AGLI Recortes de Prensa   Lunes 26  Febrero 2018

O autonomías o pensiones
Roberto Centeno elconfidencial 26 Febrero 2018

He escrito en estas páginas en más de una ocasión mi sorpresa de ver que entre los principales problemas de los españoles que el CIS publica periódicamente no figurara explícitamente la sostenibilidad de las pensiones. Y sin embargo, lo que ahora ha estallado en la calle no es algo nuevo sino algo conocido que todos los estudios actuariales vienen alertando desde hace años, sin que la clase política haya movido un solo dedo para arreglarlo, ofreciendo solo o mentiras el PP o demagogia PSOE o Podemos, que al igual que Txipras en Grecia prometen no ya mantener las pensiones sino subidas disparatadas sin posibilidad alguna de poder financiarlas, y que como en Grecia se convertirían en bajadas entre un 30 y un 40%, como con Txipras, si consiguen engañar a los pensionistas y llegan al poder.

Por ello, lo primero que tienen que tener muy claro los 9,5 millones de jubilados es que si no se recorta drásticamente el despilfarro político, y tal como afirmó la OCDE en una reunión que mantuvo en Madrid hace tres semanas, la tasa de sustitución —la cuantía de la pensión media respecto al salario medio— con las medidas en marcha pasará en unos años del 83% actual al 46%, es decir, que las pensiones se verán reducidas a la mitad. Por lo tanto, el problema real al que se enfrentan los jubilados y particularmente las nuevas cohortes que se incorporarán a partir del 1 de enero próximo no es la congelación actual, sino recortes brutales en las mismas.

Lo segundo, que es imposible financiar el agujero de las pensiones ni con más impuestos —España, después de las 30 subidas fiscales del Estado y las 50 de autonomías y ayuntamientos, es ya un infierno fiscal, donde el 12% de la clase media ha sido destruido y el resto gravemente empobrecido— ni con deuda —con una deuda pública del 137% del PIB, privada del 166%, y externa neta del 86% que para ser sostenible no debería superar el 35%, España está quebrada en cuanto el BCE deje de comprarla y empiece a subir tipos— ni con los empleos basura de 600-900 euros que se creen. Analicemos estas afirmaciones para que los pensionistas actuales y futuros comprendan la situación y no se dejen engañar ni por las mentiras del PP ni por la demagogia del PSOE y de Podemos.

La primera, caída de las pensiones. En 2019 entrará en vigor la denominada Ley de Sostenibilidad, aprobada por el PP en 2013 pero que no aplicaron en espera de que el déficit mejorara, en lugar de ello ha empeorado y las consecuencias para los 350.000 o más nuevos jubilados anuales serán devastadoras. Los nuevos pensionistas se repartirán solo lo que queda después de pagar a los actuales y en función de la esperanza de vida, lo que supondrá un recorte drástico en las nuevas pensiones y mas reducciones en las actuales, que es lo que la OCDE ha valorado. Miles de funcionarios públicos que aun sin llegar a la edad reglamentaria pueden jubilarse si llevan 35 años de servicios van a jubilarse este año. Perderán unos 200 euros al mes, pero si esperan, pueden llegar a perder 500 o más.

La 'solución': todo menos reducir el despilfarro
En cuanto a las 'soluciones' de la clase política, son “todo menos reducir el despilfarro”. La primera es subir impuestos, ya que según ellos en España se pagan pocos impuestos, la presión fiscal —impuestos/PIB— es del 33,7% dicen, una patraña tan gigantesca que no hay por dónde cogerla. En 2007 la presión fiscal era del 37,5%, desde entonces las 80 subidas fiscales —Estado, CCAA y ayuntamientos— han llevado la fiscalidad al máximo de todos los tiempos, y no solo eso, es que además se reparte en la forma mas injusta que nunca. La clase trabajadora y la clase media están siendo literalmente expoliadas con tipos de IVA, IRPF, ahorro o especiales, a la cabeza de Europa, mientras las grandes fortunas vía sicavs y las grandes corporaciones pagan menos que nunca.

La trampa, la gran estafa a la gente, es utilizar un PIB oficial que es un 18% superior al PIB real. Pero si vamos a los tipos reales que recaen sobre la familia media, son de los mas elevados de Europa, 2017 ha sido el año en que las familias españolas han pagado mas impuestos en toda su historia, en concreto han tenido que trabajar 178 días para el pago de todos sus impuestos, ¡el 48,7% de su tiempo! “El esfuerzo fiscal de los españoles está por encima de la media de la UE, pero el esfuerzo para sostener el gasto público está notablemente por encima. Somos el segundo país después de Suecia, por lo que hace imperativo bajar impuestos y reducir gasto público” (1), España es hoy para la mayoría un auténtico infierno fiscal.

La otra gran 'solución' es la deuda, otra trampa en la que caen además muchos medios. Un conocido analista político decía hace unos días “y si aumenta el déficit, la deuda y no cumplimos con los objetivos de la UE, pues qué le vamos a hacer, otro año será”. Primero los objetivos son de la eurozona no de la UE, y después, porque “lo que no puede ser no puede ser y además es imposible”. Con una burbuja de deuda a punto de estallar, con una necesidad anual de mas de 200.000 millones de euros para cubrir vencimientos y deuda nueva, con un BCE principal comprador de deuda que dejará de hacerlo este año, ¿quién nos va a prestar esa fabulosa cantidad de dinero?, desde luego no Guindos, porque el vicepresidente del BCE pinta cero en la política monetaria, esta es exclusiva del presidente, que será Jens Wiedman, del Bundesbank, que conoce bien la manipulación de nuestro PIB y viene con el hacha en la mano.

Autonomías: un despilfarro de 100.000 millones
El Régimen del 78, que nos robó la democracia y nos impuso un sistema oligárquico de partidos sin separación de poderes, dividió España en 17 trozos contrarios a la realidad histórica y geográfica de una de las naciones mas antiguas de Europa, para repartirse España entre sus familiares, amigos y correligionarios como si fuera un solar. El sistema autonómico es el mas ineficiente, despilfarrador y corrupto del mundo civilizado, y en no mucho tiempo, si no se produce un cambio radical, llevará a la ruina económica, política y social de nuestra gran nación.

Un sistema donde las diferentes autonomías funcionan sin control alguno. Rajoy que prometió en la campaña electoral de 2011 “enviar los hombres de negro” —intervenir— a todas las autonomías que no cumplieran los objetivos de déficit, haría justo lo contrario, “no permitiré quebrar una sola autonomía”, diría —en los estados federales las partes pueden quebrar sin problemas— y renunciaría además a cualquier control del gasto, un disparate histórico que nos lleva costados mas de 200.000 millones de euros. Aparte los mas de 100.000 millones del rescate bancario y similares, financiado todo con la mayor burbuja de deuda en términos de PIB de la historia de España en un periodo tan corto —seis años— que será la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años.

En conjunto, el Estado autonómico supone un despilfarro anual de 100.000 millones de euros respecto a lo que costaría un Estado descentralizado tipo Francia. Duplicidades entre AAPP, 36.000 millones; empresas públicas inútiles, 15.000 millones; cupo vasco-navarro, 13.000 millones; cientos de miles de enchufados, más coches oficiales que en EEUU —España es el único país de Occidente donde los concejales tienen coche con chófer—, etc. Según cifras del IGAE, entre 1995 y 2016 los salarios en el Estado han pasado de 17.800 millones a 23.700 millones, en las CCAA, de 19.100 millones a 73.300, en los ayuntamientos, de 7.900 millones a 21.800. Tomando la cifras del IGAE de 3,4 millones de funcionarios, el sueldo medio de los funcionarios del Estado es de 33.300 euros al año, frente a 42.000 para las CCAA. Un cáncer que está devorando España.

Solo acabando con las duplicidades entre AAPP el problema de las pensiones quedaría resuelto para siempre. Acabando con el cupo vasco-navarro, cerrando las 3.000 empresas públicas inútiles, acabando con los coches oficiales y demás prebendas escandalosas, el problema de la deuda quedaría resuelto. Nada de esto está en la mente de los partidos políticos, que están en lo contrario: más financiación para las autonomías y más funcionarios. Por ello, tengan claro los pensionistas actuales y futuros y los millones de asalariados con sueldos de hambre que o acaban con el Estado autonómico o este acabará con ellos, condenándolos a la pobreza e incluso a la miseria durante generaciones.

(1) “Un infierno fiscal llamado España”, J. C. Bermejo, 23/02/2018.

El catalán y la maldición de Babel
Beatriz Becerra Basterreche elconfidencial 26 Febrero 2018

Según las Escrituras, Dios ha encontrado formas muy refinadas de castigar a los humanos por exceso de ambición: la primera fue obligarnos a trabajar (y a sudar). En otra ocasión nos hizo hablar lenguas diferentes por haber puesto en marcha un proyecto inmobiliario sin licencia: la Torre de Babel. Con el tiempo, algunos trataron de llevar la contraria al Antiguo Testamento y cantaron las bondades tanto del trabajo como de la multiplicidad de idiomas. En lo primero tuvieron un éxito modesto; en lo segundo, mucho más contundente.

Desde el Romanticismo, vemos las lenguas como un signo de identidad y como un elemento de riqueza. Los vinculamos a formas concretas de ver el mundo, a expresiones culturales, a idiosincrasias nacionales. Es una visión matizable: la ciencia ha demostrado que hay muchos más elementos comunes entre culturas de los que podría parecer si nos quedáramos en lo superficial. En todo caso, el apego a la propia lengua es algo muy extendido, tal vez porque nos aporta seguridad, certidumbre, la impresión de estar en casa.

Como liberal, no creo que a la política le corresponda decidir el destino de las lenguas, sino legislar en favor de la libertad y de la igualdad de las personas. Tratar de imponer una sobre otra, como ha ocurrido en Cataluña, es un intento de ingeniería social propio del nacionalismo, que no ve en el catalán una herramienta de comunicación sino un instrumento de dominación.

La retórica oficial afirmaba que se trataba de integrar a una población diversa, de distintos orígenes. No creo que nadie pueda tomarse esto seriamente a día de hoy, con una Cataluña partida en dos por obra y gracia de los que tanto hablaban de integración. Ha quedado claro que lo que realmente querían era eliminar el pluralismo, controlar lo que la gente dice y lo que piensa, homogeneizar contra la voluntad de, al menos, la mitad de la población.

Y lo hacían con un cinismo casi entrañable. Cuando se les afea que las familias no puedan elegir el castellano como lengua vehicular para la enseñanza de sus hijos, responden que la inmersión no impide que aprendan la lengua común, ya que lo hacen en casa, en la calle o en la televisión. ¿Por qué fingen no entender el problema? Naturalmente que los niños aprenderán castellano, pero no se trata de eso, sino de que sean competentes en esta lengua, con adecuado dominio y comprensión lectora, algo que será imprescindible para su desarrollo como ciudadanos y como profesionales. Si bastara con lo que se aprende en el patio del colegio, ¿para qué nos hemos tomado todos tantas molestias en aprobar la asignatura de Lengua?

El verdadero valor de una sociedad reside en la convivencia de los diferentes. Esto puede exigir cierto grado de integración si por ello entendemos la aceptación de un marco legal basado en valores democráticos, pero ya hemos visto lo que le importaban al nacionalismo el marco legal y la democracia. Nunca ha habido un deseo de integrar, sino de moldear a la sociedad para que se pareciera al siniestro ideal de 'un solo pueblo'. Se ha querido convertir la bella lengua catalana en el cemento para la transformación del charnego en un hombre nuevo, cuyo ejemplo más acabado sería, ay, Gabriel Rufián. ¿A quién puede extrañar que, visto lo visto, la sociedad civil se esté movilizando ya en Baleares al percibir que la Administración ha emprendido el mismo camino que ya ha andado Cataluña?

De lo que se trata ahora es de establecer un sistema que haga compatible el bilingüismo con la libertad de las familias para elegir la lengua vehicular, un sistema que no trate de imponer una lengua sobre otra y que, respetando el valor que sin duda tiene el catalán, no margine a la lengua común de España, aquella que nos permite superar la maldición de Babel y que todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de conocer.

* Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).

La patraña de defender el catalán a costa del castellano
«Un idioma te pone en un pasillo durante toda la vida. Dos idiomas te abren todas las puertas a lo largo del camino», Frank Smith
Miguel Massanet diariosigloxxi 26 Febrero 2018

No sabemos si, para los grandes intelectuales, es posible dar cobijo a la idea de que: el conocimiento de una lengua obstaculiza el uso de otra o si es preciso intentar agostar el uso y práctica de un idioma que lo hablan más de 500 millones de personas, para intentar potenciar otro que apenas los usan siete millones de personas y, aun así, con distintas variantes dialécticas que, a veces, hasta lo hacen incomprensible según sean los lugares de una misma comunidad que lo tengan como lengua local. Es cierto que, acabada la Guerra Civil española el año 1939, se produjo una campaña contra el catalán, justificada por el hecho de que durante los años de la contienda el separatismo catalán la había usado como ariete en contra de los levantados el 18 de Julio del año 1936. De hecho, aunque hubo casos en los que los vencedores les apretaron las clavijas a los catalanes, como venganza por su comportamiento durante la contienda; los catalanes continuaron haciendo servir el catalán (esto sí con un mayor uso, sobre todo en cuestiones oficiales, del idioma castellano) en familia y en sus relaciones con el resto de catalanes.

