AGLI Recortes de Prensa  Sábado 10  Marzo 2018

Rajoy insiste en el error de aumentar el gasto
EDITORIAL Libertad Digital 10 Marzo 2018

España todavía no ha salido de la crisis y la clase dirigente ya está sembrando las semillas de la siguiente a base de ceguera ideológica y grandes dosis de irresponsabilidad política. El PP se ha metido de lleno en precampaña electoral tras los malos resultados que arrojan las encuestas y, lejos de reflexionar sobre las causas que están originando la fuga de votantes, prefiere tirar de chequera, asfixiando todavía más a su masa natural de electores, con el único fin de buscar el apoyo social de la forma más rápida y sencilla posible. Pero, una vez más, se trata de un grave error.

Por un lado, el Ministerio de Fomento ha aprobado este viernes el Plan Estatal de Vivienda2018-2021, dotado con cerca de 1.400 millones de euros, un 62,5% más que el anterior, y que, entre otras medidas, concederá elevadas subvenciones públicas a los menores de 35 años que alquilen un piso, así como ayudas a la compra de vivienda en zonas rurales. Más allá del despilfarro de dinero que supone semejante proyecto, lo grave es que impulsará al alza el precio de los alquileres, perjudicando de paso a los jóvenes con menor poder adquisitivo.

El aumento de la demanda de alquiler registrado en los últimos años se está traduciendo en un alza de las rentas como consecuencia de la falta de oferta inmobiliaria que presentan algunas zonas, especialmente las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Las filiales municipales de Podemos han paralizado la construcción de decenas de miles de nuevos pisos, presionando al alza los precios. Subvencionar a los jóvenes tan solo incrementará la demanda y, por tanto, el alquiler se terminará encareciendo todavía más. Es decir, esta medida no solo no soluciona nada, sino que agravará el problema. Y ello sin olvidar que esta perjudicial ocurrencia del PP supera de forma muy sustancial la tristemente famosa "renta de emancipación" que en su día aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que tanto criticaron los populares entonces, demostrando con ello la enorme hipocresía y cinismo que existe en Génova.

Lo mismo sucede con las alzas salariales acordadas este viernes entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos de funcionarios. El Gobierno subirá los sueldos públicos entre un mínimo del 6,1% y un máximo del 8,8% en tres años, al tiempo que volverá a crear empleo público neto, permitirá reducir la jornada laboral a 35 horas semanales y eliminará los descuentos salariales por incapacidad temporal. Más allá del sustancial incremento del gasto público que supondrá este pacto, el acuerdo no contiene ni una sola mención a la necesidad de elevar la productividad de los funcionarios, mejorar la eficiencia de los servicios o eliminar la enorme grasa estatal que todavía existe tanto a nivel nacional como autonómico y municipal. La austeridad brilla por su ausencia, puesto que España cuenta hoy con cerca de 70.000 empleados públicos más que antes de la crisis.

Que el PP se embarque de nuevo en la descontrolada senda del gasto ya es preocupante per se, pero que lo haga con la recuperación económica a medio hacer, con el déficit todavía superando el límite del 3% que marca el Pacto de Estabilidad de la UE y con una deuda pública próxima al 100% del PIB constituye una insensatez mayúscula. España ya ha entrado de lleno en el mercado persa de la precampaña electoral y el contribuyente, una vez más, tendrá que abonar la factura.

¿Pensiones dignas?
Santiago Abascal Libertad Digital 10 Marzo 2018

Las recientes manifestaciones por unas pensiones dignas, lideradas por un Podemos que no ha llegado a especificar si por pensión digna entiende el recorte en las mismas que han tenido que sufrir los griegos por culpa de sus hermanos de Syriza, suponen el último ejemplo de la podredumbre moral e intelectual del arco parlamentario. Un tema tan relevante demandaría un profundo sentido de Estado para abordar la cuestión, pero nada más lejos de la realidad. Ni estudio ni debate riguroso. Solo eslóganes de pancarta y muletillas fáciles de reproducir.

Podemos, ese partido que deseaba que los yayos se murieran pronto cuando constataron que no les votaban, se aferra ahora a ellos enarbolando la bandera de las pensiones, viciando y manipulando el debate desde esos grandes medios de comunicación especialistas en desestabilizar envolviendo cualquier falsedad bajo su particular celofán alarmista. La ausencia de proyecto e ideario en los otros tres partidos con amplia representación parlamentaria los empuja a acomodarse a lo que las encuestas dictan, viéndose necesitados de ofrecer no soluciones sinopagarés convertibles a corto plazo en apoyo electoral.

Es evidente que España tiene un problema con el sistema de pensiones, pero no el problema que se quiere vender. Cuando se habla de "pensiones dignas" se apunta demagógicamente a la cuantía de las mismas, pero según datos de la OCDE la tasa de reposición de las pensiones en España, que es la cantidad que cobra un pensionista en comparación con el último sueldo que tuvo como trabajador activo, es del 82%, mientras que la media de la OCDE apenas se sitúa en el 63%, siendo aún más dramático lo de países de nuestro entorno como Alemania o Reino Unido, con tasas del 37 y el 30%, respectivamente. Eso quiere decir que un trabajador que se jubile con un sueldo de 1.000 euros percibe de media en España 820 euros de pensión. No es por tanto un problema de cuantía.

La realidad es que lo que amenaza la estabilidad del sistema de pensiones es la cotización, es decir, la financiación del sistema. Lo capital de cualquier modelo de pensiones es que se cotice, de la misma manera que para que un coche se mueva lo importante no es que sea caro y de alta gama, sino que se le eche combustible. Y en este sentido, los mayores enemigos de la estabilidad del sistema de pensiones no son otros que la fiscalidad y el desempleo. El Partido Popular eligió el camino de la fiscalidad poniéndola a niveles casi confiscatorios para cuadrar las cuentas del Estado, entre las que destacan por su cuantía las duplicidades del hipertrofiado y desleal Estado autonómico, e incluso Pedro Sánchez insistió recientemente en ahondar en el error proponiendo aumentar todavía más los impuestos para sufragar las pensiones. Sorprendentemente, a ninguno se le ocurre nunca plantear la eliminación de unos gastos tan dramáticos y cuestionables para poder destinar esos fondos a la actualización de las pensiones. Y, en cualquier caso, ninguno parece tener en cuenta el nefasto efecto que una alta fiscalidad tiene sobre la competitividad y el empleo. De la misma manera que la presión fiscal y la hiperregulación limitan salarios y destruyen o impiden que florezca el empleo, que es la base de cómo se cotiza al sistema de pensiones, bajar impuestos y limitar la regulación no solo crea empleo, sino que genera un dinamismo que repercute en una mejora de salarios y aumenta la recaudación por todos los conceptos fiscales. Trump ha sido el último en demostrarlo. Y es por ello por lo que incentivar el empleo mediante las bonificaciones sociales, camino elegido por el Gobierno, solo genera bajos salarios, alta rotación y poca cotización, que repercute no solo en la financiación del sistema hoy, sino que, y muy especialmente, lo hará en la cuantía de las pensiones futuras.

Por supuesto que existen pensiones bajas, pero ni son la mayoría ni lo son por un problema de cuantía. Cuando una pensión es baja lo es porque, por diversos motivos que deben ser parte de una reflexión más profunda, no se ha cotizado lo suficiente. Por eso es imperativo que no se contamine con argumentos que no vienen al caso. Ni la demagogia puede liderar este debate ni puede llevarse a cabo bajo el chantaje populista de quienes han tomado a los pensionistas por rehenes de sus planes políticos. Hoy no tenemos un problema de cuantía, pero sí que podemos tenerlo en una década si seguimos deslumbrados por fuegos de artificio morados que nos desvían de lo esencial. Quizás una solución pase por aumentar los recursos del sistema recortando gasto político y administrativo, duplicidades autonómicas y subvenciones a fondo perdido a todos esos colectivos que parasitan su existencia alrededor de la ingeniería social, de forma que no lleguemos a tener que plantearnos el dilema de tener que elegir entre becas o pensiones, o médicos o pensiones. Pero quizás también sea hora de plantearse un debate profundo sobre la arquitectura misma del sistema. El modelo de reparto fue ideado por la Alemania de Bismarck en el siglo XIX, por lo que cabe reflexionar sobre su natural obsolescencia y sobre su capacidad para ofrecer soluciones al reto que para las pensiones plantean la cuestión demográfica, la revolución digital y su impacto en el mercado laboral.

No son pocos los países de nuestro entorno que ya han iniciado esta reflexión. Suecia o Francia, máximos adalides de lo público, ya han comenzado la transición desde el modelo público de reparto al sistema mixto basado en cuentas nocionales. Vox hace tiempo que asumió ese reto, planteando la posibilidad de avanzar en esa misma dirección adoptando el modelo mixto, basado en un pilar social con cargo a los Presupuestos del Estado, un pilar de ahorro voluntario y un pilar obligatorio de capitalización. Pero es responsabilidad del Gobierno no dejarse arrastrar por la corriente populista de quienes buscan crear el caos porque solo en el caos son capaces de subsistir, olvidarse de cálculos electorales y abrir un debate serio sobre el modelo que ha de asegurar no solo la cuantía de las pensiones sino también su actualización y su plena financiación. En esta materia, España ya ha perdido demasiado tiempo.

Santiago Abascal, presidente de Vox.

