AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 7  Marzo 2018

Las vísperas catalanas
Emilio Campmany Libertad Digital 7 Marzo 2018

Los papeles que la Policía Nacional ha incautado a la Policía autonómica catalana revelan unos hechos que cambian radicalmente la percepción de lo ocurrido. Algunos creímos que el golpe de Estado estuvo limitado a la aprobación de una legislación que, con ser contraria a la Constitución, daba una apariencia de legalidad catalana a la declaración de independencia. Si hubiera sido en efecto sólo eso, podría haber estado justificada esta intervención limitada a destituir a los altos cargos del Gobierno de Cataluña, como únicos responsables de la intentona, disolver la Asamblea autonómica y convocar elecciones. Sin embargo, hoy se sabe que esos no fueron los únicos hechos. No sólo había planes para controlar todos los resortes de poder, sino que un cuerpo armado, como institución, estuvo empeñado en la protección del proceso frente a cualquier intervención encaminada a evitarlo. El compromiso no estuvo limitado a los mandos, sino que algunos de sus miembros colaboraron activamente y muchos de ellos lo hicieron con su pasividad y obediencia, claramente indebida por la grosera ilegalidad de las órdenes recibidas. Lo mismo cabe decir de multitud de cargos intermedios, periodistas de medios subvencionados y miembros de asociaciones financiadas con dinero público. No obstante, el salto cualitativo lo da la evidencia del compromiso de todo un cuerpo armado, y lo que hace especialmente grave su participación en los hechos es que está legalmente legitimado para emplear la violencia.

Todo lo expuesto hace que el proceso judicial abierto contra los golpistas se complique enormemente, ya que los hechos a investigar ya no son sólo los sobradamente conocidos porque fueron televisados en directo. Ahora es necesario investigar otros muchos perpetrados por un considerable número de funcionarios, servidores públicos, policías, periodistas y activistas con fines claramente sediciosos.

Pero si importantes son las consecuencias judiciales, mucho más lo son las políticas. En estas condiciones, con un gran número de personas abiertamente comprometidas con el golpe en puestos de poder de mayor o menor importancia, es imposible recuperar la normalidad en el corto espacio de tiempo que pretende el Gobierno. Es necesaria una intervención mucho más profunda.

El problema no es sólo que el Gobierno no quiere llevarla a cabo, que el PSOE no la apoyaría y que ni siquiera Albert Rivera parece dispuesto a arrostrar las consecuencias de la misma. El problema estriba también en que un proceso judicial con cientos de encausados, el cierre de decenas de medios de comunicación, aunque sólo sea por falta de financiación, la destitución de centenares de cargos públicos, la apertura de miles de expedientes disciplinarios a funcionarios y policías autonómicos harán que España se parezca, al menos sobre el papel, a la Turquía de Erdogan tras la desarticulación del golpe de Estado de 2016. Internacionalmente se desataría contra España una campaña que pondría en entredicho nuestra credibilidad democrática. Y, sin embargo, no hay más remedio que hacer lo que hay que hacer. Con lo que ya no nos podemos conformar es con devolver el poder a los independentistas en Cataluña mientras queda intacto su entramado golpista, mucho más extenso de lo que se creyó. Es una hora en que necesitaríamos tener grandes hombres al frente del Estado y por desgracia, tenemos… Bueno, ya se ve lo que tenemos.

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Europa suspende a las autonomías
Rafael Jiménez Asensio. vozpopuli 7 Marzo 2018

La corrupción y las mastodónticas estructuras administrativas sitúan a España en los últimos lugares del índice que mide la calidad de los gobiernos regionales en la Unión Europea

Lo decía hace más de 230 años Hamilton en esa magna obra de Ciencia Política que es El Federalista: “La verdadera prueba de un buen gobierno es su aptitud y tendencia a producir una buena administración”. Hoy en día, la calidad de los Gobiernos y de las instituciones es un factor diferencial de primer orden. Las instituciones compiten, los países también. Tener instituciones de calidad no es indiferente ni adjetivo. Es algo importante, no solo como imagen. También para trasladar credibilidad y reforzar la imagen de marca o de país. Algo que no puede ser cosmética, sino realidad. Algunos venden humo y así les va.

Este mismo mes de marzo de 2018 se acaba de hacer público el Estudio comparativo correspondiente a 2017 que periódicamente (2010, 2013 y 2017) lleva a cabo la Universidad de Gotemburgo, con gran difusión en círculos gubernamentales y académicos europeos, y que tiene por objeto medir la calidad de los gobiernos “regionales” en la Unión Europea, de acuerdo con tres grandes parámetros: Eficiencia en la prestación de servicios públicos; Imparcialidad; y grado de Corrupción (o baja presencia de esta). Pues bien, la media del conjunto de las Comunidades Autónomas ha sido negativa, bajando España del puesto 14 en 2013 al 19 en 2017, situándose en el antepenúltimo grupo de países de la UE, de una escala de siete. No es para estar orgullosos, precisamente. La “quinta potencia europea” (o cuarta tras el Brexit) sale damnificada de este Índice. No solo hemos tenido una grave crisis económico-financiera, también estamos sumergidos en una crisis institucional de magnitudes notables. Y seguimos instalados en ella, aunque muchos de nuestros responsables políticos y ciudadanos no se den por enterados.

Pero no se trata de unos resultados homogéneos, pues se valoran territorios dotados de autonomía política, de la cual unos hacen buen uso, otros regular y algunos otros malo. Así, no es de extrañar que la desigualdad o la heterogeneidad en la calidad de los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas sea la nota dominante, pues mientras algunos territorios tales como Euskadi, Navarra y Cantabria, han superado sus resultados anteriores (de 2013) y están por encima de la media, otros (especialmente los de mayor tamaño y peso demográfico) han obtenido malos o muy malos resultados. En concreto, es importante resaltar que la Comunidad Autónoma del País Vasco obtiene resultados muy similares a la mayor parte de las regiones francesas y está prácticamente a punto de entrar en el selecto grupo de las “regiones Europeas” de segundo nivel en cuanto a la calidad institucional de sus Gobiernos (las que superan el 0,7, pues ha obtenido 0,635; un espacio donde están, por ejemplo, algunas de las “regiones austriacas” y “alemanas”).

