AGLI Recortes de Prensa   Jueves 22  Febrero 2018

El alegato de Girauta contra la inmersión lingüística que TV3 ha censurado
ESdiario 22 Febrero 2018

Ciudadanos le ha dicho a Rajoy que mientras no se garantice la enseñanza en castellano en la escuela pública catalana, ellos no suscribirán ningún pacto educativo. La polémica sigue candente

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema ideado por el Gobierno en la Lomce o Ley Wert para garantizar la escolarización en castellano de los alumnos catalanes que así lo deseen ha caído como una bomba política.

No en vanos se ha producido en pleno debate sobre si el Ejecutivo debe usar el artículo 155 para instaurar de una vez por todas la opción del castellano como lengua vehicular en Cataluña. El PSOE se opone, pero Ciudadanos amenaza con no sumarse a ningún pacto educativo que no garantice, precisamente, que en toda España puede estudiarse en la lengua oficial común a todo el Estado.

La polémica llegó este miércoles al Congreso, donde el portavoz de C's, el catalán Juan Carlos Girauta, hizo un encendido alegato en contra de la inmersión lingüística. Y como le recordó al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo: no suya no es la postura de un partido cualquier, sino del que ganó las elecciones del 21 de diciembre.

"La inmersión es un modelo clasista que sólo afecta a quienes no pueden pagarse una escuela privada. Los que pueden escogen el trilingüismo", señaló Girauta durante un cara a cara que han recogido varias televisiones pero la pública TV3 no, por supuesto.

El Gobierno ya estaba entre la espada y la pared con los que han sido sus socios -PSOE y C's- en la aplicación del artículo 155, y tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional más aún.

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reconoció este miércoles que el Ejecutivo deberá buscar "otra manera de garantizar ese derecho a estudiar en castellano".

Política EL ROMPECABEZAS CATALÁN
Los desheredados de Wert: volver a la inmersión o pagar el español de su bolsillo
El Tribunal Constitucional garantiza la continuidad de las ayudas de la LOMCE para las familias que ya las tengan concedidas, pero los recursos pendientes de resolución amenazan con inmersionar de nuevo a muchos escolares catalanes.
Cristian Campos elespanol 22 Febrero 2018

Quinientas sesenta peticiones y apenas cincuenta ayudas concedidas, según datos de la Generalidad de Cataluña. Ese es el recuento final del sistema previsto por la LOMCE, la conocida como Ley Wert, que pretende garantizar la enseñanza del castellano en Cataluña y que fue anulado por el Tribunal Constitucional el pasado martes. Ninguna de esas cincuenta familias perderá, sin embargo, sus ayudas. El TC garantiza la continuidad del sistema para dichas familias al menos hasta el fin de la enseñanza obligatoria. Aunque eso es sólo la teoría.

"No son cincuenta familias, son más" dice José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y vocal de la junta directiva de Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña. Y añade: "La Generalidad ha recurrido todas y cada una de esas ayudas frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Y eso pese a que las ayudas de seis mil euros previstas por la LOMCE para la matriculación de los niños en escuelas privadas que garanticen un mínimo de enseñanza en castellano eran adelantadas por el Gobierno central y no por la Generalidad.

Un apaño farragoso
El objetivo de la Generalidad de Cataluña no parece ser por lo tanto el de ahorrarse unas ayudas prácticamente anecdóticas en el contexto de sus presupuestos, sino presionar a las familias para que saquen a sus hijos de la escuela privada y los matriculen en la pública o la concertada, donde rige, sin excepciones, la inmersión lingüística obligatoria. "Lo hacen para tocar las narices" sentencia Domingo.

La combinación de la presión judicial ejercida por la Generalidad contra esas familias y de la incertidumbre por una posible sentencia favorable a la administración catalana, sumada a la reciente decisión del Tribunal Constitucional, ha sumido a esas aproximadamente cien familias en el limbo. "Su situación es de una inseguridad jurídica total" remata Domingo. Nadie garantiza, en la práctica, que esas ayudas se continúen pagando a partir de ahora. La buena voluntad del TC puede quedar en nada si el TSJM da la razón a la Generalidad.

Que apenas un centenar de familias, según se rumorea extraoficialmente, hayan disfrutado de esas ayudas no se debe, como pretende la Generalidad, a que las familias catalanas no estén interesadas en escolarizar a sus hijos en castellano. Se debe a que el proceso para la concesión de esas ayudas era una carrera de obstáculos administrativa capaz de destrozar los nervios del ciudadano más dispuesto. A lo que se sumaba una presión social que llegaba hasta la convocatoria de manifestaciones en las puertas de los colegios en contra de las familias que solicitaban la educación en castellano de sus hijos.

"El sistema previsto por la Ley Wert era un artificio para evitar el quid de la cuestión, que es que en Cataluña no se cumple la ley" dice Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña. Tan artificioso era el artificio que ni siquiera la propia Ana Losada se acogió a él. "Yo no pedí la ayuda, opté por presentar un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y mi hija estudia ahora un 25% más de castellano gracias a la sentencia. Desde la AEB, de hecho, siempre desaconsejábamos a las familias que se acogieran a las ayudas de la LOMCE. Porque pensábamos que la medida estaba destinada a ser anulada por los tribunales, como así ha sido, o bien derogada por un cambio de Gobierno".

Adelantar las ayudas de su bolsillo
Pero los recelos sobre la legalidad, la continuidad o la eficacia de la ley como garantía de los derechos constitucionales de los solicitantes no eran los únicos esgrimidos por la AEB para desaconsejar la solicitud de las ayudas. Esas ayudas, en la práctica, eran casi imposibles de conseguir. "Tenías que presentar documentación que demostrara que no habías encontrado ningún colegio donde los niños pudieran estudiar al menos un 25% de castellano. Y no es que eso sea difícil: en Cataluña todos los colegios públicos y concertados contemplan únicamente la posibilidad de la inmersión lingüística obligatoria. El problema es que el departamento de Enseñanza de la Generalidad tardaba meses en contestarte. Y para entonces, los plazos de matriculación en centros privados se habían cerrado y te podías quedar sin plaza".

El sistema establecido por la Ley Wert, además, fallaba en otro aspecto clave. Porque aunque en ella se decía que el Estado adelantaría la cantidad de seis mil euros (que posteriormente debía ser restada por el Gobierno central de las cantidades transferidas a la Generalidad) en la práctica eran las familias las que adelantaban el dinero de las matrículas sin tener garantizado en ningún caso que el Estado aprobara finalmente esas ayudas. "Pagabas el colegio privado y la subvención no llegaba hasta al cabo de nueve o diez meses. Y estamos hablando de seiscientos o setecientos euros al mes, con la posibilidad de que luego denegaran la ayuda por un sencillo defecto de forma" añade Losada.

Una madre catalana le explica a Méndez Vigo qué hacer para garantizar que se estudie en español
En Es la tarde de Dieter, Ana Losada le ha propuesto al Gobierno que haga cumplir la ley y que al menos el 25% de la enseñanza sea en castellano.
P. Cuevas Libertad Digital 22 Febrero 2018

Ana Losada, madre de una alumna de la escuela catalana y presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña ha afirmado en Es la tarde de Dieter que tiene la solución al embrollo de la educación.Su propuesta no pasa ni por introducir una casilla para el castellano en los formularios de las prescripciones escolares, ni tampoco por la última opción que hemos conocido: un colegio español por cada municipio catalán. Ideas que, en su opinión, no solucionarían el problema.

La alternativa que ha planteado Ana Losada es más simple: que se cumpla la ley, por un lado, y que al menos el 25% de la enseñanza sea en español. Una petición que su plataforma, Asamblea por una Escuela Bilingüe, le ha hecho llegar al ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, a través de una carta.

Losada le ha argumentado que la clave está en que el ejecutivo de Mariano Rajoy dé instrucciones a los centros escolares y les diga que: "De acuerdo con las leyes vigentes todos los proyectos lingüísticos deben tener al menos un 25% de castellano, por favor adapten sus proyectos a esta exigencia de la ley".

Una vez que el gobierno haya informado a los centros escolares, es necesario un periodo de transición en el que los colegios hagan un estudio de su tipo de alumnado y "motiven por qué un proyecto puede tener solamente un 25% de castellano, o por qué otros tienen un 40% de castellano o por qué tienen un 60% de catalán", ha apuntado la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña.

En el caso de que el Gobierno o el ministro de Educación tuvieran alguna duda de si esto puede llegar a funcionar o no, Losada ha puesto sobre la mesa el ejemplo del centro escolar Josep Guinovart, en Casteldefels y cómo la justicia consiguió doblar el pulso a los nacionalistas: "Debido a que treinta familias pidieron más castellano el año pasado la mayoría de las medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llegaron en mayo del año pasado, por lo que en junio el centro, antes de cerrar el fin de curso, comunicó a los padres que el proyecto lingüístico cambiaba", ha explicado Losada.

Cinco grandes mentiras sobre la inmersión lingüística en Cataluña
Convivencia Cívica Catalana ha realizado un informe en el que analiza los tópicos más extendidos sobre el modelo de imposición lingüística en Cataluña
O. Moya Libertad Digital 22 Febrero 2018

Convivencia Cívica Catalana se constituyó en Barcelona en 1998. Lo hizo para contrarrestar la Ley 1/1998 de Política Lingüística aprobada por el Parlamento de Cataluña. Desde entonces la entidad presidida por Francisco Caja ha desarrollado una intensa labor en los tribunales para defender la libertad lingüística en esa comunidad autónoma.

Ahora en plena polémica sobre esta cuestión publica un nuevo informe en el que con datos desmonta las cinco consignas más repetidas por los nacionalistas y partidos de izquierda para defender el sistema de imposición del catalán.

"Hay un amplio consenso sobre la inmersión"
"En Cataluña no existe ningún consenso social a favor de la inmersión", señala la CCC, que se apoya en las encuestas realizadas. Únicamente un 14% de catalanes –uno de cada siete- es favorable a un modelo de enseñanza como la actual inmersión lingüística obligatoria, con "todo en catalán". Otros sondeos ofrecen cifras aún peores para los defensores de la imposición, como la de GESOP en la que queda de manifiesto que sólo el 8,8% de los catalanes quiere una enseñanza sólo en esa lengua.

"Una amplia mayoría de ciudadanos están a favor del uso conjunto de las dos lenguas oficiales, español y catalán, como lenguas vehiculares de enseñanza, complementadas en su caso con el inglés".

"La inmersión está avalada por Europa"
"La inmersión nunca ha estado avalada por Europa en la forma en que se aplica en Cataluña". El Consejo de Europa ha advertido que, al igual que en Quebec, la inmersión en Cataluña debería ser voluntaria y los padres deberían tener derecho a decidir.

En concreto, Europa ha recordado a las autoridades educativas que la inmersión "no debe ser obligatoria para todos los niños", "invalidando de este modo la inmersión tal como la aplica el Gobierno catalán".

"Es un modelo de cohesión social"
La inmersión es un modelo "no cohesionador sino discriminador". Y es que, tal y como explica Convivencia Cívica, "los niños catalanohablantes reciben la enseñanza en su lengua materna, en la lengua que mejor entienden y más dominan mientras los niños castellanohablantes deben sumar en el proceso de aprendizaje a la dificultad propia de las materias una dificultad lingüística añadida: estudiar, expresarse, leer o examinarse en una lengua que no es la suya".

Los peores ratios de rendimiento escolar de los alumnos castellanohablantes en Cataluña así lo confirman.

