AGLI Recortes de Prensa  Viernes 9  Marzo 2018

El virus patógeno de la economía española (DDD)
La economía española se verá abocada a un peligroso cóctel explosivo
Germán Gorráiz López diariosigloxxi  9 Marzo 2018

El milagro económico del paraíso neoliberal de Rajoy estaría amenazado por la aparición de un nuevo virus patógeno,(el DDD) que podría acabar por arrasar con todo rastro de brotes verdes en la economía española al poseer un ADN dotado de la triple enzima D (Deuda Pública desbocada, Depreciación del poder adquisitivo y Desempleo endémico).

Deuda Pública desbocada
Según el Ministerio de Economía, la Deuda pública de España en el 2017 alcanzó el techo estratosférico del 98,08% del PIB nacional, (1,114 Billlones €), lo que representa un crecimiento imparable desde el 2005 cuando la Deuda rondaba el 42% del PIB nacional (casi 400.000 millones de €), cifra desorbitante que podría actuar como espoleta de una metástasis recesiva en la economía española. Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del baby-boom comience a fallecer,dibujándose un escenario insostenible para el 2021 en que la "tasa de dependencia" según el INE, crecerá en un 57%. Ello supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados, parados o estudiantes por cada persona activa lo que podría conllevar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2.021.

Depreciación del poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas
Según la Confederación Europea de Sindicatos (CES), se habría producido un descenso de los salarios medios del 0,8% en el 2016 respecto al año anterior, lo que agudizará la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora con la consiguiente contracción del consumo interno. Por otra parte, según el Consejo Económico y Social, 422.600 hogares vivían gracias a la pensión de los abuelos con ingresos medios de 840 € y que a pesar de su exigüidad, constituía hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español , pero teniendo en cuenta que se ha establecido por Ley un mínimo incremento de las pensiones de un 0,25 %, el colchón familiar verá reducido su grosor y se elevará el riesgo de pobreza y fractura social. Así, según Cáritas, tres millones de personas vivirían ya en situación de "pobreza severa" ( menos de 307 euros al mes) mientras el número de millonarios en España habría aumentado un 13% en el último año según datos de Eurostat, con lo que se está agudizando de forma vertiginosa una fractura social de resultados impredecibles.

Desempleo endémico
El milagro económico del paraíso neoliberal de Rajoy (reducción de la tasa del paro del 23,5% al 16,5%), tendría como efectos colaterales el incremento desmesurado del trabajo precario en España (más de 6 millones de personas), la desaparición del mito del puesto de trabajo vitalicio ( tasa del 90% de contratación parcial) y progresiva pérdida de poder adquisitivo de asalariados y pensionistas pues según el FMI “el ajuste económico español se habría producido mediante la caída de la producción y el incremento del paro, pero insuficiente en el lado de los salarios hasta fechas recientes” y de seguir obviando la inversión en inteligencia, España podría convertirse en la próxima década en un país tercermundista a nivel de investigación e innovación, condenado a comprar patentes extranjeras y producir productos de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o nula cualificación y fácilmente explotable, con salarios seiscieneuristas e interinidad vitalicia.

Conclusiones:
Si la Deuda Pública prosigue su vuelo por la estratosfera, los salarios y las pensiones siguen congelados o con incrementos inferiores al IPC, el crédito bancario sigue sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales a pymes, autónomos y particulares y no se aprovecha la dilación en los plazos para reducir el déficit establecidos por la Comisión Europea en incrementar la inversión en Obra Pública y reducir el desempleo, la economía española se verá abocada a un peligroso cóctel explosivo,(el DDD), cuyos ingredientes serían una depreciación del poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, una deuda pública desbocada así como desempleo endémico que podría generar una década de estancamiento en la economía española, rememorando la Década perdida de la economía japonesa.