Por lo que concierne a España, estos resultados ponen de relieve una honda diferenciación entre calidad del Gobierno (desde el 0,653 de Euskadi al - 0,740 de Andalucía). Pero hay, algo más preocupante, una fractura territorial: existen, en efecto, zonas geográficas más o menos marcadas que salen bien paradas (Norte de la península, salvo Galicia y CCAA del alto y medio Ebro) y otras que, sin embargo, obtienen resultados descorazonadores (Comunidades Autónomas del arco mediterráneo, por ejemplo). También este análisis nos constata que, en nuestro caso, la riqueza de los diferentes territorios no es un dato determinante para la mayor o menor calidad del Gobierno (como tampoco lo es en el caso de las Regiones italianas), pues hay CCAA ricas que suspenden claramente, como es el caso de las Illes Balears (– 0,544), Comunidad Valenciana (- 0,446) o Cataluña (- 0,394); mientras que otras calificadas de menos ricas, como Cantabria (0,462) o Asturias (0,220), o con bajo nivel de renta como Extremadura (0,022), ofrecen datos superiores a la media. El caso de Navarra y Cantabria (Comunidades Autónomas uniprovinciales) es digno de resaltarse, así como en menor medida el de Asturias, La Rioja y Extremadura, viva muestra este último caso de que la calidad del Gobierno no está necesariamente unida a un nivel elevado de renta.

Sin embargo, este pormenorizado análisis de los profesores Charron y Lapuente no deja de plantear, en nuestro caso, enormes paradojas. Tal como decía, parece que se asienta una fractura de país en el plano territorial y entre CCAA de mayor o menor peso demográfico (tamaño) en lo que a calidad del Gobierno respecta. Da la impresión de que cuanto más grandes son las estructuras administrativas peor es el rendimiento institucional obtienen. Y este no es un dato menor. Las Comunidades Autónomas más pobladas de España (con estructuras burocráticas más densas y extensas o más mastodónticas) suspenden de forma clara o muy clara. Y eso hunde la posición de España. Andalucía, Cataluña y Madrid, obtienen muy malos o malos resultados. Andalucía francamente malos, cayendo radicalmente frente a lo que venía obteniendo en los Índices (EQI 2010 y 2013) anteriores. Cataluña, también denominada recientemente como “la Dinamarca del Sur” está a años luz de ese país (Dinamarca tiene un resultado de 1,399 frente al -0,394 de Cataluña; sin comentarios), pero también muy lejos de las CCAA más avanzadas en esta materia. Pero lo más grave es que Cataluña, Comunidad Valenciana e Illes Balears, por lo general empeoran los indicadores obtenidos en alguno de los EQI anteriores (2010 y 2013).

El azote de la corrupción parece ser (es una mera hipótesis) un elemento enormemente perturbador en estos resultados. Pero no es el único. Para tener Calidad de Gobierno se ha de gobernar, no hacer como que se gobierna. La media española, fruto de ese arrastre hacia la baja de las CCAA con peso demográfico, es ciertamente muy deficitaria: - 0,328 de resultado medio. Las comparaciones son odiosas, pero Portugal nos supera claramente (0,032), Francia de forma diáfana (0,408) y Alemania de manera contundente (1,012). Esto es la consecuencia del mal gobierno o simplemente de no saber gobernar o aparentar que se hace. No de otra cosa. Algo a lo que nadie en política parece prestar mucha atención.

Se nos llena la boca de "Buen Gobierno" y lo que tenemos es lo que sale. Más claro el agua. A ver si se les mete en la cabeza a nuestros responsables políticos: nunca se tendrá un Buen Gobierno sin una Buena Administración. Que miren para el norte, especialmente hacia los países más avanzados de Europa. Ahí están las respuestas.

Impotencias cruzadas
Jaime González ABC 7 Marzo 2018

No nos engañemos: la aplicación del artículo 155 no ha devuelto los derechos y libertades fundamentales conculcados por el independentismo en materias tan sensibles como la educación (las declaraciones de Íñigo Méndez de Vigo a ABC en las que asumía que su departamento no podía garantizar que el español fuera lengua vehicular en Cataluña son la prueba del nueve de la impotencia del Estado para hacer cumplir la ley), ni los tribunales de Justicia han conseguido imponer la Constitución en el sentido al que se refería Giovanni Sartori: fijar límites al poder, a cualquier poder, incluso al que ejercen los ciudadanos en tanto que cuerpo político, con objeto de asegurar la convivencia en libertad. En realidad, lo que se ha conseguido –que no es poco– es dotar a Cataluña de una apariencia de legalidad, pero el resultado de las elecciones del 21-D –más allá de las disensiones en el bloque independentista– han vuelto a convertir al Parlament en una suerte de «dictadura soberana».

Aunque el separatismo no haya logrado su último objetivo, sí ha conseguido blindar el andamiaje sobre el que asentaron durante décadas las estructuras institucionales de un procés que aún dista mucho de haber saltado por los aires. Seamos sinceros: en Cataluña no están garantizados los derechos individuales ni la protección de las libertades de una parte de la sociedad. Ni antes ni ahora, por lo que no cabe afirmar que el artículo 155 haya devuelto el orden constitucional. El bucle catalán no tiene tanto que ver con el hecho del que el independentismo no haya logrado todavía un acuerdo para formar gobierno, sino con la situación perversa que se vive de fondo: el Estado es más fuerte que el separatismo –de eso no hay duda–, pero no lo suficiente como para desmontarlo plena y efectivamente.

Estamos ante la clásica victoria pírrica en la que la Constitución se ha impuesto por lo justo, pero no lo bastante como para acabar con esa «dictadura soberana» que ejerce un Parlament cuyo presidente está al servicio de los intereses del separatismo y de sus estrategias para seguir burlando la ley. En ese marco de apariencia de legalidad, Torrent recibió ayer a los líderes de las formaciones constitucionalistas, Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Xavier García Albiol. La corrección formal con la que se desarrollaron la reuniones no debe impedirnos ver la realidad de esa «dictadura soberana» que el independentismo vende como la «voluntad soberana» del pueblo catalán. Consiguieron menos votos que los constitucionalistas, pero siguen teniendo mayoría en un Parlament donde mandan los mismos que promovieron el golpe institucional por etapas del otoño pasado. No sé a ustedes, pero a mí todo esto me parece un duelo insoportable de impotencias.

El abandono
Pedro García Cuartango ABC 7 Marzo 2018

El abandono es una sensación, pero también una categoría filosófica que se manifiesta cuando el pensamiento se distancia de la realidad y se centra en nociones abstractas que ignoran las condiciones materiales de la existencia.

Hay muchos filósofos que se han extraviado en las utopías y los resultados de ese alejamiento fueron catastróficos. Ahí está el ejemplo de Heidegger, que, deslumbrado por la atracción de Hitler, no quiso ver las consecuencias de un nacionalsocialismo que iba a llevar a Alemania a la guerra y a la destrucción de Europa.

Salvando las distancias, los independentistas catalanes están cometiendo el mismo pecado al anteponer una idea abstracta de la nación a la realidad plural de una sociedad cada vez más asfixiada por su presión. Esto lo pude constatar el pasado domingo en la manifestación de Barcelona, en la que escuché las quejas de muchas personas que se sentían oprimidas por el aparato político y mediático independentista, a la vez que se lamentaban de la falta de presencia del Estado en Cataluña.

