AGLI Recortes de Prensa   Martes 27  Febrero 2018

La inmersión lingüística ha muerto
Guillermo Dupuy Libertad Digital 27 Febrero 2018

Ningún partido se atreve a denunciar penalmente la desobediencia, a suspender las competencias en educación o a reformar la Constitución.

No lo digo yo. Lo dijo literal y categóricamente Albert Rivera hace más de siete años en los micrófonos de esRadio con ocasión de tres sentencias del Tribunal Supremo que tumbaban –más bien, pretendían tumbar– el inconstitucional modelo de inmersión lingüística de Cataluña y ordenaban a la Generalidad a tomar "cuantas medidas fueran necesarias" para que el castellano fuera, junto al catalán, lengua vehicular de la enseñanza.

Poco tardaría el líder de Ciudadanos en constatar sus vanas esperanzas y en olvidar su compromiso de "llegar hasta el final" a la hora de exigir el cumplimiento de esas sentencias si tenemos en cuenta que Convergencia lograba escasos días después que el PSC facilitara con su abstención la primera investidura de Artur Mas como presidente de la Generalidad gracias, precisamente, a una serie de acuerdos entre los que figuraba el compromiso de ambas formaciones de hacer caso omiso a dichas sentencias del Supremo.

Pocos medios de comunicación constitucionalistas se hicieron eco de tamaño y, sobre todo, ya abierto e indisimulado desafío a nuestro Estado de Derecho y ninguno lo denunció con la gravedad que merecía. Pero en fin. Teniendo presente esa suma de debilidades, cómodos autoengaños e irresponsables condescendencias que constituye buena parte de nuestra clase política y periodista, bastará que les diga o que les recuerde que fue Artur Mas, y no Albert Rivera, el que cumplió su compromiso.

Otro tanto se podría decir del PP de Rajoy, principal partido de la oposición que ya entonces emitía las decepcionantes alarmas que emite ahora Ciudadanos: llegado al Gobierno en 2011 con mayoría absoluta, el PP tenía –tal y como tiene ahora– tres posibles vías constitucionales, no necesariamente excluyentes entre sí, para poner fin a tan continuado como silenciado delito de desobediencia y acabar con tan clamorosa violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos catalanes: la primera, tras recabar los pertinentes informes de la Alta Inspección del Estado, instar a través de la Fiscalía una denuncia por vía penal contra el presidente de la Generalidad y su consejero de Educación por un delito de desobediencia cuando no también de prevaricación. Otra opción, aunque exclusivamente política, hubiera sido exigir a los mandatarios autonómicos el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales so pena de ser la Administración central la que pasara a hacerse cargo de las competencias educativas que la Constitución tiene encomendadas a la Administración regional mediante una suspensión –bastaría, a este respecto, que fuese parcial– de la autonomía mediante aplicación del artículo 155 de nuestra Ley de leyes. Finalmente, el Gobierno podría también haber emprendido un camino mucho más largo pero no por ello menos deseable, como proponer al resto de los partidos políticos una reforma constitucional destinada a que sea la Administración central del Estado, y no las Administraciones regionales, la que ejerza de forma ordinaria las competencias en educación.

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy, pudiendo hacer todas o alguna de estas cosas, no hizo ninguna. En su lugar, el ministro Wert ideó algo tan chapucero, vergonzoso e inconstitucional como asumir subrepticia y acomplejadamente las competencias en educación de la Generalidad para que fuera la Administración central la que ofreciera, a través de unos conciertos similares a los que lleva a cabo el Instituto Cervantes en su promoción del español en el extranjero, la enseñanza en español, descontando luego su importe a la Generalidad. Con semejante chapuza el Gobierno de Rajoy fingía que iba a hacer algo contra la aún más inconstitucional exclusión del español en la enseñanza, cuando en realidad lo que hacía era ocultar que se negaba a denunciar penalmente el delito de desobediencia perpetrado por los mandatarios regionales, como no se atrevía a suspender las competencias en educación de la Administración autonómica vía artículo 155, como tampoco se atrevía a proponer una reforma constitucional para que la obligación de garantizar la enseñanza en español dejará de ser de responsabilidad de la Administración autonómica.

Y así estamos y así seguimos: sin ningún partido político con representación parlamentaria –incluidos los vainas de Ciudadanos– que se atreva a denunciar penalmente la desobediencia, o a suspender la autonomía o a reformar la Constitución para que sea la Administración central la encargada de garantizar un derecho civil tan elemental como el que defiende que todos los españoles puedan estudiar en español en toda España.

Estado social o Estado autonómico
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 27 Febrero 2018

Hoy la prensa digital publica sendas contribuciones de Roberto Centeno y de Alejo Vidal-Cuadras, que plantean que ante el problema, evidente, de la falta de recursos del Estado (que se suple con cada vez más deuda) es preciso tomar una decisión: o seguir con el Estado autonómico y acabar con el Estado social... o viceversa. Esta alternativa ya la planteé yo hace ahora exactamente siete años, por lo que me permito reiterar mi argumentación.@Desdelatlantico

I. CENTENO Y VIDAL-QUADRAS: HAY QUE ELEGIR ENTRE ESTADO SOCIAL Y ESTADO AUTONÓMICO
Hoy la prensa digital publica dos importantes contribuciones que plantean la necesidad de optar entre el Estado social y el Estado autonómico habida cuenta de que los recursos del Estado no llegan y se están supliendo a base de una deuda que es ya insostenible.
Estos son los artículos:

- Roberto Centeno: O autonomías o pensiones
- Alejo Vidal-Quadras: El verdadero dilema: pensiones o autonomías

II. MI ARTÍCULO DE 26 DE FEBRERO DE 2011
El 26 de febrero de 2011, hace exactamente 7 años, publiqué un artículo titulado "Estado autonómico y colapso del Estado social" que me permito reproducir ahora:

Insisto: el desarrollo del Estado autonómico lleva al colapso del Estado social. Algunos prefieren negar la realidad alegando que “los servicios sociales corresponden a las autonomías”. El problema, sin embargo, de este “argumento” (que sólo puede explicarse por ignorancia o por interés de quienes se estén beneficiando del régimen autonómico detentando cargos o recibiendo subvenciones), es que no es cierto por estas tres razones: no niega mi afirmación; no es históricamente cierto; y tampoco es cierto en el presente. Veamos.

Lo primero que debe quedar claro es que “Estado social” es mucho más que “servicios sociales”. Para ser más precisos: los “servicios sociales” son sólo una pequeña parte del “Estado social”. Y esto se demuestra de forma muy fácil: esos “servicios sociales” autonómicos no forman parte de la “Seguridad Social” que depende del Estado central. Y no creo que nadie pueda negar que sin “Seguridad Social” no hay “Estado social”. La “Seguridad Social” paga las pensiones de los jubilados y los inválidos y de ahí sale el dinero para los parados.

Lo segundo que conviene recordar es que las dos prestaciones sociales más importantes que ahora son competencias autonómicas (la educación y la sanidad), ya existían como tal mucho antes de que se crearan las comunidades autónomas. Y es que, aunque alguno no lo recuerde, o no quiera recordarlo, la educación y la sanidad gratuitas ya existían en España, proporcionadas por la Administración central, cuando no existían el régimen autonómico. Es más, convendría preguntarse si la degradación de la educación (el nivel de la educación en España está en los últimos puestos en la escala europea) no se debe precisamente a que la misma se ha descentralizado.

Lo tercero que cumple decir es que ni siquiera es cierto que los “servicios sociales” correspondan a las “autonomías”. Aunque el artículo 27.23 del Estatuto de autonomía de Galicia atribuye a la autonomía competencia en “asistencia social”, resulta que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de Ley de Bases de Régimen Local atribuye al Municipio competencias en “k) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”.

Conviene recordar para quienes quieren seguir negando la realidad que no hace ni un año se han congelado las pensiones para poder pagar los intereses de la deuda pública que, en una medida muy importante está causado por el Estado autonómico. Basta ver lo que está ocurriendo con la Generalidad catalana. Lo repito: ¿sacrificaremos el “Estado social” para que sobreviva el “Estado autonómico”?

III. LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO AUTONÓMICO CATALÁN DEMUESTRA QUE LAS AUTONOMÍAS NO SON NECESARIAS
A todo lo anterior se ha venido a sumar un nuevo argumento.

La intervención del gobierno autonómico catalán, al amparo del artículo 155 de la Constitución, estableciendo el gobierno directo de la región or el Gobierno central, ofrece la prueba más palpable de que NO es necesario un gobierno autonóimco para gestionar los asuntos regionales. En efecto, desde la intervención de la autonomía, el gobierno directo de la región por el Gobierno central demuestra que los servicios siguen funcionando, si no igual, incluso mejor.

La situación actual sólo ha sido un aplazamiento de una decisión necesaria a base de aumentar la deuda.
Es momento de tomar una decisión.

El lío fiscal de las Autonomías
Primo González republica 27 Febrero 2018

Esa loable aspiración que reclama igualdad para todos los españoles ante las leyes tiene bastantes excepciones en el terreno fiscal. Lo suele describir una vez al año, por lo menos, el informe que realizan los expertos del REAF, un organismo privado dependiente del Colegio de Economistas, que se ocupa de estudiar las cuestiones de tipo tributario y servir de apoyo a los profesionales economistas para el mejor ejercicio de sus funciones.

El análisis anual de este organismo no tiene desperdicio. Pone de relieve la diversidad de normativas fiscales existentes en la España de las Autonomías. El conglomerado fiscal de las Comunidades Autónomas españolas, que recibieron amplios poderes en la materia a medida que se iba poniendo en marcha el Estado de las Autonomías, llega a traducirse en nada menos que 82 impuestos propios. Resulta patente que esta proliferación de tributos no ha servido para resolver el problema de la financiación autonómica, entre otras cosas porque la baja capacidad recaudatoria de estos tributos apenas representa el 2,2% de los ingresos fiscales de la recaudación propia en estos territorios.

Tan parcos rendimientos explican la permanente querella que mantienen las Autonomías españoles con el Gobierno para tratar de sacarle al Estado más recursos con los que financiar sus políticas. La proliferación de tributos, además de ser de escasa utilidad y notoriamente insuficientes, contribuye además a generar malestar entre los ciudadanos y a pervertir la imagen de los impuestos, que acaban convirtiéndose en un galimatías que complica la vida a la gente, obtiene escasos recursos financieros y multiplica la arbitrariedad, sin resolver la desigualdad existente.

Algunos impuestos, además, se han convertido en arma competitiva para generar diferencias de trato entre los ciudadanos de las diversas Autonomías, provocando cambios de domicilio por motivaciones estrictamente fiscales. Hay en algunos impuestos directos una auténtica competencia a la baja, como sucede con los de Sucesiones o el del Patrimonio, además del IRPF. Además, dentro de cada ente autonómico, la distribución de la carga fiscal entre los diversos segmentos de la población, según su poder económico, provoca agravios tan innecesarios como injustos.

Las clases medias o las de menor renta y desde luego las de rentas más elevadas, padecen diferentes grados de presión fiscal según el territorio en el que viven. Hay impuestos del Estado ante los cuales hay igualdad (como el IVA, o Sociedades, para las empresas), pero en tributos como el IRPF, que también es común para el conjunto del Estado español, hay en las Autonomías “tramos” autonómicos que generan recargos o alivios que provocan distorsiones entre los españoles, según el territorio en el que vivan.

Uno de los impuestos más polémico ha sido el del Patrimonio, que el Estado optó por transferirlo en su totalidad a las Autonomías, lo que ha sido fuente de enormes distorsiones justo en unos momentos en los que este tributo ha sido erradicado prácticamente de toda Europa y sólo Francia y España lo conservan, en el primer caso por poco tiempo, ya que está en trance de supresión, y en el español con grandes excepciones y diferencias regionales, que en la práctica lo han convertido en un tributo bastante calamitoso, del que algunas regiones (caso de la Comunidad de Madrid) presumen de ignorarlo en la práctica.

El batiburrillo fiscal español debería ser objeto de una reorganización a fondo, una tarea que podría dar ocupación a los partidos políticos dominantes, que pueden asegurar una aprobación mayoritaria en todo el territorio estatal.

Andalucía; la mayor corrupción de la historia de España
Esdiario 27 Febrero 2018

Nunca ningún Gobierno y las instituciones que ocupa han estado tan bajo sospecha como en Andalucía, lastrada por un sistema caciquil que se sirve del dinero público y la TV para eternizarse.

Seguramente el caso de los ERES en Andalucía es el más grave y escandaloso de cuantos jalonan la larga y triste historia de la corrupción en España: hay otros, ciertamente muy ofensivos, pero en ninguno la sospecha de que la trama partió directamente de las instituciones y del Gobierno es tan fundada.

Tampoco hay precedentes de la dimensión de este caso: casi 900 millones están bajo la lupa judicial de un sumario con más de trescientas piezas en el origen, 22 altos cargos imputados y cerca de un centenar de afectados, entre ellos los dos últimos presidentes de la propia Junta y del PSOE. Si además se añaden los episodios de Mercasevilla, de la formación y de UGT, la conclusión de que todo este bochorno resume un régimen corrupto y clientelar está más que justificada.

