AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 21  Febrero 2018

LA MANO QUE MECE LA CUNA
Bieito Rubido ABC  21 Febrero 2018

Estudiar en español y hablarlo es un derecho civil elemental, que garantiza la propia Constitución, aunque en ocasiones sus exégetas no vean la deslumbrante claridad de los textos. El debate por la defensa de la libertad lingüística es más pertinente que nunca. A ello hay que añadir la necesaria discusión acerca de la utilidad de un idioma, y de cómo puede ser utilizado para excluir o incomunicar a unas personas de otras. Está en la raíz de todo movimiento totalitario y sobra literatura al respecto. Se adoctrina desde la cuna, con el lenguaje que nos distancia y, sobre todo -y ahora parece pasar desapercibido-, con los contenidos: con las falsedades históricas y la tergiversación de los materiales didácticos. Casi nadie pone el acento en ello, pero delante de nuestros ojos, en Cataluña y otras zonas de España, se distorsiona la realidad y se educa en el odio étnico. Ahí radica el centro del conflicto. Se nos ha ido la mano en la descentralización y hemos construido una democracia acomplejada, precisamente, con los valores que la sustentan. Alguien debería enarbolar la bandera de la protección democrática. Toda España iría detrás.

Iceta quiere más inmersión
José García Domínguez Libertad Digital 21 Febrero 2018

Acaba de gritar ante los suyos Iceta, el del PSC, que bajo ningún concepto permitirá que se separe a los niños catalanes en las aulas por razón de lengua. Un argumento inobjetable, si bien se mira, para propugnar que en todos los colegios de la demarcación las clases se vuelvan a impartir en castellano, una lengua que, amén de resultar mucho más útil que la vernácula, es ya la ampliamente mayoritaria de los habitantes de Cataluña (los catalanoparlantes nativos apenas suponen ahora mismo el 31% del censo). Pero en eso Iceta coincide con Ciudadanos, cuyo portavoz parlamentario acaba de oponerse también a la apertura de centros escolares que utilicen el español en la región con el argumento de que solo se matricularían en ellos "los raritos". Al parecer, nadie les ha explicado aún a los de Rivera que, dentro de la Europa tolerante e ilustrada, los únicos raritos en ese asunto son ellos. Así, en todos los países plurilingües de la Unión Europea, en todos, lo habitual y normalísimo es que existan dos o más redes escolares paralelas, una para cada lengua en función de la preferencia de los padres.

Sucede en Gales, donde los padres son libres para decidir si el idioma vehicular de la instrucción de sus hijos será el inglés o el galés. Sucede en Finlandia, donde también los padres pueden optar entre centros públicos –o concertados– que imparten la docencia en finés y otros centros no menos públicos o concertados que lo hacen en sueco. Sucede en Eslovaquia, país en el que la población de lengua materna húngara igualmente dispone de la posibilidad de escolarizar a los niños en centros estatales cuyo idioma docente sea el húngaro. Y sucede aquí al lado, en Andorra, donde cabe optar entre tres tipos de centros educativos, los que usan con preferencia el catalán, los francófonos y aquellos en los que se estudia en español. Mas volvamos a Iceta. Porque el primer secretario del PSC va a tener mucho trabajo si habla en serio. Y es que, aunque él simula no saberlo, resulta que los niños catalanes están divididos en las aulas por razón de la lengua desde hace muchos, muchísimos años. Así, a los niños pobres se les sumerge sin mayores miramientos en el sistema público, obsesivamente monolingüe en catalán. Y punto. En cambio, a los niños de las clases medias, los que integran el grueso de la clientela de los centros privados concertados, se les tolera bajo cuerda un régimen mucho más laxo que combina catalán y castellano en proporciones que varían según la orientación ideológica de los titulares de cada centro.

Y a los niños ricos, los ricos de verdad, los únicos que se pueden permitir las matrículas de los colegios internacionales de élite que tanto abundan de un tiempo a esta parte en Barcelona, a esos se les consiente directamente que orillen el catalán, rebajándolo a la categoría de asignatura maría. En la Escuela Italiana, el lugar donde estudian los hijos de Junqueras, los alumnos no oyen una sola palabra en catalán hasta que cumplen 12 años, instante en el que, poco a poco, empieza a introducirse una parte del currículum en ese idioma. En el Liceo Francés ocurre otro tanto de lo mismo: el catalán tiene, en la práctica, la consideración de una simple asignatura. Pero es que en el Colegio Norteamericano de Barcelona ni eso. En ese carísimo centro, quien no quiera estudiar catalán, simplemente no lo estudia. Ahí existe la opción de restar exento de la lengua regional sin mayor problema. Eso sí, hay que pagar. Y mucho. Lo dicho, va a tener trabajo el líder del PSC.

¿Cómo afecta la sentencia del TC sobre el castellano a las familias catalanas?
Carlos Cidal Prado. larazon 21 Febrero 2018

¿La sentencia supone un aval de la Lomce?
Sí, puesto que salvo el procedimiento para garantizar la escolarización en castellano y algún otro no muy relevante, todos los sustanciales han sido avalados por la sentencia.Es muy importante la constitucionalidad del reparto competencial en el ámbito del diseño curricular, especialmente lo referido a las asignaturas troncales. Algunos de los principales aspectos de la Lomce (diseño curricular, pruebas al final de cada ciclo) son, por tanto, conformes con la Constitución. Ahora lo que toca es que las autonomías que habían cuestionado estos aspectos los cumplan sin más resistencias.

¿Qué supone la sentencia para las familias que envían a sus hijos en Cataluña a colegios donde se garantiza el castellano financiados con fondos públicos?
Para quienes ya han hecho uso de esta posibilidad, no cambia nada. De cara al futuro, el TC anula este procedimiento porque entiende que desborda las competencias estatales y no tiene todas las garantías necesarias. Quizá otra solución similar, con más garantías, sería constitucionalmente admisible. El TC ha actuado como si estuviese ante un «supuesto de laboratorio». Por un lado, dice que el control de legalidad corresponde a la jurisdicción ordinaria, y es cierto, pero hay un evidente incumplimiento de sus sentencias. Por otro, ignora que una medida excepcional como ésta responde a que la administración autonómica está ejecutando sus competencias con deslealtad e incumpliendo la normativa. El TC deja desprotegidos en sus derechos fundamentales a una parte de los ciudadanos españoles residentes en Cataluña.

Catedratico de Derecho Constitucional de la UNED

Las asociaciones que defienden el uso del español: "Seguimos instalados en la tomadura de pelo"
Ya no confían en el Gobierno de Rajoy ni en el PP. Es más, consideran que no tiene “ningún interés en acabar con la inmersión".
Olivia Moya Libertad Digital 21 Febrero 2018

"¿Cómo cree que debería ser la enseñanza obligatoria en Cataluña?". Ésta fue una de las preguntas que a principios de 2017 realizó GESOP en una encuesta para Sociedad Civil Catalana. El 75,6% de los encuestados -es decir, tres de cada cuatro catalanes- contestaron que trilingüe (en catalán, castellano e inglés) y un 14%, bilingüe (en catalán y castellano). Tan sólo el 8,8% afirmó que quería una enseñanza sólo en catalán.

Unos meses antes el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la cual fijaba el porcentaje mínimo de español que los centros escolares de Cataluña debían impartir a los estudiantes: el 25% de las horas lectivas, es decir tan sólo una de cada cuatro asignaturas.

Y es que, según señaló entonces el Alto Tribunal, el objetivo de normalización lingüística aún no se había alcanzado en esta comunidad autónoma. Así, el porcentaje del 25% es "ajustado y razonable" y permite "el efectivo carácter vehicular del castellano, máxime si se exige también que dicha lengua cooficial se imparta al alumno, al menos, en otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga y, además, se haga con el resto de sus compañeros de clase, excluyendo, por discriminatorio, el sistema de atención individualizada". Recordó también el Supremo que el límite del 25% no es el máximo sino el mínimo que los centros deben cumplir.

Entonces estaba al frente del Gobierno de la Generalidad Artur Mas y, una vez más, el Ejecutivo catalán desoyó a la Justicia e incumplió dicha sentencia más que benévola con el sistema de inmersión.

Ahora el asunto vuelve a estar sobre la mesa y centra la actualidad política. "Cataluña no se puede paralizar por el hecho de que –sus políticos– no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley", dijo la vicepresidenta del Gobierno la semana pasada. Y un día después el ministro de Educación -y consejero del ramo en aplicación del artículo 155- habló notablemente incómodo de garantizar la libertad de los padres para elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos.

La disposición 38 de la Lomce -por la cual aquellos padres que quieran ver reconocido su derecho a que sus hijos estudien castellano puedan acudir a un centro privado y los costes corran a cargo de la Administración: la central en un primer momento y la autonómica finalmente- se ha revelado absolutamente ineficaz: el precio elevado que deben asumir en un primer momento las familias y las trabas administrativas, actúan de desincentivo. Y ahora también incostitucional.

Así las cosas, desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy apuntaron en un primer momento a la posibilidad de incluir la casilla del castellano en la preinscripción escolar. Pero luego no. Íñigo Méndez de Vigo descartó que se haya tomado una decisión al respecto. No obstante, la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat habló este lunes claramente de la casilla del castellano. Y desde el PP catalán introdujeron una nueva posibilidad: que en cada municipio o zona de escolarización, al menos un centro de Primaria y un centro de Secundaria sostenidos con fondos públicos ofrezcan vehicularidad de las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, además del aranés para los municipios de la Vall d'Aran.

En el Ministerio guardan silencio. "El Gobierno sigue trabajando en la fórmula" para hacer efectivo este derecho, señalan fuentes educativas. Los plazos que se marcan para tenerla lista no son inminentes: finales de marzo o principios de abril, bordeando el límite de la preinscripción escolar.

"Un brindis al sol"
"Seguimos instalados en la tomadura de pelo", señala a Libertad Digital Francisco Caja presidente de Convivencia Cívica Catalana, entidad que ha dado cobijo legal a numerosas familias en Cataluña que se han visto obligadas a acudir a los tribunales para que se respetara su derecho a una educación bilingüe para sus hijos. Según Caja, el Gobierno del PP no tiene "ningún interés en acabar con la inmersión", podía haberlo intentado cuando contaba con mayoría absoluta en el Parlamento y no lo hizo. Y ahora, con Ciudadanos pisándole los talones, reactiva esta batalla. "A buenas horas mangas verdes".

Lo ideal e idóneo sería posibilitar un "bilingüismo integral", explica Caja. "Nuestra pretensión, por lo que llevamos luchando desde el 98, es que todos los niños puedan recibir una educación bilingüe. Y es que la inmersión "es un procedimiento de adoctrinamiento político". Y con ello "no se acaba con una casilla". Así, este (medio) anuncio del Gobierno es para el presidente de Convivencia "un brindis al sol".