El peor pecado que han cometido Puigdemont y los suyos es ese abandono ideológico de la realidad que coloca las ideas por encima de las personas, como se puede constatar en el terreno de la inmersión lingüística. No hay ni una sola razón para que la Generalitat niegue a los ciudadanos el derecho a optar por el castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Y no la hay porque no se produce ningún perjuicio ni lesión por el hecho de que unos padres decidan que sus hijos tengan una escolarización en su idioma materno.

La enseñanza podría ser perfectamente bilingüe en Cataluña en función de las opciones de cada familia, pero los independentistas no quieren renunciar a utilizar la lengua como palanca para la construcción nacional. Por eso no ceden en su imposición.

Lo que importa para los nacionalistas es esa Idea con mayúscula que está muy por encima de las necesidades de las personas o de la convivencia. Para ellos, los derechos son una abstracción que hay que obviar para avanzar hacia su meta. Igual sucede con el respeto a la ley.

Ese desprecio al prójimo y sus sentimientos, ese rodillo social y político, ese concepto de la nación como absoluto evoca peligrosamente al totalitarismo que sacudió Europa en los años 30. Hay muchas diferencias, sí, pero existe detrás la misma vocación de imponer un modelo de sociedad a los ciudadanos.

La frustración que pude observar en la manifestación de Barcelona tenía mucho que ver con esta situación de desamparo, unida a la falta de una respuesta del Estado que vaya más allá del artículo 155. Y esa respuesta sólo puede venir de la articulación de un discurso político que se enfrente al nacionalismo en su propio terreno.

Puigdemont y los suyos no sólo no tienen el monopolio de la razón sino que encarnan lo contrario de lo que siempre hemos defendido: la libertad, el respeto a las minorías y la tolerancia que tanto nos costó conseguir.

Con el plan secesionista se pretendía ocultar tramas de corrupción como el 'caso 3%' y el 'caso ITV', según los papeles intervenidos a los Mossos
El sucio secreto del 'procés' que esconden tres hijos de Jordi Pujol
Se sitúa el inicio del plan independentista en una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011
Periodista Digital 7 Marzo 2018

La Policía impidió que los Mossos d'Esquadra destruyeran en una incineradora una ingente documentación entre la que se halló una nota informativa que sitúa el inicio del plan independentista en una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011 a la que acudieron los "máximos dirigentes" de la entonces Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Dicha cita se repitió a finales de diciembre, sumándose los hijos del expresidente Jordi Pujol (Jordi, Oriol y Josep).

Tras esta segunda reunión, de la que fueron informados "un grupo de personas afines de los círculos empresariales, económicos y de la comunicación", se decidió que asumiera el rol de "controlador" Felip Puig, consejero de Interior entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012. Entre los empresarios que se cita figura José Antich Valero, "actual fundador y director del diario digital ElNacional.cat", del que se dice que tiene "carácter político y afín al PDeCAT".

Así consta en las conclusiones policiales del informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía, al que ha tenido acceso Europa Press, en base a la documentación intervenida el 26 de octubre cuando los Mossos pretendían quemar varias cajas en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

De acuerdo a una nota informativa sin membrete de fecha 12 de octubre de 2012 "sobre el Plan Independentista de CDC", el inicio del "hipotético" plan nació de una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011. La Policía califica esta nota como un "resumen" de actuaciones de "ciertos dirigentes de CDC y de Unió para camuflar el cobro de comisiones y/o sobornos".

En este plan, "Puig se encargaría de las tareas de controlador y de inteligencia" y, para tal fin, se dispuso de "tecnología y comunicaciones que operativamente se encuentran instaladas en vehículos --furgonetas camufladas-- adscritas a la Unidad Tecnológica de los Mossos de la Central de Sabadell".

FONDOS RESERVADOS Y ESTRUCTURAS OPACAS
Entre la documentación operativa de las áreas de Interior y Exterior, la Policía halló un centenar de impresos justificativos en diferentes cajas pertenecientes a la Unidad Central de Recursos Operativos (UCRO), actualmente denominada UCOINF, a la que se incardina en la Comisaría General de Información de los Mossos.

"Su estructura y componentes no se han hecho públicos y", según la Policía, "se le atribuyen investigaciones de carácter más delicado". Los investigadores subrayan que existe "numerosa documentación relativa a gastos reservados generados por las diferentes unidades centrales y regionales de la Comisaría General de Información".

Una furgoneta camuflada, por ejemplo, se colocó durante meses "en una plaza de parking frente al domicilio particular de la entonces presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho", siguiendo órdenes directas atribuidas a Felip Puig.

La Policía recuerda en su informe remitido a la Audiencia Nacional que, coincidiendo con el presunto espionaje a Alicia Sánchez Camacho y otros dirigentes del PP catalán, la seguridad de la presidenta de los 'populares' en esta comunidad autónoma estaba asignada a cuatro miembros de los Mossos.

Estos agentes de la policía catalana "tenían la instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento de Alicia Sánchez Camacho al propio Puig". Esta misma estrategia se seguía con el ministro del Interior, por entonces Jorge Fernández Díaz, "cada vez que se trasladaba a Barcelona".

"TEJER ALIANZAS" CON JUECES, IGLESIA Y PNV
La Policía concluye que el proceso iniciado por CDC en 2011 "tenía como prioridad tejer alianzas con la patronal FEMCAT", a la que se define como fundación privada de empresarias que comparte la misión de que Cataluña se convierta en un país, así como con "destacados miembros de la judicatura y fiscalía, con especial atención a la iglesia y partidos políticos como el PNV".

Los investigadores destacan la "estrategia ofensiva-defensiva" con la que los dirigentes de CDC pretendían disponer de información sensible del PP para, dicen, "poder negociar con éste en caso de que las cosas se pusieran difíciles". Aquí se destaca el papel jugado por la familia del empresario Vicente Monje Tuñón, "quien presionó a terceros para que denunciaran sobornos por parte de dirigentes del PP".

La nota informativa del 12 de octubre de 2012 que los Mossos querían quemar incluía también una serie de datos bancarios sobre los Pujol y otras personas del denominado 'caso Palau', "todo ello", según la Policía, "aportado por Falciani", el ingeniero de sistemas italo-francés que reveló datos bancarios en masa.

Los Mossos tenían documentación en la que se detallaban "otras líneas de investigación" que deberían iniciarse en torno a otros miembros de CDC. Se citan datos sobre Andorra de María Victoria Álvarez Martín, la exnovia de Jordi Pujol Soley, la compra de casinos en Argentina y México por parte de los Pujol, la compra de varios edificios en Panamá a través de sociedades y otras inversiones en Houston o Miami.