Los Granados del PP repugnan; pero los ERES de Andalucía reflejan una corrupción sistémica desde las propias instituciones

Que en principio ninguno de los principales responsables esté acusado de quedarse dinero para él mismo no es atenuante, y en ese sentido sonroja la facilidad con que se alega ese argumento para restarle importancia a unos hechos que, en realidad, son bastante más graves aunque menos llamativos que el latrocinio personal, porque afectan a la esencia del sistema democrático, pervirtiéndolo con un método de captación y sostenimiento de voluntades con dinero público que desmoviliza a la sociedad y la hace rehén del poder político.

No es eso lo que se juzga en los tribunales, pero es sin duda lo que flota en el ambiente, con una pregunta inquietante y a la vez razonable: ¿Esta trama explica, de algún modo, por qué el PSOE se ha eternizado en Andalucía pese a que los resultados de su gestión son, en términos objetivos, de los peores de España y de Europa en ámbitos tan sensibles como el desempleo en general y el juvenil y femenino en particular?

La doble vara
Sólo la ya proverbial doble vara de medir explica que se le dé más importancia a la declaración del siniestro Francisco Granados que a la de Magdalena Álvarez, exministra de Zapatero y consejera de la Junta; o a la de cualquiera de los cargos públicos del socialismo andaluz imputados y en procesión hacia el banquillo.

Los casos de corrupción del PP son indecentes y el purgatorio al que se le somete en lugares como Valencia, logico. Pero no hay proporcionalidad alguna en el trato que por todo ello recibe el partido, con Rajoy a la cabeza, y la facilidad con que se disculpa al PSOE pese a los indicios de que su maquinaria andaluza dopó de algún modo al conjunto de la formación al permitirle competir en mejores condiciones en un espacio electoral clave para el conjunto de España.

El clientelismo del PSOE andaluz, legal e ilegal, es histórico y responde a un criterio caciquil del que los andaluces deberían despertar algún día por su propio bien: si en Valencia le pasó factura al PP, para con ello regenerar al partido y abrir las ventanas institucionales con mayor o menor justicia pero de manera inevitable; en Andalucía debería pasar lo mismo.

Andalucía tiene que despertar de un régimen caciquil que anestesia voluntades e insufla propaganda e nsu TV3

Especialmente cuando, al panorama judicial descrito, se le añade la certeza de que su actual líder, Susana Díaz, se ha quedado allí como premio de consolación tras fracasar en su asalto a la secretaría general del PSOE. Aunque los sondeos de la propia Junta vendan a los cuatro vientos que de haber ahora elecciones su victoria sería más rotunda, es poco probable que eso ocurra si el andaluz mira el estado real de su tierra y se sacude la falsa idea de que sólo este socialismo caciquil es capaz de cubrirle unos mínimos.

Degradante
Porque esa hegemonía del PSOE allí, en ese contexto de putrefacción del que los ERES son un emblema, sólo se explica por la combinación de un formidable aparato de sometimiento de voluntades con otro de propaganda. Andalucía se merece bastante más que estas otras peonadas de expedientes falsos y televisiones autonómicas al servicio de un poder degradado y degradante.

El infierno regulatorio español
España aprueba una media de 872 normas y regulaciones a nivel nacional.
El Club de los Viernes Libertad Digital 27 Febrero 2018

Acaba de hacerse púbico el informe de la CEOE Producción normativa 2017. Según el citado análisis, entre 1970 y 2017 se han aprobado en España un total de 41.883 normas de ámbito nacional, una media de 872 al año.

El año pasado fue un ejercicio con un número algo inferior de producción normativa, tan "sólo" se aprobaron 517 normas, las cuales han ocupado 223.043 páginas en el BOE. Además, las Comunidades Autónomas aprobaron en 2017, 253 normas con rango de ley, para lo cual fueron necesarias 731.525 páginas del BOE. Sumadas ambas -disposiciones de ámbito nacional y autonómico- tenemos que el año pasado se publicaron 954.568 páginas de nuevas regulaciones en el Reino de España.

Por si todo esto fuera poco, nos quedan las disposiciones de ámbito inferior a la Comunidad Autónoma: Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Cabildos Insulares etcétera. Con sus ordenanzas, Planes Generales de Ordenación Urbana y demás normas. Las cuales aparecen dispersas en los diversos Boletines Oficiales correspondientes y cuyo estudio llevaría un titánico esfuerzo.

Pero aquí no acaba el maremágnum normativo pues hemos de añadir los actos legislativos adoptados por la Unión Europea que, en 2017, alcanzaron la cifra de 1.920 entre Reglamentos, Directivas y Decisiones. La legislación vigente en la Unión Europea asciende a la friolera de 46.147 normas.

Aun con esto, hay quienes sostienen que son precisas más regulaciones y que estamos inmersos en un sistema de neoliberalismo salvaje. Cuando lo cierto, y desde un punto de vista absolutamente objetivo, es que vivimos la época histórica en la que la actividad humana está más regulada y constreñida, salvando las excepciones -claro está- de los regímenes totalitarios, aunque entonces no eran tanto el número de leyes las que limitaban la acción humana, sino su prohibicionismo totalizador y la arbitrariedad alegal del Estado.

Si los regímenes totalitarios laminaban la libertad humana a través de las prohibiciones y el Gulag, en la actualidad se emplea el sibilino mecanismo de las regulaciones. Ya no se trata de prohibir de cuajo, sino de regular hasta en los aspectos más nimios la acción humana, de encorsetarla, maniatarla, asfixiarla. De esta manera, el mecanismo de restricción de libertades ya no aparece grosero y despótico, ahora se trata de encauzar la acción humana para hacerla compatible con los fines sociales predefinidos, de regular para -dicen- evitar excesos y abusos. Así, estas nuevas restricciones adquieren apariencia bondadosa y necesaria. En definitiva, son por nuestro bien.

Cada vez que emerge un nuevo sector o actividad aparecen enseguida quienes exigen regularlo. Todo ha de estar regulado, nada puede escapar a la lógica burocrática, ni al control estatal. Si surgen hábitos o empresas disruptivas en ámbitos anteriormente inexistentes y triunfan al ganarse la confianza del consumidor, no tardarán en surgir quienes pidan su regulación, meterlo en vereda. Sólo así logran domesticar la iniciativa humana, pero eso sí, al coste de reprimir la extraordinaria energía creadora del ser humano.

¿Se ha parado alguna vez a pensar cuántos empleos, cuánta riqueza y cuántas necesidades han dejado de satisfacerse por la asfixia normativa causada por decenas de miles de disposiciones? ¿Cuántos proyectos no han triunfado o no han sido no tan siquiera capaces de nacer por los absurdos impedimentos y encorsetamientos de una legislación abrumadora y caprichosa? Así que, si realmente queremos dinamizar la actividad económica y la vida social, se hace perentorio desmontar esta telaraña normativa que nos maniata y nos impide desplegar todo nuestro potencial.

'La gente' le da la espalda y Podemos amenaza con incendiar la calle
EDITORIAL Libertad Digital 27 Febrero 2018

El tremendo fracaso cosechado en las últimas elecciones regionales catalanas y la caída libre que les pintan las encuestas han llevado a los ultras comandados por Pablo Iglesias a anunciar una primavera de movilizaciones. Es decir, que los neocomunistas piensan tomar e incendiar las calles ahora que la gente les está dando la espalda.

Conscientes de que formaciones como la suya sólo puede medrar en situaciones de gran tensión social, los ultras van a volcarse en la agitación callejera y el cuanto peor mejor. Son lo que pretenden ser, una banda de oportunistas que hoza en el populismo más abyecto.

Los secuaces de Pablo Iglesias ya están tanteando el terreno, como se desprende del súbito interés que han desarrollado por las protestas de los jubilados que demandan una mejora de las pensiones. En Podemos han pasado de denigrar a los viejos y culparlos de su fracasada tentativa de asaltar la Moncloa a erigirse en sus grandes valedores, pese a que sus ideas liberticidas son las que ponen en mayor riesgo el futuro del sistema de previsión social.

Difícil lo van a tener Iglesias y los suyos para remontar en las encuestas, ya que, para su desgracia, la situación económica es mucho mejor que en los peores momentos de la crisis y aumenta la percepción general de una cierta consolidación. Sin embargo, sería un tremendo error desdeñar el riesgo que supone la anunciada toma de la calle por la extrema izquierda, que sólo sirve para perturbar la convivencia. Hoy por hoy, Podemos sigue siendo, junto con sus aliados separatistas, la mayor amenaza para la democracia y la libertad en España.

CONTRA ISLAMIZACIÓN DEL PAÍS
Marion Le Pen: ‘Francia se está convirtiendo en la sobrina pequeña del islam’
Julio Llorente gaceta.es 27 Febrero 2018

Marion Maréchal-Le Pen ha pronunciado este jueves su primera alocución política desde que abandonara el Frente Nacional en los albores del pasado año 2017. En ella, que ha tenido lugar en la Conservative Political American Conference, la sobrina de Marine ha reflexionado sobre el estrecho vínculo que une a Francia y Estados Unidos, sobre la cruzada de la Unión Europea contra la identidad y la soberanía de las naciones europeas, y sobre el auge del islam en el Viejo Continente.

De este modo, Maréchal-Le Pen, poco dada a complacer a la corrección política, se ha mostrado convencida de que Bruselas se afana en reprimir el sentimiento patriótico tanto de los franceses como de otros pueblos europeos: ‘Yo rechazo el mundo estandarizado de la Unión Europea… Lo único que deseo es la supervivencia de mi nación. El sistema nunca ha animado a mi generación de franceses a amar la herencia que han recibido; les lava el cerebro para que perciban con culpa y vergüenza la historia de su país’, ha aseverado la exmiembro del FN, que ha añadido que ‘el resultado de esto es el desarrollo de una sociedad islámica en el seno de Francia’.

En este sentido, Marion Le Pen ha abundado en las dramáticas consecuencias que han entrañado para su país la inmigración masiva y la corrección política: ‘Después de cuarenta años de inmigración masiva, lobbies islámicos y corrección política, Francia va a dejar de ser la la más ancestral hija de la Iglesia católica para convertirse en la sobrina pequeña del islam. El terrorismo es sólo la punta del iceberg. Ésta no es la Francia por la que lucharon nuestros abuelos’, ha sentenciado.

Combatir a la UE, cuestión de libertad
Si por algo es conocida la sobrina de Marine Le Pen es por su firmeza a la hora de denunciar los desmanes de Unión Europea. Así, en esta ocasión ha asegurado que combatir a la institución comunitaria es, en este momento, defender la libertad frente a la tiranía: ‘La libertad es un don. Libertad de expresión, libertad de conciencia… Ahora Francia debe luchar por su independencia política, que es el único camino posible hacia la libertad. Los franceses no son libres de elegir sus políticas en economía, inmigración e incluso diplomacia’.

En esta línea, ha defendido el propósito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anteponer los intereses de su país a cualquier otra consideración. ‘No me ofendo al oír al presidente Donald Trump decir América primero. Yo quiero América primero para los americanos, Gran Bretaña primero para los británicos y Francia primero para los franceses’, ha aseverado, contundente.

Su presencia, muy criticada
En los días previos a su discurso, la patriota gala fue muy criticada por el establishment conservador estadounidense, incapaz de comprender que ésta fuese invitada a la CPAC. Así, la motejaron de ‘socialista’, ‘fascista’ e incluso ‘nazi’.

Precisamente a los popes del establishment conservador ha respondido Maréchal-Le Pen en el exordio de su alocución. ‘Espero que me encontréis menos aterradora de lo que me encuentra la prensa. Es un locura. Durante días he sido socialista, fascista… Pero diga lo que diga la prensa sobre mí, es un honor añadir mi voz francesa en esta reunión de patriotas americanos’, ha asegurado con elegante sardonia.

Voces contra el Terrorismo pide sanciones administrativas por los homenajes a ETA
Plantear cambiar la ley para que no sólo se persigan por la vía penal. Pide al Gobierno que se implique en su prohibición
J. Arias Borque Libertad Digital 27 Febrero 2018

Voces contra el Terrorismo, la asociación que preside Francisco José Alcaraz, ha solicitado este lunes al Ministerio del Interior que se prohíban los actos de bienvenida y homenajes que se están celebrando en los últimos meses en diferentes puntos del País Vasco y Navarra a los terroristas de ETA que residían en estas localidades y que salen a la calle tras cumplir las penas de prisión a las que fueron condenados por los tribunales.

En un escrito remitido al departamento que dirige Juan Ignacio Zoido, al que ha tenido acceso Libertad Digital, asegura que estos actos suponen una humillación para aquellas personas que han sufrido en sus carnes el terror de ETA y recuerda que es el Gobierno y sus delegados en las autonomías quienes deben hacer cumplir el articulado de la Ley de Reconomiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo (Ley 29/2011) y de la Ley de Víctimas autonómico (Ley 4/2008) aprobada en el País Vasco.