El que, en una nación que retornó a la democracia a la muerte del general Franco y que se dotó de una Constitución donde se reguló el uso de las lenguas que se hablaban dentro del país, estableciendo la cooficialidad del catalán y el vascuence, compaginada con la obligación de que, en todo el territorio nacional, existía la obligación de conocer el castellano y se tenía el derecho a usarlo en cualquier rincón que fuera de nuestra geografía patria; no justifica que para hacer uso de los idiomas cooficiales fuera preciso, antes al contrario, que como el ejemplo de la autonomía catalana y la vasca, el uso y empleo normal del castellano entre los ciudadanos de dichas autonomías, resulte haberse convertido para los gobierno autonómicos, en el caballo de batalla de sus quejas y decisiones contrarias a su uso, con el sólo objetivo de erradicar, tanto en la enseñanza como ( como ya lo han intentado en numerosas ocasiones) en los documentos públicos, su utilización usual; llegando a constituir una infracción el que comercios rotulen su productos en castellano o se identifiquen con carteles en castellano si, al lado, no existe su traducción al catalán.

No existe ningún obstáculo legal o prohibición a que se editen libros, revistas, documentos de todo tipo, impresos, periódicos, discos, canciones o cualquier tipo de traducciones en la lengua catalana. Cataluña, sin embargo, debería reconocer que el 50% de sus siete millones de habitantes que han venido de otras partes de España, trayendo sus tradiciones, costumbres, lenguajes y modos de vida que, en lugar de convertirse en un obstáculo para convivir con el resto de catalanes oriundos, si bien es cierto que sin intentar imponerlos al pueblo que los acoge y procurando integrarse en el ambiente de aquellos con los que se juntan, deberían constituir una aportación cultural beneficiosa para Cataluña, que permitiría enriquecer el acervo costumbrista e idiomático de los ciudadanos de la autonomía a la que se integran, sin que ello, en ningún caso, debiera ser motivo de enfrentamiento ni considerado como un intento de invasión idiomática como, por otra parte, lo han hecho ellos mismos con su llamada “inmersión en el catalán”, con lo que vienen intentando acabar con el castellano en ambas comunidades, la vasca y la catalana.

Otra cosa es que existían movimientos ocultos que desde hace muchos años fueron fraguándose entre los burgueses catalanes, concretamente desde el Siglo XVIII, momento en el que diversos políticos del nacionalismo catalán se pusieron de parte del archiduque Carlos de Austria (propuesto por todos aquellos que temían la fortaleza de una unión de España y Francia, bajo la figura de Felipe V). La derrota de los catalanes y más tarde de los mallorquines por Felipe V no desanimó a quienes habían apostado por el Austria que, desde aquellas fechas, con más o menos fortuna, no cesaron de intrigar, proclamando en dos ocasiones la llamada “república catalana” ( Maciá el 14 de Abril del 1931 y Companys el año 1934). Últimamente, esta vez apenas un flash de unos segundos, corrió a cargo del señor Carles Puigdemont, que como consecuencia del resultado de la consulta del 27 de septiembre del 2017, hizo una declaración cuya parte final decía:

“CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.

INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.

AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad. “

En realidad, el problema del uso de la lengua catalana, de su supuesto peligro de desaparición, de su defensa del catalán contra los “furibundos” ataques del castellano como idioma invasor, no son más que trucos demagógicos pergeñados por los políticos catalanes, solamente en busca de una excusa, igual a aquella de que “España nos roba”, o “Madrid se lleva todo lo que le corresponde a Barcelona”, con las que se pretende engañar al pueblo catalán, imbuirle la idea de que el resto de la nación está contra Cataluña, que se quieren aprovechar de los esfuerzos y la habilidad catalana para el comercio o la industria, para convertir dicha autonomía en la proveedora del resto de la nación sin que, a cambio, los catalanes “reciban nada” en compensación una serie de engaños con la pretensión de enfurecer al pueblo, crear un ambiente enrarecido, conseguir votos que les ayuden en su propósito de intentar hacerse con el control completo de Cataluña y conseguir romper el control del Gobierno de la nación para poder, como han venido haciendo desde que el señor Pujol se hizo cargo del cotarro independentista, tomar las decisiones que mejor les convenían para sus intereses particulares, corrupción incluida.

Basta ver asomarse a las librerías de Barcelona, por ejemplo, para darse cuenta de que el llamado “declive” de la lengua catalana no es más que un bluff de los políticos, ya que se podrá comprobar la cantidad enorme de publicaciones en catalán, tanto en lo relativo a novelas, obras científicas, diccionarios, libros de poesías, revistas, periódicos etc. todos ellos perfectamente encuadernados, con una gran calidad de papel y muy bien presentados lo que indica que es un tipo de literatura que tiene vida y es aceptada por una gran parte de quienes, siendo catalanes disfrutan, de poder leer en su idioma. ¿Es que es preciso que para esta gente que escribe en el idioma de la tierra pueda publicar, sea necesario que se prohíba, se obstaculice o se impida el que el castellano siga enseñándose, igual que el catalán en la autonomía catalana? Evidentemente no.

Por otra parte, por mucho que algunos de los más fanáticos e irascibles defensores de la abolición del castellano en Cataluña lo estén intentando, va a resultar una labor prácticamente faraónica el pretender que todos aquellos que han venido a Cataluña del resto de España o los mismos inmigrantes que han recalado en esta autonomía, procedentes de la América latina, dejen de utilizar el idioma castellano en toda la riqueza de sus variantes. Estas personas tienen derecho a que se las atienda en castellano en todas las gestiones que se vean obligados a hacer para instalarse en esta región, lo mismo que nadie les puede impedir que entre ellos o con sus amistades sigan usando el llamado “idioma del imperio” por mucho que este hecho pueda disgustar a los más irreductibles defensores de la lengua catalana.

Resulta patético el leer un artículo de un columnista de La Vanguardia, Francec-Marc Álvaro, titulado “Vida bajo el 155”, en el que se queja de que el Gobierno hubiera anunciado que se volvería a habilitar, en las preinscripciones de los escolares, la casilla en la que se podría marcar la cruz de que se deseaba la escolarización en castellano. En una alarde de tremendismo y utilizando el habitual lenguaje victimista que usan quienes siempre ven la mitad de la botella vacía, este señor habla, sin que la cara se le caiga de vergüenza, de “desmontar la escuela y la lengua catalana es solamente la primera parte de un plan…”. Veamos si nos entendemos: para este periodista el que un alumno desee que se le dé un 25% de las asignaturas en castellano (que es en definitiva lo que se pide) es tanto como “desmontar” el sistema educativo en toda Cataluña. No obstante, parece que no le preocupen la cantidad de impedimentos que se les ponen a los que quieren ser educados en español, los montos de pegas que se imponen a todos los comerciantes que desearían rotular en el idioma nacional, o los impedimentos que se les intentan imponer a los médicos de Baleares, a los que, como requisito indispensable para poder ejercer en los hospitales públicos de las islas, se les exige que tengan un grado determinado de aprendizaje del catalán ( ojo: hablamos del catalán el idioma que se quiere imponer a los mallorquines, que siempre han hablado un dialecto que tiene grandes diferencias con la lengua catalana, aunque ambos tengan el mismo origen: el mallorquín, una variante cantarina y simpática del catalán).

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la extraña sensación de que, en esta España en la que nos vemos obligados a acogernos, existen una serie de políticos, instituciones, organismos y leyes que parecen expresamente dedicadas a complicar la convivencia de todos los españoles. Cuando resulta que el TC tiene dudas respecto a aplicar la enseñanza obligatoria del español en las escuelas públicas de Cataluña y Baleares, los ciudadanos de a pie, que no sabemos de tantos recovecos legales y leemos lo dispuesto en la Constitución respecto al idioma patrio, no tenemos la más mínima duda de que todo español tiene el derecho a ser educado en castellano pese a quien pese y le duela a quien le duela. Luego nos quejaremos de que haya personas poco informadas, mal aconsejadas o peor adoctrinadas que se vean ante la posibilidad de acabar con la democracia española que siguen intentando valerse de tantas complicaciones legales. La verdad es que nos lo venimos mereciendo.

Pío Moa: “O España y la democracia se libran de esa chusma del Congreso, o España y la democracia estarán acabadas”
www.latribunadelpaisvasco.com 26 Febrero 2018

“En España la derecha, la gente común de derecha, resulta muy respetuosa. En concreto, sienten enorme respeto por los matones. Y cuando se respeta lo que no es respetable se pierde el respeto a lo que sí lo es. Y este es uno de los grandes males que sufrimos. Con todo, parece imposible que una ley así cuaje. Todo el mundo con quien he hablado coincide en que es una monstruosidad”. Son palabras del historiador y escritor Pío Moa contenidas en una entrevista recogida por Alerta Digital sobre los perversos efectos que acarrearía la aprobación de la Ley de Memoria Histórica planteada por el PSOE, que pretende ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista contrarios a los de ese y otros partidos sobre la historia reciente de España. Y que amenaza con penas de cárcel y elevadas multas a quienes sostengan opiniones o estudios favorables a la figura de Franco y a su régimen. Intenta asimismo expropiar, destruir o transformar el patrimonio histórico y artístico?procedente de aquel régimen.

No hay que ser jurista para afirmar la Ley de Memoria Histórica que pretende sacar adelante el PSOE es una monstruosidad desde cualquier punto de vista
Si ese “todo el mundo” dice que es una monstruosidad, y se queda ahí, es que está dispuesto a aceptar la monstruosidad. En la degradación a que ha llegado esta democracia fallida, que ha embrutecido a la mayoría de la gente, ello es perfectamente posible. Para empezar, la ley de memoria histórica de Zapatero es lo mismo que la que proponen ahora. La única diferencia es que en aquella la amenaza sobre las libertades quedaba pendiente, como una espada de Damocles, y en esta ya se explicita sin lugar a dudas: quien no piense como la pandilla de matones y delincuentes de la izquierda y los separatistas, puede ser encarcelado o arruinado a multas por orden de cualquier mangante de la política; y el espacio público será ocupado exclusivamente por esa caterva de rufianes. Es que la ley anterior era una monstruosidad exactamente como esta. Era una ley totalitaria y de apología de los torturadores, ladrones y asesinos de las chekas. ¡Y fue promulgada y cumplida también por el PP!

Usted no deja títere con cabeza entre los partidos. El PP se opuso a aquella ley
Vamos a ver: el PP no se opuso ni se opone. Decir que “hay que mirar al futuro” ante un ataque semejante a la libertad de todos y a la verdad de la historia es colaborar de entrada con los matones, haciendo un paripé para seguir embaucando a los votantes más obtusos o más ilusos. Como se demuestra cuando, ya en el poder y con mayoría absoluta, el PP cumple esa ley de la cheka con el mismo celo que el PSOE. Pero déjeme seguir con la monstruosidad. Que una ley así haya sido aceptada para discusión en el Congreso ya revela la gentuza que se ha mentido en el Congreso, unos personajes que no son simplemente corruptos en el sentido económico, sino que lo son mucho más en el sentido político, intelectual y moral. Unos supuestos representantes del pueblo, que han llegado ahí engañando desvergonzadamente a la gente, votan leyes contra las libertades más elementales del pueblo. ¿Cómo es posible? Pues así es. Lo hacen con todo descaro ante nuestras narices. Esos cuatro partidos más los separatistas forman desde el punto de vista ideológico un solo partido, un partido zapaterista. A eso hemos llegado. Esta ley los retrata a todos sin el menor lugar a dudas. O España y la democracia se libran de esa chusma, o España y la democracia estarán acabadas dentro de no mucho tiempo.

Su lenguaje es muy fuerte, muy irrespetuoso, sonará excesivamente radical a mucha gente
Mire usted, cuando estamos ante un ataque de esta envergadura no caben eufemismos ni respetos. En España la derecha, la gente común de derecha, resulta muy “respetuosa”. En concreto, sienten enorme respeto por los matones. Y cuando se respeta lo que no es respetable se pierde el respeto a lo que sí lo es. Y este es uno de los grandes males que sufrimos. Porque ya el franquismo, aunque excelente en muchos aspectos prácticos, era muy débil intelectualmente, y la derecha posterior lo es más aún. Como es muy inculta e ignora la historia, empieza por considerar “con respeto” el vocerío y la demagogia de izquierda y separatistas, es incapaz de aclarar sus sofismas y enredos intelectuales, y termina por aceptar en gran parte sus ideas.

¿Qué habría que hacer, en su opinión?^
Partamos de la realidad. Esa ley puede ser aprobada lo mismo que la anterior, porque viene impulsada por un partido que sigue siendo muy fuerte y que se está radicalizando en un sentido bolivariano, porque será apoyada por los comunistoides de Podemos, y muy probablemente también por Ciudadanos. Y, por supuesto, por los separatistas. Y el PP no se va a oponer, no ha dicho ni una palabra porque ni la democracia, ni la verdad ni España le importan un pepino, como ha demostrado de sobra. Se harán los locos, como con la ley de Zapatero. Hay además otra cuestión: esa ley explota el antifranquismo cultivado por todos los partidos y por el PP de forma especialmente eficaz, por hipócrita, para atacar la libertad de todos. Ya es significativo que para atacar el franquismo tengan que demoler los principios más elementales de la democracia. Porque no viven en la mentira sino DE la mentira. En otras palabras, el antifranquismo viene siendo el cáncer de la democracia, la coartada o el pretexto para reducir la democracia a una caricatura.