Para Francisco Caja es "escandalosa" también la postura del PSC pues es contraria a la igualdad y ataca fundamentalmente a las clases más desfavorecidas. "Es escandaloso que un Partido Socialista diga que está a favor del actual sistema de inmersión pues así no se divide a la sociedad… ¡Si lo que ha conseguido precisamente es dividirla!".

"La única manera de acabar con la inmersión es una ley emanada del Congreso donde se imponga una enseñanza bilingüe en aquellas comunidades autónomas donde haya dos lenguas oficiales", donde "no se perjudica absolutamente" nada ni a nadie, "al revés, es enriquecedor", como así queda reconocido en la Constitución: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

"Todos los gobiernos de España han sido cómplices de lo que ha ocurrido aquí con la educación. Son responsables todos. Ahora tienen las manos muy atadas, pero ha habido oportunidades", también de "hacer pedagogía", sostiene por su parte Marita Hernández, de Asociación por la Tolerancia. "A corto plazo (lo que tiene que hacer el Gobierno) es cumplir la ley, pero no en aplicación del artículo 155, que también, sino en cumplimiento de las sentencias. Méndez de Vigo es ahora consejero de Educación y tiene que aplicar la ley".

"Claro que tienen que poner la casilla, aunque sea a efectos estadísticos" y "reforzar al Alta Inspección del Estado", considera Marita Herández. "Que van a recibir coces, por supuesto", pero no por ello el Ejecutivo tiene que dejar de cumplir con su obligación, apunta. "Por algún sitio tiene que empezar". "Esa casilla existía antes, pero la eliminaron. Todo es kafkiano… "Si quieres que tu hijo sepa algo de español tienes que pedirlo. ¿Por qué se obliga a los padres a pedirlo expresamente violentándolos de esta manera?".

Hernández recuerda que en Cataluña existe la cooficialidad de las dos lenguas por lo que "la administración tiene la obligación de ofrecer el servicio". Luego serán las personas las que "escojan". Así de sencillo. Para la Asociación por la Tolerancia lo ideal sería el modelo que ha existido en el País Vasco, "ya devaluado", donde se ofertaban las tres vías. Así, unida junto a otras asociaciones en torno a Hablamos español, recoge firmas para lograr la libertad de lenguas en aquellas autonomías donde existe la cooficialidad. "Es que en este país se ha hurtado hasta el debate" sobre esta cuestión, lamenta Hernández.

"Despolitizar la lengua"
Desde Sociedad Civil Catalana su presidente José Rosiñol comenta a este periódico, días después de su reunión con el presidente del Gobierno en Moncloa, que es necesario "aprovechar" el golpe que ha tenido lugar en Cataluña para "volver a la legalidad". "Estamos ante una nueva oportunidad para que se cumpla la ley".

Según Rosiñol es necesario que se dé un primer paso: "despolitizar la lengua". Y es que, subraya, la lengua catalana pertenece a todos los españoles, "es un bien cultural" y sería positivo "reivindicarla como algo de todos". Para Sociedad Civil Catalana habría que empezar por realizar un "debate abierto, plural, sereno" para abordar esta cuestión.

NUEVO MECANISMO
París obligará a los inmigrantes a conocer el idioma para lograr empleo
La Gaceta  21 Febrero 2018

El Gobierno francés planea favorecer la integración de inmigrantes y refugiados con un paquete de medidas centradas en reforzar su inserción laboral y lingüística, como contrapunto de un proyecto de ley que endurecerá las condiciones de entrada.

El primer ministro francés, Edouard Philippe, y el titular de Interior, Gérard Collomb, aprovecharon la visita a un centro de formación de refugiados en Lyon (este del país) para dar a conocer un informe con propuestas en ese sentido que había sido encargado al diputado Aurélien Taché.

Este legislador de la mayoría presidencial considera que hay que proponer cauces de inserción para las alrededor de 130.000 personas que se instalan de forma legal cada año en Francia con vocación de quedarse.

Eso pasa en primer lugar por reforzar los cursos de francés, los cuales, a juicio de Taché, deberían tener una duración doble e incluso triple para garantizar un dominio de la lengua, que se considera condición para todo lo demás.

En segundo lugar, el parlamentario propone que los refugiados puedan iniciar la formación profesional desde la formalización de su demanda de asilo y que se reduzca el plazo en el que puedan empezar a trabajar de los nueve meses actuales a seis.

Taché también quiere suprimir la condición de la nacionalidad francesa para acceder a ciertos puestos en las administraciones públicas (los que no tengan que ver con la seguridad o la defensa) y, sobre todo, que se simplifiquen los procedimientos administrativos para los extranjeros.

De acuerdo con sus cálculos, ese programa necesitaría una partida de 600 millones de euros.

Este informe, que supone un gesto en favor de los inmigrantes y los refugiados, llega dos días antes de que el Ejecutivo adopte un polémico proyecto de ley cuyo objetivo declarado es acelerar la tramitación de las demandas de asilo para una mejor integración de los refugiados, pero también para facilitar las expulsiones de los rechazados.

Ese texto pretende establecer una neta diferencia de tratamiento entre los beneficiarios del estatus de refugiado, para los que se van a incrementar los esfuerzos de cara a su inserción en Francia, y los inmigrantes indocumentados, para los que van a aumentar los controles a fin de forzarlos a que se vayan del país.

Lo que Europa debe a la España franquista
Pío Moa gaceta.es 21 Febrero 2018

Como podrán comprobar, las siguientes tesis suponen una revisión en profundidad o reenfoque del régimen anterior, que he detallado en mi libro Los mitos del franquismo Creo que sin esa imprescindible revisión, la democracia continuará involucionando y poniendo en peligro nuevamente la propia existencia de España, como ocurrió con el Frente Popular. Va siendo hora de aclarar la realidad histórica de la que venimos a la gran turba de ilusos de izquierda y separatistas que tanto embuste han tragado, y a los aún más necios derechistas que dicen que hay que olvidarla

1. El franquismo derrotó a un Frente Popular compuesto de totalitarios y separatistas. Sin ser democrático, salvó elementos más fundamentales que un determinado sistema político: la unidad nacional, la cultura cristiana, la libertad personal y la propiedad privada. Esta es una gran deuda que tenemos los españoles con aquel régimen.

2. Al derrotar al Frente Popular, el franquismo evitó que Europa se viese emparedada al este y al oeste por regímenes soviéticos, con el añadido de una Francia izquierdista muy simpatizante de ellos. Esta es una deuda que tienen los europeos con aquel régimen español.

3. El franquismo permitió a España librarse de la II Guerra Mundial, lo que por lo pronto ha significado dos cosas: evitó a los españoles víctimas y destrucciones sin cuento; y ahorró a España la carga moral de las atrocidades cometidas por nazis, soviéticos y también por los aliados anglosajones.

4. En el plano internacional, la no participación de España en aquella contienda benefició estratégicamente y en gran medida a los Aliados, beneficio que estos pagaron con mil provocaciones y un aislamiento no ya injusto sino criminal, pues intentaba crear en España una hambruna masiva para derribar a un régimen que los españoles se empeñaban en no derribar.

5. Junto con el aislamiento, España tuvo que soportar una guerra de guerrillas comunista, el maquis, que fue vencido al no conseguir apoyo popular. Lo que revela que la reconciliación era ya un hecho para la gran mayoría. Por contraste, en Grecia, otra guerra de guerrillas comunista obligó a Inglaterra a darse por vencida en su apoyo al gobierno griego, siendo relevada por Usa, y solo así lograron vencer a los comunistas.

6. Al terminar la II Guerra Mundial, Europa quedó dividida en una parte occidental bajo tutela de Usa, y otra oriental bajo el poder directo de Moscú. Fue el resultado de la inevitable colaboración de los anglosajones con Stalin para derrotar a Alemania. Por ello Europa Occidental tiene una deuda moral y política con el ejército de Usa, deuda de la que está libre España, gracias al franquismo.

7.- Asimismo, Europa occidental y los aliados tienen una gran deuda con la URSS de Stalin, que corrió con el grueso del esfuerzo y el sacrificio de la guerra. España también está libre de esa deuda, pues derrotó indirectamente a Stalin en España.

8.- En la posguerra, la España de Franco debió reconstruirse en condiciones extremadamente adversas. Y, contra lo que pretenden historiadores propagandistas pero demuestran las estadísticas, consiguió reconstruirse con verdadera brillantez dadas las circunstancias, sin deber nada al Plan Marshall, es decir, sin la deuda económica que, sumada a la moral y política, pesa sobre Europa occidental. Y al mismo tiempo que se reconstruía, derrotaba al maquis, frustraba los peores estragos del aislamiento y finalmente derrotaba también a este en la escena internacional. Nunca desde hacía siglos podían estar los españoles más satisfechos de sí mismos y confiar tanto en sus propias fuerzas

9. Una vez liberado del aislamiento, y aprovechando la base económica creada en los años 40 y 50, España se convirtió en uno de los países de más rápido crecimiento económico del mundo, reduciendo con rapidez la brecha con los países ricos de Europa. Fue otra victoria de máximo alcance, pues permitiría el paso a una democracia sin convulsiones, hoy puesta en serio peligro por los antifranquistas nostálgicos del Frente Popular.

10. El franquismo, sin ser democrático, careció de oposición democrática. No hubo un solo demócrata en sus cárceles. La oposición fue siempre totalitaria: comunista y/o terrorista. Fue un régimen que frente a los totalitarismos mantuvo un alto grado de libertad personal, aunque para ello y para preservar la unidad nacional y las bases cristianas de la cultura europea, necesitó restringir –pero no anular–, las libertades políticas de los partidos.

11. A falta de oposición democrática interna, el franquismo debió afrontar siempre la hostilidad de diversas democracias de Europa occidental. De países que no se debían a sí mismas ni su democracia ni su prosperidad, sino a la intervención militar useña y a la ayuda económica posterior.

12. En la lucha contra el expansionismo soviético de la guerra fría, la España franquista colaboró de manera invalorable no solo permitiendo bases militares useñas – sin perder soberanía– sino, más aún, asegurando en la retaguardia eurooccidental un país estable, fiable, sin las poderosas quintas columnas comunistas existentes en Francia o Italia, y sin convulsiones periódicas de huelgas generales y disturbios graves como los que culminaron en el Mayo francés. Por supuesto, los países de Europa occidental jamás agradecieron tampoco este importante beneficio

13. El franquismo se volvió improrrogable, no por oposición política interna ni por la hostilidad exterior, sino por dos razones muy distintas: a) porque el Concilio Vaticano II vació ideológicamente al régimen que había salvado a la Iglesia del exterminio y se había declarado católico. Dicho vaciamiento pudo haber provocado un derrumbe catastrófico del régimen. b) Si el derrumbe, con el consiguiente caos, no ocurrió, se debió a que el franquismo había creado una sociedad muy distinta a la de la república, una sociedad próspera, políticamente moderada y sin los odios que condujeron a la guerra civil, y que por lo tanto ya no precisaba las restricciones políticas anteriores. Ello hizo posible el paso a la democracia de la ley a la ley, por la evolución propia y no por intervenciones militares useñas, como en el resto de Europa occidental.

14. En suma, el franquismo venció todo lo que el Frente Popular significaba por su propia composición política: separatismo, totalitarismo, persecución religiosa, destrucción del patrimonio histórico y artístico del país, anulación de las libertades personales y políticas; rehízo material y moralmente a España en las condiciones más arduas; desafió y venció las agresiones y las peores presiones internacionales; libró al país de las tremendas cargas morales y políticas que contrajeron los demás países de Europa occidental; y ayudó a estos frente al expansionismo soviético, pese a la hostilidad que le manifestaban los propios ayudados; y finalmente dejó un país próspero, reconciliado, libre de los odios que destrozaron la república, apto para una democracia no convulsa.

15. Pese a todos esos logros históricos sin parangón en al menos dos siglos de España, no ha habido régimen más calumniado y sobre el que se han contado tantas mentiras a los españoles. Todo ello a cargo de los nostálgicos del Frente Popular, cuyas señas de identidad son, como lo fueron en la guerra y antes, una enorme corrupción; promoción y financiación de los separatismos; ataque permanente a las libertades políticas y personales con leyes antidemocráticas; cesión ilegal de la independencia y soberanía, antaño a Stalin, hoy a oscuras burocracias exteriores; falsificación sistemática de la historia y recuperación de los viejos odios republicanos. Y hay que añadir actualmente: acelerada colonización cultural por el inglés y desplazamiento progresivo del español como lengua de cultura; conversión de las fuerzas armadas en un ejército inmerso en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno; conversión de la colonia de Gibraltar en un emporio de negocios opacos, siendo el peñón la única colonia en territorio europeo, que invade nuestro país en un punto estratégico, verdadera violación permanente de España por un país a quien tienen por amigo y aliado tales partidos y políticos…

Urge, evidentemente, una reacción, que debe pasar por restablecer la verdad histórica. Nada hay más peligroso para la cultura, la democracia y la integridad de España que el continuo ataque y falsificación de su historia, que no se limita al franquismo sino que llega a todas sus épocas, para desmoralizar a los españoles con una visión negativa y envilecedora de su pasado y oscurecer su presente y su porvenir.
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Es llamativo cómo la figura de Azaña fue convertida en una especie de ídolo o santo laico tanto por la izquierda como por la derecha desde la Transición, queriendo algunos (Marichal, por ejemplo) elevarlo a la categoría de estadista comparable a Churchill, etc. Sin embargo basta leer con algo de espíritu crítico sus diarios para comprobar cuán arbitraria y errados eran tales supuestos. En “Una hora con la Historia”: https://www.youtube.com/watch?v=5KTanH1mvdc&t=1s


******************* Sección "bilingüe" ***********************
El laboratorio

En el laboratorio nacionalista de la escuela, la defensa del castellano tiene la importancia de una cuestión de Estado
Ignacio Camacho ABC  21 Febrero 2018

Camino cegado: con las «becas Wert» tumbadas por el Tribunal Constitucional, el Gobierno tendrá que buscar otra fórmula para garantizar en Cataluña la enseñanza del -y en- castellano. En realidad, el método de la LOMCE hace tiempo que estaba en punto muerto, toda vez que apenas se habían acogido a él un centenar de familias al año y ni siquiera consta que Hacienda hubiese reclamado a la Generalitat el dinero adelantado. Fue un error político, aunque bienintencionado, y ahora sabemos que también una chapuza jurídica condenada al fracaso. Pero la cuestión de fondo sigue pendiente y debe ser abordada con la irrenunciable importancia de un verdadero asunto de Estado.

Sobre la inmersión lingüística cabe un debate pedagógico sobre la velocidad de aprendizaje, la cohesión escolar, los resultados académicos o la segregación de los niños. Sin embargo, su existencia no responde tanto a un paradigma educativo como a un programa político. Eso es lo que interesa de veras al nacionalismo: el sometimiento de la enseñanza a su principal objetivo, que es el de la construcción de una sociedad identitaria concebida con principios unívocos. El soberanismo catalán, que carece de soporte étnico, religioso o ideológico, se aglutina a partir de la lengua como base de sus mitos; el idioma es la característica primordial de su sentido de pertenencia, el marchamo diferencial con que se identifica a sí mismo. Y su imposición excluyente en la escuela, concebida como laboratorio doctrinal, constituye la herramienta decisiva para la creación del imaginario adánico, fundacional, de un pueblo involucrado desde la misma infancia en la conciencia de un destino.

Por tanto, no se trata de una discusión, siempre posible, sobre los métodos didácticos o su potencial de rendimiento, sino sobre la libertad de elección y la igualdad de derechos, sobre la marginación del castellano como lengua común de los españoles y sobre un marco de convivencia civil basado en la tolerancia y el respeto. Y también, por supuesto, sobre el cumplimiento de la ley y de unas sentencias que las autoridades catalanas han considerado siempre inoperantes ante su terco empeño. Se trata de que España sobreviva como proyecto, de que siga siendo una nación de ciudadanos iguales o se convierta en una simple agregación de territorios acogidos a diferentes fueros y privilegios.

El Estado no puede desfallecer en ese esfuerzo. Está obligado a encontrar la manera de preservar su propia existencia sin resignarse al abatimiento. El veredicto del Constitucional no sólo demuestra que la Ley Wert estaba mal hecha sino también que acaso el reparto de competencias estatutarias haya ido demasiado lejos. Pero eso ya no tiene remedio. Lo que sí lo tiene es la sistemática voluntad nacionalista de implantar de forma unilateral su modelo. Y hay que hallarlo pronto porque ya se ha perdido demasiado tiempo.

Con la inmersión no valen atajos
EDITORIAL El Mundo 21 Febrero 2018

No podía caer en momento menos oportuno la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el mecanismo ideado en época de José Ignacio Wert para tratar de paliar la inmersión lingüística que discrimina los derechos educativos de los castellanohablantes en Cataluña. La denostada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) arbitraba una suerte de atajo para los alumnos que quisieran recibir enseñanza en castellano y carecieran de oferta educativa pública para ello. El sistema ideado en 2013 no dejaba de ser un parche: preveía que el Estado adelantara una ayuda de 6.000 euros para pagar el colegio privado, cantidad que luego se detraía de lo transferido a la Generalitat de Cataluña. Pues bien, el Constitucional estima ahora parte del recurso presentado por la Generalitat y considera que con esa regulación el Estado invadió competencias autonómicas. En concreto desacredita la utilización de la Alta Inspección del Estado, una herramienta hoy por hoy vaciada de sentido: "una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración del Estado".

El Gobierno de Rajoy recibe este mazazo en mitad de una teórica ofensiva para hacer cumplir al fin las sentencias judiciales que desde hace años vienen dando la razón a los padres castellanohablantes. Denuncian la sistemática vulneración de sus derechos constitucionales, sancionados por el propio TC en su fallo sobre el Estatut -donde se reconoce al castellano como "lengua vehicular"- y avalados hasta en cinco ocasiones por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estableció un "mínimo indispensable" del 25% de asignaturas en castellano. Pero ni la Generalitat cumplió jamás la ley ni los sucesivos gobiernos centrales se preocuparon de aplicarla. A contrarreloj y al amparo del 155, como si fuera precisa una circunstancia extraordinaria para que la Constitución rija en toda España, el Gobierno de Rajoy baraja procedimientos -de momento no pasan de mera instrucción- para deshacer los abusos de la inmersión, pero corre el peligro de terminar urdiendo otro parche susceptible de anulación futura. Todo por exceso de precipitación en un asunto que requiere una intervención tan urgente como profunda.

Ahora ocurrirán dos cosas. La primera, que el Gobierno acatará esta sentencia, como no puede ser de otra manera. Y la segunda, que el nacionalismo desleal blandirá como un aval a su proyecto excluyente este fallo del mismo TC al que tanto denigra cuando no le da la razón. Vano intento, porque la autoridad moral sólo la concede el inalterable cumplimiento de la legalidad, no su acatamiento selectivo en función de que sirva o no a tus intereses. El arreglo escrupuloso a la ley carga de razones al gobernante: he ahí el único supremacismo aceptable en democracia.

El Gobierno se ahoga con la inmersión
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN elespanol 21 Febrero 2018

Si el Gobierno tenía alguna intención real de imponer la casilla del castellano en las preenscripciones de las matrículas escolares en Cataluña, el varapalo que el Constitucional acaba de dar a la aplicación de la LOMCE da prácticamente al traste con esa vía.

La Ley Wert -séptima ley educativa de la democracia- atribuye a la Alta Inspección determinar si la escolarización en castellano es suficiente en Cataluña y, de no ser así, permite derivar alumnos de las escuelas públicas a colegios privados en los que el español es lengua vehicular, y hacerlo a cargo de la Generalitat. Sin embargo, el TC ha estimado un recurso de inconstitucionalidad que presentó la Generalitat al considerar que este precepto invade competencias exclusivas de Cataluña, ya que los inspectores deben circunscribirse a labores de supervisión normativa.

Casilla del español
El número de alumnos acogidos a las prerrogativas de la Ley Wert para estudiar en español en centros privados es ínfimo, pues obligaba a muchos padres a largos desplazamientos al no existir una oferta razonable. El Gobierno anunció la semana pasada sin demasiada precisión y con contradicciones su intención de aprovechar el 155 para garantizar el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular en las preinscripciones de las matrículas. De este modo, la casilla del castellano se convertiría en una palanca para crear de facto un doble circuito educativo susceptible de sortear la política de inmersión lingüística.

Al restringir su capacidad de intervención en la educación catalana, el Alto Tribunal deja grogui al Gobierno, que parece haber recurrido a la lucha contra la exclusión del español con la intención de recuperar el pulso político ante el avance de Ciudadanos en las encuestas.

Que se cumplan las sentencias
El fallo del TC obliga a afinar la batalla por los derechos lingüísticos en Cataluña. A expensas de que, cuando se abra el melón de la reforma constitucional, algún partido plantee la necesidad de que el Estado recupere las competencias en materia de educación, el único camino que queda para asegurar la enseñanza del español en Cataluña es que la Generalitat cumpla de una vez las sentencias del Tribunal Supremo y del TSJ catalán que obligan a que al menos el 25% de las materias se impartan en castellano.

El problema es que, después de haber sido enmendado por el Constitucional y después de haber desaprovechado una mayoría absoluta en el Congreso, no parece que Rajoy sea ahora el mejor garante de los derechos lingüísticos.

