AGLI Recortes de Prensa   Martes 6  Marzo 2018

Un país averiado
¿Es grave que un Estado se muestre impotente para hacer cumplir su ley?
Luis Ventoso ABC  6 Marzo 2018

El pasado jueves se conocieron cinco nuevas sentencias del Tribunal Superior de Cataluña dando la razón a padres que habían reclamado el derecho de sus hijos a ser educados con el español como lengua vehicular (un 25% del total de clases). Nada nuevo. Desde hace años se acumula la jurisprudencia en ese sentido, pero no ha servido para que se cumpla la ley en Cataluña. Simplemente el poder nacionalista -e incluyo al PSC- se fuma esos fallos sin que nada suceda. Es decir, de manera tácita el Estado ha aceptado que en una región de España toca tragar y permitir que se vulnere la ley, no vaya a ser...

Ayer este periódico publicó una excelente entrevista de Juan Fernández-Miranda y Mariano Calleja con el ministro portavoz, que ostenta también la cartera de Educación. Méndez de Vigo respondía con su habitual elegancia y corrección, pero el corolario que se extraía de la conversación resultaba desolador. Con buenas palabras, al final venía a reconocer que a día de hoy el Gobierno no sabe qué hacer para que se respete en Cataluña el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano. Resumen dramático: vivimos en un país donde el Ejecutivo de la nación asume que no tiene ni idea de cómo embridar a un Gobierno autonómico que se burla por sistema de las normas que nos obligan a todos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo hemos caído en tal degradación del Estado? Pues sucede lo que ya sabemos: vivimos en un país extraordinario, sí, pero institucionalmente averiado, porque el desarrollo federal se hizo de manera chapucera, a tirones, sin un patrón claro y siempre mortificados por la interesada deslealtad de los nacionalismos catalán y vasco (y del gallego, aunque allí se han mostrado más cabales y hace tiempo que han dicho nanay en las urnas al ombliguismo xenófobo).

A raíz del golpe de octubre, la sociedad española se desperezó y hubo un reafirmamiento patriótico. Todas esas personas que sacaron la bandera a sus ventanas sabían muy bien lo que querían: más Estado y más respeto a la nación de todos y a sus leyes. Pero por ahora no existe partido que dé respuesta a tal anhelo (el primero que lo haga sorprenderá en las urnas). Padecemos un acomplejamiento perenne ante el separatismo, una ideología retrógrada y execrable, pues su argumento medular es que unas personas son superiores a otras. El PSC, un partido nacionalista más, ¡ha tardado 39 años en instalar una bandera española en la sala de sus comités! El separatismo está crecido de nuevo, como denotan sus provocaciones en el Parlamento catalán. Continúan abogando abiertamente desde la Cámara por crear una república que rompa España y proponen a golpistas como presidentes, choteándose de la ley y de la lógica. Pero PP, PSOE y Ciudadanos ni se plantean hacer lo que harían sus pares de cualquier democracia del mundo ante un envite así: prolongar de manera indefinida el 155 hasta que existan plenas garantías de cumplimiento de la ley -la española, no la de Marte- y de lealtad institucional. No lo veremos. Entre nuestros partidos constitucionalistas lo que se estila es aquel viejo refrán gallego: «Nos mean encima y tenemos que decir que llueve». Resultado: un país averiado.

Huérfanos
Vicente Baquero gaceta.es  6 Marzo 2018

No solo es una cuestión económica: la ilusión, la confianza, el orgullo y la dignidad de una comunidad humana también tienen una importancia esencial a la hora de infundir esperanza y fundamentar un futuro individual y colectivo.

Me pregunto cuantas personas habrá en España hoy que tengan una sensación indefinida, que no se atreven a confesar del todo, de haber sido engañados, abandonados por sus clases dirigentes, de haber sido defraudados, quizá por ingenuidad, por un sistema político en el que habían depositado una esperanzada confianza y que una vez materializado, al cabo de los años se ha visto desbordado, y ya no obedece a las expectativas o ilusiones que en su día había despertado entre la población.

¿Cuántos ciudadanos no estarán descubriendo escandalizados como un sistema político inconexo e incoherente, desbordado por su propia dinámica de supervivencia, con su parafernalia hipertrofiada, se ha ido apartando de sus legítimos objetivos: mantener la seguridad, el orden, la cohesión y el bienestar colectivo para convertirse en un monstruo que solo persigue su propia perpetuación, desligado de los intereses e inquietudes auténticas del ciudadano normal? Pasivos electores ante una clase política que se ha ido gestando al margen y de espaldas a la sociedad, cuya reforma parece inalcanzable en estos momentos, sin una conmoción o desastre no deseado por nadie.

No solo es una cuestión económica: la ilusión, la confianza, el orgullo y la dignidad de una comunidad humana también tienen una importancia esencial a la hora de infundir esperanza y fundamentar un futuro individual y colectivo.

La creciente incomunicación entre gobierno y ciudadanos deja una sensación de vacío e impotencia, por supuesto que siempre habrá una minoría, la adscrita al sistema que cree que su problema es el que a todos interesa y que domina los medios de comunicación, así como aquellos que por su posición privilegiada viven al margen del sistema. Es una situación que a la larga lleva a la parálisis social, a un pasotismo y a un rechazo anárquico que se refleja en los medios alternativos.

Lo que en un principio parecía lógico: una descentralización administrativa para conseguir una mayor eficacia de gestión y una mejor asignación de recursos se ha convertido en una maquina de derroche que nos arruina, nos divide y nos acogota administrativamente. El régimen de las autonomías se ha convertido en un monstruo que todo lo traga, lo descompone, lo corrompe, que agota todos los recursos económicos del país, y va camino de quebrar España.

El sistema de partidos que se suponía debía vertebrar a la nación y dar una continuidad a la gobernabilidad del país está al borde de ser un patio de monipodio con siete contendientes principales y tropecientos satélites, nacionales y regionales, cada uno tirando de la cuerda en su dirección, cada cual más involucrado en vías de financiación irregulares y su corifeo de corruptos particulares aprovechando el revuelo. Cada vez es más deficiente el nivel cultural y profesional de nuestros próceres: se ha ido convirtiendo en una casta profesional política, sin contacto con la vida fuera del sistema.

La paz social y la reconciliación de los españoles, una vez más en peligro por el obsesivo intento y fijación de una minoría ideológica en alterar la historia y consolidar el triunfo de unas filosofías ya caducas, que hacen pensar más en una enfermedad religiosa que en un propósito de superar males endémicos que en el pasado nos llevaron al desastre.

Quizá algún sabio con una mayor experiencia, aceptación resignada de la realidad, y conocimiento del pasado nos diga que siempre en mayor o menor medida la materialidad humana ha tenido estas características: pasa de fases de euforia a fases depresivas, altos y bajos, pero que al final el conjunto sobrevive, habrá víctimas, perdedores y triunfadores, y no le faltará razón, pero hay cuestiones que son evitables, cuestiones que sí tienen remedio, los males que nos aquejan no eran inevitables, hay responsables, no estamos hablando de desastres naturales ni de imperativos geopolíticos inevitables, invasiones, guerras civiles, epidemias trasnacionales…

¿Cómo se podría en este momento recuperar el sentido común y reorientar la trayectoria política para recuperar la coherencia y viabilidad económico- social nacional y salvar a España del desastre o ello no es posible por la maraña de intereses creados? ¿Cómo se podría devolver la ilusión a la ciudadanía, evitar esa sensación de ajenidad y repugnancia que produce hoy el discurso político?

Todo ello pasa por una revisión efectivamente de la constitución del 78, aunque no en el sentido en que parece que se quiere plantear por los actúales grupos políticos, sino todo lo contrario. Hacerlo como apuntan sería una equivocación monumental. Es justo a lo que nos referíamos al apuntar a que hay circunstancias y situaciones que nos llevan a cometer errores o a padecer desgracias inevitables, pues esta no es una de ellas…

Sí es posible resolverlo, siempre y cuando haya voluntad y sentido de la responsabilidad por parte de los dirigentes para resolver esta cuestión, si no lo hacen por intereses partidistas serán responsables del desastre sin paliativos, pues nadie por sectario que sea puede negar la evidencia y al hacerlo incurre en un delito de traición a toda la nación.

Estoy convencido de que en el momento que se dieran los primeros pasos en la dirección adecuada, desaparecería en gran medida la desazón, desesperación, apatía e ira contenida que hoy impera en el ánimo de una gran parte, la más productiva, de la población española, el ciudadano comprometido y responsable por el presente y el futuro de su familia, empresa y sociedad, necesita la reafirmación de una serie de principios, fundamentos, criterios claros, que le devuelvan la confianza y este es lo suficientemente dócil y optimista como para cambiar de actitud en cuanto atisbe un resquicio de esperanza de que la actual situación política puede variar a mejor, en cuanto vea que se abordan sensatamente los verdaderos problemas. No es necesario enumerar aquí todas las materias que habría que introducir en dicha reforma pero hay algunas cuestiones cuya urgencia no puede esperar:

Se impone una recuperación de la autoridad del estado en todo el territorio, (Los desafíos a la dignidad del Estado y sus símbolos en Cataluña son una ofensa para toda la nación, es una humillación que no se toleraría en ninguna de las naciones de la UE por ejemplo) es imperativo acabar con los privilegios regionales, la eliminación de una dimensión política a escala local, la reducción del personal adherido a esta realidad y las subvenciones que acarrea. Fundamentalmente la eliminación de instituciones y organismos redundantes, con todo su aparato de gasto: simplificación, reducción legislativa, y reconfirmación de un sistema de concurso de méritos para puestos de funcionarios públicos. Recuperación de la sanidad, la educación, el orden público y servicios exteriores. En resumen una reversión del sistema territorial autonómico, España no es un país tan rico en recursos como para permitirse un sistema político tan costoso, es insostenible, si lo pretende, tendrá que sacrificar otras cuestiones mucho más importantes, incluido un “estado de bienestar” razonable.

En cuanto a los partidos políticos habría que constituir un sistema de financiación legal y transparente al estilo anglo sajón en el que las contribuciones a los mismos sean perfectamente localizables y comprobables, así como desprofesionalizar esos engendros de juventudes y demás instituciones para hacer carreras políticas sin haber pasado por la realidad laboral profesional…

Comprendo que dichas medidas implicarían la perdida de muchos “puestos de trabajo” y afectarían a muchísimos intereses creados que han ido incrustándose en el sistema a lo largo de los últimos cuarenta años, sobre todo afectaría a los propios poderes políticos y “sensibilidades nacionalistas locales” que tendrían que hacerse cargo de su propia cirugía, pero no es ni mucho menos inabordable, sobre todo si consideramos que lo que está en juego es la propia supervivencia, no solo de la nación, sino del futuro de generaciones de nuevos ciudadanos y la viabilidad de una forma de convivencia pacífica y en libertad.