Muy bien, pero ¿qué hay que hacer?
Pues mire usted: la respuesta la tiene con el golpe separatista, que ha movilizado espontáneamente a millones de españoles que parecían totalmente adormecidos por la demagogia de la chusma política. La movilización de la gente puede y debe dar al traste con esta ley, y de paso con los partidos que la defienden. Solo si hay una movilización esos partidos pueden dar marcha atrás, desacreditándose de paso. Y la movilización debe pasar de la pura espontaneidad a la organización. Si hubiera un partido realmente alternativo cogería la oportunidad, como Ciudadanos ha cogido de manera oportunista la oportunidad del golpe separatista. Me gustaría creer que Vox podría cumplir ese papel, pero lo veo con muy pocos ánimos, muy poca capacidad política. Por consiguiente, la movilización debe partir de nosotros mismos, de los ciudadanos de a pie que vemos con claridad lo que pasa. Es preciso ganar la opinión pública y la calle. El descontento está muy extendido en la sociedad, pero es difuso, desorganizado y sin claridad de objetivos. Difundamos el manifiesto masivamente, preparemos acciones en la calle que obliguen a los degenerados medios de masas a mencionarlos. En fin, esto debe ser el comienzo de un movimiento de resistencia que sea también de regeneración con el lema: Más España y más democracia.

ANÁLISIS
Informe PISA y discriminación, una radiografía de las aulas catalanas
Fernando Paz gaceta.es 26 Febrero 2018

Las cifras no dejan lugar a la duda. El fracaso escolar es doble entre quienes tienen el español por lengua materna que entre los catalán-hablantes.

Las fuerzas nacionalistas e izquierdistas han puesto el grito en el cielo ante el anuncio del gobierno de considerar el derecho de los padres a que sus hijos estudien en español en Cataluña. Por supuesto, con los antecedentes del gobierno, el escepticismo universalmente mostrado resultaba comprensible. Los acontecimientos posteriores lo han justificado.

Pasividad del gobierno
El gobierno de Mariano Rajoy está actuando sobre el fondo de más de tres décadas de lo que podemos llamar aproximadamente desastre educativo, y, en ese sentido, no tiene más responsabilidad que cualquiera de los anteriores; valga decir que su culpa es por omisión, lo que a nadie extrañará tratándose de Rajoy.

Además, las cesiones a las autonomías en estas últimas décadas, no han hecho sino empeorar el panorama. Para colmo, la Alta Inspección Educativa, aunque existe, no tiene función real alguna; ni en estos, ni en otros temas.

Perfectamente conocedor de la situación, a la que no pone remedio por razones estrictamente políticas, el gobierno, por boca de su portavoz Méndez de Vigo, negó que hubiera problema educativo alguno en Cataluña. Por supuesto, esto contradecía algo que el señor Wert, anterior ministro de educación del PP y promotor de una nonata ley educativa, había afirmado: que los niños de Cataluña debían ser españolizados.

Para rematar la contradicción, a continuación abrió el debate de la libertad educativa, en torno a la cuestión de la inclusión de la casilla para que los padres elijan la lengua “vehicular” de la enseñanza. Lo que representa un mentís a su propia y previa afirmación: sí hay un problema educativo en Cataluña, y no pequeño. Un problema que consiste, nada menos, que la lengua en la que se estudia.

El debate generado a raíz de la pretensión de incluir la famosa casilla, debate estrictamente político, ha amedrentado al gobierno, que se desdijo en cuestión de horas y pasó a asegurar que no había prisa alguna en introducir los cambios propuestos.

El Constitucional
Entre tanto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado contra la garantía de enseñanza en español a los alumnos que en Cataluña así lo deseen. La sentencia arguye que el sistema diseñado por el ex-ministro Wert invade las competencias de la Generalidad, al tiempo que le niega al gobierno la capacidad de decidir la política educativa a través de la Alta Inspección.

De acuerdo al sistema arbitrado por el ministerio de Wert, se becaba a los alumnos que desearan estudiar en español, pagándoles un centro privado – si no era posible un centro público – cuyo coste más tarde repercutía en los presupuestos de la Generalidad.

Se trataba de una medida que admitía, de forma implícita, que en Cataluña no se cumple la ley y que, en dicha región, no rige en la enseñanza el principio constitucional acerca de los deberes y derechos referentes al idioma español; pero que, al menos teóricamente, paliaba una flagrante injusticia.

La verdad es que tampoco ha sido así; para el curso 2016-17, menos de un 15% de las familias que habían solicitado que se les aplicase dicha medida se habían visto asistidas por la disposición gubernamental.

Sea como fuere, lo cierto es que esta sentencia le resulta muy útil al gobierno por cuanto le proporciona una coartada para mantener las cosas como están, al tiempo que asegura que su voluntad era la de cambiarlas.

Pablo Iglesias
Celosa de mantener la exclusividad sobre la educación, la izquierda salta a la yugular en cuanto se le cuestiona una sola coma en esta materia. Así que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias entraron al trapo ante la sola mención de las intenciones del gobierno.

Pablo Iglesias se descolgó con unas declaraciones absurdas en las que ponderaba en términos hiperbólicos la educación en Cataluña: “a mí, si algo me enorgullece como español, es la escuela catalana”. La educación en Cataluña – aseguraba – es “referente mundial”.

Luego, en una sola frase radiografió la verdadera situación de la educación en España a través de la suya propia : “los niños y niñas catalanes obtienen puntuaciones mejores que los niños del resto del Estado”. Papanatismo correcto-politiqués (“los niños y niñas”); falta de concordancia lógica (“los niños y niñas catalanes”, sin “añadir “catalanas”, ¿o se puede ser sexista con los adjetivos y no con los sustantivos?) ; nueva falta de concordancia lógica (“que los niños del resto del Estado”; ¿porque compara a los “niños y niñas de Cataluña solo con los “niños” del resto del Estado; ¿es que en resto del Estado no hay niñas?).

Además de todo esto, su afirmación es falsa. Los niños de Cataluña no obtiene mejores puntuaciones que los niños del resto de España, que más o menos es lo que quiere decir.

El totalitarismo y la ignorancia
Pedro de Tena Libertad Digital 26 Febrero 201

Dicen que uno de los libros de cabecera de Lenin eran los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Hay quien ha subrayado que los principios de organización del partido bolchevique se parecen demasiado a las normas constitucionales de una orden cuyo superior era un general, como ejemplo evidente de centralización. Los totalitarismos se parecen, sí.

Cuenta Federico Jiménez Losantos al comienzo de su libro Memoria del comunismo cómo él mismo –y lo certifico con mi caso y otros muchos conocidos– y muchos otros jóvenes estudiantes del franquismo teníamos un desconocimiento absoluto de la historia de España e incluso de la de nuestras mudas familias, antes y después de la Guerra Civil. El impulso adolescente de rebeldía hacia lo establecido que algunos sentimos –una minoría, porque la mayoría o iba al fútbol, o a las boites, o estudiaba para obtener buenos puestos de trabajo o trabajaba ya– no estaba originado en algún conocimiento de la realidad, sino más que nada, desde luego en mi caso, en un sentimiento de deber hacia los humildes o en una insubordinación de cachorros crecidos ante los jefes de las manadas en momentos de progresiva abundancia material.

Muchos de nosotros habíamos sido fieles creyentes en una religión católica que hacía de los pobres un elemento de salvación y de la conciencia el manantial de una culpa motriz. Recuerden lo del rico, el ojo de la aguja y el camello, tesis tan diferente a la calvinista, según la cual un rico es un agraciado por una predestinación positiva. Dice Federico, en resumen, que murió su padre, perdió la fe y pasó de una iglesia a otra, en su caso a la del Partido Comunista. Otros pasamos a otras. Pero ¿por qué nos era tan necesario pasar de un dogma a otro o, si se quiere, de una secta a otra?

Uno nace de quien nace, donde nace y en el tiempo que nace. Ni lo puede conocer todo del mundo en que vive, ni puede eludir la condición genética y social de sus orígenes, ni puede leer, hacerlo y valorar todo. Uno es, como mucho, un confuso punto de vista, poco razonado e informado de la mayoría de los temas. Esto es, debemos reconocer humildemente que saber, saber, sabemos bien poco de casi todo. Pero, sorprendentemente, en un momento surge alguien que parece saberlo todo, explicarlo todo y desear el bien total de todos. Es el líder totalitario.

El misterio reside, creo, en la vanidad de unos ignorantes –los jóvenes suelen ser las víctimas más propicias– que quieren ser apreciados, queridos y acogidos por esa autoridad total que aparenta o cree ser omnisciente. Sin saber nada de historia de España ni de historia universal, ni de ciencia ni de filosofía, por poner un ejemplo, se pasaba a ensalzar la dialéctica, a explicar la historia en fases sucesivas, a pontificar sobre economía, a defender a la URSS o a China, a santificar la República, a maldecir a Franco y a otros, a divinizar a los obreros luchadores, no a los perros esquiroles y amarillos, y, en algún caso extremo, a justificar el tiranicidio y la violencia. ¿Y la capacidad crítica? Es lo primero que se perdía o, mejor, sólo se ejercía contra el enemigo.

Por eso todo totalitarismo, sea de izquierdas, de derechas o nacionalista, quiere imponer una educación doctrinaria que interprete la realidad por la fuerza, y por ello la primera obligación de los demócratas es defender una instrucción abundante y una enseñanza crítica y reflexiva, que permita que los jóvenes no se conviertan en autómatas totalitarios sino en personas que no sean medios para nadie sino fines en sí mismas. Esta batalla es la decisiva.

El Gobierno planta al Rey en Barcelona
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 26 Febrero 201

Era el momento de instar a la Fiscalía a actuar contra todos los cargos públicos que pretendieran obstaculizar la presencia del Estado en Cataluña.

La Generalidad de Cataluña está presidida -155 mediante- por Mariano Rajoy, atareado Presidente del Gobierno de España que la delega en la Vicepresidenta del Gobierno, que dirige con éxito el CNI y la política de comunicación del Gobierno, amén de coordinar el antiguo Consejo de Subsecretarios que prepara semanalmente el Consejo de Ministros, y ha acreditado extraordinaria eficacia en la "política de diálogo" del Gobierno frente al separatismo catalán. Total, sólo ha podido celebrar dos referendos ilegales para la destrucción de España - Rajoy aseguró en ambos casos que jamás se celebrarían y tras celebrarse que no tenían validez legal-, liquidar en dos días de Septiembre la legalidad constitucional, estatutaria, el propio reglamento interno del Parlamento y los derechos de la Oposición. Ah, y proclamar la República y organizar la huida de la Justicia del Presidente.

Era lógico, que tras el éxito del CNI frente a los golpistas, desde las urnas a las papeletas y los Mozos de Escuadra, en los que pese a sus fechorías en el atentado de las Ramblas se siguió confiando, y tras el brillo en el 1 de 0ctubre de la política interior y exterior, de la comunicación y la propaganda, áreas todas en manos de la Vicepresidenta, Rajoy le confiara la Generalidad. Nada merece más crédito que una gestión eficaz, y nada más eficaz que la política sobre Cataluña desarrollada por la Gran Soraya.

Puigneró, empleado de Rajoy, insulta al Rey
El martes 20 de febrero, cinco días antes de la celebración de la cena que la organización del Mobile World Congress ofrece al Rey de España, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones de la Generalidad, un tal Jordi Puigneró, dijo que no recibiría al Rey por defender el orden constitucional en su histórico discurso del 3 de Octubre. Lo hizo con la chulería que la impunidad asegurada por Rajoy y/o Soraya han asegurado en estos meses de aplicación exclusivamente electoral del artículo 155 a los golpistas que siguen insultando al pueblo español. Ese del que tan opíparamente viven.

Era el momento de destituir al tal Puigneró e instar a la Fiscalía a actuar contra todos los cargos públicos que pretendieran obstaculizar la presencia del Estado y la acción de Gobierno en Cataluña, sobre todo por la delicadísima situación en que el golpe de Estado ha puesto a la economía catalana, que tras la huida de miles de empresas teme, con fundada razón, que el MWC anuncie también que se marcha de Barcelona. De hecho, la presencia del Rey se ha debido exclusivamente a la angustiada petición de sectores económicos que ven en la presencia del Jefe del Estado el símbolo último de una legalidad que pudiera tranquilizar a los gestores del MWC.

Pues bien, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes quiso destituir Rajoy a Puigneró y escarmentar a todo funcionario que no cumpla su obligación a satisfacción de su Gobierno de su Generalidad. Y como no lo hizo, porque la mezcla de rencor, celos y vergüenza que marca la relación del Presidente del Gobierno con el Rey se manifiesta en esos términos de mezquindad, ayer sábado la alcaldesa de Barcelona y otros cargos de la Generalidad se manifestaron en los mismos términos contra la presencia del Rey, que es la de España, en el intento de salvar el MWC. Se recoge lo que se siembra. Rajoy siembra impunidad y cosecha desplantes. Pero el que planta al Rey, en última instancia, es el que permite que lo planten sus empleados, o sea, el Presidente del Gobierno y de la Generalidad: Mariano Rajoy

El ministro de Justicia, con el Golpe y contra los jueces
La política del Gobierno es la de favorecer como sea y cuanto antes que el Parlamento de Cataluña vote a cualquier golpista como Presidente de la Generalidad, para lavarse las manos de toda responsabilidad y abandonar el famoso e inédito 155 a las hemerotecas, los historiadores y las termitas.

Anteayer viernes, dijo Rajoy que "una sola persona", en referencia al prófugo Puigdemont, "no puede ser un obstáculo para siete millones de personas", como si los siete millones de habitantes de Cataluña fueran uno solo, desearan lo mismo y quisieran que su futuro dependiera del prófugo, no de la actuación decidida del Gobierno de España y de la Generalidad, ambos presididos por Rajoy, para imponer lo que la Ley y toda la fuerza que la respalda, que es la del Estado y la Nación españoles, deban decidir.

