridad que da el prestigio de la institución donde se celebran. Todo el mundo sabe la pasión del presidente Tarradellas por que se guardaran las formas en el discurrir de la vida política y especialmente en el vestir. Nadie podía entrar en su despacho sin corbata. Es conocida la frase con que se dirigió a Xirinacs, famoso sacerdote revolucionario y catalanista, cuando le recibió en el Palacio de la Generalidad. Al verlo ataviado con un jersey le preguntó:

― “Se’n va d’excursió mossèn?” (¿Se va de excursión, padre?)

Aquel 30 de enero de 1980 escribí en un papel el nombre de Francisco Tomás y Valiente y cuando fui llamado por el secretario de la Cámara subí la escalinata que conduce al atril desde donde hablan los parlamentarios y entregué mi voto al presidente del Congreso. Salió elegido magistrado del Tribunal Constitucional por 250 votos, superando la cantidad de 210 votos exigidos por la Constitución.

Por desgracia para él, aquel día se firmó su sentencia de muerte. En 1986 fue elegido presidente del Tribunal Constitucional cesando, tras haber sido reelegido, cuatro años más tarde. Fue en 1996 cuando el maldito Bienzobas le descerrajó tres tiros en la cabeza mientras preparaba en su despacho el cuestionario de preguntas que iba a formular a sus alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Manuel Jiménez de Parga Cabrera, mi suegro y abuelo de tres de mis hijos
Jiménez de Parga tenía que haber muerto como consecuencia de un atentado que contra él tenía preparado un grupo de terroristas de ETA. La policía había descubierto en Madrid un piso ocupado por un comando dispuesto a sembrar el terror entre los miembros del poder judicial. Concretamente el atentado mortal contra don Manuel estaba previsto para el sábado 12 de abril de 1997.

El «comando Madrid» había vigilado muy de cerca tanto a Jiménez de Parga como a Ángela Murillo Bordallo que era magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A ambos pretendía asesinarlos para amedrentar a los miembros de la administración de Justicia.

En una publicación interna de la organización criminal de 1993, el «Barne Buletina», se incluía un escrito en el que se decía que “es hora de dar nuevos pasos contra algunos jueces; esto tendrá que ser tomado de forma selectiva. A los jueces y políticos más significativos hay que darles en la cabeza”. Y, efectivamente, la lista de miembros de la judicatura que fueron alcanzados por el odio ciego de la banda terrorista se incrementó considerablemente. Baste con mencionar, entre otros a Rafael Martínez Emperador, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 10/2/1997); Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (asesinado el 9/10/2000); José Francisco Querol Lombardero, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 30/10/2000); y José María Lidón Corbi, magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya (asesinado el 7/11/2001).

Breve semblanza de don Manuel
Jiménez de Parga, nacido en abril de 1929 en Granada, enseñó Derecho en varias universidades. Ambos fuimos diputados en las Cortes Constituyentes y él, ministro de Trabajo del primer Gobierno en democracia que formó el presidente Adolfo Suárez. Luego fue consejero de Estado y magistrado y presidente del Tribunal Constitucional. Antes fue embajador ante la Organización Internacional del Trabajo, en la que ocupó el sillón que había dejado vacante el último español titular en el cargo, Francisco Largo Caballero, en 1939.

Jiménez de Parga tenía una vocación dividida entre el mundo del derecho y el periodismo. Como profesor, comenzó su carrera en la cátedra de Derecho Político en la Universidad de Madrid en 1956 e inmediatamente ganó las oposiciones a catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona donde ejerció la docencia durante 20 años, de 1957 a 1977. Hubo que esperar a que muriera Franco para que fuera elegido decano de la Facultad de Derecho (1976) y rector de la propia Universidad de Barcelona (1976-1977).

A lo largo de sus más de 30 años de ejercicio, Jiménez de Parga intervino en asuntos relevantes tales como la defensa de estudiantes y sindicalistas ante el Tribunal de Orden Público, así como de periodistas e intelectuales perseguidos por la dictadura.

Manuel Jiménez de Parga fue autor de más de una decena de libros entre los que destacan: "Teoría política de Giduanni Gentile" (1954), "La V República francesa”, "Los regímenes políticos contemporáneos" (1960), obra de la que se han hecho múltiples ediciones, “¿Hay que reinventar la democracia en España?" (1993). Finalmente, en 2008, presentó sus memorias "Vivir es arriesgarse: Memorias de lo pasado y de lo estudiado".

Permítanme la parquedad obligada con que me debo expresar en el limitado espacio de este comentario. Y debo hacerlo porque Jiménez de Parga, antes de que yo conociera a su hija Paloma con la que me casé, era mi líder cuyos artículos publicados en el desaparecido Diario de Barcelona constituían para mí una fuente diaria de alimentación democrática en los estertores del franquismo.