Pedro Sánchez: hasta la derrota final
Gonzalo Duñaiturria okdiario 10 Marzo 2018

Desde el retorno de Pedro Sánchez a la Secretaría General de los socialistas españoles, hemos visto como se encuentra desaparecido de la escena política española hasta que con una nueva “ocurrencia” reclama para sí los focos mediáticos en ruedas de prensa ocasionales y esporádicas, siempre vacías y repetitivas, acompañado como no podía ser de otra forma de machacones mensajes en las redes sociales donde plasma el nulo programa que el socialismo español, quizá como el socialismo en general, pueden ofertar hoy a nuestra sociedad. A la vista de los últimos acontecimientos, y debates surgidos sobre nuestra piel de toro, nos encontramos ante un pseudolíder y ante un partido, el socialista, que sólo actúa como comparsa de un interés electoral mal analizado, poniendo “blanco sobre negro” la bisoñez de un dirigente y de un partido desprovisto, si es que alguna vez lo tuvo, de sentido de Estado, voluntariamente relegados ambos a las verdaderas necesidades que reclama la actual sociedad.

Sánchez sigue instalado en su “no es no”, sin analizar que ya esa barata y fútil estrategia, cuyo tronco consiste en oponerse a lo que proponga el gobierno sin reflexionar sobre su contenido y su posible necesidad, cada vez produce mayor lejanía por parte de la sociedad, del electorado. La sociedad percibe cada vez con más claridad las ideas peregrinas y los hechos “de fachada” de un responsable y de un partido en franca decadencia. Sus principales propuestas económicas radican en la subida de impuestos y el ahogo fiscal a quienes trabajan horas, mostrando los eslóganes y dogmas totalitarios que componen la ideología que ha venido a continuar el apolillado materialismo totalitario que, lo debe desconocer Sánchez, se desplomó a finales de los ochenta. Es mezquino. Por su negativa, por ortodoxia y resentimiento, en apoyar un candidato español a la vicepresidencia del Banco Central Europeo por el mero hecho de ser del Partido Popular.

Por su oferta añeja de cebar de impuestos a la banca y, como no, por escenificar un rechazo a consensuar una óptima política educativa sin hacer la más mínima reflexión y autocrítica de cómo es posible que con leyes educativas socialistas desde los años 80, nuestros jóvenes sean los peor preparados de Europa. Pero Pedro y los suyos y ante tamaña desorientación siempre sacan a pasear su “mantra”. Desenterrar a los muertos del Valle de los Caídos y volver a ofertar un guerracivilismo rayano entre el revanchismo y la manipulación. Sánchez tiene un sentido de la decencia política muy tullido y su comportamiento como español y su lealtad al Estado, en asuntos de interés internacional, en definitiva, de importancia nacional, produce vergüenza y bochorno, ya que desde su ceguera de estadista, que no discernirá sobre su significado, no desaprovecha ocasión de atacar al jefe del Gobierno en lo que hace referencia a su política internacional, entorpeciendo cualquier iniciativa que se presente por España, que pueda redundar en bien del país.

Pedro sigue con su viaje a ninguna parte, no se da cuenta de que “soplar y sorber” a la vez no es posible. Pedro quizá no sepa qué quiere ser de mayor. Es la confirmación de la mediocridad y refleja el motivo por el cual, él socialismo hoy en día va camino directo a la desaparición. La sociedad evoluciona, progresa y vientos de esperanza caminan ya por la vieja Europa. La ceguera política va perdiendo adeptos y aun así, Pedro sigue pontificándolo todo, sin vergüenza. Lo dijo Eugène Delacroix, pintor romántico francés del siglo XIX: “Las personas mediocres tienen una respuesta para todo y no se sorprenden de nada”.

El Estado providente y el pagano, acogotado a impuestos
“Apenas son suficientes mil años para formar un Estado; pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo.” Lord Byron
Miguel Massanet diariosigloxxi 10 Marzo 2018

Parece que hemos entrado en unos momentos en los que toda reminiscencia de sentido común, de lógica, de sensatez y de prudencia ciudadana se van esfumando para dejar paso a una suerte de paranoia colectiva que se ha apoderado de una parte significativa del pueblo español, que parece que prefiere dejarse llevar por utopías ilusorias, proyectos irrealizables, sueños quiméricos y obsesiones disparatadas de modo que, abandonando los métodos democráticos y los procedimientos propios de todo Estado de derecho se ha decantado por una suerte de sistema anárquico optando ( dirigida convenientemente por sindicatos y partidos de izquierdas con los que, en la actualidad, vienen colaborando en busca de provecho propio los separatistas de Cataluña buscando utilizar cualquier posibilidad debilitar al Estado de la que aprovecharse para sus propios fines secesionistas)

Si hace unos años era propio de las huelgas laborales, de los mítines sindicales, de las reivindicaciones sociales de los trabajadores en activo; parece ser que hemos entrado en otra fase en la que, lo que se busca en particular, es que sea el propio Estado quien sea el que ponga los recursos para mejorar la situación de varios colectivos de trabajadores que se sienten perjudicados, los unos, los pensionistas, porque sus retribuciones llevan años sin actualizarse; los otros, la policía y la Guardia Civil, porque se sienten agraviados ante los mejores estipendios de los que gozan las policías autonómicas que, en algunos casos, suponen 700 u 800 euros más mensuales. Últimamente, sin embargo, un fenómeno que ha venido coleando desde hace muchos años y que, durante los últimos días ha adquirido una cierta virulencia en el llamado “día de la mujer”, circunstancia que el feminismo nacional ha aprovechado para volcarse, con ayuda de los sindicatos obreros, CC.OO y UGT, y los partidos de extrema izquierda, como IU y Podemos, con la aquiescencia del resto de organizaciones políticas del arco político, para elevar a un tono mayor las reivindicaciones de las mujeres que, en esta ocasión han alcanzado una dimensión que nunca habían conseguido en toda su historia.

Y nadie puede aventurarse a criticar a estas personas que reivindican unos emolumentos que les permitan vivir mejor. Es derecho de todo ciudadanos gozar de los beneficios correspondientes a aquellos temas que la sociedad ha debido delegar en sus gobernantes debido a la dificultad, prácticamente imposibilidad, de poderlos asumir directamente. Las pensiones, la sanidad, la defensa de la nación, el orden en las calles, los servicios públicos, los transportes etc. son funciones que le están reservadas a las Administraciones públicas que, a su vez, para poder llevarlas a cabo debe valerse de la recaudación de impuestos, tanto locales como estatales y cuya expresión máxima se plasma en los PGE en cuyas distintas partidas quedan distribuidas las distintas partidas de gastos de los que debe hacerse cargo. Lo mismo sucede dentro de cada comunidad autónoma y en los distintos municipios que se ubican en las mismas. En pocas palabras el Estado dispone para cubrir todas sus funciones, incluida la defensa nacional, de lo que recauda de impuestos en toda la nación.

Lo que sucede es que, en muchas ocasiones, las recaudaciones no alcanzan para cubrir todos los gastos, ordinarios y extraordinarios de la nación, en cuyo caso el ministerio de Hacienda debe pedir ayuda a otros organismo de crédito, nacionales o internacionales, para lo cual emite letras del estado, obligaciones, bonos etc. que, generalmente, mediante la obligación de pagar un interés y una prima de riesgo ( en determinadas circunstancias), por un tiempo determinado, a cuyo vencimiento se deberán cancelar, mediante el pago correspondiente, o bien, renovar por otro periodo, con las mismas o distintas condiciones, según fuere la cotización correspondiente en las bolsas internacionales. Estos préstamos solicitados son los que generan la Deuda Pública del país y, es fácil de entender que, cuando la DP supera la riqueza que genera la economía del mismo (PIB) la nación empieza a tener problemas. Una situación que se puede agravar más si el déficit público (déficit del conjunto de las administraciones publicas de un país) para cuyo cálculo se sigue el criterio de obligaciones contraídas, independiente de los pagos y cobros efectuados en relación con el PIB. Cuando, sin entrar en detalles, este déficit es elevado contribuye a empeorar la situación de sus finanzas.

Cuando, como se desprende de los datos del año anterior, nuestra Deuda Pública alcanzó en el 2017 el 98’36% del PIB de dicho ejercicio. Un importe que deja bien claro que estamos a punto de superar la riqueza nacional que producimos para situarnos en una situación delicada. ¿Cabe pensar que España está en condiciones de satisfacer a todos los que están pidiendo mejoras salariales cuando acabamos de salir de una situación grave de crisis, la UE nos pide que mantengamos la sobriedad y sigamos haciendo reformas laborales, y las reclamaciones que durante estos días se están poniendo sobre el tapete político español se salen de cualquier posibilidad de poder ser satisfechas sin que ello nos pusiera en grave peligro de incumplir nuestros compromisos con quienes nos han concedido las ayudas económicas.

Es evidente que, tanto los dirigentes del PSOE, señor P. Sánchez, como de Ciudadanos, señor Rivera (no hablemos del de Podemos ya que es sabido que sus proyectos económicos carecen de la más mínima viabilidad y nos conducirían directamente a la quiebra) son conscientes de la imposibilidad de atender las peticiones, por muy justas que sean, de jubilados o policías, al menos en las cantidades que se han puesto sobre la mesa, con evidente intención de poner al Gobierno ante una situación límite. No obstante, el problema que los colectivos femeninos han planteado últimamente, aparte de que parecen ignorar las mejoras que han ido experimentado las mujeres durante los últimos años, denotan una policitación evidente y una excesiva prisa en darle capotazo a un problema que lleva siglos sin solucionarse.