¿Decidir, he dicho? Lo único que ha decidido Rajoy es no decidir absolutamente nada, sobre todo nada en contra del golpe, a ver si de una vez se ponen de acuerdo los golpistas, forman otro Gobierno golpista y vuelven a dar otro golpe, que será el mismo pero que no le tocará a él. O sí, o a saber, o ya veremos. "Aquí -dijo ayer- sobran comentaristas políticos". ¡Por lo visto, aún no hay bastantes papagayos del Gobierno y de Podemos!

Y esa predisposición de Rajoy a la actividad inactiva, ese empeño en boicotear toda forma de dignidad institucional, la ejemplificó el Ministro de Justicia (antes, de Codere) Rafael Catalá, que en un acto de los abogados de Cataluña, cuando Torrent, Presidente del Parlamento regional, habló de "presos políticos", se negó a abandonar la sala como hicieron indignados los jueces y muchos de los presentes. La excusa del sedente Catalá fue que no quería faltar al respeto a los abogados convocantes. Cosa que por lo visto no hizo Torrent pero sí los jueces que abandonaron la sala porque no admiten que trabajan para una dictadura, la española, con presos políticos.

Mariano piensa en el banquillo; Soraya, también
Esa mezcla de cobardía y parálisis, de aturdimiento y necedad, es la que viene marcando la acción de Gobierno en los últimos meses. Y no tiene aspecto de remitir, sino todo lo contrario. Al parecer, la única preocupación de Rajoy es que Rivera no le gane las elecciones el año que viene. Eso, al parecer. En realidad, la estrategia del Estafermo de la Moncloa es tan sólo un intento de salvación personal, a costa del Gobierno, para evitar acabar en el banquillo por los casos de corrupción del PP que puedan alcanzarle.

La alternativa a este tembleque ayuno de alternativa la ha puesto en marcha Soraya, que a través del alter ego de Cebrián, Baltasar Garzón, ha pasado a coordinar la estrategia de los imputados del PP. Como descubrió Luis Herrero y comentamos en Libertad Digital -en muy pocos medios más-, la táctica de asumir personalmente el marrón y exculpar a los de arriba se ha trocado en culpar a los de arriba para exculparse del marrón. Ese cambio se verá en el gran guiñol del Congreso que arrejuntará a Cifuentes, Aguirre, González y Granados, cuatro personajes con una sola cosa en común, que no es el PP de Madrid: todos estaban bajo las órdenes de Rajoy. Pero él es el Gran Sorayo, el responsable de que el juicio a la corrupción en el PP, en medio de filtraciones ashishinas por falta de un heredero, no acabe de terminar.

Mientras tanto, el Golpe de Estado en Cataluña ha vuelto a empezar.

El Rey, en el Mobile World Congress
EDITORIAL Libertad Digital 26 Febrero 201

El Mobile World Congress (MWC) es la feria de telefonía móvil y telecomunicaciones más importante del mundo. Su celebración en Barcelona congrega a los más importantes representantes del sector y convierte a la Ciudad Condal en la capital mundial de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación. El impacto económico del MWC supera los 400 millones de euros, lo que hace de él un elemento extraordinariamente dinamizador de la economía local, tan perjudicada por los desmanes de los golpistas.

En cualquier otro lugar del mundo, las autoridades harían todos los esfuerzos posibles para asegurarse la celebración anual de este acontecimiento que tantos beneficios, económicos y de imagen, aporta. Sin embargo, el nacionalismo catalán, cuya capacidad destructiva es verdaderamente asombrosa, va a aprovechar la edición de este para perpetrar otro despliegue intoxicador de victimismo fake y poner de manifiesto su insano odio a España.

El rey Felipe VI, que acude a la feria para, precisamente, evitar que Barcelona sufra otra pérdida tremenda por culpa del separatismo liberticida, está en el punto de mira de los golpistas y de sus socios común-podemistas, que, encabezados por la descalificable alcaldesa de Barcelona, Inmaculada Colau, boicotearon este domingo la recepción protocolaria del monarca. Por su parte, el ridículo presidente del Parlamento regional (al que el viernes pusieron memorablemente en su sitio en el Colegio de Abogados de Barcelona), Roger Torrent, acudió a la cena de bienvenida con el infame lazo amarillo de apoyo a los golpistas presos, mientras que el secretario de Telecomunicaciones de la Generalidad, un tal Puigneró, se sumó al estrambótico boicot contra Don Felipe renunciando a asistir al ágape.

Lo más sangrante de este nuevo episodio tan indigno como sonrojante es que los separatistas y sus infames tontos útiles destrozan la imagen internacional de Barcelona ante la inacción del Gobierno de la Nación, que sigue adelante con su aplicación homeopática del artículo 155, inicuamente inocua.

El problema, por tanto, no es sólo que Barcelona tenga una alcaldesa grotesca, sectaria y ruin que prefiere hundir definitivamente la imagen internacional de la ciudad y perder para siempre la celebración del MWC a cambio de seguir contando con el apoyo del separatismo; sino que enfrente no hay un Gobierno dispuesto a restaurar el orden constitucional en la capital de Cataluña y en el resto del Principado. Un Gobierno que materialice las palabras de Don Felipe en su célebre discurso de octubre, donde retrató a los golpistas como lo que son y prometió a sus víctimas principales, los españoles de Cataluña, que no seguirían estando a su merced liberticida.

El tabú de España
Ricardo Ruiz de la Serna gaceta.es  26 Febrero 2018

En España, hay personas que temen decir esta palabra: España. Como el ajo para los vampiros, el solo nombre de nuestro país suscita incomodidades, resquemores, caras de espanto. A veces, buscan eufemismos -el que ha hecho más fortuna es “el Estado”- para evitar el término temido. Sucede igual cuando hablan español y cuando hablan catalán. Basta decir “España” para que haya más ceños fruncidos que en un drama yiddish. Así, uno escucha expresiones desconcertantes como “más de 50 localidades se movilizaron en todo el Estado” -cito del sitio web de una ONG de lucha contra la pobreza- y podría poder otros ejemplos. Tomemos un caso de actualidad: el discurso de Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña en la entrega de los diplomas a los letrados con más de 50 años de ejercicio que se celebró en el Colegio de Abogados de Barcelona el viernes pasado. Después de que la cúpula de la Judicatura y la Fiscalía en Cataluña abandonasen la sala a causa de la referencia de Torrent a “presos políticos”, deslizó una frase bien jugosa: “sobre este punto, hay que destacar el manifiesto de más de un centenar de profesores de Derecho penal de todo el Estado español”. Así, los firmantes del documento son “de todo el Estado español” y no de toda España como hubiesen exigido la lógica, la semántica y el sentido común.

La resistencia a decir “España” y a emplear los adjetivos derivados –“español”, etc- tiene algunas excepciones como el intento de demonización. Cabe nombrar a España para deslegitimarla. Así sucede, por ejemplo, cuando los nacionalistas hablan en foros internacionales. Anna Gabriel desde Suiza ha dicho que “Suiza no acepta la extradición de personas perseguidas políticas incluso si es un país de la Unión Europea el Estado Español”. Hay, por supuesto, más casos. Ahí está la falsa contextualización de Cataluña como un país diferente de España -la ajenidad, la extranjería, la radical diferencia- y no una de sus comunidades. Creo que esto es tan habitual que huelgan más ejemplos, pero cualquier persona atenta al discurso público en Cataluña podrá encontrarlos a docenas cada semana.

Hasta aquí lo que cabía esperar de los nacionalistas y separatistas catalanes. Como las restantes ideologías totalitarias de los últimos dos siglos, el nacionalismo catalán ha ido elaborando una “neolengua” despojando a las palabras de sus significados y dándoles otros que no vienen dados por el uso de sus hablantes sino por la hegemonía cultural -tomo el término de Gramsci- que ellos han venido construyendo en Cataluña durante más de treinta años. Desde las normas de estilo de algunos medios de comunicación hasta la retórica política, se trataba de evitar la mención de España salvo para cubrirla de fango. Expresiones como el “Estado español” servían, así, para eludir el nombre que les recuerda de qué estamos hablando en realidad.

Así funciona el tabú, el término que se evita por religión, superstición, o pretendido decoro. Para reemplazarlo, se emplea el eufemismo. Lázaro Carreter señalaba en el “Diccionario de términos filológicos” que éste es “un proceso que conduce a evitar la palabra con que se designa algo molesto, sucio, inoportuno, etc., sustituyéndola por otra expresión más agradable. Según Carnoy (1927), el eufemismo puede producirse por las siguientes causas: a) deseo de adecuarse a una circunstancia en la cual la palabra propia resultaría demasiado plebeya o trivial; esto mueve a utilizar “cabello” por “pelo” […] b) ennoblecimiento de la propia personalidad; así, un músico se hace llamar “profesor”; […] c) respeto cortés hacia aquel a quien se habla: hay eufemismo de dudoso gusto cuando se pregunta a alguien sobre “su señora” en vez de “su mujer”; […] d) necesidad de atenuar una evocación penosa: llamamos “invidentes” a los ciegos, e) tabú social, religioso, moral, etc.; ello induce a llamar “embriagado” al borracho […]”.

Así, el término “España” se ha convertido para algunos en un tabú que requiere del empleo de eufemismos. Lo peor es que el eufemismo lo hayan asumido quienes no son nacionalistas, pero temen que se los asocie con el desprestigio que éstos pretender darle al término “España”. Ahí afloran el miedo al estigma, el temor a romper el tabú y la inquietud de sacudirse los complejos. Desde organizaciones de la sociedad civil hasta intelectuales, en España se ha extendido durante años el miedo a nombrar el país en el que vivimos y la realidad de Cataluña como parte de ella. He asistido a reuniones en las que personas nada sospechosas de ser nacionalistas ni separatistas aceptaban el eufemismo del “Estado español” para “no herir sensibilidades”. Así, preferían herir el idioma y ocultar la verdad antes que “ofender” a quienes, con tanta susceptibilidad, terminan imponiendo su neolengua.

Así, del mismo modo que rechazamos la manipulación de términos como “presos políticos”, deberíamos reaccionar frente a los eufemismos que tratan de esconder los hechos so pretexto de pretendidas ofensas. Los nacionalistas y separatistas catalanes -como los demás totalitarios de los últimos dos siglos- han secuestrado el español y el catalán para sus propios fines. Ahora debemos tratar de recuperarlos. No sé si debemos levantarnos de la mesa cada vez que alguien esconda el nombre de España bajo la capa del “Estado español” o alguno de sus derivados, pero sí creo que debemos afirmar que las cosas deben llamarse por su nombre. Hemos llegado a un punto en que llamar a España por su nombre parece un acto revolucionario en determinados contextos. Pues bien, asumamos ese desafío y transgredamos el tabú de llamar como se llama a una realidad con tres milenios de historia a las espaldas.

Cuando niños con discapacidad también sufren la inmersión: "Nil tiene 18 años y lee justito en castellano"
A pesar de las recomendaciones de la UNESCO y de las sentencias de los tribunales, la exclusión del español en Cataluña sigue aplicándose hasta en menores castellanohablantes con graves dificultades de aprendizaje.
Cristian Campos elespanol 26 Febrero 2018

Dice Irina Bokova, exdirectora general de la UNESCO, que "la educación y la información en la lengua materna son absolutamente indispensables para mejorar el aprendizaje y fortalecer la confianza y la autoestima que forman parte de los motores más potentes del desarrollo". ¿Pero qué poder tiene la UNESCO frente a un régimen nacionalista capaz de imponer la inmersión lingüística incluso a niños con serias dificultades de aprendizaje y cuya lengua materna es el castellano?

José Luis Aguerri y Lourdes Ferrán son pareja y viven en una casa rural en plena montaña, a cinco kilómetros de Alforja, un pueblo de apenas mil ochocientos habitantes en la provincia de Tarragona. Ella tiene un hijo, Nil, de una relación anterior. José Luis y Lourdes empezaron su relación en 2005. En aquel momento, ambos vivían en Reus, Nil contaba cinco años y la pareja sobrevivía con poco más de 700 euros al mes. Tres años después, en 2008, los especialistas le diagnosticaron al niño una disminución auditiva del 40% en ambos oídos.

Tras el diagnóstico, José Luis y Lourdes pidieron una reunión con los educadores del colegio de Nil, el CEIP Dr. Alberich i Casas. El niño, que también es disléxico, mostraba dificultades de aprendizaje en lectura, escritura y comprensión de conceptos medianamente complejos. La pareja es castellanohablante, así que decidió solicitar que Nil fuera educado en su idioma materno. El colegio se negó a ello. "Su tutor escolar me dijo: '¡Cómo te atreves a decir eso del niño delante de su madre! ¡Además, sabemos que no eres el padre!'", cuenta José Luis. "Al día siguiente, la directora del colegio me prohibió acudir a futuras reuniones", añade.

Después de mucho insistir, José Luis y Lourdes consiguieron que Nil fuera examinado por un psicólogo médico, que le diagnosticó un retraso psíquico. "Como consecuencia de ello, se le reconoció una discapacidad psíquica que, junto a la auditiva, le otorgó una minusvalía del 42%. Hasta ese momento, consideraban a Nil como un retrasado sin más. Es cierto que tenía un importante retraso, pero su apariencia de niño normal me hizo sospechar que había alguna causa detrás. Además, conmigo actuaba con total normalidad. Resultó que Nil oye sólo en determinadas frecuencias. Lo que está por encima o debajo de esas frecuencias es silencio para él. Mi tono de voz es tirando a grave. Por eso a mí me oye bien, pero a su madre (que tiene un tono más agudo) no".

