AGLI Recortes de Prensa   Viernes 23  Febrero 2018

‘HAY QUE DEFENDER LA LIBERTAD’
‘El miedo a que te colgaran la etiqueta de facha nos paralizó. Ahora ya no’
La Gaceta  23 Febrero 2018

La profesora Dolores Agenjo pide a la sociedad catalana que pierda el miedo de una vez por todos a los separatistas, que siguen siendo minoría.

‘’Yo defiendo que todos, hayamos nacido en Cataluña, no hayamos nacido en Cataluña, tengamos ocho apellidos catalanes, o seamos recién llegados… Todos tenemos los mismos derechos’’.

Es la reflexión de Dolores Agenjo, profesora que se negó a entregar las llaves del colegio en el que trabajaba para celebrar la consulta ilegal del 9 de noviembre. ‘’Murcianita’’ y ‘’española de mierda’’ fueron los calificativos más suaves que recibió.

La docente ha explicado en una entrevista en La Contra que no se puede tener miedo a los separatistas y ha instado a la sociedad catalana a despertar de una vez por todas del letargo inducido. Una de sus reflexiones, que rechaza frontalmente, es que se refieran a ella como ‘’facha’’ por el hecho de defender la libertad en Cataluña y a estudiar en castellano.

******************* Sección "bilingüe" **********************
Hay que suspender la autonomía de Cataluña
José García Domínguez Libertad Digital 23 Febrero 2018

En tanto que aspirante a presidir esa región autónoma de España conocida en los mapas por Cataluña, Puigdemont está muerto. Y Junqueras también. Y Jordi Sánchez también. Y Forn también. Están muertos todos. Léase, si no, lo que reza al respecto ese demoledor artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el instructor Llanera se acaba de sacar de debajo de la toga:

Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terrorista o rebeldes [la cursiva es mía], el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente [la cursiva sigue siendo mía] suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

Pues tan cierto es que la inhabilitación de los golpistas de octubre exige de la previa existencia de una sentencia condenatoria firme como que su suspensión cautelar en funciones, lo que en la práctica viene a ser lo mismo, se puede producir ipso facto desde el instante mismo en que sean procesados por el delito de rebelión. Y ocurre que sí van a ser procesados todos ellos por el tal delito. Ergo, están muertos y bien muertos.

Así las cosas, lo único que ahora resta por ver es si el karlismo, esa comunión ultramontana y fundamentalista que encabeza el Payés Errante, constituye algo más que una atrabiliaria anécdota folklórica y circunstancial dentro del bloque sedicioso. Es lo que nadie sabe a estas horas en la Ciudad de los Prodigios, si el karlismo, al igual que ocurriera con su antepasado legitimista, cejijunto y cerril en el siglo XIX, acabará protagonizando una escisión trabucaire y bullanguera que parta en dos facciones enfrentadas e irreconciliables al movimiento separatista. Lo que ya no ofrece duda ninguna es que Puigdemont se muestra cada vez más empecinado en la labor de dinamitar todos los puentes que aún pudieran mantener en contacto a lo poco que aún queda del PDeCAT con la realidad. Su actitud solipsista acaso parezca insensata, suicida y políticamente absurda, cierto. Pero también el proceder del primer pretendiente carlista al trono debió parecer lo mismo a la mayoría de los observadores de la época. Aquello también semejaba una irrisoria quimera quijotesca que iba contra toda lógica, empezando por la de los tiempos.

Y sin embargo, el carlismo, aquel aparente disparate anacrónico y medievalizante, duró más de un siglo como actor político a tener en cuenta dentro del tablero español. Nadie puede descartar en este preciso instante que con el karlismo pudiese ocurrir otro tanto de lo mismo. Sea como fuere, lo hasta aquí constatado es que el sanedrín cortesano que sigue manteniendo el control del grupo parlamentario de Junts per Catalunya se resiste como gato panza arriba a bajar del monte del procés y sus espectrales legitimidades republicanas. Una actitud polpotista, la del cuanto peor mejor, que acaba de abrir una vía inopinada para que el Estado, ante la manifiesta incapacidad de los separatistas para formar un Gobierno acorde con la legalidad constitucional y estatutaria, alargue sine die la aplicación efectiva de ese artículo 155 que tanta tranquilidad ha devuelto a la sociedad catalana. Un enésimo adelanto electoral a mayor gloria del Papa Luna de Bruselas, la baza a la que se aferra ahora el ido, sería algo más que un sarcasmo: sería una chirigota de Cádiz. Ni tan siquiera en teoría el Estado debería tomar en consideración semejante eventualidad. Ese hiperventilado crónico está sirviendo en bandeja la ocasión de que se aplique de verdad y a fondo, no al compungido modo como durante estos cien días, el 155. La oportunidad es de oro. Aprovéchese.

La izquierda y la inmersión lingüística
JOSÉ GARCÍA DOMÍNGUEZ El Mundo 23 Febrero 2018

El integrismo lingüístico, ese subproducto gramático de los nacionalismos indigenistas que encuentra su raíz ideológica última en tratar de desposeer de derechos a los hablantes de los idiomas para traspasar tales fueros a los idiomas mismos, fijación fundamentalista una de cuyas manifestaciones más radicales es la inmersión obligatoria que hoy se practica en las escuelas de Cataluña y sólo de Cataluña (en ningún otro país del mundo occidental, incluido el Quebec canadiense, rige semejante sistema), nunca fue, contra lo que tantos quieren creer, una bandera histórica de la izquierda catalana de obediencia socialista. Bien al contrario, la biografía de la inmersión obligatoria es el acta notarial de la derrota de las corrientes de renovación pedagógica surgidas del seno mismo del progresismo autóctono a manos de la facción más cerril, intransigente y ultramontana del catalanismo conservador, esa misma que desde principios de la década de los sesenta del siglo XX hizo de Òmnium Cultural su particular búnker nacional-sociolingüista.

Una derrota, la de la pedagogía local heredera de las tradiciones socialistas y libertarias tan arraigadas en la Cataluña anterior a la Guerra Civil, cuyo máximo exponente sería el repudio por parte de la Generalitat pujolista de las tesis a favor del bilingüismo en la educación primaria postuladas por Marta Mata, la gran pedagoga del socialismo nativo y cabeza visible del grupo de maestros Rosa Sensat.

Frente a esa doctrina defendida por el socialismo catalán recién salido de las catacumbas, la que pugnaba por priorizar las necesidades docentes de los niños por encima de cualquier afán doctrinal, la derecha catalanista de CiU optó por encomendar el mando absoluto de la cuestión del idioma en las aulas a un tal Joaquim Arenas, el otro camarada Arenas, un fanático ex cura y ex dirigente del PSAN -el partido nodriza de Terra Lliure- que hasta la víspera de su nombramiento había ejercido como uno de los máximos directivos de Òmnium. Arenas, un talibán tan implacable como montaraz, acabaría siendo el verdadero padre de esa célebre aberración autóctona, la inmersión obligatoria. No un asunto de idiomas vernáculos, como aún creen los ingenuos, sino una cuestión de clases sociales. Porque la inmersión forzosa a la catalana es un aceite de ricino escolar que sólo se administra a los de abajo, exclusivamente a ellos.

De ahí que ese pretendido modelo de éxito no sea aplicado en ningún colegio privado de élite entre los muchos que hay en territorio catalán. En ninguno. Extraño modelo de éxito ese del que huyen como de la peste todos cuantos se pueden costear de su bolsillo una alternativa. Y es que, como todo el mundo sabe en la plaza, en los colegios de pago catalanes, empezando por el célebre Aula, centro donde recibieron la primera instrucción Artur Mas y sus hijos, se incumple con suma discreción, pero de modo sistemático, la norma legal que prohíbe el uso docente del castellano. Lo otro, la inmersión, sólo es para los pobres.

Y por eso resultan ser ellos, los pobres, quienes menor dominio acreditan poseer en el manejo de la lengua común española. Pues tan cierto es que toda la población catalana actual se defiende más o menos con el castellano como que únicamente una minoría menguante del censo domina ya sus registros cultos. Casualmente, se trata de aquellos que por su origen social tienen acceso a los usos elevados del idioma a través de canales ajenos a la red de instrucción pública. Para los demás, el vulgo sumergido, queda el muy tosco catañol de la calle; el de esos vendedores de las grandes superficies que preguntan al cliente «cuántos en quiere» o el de los que creen manejar con precisión intachable la lengua franca cuando advierten a su interlocutor que «cal» firmar un recibo. Panorama desolador que pondría los pelos de punta a la socialista Marta Mata, la misma Marta Mata que redactó este párrafo revelador en sus memorias de niña republicana: «Mi vivencia es la de un aprendizaje en las dos lenguas sin ninguna clase de conflicto. El maestro se dirigía al niño en la lengua familiar del alumno, y en cuanto a la lectura y la escritura había escuelas que hacían una semana en catalán y una en castellano, también había otras que lo hacían día sí y día no, en algunas se enseñaba por la mañana en una lengua y por la tarde en la otra. Recuerdo que tuvimos una muy buena educación literaria en catalán: acompañábamos todos los estudios de ciencias con los textos poéticos correspondientes, que sacábamos de la antología literaria de Artur Martorell. Angeleta Ferrer, profesora de Ciencias Naturales, para explicarnos el almendro y el paso de las estaciones nos hacía leer el dietario de Maragall (...) Debo decir que al mismo tiempo había unos poetas castellanos extraordinariamente valorados en la escuela: Juan Ramón Jiménez, Alejandro Gascón, García Lorca, Machado...».

Memoria histórica se llama la figura.