Mucho más traumático sería el no tomar estas medidas, racional y voluntariamente, reconociendo las equivocaciones pasadas, para evitar la aparición de un inevitable “cirujano de hierro” que las impondría. Que nadie se equivoque: la ley de la gravedad económica existe, no es un invento del capitalismo, lo que no puede ser, no puede ser, y gastar sistemáticamente más de lo que se ingresa nos lleva a la ruina y la “solidaridad” tiene un límite: la propia naturaleza humana, ante eso, no hay teoría que valga…

Lo que pervive
Trevijano fue un esteta. Ante todo. En rigor, sólo la estética salva a la política
Gabriel Albiac ABC  6 Marzo 2018

Scripta manent: permanece lo escrito. Pasado el tiempo de las palabras, de la política que es su barata ceniza, de Antonio García Trevijano quedará lo esencial: lo que escribió. Para mí, dos libros ante todo. A distancia sideral de la bibliografía española en los tan distantes campos en los que cada uno de ellos oficia: «Teoría pura de la República» y, sobre todo, «Ateísmo estético». Muchos van a hablar ahora del primero. Que así sea. Mejor, aunque llegue tarde, que ese cúmulo de conocimientos históricos y políticos ejerza el ascendiente que merece: el que le fue negado en vida del autor, como tan común es en esta dura patria nuestra. No obstante, hay riesgo de orillar el otro libro: ¿a quién, en este tiempo oscuro, va a ocurrírsele perder su valioso tiempo en los frágiles encajes que construye el arte? Pero, si yo aprecié tanto a Trevijano en vida, fue sobre todo por eso que su «Ateísmo estético» disecciona: que en la relación con el arte se cifra lo más precioso de una vida humana. Y que ningún hombre que ignore eso podrá siquiera plantearse la dura paradoja de ser libre.

Trevijano fue un esteta. Ante todo. En política también. Como en todo. En rigor, sólo la estética salva a la política: por eso son tan raros los políticos decentes. Y fuerza a entender algo que, desde Platón, debiéramos saber: que lo bello y el bien son lo mismo, que «si no crece el nivel de moralidad común, no hay progreso en la cultura ni en la civilización… Si Degas, Cézanne, Matisse condenaron en vida a los vividores del arte, los espíritus jóvenes deben oponerse, por orgullo de la tradición artística, al ateísmo estético del arte modernitario y a las expresiones farsantes de lo bello. Pues la juventud consiste en permanecer cercanos a las fuentes de la vida, en zambullirse en lo elemental, para sublevarse, con las espaldas mojadas de naturaleza, contra los artificios que intentan disimular la decadencia de aquellos instintos donde está la génesis del arte».

Encerrado en el sosiego del museo privado que fue su hogar, García Trevijano podía cada jornada recordarnos a todos –aunque tan pocos supieran escucharlo– que «toda reflexión sobre la belleza que no derive de los placeres brindados al espíritu por las hermosuras y tenebrosidades de la Naturaleza o de las obras artísticas no pasa de ser una abstracción indiferente a las necesidades espirituales de la vida». Que no hay paraísos fáciles, que la belleza premia sólo una ascesis, una entrega en la cual nada guarda el artista para sí mismo. Ni el Donatello ni el Miguel Ángel o el Leonardo a quienes Antonio García Trevijano amó tan desmedidamente aceptaron jamás ser otra cosa que siervos de esa diosa suprema y despótica que era su maestría, el arte al cual lo habían sacrificado todo. Es la lección más sabia: una estética rigurosa resulta ser el único territorio digno de la ética.

Olvidaremos a los políticos muy pronto. Todos sus debates nos darán risa. Quedarán los libros. Sólo. Éste de Trevijano. Scripta manent.

Incoherencias de la derecha- Memoria Histórica
Ricardo Chamorro gaceta.es   6 Marzo 2018

En una entrevista reciente en El Mundo, decía Fernando Suárez:
“…me resulta incomprensible la ingratitud de la derecha española que para demostrar su comportamiento democrático no se atreve a defender la obra histórica de Franco, verdadero creador de la clase media, de la industrialización, de la Seguridad Social, de la educación generalizada y, sobre todo, de la restauración de la Corona, que es hoy un patrimonio de incalculable valor. Un partido fundado por Fraga que no defiende la memoria de Franco no merece ganar las elecciones. Y que no me malinterpreten: Digo la memoria, no la nostalgia de su Régimen excepcional. El respeto a Franco es perfectamente compatible con la convicción de que España vive uno de sus mejores momentos.”

¿Quién es Fernando Suárez?
Fernando Suárez fue nombrado vicepresidente tercero y ministro de Trabajo el 5 de marzo de 1975 en el último Gobierno del general Franco, cesando a la muerte del General. Contribuyó destacadamente a la Transición española a la democracia, especialmente como miembro de la ponencia que defendió el Proyecto de Ley para la Reforma Política. Posteriormente militó en Alianza Popular, partido por el cual fue diputado entre 1982 y 1986 en el Congreso de los Diputados, y miembro del Parlamento Europeo entre 1986 y 1994.

La legitimidad de la derecha
Fernando Suárez, como Manuel Fraga (presidente de Honor del PP hasta su muerte), y varios ex ministros del General Franco fundaron Alianza Popular, base del actual Partido Popular. En el mismo espacio, quizás más al centro, estaba la UCD presidida por el ex Secretario General del Movimiento Adolfo Suárez, de claros orígenes falangistas.

El actual Jefe del Estado, lo es, porque las Cortes Franquistas instituyeron a su padre como tal a título de Rey, y de manera posterior fue ratificado por nuestra Constitución este hecho.

Todo lo anterior son verdades objetivas, da igual que algunos traten de disimular o que la gente se de golpes de pecho negando lo evidente. Si el franquismo es ilegitimo el PP o la Corona también lo serian, fácil argumento para la izquierda.

Incomprensible patetismo de la derecha
Los que nacimos años después de la muerte de Franco, no logramos entender cómo la derecha trata de negar la realidad como si no hubiera existido, y no defiende los hechos tal como fueron. Defender los hechos y la historia tal como fue no significa reivindicarla de manera nostálgica, pero si asumirla y no falsearla. Si no se defiende la legitimidad del franquismo, el sistema de la transición y de la Constitución del 78 desaparecerá arrasado más pronto que tarde. En España hubo una reforma no una ruptura, esa es la realidad.

Incluso las fuerzas de derecha que presumen de falta de complejos se aterrorizan cuando se trata de hablar del franquismo.

Es inexplicable que el Partido Popular no haya derogado una Ley de Memoria Histórica que, más allá de permitir que cada cual entierre a sus muertos con dignidad, de lo cual nadie puede estar en contra, es una Ley sectaria que pretende deslegitimar nuestra transición, nuestra historia, y que terminara deslegitimando a toda la derecha democrática, e incluso a la Corona, por la inacción irresponsable de los que debían parar este cruce de reproches que esta Ley está provocando.

En la derecha no son capaces de vislumbrar la importancia política que tiene el hecho de asumir los argumentos de los que te quieren quitar toda legitimidad. El Partido Popular ya no tiene identidad, es normal que ante una formación llena de casos de corrupción y sin identidad, las encuestas vayan disparadas a favor de Ciudadanos.

El que calla otorga, y la derecha democrática da la razón a la izquierda cuando de manera suicida guarda silencio o se muestra sumisa ante las barbaridades que en España se escuchan en los últimos tiempos. Destrozar cruces de granito, arrasar monumentos, calles, placas, son acciones más propias de barbaros que de personas racionales que pretendieran dar una explicación al pasado, también para criticarlo, sin destrozar nada. El respeto por el pasado es una realidad en todos los países civilizados de Europa, donde persisten monumentos de unos y otros como patrimonio de la memoria colectiva.

La Memoria Histórica para García Trevijano
El fallecido Antonio García Trevijano, conocido por su anti-franquismo, rechazaba profundamente tanto las Leyes de Amnistía, como las Leyes de Memoria Histórica.

Esto decía sobre la memoria histórica, el reconocido jurista:
“La memoria histórica no existe, nada más existe la memoria colectiva, aquellos hechos que persisten en el pasado aunque hayan pasado centenares de años, persisten y condicionan el presente. Memoria colectiva si, ¿histórica? ¿Qué significa histórica? Pasado ¿es que acaso hay memoria del futuro? ¿Hay memoria del presente? La memoria histórica se refiere a hechos del pasado, empecemos por ahí… ¿Qué quieren resucitar? ¿Los odios? ¿Azules y Rojos?… Si recordáramos todo lo que hemos vivido no podríamos vivir, porque la biología tiene un mecanismo que nos hace olvidar cosas que nos hacen sufrir, por eso el sueño tiene la misión de reparar el daño que hace la memoria, son los hechos negativos en vida, en vigilia. En los sueños soñamos cosas agradables, aunque no nos acordemos, para vivir un individuo no puede estar continuamente despreciándose a sí mismo, recordando lo negativo, el sueño reparador es necesario, sin sueño reparador para olvidar el individuo muere en pocos días.”

Una artimaña de la izquierda
La Ley de memoria histórica no es más que una artimaña más de la izquierda para crear un caldo anti sistémico, como lo es la lucha de clases, la lucha de sexos, el fomento de la inmigración, el fomento del separatismo… Que nadie piense que todo esto obedece a cuestiones de justicia. Frente a las artimañas de la izquierda solo cabe contundencia y vehemencia en la defensa de la verdad, de otra manera estas perdido, igual de perdido que esta la derecha social a día de hoy.

¿Fue un fracaso la guerra civil?
Pío Moa gaceta.es  6 Marzo 2018

Uno no tiene más remedio que reírse con las trapacerías del PSOE en sus gigantescos robos. Pero fue realmente una tragedia para España: https://www.youtube.com/watch?v=yewN3B9OjVs
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Últimamente se está poniendo de moda, a partir del PP, hablar de la guerra civil como “un fracaso”. La idea va ligada a otra también muy del PP, que he examinado en La guerra civil y los problemas de la democracia: la de que fue un enfrentamiento por así decir “sin ton ni son”, entre pequeñas minorías de “canallas y sádicos sayones”, como dice Pedro J, que empujaron por la fuerza a luchar a una gran mayoría de españoles que simplemente “pasaba por allí”. Estas frases expresan la bien acreditada inanidad intelectual de la derecha española, combinada con un sentimentalismo menos inocente de lo que parece.