Quizá nadie se acuerda de que, en un momento determinado, una verdadera avalancha de mujeres irrumpió en el mercado laboral creando una sobreoferta de trabajo que, evidentemente, perjudicó a los hombres que venían ocupando, especialmente en algunos sectores de la producción, prácticamente la totalidad de las plazas existentes. La mujer abandonó el hogar para trabajar por cuenta ajena, con toda seguridad debido a que aspiraban a un nivel de vida mejor o debido a que las necesidades familiares precisaban de unos emolumentos más saneados. Es obvio que los problemas que vienen afectando a las mujeres y que influyen negativamente en su contratación, al menos algunos que podríamos calificar de tipo orgánico, no pueden ser asumidos por los empleadores por constituir un sobrecoste añadido al salario femenino respecto al caso de sus compañeros masculinos. Debería ser el Estado que asumiese mediante una compensación al empresario o unas ayudas a las trabajadoras para que, la equiparación de salarios con los hombres, no fuese un gravamen más a la producción. En la actualidad, el contratar a mujeres supone aceptar un absentismo, todo lo justificado que se quiera, pero que difícilmente evitable que, en igualdad del resto de condiciones, pone a la mujer en una situación de desventaja debido a su mayor coste.

Nadie niega que hay un problema, que debiera estudiarse desde todos los puntos de vista en busca de soluciones y que no afecta en la misma manera a todas las mujeres, debido a que hay trabajos en los que las condiciones físicas de las trabajadoras o sus situaciones especiales afectan más a su rendimiento y otros en los que el ambiente de trabajo resulta más favorable para que las molestias físicas o los impedimentos de un embarazo resultan más llevaderos y afectan menos al rendimiento de la mujer. Ello debiera de motivar a que se crease, como ya sucedió en el caso de las pensiones con la firma del Pacto de Toledo; una comisión de las Cortes, con la intervención de todos los partidos representativos y de las mujeres y empresarios, como directamente afectados, para que se pudieran estudiar racionalmente las posibles soluciones a un problema que no debe dejarse en barbecho pero que, tampoco, se les puede exigir ni al Gobierno ni a los empleadores, que se saquen de la mano una solución que probablemente requerirá meses de estudios si es que no se quiere cometer el error de legislar sin haber sopesado todos los pros y contras de una medida que supone un gran impacto económico.

Y, por encima de todo, no olvidemos que en España existen formaciones políticas y sindicatos que tienen una gran facilidad en darles solución a todos los problemas crematísticos que se les puedan objetar a sus propuestas de mejoras salariales. El acudir a imponer más impuestos, más cotizaciones o más mejoras sociales siempre constituye un encarecimiento para el producto que luego debe de competir con el de la competencia interna y externa. Cuando se trata de abrirse camino para poder exportar dos factores son esenciales: la productividad y el coste del producto en cuestión. Y esta máxima económica es de aplicación a todos los ramos de la industria y del comercio y a todos los países de todo el mundo que tienen que competir para colocar su producto en cualquier ciudad ubicada en alguna nación en la que estén vigentes las reglas de la economía.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no quisiéramos que esta subida de adrenalina que ha supuesto la celebración de este día de la mujer, de las distintas reclamaciones que han salido a relucir aprovechándose de él o las que se han ido exponiendo a lo largo de los días anteriores, cristalizase, como suponemos que es la intención de los activistas y organizadores de todos los actos y manifestaciones que tuvieron lugar durante la semana pasada, en posteriores algaradas, paros, mítines o destrozos que pudieran acabar por complicar lo que, hasta ahora, se ha desarrollado con un cierto orden. El Estado no lo puede todo, no dispone de la varita mágica para satisfacer a todos los que desean una mejora y la democracia, esta forma de gobierno que es la más acreditada de todas las conocidas, tiene sus propios recursos y normas para que cualquier propuesta pueda ser estudiada, razonada y, en su caso, admitida o desechada. No nos salgamos de sus reglas o es evidente que España estará condenada a su descomposición.

¿Se estanca Europa?
Daniel Lacalle elespanol 10 Marzo 2018

“I harbour all the same worries as most, the temptations to leave or to give up the ghost”. David Sylvian.

Los primeros datos de 2018 son preocupantes. Mientras el consenso esperaba un 2018 eufórico para Europa, los datos adelantados empiezan a cuestionar las expectativas optimistas.

En las dos últimas semanas, el crecimiento de beneficios empresariales esperado se ha revisado a la baja un 32% en el índice Eurostoxx 50 y un 13% en Stoxx 600, según Bloomberg.

La producción industrial de Alemania caía un 0,1% en enero, mientras en Francia bajaba un 2% y en España un 2,6%, muy por debajo de las expectativas, que apuntaban a un crecimiento modesto en Alemania y cero en el caso español o francés.

El índice de sorpresa económica que publica Citigroup se desplomaba para la Eurozona, mientras que caía de manera más moderada para EEUU.

Este jueves, el Banco Central Europeo volvía a revisar a la baja las estimaciones de inflación a un 1,4% en 2018, manteniendo las de 2019, como siempre hacen, hasta que tienen que enfrentarse a la realidad.

Estos datos para Europa pueden explicarse parcialmente por un principio de año con temperaturas más suaves, que han llevado a que la producción energética cayese más de lo esperado –un 7,5% en España- y, en cierta medida, por una menor actividad de construcción.

Pero esos factores estacionales no explican la enorme bajada de estimaciones de beneficios empresariales. Es cierto que se mantiene una previsión de crecimiento de beneficio por acción cercano al +4,5%, pero ya estamos muy lejos de esas perspectivas eufóricas de hace seis meses.

La ralentización del crecimiento no es una novedad en Europa. Ni es culpa de EEUU, que ya veo a alguno sacando el socorrido comodín Trump. Los datos económicos desde octubre ya mostraban una ralentización del crecimiento, desde Europa a China o Japón.

Japón, el poster boy de los estímulos, volvía a mostrarnos la dura realidad. El banco central no imprime crecimiento. Japón crecía un 0,3% en el trimestre y se quedaba en un mero 1,2% anualizado a pesar de multiplicar la masa monetaria y un estímulo de más de $70.000 millones mensuales.

No podemos pedir peras al olmo. Europa crece al ritmo que puede. El enorme lastre que supone el exceso de gasto, la alta fiscalidad y la sobrecapacidad se suma a las tendencias desinflacionistas lideradas por el envejecimiento de la población y la tecnología.

El riesgo para Europa es que ha vuelto a apostar toda su recuperación a la política monetaria. Y, por supuesto, si se inyectan casi dos billones de euros en la economía, algo se crece, pero el endeudamiento sigue creciendo y la productividad se resiente.

El crecimiento de la productividad en Europa está prácticamente estancado. Una de las razones es la caída de la intensidad de capital, porque el crecimiento de la inversión bruta sigue siendo muy pobre.

Es normal. Con la excusa del empleo se incentiva la inversión en sectores de baja productividad vía subvenciones, se penaliza fiscalmente a los de alta productividad y se perpetúa la sobrecapacidad manteniendo vivos a los zombis. Como alerta el BIS, el número de empresas zombi se ha disparado.

Los datos de la Eurozona mantienen un cierto viento de cola, pero es preocupante ver que el impulso reformista ha desaparecido en casi todos los países y que, de nuevo, pensamos que el dinero es gratis y la liquidez está garantizada.

La mayor preocupación es que nos conformemos. Efectivamente, algunos de estos datos rebotarán, pero el abandono de las reformas y mantener un dirigismo burocrático mientras los gobiernos se felicitan por unas exportaciones que no dependen de ellos, es más que peligroso. Efectivamente, la Eurozona ha conseguido un superávit comercial envidiable, pero no es gracias al aparato político.

La Eurozona ha salido de la crisis gracias a que se han evitado las cuatro palabras más peligrosas de la economía estimular la demanda interna. Las cuatro palabras que nos han llevado de crisis en crisis antes y después de instaurar el euro, saliendo peor de cada una.

Los datos tienen un componente preocupante adicional. Que ocurre en un periodo en el que los tipos de interés están a cero y los principales bancos centrales inyectan $200.000 millones mensuales en las economías, cuando el BCE sigue comprando €30.000 millones mensuales. Alguno dirá que es por falta de estímulos.

Prestemos atención a estos riesgos. Incluso si hay efectos estacionales, el crecimiento de Europa muestra unas debilidades importantes y reconocerlo no es malo. Se deben recuperar las reformas que fortalezcan las economías europeas para que el final del efecto placebo de los estímulos monetarios no derive en un riesgo mayor.

Si el poder político en Europa quiere que el proyecto europeo triunfe, debe recuperar las reformas.

Pensar que abandonar las reformas va a calmar a los populistas es un error, como estamos viendo cada día desde Italia a Alemania. Y pensar que la política monetaria es la panacea es u na locura.

El porqué del totalitarismo izquierdista
Jesús Laínz Libertad Digital 10 Marzo 2018

Podríamos entroncar el asunto en los revolucionarios franceses, aquellos desquiciados inventores del totalitarismo que pretendieron instaurar el reino de la diosa Razón a golpe de guillotina, y en sus aventajados alumnos soviéticos, artífices de aquel paraíso proletario que tuvieron que amurallar para que no se les escapasen los beneficiarios. Pero no merece la pena distraernos con asuntos ya algo mohosos teniendo a mano tanto material fresco.

Pues la izquierda, abandonados sus caducados ideales de emancipación de unos trabajadores a los que el capitalismo ha emancipado mucho más eficazmente que el derrumbado paraíso socialista, ha desviado el tiro hacia otras dianas para continuar con su incansable labor de termitas de la sociedad occidental. Pues en eso consiste el fondo de lo que llamamos izquierdismo. Es cierto que quedan algunos bienintencionados que continúan definiendo la izquierda como el conjunto de las opciones políticas que ponen en la cúspide de su escala de valores el de la igualdad. Pero, además de que esa obsesión por la igualdad demuestra la ceguera voluntaria ante la evidente desigualdad humana –con todas sus nefastas consecuencias, como, por ejemplo, la Logse–, ni siquiera sirve como argumento para demostrar la tan cacareada superioridad moral de la izquierda, pues lo que esconde no es otra cosa que el resentimiento. Y, en su afán por conseguir sus objetivos disolventes y resentidos, los izquierdistas de todo lugar y variedad demuestran cada día la incorregible naturaleza totalitaria que les caracteriza a todos ellos.