"CDC pretendía ocultar todo el entramado de cobros por comisiones de los denominados 'caso 3%' y 'caso ITV", dice la Policía. En otra nota informativa sin membrete de fecha 1 de julio de 2014, en la que se incluye a bolígrafo "Doc.8" y la palabra "Reservado" impresa, se aborda el dinero offshore de la familia Pujol. "Son datos aportados por varias entidades bancarias en Andorra", según los investigadores.

El «procés» como narcótico social
Roberto L. Blanco Valdés La voz 7 Marzo 2018

Cuanto más se va sabiendo por los informes policiales sobre la organización de la rebelión secesionista catalana -eso que sus impulsores, con fingida inocencia, llaman el procés- más se desvelan sus tan ocultas como inmundas intenciones y más se confirma su genuino método golpista. Respecto a lo primero, aquellos papeles que la Policía Nacional incautó in extremis, cuando iban ser destruidos por los Mossos d’Esquadra en la incineradora de Sant Adriá del Besós, han revelado, entre otros, un dato esencial ignorado hasta la fecha, pero fácilmente imaginable a poco que se conociera la envergadura de la satrapía montada en Cataluña por quien fue durante muchos años presidente de la Generalitat: la presunta participación de la familia Pujol en el empujón inicial para que el golpe comenzara a organizarse como único medio de evitar que la trama criminal montada por el patriarca y gran parte de sus hijos acabara dando con los huesos de todos en la cárcel.

Ahora sabemos que ya en 2011 se celebraron reuniones entre los máximos dirigentes de Convergencia, en alguna de las cuales participaron hasta tres hijos de Pujol, con el objetivo de comenzar a organizar una rebelión que pudiera dejar impunes a los unos y a los otros por el sencillo expediente de ¡declarar una Cataluña independiente!

Es decir, para entendernos, una rebelión ad hoc, al servicio de las necesidades de sus organizadores… como en la mayoría de los golpes africanos.

Pero los papeles incautados por la Policía Nacional y las investigaciones de esta y de la Guardia Civil no solo revelan la irresponsabilidad criminal de unos auténticos indeseables, dispuestos a hundir a Cataluña para tapar la corrupción de los Pujol y los líderes implicados en el caso del 3 %, sino también la complicidad en la rebelión de los mandos de los Mossos (convertidos de hecho en la fuerza armada de la secesión) y de los dirigentes de presuntas organizaciones culturales (ANC y Òmnium) que actuaron como los agentes de movilización social de un golpe organizado, y pagado con dinero de todos, por la Generalitat.

En cualquier sociedad viva, con capacidad para reaccionar ante la manipulación y ante el engaño, ante el abuso de poder y la violación flagrante de la ley, lo ocurrido en Cataluña provocaría una indignación popular incontenible contra quienes han utilizado a cientos de miles de personas como los tontos útiles de un proyecto descabellado dirigido a que una pandilla de sinvergüenzas y ladrones se libraran de la cárcel en la que suelen acabar lo corruptos en los sistemas democráticos.

Solo en una sociedad parcialmente narcotizada por el virus letal del nacionalismo, que se ha traducido en odio a España y a la mejor democracia que jamás hemos tenido, puede entenderse que los engañados y manejados se rebelen contra quienes han denunciado y parado esa descomunal operación de manipulación social y no contra quienes la han organizado en su exclusivo beneficio.

Los mossos antiterroristas, la pieza clave para politizar a la policía autonómica
La Policía acusa a la Comisaría General de Información de los Mossos de obedecer a «consignas políticas» y subordinar al Cuerpo al plan ilegal
Luis P. Arechederra ABC 7 Marzo 2018

La Policía Nacional acusa a la unidad antiterrorista de los Mossos d’Esquadra de ser la pieza clave para lograr la subordinación del Cuerpo autonómico al plan independentista ilegal, dirigido por la Generalitat depuesta de Carles Puigdemont. En un informe enviado a la Audiencia Nacional, y al que ha accedido ABC, la Policía señala a la Comisaría General de Información de los Mossos como «la parte medular» para implicar al Cuerpo en el «procés», al servicio de los políticos secesionistas.

El análisis policial de la documentación que los Mossos iban a quemar el pasado 26 de octubre señala a este departamento, el encargado de investigar y perseguir todas las amenazas contra la sociedad catalana, entre ellas el terrorismo. La Comisaría General de Información obedeció «consignas políticas» y fue la unidad «de confianza» del Govern para implicar a la policía autonómica en el plan independentista, según las conclusiones que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional saca de la documentación salvada de ser quemada.

36 cajas con material sensible
El rol de los Mossos d’Esquadra en el proceso independentista ilegal es investigado por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien atribuye al antiguo jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, dos delitos de sedición, y no descarta acusarle en el futuro de pertenencia a organización criminal. La magistrada considera que Trapero facilitó la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y «la proclamación de una república catalana, independendiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales», desobedeciendo a la Justicia. Es el responsable de la «inacción» de los Mossos.

Esta juez ya dispone sobre su mesa de estos dos informes de la Policía Nacional, que exponen que la documentación incautada confirma la subordinación de los Mossos al plan ilegal, que comenzó con la declaración de ruptura del año 2015. «Su implicación en el "procés" era determinante», expresan los investigadores, que destacan el rol de la Comisaría General de Información para controlar a todo el Cuerpo.

La Policía alcanza esta conclusión tras estudiar toda la documentación interceptada en las tres furgonetas de los Mossos, 36 cajas plagadas de material «sensible» que los agentes autonómicos pretendían quemar y destruir en una incineradora. El material rescatado procedía y había sido gestionado en su totalidad, además, por esta Comisaría, según las conclusiones de la Policía. Los funcionarios que transportaban este material también pertenecían al área de Información, revelan los informes. A los pocos minutos de la intervención -en la ciudad de Sant Adrià de Besòs, al norte de Barcelona-, un intendente de la Comisaría General de Información de los Mossos se personó en el lugar, para interesarse por lo que allí sucedía.

La Comisaría General de Información persigue a las organizaciones criminales y recopila toda la información operativa sobre conflictos laborales y sociales, y la actividad institucional. Son, al fin y al cabo, los agentes que actúan de paisano, que trabajan en la sombra, sin rendir cuentas de forma inmediata al juez, y que controlan las calles para no perder de vista cualquier amenaza. Fuentes que conocen su funcionamiento explican que esta área se encarga de la labor policial relacionada con los partidos, tanto por su forma de trabajar a largo plazo, como por la materia, y que tiene relación directa con los órganos políticos. Está vinculada a la función de inteligencia.