"Es un ejemplo de integración de los inmigrantes"
En realidad, de acuerdo a los datos de PISA 2015, el sistema educativo catalán es el que consigue menos integración de los alumnos inmigrantes de todas las autonomías. Para los inmigrantes la inmersión en catalán es muchas veces un obstáculo para su integración y aprendizaje tal como muestran sus malos resultados en Cataluña.

"Con 2 horas, lo dominan más que el resto"
"Sería sorprendente que en Cataluña con sólo 2 horas a la semana de castellano se tuviera el mismo dominio que con 25 o 30 horas en el resto de España", señalan los de Francisco Caja en su informe.

La realidad es que el dominio y el conocimiento de la lengua española son muy diferentes. Así lo muestran los resultados de las evaluaciones efectuadas por el Ministerio.

Lo que no se quiere decir (ni oír)
Rafael Bardají gaceta.es 22 Febrero 2018

Yo no voy a destripar aquí las 67 páginas del informe, pero sí señalaré algunas cuestiones claves del mismo.

Posiblemente no haya habido un fenómeno de mayor trascendencia para el futuro de los europeos desde la caída del muro de Berlín, que la política de puertas abiertas a los supuestos refugiados, adoptada gracias a Angela Merkel desde 2015.

En la “tiranocracia” de lo políticamente correcto en la que se ha instalado España por el totalitarismo del pensamiento único de la izquierda y la cobardía y pereza de la derecha, nadie se ha atrevido a demoler los mitos que buenamente hemos asumido sobre las bondades de la emigración. Hasta ahora. Acabo de tener la oportunidad de prologar un estudio editado por el Grupo de Estudios Estratégicos titulado “El coste de la emigración extranjera en España”, en el que por primera vez se aborda el tema con una clara metodología que permite valorar de manera realista lo que aporta, lo que consume, lo que beneficia y lo que detrae la población emigrante en nuestro suelo. Y todo ello con un aparataje estadístico de primera envergadura. Sería más que deseable que este informe se viera continuado por otros en la misma línea. Datos y aspectos hay para dar y tomar, sólo hay que poner a trabajar a los investigadores en la dirección apropiada.

Yo no voy a destripar aquí las 67 páginas del informe, pero sí señalaré algunas cuestiones claves del mismo. Para empezar, qué se considera una emigración positiva y cuál una negativa. Así, una emigración sería netamente ventajosa si se cumplieran las siguientes condiciones: A) cuando los emigrantes desempeñan actividades económicas de nivel mayor que la media española, o trabajan en empleos que los españoles no cubren, B) no generan conflictividad social o delincuencia en proporciones mayores que los propios españoles; C) Se asimila e integra con normalidad en la vida social, económica y política española; D) presentan un balance fiscal positivo con el Estado; E) tienen una nivel cultural similar o superior a la media de España. Si los emigrantes cumplen estas condiciones, no creo necesario explicar con detalle por qué se juzga positiva su presencia entre nosotros.

¿Pero es este el caso y la realidad de la población extranjera en España? Después de leer con atención los datos del informe del GEES, elaborados más que profesionalmente, la conclusión no puede ser más que un terrible NO.

Para empezar, en términos económicos, hay que tener presente las elevadísimas tasas de paro entre los emigrantes, siempre, al menos, 8 puntos por encima durante todos los años de la crisis, habiendo rozado el 39% por ciento de desempleo en el año crítico de 2013. Bien es verdad que ese dato general fluctúa mucho según hablemos de una u otra comunidad étnica. Así, la comunidad china, por citar un solo ejemplo, tiene una menor tasa de paro y empleo sumergido que los propios españoles.

Ahora bien, a pesar de no encontrar empleo, relativamente pocos emigrantes han salido de España y, de hecho, vuelven a venir en mayor proporción en el último año. Esto sólo se puede explicar por la gran generosidad conque nuestros dirigentes políticos utilizan el dinero público que extraen de nuestros bolsillos para asegurar ayudas y subsidios de todo tipo a los emigrantes. En este informe se detallan las llamadas rentas de garantía de ingresos que otorgan las comunidades autónomas. Baste mencionar el caso del País Vasco, donde con una población emigrante registrada del 12% (en la franja de edad laboral de 23 a 64 años), se beneficiaba del 45% de esta renta. Por no hablar del poco control con el que se adjudica y que hizo que diversos terroristas islamista cobraran hasta 900 euros al mes, como fue el caso de Saib Lachhbab, o de Ahmed Bourguerba, o de Samir Mahdjoub.

En la comunidad de Madrid de la presidenta Cifuentes, las cosas no son muy distintas. En este estudio se analizan los beneficiarios de las ayudas publicas al alquiler de vivienda y los datos son pavorosos por discriminadores. A pesar de la dificultad analítica ya que la Comunidad esconde la nacionalidad de los beneficiarios, a partir de su identificación por DNI, pasaporte o NIE, amén de por sus apellidos cuando son inequívocos, entre el 60% y el 70% de los perceptores de ayudas al alquiler son extranjeros. Y posiblemente del resto, una proporción significativa sean extranjeros con doble nacionalidad. De los cien primeros listados, el 80% tiene nombres y apellidos de origen magrebí.

Con más niveles de paro y rentas por debajo de la media de los españoles, es lógico pensar que la contribución que los emigrantes aportan al Estado tenderá a ser inferior también que la de los nacionales. Y en el estudio queda meridianamente patente: tan sólo un 3% del IRPF (que subiría al mero 4% si se contabilizan los casos de doble nacionalidad). Por no hablar de cuotas muy bajas en impuestos de sociedades, de propiedad inmobiliaria o de impuestos ligados al consumo.

Es obvio que en un mal llamado “Estado del bienestar”, las rentas más bajas tienden a beneficiarse más de las prestaciones sociales que los segmentos de mayor poder económico. Pero este modelo sólo se sostiene con una población que fluctúa lentamente y de la que se conoce su trayectoria. No es el caso de la política de puertas abiertas que se ha seguido en España (y más recientemente en Europa), con el consiguiente efecto llamada, donde la llegada de millones de emigrantes supone un lastre insostenible para las arcas del Estado. Pensar que los emigrantes van a salvarnos de las pensiones y que van a trabajar para garantizarnos el futuro es un mito peligroso. De hecho, con los datos en la mano, empiezan a cavar la tumba de nuestro sistema, un sistema que hemos intentado mantener a flote durante generaciones gracias a las aportaciones al trabajo de los españoles.

Cuando se tiene en cuenta, además, el consumo neto de los emigrantes en términos de sanidad, educación y demás servicios sociales, el déficit para con el Estado se incrementa sustancialmente. Y el problema es que no se trata solamente de un desequilibrio para con las arcas del estado, se trata de una injusticia para con todos los españoles que han cotizado durante años si no décadas bajo el pacto social de que, al final de su vida profesional, contarían con un retiro y unas condiciones de vida decentes. Ya no tenemos excusa para saber que nuestros dirigentes nos han traicionado también en esto.

Y no he dicho una palabra sobre impacto social, criminalidad y todos los asuntos de fricción en la vida cotidiana. Y es que, por desgracia, el tema da para mucho.

Consulte el informe completo aquí. http://www.gees.org/contents/uploads/articulos/LainmigracionysusefectosenEspa%C3%B1a4.0.pdf

IRAK, EL MÁS AFECTADO
El yihadismo en 2017: Más de 13.600 víctimas mortales en 1.459 atentados
La Gaceta  22 Febrero 2018

De los 191 países del mundo, 42 sufrieron algún atentado yihadista, entre ellos España. Fueron 1.459 acciones terroristas en las que fallecieron 13.634 personas, la mitad de ellas objetivos civiles de unas organizaciones terroristas que, sobre todo, actuaron en Irak, Afganistán, Nigeria, Somalia y Siria.

De hecho, dos de cada tres víctimas mortales se produjeron en esos cinco países (10.583).

Así lo refleja el Anuario del terrorismo yihadista 2017, realizado por el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, impulsado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, y presentado por la presidenta de esta asociación, Consuelo Ordoñez, y el experto en yihadismo Luis de la Corte.

En el año de la caída del Califato, uno de cada cinco países fue escenario del terrorismo, pero fue Irak el territorio más afectado, ya que llegó a concentrar el 35 por ciento del total de atentados, es decir, 505 acciones, muy por delante de los 187 de Afganistán.

Además, el 48 por ciento de los atentados perpetrados por organizaciones yihadistas tenían como fin atacar objetivos civiles, en tanto que el 35 por ciento perseguía objetivos relacionados con las fuerzas de seguridad o instalaciones gubernamentales, y el 11,2 por ciento religiosos.

Fue Dáesh y sus filiales el grupo más activo, responsable del 43,9 por ciento de las acciones terroristas (641), seguido de los grupos Talibán, con el 17,5 % (225); Boko Haram, con el 9,4 % (137); Al Shabaab, con el 7,5 % y 109 atentados; y las franquicias de Al Qaeda, con el 6,2 % y 90 acciones.

Los 227 atentados restantes fueron perpetrados por otras organizaciones terroristas.

Casi todos los grupos utilizaron en un porcentaje elevado como “modus operandi” el ataque suicida.

Y, según figura en el estudio, el autodenominado Estado Islámico asesinó a más de la mitad de las víctimas totales del terrorismo yihadista, con 7.024 muertos, seguido de los talibanes, responsables de una de cada cinco fallecidos (2.718).

Mogadiscio, la capital de Somalia, encabezó la lista de los atentados más sangrientos. 512 personas fallecieron el 14 de octubre en un ataque a civiles perpetrado por Al Shabaab.

Otro acto terrorista, el cometido por Dáesh el 24 de noviembre en Sinaí (Egipto), fue el segundo con más víctimas mortales (305), y el tercero lo perpetraron los talibanes el 21 de abril en Balkf (Afganistán).

El informe dedica un capítulo especial a Europa Occidental y señala que de las quince acciones cometidas en Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Suecia, Finlandia y España, diez causaron muertos: un total de 62.

Inspirados en la ideología islamista más radical, Francia y Reino Unido fueron los países de esta parte del mundo más afectados por los atentados, con cuatro cada uno.

España sufrió los atentados el 17 de agosto de Barcelona y Cambrils, con 16 fallecidos

La Fundación Civilización Hispánica, contra la leyenda negra
Faustino Merchán Gabaldón. Ingeniero y escritor  latribunadelpaisvasco.com 22 Febrero 2018

Nace la Fundación Civilización Hispánica para poner fin a las insidias y mentiras de la mezquina y perversa Leyenda Negra contra España y la conquista y civilización del Nuevo Mundo, con el objetivo de revitalizar los valores culturales, religiosos y humanísticos de la civilización hispánica creada por España.

La mayoría de los países occidentales han cuidado e invertido durante décadas importantes cantidades económicas en la puesta en valor de su patrimonio histórico y cultural, así como en su comunicación externa, a fin de cuidar y velar por su imagen y honor.

España, por el contrario, no solo no ha proyectado la riqueza humanística que una vez la convirtió en imperio, siendo la madre de Hispanoamérica, frente al resto de países europeos, sino que ha permitido que éstos hayan reescrito su pasado con leyendas y atrocidades falaces y truculentas de color negro.