Y para que nadie me acuse de parcialidad hago mías las palabras con que Mateo Madridejos Vives, ayudante suyo en la cátedra de la Facultad de Derecho de Barcelona, se refería a don Manuel días después de su muerte el 6 de mayo de 2014. “Las lecciones del profesor Jiménez de Parga en la Facultad de Derecho, sin olvidar el rigor académico, fueron como una ventana abierta a horizontes desconocidos, a los vientos de la libertad, y pronto se convirtieron en una plataforma atrayente no sólo para los estudiantes, sino también para la naciente oposición al régimen, muy influida por el partido comunista en el ámbito universitario. Uno de sus más directos colaboradores, Jordi Solé Tura, figuraba a la sazón entre los militantes más activos y conocidos del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), la sección catalana del comunismo español. Quiero decir que con un espíritu liberal que nunca le abandonaría, Jiménez de Parga eligió a sus adjuntos y ayudantes en razón de sus méritos, no por razones políticas o sociales, de manera que supo crear a su alrededor un grupo activo de universitarios y periodistas de inequívoca voluntad democrática”.

Un anuncio inquietante
Así titula don Manuel Jiménez de Parga el breve capítulo de sus memorias donde hace referencia a su anunciado asesinato.

“Sí inquietud es lo que turba la tranquilidad, una llamada telefónica el sábado 12 de abril de 1997 resultó inquietante y alteró la serenidad familiar".

"A media mañana de ese día me telefoneó el Ministro del Interior para informarme directa y personalmente, antes de que la noticia apareciese en los medios de comunicación, de que acababa de descubrirse un piso ocupado por terroristas de ETA y que en la documentación encontrada por la policía había datos suficientes para vaticinar que, en los próximos días, quizá el lunes, día 14, yo sería asesinado".

"La información que me facilitaba Jaime Mayor Oreja, preocupado en su profunda cordialidad, no era de las mejores que uno recibe a lo largo de la vida. Pero procuré mantener en casa una apariencia de tranquilidad sobre todo para que María Elisa, mi queridísima compañera y eficaz colaboradora durante más de 50 años, no se desequilibrara. Solo transmití la conversación del ministro a mis tres hijos varones y a los dos yernos que estaban cerca".

Días después, don Manuel escribió un artículo ampliamente difundido, dando gracias a Dios por haberle concedido, para estar con sus hijos y nietos, “Un suplemento de vida”.

Sólo lo hace en valenciano
El Defensor del Pueblo ‘condena’ a Ribó a publicar sus actas en español para evitar la discriminación
Agustín de Grado okdiario 19 Febrero 2018

El Defensor del Pueblo ha constatado que el Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Joan Ribó (Compromís) no está respetando los derechos lingüísticos de todos los valencianos al imponer el valenciano como único idioma en la publicación de las actas de las sesiones del Pleno municipal y en las resoluciones del gobierno municipal. En una resolución a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Defensor del Pueblo recrimina al gobierno municipal valenciano por discriminar a los castellanoparlantes.

El Defensor del Pueblo reconoce que la Ayuntamiento está legalmente habilitado para redactar sus documentos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la región, el español y el valenciano. Pero eso no significa que algunos ciudadanos que desconocen el valenciano, no puedan ver sus derechos lesionados.

En este sentido, el Defensor del Pueblo explica que surge un problema cuando el derecho de la administración municipal valenciano a publicar en uno solo de los dos idiomas oficiales impide a los ciudadanos entender el contenido de las actas y resoluciones, puesto que no todos los ciudadanos de Valencia entienden el valenciano y porque el Ayuntamiento se relaciona no sólo con vecinos de la ciudad, sino también con otros sujetos personales y jurídicos que no residen ni en la capital valenciano ni siquiera en la misma Comunidad autónoma.

De tal forma que -explica el Defensor del Pueblo- “cuando alguno de los acuerdos adoptados afectan de manera individual y específica a determinados ciudadanos, la publicación de las actas podría equivaler en algún caso al cumplimiento de la obligación de notificar a los interesados en un procedimiento las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, por lo que es relevante la lengua que se use para que entiendan el contenido de esos acuerdos”.

Entiende el Defensor del Pueblo que cuando el gobierno municipal de Ribó impone exclusivamente el valenciano en sus actas, acuerdos y resoluciones, lo está haciendo sin tener en cuenta una realidad social existente y olvidando que “todos tienen derecho a acceder a la información pública” en los términos previsto en el artículo 105.b de la Constitución, que protege el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo resuelve instando al gobierno municipal de Joan Ribó a publicar en versión bilingüe tanto las actas de sus reuniones como las del Pleno en la web del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos.


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