Según la Policía Nacional, y dentro del engranaje del proceso independentista ilegal, esta unidad gestó las actas policiales del 1 de octubre, «con reiteradas indicaciones» para manipularlas y trasladar la idea de que trataron de impedir la votación. También era la responsable de la documentación incautada sobre el acoso a la Guardia Civil del 20 de septiembre, el supuesto espionaje político a los contrarios al «procés» y otras actividades policiales.

Veintiocho líderes secesionistas -antiguos gobernantes, parlamentarios y agitadores callejeros- son investigados por rebelión en el Tribunal Supremo, acusados de alentar una insurreción para alcanzar la independencia por un camino ilegal, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado.

Hay que cerrar los Mossos y crear un cuerpo nuevo
OKDIARIO 7 Marzo 2018

Si algo han demostrado los últimos meses es que los Mossos de Josep Lluís Trapero —aún en libertad sin ni siquiera aportar una fianza— actuaron al más puro estilo de una policía política de una dictadura. Ahí está el espionaje a la Casa Real y a los representantes de los partidos constitucionalistas en Cataluña. Un cuerpo policial al servicio de los independentistas y de ese golpe de Estado con el que trataron de subvertir la legalidad vigente en España. El comportamiento de la policía autonómica catalana sólo deja una salida: hay que cerrar los Mossos y crear un cuerpo nuevo.

A los catalanes no se les puede negar un derecho que recoge su propio Estatut, pero la ingente cantidad de material probatorio demuestra la lealtad a los separatistas de los mandos y de una gran cantidad de agentes. ¿Cómo va a confiar un ciudadano de a pie en la limpieza de un cuerpo que actúa al margen de la legalidad? Unos hombres y mujeres que deberían servir al ciudadano, sin distinción de ideologías, y que está demostrado que actúan fundamentalmente por los intereses políticos de los golpistas.

El jefe de Estado también estaba bajo la vigilancia inquisitiva de los Mossos del mismo modo que lo habían estado líderes de la España constitucional como Albert Rivera, Alberto Fernández o los ex presidentes de Sociedad Civil Catalana (SCC) Josep Ramon Bosh y Mariano Gomá. Prácticas que denotan que Cataluña ha estado dominada por un estado policial que recuerda a una dictadura sediciosa más que a la región de un país libre como España. Todo por obra y gracia de la muy preocupante tendencia autoritaria del independentismo catalán, que se sirvió de la activa inacción de los Mossos para asediar instituciones del Estado y celebrar una consulta prohibida por el Tribunal Constitucional.

Del mismo modo que han utilizado los medios públicos de comunicación para controlar las mentes, han usado al cuerpo autonómico de policía para tratar de controlar los actos de personas decentes. Una trayectoria tan siniestra que ahora, y bajo el control del artículo 155, obliga a que los Mossos sean reformulados de manera drástica. Guardia Civil y Policía podrían aportar agentes para compensar el desmantelamiento de los Mossos sin perjudicar las tan importantes y críticas tareas de seguridad. Lo que no se puede consentir bajo ningún concepto es que tanto los políticos como la Casa Real —máximos representantes de todos los ciudadanos— sean víctimas de una policía que por sus hábitos de actuación recuerda más a la Stasi de la República Democrática Alemana (RDA) o a la mafia más a un cuerpo policial digno.

Las comisiones
Nota del Editor 7 Marzo 2018

Estos de okdiario, si tienen algún interés en crear nuevos cuerpos, deberían impulsar los gimnasios la nutrición y la dietética. Hablar de fuerzas y cuerpos de seguridad, así en plural, es un disparate porque la seguridad no puede estar repartida y requerir otras ineficientes, lentas y peligrosas capas de coordinación.
No habría que hablar de policía nacional, simplemente policía, y eliminar todas las organizaciones que sirven para que los caciques locales y regionales monten su tinglado.

Una Policía neutral para Cataluña
 larazon  7 Marzo 2018

Con independencia de la resolución de los procedimientos judiciales en curso, es evidente que la actuación de la Policía autonómica catalana –los Mossos de Escuadra– a lo largo de todo el proceso separatista ha estado muy alejada de lo que cabía esperar en una Institución que, de acuerdo a lo que establece la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de 13 de marzo de 1986, debía ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, desde la plena neutralidad política e imparcialidad y, sobre todo, sin admitir el principio de «obediencia debida» en la ejecución de órdenes que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes.

Pues bien, de lo actuado hasta el momento, se desprende que una parte considerable de los Mossos, de manera voluntaria o instigados por los mandos políticos, se puso al servicio de los designios golpistas de la Generalitat de Cataluña y, por acción u omisión culposa, soslayaron el cumplimiento de las resoluciones judiciales, entorpecieron en lo posible la actuación de las fuerzas de Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegadas en el Principado, facilitaron medios logísticos para la celebración de un referéndum anticonstitucional y expresamente declarado ilegal por la Justicia, y llevaron a cabo tareas de información, cuando no de simple espionaje ilegal, sobre personas e instituciones contrarias al proceso separatista.

Como ya hemos señalado al principio, si bien las responsabilidades penales deberán deslindarse individualmente, como establece nuestro ordenamiento constitucional, nos parece inevitable que el Gobierno de la Nación, sobre el que recae el mantenimiento de la Seguridad Pública, tome las medidas que crea necesarias para proceder a una reestructuración integral del Cuerpo autonómico, que restaure la confianza ciudadana y restablezca el principio de jerarquía, hoy profundamente dañado y con efecto demoledor en la convivencia y el ánimo de los propios agentes.

Estamos convencidos de que el Estado, titular exclusivo de la competencia de Seguridad Pública, dispone de los instrumentos legales necesarios para proceder a esa tarea, incluso más allá de la vigencia del artículo 155 de la Constitución, puesto que se trata, ni más ni menos, de que los Mossos cumplan con lo que establece la Ley. Pero, en cualquier caso, se trata de impedir que se repita la apropiación por parte de una facción política sediciosa de un Cuerpo de Policía español, que se debe al conjunto de la sociedad y no sólo a una parte de ella.

Como en otros aspectos de la vida pública, los partidos separatistas han actuado con deslealtad palmaria, causando graves perjuicios a la ciudadanía en un asunto tan sensible como el que nos ocupa. Aunque suene ingenuo, el resto de las formaciones políticas que se reclaman defensoras de la Constitución y del Estatuto de Cataluña, en especial el PSOE, como principal partido de la oposición, deberían prestar su apoyo al Gobierno sin restricciones. Por supuesto, aunque se nos antoja totalmente superfluo el aviso, no se trata de cuestionar la profesionalidad de los agentes de la Policía autónoma catalana en su labor diaria y arriesgada de defensa de la seguridad ciudadana y persecución de los delitos, labores que cumplen con encomiable dedicación, sino de erradicar las interferencias políticas y las actuaciones sectarias que las vicisitudes del proceso separatista han sacado a luz y que, sin duda, avergüenza a una mayoría de los agentes. El pacto de la Transición, que consagró el Estado de la autonomías, no pudo prever la deslealtad de una de sus partes, pero, aun así, insistimos, el Estado dispone de recursos legales suficientes para hacer valer el respeto a las leyes de todos los ciudadanos.