Para combatir esta patética herencia, auspiciada por motivos políticos y religiosos, nace la Fundación Civilización Hispánica, una organización que se crea con el objetivo de elevar la autoestima de los españoles e hispanos sobre todo lo construido y aportado históricamente por España y los españoles a la Humanidad, como salvaguarda del gran esfuerzo acometido para crear la gran civilización hispana. Así consta en el acta fundacional de esta fundación, constituida a principios de este año 2018. Manteniendo el horizonte de la puesta en valor de los principios humanísticos, culturales y religiosos de la civilización hispánica, que abordará la carencia histórica de la que adolece España, que no ha sabido escribir su historia con impulso y tesón, dejando en manos de terceros países su historia, lo cual no tiene parangón, así como la memoria olvidada de los hispanos en relación a sus raíces en la Madre Patria, como llaman a España los nobles hispanos bien nacidos, y por tanto agradecidos, que bien podría encuadrase en la Marca España.

De tal manera, la Fundación promoverá los conocimientos de España e Hispanoamérica, mediante la fiel comunicación de la verdad histórica documentada, y su transmisión de la información; un recurso muy utilizado ya por otros países para mejorar su imagen, para mantener el orgullo y sus tradiciones históricas y culturales, que sin embargo España ha descuidado, pues no había acometido hasta el momento.

“El sentimiento antiespañol existe en nuestro país y en Hispanoamérica, porque mientras otros han cultivado ese sentimiento de orgullo nacional, nosotros no hemos cultivado nada”, señala su director, Borja Cardelús.

Los medios audiovisuales aún están dominados por enemigos de la cultura hispánica, algunos de ellos son enemigos internos, es decir, españoles, o quizá mejor, antiespañoles, que flaco favor hacen a España, y lo que es curioso, en algunos casos se mantienen de las subvenciones públicas españolas, que por su filiación política radical mantienen un odio y resentimiento viscerales, que no pueden superar, por lo que la fundación para su puesta en operación del proyecto utilizará todos los medios a su alcance, a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC`s, como las redes sociales, a fin de trasladar alto y claro su mensaje.

Uno de los principales obstáculos que abordará la Fundación será el de desmitificar la leyenda negra, que muchos españoles aún se creen, con la que se ha intentado erosionar la verdadera historia de España, que constituyó una gesta, envidiada por muchos, en el Nuevo Mundo.

La leyenda negra fue creada en origen por un fraile dominico español, Bartolomé de las Casas, seguramente sin proponérselo, que hizo apología de los derechos humanos de los indígenas, según él, maltratados por los conquistadores y colonizadores españoles, fue tal su empeño en su ferviente defensa que fue aprovechada, proyectada y desarrollada por los rivales de España entonces, Inglaterra y Holanda, sobre todo, especialmente por Guillermo de Orange, y el español Antonio Pérez, secretario de Felipe II, que acusaron a España de genocida y destructora de culturas, cuando precisamente fue lo contrario, salvó del genocidio de algunas tribus sanguinarias como los aztecas, contra su propio pueblo.

La leyenda ha sido un azote convenientemente utilizado malévolamente contra España, pero que esta no la ha combatido en ningún momento, calando ésta internacionalmente, y en los propios españoles, induciendo a sus complejos y desmoralización, como los derivados del desastre de 1898, con la pérdida de las últimas provincias españolas de ultramar. Con lo cual es de desear sean reparados estos daños, coadyuvando esta fundación para ello, en esta buena causa, y desde aquí le damos la bienvenida, deseándole los éxitos que España y la justicia le demandan.

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El Gobierno Rajoy, dispuesto a seguir dando la espalda a la enseñanza en español en Cataluña
Jesús Cacho. vozpopuli 22 Febrero 2018

“Soy hijo de una cordobesa y un castellano manchego llegados a Catalunya en los 60, con menos de 5 años. Mis padres se criaron y conocieron en castellano, en un entorno de inmigrantes. En los últimos años de franquismo se afiliaron al PSUC y entendieron que aquello de ‘un sol poble’ serviría para que sus hijos tuvieran las mismas oportunidades que los de ocho apellidos catalanes. Mi padre aprendió el catalán en una carpintería gracias a su primer jefe, cuando era adolescente. Mis hermanos abrieron camino al catalán en casa gracias a la inmersión. Y luego nací yo. Y mis padres decidieron que mi padre me hablaría en catalán y mi madre en castellano. Los hijos llevamos el catalán que aprendíamos en el colegio a casa, y hacíamos aprender de manera natural a nuestros padres, que trataban el bilingüismo con normalidad. Las comidas familiares transitan, como en muchas casas, entre el catalán y castellano, sin esfuerzo. Y yo, gracias a la inmersión y a unos padres comprometidos y maravillosos, hoy soy capaz de trabajar con la lengua, en catalán, en ARA. Y de haber pasado por medios en castellano como El País (becario) o el Diari de Terrassa”.

La parrafada está directamente tomada de la cuenta de twitter de Daniel Sánchez Ugart, un periodista que ejerce de delegado del diario nacionalista ARA en Madrid. Daniel Sánchez tuvo su minuto de gloria este lunes, cuando Susana Griso le pasaportó como tertuliano a “Espejo Público”, el programa matinal en Antena3, para enfrentarlo a Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, a la que entrevistó telefónicamente, que ya se sabe que no hay forma más eficaz de demoler las posiciones de quien en Cataluña se opone al rodillo nacionalista que enfrentarlo a un converso –cuña de la misma madera-, un charnego pasado a las filas del nacionalismo, un hijo de emigrantes castellanoparlantes que ha abrazado con entusiasmo la causa del independentismo para no ser discriminado.

Losada se defendió con dignidad y humildad, a veces con ese punto de dramatismo que destila el haber tenido que dar la cara en solitario y en territorio hostil (“¿tenemos que convertirnos en héroes para pedir algo que nos corresponde por derecho, como es que nuestros hijos puedan estudiar en el idioma de sus padres?”) durante años. “El problema es que no se cumple la ley, no se ofrece a los niños ni siquiera el 25% de clases en español que determinó la justicia”, denuncia Losada. “La opción que ahora tienen los padres es llevar a su hijo a un colegio privado en castellano y después solicitar los 6.000 euros de subvención que marca la LOMCE [solución que acaba de eliminar la sentencia de esta semana del Constitucional], o bien formular un recurso administrativo que acaba en el TSJC y que termina por concederte ese mínimo del 25% de asignaturas en castellano. En Cataluña tenemos la suerte de contar con dos lenguas, y para poder dominarlas en todos sus registros al final de la escolarización obligatoria es necesario que se puedan practicar en clase en todas las materias, porque con dos horas de castellano a la semana en primaria y tres en secundaria eso es imposible. Lo que reclamamos es que en las mismas aulas se estudien las dos lenguas en una proporción adecuada teniendo en cuenta el entorno y la lengua materna de los alumnos: un niño en Barcelona probablemente necesite menos clases en español y más en catalán, y lo contrario ocurrirá en comarcas del interior. Nunca hemos hablado de segregación”.

-El problema es que ustedes crean un problema donde no lo hay –acusa Sánchez Ugart, con esa sonrisa llena de suficiencia que caracteriza a los Rufianes-. Usted lo que quiere es que a su hija, en cuya casa hablan castellano, idioma en el que juegan en el patio, supongo, porque vive en Castelldefels, se le restrinja todavía más el uso del catalán en la escuela…

-¡Cómo que todavía más, si el 90% de la enseñanza en la escuela es en catalán…!
-Se trata de hablar las dos lenguas, señora.

-Desde luego que sí, pero hablar una lengua es dominarla en todos sus registros, naturalmente en el escrito.
-Pero dígame algún dato según el cual el dominio del castellano en Cataluña es peor que en otras regiones de España…

-Es que ustedes se han encargado de que no haya ningún dato; los defensores de la inmersión lingüística son los que se oponen a que haya una prueba común en todo el Estado. Lo único que pedimos es aumentar un poco las horas lectivas en castellano. ¿Qué argumento es ese según el cual un niño castellanohablante necesita un 90% de clases en catalán para llegar a dominarlo, mientras que un catalanoparlante tiene suficiente con el 10% en castellano? ¿Es que los niños castellanoparlantes son más tontos? ¿Qué sin razón es esa?

El discurso supremacista de la escuela catalana
Daniel Sánchez, hijo de manchego y cordobesa, domina a la perfección los registros argumentales del independentismo para negar a esa mayoría de la población catalana que habla castellano el derecho a usarlo como lengua vehicular en la educación de sus hijos. Él es un perfecto ejemplo de los estragos no solo sintácticos provocados por la inmersión en catalán, que por supuesto, sino sobre todo ideológicos causados por un sistema educativo diseñado desde los tiempos de Pujol para separar Cataluña de España sobre la base de esa trinidad llamada “un sol poble, una sola llengua i una sola nació”, el discurso supremacista y totalitario que en el siglo XX provocó millones de muertos en Europa. “Lo que quieren estos padres [como Ana Losada] no es libertad para elegir, sino libertad para segregar, para volver al pasado, para restar capacidades lingüísticas a los niños castellanoparlantes. La inmersión está pensada para ellos, para esos niños que si no fuera por el colegio no aprenderían nunca catalán, y cuando fueran a buscar trabajo a una mercería les pasarían por delante 15 candidatos que sí lo dominan. Para eso sirve la inmersión”.

En un lenguaje más elaborado, los cerebros del supremacismo argumentan que “el modelo lingüístico de la escuela catalana garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades en una sociedad bilingüe, y desarrolla un nivel equivalente de competencias lingüísticas en castellano que la media de España (…) La insistencia en acabar con este modelo nace de una concepción nacional española incompatible con la diversidad, incluida la lingüística”. Unas líneas que resumen, encapsulada, la ideología de la inmersión. Aquí está todo. Difícil incluir más falsedades en menos espacio. En primer lugar porque es evidente que con dos horas de español en primaria y tres en secundaria los alumnos catalanohablantes jamás llegarán a tener un dominio integral del otro idioma, jamás llegarán a redactar bien en español. Las pruebas de competencia correspondientes a 2017, realizadas por la Generalitat al final de primaria y secundaria, reflejan que el dominio del castellano ha descendido en algunas zonas hasta en 4 puntos con respecto a 2016. Pero donde los apóstoles del nacionalismo etnicista rizan el rizo es cuando acusan de enemigos de la diversidad a quienes reclaman igualdad de trato para el español en Cataluña.

Ana Losada termina su exposición ante la Griso y su copain, Sánchez Ugart, hijo de manchego y cordobesa, con un canto a los valores de la sociedad abierta. “También estamos hablando de derechos: yo también tengo derecho, el mismo que cualquier catalanoparlante, a que mi hija sea escolarizada, al menos en parte, en su lengua materna. Tenemos dos lenguas y las dos deben ser estudiadas en la escuela, porque solo así se enseña a convivir, sólo así se enseña en una sociedad abierta, diversa y plural, en una sociedad libre donde no rigen las imposiciones, una sociedad, por cierto, que mayoritariamente rechaza la inmersión lingüística, como han demostrado encuestas recientes”. Ahí le duele. Más que el castellano, lo que está perseguidos en la Cataluña nacionalista son los derechos civiles de la población que normalmente se expresa en castellano, que a veces habla también catalán, o que alterna ambos idiomas, pero que quiere que sus hijos reciban una formación en castellano. No es que se esté defendiendo el catalán, se está defendiendo la posición de privilegio de los catalanohablantes para monopolizar los cargos públicos. No se está defendiendo un idioma: se están defendiendo privilegios. No se está atacando un idioma: se están vulnerando derechos fundamentales básicos de las personas, de los individuos, de los ciudadanos, que son los únicos que en un sistema democrático tienen derechos, no la gens, no el pueblo, no la raza, no la tribu. Es el derecho a elegir, el “free to choose” de cualquier democracia liberal.