La financiación “suficiente” abre la puerta a más derroche
OKDIARIO  9 Marzo 2018

El grifo del dinero público no debe aumentar su caudal para sostener a los partidos políticos. Los españoles están cansados de financiar estructuras elefantiásicas con aroma a clientelismo y repletas de enchufados. ¿Cuánto vale esa financiación “suficiente” de la que hablan PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos? De partida, el pacto llama la atención aunque sólo sea por los compañeros de viaje. Dado el comportamiento que han tenido los dirigentes de Podemos en los últimos meses —mención especial a su deslealtad en Cataluña— chirría la unión repentina de Ciudadanos con ellos. Sobre todo si tenemos en cuenta la férrea conducta que ha tenido la formación presidida por Albert Rivera hasta el momento. Resulta más normal lo del PSOE, ya que lamentablemente el bandazo parece el estado natural en la formación del puño y la rosa de un tiempo a esta parte. Por eso, ver ahí a Rivera se hace difícil de entender.

En cuanto a la medida en sí, más allá de exigir una mayor cantidad de dinero para sostener unos partidos que en ocasiones parecen empresas, lo que habría que poner sobre la mesa son las normas para aumentar la transparencia y el control sobre las cantidades que reciben todas las formaciones, como sucede en los países más importantes del mundo. Tanto en los ingresos públicos —que ya rondan el 80%— como en los privados. Es ahí donde habría que incidir en vez de seguir exprimiendo la ubre del dinero público. Especialmente cuando, al mismo tiempo, esos partidos reclaman subidas de aspectos tan perentorios como las pensiones o el salario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Constitución tiene reformas más urgentes y necesarias que la financiación de los partidos. De hecho, para acometerla, antes deberían resarcirse las cuestiones anteriormente citadas y, por su puesto, asegurar al ciudadano una honradez inexcusable. También, establecer las penas para quien malverse el dinero de los contribuyentes.

Algo que ya sucede en países como Francia, donde la financiación de los partidos políticos está ente lo público y lo privado. Un sistema al que debería dirigirse España. No obstante, allí los controles son mucho más duros que en nuestro país, una asignatura pendiente que nuestro sistema tiene que aprobar antes de exigir más dinero al Estado. En el país galo, por ejemplo, aunque las donaciones de particulares están permitidas, no así las de empresas. En Reino Unido, la trasparencia es total y la mayor parte de la financiación es privada, igual que ocurre en Estados Unidos. La diferencia principal con respecto a nosotros es que, a pesar de que no siempre se evitan los casos de corrupción, la lupa pública sobre cada movimiento es gigantesca. Aquí, antes de pedir, habría que asentar, asegurar e impulsar la absoluta limpieza. De otro modo, sería difícil de explicar a los españoles. Al fin y al cabo, que nadie lo olvide, se trata de su dinero.

SEGÚN EL CIS
Sigue aumentando el número de españoles que quiere un Estado sin autonomías
La Gaceta   9 Marzo 2018

Mientras disminuye el porcentaje de personas que defiende una mayor descentralización del Estado o directamente la independencia de regiones, cada vez hay más ciudadanos que apuestan por un Estado sin autonomías.

Los partidarios de un único gobierno central sin autonomías han aumentado 2,4 puntos en el barómetro de febrero del CIS, en el que bajan tanto los que prefieren un estado con comunidades con más autonomía como los que quieren que se las reconozca la posibilidad de declarar su independencia.

Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, elaborada del 1 al 12 de febrero, el porcentaje de quienes apuestan por un Estado con un gobierno central sin autonomías subió ese mes al 20,3 por ciento frente al 17,9 por ciento de enero.

Por contra, bajan 3,2 puntos respecto a enero los que apuestan por un estado con comunidades con más autonomía hasta situarse en febrero en el 12,6 por ciento frente al 15,8 por ciento del mes anterior.

Menguan los independentistas
Casi un punto, un 0,9 por ciento, desciende el porcentaje entre los que defienden un estado en el que se reconozca a las comunidades la posibilidad de convertirse en estados independientes, que en febrero son el 9,7 por ciento de los encuestados y en enero fueron el 10,6 por ciento.

Bajan también los que se decantan por que el Estado autonómico continúe como hasta ahora, un 36,4 por ciento frente al 37,9 registrado en enero, así como los que quieren que las comunidades tengan menos autonomía, que pasan del 10,6 por ciento de enero al 9 por ciento en febrero.