"Hablad catalán en casa"
En 2009, la pareja se mudó a la casa de Alforja. En su nuevo colegio, el Josep Fusté, los problemas continuaron para Nil. Ya con un certificado de minusvalía expedido por el ICASS (el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales), el niño continuaba mostrando problemas de aprendizaje. "Nil apenas sabía leer correctamente. En cualquier caso, leía y escribía mejor en español que en catalán. Su nivel era el de un niño de ocho años", asegura José Luis. La escuela colocó a Nil en una clase tres niveles superior al que le correspondería de acuerdo a su capacidad. "De este modo, oficialmente, no hay niños con retraso escolar en Cataluña", añade.

Nil contaba en aquel momento con un refuerzo de dos horas semanales en lengua catalana y matemáticas, que también le eran impartidas en catalán. “Nos hemos hartado de pedir un colegio especial para él o enseñanza diferenciada en español. En varias ocasiones se nos ha dicho que, por el bien de Nil, hablemos catalán en casa”. Según José Luis, el Departamento de Enseñanza de la Generalidad sólo les ofrecía la posibilidad de acudir a un centro privado o mudarse a otra comunidad.

En 2010, José Luis y Lourdes tomaron una decisión radical: desescolarizar a Nil. La educación en el hogar es una opción habitual en los Estados Unidos, Australia, Chile o Bélgica, pero alegal en España. En Alemania y Bulgaria la desescolarización es ilegal excepto en casos de discapacidad o itinerancia. Se estima que entre dos mil y cuatro mil familias en España han optado por la educación en el hogar. En la práctica, muy pocas de las denuncias de la Administración acaban en sentencias condenatorias.

En realidad, José Luis y Lourdes nunca llegaron a desescolarizar a Nil. Sí anunciaron su intención de hacerlo para conseguir aquello que llevaban pidiendo desde el primer día: que su hijo fuera escolarizado en castellano y en un curso adecuado a su nivel de desarrollo real.

Sin sentencia no hay educación en castellano
"La desescolarización no pasó de ser una mera amenaza. Lo que pasa es que al llegar el invierno había muchos días que no bajaba al colegio. Algunas veces por catarro. Las más, porque en días de lluvia, que aquí son habituales en invierno, no podíamos llevarlo. No teníamos vehículo y son cinco kilómetros de ida y otros tantos de vuelta andando. Los días que no asistía a clase era yo quien ejercía de maestro. Lógicamente, con mi propio plan. En el tiempo que estaba en casa, aprendía y se le quedaba todo. En cuanto volvía al colegio… todo olvidado. Todo fue, y es, un absurdo", dice José Luis.

En una carta remitida en julio de 2012 por el Departamento de Enseñanza de la Generalidad, el director del Instituto Fontanelles desestima su petición de escolarizar a Nil en castellano por no tener "una sentencia a su favor". El director les recuerda también que según la LEC (la Ley de Educación de Cataluña) la enseñanza secundaria en Cataluña se imparte en catalán, y les remite al llamado Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico. Ante su insistencia, el director del centro accedió a ofrecerle a Nil un refuerzo en castellano que impartiría alguien de la ONCE. "No sé qué pito puede tocar alguien de la ONCE en esto, pero bueno. La cosa es que el refuerzo de la ONCE nunca llegó", dice José Luis. Y eso que se cansaron de reclamarlo por vía telefónica, pero su caso estaba siempre "en estudio".

En otra ocasión, dos asistentas sociales acudieron en persona a la casa de Lourdes y José Luis. "Vivimos aislados en la montaña, pero si no conoces la ruta es imposible acceder. Cuando las asistentas llegaron al pueblo, nos llamaron por teléfono. Llevaban horas dando vueltas por el monte. Bajé a recogerlas con el coche y subimos. Les enseñé las gallinas, los patos, las ocas y el huerto. También les mostré la casa", recuerda.

Las asistentas intentaron entrar en el domicilio pero José Luis les dijo que mejor hablaban en el patio, rodeados de gallinas y perros. Ellas insistieron. "Les pregunté si tenían una orden judicial. Me dijeron que no era necesaria y yo les dije que sí que lo era, porque yo no las había invitado. Me contestaron que en ese caso habíamos terminado de hablar y que las bajara al pueblo. Me lo dijeron en imperativo. Les contesté que caminar es sano y que eran sólo cinco kilómetros. Mi mujer y yo las dejamos allí y no volvimos a saber de ellas", recuerda. Al poco tiempo les comunicaron que habían resuelto el expediente a su favor. "Judicialmente no tenían caso".

Hoy Nil tiene dieciocho años y no estudia ni trabaja. Su futuro, según José Luis, está seriamente comprometido debido al fracaso del sistema. "Acabó la ESO con aprobado en todos los cursos, pero no tiene ni idea de nada. Lee justito en castellano, y en catalán ni te cuento, aunque se sacó el carnet de conducir a la primera. Lo que sabe, sus habilidades, es lo que aprende conmigo. Ha aprendido sobre energías alternativas (solar y eólica), que son las que aquí nos abastecen y que yo he instalado. También sobre mecánica, pues estamos obligados a hacer nuestras propias reparaciones. Tiene conocimientos de agricultura y ganadería, por ser los recursos de la familia para autoabastecimiento. El mercado laboral está cerrado para él. Intento formarlo para que al menos pueda defenderse. Es cuestión de dedicación y tiempo", concluye.

EN FRASES
El repaso del secretario general de VOX al separatista Campuzano en TV3
La Gaceta  26 Febrero 2018

El secretario general de VOX, Javier Ortega, dio un repaso al separatista Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso, este sábado en la cadena pública catalana TV3.

Recordó que el exvicepresidente Oriol Junqueras, los Jordis y el exconsejero Joaquim Forn no son “presos políticos” sino dirigentes que han cometido graves delitos, defendió la labor de la Guardia Civil y la Policía ante el referéndum ilegal del 1 de octubre y aseguró que la democracia española “no puede permitir” que partidos golpistas sean “legales”.

Las frases más destacadas de su intervención son las siguientes:

“No son presos políticos, eso es completamente falso, estamos hablando de políticos que están presos por graves delitos que han cometido”.

“Estáis infinitamente más cerca de dar un golpe militar vosotros que lo que podemos estar nosotros que nos situamos justo en frente, defendiendo el Estado de Derecho y la legalidad”.

“Despreciamos de igual manera tanto a los golpistas que llevan uniforme como a los que lleváis traje y coche oficial e imponéis vuestra ley a la fuerza”.

“La propuesta de VOX es que cualquier partido que atente contra la democracia, la libertad y la unidad de España debe ser ilegalizado. Se llame como se llame”.

“Policía y Guardia Civil cumplieron una labor extraordinaria como profesionales durante el golpe. Cosa que otros dejaron mucho que desear porque se retiraron y colaboraron en las acciones violentas”.

“Nuestra democracia no puede permitir que unos partidos que han participado en un golpe, declarada abolida la Constitución y proclamado la secesión de una parte del país, sean legales y se nutran de importantes fondos públicos”.

“Esperamos que se haga Justicia y el Supremo dicte sentencias condenatorias para todos los golpistas”.

“Los 18 abogados que trabajamos en la acusación popular no cobramos ni un duro, lo hacemos por amor a España”.

“Las fianzas las hemos pagado con pequeñas aportaciones de miles de españoles”.

¿Qué pasa con la educación en Cataluña?
Aceptando el informe PISA, los datos de Cataluña en materia educativa no solo no son buenos, sino que son francamente malos.

En materia educativa los criterios son claros: los resultados de los alumnos están estrechamente relacionados con el nivel de renta y con los estudios de los padres. Por tanto, hay que valorar el estado de la educación en Cataluña en relación con el de regiones equivalentes en esos aspectos. Pues bien: Cataluña queda por debajo de las regiones más desarrolladas de España, con la sola excepción del País Vasco, en todas las facetas.

La comparación deja muy mal a Cataluña cuando se le enfrenta con los datos de las regiones de renta similar a la suya, quedando muy por debajo tanto en Ciencias (siendo la media nacional de 493 puntos este materia, Castilla y León obtiene 519, Madrid 516 y Navarra 512, por 504 Cataluña) como en Matemáticas (sobre una media de 486, Navarra alcanza los 518 puntos, Castilla y León 506, La Rioja 505, Madrid 503, y Cataluña y Aragón 500).

El otro aspecto que se evalúa, el de la comprensión lectora, también arroja unos datos reveladores: Cataluña vuelve a quedar por debajo de las regiones españolas más desarrolladas, muy alejada, con 500 puntos, de los 522 de Castilla y León y los 520 de Madrid. Y añadiendo una salvedad muy significativa: la prueba de compresión lectora en Cataluña se efectúa en catalán. No es aventurado suponer que en caso de que se hiciese en español los resultados serían aún peores.

No es solo el informe PISA; otros muchos estudios de temática educativa avalan estos datos casi milimétricamente.

De nuevo la izquierda con los privilegiados
Una nota característica de la educación en Cataluña es la diferencia que existe entre los castellano-hablantes y los catalán-hablantes. La inmersión en catalán y la consecuente imposibilidad de elegir la lengua en la que estudiar, perjudica a los castellano-hablantes de modo muy notable.

Las cifras no dejan lugar a la duda. El fracaso escolar es doble entre quienes tienen el español por lengua materna que entre los catalán-hablantes. Un 72% de los alumnos que ha repetido un curso tiene el español como lengua materna; el porcentaje se dispara hasta el 90% entre quienes ha repetido al menos dos cursos.

Por supuesto, no es solo una cuestión de lengua: es que los castellano-hablantes tienen una extracción social media inferior. De modo que este sistema educativo lo que hace es dificultar aún más a los más desfavorecidos. Y refuerza los mecanismos de discriminación y exclusión.

Por lo visto, esto es lo que llena de orgullo y satisfacción a Pablo Iglesias.

El español, cosa de pobres
Cuando Salvador Sostres decía aquello de que él empleaba el español para hablar con la criada, además de hacer gala de un repugnante clasismo, estaba reflejando esa identificación que se produce en Cataluña entre la lengua y la condición social.

Hace 40 años, los nacionalistas justificaban la necesidad de que la educación fuese bilingüe en el hecho de que ser educado en la lengua materna era imprescindible para un más adecuado desarrollo personal y porque, en definitiva, redundaba en una mayor justicia e igualdad.

Por entonces, los nacionalistas reclamaban para ellos exactamente lo mismo que hoy le niegan a los demás. Con el inestimable auxilio, como siempre, de la izquierda, que sacrifica a los más débiles a sus objetivos ideológicos; y con la omisión vergonzosa, como siempre, de la derecha.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Cataluña: fracaso general
Arturo García gaceta.es 26 Febrero 201

La masa independentista ha vuelto a hacerse notoria con la llegada de Felipe VI con la alcaldesa, Ada Colau, como cómplice principal.

Estudiar español en España. Un principio obvio y que cualquier país sensato aplicaría sin ningún tipo de polémica ha levantado una oleada de indignación entre las fuerzas separatistas e izquierdistas en Cataluña. El Gobierno de Mariano Rajoy, que hace unos meses negó que existiera “ningún problema” educativo en la región, ha abierto el debate en torno a la cuestión de la inclusión de la casilla para que los padres elijan la lengua “vehicular” de la enseñanza.

El problema en Cataluña es evidente y consiste, nada menos, en la lengua en la que se estudia. El debate, y las agrias críticas de las principales terminales mediáticas, obligaron a Rajoy a rectificar su postura inicial y tan sólo unas horas después pasó a asegurar que no había “ninguna prisa” por introducir los cambios propuestos.

Si hay algo que el marianismo nunca ha tenido es precisamente prisa. Ni para hacer frente los problemas políticos en Cataluña, ni para abordar el creciente nacionalismo que crece y se expande en otras regiones como el País Vasco, donde el lehendakari, Íñigo Urkullu, presiona en busca de un nuevo Estatuto de Autonomía -como si las concesiones del concierto económico no fueran ya suficientes-.

Los resultados de los alumnos están relacionados con el nivel de renta y con los estudios de los padres. Para valorar el estado de la educación en Cataluña es preciso ponerlo en relación con el de regiones equivalentes. En todas esas comparaciones, salvo la excepción del País Vasco, Cataluña pierde.

La comparación deja muy mal a Cataluña cuando se le enfrenta con los datos de las regiones de renta similar a la suya, quedando muy por debajo tanto en Ciencias (siendo la media nacional de 493 puntos en esta materia, Castilla y León obtiene 519, Madrid 516 y Navarra 512, por 504 de Cataluña) como en Matemáticas (sobre una media de 486, Navarra alcanza los 518 puntos, Castilla y León 506, La Rioja 505, Madrid 503, y Cataluña y Aragón 500). El otro aspecto que se evalúa, el de la comprensión lectora, también arroja unos datos reveladores: Cataluña vuelve a quedar por debajo de las regiones españolas más desarrolladas

La mala educación
La presencia de Felipe VI en Cataluña ha vuelto a hacer notoria a la masa independentista con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como cómplice principal. La edil cargó en declaraciones previas contra el monarca y aseguró que no era el momento para “vasallajes”, al tiempo que recordó el discurso del Rey tras el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Podemos se posiciona de nuevo del lado nacionalista en una estrategia política con resultados nefastos para la formación presidida por Pablo Iglesias.

La actitud del presidente del Parlamento regional, Roger Torrent, no por esperada deja de ser más lamentable. El teórico representante de todos los catalanes, incluidos aquellos que votaron en masa por Inés Arrimadas y otras opciones no secesionistas, volvió a abrazar la causa independentista y no sólo negó el saludo al monarca, sino que su conducta durante la cena del Mobile World Congress rozó el bochorno.

Un episodio más, y ya van demasiados, en el tortuoso sendero de la causa separatista en una Cataluña que, dos meses después de las elecciones, ni tiene presidente ni se le espera.