"Corresponde por tanto al Delegado del Gobierno dar cuenta de conductas que pudieran ser constitutivas de un delito tan grave como el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a sus víctimas (578 Código Penal), así como dar cuenta ante otras administraciones o tribunales de los ilícitos o materias relacionados con la defensa de los derechos humanos de las víctimas y de su revictimización", dice en el texto remitido a Interior.

"Sus competencias incluyen, por tanto, la información, coordinación y colaboración con el Gobierno y otras administraciones para la defensa de los derechos y principios recogidos en la Ley de Reconocimiento de víctimas, que establece ‘prohibiciones’, ‘evitación de actos efectuados en público’ y medidas activas de ‘deslegitimación’ en el ámbito administrativo", continúa.

En esta línea, Voces contra el Terrorismo pide la modificación de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana para que los actos de bienvenida y homenaje a terroristas de ETA no sólo puedan ser juzgados por la vía penal, sino también con la vía administrativa cuando los sucesos que acontecen en los misma no alcancen relevancia penal.

"No se trata de perseguir sólo y exclusivamente aquellos homenajes que recaigan en la esfera penal, ámbito a todas luces restrictivo e ineficaz para prevenirlos. Existe también un ámbito administrativo que proscribe los homenajes. Y en este sentido se pronuncia la doctrina más reciente: con ocasión del homenaje dispensado al terrorista Andoni Gabiola en el Ayuntamiento de Lekeitio", explica Voces contra el Terrorismo.

Pese a que ese acto quedó archivado por la Audiencia Nacional por no apreciar delito de homenaje según lo previsto en el artículo 578 del Código Penal, la asociación de víctimas recuerda que "quedó en evidencia que existe un ámbito administrativo que analizando los mismos hechos, concluye que efectivamente, se trató de un homenaje público a un terrorista, condenando (sentencia de 6-abril-17 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Bilbao, procedimiento ordinario 290/2016) al Ayuntamiento de Lequeitio por ceder ilícitamente sus instalaciones para este fin".

Ante esto, solicita específicamente "la reforma y adición de un apartado en la Ley Orgánica 4/2015, que contemple la pertinente sanción administrativa, como falta grave o muy grave (en su Art. 35 ó 36), a quienes organicen o participen activamente en un recibimiento público a un terrorista, en menciones conmemorativas o en concesión pública de distinciones a terroristas".

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Otro golpe en marcha.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 27 Febrero 2018

LOS GOLPISTAS MANTIENEN SU DESAFIO CON CANDIDATOS IMPOSIBLES. LA MINDUNDI ADA COLAU DICE QUE ABRONCÓ AL REY.

Lo que caracteriza a los golpistas es su absoluta previsibilidad. Sus pasos están perfectamente planificados de forma meticulosa y siguen con determinación espartana su particular hoja de ruta sin desviarse ni un milímetro de su objetivo que no es otro que la independencia. Hace una semana ya relaté lo que era un secreto a voces, la fumata blanca se había alcanzado cuando pudo convencerse al fugitivo Carles Puigdemont de que tendría su chiringuito en Waterloo con un cargo con tintes honoríficos, pero con mando real en plaza. LA evidencia es la imposición de sus números dos y cuatro de la lista de JxCAT, Jordi Sánchez y Jordi Turull como Candidatos a ser investidos como Presidente de la Generalidad y formar un Gobierno en el que se han pactado y repartido todas las consejerías. Y es verdad que en ese infecto chalaneo habían quedado unos flecos que ya han sido resueltos. Y es que el golpismo se caracteriza por hacer de la necesidad, virtud y el tiempo apremiaba porque CIUDADANOS le había puesto en bandeja la oportunidad para convocar un pleno donde podían introducir un punto en el orden del día para presentar al nuevo candidato y proceder a su investidura por la vía de urgencia en un pleno extraordinario convocado en el tiempo mínimo exigido por el Reglamento del Parlamento de Cataluña.

Con esta estrategia lo que se persigue es simplemente mantener el desafío contra el Estado de Derecho y obligar al juez Pablo Llarena a mantener preso al candidato Jordi Sánchez para que no se cometa un fraude de Ley. A continuación, se presentaría al segundo candidato, Jordi Turull, que aunque en libertad provisional, en unas semanas puede ser inhabilitado al ser procesado. Así que se puede dar el caso de que sea finalmente investido e incluso llegue a prometer el cargo e incluso firmar Gobierno, pero que en un plazo breve se emita el Auto de procesamiento e inhabilitación para cargo público. Lo que no parece tan claro es que puede pasar si ese Auto es recurrido al Tribunal Constitucional aludiendo a la ya consabida legitimidad del Parlamento como representante de la voluntad del pueblo catalán, la inviolabilidad de los parlamentarios, y por tanto de los componentes del Gobierno de la Generalidad incluido su Presidente. Estaríamos en un choque de legalidades y legitimidades por la simple razón de no existir una condena en firme con las penas que finalmente se establezcan. Es decir, estaríamos en una Justicia preventiva que presupone una sentencia condenatoria sin que se haya celebrado juicio ni agotado la vía de recursos posibles. Aunque es verdad que, al ser el Tribunal Supremo, estos son casi nulos. Pero eso ya lo saben los golpistas.

No veo nada claro que finalmente Jordi Turull no sea el hombre de paja de un Gobierno que va a estar teledirigido por el fugitivo Carles Puigdemont y su cohorte de exconsejeros, incluso con reuniones, periódicas o singulares en función del asunto a tratar, con componentes del Gobierno de la Generalidad desplazados a Bélgica para escenificar la ilusión de un Gobierno de la República de Cataluña en el exilio. Incluso nada impediría que en las reuniones del Gobierno se incorporase Puigdemont por videoconferencia con una conexión estable y localización de pantalla en un lugar idóneo de la sala de reuniones. Unas conexiones que nadie controlaría dada la propia naturaleza de secretismo que envuelve a cualquier reunión de los Ejecutivos, ya sea el del Gobierno de España o de los Gobiernos autonómicos. Una situación indeseable que sí que sería un fraude de Ley y una burla al Estado de Derecho, pero que puede ser una realidad si finalmente Carles Puigdemont logra imponer a sus candidatos.

Algunos podrán decir que estoy haciendo política ficción y que ese escenario nunca se llegará a permitir que suceda. Lo malo es que hasta ahora si se ha demostrado algo es la inoperancia de las escasas medidas adoptadas, incluidas las del sobrevalorado artículo 155 de la Constitución. Son hechos irrefutables el que los golpistas han conseguido alcanzar sus objetivos celebrando una consulta y un referéndum ilegales, ganando el pulso al Estado y a todos sus medios de intervención. Basta recordar el lamentable y vergonzoso espectáculo del día del referéndum el 1 de octubre del 2017 y la impunidad de los máximos responsables con un ex Mayor de los Mossos en libertad y unos subalternos ni siquiera investigados. Han pasado casi cinco meses desde esos acontecimientos y seguimos mareando la perdiz y recabando pruebas como si no existiesen ya suficientes tanto audiovisuales e informáticas como en papel. Es evidente que la lentitud de los procesos judiciales beneficia a los infractores. Y en este caso, hemos llegado a la aberrante situación de que los mismos golpistas aspiran a recuperar sus cargos públicos al mantener sus derechos constitucionales en vigor, sobre todo el derecho a de sufragio pasivo, y lo peor es que nada podría impedir que fuesen investidos, sin provocar un retorcimiento de la Ley.

Los golpistas han sabido sacar provecho de unas medidas timoratas de intervención. Han burlado a la Justicia y algunos siguen prófugos y disfrutando de una total libertad de movimientos sin que a corto o medio plazo pueda cambiar esta situación de impunidad. Y mientras, se cae en el ridículo más espantoso con actuaciones como la de incordiar al separatista Pep Guardiola sometiendo a continuos registros a su avión particular cada vez que aterriza en España o se montan operaciones de filtro en fronteras a la caza de los fugitivos por si intentan colarse y dar un golpe de efecto. Ni siquiera tenemos la certeza de la efectividad de esta macro causa abierta y aún en fase de instrucción, ya que, si nos atenemos a otros antecedentes como el juicio sobre los atentados del 11M, con apariciones estelares de jueces como Bermúdez y sus confidencias de alcoba con la edición de un libro por su mujer, podemos perder la esperanza de que se imparta justicia y los responsables sean condenados. Podemos asistir al triunfo del golpismo y el refuerzo de sus pretensiones de independencia.

Solo faltaba la bufonada de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que en su fabulación ha llegado no solo a liarse en su descabellada e increíble excusa de su plantón al Rey, Jefe del Estado, sino que se atreve a declarar sobre una supuesta conversación privada mantenida con el monarca n la que según ella, le abroncó diciéndole que no había tenido empatía con las víctimas y que debía haber mediado en el conflicto, a lo que D. Felipe le respondió que su misión era la defensa de la Constitución. La verdad es que creo que en su papanatismo sectario es posible que se atreviese a espetarle a sí al Rey, ya que en se atrevió a abroncar a un alto mando representante del Ejército español en el stand de un congreso sobre enseñanza diciéndole que no deberían estar allí. Porque otra cosa no, pero a esta individua le sobra desfachatez y atrevimiento. Y ya se sabe que la ignorancia es muy atrevida.

En cualquier caso lo que se demuestra es que el sectarismo de esta individua lo tiene muy arraigado y ha dado muestras más que suficientes de ello. Desde luego no es la alcaldesa que se merecen los barceloneses, algo que deben al apoyo del PSC en el ayuntamiento para su investidura y en su posterior mandato, hasta que decidieron romper esa relación tóxica. Pero el mal ya está hecho y no se va a resolver hasta el próximo año con las nuevas elecciones municipales.

Esta semana y la próxima prometen ser interesantes y decisivas a la hora de ver hasta dónde llegarán los golpistas en su desafío y hasta dónde llegará la respuesta de la Justicia y del Estado de Derecho. Me temo lo peor.

¡Que pasen un buen día!

Majestad: brutal el 155 contra Artadi
Pablo Planas Libertad Digital 27 Febrero 2018

Puigdemont asilado en Bélgica, Anna Gabriel refugiada en Ginebra y Elsa Artadi maltratada con la humillación de tener que cobrar de España. 'Ni un pas enrere!'. El general Guardiola aguanta en la banda.

Barcelona habrá tenido ocasión el Rey de comprobar la tremenda efectividad de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, así como la enorme lealtad de los altos cargos de la Generalidad amparados por la virreina Sáenz de Santamaría y su valido Millo. Y es que, a pesar de los rigores del antedicho artículo constitucional, muchos de los hombres y mujeres de confianza de los Pujol, Mas, Puigdemont y Junqueras siguen en sus puestos tocándose los dídimos con un lazo amarillo en la solapa en solidaridad con los "presos políticos" del artista Santiago Sierra y con los "exiliados", categoría en la que también incluyen a Anna Gabriel, la que se cargó a Mas.

"Grandes profesionales" dice la vicepresidenta que son los comisarios políticos de las consejerías cada vez que ve un micrófono de TV3. Elsa Artadi sin ir más lejos era hasta salir diputada un "cargo de confianza" de Mariano. Consta por escrito en una respuesta del Gobierno a una pregunta de Ciudadanos. Que dice el Ejecutivo que la mujer que asesoraba y aconseja al león de Waterloo era supereficaz en lo "implementar" el 155. ¿Qué? Con un par y con una retribución de cinco mil ochocientos setenta y dos eeeeeeuuuroos al mes, vacaciones pagadas, catorce nóminas al año a cargo de todos ustedes vosotros . ¿Emosido engañado?

También habrá podido comprobar Felipe VI la frescura de la sociedad civil catalanista, muestra de cuya fecundidad cívica y pacífica, además de festiva, son los efervescentes Comités de Defensa de la República (CDR), simpáticas bandas vecinales en las que se dan la mano las viejecitas amarillas y los chicos de la gasolina, tan monos con sus capuchas y sus mochilas llenas de tuercas y ladrillos. En un paseo por la ciudad habrá advertido además Su Majestad que en la sede del Departamento de Economía, donde estuvieron a punto de linchar a una secretaria judicial y a cuatro guardias civiles, luce flamante un cartel de lado a lado con la cara del buen Junqueras. Y no es el único. En todos los centros de normalización lingüística diseminados por la ciudad condal cuelgan carteles que dicen que un tal Lluís Puig, reputado sardanista afincado en Bélgica, será siempre el consejero de Cultura.

Habrá visto también que, en este archivo de cortesía, el rey es la alcaldesa Colau, que tras decirle usted que su función es proteger a quienes cumplen la ley y no a quienes se la pasan por el arco del triunfo, se ha mandado entrevistar en la emisora golpista del Grande de España Godó para decir que le cantó las cuarenta en bastos, ella, la excelentísima, a ti, nen. Pero de buen rollito, diálogo y democracia. Igual que cuando la manifestación por los atentados de Barcelona y Cambrils. Era cosa de ver aquellos carteles: "Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas". En las hojas parroquiales salía que usted le había vendido la furgoneta y los cuchillos a aquellos pobres chicos de Ripoll. A doble página.