En cuanto a los sentimientos de pertenencia, el barómetro del CIS indica que el 52,6 por ciento de los encuestados se siente tan español como miembro de su comunidad autónoma, el 16,1 por ciento únicamente español y el 6,8 más español que de su comunidad.

El 5,6 por ciento se considera solo ciudadano de su comunidad y el 12,1 por ciento más de su comunidad que español.

El desafío separatista y… ¿las pensiones?
La cifra de personas que apoya un Estado sin autonomías crece mes a mes, barómetro tras barómetro. El motivo principal es el desafío separatista catalán, que ha hecho también descender el porcentaje de ciudadanos que apoya la independencias de los territorios.

Además, en pleno debate por las pensiones, crecen las voces que ponen de manifiesto el gasto elefantiásico que suponen las autonomías y que podrían suplir otras partidas más urgentes.

Las comunidades autónomas cuestan 90.000 millones de euros al año en gastos corrientes, a los que hay que sumar las partidas de subvenciones, inversiones, obras y servicios, con lo que la cantidad asciende a casi 165.000 millones de euros. Frente a ello, las pensiones en España suponen un coste total de 125.000 millones. Es decir, que para garantizar el sistema y mejorar la cantidad que cobran los pensionistas con menos ingresos hay un margen de 40.000 millones de euros al año.

Una cantidad que sería algo inferior dado que el Gobierno Central debería asumir una parte del coste de los servicios que dan las comunidades autónomas y que no están cubiertos por los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

En este sentido, el presidente de VOX, Santiago Abascal, lanzó una campaña el pasado mes de enero para que los españoles elijan si optan por mantener el modelo autonómico o el sistema de pensiones.

CÁMARA DE COMERCIO DE EEUU
‘Las empresas de EEUU en España piden la unidad territorial’
La Gaceta   9 Marzo 2018

Las empresas estadounidenses presentes en España piden “mayor seguridad jurídica” y “unidad territorial”, según el presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmCham Spain), Jaime Malet.

En una entrevista con Efe, Malet ha expresado también la “enorme preocupación” de los socios de AmCham Spain por el retraso que muestra el país en su adaptación a la cuarta revolución industrial que se caracteriza por la explosión de las tecnologías digitales y la aplicación de la inteligencia artificial.

En cuanto a la seguridad jurídica, el presidente de la Cámara ha calificado de “locura” el hecho, por ejemplo, de que el impuesto de sociedades haya sufrido en los últimos cinco años “más de doscientos cambios legislativos”.

Contra la fragmentación autonómica del Estado
“No tiene sentido” tampoco, a su juicio, la fragmentación en 17 regiones de un mercado (el español) “relativamente pequeño para las grandes compañías americanas” que operan a su vez en los 28 mercados de la Unión Europea.

Igualmente figuran entre las reclamaciones de los miembros de AmCham Spain el abaratamiento de los precios de la energía (“duplican la media europea”) y una menor burocracia.

“Vemos una cantidad impresionante de trabas” para cualquier gestión que requiera pasar por una ventanilla, “excepto pagar impuestos; en eso sí que somos buenísimos, y yo lo digo con orgullo porque es bueno tener una administración tributaria tan eficiente”, ha comentado este empresario y abogado catalán.

Por otro lado, “hay una cierta impresión transversal entre los socios de mi organización de que España está muy poco preparada para las disrupciones que vienen con la cuarta revolución industrial”, ha advertido.

En particular, “tenemos una enorme preocupación por todo lo que tiene que ver con la preparación de la población al mercado de trabajo”.

Malet cree que España “tiene mucho recorrido”, pero recomienda ponerse a trabajar y dejarse de disputas ideológicas para conseguir una educación de mayor calidad.

El problema de la Educación
“Hay mucho apriorismo en el tema educativo en España” y “no hay una orientación hacia la meritocracia de los estudiantes, ni de los profesores, ni de la competencia entre las universidades”.

Todo eso hace, según Malet, que el sistema “sea muy ineficiente y que no tengamos ni una sola universidad entre las 150 primeras, lo cual es una lacra”.