La pandilla “intelectual” del PP juega con ese sentimentalismo de origen izquierdista y volteriano según el cual los pueblos son pacíficos y las guerras solo interesan a “los de arriba” o a minorías embrutecidas. Por ahí ya van mal, porque la mayoría del pueblo entiende al PP precisamente como “los de arriba”. Pero, en fin, todo el mundo está de acuerdo en que las guerras son malas por sí mismas, como lo son también las operaciones quirúrgicas, aunque no por eso las calificamos de fracasos, salvo que salgan mal. Siguiendo por ahí también podemos decir que las paces son un fracaso, porque suelen terminar en guerras, o que la vida es un fracaso radical, porque termina en la muerte. No hay como ponerse profundo para alcanzar altas cimas del pensamiento.

Desde luego, todas las guerras son un fracaso para los perdedores y un éxito para los vencedores. Pero también puede decirse que son un fracaso general, en el sentido de que, por explicarlo en términos económicos, los costes son mayores que los beneficios. Pero ¿es esto siempre así? La guerra de independencia de Usa es vista como un gran éxito por los useños, ya que alumbró un país de enorme fuerza expansiva y que llegaría a ser primera potencia mundial en casi todos los terrenos. Y de la posterior Guerra de Secesión puede decirse algo parecido. En cambio la guerra de España contra la invasión francesa, aunque un éxito en sí misma (para los españoles, claro, no para los franceses), dejó un país profundamente dividido y abocado a guerras civiles y pronunciamientos. El coste fue inevitable, pero los beneficios muy escasos. O consideremos la guerra civil rusa tras la revolución comunista: fue un éxito para los rojos, pero a Rusia la metió en una paz nada deseable, signada por una tiranía sin precedentes, cortada luego por una guerra contra la invasión alemana, que también fue un éxito para los rojos pero no cambió la lúgubre paz anterior. En fin, ¿fueron un fracaso las guerras médicas o las púnicas, o tantas otras? De manera inmediata, depende de la perspectiva, es decir, de los vencedores o de los vencidos, y de manera más general, de sus consecuencias.

También pueden calificarse las guerras civiles de fracasos de la convivencia cívica. Esto no pasa de ser una perogrullada, como decir que una batalla es un choque de dos fuerzas armadas. Pero pasar de la perogrullada exige algo más que declamaciones sentimentales. Exige explicar por qué fracasó y qué se jugaba en la guerra misma. Y esto es lo que ocultan los “intelectuales” del PP. Sobre cómo fracasó la convivencia no hay duda. En Los orígenes de la Guerra Civil mostré concienzudamente cómo el PSOE quería y buscaba deliberadamente una guerra civil “a la soviética”, cómo la preparó en la propaganda y en los hechos, y cómo después de su fracaso en el 34 persistió en las mismas ideas e intenciones; cómo los separatistas catalanes se declararon “en pie de guerra”, y la prepararon después de las elecciones de 1933; Y cómo la insurrección del 34 fue apoyada por prácticamente toda la izquierda republicana y por parte de los anarquistas, incluso por el partidillo del botarate Miguel Maura. Está clarísimo así de dónde partió el impulso a la guerra civil.

Ahora bien, eso no acaba con la cuestión. Hay que entender por qué las izquierdas querían la guerra civil, con más o menos deliberación o entusiasmo. Y también por qué la derecha se opuso a ese camino con tan poca energía que finalmente no fue posible evitarla. El PSOE quería la guerra por dos razones: porque aspiraba a un régimen de tipo soviético que, según creían o querían creer, iba a acabar con las injusticias sociales, con “la explotación del hombre por el hombre” e inaugurar para España una nueva era de paz y felicidad. Y en segundo lugar creían que las condiciones históricas estaban maduras para dar el paso, cosa que los comunistas, más prudentes, dudaban; si bien se unieron al PSOE e incluso reclamaron la responsabilidad del movimiento de octubre cuando los socialistas, con típica cobardía, negaron haberlo dirigido. Así, existía en la sociedad un impulso revolucionario que era al mismo tiempo guerracivilista

En cuanto a las derechas, fueron incapaces de oponerse debido también a su debilidad intelectual o ideológica o como quiera llamársele. No sabían nada de marxismo, que era la gran ideología de la época en muchos países, tenían una visión muy roma y elemental de la historia, y ante todo querían mantener la paz, aceptando incluso una república dominada por unas izquierdas que atacaban sin tregua todo aquello que tradicionalmente distinguía a la derecha: la religión católica, la integridad nacional, la propiedad privada, la familia cristiana, la libertad personal, etc. Por ello no adoptaron en ningún momento una política enérgica y resuelta ante los desmanes y provocaciones contrarios, con lo cual estos se hacían cada vez más graves. Y después de haber vencido el asalto de octubre del 34, las derechas entraron en una fase de descomposición política. De hecho, el impulso final a la guerra no provino de las izquierdas, sino de las derechas, concretamente de gentes como Alcalá-Zamora, máximo responsable del empujón final al enfrentamiento armado, como Largo Caballero lo había sido antes. Si a algo recuerda la actitud claudicante de la CEDA tras haber ganado las elecciones, y sobre todo de Alcalá Zamora, Portela y compañía con sus turbias maniobras tras la victoria sobre los revolucionarios en 1934, es precisamente al PP actual.

Así ocurrió, en esquema, el “fracaso de la convivencia”. En definitiva, una sociedad se mantiene básicamente en paz por el respeto a la ley, que afirma un orden y equilibrio entre las fuerzas e intereses opuestos naturales en la sociedad humana. La legalidad republicana, impuesta sin consenso ni referéndum por izquierdas y separatismos, no les bastó a sus propios autores, que procuraron su destrucción revolucionaria, en el 34 y tras las elecciones fraudulentas del 36. Y la derecha, que se resignaba a aquella legalidad, pero sin considerarla suya, fue incapaz asimismo de defenderla. Cuando la ley cae, los naturales conflictos sociales se convierten en lucha abierta, o bien se impone la tiranía.

Lo que convencionalmente llamamos derecha, pero que al final tenía poco que ver con la que había actuado en la república, terminó sublevándose, exasperada por el abuso y el terror de izquierdas y separatismos. Y no fracasó, sino que terminó venciendo, a pesar de su situación casi desesperada al principio.

Señalado el proceso del “fracaso”, en que los intelectuales del PP prefieren no entrar demasiado, se plantea de nuevo la cuestión: ¿fue un fracaso la guerra? Lo fue para el bando rojo, cierto, y lo contrario para que el que se llamó nacional porque defendía la integridad de España. ¿Fue un fracaso para la sociedad? Depende de la perspectiva. La guerra no fue un enfrentamiento entre “canallas y sádicos sayones”, sino que cada bando defendía unos intereses y unos valores. Y lo que estaba en juego era si España iba a desintegrarse o continuar como nación unida e independiente; si iba a perdurar su cultura cristiana o esta iba a ser sustituida por un régimen de tipo soviético; si se iba a mantener la libertad personal aunque se restringiesen las libertades políticas, o se iban a anular unas y otras; si se iba a mantener la propiedad privada o no. Esto es, esencialmente lo que se jugó en la guerra civil. Perdieron los que aspiraban a disgregar a España o supeditarla a los intereses soviéticos, a erradicar la cultura cristiana, a sustituir la propiedad privada por la del estado, a establecer alguna forma de totalitarismo, etc. Salvo que uno crea que las aspiraciones de los perdedores traerían una sociedad de riqueza, felicidad y libertad casi absolutas, como pretendían, me parece que hay pocas razones para lamentar la victoria de sus contrarios.

Pero es que además las consecuencias no pudieron ser más excelentes. Los vencedores libraron a España de la II Guerra Mundial, que habría sido para España mucho más feroz y sangrienta; derrotaron el intento del maquis de volver a la guerra civil y también el criminal aislamiento exterior; y dejaron un país próspero, reconciliado y políticamente moderado. La sociedad en conjunto no perdió, sino que ganó, y muchísimo, con el resultado de la guerra. Resultado que parasitan y corroen los políticos actuales, señaladamente los del PP… ¡invocando la democracia!

Hay un lado moral de especial abyección en estos intelectuales políticos: su denigración implícita o explícita de aquellos que fueron capaces, en situación extrema, de rebelarse contra la tiranía más peligrosa que haya vivido España. Y que lo hicieron partiendo de una inferioridad material casi absoluta, y derrochando heroísmo en muchas situaciones. Pues bien, muchos de ellos, casualmente, fueron padres o abuelos de los políticos que ahora hablan de fracaso y equiparan en vileza a unos y a otros. Uno comprende que las izquierdas y separatistas reivindiquen a sus abuelos, aunque sea mintiendo desaforadamente. No dejan de mostrar en ello algo de dignidad personal. Pero estos miserables peperos escupen directamente sobre las tumbas de los suyos. En fin, no hay palabras.

Recuerdo que Rajoy se jactó alguna vez de que en su familia no había habido franquistas. Seguramente porque pertenece a esa clase de gente sin otros principios o valores que los del “vil metal” (“la economía lo es todo” sostiene el pensador). Y cree que así podrá flotar en cualquier régimen, lo que a veces consigue ese tipo de personajes, aunque no siempre les sale bien. Son de la “tercera España”, que con su majadería aparentemente bienintencionada y moralista contribuyeron a crear el caos y luego, a la hora de la verdad, escurrieron el bulto echando pestes de unos y otros o tratando de trepar aquí o allá.

Uno de esos políticos-intelectuales del PP razonaba así hace poco: “las calaveras no tienen ni yugo y flechas ni hoz y martillo en la frente”. Tiene que haber pensado mucho para llegar a esa conclusión. Decía Schiller que contra la estupidez es imposible luchar. Sobre todo cuando va envuelta en esa sentimentalería barata tan típica, que quiere hacer pasar por “malos” a quienes no comparten sus peligrosas bobadas.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Imperativo legal
El Gobierno no puede alterar la inmersión lingüística con el 155 pero sí acatar las sentencias que han quedado en el limbo
Ignacio Camacho ABC  6 Marzo 2018

Que sí, que se nos fue la mano. O más bien se nos fue de las manos. O ambas cosas. El Estado permitió que los estatutos autonómicos desplegasen al máximo las competencias descentralizadoras y acabó por perder el control de funciones esenciales como la de la educación. Así lo ha certificado el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la Ley Wert y así lo acaba de reconocer en ABC el ministro Méndez de Vigo, aunque el tono resignado de sus declaraciones delata, más que aflicción, un cierto alivio por ahorrarse un conflicto. No es la enseñanza la única víctima de esta centrifugación administrativa que desarma a la nación y desatornilla su arquitectura política: la doctrina del TC tiene establecido que hasta la gestión de los parques «nacionales», contra su propia lógica nominal, corresponde a las autonomías. El modelo territorial ha federalizado el país en una dirección unilateral que contradice la verdadera dimensión del espíritu federalista, cuyo sentido completo incluye la definición de cometidos estatales básicos para mantener un ámbito primordial de jerarquía.