Elementos nuevos en el debate sobre la inmersión
Mercè Vilarrubias cronicaglobal 7 Marzo 2018

El debate sobre la inmersión lingüística ha resurgido estas últimas semanas propiciado por el anuncio del Gobierno --inconcreto y confuso-- de que garantizaría la presencia del castellano en las aulas. Esta vez, algo está siendo diferente en el debate. A pesar de que hemos escuchado los mantras de siempre, los discursos sobre el tema contienen elementos nuevos. Parece que ha entrado algo de aire fresco y hay algo más que los mantras y las cansinas descalificaciones a los partidarios del bilingüismo.

Como es sabido, en los últimos años, la inmersión obligatoria era sagrada y contenía todos los bienes de este mundo. Y los que no lo veían así, eran unos fachas españolistas que querían atacar el catalán. Fin del tema. Con algún que otro detalle, la cosa iba así, así de simple y así de agresiva.

Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde los acontecimientos de setiembre y octubre del año pasado. Los independentistas rompieron todos los consensos, provocando una auténtica conmoción social. Una de las consecuencias es que han quedado debilitados, y en esta nueva situación de hegemonía cuestionada, incluso los grandes tótems del nacionalismo, como la inmersión, parecen sufrir alguna grieta. Para sorpresa de muchos, algo se mueve también en el campo de las lenguas, por fin.

En el momento actual, las críticas a la inmersión son percibidas de otra manera. Ahora es inevitable inserirlas en la profunda división social que experimentamos. La mitad de Cataluña quiere una España unida y lamenta enérgicamente lo sucedido estos meses, la otra está con su legitimismo y sus lazos amarillos. Dos Cataluñas, que también existen en la opinión sobre la inmersión y así son percibidas: unos quieren bilingüismo? escolar, otros quieren continuar con el monolingüismo actual. Igual que a unos les gustó el discurso de Roger Torrent en el Colegio de Abogados, y a otros, no.

A la abierta división que experimentamos en Cataluña, se añade otro cambio: el hecho de que la escola catalana quedó muy desprestigiada a los ojos de toda España durante los sucesos de septiembre y octubre. Muchos de los que, en Cataluña y en el resto de España, dudaban o pensaban que las críticas a la inmersión eran injustas y malintencionadas, aquellos meses se dieron cuenta de que la escuela es realmente un potente aparato de construcción identitaria y no un modelo de cohesión social e inclusividad, como nos dicen. De la misma manera que los contenidos de los libros de texto y las prácticas escolares para hacer nación (pintar y decorar la clase con esteladas, por ejemplo) han sido cuestionados, el uso exclusivo del catalán en las aulas empieza también a levantar suspicacias, sobre todo en la opinión pública del resto de España.

En mi opinión, estas dos circunstancias, la abierta división social y el desprestigio de la escuela durante la reciente crisis política, parecen ser las razones más importantes por las que la posición probilingüismo escolar e institucional empieza a ser tomada en serio y escuchada.

Que nuestra posición empieza a ser escuchada lo hemos podido observar en el debate público de estas últimas semanas, donde se han publicado un gran número de artículos por parte de defensores del bilingüismo, bien argumentados y con múltiples datos. En Twitter, había mucho más movimiento de los favorables al bilingüismo que de los independentistas. Además, nuestra posición fue invitada a expresarse en TV3 y en El Periódico, dos medios anteriormente reticentes a ello. Por su parte, Ramon Font, portavoz del sindicato USTEC, absolutamente afín al independentismo, aceptó una entrevista en este medio, cosa que le honra.

Ana Losada, presidenta de la AEB, participó en sendos debates en TV3 y La 1. Es una novedad que en TV3 fuera presentada como lo que es, o sea, la presidenta de una asociación a favor de la escuela bilingüe. También un periódico como La Vanguardia se refería hace unos días a las asociaciones probilingüismo, usando este término varias veces al citar a la AEB e Impulso Ciudadano. Todo ello es una novedad porque es la primera vez que estos (y otros) medios utilizan el término probilingüismo para estas asociaciones en lugar de, o ignorarlas o descalificarlas como fachas españolistas. En mi opinión, que el término bilingüismo empiece a circular es un cambio discursivo de gran calado. Comenzamos a ser nombrados por lo que en realidad somos y hacemos Es este un gran paso y debemos hacer lo posible para que esta tendencia se consolide en Cataluña.

En los medios del resto de España, por su parte, se ha transmitido mucho mejor nuestra posición, como era de esperar. Sin embargo, también aquí ha habido una novedad y es precisamente la misma que en los medios catalanes: los medios españoles han usado, profusamente en su caso, los términos bilingüismo, escuela bilingüe o defensores del bilingüismo, entre otras variantes. Personalmente, estos días he tenido la oportunidad de hablar con varios periodistas con sede en Madrid y todos ellos parecen comprender mejor lo que hacemos, por lo que pueden transmitirlo más adecuadamente. Uno de estos periodistas me hizo este ilustrativo comentario: "Antes, desde las redacciones en Madrid se os veía como un poco fachillas, no se os tomaba en serio. Ahora las cosas se ven muy diferentes y se quiere contar con vuestra opinión". Un gran avance.

Otra novedad que ha podido observarse estas semanas en el debate ha sido el hecho de que a los partidarios del monolingüismo les empieza a resultar difícil escudarse detrás del sagrado término inmersión, sin tener que explicar nada. Hemos logrado algo muy importante y es que la inmersión empiece a ser nombrada públicamente como lo que es, una educación monolingüe en una comunidad bilingüe. Estas semanas he leído con agrado como cada vez son más numerosos los periodistas y articulistas que usan las palabras enseñanza monolingüe o monolingüismo escolar como sinónimos de la inmersión. Otro gran paso que hace que la palabra inmersión deje de ser el rígido velo que oculta los problemas de esta práctica escolar.

También ha habido ciertos movimientos, aunque tímidos, en el campo del centro izquierda. Personas como el periodista Lluís Bassets o el exsenador socialista Carles Martí llaman en sendos artículos a un pacto por las lenguas, donde todas las partes sean escuchadas, se abandonen los dogmatismos y se forjen nuevos consensos. Esperemos que otros en la izquierda sigan esta inédita y valiente senda.