Inmersión: entre las aulas y los tribunales
¿Qué alternativas tienen las familias para acceder a una educación bilingüe en Cataluña? o ¿qué leyes les amparan? son solo algunas de las preguntas en el aire
ESTHER ARMORA. BARCELONA. ABC 26 Febrero 2018

Más de diez años de encendido enfrentamiento político y judicial entre el Gobierno y la Generalitat por el modelo lingüístico de inmersión vigente en la escuela catalana, no han servido para que el castellano gane peso en las aulas, donde el catalán sigue siendo la lengua de uso hegemónico.

Sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS), Constitucional (TC) y el Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obligan a la administración autonómica a aumentar la presencia del español en la red educativa, no han alterado el actual modelo monolingüe de inmersión en Cataluña. Solo algunos colegios imparten más horas de castellano siguiendo dictados judiciales, fruto de las denuncias interpuestas por algunos padres.

¿Qué alternativas tienen las familias para acceder a una educación bilingüe en Cataluña?, ¿qué leyes les amparan?, ¿qué capacidad de maniobra tiene el Gobierno para que el castellano tenga más presencia en las aulas sin modificar el modelo?... Son solo algunas de las preguntas en el aire desde que el Gobierno –al frente de la consejería de Enseñanza por el artículo 155– anunció que estudia dar un paso adelante para garantizar que el castellano sea vehicular en Cataluña.

¿Qué vías hay para obtener enseñanza en castellano?
–Las familias que desean que sus hijos se escolaricen con más castellano podían recurrir hasta ahora a dos vías: la judicial, a la que llegaban después de elevar su reclamación a la Generalitat y no obtener respuesta, y la conocida como «vía Wert», que ofrecía ayudas de hasta 6.000 euros para escolarizar a sus hijos en centros privados. El TC anuló el lunes esta última opción en respuesta a un requerimiento que la Generalitat interpuso en 2014. El alto tribunal sentenció que este sistema es «inconstitucional» porque «invadía competencias autonómicas».

¿Qué dificultades encuentran las familias?
–La via judicial resulta farragosa y muy costosa. Como no pueden elegir la lengua de escolarización de sus hijos en el momento de la preinscripción, ya que no existe una casilla que les dé esta opción, las familias deben primero dirigirse al centro y después a la Generalitat. Esta última no ha dado nunca respuesta a las demandas de las familias, por lo que tras una fase de silencio administrativo, éstas acuden a la justicia. Es el principio de una batalla que dura años.

¿Qué «handicap» tenía la «vía Wert»?
–La «vía Wert», a priori más directa, topó con un problema de aplicación, ya que no había centros públicos en el territorio que pudieran asumir a los alumnos «becados» por el Ministerio y las familias debían escolarizarlos en colegios privados con matrículas muy caras. Los padres debían adelantar el dinero de la matriculación en espera de que el Ministerio se pronunciara sobre su caso. Se daba la circunstancia de que algunos solicitantes no obtenían finalmente la ayuda y pagaban matrículas muy elevadas.

¿Qué dice la ley?
–La segunda ley de Política Lingüística (1998) abrió a las primeras familias que reclamaban enseñanza en castellano en Cataluña una brecha de esperanza para aferrarse. La normativa define el catalán como «la lengua vehicular normalmente utilizada» en el sistema educativo, aunque también señala que los menores tienen el derecho a «recibir su primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea el catalán o el castellano». Reconocía a las familias ese derecho durante cinco años. Muchos padres han aludido a esta ley para reclamar el derecho a que sus hijos reciban en los primeros años de enseñanza las clases en castellano y exigir la introducción de la polémica «casilla» en la preinscripción. En el año 2009, el Parlament aprobó la Ley de Educación de Cataluña (LEC) con el apoyo de todos los grupos, excepto del PP, que recurrió la norma al Tribunal Constitucional. La ley autonómica, que fue utilizada por las fuerzas nacionalistas para blindar la inmersión, fija el catalán como «lengua vehicular y de aprendizaje» y ofrece a las familias que piden castellano la única opción de que sus hijos «reciban atención individualizada en esta lengua».

¿Qué supuso la LEC?
–Hasta que se aprobó la ley catalana, los padres tenían derecho a que sus hijos recibieran las clases en castellano los cinco primeros años de enseñanza. La LEC redujo ese derecho a un año y lo limitó a una atención individualizada (artículo 11.4). Cerró también la puerta (artículo 51) a la posibilidad de implantar la tercera hora.

El fallo del TC, un balón de oxígeno
–Un año después llegó la sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que reconoce el mismo derecho a emplear el castellano como lengua vehicular que en el caso del catalán: «Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza». El TC indica también que el derecho a la educación no ampara la pretensión de que la enseñanza se imparta única y exclusivamente en una de las dos lenguas cooficiales. Muchas familias intentaron aferrarse a esta sentencia y acudieron a los tribunales pero la Generalitat solo les ofreció atención individualizada.

Castellano en toda el aula
–Diez autos del TS, dictados entre el 6 y el 14 de marzo de 2013, establecían que cuando un alumno pide clases en castellano y catalán «el sistema ha de adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte ese alumno». Los defensores del bilingüismo celebraron ese pequeño avance que supone abandonar la atención individualizada y extender la obligatoriedad de dar más castellano a todos los alumnos que comparten aula con el estudiante que lo ha solicitado.

La solución del 25%
–El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resolvió por primera vez en 2014 fijar un porcentaje mínimo del uso del castellano (25%) como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. El TS avaló luego esta proporción mínima. Varias familias han logrado por la vía judicial que sus hijos, y por extensión el conjunto de su aula, reciban el 25 por ciento de las clases en castellano.

¿Cómo hacer que la lengua castellana sea vehicular?
–ElGobierno se plantea aumentar la presencia del castellano en la enseñanza aunque sin modificar el actual modelo. Expertos consultados por ABC lo consideran complicado y apuntan tres escenarios. El primero, que haya una doble vía en los centros educativos, es decir que dentro de una misma escuela se establezcan dos líneas en paralelo, una para los alumnos que eligen más castellano (un 25 por ciento como mínimo, según establece la ley) y otra para los que eligen seguir con la inmersión. Esta solución pasaría por habilitar una casilla en la preinscripción que dé a las familias la opción de escoger la lengua.Se necesitaría también organizar los recursos para que pudiera materializarse.

La segunda alternativa, que requeriría también habilitar la polémica «casilla», sería crear una doble red de escuelas como en el País Vasco, unas en las que se escolarice en castellano y otras en la que se escolarice exclusivamente en catalán.

La tercera opción sería que todos los centros educativos impartieran un 25 por ciento de horas en castellano a todos los alumnos. Cualquiera de las tres opciones sería mal recibida por el grueso de la comunidad educativa, que siempre se ha posicionado a favor de la inmersión.

El destrozo del secesionismo
EDITORIAL El Mundo 26 Febrero 2018

Tanto la presencia como las palabras pronunciadas anoche por el Rey en el arranque del Mobile World Congress suponen la expresión del respaldo sin fisuras de España a la feria más importante del mundo de telefonía, boicoteada de forma torticera por Ada Colau y el independentismo. Por mucho que la alcaldesa de Barcelona se empeñe en denigrar la decisiva y razonable actuación del Monarca durante el golpe perpetrado por los separatistas y por mucho que Puigdemont continúe faltando el respeto al Jefe del Estado, la realidad sigue siendo inquebrantable: Cataluña es España, España apoya a Cataluña en un evento de envergadura global y quien debe "pedir perdón" no es el Rey, como ayer bramó el ex president desde su refugio belga, sino quienes expulsaron a la Generalitat de la senda de la legalidad.

El Rey acertó al ignorar las provocaciones y se mostró muy claro al recordar la importancia de la colaboración entre administraciones para "consolidar" el Mobile en Barcelona. Sin embargo, al margen del apoyo oficial a un acontecimiento cuyo impacto económico supera los 500 millones de euros, lo cierto es que la imagen ofrecida este año en la previa del Mobile se ha visto gravemente dañada por la irresponsabilidad de las autoridades catalanas. El Mobile es una feria de resonancia planetaria que recibe cada año más de 100.000 visitantes. Los ejecutivos de las principales compañías de telefonía mundial se vieron obligados ayer a superar dos cordones policiales por las protestas de los separatistas antes de llegar al Palau de la Música, que acogió la cena de inauguración. Y también asistieron al desplante de Colau, de Roger Torrent y de los representantes de la Generalitat, que se negaron a recibir al Rey.

Es difícil concebir una autolesión institucional de tal envergadura. En todo caso, cabe recordar que el destrozo causado a la imagen de Barcelona, de Cataluña y de España es consecuencia del clima de enfrentamiento larvado por el independentismo. En un momento en el que la proyección exterior de nuestro país se ha visto ajada por el desafío soberanista, resulta un ejercicio de flagelación inaudito que la propia Colau actúe en contra de los intereses de la ciudad que gobierna con el necio subterfugio de que la recepción al Monarca constituye "un acto de pleitesía y vasallaje impropio del siglo XXI".

Lo impropio es politizar una feria que se ha convertido en uno de los pilares de la economía de la Ciudad Condal. Lo impropio es no sumar esfuerzos para amarrar la sede del Mobile, que ya el año pasado no escondió su queja por la incertidumbre generada a raíz del procés. El Gobierno no ha escondido el peligro que corre España de perder la organización de este congreso. Si tal cosa ocurriera sería un desastre sin precedentes, sólo imputable al delirio de quienes han conducido a Cataluña al enfrentamiento social, la división política y la ruina económica.

Los Tontons Macoutes de Puigdemont (y Colau)
José García Domínguez Libertad Digital 26 Febrero 2018

Los Tontons Macoutes de Puigdemont y Colau, esas genuinas barras bravas de la comunión catalanista que se dicen Comités de Defensa de la República, andan muy atareados a estas horas maquinando otra buena bullanga callejera a fin y efecto de que a los visitantes forasteros que ha arrastrado hasta Barcelona el último (pues probablemente aquí no vuelva a haber otro) cónclave global de la telefonía móvil, sobre todo, les quede claro que acaban de aterrizar en un Kabul con semáforos. En el plano estrictamente político, el afán compulsivo del Payés Errante y su factoría portátil de fuegos pirotécnicos por internacionalizar el conflicto ha logrado consumar un único resultado tangible, uno y solo uno, a saber: la solemne coronación del propio ido como Rey del Carnaval 2018 en Flandes, un trono que tuvo que disputar hasta el último minuto de los desfiles de las charangas a otro grande, Kim Jong Un, que también aspiraba este año al cetro. Aparte de eso, nada con sifón.

Sin embargo, en el flanco económico los hitos ya superados alcanzan a estas horas cotas de auténtico récord Guinness. Al punto de que, acaso excepción hecha de Pol Pot en Camboya, nadie antes había conseguido expulsar en desbandada a miles y miles de empresas de su territorio en apenas un trimestre, todo con el único instrumento letal de un concierto coral de rebuznos soberanistas a capela. Una sistemática labor de destrucción del trabajo y el esfuerzo ordenador y creador de varias generaciones, ese de las falanges separatistas al mando del Papa Luna de Bruselas, que simplemente no se podría entender sin antes reparar en el carácter socialmente parasitario y productivamente estéril del grueso de las capas rectoras del movimiento catalanista. La clerecía, gremio corporativo integrado por miles y miles de cazadores de rentas que viven desde hace décadas de sorber el presupuesto de la Generalitat con la coartada de la construcción nacional, el ejército de lactantes insaciables que constituye la columna vertebral de esa sociedad civil Potemkin que nutre la base del poder de los separatistas, es tan indiferente a las necesidades de los sistemas económicos posmedievales como al imperativo de obedecer el orden legal dentro de un Estado de Derecho.

De ahí, por cierto, la desoladora evidencia demoscópica que certifica la hegemonía del indigenismo sedicioso dentro del grupo de los asalariados que reciben sus nóminas de la Administración Pública, una cohorte en la que representarán un 50% del total. Y también de ahí que, por el contrario, apenas un escuálido 26% de los catalanes que se tiene que ganar todos los días el sustento en el sector privado se muestre proclive a secundar la asonada permanente en que ha devenido el monotema del procés. Dos clases, dos mundos. Los españoles del siglo XXI, con nuestro Rey a la cabeza, tenemos hoy la obligación, el imperativo irrenunciable, de llevar las luces de la nueva revolución industrial y burguesa a ese erial garrulo de las cuatro provincias karlistas del extremo noreste de la Península. A esos curas trabucaires y a sus rudos caudillos feudales, las manos muertas de la Cataluña tronada, inane y silvestre, hay que alojarlos de una vez por todas en la Modernidad. A collejas si hace falta. ¿Telefonía móvil? Pero si lo de esos Tontons es el tam-tam.

La lucha imposible por la escolarización en castellano
OLGA R. SANMARTÍN El Mundo 26 Febrero 2018

Cuando el profesor onubense Manuel Peña daba clase en un instituto de Montcada (Barcelona), allá por 1988, un inspector se metió en su aula, se puso a observarlo y, a la salida, se reunió con él para corregirle su acento: «Usted habla bien, pero tenga cuidado con las eses, que las aspira un poco al hablar». Era la primera etapa del pujolismo y la llamada normalización lingüística imponía a veces estas muestras de poder.

«Estaban muy obsesionados con la pronunciación, con la norma, con que todos tuviéramos el acento estándar barceloní. La lengua era un elemento de distinción y de ascenso social», explica este catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, que se fue de Cataluña en los 90, después de publicar una investigación en defensa del castellano que recibió un aluvión de críticas.