Cuando se derrama un cubo es imposible recoger toda el agua. Incluso en el improbable caso de que España replantease su estructura de poder con el fin de embridar los evidentes excesos, para lo que estamos a años luz del imprescindible consenso, resultaría inviable la recuperación de un equilibrio competencial razonable. La dispersión propiciada por la avidez nacionalista ha ido demasiado lejos y sólo las comunidades podrían renunciar de forma voluntaria a algunas atribuciones, que naturalmente serían las de administración más compleja y peor funcionamiento. Es tarde para reconducir los privilegios ya concedidos, pero esa amarga constatación no justifica la pasividad o el conformismo de ningún Gobierno.

En el caso de la inmersión lingüística -que no cabe reprochar sólo al nacionalismo porque la última tuerca la apretó el PSC al frente del tripartito-, la ley respalda las facultades de la Generalitat para implantar su criterio. Así está dictaminado sin otro remedio. Lo que de ninguna manera ampara es que las sentencias judiciales sean desoídas, ignoradas o desobedecidas sin el menor respeto. Cuando el propio Tribunal Superior catalán fijó las horas mínimas de castellano en la escuela, Francesc Homs dijo que no moverían «ni una coma» con ribetes de recochineo. Y eso han hecho: carcajearse de las familias que reclamaron y obtuvieron la garantía tutelar de sus derechos.

Sucede que ahora es el Gobierno de España el que toma las decisiones ejecutivas en Cataluña en virtud del artículo 155. Y por tanto tiene a su alcance el acatamiento de las resoluciones que han quedado en el limbo. No se trata de una cuestión voluntaria sino de un imperativo legal y moral, jurídico y político. Y a día de hoy, siquiera a título testimonial o simbólico, está por cumplir ese compromiso.

Tabarnia y la miseria moral del separatismo
EDITORIAL LD 6 Marzo 2018

Tabarnia está haciendo un daño tremendo al separatismo catalán, como queda meridianamente claro con la reacción furibunda de los golpistas a las iniciativas que surgen de esa admirable plataforma cívica comprometida con la libertad. Los medios separatistas, encabezados por la infame TV3, tratan de ocultar el extraordinario éxito de convocatoria que tienen los catalanes que quieren seguir siendo españoles y europeos. Los golpistas y sus descalificables terminales mediáticas tratan en vano de desacreditar las concentraciones de los catalanes hartos de la corrupta dictadura nacionalista con acusaciones delirantes que son, en realidad, reflejo de su propia miseria moral.

Sirva de execrable ejemplo de esto último Albert Donaire Malagelada, cabecilla de unos Mossos por la Independéncia que ha perpetrado un vídeo en el que excreta toda clase de improperios contra los participantes de la ejemplar concentración tabarnesa que llenó este domingo las calles de Barcelona. Presa del furor bochornoso tan habitual entre los separatistas cuando se les deja en evidencia, este sujeto indigno de ser policía ha tachado a los asistentes a la referida concentración de fascistas, racistas y homófobos, con lo que evidentemente no ha hecho más que dar infecta cuenta de su repugnante catadura.

Este individuo, que exhibe sin vergüenza su desprecio repulsivo a quienes le pagan el sueldo y está obligado a proteger y defender, no debería seguir un sólo día más formando parte de un cuerpo de seguridad español como los Mozos de Escuadra. El Gobierno de España, que ahora también lo es de la Generalidad, no puede permitir que un tipo de semejante calaña deambule armado y con uniforme ni un minuto más. Pero su caso, por desgracia, no es una excepción en un cuerpo carcomido por el separatismo, que lo ha convertido en el brazo armado de su proyecto liberticida y criminógeno.

Tabarnia, verdaderamente, saca de quicio a los separatistas y, lo que es más importante, está contribuyendo a desenmascarar a elementos como este mozo abominable, dispuestos a todo tipo de fechorías con tal de instaurar su república liberticida, enemiga jurada de la Cataluña real y de al menos la mitad de sus habitantes.
- Seguir leyendo: https://www.libertaddigital.com/opinion/editorial/tabarnia-y-la-miseria-moral-del-separatismo-84558/

El «procés» arrancó en 2011 para tapar el 3% en una reunión con tres hijos de Pujol
Con el plan secesionista se pretendía ocultar tramas de corrupción como el «caso 3%» y «caso ITV», según los papeles intervenidos a los Mossos.
larazón.

La Policía impidió que los Mossos d'Esquadra destruyeran en una incineradora una ingente documentación entre la que se halló una nota informativa que sitúa el inicio del plan independentista en una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011 a la que acudieron los "máximos dirigentes" de la entonces Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Dicha cita se repitió a finales de diciembre, sumándose los hijos del expresidente Jordi Pujol (Jordi, Oriol y Josep).

Tras esta segunda reunión, de la que fueron informados "un grupo de personas afines de los círculos empresariales, económicos y de la comunicación", se decidió que asumiera el rol de "controlador" Felip Puig, consejero de Interior entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012. Entre los empresarios que se cita figura José Antich Valero, "actual fundador y director del diario digital ElNacional.cat", del que se dice que tiene "carácter político y afín al PDeCAT".

Así consta en las conclusiones policiales del informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía, al que ha tenido acceso Europa Press, en base a la documentación intervenida el 26 de octubre cuando los Mossos pretendían quemar varias cajas en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

De acuerdo a una nota informativa sin membrete de fecha 12 de octubre de 2012 "sobre el Plan Independentista de CDC", el inicio del "hipotético" plan nació de una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011. La Policía califica esta nota como un "resumen" de actuaciones de "ciertos dirigentes de CDC y de Unió para camuflar el cobro de comisiones y/o sobornos".

En este plan, "Puig se encargaría de las tareas de controlador y de inteligencia" y, para tal fin, se dispuso de "tecnología y comunicaciones que operativamente se encuentran instaladas en vehículos --furgonetas camufladas-- adscritas a la Unidad Tecnológica de los Mossos de la Central de Sabadell".

FONDOS RESERVADOS Y ESTRUCTURAS OPACAS
Entre la documentación operativa de las áreas de Interior y Exterior, la Policía halló un centenar de impresos justificativos en diferentes cajas pertenecientes a la Unidad Central de Recursos Operativos (UCRO), actualmente denominada UCOINF, a la que se incardina en la Comisaría General de Información de los Mossos.

"Su estructura y componentes no se han hecho públicos y", según la Policía, "se le atribuyen investigaciones de carácter más delicado". Los investigadores subrayan que existe "numerosa documentación relativa a gastos reservados generados por las diferentes unidades centrales y regionales de la Comisaría General de Información".

Una furgoneta camuflada, por ejemplo, se colocó durante meses "en una plaza de parking frente al domicilio particular de la entonces presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho", siguiendo órdenes directas atribuidas a Felip Puig.

La Policía recuerda en su informe remitido a la Audiencia Nacional que, coincidiendo con el presunto espionaje a Alicia Sánchez Camacho y otros dirigentes del PP catalán, la seguridad de la presidenta de los 'populares' en esta comunidad autónoma estaba asignada a cuatro miembros de los Mossos.

Estos agentes de la policía catalana "tenían la instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento de Alicia Sánchez Camacho al propio Puig". Esta misma estrategia se seguía con el ministro del Interior, por entonces Jorge Fernández Díaz, "cada vez que se trasladaba a Barcelona".

"TEJER ALIANZAS" CON JUECES, IGLESIA Y PNV
La Policía concluye que el proceso iniciado por CDC en 2011 "tenía como prioridad tejer alianzas con la patronal FEMCAT", a la que se define como fundación privada de empresarias que comparte la misión de que Cataluña se convierta en un país, así como con "destacados miembros de la judicatura y fiscalía, con especial atención a la iglesia y partidos políticos como el PNV".

Los investigadores destacan la "estrategia ofensiva-defensiva" con la que los dirigentes de CDC pretendían disponer de información sensible del PP para, dicen, "poder negociar con éste en caso de que las cosas se pusieran difíciles". Aquí se destaca el papel jugado por la familia del empresario Vicente Monje Tuñón, "quien presionó a terceros para que denunciaran sobornos por parte de dirigentes del PP".

La nota informativa del 12 de octubre de 2012 que los Mossos querían quemar incluía también una serie de datos bancarios sobre los Pujol y otras personas del denominado 'caso Palau', "todo ello", según la Policía, "aportado por Falciani", el ingeniero de sistemas italo-francés que reveló datos bancarios en masa.

Los Mossos tenían documentación en la que se detallaban "otras líneas de investigación" que deberían iniciarse en torno a otros miembros de CDC. Se citan datos sobre Andorra de María Victoria Álvarez Martín, la exnovia de Jordi Pujol Soley, la compra de casinos en Argentina y México por parte de los Pujol, la compra de varios edificios en Panamá a través de sociedades y otras inversiones en Houston o Miami.

"CDC pretendía ocultar todo el entramado de cobros por comisiones de los denominados 'caso 3%' y 'caso ITV", dice la Policía. En otra nota informativa sin membrete de fecha 1 de julio de 2014, en la que se incluye a bolígrafo "Doc.8" y la palabra "Reservado" impresa, se aborda el dinero offshore de la familia Pujol. "Son datos aportados por varias entidades bancarias en Andorra", según los investigadores.

Drenando la ciénaga de la Cataluña de CiU
EDITORIAL El Mundo 6 Marzo 2018

La furgoneta de los Mossos interceptada camino de la incineradora está dando mucho de sí. Hoy publicamos una nota sin mebrete que revela los planes diseñados ya en 2011 por la cúpula de CDC -incluidos los hijos del clan Pujol- para tejer una red de alianzas a favor de la causa soberanista que involucrara desde la patronal y la Iglesia hasta el PNV y la judicatura. La nota alude además a una red de espionaje a cargos del PP para poder chantajearlos en caso de obstaculizar el procés. También publicamos un informe que confirma que Germà Gordó, hombre de confianza de Mas en el partido y en la Generalitat, era el representante de CiU encargado de obtener contratos públicos para los empresarios que participaban en la trama del 3%. El análisis de los correos electrónicos del político acredita que Gordó mantuvo al menos dos docenas de reuniones con diferentes constructores para pactar comisiones a cambio de subvenciones para las fundaciones de la CiU.