“Tenemos buenas escuelas de negocios, una educación buenísima para manejar compañías, pero primero hay que crearlas, y eso en España falta”, añade.

En resumidas cuentas, “hay una falta de interés por lo que está llegando” y ese desinterés, si se prolonga, “puede hacer que el país se quede atrás”.

Malet reivindica a este respecto el ejemplo de EEUU, “un modelo de mucho éxito”, asegura.

“Si se mira un poco qué compañías están liderando en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ‘big data’, ‘analitics’, robótica, 3D -todo lo que va a suponer un cambio enorme en la forma de fabricar, de distribuir, de consumir o de entender el ocio-, casi todas son americanas”, subraya.

Europa: los símbolos judeocristianos desaparecen y el islam crece
Giulio Meotti lagaceta.eu  9 Marzo 2018

Unos escritores franceses acuñaron el término "le grand remplacement" para referirse al reemplazo demográfico de los nativos europeos por inmigrantes. Sin embargo, se está produciendo otro reemplazo en el viejo continente.

Observen las imágenes tomadas por la fotógrafa israelo-húngara Bernadett Alpern. Sinagogas —testigos silenciosos de la caída de una rama fundamental de la civilización europea— convertidas en museos, piscinas, centros comerciales, comisarías y mezquitas.

Ahora le toca el turno a las estrellas de David y las kipás, los dos símbolos judíos más visibles. Una encuesta realizada por la OSM reveló hace poco que al menos la mitad de los judíos de Europa no se sienten seguros cuando llevan los símbolos de su fe. Con razón. Hace unos días, dos hombres pegaron a un niño judío de 8 años que llevaba una kipá por la calle, en Sarcelles. Antes, en enero, en el mismo suburbio, un hombre le rajó la cara a una muchacha judía de 15 años que volvía a casa andando y llevaba puesto el uniforme de su escuela judía. Es la "nueva normalidad" para los judíos franceses.

Las élites europeas llevan años predicando el multiculturalismo y el relativismo religioso y cultural. Ahora nos vemos teniendo que soportar no sólo nuevos ataques a los habitualmente acosados judíos y su fe, también una descristianización general.

Una histórica iglesia alemana, San Lamberto, fue demolida el mes pasado. Este lugar católico de Alemania, del siglo XIX, se destruyó para hacer sitio a una mina de carbón. Es una triste ironía que la única organización que protestó contra esta vergonzosa destrucción fuese una laica y no cristiana: Greenpeace. Cuarenta activistas escalaron a lo alto de la iglesia para protestar por su demolición. Mostraron pancartas que decían: "Los que destruyen cultura también destruyen personas".

El abandono de las viejas iglesias no es una cuestión económica. El año pasado, los ingresos de la Iglesia Católica alemana alcanzaron un récord de 7.100 millones de dólares. Es más bien una cuestión de declive cultural. Esa es la suerte que están corriendo muchos otros lugares cristianos en Europa.

El mercado inmobiliario británico está manejando ahora una incorporación especial: las antiguas iglesias católicas. Recientemente se puso a la venta una antigua iglesia metodista en Surrey, por primera vez en sus 154 años de historia. Unos días después, una iglesia de Londres entró en el mercado convertida en apartamentos.

Los símbolos religiosos son una parte integral de la civilización. "El comunismo fue una especie de falsa religión, aunque tuvo su propia liturgia", dijo el escritor francés Michel Houellebecq en una reciente entrevista. "Es mucho más difícil destruir una religión que un sistema político. Y la religión desempeña un papel clave en la sociedad y en su cohesión".

Cuando desaparecen los viejos símbolos, los nuevos —con sus propias identidades— ocupan su lugar.

"El islam es una reacción al cristianismo, al que quiere sustituir", según el profesor Rémi Brague, autor del nuevo libro Sur la religion (Sobre la religión). El islam, según Brague, es un intento de reemplazar a la civilización judeocristiana. El imaginario público de Europa se está inundando ahora de símbolos islámicos, desde los velos en colegios, piscinas y lugares de trabajo al volumen y peso de los minaretes de las mezquitas.

Brague añade que "las instituciones libres apenas se han desarrollado en las áreas que no recibieron la influencia de las ideas judías o cristianas". El cambio, por lo tanto, también debería preocupar a los laicos, a los que no les podría importar menos la religión.

Nosotros, los laicistas impenitentes, deberíamos sentir una tranquila indiferencia ante la caída de los viejos símbolos religiosos, pero no deberíamos sentir indiferencia ante los nuevos símbolos religiosos que están ocupando su lugar.

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Sadomasoquismo lingüístico
María Jamardo okdiario  9 Marzo 2018

Es despertar y sentir cómo la lengua te recorre de arriba abajo, desde la planta del pie derecho hasta el pliegue del lóbulo de la oreja izquierda. La lengua carnosa, húmeda, inquieta. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Una herramienta esencial en el día a día que en plena era digital se desliza con fuerza y no ha encontrado soporte mejor para las relaciones humanas, por mucho smarphone, whatsapp y redes sociales que nos sirvan de conexión. La lengua se entrelaza en lo más íntimo de las personas cuando besan, cuando hablan y cuando saborean. Y algunos han decidido amordazarla. Agujerearla con un piercing para restarle movilidad y someterla a imposiciones absurdas. Como si la lengua no fluyese con vida propia, para liberarse de la claustrofobia punto en boca. Como si la lengua pudiese acotarse en un laboratorio y resecarse sin tener en cuenta la voluntad individual de cada legítimo portador.

Las lenguas no tienen derechos, ni necesitan protección. Las lenguas son de las personas a las que sirven y a ellas corresponde su elección libre, desatada, promiscua a veces: español, catalán, gallego, inglés… Todos construimos el lenguaje a base de manosearlo, desgastarlo, destrozarlo, remendarlo e inventarlo. Todos decidimos, sin saberlo, cuál debe ser su evolución. Qué lenguas deben sobrevivir y cuáles no. Ya lo hemos experimentado antes y mírennos, seguimos aquí, progresando, madurando e interactuando sin el griego clásico y sin el latín. Las lenguas regionales, sufrirán sin paliativos una selección natural en un mundo profundamente abierto, tecnológico, economicista y global. Darwinismo lingüístico. Pragmatismo comunicativo Apocalipsis idiomático. Llámenlo como quieran.

Asumámoslo. Un pequeño club de lenguas están llamadas a usarse con cada vez más intensidad y fruición, a ser las preferidas y mayoritarias —en detrimento de otras abocadas a la extinción— y una de ellas es el español. La segunda más hablada en todo el mundo, por detrás del chino mandarín. Absurdo entonces relegarlo a un segundo plano, subyugarlo por obra y gracia de la tiranía política, aislarlo en un reducto legislativo que a duras penas conseguirá resultados prácticos a largo plazo ni evitar a muchos ciudadanos inconvenientes prácticos y dosis doble de discriminación y frustración. Y a pesar de ello los nacionalismos en España, en su ceguera total, en su perenne masturbación identitaria, en su recurrente paletismo intelectual, han diseñado un conflicto artificial para potenciar —convenientemente regadas de subvenciones, ayudas públicas y campañas de propaganda— lenguas como el catalán, el gallego, el euskera o el valenciano, obviando que la cooficialidad reconocida por la Constitución habla de igualdad y libertad de elección de sus usuarios, nunca de imposición.

Qué más da. Cualquier excusa es buena para que el Estado justifique su intervención. Cualquier oportunidad aprovechada sin escrúpulos para complicar la vida a los ciudadanos y centrar en la anécdota su atención. Listas de nombres y apellidos con pedigree en Galicia y guías para normalizar los que no, cortesía del “nacionalismo amable” del PP de Feijoo; ahogamiento —me niego al eufemismo de la inmersión— de escolares en Cataluña, fruto de las perversiones supremacistas del Plan 2000 de Pujol; médicos en Baleares relegados al ostracismo profesional porque no dominan el catalán, aunque sean eminencias en su especialidad. Claro que sí, lo prioritario qué va a ser la salud, lo importante es satisfacer la fantasía pancatalanista de Armengol. Bondadge intensivo al español. Sadomasoquismo lingüístico hardcore. Disfruten de la sesión dominatriz de la húmeda mientras dure —hasta que algún gobierno central decida finiquitarla con valentía y determinación—. Pagan ustedes.