Los verdaderos culpables
Por tedioso que pueda resultar, es inevitable señalar una vez más a los verdaderos culpables del déficit democrático que sufre la Cataluña hollada por el nacionalismo supremacista. Porque el culpable último no es el hijo del emigrante murciano, andaluz, gallego o castellano que, para evitar ser segregado, abraza con entusiasmo el discurso totalitario del “un sol poble”. Si me apuran, el culpable último ni siquiera es Jordi Pujol y su ratera prole. Los verdaderos culpables de esta sinrazón han sido y son los distintos Gobiernos centrales, cuya criminal dejadez y miopía política ha permitido que el monstruo que alimentaron, porque lo necesitaron para poder gobernar en minoría, haya terminado por dar un golpe de Estado que ha colocado a España contra las cuerdas. Unos Gobiernos que han puesto sus intereses particulares y de partido por encima de los nacionales. Ha sido el Gobierno Rajoy que, a pesar de la cómoda mayoría absoluta de la que dispuso durante 4 años, se dedicó a mirar hacia otro lado mientras en Cataluña crecía la marea separatista. Cobarde hasta la náusea, ahora ha lanzado un globo sonda diciendo que va a hacer cumplir la ley, siquiera ese miserable 25% de horas lectivas en español, a rebufo del 155. El fallo del TC ha venido a amparar su desidia. No harán nada. Tendremos que ser los españoles quienes nos pongamos manos a la obra, al margen de este Gobierno y de buena parte de la miserable clase política que hoy acampa en el Parlamento de la nación.

El fraude de la inmersión lingüística como integración social
Teresa Giménez Barbat okdiario 22 Febrero 2018

Que la demanda de una escuela bilingüe, en la que las dos lenguas oficiales de Cataluña se hallen en plano de igualdad, desate semejante escándalo entre las filas nacionalistas, debería asombrarnos si no estuviéramos ya inmunizados ante estos numeritos. “¡Eso destruiría la cohesión social!”, claman, cuando lo cierto es que esa misma cohesión les ha traído sin cuidado —antes al contrario, se han ufanado de tener el potencial para quebrarla— a la hora de promover el procés, cuyos únicos efectos reales, recordemos, han sido la fuga de empresas, el descrédito institucional y… en efecto, la fractura de la sociedad catalana, que en octubre estuvo al borde de un conflicto civil. Por ello es más grotesco que nunca oír a Miquel Iceta gritar que nunca permitirán “que se separe a los niños y niñas catalanes por la lengua”. Inmenso drama teórico que hace palidecer el hecho de que las familias ya estén divididas en la práctica por algo que va en el mismo paquete que el modelo escolar.

Resulta estupefaciente que, en defensa de esa inmersión, aleguen que ha sido un “modelo de éxito”. ¿Un modelo de éxito comparado con qué? ¿Cuál ha sido el que ha fracasado si no ha habido otro? Lo que nos piden es un completo acto de fe, y parece mentira que tanto pensante no haya caído en que se trata de una falacia. ¿Qué hubiera sucedido si la escuela hubiera sido bilingüe o hubiera habido escuelas en castellano y escuelas en catalán? “¡Habría habido guetos!”, dicen, sin reparar en que, como bien señala Mercè Vilarrubias en su libro ‘Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña’ (Montesinos, 2012), no hay noticias de que esto haya ocurrido en ningún lugar de Europa en el que se hablen dos lenguas y donde rija la libertad de elección entre una u otra. En el País Vasco, por ejemplo, esta opción es posible —de hecho, hay hasta cuatro itinerarios— y no hay más guetos que los que el independentismo señala como tales.

Insisto: si 30 años atrás Cataluña hubiera adoptado la libre elección entre distintos modelos tal vez sabríamos ahora si hay uno mejor que otro. Pero el experimento ha sido con uno, y sólo los nacionalistas —al igual que otros “istas”— se conforman con una muestra tan magra. El resto son especulaciones. Lo que no es una especulación es el desastre acontecido en Cataluña, y que ha tenido en la escuela, y por ser más precisos al lobby docente —el más activo en pro de la inmersión y todo lo que le cuelga—, a uno de sus principales inductores.

En suma, si la escuela pública catalana, como gusta decir a sus defensores, ha sido el garante de la cohesión social… esa escuela es un solemne fracaso. Ni estamos cohesionados ni estamos integrados, sino más partidos por la mitad de lo que seguramente habríamos estado —ahora especulo yo, que también sé— de haber tenido dos itinerarios. Así que, por favor, menos mitos, menos tabúes y un poco más humildad. Dejen en paz a quienes, con todo el sentido común, piden algo elemental: que por lo menos la mitad del tiempo se impartan las materias en castellano, lengua que es, además, la segunda en número de hablantes nativos de todo el planeta. Porque lo que ustedes, nacionalistas, llamaban cohesión no era sino un eufemismo pomposo de lo que verdaderamente habían puesto en práctica, esto es, un plan intensivo de ingeniería social para la construcción de una nación. Y eso, váyanse haciendo a la idea, no prosperará.

Fumata blanca del golpismo.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 22 Febrero 2018

EL POLLITO COCOMOCHO SE IMPONE Y DESIGNA SUCESOR AL ENCAUSADO JORDI TURULL. PABLO LLARENA DUDA SI MALGASTAR UNA ORDEN DE EXTRADICIÓN COMPLEJA CON SUIZA.

Tal y como se iba filtrando, el acuerdo entre los golpistas está a punto de hacerse realidad. Finalmente parece que el pollito cocomocho va a conseguir parte de su objetivo fundamental, montar su bufonada en Bruselas con despliegue de medios, incluida una retransmisión de TV3, donde en sesión plenaria del Parlamento de Cataluña, quede ungido como el Presidente legítimo de la Generalidad usando cualquier despacho del Parlamento de la UE como fondo que solemnice el evento. Una sesión que será convocada a final de esta semana por la Mesa del Parlamento, ya que no se trata de una investidura con efectos jurídicos, sino de una simple declaración solemne por parte de los partidos golpistas y de aquellos otros que con su presencia decidan sumarse a la bufonada. Porque se trata, esta vez sí, de un acto simbólico. Y aquí lo que debe de quedar de manifiesto es que el resto de fuerzas políticas no independentistas no pueden admitir este nuevo agravio a la legalidad que solo busca el enfrentamiento y la persistencia en el golpe de Estado. Falta por ver si además se dispondrá una pantalla de plasma para el evento y la presencia virtual del fugitivo.

El caso es que lo que pretende el prófugo Carles Puigdemont es vender la imagen de vencedor al ser reconocido como el legitimo Presidente de la Generalidad que por culpa de la persecución de una politizada justicia se ve obligado a exiliarse y designar a un fiel Conseller en Cap, aunque tenga legalmente en este Gobierno autonómico el cargo de Presidente. Para ese puesto corre la lista y designa al segundo de los electos por Barcelona, el golpista Presidente de la ANC, Jordi Sánchez, actualmente en prisión, para que sea la Justicia de España la que impida su investidura. Tras lo cual, pasa el turno al cuarto de la lista, Jordi Turull, ya que la tercera de la lista elcta, la exconsejera Clara Ponsatí se encuentra prófuga como él en Bélgica y además renunció a su Acta de Diputada. Una clara provocación por parte de los golpistas ya que es bien sabida la intención del juez Pablo Llarena de cerrar pronto la Instrucción y pasar a la fase de enjuiciamiento incluyendo la inhabilitación.

Es decir, se trata una vez más de evidenciar la represión del Estado y de la Justicia al querer investir a un encausado que se encuentra en libertad provisional bajo fianza y con medidas cautelares con el pasaporte retirado, la prohibición de salir de España y la obligación de presentarse una vez por semana en un juzgado. Una situación que lógicamente interfiere con la acción normal de un cargo de la relevancia de Presidente de una Comunidad autónoma. Una realidad que es conocida por los golpistas que intentan por todos los medios dar la imagen de victimismo y de persistencia en su intención de deshacerse de la opresión de la intervención del Estado a través del artículo 155, recuperar las Instituciones suprimidas y retomar el desafío secesionista con el control total sobre el presupuesto de la Generalidad.

¡Eres culpable, Mariano! Por haber sido tan irresponsablemente torpe de llevar a España y al Estado de Derecho a este nuevo fracaso. ¡Eres culpable, Mariano! Por haber permitido que se vaya a producir esta burla y triunfo de los golpistas y por demostrar tu absoluta incapacidad e incompetencia a la hora de evaluar riesgos y adoptar decisiones como la de convocar de forma tan precipitada unas elecciones autonómicas sin las mínimas garantías de revertir una situación enquistada durante décadas. ¡Eres culpable, Mariano! Por haber llevado a España al abismo de tener que enfrentarse a la ruptura y a la vergüenza de no poder neutralizar a simples forajidos prófugos. ¡Eres culpable, Mariano! Por haber demostrado la nula capacidad de nuestros servicios secretos para evitar unas fugas y dejar que las fuerzas de seguridad autonómicas, lideradas por los golpistas, consumasen una vergonzosa traición y sus mandos sigan impunemente en sus cargos, negando su participación y responsabilizando a los Mossos de sus actos. ¡Eres culpable, Mariano! Por haber seguido financiando a los golpistas sin controlar los gastos de la Generalidad. Pero, sobre todo, ¡Gracias Mariano! Por haber abierto los ojos a los españoles sobre tu absoluta incapacidad para gobernar con la determinación que las circunstancias exigían.

Los golpistas van a perpetrar en unos días una reedición de su golpe de Estado montando de nuevo su circo y con los mismos payasos en la pista. Pero hora además son más fuertes, aunque parezca lo contrario por tener a alguno de sus líderes en prisión. Y hasta la Justicia se ve maniatada por su encorsetamiento procedimental y garantista. Un juez de Instrucción que especula tomar decisiones de dudosa validez al hacer una interpretación personal metiéndose en caminos inexplorados como el tema de solicitar una inhabilitación provisional antes de la celebración del juicio y de la existencia de una sentencia en firme que la avale. Un juez que en su propio Auto de elusión de prisión bajo fianza reconoció que las declaraciones de los encausados eran poco creíbles diciendo que “No se escapa que las afirmaciones de todos ellos pueden ser mendaces, en todo caso, han de ser valoradas en lo que contienen, sin perjuicio de poderse modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga”. Unas afirmaciones que no han tenido continuidad aunque algunos de los encausados hayan reincidido de forma activa en su desafío secesionista como Jordi Turull, futuro candidato a Presidente de la Generalidad si nadie lo remedia.

Y para poner la guinda a este pastel infecto, aparece la ultra radical golpista, la activista de la CUP Anna Gabriel para protagonizar otra huida de la Justicia, en este caso a Suiza. UN país también caracterizado por una Justicia propensa a creer a los delincuentes y acoger como asilados políticos a la escoria de Europa. Porque esta individua se caracterizó desde su escaño y en todas sus apariciones públicas de forzar la creación de un Gobierno de la Generalidad comprometido con llevar a cabo la secesión y la declaración unilateral de independencia. Fue la CUP y sus ocho diputados los que usaron sus escaños para formar el bloque separatista y el proceso soberanista incitando a la desobediencia y a la aprobación de leyes inconstitucionales. Una activista dedicada a arengar a las masas. Una prófuga cuya intención es eludir a la justicia y presentarse como una perseguida, contratando los servicios de abogados, como Oliver Peter que injurian a España y su Justicia con afirmaciones como “Estos últimos años, la ‘guerra contra el terrorismo’ ha generado una restricción general de derechos fundamentales y una tolerancia hacia las violaciones de derechos humanos de quienes están en el poder. Si las barbaries perpetradas en Abou Grahib o Guantánamo tienen hoy una amplia visibilidad mediática y han suscitado una legítima indignación, los actos de tortura perpetrados en el marco de las políticas antiterroristas del Gobierno de Madrid han estado durante mucho tiempo ocultos a la sociedad civil europea”.