Urge esclarecer las sombras que no quedaron del todo despejadas en la sentencia del caso Palau. Si el Tribunal de Justicia de Cataluña decide incriminar a Gordó, se estrecharía el cerco sobre la cúpula del partido que primero robó a los catalanes y luego los empujó al abismo del procés. En él siguen.

Policía política
Juan Carlos Girauta elespanol 6 Marzo 2018

Proyectaron una Stasi con barretina que realizó seguimientos y grabó, sin autorización judicial, a políticos de la oposición y a periodistas incómodos. Fue proverbial la detención del vehículo de los Mossos en el momento en que se dirigía a destruir las pruebas de su infamia. Quisieron cooptar a un agente para el grupito secreto, y le hablaron de torturas con agua y toallas. ¿Estaban montando una checa? El agente salió asqueado y denunció la cosa a sus superiores. Los espiados -entre ellos un histórico abogado de los propios Mossos- han empezado a denunciar a los mortadelos.

Tacharon a una juez de exagerada porque le pareció sospechosa la explosión en agosto de ciento veinte bombonas de butano a la vez, más artefactos explosivos caseros. El jefe de los Mossos, y sus superiores, desataron las iras contra El Periódico porque ese medio cumplió con su obligación: revelar que en la Generalitat tenían conocimiento, a través de la Inteligencia estadounidense, de riesgo de atentado en Las Ramblas. Nadie se sumó a la solicitud de Cs de crear una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils en el Congreso de los Diputados. En una descentralización siniestra, el bipartidismo consideró que lo adecuado era que investigara el Parlament, como si la Comisión del 11-M se hubiera creado en la Asamblea de Madrid.

Desatendieron las llamadas de auxilio de la Guardia Civil y personal de Justicia sitiados toda una noche por decenas de miles de personas en la Consejería de Economía. En esos días, buscaban y detenían a chavales por colocar pegatinas con la bandera de España en las farolas. Mientras, nada se ha sabido nunca de los agresores separatistas que acorralaron, amenazaron e insultaron a un padre con su hija pequeña en la Ronda de San Pedro, ni de los ocupantes separatistas de autobuses, ni de los valientes separatistas que propinaron una paliza a dos muchachas favorables a la selección española, ni de los vándalos separatistas que dejaron los muros de San Gervasio pintarrajeados con su diarrea mental.

Engañaron como a chinos a los representantes del gobierno y del CNI, que quedaron convencidos de la buena disposición colaboradora de la policía catalana para cumplir con las resoluciones judiciales que prohibían la celebración del referéndum del uno de octubre. No sólo no colaboraron los Mossos, sino que se dedicaron a vigilar a la Policía Nacional, consagrando a ello todos sus recursos, de modo que ni controles de alcoholemia hubo ese día. Son muchos. Van armados.

Tabarnia no es una broma
Cayetano González diariosigloxxi 6 Marzo 2018

MADRID, 5 (OTR/PRESS) La plataforma anti-independentista en clave de humor llamada "Tabarnia" ha cosechado, como se decía antaño, un éxito de crítica y público al haber reunido este domingo en las calles de Barcelona a varios miles de personas que mostraron su oposición al denominado proceso secesionista que en los últimos meses lo ha ocupado todo en la vida política catalana y española.

"Tabarnia" ha descolocado a los independentistas. Emplear el humor y la ficción para desmontar las mentiras de los secesionistas es algo que estos no esperaban; de hecho se han quedado como paralizados. Una de las primeras acciones de esta plataforma ha sido reivindicar la figura de Rafael Casanova como un patriota español, que es lo que realmente era, y no un símbolo del separatismo. Esto es algo que a nadie se le había ocurrido hasta ahora y, sin embargo, ha bastado sacar a la luz los escritos del citado Casanova o escuchar los testimonios de algunos de sus familiares, para que el nacionalismo independentista se haya quedado literalmente con la boca abierta y sin saber qué decir.

Y es que el nacionalismo, que está basado fundamentalmente en los sentimientos y en muchos casos en la falsificación de la historia, hay que combatirlo desde diversos frentes. "Tabarnia" ha sabido dar con la tecla del humor, del desenmascaramientos de los mitos y de las mentiras, de los topicazos. Todo hecho con humor, con ingenio, lo que seguramente consigue que llegue a mucha más gente que un sesudo discurso de un líder de un partido político aunque este sea favorable a la defensa de la Constitución.

Probablemente "Tabarnia" ha encontrado también el necesario caldo de cultivo para triunfar, en el clima de esperpento total que vive Cataluña desde hace tiempo. Porque cuando un ex-Presidente de la Generalitat que ha huido de la justicia, se empeña en ser proclamado en Bruselas Presidente de no se sabe bien que estructuras paralelas de gobierno en el "exilio", al mismo tiempo que se apuesta para que el candidato a la investidura que se tiene que llevar a cabo en el Parlamento de Cataluña sea un señor que está preso en la cárcel de Estremera, entonces el terreno para la chance, el humor y la parodia está servido.

Lo único de malo que tiene todo esto, es que la sociedad catalana es la primera que está pagando este aquelarre, aunque algo de culpa tiene al haber vuelto a votar en una proporción nada desdeñable a quienes están llevando a esa tierra a una quiebra social y económica de la que tardarán bastante tiempo en recuperarse. Mientras tanto iniciativas como "Tabarnia" ponen de manifiesto que no todos en Cataluña han perdido dos importantes sentidos: el común y el del humor.

Con el euskera no se curan enfermos
OKDIARIO 6 Marzo 2018

El que avisa no es traidor, dice el siempre sabio refranero español. Algún día lamentaremos profundamente las negligencias de ciertos presidentes autonómicos. Políticos como Iñigo Urkullu o Francina Armengol actúan con total irresponsabilidad cuando anteponen sus ambiciones nacionalistas a la calidad de la sanidad en el País Vasco y Baleares. Resulta delirante que en la región vasca se valore más el conocimiento del euskera que el currículo de un sanitario brillante. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en los requisitos para acceder a una plaza fija de farmacéutico. El conocimiento del euskera suma 18 puntos mientras que un doctorado cum laude sólo 10.

Parece que lo de menos es la atención médica y lo de más el uso de la lengua, el adoctrinamiento y, por ende, la persecución del español, tanto en su uso personal como profesional. Una merma gravísima para el bienestar de los ciudadanos que no se ponderará con la seriedad que merece hasta que no ocurra algo grave. Si hay una profesión donde el profundo conocimiento de la materia siempre es una obligación esa es la medicina. Sin embargo, sumergidos en las corrientes del nacionalismo radical, algunos políticos parecen no tener conciencia de la gravedad de sus actos ni de las posibles consecuencias. Parece como si las personas fueran lo último y siempre estuvieran por delante los espurios intereses del nacionalismo.

Una corriente que, surgida en Cataluña, comienza a recorrer España como una pandemia. Lo que ocurre ahora en el País Vasco no es más que la adaptación de la corriente que ya ha impuesto la independentista Francina Armengol en Baleares. Allí, penalizan sin promoción ni posibilidad de traslado a los médicos que no consigan sacarse el título que acredite un sólido conocimiento de catalán. Un disloque que se reviste de mayor gravedad cuando los datos demuestran que de las 7.000 quejas que han recibido en la sanidad balear sólo cinco fueron por no atender en catalán. Las personas van al médico a que las curen, no a ser víctimas de una dictadura lingüística que menoscabe su derecho a una sanidad pública de máxima calidad.

Oposiciones a plazas de farmacéutico
Dictadura ‘a la balear’ en la Sanidad vasca: 18 puntos por el euskera y 10 por el doctorado ‘cum laude’
Agustín de Grado okdiario 6 Marzo 2018

El dominio del euskera puntuará más que los conocimientos profesionales para acceder a una plaza fija de farmacéutico en el Servicio Vasco de Salud, según las bases que regularán las próximas oposiciones. 18 puntos otorgará el primer nivel de euskera, apenas 10 el doctorado cum laude y sólo 2 la publicación de un trabajo en una revista científica. Es el penúltimo capítulo de la dictadura lingüística que algunos gobiernos regionales (Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra) están implantando en España.

Los aspirantes a las plazas deben estar en posesión del título de Licenciado en Farmacia y de la especialidad de Farmacia Hospitalaria. A partir de ahí, entra en juego un baremo de méritos que premia a quienes acrediten el dominio de la lengua vasca.

Los méritos de quienes aspiren a esta convocatoria están divididos en experiencia profesional (máximo 60 puntos) y formación, docencia e investigación (20 puntos). Es en este segundo capítulo donde la lengua alcanza todo su protagonismo: 18 puntos tendrá ganados quien demuestre el dominio del euskera. No hay ningún otro concepto que puntúe tanto. Así, el doctorado cum laude permite sumar 10 puntos; el doctorado, 9; el master postgrado, 6; y la suficiencia investigadora, apenas 4.

Las actividades docentes tampoco importan mucho: 1 por año de catedrático de Facultad y 0,50 puntos por cada año como profesor titular o asociado. Las actividades científicas y de difusión del conocimiento apenas suponen 2 puntos por la publicación y 3 por la tesina.

Por el conocimiento de otros idiomas, el aspirante no podrá sumar más de 3 puntos (un máximo de 1,5 puntos por cada una de las tres lenguas contempladas: francés, inglés y alemán).

La lengua frente a la especialidad médica
El peso de las lenguas regionales está condicionando la Sanidad pública gestionada en varias regiones españolas. Como adelantó OKDIARIO hace unas semanas, un médico con mejor formación, pero sin conocimiento del euskera, tendrá más difícil trabajar en Navarra que otro de un nivel inferior, pero con excelente conocimiento de la lengua vasca.

El decreto lingüístico implantado por el gobierno de Uxue Barcos para fomentar el uso del euskera en las administraciones públicas navarras establece que en las zonas vascófonas se valorará más el conocimiento de la lengua (8,97 puntos) que la propia especialidad médica (6 puntos).

La dictadura lingüística va aún más lejos. El conocimiento del euskera (8,97) supondrá casi tanto como la suma de la especialidad (6 puntos) y la tesis doctoral (3 puntos).

Catalán por decreto en Baleares
El pasado mes de noviembre se aprobó en las Islas Baleares un decreto mediante el cual se exige tener un título que acredite el conocimiento del catalán para poder trabajar en el sector sanitario, así lo estableció la Mesa Sectorial de Sanidad.

“El decreto es una medida totalmente política, electoralista y que no tiene nada de sentido común con la realidad que sufrimos en la isla”, explicó en su momento a OKDIARIO Luis Apolinar, el presidente de Sanidad del CSIF en Baleares, señalando a la presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, y a sus socios de gobierno, que son Podemos y la formación nacionalista de Més.

¿DÓNDE ESTÁ ZOIDO?
Espionaje, insultos… El desgobierno de los Mossos continúa con el 155
La Gaceta  6 Marzo 2018

Mientras el Gobierno guarda silencio sobre la supuesta trama de espionaje de los Mossos que afectaría a conocidas figuras constitucionalistas, son los propios afectados los que están dando la batalla en los tribunales para esclarecer los hechos.

Hace unos días se destapó la supuesta trama de espionaje liderada por algunos agentes de los Mossos d’Esquadra contra personalidades y políticos contrarios a la secesión catalana.

Entre los documentos que el Cuerpo autonómico intentó destruir en una incineradora a finales de 2017, había unos dossieres con los detalles de los seguimientos. Una vez hechas las pesquisas pertinentes, la Policía ha hecho llegar a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, un informe con las conclusiones.


Entre los supuestos objetivos figuran la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el líder de Ciudadanos, Albert Rivera; expresidentes de SCC, abogados… hasta el presentador de televisión, Albert Castillón.

Silencio del Gobierno
Desde que se conocieran los detalles del presunto espionaje, el Gobierno se ha mantenido en absoluto silencio. Como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, los Mossos dependen directamente del Ministerio del Interior, y tienen como líder al número dos de Trapero, Ferrán López. La semana pasada López declaró como testigo ante la Audiencia Nacional por el operativo que se diseñó para evitar el 1 de octubre y afirmó, contradiciendo al coronel Pérez de los Cobos, que la coordinadora impuesta por el Gobierno conocía todo el plan. ¿Quién miente?

Retomando la cuestión del supuesto espionaje, el Ejecutivo de Rajoy no ha anunciado ninguna investigación, ni depuración de responsabilidades, ni nada semejante. Ni siquiera Juan Ignacio Zoido ha abordado de manera pública el tema.

Los particulares dan la batalla
Son los particulares afectados los que están dando la batalla en los tribunales para esclarecer si efectivamente han sido espiados. Por el momento, en juzgados de instrucción de Barcelona ya se han admitido cinco querellas contra los agentes implicados y los mandos o cargos políticos que lo habrían encargado.

Desde el despacho del abogado José María Fuster-Fabra han presentado cinco querellas que ya han sido admitidas a trámite por supuestos seguimientos e informes realizados por los Mossos: una del propio abogado; otra del exlíder de SCC José Ramón Bosch; otra del secretario general del sindicato de la policía catalana SPC, David José, y su hijo menor de 15 años; otra de su exmujer, y otra de la Plataforma Barcelona con la Selección.

La interpuesta el pasado jueves por el presentador Albert Castillón está pendiente de ser admitida a trámite, y esta semana ya se han anunciado nuevas acciones legales.

Un portavoz sindical de Policía, entre los denunciantes
El portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David Miquel, ha interpuesto este lunes una querella contrae los Mossos d’Esquadra, con lo que ya son siete los afectados que han denunciado al figurar sus nombres en archivos que se iban a incinerar.

En la querella, a la que ha tenido acceso Efe, Miquel pide que se abra una investigación por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, descubrimiento y revelación de secretos, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos, después de que su nombre apareciese en un archivo sobre supuestos espionajes que los Mossos iban a calcinar el pasado 26 de octubre.

En el caso de David Miquel, el informe de la Policía Nacional remitido a Lamela, del que ha informado El Periódico, desvela que su nombre -“D.Miquel ¿? (SPC)”- figuraba en un organigrama a color con el supuesto entramado de la “denominada Operación Cataluña”, conteniendo las fotografías de diversos políticos del PP, PSOE, periodistas, empresarios, detectives, comisarios del CNP y miembros de Sociedad Civil Catalana.

Cs pide una comisión de investigación
Ciudadanos ha solicitado en el Parlamento de Cataluña la creación de una comisión que investigue el “espionaje político” de los Mossos. Así lo ha anunciado el presidente de la formación, Albert Rivera, en rueda de prensa tras una reunión del Comité Permanente de la Ejecutiva nacional del partido.

Rivera ha advertido de que “en democracia es intolerable que un gobierno se dedique a hacer espionaje político, en este caso, además un gobierno autonómico que ni siquiera tiene competencias para ello y, por supuesto, mucho menos hacerlo por motivos políticos”.

En su opinión, supone una “afrenta” al orden constitucional y al respeto a la intimidad de las personas.

Ha recordado que para que la comisión salga adelante es necesario el apoyo de tres grupos parlamentarios y ha dicho que espera contar con el del PP, PSC y Podemos. Los de Miquel Iceta ya anunciaron la semana pasada que apoyarán la Comisión una vez la legislatura eche a andar.

Concretamente, Cs quiere que se investigue en sede parlamentaria quién ordenó las investigaciones, si hay o no consecuencias penales y si hay documentación que acredite que se produjo el espionaje, quién va a asumir responsabilidades políticas por “semejante barbaridad”.

Los insultos de los Mossos
Además de los supuestos casos de espionaje, desde que se ha hecho efectivo el artículo 155 algún agente ha seguido haciendo manifestaciones ofensivas hacia los españoles. Es el caso de Albert Donaire, fundador de la asociación ‘Mossos por la independencia’. El policía autonómico, en su último vídeo, ha cargado contra los manifestantes proTabarnia y se ha dirigido a ellos como ‘fascistas, homófobos y machistas’.

Y en otra de sus lamentables intervenciones criticó a los andaluces por ‘’trabajar sólo tres meses’’ y definió España como ‘’un cáncer terminal’’.¿Tienen cabida este tipo de mensajes de responsables públicos a sueldo del Estado al albor del artículo 155?

«Habría que pegarle una paliza»: las consecuencias de defender el castellano en Baleares
La empresaria menorquina Úrsula Mascaró se declaró en contra del decreto que obliga a médicos y enfermeros de su región saber catalán y montó una plataforma: Mos Movem. Desde entonces, recibe amenazas a través de las redes sociales
María Jesús Guzmán ABC 6 Marzo 2018

Cuando la conocida empresaria Úrsula Mascaró (Menorca, 1969) se enteró de que el Gobierno balear pretendía imponer un decreto que obligaba a saber catalán a los médicos y enfermeros que trabajasen en su territorio, comprendió que debía hacer algo para evitar que la medida se aprobase. Una decisión en la que se reafirmó al ver las consecuencias que tuvo para Cataluña el referéndum ilegal del 1 de octubre. Para ejercer presión, montó una plataforma en Facebook: Mos Movem. Al poco tiempo y ante su sorpresa, cientos de personas empezaron a unirse a su causa; ya son más de 13.000.

Sin embargo, el éxito de su iniciativa viene acompañado de un lado oscuro. La empresaria, ya acostumbrada a las embestidas de políticos que se han mostrado críticos con ella y con su proyecto, está siendo objeto de amenazas a través de las redes; casi siempre, por parte de usuarios sin nombre ni rostro, que usan pseudónimos. Comentarios como «esta necesita una paliza» o «si mi hija tiene que estudiar una clase de castellano porque uno o dos niños lo exigen, mataré a sus padres delante de ellos» van a parar a las redes e impactan contra los miembros de la recién nacida plataforma. Mascaró califica las amenazas de «totalitarias y exageradas» y a sus autores de «radicales». «Creo que si nos sentásemos y hablásemos, se calmarían. Me parece muy exagerado cómo se lo están tomando por defender que el catalán no sea impuesto en Sanidad, estamos solo dando una opinión. Es exagerado, injusto y no tiene razón de ser. A mí no se me ocurriría decirle a alguien que le voy a pegar una paliza, me cuesta hasta pronunciar esas palabras».

Más allá de las amenazas
Manuela Cañada es portavoz de Mos Movem, que en cuestión de semanas –como ya explicaba el periodista de ABC Josep María Aguiló– tiene previsto convertirse en la Sociedad Civil Balear, «hermana» de Sociedad Civil Catalana. Explica que la mayoría de «las críticas van hacia ella [Mascaró] porque es conocida y es a la que pueden hacer más daño. Pero luego otros miembros de la plataforma también recibimos lo nuestro. […] Desde Twitter y Facebook hablamos como el movimiento, pero detrás hay cientos de voluntarios y miles de seguidores. Es preocupante y estamos asustados pero no por las amenazas, que son anónimas –muy valiente no es–, sino porque de la mano del Gobierno de Francina Armengol, que se supone que es del PSOE, se está dando rienda suelta al nacionalismo y al independentismo en Baleares».

No obstante, a pesar de las críticas, los integrantes de Mos Movem no se achantan. El pasado 18 de febrero, bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas», convocaron una protesta en Palma de Mallorca en contra de que se aprobase el polémico decreto, que aún sigue siendo un borrador. Mascaró, heredera de un imperio familiar dedicado al mundo del calzado, la define como un «exitazo»: en ella participaron cerca de 2.500 personas. Y este lunes se dio a conocer que el Ejecutivo central impugnará el decreto si el Gobierno balear decide aprobarlo en los términos en los que se ha anunciado: los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería el nivel A2 (básico).

En vista de la noticia, Mascaró afirma: «Vale la pena movilizarse para que te escuchen. Desde Menorca hemos llamado la atención de Palma y, desde allí, la de España. Nuestro llamamiento era a los medios y políticos nacionales. Nos han escuchado y están tomando acciones. Y seguiremos recogiendo firmas, escribiendo artículos, movilizándonos. […] Iremos despacito porque es una lucha de años, no se soluciona en un par de meses. Hay que hacer muchos socios y conseguir una sociedad balear fuerte, decidida y con ganas de liberar estas imposiciones que nos parecen injustas». La empresaria pretende esquivar «el riesgo de acabar como en Cataluña».

Fuga de cerebros
Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares, también se declara en contra del controvertido de decreto. Explica que su comunidad es «importadora de médicos» y que los problemas más graves de falta de recursos y personal sanitario se ceba con las islas pequeñas: Ibiza, Menorca y Formentera. El doctor, especializado en Psiquiatría, deja claro que la misión que tienen los organismos sanitarios regionales entre manos es la de captar profesionales y, sobre todo, retenerlos. Algo que no se puede lograr con normativas que excluyen y que no integran. «Va a haber fuga de especialistas», augura, «Es más, hay siete especialistas que ya se han ido. El último lo ha hecho este lunes: un médico de familia, que llevaba desde 2013, y su mujer, enfermera, han vuelto a Andalucía. Han declarado que la medida del idioma es como la Santa Inquisición. Se habían adaptado a Mallorca, de donde también se marcharon un neurocirujano y una doctora de urgencias. En cuanto a las islas pequeñas… ya se han ido dos médicos de urgencias que trabajaban en Ibiza; una psiquiatra y un anestesista que estaban en Menorca».

El médico, que informa de que el número de enfermeras que han emprendido camino de vuelta a la península es mayor que el de doctores, asegura que se trata de «una politización de la sanidad»: «El derecho lingüístico prevalece sobre el derecho a la salud. […] Es una negligencia sanitaria y una irresponsabilidad política. No hay problemas de comunicación médico-paciente. Yo nunca he tenido ningún problema; el de Menorca me habla en menorquín, el de Mallorca en mallorquín, también me hablan en catalán… todas lenguas que vienen del latín. Porque el paciente cuando va al médico no va pensando si le van a contestar en castellano, está angustiado por saber qué tiene. Lo que quiere es que el médico le trate de forma digna y humana, que lo diagnostique. Son problemas que se solucionan con sentido común».

Problemas en el ámbito educativo
Cañada, nacida en Barcelona, tilda la medida de «una imposición como requisito y no como mérito». Y asegura además que los problemas no se ciñen al ámbito sanitario, sino que afecta a otros como el educativo. Según expone: «Aquí los niños no estudian en español, estudian el 90% en catalán. Es alucinante. Si viene una familia andaluza, por ejemplo, sus niños tendrán que estudiar en catalán [...] No había habido nunca ningún problema; esto de la lengua es una excusa para implantar aquí el independentismo como han hecho en Cataluña. No lo disfracemos. Que se quiten las caretas y digan las cosas claras».

Y añade: «Aquí han borrado la historia y se la han inventado. No entiendo cómo se ha permitido, porque yo estoy con los pelos como escarpias. Colón era catalán. Teresa de Calcuta era catalana. Lo primero que nació en el mundo, de los mares, fue Cataluña y después vino el resto. Mi hija me habla de la corona catalano-aragonesa porque viene en los libros de texto. Hasta hay carteles que solo están en catalán. Es surrealista. Pero ningún gobierno de ningún partido se ha atrevido a tocar esto. Porque siempre han gobernado con partidos minoritarios, como pasaba con Pujol. Las mentiras se han repetido durante 30 años».

Terroristas mileuristas
El entramado de la banda garantiza a los excarcelados un dinero de «subsistencia».
J.M.Zuloaga. Madrid. larazon  6 Marzo 2018

Mileuristas por haber matado o haber colaborado con ETA. Los terroristas que salen de la cárcel (el año pasado fueron 43) reciben ayudas de todo tipo de la organización Harrera Taldea (Grupo de Acogida), entre ellas las económicas y que llegan hasta la búsqueda de muebles, de los que tienen un catálogo. Entre la percepción oficial (RGI), de los que pueden avalar que no tienen ningún ingreso y las de este grupo, un etarra se puede convertir en mileurista sin hacer absolutamente nada, según han informado a LA RAZON fuentes antiterroristas.

Determinar los nombres de los que se acogen al RGI o reciben ayuda económica de Harrera es más complicado, ya que los datos no son públicos y este mundo se mueve dentro de una cierta opacidad, según los mismos medios. Lo que está claro que el etarra que se haya mantenido dentro de la disciplina de la banda mientras estaba en prisión, al salir de la calle tiene garantizado el «mileurismo», lo que no deja de ser un «premio» por sus actividades delictivas.

En uno de sus folletos, Harrera recomienda a los excarcelados que se acojan a la RGI, junto al Subsidio de Excarcelación, que algunos ex presos pueden cobrar al salir de prisión.

En este momento, la cuantía de la RGI para quien constituye una unidad familiar unipersonal es de 634,97 euros mensuales. No obstante, les recomiendan que se afanen por buscar trabajo, lo que no siempre consiguen ante la actitud de los excarcelados, a los que cuesta someterse a una disciplina laboral.

Entre los que fueron excarcelados durante el año pasado, se encuentran Urtzi Etxeberria, del «aparato logístico militar»; Nerea Garaizar San Martin, del «comando Zaragoza»; Arantza Zulueta, abogada, del «aparato de makos»; Nerea Bengoa, del «comando Madrid»; Mercedes Txibite Berango, que junto a López de la Calle, «Mobutu», se dedicaba a comprar armas para ETA; Oier Lorente, de Segi; Tomas Elgorriaga Kunze, el especialista en fabricar bombas para la banda; Ignacio Lerin, del «comando Urederra»; Iñaki Cañas, de los «comandos» «Nafarroa» e «Ipar Haizea»; Joseba Vizan Gonzalez, que llegó a ser jefe del complejo de ETA en México; Felipe San Epifanio, que perteneció a la mesa nacional de Herri Batasuna y al «comando Barcelona», con el que asesinó a un militar; Rafa Diez Usabiaga, del entramado «político» de la banda; Nekane Txapartegi, del «aparato internacional», y Sebastián Prieto Jurado, del «comando Nafarroa».

La mayoría de los excarcelados tuvieron sus correspondientes homenajes de recibimiento en sus localidades de nacimiento o residencia y, a continuación, entró en acción Harrera Taldea. Este grupo nació en 2012, en la línea del movimiento Pro Amnistía de prestar ayuda a los presos. Tras cumplir la condena, les ayudan «mediante la reclamación de subvenciones en las diferentes instituciones y empresas radicadas en el País vasco». La cuantía de lo que recaudan de las industrias privadas es desconocida ya que se trata, insisten las citadas fuentes, de una asociación muy opaca.

De hecho, Harrera fue una exigencia de los propios presos de ETA que, a finales de 2009, plantearon en su boletín Interno EKIA número 15, «las necesidades asistenciales de los reclusos en cuestiones de salud física y psíquica, extendiendo estas necesidades, a las que le surjan tras el cumplimiento de sus condenas». Para cubrir estos campos, la Izquierda Abertzale habría creado una «Red» de profesionales [médicos, psicólogos y psiquiatras], coordinando su actividad con el colectivo de abogados. En este sentido, para cubrir las necesidades físicas y psíquicas, en mayo de 2011 se presentó públicamente Jaiki Hadi (Asociación para la prevención y la asistencia), aunque su actividad se remonta a 2006. Pero hacía falta más. la asistencia de los presos de ETA tras su puesta en libertad. Harrera se inscribió, el 13 de junio de 2012, en el Registro General de Asociaciones del País Vasco.

Su objetivo, ayudar a los ex reclusos para su reintegración social; ofrecerles orientación legal para reclamar subvenciones y ayudas económicas ofrecidas por las distintas instituciones; facilitarles la asistencia a cursillos para su capacitación profesional; preparar programas de integración laboral y presentar su documentación tantos en organismos oficiales como en empresas; ofrecerles cobertura económica, etcétera.

La asociación funciona, según las fuentes consultadas, como una «gestoría laboral al uso», tramitando las reclamaciones de ayuda económica en las diferentes instituciones, (estatales, autonómicas y municipales) o proporcionándoles trabajo en empresas vascas. Su inscripción en el Registro General de Asociaciones del País Vasco le permite contar con cobertura legal y acceder a las ayudas económicas institucionales, máxime teniendo en cuenta que Sortu-Bildu ostenta el poder en muchos ayuntamientos e instituciones.

En su página web, Harrera se ofrece a realizar gestiones a los presos relacionados con el carnet de identidad, empadronamiento, pasaporte, carnet de conducir, tarjeta médica, subsidios y pensiones a los que puedan tener derecho. «Quienes salen de prisión o vuelven del exilio lo hacen sin patrimonio alguno (porque antes se han declarado insolventes para no pagar a sus víctimas). Para hacer frente a esto, Harrera les proporciona una ayuda (no dice la cantidad, pero les permite convertirse en mileuristas) con la que afrontar los primeros meses de su vida en libertad, la falta de trabajo o el no haber conseguido una pensión digna al llegar a la jubilación.

PRIMERA OLEADA DEL PANELCONFIDENCIAL
La mayoría defiende la España autonómica, pero un 40% apuesta por la recentralización
El 44,2% está cómodo con el actual reparto de poder o en todo caso preferiría dar más competencias a las CCAA. Pero la bolsa de descontentos con la actual arquitectura es muy notable
Juanma Romero elconfidencial  6 Marzo 2018

Una mayoría de españoles está conforme con el actual Estado de las autonomías o, en todo caso, querría conceder más poder a los territorios. Es el 44,2%. Pero otro importante 40,1% se encuadra en las posiciones centralistas.

La opinión sobre la articulación territorial de España es otra de las partes del PanelConfidencial, el panel político trimestral realizado para este periódico por la empresa demoscópica IMOP Insights, sobre una base de 1.402 entrevistas realizadas en toda España entre el 22 y el 27 de febrero. El sondeo contiene una parte de estimación de voto —con Ciudadanos a la cabeza (28,5%), seguidos por PSOE (21,5%) y PP (21,4%), en empate técnico, y con Unidos Podemos más despegado (17%)—, pero también una parte de evaluación de los problemas del país, de valoración de líderes y de la situación en Cataluña.

La encuesta incorpora una pregunta que se formula en los mismos términos que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en sus barómetros de opinión: ¿qué modo de organización territorial del Estado le gusta más dentro de una lista de cinco posibles opciones? La más apoyada es la articulación vigente: un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad. Tiene el refrendo del 24% de los sondeados. La segunda alternativa, con un 20,8%, es una España con un único Gobierno central y sin CCAA. Ligeramente por debajo se halla la fórmula más ambiciosa: un Estado en el que las autonomías tengan más poder que en la actualidad.

La opción más apoyada, con un refrendo del 24%, es la articulación vigente: un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad

El 19,3% prefiere justo la opción inversa: una España en que las comunidades tengan menos margen de maniobra. En último lugar, seguida por un 13%, figura la idea de un Estado que reconociera a las CCAA la posibilidad de convertirse en naciones independientes.

Tres grandes grupos
En definitiva, se distinguen tres opciones básicas. Un 40,1% se puede encuadrar en el grupo de centralistas, y acoge tanto a los que quieren suprimir las autonomías (20,8%) como a los que quieren que estas tengan menos poder (19,3%). Los más claramente autonomistas suponen el 44,2%, porcentaje que agrupa tanto al 24% que se siente cómodo con la actual arquitectura territorial como al 20,2% que está más de acuerdo con incrementar las competencias de las comunidades, incluso avanzando hacia un modelo federalista como el que defiende el PSOE, pero siempre manteniendo la unidad de España.

El tercer grupo, más minoritario, abarca al 13% que apoya el derecho de autodeterminación de las CCAA que así lo reclamaran. Es la tesis de Unidos Podemos, aunque también lo han reivindicado los partidos nacionalistas e independentistas.