Brutal el 155. Qué manera de reprimir. No se sienten las piernas los del lazo amarillo. Junqueras más tres más en la trena y Elsa vuela que te vuela de Barcelona a Bruselas y de Rajoy a Puigdemont. Pobre Artadi. Correveidile entre sus jefes de Madrid y Waterloo. Menudo estrés. Tortura psicológica. Puigdemont asilado en Bélgica, Anna Gabriel refugiada en Ginebra y Elsa Artadi maltratada con la humillación de tener que cobrar de España. "Ni un pas enrere!". El general Guardiola aguanta en la banda.

Felipe VI y la rebelión cívica antiseparatista
Agustín Benito. gaceta.es 27 Febrero 2018

El Rey lidera el clamor que exige el fin de la impunidad del delito.

Desde el 3 de octubre proliferan en Cataluña los ciudadanos que rechazan ser “un solo poble”, exigen respeto, reivindican públicamente su corazón español y catalán, y lucen la rojigualda y la señera sin complejos, mientras desciende el número de partidarios de la ‘república’ de la butifarra. Ya son solo el 40%, según un sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad (CEO) dado a conocer la pasada semana.

La rebelión cívica antiseparatista no nació con el 155 light del que tanto presume el Gobierno de Mariano Rajoy -y en cuya aplicación dejó sin tocar la educación y TV3, el segundo instrumento de agitación de la insurrección tras La Sexta de Roures- sino después del memorable discurso del Rey Felipe VI en el que denunció la “deslealtad inadmisible” de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, y apeló a “los legítimos poderes del Estado” para “asegurar el orden constitucional”, y con la histórica y luminosa jornada en Barcelona el 8 de octubre, día en el que cientos de miles de personas salieron a la calle hartos de tanto silencio y de tantas humillaciones. “Ya nunca más podréis hablar en nombre de todos”, gritaron.

Felipe VI, que no ha dudado en señalar que está para “defender la Constitución y el Estatut” y no mediar con golpistas, lidera el clamor que exige el fin de la impunidad del delito. Por eso ha sido despreciado en la inauguración del Mobile World Congress por la Generalidad, por la alcaldesa secesionista a tiempo parcial Ada Colau y por los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), órganos anarquistas que comparten con los violentos Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en Cuba algo más que las siglas.

Si la cúpula judicial plantó el viernes al president del Parlament, Roger Torrent, tras hablar de la existencia de “presos políticos”, dos días después cientos de españoles anónimos se concentraron para poner en valor Tabarnia, la ingeniosa creación con la que se ha colocado al separatismo frente a un incómodo espejo, y recordar que todo intento de afrenta al Jefe del Estado es un honor para él. Lo es porque confirma que cumple magistralmente con su labor de protección de la integridad de España.

Alfabetización autonómica. Insisto
Patxi Andión republica 27 Febrero 2018

Desde el 4 de Julio de 2014

La gente sabe que las cosas dichas no se deben repetir aunque hay cosas escritas que vuelven a precisar ser repetidas, porque no parecen haber sido leídas.

La gente sabe que cuando le preguntan por una cosa y contesta otra, no es que mienta, es que no termina de decir la verdad. Eso pasa porque los niveles en la fe son infinitos. La gente cree que cuando se cree en algo, la fe es absoluta y eterna, pero no es así en absoluto. Las personas creen en algo, algo, a veces poco y otras mucho, y deja de creer un montón de veces, aunque luego vuelva a hacerlo. Pero casi siempre se nota mucho. La actitud ante lo que se cree firmemente es muy diferente del comportamiento dubitativo y falto de implicación con el que nos enfrentamos a aquello en lo que creemos poco. Los sociólogos lo tenemos identificado en los estudios de opinión como respuesta psico-social. O sea: Lo que alguien contesta porque cree que es lo que debe contestar aunque no crea en ello. Y lo mismo que existen técnicas para descubrir por medio de preguntas llave-trampa si la respuesta es sincera o no, si la persona cree verdaderamente lo que dice o no, la mayor parte de las veces, los hechos denuncian claramente esta impostura social.

Eso es lo que le pasa al Estado Español con su sistema autonómico. La estructura del Estado nunca fue un presupuesto de los famosos Padres de la Constitución, sino, más bien, una consecuencia más o menos deseable o indeseable. La federalidad estaba fuera del ánimo del político que preconizaba lo que más tarde se celebró con aquella frase de Transición a la española. Entre las gentes que creíamos en la denostada Ruptura Democrática, si estaba presente de manera nuclear. Pero no fuimos atendidos. Las gentes de este país, después de 39 años de Dictadura no querían saber nada de ese término: Ruptura. Les parecía que se pretendía una vuelta al pistolerismo pre republicano. Mejor dejar que las cosas pasaran de un recipiente a otro, todo lo más, con distinto nombre. Y claro. Ese trasvase del mismo caldo de una Ley orgánica franquista a la nueva Constitución, trajo las graves deficiencias que padecemos hoy y la proliferación de una hipocresía democrática que campa por todos los ámbitos políticos del país. Y digo: Todos.

Como pasa en el ejemplo sociológico que he puesto antes, hay muchas evidencias de lo que acuso. La fe en esta Constitución Española es más bien escasa, torticera y pacata. Una de las más relevantes es el escaso crédito que el autonomismo ha conseguido desde 1978 hasta aquí. No solo está en entredicho entre las fuerzas nacionalistas ni mucho menos, sino también en el denominado nacionalismo español, por decirlo de alguna manera, sea, o haya sido este, de izquierda (sic) o de derecha, pretendidamente progresista o conservador.

En estos años se han desarrollado muchas iniciativas constitucionales en muchos campos pero hay una que ningún gobierno democrático ha querido considerar: La alfabetización autonómica. Quiero decir con ello, el conocimiento y aprendizaje de las lenguas vehiculares del Estado además del castellano: Euskara, Catalán y Gallego y no excluyo ni mucho menos las lenguas próximas, como valenciano y balear y si me apuran, el estudio de las variantes castellanas como el extremeño, andaluz, canario. Ningún alumno de enseñanza secundaria ha estudiado estas lenguas. No las conoce, ni mucho menos las usa, salvo, curiosamente en los territorios autonómicos de las tres primeras donde obviamente se estudia el castellano como lingua franca del Estado. Pero en Burgos no se conocen las riquísimas variedades del andaluz o la música del acento extremeño o el canario y sus variedades. Si el Estado Autonómico hubiera creído verdaderamente en sí mismo, hubiera planificado en tantas reformas educativas como ha habido en estos años el conocimiento de las lenguas y cultura autonómicas y sus peculiaridades. Pero no lo hizo y me temo que no lo piensa hacer. Y a lo mejor si lo hubiera hecho, no se verificarían como se hacen, tantas diferencias marcianas como se ven entre españoles. Al menos por ahora.

Todas las palabras sonríen a poco que puedan sonar en otros oídos. Julio

El mono de Kubrick está en Barcelona
Gonzalo Bareño La Voz 27 Febrero 2018

Después de destruir la convivencia ciudadana, dañar gravemente el tejido industrial, lastrar la recuperación económica y provocar la suspensión del autogobierno, la alianza entre populismo e independentismo -y perdón por la redundancia- camina con paso firme hacia la aniquilación del mayor patrimonio de Cataluña, y de Barcelona en particular: su imagen de modernidad y su reputación internacional como territorio cosmopolita, pujante en lo empresarial, vanguardista en lo cultural y refinado en lo estético. El espectáculo de provincianismo, cutrez política y enanismo diplomático que ese retrógrado nacionalpopulismo está ofreciendo al planeta durante el Mobile World Congress (MWC) convierte lo que debería ser una plataforma para que Cataluña se muestre al mundo y atraiga inversión extranjera en una grotesca campaña de publicidad autodestructiva que magnifica a escala global el daño que el esperpéntico procés ha causado ya.

Aunque la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aproveche una vez más para culpar de todo al Estado español, su empeño en cargarse el MWC viene de lejos. Ya en su primera rueda de prensa tras las elecciones municipales amenazó a los organizadores con cancelar el contrato y cuestionó el beneficio que supone para la ciudad un evento que deja cada año en sus arcas 470 millones de euros y genera 13.000 empleos. Un discurso troglodita y letal para sus gobernados, que confirmó luego con su campaña en contra del turismo, su respaldo al movimiento okupa y su desprecio a la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento, en la que el Gobierno y las instituciones españolas se volcaron, recibiendo a cambio insultos y caceroladas como las que Colau, Torrent y los suyos promueven ahora contra Felipe VI.

Es evidente que Barcelona va a perder la sede de esta gigantesca feria tecnológica, porque la imagen de una ciudad tomada por unos trabucaires y violentos Comités de Defensa de la República -como si aquello fuera la Comuna de París-, la de unas instituciones puestas al servicio de un pirado que pretende convertir un chalé alquilado en Waterloo en la corte del emperador de una Cataluña gobernada a distancia, o la de una alcaldesa tan ayuna de principios democráticos que el propio rey tiene que recordarle que el deber de un jefe de Estado es «defender la Constitución», no es la que más conviene a una industria que lo que pretende es proyectarse hacia el futuro y vender globalidad, y no retroceder al tamtam y promocionar el catetismo cerril, paleto y aldeano.

El daño está ya hecho, pero quizá no haya mejor metáfora que este cavernícola empeño autodestructivo para que los catalanes comprendan a dónde les está conduciendo esa alianza nacionalpopulista. El cineasta Stanley Kubrick filmó la mejor elipsis de la historia al pasar del plano de un mono blandiendo un hueso a uno de una nave espacial. Ahora, Colau, Iglesias, Puigdemont y Junqueras pretenden convertir esa genial elipsis en un siniestro flashback. Esperemos que no lo consigan.

Feijóo, así no
OKDIARIO 27 Febrero 2018

Galicia no puede ni debe caer en la trampa que al respecto del lenguaje han planteado los separatistas catalanes. La estupidez, además de ser infinita, es una pandemia contagiosa a la que hay que poner freno. El dinero público no está para malgastarlo en una guía que denigra los nombres en español y los considera una “afrenta”. El gobierno de la comunidad autónoma gallega no se puede prestar a secundar —de manera directa o indirecta— la corriente persecutoria y represiva que han iniciado los independentistas catalanes contra todo lo que significa España. Extraña esta iniciativa, especialmente si tenemos en cuenta que el presidente regional es Alberto Núñez Feijóo.

Nadie va a descubrir a Feijóo a estas alturas. Una persona que ha demostrado su inmensa eficacia gestora tanto en el ámbito privado como en el institucional. De hecho, lleva gobernando Galicia desde el año 2009 y cuenta con el apoyo de la abrumadora mayoría de sus conciudadanos. Es, por méritos propios, uno de los valores más sólidos del Partido Popular y, por extensión, del centroderecha español. De ahí que resulte más difícil de entender que bajo su mandato se destine el dinero de todos los gallegos a publicar una guía como ‘Os apelidos en galego, orientacións para súa normalización’. Feijóo, que hace de su gobierno una garantía para los gallegos, no debe ceder en un tema como éste.

Cualquier concesión a los nacionalistas puede suponer un problema para su impecable trayectoria política. Ahí tiene el claro ejemplo de Miquel Iceta en las últimas elecciones catalanas: tanto trató de acercarse al nicho de votantes independentistas que terminó por cosechar el segundo peor resultado del PSC en su historia. Nadie pone en duda la riqueza cultural y expresiva de la que goza un determinado territorio que tenga dos lenguas. No obstante, la prevalencia de una no puede suponer el estigma de la otra. Menos aún si es el español, lengua principal del Estado. Inconcebible a todas luces si además la campaña de acoso y derribo está pagada con dinero público.

Las hojas y los troncos, el humo y el fuego.
Nota del Editor 27 Febrero 2018

No se pueden decir tantas falsedades en tan poco espacio. Y que a estas alturas de la película les moleste un folletín en gallego, es un insulto al sentido común.

A ver si se dejan de decir tonterías y defienden los derechos humanos y constitucionales de los español hablantes en Galicia, donde ha sido el PP el que los ha laminado, desde el primero (Fernández Albor, firmante del decreto de inemrsión) hasta el último traidor e inútil. En una visita que hizo Mayor Oreja a La Coruña, ante las quejas por la inmersión lingüística, se quejó de que el PP permitiera tal carajal (antidemocrático, antihumano y anticonstitucional: esto es mío).

Afirmar que un político cuenta con la abrumadora mayoría de los ciudadanos, no significa mucho cuando el tipo en cuestión tiene la caja del dinero de los demás para hacer lo que le convenga. Hasta Maduro cuenta con la abrumadora mayoría de los venezolanos, lo mismo que Castro de los cubanos y el sátrapa de Corea del Norte.