En conclusión, y siendo muy cautos al mismo tiempo, podemos decir legítimamente que algo se mueve en el campo de las lenguas y que nuestra posición empieza a clarificarse en el ámbito público. La comunicación es crucial y es por donde empieza todo cambio social, por el discurso. Primero son las palabras, nuestras palabras, las que deben estar presentes y circular en el discurso público, sin tergiversaciones. Con las palabras, pueden venir los cambios; sin ellas, poco podemos hacer. Esto es lo que nos sucedía antes de los traumáticos meses de setiembre y octubre, cuando la inmersión resplandecía sin fisuras y nosotros éramos cuatro fachas. Bienvenidos sean los nuevos tiempos.

Bilingüismo y otros imposibles
Nota del Editor 7 Marzo 2018

En la primera página tenemos un mensaje sencillo, racional, imprescindible, de www.masaborreguera.com que expresa claramente el punto de vista de cualquier persona español hablante: "Tolerancia cero con la imbecilidad. Un país, un idioma oficial".

Cualquier obligación de estudiar cualquier lengua regional es un disparate por mucho que el TC, primer destructor de la CE, retuerza el texto constitucional, incluso y a pesar de su demostrada irracionalidad. Por supuesto la obligación de estudiar en cualquier lengua regional es otro disparate mayor.

Y como ya he escrito numerosas veces, el bilingüismo es una trola de muy corto recorrido. A ver quien tiene tres cabezas para aprender todo simultáneamente en dos idiomas. Y hablar de bilingüismo con lenguas regionales es echar humo para ver si parece que queremos que algo cambie para poder seguir igual.

El PSOE no se aclara
Beatriz Talegón 7 Marzo 2018

La credibilidad del PSOE está cayendo en picado. De hecho, habría que hacer serios esfuerzos para recordar la última vez que la tuvo, dicho sea de paso. Lo más reciente han sido las declaraciones en las que su secretario general amenazaba a Rajoy con una moción de confianza. Es llamativo que Sánchez quiera confundir al personal, puesto que desde la oposición lo único que puede hacer en este sentido es plantear una moción de censura. La cuestión de confianza es una herramienta que solamente puede plantear el Gobierno. No sé si el líder actual del PSOE desconoce este punto, o sabedor de que la militancia y los votantes que le quedan es probable que no lo sepan, juegue a confundirles. Porque lo cierto es que una moción de censura, que es lo que le correspondería hacer —y más aún sabiendo que tendría el apoyo suficiente, como ya se le ha informado públicamente por las fuerzas políticas que le acompañarían— no está entre sus opciones. ¿Por qué? Muy sencillo: porque sabe que no tiene consigo a toda la bancada de los diputados de su partido en el Congreso. Para evitarse el bochorno, prefiere no dar el paso.

Este martes ha respaldado a Francina Armengol en sus políticas lingüísticas en baleares. Y en esto yo aplaudo: tanto a Francina como a Sánchez por respaldarla. No todo iban a ser collejas. Sin embargo, este posicionamiento no es unánime en el PSOE, y algunos de sus “barones” ya andan como siempre tratando de zancadillear a Sánchez. Lambán o Page, tan amigos de sublevar a los territorios contra la dirección pedrista, se han expresado recientemente criticando las políticas lingüísticas que, según ellos, “pretenden arrinconar al castellano”.

Resulta sorprendente la persecución a la cultura, al conocimiento de idiomas, que se está produciendo —se sigue produciendo— en nuestro país. Sobre todo cuando los estudios recientemente publicados demuestran que las competencias lingüísticas de los alumnos de aquéllos territorios bilingües son, de media, mejores que las de otros territorios donde solamente se habla el castellano. O sea, que de arrinconamiento, nada. Sencillamente, algo que a mi entender debería ser un punto a promocionar en todos los territorios, esto es: el conocimiento de todas las lenguas oficiales del país. Sí, siempre lo he defendido y cada vez estoy más convencida: como madre, como ciudadana, prefiero que mis hijos puedan recibir en la escuela pública las nociones básicas de catalán, gallego, euskera en lugar de otras materias —como la religión— que considero del ámbito interno que debe fomentarse —o no— en las familias.

Recordarle a Page o a Lambán que fue el Partido Socialista quien impulsó el conocimiento y uso del catalán en Cataluña, con medidas positivas e integradoras. Señalarles que aprender idiomas es un ejercicio maravilloso que abre la mente, pero sobre todo, el corazón. Y sí, si nuestros pequeños crecieran sabiendo entender a todos los habitantes de su país, sería mucho más fácil que se creasen afectos, empatías y los puentes del diálogo fueran más fácilmente cruzados. Quizá sea precisamente porque eso es lo que se quiere evitar, que gentes como Page y Lambán pongan el grito en el cielo. Por favor, dejen de atacar al conocimiento y a las habilidades, que para más inri, ustedes desconocen.

Como madre y como ciudadana
Nota del Editor 7 Marzo 2018

A una "ciudadana" que prefiere que sus hijos puedan recibir en la escuela pública las nociones básicas de catalán, gallego, euskera en lugar de otras materias como la religión,
deberían retirarle el título de ciudadana, ante la demostrada falta de raciocinio. Y sus hijos ingresarla en el frenopático donde podrá comunicarse con ellos en silbo gomero.

El conocimiento sobre las religiones, dado el impacto que ejercen en todas las sociedades, resulta un bagaje necesario para contrarrestar las meléfica influencias que ejercen sobre millones de personas.

Diez años del asesinato de Isaías Carrasco: «Es terrible ver morir a un amigo desangrándose en la calle»
Compañeros y familiares recuerdan al último concejal asesinado por ETA
Adrián Mateos ABC 7 Marzo 2018

Cinco disparos desgarraron Mondragón la mañana del 7 de marzo de 2008. El exconcejal del PSE Isaías Carrasco se encontraba en su coche, dispuesto a marcharse a trabajar, cuando el etarra Beñat Aginagalde se situó frente al parabrisas y abrió fuego. Faltaban apenas dos días para la celebración de las elecciones generales, que quedaron inevitablemente marcadas por la tragedia. Una década después, los vecinos del municipio guipuzcoano volverán a recordar la figura del mandatario socialista, cuya muerte logró «despertar» a una parte de la sociedad vasca que permanecía sometida a la tiranía de la banda criminal.

El tiempo ha pasado, pero la herida no se ha cerrado para la familia del socialista: «Parece que fue ayer», destacó en una entrevista en «El Diario Vasco» Ainara, la mediana de los tres hijos de Carrasco. Sandra, la mayor, recordó cómo fueron los instantes siguientes al tiroteo: «Al verle dar los pasos y que se caía. Me acuerdo que una chica me decía: “Tápale los agujeros”, pero es que no podía, no veía, había tanta sangre que no se veían las heridas de las balas».