Méndez de Vigo, peor imposible
Joaquim Coll cronicaglobal 21 Febrero 2018

Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna que promueve Naciones Unidas, y en Cataluña las entidades probilingüismo tienen razones de sobras para estar enfadadísimas, no solo con los partidos catalanes que han acabado imponiendo un régimen lingüístico monolingüe en toda la etapa educativa obligatoria (la mal llamada inmersión?), sino ahora mismo con el Gobierno español. Es imposible garantizar peor la defensa efectiva del bilingüismo. La realidad es que el Gobierno del PP no ha hecho más que meter la pata y actuar con notoria ineptitud. Ayer, el Tribunal Constitucional dio un tremendo varapalo a la Ley Wert que en este punto creyó hallar una solución obligando a la Generalitat a conceder unas becas a aquellas familias que optasen por un colegio privado en castellano. Era a todas luces una salida en falso, un auténtico disparate que invadía competencias autonómicas, y que además obligaba a los particulares a solicitarlo y litigar, adelantando el dinero de su bolsillo. Su escaso éxito ha demostrado la inutilidad de la medida.

El correctivo llega mientras seguimos sin saber qué piensa hacer el Gobierno después del contundente anuncio que la semana pasado hizo el titular de Educación y ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo de que el ejecutivo iba a garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular para sus hijos el próximo curso. Es evidente que nuevamente se ha generado una expectativa que no se va a poder cumplir, mientras se ha regalado al soberanismo una nueva cruzada de histeria contra la aplicación del artículo 155. Ha pasado casi una semana y el Gobierno sigue sin aclarar cuáles son sus planes. La idea inicial de la casilla lingüística parece descartada, como lo prueba que desde el Ministerio de Educación se enmendara anteayer la plana a la ministra Dolors Montserrat ("Ha tenido una confusión", dijo un portavoz); la titular de sanidad, en su condición de catalana, quiere protagonismo en estas cuestiones atendiendo a su papel de posible sustituta de Xavier García Albiol. Paralelamente, aparece una peregrina propuesta de garantizar que en cada municipio haya por lo memos una escuela de primaria y secundaria donde se garantice el bilingüismo. En el entorno del Gobierno parece que sigue queriéndose abordar el tema como si se tratara de garantizar un derecho de elección individual, con apaños condenados al fracaso o la irrelevancia.

¿Por qué el Gobierno no ha hecho nunca nada para obligar a la Generalitat a cumplir con un mínimo del 25% en castellano en todos los centros educativos en base a la legislación y a diversas resoluciones judiciales?

En realidad, la primera pregunta es por qué no se ha hecho nunca nada para obligar a la Generalitat a cumplir con un mínimo del 25% en castellano en todos los centros educativos en base a toda la legislación y a diversas resoluciones judiciales. Porque no se trata de dar respuesta a unas peticiones individuales sino de garantizar un derecho y una obligación que a todos atañe. El modelo lingüístico escolar, tal como ha sido interpretada la Ley de Educación de Cataluña (2009) por los tribunales a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto, sigue siendo de conjunción lingüística. También la LOMCE avala el bilingüismo en Cataluña, que en este punto no fue recurrido por la Generalitat. Por tanto, el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular. Pero en todos estos años el Gobierno no ha enviado jamás un requerimiento a la Generalitat instándola a cumplir.

Tampoco ha hecho nada el ministro en estos cuatro meses desde que está en vigor el 155. Como máximo responsable educativo que es ahora mismo Méndez Vigo en Cataluña, podría enviar una orden a todos los centros e institutos exigiendo el cumplimiento de la ley el próximo curso con el detalle de la lengua en que van a cursarse todas las asignaturas. Como muy bien explica el jurista Rafael Arenas en una reciente entrada en su blog El jardín de la hipotenusas inconclusas, con el 155 no se puede cambiar el modelo educativo catalán, que es mayoritariamente en lengua catalana, pero sí obligar a que al menos el 25% de las materias sea en castellano. Ni más ni menos. Es evidente que un nuevo Govern independentista boicotearía la orden, pero es el único camino coherente y fructífero, porque la inmersión es ilegal. Lo han leído bien, ILEGAL. Digámoslo claro.

En defensa del castellano
Josep Maria Cortés cronicaglobal 21 Febrero 2018

Con permiso de Bernardo Atxaga, que escribe en vasco y en castellano, creo que a Euskadi le ocurre lo contrario que a Cataluña. Allí la normalidad se asume en tres líneas educativas: el trilingüismo (vasco-inglés-castellano) y los dos bilingüismos: el vasco con horas de castellano y castellano con horas de vasco. Y listos. No hay como ser de Sanse o haber nacido en un caserío de Asteasu para hincarle el diente al euskera en casa y al castellano (y también al euskera) en la escuela, como le ocurrió al propio Atxaga.

Sea lo que sea, que no lo sé, el caso catalán es tan complejo que solo me sirven los buenos ejemplos, como el de Jaume Vallcorba, el gran editor fallecido en 2014, un hombre sabio germinado para el oficio con la poesía completa de Ausiàs March editada por Ferraté. Solo eso. A modo de preámbulo, Vallcorba elevó la edición al séptimo cielo con el Sueño de Polífilo, el bello incunable lanzado por el tipógrafo veneciano del siglo XV, Aldo Manuzio, coetáneo de Erasmo. Y un poco más tarde situó gradualmente en el catálogo de Quaderns Crema a Quim Monzó, Sergi Pàmies, Empar Moliner, Ferran Torrent, Ramon Solsona, Francesc Serés, Pere Guixà, etc., "la Nouvelle Vague de la literatura catalana de los años 80 y 90", según escribió elogiosamente Le Nouvel Observateur.

Los Crema son parte del legado catalán del editor. Su colección Acantilado es el compendio de la cultura europea de la que los españoles somos hijos bastardos desde que Michel de Montaigne cerró la puerta del Renacimiento para abrir el gran armario ropero del racionalismo. Las dos lenguas pueden llegar a conocerse y ambas sirven de pórtico para entender el mundo inabarcable que hay más allá de los Pirineos. Por ejemplo, para ir de Viena a Budapest en la cubierta de un bateau, es igual de útil llevar bajo el brazo El Danubio de Anagrama, que el El Danubi de 1984-Butxaca. La Mitteleuropa de Claudio Magris es la misma; no precisamente la que fue sino la que lloraron sus poetas, después de los bandolerismos nazi y soviético.

El catalán es una lengua normativa donde las haya. "Este país contiene un fermento soterrado de preocupaciones lingüísticas", escribió Josep Pla a propósito de Pompeu Fabra, a quien admiraba sinceramente. La broma del genial ampurdanés era un dardo contra la nación llena de bizantinistas, como aquel señor Casas Carbó asiduo a las tertulias del Ateneu de Barcelona cargado de planteamientos inútiles. Ahora, la eclosión del independentismo? no ha mejorado la percepción que tenemos de una gramática, que practica el ecumenismo laico en todo el territorio. En la escuela y en los centros oficiales no se impone el uso corriente del catalán sino el que normativizan los lingüistas orgánicos, auténticas falanges del pronombre débil y el atzucac. El conservadurismo tiene sus mazmorras. Los catalanes poseemos una maravillosa lengua literaria común --la de Riba, Carner y Sagarra-- y a la hora de callejear no nos hacen falta los reduccionismos al estilo, con perdón, del euskera batúa.

El soberanismo no ha desenterrado el substrato para elevarlo a categoría, como sí hizo la Reneixença. La comedia de una hipotética clase dirigente del procés es una impostura que empezó el día en que el sociólogo José Luis Álvarez publicó en El País un célebre artículo titulado La lucha final de la burguesía catalana (agosto de 2012). Algunos lo consideraron profético porque explicaba los complejos procesos que han conducido a la hegemonía ideológica del catalanismo y su tránsito hacia el independentismo, según la versión errática de Antonio Santamaría en El Viejo Topo. El procés está dirigido por políticos de medio pelo y una buena escuela de comunicación; solo eso. Señor Álvarez, sepa usted que la burguesía del vapor se ha quedado una vez más en sus cuarteles de invierno. Pero el Gobierno del PP comete tales errores de bulto que no hacen sino echar gasolina al fuego. Esta semana se ha salido de madre el bisoño Pablo Casado, en su afán ridículo por convencer a los de casa ("una escuela castellana en cada ciudad y pueblo"), y se ha equivocado la ministra Dolors Montserrat al hacer público un cambio normativo que solo le corresponde al Parlament, sentencias a parte del TC y el TSJC (deben cumplirse).

El catalán cuenta con el motor de la escuela pública, que estudia la Generación del 27 traducida al catalán (¡semejante estropicio!)

El soberanismo no tiene fuentes; con decir que su brazo fuerte es el exconvergente Puigdemont? se entenderá que el movimiento sea una ameba que se adapta al paisaje, como el color de los camaleones. Hoy chocan la monoglosia catalana y el postureo españolista, una lucha fratricida en la que pierden las dos partes. El catalán cuenta con el motor de la escuela pública, que estudia la Generación del 27 traducida al catalán (¡semejante estropicio!). El castellano, por su parte, pierde aquel portentoso impacto coloquial que provoca el pánico en el Institut d'Estudis Catalans, impúdicamente convencido de que la lengua de Cervantes es la brasa ardiente del panespañolismo matón. Pues no. Salgo en defensa de nuestro castellano: de Delibes, de Torrente o de Juan Marsé, o si lo prefieren, de Borges y Rulfo.

El fracaso del bilingüismo es el fracaso de la normalidad. Los jóvenes hablan hoy ambas lenguas pero sacan pésima nota en comprensión lectora (Bolonia dixit). Se les prepara para aterrizar en el mundo del inglés chapurreado, desconsiderando absolutamente su primera obligación: sentirse ciudadanos. Por este camino, el catalán se volverá una lengua de palimpsesto y el castellano desaparecerá para fusionarse con el globalish.

Si seguimos tonteando, nuestras palabras vernáculas o escogidas al azar (las mejores) se extinguirán y solo serán reproducidas por papagayos, como hacen con el guaraní estos pájaros longevos de las tierras amazónicas. En busca de esta verdad, Henri Michaux bajó desde los Andes a la selva de Oriente para escribir Ecuador, su diario de viaje sin retorno. Entrelazó la palabra, el pájaro y la ayahuasca. Y dejó escrito este epitafio: "Algún día, nuestras voces serán solo huellas en valles profundos".

Con la inmersión hemos topado
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli 21 Febrero 2018

Con la que hay armada en Cataluña desde hace cinco meses era cuestión de tiempo que el tema de la inmersión lingüística aflorase. La inmersión es el elefante en medio de la habitación que lleva desde siempre allí, pero que todos han fingido no ver durante más de tres décadas. Desde 1983 en Cataluña la educación pública y concertada no universitaria se imparte únicamente en catalán. Hay, claro, una asignatura de castellano pero como la hay de inglés.

Algo perfectamente comprensible si la práctica totalidad de los catalanes tuviesen como lengua madre el catalán. Pero no es así. Según una encuesta hecha por el Idescat de la Generalitat en 2013, el castellano es la lengua materna del 57% de los catalanes mayores de 15 años mientras que el catalán lo es del 33%.