Esta vez parece que el juez Pablo Llarena evalúa qué medidas debe adoptar en cuanto a la rebeldía de Anna Gabriel a presentarse en el juzgado. La duda está en si pedir una orden de detención y extradición a Suiza, país no perteneciente a la UE y con una legislación tanto o más compleja que la de Bélgica respecto a asuntos relativos a motivaciones políticas, que es como intentan presentar este caso. Lo normal es que se asegure la orden en territorio nacional y se conceda más tiempo para sopesar el alcance y la argumentación de la orden internacional contra la prófuga. Supongo que hoy tomará esa decisión.

Sea como sea, estamos en unos momentos cruciales cuyo desenlace pondrá a prueba la fortaleza del Estado de Derecho y, sobre todo, la unidad de acción y de reacción de los que dicen defender la Constitución y la unidad de España. Sinceramente hace tiempo que dejé de tener esperanza y confianza en esta clase política que nos ha tocado en desgracia padecer. La culpa es nuestra por seguir participando en este circo y votando como auténticos borregos. Cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Los españoles estamos demostrando merecernos lo que nos pase por cobardes, por pasotas y por no sentir el orgullo de ser y sentirnos españoles.

¡Que pasen un buen día!

Ni desde Waterloo ni desde la cárcel
EDITORIAL Libertad Digital 22 Febrero 2018

El próximo presidente de la Generalidad no será Carles Puigdemont; pero tampoco Oriol Junqueras ni Jordi Sánchez.

Aunque afirmar que el orden constitucional ya impera en Cataluña sea tan incierto como sostener que Cataluña ya es formalmente un Estado soberano, tanto los constitucionalistas como los separatistas mantienen sus respectivas ficciones: si el persistente adoctrinamiento antiespañol en las escuelas y los medios de comunicación catalanes es buena prueba de la cómoda ficción o ceguera voluntaria en que viven las formaciones constitucionalistas, no menos ajenos a la realidad se encuentran Junts per Catalunya y Esquerra Republicana cuando deslindan las competencias que tendrán el presidente legítimo de Cataluña –cargo supuestamente reservado a Puigdemont– y el títere que se haga cargo de asumir la Presidencia de la Generalidad en Barcelona.

Tal y como ha hecho público la golpista Catalunya Radio y han confirmado fuentes de la negociaciones entre ambas fuerzas, ERC ha puesto sobre la mesa que si Puigdemont mantiene ciertas potestades intransferibles, como la de convocar elecciones y nombrar y cesar consellers, Oriol Junqueras presida la Generalidad en Barcelona. Los esquerristas se amparan en la delirante lógica del Govern legitimo –es decir, golpista– sosteniendo que la Presidencia de la Generalidad sería, en realidad, sólo una suerte de vicepresidencia, posición que ostentaba Junqueras, precisamente, antes de que el Gobierno de Rajoy interviniera la Administración autonómica.

Tiempo habrá para comprobar si la argumentación de ERC convence a Puigdemont, a quien por el momento ningún secesionista discute en público el liderazgo del procés ni su condición de presidente legítimo, aunque todos sepan –empezando por el propio golpista cómodamente instalado en una mansión belga– que no va a ser formalmente el jefe del Ejecutivo regional.

A día de hoy, sin embargo, Puigdemont no se contenta con su pretensión de mantener desde Waterloo el control efectivo del Gobierno regional, sino que quiere designar a su testaferro en Barcelona. Y su candidato no es Junqueras sino su correligionario Jordi Sánchez, que está tan preso como el grotesco iluminado de ERC.

Aunque la insensatez que constituyó aplicar el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones fuera de tal envergadura que bien podría permitir a la Cataluña nacionalista mantener su independencia de facto, ni Junqueras ni Sánchez se harán legal y formalmente cargo de la Presidencia de la Generalidad. Y esto es así por la sencilla razón de que el juez Llaneras cometería un delito de prevaricación, o incurriría en una clamorosa contradicción con lo expuesto en sus autos de prisión preventiva, si ahora concediera a cualquiera de ellos permiso para asistir a la sesión de investidura. Dicho de otra forma: no se puede mantener en prisión preventiva a nadie por riesgo de reiteración delictiva para luego concederle un permiso a fin de que pueda acceder al cargo... desde el que puede incurrir en la referida reiteración delictiva.

Así las cosas, bienvenida sea toda crítica a las ilusas pretensiones de los golpistas, mientras no tengan por objeto tapar las vergüenzas y las no menos engañosas ficciones de quienes tienen la máxima responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución en toda España pero no cumplen con su deber.

Enseñanzas del golpe de Estado
Agapito Maestre Libertad Digital 22 Febrero 2018

El Tribunal Constitucional refleja la quintaesencia del resentimiento español, de negar la posibilidad de España.

Los golpistas catalanes y sus colaboradores nacionales me han permitido reafirmarme en mis posiciones críticas con el tradicionalismo. Lejos de mí seguir la tradición nacional en asuntos de política, en general, y democracia en particular. Pues que hoy, como en tiempos de Ortega y Gasset, "la realidad tradicional en España ha consistido en el aniquilamiento progresivo de la posibilidad de España". Por eso, precisamente, tenemos que ir contra la tradición y, como reiteraba el filósofo, más allá de ella. Cortemos, pues, de raíz con todas las instituciones que en España aniquilan la posibilidad de España. El último ejemplo de tradicionalismo es el comportamiento traidor del Tribunal Constitucional.

Sí, ciento de enseñanzas podemos sacar del golpe de Estado que han intentado dar los separatistas catalanes, pero la última es de ayer mismo. Está a la vista. El Tribunal Constitucional publica un papel contra la enseñanza del español en Cataluña. Actúa, pues, a favor de las tesis separatistas. O sea es cómplice del procés que intenta separar a Cataluña de España. El Tribunal Constitucional es de una fidelidad perruna a la hora de seguir la tradición española de matar todo aquello que da la vida a las instituciones. El Tribunal Constitucional impide, dificulta, en fin, traiciona a la propia Constitución para que los niños españoles en Cataluña no estudien en español. Terrible.

Al prohibir, directa o indirectamente, la posibilidad de que los niños se eduquen en español, en realidad, al prohibir la posibilidad de cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a dar el 25%, ¡solo! el 25%!, de las enseñanzas en lengua española, el Tribunal Constitucional refleja la quintaesencia del resentimiento español, de negar la posibilidad de España. ¿Exagero? No, por favor, no crean que exagero al decir que los magistrados del constitucional son colaboradores natos del golpismo catalán. Es solo una constatación de la realidad. Sería para tomárselo a risa si la cosa no afectase a toda una nación. Creo que me quedo muy corto en la valoración de ese papel del Constitucional, sobre todo, si analizamos el modo grupal de proceder los señores magistrados del Constitucional, casi como si se tratase de una banda que se juramentan para mantener la misma posición… ¡Ni un voto particular para oponerse a tal disparate! Han perdido por completo la dignidad profesional y el sentido de la realidad.

Por todo eso, y por un Gobierno que no gobierna, me reafirmo en mi antitradicionalismo español.

Popper, los nacionalismos y la libertad
Enrique Navarro Libertad Digital 22 Febrero 2018

Lo que pretende el fomento de la desigualdad es el mantenimiento de unos privilegios de unos pocos sobre el conjunto.

Escribía Kant que el objetivo fundamental de las leyes es permitirnos la mayor libertad de cada uno en coexistencia con la mayor libertad de los demás, lo que significa que la libertad para bien o para mal, debe estar limitada y definida por la Ley. En definitiva, sin ley ni orden, la libertad no es posible. Pretender creer que la política está por encima de la ley es propio de tiempos y lugares que debieron extinguirse con la llegada del imperio romano.

En estos días de asueto independentista, ocupa los debates, y de manera reiterativa en nuestra historia, la cuestión de la igualdad y la libertad de todos los españoles con independencia de donde hayan nacido o hayan decidido vivir. La sola existencia de la discusión es un claro síntoma de una enfermedad que se antoja incurable. Que esta desigualdad tenga un amparo legal y político, dinamita el concepto de libertad que tanta precisión y belleza describió el genio de Konigsberg.

Popper hablaba con gran razón de la "herejía del nacionalismo", o más bien del estado nacional. La principal equivocación de esta idea es suponer que los pueblos o naciones existen antes que los estados como si fueran sus raíces, cuando es justo lo contrario, son los estados los que crean a las naciones. Pretender creer que, sobre una base racial, cultural o idiomática, se puede, incluso se debe, crear un estado nación, es negar la teoría de la evolución de Darwin. Es como intentar detener la evolución de la especie humana en el Austrolopitecus y tele-transportarlo al mundo actual, sólo porque en este momento de la evolución nuestros privilegios estaban más protegidos.

La libertad requiere de la ley y ésta es monopolizada por los estados, de manera que el nacionalismo, en sí mismo, es una negación de la libertad porque le niega al estado su capacidad de legislar sobre la tribu. La igualdad, decía Popper, ante la ley, no es un hecho, sino una exigencia política basada en una decisión moral y es independiente de la teoría, presumiblemente falsa, de que todos los hombres nacemos iguales. Si negamos la igualdad frente a la ley de todos, con independencia de las condiciones o decisiones personales, estamos cometiendo una gran inmoralidad, quizás la mayor que un estado puede ejecutar contra sus ciudadanos.

Ciudadanos ha abierto un melón que era un tabú en España, porque en nuestro país todas estas consideraciones han sido obviadas en la creencia de que nuestro estado es una suma de distintas raíces tribales o nacionales, renegando de la tesis darwiniana; obviando que el estado nación quedó superado por Kant y todo el entramado político, económico, filosófico y cultural posterior. España no es la suma de voluntades tribales o regionales, sino producto de una voluntad colectiva.

Los privilegios de una tribu sobre el resto de la comunidad estado, de una lengua local sobre la de todos, constituye el ejemplo más aberrante de que el tradicionalismo medieval pervive todavía en España y utiliza los mismos nombres que datan de la Edad Media: lendakari o Generalidad. Pero no nos engañemos, lo que pretende el fomento de la desigualdad es el mantenimiento de unos privilegios de unos pocos sobre el conjunto.

El nacionalismo se empeña en retroceder en la película de nuestra historia hasta encontrar el momento raíz de su identidad y traerlo al día de hoy. Es como si yo pretendiera regresar a los veinte años y volver con ellos a mi mundo; pero no a los diez ni a los treinta, sólo a los veinte, cuando me encontraba en mi mejor momento, totalmente absurdo.

Pero la libertad también exige moralmente la protección de las minorías lingüísticas, religiosas, culturales dentro de cada estado de los ataques de la mayoría; casi diría que la principal razón para la existencia de la ley y del gobierno es la protección de las minorías, y por tanto de los derechos de la tribu a preservar sus elementos diferenciadores, pero nunca a costa de la libertad y la igualdad. Si el gobierno flaquea en este objetivo, pierde su razón de ser. Por esa razón, que los partidos políticos se hayan mostrados reacios a reconocer que la lucha contra el independentismo es sobre todo una exigencia moral basada en los dos principios inalienables de nuestra existencia democrática: la libertad y la igualdad ante la ley, constituye la irrefutable prueba de que los partidos tradicionales necesitan una gran refundación.