El asesinato tuvo lugar en torno a la una y media del mediodía frente a la casa de Carrasco, en la calle Navas de Tolosa, lugar en el que se encontraban a su vez su mujer, Marian, y la propia Andrea. Tras escuchar los disparos, ambas salieron en su auxilio y lo acompañaron hasta el hospital de Mondragón, donde finalmente murió una hora después. También fue testigo de la escena Francisco García Raya, por entonces edil del PSE, que nunca podrá olvidar lo ocurrido: «Es terrible ver a un compañero, a un amigo, morir en la calle desangrándose», explica el socialista, que destaca que la impotencia se apoderó de él tras advertir que no podría hacer nada para salvarle la vida.
«Días de miedo»

Con 42 años y tres hijos a su cargo, Carrasco es recordado por sus más allegados como una persona de muchas inquietudes, trabajadora e implicada con su barrio. También ponen de relieve su valentía a la hora de defender sus ideales en un municipio tan «complicado» como el de Mondragón, donde una decena de personas fueron asesinadas en los temidos «años de plomo». El propio García subraya que una parte del pueblo tenía «marginados» a socialistas y populares: «Eran días de aislamiento, de soledad y, por qué no decirlo, de miedo», sostiene.

De hecho, el temor a la banda terrorista estaba tan instaurado en el territorio que muchos ni siquiera se atrevieron a rechazar el asesinato de Carrasco. En este sentido, la que era única concejal del PP en la zona, Icíar Lamarain, lamenta que los vecinos se movieron «muy poquito», y tampoco vio demasiados rostros conocidos en la plaza cuando se realizaron los cinco minutos de silencio en honor al fallecido: «Recuerdo que mucha gente vino de los pueblos de alrededor», destaca la dirigente conservadora, que subraya que ese era el momento de dejar atrás el miedo «y salir a la calle a protestar».

Con algo más de 20.000 habitantes en el registro, Mondragón era en efecto un «pueblo difícil» en lo político. La sombra de ETA estaba muy presente en el municipio, gobernado durante muchos años por la izquierda radical. En aquellos años regía el Ayuntamiento Inocencia Galparsoro, de Acción Nacionalista Vasca (ANV), quien curiosamente desapareció durante las jornadas que siguieron a la muerte de Carrasco: «No sé a qué tenía miedo», ironiza Francisco García, que recuerda que su formación impulsó una moción de censura contra la dirigente radical que finalmente no prosperó.

«No me olvidaré de las cosas que le dije a la alcaldesa, de todo menos bonita», asevera Lamarain, quien explica que su defensa del PP le hizo ganarse la enemistad de varios de sus vecinos. Sobre todo al principio, cuando incluso había quienes «se cambiaban de acera» a su paso: «Personas que conocía de toda la vida», lamenta la mandataria popular, que pasó con escolta 15 años de su vida. Sin embargo, subrayó que nunca se dejó llevar por el miedo, pues de cualquier otra forma no habría «podido actuar».
Una «lucha inútil»

Hoy, la situación de esta pequeña localidad industrial de Guipúzcoa dista mucho de la que imperaba en los tiempos más sangrientos de la banda, algo que en parte se debe también al legado del propio Carrasco: «Su muerte hizo despertar a la sociedad vasca en su conjunto -manifiesta García-, y eso ha servido para que ciudadanos que antes miraban para otro lado e incluso partidos políticos se dieran cuenta de que la de ETA era una lucha inútil que no se podía mantener en el tiempo». Eso sí, el dirigente socialista subraya que todavía hay quien mira «con desprecio» a algunos políticos y que no quieren «reconocer» la derrota de la organización terrorista.

Menos optimista, Lamarain confiesa que la política de Mondragón «cambió poquito» tras la muerte del exedil del PSE, pues «cada uno siguió con lo suyo». Sin embargo, afirma que los radicales «se dieron cuenta de que el planteamiento que habían mantenido no les llevaba a ninguna parte, y que la esa lucha armada iba a ir a peor».

AMENAZA DE RECURSO
Baleares mantiene la exigencia del catalán a sanitarios pese a las quejas
La Gaceta  7 Marzo 2018

La consejera balear de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado que el gobierno regional no contempla modificar el decreto que regula el conocimiento del catalán de los trabajadores de la sanidad pública de las islas a pesar de la amenaza de recurso judicial planeada por el Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo anunciaron este lunes a Efe que impugnará por vía judicial el decreto por condicionar la movilidad de los funcionarios sanitarios y su acceso a la carrera profesional a que acrediten conocimientos básicos de catalán.

Gómez ha lamentado en los pasillos del Parlamento haber conocido la advertencia del Gobierno “por los medios de comunicación”, cuando en numerosas ocasiones se ha ofrecido a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, “para hablar de los temas que realmente preocupan a la comunidad autónoma”.

La consejera ha señalado que la actitud de la ministra denota “un cierto desconocimiento” del proyecto de decreto autonómico que desarrolla en el ámbito sanitario la ley de 2016 que establece que el conocimiento del catalán es un requisito para trabajar en la administración balear.

Ha subrayado que el decreto proyectado por su departamento cuenta con el apoyo del 65% de la representación sindical de los trabajadores de la sanidad pública del archipiélago y que establece una exigencia de conocimiento de catalán menor para los sanitarios que para el resto de funcionarios.

Además, no será preciso tener un título de catalán para concurrir a las oposiciones y se da un plazo de dos años para obtenerlo, aunque si no se consigue no se pierde la plaza pero se impiden los traslados y el cobro de los pluses de carrera profesional.

Gómez ha recordado que el texto del decreto está siendo analizado por el Consejo Consultivo, cuyo informe no es vinculante, y después será aprobado por el gobierno para que esté vigente de cara a las oposiciones, que sacarán a concurso 5.000 empleos públicos.

Ha insistido en su llamamiento a la ministra de Sanidad para dialogar sobre mejoras del sistema público de salud y ha apelado también a su comprensión del decreto de catalán en Baleares dada su condición de catalana.

Marchas contra la imposición del catalán
Unas 2.500 personas se manifestaron hace unos semanas por las calles del centro de Palma para protestar contra el proyecto de decreto que aprobará el Govern balear para exigir a partir de este año la acreditación del conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública de las islas.

La marcha fue organizada por la plataforma ciudadana “Mos Movem, En Marcha, Let’s go” y el lema era “Los idiomas no salvan vidas-Por una sanidad sin fronteras lingüísticas”.

La empresaria Úrsula Mascaró, impulsora de este movimiento, consideró que esta medida es “excluyente” y “dificulta la captación y fidelización” de profesionales sanitarios y no sanitarios en las islas porque el decreto también afecta al personal de cocina o mantenimiento.


 


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