Esta es la realidad lingüística de Cataluña. En este aspecto tampoco se parece a Flandes, donde la frontera política es también una frontera lingüística. Los catalanes, a diferencia de los flamencos y los valones, son en su mayoría bilingües desde hace siglos y, al menos desde finales del siglo XIX gracias a la labor de instrucción pública emprendida por los Gobiernos de Isabel II y Alfonso XII, toda la población del Principado entiende y habla castellano. Esto ha tenido un reflejo en las artes. Escritores catalanes de primera fila como Josep Pla o Terenci Moix trabajaron en las dos lenguas con igual destreza, y los cantantes catalanes también lo hacen a menudo en los dos idiomas.

En la literatura o en la música no hay conflicto como tampoco lo hubo nunca en la vida cotidiana. La convivencia entre ambas lenguas -que, por lo demás, son muy parecidas- siempre fue cordial y pacífica, tanto que incluso ha dado lugar a formas dialectales como el catañol, una jerga típica del área metropolitana de Barcelona que incorpora léxico de los dos idiomas. Cordial y pacífica siempre que no se entrometiese la política, algo que por desgracia ha sucedido con cierta frecuencia.

Si dejásemos el nacionalismo a un lado, es de cajón que si los catalanes tienen dos idiomas la educación debería impartirse en ambos. Cataluña es un caso único en el mundo ya que escolariza a la mayoría de la población en una lengua diferente a la materna. Lo hace, además, forzosamente. De la inmersión simplemente no se puede escapar, a no ser que se escoja la enseñanza privada, cosa que hace todo el que puede pagarla, incluidos algunos de los más distinguidos políticos nacionalistas. Y quien dice la educación dice también la televisión y la radio públicas y la administración.

A veces se nos olvida que la lengua no es un cuerpo místico ante el que arrodillarse, es un simple código en continua evolución que sirve para transmitir y recibir información, es decir, para comunicarse. Yo escribo en castellano no porque sea mi lengua madre, sino porque hay un número considerable de lectores que comparte ese código conmigo. Si el castellano lo hablásemos sólo mil personas en todo el mundo tendría que haber aprendido otro código para alcanzar una masa crítica que me permitiese vivir de esto.

Pero a pesar de que la realidad es la que es, hace 35 años decidieron que la educación en Cataluña sería en sólo uno de los dos idiomas. Lo hicieron seguramente con buena intención pensando en la cohesión social. Pero el sistema de inmersión mucha cohesión no había mostrado hasta la fecha porque fue precisamente el que empleó el franquismo... pero en castellano.

En la Transición se pedía que los niños pudiesen estudiar también en catalán. Esgrimían argumentos muy razonables, como el hecho contrastado de que el mejor modo en el que se aprende una materia es estudiándola en nuestra propia lengua. Esa es la razón por la que, sin importar la edad, cuando tratamos de aprender algo nuevo priorizamos los manuales en nuestro idioma materno. Al colegio, al fin y al cabo, se va a aprender muchas materias, la lengua es solamente una de ellas.

Ante esta realidad palmaria los defensores de la inmersión arguyen que el catalán es la lengua propia de Cataluña. Pero no, Cataluña no tiene lengua propia. España tampoco. Los árboles, los prados y los roquedos no hablan, hablamos los seres humanos. Los catalanes son los que tienen lengua propia, tres en concreto: el catalán, el castellano y el aranés. Los españoles tenemos hasta ocho lenguas propias. ¿Se es menos catalán por tener como lengua materna el castellano o el aranés? No, del mismo modo que no se es menos español por tener como lengua madre el gallego, menos australiano por hablar inglés desde la cuna o menos austriaco por ser germanófono de nacimiento.

La cuestión es cómo trasladar a las aulas esa diversidad lingüística. Evidentemente con libertad, que suele ser un remedio infalible para casi cualquier conflicto. Una posibilidad sería dar a elegir a los padres en que lengua quieren escolarizar a sus hijos. Esto alumbraría centros en catalán y otros en castellano. Y no pasaría nada. En lugares como el País Vasco o Quebec existen líneas lingüísticas en la educación y no son sociedades desestructuradas o que adolezcan de falta de cohesión.

Otra opción es que las escuelas sean bilingües, es decir, que se emplee tanto el castellano como el catalán a la hora de impartir clase. De una manera natural, la mitad de las materias en una lengua y la otra mitad en otra o a elección del profesor. El bilingüismo es la norma en la sociedad catalana. Los catalanes cambian continuamente de lengua en el habla cotidiana, incluso a veces en la misma frase, una habilidad que a los españoles monolingües nos maravilla. ¿Por qué esa circunstancia habitual no se refleja en las aulas? Este mismo modelo podría aplicarse a TV3 o Catalunya Radio, esto es, reproducir en las aulas y en los medios lo que es normal en la calle. No lo veo tan difícil. Tan sólo hace falta dejar un utilizar la lengua como un ariete político y es precisamente ahí donde está el problema.

Sumerjámonos en libertad lingüística
Juan Ramón Rallo elconfidencial 21 Febrero 2018

La educación pública puede ser analizada como un instrumento tanto para la transmisión de conocimiento cuanto para la manipulación y el adoctrinamiento por parte del poder político. Ni siquiera los más fanatizados defensores del control estatal de la enseñanza podrán negar que el riesgo de politización se halla siempre presente y que, de hecho, en demasiadas ocasiones predomina sobre la estricta instrucción del alumnado. No es de extrañar: el apoyo popular a un determinado proyecto ideológico depende en buena medida de los valores que abracen los votantes, de modo que la inmensa mayoría de gobernantes estarán deseosos de aprovecharse de la educación pública para inculcar a los estudiantes aquellos valores que se alineen con su propio proyecto ideológico.

Uno de esos valores-yugo que típicamente tratan de inyectar los políticos entre el alumnado forzosamente escolarizado es el de la identidad nacional o, más en concreto, el de la lealtad hacia aquel grupo más étnicamente cercano. Una vez logramos trazar una línea divisoria entre 'nosotros' y 'ellos' según parámetros que deberían resultarnos moralmente irrelevantes (en este caso, el trasfondo cultural; en otros, la religión, la orientación sexual, el 'género', la raza, etc.), el político que consigue erigirse en representante del 'nosotros' cosechará un plus de votos y de apoyos tan solo por el mero hecho de ser miembro de ese grupo: a la postre, si lo que prima es la lealtad hacia la tribu, también prima en definitiva la lealtad hacia el representante de esa tribu.

¿Cómo construyen nuestros políticos el sentimiento de 'identidad nacional' desde la educación pública? Pues desarrollando la narrativa de una historia unificada y trascendente (compartimos ancestros), de un arte propio y diferenciado del resto (compartimos cultura), de fronteras nacionales (compartimos territorio) y, también, de una lengua común (compartimos lenguaje). Justamente porque la lengua es un instrumento tan poderoso para crear identidades y, por tanto, para generar lealtades, termina convirtiéndose en un arma arrojadiza entre las distintas formaciones políticas. Y, a este último respecto, la más reciente polémica ha sido avivada por los presuntos planes del Gobierno central por abrir una pequeña brecha dentro del modelo de inmersión lingüística de la escuela pública catalana: esto es, por permitir alguna salida a aquellos padres que no quieran emplear el catalán como lengua vehicular para la escolarización de sus hijos.

El nacionalismo catalán ha cargado inmediatamente contra la injerencia del Estado español en su modelo educativo: alegan que la inmersión ha sido uno de los pilares de la enseñanza catalana durante las últimas décadas y que limitarla constituye una limitación abierta de la autonomía competencial de la Generalitat. Y, ciertamente, así es. Ahora bien, olvida mencionar el nacionalismo catalán que la inmersión lingüística también constituye una injerencia estatal en la autonomía de otros sujetos mucho más relevantes que la Generalitat: a saber, los tutores de cada menor escolarizado en Cataluña. Desde una perspectiva descentralizadora —e incluso secesionista—, la intervención del Gobierno español sobre la educación catalana es inapropiada y criticable: pero, por las mismas razones, la intervención de la Generalitat sobre la educación de cada ciudadano catalán es tanto más inapropiada y criticable.

La elección de la lengua vehicular en la instrucción de los menores no debería realizarla ningún político con vocación de arquitecto nacional: el objetivo de un sistema educativo no puede ser catalanizar o españolizar a un colectivo de ciudadanos; es decir, no puede ser adoctrinar en unas determinadas directrices comunitaristas al conjunto de la población. A este respecto, de nada sirve alegar que la inmersión lingüística en una determinada lengua favorece la cohesión social entre todos los usuarios de esa lengua: aunque así sucediera, la implicación lógica de este argumento sería que la inmersión en una determinada lengua reduce la cohesión con los usuarios de otras lenguas, y desde luego no han de ser los políticos quienes determinen las filiaciones sociales de cada persona.

Por ejemplo, ¿por qué un ciudadano que se escolarice en la escuela pública catalana ha de ser políticamente inducido a cohesionarse social y culturalmente con los catalanohablantes y no con los castellanohablantes o los hindiparlantes? En sociedades cada vez más globalizadas y diversas, no puede adscribirse coactivamente a un grupo arbitrario de personas a una identidad nacional idealizada. Corresponde a los padres, y no a los políticos, escoger la lengua vehicular de sus hijos: lo que corresponde a los políticos es simplemente respetar las decisiones de los padres.

Ahora bien, ¿cómo implementar este principio moral en la educación pública, esto es, en una educación pagada con el dinero de todos los contribuyentes? ¿Acaso basta con que un ciudadano reclame utilizar el suajili como lengua vehicular para que las distintas administraciones se vean obligadas a proporcionárselo? No, desde luego que no. Primero, la solución óptima sería —desde luego— privatizar y liberalizar la educación, de tal manera que cada cual pudiera escoger aquella escuela que, por diversas de razones (entre ellas, la lengua vehicular), mejor se adapte a las necesidades del menor. Segundo, en ausencia de esta solución óptima, la segunda mejor alternativa sería liberalizar la educación y organizar su demanda a través de un sistema de cheques escolares, de tal modo que los tutores de un menor puedan escoger aquel centro de enseñanza que juzguen más apropiado —pagándolo a través del subsidio recibido de parte del conjunto de los contribuyentes—.

Y tercero, a falta de cheque escolar y en caso de mantener 'grosso modo' el actual modelo de educación pública, deberíamos, por un lado, aumentar la capacidad de los padres para escoger escuela y, por otro, incrementar la autonomía de cada centro para diferenciarse del resto en asuntos como la lengua vehicular. De este modo, cada escuela podría especializarse en ofrecer solo enseñanza en catalán, solo enseñanza en castellano, enseñanza mixta en ambas lenguas o, incluso, enseñanza vehicular en cualquier otro idioma, siendo cada padre el encargado de escoger para su hijo entre las distintas opciones disponibles.