El debate sobre la inmersión
Rafael Arenas García cronicaglobal 23 Febrero 2018

La competencia en materia de educación en España es compartida por el Estado y las comunidades autónomas. Habrá a quien no le guste, pero es la situación que tenemos en estos momentos y a partir de la cual hemos de analizar el conflicto entre monolingüismo y bilingüismo en la escuela catalana.

Cada comunidad autónoma con lengua cooficial puede optar por un sistema de elección por las familias de la lengua oficial vehicular --lo que implica que habrá grupos diferenciados en función de la lengua-- o por un sistema de conjunción en el que tanto el castellano como las lenguas oficiales de la comunidad autónoma son vehiculares para todos los alumnos. Cataluña optó por el segundo sistema.

No es constitucionalmente admisible que se excluya el castellano como lengua vehicular. O bien se abren líneas en las que el castellano sea vehicular, o bien se incluye el castellano como vehicular con el catalán​. Esto es lo que se deduce de las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Así pues, en Cataluña, que ha optado por el modelo de conjunción lingüística, es necesario fijar en qué proporción el castellano será vehicular. Así lo establece también la Ley Orgánica de Educación (LOE), en una disposición que no ha sido impugnada por la Generalitat. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha establecido cuál ha de ser la presencia mínima (ha de recalcarse, mínima) de castellano en la escuela: un 25%.

Si el próximo curso los centros educativos de Cataluña sostenidos con fondos públicos no ofrecen el 25% en castellano, será responsabilidad del Gobierno de España

Hasta ahora, la administración catalana se ha negado a cumplir con la obligación de velar por esta presencia mínima del castellano en la educación. En la actualidad el Ministerio de Educación, como gestor vía artículo 155​ de la administración educativa de la Generalitat, asume este mandato, que debería traducirse en instrucciones u órdenes dirigidas a directores y a inspección para que se modifiquen los proyectos lingüísticos de los centros con el fin de garantizar que, al menos, el 25% de la docencia se imparta en castellano.

En caso de que en el próximo curso algún centro educativo en Cataluña sostenido con fondos públicos no ofrezca ese 25% en castellano, será responsabilidad de quien ha gestionado durante la mayor parte del curso actual la administración educativa autonómica, esto es, el Gobierno de España.

Cuestión distinta es cuál es el modelo que conviene a Cataluña; si es adecuado ofrecer a las familias la opción de elegir la lengua vehicular o si se mantiene el actual sistema de conjunción; si ese sistema de conjunción sigue dando preferencia al catalán o se sitúan en igualdad de posiciones el castellano y el catalán (y el aranés); si se introduce el inglés como lengua vehicular en todos los centros o solamente en algunos. Estos debates deberían ser abordados; pero en el marco de una reforma de la ley catalana de educación. Ahora lo que toca es hacer cumplir las leyes vigentes (la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Cataluña) y las sentencias de los tribunales.

Nuevas claves independentistas: los tres empates
La dificultad del momento es acomodarse al horizonte de un Gobierno secesionista sin posibilidad a corto plazo de volver a intentar la secesión
Ignacio Varela elconfidencial 23 Febrero 2018

Tras la intentona otoñal de golpe insurreccional por parte del separatismo catalán, seguida de la respuesta del Estado, se llegó al triple equilibrio de fuerzas que hoy bloquea la situación.

El Estado de derecho frenó la rebelión y puso a sus responsables ante la Justicia (salvo a los prófugos, por el momento). Pero los sublevados se alzaron con una nueva mayoría parlamentaria que les permite reclamar el gobierno de Cataluña. La dificultad del momento es acomodarse al horizonte de un Gobierno secesionista sin posibilidad a corto plazo de volver a intentar la secesión.

El segundo equilibrio resulta del pertinaz empate entre nacionalistas y no nacionalistas, que se reprodujo el 21-D: dos millones de votos para cada lado.

En un artículo inteligente y aceradísimo, publicado en 'El País', José Luis Álvarez interpreta el plan de fondo del nacionalismo y prevé su actuación futura.

Según este profesor de Harvard, Jordi Pujol se encontró, al llegar al poder, con la realidad de dos Cataluñas: la de los nativos, base natural del sentimiento catalanista, y la resultante de la inmigración masiva de trabajadores desde otras regiones de España.

Comprendió que la secesión no sería realizable hasta disolver esa antinomia social, lo que exigiría un plan sostenido durante décadas, con tres ejes: la supuesta superioridad moral del nacionalismo; el control del aparato de poder y de los principales medios de comunicación, y la política de inmersión lingüística en las escuelas.

El objetivo último de Jordi Pujol nunca fue la fusión armónica de las dos Cataluñas, sino la absorción supremacista de una sobre la otra

Su objetivo último nunca fue la fusión armónica de las dos Cataluñas, sino la absorción supremacista de una sobre la otra. Contando con la pasividad de los sucesivos gobiernos de España, el ejercicio sectario del poder nacionalista y el paso del tiempo, se consumaría el declive demográfico y cultural de "los otros catalanes", cuyos hijos ya serían criaturas del nuevo régimen, desconectadas de sus raíces españolas. Así llegaría "el momento demográfico" del nacionalismo, aquel en que se desharía el empate social y el sentimiento independentista superaría holgadamente la barrera del 50%.

“La falta de sangre fría de los sucesores de Pujol estropeó el 'timing' previsto”, escribe Álvarez. Precipitaron el 'procés' cuando las cosas no estaban aún maduras y su torpeza estuvo a punto de arruinar una estrategia de décadas.

Lo que nos conduce al actual empate entre las dos facciones soberanistas enfrentadas: la del independentismo institucional (ERC y la oficialidad del PDeCAT, Artur Mas y Marta Pascal) frente al insurreccional (la alianza de Puigdemont y sus leales con la CUP). Una batalla que se expresa en el pulso político y personal que mantienen Junqueras y Puigdemont, uno desde su celda de Estremera y el otro desde su refugio dorado en Waterloo.

El sector institucional trata de retomar desde el poder la estrategia de la paciencia pujoliana: librarse del yugo del 155, relajar la intensidad del choque de trenes y seguir presionando a la sociedad hasta alcanzar el 'momento demográfico' para volver a intentarlo. Si ello exige ahora apostatar ante el juez Llarena, dejar caer a Puigdemont y elegir a un presidente judicialmente limpio, hágase.

El grupo insurreccional apuesta por sostener el desafío al Estado hasta las últimas consecuencias. Y hacerlo en los dos escenarios principales en que ahora se libra la batalla: el Tribunal Supremo y el Parlament.

Por un lado, tratan de deslegitimar internacionalmente a la Justicia española y cortocircuitar a Llarena, que se ha convertido en el enemigo más peligroso.

En el escenario parlamentario, el plan pasa por cobrar el precio más alto por el sacrificio de Puigdemont. Y después, por poner a un esbirro suyo

Se multiplican las provocaciones para que los mande perseguir en sus puntos de fuga y conseguir que un juez europeo —belga, suizo, danés o de donde sea— declare que este es un juicio político. Y como Llarena se resiste a morder ese cebo, se le factura la contradicción jurídica de mantener encarcelados a unos mientras renuncia a perseguir a otros. Ese es el sentido de la estudiada fuga de Anna Gabriel a Suiza (aparte de suministrar una mártir a la CUP).

En el escenario parlamentario, el plan pasa, en primer lugar, por cobrar el precio más alto por el sacrificio de Puigdemont. Y después, por poner en la presidencia de la Generalitat a un esbirro suyo, a ser posible encausado judicialmente para hacer pasar al Estado y al Rey por el trágala de designar a uno de los jefes de la sublevación: Jordi Sànchez, Turull o alguien semejante.

Así se lograría parcialmente el objetivo de los 'institucionales', que es recuperar inmediatamente el poder de la Generalitat y quitarse de encima el 155; y también el de los 'insurreccionales', que es exhibir el poderío de Puigdemont y mantener el punto máximo de ignición.

Pero añadamos al guiso otra posible dimensión de esta salida puigdemoníaca. Hay que recordar que, junto al poder institucional y el control del presupuesto, el presidente así elegido tendría en sus manos el botón nuclear: la capacidad de convocar elecciones cuando más le convenga.

Se habla de una dicotomía: o investidura o elecciones. Pero también podría pensarse: ¿por qué no ambas cosas, una detrás de la otra?

El presidente así elegido tendría en sus manos el botón nuclear: la capacidad de convocar elecciones cuando más le convenga

Imaginen. Primero, se pone de presidente a un Turull o alguien de la misma manada. Como este estaría amenazado de inhabilitación en cuanto Llarena dicte auto de procesamiento, se pasa al segundo movimiento: cinco minutos antes de la inhabilitación, se disuelve el Parlament y se convocan elecciones con el pretexto de impedir que el Estado represor inhabilite a todo un 'molt honorable president' de la Generalitat.

Quizá por esa vía tentadora se empezaría a romper el triple empate. El independentismo habría burlado de nuevo al Estado. El puigdemonismo podría remachar su supremacía frente al junquerismo traidor. Y es improbable que en unas elecciones repetidas participe el 80% y la población constitucionalista se movilice masivamente como en el 21-D. Sobre todo, tras haber comprobado que ganar no sirve para gobernar.

Suena rebuscado, pero la experiencia demuestra que nada es lo suficientemente retorcido para esta gente.

Dejen de tocar las lenguas
Manuel Peña Díaz cronicaglobal 23 Febrero 2018

Crecí durante el tardofranquismo a las afueras de Barcelona en un entorno bilingüe con una peculiar diglosia. Los niños de mi pueblo, La Llagosta, estudiábamos en castellano, salvo los hijos de catalanes ricos que lo hacían también en su lengua materna pero en escuelas privadas de fuera. Sin embargo, en nuestros juegos callejeros utilizábamos palabras en catalán, no recuerdo cómo las aprendí. Las primeras clases en catalán las recibimos hacia 1973-74, cuando cursábamos los últimos cursos de EGB, un par de horas a la semana. Sé que mis recuerdos y mi experiencia no tienen por qué ser compartidos por todos los que vivimos aquel tiempo y en aquel pueblo, no lo pretendo.