No pueden seguir al pairo de la opinión pública, porque como dice Popper, no se dan cuenta que, por su anonimato, la opinión pública es una forma irresponsable de poder, y especialmente peligrosa cuando emana y se conforma desde los aparatos del estado, convirtiendo a nuestro sistema en una dictadura de los medios que ahoga la libertad para la defensa de intereses de la minoría frente a la gran mayoría.

El drama de España es muy similar al de Rusia; países que pasaron del absolutismo al radicalismo y de ahí a la democracia, sin haber sido tamizados por el filtro de las revoluciones liberales, como sí ocurrió en el resto de Europa. Es decir, a España le faltó un proceso de la evolución social y cultural occidental, y los problemas que el liberalismo pudo resolver en una determinada coyuntura, son insolubles con las reglas de la democracia del bienestar del estado actual. Hemos dado tanto valor a la paz que estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos individuales en aras de evitar el conflicto, en nuestro caso territorial, negando la evidencia de que necesitamos, como sociedad plural y moderna, un claro conflicto de ideas y de valores por los que debemos luchar.

La paz del silencio y la resignación a la que pretenden conducirnos los nacionalistas y los partidos tradicionales, constituye una rendición sin paliativos de la libertad y la igualdad en España. Sin conflictos ni lucha por los derechos seríamos una legión de hormigas y no una sociedad avanzada.

El estado de bienestar resulta tremendamente peligroso y pernicioso en la defensa de estos valores universales. El estado nación se defiende y justifica en la amenaza a la minoría, que en su territorio tribal es mayoría, y sobre todo en la obtención de un mayor grado de bienestar. Solamente de esta manera se puede convencer a tanta gente de abocarse a un camino al pasado. Pero los españoles no nos damos cuenta de los peligros del estado de bienestar, que los tiene, y el principal es que pretende descargar a las personas de sus responsabilidades hacia sí mismas y hacia los que dependen de ella. Sacrificamos nuestra libertad personal en aras de un pretendido bienestar que pretendemos nos regale el estado como si fuera Papá Noel apoyado en una fábrica de bienestar infinito manejada por elfos. Pero debemos llamar la atención que cuando se liga nacionalismo con el estado social, se está enmascarando una ambición totalitaria disfrazada de Caperucita.

Ciudadanos llega a este debate casi doscientos años tarde, pero eso no supone que hayan perdido actualidad o categoría moral los valores de la libertad y la igualdad. Muy al contrario, reclamarlos y provocar, incluso si es necesario, un conflicto por su vigencia, es una exigencia a la que España no puede renunciar. Ciudadanos ha despertado conciencias que estaban adormecidas por la creencia de que estamos condenados a no ser libres ni iguales, en aras de la paz, y contra este adoctrinamiento de que o la igualdad o el caos, debemos decir que prefiero el caos con igualdad y libertad a la paz de la resignación.

La inmersión c'est la guerre
José María Albert de Paco. vozpopuli  22 Febrero 2018

El problema de fondo no es la inmersión per se, sino que la mayoría del profesorado en Cataluña crea de veras que el catalán es un idioma en guerra con el castellano

Yo soy un producto del periodo inicial de la inmersión lingüística en Cataluña. Hablo y escribo un más que aseado catalán y logré paliar el déficit de enseñanza en castellano gracias a dos profesores, si bien el que más me marcó fue Buenaventura Requena, que en 4º de EGB me infundió, además del hábito de leer, una cierta sensibilidad para con el lenguaje. Más adelante, la política, y más precisamente el comunismo, que entonces exigía un plus de intelectualidad, hizo el resto. Así, me valgo de ambas lenguas con idéntica competencia, al punto que si bien el castellano es mi lengua preferente (fue mi lengua materna), el catalán es la que empleo con mis hijas, relación que a menudo me obliga a cuidar el matiz con tanto esmero como el que pongo en la escritura. Sea como fuere, no creo que haber sido educado en una lengua distinta de la materna suponga una desventaja decisiva, como esgrimían, por cierto, los nacionalistas catalanes en los años sesenta. No, ése no es el problema. (Aun así, y dado que soy un firme partidario del derecho a decidir, estoy a favor de que los padres escolaricen a sus hijos en la lengua que estimen conveniente, sea ésta el castellano, el catalán, el inglés o el francés, y coincido a este respecto con esos grandes apóstoles de la inmersión que son Artur Mas, que sumergió a sus hijos en la escuela cuatrilingüe Aula, y José Montilla, que aplicó a los suyos el bautismo en el Colegio Alemán.)

Hay en las escuelas un adoctrinamiento de trazo grueso que consiste en jalear canciones antiespañolas en el recreo, exhibir banderas estrelladas o animar a los alumnos a colgar lazos amarillos en las ventanas

El problema, insisto, no es la inmersión per se, sino que la mayoría del profesorado en Cataluña crea de veras que el catalán es un idioma en guerra con el castellano, lo que implica, digámoslo ya, la melancólica, acientífica y ridícula certeza de que el catalán pueda proclamarse algún día vencedor en esa liza. Ciertamente, hay en las escuelas un adoctrinamiento de trazo grueso que consiste en jalear canciones antiespañolas en el recreo, exhibir en los mástiles banderas estrelladas (ay, esas ínfulas de oficialidad) o animar a los alumnos a colgar lazos amarillos en las ventanas. Con ser grave, el caldo de cultivo que ha conferido estatus de normalidad a lo que no son más que aberraciones esencialistas (pleonasmo), remite, por ejemplo, al profesor que, ignorante de una una palabra en catalán, recurre a su par en castellano para, a continuación, disculpar ¡el barbarismo! con el mantra “Com diuen els castellans”, disfrazando así su incompetencia y subrayando, de paso, la naturaleza extranjera (com diuen, quién sabe si en Toledo) de la lengua de Cervantes.

El destierro de la palabra ‘barco’ en favor de ‘vaixell’ es otro de los automatismos de esa fatua contra el castellano que, repito, nada tiene que ver con la inmersión. ‘Vaixell’ (bajel, en castellano) no es sino una “antigua embarcación de considerables dimensiones, generalmente de vela". Luego aunque todos los bajeles son barcos, no todos los barcos son bajeles, lo que prueba hasta qué punto el fundamentalismo tiende a sacrificar la ignorancia. Esta frase no es mía. Me la enseñó Iván Tubau, mi otro gran profesor.

El espejo 'abertzale'
JAVIER REDONDO El Mundo 22 Febrero 2018

La trayectoria vital y política de Anna Gabriel nos devuelve el plomizo aroma de finales de los 60 y primeros 70. Ella es su circunstancia, raíces cenetistas, activismo y lucha obrera -hoy el proletarismo de élite incluye la ideología de género-; los enfrentamientos a cara de perro y de escasa trascendencia práctica entre familias comunistas: Gabriel guarda las esencias de la ortodoxia trotskista frente a los de Poble Lliure, unos amanerados y oportunistas mencheviques inclinados a chalanear con el nacionalismo burgués. Nada tienen que ver anarquismo y bolchevismo, pero jugando a etiquetas encadenadas en la asamblea resulta indiferente.

Su retórica, estética y proceder nos retrotraen al turbio e insolente desafío batasuno de finales de los 80 y primeros 90. La declaración de Mireia Boya mostró el camino: puño en alto, lengua de acero y negación de cualquier fórmula colaboracionista. Los incorruptibles de la CUP hacen gala de su desobediencia. Son tan indomables que ni siquiera contribuyeron a proclamar la independencia. Nos enredan en su prosa: para ellos la DUI no fue simbólica; se sienten los primeros defraudados, estafados por quienes la proclamaron, suspendieron y ahora se retractan. Si hubiesen formado parte del tinglado, las cosas hubieran sido de otro modo.

Gabriel y los suyos han recuperado un lenguaje obsoleto: la caja de resistencia, los conciertos solidarios para recaudar fondos para los nuevos gudaris, la represión policial, la ausencia de derechos políticos en el Estado español, las lágrimas en la huida, la nostalgia del refugiado, el dolor de su pueblo, la estrategia desdoblada... Gabriel no finge porque cree. Y cree porque lo necesita. Su fe es la causa. Lo que le distingue de Puigdemont es que el Bonaparte que declina en Waterloo piensa que la causa es él. Ella es una guerrera leal al independentismo y a sí misma. No es nacionalista sino rupturista: España representa el statu quo. Darío Prieto la entrevistó en estas páginas. Mostró cintura y mesianismo: «¿Va a ser posible esa ruptura con el régimen del 78? Pues tal vez no. ¿La independencia de Cataluña necesariamente va a comportar un proceso revolucionario como a algunos nos gustaría? Pues quizá tampoco y algunos acabemos en las cunetas».

La revolución seguirá pendiente. Cada huida es un proyecto personal. Así decae su propósito, en el afán cotidiano de su supervivencia. Prolongarlo es subsistir al tiempo que languidecer. No ha escapado porque intuyese que dormiría entre rejas, sino para sostener la elegía del procés, sustituir a Puigdemont y mantenerse viva. Porque la irrelevancia es una condena. Durante un tiempo lucirá el orgullo de haber contribuido a «internacionalizar el conflicto». En Suiza, donde también se agazapó Lenin, Gabriel eleva el tiro porque su extradición requiere de la intervención del Gobierno. Su nombre y rostro brillan en un cartel que la reconoce como mártir en una plaza de pueblo. Qué más puede pedir.

El uso del castellano en Cataluña deja en suspenso el Pacto por la Educación
Rivera amenaza con no firmarlo si el Gobierno no cumple la Ley
Paloma Cervilla ABC 22 Febrero 2018

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la fórmula que el exministro Wert ideó para garantizar la escolarización del castellano en Cataluña, va a tener un efecto colateral en la negociación del Pacto por la Educación.

Ciudadanos, en su política de tensar la cuerda con el Gobierno, ha encontrado un motivo más para acorralarlo. La escenificación de este nuevo frente abierto por el partido de Albert Rivera se produjo ayer, dentro y fuera del salón de Plenos del Congreso de los Diputados.

El mensaje fue claro y nítido: Ciudadanos no firmará el Pacto por la Educación si el Gobierno no garantiza la escolarización en castellano en Cataluña. El desafío lo lanzó primera el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, en la pregunta que le realizó al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Minutos después, en los pasillos de la Cámara Baja, fue el propio Albert Rivera el que insistió en la amenaza.

Pactar con el PSOE
Girauta abrió el fuego en el salón plenario: «No piensen, ni por un solo instante, que sin la Alta Inspección Lingüística y sin el castellano como lengua vehicular en toda España, van a tener un pacto nacional por la educación». Rivera remató afirmando que, «si se incorpora la Alta Inspección y también el inglés como lengua vehicular en el futuro, apoyaremos ese pacto. Pero si el gobierno pretende rebajar esto pactando con los nacionalistas y el PSOE, para que eso no pase, Ciudadanos no estará en el pacto educativo».

Méndez de Vigo se revolvió ante la amenaza de Ciudadanos y, en una dura réplica, lo acusó de no «hacer absolutamente nada más que tuitear y criticar», porque no presentan propuestas en el Parlamento de Cataluña. El ministro les instó a llevar sus propuestas al Pacto por la Educación.