En definitiva, la inmersión lingüística forzosa constituye un ataque frontal a la libertad educativa de las personas: pero la respuesta a ese ataque no puede pasar por recentralizar la planificación de la educación hasta el Gobierno central, sino por descentralizarla hacia cada ciudadano. Sumerjámonos en libertad lingüística.

La inmersión aprieta, y además ahoga
JORGE BUSTOS El Mundo 21 Febrero 2018

El Congreso no legisla porque sus señorías están demasiado ocupadas instando a legislar. Pero esa es costumbre muy añeja, no puede decirse que importune a don Mariano. Por eso sorprendió su tono de este miércoles, más desabrido que de ordinario. Hubo dos momentos en la sesión de control en que no reconocimos al Rajoy flemático cuyo aliento hiela los problemas cuando se los arroja a la cara la oposición. Primero un casi cordial Pablo Iglesias le recordó muy pertinentemente que la Constitución obliga al Gobierno a someter las cuentas del Estado a debate en la sede de la soberanía, pero Rajoy le espetó: "Déjeme a mí hacer presupuestos y usted dedíquese a otras cosas". Nadie que aprecie su patrimonio le entregaría a Iglesias la gestión de su contabilidad, pero ese no es su estilo, presidente. Tampoco lo es la prepotencia con que acalló la atinada pregunta sobre el menguante poder adquisitivo de las pensiones de Íñigo Alli, que topó con este desplante olímpico: "Todos compartimos sus buenas intenciones, pero yo tengo que gobernar". Nadie lo diría mirando el BOE. ¿Qué fue de la exitosa saga del orador celta y la retranca perdida? A ver si, como le vino a decir Margarita Robles, está empezando a tomar conciencia de que ya tiene todo el pasado por delante.

Pero fuera de Rajoy, la diana de los zascas -iba a poner venablos, pero qué quieren- la sujetaron por turnos Catalá, Montoro y Méndez de Vigo. El ministro de Justicia se destapó con una fogosidad muy ajena a sus burocráticas hechuras. La culpa fue primero de Artemi Rallo (PSOE), que se desgañitó llamando "integrista y homófoba" a María Elósegui con tanta saña que al cuarto alarido ya estábamos todos completamente seguros de que María Elósegui es una bellísima persona. No quieren a Luis de Guindos porque no es mujer, pero tampoco quieren a Elósegui porque no es de izquierdas ni tampoco a Elena Valenciano porque no es sanchista. Sobre lo que quiere este PSOE se podrían rodar los más enigmáticos anuncios de compresas. Catalá perdió luego los papeles en Irán y en Venezuela cuando Errejón le hizo una observación exacta y bastante comedida sobre la corrupción: que la crónica de esta legislatura discurra eminentemente por el género de tribunales lastra toda la iniciativa política del Gobierno. Por cierto que De Guindos protagonizó un desaire cómico en los pasillos, donde se colocó a la espera de que le hicieran caso los periodistas, arremolinados en torno a Albert Rivera. La escena medía con precisión la actual cotización mediática de PP y Cs: un canutazo del próximo vicepresidente del BCE interesa bastante menos que la guerra abierta entre azules y naranjas.

Porque ese fue de nuevo el argumento de la matinal. Con dos capítulos para sendos portavoces: Villegas sobre los Presupuestos y Girauta sobre la inmersión lingüística. Es decir, perfil bajo para economía, perfil alto para nacionalismo. Cuando Ciudadanos quiere dar sin herir, opta por la atonía de Villegas; cuando busca pegada, al ring sube Girauta. Por eso Montoro lo tuvo más fácil para replicar a don José Manuel sobre la paralizada negociación de los Presupuestos, pues esa parálisis afecta a medidas de denominación de origen naranja como la bajada del IRPF o la equiparación salarial de policías que Cs no tendrá más remedio que votar a favor. En cambio Méndez de Vigo eligió un mal día para levantarse de la cama. El edredón se lo había retirado bruscamente el TC al tumbar la chapuza de su predecesor Wert para paliar la inmersión por el atajo de la enseñanza privada. Para colmo, Podemos hacía pinza con Cs contra el buen Méndez, aunque por motivos opuestos: un diputado de En Comú Podem exhibía orgulloso sus grilletes lingüísticos mientras Girauta recordaba que en Cataluña el pijo va a cole trilingüe de pago y el pobre hoy se come la inmersión y mañana se confía al proteccionismo vernáculo de la Generalitat, que ciertamente no escatima en plazas: ofertan desde anatómico forense hasta periodista patriota. ¿Qué dirían que respondió don Íñigo? Que Ciudadanos no existe en Cataluña... para a continuación afearles que no le regalaran un triste escaño a Albiol. Claro que es imposible dar nada si previamente no existes. Estamos a un par de sesiones de que tome Rivera la palabra y se le escape a Rafa Hernando, mientras menea la cabeza: "¡Estos españoles...!"
 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
El Gobierno, noqueado al limitar el TC su margen de maniobra en la enseñanza en Cataluña
Reconoce que es "una novedad con la que no contábamos" y que condicionará las decisiones futuras que el Ejecutivo tiene que tomar sobre la educación en la región.
Ana I. Gracia elespanol 21 Febrero 2018

El Gobierno ha recibido la sentencia del Tribunal Constitucional con una doble sensación. Por un lado, el propio ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, reconoce que es "una novedad con la que no contábamos". Y por eso esta sentencia condiciona las decisiones futuras que el Ejecutivo tiene que tomar respecto a que la Generalitat cumpla con las sentencias que obligan a las aulas a dar el 25% de las asignaturas en castellano. Pero, en el fondo, esta sentencia sirve como un balón de oxígeno para que Moncloa finalmente opte por no modificar ni un milímetro el modelo educativo que rige hoy en Cataluña.

"Esta sentencia anula algunas cuestiones que tienen un efecto muy directo en lo que está sucediendo en Cataluña". El portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña, Xavier García Albiol, reconoció también en la Cámara Alta que el Tribunal Contitucional ha introducido un nuevo elemento en el tablero político con el que el Gobierno no contaba, por lo que ha pedido tiempo para poder presentar una medida "seria, efectiva y sobre todo posibilista".

El TC ha anunciado este martes que anulaba por unanimidad el sistema previsto en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) para garantizar que las escuelas enseñen en castellano subvencionado por fondos públicos. El Alto Tribunal ha estimado parte del recurso presentado por la Generalitat de Cataluña y cree que, con aquella regulación, el Gobierno invadió competencias autonómicas en materia de Educación.

El propio Albiol ha pedido a Méndez de Vigo que se tome "el tiempo que sea necesario" pero que haga "las cosas bien" para que los padres puedan elegir libremente la educación de sus hijos y, a la vez, se cumplan las sentencias judiciales. "El tema es suficientemente importante y sensible como para que la propuesta que se lleve a cabo, si finalmente se lleva alguna, se pueda ejecutar", añadió.

El todavía senador estuvo reunido con el ministro de Educación en la sala que el Senado reserva para los miembros del Gobierno. Sin embargo, ninguno de los dos quiso aclarar cuál es la estrategia que seguirán a partir de ahora. El ministerio de Educación alega que no le ha dado tiempo a leer la sentencia entera para dar una valoración inmediata. Sin embargo, es consciente de que es un elemento que dificulta encontrar una propuesta que contente sobre todo a los defensores del castellano sin salirse del marco de la legalidad.

Albiol ha recordado también que su partido llevará una iniciativa al Parlament cuando la legislatura arranque de una vez por todas para que los niños catalanes puedan estudiar castellano en una escuela pública. El parlamentario ha reconocido que tendrán en cuenta también esta sentencia a la hora de articular la iniciativa. Además, se comprometió a intentar que otras formaciones políticas no solo apoyen la medida, sino que terminen compartiéndola. "Nos gustaría tener la capacidad e inteligencia por parte de todos de que la propuesta fuera más amplia".

‘INVADE COMPETENCIAS’
El TC anula los artículos de la LOMCE que garantizan el estudio en castellano
La Gaceta  21 Febrero 2018

El Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de la Generalitat contra la Ley de Mejora de Calidad Educativa, Lomce, y ha anulado la obligación de escolarizar, cuando lo diga el Estado y en centros privados pagados por la Generalitat, a los alumnos sin enseñanza pública en castellano.

La sentencia considera por unanimidad que el sistema diseñado por la citada ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, es decir, invade competencias de la Generalitat.

Los artículos anulados se refieren, en concreto, a la capacidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Alta Inspección de Educación, para decidir sobre la escolarización de esos alumnos en centros privados y a su financiación.

El Gobierno catalán señalaba en su recurso que la Lomce invade sus competencias y es contraria a la Constitución, al Estatut y a la propia doctrina del TC, además de que supone “una oposición frontal” al régimen lingüístico catalán, según el cual no se puede separar a los alumnos en función de la lengua, entre otras cuestiones.

La ley imponía que el Gobierno asumiera el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos que lo deseen cuando no se les garantice una oferta razonable sostenida con fondos públicos. Estos gastos se repercutirán después a la comunidad.

Es decir, la Generalitat debía pagar la enseñanza en castellano en centros privados a los alumnos que no dispusieran de ésta en centros públicos. Pero sería el Estado el que decidiera cuándo se debía hacer así.

A juicio del Tribunal, es inconstitucional que la Lomce fije criterios vagos para fijar en qué momento puede el Estado escolarizar alumnos en centros privados, con la consiguiente retención económica a la Comunidad Autónoma, y cuándo puede declarar extinguida esa obligación.

La Lomce, conocida como Ley Wert, fue recurrida por cinco comunidades autónomas (los gobiernos andaluz, vasco, canario, asturiano y catalán), por el PSOE y por el Parlament catalán.

La sentencia de este martes del Constitucional responde al recurso que presentó el ejecutivo catalán, pero establece pautas generales que se aplicarán al resto.

Según la doctrina constitucional, la alta inspección constituye una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las comunidades Autónomas respecto a la Administración del Estado.

Tampoco es admisible que, a través de la alta inspección, el Estado asuma competencias que corresponden a las comunidades.

Según el Tribunal, el procedimiento que diseña la Lomce excede de los límites marcados por la doctrina en relación con la alta inspección estatal

La sentencia también dirime otras cuestiones sobre la Lomce y, así, declara inconstitucional que el Gobierno pueda establecer, vía reglamento, las bases de la educación plurilingüe (impartición de asignaturas no lingüísticas en lenguas extranjeras) desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

El Tribunal sostiene que la ley no especifica el criterio legal que da cobertura a esta competencia del Gobierno para el desarrollo reglamentario básico. Tampoco puede justificarse en que la educación plurilingüe tenga un carácter excepcional, pues, todo lo contrario, abarca prácticamente a todas las enseñanzas no universitarias.

El separatismo aplaude al TC
ERC y el PDeCAT han aplaudido la decisión del Tribunal Constitucional. En declaraciones a los periodistas en el Congreso, el portavoz parlamentario de ERC Joan Tardà ha asegurado que la medida que aprobó entonces el Gobierno “no se ajusta al sentir mayoritario de la ciudadanía catalana”.

“Le crecen los enanos al Gobierno, ya está bien que de vez en cuando sufran un poquito”, ha afirmado Tardà.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en la Cámara baja, Carles Campuzano, ha celebrado “el sentido común” del TC porque, según ha dicho, “la Lomce invadía competencias y configuraba un sistema extraño ajeno al sistema educativo catalán”.

“Con esta sentencia es muy evidente que el Gobierno tiene menos legitimidad para intentar romper la inmersión lingüística en Cataluña, que es un éxito”, ha destacado Campuzano, quien ha defendido que el sistema catalán garantiza que todos los niños, al terminar la educación obligatoria, sepan las dos lenguas.

El diputado del PDeCAT ha calificado la inmersión lingüística de “tesoro de la sociedad catalana” y ha esperado que el PP y Ciudadanos acaben con la idea de poner fin a este modelo.

Las ’embajadas’ catalanas han servido para financiar la huida de los golpistas
Carlos Cuesta okdiario 21 Febrero 2018

Las embajadas catalanas crearon una hucha exterior que ha servido para financiar a Anna Gabriel y otros fugados. La Guardia Civil ha decidido filtrar las cuentas de Diplocat en busca de esta hucha. La Benemérita tiene el convencimiento de que la salida de dinero con destino al exterior ha tenido que ser por un volumen considerable a la vista de la inmensa cantidad de partidas que se están pagando y de que el número de fugados crece.

Por ello, la policía judicial considera que hay indicios evidentes la utilización de mecanismos públicos de financiación para poder asumir determinados gastos, entre ellos, los de organización del 1-O pero, también, los de mantenimiento en el extranjero de los fugados como Anna Gabriel o el mismo Carles Puigdemont.

La Guardia Civil ha dejad constancia de su chequeo a través del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde ya ha solicitado “la identificación de las cuentas que le consten en la Agencia Tributaria a Diplocat”, tal y como consta en la documentación a la que tenido acceso OKDIARIO.

Además, ha pedido la “identificación de las cuentas en las que conste como titular o autorizado Albert Royo Marine, ex secretario general de Diplocat, cesado en aplicación del 155”, y es que la Guardia Civil quiere controlar los últimos movimientos, pero también los realizados en los últimos años.

En su argumentación, la Guardia Civil deja constancia del convencimiento de que en la financiación del golpe separatista ha participado Diplocat. “En relación a las diligencias referenciadas, se significa que una de las líneas de investigación que se siguen para conocer la posible malversación de fondos públicos para su empleo en el referéndum del 1-O es la participación del Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomácia Pública de Catalunya (PCM – Diplocat)”.

La Guardia Civil sabe ya que inflaron los sueldos de sus empleados para camuflar gastos. Pero ahora sospecha que los gastos fueron a más con el objetivo de crear una hucha exterior con la que preparase para gastos como los que ahora se efectúan con los fugados.

Otras vías de financiación
No es la primera vía de financiación en el exterior que vigila la Guardia Civil cree que ANC y Òmnium forman parte de un esquema de ocultación de fondos del que se ha beneficiado la Generalitat para eludir los controles del Gobierno y el Ministerio de Hacienda.

La estructura sería la que habitualmente se considera como sociedades pantalla o instrumentales, con la única variante de que en esta ocasión, lejos de ser entidades mercantiles, son asociaciones.

Las investigaciones de la Benemérita llevaron al juez Pablo Llarena a ordenar el registro de las sedes de ambas entidades. Hay que recordar que Òmnium es una sociedad que obtiene subvenciones y que no ha ocultado su percepción de fondos públicos. Pero no así ANC. Según los responsables de la Asamblea Nacional Catalana, sus ingresos proceden exclusivamente de las captaciones de aportaciones populares. Los datos de la Guardia Civil no encajan con esta tesis y con la capacidad de movilización de la ANC.

La Guardia Civil remitió ya el pasado 20 de noviembre un informe al Juez del 13 de Barcelona en el que ya afirmaba lo siguiente: “La Generalitat no ha contestado todavía” a los mandamientos de requerimiento de información sobre sus rutas de dinero, “pero esta Instrucción tiene sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta”. Los agentes realizaban ya en ese informe una descripción del esquema de triangulación preparado para despistar los controles del Gobierno en el desvío de fondos públicos hacia fines ilegales: “Si fue o no dinero público o de un tercero y posteriormente repuesto precisamente de fondos públicos (aquí entrarían o no las actuaciones de la ANC y Òmnium)”.
No se trata del único organismo que considera que las cuentas de ANC y Òmnium son una tapadera. El Sepblac, el organismo máximo antiblanqueo, ha entrado a investigar a las dos grandes asociaciones separatistas catalanas, tal y como adelantó OKDIARIO.

El organismo, comandado por el Banco de España y que cuenta con los mejores expertos de la Agencia Tributaria y del Tesoro, cuenta con los acuerdos internacionales y los mecanismos de intercambio de información suficientes para poder seguir las pistas de dinero en paraísos fiscales y de rutas de blanqueo complejas. Y eso es, precisamente, lo que en estos momentos investiga. Tal y como reclamó en su acusación popular Vox y como también adelantó en su momento este diario a la vista de los trabajos iniciales desarrollados por la Guardia Civil.

Azúa también se traga la bola
Vicente Torres Periodista Digital 21 Febrero 2018

Es evidente el imperialismo catalán ha calado hondo incluso entre los catalanes que creen que no son nacionalistas, sin darse cuenta de que sí, de que el veneno ha entrado en ellos y por eso se tragan hasta las bolas más disparatadas.

Lo de la Confederación Catalano-Aragonesa, por ejemplo. Vean lo que dice José Vicente Gómez Bayarri:
«De los miles de documentos contrastados y de los centenares recogidos en la obra se extrae que lo históricamente correcto es hablar de Corona de Aragón y no de Confederación Catalano-Aragonesa. Ninguno de los documentos medievales avala esta denominación anti-histórica que pretende distorsionar la realidad que refleja la documentación archivística.»
Quien lo desee, puede leerlo en este libro https://www.amazon.es/INTITULACIONES-LOS-REYES-CORONA-ARAG%C3%93N/dp/849447233X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1516796593&sr=1-1

La que Azúa y otros llaman lengua catalana fue un invento de principios del siglo XX, llevado a cabo por Pompeyo Fabra, que tomó como base el dialecto barceloní, infecto e infame, según Miguel Batllori, supliendo su escaso vocabulario con palabras de cualquier procedencia, salvo la española. Vean lo que dice la catalana Somatemps: «Si alguien se cargó el catalán tradicional fue el endiosado Pompeyo Fabra».

Según estos que son catalanistas sin saberlo, Jaime I de Aragón, al que ellos toman por catalán, en el siglo XIII iba enseñando una lengua que se tenía que inventar en el siglo XX.
No es de extrañar, a la luz de estas actitudes, que ‘historiadores’ como Cucurull reciban tanto apoyo y tengan tantos seguidores, porque la fantasía parece más divertida que la verdad pura y dura. Algunos se ríen de Cucurull y similares, pero se tragan sus bolas, o parte de ellas.

A Antonio Ubieto, en cambio, se le trata de desacreditar, no se le tiene en cuenta, se le manda al reino del olvido. Este historiador, que lo era de verdad, cometió el ‘error’ de no tragarse las bolas catalanistas e investigar para encontrar la verdad. Jamás se lo perdonarán.

Los “paisos” metástasis del catalanismo
José Javaloyes republica 21 Febrero 2018

Sólo faltaba, por Mallorca, el concurso de las izquierdas socialista y podemita para que la sobrevenida batalla lingüística, más allá de las escuelas, por las profesiones y la burocracia, abriera en canal la convivencia en la Comunidad de Baleares, luego de que en tiempos anteriores la presión nacionalista en la Cataluña de ahora mismo proyectara insistentemente sobre el Reino de Valencia el expansivo virus del catalanismo, a caballo de la desinformación y de los errores militantes traídos del desconocimiento de la Historia convertido en arma de combate político.

Terciado ya el Siglo XIX, un tal Bofarull, aficionado a la Paleografía, con la mejor de las voluntades, se aplicaba en el seno del Archivo de la Corona de Aragón, sito en Barcelona, a revolver con tan buena voluntad como ignorancia técnica de los documentos en que fisgaba. Estando en ello se topó con el Llibre dels Repartiments, del rey Jaime I de Aragón: un documento clave, otorgado por el soberano al cabo de la conquista del territorio valenciano. Hito de importancia capital en la crónica de la Reconquista, logrado por la conjunción de esfuerzos y aportaciones diversas: castellanos, navarros y catalanes.

En el documento en cuestión, “El Libro de los Repartos”, figuraban, junto con las plazas y territorios objeto de la conquista, la relación de los participantes en las correspondientes operaciones. La entrega de cada plaza o territorio se expresaba con la tachadura del nombre adjunto de su receptor.

Sólo aparecen en el documento los nombres de quienes, por lo que fuera, habiendo participado en la campaña, no tomaron posesión de las plazas y lugares que les correspondían. En su totalidad son catalanes, seglares unos y obispos otros. Lo cual no significa, como el lego Bofarull entendió, que fueran los conquistadores únicos del Reino de Valencia.

El error Bofarull es la piedra angular del pancatalanismo fabulador de esa entonación antihispánica de los “países catalanes”. Es esta la necesaria ocasión y oportunidad de recordarlo.

Premios incomprensibles
OKDIARIO 21 Febrero 2018

Resulta comprensible que guardias civiles y policías nacionales estén enfadados después de que el Ministerio del Interior haya condecorado a seis mossos. No parece lo más adecuado tras los acontecimientos acaecidos en los últimos meses en Cataluña. La inacción premeditada de los agentes autonómicos en el asedio a la consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat, o la celebración del referéndum ilegal del 1-O, son dos hechos que hacen incomprensible que se pueda premiar a componentes de un Cuerpo que tanto colaboró con su activa inacción al golpe de Estado separatista. La prueba es que su jefe de entonces, el mayor Josep Lluís Trapero, declarará de nuevo ante Carmen Lamela con bastantes posibilidades de acabar entre rejas por lo sucedido durante aquellos días.

Bien es cierto que casi la mitad de los Mossos se mantuvo leal a los principios constitucionales. No obstante, hubo 4.000 agentes que participaron del desorden por su propia parálisis. Uno de los condecorados, además, es el comisario Francesc Xavier Gámez. Un hombre de confianza del propio Trapero, lo que sin duda ha generado el lógico estupor entre los componentes de la Policía y de la Guardia Civil. Gámez, además, es oriundo de Granada y se pasó desde la Benemérita a los Mossos cuando comenzó la andadura de los policías autonómicos. Un caso curioso, ya que incluso catalanizó su nombre cuando comenzaron a promocionar a los nacionalistas con tal de conseguir un salario mucho mayor que el que percibía como guardia civil. Algo que recuerda la célebre frase de los hermanos Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros”.