Hace unos años, al acabar una entrevista por teléfono para Canal Sur Radio sobre la emigración andaluza, el locutor muy sorprendido me comentó --a micrófono cerrado-- que nunca había compartido con nadie las mismas impresiones que yo había hecho públicas, nos reconocimos, habíamos vivido en el mismo pueblo. Me confesó que había escondido en su memoria, quizás de manera involuntaria, las vejaciones lingüísticas que sufrió de parte del cura catalanista que gobernó la parroquia como un castillo militar en lo antropológico y en lo cultural. Los insultos que recibíamos los niños por ser castellans o por no hablar en catalán fueron más comunes de lo que, avergonzados, habíamos intentado olvidar. Sobre las bofetadas que nos dio el mosén preferimos no compartir nada, tampoco sobre la historia que nos contaba de un monje castellano de Montserrat que sangraba por la boca. Resentimiento ninguno.

La élite local franquista utilizó el catalán como signo de distinción y de diferencia social. Lo sorprendente es que, muerto Franco, los líderes vecinales y políticos del PSUC y del PSC del pueblo optasen por una táctica lingüística continuista

Pero no todo el conflicto se redujo al apartheid que impuso el cura con la directa colaboración de las autoridades franquistas locales. Hubo una segunda tensión cotidiana que marcó la convivencia de los años sesenta y setenta. Un niño es una esponja, y como les decía, comencé a comprender el catalán antes que a hablarlo o a escribirlo. Recuerdo muy bien cómo se practicaba el bilingüismo en las tiendas, mayoritariamente regentadas por catalanes del lugar. Los pocos inmigrantes que habían llegado antes intentaban marcar diferencias respecto a nosotros, y se esforzaban por comprar en un catalán chapurreado. Lo que siempre me sorprendió es que los dueños se riesen de ellos cuando se habían marchado, en la creencia que nadie de los allí presentes comprendíamos todavía el catalán. Desde muy niño conocí el enorme desprecio que sentían los pocos autóctonos hacia aquellos que querían integrarse lingüística, social y políticamente. Quizás fuera esto último lo que más les molestase. La lengua ya era poder.

A nadie le ha de sorprender que la élite local franquista utilizase el catalán como signo de distinción y de diferencia social. Lo que sí debería sorprendernos es que, muerto Franco, la mayoría de los líderes vecinales y políticos del PSUC y del PSC del pueblo optasen por una táctica lingüística continuista. Primero apoyaron la normalización escolar y administrativa de la que ya era socialmente lengua A, y años más tarde consideraron como lógico y natural el reaccionario y excluyente programa de inmersión. El argumento de los nuevos dirigentes era el mismo que el de aquellos primeros inmigrantes que chapurreaban el catalán como distinción: había que tomar lo antes posible el ascensor social si querían que sus hijos progresasen (sic) sin ser señalados. Nadie explicó por qué el catalán tenía que ser la única lengua en todos los ámbitos de la sociedad. El argumento identitario se impuso por el imperativo categórico de la entrepierna, y punto. Tarea estúpida fue esa imposición. En La Llagosta, como en tantos otros pueblos del cinturón metropolitano, en los espacios públicos --excepto el educativo-- se sigue hablando mayoritariamente en castellano rodeados de escrituras expuestas en catalán. Es el fracaso de la política ultra y ortopédica de la falacia del legendario dinosaurio que ya tenía lengua propia.

En el cinturón metropolitano, en los espacios públicos --excepto el educativo-- se sigue hablando mayoritariamente en castellano rodeados de escrituras expuestas en catalán. Es el fracaso de la política ultra

Asumir el dogma, falso pero intocable, de la lengua propia fue todo un reto para las familias castellanohablantes. Tuvieron que convencer a sus hijos, o según el caso dejar que los convencieran otros, de que el escolar teatro del absurdo que empezaban a vivir era por su bien. Lo resumo en una reveladora pregunta que hizo un niño a su maestra a fines de los ochenta: "Seño, ¿por qué no habla en clase como habla en la calle?". Apunte, aquella maestra bilingüe terminó pidiendo en 1991 el traslado a otra comunidad: "No quiero ser cómplice de esta esquizofrenia. Que dejen de tocar las lenguas", comentó. Bueno, pero eso fue hace muchos años, aunque después de tanto tiempo lo que ahora sucede recuerde aquella inolvidable fábula de Monterroso: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

Puigdemont y los hosteleros de la Región de Murcia
Javier Orrico Periodista Digital 23 Febrero 2018

Hace un par de semanas, el fugitivo Puigdemont publicaba un mensaje en una red social contra la invitación realizada por los hosteleros de la Costa Cálida, agrupados en Hostetur, a 210 de entre los policías y guardias civiles desplazados a Cataluña durante el golpe de Estado. El mensaje del ex-presidente catalán decía así (en catalán en el original): "Gracias a Hostetur, a la delegación del gobierno (sic), ayuntamientos y Ministerio del Interior por el merecido homenaje a los policías que se dejaron la piel atemorizando, persiguiendo, insultando, amenazando y pegando a ciudadanos de Catalunya el #1Oct. Franco estaría muy orgulloso".

Y no he podido resistir contestarle.

"Sr. Ex-presidente de la Generalidad de Cataluña:

Debo agradecerle, en primer lugar, los saludables efectos que su actuación política de estos últimos años ha tenido para España. Los españoles de bien llevaban aletargados desde el inicio de la democracia, penosamente alienados por una identificación entre franquismo y nación española que ustedes, los nacionalistas, y sus compañeros de viaje de buena parte de la izquierda, habían conseguido instalar entre las verdades de las que no se podía discrepar. So riesgo de ser inmediatamente tildado de nostálgico y facha, y condenado al ostracismo social y personal. Declararse español en España resultaba un asunto sospechoso.

Pero gracias a los separatismos, los españoles, incluida la izquierda más sensata, que, como Lope, “ha vuelto a la razón perdida”, han visto con claridad quiénes eran los verdaderos fachas, los totalitarios, racistas y golpistas que venían a sustraerles sus derechos democráticos, la igualdad ante la ley, y el derecho a decidir entre todos lo que siempre fue de todos: la Constitución, el marco legal que sostiene la libertad.

Su nostalgia por Franco -que ya sólo vive en ustedes-, seguramente porque entonces Cataluña y Vascongadas eran las joyas industriales de la Dictadura, o su fijación por volver a un pasado anterior a 1714, con sus estamentos y sus leyes viejas, delata el fondo nazifascista de su visión del mundo, ese resentimiento hacia una historia que reinventan y creen no haber merecido. ¡Ah, qué mala es la frustración imperial, sobre todo cuando ni siquiera se ha sido nunca un imperio! ¡Que digo imperio, ni un reino! Ya sólo nos falta que los partidos políticos, al menos los que no siguen en el bando de la cizaña, salgan de su asnalidad y decidan, de una vez, acabar con los privilegios, las prebendas económicas y las excepciones legales que han convertido al resto de España en neocolonias comerciales y políticas de los nacionalismos.

En el camino, las banderas de España, las de todos, han dejado de ser emblemas discutidos para recuperarse como expresión de un sano, y muy moderado, nadie se altere, orgullo nacional. Los españoles hemos comenzado a preguntarnos por qué todo el mundo puede sentir afecto por sus símbolos nacionales (sin sentir odio por los de los demás, que es lo que nos diferencia de ustedes) menos nosotros. Por qué nuestra bandera, la representación de una democracia moderna y europea, y de una de las grandes naciones del mundo, no podía lucirse con normalidad. Gracias, Puigdemont, por haber logrado que hayamos aprendido la diferencia entre una bandera constitucional de unión y una bandera golpista de odio, la estrellada, la de ustedes, que, además, le han usurpado a la Corona de Aragón. Pero es que parece que la usurpación es uno de sus rasgos identitarios más reconocibles.

Nosotros, sin embargo, no somos nada identitarios. Aquí no se le analiza la sangre a nadie ni se le mide el cráneo, cuyo tamaño no es el único parámetro para medir el talento, y hay pruebas patentes de ello. La única identidad que nos preocupa es la de una razonable prosperidad para todos y la de la alegría de vivir entre y con los demás. Somos un pueblo mestizo, Puigdemont, a Dios gracias. Estamos vacunados, por ello, contra nazis y contra purezas étnico-lingüísticas como las que ustedes exhiben para justificar su dominio de grupo, de casta, sobre el resto de los catalanes.

Aquí se mezcló todo el mundo: cartagineses, íberos, romanos, visigodos, bereberes, árabes, bizantinos, castellanos, aragoneses, genoveses y… catalanes. Muchos de los que vinieron con Jaime I y con Jaime II unos años después, y que se quedaron. Somos, además, una región con multitud de paisajes y querencias distintas, una España pequeñica, frontera de todo, collage y batiburrillo. Y fueron luego, como usted debe saber, muchos miles los “mursianus”, acaso descendientes de aquellos guerreros medievales, los que volvieron a Cataluña a dejarse la piel para crear la riqueza de que hoy presumen ustedes.