Aunque el fenómeno es universal, fijémonos en la izquierda española, que es la que nos toca sufrir. Para aparecer como la virgen sin mácula de la historia, la izquierda en bloque –y en esta categoría hay que incluir a los separatismos, por muy derechistas que se supongan algunas de sus variedades– no ceja en su empeño de intensificar la reescritura de la Historia, la imposición de su versión como única verdad posible y la persecución de todo aquel que disienta. Multas, prisión y destrucción de libros incluidas. Como en los buenos viejos tiempos. Pues a lo largo de la Historia abundan los casos de intolerancia y persecución por motivos religiosos e ideológicos. Que cada uno escoja el que más le guste y después lo compare, por ejemplo, con el proyecto de ley socialista sobre la llamada memoria histórica o cualquiera de las iniciativas que dicho partido o su nueva versión podemita proponen continuamente sobre este asunto.

Y exactamente lo mismo podría decirse de la avasalladora dictadura de la ideología de género, nueva Inquisición empeñada en negar los hechos más fundamentales de la naturaleza humana. Para ejercer tan alta labor, este Santo Oficio postmoderno cuenta con legiones de voluntarios siempre dispuestos a amordazar, insultar, abuchear, presionar, acallar, amenazar y prohibir a quien ose pecar contra la nueva fe. Y con una energía que sólo puede emanar de una hoguera de odio incesantemente avivada.

Sencillamente no pueden tolerar que haya quien opine distinto de ellos, virtuosos portadores de la dicha eterna para la Humanidad. Ni siquiera pueden comprender que semejante tipo humano exista. Les ofende. Les ataca. Les repugna. Les subleva. Les indigna. Les insulta. Les colma de sacrosanto furor contra los herejes. Porque la izquierda no es más que la nueva religión sin dios que, ya desde los decimonónicos tiempos del catecismo revolucionario de Nechayev, ha venido a llenar el vacío dejado por la vieja divinidad en fuga. Bien claro lo estableció aquel protomártir nihilista:

Lo moral es lo que facilita el triunfo de la revolución; y lo inmoral y criminal, lo que la contraría.

Inmorales y criminales. Así de sencillo. Convénzanse los pérfidos reaccionarios: los que no comulguen con las ruedas de molino izquierdistas sobre temas históricos, ideológicos, jurídicos o antropológicos son inmorales y criminales. Aunque ellos mismos no se den cuenta, son hijos de la oscuridad, enfrentados a una izquierda que encarna la luz y la bondad.

Y por eso, como promulgan los izquierdistas de todo tipo en su legislación y como aplican sus huestes en sus continuas acciones, a esos inmorales y criminales, a esos herejes contra la nueva verdad revelada, hay que prohibirles hablar, hay que impedir que den conferencias, hay que cerrarles las páginas de los periódicos, hay que apartar de ellos los micrófonos, hay que destruir los libros que hayan publicado, hay que cerrar sus páginas de internet, hay que inhabilitarlos, hay que despedirlos, hay que menospreciarlos, hay que difamarlos, hay que multarlos y hay que meterlos en la cárcel.

Y eso que se llama derecha, como siempre, tragando e implorando genuflexa que la permitan existir. E incluso colaborando. Sólo algunas personas aisladas se atreven a alzar la voz. En los próximos tiempos iremos viendo cómo se desarrolla este trascendental combate entre la tiranía y la libertad.

www.jesuslainz.es

El plan de Isabel Bonig en Educación: "Libertad absoluta" para elegir colegio y lengua vehicular
Prometer derogar toda la legislación en materia educativa y lingüística aprobada por Ximo Puig.
P. Montesinos Libertad Digital 10 Marzo 2018

Si gana las próximas elecciones y logra gobernar, Isabel Bonig derogará toda la legislación en materia educativa y lingüística aprobada por Ximo Puig. Así lo anunció en declaraciones a este periódico, no sin denunciar un intento de "adoctrinamiento" del actual Ejecutivo valenciano para "implantar el mismo modelo" que hoy existe en las escuelas catalanas.

Será su principal arma de batalla para recuperar al votante tradicional del PP y marcar distancias con respecto a Ciudadanos. La fórmula que aplicará en materia educativa será sencilla, según sus propias palabras. Recuperar la "libertad absoluta" para que los padres puedan elegir tanto "el centro educativo" como "la lengua vehicular" en la que quieran que estudien sus hijos.

Bonig propondrá "instaurar el distrito único" en las grandes ciudades de tal forma que las familias puedan elegir el centro que quieran "sin estar circunscrito a su zona de residencia", algo que eliminó el Gobierno tripartito. Así quedará recogido en el programa electoral de los populares.

Además, se garantizará que "los padres elijan libremente" la línea educativa en castellano o en valenciano sin favorecer ninguna de las dos. Actualmente, según la denuncia de Bonig, el proyecto lingüístico del centro lo decide el consejo escolar, donde solo hay una representación de los padres del 13% y "con un sesgo ideológico muy claro". Lo que implantará es que vuelva a primar "la voluntad" de los progenitores.

"Ahora -el modelo- se impone desde la propia Consejería", aseguró Bonig. Además, una vez los centros se decantan por el proyecto lingüístico en valenciano, el Gobierno regional les impide "volver hacia atrás" y optar otra vez por el castellano, según su denuncia. Un extremo que también será revertido.

Otra pata del plan educativo de Bonig será recuperar las "evaluaciones diagnósticas de manera aleatoria" a alumnos para comprobar el desarrollo del programa, cosa que también suprimió el Ejecutivo de Puig.

En la charla con Libertad Digital, la líder de los populares valencianos recordó que la Justicia ya tumbó en su día el modelo educativo por discriminar el castellano. Básicamente, "porque si querías que tu hijo estudiara más inglés, tenías que escoger la línea en valenciano". Y sacó pecho: "El PP es el único que está parando todo estos decretos en los tribunales".

El PP y sus principios
Nota del Editor 10 Marzo 2018

Si no existiera Galicia, largamente pastoreada por el PP, algunos pensarían que Isabel Bonig del PP podría cumplir la promesa de "Libertad absoluta" para elegir colegio y lengua vehicular, pero desgraciadamente, la promesa de alguien del PP no tiene valor. Si el PP hubiera tenido algún principio ético, no habríamos llegado aquí.

Eloy Morán: "Todavía espero que alguien no aguante tanto peso en su conciencia y cuente qué pasó el 11-M"
Una de las víctimas del 11-M ha recordado en Es la Mañana de Federico el triste aniversario y ha pedido, una vez más, saber la verdad.
esRadio Libertad Digital 10 Marzo 2018

Eloy Morán, víctima del 11-M ha lamentado cómo "una parte de la sociedad española ha querido olvidar, otros no recuerdan o no saben lo que pasó el 11-M". A éstos últimos, jóvenes sobre todo, les ha contado que "fue el mayor atentado de la historia de toda Europa por el número de heridos, más de 2.000, y de víctimas mortales, cerca de 200". Y para colmo, "aún no se sabe quién fue el autor intelectual, y así lo reconoce la sentencia que ya es firme".

Como autores materiales "hay dos personas encarceladas que nada tienen que ver entre sí, un moro que vivía en Madrid y un asturiano con esquizofrenia". Zougam fue condenado en base al testimonio de dos rumanas que luego fueron imputadas por falso testimonio. Unas testigos que llegaron a situar a Zougam en 4 vagones a la vez.

Morán ha asegurado que "después de 14 años, los supervivientes seguimos preguntándonos qué ocurrió, lo único que sabemos es que lo que nos han contado no es verdad". Todavía se ha mostrado algo esperanzador en que "alguien que no aguante tanto peso en su conciencia cuente todo o parte de lo que pasó en aquellos días". Federico ha recordado cómo hasta la propia sentencia del 11-M reconoce que había pruebas falsas, sin preguntarse quién las puso, y que se desconoce el arma del crimen.

Inma Castilla de Cortázar, presidenta del Foro de Ermua y decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU-San Pablo, me contó cómo el juez Gómez Bermúdez le había dicho que 'España no está preparada para saber la verdad'.

Sobre las administraciones públicas ha dicho sentirse abandonado. "El gesto de pasarte la mano por el hombro siempre ha existido cuando hay cámaras delante". Sin embargo, "cuando se apaga el foco es el olvido y abandono lo que llega". Como muestra ha puesto la cantidad de veces que "nos hemos quedado sin medios económicos y hemos tenido que recurrir a caridad pública". Testigo de lo que cuenta Eloy Morán son las campañas de donaciones de Libertad Digital y esRadio en favor de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

De hecho, ha subrayado que "hemos percibido de los políticos que hay un interés muy grande por olvidar el 11-M, si pudieran borrar el día del calendario lo habrían hecho". No obstante, no cree que se olvide "mientras haya gente que estemos dispuestos a seguir alzando la voz y pidiendo la verdad de lo que pasó". Además, "el 11-M está grabado a fuego en la memoria colectiva por muchos intentos que se hagan por borrarlo".

Por último, ha lamentado "cómo hay más interés en recordar una Guerra Civil que pasó hace 80 años y que está totalmente esclarecida, sobre pocos momentos de la historia se ha escrito más, que por saber qué pasó el 11-M".

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Un memorable auto del juez aborta la 'Operación Puigdemont' con Jordi Sánchez
Editorial esdiario 10 Marzo 2018

Sánchez no podrá ser un nuevo Puigdemont. El juez del Supremo no sólo lo ha evitado, sino que perfila además el delito de rebeldía que los cabecillas del Golpe han podido cometer.