Mientras Ciudadanos mete presión al Gobierno, éste tiene un mes de plazo para decidir la fórmula que planteará para hacer cumplir las sentencias judiciales. Unos pronunciamientos que obligan a la Generalitat, actualmente bajo la tutela del Gobierno tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a garantizar el 25% de la escolarización en castellano para los padres que así lo soliciten.

Gobierno pide paciencia
Desde Ciudadanos se afirma que sería ridículo llevar al pacto esta propuesta, ya que entienden que el ministro lo que tienen que hacer es «cumplir la ley y no le vamos a decir cómo tiene que ejercer su labor de ministro».

El Gobierno pide, mientras tanto, paciencia, ya que los servicios jurídicos tendrán que analizar la sentencia del TC y la nueva propuesta que haga el Gobierno para garantizar el uso del castellano. Fuentes gubernamentales aseguran que, en los próximos días, se conocerán las consecuencias de la sentencia.

Girauta pregunta por el español y Méndez de Vigo le afea que no dé un diputado al PP en Cataluña
Tenso rifirrafe entre Cs y el Gobierno en el Congreso de los Diputados a cuenta de la imposibilidad de estudiar castellano en las escuelas catalanas.
Olivia Moya Libertad Digital 22 Febrero 2018

"¿Cómo piensa esta vez garantizar que el castellano sea también lengua vehicular en la enseñanza?", preguntó Juan Carlos Girauta al ministro de Educación en plena polémica desatada por el Gobierno sobre esta cuestión. Íñigo Méndez de Vigo no quiso responder. Simplemente se limitó a contestar: "Como se hace en un Estado de derecho, respetando el ordenamiento jurídico y las sentencias".

Desde hace más de 30 años la Generalidad incumple de forma flagrante la ley en esta materia. La llamada inmersión lingüística supone una vulneración de la Constitución Española, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley y en el artículo 3.1 señala que "el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".

Una situación ante la que los sucesivos gobiernos de la nación no han hecho nada para corregirla. Tampoco para garantizar el cumplimiento de las sucesivas sentencias que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han ido ido dictando en este sentido. El fallo más reciente corrió a cargo de éste último y en él fijó el porcentaje mínimo de español que los centros catalanes debían impartir en un 25%.

"En 35 años no han hecho nada"
Y así se lo recordó el diputado de la formación centrista al ministro del ramo y ahora también consejero de Educación en virtud de la aplicación del artículo 155. "Lo que no han hecho ustedes en 35 años es precisamente eso, cumplir con la ley y las sentencias de los tribunales" y esa es "la obligación del Gobierno", le recordó.

Girauta le aconsejó a Méndez de Vigo desoír "las voces que le explican que el adoctrinamiento es algo de casos aislados en Cataluña", afirmación ésta que pronunció el ministro hace pocos meses. "Desoiga las voces que le explican que hay un consenso social sobre la inmersión lingüística porque es falso", le espetó. "Se lo dice el representante de un partido que ganado las elecciones en Cataluña", dijo entre aplausos de los suyos.

"La inmersión es un modelo clasista que sólo afecta a los que no pueden pagarse una escuela privada", dijo, dirigiéndose esta vez al diputado de Podemos, que había sostenido durante su dura intervención contra el Ejecutivo que el sistema de imposición del catalán beneficia a las clases más desfavorecidas. "Los que pueden escogen el trilingüismo".

"El PP ha gobernado con mayoría absoluta y no ha hecho nada para que se cumpliera la ley y las sentencias; y el Partido Socialista tampoco". Y advirtió: "No piensen ni por un sólo instante que sin la Alta Inspección y sin el castellano como lengua vehicular en toda España, junto con las lenguas cooficiales, van a tener ustedes un Pacto por la Educación".

"Lo único que ha hecho Cs es negar un diputado al PP"
Esto último escoció al ministro que, sin embargo, obvió completamente de su respuesta el tema que se estaba debatiendo. Así, Méndez de Vigo se limitó a arremeter contra el partido que les sustenta en el poder. "Lo único que hacen es criticar o tuitear, pero no hacen absolutamente nada más". Y es que, según el ministro, le costó "mucho" en Bruselas "convencer a un periodista de que el señor Puigdemont no había ganado las elecciones, ¿sabe por qué?, porque ustedes no existen", dijo entre risas propias y de su bancada. "Ustedes han ganado las elecciones y han desaparecido", llegó a decir el representante de un Gobierno cuyo partido ha obtenido cuatro diputados, desapareciendo así como grupo propio en el Parlament.

Y así concluyó el ministro su intervención: "Voy a ser justo con ustedes, he dicho que no han hecho (nada) pero sí han hecho, sí. ¿Saben lo que han hecho? Negar un diputado para que el grupo parlamentario del PP pueda ser un grupo parlamentario. Y para que no haya una voz constitucional", dijo levantando los aplausos de los suyos. "Si queremos cambiar las cosas, la subcomisión (del Congreso por el Pacto Educativo) es un buen sitio para hacerlo. Y mientras tanto, nosotros seguiremos defendiendo lo que hemos defendido siempre".

Y se le acabó el tiempo. Ni una palabra sobre cómo piensa hacer efectivo el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en la lengua que deseen en Cataluña y el cumplimiento de las sentencias.

EDUCACIÓN
Qué pueden hacer los padres que quieren pedir el castellano para sus hijos en Cataluña
OLGA R. SANMARTÍN El Mundo 22 Febrero 2018

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Wert deja sin solución por parte del Estado a los padres que quieran ejercer su derecho a que sus hijos estudien también en castellano en los colegios de Cataluña. El fallo anula la disposición adicional 38ª que habilitaba una fórmula para las familias que no hubiesen encontrado centros en los que se impartan al menos dos asignaturas en español: matrículación en un centro privado cuyo importe se descuenta posteriormente a la Generalitat.

La sentencia no afecta a los casos de ayuda ya acordados y firmes; es decir, a ese medio centenar de familias a las que ya se les ha reconocido ese derecho, según datos de la Generalitat. Tampoco a aquellos padres que ya hubiesen solicitado las ayudas y estuvieran a la espera de recibir unas cuantías que, explica Jesús Sanz, de Convivencia Cívica Catalana, «tardan unos meses en llegar, porque las familias tienen que adelantar el dinero».

¿Pero qué ocurre con aquellos padres que, en vísperas a la apertura del plazo de matriculación, estaban pensando en pedir ayuda al Ministerio de Educación? En el Departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo dicen que «la vía de la disposición adicional 38ª queda descartada», lo que implica que ya no habrá más ayudas estatales para colegios privados.

Sí se sigue buscando, a cambio, el mecanismo para garantizar el derecho de los padres a pedir más castellano en los impresos de preinscripción, pero tendrá que adaptarse a lo que establece la sentencia y «no es sencillo desde un punto de vista jurídico». Fuentes educativas añaden que el Gobierno está buscando «otra fórmula» alternativa a la de la Lomce para cumplir con el ideario educativo del PP, que tiene como uno de sus pilares conseguir que el castellano sea lengua vehicular junto al catalán en las escuelas catalanas.

Mientras tanto, los padres sólo tienen como solución recurrir a los tribunales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les garantiza desde 2014 su derecho a aprender el 25% de las horas lectivas en castellano. Desde entonces, se han dictado un centenar de fallos, siempre favorables, aunque sólo afectan a la clase en la que estudia el niño recurrente. El proceso, que antes era costoso y lento, «se ha ido agilizando» y decisiones judiciales que antes tardaban «cinco o seis años» ahora se resuelven en «meses».

«Cada vez hay más padres que lo piden y estamos viendo que hay centros donde ya no es una familia sola la que lo reclama, sino que se unen varias», explica Sanz.

Ahora, además, las familias no se encuentran con el impedimento de la Generalitat, que sistematicamente recurría las resoluciones judiciales, porque el Gobierno ha asumido sus funciones en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

ETA debate su disolución sin entregar las armas, pedir perdón a las víctimas y aclarar los crímenes
Reconoce que existe una disidencia que pretende quedarse con el nombre de la banda.
J.M.Zuloaga. larazon 22 Febrero 2018

El diario “Gara” publica hoy el documento que, según dice, está debatiendo ETA de cara a su desaparición. Extraño anuncio sobre un debate que no ha terminado, como si se quisiera dar por bueno el resultado que quiere la ETA “oficial”, la que actúa en España, de que dicha desaparición se produzca. Una forma de condicionar el debate. Eso sí, en el documento, ni una línea de perdón a las víctimas ni de ofrecimiento de colaboración para el esclarecimiento de los 300 asesinatos cuya autoría se desconoce. Tampoco del paradero de las decenas de armas y explosivos que faltan por entregar y que pueden estar, tal y como adelantó LA RAZÓN, en manos de disidentes.

A este respecto, cabe citar un párrafo del citado documento: “únicamente quedarán algunas labores de carácter técnico (por ejemplo, impedir eventuales «utilizaciones mal intencionadas de las siglas de ETA»), que en buena parte ya se han ido encarrilando estos meses no dice cuáles y la frase no pasa de ser una afirmación sin base.

Lo cierto es que reconocen que esa disidencia existe y que quedarán los “guardianes de las siglas de ETA", por si acaso. Es decir, que no se disuelven del todo, que queda esa reserva. Todo muy significativo, comentaban anoche expertos antiterroristas.

Otro párrafo a tener en cuenta, para no dejarse llevar por la palabrería rimbombante y ampulosa de ETA, es el que dice que la dirección de la banda, en caso de que se acepte ese supuesto final, remarca que ello no supone acabar con su labor, sino al contrario: «Esta es una propuesta para avanzar, y para ello resulta muy importante que toda la fuerza militante creada bajo la influencia de ETA y a su alrededor aporte –siga haciéndolo– en la Izquierda Abertzale, en el proceso independentista, en el movimiento popular... No es el momento de irse a casa. Por el contrario, la presente fase política necesitará la fuerza e impulso de todos y todas, como nunca».

Curioso párrafo, que no contempla pasar por los tribunales y la cárcel antes de irse a casa. El texto está, desde luego, fuera de la realidad. Ahora les garantizan a los pistoleros que aún están libres que gozarán de impunidad.

Ya dentro de la literatura etarra, se dicen cosas como que «nos corresponde cerrar el tiempo del conflicto armado y las situaciones relacionadas, para ofrecer todas nuestras fuerzas a potenciar el proceso político (...) Y la única forma de hacerlo es que tomemos directamente la iniciativa, sin esperar a nada ni a nadie». El desenlace de las votaciones se espera para antes del verano.

En un contexto en el que en la opinión pública se utilizan términos diversos como «disolución», «desaparición» o «desmovilización», el documento de propuesta política marca con total nitidez la apuesta por poner punto final a ETA, lo que atañe tanto a su ciclo histórico de casi 60 años como a su función, agrega. De armas, víctimas, nada de nada.

Asegura “Gara” que la alta participación está siendo una nota destacada, y ha sido impulsada directamente por la organización (ETA) para dar la mayor amplitud y solidez a esta trascendental decisión.

“Si bien no se obvian las dificultades de los últimos años (incluso alguna fase de «colapso») y se advierte de que el futuro no está escrito, la dirección entiende que «contamos con razones suficientes para tener confianza en el futuro». «El camino no ha llegado hasta el final» hoy día tampoco se encuentra «cegado». Y lo que queda por recorrer «se debe realizar de otra forma».

«No se opta entre Organización y precipicio. Hace mucho ya que el proyecto de la Organización no es solo de ETA –prosigue esta propuesta–. Además, el movimiento político que denominamos izquierda abertzale ha demostrado suficiente madurez y capacidad de lucha, resulta mucho más eficaz para materializar el reto al que nos enfrentamos hoy en día».