Por último, y no menos importante, han conseguido ustedes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean definitivamente identificados con la defensa de la libertad, la democracia y la igualdad. Ellos son, y lo son con sus cientos de muertos a manos del terror de otros nacionalistas, los que desde hace 40 años se han jugado la vida por nuestras libertades. Ahora lo hemos visto, ahora que caemos en la cuenta de que no han recibido más que insultos, desprecio, aislamiento social para ellos y sus familias, y un salario más que discriminatorio con respecto a otras policías “de partido” que nuestros gobernantes consintieron a mayor gloria del nacionalismo. En realidad, si sigo escribiendo, me voy de España, porque no se puede ser tan cretinos durante tanto tiempo, haberles concedido tantísimos privilegios, seguir aún insuflándoles fondos, y hasta intentando pactar una vez más con un PNV detestable. Nada hay más carroñero que el nacionalismo, que siempre acude a comer en las heridas.

Por eso, señor Puigdemont, con todo el respeto que no se merece, le agradezco la oportunidad que les ha dado a los hosteleros de la Costa Cálida de mostrar gratitud a quienes, como los policías y guardias civiles desplazados para contener el golpe de Estado, fueron hasta expulsados de los hoteles, en una muestra de ejemplar xenofobia contra las razas inferiores: mesetarios, ‘mursianus’ o “destruidos andaluces”, en palabras de Jordi Pujol, Líder Supremo.

En fin, el gesto de nuestros hoteleros nos enorgullece a todos. Un pequeño acto de gratitud por el sacrificio de unos funcionarios que fueron a Cataluña a defender, sobre todo, no nuestra libertad, que también, sino la de los millones de catalanes a los que ustedes han despojado de sus derechos (hasta el de estudiar y usar su lengua en la vida oficial), para mantenerlos como grupo de eternos “nou-vinguts” frente a los legítimos dueños de Cataluña. Por supuesto, ustedes, la raza elegida, los catalanes “viejos” sin mancha de sangre impura ni apellidos acabados en “z”.

Es en ellos, en esos millones de catalanes extraordinarios, “extranjeros en su país”, como los llamó Antonio Robles en memorable libro, en quienes pensamos cuando defendemos la Constitución, hace unos días eliminada en su pueblo hasta del callejero. Usted no les representa, por supuesto. Usted no es ejemplar en nada, salvo en su cobardía. Muchas gracias por servirnos de contraste".

UN PLUS AL SEPARATISMO
El PP de Formentera: ‘El Estado ya no está presente en la isla’
Agustín Benito gaceta.es 23 Febrero 2018

Tilda de “dañina” la Ley autonómica de Función Pública que establece el conocimiento del catalán como un requisito para acceder a un trabajo en la Administración.

La vicepresidenta del Consell de Formentera, Susana Labrador, ha manifestado que la bandera de España “podría resultar una ofensa para los ciudadanos de la isla”. Lo ha hecho después de que el PP calificara de “falta de respeto” en un pleno la presencia de un lazo amarillo en solidaridad con el exvicepresidente preso Oriol Junqueras, el exconsejero Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en la programación de la Filmoteca de la Mola.

El presidente de la formación, Juan Manuel Alcaraz, ha denunciado en declaraciones a La Gaceta el uso de las instituciones públicas y de las redes sociales a favor del independentismo -la cuenta de la Filmoteca compartió sus actividades bajo el hastag #LlibertatPresosPolitics-, por parte de Gent per Formentera (GxF), una formación nacionalista que se presenta al Parlament balear junto a los socialistas -incluso gobernaron juntos- y bebe de los votantes de Podemos y Esquerra Republicana. “Criticamos el afán de seguidismo de las posturas golpistas. Les preocupan más los líderes secesionistas encarcelados o prófugos de la Justicia que los problemas de los ciudadanos de la isla”, ha dicho.

Alcaraz, que este mismo jueves ha apoyado a los sanitarios de la isla y a los sindicatos que convocaban una concentración contra la política lingüistica del Gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol, ha tildado de “dañina” la Ley de Función Pública que establece el conocimiento del catalán como un requisito para acceder a un trabajo en la Administración. “Si ya es difícil que vengan especialistas a Mallorca, es más difícil que vengan a Ibiza y es mucho más difícil que vengan a Formentera por los problemas de la falta de vivienda y de la insularidad. Esto es otra barrera para que vengan de la península, la facultad de Medicina de Baleares solo tiene un año”, ha dicho.

Ha asegurado también que se sienten abandonados por el Estado. “Ha dejado de estar presente desde hace muchos años con todos los gobiernos. A mi propio partido le exijo que esté y se preocupe”, ha manifestado, antes de recordar que en la isla son 13.000 mil habitantes que en verano se triplican y que tienen déficit de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de administraciones como Hacienda, Seguridad Social o INEM, y un solo funcionario de costas.

En este sentido, ha censurado que “no haya ni una administración y los formenteranos tengan que desplazarse para todo a Ibiza”. Cree que es una situación de desamparo y que los independentistas ven que el Estado se ha quedado en una mínima expresión y lo aprovechan”.

Repaso al Consejo de Estado
RAMÓN PARADA El Mundo 23 Febrero 2018

A la vista del lamentable papel del Consejo de Estado al dictaminar contra el Gobierno sobre la propuesta de investir como presidente de la Generalidad a Puigdemont, lúcidamente advertida en solitario por el constitucionalista Jorge de Esteban (El Consejo de Estado se equivoca, EL MUNDO 27/1/2017), no está de más reflexionar acerca de dónde viene, para qué sirve y cómo funciona esta institución; así como sobre los, a mi juicio, improcedentes fundamentos de su dictamen.

El actual Consejo de Estado ni fue creado por Carlos V ni tiene nada que ver con el modelo de la Constitución de Bayona (arts. 52 a 60) ni de la Constitución de Cádiz (arts. 231 y 241) ni al previsto, tras la Constitución de 1845, en el decreto legislativo de 6 de julio de ese mismo año, ni es parangonable al actual Consejo de Estado francés ni a su homólogo Il Consiglio di Stato que tienen atribuida la jurisdicción contencioso administrativa. Por el contrario, viene directamente de las leyes de la Jefatura del Estado de 10 de febrero y 25 de noviembre de 1944, creado para informar de los recursos que se suscitaban en materia de personal (jurisdicción de agravios) y dictaminar las cuestiones de competencias entre la Administración y los Tribunales (Ley de 17 de julio de 1948). Después, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 109 y 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se exigió su dictamen favorable para la anulación de los actos declarativos de derecho. En todo caso, lo más significativo es que el afianzamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, desde 1956, como un orden judicial ordinario, va a suponer la pérdida definitiva -incluso de toda esperanza- de recobrar su episódico carácter jurisdiccional.

Sin las características funcionales (Jurisdicción contencioso-administrativa y arbitral en los conflictos entre la administración y los tribunales) que históricamente determinaron su creación, el Consejo de Estado pudo haber sido silenciado por la Constitución de 1978 e, incluso, suprimido por una ley ordinaria. Al fin y al cabo, las funciones de asesoramiento jurídico que le restaban podían haber sido asumidas por otro cuerpo: los Abogados del Estado. De otra parte, su instauración contravenía dos principios constitucionales: a) el principio de unidad judicial, que impedía atribuirle de nuevo funciones judiciales o de árbitro de la resolución de conflictos de competencia entre la administración y los tribunales, y b) el principio democrático de plena responsabilidad del Gobierno en la función ejecutiva y ejercicio de la potestad reglamentaria -incondicionadas, en principio, por exigencias de dictámenes o consultas preceptivas, y, menos aún, vinculantes-.

Por ello, reitero, la lógica constitucional llevaba al silenciamiento constitucional del Consejo de Estado y a la derogación de la ley que venía rigiendo desde el régimen político anterior, que lo había recreado a su servicio. Si, pese a ello, el Consejo de Estado resucita fue debido a los buenos oficios de dos funcionarios letrados del Consejo y protagonistas de la Transición (Landelino Lavilla y Miguel Rodríguez Herrero de Miñón, hoy, consejeros permanentes) que impusieron que se exigiese su dictamen preceptivo en el ejercicio de la delegación de materias de titularidad estatal a las comunidades autónomas (art. 153 CE). Y porque el art. 107 de la Constitución le otorgó el carácter de «supremo órgano consultivo del Gobierno». La continuidad del Consejo en los términos de la ley franquista de 1944 quedó así asegurada con esta mención constitucional y por su posterior Ley Orgánica de 1980.

Si indebida fue la resurrección de este inútil Consejo, otro daño colateral fue que, a su imagen y semejanza, nacieran otros 17 órganos consultivos autonómicos. Para más inri, la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre añadió a sus funciones otra filantrópica, auspiciada por el entonces presidente Zapatero: crear una categoría de consejeros natos vitalicios para los ex presidentes del Gobierno con el magnífico sueldo y estatus de los consejeros permanentes, sin perjuicio del que les corresponda como ex presidentes del Ejecutivo, pero sin más función que la de formar parte del Pleno del Consejo. En otras palabras, una canonjía vitalicia, un refugio permanente, que les permite entrar y salir, refugiarse en el Consejo de Estado, si el sector privado no les es favorable. Sorprendentemente, los finos radares mediáticos de la corrupción pública todavía no han detectado como muy grave modificar una ley orgánica en favor del presidente del Gobierno promotor de la misma.

Hoy, el Consejo en Pleno es el consejo revestido de pontifical que reúne a 22 consejeros de nombramiento gubernamental; pero, sin duda, lo más sorprendente e irritante de este organismo es su Comisión Permanente. Está formada por consejeros vitalicios (D. Miguel Vizcaíno Márquez, seguía de consejero permanente cumplidos ya los 101 años cuando falleció el 29 de mayo de 2014). El nombramiento por Real decreto permite al Gobierno de turno premiar a magistrados que le han servido políticamente. Así, cuatro de ellos han sido magistrados. Un caso evidente de puertas giratorias que cuestiona la independencia judicial. La misma arbitrariedad permite al Gobierno nombrar a los más adeptos para las consejerías permanentes reservadas al Cuerpo de Letrados.