Con un demoledor auto perfectamente hilado y soportado documental y jurídicamente, el juez Llarena ha decidido mantener en situación de prisión provisional a Jordi Sánchez, el clon de Puigdemont con el que Junts pel Catalunya, ERC y la CUP pretendían mantener la tensión del procés invistiéndole presidente de la Generalitat el próximo lunes.

El magistrado del Supremo no sólo explica a la perfección por qué Sánchez, que en sus declaraciones en el tribunal pretende desmarcarse por completo del Golpe y hacer propósito de enmienda acatando la Constitución, sigue constituyendo un riesgo; sino que además adelanta por qué él y los cabecillas del desafío pueden y deben ser procesados por rebeldía. Un delito condenado con hasta 30 años de cárcel por su gravedad y naturaleza.

El desbloqueo es bien sencillo: basta con respetar el marco legal y elegir a un diputado que no lo pisoteara antes

Lo primero que cabe saludar es la rabiosa independencia del Alto Tribunal, indemne a presiones externas y supuestas conveniencias políticas que, de ser atendidas, poco menos que le llevarían a liberar a todos los detenidos y a aceptar su hoja de ruta en aras a una convivencia que, en realidad, sólo ellos han fracturado.

Respuesta a un asalto
Por mucho que desde determinadas televisiones y partidos políticos se presione al magistrado para que olvide sus obligaciones, Llarena se ha limitado a analizar los hechos, a encajarlos en posibles tipos penales y a adoptar las medidas que unos y otros permiten con el ordenamiento jurídico en la mano: es sonrojante que algo tan inherente a la labor de un juez se le reproche desde algunos ámbitos; como lo es no entender que las consecuencias para Puigdemont, Junqueras o los Jordis no derivan de una caprichosa interpretación de las leyes; sino del sistemático asalto de todos ellos al Estado de Derecho.

Los dos Jordis, encaramados a un coche de la Guardia Civil
Llarena viene además a adelantar por qué el delito de rebeldía ha podido existir, recordando de nuevo que la violencia no es sólo una acción agresiva de un momento concreto -en este caso la proclamación de la DUI en sede parlamentaria-, sino el contexto de tensión y crispación social que se genera premeditadamente para concluir con un Golpe de Estado.

El juez perfila más el delito de rebeldía y detalla por qué sí hubo una amenaza violenta en el procés
Y la ANC presidida por Sánchez fue, sin la menor duda, uno de los estiletes de esa estrategia que de un lado malversaba el papel de las instituciones catalanas para imponer la independencia y, de otro, reforzaba ese abuso con una enorme presión callejera.

El desbloqueo
El desbloqueo de la situación en Cataluña nunca puede pasar por la exoneración de los cabecillas del procés ni, tampoco, por la flexibilidad en la interpretación de unas leyes, ancladas en la Constitución, que preservan la unidad territorial, social y democrática típicas de un Estado de Derecho.

Son los partidos políticos catalanes, incluyendo a los secesionistas, quienes tienen en su mano esa opción, de una manera bien sencilla: respetando el marco legal y escogiendo, entre sus diputados, a alguien que no lo haya pisoteado previamente. Tienen ya poco tiempo por delante para demostrar ambas cosas.

Cataluña y la nave de los marcianos
José García Domínguez Libertad Digital 10 Marzo 2018

Cuanto aquí viene ocurriendo de un tiempo a a esta parte en el ámbito colectivo está llamado a pasar a los tratados académicos de psicología social.

Cataluña no es una nación, entre otras razones porque los zoológicos no son naciones, pero sí aloja en cambio dentro de sus lindes un laboratorio social de primer orden. Hoy, sin duda, el más singular de Occidente. No, no somos una nación (entre otras razones porque tendríamos que ser dos, no una), pero cuanto aquí viene ocurriendo de un tiempo a a esta parte en el ámbito colectivo está llamado a pasar a los tratados académicos de psicología social. Quizá también, nadie lo descarte, a los manuales universitarios de psiquiatría clínica. No es ironía, lo creo muy en serio. La lucidez y la locura, tanto en lo individual como en lo gregario, son dos territorios vecinos que comparten una frontera tan extensa como porosa, confusa y en extremo incierta. Las lindes de esas dos soberanías han sido, y desde siempre, cualquier cosa menos claras y diáfanas. A esos efectos patológicos, el extravío catalán previo a la asonada de la Generalitat, cuando el golpe de octubre aún era susceptible de ser analizado dentro del ámbito del simple desvarío político. El procés fue un disparaté estratégico condenado de modo inexorable al fracaso desde el instante mismo de su propia concepción. En su génesis hubo, por encima de cualquier otra cosa, un divorcio temerario con la realidad catalana que era fruto, sobre todo, de la ignorancia.

Y es que los catalanistas, por paradójico que suene, no conocen Cataluña. Instalados en su burbuja autorreferencial, siempre han ignorado a ese 50% de la población que no comulga con su credo. Es sabido, para los catalanistas, que el censo espiritual de Cataluña no llega a tres millones de habitantes. Pero resulta, ¡ay!, que somos siete millones y medio. Un error atritmético, el que va asociado a no entender la pequeña diferencia entre tres y siete, que es lo que ha llevado a una celda de Estremera a Junqueras.

No obstante, hasta ese instante procesal, el de la materialización del golpe durante el día de autos, podemos hablar de necedad, de falta de previsión, de miopía sociológica o de aventurerismo irresponsable, pero no de locura en un sentido estricto, literal, canónico. Porque la locura no se desató durante el procés, sino justo después de su fracaso final. Locura no fue lo que ocurrió, sino lo que ocurre. Hoy, ahora mismo. Dos personajes secundarios de la tragicomedia, un viejo fanático jubilado como Carod y un joven arribista poseído por la ambición como Santi Vila, pueden servirnos para ilustrar el cuadro clínico de la sociedad catalana posgolpe. Carod, a quien la lejanía física del poder le ha mejorado notablemente el riego sanguíneo, lleva semanas predicando en el desierto con la demanda de que se le explique la verdad al pueblo catalán (en sus labios, el pueblo catalán también son, como mucho, unos dos millones y pico de almas).

Huelga decir que nadie dentro de la comunión catalanista le hace el más mínimo caso. Nadie salvo el joven trepa. Porque resulta que Vila ha dicho en público algo que se parece bastante a la verdad. Esto es, que dos millones escasos de catalanes no se pueden enfrentar por las bravas contra cuarenta y siete millones de españoles. ¿Resultado? En los foros nacionalistas todos lo más suave que se le está llamando durante las últimas horas es "traidor" y "rata de cloaca". Al tiempo, los responsables directos de que Cataluña haya visto cómo miles y miles de empresas, empezando por todas sus grandes corporaciones financieras e industriales, migren a otros territorios, los mismos que son aclamados en las calles por el electorado que los sigue apoyando sin la menor disidencia interna, acaban de anunciar su propósito de continúar alimentando el caos institucional que provocó la estampida inicial.

¿Cómo entenderlo? Pues quizá leyendo a León Festinger, aquel psicólogo social norteamericano que se infiltró con su equipo dentro de una secta milenarista que esperaba la llegada inminente de unos marcianos oriundos del planeta Clarión, los que salvarían a sus adeptos de un próximo cataclismo que haría desaparecer al planeta Tierra. Una especie de procés cósmico y a lo bestia. Festinger había aventurado la hipótesis de que, cuando fallase la profecía y la secta se viese forzada a tener que decidir si abandonaba o no sus sistema de creencias, ellas, las creencias, acabarían imponiéndose, saliendo del trance más reforzadas aún. Y eso fue justo lo que ocurrió. La fe en los marcianos de aquellos pobres chiflados yanquis, al igual que la confianza ciega de los catalanistas de a pie en Puigdemont y el resto de los majaderos y majaderas que acaban de provocar la ruina política y económica de Cataluña, se mantuvo firme. Habían apostado tan fuerte a la carta apocalíptica que ya no se podían echar atrás, por mucho que la realidad desmintiera de modo palmario su fantasía. Están locos. Ahora, sí. Definitivamente, sí.

Intolerantes con los intolerantes
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 10 Marzo 2018

Los intolerantes y los bárbaros amenazan, desde sus respectivas trincheras, nuestra vida civilizada. Y como enseña Karl Popper, la sociedad abierta no debe ser tolerante con sus enemigos.

Pido disculpas por esta introducción tan personal que, como se verá, tiene una explicación. En 1966 y 1967 me publicaron en Argentinados libros de cuentosde ciencia ficción que en 1977 aparecieron en España reunidos en un solo volumen, A la sombra de los bárbaros (Acervo). Hubo, en el ínterin, dos ensayos: Ciencia ficción: realidad y psicoanálisis, con la doctora Marie Langer (Paidós, 1969), y Contra la corriente (Granica, 1972), ambos en Argentina. Cito estos libros porque todos ellos contenían duras críticas –ya fuera mediante recursos imaginativos en los cuentos, o mediante citas documentadas en los ensayos– contra la censura y los censores. La una y los otros eran, y continúan siendo, mis bestias negras, que combatí, asimismo, como periodista. Pero… Y aquí viene la explicación de este esbozo autobiográfico.

Travestidos de mártires
La censura amordaza España, claman voces no menos beligerantes que lo que fue la mía años atrás. El Gobierno ha echado el cerrojo a la libertad de expresión. Los disidentes políticos languidecen en las cárceles o buscan refugio más allá de las fronteras. Un cuadro estremecedor que en otros tiempos me habría impulsado a escribir y a actuar contra tanta injusticia. Pero…

Pero también recuerdo cuántas veces mi despiste me impulsó a ser compañero de viaje de los taimados que enarbolaban las consignas de la democracia y la libertad para despejar el camino a la marea totalitaria comunista. Y ese contacto con el buitre disfrazado de paloma me enseñó a no predicar la tolerancia en beneficio de los intolerantes. Ahora esa experiencia acumulada me resulta muy útil para no dejarme embaucar por los trileros travestidos de mártires.

Cuidado. El hecho de que estemos alertas a las trampas de los farsantes no significa que hayamos renunciado a la batalla contra la censura y los censores, contra la represión y los represores. Todo lo contrario. Lo que debemos saber, para combatir estas lacras, es que sus ejecutores son los secesionistas sembradores de cizaña que montan escándalos tergiversando la realidad, tanto cuando ejercen el poder absoluto como cuando la justicia los sienta en el banquillo de los acusados. Sinteticemos: los que han practicado la censura y la represión han sido los conspiradores presos y sus aliados mediáticos, y las víctimas han sido los ciudadanos que se negaban a romper los vínculos de fraternidad con sus compatriotas españoles y se resistían a aislarse en el reducto tribal. Estos son los que tienen derecho a ser intolerantes con los intolerantes que tramaron convertirlos en súbditos aborregados como los que se dejaron engatusar en las Diadas.

La inquisidora municipal
Son muchos, en Cataluña, los inquisidores que violan las leyes del Reino de España y que podrían aspirar a lucir la Creu de Torquemada si esta se creara para competir con la de Sant Jordi. Pensemos, por ejemplo, en la alcaldéspota Ada Colau. "Ada Colau no tiene proyecto", escribe Lluís Foix (LV, 28/2). Un proyecto constructivo, querrá decir. Porque el mismo Foix cita algunos detalles del proyecto destructivo que Colau aplica sistemáticamente:

Al equipo municipal le divierte derribar estatuas, cambiar nombres de calles, prohibir iniciativas y gobernar para los afines ideológicamente.

Son, precisamente, los afines ideológicos quienes marcan el derrotero de la censura descarada que practica este equipo. Libertad sin límites para la poetisa que recitó una oración blasfema en la entrega de los Premios Ciudad de Barcelona 2016 y para la filósofa que se condolió por los jóvenes asesinos yihadistas de las Ramblas y Cambrils en el pregón del Pilar del 2017. Libertad también para okupas y manteros. Pero…

Pero la lista de abusos que enumera Foix es incompleta. La inquisidora municipal es implacable con todo lo que evoca la existencia de los Borbones, porque les tiene una inquina personal de la que quiere hacer cómplice, arbitrariamente, a toda Barcelona. Exhibe sus otras fobias cuando excluye a los representantes del Ejército español de los salones de la Infancia y la Enseñanza; cuando prohíbe las pantallas gigantes para transmitir en la calle los partidos de la selección española de fútbol; y cuando impide exhibir el cartel de la World Press Photo porque en él aparece el torero (profesión que ella anatematiza) Juan José Padilla, y otro con la imagen del también torero Morante de la Puebla rememorando el genio de Salvador Dalí. (Aclaro que aborrezco las corridas de toros tanto como las dietas vegetarianas, pero no me opongo a que sus aficionados disfruten de las unas y las otras).

En fin, la inquisidora municipal, tolerante a la hora de facilitar el referéndum ilegal y participar en él, se enroca en su autoritarismo intolerante para vetar, junto a su colega socialista Núria Parlon, de Santa Coloma, y otros alcaldes supremacistas, la enseñanza de un 25 por ciento de asignaturas troncales en español porque ello implicaría un pecado contra la sacrosanta pureza de la lengua catalana (LV, 1/3). Censura a tope.

Prejuicios atrabiliarios
Estos intolerantes de tomo y lomo son los que se postulan como paladines de la tolerancia. Fariseos que no tienen cabida en la sociedad abierta porque están obsesionados por cerrarla. Y los golpistas, apologistas del terrorismo, agresores de guardias civiles y colocadores de bombas en la basílica del Pilar de Zaragoza, sancionados por la Justicia, ¿qué méritos han hecho para que sus imágenes pixeladas accedan a la categoría de obras de arte con el rótulo de "Presos políticos"? Quienes decidieron que estaban fuera de lugar en una exposición de arte se guiaron por un criterio más razonable que el de la alcaldéspota que se carga todos los bustos, estatuas, placas callejeras y carteles que chocan con sus prejuicios atrabiliarios.

En "Treinta y siete años después" (LV, 22/2), Francesc-Marc Álvaro intenta convencernos de que en España se ha vivido y se sigue viviendo como si el golpe del 23-F hubiera triunfado. Con la censura y la represión rampantes. La magnitud que alcanzaron los preparativos para el golpe de Estado secesionista antes de que el Gobierno se decidiera a frenarlo por su carga de odio atávico demuestra que ha habido un exceso de tolerancia con los intolerantes. Si no hubiera habido ese exceso de tolerancia, Cataluña no habría llegado al punto de quebranto donde se encuentra ahora. Aun así, un millonario ha comprado los veinticuatro retratos pixelados de malhechores y los paseará por los museos de Cataluña. ¿Censura? ¿Represión? ¿Continuidad del 23-F? Si algo de esto fuera cierto, los lenguaraces del régimen suspendido estarían callados. Como lo estuvieron las élites catalanas hoy nacionalistas mientras se enriquecían bajo el franquismo. De un totalitarismo a otro hay poco trecho.

Salido de la caverna
Más estrafalario, si cabe, que el argumento de Álvaro es el que nos endilga Santi Vila en "Los censores de siempre" (LV, 28/2). Este trepador, recién salido de la caverna del régimen supremacista, con cuyo autoritarismo maniqueísta colaboró desde dos consejerías, y del que se apartó a última hora para salvarse de la cárcel (v. "Historia de un golpista arrepentido", de Pablo Planas, LD, 5/3), se atreve a dar lecciones de democracia. Nos explica el adoctrinador trasnochado que dos raperos condenados a prisión son "¡jóvenes adolescentes, a los que les hierve la sangre de inconformismo y saludable rebeldía!". Así, con signos de admiración. Y concluye:

Que no nos asusten las narices rojas de los payasos, los críticos adolescentes ni las declaraciones simbólicas de artistas y políticos. Conjurémonos en combatir, implacables, la mediocridad, la corrupción y el miedo de los autoritarios y los censores de hoy, que son los de siempre.

Confieso que jamás me interesó el rap ni ninguna de las estridencias que hoy seducen a muchos jóvenes y al improvisado pedagogo Santi Vila. Pero el hecho de que la condena a prisión de dos de sus compositores e intérpretes haya desencadenado la protesta simultánea de intelectuales progres sin partido y de militantes de izquierda y supremacistas blandengues despertó mi curiosidad –que hoy califico de malsana– y me introdujo en un submundo para mí desconocido.

Himno a la tortura
¡Horror! Tropecé en las alcantarillas digitales de Público (20/2) con las deposiciones mentales de un tal Valtònyc, uno de los raperos condenados. Lo que leí me hizo pensar en el escándalo que produjo el hecho de que el FBI no hubiera encerrado al demente de Parkland al descubrir sus tuits antes de que asesinara en un colegio a 17 alumnos. Esos tuits debían de parecer poemas líricos por comparación con las aberraciones sádicas de este rapero. El comisario Creix no lo habría contratado para la Brigada Político-Social porque necesitaba torturadores profesionales capaces de detenerse a tiempo, y no un bruto desquiciado cuyo paleoencéfalo reptiliano imagina los suplicios más atroces para aplicarlos no solo a sus enemigos sino también a los hijos de estos. Valtònyc los describe con lujo de detalles. Lo suyo es el himno a la tortura.

Mi credo liberal me invita a defender la legalidad de la pornografía adulta, de la descripción o la práctica de las más extravagantes actividades sexuales entre personas mayores de edad con consentimiento mutuo, y de los materiales contestatarios que postulan falacias políticas, religiosas o pseudocientíficas. Pero existe una línea roja, más allá de la cual hay un lugar reservado en los pabellones psiquiátricos de las cárceles para los discípulos del satánico Charles Manson que se jactan de su sed de sangre y prometen saciarla en Parkland o en España. Si los tontos útiles de izquierda y derecha que predican tolerancia con estos crápulas hubieran tenido hijos estudiando en el escenario de una de las muchas masacres de inocentes, tal vez desistirían de aburrirnos con sus monsergas buenistas.

Los intolerantes y los bárbaros amenazan, desde sus respectivas trincheras, nuestra vida civilizada. Y como enseña Karl Popper, la sociedad abierta no debe ser tolerante con sus enemigos. Liberales pero no estúpidos. La ley es dura pero es la ley.

PD: No sé si ha sido Marine Le Pen, Matteo Salvini, Beppe Grillo o Carles Puigdemont, ídolo de Pilar Rahola, quien le ha encomendado a esta que lance la siguiente diatriba eurófoba ("Ruido italiano", LV, 7/3):

La eurocracia acumula miserias, privilegios, prepotencia, insensibilidad social manifiesta, indiferencia militante por los derechos fundamentales (ahí está el silencio sobre el caso catalán) y una vocación desatada por defender intereses espurios.

El virus xenófobo los cría y ellos se juntan contra la Europa ilustrada. Y Putinsonríe.