Son minoría, el 13%, los que defienden el derecho de autodeterminación. Los más cómodos con el sistema actual son los electores del PSOE

Los más centralistas son claramente los electores de los partidos situados en el lado derecho de la escala. Así, el 68% de los que recuerdan haber votado al PP en 2016 es partidario o bien de volver a un Estado sin autonomías (38,5%) o a que estas tengan menos poder (29,5%). El 62% de los que confiaron en Rivera también es partidario de recortar la España autonómica. El 26,9% cree conveniente la supresión de las CCAA y un nada despreciable 35,1% reclama una recentralización de competencias.

El 19,5% de los votantes del PP y el 23,7% de los de Cs están conformes con el 'statu quo' actual, y apenas un 8,8% de los primeros y un 12,2% de los segundos entienden que sería necesaria una reforma para caminar hacia una España de corte más federal. Es decir, que las posiciones más nítidamente autonomistas suman un 28,3% entre los electores populares y un 35,9% entre los naranjas. De forma congruente, aquellos que abogan por el derecho de autodeterminación son muy pocos en ambos casos: 1,6% y 1,7%, respectivamente.

Las tornas se invierten claramente en la izquierda. El 60% de los que confiaron en el PSOE en las últimas generales se podría catalogar como autonomista. Muy por encima de la media, por tanto. En concreto, el 36,9% se siente cómodo con la distribución actual de poder y el 23,2% aspira a un Estado más descentralizado. La tesis que defiende la dirección de Sánchez (como antes la de Alfredo Pérez Rubalcaba) es la de modificar la Constitución para construir una España federal. Su apuesta, sin embargo, no es la mayoritaria entre sus votantes, que prefieren el mantenimiento de la arquitectura nacida en 1978. Se puede, por tanto, afirmar que los más cómodos con el modelo vigente son los socialistas.

Sin sorpresas en el flanco secesionista
Tan sorprendente también es que el 32,6% de los que en 2016 confiaron en Sánchez se mueva en posiciones centralistas. Un 14,9% prefiere la eliminación de las autonomías y un 17,7% se inclina por podar la autonomía de los territorios. Y solo un 4,3% defiende el derecho a decidir.

Ha sido Podemos, precisamente, el que con más ahínco ha defendido el referéndum de autodeterminación como una solución para la crisis catalana. En las elecciones autonómicas del 21-D los votantes dieron la espalda a su apuesta. Y este panel político de IMOP demuestra que esa bandera enarbolada por Pablo Iglesias no convence en absoluto a su electorado. Solo el 21,4% está de acuerdo con la posibilidad de que las comunidades se conviertan en estados independientes.

El 54% de los que metieron en 2016 la papeleta de Unidos Podemos en la urna se halla en las posiciones autonomistas. Hilando fino, un 18,8% está contento con la España actual y el 35,2% entiende que hay que conceder más poder a las CCAA. Consecuentemente, un 22,8% de los electores de Unidos Podemos es partidario de dar marcha atrás: un 10,8% quiere un Estado sin autonomías y un 12,1% aboga por la recentralización de atribuciones.

Sorprende que el 32,6% de los votantes del PSOE se mueva en posiciones centralistas y que el 21,4% de los de Unidos Podemos crea en el derecho a decidir

Cuando se pregunta a los partidos independentistas, obviamente no hay sorpresas. El 88,7% de los votantes del PDeCAT y el 88,2% de los de ERC son partidarios del reconocimiento del derecho de autodeterminación. Lo mismo cree el 100% de los de Bildu. En cambio, el porcentaje baja al 26,1% cuando se inquiere a las bases del PNV. La posibilidad de una España más descentralizada que la actual convence al 11,3% de los neoconvergentes, al 8,2% de los republicanos y al 53,6% de los nacionalistas vascos.

Por posicionamiento ideológico, encontramos más centralistas entre los que se ubican a sí mismos en la parte derecha de la regla. Así, solo el 17,6% de los encuestados que se colocan en los puntos 1 y 2 de la escala —el 0 es la extrema izquierda y el 10, la extrema derecha— se inclina bien por un único Gobierno central o bien por unas CCAA con poderes recortados. La cifra aumenta hasta el 56,4% cuando quienes responden son los situados entre el 8 y el 10.

Las tesis más autonomistas son mayoritarias entre quienes se etiquetan en los puntos 1 y 2 (47,3%) y 3 y 4 (51,6%). O sea, en la izquierda y en el centro izquierda, donde están Unidos Podemos y PSOE. Por el contrario, los centralistas son los que se identifican con el 5 —el centro o el espacio donde confluyen los desideologizados—, puesto que suman un 46,5%, y también con los puntos 6-7 (59,5%) y 8-10 (el citado 56,4%) de la escala.

Ficha técnica
Universo: personas de 18 años y más residentes en el territorio nacional peninsular, Baleares y Canarias.
Tamaño muestral: 1.402 entrevistas.

Diseño muestral:
-Teléfono fijo
Selección aleatoria estratificada a partir de las variables tamaño de hábitat y comunidad autónoma con distribución proporcional.
Selección aleatoria del hogar dentro de cada estrato.
Selección del individuo con control de cuotas de sexo y edad retroalimentadas por el sistema, con rellamada.

-Teléfono móvil
Selección aleatoria simple de la base de datos de teléfonos móviles generada automáticamente por IMOP a partir de los inicios asignados a cada operador móvil. Esta base de datos se testó antes del inicio del trabajo de campo con el sistema Dali (detección automática de líneas inactivas).

Técnica de entrevista: telefónica asistida por ordenador mediante el sistema CATI. Un 35?% de las entrevistas se realizaron a individuos localizados a través de teléfono móvil.

Equilibraje: con el fin de minimizar posibles errores de campo y ajustar los datos al universo, el fichero se ha sometido a un equilibraje a partir de las siguientes matrices: sexo x edad; tamaño de municipio x CCAA; sexo x edad x CCAA y equipamiento telefónico en el hogar.

Margen de error de muestreo: ±3,1 puntos porcentuales para p=q=50?% y nivel de significación del 95%, siempre en el supuesto de un muestreo aleatorio simple.

Fechas de campo: del 22 al 27 de febrero de 2018.
Instituto responsable de la investigación: IMOP Insights, SA.

IMOP se acoge al código internacional CCI-ESOMAR para la práctica de la investigación social y de mercados. IMOP cumple con los requisitos establecidos en la norma UNE-ISO 20252.

El humo de las encuestas

Nota del Editor 6 Marzo 2018

A mí nunca me preguntan, ni sobre lo que desconozco ni sobre lo poco que reconozco que conozco (no me da tiempo ni a leer el 1% de los temas que me interesan, y no son demasiados, aunque para otras personas puede que sean una enormidad).

Lo curioso es preguntarse porqué hacen encuestas sobre temas que en caso alguno pueden tener impacto en lo que queda de España. Imaginemos por un momento que la muestra realizada hubiese sido respondida por personas conscientes del terrible problema que suponen las autonosuyas, nada improbable, sólo hay que preguntar a quienes no se benefician directamente y que son los que las sufren en sus bolsillos y carnes y la lógica respuesta sería que nadie en su sano juicio quiere que le esquilmen su propiedad y libertades a causa del despilfarro autonosuyo, 100% en contra de los 17 miniestados, lenguas regionales, enchufados regionales, sistemas incompatibles, repetidos, diferentes, barreras al mercado, a la libre circulación de profesionales y familias, a la educación en lengua materna española, etc., y que pasaría, ¿ que cualquiera de los partidos cambiaría algo?. ¿ Que el TC dictaría sentencias interpretando la CE como debiera ser, como fue interpretada por quienes la votaron (a favor siguiendo la propaganda favorable y silenciando a los críticos con tal bodrio) ?.

Lo que decía, humo para marear la perdiz, para que todo siga igual.

Denuncia ante la AEPD
Puig y Oltra montan una Stasi lingüística para hacer listas negras sin el control de Protección de Datos
Agustín de Grado okdiario  6 Marzo 2018

La dictadura lingüística de Puig y Oltra lleva la obligación de estudiar valenciano al sur de Alicante

El gobierno valenciano de PSOE y los nacionalistas de Compromís no serán tibios en la aplicación del decretazo para imponer su dictadura lingüística de catalanización. Una autodenominada ‘Oficina de derechos lingüísticos’ velará por su aplicación y canalizará “las reclamaciones, sugerencias y consultas por discriminación lingüística que formule la ciudadanía”. Se ha habilitado un registro de infracciones e infractores.

En el decreto que regula esta ‘Stasi’ lingüística “no aparece ni la más mínima mención a la política de protección de datos de carácter personal a pesar de que se van a generar ficheros con reclamaciones, sugerencias o consultas sobre una materia tan sensible como los derechos lingüísticos de la ciudadanía”, según la denuncia que el asesor del PP Luis Salom ha presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Asimismo, resulta totalmente imposible el ejercicio de derechos (acceso, rectificación, cancelación y oposición) a través de la web de la propia Oficina, no existiendo ninguna información al respecto.

La ‘Stasi’ lingüística está en manos del consejero Vicente Marzà, de Compromís, la formación de izquierdas, nacionalista y pancatalanista que gobierna en colación con los socialistas de Ximo Puig.

Vicent Marzà, consejero de Educación de la Comunidad Valenciana.

La ‘Oficina’ que se encargará de la pureza lingüística en la Comunidad Valenciana ha nacido ajena al control de la AEPD, donde al día de hoy es imposible encontrar el registro de un fichero de datos de la nueva oficina para la gestión, tramitación y seguimiento de los escritos de reclamaciones, sugerencias o consultas.

La sustracción a la AEPD del control de la información confidencial que gestionará la ‘Stasi’ lingüística otorga un amplio margen de maniobra al consejero de Compromís bajo el pretexto del asesoramiento a las instituciones y particulares en el ejercicio de los derechos lingüísticos, otro de los objetivos de la ‘Oficina’.

Temor a las lisas negras
Aunque la ‘Oficina’ no tiene carácter sancionador, sí dispone de un registro en el que se cumplimenta información sobre el denunciante, el motivo de la reclamación y los datos (departamento o administración en el caso de ser entidades públicas, y nombre domicilio, código postal, localidad, provincia y teléfono de las personas y empresas) de los denunciados. Ese registro de vulneraciones de derechos, de infracciones e infractores, ajeno al control de la AEPD, es el que hace temer al PP que dicho registro servirá para la elaboración de “listas negras de malos valencianos”.

Marzá, por su parte, asegura que la ‘Oficina’ solo tiene como objetivo “avanzar en la consolidación de derechos”. «Para progresar en derechos alguien tiene que ayudar, informar a las dos partes y mediar, y eso es lo que es la Oficina de Derechos Lingüísticos, abierta a toda la ciudadanía para que no haya discriminación lingüística en el territorio», asegura el consejero nacionalista.


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