Baleares. Terror por la expulsión de médicos no catalanizados
La Verdad Ofende  latribunadelpaisvasco.com  9 Marzo 2018

José Luis Sánchez, coordinador de la asociación Actúa Baleares (Ibiza) ha enviado el informe siguiente al medio británico en Ibiza "The Ibizan". Por su indudable interés, lo reproducimos en este espacio.

La inmersión lingüística pancatalanista en Baleares
La imposición del catalán que el gobierno marxista del pacto PSOE-MES y Podemos ejerce, con Francina Armengol al frente, ha dado un nuevo paso liberticida con la normativa que impone el catalán como requisito excluyente para acceder a la sanidad pública. Una sanidad ya resentida en las islas dada la escasez de vivienda y las precarias condiciones laborales que ofrece la administración autonómica.

El caso de Manuel Velasco es sintomático: es cirujano cardiovascular, máster en cirugía cardiovascular pediátrica por la Universidad de Boston y jefe de departamento en el R. B. Hospital en Londres, pero no puede acceder a una plaza en Baleares, y ha regresado a Boston, donde valoran sus servicios tras ser rechazado por no saber catalán, esa lengua mágica que jamás curará cánceres.

Los datos en la sanidad son trágicos. El gobierno nacionalista y socialista de Baleares ha rechazado a 265 sanitarios por no acreditar el catalán. Hablamos de 160 técnicos de Radioterapia y 105 técnicos de Anatomía Patológica que no podrán trabajar ni atender a los pacientes de las islas por no acreditar un nivel determinado de catalán. En Radioterapia, de 270 profesionales presentados, solo 18 fueron admitidos. En Anatomía Patológica se presentaron 167 especialistas, 105 rechazados por no acreditar el catalán.

El “Instituto Balear de la Salud Pública" ha publicado las listas donde se han liquidado plazas a más de 400 auxiliares de enfermería expulsadas de las oposiciones por no tener el estándar que exigen de catalán.

En la enseñanza pública la situación es peor, dramática, gracias a la legislación aprobada por el Partido Popular cuando ha gobernado. Desoyendo las recomendaciones de la UNESCO y de todos los organismos pedagógicos internacionales sobre los beneficios que supone para los alumnos el aprendizaje en lengua materna, el 83% de los centros educativos públicos aplican el 100% de su horario lectivo únicamente en catalán. La ilegal y antipedagógica inmersión obligatoria en catalán domina toda la educación pública y prohíbe que los padres puedan elegir escolarizar a sus hijos en la lengua oficial de España.

El gobierno de la socialista Francina Armengol, y sus socios separatistas de MES, determinan quién es óptimo para escolarizarse o trabajar, según sus supremacistas estándares propios creados “ad-hoc” para catalanizar las Baleares.

La situación es surrealista: el catalán no es la lengua de Baleares, pero se está imponiendo políticamente a través de decretos y de millonarias subvenciones públicas. Sustituyen la lengua balear y expulsan a la lengua común de España: el español. El mallorquín, menorquín e ibicenco, modalidades del balear, está siendo sustituido por el catalán con intencionalidad política: la unidad de la lengua catalana es el instrumento para la creación de los inexistentes “paisos catalans” (Cataluña, Valencia y Baleares) bajo la idea nacionalista de “una lengua, una nación, un pueblo”, teoría popularizada en los años 30 por el partido Nazi (lebensraum, anschluss).

La necesidad de contar con el voto de los partidos nacionalistas para dar estabilidad a los diferentes gobiernos de Madrid ha posibilitado durante más de 30 años la rendición de los gobiernos de la nación a las tesis separatistas, que ya se han destapado golpistas y supremacistas.