La Stasi catalana
El Gobierno debería disolver el CESICAT creado en 2009, organismo que está en el núcleo duro de trama ilegal de espionaje a los disidentes del 'procés'
José Antonio Zarzalejos elconfidencial 10 Marzo 2018

El preámbulo de la ley reguladora de la policía autonómica catalana, los Mossos d'Escuadra, aprobada por el Parlamento en 1994, dice entre otras cosas, lo siguiente: "la policía no está por encima de la Ley, y por lo tanto debe adecuar su conducta al ordenamiento jurídico, con sujeción a los principios de jerarquía y subordinación dentro del Cuerpo. Es también un colaborador indispensable de la Administración de Justicia, a la cual debe auxiliar, en el sentido más amplio, dentro de sus posibilidades. Por otro lado, el respeto que la policía debe a la sociedad, a la que pertenece y de la que proviene su mandato, la obliga a utilizar los recursos coactivos solamente en situaciones extremas y con una aplicación escrupulosa de los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia".

Pues bien, algunos Mossos d'Escuadra, a estas alturas de la instrucción de las tres causas que se refieren al proceso soberanista, una ante el juzgado n.º 13 de Barcelona, otra ante la Audiencia Nacional y la tercera ante el Tribunal Supremo, ya podemos afirmarlo, se han comportado como lo hizo, salvando las distancias, la llamada Stasi, acrónimo de la policía del Ministerio de Seguridad del Estado, órgano en su momento de la inteligencia de la República Democrática Alemana, que inspiró el guion de la célebre y exitosa película de 2006 'La vida de los otros'. Relataba cómo un miembro de la Stasi vigilaba a sus vecinos disidentes y reportaba a sus superiores.

Miembros de la policía autonómica catalana que formaban el núcleo del Centro de Información de Catalunya (CESICAT) intentaron el pasado 26 de octubre —un día antes de que se acordase la aplicación del artículo 155— la incineración en el Sant Adrià de Besòs de miles de documentos que, en resumen, acreditaban la colaboración de los Mossos d'Escuadra con el proceso soberanista y desvelaban una trama de espionaje volcado a controlar a las personas y organizaciones disidentes de las políticas secesionistas de la Generalitat. Un informe de 400 folios elaborado por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional obra ya en los autos que instruye la jueza Carmen Lamela y el responsable político de los Mossos, Joaquim Forn, sigue encarcelado provisionalmente por el juez Llarena. A la vista de lo que sus subordinados hicieron, parece del todo justificado que el 'exconseller' de Interior siga retenido en Estremera.

Los papeles que iban a ser incinerados demostraban que la policía autonómica catalana siguió, grabó e intervino comunicaciones seis meses antes de la declaración unilateral de independencia a personas y organizaciones contrarias al independentismo. Lo hizo al colectivo Movimiento Cívico España y Catalanes, al grupo constitucionalista Somatemps y, especialmente, a Sociedad Civil Catalana. Igualmente practicó seguimientos a abogados, políticos y periodistas, entre ellos de El Confidencial, elaborando al respecto unos informes para sus superiores que ruborizan por la tosquedad de su ilegalidad y el parentesco con los que redactaban policías como las del ámbito soviético durante la Guerra Fría en el siglo pasado. Realmente vergonzoso y en línea con lo que las autoridades separatistas denunciaban de la llamada "policía patriótica" que estaría bajo el control del Ministerio del Interior.

Esta forma de conducirse de los Mossos es coherente con su complicidad con los dirigentes sociales y políticos secesionistas el 1-O. No cumplieron ni con su obligación —la defensa de la Constitución que es una de las funciones que le atribuye su propia ley— ni con las resoluciones judiciales. Ni se atuvieron de manera mínima al principio de lealtad. Ahora estamos comenzando a comprobar que el Gobierno fue burlado el día del simulacro del referéndum por la estrategia de Forn y de Trapero —responsable operativo de los Mossos— con la ayuda inestimable del director general del Cuerpo, el atrabiliario Pere Soler, también imputado. Su inacción durante las horas previas a la consulta ilegal y durante la jornada electoral engrosan las causas de sedición y rebelión que instruyen Lamela y Llarena y escandalizan por la prepotencia e impunidad con la que se comportaron estos funcionarios, cumpliendo, sin duda, las órdenes de sus superiores ahora imputados.

Es especialmente hiriente para el Estado de Derecho la connivencia de los Mossos durante las horas de asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre en la consejería de Economía con Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, conocedores ambos del estratégico registro de los locales por la Guardia Civil y conscientes de la agitación que sus actitudes y palabras provocaban en la multitud que agresivamente trataba de impedir la labor de la Benemérita. Los dos líderes sociales subidos a los vehículos de la Guardia Civil, destrozados, han sido la viva imagen del Maidán catalán.

La devastación ética que se ha producido en Cataluña con el proceso soberanistas queda reflejado en este informe de la Brigada de Información de la Policía Nacional que tendrá consecuencias judiciales muy graves y que abre una reflexión sobre la necesidad de dictar en el futuro inmediato una ley orgánica que armonice el funcionamiento, sistema de mandos y coordinación de las policías autonómicas para que no se conviertan en pequeñas Stasis que vigilen —como han hecho los Mossos— "la vida de los otros". Y por supuesto, el Gobierno debería disolver el Centro de Información de Catalunya creado en 2009, organismo que está en núcleo duro de estos hechos presuntamente delictivos.

Proyecto lingüístico
Una encuesta de la Generalitat pregunta a los escolares la procedencia de sus padres y si hablan valenciano
El presidente de la confederación de familias COVAPA compara el «disparate» con investigar el «RH positivo» que idealizaba el nacionalismo vasco
J. L. FERNÁNDEZ ABC  10 Marzo 2018

La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana pregunta en una encuesta dirigida a escolares la procedencia de los padres de los alumnos, si hablan valenciano y su grado de comprensión de la lengua, entre otras informaciones, lo que ha suscitado las críticas de la comunidad de familias de alumnos, en una mesa redonda reciente en Alicante, donde hay varias comarcas mayoritariamente castellanohablantes.

«En todo caso, si la encuesta fuera anónima, pero así es un auténtico disparate, es como si preguntarán por el RH positivo», recrimina Ramón López, presidente de la Confederación Valenciana de APA/AMPA (COVAPA), en alusión al polémico rasgo identificativo de los vascos esgrimido por sectores del nacionalismo. López ha subrayado que cada centro educativo ya dispone de información acerca del entorno social y lingüístico en el que se encuentra, por lo que no tiene sentido este sondeo de la Generalitat.

Durante su intervención en la mesa redonda organizada por la confederación de la enseñanza concertada, Concapa, López pidió a las familias que estén «vigilantes» sobre los denominados proyectos de los centros educativos y advirtió de estas encuestas que se han diseñado y están dirigidas a las familias: «Llevan el nombre de nuestros hijos y yo no sé a quién le interesa si el padre o la madre habla en francés, inglés, ruso o alemán o valenciano… no sé a quién le interesa si sabe o no escribir. No deberíamos rellenarlas».

En la web de la Conselleria, tanto si se accede en la versión en castellano como en valenciano, el fichero de «modelo de encuesta» que se descarga está en valenciano, se encuentra el documento con el epígrafe «Situación sociolingüística. Encuesta lingüística de uso de las lenguas». Además de la procedencia de la madre o tutora y del padre o tutor, se interroga al escolar que se incopora con dos o tres años, o a Primaria o a «otro» ciclo con más precisión para indicar no solo la procedencia, sino «desde cuándo» vive en su lugar de residencia actual en la Comunidad Valenciana, así como sus conocimientos de valenciano, castellano e inglés, tanto de comprensión oral y escrita.

También, de otras personas de su entorno, como los abuelos, cuidadores o la nueva pareja de su padre o su madre, si están separados... Y se pregunta únicamente por el uso del valenciano que hace el menor de edad, si tiene películas, libros, escucha la radio, ve la televisión o emplea esta lengua en otras actividades cotidianas o «fuera del centro» educativo. Asimismo, debe indicar «cuál es la lengua de la relación familiar».
«Imposición del plurilingüismo»

En el encuentro de familias y docentes celebrado hace unos días intervinieron, además del presidente nacional de Concapa y representantes de Covapa, los sindicatos USOCV y FSIE y representantes de los alumnos (FAAVEM). Además, asistieron como invitados PP, Ciudadanos y la Asociación Idiomas y Educación. Esta última forma parte junto con Concapa CV y Covapa del Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular.

El foro «abordó la situación educativa en la Comunidad Valenciana con la imposición del plurilingüismo y los efectos inmediatos que tendrá en los alumnos, y se plantearon propuestas y posibles medidas de actuación», según fuentes de Concapa.

El presidente de Concapa nacional, Pedro Caballero, instó a “plantarse” contra la ley de plurilingüismo del conseller de Educación, Vicent Marzá: “Basta ya de callarnos. Tenemos que posicionarnos, trabajar, no callarnos y decir las cosas como son. Basta ya de callarnos como padres, como centros, como profesores y como alumnos. Tenemos que estar todos juntos”. Sobre las acciones que se pueden llevar a cabo, afirmó que “Concapa ya se ha plantado en este sentido no solo a nivel nacional también autonómico y todo lo que vulnere la ley, todo lo que vulnere la Constitución española y todo lo que afecte a principios fundamentales de las familias lo pondrá en manos de los tribunales y allí nos veremos.”.

La presidenta autonómica de Concapa, Julia Llopis, puso en antecedentes a las familias sobre los intentos de la Conselleria de Educación por sacar adelante el plurilingüismo, con la presentación de diez demandas en los tribunales y la suspensión cautelar, hasta aprobar una ley con la oposición del PP y Ciudadanos.

Desde el sindicato FSIE, José Gabriel Alfonso, denunció que los docentes de la concertada se sienten “desorientados” porque en apenas un año se han desarrollado tres modelos lingüísticos. Además de la situación de “presión y estrés” ya que el 16 de marzo tienen que estar presentados los proyectos lingüísticos, el profesorado siente “angustia e inseguridad” ante el futuro profesional por los requisitos para impartir clases de vehicular en inglés y en valenciano.