El Gobierno debería cuidar más este tipo de detalles. Los profesionales de la Policía y la Guardia Civil se jugaron el tipo sin ninguna ayuda para mantener el orden social y defender la legalidad vigente en Cataluña. Los Mossos, lejos de ayudar, supusieron un óbice insalvable en la mayoría de ocasiones. Además, muchos de ellos están siendo investigados por otros casos como el espionaje a destacadas personalidades del constitucionalismo en Cataluña o la destrucción de documentos. Si a esto le unimos que la tan demandada equiparación salarial continúa sin concretarse, tenemos un contexto en el que estas distinciones deberían haberse evitado. Los Mossos tienen que ser reformulados de arriba a abajo si quieren seguir existiendo. Siempre con escrupuloso respeto a la Ley. Las medallas las deben recibir cuando las merezca el conjunto de su actuación como colectivo. Mientras tanto, los laureles han de ser para aquéllos que ponen la defensa de España por delante de ellos mismos.

El Ministerio: "No somos sectarios"
Interior condecora a 6 mossos ante el asombro de Policía y Guardia Civil: “Es un premio a la traición”
Nacho Doral okdiario 21 Febrero 2018

La concesión de medallas a seis Mossos d´Esquadra este martes en Barcelona ha desatado las protestas de la Policía Nacional y la Guardia Civil por lo que consideran “un premio a la traición y a la deslealtad” mostradas estos últimos meses con motivo del intento de golpe de Estado separatista. Críticas dirigidas al Gobierno y al Ministerio del Interior, cuyo número2, José Antonio Nieto, asumió el mando directo con el artículo 155.

El jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña, Sebastián Trapote, abría el acto (que se debía haber celebrado el pasado 19 de octubre y fue suspendido) defendiendo la “neutralidad política” de este cuerpo, pero ha omitido cualquier referencia al 1-O y a la actuación de los Mossos. Los encargados de imponer las medallas han sido el Delegado del Gobierno, Enric Millo, y el secretario general del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver. El presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, ha declinado asistir.

Un hombre de Trapero
Los condecorados son seis mandos superiores e intermedios de los Mossos d’Esquadra y han recibido la Medalla al Mérito de la Policía Nacional. Se trata de un comisario, tres inspectores, un sargento y un cabo. Entre todos ellos, ha causado indignación que se premie al comisario Francesc Xavier Gámez Martín (como se ha escuchado durante el acto), pues fue uno de los hombres de confianza del golpista Josep Lluís Trapero, investigado por delitos de sedición.

La entrega de medallas ha cosechado un importante rechazo, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes policiales. Fundamentalmente porque muchos agentes, tanto de la Policía como de la Guardia Civil, se preguntan dónde estaban el 1-O, pero no solamente en esa fecha.

También dónde continuaban y cuál fue su reacción cuando guardias y policías eran expulsados de sus hoteles en Calella, acosados por grupos separatistas. O cuando eran insultados y recibían amenazas, hasta el punto de que (ante la ausencia de los mossos) los propios agentes tuvieron que ejercer labores de autoprotección para impedir agresiones hasta llegar a sus vehículos.

“Nos dejaron tirados”
Agentes que se han dirigido a este periódico hablan de “vergüenza”. Y citan otros episodios en los que las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) se vieron abandonadas por la policía catalana. “Los mossos nos dejaron tirados. Como cuando nos acosaron en los cuarteles de la Guardia Civil, o los independentistas nos llamaban de todo al echarnos de un hotel de Pineda. ¿Y ahora les dan una medalla?”, se pregunta otro policía.

Por parte de sindicatos y asociaciones el sentir es similar: “Nos parece inconcebible cuando el Cuerpo de Mossos d´Esquadra ha sido desleal con las FSE, con la Constitución española y con la ley”, explica a este diario el secretario general de Alternativa Sindical de Policía (ASP), Gabriel Retamar.

“Debería preguntarse el Ministro de Interior si es el mejor momento para condecorar a quienes han hecho dejación de funciones”, indica el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Teixidó.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) lo ve “muy desacertado”: “Si quieren dar medallas, hay muchos policías y guardias anónimos que las merecen porque se emplearon a fondo en defender el estado de Derecho“. Para su portavoz, Juan Fernández, “es para ponerse la cara colorada”.

Medallas antes de que declare Trapero
Y tanto por su papel con el separatismo “como si dicen que es por operaciones conjuntas antiterroristas,”. La AUGC recuerda que “la descoordinación de Cambrils y Tarragona fue total”. Pero esta asociación judicial va más allá y deja la siguiente pregunta en el aire: “¿Medallas a sólo tres días de que declaren Trapero y su sucesor, Ferrán López, en la Audiencia Nacional? Resulta curioso”

Otros miembros de policía y Guardia Civil son más contundentes. Es tremendo -dicen- que condecoren a gente de un cuerpo que “se ha alineado junto a los delincuentes a los que defienden”; “Roma sí paga traidores”; “se da una medalla a los que nos dejaron con el culo al aire” o “desfachatez” son algunas de las reacciones.

El malestar se muestra hacia la entrega de medallas al CME, pero en especial, y de entre todos los condecorados, destaca especialmente el nombre de Francesc Xavier Gámez Martín.

Gamez (47 años, natural de Granada) es uno de los guardias civiles que se pasó a los Mossos d´Esquadra en los inicios de la policía autonómica. Antes catalanizó su nombre. Al ascender a Teniente se marchó a un cuerpo mucho mejor remunerado y al que empezaban a potenciar los nacionalistas.

Se da la circunstancia de que el mosso premiado y exoficial de la Guardia Civil formó parte de la Unión de Oficiales (UO), una de once asociaciones y sindicatos que consiguió que retiraran las cinco medallas concedidas por la Policía y la Guardia Civil al golpista Trapero.

Interior: “Romper el sectarismo”
Junto a las críticas también ha habido otras reacciones mostrando mayor comprensión a la concesión de estas medallas. Fuentes de la Asociación independiente de la Guardia Civil (AIGC) apuntan a OKDIARIO que “aunque no nos gusta que se den medallas a nadie, salvo que sea a algún compañero caído en acto de servicio, respetamos si Interior los considera haberse hecho acreedores de las mismas. Es cierto que se podían haber hecho mejor las cosas pero también peor”. Para el SUP, “parece se busca rebajar tensiones y normalizar relaciones”, explican.

Fuentes del Ministerio del interior destacan el merecimiento de estas distinciones a agentes de los Mossos que “han colaborado en operaciones conjuntas de antiterrorismo o de otro tipo” . Y explican que “hemos querido romper con el sectarismo demostrado por ayuntamientos independentistas tras los atentados del pasado verano en que sólo se condecoró a los Mossos y a la Policía Local, ignorando a Policía Nacional y Guardia Civil” “Somos todos policías y es por eso por lo que se les ha premiado”, señalan.

TRAS EL HOMENAJE EN ANDOAIN
Las víctimas, contra el PNV: ‘Que un etarra pise la calle ya es un insulto’
La Gaceta  21 Febrero 2018

El portavoz del Gobierno vasco ha afirmado sin reparos que la Ertzaintza no vio en el recibimiento a los terroristas en Andoain ninguna actuación “susceptible de ser denunciada ante la Justicia”.

“La Ertzaintza es una Policía que, salvo excepciones, está al servicio del nacionalismo, como todas las policías que se han criado bajo el paraguas del nacionalismo, ya sea vasco o catalán”. Así se ha manifestado el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, después de que el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, no tuviera reparos en afirmar que el Cuerpo autonómico “no apreció hecho delictivo alguno” en el homenaje celebrado el domingo en Andoain (Gipúzcoa) a dos etarras que colaboraron en el asesinato del exjefe de la Policía local de este municipio Joseba Pagazaurtundua.

En declaraciones a La Gaceta, Alcaraz ha denunciado que la Ertzaintza “existe más para proteger intereses políticos que para denunciar hechos delictivos como los homenajes a los miembros de la banda terrorista”.

Erkoreka ha explicado que la Ertzaintza no vio en el recibimiento a los terroristas ninguna actuación “susceptible de ser denunciada ante la Justicia por incumplir la ley de reparación de víctimas del terrorismo”.

Por este motivo, la Policía autonómica no tiene previsto elaborar ningún informe “detallado” sobre el acto -que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga por si fuera constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo- salvo que así se lo pida alguna instancia judicial.

“Que el Estado de Derecho, y en este caso el Gobierno, deje en manos de la Policía del PNV las decisiones judiciales contra los terroristas me parece lamentable”, ha señalado Alcaraz, a la vez que ha denunciado que “el mero hecho de que un terrorista salga a la calle y sea homenajeado y el Ejecutivo vasco, socio del Gobierno de Mariano Rajoy, esté blanqueando a los asesinos es un insulto a todas las víctimas de ETA”.

Para las víctimas, “esta situación debe motivar que Rajoy lleve a cabo las modificaciones legales necesarias para que ningún juez pueda articular ningún tipo de fórmula que deje impunes este tipo de delitos”.

Erkoreka ha recordado además que el recibimiento a estos dos expresos de ETA había sido autorizado por la Audiencia Nacional y que por tanto el Gobierno Vasco ni dio permiso para el mismo ni revocó la autorización. El Gobierno Vasco, ha añadido, está “radicalmente en contra de actos públicos de humillación para las víctimas y exaltación u homenaje a terroristas”.

Alcaraz ha calificado estas declaraciones como “insulto”. “Una cosa es predicar y otra dar ejemplo”, ha señalado, al tiempo que ha recordado que “el PNV es un experto en decir una cosa y hacer otra porque ha sido el recogenueces de ETA”. “El PNV tiene más interés en estar cerca de los asesinos que de las propias víctimas”, ha reiterado.

Lo que preocupa a Voces contra el Terrorismo es “que tengamos que estar constantemente presenciando homenajes a terroristas, denunciando y esperando a la interpretación del juez de turno, cuando eso se solucionaría con una modificación legislativa que no dejara ningún tipo de resquicio a los jueces para que estos homenajes sean perseguidos”.

47 bienvenidas a etarras en 2017
Cabe recordar que el Observatorio de la Radicalización de Covite ha documentado tres homenajes a etarras excarcelados desde que comenzó el año y que en 2017 contabilizó un total de 47 bienvenidas a presos de ETA en el País Vasco y en Navarra.

A estas se añadieron una treintena de actos “en los que se promovió el enaltecimiento del terrorismo etarra y sus postulados radicales, entre ellos fiestas populares o las conocidas como ‘jornadas de lucha’ contra la Guardia Civil”.


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