Actualmente los partidos de la oposición al actual gobierno nacionalista no defienden la libre elección de lengua en la enseñanza ni se plantean la recuperación del mallorquín, menorquín e ibicenco. Por ejemplo, como si de una broma de mal gusto se tratara, el PP propone que los niños recién nacidos y en la guardería tengan libre elección de lengua (los que no saben hablar). Y Ciudadanos tampoco apuesta por la libre elección de la lengua en todas las etapas educativas, defiende el invento del trilingüismo en porcentajes sin dejar elegir a los padres. No tienen la voluntad política para frenar el pancatalanismo.

La única solución pasa por derogar toda la legislación catalanista que acaba con la libertad lingüística en Baleares e instar a las administraciones y a las mayorías parlamentarias a iniciar la devolución de diferentes competencias autonómicas, empezando por la de Educación y Sanidad. Las libertades y los derechos individuales, la identidad cultural balear y la unidad de España están en peligro si no se acometen urgentemente importantes reformas estructurales.

Los farsantes
Mentiras, traiciones, hipocresía, encubrimiento. En la histeria de su propio vértigo hasta se mentían entre ellos
Ignacio Camacho ABC  9 Marzo 2018

Aplicada al conflicto de Cataluña, la palabra farsa -en su acepción segunda: «acción realizada para fingir o aparentar»- no es una metáfora sino una definición directa, literal, cristalina. No sólo porque todo el procés se haya basado en la intensiva explotación de mitos y de supercherías, ni porque los bulos y las patrañas fueran usadas por el nacionalismo como eficaces armas de intoxicación masiva, sino porque toda la actuación de los dirigentes secesionistas ha constituido una apoteosis de la mentira. Mentían al Gobierno, a los medios de comunicación, a la sociedad catalana entera, y se mentían entre ellos para zafarse de las consecuencias de su propia deriva. Así lo atestigua el flamante memorial autoexculpatorio del exconseller Santi Vila, «De héroes y traidores», un relato urgente y en apariencia arrepentido sobre la histeria política que dominó aquellos convulsos días. Aparecen allí, entre otros dramatis personae, un Puigdemont sobrepasado por las circunstancias, a ratos iluminado y a ratos pesimista; una Marta Rovira inestable y fanática y un Junqueras desdoblado en una esquizoide falsía. Todos perfectamente conscientes, sin embargo, de haberse embarcado en una aventura imposible, en una fuga inútil por el interior de un laberinto sin salida.

Ese ambiente de ofuscación trastornada retrata desde dentro la mendacidad intrínseca de todo el proyecto. Un juego de dobleces, manipulaciones y engaños tramados con plena conciencia del enredo. Una colección de tretas y señuelos destinados tanto a burlar al Estado y sus leyes como a estafar a su propio pueblo con la paparrucha del destino manifiesto. Ni se creían lo que decían ni podían creérselo porque se trata de gente esencialmente desleal, embustera, acostumbrada a no decirle la verdad ni al médico, aliada con la traición, la hipocresía y el encubrimiento. Tipos de una oblicuidad torticera, de los que no cabe esperar un solo atisbo de nobleza o de proceder recto.

Por eso hay que poner en cuarentena toda su conducta en el posproceso. Desde los arrepentimientos de conveniencia ante los jueces hasta el culebrón de la investidura, todo es parte de un mismo propósito falaz que trata de complicar aún más el atolladero. La misma candidatura del preso Jordi Sànchez representa un mero pretexto para denunciar al Supremo en los tribunales europeos. No piensan dar marcha atrás porque quedarían desenmascarados ante sus seguidores, con el cartón al descubierto; ya no tienen otro camino que persistir en la simulación bajo cualquier fórmula y por cualquier medio.

De ahí que el Estado, sabiendo lo que ahora se sabe, carezca de margen para otorgar el beneficio de la duda. El propio Vila se extraña de que las élites de Madrid y Barcelona concediesen confianza a Junqueras sin percatarse de su fenomenal impostura. La primera vez que te engañan la culpa es del mentiroso, pero la segunda es tuya.