Ha pasado el tiempo. El Gobierno de España controla la Generalitat con el 155. No hay inspectores que corrijan la pronunciación de los profesores charnegos. Pero sólo existe una asignatura en castellano en la inmensa mayoría de las escuelas catalanas. Es una lucha imposible por escolarizar en esta lengua oficial del Estado. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que invalida parte de la Lomce, no existe ningún mecanismo estatal -al margen de la vía judicial- que la garantice [lea en PDF la sentencia del TC].

El fallo «ha dejado KO» al Ministerio de Educación, según fuentes consultadas. Íñigo Méndez de Vigo ha dicho que van a darse «tiempo para hacer las cosas bien». No quieren volver a dar un paso en falso, no van a tomar ninguna medida que la Justicia pueda tumbar otra vez.

La fórmula de pagar centros privados en castellano ideada por José Ignacio Wert en 2013 era imperfecta, pero fue muy meditada. Los miembros de su equipo reconocían sin pudor su «incapacidad» para hacer cumplir la ley en Cataluña. «No podemos sacar los tanques a la calle», repetían. Le dieron muchas vueltas y llegaron a la conclusión de que eso era «lo único» que se podía hacer.

Ahora esta herramienta, la primera medida que tomaba un Gobierno central en tres décadas, ha sido anulada y «el corsé constitucional se estrecha un poco más después de la sentencia», valoran las fuentes. El fallo revela el limitado margen de la Alta Inspección del Estado, el organismo encargado de velar por que se cumplan los derechos lingüísticos de los españoles, pero sin capacidad sancionadora. «Ni siquiera podemos entrar en los colegios. Nuestra misión se limita a avisar al Ministerio cuando vemos que algo se hace mal. Éste apercibe al Govern y, cuando persiste el incumplimiento, acude a lo contencioso-administrativo. A pesar de los fallos judiciales, no han hecho caso y nunca se han tomado medidas contra ningún conseller», explica una fuente de la Inspección.

Nuestro sistema legal está basado en el principio de lealtad institucional. Lo normal es que las administraciones cumplan la norma. «Lo que no imaginó el legislador es que una comunidad autónoma fuese a actuar contra la ley. Es el pez que se muerde la cola», valoran otras fuentes, que añaden que la sentencia del TC «no ha tenido en cuenta la situación de excepcionalidad» que se vive en esta comunidad autónoma.

Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en el Congreso, resalta que «la Lomce ya garantiza el derecho a recibir enseñanza en castellano y no es, por tanto, un problema de falta de legislación, porque con la misma ley hay comunidades que garantizan el uso de ambas lenguas. Lo que ocurre es que estamos ante una cuestión de falta de voluntad política y de deslealtad institucional».

Pero, entonces, ¿qué puede hacer el Gobierno? «Este tema suscita miles de interrogantes», responde María Isabel Álvarez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas. «Para el incumplimiento de la ley existen sanciones previstas que deberán adoptarse, la sentencia del TC no dice que no se puedan imponer. Pero si no hay voluntad política ni ánimo de obligar al cumplimiento de la ley, no hay nada que decir».

El Gobierno tendrá que ingeniárselas mucho. Distintas fuentes plantean algunas posibles soluciones y lo que más se repite es que hay que mantener el 155 en el ámbito educativo sine die o hacer una reforma constitucional que deje más claras las competencias educativas del Estado. Son dos medidas de calado para las que se necesita al resto de los partidos, pero el PSOE ha dicho que este debate «no toca abrirlo ahora». «El Gobierno solo no puede hacerlo», coinciden las fuentes.

También se ha pedido convertir a los inspectores educativos en una especie de inspectores de Hacienda con más capacidad de intervención, pero el TC deja claros sus límites. «El único instrumento que tiene el Estado es la Alta Inspección. Hace falta que fuerce a la Generalitat a cumplir las sentencias. Es cierto que no puede asumir competencias autonómicas, pero si estas competencias no están siendo ejercidas conforme a la ley, se tienen que tomar medidas excepcionales», apunta Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.

«La disposición adicional 38ª fue una solución a la desesperada. Se ha llegado a este punto porque los sucesivos gobiernos no han frenado a tiempo a la Generalitat. Hace años que se debía haber aplicado el 155 en el ámbito educativo. Probablemente el Gobierno tenía que haber asumido competencias para resolver el problema. ¿Pero cómo recuperas ahora ese terreno? ¿Qué pasa con los padres que quieren escolarización en castellano?», reflexiona.

Mientras el Gobierno busca la fórmula mágica, las familias que quieren más castellano pueden acudir a la vía judicial, porque el Tribunal Superior de Cataluña les garantiza desde 2014 un 25% de materias en castellano (supone aumentar de 2 a 6 las horas semanales en esta lengua). Pero es costoso e incómodo: tienen que recurrir de forma individual, el porcentaje sólo se aplica a la clase del niño recurrente y los padres sufren mucho desgaste porque la mayoría de los colegios ponen pegas, las AMPAS se movilizan y los profesores se muestran en contra. «¿Por un niño tenemos que cambiar todo el sistema educativo?», argumentan.

Está, por otro lado, el cambio de las normas de las preinscripción que va a realizar Méndez de Vigo en las próximas semanas, aunque ahora tendrán que adaptarse al fallo del TC. Ana Losada, de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, opina que también deberían dar instrucciones concretas a los centros para que cambien sus proyectos lingüísticos. ¿Pero cómo se les obliga a cumplir la ley? Aquí es donde se produce la vuelta a la casilla de salida. «Todo esto que pasa ahora es como el dinosaurio de Monterroso», apunta Manuel Peña. «Cuando nos despertamos, el problema sigue ahí. Este dinosaurio lo venimos arrastrando desde hace tiempo. Son años y años en los que no se cumple la ley. No hay que rasgarse las vestiduras. El Estado no existe en Cataluña».

Las trabas de la 'Ley Wert'
Por adelantado. La fórmula de escolarizar a los niños en centros privados en castellano disuadía a las familias, que tenían que poner el dinero por adelantado y tardaban meses en saber si se les había concedido la ayuda y en recibir la cuantías.

Cartas. El Govern recurría el proceso y enviaba cartas a los padres asegurando que había colegios en castellano junto a su domicilio, aunque no era cierto.

Falta de transparencia. La ayuda cubría sólo la mitad de los gastos reales y no incluía Infantil ni Bachillerato. Los padres denuncian «falta de transparencia» del Gobierno al explicar los trámites.

Una familia con ayudas de la 'Ley Wert': "Los niños son rehenes del sistema catalán"
OLGA R. SANMARTÍN El Mundo 26 Febrero 2018

Agustín Fernández escolarizó en 2015 a sus dos hijos en un colegio privado trilingüe de Barcelona acogiéndose a la Ley Wert. Seguirá recibiendo las ayudas porque la sentencia del Tribunal Constitucional sólo afecta a los nuevos casos, pero no puede evitar sentirse desamparado. «La Generalitat no cumple la ley y no pasa nada. Pero llega el Gobierno e interviene y resulta que invade competencias. Es absurdo e incomprensible. Si no se cumple la ley, ¿qué nos queda?», expresa por teléfono.

Antes de matricularse en un centro en el que aprenden por igual en castellano, catalán e inglés, los hijos de Agustín Fernández estudiaban en un concertado católico de Mataró (Barcelona) en el que sólo se daba la asignatura de Lengua en castellano. «A mis hijos les regañaban en el recreo por no hablar en catalán».

Acudió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y éste falló dándole la razón y obligando al colegio a poner una asignatura más en español. Pero el centro se resistió. Sus vecinos le sometieron a una campaña de acoso. Dirigentes y concejales de los partidos nacionalistas, así como profesores y familias del centro, participaron en una concentración a la puerta del colegio en contra de la resolución judicial. Aparecieron más de 100 comentarios en los grupos de padres de WhatsApp, en las redes sociales. Un mensaje de Facebook: «Si su hijo se queda solo en el patio, no es culpa de los otros, sino de ustedes».

«Me vino el hijo mayor, que entonces tenía 10 años, llorando a casa. Yo trataba de explicarle que lo más importante era la libertad, pero él me decía: 'Papá, déjalo pasar'. Los niños no quieren sentirse señalados», recuerda Agustín Fernández. Hasta los compañeros se metían con los críos y les soltaban con sorna: «¿Es que tengo que hablarte en castellano para que me entiendas?».

«Nos decían que éramos una familia politizada y nos tuvimos que ir. Me he gastado 7.000 euros en abogados y, además, las ayudas del Gobierno sólo cubren la mitad de los gastos del colegio». Agustín Fernández no recibió los 6.000 euros anuales estipulados, sino 5.200 euros el primer curso y otros 5.200 el segundo. Se supone que para 2017/2018 va a recibir 4.600 euros, pero todavía no los ha cobrado. «Las cantidades se calculan teniendo en cuenta lo invertido por cada estudiante en Cataluña», explica. «Un año no me dieron las ayudas para uno de los niños porque hubo un profesor que impartió su asignatura en inglés en vez de en castellano, y entonces ya no se cumplía el mínimo exigido».

A pesar de que los trámites «eran muy complejos, una pesadilla», y del dinero gastado, admite que sus hijos «ahora están encantados», porque «hablan en el patio el idioma que quieren y nadie se mete con ellos». «Son las familias las que tienen que decidir cómo y en qué lengua deben estudiar sus hijos. Los niños se han convertido en los rehenes del sistema educativo catalán».

El español "lo aprenden solos" dicen en la misiva
Ayuntamientos vascos envían cartas a padres primerizos para “euskaldunizar” los nombres de sus bebés
Nacho Doral okdiario 26 Febrero 2018

Los ayuntamientos del País Vasco están enviando cartas a los padres de recién nacidos para que cambien sus nombres y apellidos de origen español, aprovechen para hacer lo mismo con los suyos y hablen a sus bebés en euskera.

En este caso de ‘dictadura’ lingüística nacionalista, los nuevos padres reciben una carta en la que les felicitan por haber traído un niño a un pueblo ‘euskaldun’ (vascoparlante) y les animan a comprender que deben “vivir en euskera” y educar a su hijo en esta lengua.

Como se observa en la carta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ayuntamiento de Lequeitio (Vizcaya) anima a los progenitores a evitar el castellano tanto en el hogar como en la calle, y a hablar a sus hijos en euskera. El consistorio insiste en que el aspecto de la lengua es básico, e insta a anteponer siempre el euskera “por el bien del pueblo y la cultura vasca”.

La carta que envía este ayuntamiento, gobernado por el PNV (con la única oposición de EH Bildu pues no hay más concejales), sostiene que “respetará” la lengua castellana, “pero sin fomentarla”. “El castellano ya lo aprenden solos los niños por otros medios”, argumenta. Finalmente, y en línea con las iniciativas para extender la ‘dictadura’ lingüística, como ya sucede en otras comunidades, el consistorio anima a los padres a “euskaldunizar” sus nombres y apellidos, al igual que los de su hijo o hija.

En 27 municipios de Vizcaya
La campaña se desarrolla en el marco de la iniciativa que la Diputación Foral de Vizcaya lleva a cabo desde hace años en 27 municipios vascos, bajo la denominación de “Apellidos” (‘Apelliduak Abizendu’). En ella, y mediante carteles y folletos, se insta a los vascos a que traduzcan y escriban sus nombres, apellidos y datos personales al euskera o empleen grafías en esta lengua.

La campaña informa de las bondades de eliminar nombres y apellidos en español y de los requisitos para formalizarlo ante el Registro Civil o en el juzgado correspondiente.

En el caso de menores, se indica que deben acudir con el certificado de nacimiento, la solicitud de los padres y el libro familia. También sugieren consultar una página web perteneciente a la Real Academia de la Lengua Vasca (‘Euskaltzaindia’ en su dominio de internet) para tener más información sobre nombres, apellidos y topónimos en euskera.

La campaña de ‘euskaldunización’ de apellidos por parte de la Diputación comenzó en 2011. Desde entonces, y como parte de la dictadura lingüística que se quiere imponer, envía cada año estos folletos a más de 60.000 domicilios. Se calcula que cerca de 150.000 vecinos de localidades como Lequeitio, Amorebieta, Arrigorriaga, Bérriz, Echevarría, Erandio, Lemona, o Valle de Asúa han recibido este tipo de propaganda.

Viñetas en colegios catalanes para ejercicios escolares: “Queremos votar, nada mejor que un referéndum”
María Jamardo okdiario 26 Febrero 2018

“Piolín dice bien alto que quiere votar y que nadie lo impedirá. Que nada más acertado que un referéndum abierto”. Es lo que se puede leer en una secuencia de viñetas infantiles que algunos colegios concertados de Barcelona proponen como ejercicio para sus alumnos.

En ellas, entre dibujos del pájaro animado-que presentan como aliado del independentismo-se puede ver también el del concejal de ERC Jordi Pesarrodona, imputado por delito de odio y resistencia grave durante los registros de la Guardia Civil a diferentes consejerías de la Generalitat el pasado 20 de Septiembre de 2017. Pesarrodona permaneció durante 3 horas con una nariz de payaso al lado de uno de los agentes de la Benemérita que custodiaban la puerta del Departamento de Gobernación, y así aparece en una de las actividades diseñadas para niños de entre 10 y 11 años, a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

En ellas, se pide a los escolares comentar auques (historias breves) basadas en extractos de hechos relevantes durante los últimos meses del procés, como la que se muestra, referida a los “hechos de septiembre”, mes en el que el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia.

Combinaciones de imágenes y rimas que tratan, por ejemplo, de ridiculizar la presencia del barco Piolín – donde se alojaron los policías y guardias civiles destinados a Cataluña en el marco de la Operación Copérnico en los más de dos meses que permanecieron en el puerto de Barcelona- presentando a la mascota que lo rotulaba como aliada de la causa catalana, frente a una España malvada “tonta, feroz y desagradable” que la amenaza.