Sobre los recursos disponibles para la formación, para FSIE “hay una discriminación con respecto al profesorado de la enseñanza concertada a la hora de acceder a los cursos de los Cefire de preparación para la capacitación. Respecto al profesorado de auxiliar de Educación, que al final han sido 300, la concertada no lo ha visto ni está previsto ninguno”, criticó. Como propuestas, además de las medidas judiciales e instar a los partidos políticos a que actúen al tratarse de una ley autonómica presionando también al Gobierno central, el sindicato animó a los asistentes a “crear una plataforma de amplio espectro donde estemos juntos todos los que nos sentimos afectados por esta ley y seamos capaces de establecer acciones que se coordinen”.

USOCV recordó que “somos el único sindicato de la concertada que demandamos el decreto de plurilingüismo”. Marisa Chiner informó que esta demanda se planteó por dos vías porque “creíamos que iba contra la libertad de enseñanza y contra la libertad de elección”. Según explicó, “USO consideró que se vulneraban derechos fundamentales como el artículo 27 de la Constitución que reconoce el derecho de los padres a elegir el modelo educativo de acuerdo a sus convicciones y esto implica la elección de la lengua vehicular. La otra vía era plantear un recurso ordinario solicitando la nulidad de los apartados del decreto ya que incorporaban una desequilibrio en las horas de impartición del valenciano en perjuicio del castellano y se solicitó la nulidad de estos apartados para que el castellano se mantuviera en las proporciones adecuadas”. Y se preguntó: “¿A quién o quiénes les interesa que un mejor aprendizaje de un niño no sea en su lengua materna?” En su opinión, esta ley “margina al castellano, impone un modelo único y es sectaria”.

Sergio Alonso, presidente de FAAVEM, se quejó de la indiferencia en la Generalitat: "al conseller no le importamos los alumnos; en dos años los representantes del alumnado no le hemos visto en persona, solo nos lo hemos cruzado en la Conselleria”. “El conseller y su gabinete dan a entender que les da igual lo que opine la comunidad educativa, nuestras propuestas rebotan en la pared”. Como ejemplo destacó: “Propusimos, ya que los porcentajes no los iban a cambiar, que la lengua extranjera no fuera solo el inglés, también francés y alemán; entre otras más”. Según los sondeos realizados a estudiantes,” la mayoría de compañeros no quieren dar más horas en valenciano y consideran que el nivel de inglés que se imparte es insuficiente”. Por ello, animó al alumnado de la concertada a que se asocie y “tengan también voz” en la Conselleria.

Por su parte, el diputado de Presidencia de la Diputación de Alicante, Carlos Castillo, recordó que la institución provincial “forzó la máquina” para recurrir el decreto consiguiendo la suspensión cautelar pese a no tener competencias en educación. “Vamos a seguir utilizando todos los recursos al alcance de nuestras posibilidades para oponernos porque no existe consenso ni se pretende; el Botànic tiene una hoja de ruta nacionalista muy marcada y están intentado desde el primer momento imponer un modelo ideológico radical”.

Desde Ciudadanos, Marta Martín, diputada en el Congreso de los Diputados por Alicante, resaltó que su partido consiguió “poner el tema” -en referencia a la polémica del plurilingüismo- en la “agenda política”. “Es relevante que el Gobierno lleve el decreto al TC porque fue una aberración jurídica y es importantísimo que se declare la inconstitucionalidad porque marcaría una pauta”. Martín insistió en la dejación que existe sobre la figura de la Inspección educativa y afirmó que “ si uno quiere hacer un proyecto educativo lo primero que tiene que hacer es contar con el consenso de la comunidad educativa. Hay que trabajar en un proyecto que sea de educación de calidad y no de confrontación”.

La lucha por estudiar español en España
La autora llama a movilizarse contra el nuevo decreto aprobado por la Generalitat valenciana que restringe el uso del castellano en la educación.
Kristin Tennebø Holslag elespanol 10 Marzo 2018

Hace ya más de un año que empezó una pesadilla para muchos padres, un verdadero insulto constitucional. Fue a raíz de un decreto de Educación que llevó a los padres y a las asociaciones a reaccionar y recurrir. Ahora ya tenemos una ley, una ley con el mismo nombre que aquel decreto: plurilingüismo. ¡Pero ya sabemos todos que el nombre no puede distar más de la verdad!

Se trata de una inmersión totalmente en valenciano (en realidad, bajo ese nombre cuelan el catalán). Nos hemos convertido de repente en una sociedad que ha perdido derechos fundamentales. La Comunidad Valenciana sufre a un gobierno pancatanalista y ya es hora de cambiar el rumbo.

El 14 de febrero se aprobó en las Cortes valencianas, gracias al tripartito, una ley educativa de nacionalización, de imposición, que deja a los padres otra vez sin capacidad de opinar sobre la educación de sus hijos. Lo único que pedimos es el derecho a elegir la lengua vehicular en la que estudien nuestros hijos: nada más ni nada menos.

Que el español no pueda ser la lengua vehicular es un insulto a la Constitución y a España como país

¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo cambiamos de rumbo? La respuesta de la mayoría sería: nada, aguantar. Pues no. No podemos quedarnos sentados con los brazos cruzados y sin hacer nada.

Que el español no pueda ser la lengua vehicular en la educación es un insulto a la Constitución y a España como país. Antes no existían los requisitos lingüísticos. Y si no existen, van los políticos y los crean, y al final dependemos de ellos para que nos solucionen nuestros problemas. Pero cuando imponen algo que no respeta ni la Constitución ni las leyes, da igual lo que sea, siempre tiene que haber resistencia. Está claro que como muchos políticos no tienen escolarizados a sus hijos en colegios públicos, no nos defienden igual que si los tuvieran en los mismos que los demás.

La Comunidad Valenciana es bilingüe y hay que respetar las lenguas cooficiales.¿Cómo se respetan? Yo diría que justo al revés de lo que están haciendo ahora. Sin dictadura, sin imposiciones, sin crear barreras, sin requisitos lingüísticos.

Con el nuevo decreto, en la Comunidad Valenciana el castellano solo tendrá un 25% de presencia en el aula

En la Marina Baja los colegios públicos han tenido dos líneas en los últimos años: PPEC y PPEV, castellano y valenciano. Siempre respetando el derecho de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos y en la lengua vehicular que ellos quieren, sea el castellano o el valenciano. Ahora mismo, en la línea en castellano la presencia de valenciano llega al 44%. En la línea de valenciano el castellano solo tiene un 23,3%. Con estas cifras, ¿qué idioma sufre discriminación?

Dicen que quienes quieren educar a sus hijos en castellano están discriminando a los valencianos. Pues, pido vover a las cifras otra vez. Pero es que ahora estas cifras van a subir a un nivel de valenciano de alrededor del 65%. El castellano solo tendrá un 25%. Y claro, no hay que olvidar que las troncales y asignaturas como las ciencias se impartirán en valenciano.

No estamos discriminando a nadie. Lo único que pedimos es la libertad de elegir la lengua vehicular. Basta ya de imposiciones y de dictadura. Los partidos políticos tienen que desarrollar sus planes de verdad y que sean concretos. España se está convirtiendo en el primer país del mundo donde no se puede estudiar en la lengua oficial del Estado. Hasta aquí hemos llegado y tenemos que seguir la lucha, porque sin lucha perderemos ante los políticos nacionalistas. ¡Y eso no lo vamos a consentir!

*** Kristin Tennebø Holslag es una madre noruega instalada en Alicante desde hace dos décadas que defiende el derecho de sus hijos a estudiar en español en la Comunidad Valenciana.


Cake Minuesa con las víctimas de ETA
Víctimas del terrorismo: “Homenajear a asesinos etarras es una aberración”
Cake Minuesa okdiario 10 Marzo 2018

Cake Minuesa se adentra en un asunto que tristemente no abandona la actualidad: los homenajes a terroristas a su vuelta de prisión. El ejemplo más reciente, en Andoain, donde en torno a 200 personas recibieron como héroes a Iñaki Igelartegi e Ignacio Otaño, cuya participación fue crucial para el asesinato en esa misma localidad de Joseba Pagazaurtundua en 2003. En los aledaños de la plaza Zamua se pudieron escuchar gritos de “euskal presoak etxera” (“presos vascos a casa”) y ver pancartas con el lema “Bienvenidos. Dos menos”.

Conecta este asunto con el aparato de extorsión de ETA, encargado de la recaudación de dinero para las acciones criminales de la banda y el mantenimiento de sus responsables a costa de amenazar a empresarios, como ocurrió con la familia del ex futbolista del Athletic de Bilbao Bixente Lizarazu, que se pone como ejemplo en el vídeo.

El reportero de OKDIARIO conecta estos dos temas con Maite Pagazaurtundua, eurodiputada de UPyD; Alfonso Sánchez, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo; Miguel Folguera, presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), y con los autores del libro ‘La bolsa y la vida’, Pablo Díaz Morlán y Florencio Domínguez.

Todos ellos abordan la ilegalidad que suponen recepciones de este tipo a personajes de esa calaña, por supuesto con el visto bueno y cooperación de Bildu, el coste de los 50 años de cadáveres, secuestros y terror para las arcas del Estado -se estima que en torno a 25.000 millones de euros- o la aparente ‘normalidad’ con la que en el País Vasco y Navarra suceden cosas muy graves sin que nadie se lleve las manos a la cabeza.

“Parte de la sociedad ha preferido ponerse de perfil”, escucha Cake de uno de los entrevistados, con alusiones a todos aquellos que parecen conformarse con que ETA haya dejado de matar.


 


Recortes de Prensa   Página Inicial