Los padres silenciados por la batalla lingüística en Cataluña: ellos no tuvieron derecho a decidir
Consuelo Santos, Feliciano Sánchez, Enrique López y Marina Gala iniciaron hace años su particular batalla lingüística con un solo objetivo: que sus hijos se escolarizaran también en castellano en Cataluña. ABC recoge sus experiencias
ESTHER ARMORA. BARCELONA. ABC 27 Febrero 2018

Emprendieron su lucha desde el anonimato, siempre quisieron preservarlo, aunque el fuego cruzado entre administraciones (Gobierno y Generalitat) a raíz del conflicto lingüísticoles ha situado durante años en el punto de mira. Consuelo Santos, Feliciano Sánchez, Enrique López y Marina Gala iniciaron hace años su particular batalla lingüística con un solo objetivo: que sus hijos se escolarizaran también en castellano en Cataluña apelando a un derecho constitucional (el artículo 31 de la Carta Magna establece que el castellano «es la lengua oficial del Estado» y «todos los españoles tienen el deber de conocerla y usarla»).

Pese a que sólidos pronunciamientos judiciales (TS, TC y TSJC) avalan su reclamación, estos padres, y otros muchos que se sumaron después, no solo no han logrado su objetivo, sino que han sido «señalados socialmente» y «ninguneados» por la Generalitat. Tras años de desgaste emocional, estos padres tienen la sensación de «no haber logrado cambiar nada». La pasada semana, el TC cerró la vía a la escolarización en castellano sin pasar por la Justicia -la «vía Wert»-. Sus opciones se reducen. ABC recoge sus experiencias.

Índice Top
1. Enrique López: «Mi hijo dejó la ESO sin conseguir nada»
2. Ana Moreno: «Mis hijos siguen sin castellano pese a tener concedido el derecho al 25 por ciento»
3. Agustín Fernández: «Tuve que salir del armario lingüístico»
4. Consuelo Santos: «Nunca pretendimos romper el modelo»
5. Severo Bueno: «Los fallos dejaron de ser papel mojado»

1. Enrique López: «Mi hijo dejó la ESO sin conseguir nada»
Tras una larga peregrinación administrativa y jurídica, Enrique López logró en mayo de 2011 que el Tribunal Supremo (TS) reconociera su derecho a dar a su hijo Ossian, que estudiaba en el instituto Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), una atención lingüística individualizada con más castellano. Varias interlocutorias del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) de 2013, y otras posteriores del TS que rompían con la atención individualizada para extender el derecho al 25 por ciento de español a todos los alumnos del aula, se emitieron cuando su hijo ya cursaba Bachillerato. «Después de tantos años luchando, mi hijo abandonó la escolarización obligatoria sin que mi lucha hubiera obtenido resultados», asegura el padre, quien denuncia «la falta de voluntad del Govern para incumplir la ley». «No han acatado ni sus propias sentencias», dice.

2. Ana Moreno: «Mis hijos siguen sin castellano pese a tener concedido el derecho al 25 por ciento»
Ana Moreno no fue de las primeras madres en acudir a la Justicia para pedir más castellano, aunque ha sido una de las que ha tenido que pagar un precio más alto por ello. En 2014, esta madre, afincada en Balaguer (Lérida), reclamó más castellano para sus dos vástagos. En septiembre de 2015, un auto del Supremo le reconoció el derecho a que estos tuvieran un 25 por ciento de clases en castellano. Allí empezó su pesadilla. Ana y su familia tuvieron que replantear su vida por reclamar un derecho constitucional.

El «acoso educativo, institucional y político» que dice haber sufrido desde que salió a la luz el fallo la obligó a traspasar su negocio y a trasladar a sus hijos a un colegio de Lérida situado a 30 kilómetros de la ciudad en la que residen. «Yo me he quedado sin negocio y mis hijos tienen que hacer una hora de trayecto mañana y tarde para ir al colegio», dice esta madre. Recuerda, aún con angustia, cómo a sus hijas dejaban de invitarlas a cumpleaños «por ser quiénes eran». Ana ha perdido demasiado en esta lucha de fondo, pero no está dispuesta a tirar la toalla. «Tengo reconocido el derecho al 25 por ciento de clases en castellano, aunque no puedo disfrutar de ese derecho porque he tenido que cambiar a mis hijos de colegio», denuncia. Ahora, está a la espera de que un juez determine si el derecho reconocido por ley es «inherente» al alumno y no depende del centro.

3. Agustín Fernández: «Tuve que salir del armario lingüístico»
Agustín Fernández fue durante años un padre más de la Escuela Pía Santa Anna de Mataró (Barcelona) hasta que, en mayo de 2015, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) respondió a su demanda de más enseñanza en castellano y obligó al centro a impartir a sus dos hijos -y por extensión, a sus compañeros de aula-, más clases en español.

«La situación me obligó. Tuve que salir del armario lingüístico», apunta. Familias, profesores y políticos de Mataró secundaron una masiva protesta ante el centro para expresar su rechazo al fallo. También le persiguieron en las redes sociales por su demanda. El acoso social y mediático obligó a Agustín a matricular a sus hijos en una escuela privada, acogiéndose a la llamada «vía Wert», que ofrecía a las familias ayuda de 6.000 euros para acceder a una enseñanza bilingüe y que ahora ha tumbado el Tribunal Constitucional (TC). «Seguro que la sentencia del TC para detener las compensaciones a los padres que luchan por el bilingüismo se cumplirá de inmediato. En cambio, este mismo tribunal tiene recursos anteriores, a favor de los padres, muertos de asco y no los cumple», denunció ayer este padre en declaraciones a este periódico.

4. Consuelo Santos: «Nunca pretendimos romper el modelo»
Fue de los primeros rostros que se asociaron a la lucha contra la inmersión lingüística en Cataluña. Consuelo Santos empezó a litigar en 2004 para que sus hijos no fueran escolarizados solo en catalán. Desde entonces, y pese a un reguero de sentencias judiciales que la amparan en ese derecho, solo ha conseguido que su hija reciba una asignatura más en castellano, en cumplimiento de las sentencias que avalan el 25 por ciento más de esta lengua en las aulas catalanas, y con atención individualizada. «Nunca pretendimos romper el modelo. Solo quiero que el derecho de otros niños no invada el de los míos», afirmó en declaraciones a ABC.

Su pulso con la Generalitat comenzó en 2005 y pese a tener varias sentencias del Supremo no ha conseguido bilingüismo para su hija Lydia. Sus pocas esperanzas de que se cumpliera la esencia del fallo del TS de 2010, que abría la puerta a cambiar el modelo lingüístico para garantizar el derecho a la escolarización en castellano, se desvanecieron, según dice, en marzo de 2013, cuando hubo un nuevo pronunciamiento de este Alto Tribunal. En su fallo, el TS admitía que el 25 por ciento en castellano «ya era suficiente».

«Fue una vuelta al principio», dice Santos, que no descarta reconducir sus reclamaciones hacia Europa.

5. Severo Bueno: «Los fallos dejaron de ser papel mojado»
Fue el primer padre que logró que la Generalitat pagara por sus incumplimientos lingüísticos. Tras siete años de batalla judicial, Severo Bueno, uno de los padres que solicitó, amparado por la ley, enseñanza en castellano para sus hijos, recibió en diciembre de 2015 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -adelantada por ABC- que condenaba a la Generalitat a pagar una indemnización de 3.000 euros a su hija.

En contra de la voluntad de sus padres, a la pequeña se le aplicó la inmersión lingüística en la etapa de Educación Infantil. «Los fallos dejaron de ser papel mojado», dijo Bueno en una entrevista a este diario. Su caso fue único. No hubo más multas a la administración autonómica por su reiterado desacato a las sentencias lingüísticas.

Informe PIRLS 2016 / Educación Primaria
El País Vasco, a la cola de España en comprensión lectora y gusto por la lectura
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 27 Febrero 2018

Si algo es despreciable, digno de ser erradicado de nuestra democracia con los medios legales más contundentes, hasta el agotamiento de éstos, es la mentira en la educación y la utilización de los niños con fines políticos. Es la villanía más repugnante que se pueda encontrar en un sistema político, hasta el punto de desnaturalizarlo y dejar el bloque constitucional en mantillas, en su mínima expresión, en estado de agonía terminal.

El nacionalismo en España no da tregua, es como la carcoma que va vaciando los pilares y vigas de madera de una casa hasta que ésta se derrumba. Adoctrina sin miramientos, sin el más mínimo respeto a las personas, cambiando a su gusto la realidad histórica, para configurar con esa narración ficticia el imaginario colectivo, hasta llevarlo a sus planteamientos secesionistas. Miente sistemáticamente, como ha quedado patente con las afirmaciones del expresidente Mas ante el juez, diciendo que la declaración de independencia era meramente simbólica; de lo que se deduce que engañó a los ciudadanos catalanes que salieron a la calle para lograr la república catalana escindida de España, o bien ha engañado al magistrado que le juzgaba, falseando las intenciones de fondo en esa esquizofrénica estrategia destructiva. De una manera u otra muestra su cara más mendaz y traidora.

Mienten cada vez que hablan. Por ejemplo, cuando dicen que el monolingüismo catalán es constitucional y que busca la enseñanza integradora; y que la demanda de castellano supone romper las aulas y la segregación. A éstos le preocupa una higa la segregación. Su mismo proyecto es segregacionista ya que ha dividido a la sociedad en dos bloques enfrentados.

Pues no. El modelo nacionalista no es constitucional.

Si atendemos al mandato constitucional, en Cataluña y País Vasco, entre otras comunidades, la inmersión lingüística sería ilegal. Existe jurisprudencia constitucional que avala este principio. (STC 82/86)

“[…]conforme al artículo 149.1.1ª, el Estado puede regular las garantías básicas de la igualdad en el uso del castellano como lengua oficial ante todos los poderes públicos, así como las garantías del cumplimiento del deber de conocimiento del castellano, entre las que se halla la obligatoriedad de enseñanza en este idioma […]” Porque la enseñanza de las lenguas autonómicas se diferencia entre “de” la lengua y “en” la misma. En este sentido resulta un escándalo que los poderes públicos en España hayan hecho una dejación de sus obligaciones cediendo en este aspecto fundamental, hasta este punto del verdadero esperpento. Y que no nos hablen de las contradicciones de los tribunales constitucionales pues éstos no funcionan con independencia respecto a los poderes públicos. En eso tienen razón los nacionalistas. Para bien o para mal.

Porque, lo que no nos dicen los nacionalistas y otros que no lo son, aunque lo parecen, es que la inmersión lingüística está concebida para la configuración de un orden nuevo, de un estado de la cuestión que propicie el salto al separatismo en un determinado momento, tal como hemos podido comprobar con el “procés” de una forma inequívoca e incontestable por mucho que ahora nos vendan la moto de que era un pronunciamiento meramente testimonial.

Pero todo eso tiene consecuencias.

Yo vivo en el País Vasco. Nací en Alava. Y es a este contexto al que me voy a referir.

Acaba de salir a la luz el informe PIRLS del año 2016, que es lo mismo que el PISA pero referido a Educación Primaria.

En este informe se dan los resultados de la investigación comparada respecto a la comprensión lectora en el nivel educativo de 4º de Primaria y se establece un marco de contraste tanto entre países absolutamente representativos a escala mundial, así como dentro de España por comunidades.

El informe sintetiza el resultado con estas palabras: “La puntuación sitúa a España por debajo del promedio de los países OCDE-24 (540) y del Total UE (539) participantes en el estudio. Los mejores resultados han sido los obtenidos por Federación Rusa (581), Singapur (576), Irlanda (567) y Finlandia (566), mientras que los más bajos han sido los de Chile (494) y Malta (452). De las comunidades autónomas que amplían muestra, Madrid (549), Asturias (548), La Rioja (546) y Castilla y León (546) se encuentran por encima de la media de España, el Promedio OCDE-24 y el Total UE. Los alumnos de Andalucía (525) y Cataluña (522) obtienen resultados inferiores, aunque no significativamente diferentes de la media española.

“La comprensión lectora es la habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas y/o valoradas por el individuo. Los lectores son capaces de construir significados a partir de una variedad de textos. Leen para aprender, para participar en las comunidades de lectores del ámbito escolar y de la vida cotidiana, y para su disfrute personal.” Es la definición que proporciona el Informe PIRLS de la variable evaluada.

Como se puede comprobar, España no está para echar cohetes, aunque ha mejorado significativamente. Dice el informe que…”En relación con los resultados globales, los alumnos españoles de 4.º curso de Educación Primaria han obtenido 528 puntos en comprensión lectora, por encima del promedio PIRLS de 500 puntos fijado en 1995, año de la primera edición del estudio. En el último ciclo de PIRLS, los estudiantes españoles han experimentado una mejora significativa de 15 puntos en la escala de rendimiento (de 513 a 528 puntos). Esta progresión es la segunda más alta de entre todos los países y regiones OCDE seleccionados, tan solo superada por la mejora de 17 puntos alcanzada en Australia. En este mismo periodo, el promedio OCDE solo ha aumentado 2 puntos.” Lo cual es ciertamente esperanzador en lo que se refiere al ámbito general. Pero sin embargo en el País Vasco la tendencia es la opuesta como vamos a ver a continuación.