El riesgo de que este Consejo, tan justamente criticado por sus increíbles canonjías y su notoria dependencia gubernamental, no pudiera sobrevivir a la eventual reforma constitucional en ciernes, podría explicar el interés de sus consejeros permanentes en sacar pecho de independencia, aprovechando el gran caso mediático de la pretendida investidura de Puigdemont; y de esta manera hacer olvidar que siempre han sido complacientes con el Gobierno. La misma, y aun mayor, necesidad de marcar distancias con el Gobierno concurriría en el presidente del organismo, Romay Beccaría, nombrado por Rajoy tesorero del PP en sustitución de Luis Bárcenas, cargo que asumió sin darse por enterado de los manejos de su predecesor.

Sólo, quizá, desde esta perspectiva, que les liberaría de los muy fáciles e implacables vituperios de los independentistas, puede entenderse que la Comisión Permanente, desechando el concepto de acto administrativo recurrible, rigurosamente aplicable a las actuaciones del presidente del Parlamento de Cataluña -"acto jurídico de voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo dictado en el ejercicio de una potestad pública"- hayan negado esa condición de acto recurrible a su resolución, publicada en el Diario Oficial de la Generalidad, de proponer al candidato Puigdemont como presidente de la Generalidad. Lo que pretendía impugnar el Gobierno de la Nación, y después hizo pese al contrario parecer del Consejo, era la resolución de propuesta del candidato Puigdemont y no la eventual investidura misma que efectivamente era un futurible.

En otras palabras, de forma trilera, el dictamen del Consejo hizo pasar por acto impugnado uno que no lo ha sido, poniendo en su lugar, la investidura, que todavía no se había producido. Y lo más grave: que en su dictamen la Comisión Permanente invocara de forma fraudulenta en apoyo de su rechazo al recurso la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional entrecomillando unas afirmaciones recaídas, dice, en una serie de sentencias ("El Tribunal Constitucional debe pronunciarse respecto a los preceptos impugnados, no sobre eventuales e hipotéticas interpretaciones de los mismos propuestas por los recurrentes"); sentencias dictadas en casos que ningún parecido tienen con el que es objeto de la impugnación del Gobierno (Sentencia 77/1985, de 27 de junio -FJ 4º a la que se remiten las más recientes Sentencias 204/2011, de 15 de diciembre -FJ 5º 195/2012, de 31 de octubre FJ 4 y 91/2017, de 6 de julio -FJ 9º, entre otras).

En definitiva, la conocida práctica de los picapleitos de invocar a su favor y a bote pronto sentencias sin el menor análisis de las mismas y, por consiguiente, descontextualizadas del caso que están defendiendo. Ainda mais: el Consejo de Estado informó, en dictamen de 08/09/2017, favorablemente el recurso del Gobierno contra el decreto del entonces presidente Puigdemont de convocatoria de la consulta o referéndum del 1-O sin escudarse en el mismo argumento de que su realización era un suceso futurible, una mera hipótesis, como, efectivamente, lo era. Y, en fin, el dictamen del Consejo de Estado ha quedado sustancialmente desautorizado por el auto del Tribunal Constitucional del pasado 27 de enero, al establecer por vía cautelar unas medidas equivalentes en sus efectos jurídicos a las que se hubiesen derivado de la admisión a trámite del recurso del Gobierno, como éste pretendía, y se hubiera impuesto en todo caso, según es público y notorio, por la mayoría de los magistrados de dicho Tribunal.

Y para terminar: bueno sería que los nuevos planteamientos de reforma constitucional incluyan entre sus objetivos, volviendo al antecedente de la Constitución republicana de 1931, no mencionar al Consejo de Estado y así poder liberarnos de este inútil, costoso y obsoleto organismo, lo que podría estimular a las comunidades autónomas a desprenderse de sus también inútiles consejos autonómicos.

Ramón Parada ha sido catedrático de Derecho Administrativo en las Universidades de Barcelona, Complutense y UNED.

LOMCE
Los técnicos advirtieron a Wert de que la "chapuza" de su ley pasaría factura al Gobierno
OLGA R. SANMARTÍN El Mundo 23 Febrero 2018

Cuando José Ignacio Wert estaba elaborando la Lomce, expertos educativos de distinto signo político advirtieron de que las «chapuzas» que recogía algún día le pasarían factura al Gobierno del PP. La norma salió adelante en diciembre de 2013 con un buen número de «deficiencias técnicas, jurídicas y políticas». El ministro y su ahora esposa, la secretaria de Estado Montserrat Gomendio, la redactaron mientras el amor brotaba entre ellos. No consultaron a nadie. Ni siquiera a los que sabían de educación dentro de su propio partido.

La extravagante disposición adicional 38ª es el error más flagrante, porque en el fondo supone admitir que, como el Gobierno es incapaz de hacer cumplir la ley en Cataluña, no le queda otra que habilitar un mecanismo extraoficial al margen de lo público que termina apartando a los alumnos de su colegio y de su entorno.

La solución estrella de Wert para garantizar el castellano en las escuelas catalanas fracasó desde el principio. Prueba de ello es que una de las primeras medidas que adoptó Íñigo Méndez de Vigo cuando cogió la cartera fue reducir un 80% la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a adelantar a los padres esa especie de ayuda de alrededor de 6.000 euros anuales para las familias que quieran más castellano para sus hijos y no hayan encontrado oferta disponible en centros sostenidos con fondos públicos.

Lo que ha ocurrido, en la práctica, es que esos padres tampoco han hallado oferta en los centros privados. Esta circunstancia, unida a la enrevesada burocracia exigida, les ha disuadido a la hora de pedir las ayudas. Apenas llegan al medio centenar las solicitudes concedidas desde la puesta en marcha del sistema, en septiembre de 2014, según la Generalitat. De hecho, las asociaciones que defendían a estos padres recurrieron la medida.

Wert dio más poder al Govern para nombrar directores y sólo 50 familias se han acogido a su sistema

También el Consejo de Estado mostró en su momento objeciones a la disposición adicional 38ª y pidió más precisión al Gobierno a la hora de determinar «la proporción razonable de castellano», como ha hecho ahora el Tribunal Constitucional. Pero Wert no hizo caso. Como en otras cosas que, tras el 1-O, han quedado en evidencia en las escuelas de Cataluña.

En primer lugar, Wert eliminó la posibilidad de que el Estado pudiera fijar un porcentaje mínimo de horas de cada asignatura, como establecían leyes educativas anteriores (incluidas la LOE y la Logse). «Eso ha permitido que la Generalitat haya reducido de tres a dos las horas semanales de Lengua Castellana que imparten los colegios y ha posibilitado a otras autonomías reducir el número de horas de Religión», dicen fuentes educativas.

En segundo lugar, la Lomce ha dado más peso a la Generalitat en el proceso de selección de los directores de los centros, que son la «guardia pretoriana» del nacionalismo. De los nueve miembros de las comisiones de designación, cinco pertenecen a la Administración autonómica, lo que permite nombramientos de candidatos afines al Govern.

Gracias a la Ley Wert se ha reducido también el porcentaje de contenidos educativos comunes en todo el Estado. Según distintas fuentes, «una ley inicialmente concebida para centralizar la educación ha terminado descentralizando más aún que la LOE».

Pese a contar con mayoría absoluta en los tiempos de aprobación de la Lomce, el Gobierno no quiso entrar a reforzar las funciones de la Alta Inspección del Estado, un cuerpo que puede denunciar pero no perseguir, ni sancionar, ni, como ha dicho ahora el TC, encargarse de instruir el procedimiento de la disposición adicional 38ª.

Y hay también otras cuestiones que no se han resuelto, como la supervisión de los contenidos de los libros de texto o los currículos. El problema es que la solución que ha tumbado el TC era la única, al margen de la vía judicial, que existía. El Gobierno tendrá que buscar otra que de verdad garantice que se cumpla la ley y haya más castellano en las escuelas.

El Gobierno se da un tiempo para garantizar "bien" el castellano en Cataluña
MARISOL HERNÁNDEZ El Mundo 23 Febrero 2018

El ministro Portavoz del Gobierno, Ínigo Méndez de Vigo, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Bernardo Díaz

Una semana después de que el Gobierno abriera la puerta a garantizar la elección del castellano como lengua vehicular en la matrícula del próximo curso en Cataluña, aprovechando que tiene el control de la Generalitat en aplicación del 155, ha decidido aparcar momentáneamente este asunto.

El Ejecutivo, según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, va a "darse un tiempo para hacer las cosas bien y a garantizar ese derecho". El propio ministro ha recordado la sentencia de esta misma semana del Tribunal Constitucional, que tumba el mecanismo previsto en la LOMCE que obligaría a la Generalitat a dar al menos un 25% de clases en castellano para quien así lo escoja. Esta situación, ha venido a decir, obliga también a una reflexión. "Estamos estudiándolo, no sólo en el Ministerio sino con el resto de los partidos y la comunidad educativa. Y no tenemos esa necesidad de tomar la decisión rápidamente porque la preinscripción se ha retrasado a abril".

En todo caso, el Gobierno mantiene su intención de que se cumplan las sentencias que reconoce el derecho a poder elegir el castellano como lengua vehicular en la educación catalana. La decisión del Ejecutivo coincide con la petición realizada por el presiente del PP catalán, Xavier García Albiol, que públicamente manifestó que el Gobierno se tome "el tiempo que sea necesario" para resolver este "problema" porque, dijo, "ya está bien de experimentos y frases vacías".

A la espera de que desvele sus intenciones, el ministro ha rechazado el victimismo con que se encara este asunto en Cataluña y ha reiterado que el Ejecutivo "no puede ni por el 155 ni por el 310" cambiar el modelo educativo de una comunidad.

Los extremos
Iñaki Arteta Libertad Digital 23 Febrero 2018

El concejal del PNV Gorka Iturriaga califica al sector proetarra de extremo político y lo compara con el Partido Popular.

Gorka Iturriaga, dirigente del PNV en Álava, en alusión a la protesta de seis miembros del Partido Popular frente al homenaje a unos etarras excarcelados hace unos días: "Los dos extremos políticos de este país habéis generado durante años mucha crispación y contribuís bien poco a recuperar la convivencia. Una pena". Parafraseando a Aitor Esteban en referencia al mensaje del Rey, "el mismo discurso de siempre envuelto con celofán progresista".

Los asesinos crispaban tanto como los que se protegían de ellos. Seis voluntariosos militantes del Partido Popular impidiendo la convivencia. Así no hay quien avance hacia la paz y el progreso.

Sí que es una pena tener que seguir escuchando este tipo de expresiones, pero lo es más el hecho de que podemos estar seguros de que es expresión del más íntimo convencimiento de su autor. Apuesto a que no es ninguna pose ni un subidón radical momentáneo de esos que tienen los adictos a Twitter. No. No se trata de un forofo nacionalista anónimo sino de un dirigente de la organización del PNV en Álava. No parece que sea muy espabilado (moralmente hablando no, desde luego) aunque sea profesor (de educación física), ni mucho menos prudente, pero sabe, como yo, que el contenido de su escrito de tres líneas (ETA y PP, o sea, idealistas frentes a fachas, eran polos opuestos de un conflicto del que los nacionalistas fueron las víctimas) es compartido por mucha gente en mi tierra.

Debería dimitir o llegarle su dimisión (en un tuit) mañana mismo. Visto desde fuera parece que descuidan un poco a quien dan mando y móvil estos nacionalistas, porque teniendo Twitter cualquier tonto con wifi te la puede liar en un momento. Pero ¿le corregirán sus jefes? Desde luego lo mínimo sería que se escandalizasen, ahora que están negociando con el PP, o pedir disculpas en nombre de su militante, para mantener el buen rollito, pero tampoco apuesto por ello. También podría ser que entre esta y otras actitudes, el Gobierno se diera cuenta de que debería tener más escrúpulos a la hora de elegir sus apoyos, aunque sean coyunturales.

¿Pedirá perdón el tal Gorka? Uf. Casi lo descarto. Ellos son más de recibir disculpas, por la guerra civil, por el bombardeo de Gernika, por la torturas, por el nacimiento de Franco…Por cosas realmente importantes.

Estoy seguro de que no todos los nacionalistas son iguales, claro, pero los que son, lo son hasta la cola, que se decía en mi juventud.

Mientras excompañeros del señor Iturriaga pasan por el banquillo temerosos de escuchar una condena importante por uno de los mayores desfalcos cometidos por militantes de su partido (ah, que ya los han echado), él frivoliza sobre la pureza del alma nacionalista en una cuestión como la del terrorismo haciendo un ejercicio de geometría barata: ellos (PNV) siempre en el medio, observando como las balas pasaban de un lado hacia el otro. Bien que se dan por ofendidos cuando se les recuerda su larga lista de acuerdos históricos en ayuntamientos e instituciones con el brazo político de ETA mientras aún mataba. Los hay que ahora miran hacia atrás y ya no ven nada. Ni siquiera Lizarra, aquella intentona de aglutinar al mundo nacionalista (dio lo mismo que una parte de él fuera terrorista). ¿Siguen soñando con eso?

Poca crispación pudieron crear esos seis militantes del PP. Me hubiera alegrado más que hubieran sido seiscientos y que esa acusación de crispación, acuñada en los tiempos de Ibarretxe por protestar en voz alta contra el asesinato, tuviera sentido práctico. Es más, me da por pensar que si esa proporción de fuerzas (600 frente a 150) se hubiera dado en el pasado, la convivencia habría llegado antes y de otra manera.

Tranquilos, todo en orden por el norte.

Seis miembros del Partido Popular ¿no podrían haber sido más? ¿Y otros seis del PSOE? Ay, esa soledad heroica frente al terror, como en los peores años.

La maravilla de algunas frases es que aunque cortas lo resumen todo. Yo, que apenas utilizo el Twitter también puedo resumirlo y mucho: miseria moral crónica.

ETA: la patética máscara de la derrota
EDITORIAL El Mundo 23 Febrero 2018

Hace casi una década que ETA fue vencida, pero ahora trata de enmascarar su derrota reescribiendo tanto su macabra historia como su mismo final. Ayer anunció en Gara su disolución en diferido, prevista para el próximo verano, al dar por acabados su "ciclo y función". Como si hubieran alcanzado el menor objetivo político. Como si no hubieran cosechado otra cosa que muerte, dolor y condenas judiciales. ETA insiste en que nunca abjurará de su sangriento historial y ordena "mantener la cohesión interna en la izquierda abertzale" para avanzar en la consecución de sus fines: la independencia y el socialismo. Es un modo oblicuo de reconocer que sin pistolas no son nadie, y que la política corresponde a sus testaferros: formaciones legalizadas como Sortu o Bildu. Que aún tienen pendiente la petición de perdón, el desagravio de las víctimas y la colaboración con la justicia, y que son la triste expresión de la legitimación institucional de la violencia, puesto que cuentan con considerable poder y representación en el País Vasco y Navarra.

La banda asesina pretende un mutis digno. El Estado no puede concedérselo. Si la derrota policial de ETA acaba en ventaja política, mil españoles asesinados se revolverán en sus tumbas y todos nos habremos envilecido.

¿Qué queda de ETA?: su sucia posverdad
Roberto L. Blanco Valdés La voz 23 Febrero 2018

La imagen resulta repulsiva: doscientos vecinos de la localidad guipuzcoana de Andoáin se concentraron este lunes para jalear como héroes a dos etarras puestos en libertad tras cumplir su condena por colaboración con banda armada en el asesinato de Joseba Pagazaurtundua, quien pagó el alto precio de su vida por haber hecho frente a los terroristas con el admirable coraje de quienes no se dejaron amedrentar por las pistolas.

¿Qué habían hecho en el 2003 Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, que así se llaman los homenajeados, para merecer tal recibimiento popular? Es fácil: ser los chivatos que le sirvieron a la banda terrorista la información para preparar el atentado. Por tan memorable comportamiento -ayudar a que los verdugos de ETA ejecutasen, con el menor riesgo posible, su sentencia de muerte sumarísima- fueron Otaño e Igerategi tratados como hijos ilustres de la localidad, ramos de flores incluidos, en un lugar muy cercano a aquel donde Joseba cayó muerto, tras ser tiroteado. No es posible imaginar mayor escarnio y más maldad.

Y sin embargo, las palabras pronunciadas por los dirigentes aberzales con ocasión de un acto tan infame superan incluso el escalofrío que produce a cualquier persona de bien contemplar a un grupo de gente presuntamente normal homenajear a dos canallas, que pasarán a la historia en el pelotón de los chivatos que hicieron posibles los cerca de mil asesinatos que ETA cometió en su abracadabrante trayectoria.

Porque es el caso que para protestar contra tal vileza se concentraron en Andoáin, ante los chivatos y los admiradores de su hazaña, una docena de militantes de las nuevas generaciones del PP, con su secretaria general a la cabeza. Y es el caso que esa protesta ha sido contestada por las diferentes familias nacionalistas, cuyas palabras ponen de relieve que, derrotada ETA, en el País Vasco queda aun por ganar una batalla: restaurar la verdad de lo que allí ocurrió durante medio siglo largo.

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, desautorizó al puñado de chavales del PP porque su acción era, al parecer, un intento de «sacar réditos políticos y electorales». La alcaldesa de Andoáin, de EH Bildu, no fue capaz de decir ni una palabra en defensa de Joseba, su familia y las víctimas de ETA, ni de cómo un acto tan vergonzoso las ofendía a todas de un modo ignominioso.

Pero la palma de la bajeza ética se la llevó Sortu, cuyo secretario general, Arkaitz Rodríguez, proclamó que «el PP permanece anclado en el pasado» y «está demasiado interesado en perpetuar la situación de conflicto armado sencillamente porque obtiene réditos políticos de ello». Es inimaginable una posverdad más despreciable: que quienes, entre otros, eran asesinados, perseguidos y asediados por la banda criminal quieren perpetuar la violencia que les hizo durante décadas vivir en un infierno. Goebbels estaría orgulloso de discípulos tan aventajados en el indecente oficio de mentir.

ETA mantendrá a «guardianes» de la banda aunque se disuelva
Anuncia en un documento que continuará «con su labor» en la izquierda abertzale
J.M.Zuloaga. larazon 23 Febrero 2018

ETA no se va disolver del todo y no puede hacerlo porque cuenta con una disidencia interna, que tendría en sus manos decenas de armas y muchos kilos de explosivos, con los que pueden utilizar de forma «mal intencionada» el nombre de la banda, tal y como adelantó LA RAZÓN en la madrugada de ayer en su web.

El diario «Gara» publicó ayer un resumen del documento que, según dicen, debaten los militantes de la organización criminal. En el texto anuncian que, tras la supuesta desaparición, «únicamente quedarán algunas labores de carácter técnico (por ejemplo, impedir eventuales utilizaciones mal intencionadas de las siglas de ETA), que ya se han ido encarrilando estos meses». No explican nada al respecto.

Lo que es relevante, según expertos consultados por este periódico, es que la banda no ha tenido más remedio que admitir que tiene una disidencia lo suficientemente importante como para reconocer su existencia y que frente a ella tiene que configurar una especia de «guardianes de las siglas de ETA» para controlar el asunto.También resulta llamativo, según las mismas fuentes, que «Gara» publique un extracto del documento. Puede ser un signo de que las cosas no marchan bien y hay que ir preparando el terreno para cuando se publiquen unos resultados a favor de las tesis de la ETA «oficial», que la que actúa desde el País Vasco y Navarra. En todo caso, es un extraño anuncio sobre un debate que no ha terminado, como si se quisiera dar por bueno el resultado que pretenden los «oficialistas» y una forma de condicionar la discusión, agregan. En el documento, ni una línea de perdón a las víctimas ni de ofrecimiento de colaboración para el esclarecimiento de los 300 asesinatos cuya autoría se ignora. Tal y como adelantó LA RAZÓN, ETA ha reconocido en privado que desconoce dónde están la mayoría de armas que no entregó el año pasado, pero en el documento no dice nada al respecto, como si se quisiera poner de perfil ante un asunto que, le guste o no, le incumbe. Según lo que ocurra en los próximos meses, la supuesta disolución se puede convertir en un boomerang que les pegue en la cabeza. Basta con que sólo uno de los disidentes encuentre justificación para apretar el gatillo.

Otro párrafo del documento a tener en cuenta, para no dejarse llevar por la palabrería rimbombante y ampulosa de ETA, es el que dice que la «dirección» de la banda, en caso de que se acepte ese supuesto final, «remarca que no supone acabar con su labor, al contrario (...) hay que trabajar (ETA) en la Izquierda Abertzale.

“El PNV tenía un dosier sobre las actividades de los GAL, pero lo ocultó a cambio de obtener 1.200 millones de euros para el País Vasco en la negociación del Cupo en 1986”
José Amedo: “Felipe González contó con el beneplácito de Manuel Fraga para la creación de los GAL”
Josele Sánchez. Director de La Tribuna de Cartagena 23 Febrero 2018

Ex subcomisario de Policía detenido en 1988 por haber liderado la “guerra sucia” contra la banda terrorista ETA, José Amedo Fouce (Cerceda, Lugo, 1946) ha sido siempre la cara más conocida de los GAL, una organización “parapolicial” impulsada por altos mandos del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Felipe González que, entre 1983 y 1987, llevó a cabo diversas acciones criminales contra varios miembros de ETA en Francia, pero también contra personas que no tenían ninguna filiación política.

Condenado a 108 años de cárcel, José Amedio cumplió 12 antes de salir de prisión y comenzar a dedicarse a diferentes negocios inmobiliarios.
La Tribuna de Cartagena y La Tribuna del País Vasco, dos medios de comunicación independientes, unen en esta ocasión sus esfuerzos para ofrecer -en rigurosa primicia informativa- esta reveladora y exclusiva entrevista firmada por Josele Sánchez, director de La Tribuna de Cartagena, en la que José Amedo desvela por primera vez la respuesta a una de las grandes preguntas que ha marcado la Transición española: ¿Quién fue la “X”, la persona última responsable de los GAL? “El máximo responsable de la lucha antiterrorista contra ETA o cualquier otro tipo de terrorismo es el Presidente del Gobierno, y en los tiempos en los que se activaron los GAL era Felipe González, que contó con el beneplácito del jefe la oposición Manuel Fraga Iribarne para crear este grupo ‘parapolicial’”.

¿Cómo contrató el GAL a sus mercenarios?
En el País Vasco francés, algunos miembros de los Servicios de Información disponíamos de numerosos “colaboradores” próximos a los miembros de la organización terrorista ETA, que nos facilitaban abundantes datos sobre sus movimientos bastante antes de que se activase el GAL. Una vez que este grupo “parapolicial” se puso en marcha por decisión política de responsables del Gobierno, muchos de aquellos “informadores”, que eran policías franceses que cobraban de los fondos reservados, y como por su actividad profesional conocían a todo tipo de delincuentes, facilitaron los contactos con diversos "mercenarios" dispuestos a trabajar para los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) mediante las remuneraciones que se estableciesen.

¿Existió el GAL 'verde'?
El verde, el azul, el marrón… esa denominación es un concepto apriorístico, puesto que el GAL como tal lo constituían los dirigentes políticos del Gobierno que ordenaban y financiaban las actividades de este grupo "parapolicial". Otra cosa bien distinta es que diversos funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado, acatando las órdenes de los referidos responsables gubernamentales, "coordinasen" los mecanismos oportunos relacionados con los Grupos Antiterroristas de Liberación.

¿Cuánto dinero -con cargo a los fondos reservados- llegaron a costar los GAL?
Es difícil de hacer una valoración exacta o incluso aproximada, puesto que entre las cantidades que "distrajeron" para sus cuentas personales los responsables políticos del GAL que manejaban los fondos reservados de Interior, lo que se gastó en infraestructuras en el País Vasco francés y español y lo que se pagó a "colaboradores" y a los "mercenarios", no se puede establecer una cantidad precisa sobre la suma que costó la activación del GAL, pero sí es cierto que se podría considerar que su costo fue de bastantes millones de las pesetas de entonces.

¿Quién proporcionaba la información elaborada sobre las víctimas, quién preparaba ésta, quién entregaba en mano la información a los ‘ejecutores’, sin tan siquiera una sencilla verificación?
La información que se elaboraba sobre los “objetivos” partía de una amplia red de "colaboradores", que se extendía por toda la zona vasco-francesa donde residían los terroristas de ETA, de tal forma que controlaban sus movimientos, locales donde paraban, domicilios y matrículas de sus vehículos. Una vez realizada esa esencial labor, la plasmaban en una documentación que depositaban en "zulos" preestablecidos, bien en taquillas de las estaciones de tren de Hendaya, San Juan de Luz, Bayona y Biarritz o en cabinas públicas de teléfono de la mismas localidades francesas. Posterior y periódicamente, contactos policiales franceses contratados por los servicios de información españoles pasaban a recoger las informaciones de los lugares señalados, las verificaban y las comunicaban a los agentes de nuestro país para los que "trabajaban", y éstos a su vez lo ponían en conocimiento de los responsables políticos que daban el visto bueno a que se actuase contra los “objetivos” etarras más significativos. Un vez cumplimentado este cometido, los policías franceses mandaban actuar a los mercenarios.

¿Qué información tenía el PNV sobre los GAL?
Este partido vasco se aprovechó del Gobierno de Felipe González como consecuencia de las actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación. Durante las gestiones sobre los acuerdos del Cupo vasco entre los gobiernos central y vasco en 1986, los nacionalistas consiguieron dejar de ingresar al Estado más de doscientos mil millones de las antiguas pesetas (unos 1.200 millones de euros), al amenazar con el hecho de que pondrían sobre la mesa una comprometida documentación sobre las actuaciones de los GAL. Es decir, que el PNV estaba al corriente de las actividades del citado grupo "parapolicial" y utilizó esta información para negociar un desmesurado ingreso de capital para su Comunidad Autónoma.

¿Con qué apoyos contó el GAL en el País Vasco para su actividad?
No era necesario que el GAL contase con apoyos concretos en el País Vasco, puesto que este grupo de lucha "clandestina" contra ETA se creó para actuar únicamente en el "santuario" vasco-francés en el que se refugiaban los terroristas etarras. Sólo en una ocasión, excepcionalmente, los Grupos Antiterroristas de Liberación reivindicaron un atentado en España, que posteriormente, por orden del Ministerio del Interior, fue desmentido. Este hecho se produjo el 20 de noviembre de 1984, cuando dos miembros de los GAL asesinaron en su consulta de Bilbao al doctor Santiago Brouard, dirigente cualificado de Herri Batasuna.

¿Cuál fue la razón para que el GAL cometiese ese crimen en España?
Este crimen se llevó a cabo en represalia por el que ETA cometió en San Sebastián contra el senador del PSOE Enrique Casas, el 24 de febrero de 1984. Posteriormente Rafael López Ocaña fue identificado como uno de los autores materiales del atentado contra el dirigente abertzale y fue condenado a 33 años de prisión sin que delatase a nadie durante la ejecución de la pena. Una vez finalizado su cumplimiento, concretamente el día 5 de diciembre de 2005, declaró ante los informativos de TV-5 que su cómplice en el asesinato de Santiago Brouard fue Luis Morcillo Pinillos y que para llevarlo a cabo siguieron las instrucciones que les dio el Teniente Coronel de la Guardia Civil Rafael Masa cumpliendo órdenes del entonces Director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal. En abril del 2013 Luis Morcillo hizo unas declaraciones en términos similares al diario El Mundo y días más tarde ante la juez del juzgado de instrucción número uno de Bilbao.

Fui acusado de dirigir todas las actividades de los GAL para encubrir al Gobierno que las había ordenado y fui el primero en declarar en el sumario Brouard desde el año 1987. Hasta que durante la segunda instrucción de este caso, en 1999, tras la detención de Luis Morcillo a su regreso de Colombia donde permaneció huido de la justicia, fui encarcelado preventivamente, junto a Julián Sancristóbal y Rafael Masa. Tras el juicio, en el año 2003, fui absuelto.

¿Considera que entonces no había otro medio para luchar contra el terrorismo de ETA?
- El GAL no se activó por órdenes del Gobierno en el "santuario" vasco-francés como medio más eficaz para luchar contra el terrorismo de ETA, sino que lo hizo para forzar a Francia a que colaborase con España en la lucha antiterrorista contra la banda armada vasca. Hasta entonces los responsables políticos del Ejecutivo francés favorecían en su territorio de forma descarada a los etarras, facilitándoles estatutos de "refugiados políticos", el cobro del "impuesto revolucionario", el entrenamiento de sus comandos, todo tipo de infraestructuras, e incluso llevar a cabo el secuestro de diversas personas, unas trabajadoras que confundieron con policías españoles y que hasta el día de hoy no han aparecido sus restos, y el de otros dos funcionarios policiales de nuestro país, cuyos cuerpos troceados se ecnontraron meses después en una playa de Biarritz.

¿Es decir, que la facilidad de la que gozaba ETA en el País Vasco francés era absoluta para facilitar la comisión de sus atentados?
Evidentemente, además de lo dicho anteriormente la libertad de movimientos de la que disfrutaban los miembros de ETA en el sur de Francia para pasar a España a cometer atentados y posteriormente regresar a refugiarse en el referido territorio vecino, perjudicaba enormemente al trabajo de las Fuerzas de Seguridad españolas para combatir la incesante actividad terrorista de ETA. Por todo ello, los Grupos Antiterrorista de Liberación en octubre de 1983 comenzaron a atacar a los "pistoleros" vascos en su cobijo, con el fin de crearle al Estado francés el mismo problema que teníamos en España con los permanentes atentados contra las FSE y del Ejército. El País Vasco francés es una zona eminentemente turística, que en aquellos años vivía esencialmente de los ciudadanos del norte de España. De tal forma que a los pocos meses de comenzar a atacar los GAL a los etarras en los locales que frecuentaban los visitantes españoles y ciudadanos nativos de la zona de todo tipo de condición social, la afluencia turística y nativa descendió notablemente por miedo a ser víctimas colaterales de los atentados contra los etarras. Incluso estos dejaron de cobrar el "impuesto revolucionario" por temor a ser atacados.

¿La actuación "parapolicial" de los GAL surtió los efectos que se buscaban?
Las reiteradas actuaciones del grupo "parapolicial" contra los terroristas vascos al cabo de tres años terminó arruinando el comercio y el turismo extranjero en el País Vasco-francés, por cuyo motivo los ciudadanos propietarios de diferentes negocios y todo tipo de industriales comenzaron a levantar aireadamente sus voces contra la presencia de los terroristas de ETA en la zona vasco-francesa ante las autoridades de su nación.

Así, en los primeros meses del año 1986, poco después de ganar las elecciones generales francesas Jacques Chirac, uno de los primeros pasos políticos que acometió el nuevo primer ministro fue negociar con el Gobierno español la desaparición de los GAL en el sur de su país a cambio de colaborar con él en la lucha antiterrorista contra la banda terrorista vasca, hecho que hasta entonces jamás se había dado por parte de ningún Ejecutivo francés. Objetivo cumplido por parte de los GAL, rendir a las autoridades del país vecino en favor de los intereses antiterroristas españoles. A partir de entonces cesaron las hostilidades de los Grupos Antiterroristas de Liberación contra los etarras y los responsables políticos del Gobierno de Francia comenzaron a detener terroristas de ETA en su territorio y a entregarlos a España, a deportarlos, a controlarlos para dificultar su libertad de movimientos, a evitar el cobro del "impuesto revolucionario" y a denegarles el estatuto de refugiados políticos.

¿Cuánta gente participó directa o indirectamente en la "guerra sucia" contra ETA?
Habría que tirar de estadísticas para poder responder correctamente a esta pregunta, puesto que la llamada "guerra sucia" contra ETA y su entorno más amplio, tanto en el País Vasco como en el sur de Francia, existía desde varios años antes de la aparición de los Grupos Antiterroristas de Liberación. Los GAE (Grupos Armados Españoles), AT (Antiterrorismo ETA), BVE (Batallón Vasco Español) y otros, eran unas siglas que utilizaban como tapadera los "aparatos" del Estado para realizar operaciones al margen de la ley contra los etarras, los miembros de su brazo político y sus simpatizantes.

¿Quién respaldaba estas operaciones de "guerra sucia" antes de la aparición del GAL?
Entonces gobernaba la UCD, y estas apreciaciones no forman parte de una consideración personal, quedaron totalmente acreditadas en el Congreso de los Diputados, cundo después de mis declaraciones "forzadas" ante el juez Baltasar Garzón en diciembre de 1994, "estalló" el caso GAL y terminó encarcelada toda la cúpula del Ministerio del Interior y como consecuencia de estos acontecimientos el día 25 de enero de 1996, se presentó en el Parlamento una Comisión de Investigación sobre los GAL y se echó para atrás solo 48 horas después.

Esta decisión se tomó a continuación de que dos antiguos ex altos cargos en los ministerios del Interior en los Gobiernos de UCD se reunieran con el teniente general José Antonio Sáenz de Santa María a petición de este. En esa conversación, el militar expuso a Rodolfo Martín Villa y a José Miguel Ortí Bordás que si querían indagar en el Congreso de los Diputados sobre la "guerra sucia" contra ETA, su intención consistía en revelar datos sobre su participación en ella antes de 1982 durante su comparecencia en el Parlamento.

¿Cómo se ha portado el Estado con agentes policiales que participaron en la “guerra sucia” contra ETA?
En nuestro caso personal, es decir, en el de los que a partir del año 1983 se nos involucró por órdenes del Gobierno en la lucha al margen de la ley contra ETA con la creación del GAL, y después de filtrar intencionadamente a la prensa nuestra relación con este tipo de actividades clandestinas, nuestros responsables políticos, los que las decidían y las financiaban, nos coaccionaron, nos amenazaron e incluso nos hicieron determinadas promesas para que asumiésemos todas las responsabilidades de estos hechos para encubrirlos. Tuvimos que cumplir las penas a las que nos condenaron sin defendernos, de esta manera los Grupos Antiterroristas de Liberación habían sido obra de dos funcionarios policiales descarriados y los auténticos responsables quedaban a cubierto.

En definitiva, después de dedicar toda mi vida profesional a la lucha contra ETA, de jugarme la vida, de ser víctima de cinco intentos de asesinato por parte de los terroristas, tuve que pasar por siete prisiones y terminar mi condena veinte años después ser encarcelado en 1988. Con posterioridad a todas estas adversidades, nuestros "jefes" políticos nos dejaron tirados y sin ningún tipo de recurso para subsistir, mientras que muchos de ellos se enriquecieron a costa de nuestro sacrificio.

¿Cómo actúa el Estado con los miembros de ETA?
¿Han visto en los medios de comunicación a algún ex-terrorista de esta banda desahuciado o pidiendo por las calles? ¿Se han fijado en el aspecto tan lustroso que aparentan tanto los que pisan "moketa" en las instituciones o los que únicamente se dedican a "potear" por las "herriko tabernas" de sus pueblos? ¿Sabían que esta forma de vida tan holgada y afortunada es financiada con los fondos de todos los españoles, que sus "camaradas" instalados en numerosos ayuntamientos, Parlamento vasco y nacional les facilitan por haber empuñado las armas desempeñando el papel de "gudaris" del pueblo vasco?

Este tipo de complacientes concesiones siempre han sido amparadas tanto por el Gobierno vasco como por el central, con la finalidad de que el referido entramado se asiente en las instituciones y desista de llagar a otros posicionamientos más complejos. Los poderes del Estado cuentan con los mecanismos necesarios que les permiten establecer los tiempos y las formas de determinados acontecimientos que afectan a la estabilidad del país. En consecuencia, instauran con anterioridad los elementos oportunos para atajar de la manera que entienden más adecuada a cada situación. Es incuestionable que cuando los miembros de la banda salen de las cárceles, la mayoría con edades avanzadas, no tienen posibilidades de encontrar trabajo y en la práctica es evidente que disfrutan de una forma de vida ostensiblemente desahogada. En consecuencia, todas las medidas que se han venido tomando en relación con ETA y la legalización de su brazo político ha sido con el único objetivo, darles un soporte financiero para coadyuvar a la reinserción social y económica de sus presos.

¿Se han producido muertes en extrañas circunstancias de gente que participó en la "guerra sucia"?
Sí se dieron algunos casos de muertes en extrañas circunstancias de varias personas vinculadas a los GAL. Pedro Sánchez, ex legionario francés, después de participar en el secuestro de Segundo Marey en diciembre de 1983, fue encarcelado en su país y meses después murió en prisión envenenado. Patrick Carvalho participó en varios atentados contra miembros de ETA y años después apareció colgado en una cárcel francesa. Jean Pierre Cherid murió tras la explosión de una bomba "manipulada" antes de utilizarla contra activistas de la banda armada vasca en Biarritz. Guy Metge, uno de los inspectores de la Policía francesa que colaboraba con la banda anti-ETA, murió víctima de un accidente de tráfico después de que algunos de sus propios compañeros alterasen el sistema de frenado de su vehículo para evitar que fuese detenido por sus vínculos con las actividades de los GAL y contase lo que sabía.

¿Cree que España ha sido justa con usted?
No puedo opinar en este aspecto, puesto que España como país no tiene opción de manifestarse en este sentido. Los que se debían haber portado de forma noble y coherente son los responsables políticos que nos ordenaron actuar contra ETA al margen de la ley, y sin embargo se comportaron de manera mezquina y miserable, dejándonos abandonados sin los recursos necesarios para iniciar una nueva vida después de ser expulsados de nuestros cargos. Nunca olvidaré el daño que nos causó su deslealtad, que quebró para siempre nuestro futuro y el de nuestras familias.

Por favor, utilice una sola palabra para definir a los siguientes personajes:

Michel Domínguez: Amigo
Rafael Vera: Sibilino
José Barrionuevo: Traidor
José Luis Corcuera: Manipulador
Baltasar Garzón: Delincuente
Pedro J. Ramírez: Oportunista
Felipe González: Cobarde
Manuel Fraga: Estadista
Juan Carlos I: Rey


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