El 80 % de sus ingresos son públicos
Los partidos quieren blindar en la Constitución una financiación pública “suficiente”
Luz Sela okdiario  9 Marzo 2018

El informe aprobado este miércoles por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en la subcomisión que estudia medidas para mejorar la financiación de los partidos políticos pretende blindar como derecho constitucional su propia financiación.

En concreto, una de las 75 medidas que contiene el texto, establece que “la financiación de las formaciones políticas debe tener en cuenta la fundamental labor de canalizadoras de la participación política de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones” y por ello, consideran, “es preciso que el sistema de financiación que se establezca tenga en consideración la necesidad de garantizar un nivel de recursos suficiente para que los partidos políticos puedan cumplir plenamente con sus funciones constitucionales”. “Sería conveniente evaluar la posibilidad de que este principio de suficiencia en la financiación de los partidos políticos se recoja en el propio artículo 6 de la Constitución para garantizar que los partidos dispongan de las condiciones para cumplir con su papel constitucional”, añade el informe.

El mencionado artículo 6 únicamente indica que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”, que “su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley” y que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Los partidos no concretan que consideran “suficiente”, una acepción que deja abiertas las interpretaciones del Gobierno que se trate.

El 80% de ingresos es público
En la actualidad, el 80 por ciento de los ingresos que reciben los cuatro partidos mayoritarios son de origen público. El ministerio del Interior, por ejemplo, repartirá este año 52,7 millones de euros entre las formaciones con representación parlamentaria: el PP recibirá 17,4 millones de euros para la organización nacional y otros 1,4 millones de euros para PP-Partido Aragonés (682.195 euros), Foro de Ciudadanos(466.988 euros) y UPN (261.846 euros); el PSOE, 10,8 millones (más 1,19 millones del PSC y otros 483.000 de Nueva Canarias; Unidos Podemos, 7,1 millones de euros (más 1,88 de En Comú Podem y 775.513 euros para En Marea) y Ciudadanos, 6,3 millones.

La cifra se mantiene constante desde hace años, tras alcanzar su esplendor en 2011, cuando llegó a los 82 millones de euros. Además, los partidos reciben dinero público para sufragar gastos de seguridad, cubrir sus gastos electorales o por su funcionamiento en las Cortes Generales y en el resto de órganos de representación territorial. Por poner un ejemplo, en las pasadas elecciones en Cataluña, los partidos recibieron 16.191,6 euros por escaño.

Además, en el caso del Congreso, éste señala que “pondrá a disposición de los Grupos Parlamentarios, locales y medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su Presupuesto, una subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de Diputados de cada uno de ellos”. Las actuales cuantías son de 28.597,08 euros mensuales por grupo parlamentario además de una subvención variable de 1.645,49 al mes por cada diputado.

El informe tendrá que ser ratificado el próximo miércoles en una reunión de la Comisión de Calidad Democrática. El PP ha avanzado que lo rechazará al incluir propuestas solo pactadas entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, como que las primarias de los partidos se sufraguen a cargo de los Presupuestos.

Una vez que el informe sea avalado por la comisión, será elevado al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva. Las recomendaciones podrán transformarse después en iniciativas legislativas que los promotores del mismo no descartan impulsar conjuntamente.

El informe de la subcomisión sugiere actualizar el régimen jurídico de los partidos políticos con la inclusión de primarias para la elección de candidatos a la Moncloa y los gobiernos autonómicos y locales con una determinada población. Piden también que no haya una exigencia “excesiva de avales” para concurrir, que la financiación de las campañas sea transparente y que se busque un «procedimiento singularizado» para que las primarias reciban algún tipo de financiación pública.

También apuestan por reformar el Tribunal de Cuentas para reforzar su independencia -que sus miembros tengan las mismas incompatibilidades que los jueces-su capacidad de control e investigación sobre las cuentas de los partidos y también de imponer medidas coercitivas y sanciones. En concreto, piden que puedan retener las subvenciones públicas a los partidos que no le remitan su contabilidad.

En el plano penal, demandan revisar el delito de financiación ilegal de los partidos para rebajar “significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión”, así como tipificar la manipulación de las cuentas anuales.
 


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