Se constata que el País Vasco está en el vagón de cola. Es decir que los alumnos vascos no encuentran placer en la lectura. Dejo a mis inteligentes lectores que saquen conclusiones sobre las causas. Algo tendrá que ver en ello el modelo de inmersión que contradice la lengua materna de los alumnos. Josu Melzo tiene una excelente tesis que, en resumen, compara la evolución de los modelos lingüísticos vascos con los que fueron de Irlanda. Irlanda corrigió, allá por los años 30 del siglo pasado, y hace décadas que ya no es el gaélico la lengua vehicular. El País Vasco no solamente no corrige, sino que acrecienta el desastre. Ello pese a la diferencia significativa de presupuesto dedicado a la educación respecto a comunidades con mucho mejor resultado en los estadísticos.

Se puede observar dos cosas. El País Vasco está a la cola de España en comprensión lectora. Y, el rango de la muestra evaluada es muy amplio. Hay bastante diferencia entre los alumnos con los mejores resultados y los que están en la parte inferior de la horquilla. Veinte puntos de diferencia entre los que tienen mejores resultados y los que tienen peores es una amplitud que muestra que hay una gran heterogeneidad, que puede ser debida a:

1º.- Realidad socioeconómica y cultural del contexto. Lo cual evidencia que a peor extracto social y cultural del alumno mayor impacto del fracaso en un sistema de inmersión. La inmersión puede ser muy positiva en alumnos que no tienen condiciones desfavorables de carácter social o cultural, aunque no tiene por qué ser así necesariamente.

2º.- La lengua dominante del entorno. Según sea la lengua dominante el castellano o el euskera. Se deduce que existe una discriminación negativa hacia contextos de abrumadora dominancia de la lengua de Cervantes, como efecto de la inmersión, pues ésta contradice la realidad social y cultural del contexto del alumno. Eso lo saben los nacionalistas, pero les da igual, porque su proyecto es invasivo, colonial, y no respetan ámbitos que no les son propicios, como es el caso de Alava o de Navarra. Tienen un esquema estratégico de ocupación de espacios, arrasando con las realidades preexistentes.

3º.- Según sean centros privados o públicos. Los primeros tienen un proyecto propio de centro que les permite moldear las didácticas y organización escolar según las características del alumnado; además de una plantilla estable de profesorado que permite un diseño educativo a medio-largo plazo. La enseñanza pública está en inferioridad de condiciones al ser punta de lanza del proyecto nacionalista o bien para crear guetos, o bien para actuar como punta de lanza ensayando laboratorios de experimentación sociopolítica. Y luego están las ikastolas, verdaderos artilugios de aculturación nacionalista con todo lo que ello implica.

Va siendo hora de que los poderes públicos se pongan las pilas y atiendan más a los intereses de los ciudadanos que son detentadores de los derechos constitucionales y menos al tacticismo político. Da verdadero pavor observar la incapacidad del Partido Popular para armar al Estado constitucional y rescatar la doctrina de la Carta Magna para hacerla prevalecer sobre los caciques territoriales. De la misma manera que suscita vértigo ver por el camino en el que se ha metido el partido de Pablo Iglesias. El que sigue la línea trazada del histórico fundador del socialismo español y el nuevo, cuyo modelo es el de la Venezuela del hambre y la persecución.

En las comunidades autónomas españolas, los porcentajes de alumnos que se sienten muy seguros en lectura varían desde un 32% en País Vasco a un 47% en Asturias y, por otra parte, los estudiantes de 4.º grado que dicen sentirse poco seguros varían desde un 15% en Asturias a un 24% en Cataluña. Pienso que este dato es significativo. Los escolares vascos no se sienten seguros por una razón más que evidente: se les imparte todo el currículo en euskera. Su lengua materna está desplazada del sistema educativo. Y eso tiene efectos negativos sobre la capacidad para comprender textos que tengan una cierta complejidad, sobre todo si son en castellano. Insistiré hasta el hartazgo que la comprensión verbal afecta a los resultados en lectura. Es algo de perogrullo. Asombra que no se entienda esto, y que se nos diga que en ese sistema de inmersión se adquiere el castellano mejor que en el modelo que tiene como lengua de aprendizaje esta lengua.

Si se observa esta gráfica del informe Pirls observaremos que el gusto por la lectura no es la característica principal de los alumnos vascos de 4º de Primaria. No hace falta que diga a mis lectores por qué. Sería insultar su inteligencia.

Con su marido amenazado
Una cabo denuncia ante Millo que los Mossos del 155 son una ‘Genestapo’ al mando de los golpistas
La mossa señalada por los independentistas denuncia a la "Genestapo"
Nacho Doral OKdiario 27 Febrero 2018

Es una cabo de los Mossos d´Esquadra que fue sancionada y expedientada por criticar a Carles Puigdemont, y que ha decidido denunciar en público lo que es un clamor entre los miles de agentes que respetan la ley y la Constitución en Cataluña. Que en la policía autonómica de Cataluña siguen mandando los golpistas. Lo singular es que esa denuncia se realizó en un acto al que asistía el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

Ocurrió en un acto organizado por Sociedad Civil Catalana en Gerona bajo el título “Diálogos para la convivencia: unidos en la diversidad”. La policía sancionada pidió el turno de palabra para hacer la siguiente advertencia: “Tenemos un golpe de Estado. Un golpe que no es como el de Tejero, sino dentro de las instituciones de la Generalidad de Cataluña a la que yo llamo ‘Genestapo’. Y han de saber todos los mandos son golpistas. Golpistas disfrazados de Mossos d´Esquadra“, afirmó.
Santamaría, máxima autoridad

Uno de los asistentes a esta jornada era el delegado del Gobierno, Enric Millo, que clausuró finalmente un encuentro afirmando que “el respeto a la ley es la base de la democracia”. El que fuera mano derecha de Duran Lleida en UDC es hoy el representante del Gobierno en esta comunidad y considerado el hombre fuerte de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a la sazón máxima autoridad en Cataluña por mor de la aplicación del 155. Un artículo que no ha cambiado la deriva golpista de los Mossos según denunció esta cabo que acudía a ese acto.

La denunciante fue objeto de una investigación por parte de la División de Asuntos Internos (DAI), que como adelantó OKDIARIO sigue estando comandada por una cúpula afín al intento de golpe de Estado separatista. A esta cabo se la investigó en enero de 2017 por los comentarios ofensivos que supuestamente habría vertido en Facebook contra el expresidente y prófugo Puigdemont.

Un extremo que siempre ha negado, ya que la agente sostiene que fue su madre quien hizo los escritos en la red social, usando su perfil por error. A partir de ahí fue expedientada por la dirección de los Mossos, con siete meses sin sueldo.

Pero además, ella y su familia han sido objeto de amenazas y persecución en las redes por parte de los policías separatistas. Los mismos que hace unas horas han intentado ridiculizar su alegato. Albert Donaire, el mosso que se jacta de incumplir la Constitución, y que hace vídeos supremacistas mofándose de andaluces y extremeños es su líder. En este tuit acusa a esta cabo de “insultar al Molt Honorable President”, de “renegar del cuerpo y de la Generalitat”, así como de “querer destruir a los Mossos”.

Una Gestapo independentista
Ahora esta policía no sólo asegura que el golpe se mantiene, sino que no tiene miedo a nuevas sanciones tras comparar al gobierno catalán con la policía política de la Alemania nazi: “En la ‘Genestapo’ está habiendo un golpe desde dentro de las instituciones”, reitera. Esta agente ha anunciado su deseo de reunirse con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Su objetivo es poder acogerse a la pasarela para mossos que quieran cambiarse a otros cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Pero, además, la cabo quiere presentar al ministro tres carpetas con material, mensajes y fotografías que, asegura, demuestran que compañeros del cuerpo se identifican en las redes sociales como mossos independentistas. “Llaman dictador al Rey, o fascista a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría pero a ellos no les abren expedientes”, también denuncia.

El marido de esta agente, sargento de los Mossos d´Esquadra, ya interpuso asimismo denuncia por amenazas contra el líder de los mossos independentistas. Fue el pasado 11 de enero. Una denuncia ante el Departamento de Interior de la Generalitat (bajo mando del Ministerio del Interior desde la aplicación del 155) y con copia a sus superiores, de la que aún no han tenido respuesta tanto el agente como su represaliada compañera y esposa.

Colau o el regreso de la tribu
EDITORIAL El Mundo 27 Febrero 2018

La responsabilidad a veces consiste en ignorar las provocaciones, pero en la mayoría de los casos exige tomarlas en serio y darles respuesta firme. El primer supuesto de responsabilidad corresponde al Rey Felipe, que como cada año se ha volcado con el Mobile World Congress. En aras del interés general de Cataluña y de toda España, ha defendido su permanencia en Barcelona al precio de recibimientos hostiles y desplantes bochornosos del nacional-populismo, actitud que retrata a la vez la mediocridad de sus correligionarios y la dignidad del jefe del Estado. El soberanismo discurre por los cauces de la autodestrucción, lo que obliga al constitucionalismo a proteger Cataluña primeramente de aquellos que más dicen amarla.

El segundo supuesto, el que demanda del poder ejecutivo una constante vigilancia, interpela al Gobierno de Mariano Rajoy, que tiene actualmente atribuidas las competencias de la Generalitat en aplicación del 155. Desde las páginas de este periódico hemos criticado que Rajoy no aprovechara esta herramienta constitucional para corregir los desórdenes institucionalizados impunemente por décadas de nacionalismo desleal en el poder; por eso mismo, debió destituir al secretario catalán de Telecomunicaciones, Jordi Puigneró, cuando anunció su desafiante plantón al Rey. El Gobierno lo descartó por no añadir tensión: se limitó a advertirle por carta de que se atuviera a las consecuencias si no rectificaba. Y Puigneró se presentó ante Felipe VI, aunque exhibiendo el lazo amarillo como símbolo naíf de discrepancia.

En la reciente historia de la irresponsabilidad catalana merece capítulo aparte Ada Colau, que gradúa sus desaires al Estado con demagógica cuquería, entre el electoralismo ostentoso y la docilidad privada. Así, no acudió a lo que llama "besamanos" del Rey por reputarlo un acto de "vasallaje", si bien su sobrevenido celo republicano no le impidió el año pasado saludar a Don Felipe con total normalidad en idéntico trance, ni le persuadió de no acudir luego a la cena de gala, en la que ocupaba la misma mesa que el Monarca. Todo en Colau es gesto calculado, y más que a sus éxitos de gestión, confía a ese cosmético equilibrismo la expectativa de revalidar su cargo el año que viene. El sentido institucional de Colau, si alguna vez lo tuvo, fue ahogado por el sectarismo. Ha renunciado a la representación de todos los barceloneses en beneficio de la minoría que aplaude su repertorio gamberro. Su irresponsabilidad infantil llega hasta el punto impúdico de revelar una conversación privada con el Rey, ante quien habría deplorado las cargas del 1 de octubre, y del que habría recibido una respuesta intachable: "Yo estoy aquí para defender la Constitución". Que debería ser también para lo que está Colau y no está.

El comercio y las instituciones se inventaron para superar la tribu. Pero hay quien añora el primitivismo.

El Supremo no admite fraudes de ley
OKDIARIO 27 Febrero 2018

El magistrado Pablo Llarena hace lo correcto al impedir que los golpistas encarcelados salgan de prisión. El Tribunal Supremo no se puede permitir un fraude de ley, que es lo único que persiguen los sediciosos. Sobre todo si al final confirman a Jordi Sànchez como alternativa al fugado de la justicia Carles Puigdemont para ocupar la presidencia de la Generalitat. En realidad, sería tan sólo una táctica para atizar el fuego independentista, sabedores de la imposibilidad que genera su situación ante la justicia. La de él y la de Jordi Turull, también imputado y que sería el siguiente en la lista si Sànchez no fuera investido. Opciones que en realidad no son opciones y sí unas maneras perversas de seguir intentando poner en jaque tanto la estabilidad como la prosperidad de España.

Si Llarena dejara en libertad el líder de la ANC para que pudiera comparecer a la sesión de investidura, alimentaría la propaganda y el concepto tan manido de “preso político”, algo que no puede consentir de ninguna manera. De lo contrario, los golpistas verían legitimadas sus demandas y, aunque en realidad sólo buscan un bloqueo perpetuo ante la falta de proyecto político verosímil y realizable, volverían al argumento falaz de que España es un “Estado opresor”. Además, el ambiente social en Cataluña se haría irrespirable. Durante las últimas horas, hemos tenido la oportunidad de presenciar las difíciles condiciones en las que se ha desarrollado la visita de Felipe VI al Mobile World Congress de Barcelona.

El boicot de los separatistas, con Ada Colau y Roger Torrent a la cabeza, ha sido irresponsable e inadmisible. La salida de Sànchez de prisión encendería la mecha de la actividad radical en la calle. La violencia podría hacerse incontenible y generar graves problemas de orden público. Por lo tanto, ha de permanecer en prisión. Por mucho que Sánchez quiera apoyarse en el caso del etarra Juan Carlos Yoldi, —hace 30 años acudió a la sesión de investidura como candidato a la Lehendakaritza dentro de un furgón policial—, acudir a una sesión de investidura para un cargo que no puede ejercer no tienen el más mínimo sentido. En definitiva, Llarena hace bien en mantenerse firme en su decisión de no dejarle salir de la cárcel.

Francisco Vázquez: "Es en las aulas donde se viene fraguando el golpe de Estado separatista"
Este lunes, Dieter Brandau moderó un debate sobre la defensa del español organizado por las fundaciones Villacisneros y Valores de Sociedad.
Jesús Fernández Libertad Digital

Arrancó el director de Es la Tarde de esRadio, Dieter Brandau, su presentación del debate "La defensa de la lengua española" –enmarcado en el II Ciclo "El necesario fortalecimiento de España" y organizado por las fundaciones Villacisneros y Valores de Sociedad-, pidiendo: 1) que los presentes apoyen económicamente a los citados organismos; 2) que firmen la propuesta de una de las ponentes, Gloria Lago –"un papel que sirve para que, al menos, en el Congreso de los Diputados, se pueda debatir que en España se pueda vivir en español"-, y destacando: 3) la implicación de estas mujeres, "libres de cuotas", en la causa de la reivindicación de nuestro idioma.

Este lunes, en el Auditorio de la Mutua, la portavoz de Mos Movem, Manuela Cañadas; la presidenta de Hablamos Español, la ya citada Gloria Lago; la vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, Miriam Tey, y el exalcalde de La Coruña y exembajador en la Santa Sede, Francisco Vázquez, para, en palabras de Brandau, defender "los derechos y libertades de todos porque alguien no está haciendo su trabajo". "Esta conferencia es, al mismo tiempo, el símbolo de un fracaso y el símbolo de una esperanza", añadió el moderador.
"Una dictadura lingüística"

La primera en intervenir fue la portavoz de Mos Movem. Cañadas dijo que es "catalana de nacimiento, mallorquina de adopción y una orgullosísima española, le pese a quien le pese". Señaló que su plataforma ha "descolocado este sistema en el que Baleares tiene el honor de ser pionera de que en nuestras islas, para trabajar, se exija el catalán".

Cañadas lamentó que, en Baleares, "un médico madrileño, gallego, andaluz, queda directamente discriminado", y denunció que "de 7.000 quejas que ha habido en la sanidad balear, cinco han sido por la lengua. El objetivo del Gobierno balear, gastando miles de millones, es implantar el catalán en la sanidad. Ya ha sido implantado en la educación". "Están creando un gueto, un apartheid, una dictadura lingüística", agregó.
Una democracia "coja"

A la portavoz de Mos Movem le siguió la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, quien celebró que su iniciativa legislativa popular para una Ley de Libertad de Elección Lingüística haya sido admitida a trámite en la Mesa del Congreso: "Nos pusimos a trabajar, a reunir apoyos". La también líder de Galicia Bilingüe señaló que "las puertas están cerradas para muchos profesionales, también para los creadores en español. "La lengua es un instrumento que se está utilizando para separarnos. Además, es un problema de derechos: la cooficialidad, en el resto del mundo, se respeta. Si no se respeta, nuestra democracia está coja", añadió.
"El español está libre de nacionalismos"

Por su parte, la vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, Miriam Tey, ha recordado que "tenemos más de 500 millones de hablantes en español" y destacó cómo pese a "los modismos, giros, nacionalidades o Estados", los hispanohablantes "se entienden entre ellos": "Con el chino no es así, ni con el idioma inglés. Los españoles somos unos privilegiados porque nos podemos entender en una lengua mestiza, rica, viva, cambiante".

Tey dijo que, "en Cataluña, hemos tenido el catalán como una lengua que nos identificaba y que nos convertía en nación, pero esa trampa, al español, no se le puede hacer: no responde a estados". "Es tan rico que no puede ser nacionalista. El español está libre de nacionalismos", remató la vicepresidenta de SCC.
Objetivo: "Implantar el monolingüismo"

El último en exponer fue el exalcalde de La Coruña y exembajador en la Santa Sede, Francisco Vázquez, quien reivindicó la celebración del evento organizado por las fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad: "Para que ustedes reciban el testimonio personal de personas del resto de España que sufren situaciones rayanas con la violencia y que no se conocen".

A Vázquez le "resulta esperpéntico que en un país como España haya que convocar un acto como este para que los españoles puedan expresar su preocupación y su compromiso con la lengua nacional y común". El socialista gallego criticó la "dejación permanente de su propia realidad nacional para complacer las reivindicaciones insaciables de los nacionalistas", y señaló a la educación como origen de, según Boadella, la doma: "Son muchos los años en los que lo propio se contrapone a lo ajeno y, de esta manera, la lengua regional es la propia, y la española, la ajena".

El exalcalde de La Coruña criticó que, en los colegios, se han excluido personajes, parte de la historia, "cuando no se han considerado hostiles": "Es en las aulas donde se viene fraguando el golpe de Estado separatista". "El objetivo final del nacionalismo imperante es implantar el monolingüismo. Los demócratas somos aquellos que defendemos el bilingüismo, los que lo hemos establecido en la Constitución, los que defendemos la coexistencia de lenguas maternas", agregó.

El encuentro finalizó con un breve debate y con Dieter Brandau recordando el atentado contra Federico Jiménez Losantos y animando a "servir en la compañía de los héroes", como las fundaciones organizadoras, SCC, Mos Movem y Hablamos Español. "No la desaprovechen", concluyó.

EN DEFENSA DEL ESPAÑOL
Manuela Cañadas (Mos Movem): "En Baleares están creando una dictadura lingüística"
Los portavoces de plataformas en defensa del español analizan la "imposición" del lenguaje que ha traído el nacionalismo a Cataluña, Baleares o Galicia.
Carmen Lucas-Torres elespanol 27 Febrero 2018

"Están creando un apartheid, una dictadura lingüística". Así de rotunda se ha manifestado la portavoz de la plataforma balear Mos Movem, Manuela Cañadas, durante la charla La defensa de la lengua española organizada este lunes en Madrid por la Fundación Valores y Sociedad y la Fundación Villacisneros.

Cañadas ha denunciado la exclusión que, a su juicio, sufren en las Islas Baleares quienes defienden que el español y el balear coexistan en la vida pública y las instituciones. Una exclusión ejercida por los crecientes sectores nacionalistas. Ha señalado directamente a Partido Socialista, Més y Podemos como los responsables, al frente del Gobierno de las Islas, de que éstas se "estén convirtiendo en un gueto en el que solo tienen prioridad los catalanohablantes y sus amigos". Ha denunciado que el catalán (el balear) sea el único idioma "ya no solo de la Educación, sino también de la Sanidad, donde se excluye a todos los profesionales de otras comunidades por el hecho de no hablar este idioma".
Jaime Mayor Oreja y Ana Botella (primera fila) durante la charla celebrada en Madrid.

Jaime Mayor Oreja y Ana Botella (primera fila) durante la charla celebrada en Madrid. Fundación Valores y Sociedad

El coloquio celebrado este lunes en Madrid, tras el que se encuentra el exministro de Interior Jaime Mayor Oreja como embajador de la Fundación Valores y Sociedad, también ha tenido como ponentes a Miriam Tey, vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, a Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, y a Gloria Lago, presidenta de la plataforma gallega Hablamos Español, con Dieter Brandau, director del programa Es la Tarde de EsRadio como moderador.

En un abarrotado acto al que también han asistido la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella y el expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha imperado la dura crítica hacia las imposiciones de los nacionalismos.
Jose Ramón Bauzá (segundo de la fila) y el resto de asistentes a la charla celebrada en Madrid.

Jose Ramón Bauzá (segundo de la fila) y el resto de asistentes a la charla celebrada en Madrid. Fundación Valores y Sociedad
"La lengua es el arma letal del nacionalismo"

La vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, Miriam Tey, ha hecho uno de los diagnósticos más crudos de la división social generada por el nacionalismo catalán: "En Cataluña hay niños que no van a los cumpleaños de otros porque hablan castellano", ha reflexionado.

Según Tey, "la lengua ha sido una de las razones del nacionalismo, un arma letal que han sabido aprovechar. En Cataluña tenemos el privilegio de ser bilingües y los catalanistas nos dicen que renunciemos a una de las dos lenguas", ha reflexionado. La representante de la mayor asociación por la unidad de España en Cataluña también ha lamentado que "cuando pides a los académicos de la lengua que se signifiquen con el español, les cuesta".

Tanto el exalcalde de La Coruña, Carlos Vázquez, como la representante de Hablamos Español, Gloria Lago, han abordado el problema que supone la expansión del nacionalismo en la educación gallega, provocando un empobrecimiento de la Cultura porque los referentes históricos para los jóvenes, por ejemplo, sean únicamente los personajes nacionalistas, según ha denunciado Vázquez.

Lago también ha denunciado la persecución que han sufrido algunos niños en colegios gallegos, según ha asegurado, porque sus compañeros se han enterado de que han pedido recibir clases en castellano.

Los homenajes a etarras
Cayetano González Libertad Digital 27 Febrero 2018

No parece que sea mucho pedir a las instituciones y a las autoridades que pongan todos los medios para evitar este tipo de afrentas a las víctimas.

Mucho se ha escrito y debatido sobre la normalidad que se vive en el País Vasco desde que ETA no mata. Es lógico que, desaparecida la presión que suponía, sobre todo para sus objetivos potenciales, que eran casi todos, la amenaza de recibir un tiro en la nuca o ser víctima de un coche bomba, todo se perciba con alivio.

Pero el daño y la miseria moral que ETA ha sembrado durante tantos años no es algo que vaya a desaparecer de hoy para mañana. Alguien con experiencia sobre el terreno –vivía en el Goyerri profundo– me comentó hace ya bastante que cuando ETA desapareciera –entiéndase, dejara de matar– haría falta que pasara al menos una generación para que la sociedad vasca empezara a salir del pozo. Y en esas estamos.

Una muestra de la anormalidad que preside el devenir de la sociedad vasca son los homenajes, los recibimientos a los miembros de ETA que regresan a sus lugares de origen después de haber estado en la cárcel. Hace unos días fue en Andoáin, pueblo de Guipúzcoa donde la banda terrorista cometió dos asesinatos que tuvieron un gran impacto en la opinión pública: el del periodista José Luis López de Lacalle y el del jefe de la Policía local Joseba Pagazaurtundúa. Los dos miembros del comando de ETA que proporcionó a la dirección de la banda información sobre Joseba fueron recibidos por doscientos vecinos, que les dieron la bienvenida entre vítores, aplausos, aurreskus y demás parafernaria abertzale. Este fin de semana sucedió lo mismo con otro etarra en la localidad vizcaína de Santurce.

Este tipo de hechos suponen una evidente agresión a la memoria y a la dignidad de las víctimas del terrorismo. Y al mismo tiempo ponen de relieve que hace falta tener una grave enfermedad moral para recibir como héroes a quienes han sido simplemente unos colaboradores necesarios –cuando no autores materiales– en unos asesinatos. Pero es que una parte de la sociedad vasca está enferma, muy enferma. Costará mucho, si es que se logra, su curación.

Mientras tanto, no parece que sea mucho pedir a las instituciones y a las autoridades que pongan todos los medios para evitar este tipo de afrentas a las víctimas. Como del Gobierno vasco del PNV no cabe esperar mucha contundencia –ellos son más de la vía del apaciguamiento y la contemporización–, uno se pregunta qué hace el delegado del Gobierno central en el País Vasco, Javier de Andrés. ¿Por qué no actúa? Su antecesor, Carlos Urquijo, destituido de muy malas formas por la vicepresidenta Soraya por alguien más controlable, al menos se batió siempre el cobre para impedir este tipo de actos, instando a la Fiscalía a intervenir, denunciando los hechos ante los tribunales. Por eso el PNV pidió su cabeza y el Gobierno de Rajoy se la entregó.

"Más tensión democrática", señora vicepresidenta del Gobierno, clamaba hace unas semanas en San Sebastián la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, delante de Soraya, Cospedal y Zoido. Y añadía: "La tensión nacionalista debe enfrentarse con tensión democrática. No es la hora de los partidos. Es la hora del esfuerzo colectivo con un fin común, el Estado de Derecho". Se puede decir más alto pero no más claro. Otra cosa es que los destinatarios del mensaje lo entiendan o lo quieran poner en práctica.

Ayudas de hasta 200 euros para los jóvenes de entre 17 y 23 años
Ayuntamientos vascos subvencionan el carné de conducir de sus vecinos si realizan el examen en euskera
www.latribunadelpaisvasco.com 27 Febrero 2018

Decenas de Ayuntamientos vascos están subvencionando a sus vecinos de entre 17 y 23 años de edad parte de la realización del examen de conducir en el caso de que lleven a cabo éste íntegramente en euskera.

En una campaña denominada “Gidabaimena euskeraz”, que cuenta con la colaboración del Foro de Servicios de Euskera, Alkarbide, Eudel, las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, los ayuntamientos participantes otorgan ayudas directas de 100 euros a todos los jóvenes que realicen el examen de tráfico en euskera. Además, algunos ayuntamientos también sortean vales de 100 euros para la compra de gasolina.

El racismo del "hogar de Breogán"
El autor repasa textos de los fundadores del nacionalismo gallego que contienen ideas supremacistas arias, pese a lo cual, quienes las expusieron son hoy reconocidos.
Pedro Insua elespanol 27 Febrero 2018

El racismo supremacista ario es algo que no solamente está en las bases del nazismo, con Auschwitz como punto culminante, sino que también lo está en las del nacionalismo regionalista (catalanista, galleguista y bizcaitarra), tan bien asentado actualmente en las instituciones políticas españolas.

En el caso del galleguismo la vía de penetración del racismo más grosero (arianista) fue el celtismo.

El celtismo es un movimiento ideológico decimonónico, no exclusivo de Galicia, pero que el galleguismo va a utilizar como justificación del “hecho diferencial” gallego. Lo celta va a ser el núcleo a partir del cual Galicia, en la concepción nacionalista, quede recortada como realidad nacional fragmentaria (“sitio distinto”), y desconectada, incluso confrontada, con el resto de España. Una desconexión nacionalista respecto a la historia de España que se ha llegado a normalizar, en buena parte de la historiografía, y por la que la “Historia de Galicia” se ha convertido, en realidad, en una historia del galleguismo (la historia de Galicia entre los siglos XVI y XVIII -los llamados “siglos oscuros”- carece de interés para esta historiografía, es como si no existiera).

Fue en el libro Historia de Galicia, de Verea y Aguiar, publicado en 1838, en donde por primera vez aparece el celtismo como base reivindicativa del “hecho diferencial” gallego. Así lo advierte su autor en la dedicatoria inicial, dirigida al rectorado y claustro de la Universidad de Santiago, afirmando que su libro es “fruto de mis tareas en la vindicación de los derechos históricos de la respetable Galicia”. La impronta celta sobre Galicia es tal que el propio topónimo se debe, según Verea y Aguiar, a dicha influencia: “Galicia fue un pueblo, tan radicalmente céltico, que aún no pudo borrarse su nombre tan espresivo [sic] de aquella antigüedad; y por tanto participante de aquellas prerrogativas que constituyen grande la nación céltica” (Historia de Galicia, p. 15, Ferrol, 1838).

El celtismo reivindica a Galicia como perteneciente, vía racial, al conjunto de “naciones célticas”

Alfredo Brañas, en su obra capital El Regionalismo, también va a reivindicar un “celticismo” que, impugnando a la escuela de Pezrón (que identifica a galos y a celtas, siendo Francia su cuna), defiende el origen peninsular, castizo, de los celtas de España. A esta escuela pertenecen Masdeu, Larramendi, Sabau, así como también, precisa Brañas, Verea y Aguiar, Vicetto y Murguía: “Después de leer a Verea y Aguiar, Martínez Padín , Murguía, Huerta, Vicetto, y en general a todos los historiadores gallegos […] no admite discusión que ya en aquellas remotas edades latía en el corazón de los gallegos el sentimiento regionalista, germen del vigoroso y lozano espíritu patriótico que hoy nos anima y reconstituye, a pesar de nuestras miserias y debilidades” (Alfredo Brañas, El Regionalismo, ed. La Voz de Galicia, 1981, pp. 224-225).

Ahora bien, será sobre todo de la mano de, precisamente, Vicetto y Murguía (desde la “cova céltica”, en la que se reunían en La Coruña), en sus correspondientes Historias de Galicia, como el mito del celtismo adquirirá ya tintes racialistas supremacistas en relación al resto de España, representando Pondal, en este sentido, la completa apoteosis reivindicativa del celtismo hasta el punto de considerar a Galicia (así en el himno autonómico actual, con letra tomada de la Queixume dos Pinos de Pondal) como grey céltica, como la “nación de Breogán”, desconectada ab origen del resto de España y perteneciente, vía racial, al conjunto de “naciones célticas” del área de difusión “atlántica” (según la concepción posterior de Risco).

Un mito que ha valido pues, y sigue valiendo, para justificar la premisa fragmentaria fundamental del galleguismo: los gallegos son la “nazón descendiente de Breogán”, siendo así que cualquier otra influencia (íbera, semita, etc.) será vista como exógena, incluso hostil, sobre todo si proviene de “la meseta”, toda vez que Galicia se identifica íntegramente con la nación celta.

Breogán, por su parte, es una figura legendaria (que el evemerismo medieval quiso hacer real), procedente del libro Lebor Gabála (Libro de las Invasiones) perteneciente al ciclo mitológico irlandés -de ahí la toman, tamizada por Macpherson, Murguía y Pondal-, y en el que se narran las diversas oleadas emigratorias que van ocupando, in illo tempore, la isla de Irlanda. El libro de H. D'Arbois de Jubainville, El ciclo mitológico irlandés y la mitología celta (ed. Visión libros, 1986), sigue siendo de referencia obligada como análisis del Libro de las Invasiones y su interpretación desde el evemerismo medieval.

Murguía sostiene que la raza gallega debe ser contrapeso a "otras razas revueltas y levantiscas"

Un mito céltico, por lo demás, cuyo supremacismo racial engranará (en el galleguismo) con el mito antisemita de la raza aria, buscando con su cultivo el que Galicia no se degrade, así lo dirán Murguía, Pondal, Risco sin tapujos, dejándose arrastrar por el predominio de castas inferiores (negros, bereberes, semitas) propias de otras regiones españolas (fuertemente contaminadas de semitismo): “Y es que esta raza [la gallega], que por una serie de circunstancias forma en España el pueblo sensato y pacífico por excelencia, digno por su misma sensatez de mejor suerte, está destinado a servir, con su cordura y pacíficos instintos, de contrapeso a las exageraciones y locuras de otros pueblos y otras razas revueltas y levantiscas, que llenas de la sangre semita que circula por sus venas, parece que viven en la civilización a despecho suyo, y que solo ansían volver a sus desiertos, a la soledad de sus tiendas y a la vida de la tribu, que es la única que les cuadra, comprenden y practican” (Manuel Murguía, en la revista La Ilustración Gallega y Asturiana, 1879).

En esta misma línea, por si no quedaba suficientemente claro, concluye Murguía su discurso de los Juegos Florales de Tuy, en 1891, diciendo que hay que extirpar de España a la “raza semítica” en tanto que obstáculo para homologarnos con los “hombres europeos”: “Pensemos que no en balde tenemos en Galicia los restos de aquel celeste guerrero [Santiago Matamoros], enemigo de la gente de Mahoma. Hombres europeos, hombres de Cristo, la victoria es para nosotros. Los hombres del Corán, los semitas que aún van errantes como sombras por las tierras de España, solo importan porque son un peligro o un estorbo. He dicho” (Risco, Manuel Murguía, Ed. Galaxia, 1976, p. 90).

En todo caso, sin duda, será Pondal quien lleve más lejos la “bardomía” celtista, autoproclamándose, con tanta solemnidad como arrogancia, bardo de la “nación gallega”, y expresando sin disimulos, en múltiples lugares, ese supremacismo racial de la raza gallega en unos términos bien directos y sinceros, de un maniqueísmo grosero y jactancioso. Así, en su poema titulado precisamente Da Raza (poema 22 de la colección Novos Poemas) dirá lo siguiente:

"Vosotros sois de los cíngaros,de los rudos iberos,de los vagos gitanos,de la gente del infierno;[...]Nosotros somos de los celtas,nosotros somos gallegos".

Risco confronta el elemento suevo-celta con el "moreno de origen africano en las otras regiones"

El orensano Vicente Risco, por su parte, ya en la primera mitad del siglo XX, continuará en esta línea de exaltación de los valores arios de la raza celta e insistirá en el elemento rubio (“loiro”) como característica de la población gallega que, por su superioridad (así lo dice abiertamente), resiste cualquier tipo de infiltración de razas exógenas (íbera, romana): “sea por la mejor adaptación a la tierra, sea por la superioridad de la raza, lo cierto en que ni la infiltración romana, ni la infiltración ibérica consiguieron destruir el predominio del elemento rubio centroeuropeo en el pueblo gallego. La raza gallega sigue siendo la bella raza celta” (V. Risco, Teoría nacionalista, pp. 58-59, ed Akal, 1981).

E interpretando a Murguía, en una biografía que escribe sobre él y que será publicada, significativamente, en el año 1933, dirá Risco lo siguiente: “pero el predominio absoluto del elemento étnico europeo y nórdico en la población gallega tiene para Murguía una significación capital: venía a representar para él la superioridad de la raza gallega por encima de todas las demás de la Península” (Risco, Manuel Murguía, p. 29, Galaxia, 1976). Una superioridad que se cifra, de nuevo, en el carácter ario de la raza gallega, tal como se prueba, dice Risco, en las “últimas investigaciones” (refiriéndose con ello a Gobineau), y que Murguía había leído ya en sus “maestros arianistas”.

En definitiva, concluye Risco reexponiendo a Murguía, la regeneración de la vida peninsular vendrá de la mano de los “hijos de Breogán”, precisamente por su carácter ario y rubio, siendo así que “esto fundamenta la superioridad de la Raza Gallega en la Península, puesto que el predominio suevo-celta entre nosotros se opone al predominio del elemento moreno de origen africano en las otras regiones, especialmente del Duero y del Ebro para abajo” (Risco, Manuel Murguía, p. 33, Galaxia, 1976).

He aquí pues, concluimos, y creo que esta selección de textos habla por sí misma, los “padres fundadores” del nacionalismo gallego. Como tales se les conoce, y reconoce, hoy día.

*** Pedro Insua es profesor de Filosofía y autor de los libros 'Hermes Católico' y 'Guerra y Paz en el Quijote'.

‘HOSTILIDAD Y VIOLENCIA’
Comités de Defensa de la República, la guerrilla del separatismo en Cataluña
La Gaceta  27 Febrero 2018

El radicalismo de los grupos separatistas de extrema izquierda crece ante la impunidad que les concede la Generalitat.

La Policía Nacional y la Guardia Civil están investigando el papel de los Comités de Defensa del Referéndum -ya reconvertidos en Comités de Defensa de la República (CDR)- en la organización de los “incidentes de violencia” del 1-O y las “actividades coercitivas” de la huelga general del pasado 8 de noviembre, según consta en un informe de la secretaría de Estado de Interior.

Según el informe, en los incidentes del 1-O fue “muy relevante” la actuación de los CDR, que, según el Ministerio del Interior, operaron “como elementos de coordinación y ejecución de los actos preparatorios y ejecutorios de la oposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y habían montado “acciones de parapeto” en los puntos de votación. Es decir, “una oposición organizada” bajo la apariencia de “resistencia pasiva”. Pero en realidad revestida de “hostilidad, violencia y agresividad” en la calle y frente a los agentes estatales, recibidos en algunos centros de votación con “empujones, pedradas y lanzamiento de objetos”.

El escrito de la Secretaría de Estado, entregado al juez que investiga la actuación policial del 1-O, destaca que los CDR han seguido actuando tras esa jornada y que una de sus “principales actividades coercitivas, aunque no la única”, fue organizar la jornada de huelga general del pasado 8 de noviembre. Provocaron un caos circulatorio. Cortaron más de 50 carreteras y bloquearon el AVE en Gerona.

Son grupos radicales de separatistas controlados por la CUP, el más extremista de los partidos lanzados al desafío secesionista. Hace dos años hicieron un ensayo en el denominado “banco expropiado” del barrio de Gracia y vieron que les salió bien: repercusión mediática y capacidad de movilización durante un período de tiempo prolongado.

En principio vendieron que serían voluntarios para colaborar con la organización y desarrollo de la jornada del 1-O. También trabajarían los días siguientes en los trámites del proceso y, lo más importante de todo, serían los que controlarían a “la masa” en el ejercicio de una supuesta resistencia pacífica.

Tenían claro que su objetivo era el de las primaveras árabes y, al igual que en esos casos, ya llegaría el momento de la violencia que tanto gusta a la CUP y a sus asociaciones satélites como Arran.

En los días siguientes al referéndum fueron los que movilizaron a los separatistas y organizaron los acosos contra los cuarteles de la Guardia Civil y las comisarías de la Policía Nacional. Su organización les permite mantenerse activos por un tiempo indefinido y son lo suficientemente numerosos como para organizar turnos que les permitan la presencia continuada en las calles.

También organizaron la sentada del pasado viernes frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a cuyas puertas se encadenaron varios manifestantes. Hubo 14 detenidos, todos ellos vinculados con los CDR.
 


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