Tras señalar que la “continuidad es inviable”, los terroristas tienen el cinismo de decir que ya han entregado todas las armas y fue cuando comenzaron a redactar el documento, en abril de 2017

España
ETA aborda su fin definitivo: no asume el dolor causado y deja el testigo a la izquierda 'abertzale'
La dirección de la banda se atribuye una "función histórica" en el "proceso independentista" y lanza un mensaje de férrea disciplina a sus miembros presos.
Gonzalo Araluce elespanol 22 Febrero 2018

La dirección de ETA apunta a su fin definitivo en un documento en el que no recoge ninguna autocrítica por su trayectoria durante medio siglo de existencia y los más de 800 crímenes mortales que definen su recorrido. La organización terrorista tampoco recoge ninguna exigencia al Estado español -como sí planteaba en misivas similares publicadas con anterioridad-, pero sí lanza un guante a la izquierda abertzale, a quien reta a seguir con un "proceso independentista" en el que los terroristas se atribuyen una "función histórica" fundamental.

De acuerdo al documento publicado por Gara, la dirección de ETA apunta a "dejar la anterior fase definitivamente atrás y abrir totalmente la nueva": "No queremos ocultar que el proceso de liberación ha padecido unos años de crisis", detalla la banda terrorista. La organización someterá a votación estas conclusiones entre sus miembros.

Según su interpretación histórica sobre su trayectoria, ETA admite que con medio siglo de extorsión, secuestros y asesinatos no han logrado sus objetivos, si bien "durante estas décadas se ha acumulado fuerza y voluntad popular en torno a ellos".

La dirección de ETA es consciente de que se encuentra en un camino que no puede conducir a otro lugar que a su disolución. Pero se aferran al relato que pretenden construir, que justifique de algún modo su trayectoria: "Nadie entendería que se arrogase la dirección, dinamización o referencia del proceso independentista".

Un mensaje a la izquierda abertzale
En el documento, ETA empuja a la izquierda abertzale a tomar el testigo de un camino en el que ellos no encuentran espacio. "Hace mucho ya que el proyecto de la Organización no es solo de ETA. Además, el movimiento político que denominamos izquierda abertzale ha demostrado suficiente madurez y capacidad de lucha. Resulta mucho más eficaz".

Además, la banda terrorista lanza un mensaje a los estamentos políticos: "Las fuerzas contrarias al cambio recrean constantemente que nos encontramos en la situación anterior, para que no se produzcan avances que pongan en riesgo sus privilegios". Esta afirmación carece de peticiones expresas; lejos quedan los años en los que ETA exigía diálogo de igual a igual con el Gobierno.

La situación de los presos
Fuentes de la lucha antiterrorista afirman a EL ESPAÑOL que ETA es poco más que los presos que ya están entre rejas. Los últimos jefes significativos de la banda, David Pla e Iratxe Sorzabal fueron detenidos por la Guardia Civil en septiembre de 2015 en el sur de Francia.

Desde entonces se ha producido un cierto distanciamiento entre el núcleo duro del colectivo de presos (EPPK) y los demás miembros de la banda; los primeros se aferran a una disciplina dura, lejos de cualquier colaboración para reducir las condenas. Los casos en los que los terroristas han colaborado para esclarecer crímenes sin resolver han sido los mínimos.

En los últimos años, ETA ha sostenido su nombre en un intento de negociación para lograr la aproximación o liberación de sus miembros. En este último comunicado, lanzan un último mensaje de disciplina a "aquellos y aquellas que han sido militantes de ETA": "Tendrán que actuar también en el futuro con la responsabilidad que corresponde a tal condición, manteniendo la honestidad, coherencia y responsabilidad necesarias para el proceso de liberación, y asumiendo el deber de mantener la cohesión interna en la izquierda abertzale".

La dictadura lingüística se extiende
PSOE y PP mandan cartas para que los padres hablen en valenciano a los bebés y les cambien el nombre
Nacho Doral okdiario 22 Febrero 2018

Primero fueron ayuntamientos gobernados por el PSPV-PSOE y Compromís, como Castellón de la Plana. La dictadura lingüística que están extendiendo Ximo Puig y Mónica Oltra desde la Generalitat valenciana ha eliminado el español en los topónimos y en los rótulos de las calles.

Ahora, el Ayuntamiento de Castellón ha enviado una carta a los padres para que hablen a sus hijos recién nacidos en valenciano, les pongan “un nombre valenciano” o cambien “las grafías castellanizadas de sus apellidos”. Una carta que también han mandado ayuntamientos del PP en la provincia como los de Benicasim y Moncófar.
Hablar valenciano a los bebés

La campaña ‘Benvinguts a casa’ (‘Bienvenidos a casa’) consta de un kit de regalo que se está enviando a las familias de estos municipios. Se trata de una caja en la que, entre otros artículos, se regala a los recién nacidos un baberito. El paquete incluye una carta firmada por el concejal de Normalización Lingüística, Ignasi Garcia, y la alcaldesa, Amparo Marco. En la misiva, la regidora del PSOE-PSPV insta a “adecuar” sus apellidos al valenciano. También subraya que es “de vital importancia” que los padres hablen a sus bebés en valenciano.

Una medida que era recibida con críticas por parte de la portavoz del PP en Castellón. Begoña Carrasco denunciaba en su redes sociales a PSPV-PSOE y Compromís porque “entre las funciones de un ayuntamiento no está la de felicitar a los padres recordándoles la importancia de hablar a sus hijos en valenciano”. Un intento de “imponer una lengua” según ha añadido el PP de la Comunidad Valenciana.

Cambiar apellidos
La concejal popular exponía además el caso de una amiga apellidada Casañ a las que le ha llegado la carta y se le propone ‘valencianizar’ su apellido convirtiéndolo en Cassan. Otros ejemplos de esta dictadura lingüística que aportan socialistas y nacionalistas son los de los apellidos Jordá (recomienda Chordá) o Zaragoza (Saragossa).

Pero la protesta de la portavoz del PP no concuerda con la política de dos ayuntamientos con gobierno del mismo partido. Es el caso de Benicasim o Moncófar, que están enviando una carta idéntica a la que envía el Ayuntamiento de Castellón a todos los padres de bebés recién nacidos. El concejal de normalización Lingüística ha exigido al PP que pida disculpas por su fobia al valenciano y ha recordado que este partido hace exactamente lo mismo en localidades en las que ostenta la alcaldía.

El Parlamento y la Comisión Europea obligan a su sede en Barcelona a rotular también en español
Borja Jiménez okdiario 22 Febrero 2018

Desde que se abrió la sede del Parlamento Europeo y la Comisión en Barcelona han rotulado únicamente en catalán. Algo que el propio presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, junto a su homónimo en la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han entendido como injusto, por lo que han procedido a instar al cambio inmediato para que aparezcan “las dos lenguas del Estado en Barcelona”.

Tras una solicitud al presidente y a la mesa del Parlamento Europeo por parte del eurodiputado Enrique Calvet, las instituciones europeas representadas en Barcelona (Parlamento Europeo y Comisión Europea) han decidido instar al director del brazo europeo en tierras catalanas, Ferran Tarradellas, a que haga el cambio para que aparezca también el castellano en sus rótulos.

Tras defender el presidente Juncker que la oficina en Barcelona “siempre ha comunicado en castellano y en catalán”, reconoce, en su respuesta a Calvet, que ha pedido, junto al presidente del Parlamento Europeo, que trabajen conjuntamente los servicios de sendas instituciones para que “realicen las necesarias adaptaciones de los elementos visuales a las dos lenguas oficiales del Estado en Barcelona”.

El eurodiputado Enrique Clavet había enviado un correo electrónico a Jean-Claude Juncker advirtiéndole de cómo el español estaba excluido en la rotulación. “Es inaceptable que el uso exclusivo de un idioma regional franco-español desplace y excluya al idioma español, única lengua oficial en toda España y también la única lengua comunitaria”, señalaba Calvet en su misiva, a la vez que exigía al presidente que “depure las responsabilidades”.

Las quejas emitidas por Calvet se refieren, sobre todo, a la rotulación en la que se presenta la propia institución que, en vez de hablar de ‘Comisión Europea’, se refieren a la ‘Comissió Europea’.

O en vez de poner ‘Parlamento Europeo/ Barcelona/ Comisión Europea’, ponen ‘Parlament Europeu/ Barcelona/ Comissió Europea’.
El Parlamento y la Comisión Europea obligan a su sede en Barcelona a rotular también en español

Este periódico ha contactado con la sede de las instituciones europeas en Barcelona ( https://ec.europa.eu/spain/barcelona/about-us_es ), pero no ha logrado obtener una respuesta más allá de que “se hará lo que se pida desde Europa, ya que nosotros, a fin de cuentas, somos Europa”.

En su página web hacen referencia al catalán, y a la obligatoriedad de las principales instituciones europeas de aceptar escritos en catalán. “Cualquier ciudadano puede dirigirse en catalán, por escrito, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Defensor del Pueblo Europeo o al Comité de las Regiones, y tiene derecho a recibir una respuesta en su legua”, esgrimen.

NO SE ARREPIENTE DE LAS MUERTES
La verdadera intención de ETA que oculta su documento de disolución
La Gaceta 22 Febrero 2018

ETA planea mantener una dirección clandestina incluso después de disolverse, según el experto en terrorismo y director del Centro Memorial de las Víctimas, Florencio Domínguez, quien cree que esa intención es lo que la banda no ha hecho público del documento que está sometiendo a votación entre sus miembros.

Domínguez se ha referido a la información que este jueves publica el diario Gara y en la que se señala que la dirección de ETA está sometiendo a votación un documento que plantea su final definitivo como organización, al apostar por dar por concluido su “ciclo y función”.

Un debate que comenzó el año pasado con la distribución de un documento entre los miembros de ETA, tal y como ha recordado Domínguez, quien ha indicado que, en todo caso, la disolución de la banda “llega tarde, 858 muertos tarde”.

En el documento, según Domínguez, ETA reconoce de forma expresa que no ha conseguido sus objetivos e insiste en que no se arrepiente de lo que ha hecho, que no va a abjurar de su pasado. Por lo tanto, “sigue teniendo una deuda pendiente”, ha recalcado.

Y reitera: “En lo que han hecho público ocultan lo fundamental, que es que planean mantener un dirección clandestina de ETA incluso después de su disolución”.

Domínguez ha participado en un debate sobre los agujeros negros de la financiación del terrorismo, que ha tomado como referencia el libro “La bolsa y la vida”, coordinado por Josu Ugarte y en el que el director del Memorial también ha participado.

Un libro que cifra en 25.000 millones de euros los daños directos causados por ETA en su historia y en el que queda claro que es la financiación de los grupos terroristas lo que permite sostener su actividad.

Así, ha explicado Domínguez, en una época en la que ETA era capaz de obtener grandes cantidades de dinero, una media de entre 4,5 y 6 millones al año en la década de los 80, tenía gran capacidad terrorista.

De hecho, los conocidos como los años de plomo “coinciden con los años dorados de los ingresos de ETA”.

Por el contrario, cuando la banda tuvo menos capacidad de obtener dinero, en la última década de su historia, con cifras por debajo de los dos millones de euros y en algunos años una cantidad mucho más baja, su actividad terrorista se redujo.

“En la medida que se ataje la capacidad de financiación, estaremos limitando los atentados, las víctimas y los destrozos que puedan producir”, ha concluido.


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