“Llegado el otoño, en el principado hay un rumor. Rumor por la democracia que pierden y no nos hace gracia. Delante de esto, sin miedo, rechazamos la represión. Como símbolo de combate una mascota hemos buscado. Que nos aliente en la lucha para darle la vuelta a la tortilla. Cerca del puerto de Barcelona aparece el nuevo icono. Es un canario pequeño, listo, valiente y muy astuto. Que se escapa de un gato tonto, feroz y desagradable. Delante de este nuevo invento, al barco tapan rápidamente. Pero ya es tarde y el Piolín se pasea con la cabeza alta. Por más que lo molesten el pajarito por todos los sitios aparece. En Alcanar, de Manresa a Olot puedes encontrar a este muñeco. Dice bien alto que quiere votar y que nadie lo impedirá. Que nada más acertado que un referéndum abierto. Y hace de embajador desde América a Japón. Da gozo pintado en los barcos y a los Mossos les da claveles. La escuela lo quiera adoptar, el bombero y el capellán. Con la estelada en la terraza se le ve travieso. Cuando llega a la cima con la exaneta, le suelta la manita. Con el grupo de los tractores va y canta Els Segadors. El como pájaro tuitea y pasa de los truenos. Mientras mira el calendario pía como un canario. En el pico lleva la papeleta con el SI que todo lo peta. Y así Piolín se ha ganado el corazón de todo el vecindario”, es la historia que se enseña a los alumnos.

Un nuevo ejemplo de adoctrinamiento que presenta como una situación habitual y constante el “conflicto” entre España y Cataluña, donde los españoles aparecen siempre como perseguidores de las libertades, las tradiciones y la lengua catalanas mientras se ensalza como héroes a políticos catalanes inmersos en causas judiciales.

La polémica está nuevamente servida la misma semana en que la materia lingüística ha sido objeto del más encarnizado debate institucional, a raíz de la propuesta del Gobierno central de habilitar una casilla –inexistente hasta la fecha- en los formularios de matrícula que permitiría elegir a los padres catalanes la lengua vehicular preferida para la educación de sus hijos; y, en plena resaca de las recientes declaraciones de Pedro Sánchez, secretario general de los socialistas, en que llamaba a “no identificar adoctrinamiento con la enseñanza del catalán”.

«El catalán vale cuatro puntos; un máster en EE UU, uno»
Los sanitarios de Baleares rechazan que se les imponga el idioma. Creen que es una medida ideológica pero también recaudatoria: cada «ronda» de exámenes son 17.000 euros
Aurora G. Mateache. larazon 26 Febrero 2018

Son médicos, y piden cambiar lo que en ninguna otra comunidad es requisito: ni en el País Vasco, ni en Galicia... Ni siquiera en Cataluña es obligatorio pasar un examen de la lengua oficial o cooficial de la comunidad. Sólo sucede en Baleares desde que Més, PSOE y Podemos pasaron a ser un tripartito en 2015 para gobernar. En Menorca se están produciendo hechos como que pasar las pruebas del conocimiento del catalán suponga cuatro puntos para la Sanidad Pública, mientras que tener un máster de especialización apenas uno.

Una situación ignorada pero que la masiva manifestación el pasado 18 de enero en la isla, organizada por la plataforma Mos Movem, dio a conocer. No es para menos: de más de un millar de profesionales que trabajan en los hospitales, entre personal facultativo, sanitario no facultativo y no sanitario, un sangrante 80% no ha pasado la prueba de conocimiento del catalán, según los cálculos internos del centro público Mateu Orfila. Que los motivos que conducen al Gobierno balear a imponer la lengua catalana sean puramente ideológicos estará dentro de la consideración de cada uno, pero teniendo en cuenta que cada prueba supone una tasa mínima de 17 euros, que puede llegar a 34, el Gobierno presidido por la socialista Francina Armengol recauda como poco 17.000 euros en una «ronda» de exámenes. Que, dado el significativo porcentaje de suspensos, es considerablemente más cuantioso. El secretario general socialista Pedro Sánchez, consciente de que su «delegación» balear necesita al partido nacionalista Més para poder gobernar, no tuvo reparo en afirmar que las críticas al sistema del tripartito eran solo una «maniobra» de la derecha. El hecho de que un trabajador con un contrato indefinido que no certifique su nivel a los dos años pueda perder su condición de interino, en detrimento de otro que sí lo tenga, es «conservadurismo de derechas». O que si tras obtener por oposición una plaza fija en el Ib-Salut no se pueda acreditar el conocimiento del catalán a los dos años, no se podrá acceder a la carrera profesional, también lo es. O el hecho de que quien no tenga la plaza en propiedad no podrá pedir un traslado a otra comunidad.

LA RAZÓN ha recabado de primera mano testimonios del hospital Mateu Orfila para pulsar la situación. Claudio Triay, médico de urgencias, fue gerente del centro, y actualmente es miembro del sindicato Simebal, que junto con CSIF han decidido dar la cara. «Se les ha olvidado cuando hace años en el antiguo hospital de Mahón Verge del Toro, los pacientes oncológicos se manifestaban frente al hospital por falta de médicos», explica. «Yo no podía dormir en aquella época porque me faltaba personal para atender a los pacientes. Hubo una dura labor de captación de personal extranjero, mayoritariamente argentinos, colombianos, venezolanos... para que encontraran atractivo trabajar aquí: se proporcionaba también plaza a la pareja si era médico, se buscaban colegios para escolarizar a los niños e incluso se ofrecía un plus de fidelización de la isla».

Afirma que el personal extranjero supone un 15 o 20%, que, como un anestesista venezolano que prefiere mantenerse en el anonimato, recogen ahora sus pertenencias que guardan en cajas de cartón para hacer el traslado. «Yo no puedo competir», asegura. «Tengo un máster, pero supone un punto frente a los cuatro del idioma. Mis hijos han crecido aquí, me va a dar mucha pena pero tengo que irme». A la desesperada, después de más de un mes pidiendo audiencia con el Gobierno balear sin éxito, han planteado la alternativa de que un profesional tenga acceso a dos horas semanales de enseñanza de la lengua, que después se comprobará mediante una entrevista para demostrar una adecuada comprensión oral. «Ni por ésas», dice.

Los pacientes no lo piden
A la también anestesista Briseida Gil, venezolana, no le importa manifestarse. También anestesista, decidió irse de Venezuela por la crisis política en su país, y se encuentra en situación de interinidad. Va por su segundo examen, suspendió el primero para el que tuvo que gastar, durante seis meses, 80 euros semanales en un profesor privado. Con horario de mañana y tarde, esposa y madre de una hija, el catalán ocupó sus horas libres para cursar un master en ventilación mecánica. «Me he dejado las pestañas estudiando. Si hay plaza en otra comunidad, me iré».

Cristina de Juan, técnico superior de prevención de riesgos, nacida en Madrid, se encuentra en una situación de interinidad, y no ha pasado el examen. «Aprobé comprensión hablada y gramática, pero suspendí en redacción». Explica que en los 11 años que lleva trabajando «jamás nadie me ha reclamado que hable en catalán».

En el caso de María José García, técnico superior de riesgos, sí tiene plaza fija pero no puede ascender si no tiene el nivel exigido de catalán. «Me niego a estudiarlo por principios», asegura.

'Bienvenidos al catalán'
El Gobierno del 155 autoriza una guía que dice que hablar catalán “es de buen cristiano”
Guía editada por la Plataforma por la Lengua.
Luz Sela okdiario 26 Febrero 2018

“El apóstol Pablo nos diría que, si queremos hacer llegar el evangelio a los catalanes, debemos sentirnos catalanes. Y ser catalanes no solamente significa vivir en Cataluña y aprender el catalán. Es mucho más. Significa entender y amar esta tierra, esta cultura y a su gente. Es cierto que podemos pasar años y años en Cataluña sin siquiera hablar catalán ni amar esta tierra y a su gente. En realidad, muchos lo hacen así. Pero ello no significa que esta sea la manera correcta de hacer las cosas. Y aún más. No significa que sea una manera bíblica de hacer las cosas”.

Es uno de los párrafos contenidos en la guía ‘Bienvenidos al catalán’, editada por la Plataforma por la Lengua en colaboración con el Consejo Evangélico de Cataluña para promover la difusión de la lengua y cultura catalana, por encima del español.

El folleto, cuyo objetivo es “mostrar a la comunidad latinoamericana cristiana evangélica las ventajas de aprender el catalán, una lengua de gran vitalidad, y ofrecer recursos para iniciarse en este aprendizaje” está autorizado por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat y la Concejalía de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona.

En su presentación, a cargo del secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña, Guillem Correa, se insta a aprender el catalán siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo.

“Pablo nos dice que crezcamos, que vayamos más lejos. Pablo nos enseña que, además de ser lo que ya somos, podemos enriquecer nuestra vida aprendiendo a ser ciudadanos y ciudadanas de Cataluña: nuestro nuevo país”, expone Correa.

Añade que “en ningún momento, Pablo dice que eso vaya a ser fácil”, todo lo contrario, asegura. “Pero éste es el esfuerzo que hay que esperar de un buen cristiano y de una buena cristiana“.

“Esta es la enseñanza bíblica: ahora nos corresponde a cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Esta guía está dirigida a nosotros para allanarnos el camino. Aprovechemos esta buena oportunidad”, concluye.

En el texto, en catalán y castellano, se destacan las supuestas ventajas de aprender el catalán, que se destaca como “lengua oficial y nacional de Cataluña” y lo que los independentistas llaman ‘Países Catalanes’.

“En el estado independiente de Andorra el catalán es la única lengua oficial. En las Islas Baleares y el País Valenciano es también lengua oficial y la única reconocida como propia del territorio. También tiene varios grados de reconocimiento en Francia, Italia y Aragón”, se insiste.

“Te ayuda a mejorar laboralmente”
En otro momento se subraya que “el castellano adoptó palabras del catalán” y que ésta es “una lengua de oportunidades”, entre ellas, por ejemplo, que ayuda a “mejorar laboralmente”. “Si tienes un negocio propio, saber catalán te permitirá ofrecer un mejor servicio a los clientes porque suelen valorar mucho el hecho de poder ser atendidos en su lengua”, se afirma.

Pero hay más. El catalán”te servirá para ayudar a tus hijos en la escuela”, o, incluso, se asegura, “lo necesitas para abrir un negocio”. “Debes tener en cuenta que la ley establece que los carteles de información y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán”, dicen en una clara muestra de adoctrinamiento.

“Te ganas la simpatía de la gente”
Además, “la gente valora mucho que hables catalán, y te ganas su simpatía si lo haces” por lo que permitirá “ampliar la red de amistades y de relaciones sociales”, se dice en otra página.

Y te permite “acceder a cualquier tipo de información”. “Te puedes enterar de todo lo que pasa o se hace en tu municipio”, como, por ejemplo, “ofertas de trabajo”.

DENUNCIA DE COVITE
El vil homenaje a un etarra condenado por el asesinato de un guardia civil
La Gaceta  26 Febrero 2018

Maruri, que ya fue condenado por integración en banda armada, fue declarado cómplice criminalmente responsable del asesinato con un tiro en la nuca del guardia civil José Manuel García Fernández.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado el homenaje en Santurce al sanguinario etarra Lander Maruri, tras salir de prisión después de 20 años.

Maruri, que ya fue condenado por integración en banda armada, fue declarado cómplice criminalmente responsable del asesinato con un tiro en la nuca del guardia civil José Manuel García Fernández el 3 de mayo de 1997 en Zierbena, una localidad próxima a Bilbao. La Audiencia Nacional sentenció que el integrante del ‘comando Donosti’ realizó diversos controles, seguimientos y vigilancias al agente.

Precisamente Covite deseó el pasado jueves que el posicionamiento contra los homenajes a etarras del Parlamento vasco “vaya más allá de un acuerdo sobre el papel” y los partidos “se comprometan a la condena pública de actos que se celebran de forma sistemática y a la aplicación de políticas de prevención de la radicalización de las nuevas generaciones”.

Asimismo, anunció una denuncia ante la Audiencia Nacional por el homenaje celebrado a principios de febrero en Gaztelu (Guipúzcoa) en honor al etarra Andoni Goikoetxea, quien salió de prisión en noviembre.

En este acto, encuadrado en una jornada de “solidaridad” con los presos de ETA, participaron al menos una decena de niños que dedicaron al etarra un ‘aurresku’ o baile de honor.

La respuesta viral de Abascal a Rufián por la entrada de VOX al Congreso
La Gaceta  26 Febrero 2018

La formación se ha convertido en el principal azote del separatismo por su posición “sin titubeos” contra los golpistas.

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha respondido a Gabriel Rufián tras asegurar que “estamos a una legislatura de que VOX entre en el Congreso y pida una medalla para Tejero”.

“Estamos a un paso de que VOX entre en el Congreso y a una patada en el culo de expulsar de la legalidad a todos los golpistas, traidores, proetarras, delincuentes y corruptos. Asúmelo, rufián (sic), ha dicho.

La formación se ha convertido en el principal azote del separatismo por su posición “sin titubeos” contra los golpistas al ejercer como acusación particular en la causa abierta a los exconsejeros en el Tribunal Supremo, y varios sondeos señalan que logrará representación parlamentaria en las próximas elecciones generales.

“VOX reivindica la soberanía del pueblo español en Europa, denuncia el infierno fiscal y el sistema autonómico como lastres para nuestra economía, reclama una Justicia independiente, defiende la Vida y la Familia y aboga por el cierre de las mezquitas salafistas, nuestra entrada significaría una voz diferente en la tribuna de la Cámara Baja”, declara Abascal.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial